El ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D'Alessandro se presentó este martes como testigo en el marco del juicio político que se desarrolla en la Cámara de Diputados y donde evitó responder si conoce al vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y calificó las filtraciones de los supuestos chats entre ambos funcionarios públicos como “una operación de inteligencia”.

“No fue una filtración sino una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho y lo que se ha publicado es una página de internet en la cual se han supuesto distintos chats”, dijo D’Alessandro, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA). 

Tras dos convocatorias fallidas en las que se ausentó por “motivos personales”, y tras un ultimátum del oficialismo que lo convocó bajo apercibimiento judicial, el ex ministro del PRO compareció finalmente en la audiencia de este martes vinculada a la causa “coparticipación”, por la cual se investiga una presunta trama de connivencia y tráfico de influencias entre la Corte y el Gobierno porteño detrás del fallo que benefició a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

D'Alessandro fue citado a raíz de las revelaciones que surgieron del hackeo de su teléfono celular que sacaron a la superficie conversaciones con Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, presidente del supremo tribunal.

La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D'Alessandro-Robles fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente benefició al distrito porteño al elevar la cuota de coparticipación para la jurisdicción gobernada por Rodríguez Larreta.

Al contestar una pregunta de la diputada kirchnerista Vanesa Siley, D´Alessandro recordó que la línea de su teléfono celular, del cual se filtraron las presuntas conversaciones con Robles, fue “robada”, hecho por el cual él mismo hizo inmediatamente denuncias ante la Justicia Federal y ante la Justicia de la Ciudad.

“No es una presunción (su versión) sino que hay mucha información de muchas pericias que se han realizado y hay muchas personas que han confesado porque han sido contratadas para estas tareas de inteligencia. Ya se constató que es una operación de inteligencia”, remarcó.

Para D´Alessandro “el tema de los supuestos chats ya los saldó la Justicia” al “haber dictaminado la situación delictual en estos supuestos contenidos que se vieron en una página de internet”. 

“Jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones. Y ésta por suerte ya se pudo comprobar a los autores materiales y ojalá se puede llegar a los autores intelectuales”, continuó.

No conforme con la respuesta, Siley le preguntó si esas causas presentadas en juzgados de distintas provincias del país están cerradas con sentencia definitiva. “Si están cerradas, ¿por qué se ampara en el artículo 18?”, interrogó la legisladora del Frente de Todos. Dicho artículo constitucional garantiza el derecho de no declarar contra sí mismo. La respuesta de D´Alessandro fue ambigua: “Algunas de esas denuncias se han acumulado”, comentó. 

A continuación, se leyó uno de los supuestos diálogos que habría mantenido D´Alessandro con Robles de acuerdo a lo publicado por un medio de comunicación escrito.

La lectura fue impugnada por Juntos por el Cambio, por entender que la Justicia demostró que fue obtenido ilegalmente a través del hackeo a la línea telefónica del teléfono celular de D’Alessandro. 

El diputado del PRO Pablo Tonelli reclamó que se retire la lectura de la versión taquigráfica de la audiencia ya que esos chats no podían ser tomados como prueba en la investigación.

Su par Alejandro Finocchiaro llegó a decir que tomar como válidos esos presuntos chats era equivalente a tomar como prueba una confesión bajo tortura.

“Una cosa es que se haya obtenido ilegalmente y otra cosa es afirmar la falsedad del contenido, algo que no está comprobado”, replicó la oficialista Mara Brawer.

D’Alessandro evitó responder si conoce a Robles, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. 

En ese punto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que el delito de falso testimonio no aplica solamente a la acción de mentir sino a omitir la verdad.

Por otra parte, ante la pregunta de Siley sobre los motivos de su renuncia como ministro de Justicia y Seguridad en medio de las filtraciones de los chats o supuestos chats, el testigo respondió que decidió alejarse del cargo “por motivos personales”.

Al respecto, negó haber sido presionado para apartarse del Gobierno. “Bajo ningún punto de vista. A mí nadie me presionó. Son absolutos motivos personales. La función de ministro de una de las ciudades más importantes que tiene Latinoamérica exigen que uno esté 24x7, y la verdad que presentarse como querellante le quita horas a la gestión. Pero a mí nadie me presionó para que yo renunciara”, aclaró.

Tras el testimonio de D'Alessandro, la comisión procedió a tomarle declaración al procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

ED

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retoma este martes el proceso que se sigue a los miembros de la Corte Suprema, con una nueva citación al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quien no asistió en las dos oportunidades anteriores y, si no compareciera en esta ocasión, podría ser intimado a concurrir con intervención de un juez.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), había convocado para el martes pasado a las 13 a una reunión en el marco de la causa que investiga el mal desempeño de los miembros de la Corte en el fallo sobre la coparticipación, pero se resolvió postergarla para este martes a la misma hora debido a que complicaba la presencia de los diputados por el feriado del lunes 21.

Además de D'Alessandro, que afronta su tercera citación, la comisión convocó a Miguel Federico de Lorenzo, secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y a Gabriel Astarloa, procurador general de la Ciudad.

Hasta ahora, según fuentes parlamentarias, ninguno de los convocados se comunicó con las autoridades de la comisión para justificar su ausencia, con lo cual estiman que asistirán.

Al hacer referencia a ese proceso, el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, consideró que esa comisión “está haciendo las cosas bien” y dijo que “no hay ningún estudio técnico que justifique el índice de la coparticipación que se ha establecido para la Ciudad”, a la vez que señaló que Sergio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, “hizo un papelón” semanas atrás al comparecer ante los legisladores.

En declaraciones a Diputados TV, Martínez puso de relieve además que “está claro que había una relación promiscua entre D' Alessandro y Robles, mano derecha de Rosatti, que vino acá e hizo un papelón, le hizo un perjuicio enorme” al presidente de la Corte.

En la última reunión, y ante una nueva ausencia de D'Alessandro, el oficialismo propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, debido a que, de no asistir, se trataría del tercer rechazo.

Gaillard recordó que esa misma situación se había dado con Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció ante ese cuerpo en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía presentarse a declarar, tras haber sido citado en tres oportunidades.

En el oficialismo sospechan que D'Alessandro habría intercambiado chats a través de WhatsApp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En la última reunión de la comisión, que se desarrolló sin la presencia de la oposición, que denunció la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos”, se aprobó además un pedido para solicitar a la Corte Suprema sanciones a Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, y quien concurrió semanas atrás a la comisión pero se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y pidió que se lo sancionara.

En relación a la reunión de este martes, la diputada oficialista María Rosa Martínez señaló que “la comisión tiene un rol muy activo vinculado al tema de coparticipación” y que desde el Frente de Todos están “en el tramo final de dictaminar sobre las causas de este juicio político que fueron numerosas”.

“Teníamos la idea de que el Poder Judicial es patriarcal y no nos da bolilla con las cuestiones de género o de abusos sobre la niñez; pero fue más allá, me encontré con cortesanos que abiertamente infringen la ley”, agregó la legisladora en declaraciones a DiputadosTV.

Para la diputada por la provincia de Buenos Aires, “todo lo que se hizo hasta ahora sirvió para que la ciudadanía pudiera ir haciendo esa misma lectura; y a que otros puedan decir cómo otro Poder está juzgando a la Corte y ver que no es intachable”.

Con información de agencias.

IG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que evalúe sancionar “por falso testimonio” a Silvio Robles, vocero del juez Horario Rosatti. Además, resolvió volver a citar al exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien debía concurrir hoy a comparecer ante ese cuerpo y no asistió, a lo que le advirtieron que si no se presenta nuevamente pedirá la intervención de un juez para garantizar su presencia.

En el inicio de la reunión, sin la presencia de los diputados opositores, la diputada nacional Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT) anticipó que D'Alessandro avisó que “no podía asistir por razones personales” y propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, ya que se trata de la segunda vez que no concurre.

De esta manera, Gaillard referenció a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía declarar tras haber sido citado tres veces, ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.

Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita “por razones personales”, así como el procurador General porteño, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, quienes también pidieron ir otro día.

En ese marco, el oficialismo aprobó enviar una nota dirigida a la Corte, donde se pide evaluar “acciones disciplinarias por falso testimonio” a Robles, al sostener que su conducta “afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal” por el hecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución, que establece que no está obligado a declarar ante la existencia de otras causas que se tramitan en la Justicia.

“Robles invocó abusivamente la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad”, afirmaron miembros de la Comisión en la nota dirigida a los jueces supremos, en la que se pidió que analicen un eventual falso testimonio cometido por el Director General de la Vocalía del presidente Rosatti.

Asimismo, sostuvieron que “la participación, la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuáles se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía” y pidieron que la Corte informe, en el plazo de 10 días improrrogables, a la Comisión “si conoce la existencia” de las causas invocadas por Robles.

En tanto, la oposición justificó su ausencia en la Comisión en una carta, donde los legisladores denunciaron la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos” y acusaron al FdT de “usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables”.

Durante la reunión, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) mencionó ausencia opositora. “Esta comisión ha tocado un nervio sensible con la citación a Robles. Este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador en dos casos, por lo menos, como son las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias”, dijo y acusó al funcionario de “entorpecer” la labor de la Comisión.

Por su parte, Rodolfo Tailhade (FdT) pidió sumar la citación del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, “sin dejar sin efecto” la concurrencia de Juan Ignacio Mahiques, al sostener que “la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”.

El oficialismo acusa a D'Alessandro de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocado para el martes pasado avisó que no podía concurrir en una carta por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita, tal como la prevista para hoy.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había escrito D'Alessandro en su nota dirigida a Gaillard.

