Cuatro años después, poco queda hoy del Gabriel Boric que llegó a La Moneda con espíritu renovador, deseoso de un cambio profundo y dispuesto a convertir Chile en la “tumba del neoliberalismo”. A las puertas de entregar la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, el presidente saliente finaliza un mandato en el que las expectativas se fueron apagando poco a poco a base de golpes de realidad.

Rodeado de exlíderes del movimiento estudiantil de 2011 -como él-, Boric recogió, en marzo de 2022, la banda presidencial del conservador Sebastián Piñera (que gobernó en los períodos 2010-2014 y 2018-2022), tras vencer a Kast, que ya entonces aspiraba a la presidencia, y de la mano de una nueva coalición de izquierda formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pasó de la calle al poder en tan solo una década y, con 36 años, se convirtió en el mandatario más joven de la historia de Chile. “Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar”, expresó en su primer discurso oficial.

Chile venía entonces de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, ocurrida en 2019, tras la cual una mayoría aplastante votó a favor de cambiar la Constitución vigente, instalada en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban

Cristóbal Bellolio — Analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

“Tenían el viento a favor porque asumieron [el poder] en un momento en el cual el estallido social y luego el proceso constituyente navegaban un poco en la misma dirección transformadora, refundacional”, recuerda el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Era una generación joven, añade, que venía a “renovar la política” y a “saldar las deudas” de las generaciones anteriores que, según ellos, “no fueron suficientemente corajudas para demoler el legado neoliberal de la dictadura”.

Hablaban de subir los impuestos a los más ricos, de refundar a los carabineros —un cuerpo policial con estructura militar—, indemnizar a las víctimas de la violencia policial de las protestas, y de que migrar es un derecho, recuerda el experto. Sin embargo, dice la académica Nerea Palma, de la Universidad Alberto Hurtado, “la luna de miel del Gobierno fue muy corta”.

Fracaso constituyente y fin de las expectativas

El mayor desafío del Gobierno de Boric fue gestionar los dos procesos constituyentes, casi seguidos, para sustituir la actual carta magna, de 1980, el primero con un texto de corte progresista, que cambiaba de raíz los sistemas privados de pensiones, salud y educación, y el segundo, de corte conservador. Pero ambos fracasaron. En el primer intento, y con menos de un año en el poder, el Ejecutivo se posicionó sin matices a favor de la nueva Constitución, y supeditó parte de su programa a su aprobación, pero una contundente mayoría de ciudadanía lo rechazó y, con ello, la propuesta de transformación del Gobierno.

“Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban”, dice Bellolio. El triunfo del “rechazo” al nuevo texto fundamental fue “un duro golpe” para Boric, comenta Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, quien cree que supuso “un antes y un después” para la coalición de izquierda. Figuras clave y cercanas a Boric fueron apartadas del gabinete y en su lugar entró la centroizquierda tradicional, lo que dio inicio al camino hacia la moderación, a la vez que las prioridades ciudadanas se centraban cada vez más en la economía y el orden público. “Desde entonces, el Gobierno se dedicó a administrar y hacer transformaciones en la medida de lo posible”, considerando que tampoco tenían mayoría en el Congreso, explica el académico.

Con la nueva coalición progresista, el Gobierno logró varias de sus grandes promesas de campaña, como la reforma de pensiones -el mayor cambio en 40 años del modelo creado durante la dictadura-; la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un aumento histórico del salario mínimo (a poco más del equivalente a 500 y pico de dólares) o el fin del copago en el sistema público de salud. “Se impuso una lógica mucho más pragmática, más propia de los gobiernos de centroizquierda previos, de negociar y alcanzar acuerdos, aunque no permitieran cumplir con todo y generaran resistencias en el ala más de izquierda de la coalición”, explica Andrés Scherman, experto en Comunicación Política de la UAI.

Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida

María Cristina Escudero — Politóloga de la Universidad de Chile

El cambio de prioridades dejó en segundo plano varias de las propuestas estrella de la campaña que no lograron cumplirse, como la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación o la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), una forma de financiación universitaria que endeudó a los estudiantes durante décadas. Otras, simplemente, fracasaron, como una reforma tributaria rechazada por el Parlamento para subir los impuestos a los más ricos y con la que iba a financiar parte de su programa.

Las expectativas terminaron de difuminarse tras conocerse un caso de presunta financiación irregular de varias fundaciones y por la cuestionada gestión de la denuncia por violación de una funcionaria contra el número dos del Ministerio del Interior.

“La narrativa de superioridad moral, de ser una coalición libre de corrupción y de que iban a ser un gobierno transparente no se logró”, opina Bellolio. Tuvieron, prosigue, “la necesidad imperiosa de adaptarse en el camino” y “administrar un país distinto al que, originalmente, pensaban que iban a gobernar”, dice, aunque ni el crecimiento económico ni la seguridad “fueran su especialidad”.

¿Boric 2.0?

Los expertos coinciden en que aún es pronto para saber cómo será recordado el Ejecutivo de Boric. Por ahora, su sucesor, que será el primer mandatario ultraderechista y pinochetista en democracia, instaló la idea de que Chile “se cae a pedazos”, por lo que diseñó un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron en este mandato.

Para Scherman, Boric será recordado como un presidente joven que intentó “construir una fuerza única de izquierda”, un objetivo que el propio mandatario admitió que quiere seguir persiguiendo desde fuera del palacio. El Gobierno, para Palma, perdurará en el recuerdo como el impulsor de un proceso de cambio “truncado” por falta de mayorías parlamentarias, cambios en la agenda y por los propios “errores importantes” que cometió.

Espinoza señala que, a pesar de su “falta de experiencia”, logró sacar proyectos relevantes como las pensiones, que tendrán efectos positivos en el tiempo, y mantener una aprobación en torno al 30%, una cifra que -dice- “no es despreciable, pensando en una futura candidatura presidencial”.

Con 40 años recién cumplidos y una larga trayectoria por delante, su figura se convirtió en uno de los liderazgos más fuertes de su sector. “Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida”, apunta la politóloga María Cristina Escudero, de la Universidad de Chile. “Quedó posicionado como una de las figuras más importantes para, más adelante, volver a ser presidente”, concluye Bellolio.

Chile elige este domingo a un nuevo presidente en un balotaje que enfrentará a la izquierdista, Jeannette Jara, con el ultraderechista, fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Militante del Partido Comunista y apoyada por el oficialismo encabezado por el presidente Gabriel Boric, Jara enfrenta al opositor fundador del Partido Republicano y reputado como el hijo de un integrante del partido nazi en Alemania.

Ambos candidatos -que compiten para el periodo 2026-2030- no son parte de los partidos del centro político tradicional chileno que gobernaron la nación austral en las últimas dos décadas.

Según los sondeos de opinión, José Antonio Kast, quien se postula por tercera vez a la presidencia, se quedaría con el máximo puesto del Ejecutivo una vez que se conozcan los resultados.

Son casi 16 millones de personas las que fueron habilitadas para participar en el primer comicio presidencial chileno con carácter obligatorio que definirá al nuevo mandatario.

Jannette Jara ganó por estrecho margen en primera vuelta

El 16 de noviembre pasado Jeannette Jara, con 26,8 % de los votos, y José Antonio Kast, con 23,9 % de las preferencias, avanzaron al balotaje presidencial que se realizará este domingo.

José Antonio Kast cerró su campaña en la ciudad de Temuco, ubicada a unos 670 kilómetros al sur de Santiago y capital de la región de La Araucanía, en un acto en el que volvió a hablar protegido por un vidrio antibalas.

El republicano había lanzado su campaña allí mismo, convirtiendo a la localidad en uno de sus bastiones electorales, en sintonía con su discurso de mano dura ante el conflicto mapuche que se vive en la región.

Durante su discurso, el candidato republicano enfocó sus críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric: “Lo más increíble es que este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien; no le faltó nada, no tuvo pandemia, no tuvo estallido, prometió solucionar todo”.

Jeannette Jara, en tanto, celebró su último acto en la ciudad de Coquimbo, en el denominado Norte Chico chileno.

Tras repasar algunos de sus logros como ministra de Trabajo de Gabriel Boric —como el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral—, la candidata prometió “medidas concretas” para combatir la inseguridad y garantizar mejoras económicas para que los chilenos puedan “llegar a fin de mes”.

Los actos de Temuco y Coquimbo fueron el cierre de una semana que había comenzado con el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último cara a cara entre los aspirantes al Palacio de La Moneda antes de las elecciones.

Tal como sucedió en algunas instancias anteriores, el cruce entre los candidatos estuvo marcado por la insistencia de Jeannette Jara para que José Antonio Kast explicara alguna de sus medidas más controvertidas, como la expulsión de 300.000 migrantes irregulares o un ajuste de 6.000 millones de dólares.

Así fue el camino al balotaje

El camino a la segunda vuelta estuvo marcado por el protagonismo de Franco Parisi, candidato por el Partido de la Gente que, sorpresivamente, se ubicó en el tercer lugar de las preferencias durante la primera vuelta, con el 19,71% de los votos.

El resultado permitió al candidato, y a sus más de 2,5 millones de votantes estar en el centro del debate político.

A diferencia del apoyo instantáneo que los candidatos Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), Parisi evitó un alineamiento automático con José Antonio Kast e identificó a su partido como “ni facho ni comunacho”.

Además, convocó a sus votantes a decidir, a través de una consulta en internet, qué posición adoptar, logrando que el 78% de los participantes se volcara hacia el voto blanco o nulo.

El politólogo chileno Rodrigo Karmy (consultado por el sitio Sputnik News) opinó que, lejos de prestar sus votos a Jeannette Jara o José Antonio Kast, Parisi logró instalarse como una suerte de “tercer participante en el balotaje”.

Otros dos candidatos, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, aseguraron su respaldo a Kast desde el día de la primera vuelta, pero los indecisos, los que no votaron en primera vuelta y el electorado volátil de Parisi, serán quienes inclinen la balanza, según opinó recientemente en la Argentina el profesor de la UBA José Antonio Cárcamo, oriundo de Chile.

El voto de los chilenos en la Argentina

La comunidad chilena residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá votar el próximo domingo para elegir a su próximo presidente en una escuela de Retiro.

Para estos comicios en el país trasandino, el Gobierno porteño montará en Buenos Aires un operativo especial del que participarán los ministerios de Justicia, Seguridad y Educación, además de ofrecer infraestructura.

Entonces, la Ciudad abrirá la Escuela Primaria N° 6 en Basavilbaso 1295, esquina Juncal, en Retiro, para que los ciudadanos chilenos puedan votar entre las 8 y las 12, con una docena de mesas habilitadas.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, luego de que ninguno de los dos obtuviera el 50% más uno de los votos en unos comicios más ajustados de lo que pronosticaban las encuestas y con una participación récord del 85%.

Con casi la totalidad de los sufragios escrutados, la exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric se impuso con el 26,8% -por poco más de 340.000 votos- al abogado ultracatólico, que obtuvo el 23,9%.

A continuación las claves de unas elecciones que han estado marcadas por la discusión en torno al aumento de la inseguridad y la migración irregular y en las que la gran sorpresa la ha dado el populista de derechas Franco Parisi, que quedó tercero (19,5%) y cuyo votos serán claves en el balotaje.

Jara, victoria agridulce

Pese a ganar la primera vuelta, fue una noche agridulce para Jara, la candidata única del progresismo y la primera militante comunista en representar al sector en unas presidenciales.

Su victoria fue más estrecha de lo que pronosticaban los sondeos y ella misma reconoció en su discurso que “los desafíos son inmensos” y aseguró que “desde mañana” saldrá a escuchar a casi la mitad de los chilenos que no votaron ni por ella ni por Kast.

Aunque en la campaña ha intentado desmarcarse de Boric, Jara tiene el desafío de aumentar los apoyos del Gobierno -cuya aprobación no supera el 30%- y de revertir el llamado “péndulo chileno”, ya que desde 2006 ningún mandatario le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

“No dejen que el miedo congele sus corazones (...) Quienes nos dividen y siembran el odio hacen un muy mal negocio para el futuro de Chile”, dijo la abogada, de 51 años y quien era casi una desconocida antes de ingresar al Gobierno y liderar la aprobación de algunas reformas clave, como la de pensiones o el aumento del salario mínimo.

Para Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales (UDP), “Jara tiene un escenario muy cuesta arriba”: “La discusión pública gira en torno a migración, economía y seguridad, temas incómodos para la izquierda e, incluso, en un escenario en que todos los votantes de Parisi se fueran con Jara, no alcanzaría”, añadió a EFE.

Kast, ¿a la tercera la vencida?

Varias de las últimas encuestas antes de la presidenciales mostraban un bajada considerable en los apoyos de Kast e, incluso, un empate con otro ultraderechista más radical, el libertario Johannes Kaiser, algo que finalmente no sucedió.

El exdiputado y líder del Partido Republicano, que compite por tercera vez a La Moneda y perdió contra Boric en la segunda vuelta de 2021, hizo una campaña monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular y evitó hablar en público de sus convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, así como de su defensa de la dictadura.

En su discurso, Kast aseguró que este domingo “Chile sí despertó”, en alusión a la mítica frase que marcó las masivas protestas de 2019.

“Luego de seis años de violencia, de ideología, de mediocridad, hoy millones de chilenos han decidido abrazar un proyecto que es la oposición a este Gobierno fracasado”, indicó el ultra, admirador de Donald Trump y Nayib Bukele.

Kast ya cuenta con los votos de Kaiser y de la representante de la derecha tradicional, la excalcaldesa Evelyn Matthei, que quedó desdibujada en quinto lugar, como le ha ocurrido a las derechas liberales en otros países donde crecen los ultras: “¡A la tercera va la vencida!”, clamó en su discurso.

Parisi, “ni facho ni comunacho”

Fue la sorpresa de las presidenciales de 2021, cuando quedó tercero con casi el 13% de los votos con una campaña hecha prácticamente desde el extranjero y por redes sociales, y el economista populista ha vuelto a desafiar a las encuestas, revalidando este domingo el tercer lugar, con el 19,6%.

Con el lema “Ni facho, ni comunacho”, el líder del Partido de la Gente (PDG) propuso en campaña medidas tan dispares como la eliminación del IVA de los medicamentos o la celebración de un “tuning” masivo (autos modificados) si ganaba La Moneda.

Vencedor en las provincias mineras del norte, Parisi pidió el voto por Kast hace cuatro pero esta vez ha dicho que “no firmará cheques en blanco a nadie” e instó tanto Jara como Kast a “ganarse” sus votos.

“Estas elecciones han evidenciado un profundo rechazo a la política. Parisi estaba subrepresentado en las encuestas y es el candidato que mejor representa la antipolítica institucional. Ganarse su voto no será fácil”, indicó a EFE Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.

Chile celebró este domingo, en paralelo, elecciones parlamentarias para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y parte del Senado. En estos comicios, los republicanos de Kast lograron un avance considerable en ambas cámaras, lo que podría otorgar una amplia gobernabilidad a un eventual gobierno del ultraderechista.

María M.Mur, para la agencia EFE.

Este domingo, Chile va a las urnas para elegir al sucesor de Gabriel Boric. La ciudadanía chilena incluida en un un padrón de 15.770.000 personas votará por uno de los ocho candidatos a presidente de la nación.

Las encuestas indican que existe polarización y marcan de antemano que la candidata del oficialismo, Jeanette Jara, pasaría a una segunda vuelta con alguno de sus contrincantes, ya que parte con una expectativa de sumar el 30% de los votos.

Ese número no le alcanza para lograr la victoria, debido a que en Chile se necesita un 50% para ganar en la primera vuelta.

En segundo lugar, se posiciona el insistente exdiputado de ultraderecha José Antonio Kast, por lo que ambos pasarían a una segunda vuelta.

Otros candidatos que podrían arrimar son diferentes exponentes de la derecha, como Evelyn Mathei o Johannes Kaiser, un libertario descendiente de alemanes que rompió con Kast, otro político con reminisencias germanas, hijo de un un militante del partido nazi teutón.

La a seguridad, la criminalidad y el narcotráfico son las preocupaciones de los ciudadanos chilenos y por lo tanto, los temas principales de campaña, reportaron distintos medios informativos internacionales.

“En mi Gobierno habrá mayor seguridad en los barrios. Además, vamos a tirar del hilo donde más les duele (a los delincuentes): la ruta del dinero sucio”, declaró Jara en campaña.

También prometió que cada familia chilena “llegue tranquila a fin de mes”, en materia económica.

Mientras que Kast, que va por “la tercera y la vencida” oportunidad, promete “el cambio”, el otro descendiente de alemanes, Johannes Kaiser Barents-von Hohenhagen, libertario, sorprendió con la propuesta de generar expulsiones y operativos con paso previo por “campos de reconducción o campamento muy cerca de la frontera con Bolivia”, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Xinhua.

Ese hombre anticipó que incluso busca hablar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar presos a la megacárcel del país centroamericano.

Franco Parisi, del Partido de la Gente (una alternativa populista/antisistema) y Marco Enríquez-Ominami (ME-O), que va como independiente en su quinta carrera por el Poder Ejecutivo, son otros candidatos, según el informe de Newsweek Argentina.

