Hernán Confino y Rodrigo González Tizón son dos historiadores nacidos en democracia, especializados en historia argentina reciente. En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, recientemente editado por Fondo de Cultura Económica, procuran desarmar las falacias argumentativas de las narrativas de la llamada “memoria completa”. Este libro explica con rigurosidad y de forma amena por qué la Argentina no sufrió una guerra civil en los setenta, qué se conoce respecto del número de desaparecidos y por qué los crímenes de la guerrilla no pueden ser considerados de lesa humanidad. En diálogo con elDiarioAR, los autores ponen en debate la manera en que se ha abordado hasta el momento la violencia de Montoneros y el ERP y sostienen que “los intentos de reconocimiento de las víctimas civiles de la guerrilla, que consideran legítimos, no pueden partir jamás de la equiparación de la violencia de las organizaciones armadas a la desplegada por el Estado”.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos de salir a discutir desde las ciencias sociales con los discursos que relativizan, banalizan e incluso reivindican la represión clandestina?

Hernán Confino (HF): —Como explicó el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, cuyos padres murieron en Auschwitz, hay una diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos. Es muy difícil establecer parámetros comunes con personas a quienes no le genera ningún tipo de estupor que una mujer haya parido arriba de una mesa mientras la picaneaban. Lo que buscamos es ofrecer una explicación desde la historia que esté fundamentada y que pueda permitirle a quienes están interesados en la temática detectar dónde está la falacia de aquellos grupos que reivindican o banalizan la represión clandestina en los setenta. 

Rodrigo González Tizón (RGT): —En un momento en que los debates se corrieron tan a la derecha, decidimos salir a defender los consensos de la democracia, con rigor histórico y sin esquivar ningún tema. Observamos que las ultraderechas aprovechan los flancos débiles de las políticas de memoria y derechos humanos para elaborar sus estrategias. Por ejemplo, la decisión de establecer desde 1966 la periodización para definir quién es una víctima del terrorismo de Estado, puede generar que alguien diga: “Al final víctima del terrorismo de Estado fueron todos, entonces no fue nadie”. Además, buscamos dar respuestas a preguntas genuinas que la sociedad se hace, por ejemplo, alrededor del número de los 30.000. Que un pibe de 16 años nos pregunte cuántos desaparecidos hubo no lo vuelve un negacionista de la dictadura, es una pregunta legítima y, con este libro, ofrecemos herramientas para poder responder a esa inquietud sin caer en simplificaciones. 

Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos

—El libro expone algunos temas espinosos de la narrativa hegemónica construida hasta el momento, por ejemplo, el cuestionamiento a las prácticas concretas de la militancia armada o los reclamos por las víctimas civiles de la guerrilla. ¿Cómo se puede hablar de estas cuestiones sin caer en los discursos de las ultraderechas?

HC: —El presente nos terminó demostrando de una manera bastante dolorosa que los debates que no se dieron, se nos volvieron en contra. Nosotros procuramos construir un debate amplio que pueda dar lugar a consensos, quizás más pequeños, pero más sólidos. Consensos que puedan ser sentidos como propios por la mayor cantidad posible de personas. En las gestiones kirchneristas, en lo que fue una política de derechos humanos y memoria muy amplia, con muchos aciertos, también hubo errores no forzados. Por eso nos preguntamos: ¿Cuál tiene que ser el discurso del Estado sobre nuestro pasado y qué lugar deben tener en esa construcción las organizaciones de víctimas? Discutimos, por ejemplo, con la idea de que las acciones de quienes militaron en los setenta son imposibles de criticar porque fueron realizados por personas que empeñaron su vida en ello. 

—¿Cómo se explica que esas voces que justifican la represión clandestina hayan avanzado tanto en la agenda mediática y política en los últimos años? 

HC: —Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo. Por otro lado, no podemos pensar en el momento actual sin considerar los diques que rompió el gobierno de Mauricio Macri para diferenciarse del kirchnerismo, con un enfoque más pragmático que ideológico. 

RGT: —Nuestra hipótesis es que la discusión sobre el pasado se inscribe en una disputa mucho más amplia que empieza a ganar volumen a partir de la construcción de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En la actualidad, esta discusión es parte de la mentada “batalla cultural” de la que hablan estas extremas derechas que están pululando en distintas partes del mundo. Una batalla contra el progresismo, el comunismo, el colectivismo, el movimiento feminista, la militancia por la diversidad de género, etc. 

Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo

—¿Qué efectos pueden tener estos discursos sobre el pasado en el presente? 

HC: —La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita nuevos avances sobre nuestros derechos en el presente. En 2024, vivimos cómo personas que fueron a una manifestación en contra de la ley Bases, fueron señaladas como terroristas que querían atentar contra la democracia y terminaron detenidas en un penal federal. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, pretende requerir a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, como sucedió con Macri. Y hace apenas unas semanas, Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Defensa Nacional que tiene que preocuparnos. Por otro lado, a nivel judicial, hay grupos que están buscando revertir la jurisprudencia argentina de que las organizaciones armadas no cometieron delitos de lesa humanidad. Para eso, apelan al Estatuto de Roma, que en 1998 planteó la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por actores no estatales. Sin embargo, este estatuto no está pensado para agrupaciones como Montoneros o el ERP, sino para organizaciones que tuvieron políticas sistemáticas de ataque generalizado contra población y controlaron porciones del territorio. Sabemos que la violencia guerrillera argentina no tuvo esas características, sino que fue más bien selectiva. Con esto no buscamos justificar los delitos cometidos ni negar que hayan asesinado a civiles, sino subrayar que, en la Argentina, las guerrillas no estructuraron una política armada sistemática que tuviera esa finalidad. Por ende, cometieron delitos comunes, susceptibles de prescripción. 

—El 19 de diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976 y citó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria. ¿Cómo se explica esta decisión desde la mirada de la historia?

HC: —Primero, tenemos que entender quiénes están detrás de esas querellas y cuál es su estrategia judicial. La agrupación de abogados Justicia y Concordia tiene como referentes a Laura Olea y Ricardo Saint Jean, familiares directos de represores, uno que estuvo en Río Negro en la Escuelita y el otro, Ibérico Saint Jean, fue interventor de la provincia Buenos Aires, autor de aquella frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Esa gente es la que hace los “habeas corpus” para poder liberar a los perpetradores de terrorismo de Estado y son los mismos que patrocinan la reapertura de la causa del comedor de la policía, de Rucci, de Larrabure y de Viola. Son organizaciones que en sus redes sociales reivindican en pleno a Astiz. Incluso la justicia aceptó como querellante a Eduardo Kalinec, un represor condenado a perpetua cuya hija es miembro del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que es bastante cristalino, ¿no? La estrategia es: “¿No podemos liberar a los represores? Entonces hay que condenar a los militantes”. Desde su lógica, cuando haya una buena cantidad de militantes presos, quizás podrán presionar por una amnistía.  

RGT: —Además, una de las falacias absolutas que expresan estos grupos es decir que no ha habido investigaciones judiciales en relación con los crímenes de la guerrilla. Para poner en contexto, es importante saber, en primer lugar, que para los hechos más emblemáticos por los cuales se reclama, hubo en su momento investigaciones judiciales y varios de ellos tuvieron condenados. En segundo lugar, hay que recordar que tras cada atentado de las organizaciones armadas, el Estado desplegó acciones represivas que fueron absolutamente ilegales. Inmediatamente después del atentado al comedor, sucedió la masacre de Fátima, en Pilar, donde se dinamitaron 30 personas como represalia. Lo que ha realizado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTY) de Victoria Villarruel es construir un reclamo en espejo al de los organismos derechos humanos convencionales para, a través de un discurso técnico y a la vez emocional, volver a construir un escenario de guerra interna, desprovisto de todo contenido histórico, y buscar la equiparación de las acciones de las organizaciones armadas con las acciones represivas llevadas de forma clandestina por el Estado.

HC: —Para entender la magnitud de la reacción hay que pensar en cuáles fueron los procedimientos que se hicieron desde el kirchnerismo en materia de política de memoria y de derechos humanos. Iniciativas como la del CELTY de Villarruel aprovechan el hecho de que la política de memoria del kirchnerismo que no brindó un reconocimiento para las víctimas de las organizaciones armadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es reconocer a estas víctimas, pero sin perder de vista las diferentes violencias que las generaron. Porque no es lo mismo que te mande una organización armada, a que te mate el Estado. No hay herramientas desde historia ni desde el derecho que permitan homologar esas violencias.

—Con las últimas noticias de desarticulación del Centro Cultural Conti en el predio de la ex ESMA, ¿se viene una nueva etapa en el avance sobre las políticas públicas en torno a la memoria y los derechos humanos por parte del gobierno de Milei?

RGT: —Venimos de un año de desgobierno con una intención muy clara de desarticular la estructura en la Secretaría de Derechos Humanos. En mi caso personal, trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hasta que el año pasado, un día me avisaron que no aparecía más en el sistema y nunca recibí una explicación. Durante la gestión del actual secretario Alberto Baños, muchas áreas muy sensibles quedaron vacantes en sus conducciones. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, fue perseguido en el momento de hacer el seminario que anualmente se realiza allí de políticas de memoria y estuvo sin autoridades todo el año, sin ningún tipo de interlocución de parte del secretario. Hoy el Conti está cerrado, con los trabajadores en esta figura perversa de la guardia pasiva y están echando a los que no se atuvieron el retiro “involuntario”. La situación es crítica y están en riesgo también otras áreas que el Ministerio de Justicia absorbió luego del cierre del Ministerio de Mujeres y del INADI.

—Como historiadores jóvenes, de una generación nacida en democracia, ¿sienten que pueden hacer preguntas diferentes sobre estas heridas de nuestro pasado?

HC: —Por un lado, contamos con la ventaja de haber ingresado a un campo de estudios que fue construido por colegas de generaciones previas que desbrozaron el camino. Por el otro, al no estar generacional o familiarmente implicados, buscamos un acercamiento lo más profesional posible. Eso genera libertad, también rispideces. 