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, quien concurrió el martes pasado a la Comisión, se abstuvo de contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y ahora solicite que se lo sancione por esa actitud. El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

En esa oportunidad, los legisladores oficialistas aprobaron un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

Por otro lado, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de aquellos que interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la Comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de “una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos”, donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema que dispuso, el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno Nacional le pague al porteño el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para este martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad Juan Mahiques, en el marco de la continuidad del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.

La comisión, que preside la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que, el 26 de enero pasado, se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político.

Para el oficialimso, D'Alessandro es sospechado de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Silvio Robles, director general de la vocalía del supremo Horacio Rosatti, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

El desplazado ministro porteño estaba convocado inicialmente para el martes pasado pero, a través de una carta enviada a la comisión, avisó que no podía concurrir por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había señalado D'Alessandro en la nota dirigida a Gaillard.

Por su parte, la convovatoria a Mahiques se debe a que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, D'Alessandro y Robles llegaron juntos, como amigos, al festejo del cumpleaños del camarista, el 15 de agosto del año pasado, en el restaurante 'El Secreto', del Hotel Four Seasons,

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti y que concurrió el martes pasado a la comisión, se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”.

El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

El artículo 18 establece, entre otras cosas, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”.

Además, señala que “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.

En tanto, en el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.

Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al mencionado asesor de Rosatti.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionan la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quiénes interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

Con información de agencias.

IG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para el próximo martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad, Ignacio Mahiques, en el marco del proceso de juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.

El grupo de trabajo parlamentario presidido por la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político, el 26 de enero pasado.

D'Alessandro es señalado por el Frente de Todos (FdT) por haber intercambiado chats de Whatsapp con Silvio Robles -director general de la vocalía del presidente supremo Horacio Rosatti-, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación, el cual benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

El exministro estaba convocado inicialmente para el martes pasado, pero a través de una carta dirigida a la Comisión avisó que no podía concurrir por y solicitó una reprogramación de la cita. “Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, señaló en la nota dirigida a Gaillard.

Por su parte, Mahiques fue convocado por el hecho que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, durante el festejo de su cumpleaños el 15 de agosto del año pasado en el restaurante 'El Secreto del Hotel Four Seasons', D'Alessandro y Robles habrían arribado juntos.

Ignacio Mahiques, exfiscal federal, asumió en mayo pasado como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el hijo mejor del juez Carlos “Coco” Mahiques de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país; y hermano menor de Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño.

Fue uno de los dos fiscales de la causa Hotesur-Los Sauces junto con Gerardo Pollicita. Ambos trabajaron en los procesamientos y el pedido de elevación a juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El principal asesor no letrado del cortesano Rosatti concurrió el martes pasado a la Comisión, aunque se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”. El testigo se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados oficialistas.

El artículo 18 dice, entre otras cosas, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

Asimismo, el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.

Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores oficialistas aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

De cara a una nueva convocatoria de Robles, el oficialismo impuso su número en la comisión para enviar un oficio a la Corte, mediante el cual se le pedirá que exima al declarante de las restricciones que le impone el reglamento judicial, invocado en la sesión pasada para no responder la mayoría de las preguntas.

Desde Juntos por el Cambio, mantienen el cuestionamiento a la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quienes interactuaron en esos mensajes de Whatsapp.

LC con información de agencia Télam

Cabizbajo, contenido y decidido a no pisar sobre vidrios rotos, Silvio Robles, vocero, mano derecha y director de la vocalía del juez Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia, declaró este martes ante la comisión de Juicio Político. Fue una nueva jornada en la investigación contra los cuatro jueces del máximo tribunal por supuesto mal desempeño, en la que se esperaba una tensa reunión entre el testigo, los diputados del oficialismo y los de la oposición. Así fue. La declaración se extendió por casi cuatro horas.

Sin embargo, el balance final de este martes es que la comisión sigue sin hallar pruebas contundentes para elaborar una acusación formal contra los magistrados por el caso de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, también conocida como el fallo de la coparticipación.

“Testigo renuente”, “manifiestamente reticente”, “mentiroso compulsivo”, fuera de micrófono“ y ”operador“ de Rosatti fueron algunas de las frases utilizadas por los diputados del Frente de Todos para describir a Robles durante el interrogatorio. 

Una opción del oficialismo era solicitar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que ordene la detención del testigo por haberse negado a responder la mayoría de las preguntas del interrogatorio, pero no fueron por la opción máxima. También podrían haber denunciado penalmente por falso testimonio. 

En cambio, el Frente de Todos votó por mayoría que se le solicite a la Corte la eximición de la confidencialidad como funcionario judicial para volver a citar a Robles y que no pueda apelar al artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional para no responder gran parte de las preguntas. También ordenaron un careo con Daniel Marchi, ex administrador de la Corte y uno de los hombres más poderosos en el tribunal hasta abril último, cuando los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz ordenaron su traslado en medio de una interna ya extendida con el juez Ricardo Lorenzetti.

En la mayoría de las preguntas, las respuestas del funcionario judicial fueron las mismas: “No intervengo en cuestiones jurisdiccionales” y “no voy a contestar”, en base al artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a no autoincriminarse al declarar; y del “artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional”, que obliga a los funcionarios judiciales a guardar reserva de los asuntos vinculados con las funciones de los tribunales.

Robles es uno de los protagonistas de los “supuestos chats” filtrados tras el hackeo al teléfono del exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien también estaba citado este martes a declarar en la comisión parlamentaria, pero solicitó reprogramar la fecha. Si no se presentaban o no justificaban su ausencia, el oficialismo podría haber pedido la detención de ambos.

Estas dos declaraciones —la de Robles y la de D’Alessandro— se debían realizar en el marco de uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña. Es el pedido formal de juicio político que presentó el presidente Alberto Fernández junto a gobernadores oficialistas.

“Me siento hostigado”, dijo Robles —un hombre conocido por su vehemencia, la que no afloró durante la declaración— luego de que el diputado Germán Martínez (Frente de Todos) perdiera la paciencia y le recriminara su reticencia a responder las preguntas, y le recordara: “Usted es funcionario público”. “He recibido acusaciones sin fundamentos reales”, afirmó Robles en la comisión de Diputados. También sostuvo que los oficialistas en la comisión le “faltaban el respeto” y “le imputaban delitos” durante el interrogatorio.

Testigo o acusados

El interrogatorio giró en torno de cuestiones que Robles entendió que si las respondía podían incriminarlo penalmente. Los testigos están obligados por ley a declarar la verdad pero no a declarar contra sí mismos o autoimputarse la comisión de delitos sin presencia de su abogado defensor y en el marco de una declaración indagatoria, en la que puede negarse a declarar. 

Robles no es blanco de la investigación de la comisión ya que por su cargo no puede ser sometido a juicio político, pero sí puede ser denunciado nuevamente por delitos penales en el ejercicio de su función, como, por ejemplo, presunto tráfico de influencias.

“Usted tiene el cargo más alto en la vocalía del doctor Rosatti”, le recordó la diputada Mabel Brawer (Frente de Todos) cuando Robles se negaba a responder sus preguntas sobre el funcionamiento de la vocalía y cargos de otros funcionarios.

“”Si alguien piensa que hay oscuridad o poca transparencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, usted lo ratificó ampliamente aquí. La verdad es que es tan oscura la Corte como su presencia en este lugar. No nos ha dicho absolutamente nada“, le dijo el diputado Juan Manuel Pedrini (Frente de Todos) al testigo antes de interrogarlo. Sus dichos desataron gritos de queja de los diputados de Juntos por el Cambio. ”Me ha discriminado“, le respondió Robles, y con su usual ironía agregó: ”Quiero que conste en acta que un hombre del peronismo me acaba de discriminar diciéndome oscura presencia“.

¿Por qué se las preguntaban entonces? Porque Robles es uno de los platos fuertes de este proceso contra los jueces de la Corte y una de las variables que motivaron el pedido de juicio político que presentaron el presidente Fernández y gobernadores tiene justamente que ver con los chats o supuestos chats entre Robles y D’Alessandro. El Presidente lo negó en entrevistas a principios de año y dijo que la denuncia contra los jueces de la Corte era previa a la filtración, pero la presentación fue justamente posterior a que se dieran a conocer las conversaciones o supuestas conversaciones. 

Estos chats o supuestos chats se filtraron el 30 de diciembre, Fernández anunció el 1° de enero de 2023 que denunciaría a Rosatti y sus colegas Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda; y la denuncia de Presidencia es del 4 de enero.

El oficialismo quiere probar que el fallo contra el Gobierno Nacional se debió a una decisión partidaria, no política o jurídica, aunque demostrar que la decisión jurídica de uno o cuatro jueces es causal de juicio político o motivo de mal desempeño no es fácil; pero es menos difícil demostrar que hubo un presunto tráfico de influencias entre Rosatti y el gobierno de Larreta, vía Robles y D’Alessandro. Eso sí sería causal de mal desempeño de un juez. 

D’Alessandro y el fallo

Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o “supuestos chats” en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño intercambiaban información sobre fallos de la Corte, entre ellos el que se centra en el reparto de la coparticipación. Las conversaciones virtuales -según D’Alessandro los chats son falsas-, muestran una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del juez Rosatti y el entonces ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.