Harold Mayne-Nicholls, ex dirigente deportivo, se presenta como independiente con un discurso moderado y Eduardo Artés, una opción de izquierda más radical, que ya compitió en otras elecciones, suman en la grilla.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Cuando quedan seis meses para que termine su gobierno, el presidente chileno Gabriel Boric ha comenzado a poner foco en su legado y también en el nuevo rol político que tendrá una vez que salga de La Moneda, en 11 de marzo del próximo año.

Tradicionalmente, cada vez que un presidente termina su periodo, hace una breve pausa para reponer fuerzas y decidir con algo de tiempo cuáles serán sus próximos pasos políticos. Así lo hicieron Michelle Bachelet (en 2010) y Sebastián Piñera (en 2014), una vez concluido su mandato, cada uno hizo una pausa y optó por salirse por un tiempo de la primera línea de la política, aunque luego, empujado por las encuestas, decidió postularse por segunda vez a la presidencia. Obviamente, cuando asume un nuevo gobierno el foco político y mediático se pone en el nuevo presidente, su equipo de autoridades, sus reformas clave y las posibilidades que tiene su agenda legislativa de avanzar. Pero, sin embargo, Boric no quiere perder tiempo y parece decidido a desafiar esa lógica, como lo ha venido haciendo a lo largo de su carrera política. Es Boric siendo Boric.

En las últimas semanas, el presidente chileno ha dejado claro que no piensa retirarse al silencio protocolar del cargo y que, muy por el contrario, quiere escribir activamente su legado y no perder ningún minuto para perfilar su futuro político. Su apuesta es convertirse en el máximo referente de la izquierda y sabe que para ello es clave dejar instalado un relato que sobreviva a su mandato y que le permita posicionarse como el líder de la oposición. Para lograr este objetivo le sirve tensionar a José Antonio Kast en el terreno ideológico, blindar su legado social en el Presupuesto 2026, incluso si eso implica eclipsar la visibilidad de su candidata, Jeannette Jara, o incomodar a parte de su coalición. El mensaje que deja con sus últimas acciones es que Boric no se retira y está en proceso de reconfiguración política. Ha empezado a tallar la figura del líder opositor que quiere ser cuando las luces de La Moneda finalmente se apaguen.

La cadena nacional en la que hace dos semanas presentó el Presupuesto 2026 fue, claramente, un acto de confrontación política. Al cuestionar la propuesta estrella del candidato republicano — que plantea un recorte de US$6.000 millones— y defender sin sutilezas los derechos sociales alcanzados bajo su gobierno, Boric abrió fuego contra la extrema derecha. El efecto fue inmediato y obligó a Kast a reaccionar con tono agresivo y a la oposición que no tardó de tildar acusar intervencionismo. Y para encender la polémica no tuvo ni siquiera que nombrar a Kast, no era necesario.

Para convertirse en el líder de la oposición Boric necesita mostrar que está activo, vigilante y dispuesto a pelear sobre los grandes temas. Necesita posicionarse desde ya como el principal acusador del programa de la ultraderecha y, en el caso que las encuestas tengan razón y gane el candidato republicano, ser el principal antagonista del nuevo gobierno. Sitial que sabe debe competir con Jara, a quien más temprano que tarde, tendrá que confrontar en una eventual próxima carrera a la presidencial. Pero para eso falta un rato.

En la discusión del presupuesto donde el Presidente está actuando como si estuviera ensayando a ser opositor. Ha presentado una propuesta que suprime la glosa de libre disponibilidad en el erario del próximo año, reduce la flexibilidad de reasignación al próximo Gobierno e intenta blindar sus prioridades. Boric no ha sido tímido en marcar a Kast como su contraparte. No lo nombra siempre, pero lo interpela cada vez que defiende derechos sociales, señala riesgos de recortes y cuestiona fórmulas de austeridad extrema. Esa polarización funcional le permite reforzar su identidad de guardián progresista frente al populismo ultraconservador. Pero tiene otra dimensión, ya que no sólo busca debilitar a Kast, sino configurar un bloque (o narrativa) en el que los ciudadanos encuentren en él al adversario natural del republicano.

También le sirve proyectarse como referente progresista internacional. En esta apuesta, el envión contracíclico más audaz de Boric ha sido su movimiento en la arena internacional al proponer a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. Nadie esperaba que el Presidente electo en 2021 se jugara tan fuerte por una figura de su propio gobierno terminado. A lo anterior, se suma el discurso que ha tenido Boric respecto de la administración de Donald Trump. En su discurso ante la ONU, al criticar veladamente (pero con fuerza) el negacionismo climático y también ha cuestionado abiertamente el rol del mandatario estadounidense en el conflicto entre Isrrael y Gaza.

Con esta apuesta, el mandatario chileno busca construir proyección internacional progresista, reivindicando una figura con reconocimiento simbólico y coloca a Chile en un escenario diplomático global. Esta jugada, que le otorga músculo moral frente a la ultraderecha continental, también le permite marcar diferencia frente a la extrema derecha global. 

Por cierto que Boric sabe que su estrategia puede tener costos políticos internos. Pero parece dispuesto a asumirlo, porque lo que está en juego es la disputa del relato y el protagonismo simbólico del nuevo bloque opositor.

Con todo, la estrategia de Boric es audaz y ambiciosa. Puede transformarse en el eje narrativo de la oposición chilena y operar como un “jefe moral” que no necesita ser candidato para marcar la agenda. En esa arquitectura, puede tolerarse que la candidatura Jara asuma protagonismo electoral, mientras él encarna el rol simbólico, crítico y confrontativo con Kast y la ultraderecha.

En definitiva, Gabriel Boric parece decidido a convertir su salida del poder en un nuevo punto de partida. Si logra mantener la iniciativa discursiva, conservar su base moral y administrar las tensiones dentro del oficialismo, puede emerger como el articulador del progresismo chileno en la era post-Kast. Su apuesta no es inmediata ni exenta de riesgos. Depende de que el país perciba su reaparición no como nostalgia de un liderazgo joven que ya fue, sino como la maduración política de quien intenta preservar una identidad de izquierda moderna frente al avance del populismo de derecha.

La incógnita es si su estrategia resistirá la prueba del tiempo. El tránsito de presidente a opositor, de figura institucional a voz crítica, suele ser terreno minado en Chile. Aunque Boric, fiel a su estilo, parece más interesado en el desafío que en la comodidad. Su final en La Moneda no se perfila como un cierre, se plantea como el inicio de un experimento político mayor y que tiene que ver esencialmente con construir desde el pospoder la narrativa que dispute el alma del país.

Han pasado poco más de 24 horas desde que Donald Trump pasó por Naciones Unidas con su discurso contra el multilateralismo, contra un mundo regido por reglas y negacionista con el cambio climático. Han pasado apenas 12 horas desde que reaccionó enfurecido ante el regreso de Jimmy Kimmel en la ABC.

Todavía resuenan en los pasillos y las salas de la ONU los ecos de un discurso tan propio del presidente de EE.UU. como impropio de una institución emanada de una Carta de Derechos Humanos.

En este contexto, y en un suelo estadounidense que no ha podido pisar la delegación palestina, una veintena de países junto con medio centenar de Premios Nobel han hecho un llamamiento a defender la democracia en uno de los lugares donde más en riesgo se encuentra en el marco de la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, programada hace semanas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prefirió no pronunciar el discurso que tenía previsto para dejar la palabra al resto, e intervino en el cierre de la reunión para recapitular compromisos alcanzados por el grupo con vistas al futuro, pasando por la colaboración entre los diferentes integrantes de la iniciativa: “Tenemos tareas pendientes, necesitamos más mujeres que participen en las discusiones”. Y mencionó desafíos: “Combate a la desigualdad y la participación de la gente joven frente al extremismo”.

El presidente chileno, Gabriel Boric, abrió la sesión llamando “a las fuerzas progresistas a no bajar los brazos, les llamo a creer en nosotros mismos. Algunos gustan de humillar al que menos tiene, porque con dinero o la fuerza pueden imponerse. Al final, la razón siempre triunfa, pero sólo es posible si lo hacemos juntos. Si algo hemos aprendido es que solo no se salva nadie”.

En este sentido, Boric reconoció “lo que está haciendo Lula”, y también “la dignidad de Europa que ha personalizado Sánchez, una izquierda que defiende los derechos humanos sea donde sean. Son pequeñas señales de esperanza, que si las unimos pueden ser una luz más grande”.

Boric recordó que los quebrantamientos de la democracia ahora “ya no son con golpes como en el siglo XX; sino que van poco a poco tomando las instituciones, desprestigiando a quien piensa distinto, y los demócratas tenemos que levantarnos. La disputa política es necesaria. Hay que hablar en positivo, transmitir las ideas en las que creemos, por qué el progresismo trae más paz social cuando gobierna, logra que crezca el país, defiende los derechos humanos y la libertad de expresión sea donde sea”.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, explicó que “la democracia está en juego para el futuro de la humanidad”, y ha recordado cómo entró en política a través de su experiencia vital como obrero metalúrgico: “Por casualidad entré en el sindicato y creé un partido político, parecía imposible que un trabajador llegara a la presidencia de la política brasileña”.

Lula ha emplazado a la ciudadanía: “¿Qué hacés durante el día para fortalecer la democracia? Si no hablamos, no nos organizamos, y si no nos organizamos, se pierde la democracia. ¿Es incompetencia nuestra lo que está pasando? ¿Qué estamos dejando de hacer? Es fácil hacer un discurso de izquierdas, pero cuando empieza a gobernar se da respuesta a contentar el mercado”.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, ha señalado que a menudo los gobernantes de izquierda se obsesionan con el “PIB, la balanza, el peso internacional”; pero que lo importante es “si la gente es más o menos feliz. No creo que sea solo PIB o indicadores de carácter geopolítico. ¿Nuestro pueblo entiende que la democracia resulve los problemas? ¿Qué esperan de la política? Nos dejamos arrebatar la bandera de la libertad, y las consignas del XIX hay que revalorizarlas, las revoluciones latinoamericanas siguen tanto o más vigentes que antes. De nada sirve pasar por esta vida siendo un esclavo del trabajo permanente y el rigor para tener más coas, y en realidad lo que no tenemos es el tiempo de hacer las coas que antropológicamente debemos hacer para ser felices. El objetivo de la felicidad del ser humano”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, por su parte, ha reflexionado sobre el discurso de Trump del martes: “Recordé un escritor antiguo, del siglo XX; Georg Lukács, húngaro. En 1954 escribió El asalto a la razón, donde cuenta cómo evoluciona en la sociedad un pensamiento que va llevando a Hitler al poder gracias liberales de la república de Weimer”. Y ahí ha comparado ese momento histórico con EEUU en 2025: “Si la sociedad EEUU pasa al irracionalismo, no a la ciencia, sino al asalto a la razón, estamos en la previa a una barbarie generalizada. Las propuestas totalitaristas se han basado en el miedo y la mentira. La mentira y la verdad hoy son un campo de batalla. Hay que darle armas a la verdad y poner la ciencia y la razón al lado de la sinrazón”.

El economista Joseph Stiglitz, en representación de los 43 Premios Nobel que han firmado la carta de apoyo a la iniciativa, ha señalado: “Vivimos momentos oscuros y su iniciativa es un rayo de esperanza, que se necesita después de lo de ayer [discurso de Trump]. La democracia y la libertad no se vende”.

El manifiesto de los Nobel afirma que “en tiempos de polarización política e inestabilidad global, con la democracia amenazada en muchos ámbitos, nosotros, los Premios Nobel abajo firmantes, afirmamos la importancia de la democracia y el multilateralismo y, en consecuencia, escribimos en apoyo de la Iniciativa de 20 países para promover la democracia mediante el fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la desigualdad de ingresos y el ecosistema de información online”.

“Apoyamos el énfasis en la importancia de la información y las noticias de calidad para informar al público, promover la participación ciudadana constructiva y promover la democracia”, afirman: “De hecho, la libertad de expresión es un derecho humano reconocido internacionalmente. Nos preocupan especialmente los efectos negativos sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad académica que se han producido en muchos países, así como las demandas por difamación contra periodistas de todo el mundo; así como el inmenso poder de amplificación de la desinformación que se ha cedido a las plataformas tecnológicas y, ahora, a las empresas de IA generativa”.

En este sentido, el presidente del Consejo Europeo, el socialista Antònio Costa, también ha participado en la iniciativa: “La democracia es un patrimonio de todos, y necesita de todos los demócratas. De los progresistas, pero también de los conservadores. Requiere que ambos lados se reconozcan dentro del mismo campo democrático. El mayor riesgo hoy no es solo el ataque de los extremismos, sino que los partidos moderados se deslicen hacia posiciones autoritarias. Por eso, la democracia debe ser un compromiso compartido, más allá de cualquier frontera ideológica. Defender la democracia es mantenerla viva, abierta y capaz de renovarse; es entender que pertenece a todos y que es inseparable del progreso humano”.

La próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York será una instancia clave para medir con más claridad si las opciones de una candidatura de Michelle Bachelet, para liderar la organización multilateral tiene alguna posibilidad.

La propia expresidenta chilena ha admitido que está explorando esa posibilidad, dando el primer paso en la carrera para liderar la ONU, en reemplazo de António Guterres. 

Bachelet, que ya dejó su huella como fundadora de ONU Mujeres y como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, es una carta natural en un contexto donde pesan dos factores clave: el principio rotativo de Naciones Unidas, que favorece que el próximo secretario general provenga de América, y la voluntad expresada en la asamblea de avanzar hacia una conducción femenina. Si a esto se suma la sólida trayectoria de la exmandataria chilena en organismos internacionales y en la política nacional chilena, sus credenciales y posibilidades son bastante altas. Aunque, como suele ocurrir en la arena multilateral, los atributos no son suficientes y es importante saber leer bien los contextos políticos, entender las tensiones y jugar las cartas con inteligencia.

En este escenario, Gabriel Boric juega un rol central. El presidente chileno, que encarna una generación de liderazgos progresistas que hoy buscan proyectarse globalmente, puede en lo que resta de su gobierno darle respaldo de Estado que necesita la candidatura de Bachelet para tomar fuerza. 

La Cumbre de Defensa de la Democracia, convocada por Lula da Silva y Pedro Sánchez, será una vitrina donde Boric probablemente tratará de tejer alianzas desde el lenguaje de los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social.

Bachelet y Boric coincidirán en Nueva York. La primera llega el 20 de septiembre para participar en su calidad d vicepresidenta del Club de Madrid y, por el momento, está previsto que participe en dos evento paralelos: “Protegiendo, fortaleciendo y reformando los pilares de derechos humanos de la ONU” y el evento de la Organización Mundial de la Salud, “No hay salud sin salud mental: Un compromiso compartido”. Mientras que el mandatario chileno estará en Nueva York entre el 22 y 25 de septiembre. El martes 23 realizará su discurso en el pleno de la asamblea y, previo a instancia, dirigentes oficialistas ya lo han exhortado a apalancar la candidatura de Bachelet.

Para Bachelet, que se mueve con naturalidad en el terreno diplomático, contar con un Boric activo, influyente y con capacidad de persuasión regional y europea, es una ventaja estratégica. Porque si algo requiere una candidatura a la ONU, es transversalidad y la capacidad de generar confianza más allá de las etiquetas ideológicas.

Aunque sería ingenuo pensar que el terreno está despejado. En primer lugar, está el factor geopolítico, ya que la secretaría general requiere el visto bueno del Consejo de Seguridad, con sus cinco miembros permanentes y sus respectivos vetos. Un Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, difícilmente vería con buenos ojos a una socialista con trayectoria crítica frente a los autoritarismos. Mientras que China podría recordar las denuncias que Bachelet impulsó en materia de derechos humanos durante su gestión como Alta Comisionada.

A lo anterior, se suman las variables locales. El desenlace de la elección presidencial en Chile de fines de año es un dato que sobrevuela la candidatura. Un eventual triunfo del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, con su narrativa abiertamente crítica de Naciones Unidas, si bien no derrumbaría automáticamente las opciones de Bachelet, podría quitarle sustento político interno y capacidad de movilizar recursos diplomáticos. De ahí la importancia del rol de Boric para “amarrar” la candidatura como una política de Estado, antes del cambio de mando.

¿Y quiénes son los principales contendores de Bachelet? La Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, se perfila como una de las rivales más fuertes, pues es una candidata carismática, con credenciales en materia climática y capacidad de conectar con la agenda del sur global. También aparece Rebeca Grynspan, hoy al frente de la UNCTAD (ONU Comercio y Desarrollo), con amplia experiencia en organismos multilaterales. La competencia es dura, pero la ventaja de Bachelet está en su doble condición de exjefa de Estado y exfuncionaria de la propia ONU, lo que le permite conocer esta organización desde adentro y desde afuera.