RGT: —Durante mucho tiempo se planteó que abrir determinado debate era cederle terreno a la derecha. Eso se ha venido modificando en los últimos 15 años, y creemos que mientras uno lo haga desde una de una postura éticamente posicionada, hay que hacerlo. La clave está en la intención con la que se reabren esas cuestiones. Nosotros lo hacemos para comprender mejor el pasado, los referentes de la llamada “memoria completa” lo hacen para revivir el pensamiento contrainsurgente, para obtener la impunidad de quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos y para desprestigiar el proceso de memoria, verdad y justicia como un todo. En última instancia, lo que es más perverso, buscan trasladar la carga de la culpa a las víctimas.

MNA/JJD

El objetivo cumplía con precisión los hábitos que comprobaron hasta el cansancio y nada cambió ese lunes 9 de diciembre de 1974. Estacionaba su automóvil en la estación de servicio en el centro de Tucumán, casi con exactitud a las 8:30 de la mañana, e ingresaba en el negocio de artículos para el hogar que estaba al lado.

Desde la ventana de un supermercado cercano, una joven vestida con camisa y jean gastado observaba los movimientos del hombre. Frotó los dedos en su sien antes de desaparecer caminando fuera de la vista. Un poco más adelante en la cuadra, un trabajador uniformado que estaba en lo alto de un poste de luz vio la señal de la joven e interrumpió la reparación para anotar algo en un cuaderno.

Los empleados del local empezaban a llegar antes de las 9. Poco después, uno de ellos salía con una valija de efectivo y cheques para depositar en diferentes bancos. Ya lo habían seguido varias veces, pero esa rutina no era de interés para el grupo y dejaron de hacerlo.

Esa mañana, cerca de las 11, el hijo del objetivo se reuniría con su padre y trabajarían hasta el mediodía. A veces salían juntos a visitar una obra en construcción. Cuando lo hacían en automóvil, el grupo se ponía alerta, se comunicaban con walkie-talkies con los dos autos estacionados en el centro que seguían al automóvil blanco del objetivo. Si visitaban la obra a pie también eran seguidos.

El que estaba a la mañana en el poste de luz se quedaba en las inmediaciones esperando verlos salir e informaba a los demás. Esos movimientos eran controlados. El grupo no quería sorpresas que pudieran modificar el plan que diseñaron. Sabían que esos cambios en los hábitos siempre concluían al mediodía, cuando el objetivo regresaba al local donde dejaba a su hijo y luego conducía el vehículo hasta su casa en las colinas de San Javier, en el valle de El Corte, para almorzar. Volvía al negocio cerca de las cuatro de la tarde hasta cerrar.

Miembros de los vigilantes condujeron varias veces detrás del automóvil blanco y estudiaron la ruta para encontrar el lugar perfecto para atrapar al hombre que vigilaron tan de cerca y por tanto tiempo. Ese era el día que eligieron, y todo debía salir perfecto.

Se decidieron por un recodo del camino luego de pasar las colinas, donde las laderas escarpadas a ambos lados encerraban los carriles de la ruta. Su plan requería que una docena de sus integrantes estuvieran uniformados como miembros de la policía y portaran armas largas, mientras cuatro francotiradores vigilarían desde puntos estratégicos una posible e inesperada ayuda a favor de su objetivo, o la presencia de fuerzas armadas. Un jeep descapotable con dos integrantes uniformados estaba estacionado al pie de las colinas por si llegaba inopinadamente alguna fuerza de seguridad. Su plan requería el uso de violencia solo en caso extremo.

A siete kilómetros de distancia otros preparativos estaban en marcha. En un barrio de clase alta, una joven pareja había alquilado una casa y traído un camión de mudanza con muebles y cajas. Otros, aparentemente amigos de la pareja, estuvieron presentes para ayudar con la mudanza. Era claro para los vecinos que la pareja recién mudada estaba llevando adelante un trabajo de construcción, por la tierra que se comenzaba a acumular en el jardín adyacente. Los vecinos creían que la pareja estaba construyendo un quincho, con piso de piedra o lajas y techo de paja montado sobre postes, para proteger a la parrilla.

Pero la verdad era otra. Estaban concluyendo una “cárcel del pueblo”, donde los grupos guerrilleros encerraban a sus víctimas. La joven que pasaba señales desde el supermercado, el falso empleado de la compañía de electricidad y la pareja que aparentaba mudarse a una casa suburbana, los uniformados en el jeep y en la colina, eran miembros de una célula de Montoneros, un grupo de guerrilla urbana marxista identificado con el movimiento peronista. Estos jóvenes fanáticos eran una mezcla social de diferentes orígenes, incluyendo idealistas universitarios, obreros de los cañaverales y profesionales.

Cuando ese mediodía José partió hacia su casa, mientras se alejaba del centro de Tucumán, un par de automóviles se ubicaron en el camino delante de él: un Peugeot y una pick-up Chevrolet. Condujeron delante del auto blanco todo el trecho, yendo de un lado a otro de la ruta, impidiendo el sobrepaso hasta que, fuera de la ciudad, el camino comenzó a estrecharse.

Cuando llegaron a un recodo en las colinas, el Chevrolet imprevistamente salió del camino, dejando solo al Peugeot. El conductor redujo su velocidad de manera tal que se empezó a formar una cola de vehículos detrás del Torino blanco de José, quien se irritó y tocó bocina al conductor, pero sin éxito. Intentó sobrepasar al Peugeot; sin embargo, el vehículo delante se lo impedía.

Al llegar a la cima de la colina, el Peugeot de improviso se puso al costado del camino y José aceleró para pasarlo, al tiempo que descubría que había caído en una trampa. Una camioneta bloqueaba la ruta adelante, y un segundo automóvil salió del costado del camino para encerrarlo por detrás.

Alrededor de una docena de hombres armados rodearon el Torino. Otros controlaban al grupo de vehículos que fue parte de la caravana. Algunos de ellos vestían uniformes de la policía provincial y otros de la federal. Tenían escopetas y armas automáticas, todas apuntándolo a José. Uno de ellos habló:

—Siderman, esto es un secuestro, no trate de resistirse o será fusilado.

El hombre abrió la puerta del Torino, y dos hombres sacaron a José. Seguidos por un tercero, lo subieron a la camioneta donde lo acostaron. Uno le ató las muñecas detrás de la espalda mientras otro hizo lo propio con los tobillos. Le pusieron una venda sobre los ojos y lo amordazaron.

El cumplimiento correcto de cada uno de los roles de esta coreografía hablaba de un plan en el que cada detalle fue previsto minuciosamente, practicado y ejecutado con precisión. El secuestro, llevado a cabo a la vista de los otros conductores que esperaban en la cola, fue tan rápido como comenzó.

La camioneta, con José adentro, se puso velozmente en marcha, dio una vuelta en U y se dirigió colina abajo hasta superar al jeep estacionado al costado. Pronto llegaron a un camino de tierra. Nadie dijo una palabra.

Tras un largo rato, la camioneta se detuvo y los hombres alzaron a José para ponerlo en un cajón de madera del tamaño de un féretro. Luego de depositarlo dentro, pusieron una tapa en la parte superior que aseguraron con cintas. El cajón medía algo más de medio metro de ancho, setenta centímetros de alto y cerca de un metro ochenta de largo. No tenía respiraderos y José se sintió sofocar.

Lo depositaron en la parte trasera de una pick-up que empezó a moverse. Con un esfuerzo de autocontrol, logró dominar su pánico. Bajó sus pulsaciones y su corazón comenzó a serenarse. Trató de sacarse la mordaza, pero no pudo.

Su mente iba a toda velocidad para tratar de evaluar su situación. ¿Podría escaparse en algún momento? ¿Cuáles eran sus mejores chances para salir de esto vivo?

José trataba de encontrar sentido a lo que estaba sucediendo. Supuso que, sea que se tratara de criminales organizados, malhechores militares independientes o guerrillas, el objetivo más probable era obtener un beneficio a través del pago de un rescate.

Pensó en los informes que daban cuenta de los intentos guerrilleros de secuestros en Tucumán y en la provincia vecina de Catamarca. En Tucumán los guerrilleros intentaron secuestrar a Paz, el propietario de uno de los ingenios azucareros más importantes. De acuerdo con la prensa, sus captores lo asesinaron porque trató de resistirse.

José concluyó que sus secuestradores estaban demasiado bien organizados y actuaron con mucha eficiencia para ser criminales vulgares. Supuso que o bien eran guerrilleros, o más probablemente policías o miembros de las fuerzas de seguridad delincuentes que estaban acostumbrados a las acciones coordinadas.

A pesar de sus esfuerzos por permanecer calmo, la angustia a la que se veía sometido, encerrado y amordazado, se apoderó de él. No era un hombre religioso, pero en esos momentos recordó una antigua oración hebrea de su infancia: “Adom olam Asher Molach... El Señor está conmigo. No debo temer...”.

No había recitado esos versos en años, aun así, ahora estaba rezando.

Luego de veinte interminables minutos, el vehículo se detuvo y los secuestradores descargaron el cajón. Fue llevado a la casa en los suburbios que la pareja y sus amigos prepararon.

Sintió arrastrar la caja en la que estaba por una pequeña escalera, sacudiéndose con cada escalón, y luego escuchó el ruido de una puerta cerrándose detrás.

Se aflojaron las ligaduras del cajón y vio levantarse la tapa. El aire, aunque húmedo y pesado, llenó sus pulmones. Varias manos lo tomaron y lo levantaron, desataron sus tobillos y, sin pronunciar una palabra, todavía con la venda sobre sus ojos, lo bajaron por una escalera hasta un sótano.

Alguien presionó su cabeza para que se agachara. Quiso en un momento enderezarse, pero golpeó con su cabeza el techo.

—¡Agache la cabeza! ¡Deténgase!