Robles se negó a responderle al diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) —el encargado de mantener la calma y principal interrogador en la reunión— sobre si conocía a Marcelo D’Alessandro. “Hay cuestiones que están judicializadas”; “no voy a responder a esa pregunta”, afirmó el funcionario judicial.

Al inicio de su declaración, Robles sostuvo sobre Rosatti: “Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos”.

Luego Robles pidió autorización para leer un texto de una carilla en el que dijo que había sido injuriado por integrantes de la comisión, Leopoldo Moreau le señaló que estaba “victimizando al doctor Rosatti”, quien “aún no está formalmente acusado por la comisión de Juicio Político”; e insinuó que el testigo estaba propiciando “un show periodístico”.

“La única causa [penal] que se le inició [por los supuestos chats] está cerrada. Otras denuncias fueron acumuladas material y jurídicamente a la causa. Están todas acumuladas, todas cerradas”, planteó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos).

“La causa está archivada, no cerrada, lo que no significa cosa juzgada o terminada, no hay sobreseimiento”, lo contradijo Juan Manuel López (Coalición Cívica, Juntos por el Cambio). “Puede ser reabierta por cualquier prueba o hecho que surja posteriormente”, aclaró el diputado opositor.

“Cada vez que una persona interpreta que algo que pueda decir lo incrimine, tiene derecho a no declarar”, dijo Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio).

ED/JJD

En plena campaña electoral y a menos de dos semanas de las elecciones primarias del 13 de agosto, la comisión de Juicio Político retoma la actividad este martes con un plato fuerte: la declaración de Silvio Robles, vocero y mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario judicial está citado como testigo en el marco de la investigación parlamentaria por presunto mal desempeño de los jueces del máximo tribunal.

El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, también estaba citado este martes a declarar, pero solicitó reprogramar la fecha de su testimonial ante los diputados que integran la comisión debido a cuestiones personales, informó una fuente cercana al exfuncionario.

Ambas declaraciones se realizarán para profundizar uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña.

Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o supuestos chats -según D’Alessandro son falsos- en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño, a cargo de la policía de la Ciudad, intercambiaban información sobre el fallo de la Corte y otras cuestiones sensible en la disputa entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, mostrando una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del presidente de la Corte y un ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.

“Si alguno de ellos no asiste y no justifica su inasistencia, estamos en condiciones de pedirle a un juez federal su traslado por la fuerza pública”, aseguró a elDiarioAR una fuente directa del oficialismo.

En la Corte y en diálogo con allegados, Robles sostuvo que acudirá este martes a declarar, que es posible que se limite a responder sólo algunas o ninguna de las preguntas que los diputados del Frente de Todos tienen preparadas para él y que apele a recomendaciones de su abogado para evitar “incriminarse”, ya que fue denunciado penalmente por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros, tras la filtración de los “supuestos chats”.

Además de Robles y D'Alessandro, la comisión citó para este martes al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien había solicitado reprogramar su declaración; y a Alejandro Otero, funcionario de la AFIP.

¿Chats o supuestos chats?

“Ellos generan una posverdad. Los chats son inventados, son falsos”, aseguró D’Alessandro el 30 de diciembre último. “Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner (en el juicio por el caso Vialidad, el 6 de diciembre de 2022) y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”.“No tienen límites, revisaron las redes sociales de mi familia. Incluso la de menores”, agregó el entonces funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. 

Robles nunca se ha pronunciado al respecto sobre los chats o supuestos chats.

Estas conversaciones vía Telegram, una aplicación de chats, serían “supuestos chats” para un sector de la Corte y “chats” para otro sector de la Corte, en el que están convencidos de que, si bien fueron obtenidos ilegalmente mediante el hackeo al teléfono del exministro D’Alessandro, son veraces y Robles sí intercambió esos mensajes con el entonces titular de la cartera de Seguridad de la Ciudad.

¿Qué dicen los chats o supuestos chats? Que entre Robles y D’Alessandro se referían al fallo de la Corte a favor de la Ciudad como “el fallo Robles”, antes de que la sentencia de la Corte viera la luz, y que habrían intercambiado información sobre el fallo que se venía, siendo el entonces ministro de Seguridad parte central interesada. Pero, además, las conversaciones sostienen una familiaridad y complicidad entre la mano derecha del presidente de la Corte y el funcionario de Juntos por el Cambio. 

Robles también dio argumentos al entonces funcionario de Juntos por el Cambio sobre la discusión que mantenía con el Frente de Todos por la integración del Consejo de la Magistratura -el organismo que elige y sanciona a los jueces-, tema en el que la Corte intervino con otro fallo en diciembre de 2021. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dijo el vocero de Rosatti, presidente del Consejo, para indicarle luego que no “corresponde que se vote” la designación de representantes en este organismo en el momento en el que el oficialismo buscaba elegir a sus integrantes. “Usala como tuya”, le agrega Robles sobre la estrategia para bloquear la intención del Frente de Todos.

Robles también le dijo a D’Alessandro en los “supuestos chats” cómo la oposición debía acudir a la Justicia para ganarle un lugar al oficialismo en el Consejo de la Magistratura, donde un integrante más es central para definir quiénes son nombrados jueces federales y nacionales, los jueces que investigan al poder a nivel nacional y local, en la Ciudad. 

En la conversación filtrada o “supuesta conversación”, Robles sugiere acudir al fuero “Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”. 

Efectivamente, el senador Luis Juez (Juntos por el Cambio), que peleaba por el lugar que el oficialismo asignó a su senador Martín Doñate en el Consejo, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo federal para reclamar ese espacio.

El fallo de la discordia

La reunión de este martes debería centrarse en la denuncia presentada por el presidente Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas en la comisión.

El fallo provisorio o cautelar de diciembre había ordenado que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

La decisión resaltó la autonomía de la Ciudad y la equiparó como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994 pero que hasta el momento no se aplicaba en la distribución del dinero público.

La orden de la Corte también implicó que el Estado Nacional percibiría menos fondos públicos de la coparticipación, ya que la porción mayor que debería enviar a la Ciudad no se obtiene de reducir lo que reciben las 23 provincias sino el Gobierno Nacional. 

Todo esto debía suceder mientras la Corte analizaba el expediente, ordenaba pruebas y pericias y tomaba una decisión definitiva para establecer el porcentaje de la masa de impuestos nacionales que le corresponderá a la Ciudad en adelante.

Sin embargo, el Ejecutivo Nacional sigue sin cumplir el fallo, la Ciudad sigue sin percibir los fondos y la Corte no volvió a mover el expediente para emitir su fallo definitivo.

ED / DTC

Tras varias semanas de bajo perfil, escasas repercusiones y declaraciones políticas postergadas, la comisión de Juicio Político que investiga a los jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño avanzó este miércoles con dos citaciones clave: el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; y Silvio Robles, mano derecha y vocero del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. 

El objetivo de los diputados del Frente de Todos es retomar la línea de investigación que motivó la embestida del oficialismo contra el máximo tribunal -el fallo cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos para la policía porteña- y que busca enfocar la contienda en el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Otras declaraciones anunciadas para el 27 de junio último no se concretaron aún y se dilataron: la del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y la de algunos de los 14 gobernadores peronistas que acompañaron la denuncia del presidente Alberto Fernández contra los jueces supremos.

Las fuentes políticas consultadas por elDiarioAR en el Congreso coincidieron en que la energía está puesta en otro lado, incluso para el oficialismo, que promueve el juicio político contra la Corte desde diciembre último. La campaña electoral es prioridad para la mayoría, a excepción de un núcleo duro del kirchnerismo que encabeza desde hace años una agenda en torno al poder Judicial, explicó uno de los consultados. “Si no vienen todos, no viene ninguno”, agregó otra fuente sobre las citaciones a De Pedro y los mandatarios provinciales.

En lugar de interrogar a los gobernadores aliados, el oficialismo en la comisión debió conformarse este martes con escuchar las declaraciones de fiscales de Estado de las provincias y secretarios de Finanzas provinciales enviados por los gobernadores para defender la hipótesis de que el fallo de la Corte perjudicó la economía de las provincias. Fueron declaraciones técnicas, sin mucha prensa, pero aportaron información valiosa para el Frente de Todos, dijo uno de los consultados por este medio.

Desde que el fallo de la Corte a favor de la Ciudad desató la mayor escalada de tensión entre el Gobierno y el máximo tribunal, el 22 de diciembre último, el Ejecutivo Nacional realizó varias presentaciones en la Corte para pedir el apartamiento de los jueces del caso y la revisión de la decisión de los magistrados.

La Corte debía fallar nuevamente sobre el fondo de la cuestión y zanjar la disputa entre el Gobierno y la Ciudad, pero el expediente se congeló tras la puesta en funcionamiento de la comisión de Juicio Político. 

Actualmente, el Ejecutivo Nacional sigue sin acatar la orden de la Corte. El tribunal había ordenado en diciembre elevar el porcentaje de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de 1,4% a 2,95%. Sin embargo, el Ejecutivo porteño continúa recibiendo el 1,4% de la masa de impuestos nacionales recaudados. Desde el 22 de diciembre último, la Ciudad ha dejado de percibir 140.000 millones de pesos para financiar la policía porteña, informó a elDiarioAR una fuente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, el Ejecutivo porteño recibe actualmente menos fondos que antes del fallo de la Corte, cuando percibía, además del 1,4% de la masa de impuestos nacionales, otros 180.000 millones de pesos fijados por una ley de 2020, que estableció que esa suma equivale al costo de funcionamiento de la policía capitalina.

Como el fallo de la Corte dejó sin efecto la ley de 2020, el Ejecutivo Nacional suspendió el pago de los 180.000 millones extra.