Más allá de los números y de las gestiones diplomáticas, lo que realmente se juega en esta elección es la narrativa. ¿Qué significa que Michelle Bachelet encabece Naciones Unidas en este tiempo histórico? Significa colocar a una mujer latinoamericana con experiencia en democracia, inclusión y derechos humanos en el epicentro de un sistema multilateral golpeado por las guerras, el ascenso de los nacionalismos y la ultraderecha y la crisis climática.

Su figura es incómoda para quienes promueven la concentración de poder autoritario y cómoda para quienes apuestan a una ONU reformada, más cercana a la gente y más comprometida con la igualdad de género. En un mundo fracturado, la candidatura de Bachelet más que una cuestión de méritos personales, es una candidatura simbólica para el mundo progresista y latinoamericano. 

Para la región, respaldar a Bachelet es la posibilidad de reposicionar a América Latina en el tablero internacional, después de décadas en las que el continente ha quedado relegado frente a las urgencias de Europa, Asia y Medio Oriente. Que un liderazgo latinoamericano conduzca Naciones Unidas sería un triunfo colectivo y un recordatorio de que el progresismo regional puede proyectar gobernanza global.

Por lo tanto, la estrategia de Boric y su cancillería debe ser capaz de construir un consenso regional, incluso con gobiernos que no comulgan del todo con la izquierda, y articular puentes hacia África y Asia. Solo así se logrará la masa crítica necesaria para enfrentar vetos y resistencias.

Hay, finalmente, una dimensión simbólica interna a considerar. Para Chile, que una expresidenta encabece la ONU es un triunfo diplomático y también un legado político. Sería el corolario de una trayectoria marcada por la apertura democrática, las políticas de género y los derechos humanos. Y, al mismo tiempo, un mensaje claro de que el país, incluso en medio de sus tensiones internas, sigue proyectando liderazgos hacia el mundo.

El desafío, claro, es que ese legado no quede atrapado en las disputas de corto plazo. Si la candidatura de Bachelet logra instalarse como una política de Estado, entonces no importará tanto quién gane en las elecciones presidenciales de fin de año de Chile, pues la bandera ya habrá sido plantada en Nueva York.

La pregunta, entonces, no es si Michelle Bachelet tiene las credenciales para liderar Naciones Unidas. Eso ya está resuelto. La verdadera interrogante es si la correlación política global y regional le permitirá transformar esa posibilidad en realidad.

Esta carrera recién empieza y la Asamblea General de septiembre son apenas los primeros metros de esta carrera. Pero si algo ha demostrado la historia reciente es que, en momentos de incertidumbre global, las figuras capaces de tender puentes y construir consensos adquieren un valor especial. Veamos que futuro le depara a Bachelet.

ERM/MG

Llegar y enchufar. Esa sería la traducción no literal de lo que el gobierno espera que puedan hacer las empresas de data centers cuando se instalen en el país. “Plug and play” son las palabras en inglés que usó la entonces ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, en una entrevista con La Tercera. Para eso, el gobierno diseñó un plan. Incluirá guías de trámites y un mapa de inversiones en que se les dice a las empresas qué terrenos pueden comprar para que tengan acceso a la energía que requieren, buena calidad de fibra óptica y autorización para construir. Y, en paralelo y silenciosamente, se les abrió la posibilidad de construir sin necesidad de pasar por el molesto trámite de la evaluación ambiental, que además de ser burocrático, los exponía a tener que responder preguntas difíciles de la ciudadanía sobre cuánta energía o agua van a consumir o cuánta mano de obra local van a contratar.

La alfombra roja regulatoria con que se está recibiendo a los inversionistas tecnológicos se ha visto pocas veces en Chile. Es un proceso que se arrastra desde gobiernos anteriores, pero que se aceleró en la administración Boric, en línea con la competencia de los países de la región por cosechar los prometidos beneficios del auge de la inteligencia artificial. En esa carrera, el que ha llegado más lejos es Brasil, que agregó beneficios tributarios al menú de la oferta, según ha podido comprobar La Mano Invisible de las Big Tech, una investigación transfronteriza de Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, junto con LaBot y otros 16 medios de comunicación.

En Chile, desde el año 2011 se han aprobado 23 data centers a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde en la actualidad hay un proyecto en trámite. Algunas de las empresas dueñas son bastante desconocidas para la ciudadanía, como Ascenty, Equinix, Odata o Scala, pero también están presentes las principales “Big Tech”, como Amazon, Microsoft o Google, que son las que han generado más rechazo de los vecinos. En realidad, muchos de los data centers más anónimos también alojan a estas y otras empresas trasnacionales, como Huawei. Utilizan un sistema denominado “colocation”, en que una compañía instala sus servidores al interior de un data center que no es suyo En esta modalidad es el dueño del data center el que requiere las autorizaciones burocráticas y aparece públicamente, sin que se conozca quiénes operan desde sus instalaciones.

 Dos iniciativas de alta visibilidad pública y protagonismo gubernamental han sido anunciadas en los últimos meses, aunque se fraguaron durante varios años. En mayo, Amazon anunció que invertirá US$4.000 millones en una “región” de data centers y en junio Microsoft echó andar la suya, con tres data centers interconectados. Al primer evento asistió el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, mientras que al segundo fue nada menos que el presidente Gabriel Boric junto a Marcel y las ministras de Ciencia y Bienes Nacionales. “Muchas gracias, Microsoft por esta tremenda inversión”, dijo Boric en un discurso celebratorio.

Aún antes de que el actual gobierno desplegara sus esfuerzos para atraer a los data centers, las empresas tecnológicas ya veían con interés a Chile y a lo largo de la última década han venido poniendo sus fichas en el país. Para poder llevar a cabo sus planes de inversión necesitan infraestructura digital en el Cono Sur y, en comparación con sus vecinos, Chile parece más estable, tiene la matriz energética más “limpia” de la región y posee buena cobertura de fibra óptica.

Para potenciar esas características, el gobierno lanzó en diciembre de 2024 un Plan Nacional de Data Centers (PData), que tiene como primer objetivo “promover el crecimiento de la industria”, además de que esto se haga de manera descentralizada y sustentable, y que fortalezca las capacidades de investigación en el país, por ejemplo, entrenando modelos propios con IA. Pocos días antes de que se anunciara el plan había nacido la Asociación Chilena de Data Centers (Chile Data Centers), creada por las empresas de la industria para tener un interlocutor común ante el gobierno.

La relación entre ambas partes se ve alineada en los actos públicos que comparten y en la sintonía de sus discursos. Por eso se sintió un contraste en la presentación sobre los data centers del principal asesor de la entonces ministra Etcheverry, Sebastián Díaz Howard-Allmand, en un foro organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, al que asistió por videollamada en junio pasado. Ahí describió de manera bastante descarnada el impacto de los data centers en Chile. En un ambiente en que los otros expositores tenían una mirada crítica a la industria, Díaz contó que cuando empezaron a recibir información de las empresas para poder armar el PData, de pronto se encendió una alarma:

—Y la alarma es que de ninguna forma la Región Metropolitana puede aguantar un crecimiento como este teniendo el nivel de consumo energético que tienen. Y no solo el nivel de consumo energético, sino que el impacto que estas infraestructuras tienen en el territorio. Estas son infraestructuras que no se comunican con el entorno en lo absoluto. Son cárceles, son bunkers de cemento con cables y fierros y nadie sabe lo que ocurre ahí adentro. Hasta un cierto punto tiene sentido porque muchas de estas infraestructuras conservan datos que son muy críticos, pero al mismo tiempo demuestran un desafío enorme.

Ese desafío, continuó, es que “no solo están consumiendo mucha energía y mucha agua, sino que tampoco hablan con el entorno, no hablan con las comunidades y no se siente que existe un beneficio real a la hora de instalar estas infraestructuras aquí. Pero esa es la realidad que tiene Chile. Y esa misma realidad es la que nos justifica a nosotros como gobierno para poder generar un plan”. Esa lógica explica que una de las prioridades del plan del gobierno sea pavimentar el camino para que los data centers se instalen en regiones. Según dijo Díaz, se están preparando “visores territoriales” que permitan georreferenciar la forma en que debiera crecer la industria. Fuera de Santiago, el itinerario del gobierno es Antofagasta, Valparaíso y Magallanes. Luego, el gobierno añadiría Atacama.

Tras el lanzamiento en diciembre de los lineamientos del plan, comenzaron a correr plazos para la ejecución de los distintos anuncios. Se creó un comité “multiactor” —gobierno, empresas y sociedad civil—, en cuya primera reunión, que se llevó a cabo en mayo, se comunicaron los avances el plan. Por ejemplo, respecto a la elaboración de una “herramienta digital para el crecimiento orgánico” se identificaron 71 variables territoriales y en el corto plazo el trabajo de concentrará en la Región de Antofagasta, donde también se espera construir un “campus de IA” operado por una empresa pública.

Tania Rodríguez, dirigente del Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio (Mosacat), fue la única representante de la sociedad civil que asistió a esa la primera (y hasta ahora única) reunión del comité multiactor del PData, junto a funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas, donde se dieron detalles del proyecto de Antofagasta. Su impresión fue que “todos los ministerios estaban trabajando para ellos” (es decir, para las empresas) y que ya les tenían preparados los terrenos donde instalar los data centers, mientras a las empresas lo que les preocupaba era que no les fueran a subir los precios. “Fue absolutamente decepcionante y doloroso el saber que el Estado está trabajando para el empresariado”, se lamenta Rodríguez.

Desde entonces el gobierno ha adelantado a algunos actores el mapa o visor que fomentará la instalación de un hub tecnológico en la región de Antofagasta, donde los nuevos centros de datos se “enchufen” a fuentes de energía solar en terrenos con permisos preaprobados. En la reunión del comité multiactor se informó que se iniciará un estudio de prefactibilidad para la instalación de este “campus” de IA en Antofagasta, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la empresa pública Desarrollo País, la misma que creó una sociedad con Google para construir el cable submarino de Humboldt que unirá Sudamérica con Oceanía.

El 9 de septiembre pasado el Ministerio de Ciencia firmó un acuerdo con Desarrollo País para el proyecto de Antofagasta en el marco de un acto en que se lanzó una “Guía de Inversión para data centers en Chile”. Dicho evento fue cerrado a la prensa —desde el Ministerio se informó que no estaban permitidos los periodistas— y tampoco se adelantó a la guía al Comité Multiactor, que se se reúne desde mayo. Tania Rodríguez dice que su organización ni siquiera fue invitada al evento y según una persona que sí recibió la invitación, los asistentes parecían ser todos ligados al mundo empresarial.

El mayor detalle entregado hasta ahora sobre el proyecto de Antofagasta fue dado a conocer a fines de junio por el suplemento “Chile Tecnológico” de El Mercurio, donde se le definió como un parque de data centers. La gerente de Infraestructura Digital de Desarrollo País, Natalia López, dijo que se habían identificado terrenos públicos, los que serán urbanizados para que se puedan instalar los data centers, ya sea arrendando o comprando los sitios. “Cada empresa interesada construirá su centro de datos; nosotros daremos las facilidades de inversión, justo en un momento en que Chile necesita esa inversión (…). El beneficio es tener un lugar que cuente con certezas de que todos los permisos se obtendrán, además de contar con energía barata y las menores barreras posibles”, agregó el gerente general de la empresa pública, Patricio Rey.

El proyecto genera duda entre los activistas, pues no se conocen los impactos ambientales de instalar data centers en el desierto, especialmente si se requerirá de desalar agua para enfriarlos.

Fast track

Desde el primer momento, la principal demanda de la nueva asociación gremial de data centers ha sido disminuir o facilitar los trámites que se deben llevar a cabo para instalar un data center en Chile. Y entre esos trámites el más largo y complejo es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). ¿Qué tan largo? Un análisis de esta alianza de los 16 proyectos aprobados desde 2020 da cuenta de que en promedio un proyecto tarda 8,7 meses en recibir su resolución de calificación ambiental (RCA), pero varía entre 5 y 17 meses.

El compromiso original del gobierno en el PData era estandarizar los criterios de la evaluación ambiental para dar más “certeza” a las empresas. El punto llama la atención, porque hasta ahora no hay proyectos que hayan sido rechazados durante la evaluación ambiental. Sí hay varios que se han desistido durante la tramitación y uno, el de Google en Cerrillos, que fue revocado parcialmente en 2024 por un tribunal ambiental luego de haber recibido una calificación favorable.

En mayo, cuando tuvo lugar la primera reunión multiactor del PData, el Ejecutivo mostró el estado de avance de una “guía con criterios técnicos” para la evaluación ambiental y el 5 de junio Sebastián Díaz, el principal asesor de la entonces ministra de Ciencia sobre data centers, desmintió en su presentación en el Colegio de Arquitectos de Madrid que el gobierno pretendiera desregular a la industria.

Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió al día siguiente, cuando una reunión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó varias modificaciones al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que en la práctica permitirá que los data centers se construyan sin ser evaluados ambientalmente. Aunque internacionalmente los data centers despiertan críticas por su alto consumo energético y de agua, en Chile se los evalúa ambientalmente porque almacenan combustible para sus generadores de emergencia. El cambio reglamentario aumenta de 80 toneladas a 1.000 toneladas de combustible el umbral para exigirles evaluación ambiental, poniéndolo sobre el volumen que utiliza la gran mayoría de la industria de los data centers.

De 17 proyectos evaluados desde 2020, sólo dos incluían volúmenes superiores de diésel. Uno, menos de un 10% superior, y el otro porque incluía tres data centers que se implementarían en dos fases. En el futuro se ajustarán al nuevo umbral o avanzarán por fase y no serán evaluados ambientalmente, adelanta Cristián Rivera, de Giza Ingeniería, la consultora que ha preparado más declaraciones de impacto ambiental para grandes data centers, incluyendo el de más alto almacenamiento de combustible.

Pese a la relevancia del cambio, las palabras “data center” no se mencionaron en la reunión del Consejo de Ministros. Tampoco se incluyeron en el comunicado de prensa en que se informó de la reforma. No fue hasta el 16 de junio, cuando LaBot lo reveló en su newsletter, que se hizo pública la modificación que beneficiaría a los data centers (vea aquí ese boletín). La nota incluía la explicación del Ministerio de Medio Ambiente, donde se informó que la decisión se tomó considerando las implicancias para los data centers y que el tema se había conversado con sus pares de Ciencia. Dijeron que, si bien sabían que sería razonable evaluar a los centros de datos que consumieran agua, eso hubiera significado un cambio legal.

La modificación reglamentaria facilita el camino a las empresas y las libera de cualquier cuestionamiento ambiental (en el proceso se evalúa el proyecto en su conjunto, no sólo el almacenamiento de combustible). También pone un manto de opacidad sobre la instalación de data centers, pues en los procesos normales de evaluación de impacto ambiental, el SEIA incluye una página web de acceso público donde se puede conocer el proyecto y hacerle seguimiento. Además, permite a la ciudadanía organizada participar en ciertas circunstancias. De hecho, en el encuentro en España en que participó Díaz, tanto el activista de Quilicura Rodrigo Vallejos como el periodista de El País Pablo Jiménez habían destacado el proceso de evaluación ambiental chileno por la transparencia de su plataforma. No sabían que probablemente llegaba a su fin para los data centers.

Como era esperable, el cambio causó preocupación y enojo entre los actores de la sociedad civil que participan de las conversaciones con el gobierno. Al pedir explicaciones, desde el gobierno les dijeron que la ministra de Ciencia estaba contra el cambio justamente porque liberaba a los data centers de evaluación ambiental y no había asistido al consejo donde se aprobó. De ser así, no se sabe por qué no acudió a votar en contra —Ciencia fue el único ministerio sin representantes en el consejo— ni ha dicho públicamente nada sobre el cambio. Etcheverry, quien fue ministra hasta el 22 de julio pasado, declinó una solicitud de entrevista para este reportaje. También lo hizo su sucesor, Aldo Valle.

“Nosotros somos activistas que nos movemos por la información dura que está ahí (en la plataforma del SEIA). Estamos viendo y tenemos acceso a la información para poder reclamar. Entonces, sin esto nunca hubiéramos sabido que hay data centers en Quilicura”, recalca el activista Rodrigo Vallejos.

Junto a otros dirigentes, se está asesorando con abogados para iniciar acciones legales una vez que la modificación al reglamento se publique en el Diario Oficial —al momento de cerrar esta nota el gobierno aún no lo enviaba a Contraloría para toma de razón—, pues cree que vulnera los acuerdos de Escazú que firmó este mismo gobierno y que exigen acceso a la información ambiental. “Este es un presidente que, en su programa, prometía un gobierno ecologista, y ahora se entrega totalmente a un discurso de permisología”, cuestiona Vallejos, en referencia a las demandas del empresariado por reducir los permisos.

Desde la academia, la arquitecta Linda Schilling, quien estudia el rol de la participación ciudadana en los conflictos ambientales como parte de su tesis doctoral, reafirma el retroceso que significa el cambio regulatorio. “El sistema de evaluación de impacto ambiental es el mejor archivo de cambios territoriales que existe en Chile”, dice Schilling, quien fue una de las curadoras del pabellón chileno en la bienal de arquitectura de Venecia sobre data centers, que está construido en gran parte a partir de los datos del SEIA.