El sujeto le desató las muñecas, sacó la mordaza de su boca y removió la venda que cubría sus ojos.

—¡Al piso!

Obedeció. A tientas, sus ojos tardaron en acostumbrarse a la escasa luz, justo a tiempo para ver a su captor cerrando una puerta de madera.

Se encontró encogido en un hoyo de tierra. El pozo, aparentemente hecho a golpes de pala, era de metro y medio por metro y medio. Tenía una altura igual. No podía pararse erguido ni estirar sus piernas cuando estaba en el piso.

Planchas de madera servían como techo. Una tabla rudimentaria a un costado servía aparentemente como cama. Un taburete con tapa y una bolsa de plástico dentro cumplía las funciones de retrete.

En el medio del improvisado techo colgaba una lámpara de no más de veinticinco vatios, que arrojaba una luz mortecina a una puerta de madera con una pequeña ventana por donde había entrado.

El calor y la humedad del exterior estaban multiplicados a un nivel insoportable, y comenzó a transpirar profusamente.

La puerta se abrió y le arrojaron una camisa sin mangas y pantalones cortos.

—¡Cámbiese!

Mientras mudaba la ropa, intentó iniciar una conversación.

—¿Quiénes son ustedes?

Todos sus intentos de diálogo se encontraron con un silencio indiferente.

Mirando a través de la pequeña ventana, José pudo ver al guardián portando un arma automática y cubriendo su rostro con un pasamontañas con huecos en los ojos y en la boca.

En la pared detrás del guardia, había un tablero con tres lámparas con los colores de un semáforo: rojo, amarillo y verde. Solo la lámpara amarilla estaba encendida.

Cerca de una hora después, la lámpara amarilla cambió por la verde. Entonces escuchó un sonido encima suyo, de muebles que eran movidos de lugar.

El guardia se levantó y abrió una puerta trampa en el techo de su cubil. Entró luz desde arriba mientras el custodio subía la escalera y otro individuo con pasamontañas descendía para ocupar su puesto. La puerta trampa se cerró detrás.

El nuevo le habló a José a través de la ventana con la autoridad de quien estaba a cargo.

—Siderman, somos Montoneros. Fue secuestrado para nuestra causa.

José lo miró con desesperación.

—Pero… ¿por qué a mí?

—Sabemos todo sobre vos. Si tu familia cumple con nuestras exigencias, te protegeremos y serás liberado. Pero pongamos algunas cosas en claro: vamos a requerir el pago de un rescate y, si todo sale bien, se reunirán pronto de nuevo.

Entonces señaló las tres lámparas.

—¿Ves eso? Cuando la lámpara verde está encendida, significa que todo está seguro. La amarilla significa precaución. Si empieza a titilar, significa que hay fuerzas de seguridad en los alrededores y estaremos en máxima alerta. Si la lámpara roja se enciende, en cinco segundos serás fusilado.

Hizo una pausa para permitir que José digiriera lo que acababa de decir y luego continuó con el mismo tono:

—¿Tenés algún problema de salud? ¿Tomás algún remedio? Tenemos acceso las veinticuatro horas a un médico. En caso de que precises alguna ayuda médica, decíselo al guardia acá fuera. ¿Alguna restricción con relación a las comidas?

José contestó con negativas y le rogó al guardia que le permitiera hablar con su familia, pero el hombre enmascarado dijo que ello no era posible. Le continuó rogando mientras el hombre subía la escalera y cerraba la puerta trampa sobre él.

Otro guardián con pasamontañas bajó con un arma automática en su mano y ocupó su lugar, mirándolo a través de la ventana. La única luz en el sitio provenía de la brasa del cigarrillo que fumaba y de la lámpara verde encendida tras de él.

Permaneció todo el día recostado sobre la madera que servía como lecho en el opresivo calor del verano, sin posibilidad de extender sus piernas. Perdió toda noción del tiempo, aunque presumía que era de mañana porque le trajeron una taza de té con pan.

El tiempo pasaba. Días. Lo alimentaban con pastas, guisos o arroz. Nadie vaciaba el retrete. Ninguno de sus guardianes le habló. Se cambiaban por turnos, hombres jóvenes vistiendo pantalones cortos y alpargatas, y ocasionalmente una guardiana mujer.

Porque todos llevaban pasamontañas con agujeros para los ojos y la boca, solo podía suponer sus edades basado en la apariencia de sus manos. Pensó que serían veinteañeros. La situación comenzó a debilitarlo. El calor y la humedad eran insoportables.

Estaba preocupado por su mujer y sus hijos, así como por la situación en la que estaba, que parecía prolongarse indefinidamente. Lea nunca se había visto envuelta en los negocios familiares, como así tampoco su hija Alicia. Eso lo dejaba a Carlos como el único miembro de la familia que tenía algún conocimiento. Sabía que podía confiar en su hijo para los negocios, pero nadie tenía experiencia para negociar un rescate.

Nada cambiaba. No sabía si era de noche o de día. El tiempo careció de sentido y se transformó en una luz mortecina en un hoyo que parecía un horno de barro. Le daban un balde con agua fría y una toalla para que limpiara la tierra que se le pegaba al cuerpo con la transpiración. Trataba de pasar la mayor cantidad de tiempo acostado, con los ojos cerrados, buscando escaparse por el sueño.

Pero indefectiblemente, cuando despertaba, era vuelto a la realidad y se descubría sudando, apoyado en el piso de tierra de su cueva subterránea. Intentaba permanecer calmo, pero eso no era fácil. El estrés mental, combinado con la humedad, la alta temperatura y la incertidumbre, estaba comenzando a destruirlo.

Un tormento psicológico mayor se sumaba a sus preocupaciones: las tres lámparas. La amarilla y la verde eran más luminosas que la pequeña bombilla que colgaba del techo de su celda. Las luces eran un recordatorio permanente de la fragilidad de su destino.

Se daba vuelta hacia la pared de tierra y su cuerpo entonces se rendía. Entraba en trance, en una combinación entre el desmayo y el sueño profundo. Tenía permanentes pesadillas de estar sentado en una silla, con los pies y manos atados, su boca llena de algodón y viendo las luces cambiar una vez y otra vez, rodeado de gente que estaba siendo entretenida por alguien jugando con el control de las luces, haciendo reír al grupo.

Entonces se encendía la luz roja y todos le dispararían sus pistolas, arrancándolo de la pesadilla infernal con un grito ahogado. Se despertaba empapado en sudor y gritando. Ahí se daba cuenta de que aún estaba vivo y de que la gente riéndose no existía. Pero entonces miraba las tres bombillas de luz de colores.

José era físicamente fuerte, pero las condiciones en las que estaba eran inhumanas. Involuntariamente, sin distinguir si era de día o de noche, sus ojos se cerraban. ¿Era esa una señal que enviaba su cuerpo para ayudarlo a manejar el tormento físico y mental?

Algunas veces era una ayuda. Tuvo un sueño donde caminaba con Lea tomados de la mano por el jardín de la casa de verano. Veía la sonrisa en el rostro de su mujer y la ayudaba a cortar las rosas de un inmenso rosal del que él alcanzaba las ramas para que ella pudiera cortar las flores.

Un fuerte sonido lo despertó sobresaltado. El ruido vino de la puerta trampa que se cerró de golpe tras un cambio de la guardia. Se apresuró a volver a cerrar sus ojos y retomar el sueño con Lea, pero su mujer desapareció y la luz todavía estaba allí.

Luego de un par de minutos se despertaba. La luz verde sería lo primero que vería enfrentándolo con la realidad de no estar viviendo una pesadilla, sino realidad.

Cada vez que abría los ojos en el hoyo y veía la luz verde encendida por la ventanita de la puerta, recordaba lo que dijo el que habló: en un instante podría cambiar a roja y, en ese momento, su vida estaría concluida. Pensó que no tenía control alguno sobre lo que vivía y esa idea lo angustiaba.

Un guardia podría confundir el color que veía, o un corte de energía podría apagarlas. Además del calor insoportable y el confinamiento donde su cuerpo no encajaba, su vida dependía del color verde.

JJD

El acto del último lunes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), en el que participaron familiares de víctimas de las guerrillas setentistas, reinstaló un debate que para el Poder Judicial está saldado hace más de 15 años.

¿Qué delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles? ¿Qué implica la llamada “memoria completa”? ¿Hasta dónde pueden recurrir a mecanismos legales para sus reclamos? ¿Cuáles son las reales intenciones de quienes promueven este debate?

elDiarioAR consultó al jurista Andrés Gil Domínguez y a la abogada Sol Hourcade, coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ambos con distinta experiencias en litigio y en materia de derechos humanos, para intentar responder algunas de las dudas en torno al debate.

La imprescriptibilidad de los delitos contra derechos humanos cometidos por los Estados o miembros del Estado recorrió un largo camino. El concepto y los tratados que establecen la figura penal nacen del derecho internacional. A nivel local, la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por la última dictadura cívico-militar (1976-1983) fue impulsada por los organismos de derechos humanos, que nucleaban a víctimas, familiares y militantes.

La Justicia da el segundo paso en la Argentina cuando dicta los primeros fallos a partir de 2001. El primero fue el “fallo Poblete”, dictado por el juez Gabriel Cavallo, a partir del cual se declara por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas en 1986 y 1987, respectivamente, y comienza una seguidilla de fallos desde primera instancia hasta la Corte Suprema de Justicia en éste y otros casos que sientan los precedentes para la intervención de los otros poderes: Legislativo y Ejecutivo.

“No hay margen jurídico para modificar el escenario actual porque la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad está consolidada en el derecho internacional de los derechos humanos. Para el derecho internacional los delitos de lesa son extraterritoriales (que se pueden juzgar en cualquier lugar del mundo más allá del lugar donde se cometieron) y no pueden ser indultados, amnistiados ni conmutada la pena”, explicó Gil Domínguez. Los derechos de lesa humanidad son crímenes cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles. 