Testigos

Esta será la segunda citación a Robles y D’Alessandro, quienes también habían sido citados a la comisión -aunque no notificados oficialmente- para presentarse como testigos el 4 de julio último, una semana después de De Pedro y los mandatarios provinciales. 

Sin embargo, la presidenta de la comisión parlamentaria, Carolina Gaillard, informó en un nuevo escrito a los diputados miembros que deberán presentarse a reunión de comisión el próximo 1° de agosto para escuchar cuatro testimonios, entre ellos los de Robles y D’Alessandro. De no presentarse, la presidenta de la comisión podría solicitar a la Justicia que ordene a la fuerza pública reportarse junto a los citados ante los diputados.

Si bien las citaciones no se efectuaron oficialmente, Gaillard anunció que serán llamados también Alejandro Daniel Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte; y Alejandro Otero, contador público y magister en Administración Pública.

Las citaciones son el marco de la denuncia del presidente Fernández y 14 gobernadores peronistas, quienes acusaron a los jueces de la Corte de mal desempeño por el fallo de diciembre último a favor de la Ciudad.

D’Alessandro y Robles también están citados por la filtración de supuestos chats entre ambos funcionarios en los que habrían intercambiado información sobre el fallo. El caso de los chats, que se filtraron tras el hackeo ilegal a su teléfono celular, le costó al exministro su renuncia al cargo.

Los diputados destinarán unas cinco audiencias al caso de la coparticipación federal y los fondos de la Policía de la Ciudad, informó Gaillard en comisión.

ED/MG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió este martes citar para el próximo martes primero de agosto al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, y al estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles. Se pretende que expongan sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En el marco del proceso de juicio político que se sustancia a los cuatro jueces supremos, la presencia de ambos estaba prevista originalmente para el 4 de julio, pero por corrimientos en el calendario llevaron a que finalmente se formalizara para el martes 1 de agosto.

En el análisis que se realiza en Diputados, una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández) benefició al Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, luego de supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración capitalina a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno Nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para la Capital Federal.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Resolvió citar a una serie de exfuncionarios, entre ellos a Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Mauricio Macri, y que además se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

La comisión presidida por Carolina Gaillard (FdT) aprobó también una ampliación de prueba, para que se cite en la próxima reunión a la exministra de Economía, Silvina Batakis, y al Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, así como a funcionarios de la cartera económica que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

La comisión investiga si los jueces supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno porteño ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno Nacional.

Al dar inicio la reunión, Gaillard precisó que Maqueda, quien había sido citado a la misma, no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, debido de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró la diputada del Frente de Todos, quien apuntó que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.

Durante la jornada, los diputados aprobaron citar para después de las elecciones generales a Frigerio, exministro del Interior del Gobierno de Cambiemos y actual precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, a partir de un planteo del diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT).

Por otro lado, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Manuel López (CC) rechazó la convocatoria a Frigerio, al sostener que “no se puede citar a una persona que tuvo una actitud no muy común que es renunciar a una banca para hacer campaña y que está compitiendo para el 13 de agosto, de una provincia de la que es oriundo”.

“Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. El se podría haber quedado con sus fueros y no venir pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista”, acusó López al justificar el rechazo de la coalición opositora a la citación del exministro.

Luego de un breve debate, los diputados acordaron dejar la convocatoria para después de las elecciones generales del 22 de octubre, a partir de una propuesta de la propia Gaillard y del diputado Leopoldo Moreau (FdT), que sostuvo que “esta citación hay que materializarla después de la elección”.

Los diputados también aprobaron una ampliación de prueba impulsada por Rodolfo Tailhade (FdT), para que se incorpore como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, en una entrevista en el programa A Dos Voces de Todo Noticias.

Esta ampliación de prueba también contempla que se cite en la próxima reunión a una serie de funcionarios nacionales, entre ellos ministros de Economía de diferentes provincias, a Batakis, extitular de Hacienda y a Astarloa, así como funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluye la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que “es el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles”, este último estrecho colaborador de Rosatti presidente de la Corte.

“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade.

En aquellas conversaciones, figuran conversaciones que D'Alessandro habría mantenido con Silvio Robles. Además, el diputado oficialista pidió que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D'Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.

En la Comisión expuso Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que “la postura del Gobierno Nacional respecto de los 3 decretos queda de algún modo condensada en los considerandos del decreto 2020 que los dejó sin efecto en función de la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo tiene aquella medida” y negó que el Ejecutivo esté incumpliendo con el fallo de la Corte.

“Los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y que en el convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo de la ejecución de esos servicios, ni se estableció ningún control”, explicó Diez, quien destacó que los decretos “nunca fueron aprobados expresamente por el Congreso”.

Tras la exposición de Diez, la Comisión recibió también a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, quien explicó lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.

En el trascurso de la reunión, el diputado Pablo Tonelli (PRO) había acusado al Gobierno Nacional de “incumplir” con el fallo que establece que el Estado Nacional debe entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos, definida en la Ley 23.548 de Coparticipación.

“Esa cosa de la antinomia Ciudad contra el interior da a viejo y no está bueno. Tengamos en cuenta que el Presidente, el ministro de Economía, el titular del Banco Nación, están incurriendo en un delito penal que en algún momento van a tener que rendir cuentas en la Justicia”, sentenció la diputada Paula Oliveto (CC).

Ese planteo fue rechazado por Germán Martínez, titular del bloque del FdT, al destacar que “estamos con una hipótesis de una connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad y esa connivencia fue la que generó esta sentencia claramente, que tampoco es sentencia, es una cautelar. Todo esto es para abonar una investigación, a la cual se podrá llegar o no al mal desempeño”.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera el pasado 21 de diciembre que el Gobierno Nacional le pague al Gobierno porteño el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la Ley 27.606 que le otorgaba el 2,32%.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó este jueves para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; y a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, para que expongan sobre el fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, acordaron invitar para la próxima reunión de ese cuerpo, el 27 de junio, al ministro del Interior Eduardo 'Wado“ De Pedro, como a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso. Su fue anunciada esta tarde por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT).

Gaillard precisó las citaciones del 4 de julio a D'Alessandro y Robles, en el marco del juicio político a los cuatro ministros de la Corte. Para la próxima reunión de la comisión, serán citados el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, así como fiscales vinculados a la causa sobre la coparticipación.

Con el voto mayoritario del oficialismo, la Comisión decidió citar al juez supremo Juan Carlos Maqueda, para que en 10 días hábiles responda en forma personal o por escrito sobre las acusaciones en su contra por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), en su condición de superintendente de ese organismo. El plazo que tendrá el magistrado será hasta el 6 de julio.

La titular del órgano adelantó que se realizarán “4 o 5 audiencias” sobre coparticipación, tras lo cual se continuará con la investigación sobre presuntas irregularidades de la Corte en torno al Consejo de la Magistratura.

Una de las líneas de investigación sostenida por el Gobierno Nacional es que la resolución judicial por los fondos destinados a la Ciudad Autónoma (que habían sido redistribuidos por la administración de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, luego de negociaciones entre él y Rosatti a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.

La propuesta del FdT de citar a Maqueda fue avalada por 16 votos, luego de la lectura de los cargos contra el magistrado donde el oficialismo impuso su mayoría ante el rechazo de la oposición. La resolución de 53 carillas dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

LC con información de agencia Télam

La jueza porteña Araceli Martínez, quien investigaba el hackeo a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, se declaró incompetente y dispuso el envío de la causa a la Justicia Federal de Comodoro Py, según fuentes judiciales. La magistrada lo hizo en favor de Sebastián Ramos, que tramita el expediente de Lago Escondido: allí se investiga la presunta aceptación de dádivas por parte de funcionarios y magistrados ofrecidas por empresarios, pero también si sus comunicaciones fueron hackeadas.

La decisión de Martínez trascendió este lunes, pero fue tomada el 28 de abril por un planteo de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la investigación, quien logró detectar que el hackeo al exministro lo llevó a cabo un joven llamado Elías Ezequiel Núñez Pinheiro desde Eldorado, Misiones, de acuerdo con el expediente.

Por otro lado, de Lago Escondido se encuentran el propio D’Alessandro; Juan Bautista Mahiques, Fiscal General porteño; los jueces Carlos Alberto Mahiques, Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; Leandro Bergoth, exfuncionario de la SIDE y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo, los últimos dos de Grupo Clarín.

“La solicitud de incompetencia presentada por la Dra. Dupuy, implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, que las medidas urgentes ya se han agotado y en consecuencia, corresponde en este preciso momento, adoptar la resolución que el frenesí de la investigación aconsejó posponer hasta este día”, sostuvo Martínez en el fallo de 16 páginas.

En el escrito, la magistrada recordó que en la causa tramitada por Ramos -quien deberá decidir si acepta la remisión- se “investiga tanto la posible aceptación por parte de funcionarios públicos y magistrados, de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios, en razón de los cargos que ejercían y posiblemente por intervenciones que pudieron tener en casos puntuales ligados a los roles que poseen” como “el hackeo y espionaje que habrían conducido, de forma delictiva a acceder a las comunicaciones realizadas desde los teléfonos de las personas implicadas”.

“Por lo demás y adunando la propuesta de asignación al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, es de destacar que el resultado de las maniobras de hackeo y espionaje derivó en la obtención y publicación de comunicaciones que, de chequearse su veracidad, poseería superlativa relevancia e innegable vinculación con los hechos principales que se investigan en ese Tribunal de excepción, en el marco de la causa aludida”, agregó Martínez.