“Mi equipo considera que los data centers deben ser evaluados ambientalmente porque son edificios con huellas tremendas. Claro, están en parques industriales, pero nos cuesta creer desde la arquitectura que no haya un impacto ambiental para edificios de esa magnitud. Si bien puede que no tengan un gran impacto en el consumo hídrico, sí pueden contribuir a fenómenos como islas de calor y eso puede afectar cualquier tipo de ecologías que estén en el sector”, dice la experta. Para la bienal hicieron maquetas de todos los data centers autorizados hasta ahora y pudieron ver cómo la magnitud de los edificios ha ido aumentando en los últimos años.

Incluso el country manager de Amazon Web Services (AWS), Felipe Ramírez, considera que es importante que estos proyectos sean evaluados ambientalmente: “cuando tú haces inversiones de este tipo, que tienen un consumo de energía relevante, que en algunos casos incluso hay un consumo de agua importante, nosotros creemos que debiesen pasar al menos por una revisión que permita garantizar que en el lugar donde estos (data centers) vayan a operar, si es que generan algún tipo de impacto, ese impacto esté controlado o se compense con algo. Podemos discutir si la cantidad de permisos, si la rigurosidad de los permisos hoy día está bien o está mal, eso es más discutible, pero yo creo que una inversión de esta característica sí tiene que pasar por algún proceso”.

Los verdaderos impactos

El agua suele ser la principal preocupación cuando se habla de construcción de data centers. En todo el mundo se han hecho investigaciones sobre el gran consumo que está generando el auge de la inteligencia artificial y se cuestiona la opacidad de las empresas para dar a conocer cuánto utilizan en su operación. Hasta incluir “por favor” cuando se le pide información a ChatGPT consumiría agua, en palabras del gerente de la empresa que lo produce, Sam Altman.

La explicación para el alto consumo de agua es que los data centers son edificios llenos de racks con servidores que funcionan permanentemente, lo que genera calor. Para bajar la temperatura se requiere tener sistemas de enfriamiento de manera constante. El agua es por lejos la alternativa más costo-eficiente para enfriar los data centers, pero también la que genera un impacto más inmediato en el medio ambiente.

Sin embargo, la situación del agua en Chile puede ser menos apocalíptica de lo que parece. No siempre fue así. Cuando Google instaló su primer data center en Quilicura en 2013 —que no pasó inicialmente por una evaluación ambiental, aunque sí debió evaluar su ampliación— despertó una gran oposición de los vecinos porque extrae agua de las napas y hay un humedal en la zona.

Luego, en 2019, comenzó con los trámites para construir un segundo data center en Cerrillos, donde nuevamente se encontró con un fuerte rechazo porque contemplaba la extracción de agua subterránea de la zona. Pese a la oposición de los vecinos y del municipio, el proyecto de Google fue aprobado ambientalmente en 2020. Los opositores recurrieron entonces a la justicia ambiental.

Fue por esa causa que nació Mosacat, el Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio. Luego de infructuosas gestiones con Google en Chile, lograron iniciar negociaciones directas con la empresa en Estados Unidos, hasta llegar a un acuerdo para cambiar el sistema de enfriamiento por uno que no utilizara agua. La dirigente de Mosacat Tania Rodríguez recuerda que “fueron un par de años que tuvimos conversaciones y ahí ellos detuvieron el proyecto y ese compromiso fue escrito, fue enviado al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)”. Éste organismo estimó que no era necesario hacer cambios al proyecto para modificar el sistema de enfriamiento (ver expediente). De todos modos, 13 de los demandantes y la municipalidad retiraron su acción legal, salvo una vecina que insistió en tribunales.

Para sorpresa de muchos, en septiembre de 2024 el juicio que había llevado a cabo esa vecina terminó en un fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que consideró que al no incluirse el cambio de sistema de enfriamiento en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el proyecto no se hacía cargo de su impacto en el cambio climático, por lo que revocó parcialmente el permiso. Ante este escenario, Google retiró el proyecto y presentaría uno nuevo, sin consumo de agua.

La pelea de los vecinos de Cerrillos contra el gigante tecnológico estadounidense fue una de David contra Goliat que le valió a Tania Rodríguez ser considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en inteligencia artificial el año pasado, una lista que lidera justamente el CEO de Google, Sundar Pichai (ver nota).

En Quilicura, en cambio, Google construyó mucho antes y no ofreció un cambio de tecnología que no usara agua, sino que ideó un sistema de compensaciones voluntarias, como la implementación de un “bosque urbano”. Se trata de un terreno ubicado justo al frente del cementerio de Quilicura y que seis años después de su inauguración permanece con obras a medio construir y cerrado al público. Se ha transformado en un ícono de la falta de consideración de las empresas de tecnología por las comunidades a las que impactan. Aunque Google sólo se había comprometido a mantener el recinto por cinco años, su nombre sigue ahí, en el “bosque” abandonado.

De esta forma, Google ha encabezado dos proyectos que han enfrentado rechazo de las comunidades y que fueron diseñados con un consumo de grandes cantidades de agua. Además, el suyo fue el primer gran data center en construirse en Quilicura, una comuna considerada de “sacrificio” por la alta saturación de industrias y el impacto ambiental que generan. De a poco se transformó en la comuna con más data centers en Chile, pues a Google le siguieron Ascenty (tres proyectos), Cirion y Microsoft, que se levantan entre bodegas industriales y calles llenas de hoyos por los camiones de carga que circulan sin cesar.

En la memoria colectiva, las peleas de los vecinos de Quilicura y Cerrillos contra Google quedan fijadas como una lucha ambiental ante el gran consumo de agua de los data centers. Para la industria, en cambio, el caso de Google parece ser uno de una empresa que no se adecuó a tiempo a la realidad en que se encontraba.

“Siempre supimos que (Google en Cerrillos) estaba presentando ese proyecto con un sistema de refrigeración por agua y que no iba a ser aprobado porque en Chile no existen grandes data centers que tengan sistemas de refrigeración por agua. Todos los sistemas son refrigeración por aire, porque no hay agua suficiente, la sequía es algo que nos está golpeando en Santiago hace 10 años por lo menos”, dice Carlos Leiva, cuya empresa CLK presta servicios de ingeniería en la construcción y mantención de data centers.

De hecho, ninguna de las declaraciones de impacto ambiental que ingresaron después de la de Google usa agua como sistema de enfriamiento. Aunque las tecnologías propuestas por cada empresa no son idénticas, en general se trata de “chillers”, unas máquinas parecidas a aires acondicionados gigantes. Hay algunas compañías que declaran simplemente no usar agua, sólo refrigerantes que se vuelven gaseosos. Otras admiten usar cantidades limitadas de agua potable, que recircula dentro de un circuito cerrado y sólo debe ser recargada en contadas ocasiones.

También hay sistemas de refrigeración como los que usan Amazon y Microsoft, que pese a declarar el uso de tecnología de bajo consumo de agua, admiten que en los días de más calor requerirán sumar enfriadores que usan la evaporación de agua para complementar. En el caso de Microsoft, el cálculo es que este sistema de respaldo operará el 7% del año (600 horas), que es el tiempo que se prevé que la temperatura exceda los 29,4°C. Amazon, en cambio, cree que el sistema a vapor deberá activarse sólo el 3% del año y, para que quede claro que es poca agua, dice que utilizará entre 788 m3 y 5.554 m3 al año, equivalente al consumo anual de 2 y 16 casas chilenas, respectivamente.

El plan de Amazon es, para el 2030, devolver al medio ambiente más agua de lo que consume o ser water positive, como se dice en inglés. En Chile tienen un contrato con una empresa que ayuda a los agricultores del río Maipo a hacer más eficientes sus sistemas de riego. “Esa es la forma de compensar. De hecho, si miras el consumo que vamos a tener de agua en Chile y todo ese ahorro que se genera, vamos a ser súper water positive”, augura el country manager de Amazon.

Para el arquitecto Nicolás Díaz Bejarano, investigador del núcleo Futures of Artificial Intelligence Research (FAIR) y cocurador del pabellón chileno en la bienal de arquitectura de Venecia sobre data centers, las declaraciones de impacto ambiental de las empresas utilizan un “juego retórico” que mantiene la opacidad sobre el verdadero consumo de agua: “En el informe te dicen que es un sistema cerrado de agua que va a tener un primer llenado y va a ir recirculando. Y en algunos momentos van a rellenar esta recirculación. Ya, pero dígame cuánto consume”.

A nivel internacional se usa el término Water Usage Effectiveness (WUE) o efectividad del uso del agua, pero no existe un índice público que permita comparar la eficiencia de los distintos proyectos. Más allá de las dudas y vaguedades sobre estos nuevos sistemas de enfriamiento, la decisión de no ocupar agua aumenta los costos de operación porque utiliza enormes cantidades de energía para funcionar y que se suma al gran consumo que de por sí tienen los servidores, lo que genera un nuevo flanco.

Mega consumo

Los data centers suelen utilizar como métrica principal su consumo eléctrico (megavatios). Esta forma de medir el tamaño de los data centers da cuenta de la centralidad de la energía en su funcionamiento.

Los data centers con grandes capacidades de procesamiento como los que se han construido en los últimos años para trabajar con inteligencia artificial, llamados de hiperescala, en general consumen entre 20 MW y 40 MW, el equivalente al consumo de todo un pueblo.

En el ya mencionado foro en España, Sebastián Díaz dijo que actualmente la capacidad instalada de grandes data centers en la Región Metropolitana y Valparaíso es de 300 MW y que se espera que ese número se quintuplique en los próximos años, es decir, que llegue hasta los 1.500 MW. El problema es que el consumo eléctrico tiene limitaciones físicas, tanto de generación como de transmisión y distribución de energía. El funcionario dijo que el gobierno quería evitar la experiencia de ciudades como Amsterdam o Dublín, que vieron saturados sus sistemas eléctricos por la instalación de data centers sin la planificación adecuada.

Ante la enorme necesidad de energía, en otros países las propias grandes empresas tecnológicas han comenzado a invertir en generación para poder cubrir su demanda. El caso más llamativo es el de Google, que llegó a invertir en energía nuclear.

En Chile hace ya varios meses que se comenta que empresas de data centers invertirán en generación, incluso instalando paneles solares junto a sus plantas, sin que hasta ahora se haya concretado algún anuncio en particular. Sobre este tema, Felipe Ramírez, el country manager de AWS, no niega que esa empresa esté preparando o vaya a invertir en el futuro enproyectos energéticos: “Puede ser. No es algo que descarte y no es algo que tampoco te pueda decir que no lo estemos haciendo hoy día. Nosotros, como AWS, no manejamos todo el detalle, toda la información de eso. Eso se maneja de forma centralizada”.

Encontrar terrenos con buen acceso a energía y fibra óptica, que además permitan la instalación de empresas catalogadas como industria molesta (una calificación que el gremio pide eliminar) es lo que explica que se hayan ubicado en lugares como Quilicura, Colina o Pudahuel.

Esta demanda ha hecho surgir un área especializada del corretaje de propiedades, que se dedica a buscar terrenos factibles para las empresas extranjeras que quieren instalar data centers en Chile. Colliers y GPS Property han creado unidades especializadas, publican reportes sobre el sector e incluso se unieron al gremio Chile Data Centers.

“El terreno es un 5% del total de inversión, entonces no les importa el valor, lo compran caro, por decirlo de una forma, y tienen requerimientos de terreno cada vez más grandes. Un data center tiene que tener acceso a mucha energía porque al final es una maquinita que tiene que correr siempre para que nosotros podamos usar los datos y, además, eso tiene que estar conectado a la red de fibra óptica, pero no cualquier fibra óptica, sino una que puede transportar grandes cantidades de datos”, explica Rebecca Emmons, quien al momento de esta entrevista era subgerenta de data centers en Colliers.

Emmons dice que, por ejemplo en Quilicura, que fue la locación favorita de la industria hasta ahora, ya no hay capacidad para conectar más data centers con la infraestructura existente, por lo que cada vez se mira hacia más al norte de la ciudad en busca de nuevos sitios que les permitan instalarse.

Los requerimientos de los data centers son distintos a los de otras industrias. En la eléctrica Enel aún recuerdan cuando a fines de la década pasada se acercó una empresa de nombre Luna que llegó con mucho secretismo y requerimientos muy específicos: pedían una calidad especial y proyectaban un consumo de 40 MW, equivalente a un pueblo pequeño. Luego se enteraron de que era Google, que en este rubro en Chile opera con la sociedad Data Luna, que no quería que se supiera que estaban haciendo un data center.

Para poder operar estas instalaciones requieren tener la máxima seguridad de suministro y por lo tanto se conectan con una línea dedicada —exclusiva — hasta una subestación, que permite convertir la electricidad de alta tensión a la media tensión con la que operan. Por estas razones, en general son las empresas de data centers las que financian la infraestructura eléctrica que utilizan.

En algunos países, la expansión de los data centers ha generado un aumento de precios en las cuentas de luz para los ciudadanos comunes. En Chile, como gran parte de la infraestructura nueva la pagan los data centers, eso no se influye en el cálculo de tarifa, aunque si la distribuidora debe invertir en una subestación que luego sirve a otros clientes, entonces sí podría afectar los precios. En cualquier caso, los expertos consultados creen que un eventual impacto en el precio de la energía sería marginal.

Otro impacto no deseado del alto consumo de esta industria en otros países ha sido que para suplir la demanda de energía se ha recurrido a combustibles fósiles para la generación eléctrica, revirtiendo la tendencia a utilizar cada vez más energía renovable que no contamine o impacte en el calentamiento global. En Chile hay una fuerte presión para que esto no suceda y no sólo desde el gobierno, sino que las empresas utilizan el factor “sustentable” como una importante carta de márketing. Por su consumo, son clientes libres, es decir, que tienen contratos directos con las generadoras y no pagan la tarifa regulada. Eso les permite comprarles, por ejemplo, a una central solar y decir que se abastecen de energía limpia, aunque lo cierto es que una vez que la energía entra al sistema interconectado ya no es posible saber de dónde se está consumiendo. La empresa contratada podría incluso no estar inyectando energía al sistema en ese minuto.

Actualmente cerca del 40% de la matriz energética chilena es renovable, una cifra alta a nivel mundial, y el plan del gobierno es que crezca significativamente. El problema en este momento es que existe un superávit de energía en el Norte Grande, específicamente en la región de Antofagasta, con dos limitaciones técnicas que por ahora impiden aprovecharla: capacidad de almacenamiento y de transmisión hacia los centros de consumo.

El gobierno está trabajando en facilitar que los nuevos data centers se construyan en el norte, donde está la energía solar. Sin embargo, no han dado más detalles, ni información específica sobre cómo piensan lograrlo, por lo que abundan las preguntas. Primero está el tema del plazo, ¿para cuándo es realista pensarlo? Porque los data centers necesitan flujos estables de energía 24/7, con garantías de suministro, y aún no parece haber baterías que den esa certeza para las plantas solares. Tampoco existe la infraestructura de fibra óptica adecuada para transmitir los datos hacia el sur.

Luego está el tema de la temperatura. ¿Dónde específicamente esperan instalarlos? ¿Se calentarán más en el desierto que en Santiago? Si es así, será necesario usar agua, que no hay en esa zona, y por lo tanto recurrir a desaladoras, que usan aún más energía. Un círculo vicioso.

Las promesas

El entusiasmo del gobierno ante los recientes anuncios de inversiones de data centers de Microsoft y Amazon se explica por los grandes montos de inversión anunciados. Mientras la primera proyecta US$3.300 en tres años, la segunda prevé invertir US$4.000 en 15 años.

Cómo esas inversiones impactan en el país tiene mucho que ver con la cantidad y el tipo de empleo que generen, pero es una industria poco intensiva en mano de obra. En la primera etapa, durante la construcción, el empleo es mayor. Pero aun así, hay que tomar en cuenta que, en palabras del representante de AWS en Chile, es un tipo de obra que “no tiene mucha ciencia”. Las constructoras locales deben seguir especificaciones técnicas de AWS y luego la instalación de los equipos es la que requiere de cierta especialización, pero como es algo que se hace una vez, hay personal que viaja por el mundo haciendo ese trabajo: “vienen, hacen la instalación y se van a instalar otra en Nueva Zelanda”, resume Ramírez.

Carlos Leiva, de CLK, dice que las empresas como la suya, que hacen proyectos de ingeniería para data centers, no han podido aprovechar el boom de los mega proyectos para inteligencia artificial. “Traen a sus propios expertos y vienen con un modelo ya hecho, no encargan proyectos de arquitectura, han desarrollado ingeniería espectacular en alguna parte del planeta y tienen 20 o 30 modelos que se adaptan a distintos requerimientos”, dice Leiva. Acá necesitan a un ingeniero y un arquitecto que firmen los documentos legales y que ajusten los modelos a las variables sísmicas, pero el grueso del proceso viene de fuera.