“Respecto de los delitos ordinarios se aplican las garantías previstas por la Constitución Nacional”, agregó el penalista, en referencia a los presuntos delitos cometidos por las guerrillas o sus integrantes. Aquí entonces, entra a jugar la prescriptibilidad. “Para cambiar este escenario debe modificarse la Constitución”, afirmó Gil Domínguez.

La Justicia también sentó precedentes sobre los delitos de la década de 1970 prescriptos por el paso del tiempo. “En Argentina, existe el caso del vasco Josu Lariz Iriondo. España solicitó su extradición por delitos cometidos por la ETA en los años 70 y la Corte Suprema determinó que, para esa época, esos delitos no eran considerados de lesa humanidad. Por esa razón, rechazó la extradición: los hechos por los cuales España acusaba a Lariz Iriondo estaban prescriptos”, recordó Gil Domínguez.

Delitos de la guerrilla

“Creo que hay margen para abrir procesos judiciales de reconocimiento histórico con el objeto de esclarecer hechos ocurridos en los 70 generados por la violencia de los grupos guerrilleros. En estos procesos no se persigue penar a alguien, sino establecer la no violencia como pacto fundante de la democracia argentina a partir de 1983. Las víctimas de las guerrillas no han tenido el lugar en la historia que se merecen, pero eso no justifica el horror del terrorismo de Estado ni se lo puede equiparar. No puede permitirse un manejo perverso de un tema sensible”, agregó el penalista en relación al acto de Villarruel en la legislatura porteña.

“En cuanto a la reparación económica, la Corte Suprema ya dijo que las acciones civiles respecto de los daños producidos por el terrorismo de Estado son prescriptibles, por lo que menos podrían los familiares y víctimas de las guerrillas reclamar al Estado una reparación económica”, afirmó el jurista.

“Los familiares de esas víctimas podrían haber iniciado acciones al momento de los hechos. No tenía ningún impedimento para hacerlo. De hecho en los 70 tenían todo un aparato de poder que tomó el Estado y que estaba de su lado. Y por el otro lado, hay muchas víctimas que eran integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y en esas fuerzas existen normas que contemplan las reparaciones económicas por una baja, por fallecimiento o heridas, por ejemplo. Entonces, hay una gran porción de esas víctimas que reivindican Villarruel y otros que eran parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que tienen sus propios mecanismos de compensación a los deudos por esos hechos”, explicó Hourcade.

El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) que dirige Villarruel dijo hasta 2018 que ERP, Montoneros y otras organizaciones causaron 1.094 muertos. En otras oportunidades, mencionaron cifras más altas.

No hay margen jurídico para modificar el escenario actual porque la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad está consolidada en el derecho internacional de los derechos humanos.

Andrés Gil Domínguez — Jurista.

El informe “El terrorismo en Argentina” elaborado por la propia dictadura en 1980, luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que las guerrillas habían matado a 687 personas. El mismo texto, sacado a la luz cuando ERP y Montoneros estaban totalmente desarticulados, indicó que hubo acusaciones legales y penas de cárcel para unos 500 guerrilleros, la mayoría, previas a la dictadura, según citó en X el periodista Uki Goñi.

Los acusados puestos “a disposición del Poder Ejecutivo”, otra figura legal durante el terrorismo de Estado, fueron 8.625, recordó Goñi.

Lesa humanidad

Luego de años de militancia de los organismos de derechos humanos y del fallo judicial en el caso Poblete en primera instancia, en 2003 se da el tercer paso hacia la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado: el Congreso anula las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sentando la base legislativa para la reapertura de las causas cerradas o nunca iniciadas por las leyes de 1986 y 1987. “El mismo día que se sanciona esta ley también se otorgó jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad”, agregó Hourcade. 

La Corte Suprema tiene numerosos fallos que formatearon lo que sabemos hoy sobre lesa humanidad. “En 2004, la Corte dicta su primer fallo, conocido como ‘Arancibia Clavel’, por un integrante del aparato de inteligencia de Chile que perseguía a opositores políticos al régimen de Pinochet exiliados en Argentina. En el marco de esta causa se discutió si el delito que se le imputaba había prescripto o no. La Corte declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En paralelo, se venía dando la lucha de los organismos de derechos humanos por declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, afirmó la abogada.

En 2005, y en base a los antecedentes del derecho penal internacional, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esas leyes de los 80 a través de la sentencia contra Julio Héctor Simón o "fallo Poblete" -el mismo que inauguró en 2001 la nueva doctrina- y posibilitó el avance y reapertura de expedientes que terminaron con condenas

En ese fallo, la Corte sostuvo que la reapertura de los juicios contra los militares no vulneraba el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal -es decir, que las leyes penales no son aplicables a delitos cometidos antes de su sanción en el Congreso- porque a la fecha de los hechos se encontraba en vigor una obligación internacional de perseguir esos graves delitos“. 

“La calificación de delito de lesa humanidad existe desde la segunda posguerra y para 1968 se hizo una convención internacional que califica a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como imprescriptibles, es decir, que no importa en qué momento se cometieran, pueden ser investigados y penalizados”, afirmó Hourcade.

En 2007, la Corte declaró la invalidez de los indultos otorgados en los 90 a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.

Un año después, los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Cattani consideraron imprescriptibles los homicidios y otros delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) durante el gobierno de Isabel Perón, ya que entendieron que eran delitos de lesa humanidad cometidos desde el aparato del Estado.

Más recientemente, en 2017, la Corte dio vuelta sobre sus pasos y anuló su propio fallo conocido como Muiña o 2x1. El tribunal había beneficiado a un condenado por delitos de lesa humanidad con la conmutación de su pena, en contra de los antecedentes locales e internacionales. Tras la movilización social y una ley en el Congreso, el fallo no se aplicó.

Nota: este artículo se modificó el 10 de septiembre de 2023 a las 09:49 para corregir la fecha del fallo de la Corte por el caso Arancibia Clavel, que corresponde a 2004.

ED/DTC

El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) suscribieron este viernes en La Habana, Cuba, un acuerdo de cese del fuego temporal por 180 días renovables, en el fin del tercer ciclo de negociaciones de paz que iniciaron en noviembre pasado.

El acuerdo fue suscripto este mediodía en la capital cubana en una ceremonia encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel; su par de Colombia Gustavo Petro y el líder del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García.

Los términos del acuerdo fueron leídos por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, y en el acto intervinieron también el líder guerrillero Pablo Beltrán y Petro, entre otras autoridades.

Según los términos del acuerdo, entre mañana y el 10 de julio se cumplirán distintas medidas de “alistamiento” y de “activación de canales de comunicación” entre las partes, y a partir de esa fecha comenzará a regir un plazo de seis meses de cese del fuego.

Finalmente, entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre se celebrará en Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones. Estarán enfocadas, entre otros temas, al “balance del cumplimiento de los acuerdos suscriptos”, explicó el canciller Rodríguez.

Al momento de su discurso, Pablo Beltrán, comandante del ELN, pidió que exista una participación del pueblo colombiano para resolver los problemas que generaron el conflicto.

El acuerdo firmado entre el Estado colombiano y el ELN implica el tratamiento en bloque de los tres primeros puntos del Acuerdo de México, el cual busca la participación de la sociedad en la construcción de la paz, promover la democracia y realizar transformaciones profundas que la garanticen.

“Este primer cese el fuego bilateral busca que Colombia cambie”, aseguró Beltrán. El alto el fuego, el cual se irá implementando progresivamente pero se oficializará el 3 de agosto por 180 días, “busca un propósito humanitario: rebajar el conflicto para que en Colombia haya un mejor clima para la participación de la sociedad”, agregó el líder guerrillero.

De todos modos, Beltrán advirtió: “Cuenten con el ELN para resolver causas, no consecuencias”, al insistir en incluir a la sociedad para que así pueda haber “análisis profundos de las causas del conflicto”.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reiniciaron este martes los negociaciones de paz en La Habana, con el objetivo principal de acordar un cese al fuego en las próximas semanas.

La mesa del tercer ciclo de diálogos de paz, esta vez en Cuba luego de las rondas en Venezuela de noviembre y en México de marzo, tuvo lugar tras a semanas de desencuentros por la violencia y a dudas en cuanto a las expectativas de avances en esta nueva fase de las negociaciones.

El cese al fuego es el punto clave de la agenda, debido a las vidas en juego y la capacidad de la cuestión para desatascar otros asuntos de los diálogos. Aunque las dos partes aseguran que aspiran a acordarlo en La Habana, persisten las diferencias en el lenguaje al respecto.

El negociador jefe del ELN, Israel Ramírez, alias “Pablo Beltrán”, aseguró que su equipo tiene “plena disposición y voluntad para llegar al cese al fuego”. En la víspera, junto a medios internacionales y colombianos, explicó que su objetivo era un cese al fuego diseñado con “realismo”, para “que funcione al ciento por ciento, cero errores”: que no sea “elemental”, pero tampoco “pesado y complejo” y por tanto “difícil de cumplir”.

En esa línea, señaló que sería un cese al fuego “preliminar”, porque no se trata de un cese “de fin de conflicto”, y debe ser “totalmente lograble, medible y evaluable”. “Un buen cese va a demostrar una capacidad de la mesa para hacer acuerdos con realismo. Eso es lo que va a gobernar esta idea del cese que vamos a trabajar aquí”, planteó Beltrán.

Por su parte, Otty Patiño, el jefe negociador del Gobierno colombiano, abogó por un cese al fuego “temporal con vocación de darle prolongación y profundidad”, un acuerdo “irreversible”, que permita en octubre unas “elecciones en paz”.

Patiño recalcó que “sin cese al fuego es imposible avanzar las transformaciones y las acciones humanitarias”, también en negociación en estos diálogos de paz y que “sin cese al fuego y sin cese de hostilidades no es posible una transformación y una participación democrática”, para que tenga voz una “inmensa” parte de la población colombiana.