La jueza porteña relató en la resolución que llegaron a la supuesta identidad del hacker a partir de información brindada por la compañía Nosis, a cuya plataforma había ingresado el imputado para obtener o corroborar datos de D'Alessandro, los cuales luego le permitirían realizar la maniobra de Sim Swapping que le permitiría acceder a sus mensajes de Telegram.

El Sim Swapping consistió en obtener un nuevo chip, hacerlo pasar por el de D'Alessandro y pedirle a la compañía de telefonía celular del exministro la recuperación de su línea telefónica; lo que logró tras responder una trivia por Internet donde se le requirieron determinados datos personales de la víctima del hackeo.

Además, Nosis dijo que desde el celular en que se consultó el perfil comercial de D'Alessandro se registraron 16 usuarios en el año 2022, donde se realizaron consultas respecto de setenta y dos (72) personas, entre las cuales se encuentran varias quienes denunciaron ante la Justicia Federal haber sido víctimas de Sim Swapping.

“Dichas personas damnificadas son: Rodrigo Giménez Uriburu (juez), Andrés Fabián Basso (juez), Gustavo Marcelo Hornos (juez), Cristian Vanesa Figueroa Figueroa, Verónica Salido, Luis Esteban Barbier, María Eugenia Piperio, Diego Cesar Santili y el denunciante en estas actuaciones Marcelo Silvio D'Alessandro”, enumeró la jueza Martínez.

Por último, la magistrada hizo hincapié en que “la empresa Nosis ha hecho saber además que advirtió una regularidad entre las contraseñas seleccionadas para los dieciséis (16) perfiles en cuestión, puesto que solo se han utilizado dos contraseñas para todos los dieciséis usuarios”.

LC con información de agencia Télam

El asesinato de un colectivero en una calle de La Matanza en plena madrugada es un mensaje mafioso; el ministro-soldado es “emboscado” cuando aterriza en la General Paz. El fallo de una jueza de Nueva York que podría costarle miles de millones de dólares al país es “una embestida de los buitres”. Las sentencias contra la vicepresidenta se cocinan en un quincho de Mauricio Macri. La promiscua relación del poder económico con Juntos por el Cambio (JxC) dispara la devaluación del peso. Magnetto mueve los hilos de Comodoro Py. Alberto Fernández “muerde la mano de quien le da de comer”. Las cloacas de Inteligencia se vuelcan contra Cristina. El Presidente saca a Eduardo “Wado” de Pedro de la foto con Lula por celos electorales. Telefé cambia las reglas de Gran Hermano para perjudicar a Romina porque es kirchnerista.

Una jubilada de Mar del Plata, un changuito que cursa el secundario en La Banda, una cartonera que sube al tren en José León Suárez, un investigador del Conicet en Posadas o una maestra de La Falda que elude estoicamente la metralleta mediática de Cadena 3 y el Grupo Clarín pueden dar por válidas todas las amenazas conspirativas que vienen advirtiendo Cristina Fernández de Kirchner y sus voceros desde hace tiempo. O acaso las crean parcialmente, porque Marcos les pareció lindo y bueno, y lo votaron para ganar Gran Hermano sin reparar tanto en que Romina había sido pareja del excamporista millonario Walter Festa. Algo hay, podrán pensar. Al fin y al cabo, el viaje de jueces y políticos larretistas a Lago Escondido existió, las mafias policiales andan por los barrios, Sabag Montiel gatilló a centímetros de la cara de la vicepresidenta, los sojeros retienen la cosecha, La Nación + informa como si Macri fuera su dueño y JxC atiende de los dos lados del mostrador en negocios lucrativos. Hay infinidad de aristas para discutir, pero si alguien quiere creer en las conspiraciones, tiene con qué.

Hace años que la actual vicepresidenta suele abordar los asuntos nacionales en virtud de lo que le pasa a su persona o el tamiz inigualable que fue —según su espejo retrovisor— el paso de ella y de Néstor Kirchner por la Casa Rosada

Mientras analizan o se enteran de refilón de las situaciones en las que Cristina dice ser víctima, la jubilada, el changuito, la cartonera y sus amigos encaran otros asuntos de la vida: dar examen, casarse, alquilar, tener sexo, ilusionarse con el próximo técnico de Boca y ganarle la carrera al aumento desorbitado de los precios de los alimentos. Y aunque intuyan que por algo odian tanto a Cristina, también se pueden preguntar cuál es la capacidad real de la vicepresidenta y su grupo para solucionar problemas, además de comentarlos.

Hace años que Cristina suele abordar los problemas nacionales en virtud de lo que le pasa a su persona o el tamiz inigualable que fue —según su espejo retrovisor— el paso de ella y de Néstor Kirchner por la Casa Rosada. Un sinfín de explicaciones sobre obstáculos que se agigantan porque ganan los malos. Aun si en una acción de profunda consciencia cívica, la jubilada marplatense y sus compañeros justifican la impotencia del cristinismo en virtud del poder omnímodo al que afirma enfrentarse, esta semana fue pródiga en indicios de que hay decisiones, políticas y personajes que emanan de la vicepresidenta que no sólo no solucionan los problemas, sino que los agravan. Allí están, para quienes quieran complicarse su propio cuadro binario de buenos y malos, las dudas sobre la pericia de Axel Kicillof cuando llevó a cabo la estatización de YPF, la entronización de Jaime Stiusso en la SIDE con el primer Kirchner, las sociedades con los Eskenazi y Lázaro Báez, y un extenso etcétera. Sergio Berni aportó esta semana un capítulo estelar sobre los tiros en el pie.

El soldado que va al frente

El lunes, el ministro de Seguridad de la Provincia hizo descender su helicóptero en la avenida-autovía que divide la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. El ejército enemigo le tenía preparada una emboscada. Berni se dio cuenta, pero como “un soldado nunca retrocede”, avanzó mansito con la intención de negociar un cese el fuego. Las tropas rivales redujeron al cinturón negro de karate con un par de puñetazos. Tuvo que acudir a su rescate un tercer ejército, el del siempre alerta Horacio Rodríguez Larreta, que Berni no se percató a tiempo de que participaba de la emboscada.

Medido en términos bélicos en los que el ministro se inscribe, la planificación de su incursión merecería un juicio marcial. Puso en riesgo su vida y la de terceros, generó que las tropas enemigas se fortalecieran y sumaran a mercenarios peligrosos, y habilitó una victoria servida en bandeja al tercer ejército, que quedó como magnánimo protector. Fue a levantar un piquete e incentivó un volcán político que, una semana después, sigue emanando lava.

La actitud militarista de un ministro de un gobierno de pretensión progresista en el distrito más poblado de la Argentina podría limitarse a una farsa si no condujera a la tragedia. El rostro mayor del flagelo de la inseguridad agravado por la demagogia punitivista es el de un colectivero de 65 años que termina asesinado en una calle de un barrio popular a las 4.30 de la mañana de un día de abril.

Kicillof se subió a la tanqueta. En materia de seguridad, el gobernador culmina su primer mandato como lo empezó: inerte ante la extravagante estrategia manodurista que impone su jefa política y protectora del soldado, mientras la administración bonaerense lleva a cabo políticas en otras áreas para combatir y esclarecer casos de violencia institucional. Oficinas que deberían actuar coordinadas —Seguridad y Derechos Humanos— caminan hacia polos opuestos en un Gobierno loteado. Como resultado de esa esquizofrenia, Kicillof pierde por derecha y por izquierda, y se priva de iluminar datos alentadores, como la sostenida baja en la tasa de homicidios registrada en la Provincia durante los últimos años. Con similares métricas, Larreta se hace un festín publicitario y periodístico.

En materia de seguridad, Kicillof culmina su primer mandato como lo empezó: inerte ante la extravagante estrategia manodurista que impone su jefa política y protectora del soldado Berni

Apoyado en antecedentes del dream team de seguridad que orbita en JxC, que incluye o incluyó personalidades como Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Marcelo D'Alessandro y Eugenio Burzaco, Kicillof sugirió un complot electoral en su contra. Habló de un robo “raro”, dado el despliegue de violencia en busca de un botín que inevitablemente —a esa hora, en ese lugar y con esas víctimas— sería exiguo. Repitió datos que, por lo visto, estaban flojos de papeles.

Del comentarismo, Kicillof y Berni pasaron a la acción. Montaron un vistoso operativo en Merlo y La Matanza para detener a dos de los agresores del soldado. El episodio alimentó la saga egocéntrica de la vicepresidenta, quien se permitió sugerir una mano de la larretista Policía de la Ciudad en la sobreactuación, elucubró si el arresto de los colectiveros violentos fue más veloz o más espectacular que el de Sabag Montiel y evaluó que el chofer asesinado tuvo peor suerte que ella, beneficiada por una bala que no salió.

La foto siniestra

Pero habría espacio para una postal más trágica. Berni puso a su Policía a realizar razzias en colectivos que transitan el conurbano. Se repite así una imagen icónica de la dictadura, con efectivos armados requisando a pasajeros que apoyan sus manos contra los ómnibus. Linda postal. Hace no mucho, se discutía en la Argentina si las fuerzas de seguridad tenían potestad para revisar mochilas y carteras, se supone que protegidas por el derecho constitucional a la privacidad. Las tropas de Berni se otorgaron un per sáltum y saldaron la cuestión. Este fin de semana largo, las razzias contra pasajeros, que ya habían sido retomadas con menos difusión hace un año, fueron filmadas como parte del plan propagandístico del Gobierno bonaerense. Hasta cayeron bien, informaron medios amigos. Mañana, los registros serán en alguna calle en penumbras, sin cámaras presentes y con resultados que dan miedo. “Basta de garantismo progre”, le contestaría el Kicillof de hoy al Kicillof de ayer.