Una vez construidos, durante la operación, las necesidades de trabajadores son aún menores. Claudio Rivera, experto en declaraciones de impacto ambiental para data centers, cuenta que en los procesos de participación ciudadana se nota que la gente cree que estas empresas tienen un impacto laboral como el de las grandes mineras, cuando lo cierto es que generan una mínima cantidad de empleos. De acuerdo a lo que informan las propias empresas en las declaraciones, terminada la construcción en general contratan entre 25 y 50 personas, con un máximo de 100 empleados en contados casos.

En el marco de PData, el instituto profesional Inacap (un centro de estudios no universitario) inauguró un “data center” didáctico para capacitar personal para la nueva infraestructura. El tema se tocó en la primera reunión multiactor de PData, en la que se anunció la preparación de cinco perfiles laborales para data centers: operador/a de infraestructura crítica, especialista en redes y comunicaciones, soporte TI y hardware, consultor/a de diseño y comisionamiento, y analista de sostenibilidad y eficiencia.

Según Tania Rodríguez, la única asistente de la sociedad civil, se habló de extender las capacitaciones a otros centros de formación técnica. Ella, que ha visto las cifras de mano de obra que requerirán los data centers, cuestionó la idea. “Dije que me parece una irresponsabilidad de parte del Estado; van a salir un montón de chiquillos, porque van a cambiar las mallas curriculares, y no van a tener trabajo porque esto (los data centers) no da puestos de empleo.”, cuenta Rodríguez.

Sin embargo, cuando se habla del impacto de los data centers se mencionan enormes cifras de empleo que incluyen el uso de la tecnología de la nube, pero no se detalla cómo se generarán. Quizás el caso más llamativo es el de Microsoft, que al lanzar su región de data centers hizo una gran campaña comunicacional que subrayaba los miles de empleos que crearía y su propaganda fue simplemente repetida por las autoridades de gobierno.

En su discurso en ese evento, el presidente Boric mencionó los supuestos 17 mil empleos directos que se crearían en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, además de 80 mil en el ecosistema de data centers. Los datos figuran también en un comunicado del gobierno que entre los “beneficios de contar con el data center de Microsoft en Chile”, menciona “más de 17 mil nuevos empleos calificados”.

LaBot pidió a Microsaroft el estudio en el cual se basan esos datos, que fue realizado por la consultora IDC por encargo de la empresa. El informe de una página detalla que los 17.278 empleos serán generados por “Microsoft, su ecosistema y los departamentos de TI de las empresas clientes”, mientras que otros 81.041 provendrán de puestos directos creados por Microsoft, sus socios y clientes. No dan más detalles, pero sí un desglose de las cifras por sector:El documento entregado por Microsoft (ver aquí) no explica cómo se llega a esas cifras y la empresa no respondió los requerimientos de mayores detalles y rechazó una solicitud de entrevista.

En general estos anuncios se basan en cálculos sobre el uso de la “nube”, pero no especifican cómo se hacen ni qué pasaría si los data centers estuvieran en Mendoza o en Tacna y Chile accediera de la misma manera a los servicios de la empresa 

Reflexión crítica en Venecia

Curiosamente, entre los académicos que en los últimos años han estudiado y cuestionado el auge de los data centers en Chile destacan arquitectos y diseñadores. Eso explica que este año el pabellón de Chile en la bienal de arquitectura de Venecia tuviera como tema principal la construcción de data centers, con la paradoja de que, mientras a través del Ministerio de Ciencia el gobierno impulsaba un plan para facilitar su instalación en el país, el Ministerio de las Culturas financiaba un pabellón que cuestionaba las políticas del Estado en esta materia.

Haciendo caso omiso al tecno-optimismo que irradiaba el tema general de la bienal, “Inteligencia natural. Artificial, Colectiva”, el pabellón chileno lleva el nombre “Inteligencias Reflexivas” y pone el foco en la falta de consideración sobre las comunidades, a partir de las evaluaciones de impacto ambiental de 25 proyectos de data centers.

A través una larga mesa, que en realidad es una pantalla que transmitía un video, se ven avanzar los distintos proyectos e incluso el Plan Nacional de Data Centers del Gobierno. “La premisa de este proyecto es clara y contundente: si se pretende construir un futuro tecnológico justo, equitativo y sostenible, lo primero que tenemos que hacer es rediseñar las estructuras y procesos de toma de decisiones que lo hacen posible”, escribieron los curadores en una columna en el diario El País.

La mesa digital es una metáfora que no cuestiona la necesidad de construir data centers, sino la forma en que se hace: “Para imaginar otro futuro, debemos entonces recuperar la mesa, no sólo como metáfora y símbolo, sino como una exigencia de deliberación, participación, responsabilidad y justicia. Donde la realidad de la inteligencia artificial, cargada de minerales, agua y energía, sea confrontada y no ocultada”. Pero mientras esta reflexión tenía lugar en Venecia, en Santiago el gobierno se movía en sentido contrario: eliminando las instancias de participación y deliberación sobre estos proyectos de infraestructura digital, así como la información pública que permitió montar la muestra.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Ocupó un cargo gerencial en Amazon Web Services (AWS) y al mes siguiente fue contratada por el gobierno en un puesto en que debía gestionar temas en los que la industria tecnológica tenía intereses. Terminó participando de una decisión que involucraba a AWS y de la que debió haberse abstenido, según estableció en 2023 la Contraloría —la entidad encargada de fiscalizar los actos del Estado en Chile. Al momento de esa resolución, Aisén Etcheverry ya era la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) del gobierno de Gabriel Boric y se aprestaba a liderar un plan para facilitar las inversiones tecnológicas en centros de datos.

Etcheverry es un ejemplo claro de puerta giratoria del poder, un fenómeno que tiene lugar cuando una persona salta de una empresa privada a un puesto del sector público capaz de impactar los intereses de esa compañía (o viceversa). Si como autoridad esa persona toma una decisión que afecta a la empresa en la que trabajó en los dos años anteriores, se produce un conflicto de interés castigado por la ley chilena, que no es particularmente exigente en esta materia.

El de la exministra es solo uno de los casos de puerta giratoria identificados por el proyecto La Mano Invisible de las Big Tech, una investigación transfronteriza liderada por Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, junto con LaBot y otros 16 medios de comunicación en 13 países.

Etcheverry fue cuestionada por la Contraloría por este conflicto de interés, lo que no frustró su carrera en ascenso en el Estado, muchas veces manejando asuntos que competen directamente a los intereses de las tecnológicas. La ahora exministra negó a esta alianza que hubiera estado expuesta a algún conflicto de interés respecto a su paso por AWS.

El caso de Etcheverry es de manual. Su carrera comenzó ligada a las empresas tecnológicas. De acuerdo con su Linkedin, inició su actividad profesional como analista de negocios de Oracle, donde estuvo tres años, y luego entró al Estado en 2009. A partir de entonces, su estelar carrera en el sector público solo tuvo una pausa de poco más de seis meses. En ellos trabajó como gerenta de Políticas Públicas para América Latina en AWS, la filial de la tecnológica del gigante estadounidense Amazon dedicada a la infraestructura de computación en la nube.

Durante su investigación, la Contraloría recopiló una serie de antecedentes y documentos relativos al proceso y a la carrera de Etcheverry, los que fueron obtenidos por LaBot tras solicitar una copia del expediente a través de la Ley de Transparencia por tratarse de información pública. Dicho expediente incluye la denuncia original contra Etcheverry, su defensa, contratos, decretos y convocatorias, entre otros documentos que permiten reconstruir paso a paso los hechos que llevaron al conflicto de interés cuestionado por el organismo.

Según el contrato de trabajo que firmó Etcheverry con AWS, entre sus labores se contaba “facilitar reuniones de alto nivel entre los ejecutivos de AWS y actores clave, incluidos el estado y los responsables políticos locales y ejecutivos, asociaciones de la industria, y socios de alianza para promover y defender las políticas de la compañía sobre políticas públicas” (ver contrato).

En una respuesta por escrito a esta alianza, la ex ejecutiva de AWS detalló las labores que en la práctica realizó en sus cinco meses en la trasnacional: “Mi función tuvo que ver con promover regulaciones que permitieran o facilitaran el uso de la nube en Chile, particularmente en el sector público. Ello venía asociado particularmente a la instalación del data center de AWS en el país. El gran volumen de datos que genera la astronomía es un tema de interés para toda la industria tecnológica, AWS no era la excepción, sin embargo mis funciones tenían que ver con las reglamentaciones y posibilidades que ofrecía el país en general, no sobre este punto en particular”. 

Un mes después de salir de AWS, en junio de 2018, fue fichada como asesora del entonces ministro de Economía, José Ramón Valente. Un certificado emitido por esa cartera señala que su rol era “asesorar al ministro en materias económicas vinculadas a economía digital, ciencia y otras relacionadas a la cuarta revolución industrial” (ver documento). 

Etcheverry entró a hacer parte de una división del Ministerio de Economía llamada “Economía del futuro” que “busca facilitar la disponibilidad de datos para fines del desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, conocimiento y sus aplicaciones en la economía”, de acuerdo a un documento oficial del ministerio. “Fui parte de un equipo integrado por seis profesionales que desarrolló, entre otros, y dando continuidad a un proceso iniciado en 2016, los pasos que llevaron a la creación del Data Observatory”, explicó por escrito Etcheverry.

El proyecto Data Observatory buscaba crear una fundación privada, financiada con fondos públicos y privados, que coordinara esfuerzos entre la industria tecnológica, la academia y el gobierno para desarrollar tecnologías a partir del procesamiento de datos astronómicos. 

Chile es el país que tiene el mayor número de observatorios de todo el planeta gracias a la geografía privilegiada del desierto de Atacama, a más de 3.000 metros de altitud y con un clima con muy pocas nubes y mucha visibilidad. Esos observatorios producen “datasets hipermasivos, complejos, que hay que lidiar con ellos”, explicó en septiembre de 2018 Demián Arancibia, un ingeniero que por entonces era el director ejecutivo de la iniciativa de astrofísica de Corfo, una promotora de fomento del gobierno chileno. 

Arancibia fue colega de Etcheverry en dos lugares: en Corfo y en la División de Economía del Futuro, según consta en el Linkedin de Arancibia y en documentos oficiales. 

En esa presentación, que buscaba mostrarle a la comunidad académica de Chile la política gubernamental que luego derivaría en la mencionada fundación, Arancibia explicó que la cantidad de datos que se generan en esos observatorios es comparable a la que producen las grandes industrias tecnológicas, y que eso abría posibilidades de cooperación entre los astrónomos y las Big Tech: “Esto nos ha permitido conversar con la industria. Tenemos una manera de explicar cómo se hacen las cosas en astronomía que les hace sentido a ellos”. 

AWS entra en escena por la misma época, pues el gobierno chileno intentaba entonces quedarse con una millonaria inversión de esa tecnológica para construir su centro regional de centros de datos, en el que Argentina también estaba interesada. Versiones de prensa en Chile y Estados Unidos, aparecidas en agosto y septiembre de 2018, afirmaban que entre gobierno y empresa “se discutió la posibilidad de que Amazon Web Services alojara ‘astrodatos’”, y que si eso se daba, influiría positivamente en la decisión que la empresa estaba tomando sobre qué país que alojaría su mayor inversión en América Latina. Efectivamente, AWS se involucró entre septiembre y noviembre de ese año en varios proyectos de datos con observatorios astronómicos y universidades, según un informe oficial del Ministerio de Economía.

Según Arancibia dijo a esta alianza, AWS no fue la única empresa tecnológica con la que se tuvo contacto en el desarrollo del proyecto, pues la iniciativa fue expuesta públicamente en “30 o 40 ocasiones” y recibió aportes de distintos actores de la academia y de la industria. “El diseño fue liderado por mi equipo, la síntesis de los aportes que hacían fue realizada desde el Estado, de forma independiente y sin ceder a la captura de ni uno de los actores con que trabajamos”, aseguró.

En diciembre de 2018, el entonces presidente Sebastián Piñera firmó el decreto que dio origen a la Fundación Data Observatory. Para elegir a sus socios fundadores, el gobierno inició una convocatoria que comenzó en enero y terminó el 15 de marzo de ese año. Etcheverry hizo parte del comité que tomaría esa decisión, y el 10 de marzo de 2019, cinco días antes del cierre de la convocatoria pública, Etcheverry le contaba al diario El Mercurio de tres pruebas de concepto, en las que participaron AWS y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que buscaban “mostrar que la idea funciona”. En la misma nota se afirma que la tecnológica estaba apoyando la idea del Ministerio de Economía de crear la fundación. En los documentos oficiales del proyecto conseguidos por LaBot no se mencionan esas pruebas de concepto.

En abril de 2019, el gobierno anunció los resultados de la convocatoria: AWS y la UAI eran los únicos proponentes habilitados luego de que una propuesta de Deloitte fue declarada inadmisible por la comisión evaluadora, por lo que esas dos instituciones serían los “socios fundadores” del Data Observatory.

Sobre esa primera decisión, Etcheverry dijo a esta alianza que “la incorporación de AWS en el Data Observatory fue el resultado de un proceso abierto, donde se recibieron distintas propuestas”. 

Las bases señalaban que el aporte económico en dinero representaría el 40% del puntaje de la evaluación, mismo porcentaje que tendría el aporte en capacidades. El otro 20% correspondía a alineamiento estratégico. Los documentos de adjudicación muestran que la UAI ofreció $1.740 millones (US$2,6 millones de la época) en dinero y una suma equivalente ren capacidades, mientras que AWS ofertó $8.457 millones (US$12,7 millones) en capacidades —es decir, en créditos de uso de servicios computacionales, como procesamiento o almacenamiento— y sólo $672 en dinero. Es decir, al no haber otras ofertas, su propuesta fue exitosa pese a ofrecer apenas un dólar en efectivo.

Para AWS, ese proyecto probablemente no iba a representar lucro, pero sí una ventaja comercial: “Para nosotros era interesante que nos vieran relacionados con algo como eso, en que se manejaban grandes volúmenes de datos”, explicó a esta alianza periodística el country manager de la empresa en Chile, Felipe Ramírez. “Al final, lo que nosotros buscamos que genere es que empresas privadas digan: ‘si ellos son capaces de manejar esos volúmenes de datos con esa cantidad de usuarios que se conectan, me imagino que en mi banco o retailer no deberían tener problemas’”, añadió. Ramírez no estaba en ese puesto en el momento de la adjudicación.

Un mes después del anuncio, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que en esa época reunía a las llamadas universidades tradicionales, se quejó de que el proceso “estuvo dirigido” a “evitar que las instituciones llamadas a participar lo pudieran hacer”, y señaló que el Gobierno “se apresuró en entregar este valioso recurso a una empresa extranjera”, refiriéndose a los datos de los observatorios.

Argumentando que los socios se eligieron “sin que se haya acreditado la existencia de un proceso de propuesta pública” —y señalando además que no había garantías de la correcta utilización de los datos o de que no se fueran a comercializar— la Contraloría determinó, en septiembre de 2020, que el decreto no se ajustaba a derecho y que un proceso de este tipo requería una convocatoria pública (ver dictamen de la Contraloría). La solución del gobierno fue mantener a UAI y AWS como socios fundadores y abrir una nueva convocatoria para sumar nuevos aportantes.

En esa convocatoria, realizada a mediados de 2021, sólo participó el Observatorio Virtual Chileno de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuya propuesta fue rechazada por una nueva comisión (en la que no participó Etcheverry). Con ese resultado, la UAI y AWS quedaron como los únicos aportantes privados del Data Observatory.

En ascenso

En medio del episodio, Etcheverry fue ascendiendo en sus cargos públicos, y tuvo a su favor la rara cualidad de ganarse la confianza de gobiernos de distintos colores políticos. En agosto de 2019 fue nombrada directora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), y cuando esa organización se convirtió en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) fue también su primera directora. Todo esto sucedió durante la administración Piñera, pero se mantuvo en cargos relevantes durante el gobierno de Boric. Primero como jefa de la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), luego como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia,Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y, desde marzo de 2023, como ministra de CTCI.

Demián Arancibia, el ingeniero colega de Etcheverry en los tiempos de Corfo y la División de Economía del Futuro —donde también integró la comisión evaluadora del Data Observatory—, hizo el camino opuesto. En mayo de 2022 comenzó a trabajar como asesor sénior de AWS para temas de transformación digital en las áreas de gobierno, educación y salud, entre otros. En paralelo, desde que Boric llegó a la presidencia comenzó a ejercer como director de la Polla Chilena de Beneficencia, una empresa pública que maneja juegos de azar. En junio pasado fue nombrado gerente general de la compañía estatal tras dejar AWS poco tiempo antes, de acuerdo con su Linkedin.

“Mi rol como consultor de AWS no guardó relación alguna con el Data Observatory, y no participé de nada relacionado con él en mi tiempo como empleado de esa compañía”, dijo Arancibia a esta alianza.

El tema del Data Observatory persiguió por un buen tiempo a Aisén Etcheverry. En 2023, ya como ministra de Ciencias, Etcheverry se inhabilitó de participar en el directorio de la Fundación Data Observatory, como lo señalaban los estatutos para los titulares de esa cartera. El argumento fue que ella misma había firmado un convenio de transferencia con Data Observatory cuando era directora de la ANID, en 2021 (ver resolución de inhabilidad).