Avanzar rápido

Patiño aseguró que Colombia puede estar “confiada de que vamos a llegar a un cese al fuego, que vamos a avanzar sobre el tema de la participación y que vamos a consolidar lo de acciones y dinámicas humanitarias”. Apostó por avanzar “lo más rápido que se pueda”, pero sin empujar “de forma desmedida” al ELN, el cual necesita “hacer consultas” y “llegar unido a la firma final de los acuerdos”.

Por otro lado, Beltrán señaló que su delegación tiene “mucho margen de maniobra” porque llega tras dos reuniones “muy amplias” de “todos los frentes” del ELN donde se gestó un “consenso interno pleno”.

El representante gubernamental también valoró como una “buena noticia” que se haya incorporado a la delegación del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”: “Creemos que Gabino, a pesar de que ya no es el comandante del ELN, es un hombre que es un símbolo de la unidad del ELN y por tanto una garantía de que podemos avanzar mucho más rápidamente con él que sin él”.

Menores

Además, Patiño aseguró que su delegación seguirá exigiendo a la guerrilla desvincular a todos los menores de edad de la guerra, luego de la última controversia. “Ellos han reconocido que tienen menores y desde el concepto internacional todo menor reclutado es reclutado violentamente. Ese punto lo abordaremos o lo seguiremos abordando”, afirmó.

Indicó que en la mesa “se les ha exigido (a los representantes del ELN) no sólo que digan la verdad” respecto a esta cuestión, “sino, sobre todo, que desvinculen a los niños de la guerra”, “no solamente porque es delito, sino porque los niños no deben estar en la guerra”.

Sin embargo, Beltrán negó que en las filas de la guerrilla hubiera menores de 16 años o guerrilleros forzados. Indicó que el reglamento interno del ELN “se ciñe al derecho internacional humanitario”, por lo que los ingresos a sus filas son a partir de los 16 años, y que en el ELN está “prohibido” forzar a alguien a entrar o a permanecer en su seno.

“En el ELN se entra voluntario y se sale voluntario, que es lo contrario al concepto de reclutamiento”, subrayó el negociador jefe del ELN. De todos modos, reconoció que la pobreza empuja en ocasiones a miembros de ciertas comunidades a la guerrilla, por la falta de otras opciones. Por ese motivo, apostó por resolver “las causas por las que esos muchachos les queda sólo como opción irse a la guerrilla”.

Al respecto, Patiño agregó que el Estado colombiano “debe comprometerse” a resarcir a esos niños en sus derechos, para evitar casos de vulnerabilidad y desprotección.

LC con información de agencia EFE

Las letras AGC, acrónimo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la más poderosa organización de narcotraficantes, lucen en su bandera verde y blanca y suelen verse pintadas con aerosol en edificios y calles en gran parte del país y en las rutas más importantes para transportar cocaína hacia EEUU. Por primera vez, hablaron con el periodismo, y lo hicieron con el Washington Post. En una investigación exclusiva publicada en la capital norteamericana el primer lunes de abril, con testimonios de la alta jerarquía de la organización  que muy pocas veces han accedido a hablar con periodistas.

Con una autodenominada misión de ser “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”, la organización fue fundada en el 2007 por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, líder paramilitar quien a diferencia de otros compañeros  desestimó el proceso  de desmovilización abierto por la Ley de Paz y Justicia del  primer gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010)  a cambio de reducción de condenas-  y asumió el control de las rutas de la droga. La organización tomó su nombre de Jorge Eliécer Gaitán, el líder carismático del Partido Liberal cuyo magnicidio en 1948 desencadenó una serie de disturbios conocida como el Bogotazo, que causó la muerte de 2585 personas.

 A pesar de la persecución a los grupos ilegales por parte del gobierno colombiano a fines de la década del 2000, que tuvo como saldo la muerte, la cárcel o la extradición a EEUU, las AGC reforzaron su poder, expandiéndose a la mayoría de las regiones del país y llegando a contar con 9,000 miembros. En mayo de 2022, el grupo convocó a un paro armado de cuatro días en represalia de que su exlíder fuera extraditado a EEUU por cargos de narcotráfico. El ex presidente Duque, en ejercicio de su segundo mandato (2018-2022)  había descripto a Dario Antonio Úsuga, mejor conocido por su alias “Otoniel”, como el “narcotraficante más temido del mundo, asesino de policías, de soldados, de líderes sociales y reclutador de niños”. En una demostración de fuerza, sus camaradas bloquearon carreteras, quemaron autos, paralizaron negocios y prohibieron a los residentes salir de sus casas.

Las ACG en lugar de apoyar al Gobierno a contener a las guerrillas, como los paramilitares, lo confrontó con un deliberado propósito: de convertirse algún día en un partido político nacional. “¿Por qué no?” se pregunta  Jerónimo, líder político de la organización con quien sostuvo la entrevista el Washington Post . Las conversaciones con el Gobierno podrían traer “el reconocimiento, a nivel internacional, de quiénes somos como organización”, agregó. “Nos han hecho ver como unos criminales, personas non gratas para la sociedad”.

Desde el oficialismo, Danilo Rueda, el Alto Comisionado por la Paz declaró  que Colombia no considera que las AGC sean “políticas”, porque su objetivo es “subvertir el orden constitucional”. Describió la influencia del grupo como una especie de “gobernanza” criminal para el control social y la “protección y generación de riqueza”. Una  gobernabilidad que no lo clasifica como una entidad política.

Modus operandi: gobiernan donde el Estado no llega

La presencia de las AGC no siempre a primera vista es evidente. En el norte rural de Colombia, un mosaico de fincas ganaderas y plantaciones de banano, no hay puntos militarizados ni  hombres armados en las carreteras. Sin embargo, los habitantes reconocen siempre la presencia de los integrantes de esta organización, llamada por el gobierno  Club del Golfo que además de su bandera tiene su escudo y estatutos y que muy usualmente en las comunidades rurales desempeña el papel de la Policía y los jueces, resolviendo disputas entre los lugareños.

En un pueblo del norte de Antioquia, una pancarta de las AGC cuelga sobre un camino pavimentado, considerado un lujo raro en esta parte del país que fue pagado en parte por el grupo, junto con las luces de la cancha de fútbol, ​​las camisetas del equipo local y un nuevo embalse que la comunidad espera reforzará su suministro de agua. Las AGC patrocinan fiestas comunitarias para el Día de la Madre, eventos familiares en la escuela y traen juguetes para todos los niños en Navidad. Llegan donde el Estado no ha llegado.

Según las autoridades colombianas y los defensores de DDHH las AGC han ejercido su control a través del desplazamiento forzado, la extorsión, el asesinato de policías y el reclutamiento de menores. Se benefician de la minería ilegal y dominan las redes de distribución de drogas del país mediante el suministro de cocaína a los cárteles mexicanos. El grupo sostiene que solo gana dinero cobrando impuestos a los cárteles que operan en su territorio.

Las  relaciones peligrosas entre AGC y el Gobierno

El abogado Ricardo Giraldo, contratado por la AGC para reunirse con el Alto Comisionado  Rueda, fue cancelado por el presidente Petro cuando acusó al grupo de fomentar la violencia en la huelga minera en el Bajo Cauca antioqueño. Las AGC negaron su participación y publicaron una declaración en video, de menos de dos minutos y con fecha del 26 de marzo donde responsabilizaron al gobierno de la “problemática que pueda causar dicha decisión apresurada” de reanudar los ataques militares.  Con el argumento que deben ser considerados un grupo armado político como cualquier otro en Colombia, los miembros del Clan sostienen que se mantendrán en la búsqueda de paz: “Seguiremos creyendo en la promesa de paz que prometió el entonces candidato Gustavo Petro a todos los colombianos y lo condujo a ser el Presidente de la República, quien hoy nos cierra las puertas de tener la oportunidad de vivir en paz con nuestras familias y con nuestro pueblo”, declara el comandante “Javier”, quien aparece proyectado en el video.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el Gobierno ha sugerido que los miembros de las AGC se entreguen voluntariamente al sistema judicial a través de un proyecto de ley que les haría una “oferta atractiva”, incluyendo sentencias más leves. Sin embargo, el riesgo de prisión y extradición, así como otros elementos, hace que la oferta del gobierno no sea viable para los líderes de las AGC, quienes están exigiendo un sistema de justicia transicional que les permita decir la verdad a las autoridades a cambio de “garantías”.  En contra réplica,  “Si esa verdad no se blinda en un sistema de justicia que te dé garantías, se abrirá la puerta a otro conflicto” sostiene el entrevistado líder gaitanista Jerónimo.

“No habrá  ‘Paz Total’ nunca”  declaró  el jurista Giraldo,  “si es por vía del sometimiento: eso está claro y lo que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) quieren es negociación y diálogo, pero no se van a jugar a esa ley de sujeción, que entre otras, va a ser un gran fracaso”.

La paz es una construcción, no un destino

El episodio pone en cuestión si la Paz Total propuesta por el presidente Petro retrocede o se ha detenido con el riego de postergarse estáticamente; a la vez que evidencia que no es posible obtener resultados rápidos.  En cuestión de días, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaran una agenda base para retomar el diálogo y, luego, el mismo gobierno levantó el cese al fuego que había instaurado para abrir conversaciones con el Clan del Golfo.  

La decisión del presidente  Petro llega cuando está en discusión en el Congreso su proyecto de ley de sometimiento, que busca que grupos sin reconocimiento político como el Clan del Golfo dejen las armas a cambio de penas bajas en la cárcel y de que sus capos se queden con el seis por ciento de sus fortunas, con un tope de 10 mil salarios mínimos, algo más de 11 mil millones de pesos. Sin embargo, abogados de personas vinculadas al grupo no lo consideran un incentivo suficiente si no se garantiza la no extradición.