El tándem con Berni fue un puente para que el gobernador bonaerense cerrara filas contra Alberto Fernández. Kicillof —a todas luces, el más competitivo y acaso el mejor gestor en el campo cristinista—, se encuentra en un laberinto de difícil salida. Su negocio no es el del jefe del PJ en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. El diputado reclama más sillas para La Cámpora en el gabinete bonaerense y probablemente empuje al gobernador a la pelea electoral nacional para sacarlo del medio, una hipótesis tan dañina que, al parecer, no logra superar el primer anillo del maximismo.

En un punto, tampoco la suerte de Kicillof sintoniza con la de Cristina, pero carece de margen para separarse. El gobernador guarda lealtad a su mentora política y líder de una base considerable en la Provincia. Hasta allí, la minialianza Kicillof-Cristina funciona, y el lastre que supone Berni es presentado como un precio pragmático para evitar la multiplicación desorbitada del delito como en Rosario.

Pero el gobernador no puede romper del todo con quien lo privilegió desde 2019 con la transferencia de fondos y asignación de obras, Alberto Fernández. Primero, porque necesita terminar su mandato con números aceptables en infraestructura y políticas sociales que apacigüen la angustia por la inflación de la base electoral del peronismo. Y segundo, porque la reelección de Kicillof en un distrito que no tiene ballottage y que en las legislativas de 2021 terminó empatado requiere que quienes conformaron el Frente de Todos permanezcan en el barco. Dada la ausencia de un postulante presidencial con capital electoral propio en el campo cristinista, Kicillof arriesgaría una primaria muy deslucida si su candidatura bonaerense sólo va en la boleta de la línea ortodoxa.

¿Se cruzan los cables?

Un movimiento que habilita una lectura lógica está teniendo lugar en lo que se llamó hasta ahora Frente de Todos, dato no frecuente. La notoria debilidad electoral de Alberto deja florecer un operativo clamor para que presente su candidatura. Se cruzaron los cables. Hasta ahora, Máximo Kirchner y su círculo volcaban su energía para empujar al Presidente a renunciar a una nueva postulación. Antes que una estrategia real, el bombardeo vehiculizado por Andrés Larroque parecía un intento de ganar tiempo y saldar cuentas internas en confluencia con el reclamo de Sergio Massa para ser el candidato de la unidad. Las definiciones se aceleran y los fuegos de artificio deben aplacarse. Si Alberto tiene tan bajo capital electoral —en efecto, lo tiene—, ¿por qué no enfrentarlo para obtener una victoria accesible y así edificar a un postulante propio? ¿Alguien cree que Máximo Kirchner no quería enfrentar al Presidente en una primaria para no quitarle autoridad? Por esa característica propia de la política argentina de no rendir cuentas de lo que se dijo el día anterior, los referentes del cristinismo pasaron esta semana a instar a Alberto a presentarse a la reelección y, fieles a su instinto, hasta le quieren armar las listas nacionales y provinciales para dibujar al enemigo ideal.

El giro supone el desafío de abrir el juego para un Presidente que se replegó sobre sí mismo ante cada crisis. Si Alberto arbitra mal los equilibrios y desconfía de quienes podrían ser compañeros de ruta para vencer a La Cámpora, corre el riesgo de terminar como le auguran sus enemigos.

Nadie en la proximidad de Alberto está pensando seriamente en la hipótesis de una reelección. O, al menos, ninguna voz que le conste a este cronista. Sí, en cambio, crece el esbozo de un postulante que aglutine al peronismo que no adhiere a la versión actual de Cristina, con presencia territorial, trayectoria política y apartado de toda sospecha de ser hombre o mujer de Clarín, el FMI o el peronismo catalogado como “racional” o “republicano”; es decir, de derecha. Se piensa en alguien con potestad de encarar una campaña electoral sin inhibiciones, aunque la hipótesis de una derrota dura en las PASO, las generales o la segunda vuelta sobrevuela todas las tribus del peronismo, lo que no equivale a rendición. Con la vicepresidenta autoexcluida de la competencia, los peronistas no ortodoxamente cristinistas imaginan una carta factible. El nombre circula en el borrador mental de varios despachos de Casa Rosada. El aludido, por ahora, dice trabajar para buscar un candidato que no es él.

SL

Uno de los imputados por el hackeo del teléfono celular del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro admitió que fue contratado para cometer el hecho por un usuario del sistema de mensajería Telegram y que cobró con criptomonedas a través de una plataforma virtual de pago.

Se trata de Elías Nuñes Pinheiro, quien fue indagado este lunes por videoconferencia desde la ciudad misionera de Eldorado, donde reside, por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad de Buenos Aires.

En ese trámite el imputado reconoció la maniobra y que entregó la información obtenida de los sistemas de mensajería WhatsApp y Telegram del teléfono del entonces funcionario porteño a este desconocido, quien luego le pagó con una transferencia en criptomonedas a una billetera virtual.

Al dar detalles, refirió que lo hizo el 19 de octubre de 2022 y comenzó con una consulta a un sitio llamado “Dark PFA” de donde obtenía información vinculada a datos del Renaper y que usó en varias ocasiones para otros trabajos similares que solía realizar y promocionaba en Telegram.

El “trabajo” le había sido encargado en agosto de ese año por mensaje privado de Telegram por un usuario identificado como “ElJuanxa”, sin foto de perfil, que le pasó varios números de teléfono de diferentes personas para que hiciera el “recupero”, según dijo en su declaración a la que tuvo acceso Télam.

También consultaba bases de datos como Nosis, para lo cual creó un perfil falso, para obtener datos que eran necesarios a la hora de responder una “trivia” de la empresa Movistar cuando comenzaba el llamado “swim swap”.

Según refirió, su “cliente” le dijo que buscaba la información para “averiguar infidelidades”

Al acusado se le imputa haber hackeado el 19 de octubre de 2022 a las 15.20 aproximadamente los datos originales de la línea de D'Alessandro, para luego tomar el control del abonado telefónico y “recuperar el acceso a las plataformas de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp”.

En su denuncia, D'Alessandro refirió que ese día “perdió conectividad de su línea telefónica” y desde la empresa Movistar “le indicaron que sujetos no identificados suplantando su identidad personal por vía remota gestionaron un cambio no autorizado de tarjeta SIM” y que “contestaron con éxito una trivia de preguntas” para lograrlo.

Con información de Télam.

IG

El regreso de Mauricio Macri al país tras su larga estadía en Europa ya tiene impacto en el universo amarillo. Luego de que el ex presidente visitara este lunes Rosario, se prepara un encuentro de alto voltaje político para el futuro del PRO: se verá cara a cara con Horacio Rodríguez Larreta, el presidenciable de su partido con el que tiene mayor distancia, a diferencia de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

Los preparativos de la reunión la confirmaron a elDiarioAR tres fuentes distintas en el macrismo y larretismo. Aunque no trascendió el día y el lugar, no sería más allá de esta semana: entre hoy y el viernes. 

Uno de los tópicos de la conversación será ordenar el panorama electoral de la Ciudad de Buenos Aires, bastión amarillo por excelencia y donde el oficialismo tiene actualmente en carrera a al menos cinco candidatos. Tampoco están definidas las fechas para las PASO y las generales, que podrían ser pegadas o separadas de las nacionales, de acuerdo a la conveniencia que encuentren en la fuerza opositora.

La interna está por ahora abierta. Los halcones acusan al jefe de gobierno de “querer entregarle” la Capital Federal al senador Martín Lousteau, a partir de la necesidad de Larreta de lograr un acuerdo nacional con la UCR liderada por Gerardo Morales. En Uspallata rechazan esa postura y defienden que en competencia están varios de los ministros porteños, como son Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña; además del titular de la Legislatura, Emmanuel Ferrario. 

Todas las voces consultadas coinciden en que la poblada interna de JxC porteño se depurará hasta que queden solo dos precandidatos: un amarillo versus Lousteau. El dilema es quién será el candidato del PRO: mientras Larreta esquiva elegir a uno, ​​el primo del ex presidente es el candidato que pica en punta. 

“No habrá definición ahora”, aseguró un operador al tanto del pronto encuentro entre Macri y Larreta, aunque agregó: “El candidato es Jorge. En la ciudad el apellido Macri pesa”. Otro integrante del gobierno porteño también ponderó al primo del ex mandatario. La interna amarilla sumó condimentos extras: hace una semana Elisa Carrió hizo una breve recorrida con Quirós por la avenida Santa Fe. 

También está en agenda el futuro de la campaña nacional opositora, mientras el ex presidente mantiene en incógnita su definición electoral. Hasta por lo menos la primera semana de abril, Macri no explicitará su jugada, supo elDiarioAr. Cerca de Larreta y Bullrich creen que finalmente no será candidato, pero ya sea que juega, se corre o unge a su favorito, será un decisión con consecuencias.

La relación Macri-Larreta no pasa por el mejor momento, según admitieron en Uspallata. Hay recelo del ex mandatario a su sucesor en CABA por su estrategia de construcción “por fuera de la grieta”. Y aunque el ex presidente lo felicitó cuando el alcalde oficializó su lanzamiento, aportó poco a su estructura de campaña. 