Cuando el tema parecía cerrado para Etcheverry, la Contraloría recibió una denuncia y, en agosto de 2023, la reprendió por su conflicto de interés al haber hecho parte del comité evaluador en la primera convocatoria del Data Observatory, “a pesar de que solo meses antes (hasta junio de 2018), se desempeñaba como empleada y funcionaria de nivel gerencial en AWS, uno de los participantes en esta propuesta”. Para la autoridad, la funcionaria tenía el deber de abstenerse de conformar ese comité.

Pese al cuestionamiento a Etcheverry, la Contraloría no inició un proceso sancionatorio porque ya no se desempeñaba en el Ministerio de Economía, aunque al momento del dictamen era ministra de Ciencias (ver dictamen de Contraloría).

En sus descargos ante el ente de control, Etcheverry dijo que AWS fue el único proponente que cumplió los requisitos, por lo que no ejerció “potestad alguna que implicara un acto decisional”; y que en su período como ejecutiva de la multinacional no participó en ninguna labor relacionada con ese proyecto (vea acá todos sus descargos ante la Contraloría).

El dictamen no la inhibió de potenciar su relación con las empresas tecnológicas —incluyendo a AWS — durante su posterior gestión como ministra. Se ha reunido con sus ejecutivos Ha diseñado planes para que esa industria invierta en Chile y celebrado cuando lo han hecho. Apenas un mes después de la decisión de la Contraloría, aprovechó un viaje a Estados Unidos para reunirse con ejecutivos de la Big Tech: Reuben Smith-Vaughan, director de Políticas Públicas para Latinoamérica de Amazon.com —con quien coincidió en esa compañía en 2018, él en la oficina en Washington y ella en la de Santiago— ; y con Marc-Etienne Ouimette, entonces director de Políticas Globales para IA de AWS.

“Las grandes compañías tecnológicas están presentes en Chile con infraestructura e inversión, data centers y conectividad. En estas reuniones quisimos explorar sobre cómo avanzar hacia desarrollo tecnológico e inteligencia artificial”, dijo Etcheverry en esa ocasión, según recogió la prensa. La exministra explicó a esta alianza que las reuniones con los ejecutivos de AWS se dieron en el “contexto de una gira donde también me reuní con representantes de Meta y Google. Estas reuniones son de público conocimiento” (ver aquí su agenda de reuniones con empresas tecnológicas en el extranjero solicitada por Transparencia, porque no son publicadas por tener lugar en otro país).

Meses después, el gobierno anunciaría la creación de un Plan Nacional de Data Centers para fomentar y facilitar la instalación de estas infraestructuras en Chile, que se concretaría en diciembre de 2024. En mayo de 2025, AWS anunció una inversión en centros de datos de US$ 4.000 millones en el país: el proyecto en el que dijeron haber estado trabajando desde hace años. 

En esa ocasión Etcheverry no se contuvo de celebrar, según recogió la prensa: “La expansión de la infraestructura de AWS en Chile es un claro ejemplo del compromiso del país con la tecnología avanzada y la innovación, y con el trabajo que hemos realizado para crear un entorno donde las empresas tecnológicas puedan prosperar”.

Aunque se le consultó por el rol de AWS en la construcción de la política de centros de datos que lideró cuando fue ministra de ciencias, Etcheverry no incluyó esa explicación en su respuesta.

Esta alianza periodística preguntó a AWS si el cuestionamiento de Contraloría había generado algún tipo de alarma al interior de la compañía, por qué sus ejecutivos accedieron a estas reuniones después del dictamen, y qué incidencia tuvo esa multinacional en la construcción de la política de data centers, coordinada por su exempleada. La empresa no respondió directamente a las preguntas y, en una declaración general, dijo: “Amazon interactúa con tomadores de decisiones de política pública y reguladores en una gran variedad de temas que afectan nuestro negocio, nuestros clientes y nuestros empleados”.

Etcheverry llegó a ser ministra de dos carteras: no solo de Ciencias, sino que también ejerció como ministra secretaria general de Gobierno subrogante. Es decir, era la vocera del Ejecutivo, lo que da cuenta de la confianza que tiene el presidente Boric en ella. Asumió ese segundo ministerio en diciembre de 2024, cuando la ministra titular Camila Vallejo inició su licencia pre y post natal, y lo dejó el 9 de julio pasado, cuando Vallejo volvió a sus funciones. Alcanzó a estar sólo un par de semanas de lleno en la cartera de Ciencias, cuando sorpresivamente renunció.

Pero Etcheverry no se fue a su casa, sino que asumió como jefa de Planificación Estratégica de la Presidencia. Aunque el nuevo cargo puede parecer de rango menor a un ministerio, las versiones que han trascendido a la prensa desde el gobierno dicen que es una señal más de confianza de Boric. Un reportaje de La Tercera habla del “poder en ascenso de Etcheverry” y otro revela que el presidente le encargó que en los siete meses que le quedaban de su mandato, coordinara el cierre de su periodo y se preocupara de construir un legado. Una tarea difícil par aun gobierno cuyo apoyo popular se mantuvo siempre bajo. 

Consulte el expediente completo del caso de Etcheverry en la Contraloría en el siguiente link.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

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En política, el concepto de “pato rengo” o “lame duck” describe a un gobernante cuya estabilidad y capacidad de acción se perciben debilitadas, generalmente hacia el final de su mandato, cuando los cambios internos, las renuncias o las decisiones controvertidas generan incertidumbre y desconfianza. Su origen, registrado en el siglo XVIII en Inglaterra y popularizado en Estados Unidos durante el siglo XIX, alude a un pato que no puede seguir el ritmo de la bandada, quedando expuesto y vulnerable. En el contexto político, simboliza a un líder que pierde poder y relevancia, y cuya capacidad de acción se ve limitada por la percepción de debilidad ante aliados, adversarios y la ciudadanía.

En Chile, este fenómeno se ha vuelto especialmente visible tras los recientes movimientos en el gabinete del presidente Gabriel Boric. La renuncia de su autoridad más relevante, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, marcó el inicio del fin del gobierno, cuando le quedan poco más de seis meses. A este cambio –que se produce cuatro meses después de la renuncia al Ministerio del Interior de la otra figura fuerte del equipo de gobierno, Carolina Toha, para competir en las primarias (que perdió frente a la carta comunista Jeannette Jara–, se suma la polémica salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; la cuestionada llegada de Nicolás Grau a la cartera de Hacienda, quien pese a su experiencia genera desconfianza en algunos sectores por el historial de polémicas durante su anterior gestión en el Ministerio de Economía; y el nombramiento de Álvaro García en esta última cartera, quien previamente rechazó sumarse al comando de la candidata presidencial oficialista, Jeanette Jara. Estos cambios, en conjunto, han alimentado la percepción de un Ejecutivo debilitado y expuesto a cuestionamientos internos y externos, y anticipan complejos meses para la actual administración, especialmente en materia legislativa (reforma tributaria y Presupuesto 2026).

Desde México, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó duramente su crítica sobre la gestión de Marcel, acusando que priorizó “el recurso” por sobre la “necesidad social” y cuestionando la falta de transparencia del gobierno sobre su salida. Carmona advirtió que estos movimientos generan una sensación de que “algo se está desgranando” al interior del Ejecutivo, reforzando la percepción de un gobierno que enfrenta incertidumbre política y económica en un momento delicado. Estas palabras reflejan un descontento que, si bien surge desde el interior del oficialismo, tiene resonancia en la opinión pública y contribuye al clima de inestabilidad que caracteriza al llamado síndrome del pato rengo.

En este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió este fin de semana a poner paños fríos. En entrevista con Radio Duna, explicó que hablar del “pato rengo” forma parte del folklore político chileno y que estas percepciones son “simplemente interpretaciones”. Vallejo subrayó que las designaciones ministeriales son una prerrogativa exclusiva del Presidente y que ni los partidos ni los ministros pueden decidir sobre estos cambios, enfatizando la naturaleza presidencialista del sistema chileno. Además, reiteró que lo relevante es que el gobierno continúe cumpliendo con su mandato hasta el último día, independientemente de las críticas o del ruido político que generen los cambios de gabinete.

Sin embargo, el ruido político no se limita a los movimientos ministeriales. La decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) de no sumarse a una lista parlamentaria única con el resto del oficialismo desató una nueva controversia. La negativa de los regionalistas derivó en la salida de Valenzuela de Agricultura, lo que intensificó las críticas cruzadas. Jaime Mulet, líder de la FRVS, acusó hostilidad del Presidente Boric y responsabilizó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, del fracaso de la lista única, mientras que desde el Partido Socialista defendieron a Elizalde y acusaron a Mulet de actuar por intereses personales, privilegiando cupos por sobre la cohesión del bloque oficialista. Valenzuela, por su parte, aseguró que no existía ruptura con La Moneda y que su partido seguirá apoyando la candidatura de Jara, mientras el PPD instó a bajar el tono de la controversia y mantener la candidatura presidencial al margen de las tensiones internas.

El “pato rengo” también se refleja en la campaña presidencial oficialista. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, descartó apoyar a Jeannette Jara, criticando su capacidad para enfrentar el crimen organizado y recordando la oposición de algunos comunistas a leyes clave. Su postura, cercana al PPD, revela la dificultad de mantener la unidad dentro del bloque oficialista y la vulnerabilidad política que enfrentan tanto Jara como el gobierno de Boric ante cuestionamientos internos que podrían ser explotados por la oposición. El desmarque de Etcheberry se suma al realizado públicamente por otras figuras de la exConcertación, entre ellos, los economistas Oscar Landerretche, José De Gregorio, Alejandro Micco, entre otros.

A lo anterior se suma la violencia en La Araucanía. El ataque en Victoria hace algunos días, que dejó un guardia forestal muerto y otro gravemente herido, generó condenas de los candidatos presidenciales de oposición Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Mientras Matthei instó a que el Estado no permanezca de brazos cruzados, Kast calificó el hecho como terrorismo y pidió medidas enérgicas, y Kaiser emplazó a Jara por supuestos vínculos de su sector con la CAM. Estos hechos refuerzan la percepción de un gobierno expuesto y vulnerable, y también ponen de relieve cómo la seguridad se convierte en un tema central de la agenda política, donde cualquier percepción de debilidad puede ser capitalizada por la oposición.

Qué dicen las encuestas

Las encuestas reflejan, además, la dificultad del gobierno chileno para contrarrestar la percepción de debilidad. Según la última Plaza Pública Cadem, Kast lidera con un 28% de las preferencias, seguido por Jara con 27% y Matthei con 14%. En escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara y a Matthei con holgura, mientras que la aprobación del presidente Boric se mantiene en 30%. La encuesta Criteria confirma una tendencia similar, con Kast ampliando su ventaja sobre Jara y Matthei. Estos datos evidencian que la percepción de un gobierno “pato rengo” repercute directamente en la opinión pública y en la competitividad electoral del oficialismo, donde la confianza ciudadana se vuelve un recurso estratégico y escaso.

El concepto de “pato rengo” en política no se limita a una metáfora sobre debilidad, refleja una realidad tangible que afecta la capacidad de implementar políticas, generar consenso y mantener la cohesión interna. En el caso de Boric, el fenómeno combina factores internos —renuncias, reorganizaciones de gabinete, conflictos entre partidos oficialistas— y externos —oposición crítica, inseguridad, percepción ciudadana negativa—, generando un desafío estructural que requiere liderazgo, claridad de comunicación y coordinación estratégica.

Sin embargo, el “pato rengo” también puede ser transformado en una oportunidad. La necesidad de cohesión y unidad puede incentivar al gobierno a redefinir prioridades, fortalecer la comunicación con la ciudadanía y consolidar equipos ministeriales más cohesionados y eficientes. La clave estará en convertir la percepción de debilidad en un ejercicio de gestión y liderazgo efectivo, capaz de recuperar confianza y legitimidad.

En esta línea, el gobierno debe enfrentar la tensión entre mantener la unidad interna y responder a las demandas externas de seguridad, economía y políticas sociales. Cada movimiento político y cada declaración pública adquiere mayor relevancia en este escenario, donde la narrativa del “pato rengo” puede convertirse en un factor de riesgo o, si se maneja con estrategia, en un catalizador para demostrar capacidad de adaptación y resiliencia.

El desafío de Boric y su equipo no es menor, entonces. Mantener la gobernabilidad mientras se enfrentan conflictos internos, críticas de sectores oficialistas y oposición consolidada, en paralelo con la presión de un calendario electoral, exige una coordinación estratégica y de un gran liderazgo. La percepción de fragilidad puede ser tan determinante como los resultados concretos de gestión, especialmente en un contexto electoral donde los votantes evalúan tanto la capacidad de ejecución como la solidez institucional.

En conclusión, el fenómeno del “pato rengo” en el gobierno de Gabriel Boric evidencia que la percepción de debilidad puede tener impactos profundos en la política interna y en la campaña presidencial oficialista. Las renuncias, los cambios ministeriales y las tensiones entre partidos oficialistas crean un escenario complejo que requiere liderazgo, claridad y capacidad de gestión. Al mismo tiempo, esta situación ofrece la posibilidad de transformar la percepción negativa en un ejercicio de resiliencia política, donde la coordinación interna y la efectividad en la implementación de políticas puedan recuperar la confianza ciudadana y consolidar un legado más sólido de cara al futuro. En las próximas semanas veremos si el Gobierno es atrapado finalmente pro este síndrome o si logra darle una vuelta y convertirlo en una ventaja. Difícil, pero no imposible.

Los incidentes ocurridos en Avellaneda durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, en el marco de la Copa Sudamericana, fueron brutales y estremecedores: un hincha chileno en riesgo vital, otros con lesiones graves, y decenas de compatriotas detenidos en condiciones precarias.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Policía Bonaerense no lograron contener a los grupos más radicalizados, lo que abrió paso a escenas de linchamiento que recorrieron las redes sociales y los noticieros internacionales.

El impacto público que generó este episodió de violencia desbordó rápidamente lo deportivo. La batalla campal en las tribunas, que dejó un saldo de 19 heridos y más de 100 detenidos, terminó transformándose en un episodio político y diplomático que traspasó las fronteras y que hoy tensiona la relación entre Buenos Aires y Santiago.

Lo que pudo haber quedado como un lamentable evento de violencia futbolera derivó rápidamente en un problema entre gobiernos. Argentina y Chile, con sus propias tensiones internas, trasladaron el bochorno a un terreno más complejo: el de la política exterior. Las polémicas barras bravas fueron las protagonistas de un conflicto inesperado en la Casa Rosada y en la en La Moneda, que se suma a otras polémicas que enfrenta el gobierno de Gabriel Boric, como el cambio de gabinete tras la solicitud de renuncia de su ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (en represalia por la decisión de su partido, el FRVS de ir fuera del pacto oficialista para las elecciones parlamentarias de noviembre), y la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel (por temas personales).

En la Argentina de Javier Milei, donde todo se convierte en disputa política, el caos en Avellaneda fue leído como una oportunidad para reposicionar a ciertos actores y golpear a otros. La primera reacción del gobierno argentino no fue diplomática, sino política. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y figura clave del oficialismo libertario, no dudó en responsabilizar al gobernador bonaerense Axel Kicillof por lo ocurrido. Con la dureza que la caracteriza, lo llamó “inútil” y lo acusó de haber “dejado que la violencia se adueñe de la cancha”.

En año electoral, con comicios provinciales en septiembre y nacionales en octubre, Bullrich –candidata por LLA en la Ciudad– aprovechó la ocasión para desgastar al peronismo. Kicillof, uno de los rostros más visibles del kirchnerismo residual y principal contrapeso al proyecto de Milei en la Provincia de Buenos Aires, se convirtió en blanco perfecto. La narrativa oficialista apuntó a que el desorden en Avellaneda no es un problema de barras, sino de “incapacidad” del gobernador para garantizar el orden.

Pero Bullrich fue más allá y no se limitó a acusar a la oposición interna. También apuntó contra los hinchas chilenos y, en un movimiento audaz, exigió sanciones internacionales. El comunicado de su ministerio incluyó tres puntos claves: 1) Un operativo conjunto de inteligencia entre Gendarmería argentina y autoridades chilenas para identificar barristas. 2) La prohibición de ingreso a estadios y la expulsión de los hinchas violentos. 3) Una petición a la Conmebol de sancionar “ejemplarmente” a Universidad de Chile.

Detrás de esas demandas se lee que hay un cálculo político. Bullrich quiere posicionarse como la voz del orden, la figura que se atreve a “poner límites” tanto a la oposición interna como a los extranjeros. En el relato libertario, la violencia en Avellaneda no es solo un fracaso de seguridad local, es también una amenaza externa que debe ser contenida con firmeza.

Del otro lado de la cordillera, Gabriel Boric reaccionó con un tono muy distinto. El presidente chileno condenó “la evidente irresponsabilidad en la organización” y calificó el episodio como “un linchamiento inaceptable”. Al mismo tiempo, subrayó que la prioridad de su gobierno es garantizar la atención médica de los heridos y el respeto a los derechos de los detenidos.