Sin embargo, más allá de toda declaración de intenciones, la gran pregunta que se abre es cómo seguirá este proceso. El principal riesgo que puede correr es no contar con la participación de la sociedad civil o que esta sea arrastrada por temas más controversiales como la dejación de armas, el sometimiento a la justicia o la participación en política de los excombatientes. Las lecciones del pasado, en especial las de 2016 cuando el ex presidente Juan Manuel Santos convocó a la ciudadanía para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz que fue negociado entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre el 2012 y el 2016, con el objetivo de finalizar el conflicto interno armado que duró más de 50 años, sin que su pedagogía fuera suficiente y sin que la apropiación de su contenido por parte de la ciudadanía  pudiera desmarcarse de la idea de que, esencialmente, se trató de un pacto entre ejércitos.  Como resultado del plebiscito donde votaron 12.783.898 personas  el “no” ganó por un estrecho margen del 0,42% por encima del “sí”. El mayor porcentaje correspondió a la abstención, que fue del 62,57 por ciento.

Los cambios en las realidades desde el momento de ese Referéndum a los días actuales no parece que han llegaron con igual prontitud y en algunas regiones simplemente no han comenzado a llegar, entre ellas el conflicto entre el gobierno del presidente Petro y las AGC. A seis meses de mandato, Petro mantiene una imagen positiva en desmedro de una oposición que se ha disgregado y el apoyo ciudadano de Pacto de cese al fuego es de 62,0 por ciento.  En este marco, la cancelación oficial a la tregua respecto al Clan del Golfo ratifica la complejidad de la medida entre compromisos precisos y exigibles de los grupos armados, pero también pone a prueba la capacidad de que los funcionarios del Estado para tener iniciativas para  interpretaciones creativas y audaces ante los requerimientos de parte de esos mismos grupos.

AGB

El ex guerrillero y primer presidente de izquierda de Colombia,  Gustavo Petro informó, al filo de la medianoche del 31 de diciembre último, un “cese bilateral” del fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares. La medida tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, y será “prorrogable según los avances en las negociaciones”, tal como agregó el mandatario en sus redes sociales.

La relevancia del anuncio que generó esperanzadas expectativas para el 2023 se afinca en la programática idea de Petro desde que asumió la Presidencia de su país el 7 de agosto 2021 para alcanzar la paz de la nación. La Paz Total que comprende las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

En prosecución de este ideario, el 8 de noviembre se sancionó la Ley 2272 que dispone la prórroga a la Ley de Orden Público (Ley 418/97),  y autoriza, entre otras cuestiones, que el Ejecutivo negocie con los grupos armados ilegales del país. 

Son cinco los grupos comprendidos en el mensaje presidencial: ELN, Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los paramilitares de Sierra Nevada. Se trata de un número reducido, según el informe del 1 de enero 2023 del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) existen en Colombia, 24 grupos armados. 

“Mientras con el ELN, considerada una guerrilla beligerante, Petro busca un acuerdo de paz, con las demás organizaciones delincuenciales solo cabe un sometimiento a la Justicia”,  sostiene Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde y autor del libro El mapa criminal en Colombia: la nueva ola de violencia y la paz total. 

El comunicado oficial de fin de año

El punto tres del comunicado, dice que el primer objetivo del cese al fuego será “la suspensión de la afectación humanitaria de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la Nación en general”. Luego, el compromiso incluye “suspender las acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y organizaciones al margen de la ley”. 

De acuerdo a lo expresado en el comunicado presidencial, el cese al fuego entiende dos formas de violencia: una ascendente, entre el Estado y los grupos armados; y otra, descendente, entre grupos armados y los civiles. La violencia horizontal, entre grupos armados, queda por fuera de este acuerdo. En esta última observancia se encuentran las estructuras de guerra que posee el ELN en el departamento de Chocó y el sur del departamento de Bolívar con las AGC y disidencias.  No aparece aclarado si debe considerarse infracción al cese del fuego los eventuales combates entre grupos armados y desplazamientos forzados con su consecuente afectación humanitaria. Una falta de claridad que explicaría, en parte, la actitud del ELN que oficialmente no se pronunció favor del anuncio proclamado por el presidente Petro.

El ELN, una guerrilla binacional histórica y política  

El comunicado del ELN desmintiendo el cese al fuego es posiblemente el golpe (político) más fuerte que ha recibido la actual gestión de Colombia por parte de la guerrilla, que ya antes había manifestado sus reservas para negociar al ritmo impuesto por el gobierno quien hizo el anuncio sin haberlo coordinado con sus contrapartes armadas. 

 El ELN nació en Colombia en 1964 siguiendo el modelo de la Revolución Cubana. En los últimos años, esta guerrilla colombiana, cuyas fuerzas se estiman entre tres mil y más de cinco mil integrantes incluyendo redes de milicianos infiltradas en las principales ciudades del país, se ha vuelto binacional, al consolidar su presencia en Venezuela, donde se ha afincado parte de la comandancia. La guerrilla tiene fuerte influencia en zonas claves de extracción de recursos y áreas fronterizas de los dos países.  

El 21 de noviembre, entre el gobierno de Colombia y el ELN  se había iniciado una mesa de diálogo en la capital venezolana de Caracas,  a fin de reanudar el proceso de negociaciones de paz que en 2018, el ex presidente Juan Manuel Santos interrumpió en La Habana, Cuba. Cuatro años y cuatro meses antes el presidente derechista había llegado a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En Caracas fue la primera vez que el ELN se acercó a una mesa de diálogos en la que la representación del Estado corresponde a un gobierno de izquierda. En las anteriores negociaciones lo hizo con gobiernos pertenecientes a los partidos tradicionales o a coaliciones de derecha. Esos intentos tuvieron como contraparte los gobiernos de Belisario Betancur en 1984; César Gaviria en 1991 y 1992; Ernesto Samper (1998); Andrés Pastrana (1999), y entre 2005 y 2007 se hicieron fases exploratorias en Cuba y Venezuela bajo el gobierno de Álvaro Uribe. 

Si el ELN mantiene su postura, se le presenta una oportunidad de oro para atacar a los demás grupos armados (en caso de que estos acepten la propuesta del gobierno) y mejorar su posición estratégica. A la vez, los otros grupos armados pueden tener muy pocos incentivos para cumplir el cese al fuego si su principal enemigo en varias regiones sigue ejerciendo violencia. 

El 4 de enero, el ministro del Interior y vocero del Gobierno nacional, Alfonso Prada, le salió al paso a las conjeturas explicando cómo se llegó a lo que él mismo consideró un “impasse”.  Según Prada, el ELN, que ya había declarado un cese al fuego unilateral, le había pedido al Gobierno “responder” con un cese bilateral. Y aclaró, “Sin embargo, ante la posición asumida (por el ELN) públicamente el día de ayer (3 de enero), según la cual, se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del Decreto 26 57 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivará el diálogo sobre este particular”. 

Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, entiende que “no hay una actitud ofensiva, ni del ELN hacia la Fuerza Pública, ni de la Fuerza pública hacia el ELN”. Solo que ahora, “la buena disposición de ambas partes” - el mayor problema del ELN no estaría centrado en las FFAA sino en la beligerancia con otros actores violentos, sea disidencias de las FARC o Clan del Golfo- se ratificará en la mesa de acuerdo a celebrarse en México. 

El comunicado del ELN, guerrilla histórica y política del que no ha sido derrotada militarmente, donde comunica que no ha pactado con cese de fuego anunciado por el presidente Petro no representa -por el momento- una posición definitiva respecto al acuerdo de una paz negociada y el establecimiento de condiciones para juzgar a los responsables del conflicto armado bajo unos parámetros de justicia restaurativa -en lo que a ellos respecta-, que pueden incluir también aspectos de justicia retributiva. 

La verificación del cese al fuego luce muy difícil

La mayoría de estos grupos armados están en zonas rurales con muy poca comunicación y controles estrictos sobre lo que las personas pueden o no decir. Esto permite que muchas de las violencias e intimidaciones nunca sean conocidas por la opinión pública. En la Sierra Nevada sobre la Costa del Mar Caribe, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) controlan de forma muy estricta las comunicaciones de las personas en sus dispositivos móviles.

Las violencias más “públicas”, como los atentados, asesinatos o intimidaciones suelen demorarse mucho en llegar hasta las cabeceras municipales. Si el cese al fuego ni siquiera había sido acordado con los grupos armados, no es oficioso suponer que el gobierno no tenía claros -o al menos no los expresó- cuáles son los protocolos implícitos en el anuncio del 31 de diciembre.

Las negociaciones pueden ir al tiempo que avanza el desarrollo local y regional de la infraestructura rural, así como el apoyo a las economías campesinas. El asesor de paz, Luis Eduardo Celis, quien sostiene que la salida al conflicto debe ser negociada y no militar propone que “se trata de construir un estado de derecho en las partes de Colombia en donde rige el control autoritario de los ilegales”. 

La paz es una construcción, no un destino

Los ceses al fuego suelen ser buenos ejemplos del nivel de confianza que los actores en negociación pueden tener frente a sus contrincantes. De igual manera, el cese al fuego puede ser un gran momento para aumentar capitales políticos frente a la opinión pública: es una muestra muy clara de que la violencia puede reducirse.

La contraparte de salir mal el cese al fuego puede generar serias dudas a los grupos armados y minar la confianza de la ciudadanía en el proceso. El incumplimiento de un cese al fuego puede llevar a una de las partes a detener las negociaciones: si la contraparte incumple queda en entredicho quién garantiza que en el futuro se cumplirá con lo pactado. Si alguno de los grupos armados incumple su parte, los civiles pueden no apoyar más la negociación. El plebiscito por la paz ha demostrado que una negociación sin apoyo popular enfrenta múltiples retos a la hora de su implementación.

En 2016, y tras 4 años de diálogos con la cúpula de la guerrilla, el conflicto armado colombiano con la guerrilla de las FARC llegaba a su final. El entonces presidente Santos había prometido que la última palabra la tendrían los colombianos y sometió el pacto con la guerrilla a un referéndum en el que sorpresivamente la opción del “No” se impuso por la mínima diferencia de menos de un punto porcentual. Aun así, Santos aprobó los acuerdos por la vía del decreto presidencial y se firmaron el 24 de noviembre del mismo 2016. 