De hecho, el ex mandatario puso a muchos de sus laderos a trabajar en las campañas de Bullrich y Vidal. El lunes, en Rosario, se movió con una pequeña comitiva integrada por Federico Angelini y Cristian Ritondo, los principales armadores de la ex ministra y la ex gobernadora. Hasta defendió la gestión de Seguridad durante su mandato: “Vinimos con Patricia y pusimos en retroceso al narcotráfico”, aseguró.

Pero algunas señales de las últimas horas marcaría una nueva etapa en su relación. El cierre del frente opositor en Salta, donde Bullrich acordó con la UCR que el radical Miguel Nanni encabece la fórmula, secundado por una figura del PRO local, dejó heridas tanto en Larreta como Macri, que creen que la ex ministra jugó sola. Ella misma habló antenoche con Lousteau para sellar el acuerdo que incluyó que el massista Matías Posadas vaya como candidato a intendente capitalino. En el larretismo acusaron a la titular del partido de “destituir” al apoderado que tenían para imponer uno propio. Macri alentaba a Inés Liendo como su candidata provincial, cuyo futuro ahora es una incógnita.

Burzaco, al frente de la seguridad porteña

En ese marco, la reunión a solas –la última vez que se mostraron juntos fue a fin de año en Villa la Angostura– y la designación de Eugenio Burzaco como nuevo ministro porteño, en reemplazo de Marcelo D’Alessandro, podría significar una tregua entre los cofundadores del PRO. 

Larreta ultimaba este martes los preparativos para que Burzaco se hiciera cargo del ministerio de Justicia y Seguridad. Finalmente D’Alessandro no volvería de la licencia que pidió en enero tras aparecer involucrado en presuntos chats con jueces federales y directivos del Grupo Clarín. 

Su reemplazante se hará oficial en las próximas horas, aunque lo más probable es que Burzaco asuma luego de los partidos de la Selección de fútbol, sobre todo por el nivel de tensión que habrá en los operativos de seguridad. La imagen que se vió en Palermo este lunes cuando miles de personas rodearon una exclusiva parrilla donde estaba cenando Lio Messi encendieron las alarmas en la Ciudad. “Fue una locura. Sería un riesgo político que asuma ahora el nuevo ministro”, comentó un importante funcionario porteño, que confió que el operativo para este jueves está coordinado desde hace tiempo.

Burzaco es un macrista puro. Fue en 2009 –primer mandato de Macri en CABA– el primer jefe civil que tuvo la Policía Metropolitana porteña, la fuerza de seguridad que antecedió a la Policía de la Ciudad. Arribó a ese cargo luego del escándalo de las escuchas ilegales a familiares de víctimas del atentado a la AMIA que determinó la salida de Jorge “el Fino” Palacios de la conducción de la fuerza. 

En 2015, cuando Macri llegó a la Casa Rosada, nombró a Burzaco como secretario de Seguridad, en un rol subordinado a Bullrich, con quien mantuvo un vínculo de enfrentamiento interno permanente hasta su alejamiento del cargo, dos años después.

MC

El fiscal Carlos Stornelli se ausentó finalmente como testigo en el proceso de juicio político a la Corte Suprema que se lleva a cabo en la comisión de Diputados y el oficialismo pedirá a la Procuración que se le inicien “acciones disciplinarias” en su contra. 

Stornelli faltó este martes a la reunión del cuerpo de trabajo de la Cámara baja, luego de que fuera citado por segunda vez para que declare en torno a su decisión de archivar –durante la feria judicial de enero– una denuncia contra el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, por sus conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente de licencia. 

“Se le va informar al doctor (Eduardo) Casal de la no comparecencia de Stornelli y se le solicitará le inicien acciones disciplinarias correspondientes”, aseguró este martes la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. La decisión de enviarle un nuevo oficio al procurador generó un primer debate en el ámbito de la comisión, ya que Stornelli pidió declarar por escrito, amparándose en un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que exceptúa a los fiscales de presentarse como testigo ante un tribunal.

“Esta presidencia no puede incumplir los deberes que le asignó el reglamento de la Cámara”, agregó la diputada del Frente de Todos. “No somos un tribunal. Me encantaría mandarle las preguntas por escrito, pero estaría violando el reglamento”, se excusó Gaillard ante las críticas de la oposición. La  normativa de la comisión solo otorga ese beneficio a los presidentes y gobernadores, entre otros altos cargos, pero no a los fiscales.

Según expuso el macrista Pablo Tonelli, “la ley orgánica del Ministerio Público está muy por encima del reglamento de la comisión y los fiscales están claramente eximidos de tener que asistir personalmente”. Y cuestionó la estrategia del kirchnerismo: “Da la impresión de que el oficialismo no tiene intención de conocer las respuestas del fiscal, sino hacerlo comparecen para maltratarlo y hacer circo”.

En el oficialismo no descartan poder impulsar al final de la reunión de este martes, como anticipó Gaillard, una denuncia contra Stornelli en la Procuración y pedir que se le quiten los fueros para que sea llevado a la comisión por la fuerza pública. En 2019, Stornelli ya se enfrentó al desafuero, sin consecuencias, cuando fue citado a indagatoria en el juzgado federal de Dolores en reiteradas oportunidades: terminó declarando como imputado ocho meses más tarde, tras seis citaciones.

“Laburen rápido”

Además de Stornelli, la agenda de este martes incluye a otros cinco testigos, de los cuales al menos la mitad –como ya publicó elDiarioAR– están relacionados con la línea de investigación sobre Robles: Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, por un chat que admitió haber tenido con D’Alessandro, quien niega la veracidad de esas conversaciones; además de dos integrantes de la vocalía de Rosatti, Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, colega de Robles.

Pero al inicio de la comisión el testimonio de Olima se demoró por otro cruce de acusaciones que se generó entre los diputados del oficialismo y la oposición. El vicepresidente de la comisión, el lilito Juan Manuel López, denunció que hubo una demora de más de una semana para conocer una respuesta a un pedido de informe sobre cruce de llamados de la juez María Servini de Cubría, que habría llegado a la mesa de entradas de la Cámara baja el 3 de marzo. “No corresponde, laburen más rápido, sino vamos a pensar que esconden información”, denunció el diputado. 

Desde Juntos por el Cambio también cuestionaron la denuncia del oficialismo al juez Sebastián Ramos por supuesto “falso testimonio”, cuando en su presentación a la comisión negó vínculos con Robles o D’Alessandro. En ese mismo momento se filtró en los medios una conversación suya con el ministro porteño. 

A su vez, la oposición quiere denunciar al juez Alejo Ramos Padilla, que también le tocó investigar la filtración de chats y en su exposición ante la comisión de Juicio Político expuso las irregularidades de la investigación de Comodoro Py (que archivaron Stornelli y Ramos) y la duplicación de causas.

MC

El fiscal federal Carlos Stornelli ratificó en las últimas horas a la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados que no declarará como testigo ante los legisladores de manera presencial y reiteró que lo hará por escrito, confirmó a elDiarioAR una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Stornelli está citado para este martes, en el marco de la investigación contra los jueces de la Corte Suprema por supuesto mal desempeño. El fiscal promovió durante la feria judicial de enero el archivo de una denuncia basada en las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y el asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles, en las que habrían intercambiado información sobre el fallo del tribunal que favorecería a la Ciudad en la coparticipación.

La mayoría del kirchnerismo en la comisión de Juicio Político decidió citarlo para que explique los pormenores de su dictamen.

Stornelli informó a través de la Procuración General de la Nación que declararía por escrito, en base a la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard, le respondió con un oficio que debía presentarse a declarar personalmente ante los diputados, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la comisión parlamentaria para los fiscales federales y nacionales.

En contraposición, la Ley Orgánica a la que apeló Stornelli sostiene que están exentos del deber de declarar ante los tribunales en caso de ser citados como testigos. Si así lo fueran, deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes, dice la ley. Citando esta normativa, votada por el Congreso, es que Stornelli sostiene que debería presentar un escrito en base a un pliego de preguntas que debería enviarle la comisión de Juicio Político, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal a elDiarioAR.

“Hay un conflicto de normas que incluye un conflicto de poderes”, admitió la fuente. Si bien la ley no habla de citaciones como testigos ante una comisión parlamentaria, en el Ministerio Público Fiscal consideran que debería aplicarse este artículo de la norma por encima del reglamento de la comisión.

La misma “contradicción” ocurre entre el reglamento de la comisión y el Código Procesal Penal para los integrantes del Poder Judicial de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia fue este miércoles objeto de los pasajes más duros del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa que dio inicio a la actividad del Congreso. “Fueron sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto.

En el acto institucional más importante del año, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del máximo tribunal, se apersonaron en representación de la Corte, como es tradición cada año, para escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico y con el dedo, incluso con la mirada, entre silbidos, festejos y aplausos de los diputados y senadores oficialistas y gritos e insultos de los opositores. 

Fue el momento más tenso, agresivo y locuaz del discurso, o más bien el único. Sin menciones directas, Fernández terminó por señalar a su propio espacio político como co-responsable por no avanzar con las reformas del sistema judicial que envió como presidente al Congreso y que, según el mandatario, habrían evitado que el avance del narcotráfico en Rosario, Santa Fe, pasaje que le valió una mueca de fastidio del juez Rosatti, oriundo de esa provincia.

Mientras el oficialismo avanza a pedido del Presidente con una investigación por presunto mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Rosatti y Rosenkrantz acudieron a la Asamblea en representación de todo el tribunal, ya que son sus principales autoridades. Los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no asistieron. Fue una decisión tomada este martes entre los cuatro jueces, afirmaron dos fuentes directas de la Corte.