Boric ordenó a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Buenos Aires para acompañar a los afectados y supervisar la situación con el objetivo mostrar presencia del Estado chileno en defensa de sus ciudadanos y enviar una señal política hacia Argentina de que el tema no pasará inadvertido. Sin embargo, Boric fue cuidadoso en su retórica y no responsabilizó directamente al Gobierno de Milei ni a las autoridades bonaerenses, evitando así escalar la tensión bilateral. Su énfasis estuvo en la protección consular y en la condena general a la violencia. Un contraste evidente con el tono confrontacional de Bullrich.

Sin perjuicio de lo anterior, lo ocurrido en Avellaneda se transformó en un delicado problema diplomático. Argentina exige cooperación y sanciones; Chile demanda garantías y respeto a sus ciudadanos. En el medio, la Conmebol se convierte en árbitro involuntario de una disputa que excede lo deportivo.

Este episodio es particularmente complejo en un contexto donde la relación entre Boric y Milei ya ha tenido roces ideológicos —el primero un presidente de izquierda progresista, el segundo un libertario de derecha radical—, la violencia en un estadio de fútbol puede ser un peligroso combustible para las relaciones tensionadas entre ambos países. Especialmente cuando es muy probable que ambos gobiernos sigan utilizando el tema para reforzar sus narrativas internas, dejando en segundo plano la cooperación bilateral que tanto necesitan.

Más allá de la coyuntura, los incidentes de Avellaneda son un recordatorio brutal de un problema estructural que enfrenta nuestra región y que tiene que ver con el poder de las barras bravas en el fútbol sudamericano. En Argentina, las barras han sido históricamente actores políticos con vínculos con partidos, sindicatos y hasta fuerzas de seguridad. Controlan negocios ilegales, manejan entradas, estacionamientos y hasta influencia en elecciones de clubes. En Chile, aunque con menor escala, también existen grupos organizados con capacidad de violencia y conexiones con dirigentes deportivos.

Los distintos gobiernos, en general, han sido incapaces de desmontar estas estructuras. A veces por falta de recursos, a veces por complicidad, y muchas otras por cálculo político. Las barras, en definitiva, son más que un problema policial, son un problema político. Y lo ocurrido en Avellaneda lo confirma con crudeza. Basta un partido internacional para que el descontrol derive en un conflicto entre dos Estados.

El caso de Independiente y Universidad de Chile no es único. La historia del fútbol sudamericano está llena de episodios donde la violencia de las hinchadas se transforma en asunto diplomático. Hay que recordar los choques entre hinchas argentinos y brasileños en Copa Libertadores, o los reclamos entre Uruguay y Argentina tras incidentes en clásicos rioplatenses.

Aunque lo ocurrido esta vez tiene una particularidad: coincide con un momento de alta polarización política en Argentina y con un gobierno chileno que enfrenta tensiones internas por seguridad y orden público. En ambos lados de la cordillera, la tentación de utilizar el fútbol como caja de resonancia política es fuerte.

Lo cierto es que el partido en Avellaneda terminó en empate, pero el otro, el que hoy juegan Milei y Boric en el campo diplomático, parece que, apenas comienza. Y, como todo clásico sudamericano, promete ser áspero, con acusaciones cruzadas, desplantes y gestos para la tribuna.

El riesgo es que, en lugar de enfrentar juntos el problema real —la violencia organizada en el fútbol—, ambos gobiernos caigan en la lógica de responsabilizarse mutuamente. Si eso ocurre, las barras bravas habrán vuelto a ganar: convertirán su violencia en agenda política y su caos en excusa diplomática.

La política, en el fondo, debería aprender lo mismo que el fútbol enseña a los niños en sus primeras canchas de tierra: sin reglas claras, sin árbitro firme y sin voluntad de juego limpio, lo único que se impone es la ley del más fuerte. Y esa ley, en Avellaneda, ya mostró su cara más cruda.

ERM/MG

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barras bravas durante el partido de este miércoles en Avellaneda entre el Independiente argentino y la Universidad de Chile, y tildó de “irresponsable” a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En un breve mensaje difundido a través de redes sociales, el gobernante reveló que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas chilenos, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el fútbol.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, señaló Boric.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó.

“Le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, recalcó Boric en un segundo mensaje en su cuenta oficial.

El partido, valedero para la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamerica, la segunda competición de clubes en importancia del continente, fue suspendido avanzado el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los sangrientos enfrentamientos entre los radicales de ambos clubes.

De momento, no existen cifras claras de víctimas, que se apuntan numerosas, y tampoco de detenidos, aunque varios medios señalan que son cientos los seguidores de ambos equipos arrestados, de los que unos 300 serían chilenos.

Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que el choque fue suspendido por “falta de garantías de seguridad” y anunció que abrirá una detalla investigación sobre lo ocurrido para aplicar el castigo que corresponda.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

“Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, concluyó.

EFE.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este martes la activación del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) a nivel nacional, tras emitirse una alerta de tsunami para todo el borde costero del país a raíz de un terremoto de magnitud 8,7 en Rusia.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Amarilla por tsunami para todas las comunas del borde costero continental, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, incluyendo el territorio insular y antártico.

El presidente Boric llamó a la calma y explicó el protocolo de emergencia. “El protocolo es evacuar 3 horas antes de la estimación de llegada de la ola”, precisó, y pidió a la ciudadanía seguir únicamente las instrucciones de las autoridades.

Cronograma de Evacuación Preventiva

SENAPRED ya estableció los horarios en los que comenzará el proceso de evacuación en cada zona, diferenciando entre las regiones en “Estado de Alerta” (Atacama, Coquimbo y Valparaíso) y las que se encuentran en “Estado de Precaución”.

Hoy más que nunca la democracia en el mundo está en riesgo y, por lo tanto, en principio nadie podría oponerse al encuentro que reunió a un selecto grupo de presidentes progresistas de Iberoamérica, esta semana en Santiago. La democracia es uno de los principales pilares del sistema político y de la sociedad moderna. Se da por sentada y muchas veces se olvida su importancia hasta cuando se pone en riesgo. Y vaya que ha estado en riesgo en el último tiempo. En Chile hace estuvo en riesgo el 12 de noviembre de 2019, el día que estuvimos al borde de un quiebre institucional, en pleno estallido social. Pero que se evitó, en gran medida, gracias a un acuerdo constitucional que, tres días después, unió a la mayoría de las fuerzas políticas –derecha e izquierda–, con la excepción del Partido Comunista y el Frente Amplio, que dejó sólo al entonces diputado Gabriel Boric.

Por lo mismo no tengo dudas sobre el compromiso democrático del presidente Boric, quien a diferencia de su sector pensó en los chilenos y se atrevió firmar el acuerdo constituyente. Tampoco dudo de la transformación que ha mostrado el mandatario chileno hacia el socialismo democrático, pues la dura realidad terminó imponiéndose a la ideología trasnochada con la que llegó a La Moneda.

Sin embargo, al igual que muchos chilenos, tengo dudas sobre el compromiso democrático de los sectores más radicales que lo apoyan. Los mismos, que no solo se abstuvieron de respaldar la salida democrática a la crisis social de 2019, sino que, en su momento, se embriagaron con la posibilidad de hacer caer a un Presidente (Piñera) en democracia, a través de una acusación constitucional. Y que luego, intentaron refundar el sistema político, económico y social de Chile con una propuesta constitucional refundacional e indigenista, que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía. Tengo dudas del nuevo discurso populista que usa instrumentalmente las palabras seguridad y crecimiento, y que, al mismo tiempo, impulsa o frena proyectos que van en contra de estos conceptos.

Por estas razones –a las que se suma la candidatura presidencial de Jeannette Jara, quien pertenece a un partido internacionalista y refundacional que no ha dado precisamente ejemplos de democracia plena, con un historial de apoyo a regímenes autoritarios en la región–, llama poderosamente la atención que el presidente Boric haya decidido impulsar este encuentro que busca que el progresismo internacional se apropie de la defensa de la democracia, desde una altura moral que les queda grande y como si fuera un bien exclusivo que solo puede ofrecer la izquierda.

La cumbre “Democracia Siempre” culminó con una declaración conjunta que relevó la defensa de la democracia y el multilateralismo, la desinformación y las tecnologías digitales, y los extremismos vinculados a la desigualdad. El documento final –firmado por los mandatarios de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro), Uruguay (Yamandú Orsi) y el presidente del Gobierno español (Pedro Sánchez)– propone, entre otras medidas, reformar el sistema de gobernanza internacional, fortalecer la diplomacia democrática, promover la transparencia algorítmica y crear un observatorio de juventudes frente al extremismo.

La declaración también hace un llamado a un alto el fuego en Gaza y a facilitar el acceso humanitario sin restricciones, lo cual es un punto loable. Sin embargo, el documento evita referirse a situaciones internas de los países participantes, como las investigaciones por corrupción que afectan a algunos de sus líderes, o las crecientes tensiones sociales y económicas que atraviesan sus gobiernos. Tampoco se mencionan los regímenes autoritarios de Nicaragua, Venezuela o Cuba, omisiones que fueron cuestionadas con vehemencia desde sectores de la oposición chilena y de la centroderecha regional, quienes acusaron una evidente doble moral en la defensa de la democracia.

Desde el histórico Patio de Los Cañones de La Moneda, el presidente Sánchez, fue el más frontal y denunció la existencia de una “internacional del odio y de la mentira” que, a su juicio, avanza peligrosamente por nuestros continentes. Sus criticas apuntaron a la “ultraderecha” y la “derecha tradicional” que, según él, ha “desertado de esa labor histórica” y “ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha”.

Petro invitó a reflexionar sobre los riesgos que acechan al multilateralismo, Orsi llamó a evitar el crecimiento de los extremismos con acciones concretas contra la desinformación y una defensa férrea de nuestras instituciones y Boric, afirmó que “la democracia está bajo ataque en diferentes partes, desde diferentes sectores políticos”, cuestionando a los críticos de la oportunidad del encuentro.

Entendiendo que Gabriel Boric, a meses que termine su gobierno, esté tratando de perfilarse internacionalmente, como lo hizo Michelle Bachelet en sus dos gobiernos, esta cumbre de líderes progresistas puede terminar teniendo efecto sobre la vida de todos las chilenas y chilenos. Partiendo por la profundización de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, que ya impuso un arancel del 50% al cobre, el principal producto de exportación chileno. Aunque el gobierno de Boric ha intentado desvincular esta medida de la cumbre, argumentando que responde a intereses industriales de EEUU, la óptica desde Washington podría ser otra. Un encuentro de líderes que critican abiertamente la “ultraderecha” y el “reaccionarismo” podría ser interpretado como una señal política, potencialmente influyendo en futuras decisiones comerciales o diplomáticas de una administración estadounidense que prioriza el “America First” y que no duda en usar la presión económica como herramienta. Por lo tanto, esta cumbre no es simple encuentro de líderes progresistas preocupados por la democracia, es también una declaración geopolítica que podría tener repercusiones en un momento de alta sensibilidad económica en los países que participaron.

En un mundo donde la democracia es vulnerable, la verdadera fortaleza de la democracia no reside en la autoafirmación de un solo sector, reside en la capacidad de todos los actores políticos, de izquierda a derecha, de reconocer sus propios límites, de practicar la autocrítica y de comprometerse con la defensa irrestricta de las instituciones y los valores democráticos, sin excepciones ni dobles estándares. La verdadera defensa no admite exclusiones ni dobles discursos y nos exige a todos, sin importar la trinchera política, reconocer que la amenaza no solo viene de un flanco, y que la fortaleza de nuestras instituciones se construye con la coherencia y la convicción de cada actor. Solo así seremos capaces de construir una defensa genuina y creíble de la democracia, que no sea percibida como una táctica política que al final termina debilitándola aún más.

ERM/MG

A cinco meses de las elecciones presidenciales en Chile, el Gobierno del progresista Gabriel Boric encara la recta final de su mandato con dos proyectos encima de la mesa: el del aborto legal hasta la semana 14 y la reconversión de una cárcel con privilegios para violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Boric, que llegó al poder en marzo de 2022, anunció a principios de mes en el Parlamento que convertirá la acomodada cárcel de Punta Peuco, donde cumplen su pena más de 130 condenados por crímenes del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), en un penal común y corriente. “He instruido al Ministerio de Justicia modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común”, dijo ante los diputados, en su último discurso anual de rendición de cuentas ante la cámara.

Ubicada 50 kilómetros al norte de Santiago, la cárcel de Punta Peuco, mucho mejor equipada que el resto de instalaciones penitenciarias, ha sido polémica desde su construcción.

La decisión de Boric ha sido criticada por la oposición que defiende que la mayoría de los reos que permanecen ahí tienen más de 80 años y que la polémica retrotrae temas del pasado “que causarán más violencia interna en la discusión”, como dijo el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, de la derecha tradicional.

El tema, que cada vez que resurge refleja la polarización social sobre el pasado reciente de Chile, se ha instalado en la precampaña electoral de los comicios de noviembre. De momento, la candidata de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos e hija de un exministro de Pinochet, dijo que “no cuesta nada revertir” la medida, en caso de llegar a La Moneda.

El abanderado de la extrema derecha, José Antonio Kast, calificó el anuncio de “provocación”. En los últimos días, Kast ha pasado a liderar la intención de voto tras superar a Matthei en una encuesta reciente. El sondeo de Cadem publicado la semana pasada colocó en el primer puesto a Kast con el 17%, un punto más que su rival conservadora.

Aborto legal hasta las 14 semanas

La otra piedra en el zapato para la derecha y la ultraderecha que marcará los últimos meses de gobierno será el proyecto de ley del aborto. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha anunciado una propuesta para legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14, una de las grandes promesas de Boric y una de las principales demandas de las organizaciones feministas, que quieren ampliar la norma actual.

Aprobada en 2017, bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), la ley vigente permite la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

“Por demasiado tiempo se ha tratado como criminales a las mujeres que han abortado. Son miles al año y se les ha obligado a la clandestinidad”, aseguró el presidente en su discurso, en el que pidió a los legisladores que “no nieguen el debate democrático” sobre el tema.

El proyecto, que ha ingresado al Parlamento sin urgencia, tiene un recorrido difícil. El Gobierno no tiene mayoría y tanto la oposición como los democratacristianos ya han anunciado que votarán en contra. Además, como una señal del enfoque que se dará a la discusión, ha sido excluido de la Comisión de Mujer y solo será analizado en Salud, Constitución y Hacienda. La intención de los parlamentarios conservadores es enterrar el proyecto cuanto antes.

“Modificar el rumbo”

Las expectativas de cambio prometidas por Boric empezaron a desdibujarse pocos meses después de su llegada al poder, con el fracaso del primer proceso constituyente, surgido del estallido social de 2019 y que –con un marcado sello progresista– fue rechazado por una amplia mayoría de la población.

“Al fracasar el primer proceso constituyente, tuvo que introducir cambios importantes en su agenda porque había condicionado parte de su programa de transformaciones al ese proceso”, dice Octavio Avendaño, politólogo de la Universidad de Chile, quien añade que el plan inicial del mandatario quedó “limitado y reducido a reformas muy acotadas”.

Para Jaime Abedrapo, politólogo de la Universidad San Sebastián, el nuevo escenario llevó al presidente a “tomar y aceptar al mundo socialdemócrata” del centroizquierda tradicional, que se integró a la primera línea de su Gobierno.

Además, durante su gestión –cada vez más moderada– ha dado varios “giros” improvisados y cambios de guion que, según Avendaño, se deben a “la falta de apoyo político y de una mayoría parlamentaria”. Para la socióloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss, sin embargo, esta capacidad de “reaccionar a cambios de contexto y modificar el rumbo hacia posiciones menos radicales” es “parte de los aciertos” del Ejecutivo progresista.

A pesar de las críticas de la oposición por “ser insuficiente”, Boric ha priorizado temas que a menudo no son señas de identidad de la izquierda, como el crecimiento económico y la seguridad, que inicialmente no tenía tanto peso en su programa.

“Avances sociales importantes”

Uno de los legados de Boric será, según los expertos consultados por elDiario.es, la reforma de pensiones, una de sus principales promesas que llevaba más de una década pendiente. Aunque no se aprobó tal y como le hubiese gustado, como él mismo admitió, la nueva ley destacó por los acuerdos a los que llegaron los distintos sectores políticos. “Estos esfuerzos para conformarse con no hacer grandes reformas estructurales para lograr acuerdos nacionales es de lo más destacable de su mandato”, dice Abedrapo.

Además, añade Heiss, “hizo avances sociales importantes” como la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, el aumento del salario mínimo –que este mayo llegará a 529.000 pesos (unos 490 euros)–, o el fin del copago sanitario para recibir atención en el sistema público de salud.

La ley chilena prohíbe a Boric volver a presentarse a las elecciones por la limitación que impide gobernar durante dos mandatos seguidos. Sin embargo, el presidente –que durante prácticamente todo su mandato ha mantenido una aprobación entre el 26 y el 30%– dejará La Moneda con 40 años recién cumplidos y –apunta Heiss– “convertido en un referente de la izquierda chilena” (y latinoamericana). “Es probable que lo veamos volver a contiendas presidenciales en el futuro. No sería ninguna sorpresa para nadie”, concluye.