Respecto a la Paz Total, parece haberse instalado una falta de confianza. El ELN ha entendido que el gobierno estaba tomando decisiones sin acordarlas con ellos. Si el cese al fuego llega a ser multilateral, los grupos armados pueden tener grandes incentivos para romperlo entre sí. Más aun teniendo en cuenta que algunos de ellos están en guerra en algunas regiones (como las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo y las  ACSN en la Sierra Nevada). Si el ELN se retira de la mesa de diálogo, la población civil bien puede asumir que el gobierno todavía tiene pocos elementos concretos para lograr la Paz Total. En consecuencia, podrían incrementarse las críticas a este proyecto e, incluso, favorecer la elección de candidatos que capitalicen esa situación.

De lograr un cese al fuego con cuatro organizaciones armadas sería, en sí mismo, un importante logro. El “sometimiento” de cuatro bandas criminales en Colombia significa “Básicamente el criminal entrega verdad (información), bienes o dinero, y el Estado le concede una reducción de la pena”, precisa el politólogo Ariel Ávila, quien recuerda que esta figura existe en el Código Penal y se aplica ya en Colombia bajo el nombre de “principio de oportunidad”. Es más, narcotraficantes colombianos se acogen a esta ley también en EEUU. Respecto al ELN,  la negociación se ofrece mucho más compleja que con grupos que no tienen pretensiones políticas, como las bandas criminales que deben someterse a la Justicia intercambiando garantías por penas para retirarse del conflicto.

Sin embargo, las narrativas victoriosas por sí mismas no son eficaces; por el contrario una mayor prudencia y acciones coordinadas pueden tener menor efecto triunfalista pero mayor efectividad política. El ejemplo del Acuerdo de Paz con las FARC-EP  que pusieron fin a 50 años de conflicto armado directo entre la ex guerrilla de las FARC y los diferentes gobiernos de turno, que causó más de 262.000 muertos y cerca de 6 millones de desplazados internos resulta ilustrativo: toda narrativa del fin del conflicto que hasta hoy sigue siendo capitalizada por sus detractores.

La Paz Total aun cuando no se han constatado sus resultados significa un gran paso hacia el fin de las violencias armadas en Colombia, cuya historia se remonta a la llamada  Violencia, con mayúscula, que dominó la historia de Colombia entre 1946 y 1958 (y se prolongó hasta hoy en sucesivos derramamientos de sangre) y que fue una suma de muchas y variadas violencias con minúscula: políticas, sociales, económicas y religiosas. En lo más inmediato, el tradicional y atávico enfrentamiento ideológico y sentimental entre conservadores y liberales, entre godos y cachiporros, entre azules y rojos: dos banderías que en el país nunca fueron materia de libre elección personal, sino que se transmitían hereditariamente con el fanatismo de los dogmas religiosos: los viejos y queridos odios.

AGB

Este lunes el gobierno colombiano de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN retomaron los diálogos de paz en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, después de cuatro años y cuatro meses de su última reunión en la capital cubana de La Habana.

El restablecimiento de las conversaciones con la izquierda como la contraparte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) presenta un prometedor inicio para el logro de  la ambiciosa política de “paz total” para todos los territorios afectados por el conflicto interno, impulsada por el Ejecutivo de izquierda que aspira a culminar las negociaciones que se cancelaron en 2019 por desavenencias entre el gobierno del expresidente Iván Duque y la guerrilla. Duque había acusado al ELN de negarse a “cesar las hostilidades” y matar en un atentado a más de veinte policías.

La delegación del gobierno colombiano está presidida por Otty Patiño, ex guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19) cuenta con la presencia de José Félix Lafourie,  presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) declarado enemigo de la guerrilla. La del ELN por Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda) número dos de la guerrilla guevarista, quien encabezó los Diálogos de Paz en 2017, iniciados en la ecuatoriana Quito y continuados en la capital cubana de La Habana.

Ambas partes se reunieron en el hotel Humboldt, ubicado en la cima del Cerro Ávila, en las afueras de Bogotá, estrecharon sus  manos y  en una declaración conjunta, acordaron “reanudar con plena voluntad política y ética el proceso de diálogo político”, entendido como un reclamo “de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión”. “No podemos vernos como enemigos, la labor que tenemos es de reconciliación (...) Esperamos no fallar en estas expectativas de cambio”, declaró Beltrán.

La elección del presidente colombiano para encabezar las negociaciones fue deliberada. Patiño es un antiguo compañero de Petro en el  Movimiento 19 de Abril (M-19) y participó en la Asamblea Constituyente de 1991 de  Carta Magna vigente en el país que establece el acuerdo de paz entre el Estado y varias guerrillas:  M-19, Ejército Popular de Liberación (EPL), Quintín Lame, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y otros movimientos. “Estamos comprometidos con las conversaciones con una organización que también quiere la paz (...) Vamos a llegar a puerto seguro... a una paz real”, sostuvo Patiño desde el Hotel Humboldt.

La importancia de Venezuela como país garante

Entre los países garantes,  Venezuela, Cuba y Noruega, es el anfitrión Venezuela el que desempeña un papel fundamental. A diferencia de los otros dos países garantes de las negociaciones, la República Bolivariana comparte una extensa y porosa frontera con Colombia.

 El ELN, cuyas fuerzas se estiman entre tres mil y más de cinco mil integrantes, incluyendo redes de milicianos infiltradas en las principales ciudades del país, actualmente  se comporta como una guerrilla binacional que controla extensos territorios en Venezuela.  

Los puntos claves de la declaración conjunta

El primer gran compromiso que han establecido las dos partes es “reanudar el diálogo de paz con plena voluntad política y ética”. Sin segundas intenciones de sabotear las conversaciones.

En segundo lugar, han prometido construir esta paz a través de una “democracia justa” y con la participación de los sectores históricamente marginados y abandonados por el Estado. Con la  intención programática del gobierno del presidente Petro de que la sociedad colombiana participe activamente en el proceso.

Otro de los objetivos de estas mesas es conseguir una “paz” duradera, que trascienda cambios de Gobierno en el país, y que integre el respeto de los DDHH en todo el territorio.

El apoyo y las expectativas de la comunidad internacional

Numerosos países han seguido con atención el conflicto colombiano y han intentado ser mediadores en la solución del conflicto. Como antiguo y actual garante, Venezuela, aseguró que “no escatimará esfuerzo” en apoyo a diálogo entre Colombia y el ELN. “Se han sentado a negociar un acuerdo de paz, y desde Venezuela les decimos, con todo nuestro pueblo, todo el apoyo del pueblo de Venezuela a las negociaciones de paz”, afirmó el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El representante especial del secretario general de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ponderó como “oportunidad histórica” el acercamiento entre ambas partes de este lunes. “Celebro el reinicio de negociaciones entre Gobierno de Colombia y el ELN en Caracas. Reitero el apoyo del Secretario General, António Guterres, en este proceso y hago un llamado a las partes y a la sociedad colombiana para aprovechar esta oportunidad histórica y profundizar la paz en Colombia”, dijo Massieu a través de redes sociales.

La verdad, la dura verdad

De acuerdo a las cifras informadas por la Comisión de la Verdad órgano encargado de esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado, en el que el ELN ha sido uno de los principales actores junto a otras guerrillas como las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , grupos paramilitares, bandas criminales y las FFAA, la nación colombiana contabilizó 450.664 homicidios.

De estos crímenes, grupos paramilitares fueron responsables de la muerte de 205.028 víctimas, el 45 % del total; los grupos guerrilleros del 27%, un total de 122.813 víctimas. Del porcentaje atribuido a las guerrillas, el 4% (17.725 víctimas), murieron por responsabilidad del ELN. En tanto, los agentes estatales fueron causantes de la muerte de 56.094 personas, un 12 % del total. 

El total de víctimas, entre desplazamientos forzados, reclutamiento forzoso y de menores, secuestros, violaciones y otros crímenes que se han perpetrado a lo largo de las décadas en el país suramericano por parte de los actores antes mencionados, se eleva a más de ocho millones de personas.

AGB con información de diarios, medios y agencias

Cuatro años y cuatro meses después de su última reunión en La Habana, el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se sientan el lunes a negociar. Esta vez, la mesa está en la República Bolivariana de Venezuela, en la capital Caracas. Y esta vez es la izquierda la contraparte del ELN. Sólo faltaba precisar algunos detalles metodológicos sobre cómo procederá el diálogo y completar los nombres de la composición de cada uno de los dos grupos de negociadores que se hárán presentes.

Del lado del gobierno del presidente Gustavo Petro están confirmados los nombres de Otty Patiño, exguerrillero del M-19, que será el jefe del equipo negociador, y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafourie, enconado enemigo de la guerrilla.

Como jefe de la delegación del ELN estará 'Pablo Beltrán' (Israel Ramírez Pineda), el número dos de la guerrilla guevarista. Beltrán ya fue el jefe de la delegación de paz para los diálogos iniciados en 2017 por Santos, que comenzaron en Quito y al año siguiente fueron trasladados a La Habana.

Venezuela desempeña un papel fundamental. A diferencia de Cuba y de Noruega, los dos otros dos países garantes de las negociaciones, la República Bolivariana comparte una extensa y porosa frontera con Venezuela. Esto ha facilitado una fuerte presencia de brigadas del ELN asentadas en estados venezolanos del área limítrofe, donde la guerrilla echó raíces en la última década.

La última reunión entre las partes fue el 1 de agosto de 2018 en La Habana, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ese encuentro fue el sexto ciclo de diálogos y concluyó sin conseguir ningún acuerdo, seis días antes de la llegada al poder del presidente Iván Duque, que puso los diálogos en el congelador.