Los jueces de la Corte debieron oír también las críticas de Fernández al tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -sentada a su izquierda- por defraudación a la administración pública a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No pronunció la palabra “proscripción”, que utilizó la expresidenta públicamente para referirse a la sentencia.

“Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, dijo Fernández. 

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo en referencia a las apelaciones pendientes a la condena del caso Vialidad.

Fernández también acusó a los jueces del tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo en el oficialismo, oposición y poder Judicial se disputan el nombramiento de jueces para diseñar la Justicia a su imagen y semejanza.

A las ausencias de Lorenzetti y Maqueda, se sumó la de Eduardo Casal, procurador general de la Nación interino, el jefe de los fiscales del país. A diferencia de los jueces de la Corte, Casal no fue invitado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa por primera vez desde la asunción de Fernández, confirmó una fuente directa del organismo a elDiarioAR. “Es la primera vez desde 1994, cuando se creó el Ministerio Público Fiscal, que el titular de la Procuración no es invitado al acto institucional más importante del año”, agregó la fuente.

Casal fue blanco de un intento de juicio político, también iniciado por el oficialismo pero que no prosperó en la comisión parlamentaria. El Gobierno no ha podido nombrar -al igual que la gestión de Cambiemos- a su propio procurador debido a que no cuenta con los dos tercios de los votos del Senado. Por estar en la línea de sucesión del organismo, Casal es procurador interino desde la salida de Alejandra Gils Carbó, enfrentada por el macrismo para forzar su renuncia y nombrar, también sin éxito, a su propia jefa de fiscales.

Dinero

Tras ingresar al recinto pocos minutos antes de Fernández, Rosatti y Rosenkrantz se sentaron en el espacio reservado siempre para los jueces supremos, junto al estrado de la presidencia de la cámara de Diputados, donde Fernández daría su discurso. 

Fernández acusó a la Corte de pretender manejar los recursos públicos del Estado, de intromisión en las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de favorecer a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias pobres. Todos argumentos rechazados por el tribunal. 

Con estilos y personalidades muy disímiles, Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto durante el discurso presidencial, mientras que Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte.

“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, comenzó Fernández sus pasajes más críticos. 

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Les quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, dijo el Presidente, sin censurar los silbidos provenientes del recinto ante la mención al máximo tribunal que le valieron un gesto de desaprobación de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentado en el espacio reservado para los gobernadores.

El fallo de la Corte que en diciembre último otorgó de manera momentánea a la Ciudad una suba en la porción de impuestos nacionales que reparte el Estado Nacional entre todas las provincias y la Capital fue para financiar la policía porteña y no redujo el porcentaje que reciben los Estados provinciales sino la porción que le corresponde al Estado Nacional, de acuerdo con el fallo. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas.

Este fallo fue la motivación del oficialismo para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte, un proceso que no tiene posibilidades de avanzar más allá de una investigación y un dictamen de acusación de la comisión parlamentaria, ya que el oficialismo no tiene los dos tercios de los votos en Diputados para formalizar la acusación ante el Senado, ni en entre los senadores para destituir a los jueces.

Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables

Alberto Fernández

“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo sobre el pedido de juicio político.

Con tono enérgico y ante los aplausos de pie y gritos de aprobación de los legisladores oficialistas, Fernández dijo: “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”.

Espionaje

Luego, el Presidente recordó sus pedidos para que avance su intento de reforma del sistema judicial, que ni siquiera fue apoyado por el oficialismo en Diputados. Resaltó un cambio central en los manejos del Ejecutivo con respecto a administraciones pasadas: 

“No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe”, pasaje que despertó reacciones de la oposición en el recinto, en medio de denuncias de hackeos y filtraciones de chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyos responsables no han sido identificados.

Y se refirió a esas conversaciones filtradas: “Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos”.

La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible.

Alberto Fernández

Narcos

“Si aquella reforma de la Justicia Federal -la que envió Fernández en 2020 al Congreso y no se aprobó- hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, dijo Fernández.

Rosario necesita cinco jueces federales de distintas instancias. El Presidente acusó a la Corte, y en especial a Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura, porque desde hace un año el organismo no envía candidatos a jueces de Santa Fe, pero Fernández obvió decir que la provincia es una de las más afectadas por la falta de jueces y juezas federales desde hace años, incluso cuando su espacio político tenía mayor control del Consejo, y que el nombramiento de los jueces federales depende del acuerdo con el oficialismo y la oposición. 

ED

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

Son días clave en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados: este miércoles habrá reunión de asesores parlamentarios, previo de la reunión de los legisladores que tendrá lugar este jueves a las 11 y en la que el Frente de Todos expondrá sus argumentos para abrir una investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño, impulsada por el presidente Alberto Fernández a través de un pedido de jury contra los magistrados. En el máximo tribunal ya preparan su defensa, aunque dividida por su propia interna política.

Esos argumentos están siendo volcados en un informe de admisibilidad, como se denomina técnicamente a la presentación de las causales que ameritarían iniciar una investigación contra los jueces Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión parlamentaria y sólo necesita una mayoría simple (la mitad más uno) para conseguir la apertura de esta nueva etapa, por lo que sabe que lo logrará.

Para la oposición, este jueves será “el primer Día D en la comisión”, aseguró una fuente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Se espera una sesión extensa y cargada de tensiones. Tras la aprobación del o los informes de adminisibilidad, comenzarán las citaciones a testigos para declarar ante la comisión y medidas de prueba que podrán ordenar los diputados.

En Juntos por el Cambio (JxC) esperan que todos sus 14 diputados en la comisión expongan este jueves. El diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de JxC, dijo a elDiarioAR: “Vamos a demostrar con argumentos claros y firmes porqué el pedido de juicio político del kirchnerismo a la Corte Suprema es un disparate que se diluye en sí mismo. No se puede juzgar a un magistrado por sus sentencias y muchísimo menos si no son de fondo. La Corte Suprema no ha legislado, como dice el oficialismo; vamos a demostrar que se trata de una maniobra del Frente de Todos para disciplinar a toda la Justicia”.

La oposición y Lorenzetti

Los informes de admisibilidad deben ser sometidos a votación en la comisión, pero aún no está definido el método que se aplicará este jueves, explicó una fuente parlamentaria con acceso directo a las discusiones de los diputados.

La presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos) tenía la intención de que se sometiera a votación el combo de acusaciones contra los cuatro jueces y por todos los expedientes que tramitan por presunto mal desempeño. 

Sin embargo, la oposición quiere separar los tantos, ya que está dividida en un punto clave: el bloque de la Coalición Cívica (CC), que integra el interbloque JxC, presentará su propio informe de admisibilidad para impulsar una investigación contra sólo uno de los jueces de la Corte, y al que la fuerza política liderada por Elisa Carrió viene denunciando desde hace años. El primer pedido de juicio político de la CC contra Lorenzetti data de 2017, pero nunca se había tratado en la comisión hasta ahora. 

“Con la diputada (Paula) Oliveto estaremos presentando nuestro propio informe de admisibilidad con respecto a Lorenzetti y en base a los argumentos que hemos expuesto en nuestros dos pedidos de juicio político en su contra. Con respecto a los pedidos de juicio político contra el resto de los jueces de la Corte, la Coalición Cívica va a rechazarlos”, ratificó el diputado Juan Manuel López (CC y vicepresidente de la comisión) en diálogo con elDiarioAR.

El resto de JxC (UCR y PRO) no sólo rechazará el informe del Frente de Todos contra los cuatro jueces, sino que tampoco acompañaría el informe de admisibilidad de sus aliados, que cuenta con dos diputados en la comisión, de acuerdo con una fuente consultada en el interbloque.

La Coalición Cívica prefiere que se vote expediente por expediente, y separar los cargos juez por juez, en el mejor de los casos. Eso le permitiría rechazar los cargos contra los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, y votar a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti sólo por los expedientes que ha presentado esta fuerza política y no por los cargos que le endilga el Frente de Todos al ex presidente del máximo tribunal. Es que los argumentos de unos y otros son totalmente diferentes. 

Los aliados de Carrió apuntan al manejo de fondos económicos de la Corte durante las presidencias del juez de Rafaela y no a sus sentencias, que en el caso de las acusaciones del oficialismo coinciden con los votos del resto de los supremos.

Apertura 

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a elDiarioAR hace dos semanas. De ser así, el oficialismo buscaría un punto de conexión con la CC.

La apertura de una investigación en la comisión de Juicio Político es el paso previo para “el segundo Día D”, como lo llaman en el bloque de la UCR: una vez finalizada la investigación deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, el Frente de Todos se enfrentará al dilema que viene arrastrando desde hace años: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esta etapa del proceso. necesita los dos tercios de los votos para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Entre las medidas de prueba que vendrán en las próximas semanas, el oficialismo citará a Silvio Robles (vocero y mano derecha del juez Rosatti) y al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro por el caso de los chats filtrados tras el hackeo al teléfono del funcionario porteño, en el que Robles supuestamente adelanta información sobre el fallo que elevó el enfrentamiento entre el Gobierno y el kirchnerismo con el máximo tribunal hasta su punto más álgido: la medida cautelar dictada por la Corte de forma unánime a favor de la Ciudad en el reparto de los fondos de impuestos nacionales que se coparticipan entre el Estado nacional, las provincias y la Capital Federal.

La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explican fuentes con acceso directo a los magistrados. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un escenario en el que la Corte arriesga mucho.

ED