Según pasan los años, es más categórico el episodio de Borges, su ceguera y los asambleístas militantes: Borges se vuelve más ciego, los jóvenes más espinosos y hay más alumnos que han estado presentes en el hecho, y por consiguiente pueden contar otra vez la anécdota.

Según alguna de las versiones, el escritor estaba dando una clase de Literatura Inglesa en la universidad cuando una decena de activistas intentó interrumpirla. “Se levanta la clase, profesor; llamamos a una asamblea”. Borges preguntó si la asamblea no podía esperar a que terminara la clase. “No”, fue la respuesta, “se suspende todo ya, y si no, le cortamos la luz y lo dejamos a oscuras”. A lo que el expositor replicó: “A la espera de este momento, he tomado la precaución de ser ciego”.

Se dirá que los seres humanos necesitamos de las exageraciones. Ni las cosas malas que pasan son tan malas, ni las cosas buenas tampoco son buenísimas. Repaso estos avatares a la hora de pensar algunos episodios de política exterior.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, viajó a Paraguay entre el 16 y el 17 de julio de 2024. Durante su estancia, pronunció un discurso ante el Congreso y participó de un conversatorio con empresarios. Se reunió con el mandatario paraguayo, Santiago Peña. Un centroizquierdista cabildeó con un liberal-conservador. Ni Peña lo recibió con un “más vale tarde que nunca”, el ceño fruncido y los ojos hinchados. Y Boric no contestó “cría cuervos y te sacarán los ojos”, la boca apretada y un suspiro demorado, como quién predice un mal futuro.

A comienzos de abril de 2025 (del 1 al 5), el presidente de Chile se trasladó a la India. Allí se reunió con la presidenta Droupadi Murmu y con el primer ministro Narendra Modi, y tocó Nueva Delhi (norte), Bombay (oeste) y Bangalore (sur). La extensa delegación que lo acompañó, de más de 50 integrantes, estuvo conformada por ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios y representantes del mundo empresarial, como la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el presidente de la Sociedad Nacional Agrícola (SNA).

Entre el 21 y el 24 de abril de 2025, el presidente Boric realizó una visita oficial a Brasil. Se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva y firmó acuerdos en áreas tales como agricultura, comercio, defensa e innovación tecnológica. Brasil es el tercer mayor socio comercial de Chile, por lo que se discutieron estrategias para fortalecer el comercio bilateral. Frente a la denominada “guerra de los aranceles”, hay un consenso exteriorizado en tratar de salvar el sistema de comercio multilateral, de recuperar la importancia de la Organización Mundial de Comercio, e intercambiar posiciones respecto de la mejor forma de reaccionar frente al conflicto.

Ni Chile está extra-acertado, ni Argentina está tan sub-aproximada. No es que miremos del otro lado de los Andes como quien envidia al boyante, ni que nos vean y digan: “Vaya nomás, ya dimos”. Para los que son gente común, ni con dos pelucas ni tan calvos, se nos da mejor echar la culpa que aceptarla, acusar que disculpar. Pero también tenemos un presidente que viaja de lo lindo. Y no nos llaman peor que “la gran deudora del Sur”, expresión originada por Sarmiento en un poema publicado en El Censor. Un viejo hábito, un compatriota. ¿Alegría? Ninguna; sólo la pena conocida.

El mandatario progresista llegó el año pasado a Asunción en el marco de un tiroteo, ocurrido el martes 16 de julio en un centro de eventos en Lampa, región metropolitana de Santiago. Murieron cinco personas, la mayoría de nacionalidad venezolana y dominicana. Boric declaró: “No vamos a permitir que el crimen organizado nos gane”. Además del creciente intercambio comercial entre ambos países, la visita tuvo como eje el Corredor Bioceánico Vial (CBV), proyecto conjunto entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, que busca establecer una ruta comercial que conecte el océano Atlántico con el Pacífico. Ese plan sería vital en su futuro viaje a Brasil. Todavía no se había inaugurado el mega puerto de Chancay en Perú, evento que se materializó con la participación de la presidenta Dina Boluarte y el presidente de China, Xi Jinping, el 14 de noviembre de 2024,

En India, tras reunirse en Nueva Delhi con el primer ministro Narendra Modi, Boric anunció que ambos países habían acordado iniciar las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, un tipo de tratado que va más allá de la reducción de aranceles y busca establecer un marco legal amplio para regular las relaciones económicas entre los países. Adicionalmente, se concretó un evento para promocionar las diversas locaciones, la aptitud técnica y el entorno favorable que Chile ofrece a las producciones de cine indio. Como colofón, Chile –que posee un número sensible de startups y donde figuran las multinacionales Cisco, Google, Microsoft o Intel– firmó un acuerdo con el Gobierno estatal para impulsar el trabajo tecnológico conjunto.

Brasil es, para Chile, un aliado político y una potencia emergente con influencia global, cuyo esquema es complementario, pero no consonante, en particular en cuestiones como el comercio exterior, la autonomía y el alineamiento estratégico. Como ha dicho un calificado funcionario de Cancillería, “ante el abandono de la política regional por casi todos, hoy los únicos que la practican son los que hablan entre ellos.” Los que no hablan, ¿creerán que les sobra? 

La complementariedad es clara: Brasil es una potencia industrial y agroalimentaria, Chile tiene un acceso privilegiado al Pacífico y a los mercados asiáticos, y se ha ido constituyendo en un hub tecnológico. ¿Transformar a Sudamérica en una plataforma de integración global? Por ahora, hay avances en el corredor bioceánico Capricornio (CBV), que unirá Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) con los puertos del norte de Chile. Argentina tradicionalmente lo vio con desconfianza, porque la envía hacia la australidad, pero las provincias del NOA-NEA tienen interés, y son argentinas. Es evidente que Chile balancea el mega puerto peruano de Chancay, que tiene inversiones chinas. Invitaciones aceptadas: asistir a la cumbre del G20 y participar en la reunión de los BRICS y la COP 30 en Brasil.

En diplomacia nadie nos pide que esta noche invitemos a cenar a un pangolín. Si lo hacemos nos llamarán confusos, porque si ha de haber un orden, éste tiene que estar de acuerdo con nuestros intereses de largo plazo. Pero nadie nos perdonará si no asistimos a la fiesta de quince de nuestra hija. Dirán de nosotros que somos erráticos, y que se sobrestima nuestra inteligencia a expensas de nuestro sentimentalismo, como sancionó Bismark a Napoleón III.

Ya que se acude a Borges con frecuencia, Alfredo Serra contó una linda anécdota al respecto. Una tarde, hablando de su perfecto cuento “El Sur”, escrito luego de pasar algunos días con sus noches entre la vida y la muerte a raíz de una septicemia causada por una herida en la frente, el periodista le preguntó qué pasaría si la situación se repitiera. Borges respondió: “Bueno, el cuento quedaría desescrito…”.

Si es posible hay que evitar ciertas cosas, antes de que las desescriba el tiempo.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves “desde la izquierda política” que “el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, tras ser informado de la detención de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado durante una concentración en Caracas, un día antes de la toma de posesión presidencial. 

“Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (...) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno”, declaró desde la sureña ciudad de Concepción el jefe de Estado chileno, quien no refirió con más detalle a la detención de Corina Machado por no contar con todos los antecedentes.

“En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como Gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela”, subrayó Boric, en alusión al retiro definitivo de su entonces representante diplomático en Venezuela, Jaime Gazmuri, y a la decisión de no enviar representantes a la investidura de Maduro, cuyo triunfo en las presidenciales fue otorgado por el ente comicial venezolano. 

“No reconocemos el fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”, agregó el mandatario chileno. 

Maduro ordenó la salida de la diplomacia chilena de Venezuela después de que Boric criticara el proceso electoral y no lo reconociera como ganador en las presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por un polémico conteo de votos que varios países y representantes políticos acusaron de fraudulento, entre ellos el propio candidato opositor, que reivindica su victoria. 

Petro replica al Gobierno venezolano

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este jueves al ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, que el Frente Popular Democrático, plataforma de la que hace parte el excandidato presidencial Enrique Márquez, no es “una organización delincuencial”.

“El Frente Democrático Popular de Venezuela no es una organización delincuencial y es movimiento fraterno del progresismo colombiano. Sus miembros están siendo detenidos”, manifestó Petro en un mensaje en la red social X. 

El mandatario colombiano respondió así a Cabello que lo criticó por apoyar a Márquez, de quien el ministro dijo que es “parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela”.

“Aquí no hay ángeles y menos en los opositores, para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, (Gustavo) Petro? Defiéndelo, (...) Puede ser tu amigo, pero es un delincuente”, expresó Cabello. 

En los últimos dos días, Petro condenó la detención de Márquez, a quien se refirió como “amigo” suyo, y abogó por “la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas” en Venezuela.

Incluso el Gobierno colombiano pidió este jueves respetar los derechos de la oposición, incluidos los de María Corina Machado, y expresó su “profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos”. 

“Las detenciones de Carlos Correa, Enrique Márquez y el acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al Gobierno colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten integralmente sus derechos”, expresó la Cancillería en un comunicado. 

Cabello vinculó a Márquez con un funcionario del FBI de Estados Unidos que, según las autoridades nacionales, fue detenido el martes en Venezuela con otros seis extranjeros a los que el Gobierno de Nicolás Maduro señala como “mercenarios”, entre ellos también un militar estadounidense, dos colombianos y tres ucranianos.

Márquez, también exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio, y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió este lunes con el canciller, Alberto van Klaveren, y el embajador en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, para pedirles “normalidad” y “superar” los últimos impasses diplomáticos entre ambos países.

“Tenemos el mayor de los intereses en mantener la normalidad de la relación (...) El presidente nos ha pedido seguir comprometidos con la normalidad en la relación con Argentina y superar estos episodios y estas diferencias que se han producido”, indicó el canciller en un punto de prensa tras la reunión.

“Nuestra relación va mas allá que las ocasionales diferencias que se puedan producir a nivel de sus máximos dirigentes”, agregó Van Klaveren.

Desde la llegada al poder de Javier Milei hace un año, la relación entre ambos países ha atravesado altibajos. El último gran episodio tuvo lugar la semana pasada cuando el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, dijo en una entrevista a Radio Mitre que Chile está gobernado por “un comunista que los está por hundir”, unas declaraciones que fueron refrendadas por el propio Milei en redes sociales. “Poniendo zurdos en su lugar”, publicó el libertario en su cuenta de X.

El Gobierno chileno entregó una carta de protesta al embajador de Argentina en el país, Jorge Faurie, manifestando su rechazo a las declaraciones de Caputo y, posteriormente, el presidente Boric pidió “más humildad” a Milei en unas declaraciones públicas.

Este fin de semana la tensión entre ambos países volvió a escalar luego de que Argentina pidió explicaciones a La Moneda por el sobrevuelo que realizó un helicóptero militar chileno sobre espacio aéreo argentino.

Van Klaveren reconoció este lunes que “se cometió un error”, pero aseguró que “fue un sobrevuelo extremadamente breve”.

No es la primera vez que Milei, en las antípodas ideológicas de su homólogo chileno, carga contra Boric. Durante la campaña presidencial que le llevó a la Casa Rosada, el ultraderechista dijo, entre muchas otras cosas, que la llegada al poder del exlíder estudiantil en marzo de 2022 fue “el inicio de la decadencia de Chile”.

Boric, sin embargo, se comunicó telefónicamente con Milei apenas ganó la elección, acudió a su investidura y ha dejado claro en varias ocasiones -incluido este jueves- que “Argentina es un país hermano”.

El anterior conflicto fue hace un mes, cuando Milei decidió retirar a su canciller, Gerardo Werthein, de un evento ante el papa Francisco en el Vaticano para conmemorar el tratado que hace 40 años impidió una guerra entre dictaduras por el control del canal de Beagle, en Tierra del Fuego.

MM con información de la agencia EFE.

El cruce con Chile sigue escalando después de que el presidente de ese país, Gabriel Boric, pidiera este jueves “un poquito más de humildad” a Javier Milei, quien en vez de amainar la polémica iniciada esta semana por su ministro de Economía, Luis Caputo, le mostró su apoyo en redes sociales.

“Quiero decirle al presidente Milei que los 5.000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos y que hay que tener un poquitio más de humildad, porque nosotros los presidentes pasamos, pero los pueblos y las instituciones quedan”, dijo Boric en un acto oficial en la sureña región de Ñuble.

La polémica comenzó el martes cuando Caputo aseguró en una entrevista con Radio Mitre que la ultraderecha debe concentrar sus esfuerzos en la denominada “batalla cultural” si pretende que sus políticas económicas perduren en el tiempo y puso como ejemplo a Chile, “el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010”.

Chile, continuó el ministro argentino, “descuidó la batalla cultural” y “hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”.

El Gobierno chileno entregó el miércoles una carta de protesta al embajador de Argentina en el país, Jorge Faurie, manifestando su rechazo a las declaraciones de Caputo.

En su cuenta de X, Milei escribió “Poniendo zurdos en su lugar”, en respuesta a un tuit en donde el escritor argentino y politólogo de ultraderecha Agustín Laje le da la razón a Caputo.

“No me voy a referir con insultos o descalificaciones al presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacer. Yo prefiero hablar en positivo y contarle a todo Chile, y también al hermano pueblo argentino, que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública y la educación pública y no destruirlas”, indicó Boric.

Horas antes, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, dijo que las declaraciones de Caputo son “inapropiadas” e “inaceptables” y “revelan un grado de hostilidad que no nos explicamos”.

No es la primera vez que Milei, en las antípodas ideológicas de su homólogo chileno, carga contra Boric. Durante la campaña presidencial que lo llevó a la Casa Rosada, dijo, entre muchas otras cosas, que la llegada al poder del exlíder estudiantil en marzo de 2022 fue “el inicio de la decadencia de Chile”.

Boric, sin embargo, se comunicó telefónicamente con Milei apenas ganó la elección, acudió a su investidura hace un año y dejó claro en varias ocasiones -incluido este jueves- que “Argentina es un país hermano”.

El anterior conflicto fue hace un mes, cuando Milei decidió retirar a su canciller, Gerardo Werthein, de un evento ante el papa Francisco en el Vaticano para conmemorar el tratado que hace 40 años impidió una guerra entre dictaduras por el control del canal de Beagle, en Tierra del Fuego.

Con información de la agencia EFE

La vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, dijo este martes que la denuncia contra el presidente Gabriel Boric por presunto acoso sexual y difusión de imágenes privadas, ocurridos hace 10 años, “no tiene sustento”. “Estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido ni citado ni requerido aún por la Fiscalía”, indicó Vallejo en una declaración oficial desde el palacio presidencial La Moneda.

El abogado del mandatario, Jonatan Valenzuela, informó la noche del lunes que la denuncia fue interpuesta en septiembre y aseguró que la víctima es el propio Boric, quien entre junio de 2013 y julio de 2014 recibió por parte de la denunciante 25 correos electrónicos cuando ambos realizaban su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas (extremo sur).

Los correos electrónicos entregados por el presidente, filtrados este martes a la prensa local, apuntan a que la denunciante, cuya identidad se desconoce y aún no se ha publicado su versión de los hechos, admiraba a su entonces compañero de prácticas y que aspiraba a entablar una relación amorosa con él.

Los medios también publicaron algunas de las respuestas del mandatario, en los que muestra su extrañeza y sorpresa, pero se desconoce si hay más correos. El intercambio de correos comenzó cuando Boric era un popular dirigente estudiantil y continuó una vez que inició su carrera como diputado en el Congreso en marzo de 2014.

La vocera oficial afirmó este martes en rueda de prensa que el mandatario fue víctima de una “dinámica de hostigamiento” y que las imágenes de contenido sexual fueron enviadas “sin solicitud ni consentimiento del receptor”. “Desde 2014 no ha existido ninguna comunicación entre ambos y que nunca hubo ninguna relación de cercanía, de amistad o afectiva (...) Es recurrente que personas expuestas públicamente tengan tipos de acoso mediante redes sociales y correos electrónicos y no siempre se denuncian”, subrayó Vallejo, quien también negó que Boric reenviara las imágenes.

La portavoz explicó además que Boric fue informado de la denuncia en su contra el 24 de septiembre, entregó los correos a la Fiscalía el 22 de octubre y que la investigación se hizo pública el lunes, dos meses después, “por recomendación del abogado”. “Lo que necesitamos, como Gobierno y como país, es que rápidamente se esclarezcan los hechos y que la investigación avance”, agregó Vallejo.

La polémica en torno a la denuncia sucede en medio de fuertes críticas contra el Gobierno por una supuesta violación perpetrada por el exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, quien era uno de los políticos mejor evaluados del país y está en prisión preventiva desde hace dos semanas. La oposición criticó que el mandatario no actuara el mismo día en que se conoció la denuncia y que pidiera la renuncia de Monsalve el pasado 17 de octubre, 48 horas después.

Con información de la agencia EFE