Por primera vez, la guerrilla del ELN se acerca a un diálogo en el que el Estado colombiano estará representado por un gobierno de izquierda. En las anteriores negociaciones lo hizo con gobiernos de los partidos tradicionales o de coaliciones de derecha.

La izquierda de los dos lados de la mesa

Desde antes de su llegada a la presidencia, Petro había enfatizado que una de las prioridades de su gestión sería la “paz total”. El eje y el centro de este programa es el buen éxito en las conversaciones y los consensos con el ELN.

Por primera vez, el ELN se acerca a una mesa de diálogos en la que el Estado estará representado por un gobierno de izquierda. En las anteriores negociaciones lo hizo con gobiernos pertenecientes a los partidos tradicionales o a coaliciones de derecha.

Esos intentos tuvieron como contraparte los gobiernos de César Gaviria en 1991 y 1992; Ernesto Samper (1998), Andrés Pastrana (1999), y entre 2005 y 2007 se hicieron fases exploratorias en Cuba y Venezuela con el gobierno de Álvaro Uribe.

Esa situación “podría abrir oportunidades, pero también generar tensiones sobre cómo se concibe la solución de los asuntos estructurales y la terminación del conflicto armado”, según un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento independiente. “El ambiente es favorable, pero no está exento de las complejidades que han acompañado los acercamientos con esta guerrilla”, indica la FIP, que recuerda que el ELN no es una organización del todo jerárquica y que las decisiones finales se toman en común con las bases.

Una guerrilla binacional y fortalecida

El ELN nació en Colombia en 1964 siguiendo el modelo de la Revolución Cubana. En los últimos años, esta guerrilla colombiana se ha vuelto binacional, al consolidar su presencia en Venezuela, donde se ha afincado parte de la comandancia. La guerrilla tiene fuerte influencia en zonas claves de extracción de recursos y áreas fronterizas de los dos países.

“Este es un desafío binacional que requiere una respuesta binacional, entendiendo las diferencias en la forma de operar, su organización, su relación con las instituciones y el control territorial en ambos lados de la frontera”, resume el informe de la FIP.

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Las medidas adoptadas por el primer gobierno de izquierda de Colombia durante sus cien primeros días ofrecen una primera versión de cuánto hay de vuelos innovadores y cuánto de pistas de aterrizajes en la gestión del ex guerrillero llegado al Palacio de Ñariño el 7 de agosto. “Es historia lo que estamos escribiendo en este momento. Una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo”, dijo Petro en su primer discurso después de conocer los resultados que lo declararon ganador por el 50,44%  de los votos en el balotaje presidencial del 19 de junio. Las asertivas palabras de Petro que expresan la convicción y a vez la promesa  de “una historia nueva”  a toda otra anterior. El ‘cambio’ anunciado como principio y fundamento de su  programa de gobierno se ha constatado tanto en la conformación de su gabinete, su discurso, los enfoques de las políticas públicas,  como así también en los símbolos -desde la recuperación de la espada del Libertador Simón  Bolívar en el acto de investidura-  y en los interlocutores del  presidente Petro que cuenta con el apoyo cercano o superior al 50% del país que lo eligió según las confiables encuestas de la Invamer y la del Centro Nacional de Consultoría. 

“El gobierno de Petro cambió la élite dominante en Colombia”,  sostiene el analista Héctor Riveros. “Están mandando otros, con una lógica distinta a las de las élites y eso en términos de legitimidad política del sistema es un avance gigantesco”. Su equipo de gobierno refleja más cercanamente la composición étnica, política, regional y etaria del país y el solo recambio en el poder ha legitimado las instituciones y la democracia. 

La narrativa y las acciones del presidente  

El presidente Petro en sus declaraciones diarias refuerza  el mensaje de “cambio” en los temas donde tiene poco margen de maniobra debido a las existentes restricciones presupuestales, institucionales o políticas. Estos obstáculos no le han impedido desde el mismo inicio de su gestión, proponer y llevar a cabo enfoques diferentes en casi todas las políticas públicas.

La política criminal ha dado  un giro de 180 grados respecto al Plan del ex presidente derechista Iván Duque  “El que la hace, la paga”. En  seguridad, progresivamente disminuyeron  los indicadores de incautaciones, homicidios y masacres según los datos proporcionados por el Centro de Datos DELFO de la Universidad de Externado. Y en política social, se han instrumentado ingresos solidarios y bonos para 2 millones de colombianas y colombianos en situación de pobreza y pobreza.

Respecto a las drogas, el gobierno ha presentado un nítido alejamiento de las políticas represivas del consumo. El presidente Petro propuso el 11 de agosto ampliar la legalización del cannabis. “Hablemos: ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa”, dijo el primer mandatario durante un encuentro con alcaldes del suroeste del país, donde abundan las plantaciones ilegales de marihuana. A la vez que se decidió suspender la erradicación de los campos de coca  en las zonas remotas del país y centrarse en interceptar los envíos de cocaína, al mismo  que se incentivó el trabajo en cultivos legales.

“El principal cambio que necesita Colombia es dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo” difundió -con motivo de los 100 días de gobierno por redes sociales-  la vicepresidenta afrocolombiana Francia Márquez, quien pondera el proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad que estará a su cargo, aún sin asignación de presupuesto.

El logro de una megacoalición

El presidente Petro ha logrado una  coalición de gobierno, mayor que la del ex presidente Juan Manuel Santos, que se basó en acuerdos programáticos  para impulsar la Ley de Víctimas.  No faltan quienes observan que su éxito fue a “punta de mermelada”, como decía el mismo Petro cuando era oposición. 

Un intercambio  de cargos en los ministerios y concesiones. O la muestra en acción de una política  pragmática. Que los hechos corroboraron en la aprobación del Congreso, sin muchas concesiones, de reformas difíciles: la Reforma Tributaria - con la que se pretende recaudar el año próximo 20 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) para “la igualdad y la justicia social”. El Acuerdo  Escazú que establece estándares de protección más altos para la defensa de la vida de los ambientalistas  y garantizar su derecho de participación  en asuntos ambientales. La Ley de Paz Total  que autoriza al ejecutivo para  negociar con grupos armados y organizaciones del crimen organizado como la temida banda el Clan del Golfo. 

La Paz Total, legado y prioridad del gobierno

“Este es el gobierno de la vida y de la paz, y así será recordado” resaltó Petro en su discurso de 21 páginas pronunciado el día de asunción, el 7 de agosto.

En estos cien días, reactivó la negociación con el Ejército de Liberación Nacional( ELN), sancionó la Ley 418 para poder negociar no solo con esta guerrilla sino también con las disidencias -incluida la del desertor Iván Márquez- e incluso con organizaciones criminales y narcotraficantes.  El anuncio del cese del fuego de diez grupos, anunciado por Danilo Rueda, Comisionado de Paz, ha logrado una disminución de homicidios, un alivio humanitario en varias regiones e incluso un sentimiento colectivo de paz en sitios como Buenaventura, el primer puerto de Colombia, estigmatizado por la violencia. 

Dialogismo y polifonía

Gustavo Petro -quien durante la campaña gustó mostrarse como una figura decisivamente confrontativa-  en sus primeros 100 días ha ejercido un gobierno más ‘habermasiano’, en el sentido deliberativo, dominado por los debates, las invitaciones al diálogo y los pactos. Dos veces mantuvo conversaciones  con el ex presidente Uribe y llegó a un mega-acuerdo con Fedegan, la federación de ganaderos que muchos petristas consideraban  el brazo empresarial del paramilitarismo.

El gobierno ha puesto sobre la mesa múltiples debates, varios de ellos intocables hasta hace poco. Desde el modelo económico hasta el servicio militar obligatorio y los ascensos militares pasando por el rol de la Banca o el racismo. A la vez, los Diálogos Regionales Vinculantes con la participación y propuestas de miles de colombianos para ser incorporadas en el Plan de Desarrollo.

Desde que asumió la presidencia, Petro ha demostrado que su prioridad son los sectores populares y que quiere gobernar desde ‘abajo’ y de la mano de las comunidades. En la subregión del Catatumbo, donde propuso establecer “la capital de la paz en Colombia” y otros escenarios, invitó a los cocaleros a formular su propuesta para una nueva política de drogas. La política de seguridad se está elaborando a partir de los insumos que le están dando al ministro de Defensa, Iván Velázquez,  las comunidades de los sitios más azotados por los grupos ilegales. 

Algunos de estos diálogos y debates han forzado acuerdos con el status quo, como el “Pacto por la Justicia Tarifaria” que afianzó la reducción del 2,7 por ciento en las tarifas de factura de energía después de que el gobierno  amenazara con intervenir la Comisión de Energía y Gas (CREG).

Un gobierno dialoguista pero también polifónico: si cada ministro difunde en Twitter los cambios de paradigma que propone, otros actores de poder van tomando decisiones efectivas. Los fondos de inversión internacionales, políticamente agnósticos, reaccionan a la menor señal de que Colombia pueda incumplir los pagos de los 171 billones de pesos que les debe el gobierno en TES, los  títulos de deuda pública una de las mayores fuentes de financiación del gobierno emitidos por la Tesorería General de la Nación.

Los sectores populares empoderados

El primer mandatario Petro le propuso a los afiliados  de ACOPI, el gremio de las pymes, una “alianza público-popular” (a diferencia de las alianzas público-privadas de sus antecesores) y anunció que invertirá una parte significativa de los 20 billones que recaudará con su tributaria en capitalizar el Banco Agrario para que invierta en la “economía popular”: los comerciantes informales, los negocios unipersonales y la pequeña agricultura. En contraste con ese compromiso con lo popular, durante estos tres meses su gobierno se ha mostrado crítico ante el sector empresarial. A los banqueros los responsabilizó de la existencia del “gota a gota”. Respecto a la industria minero-energética (principal financiador del Estado),  ¿“qué es más venenoso para la humanidad,  la cocaína, el carbón o el petróleo? interpeló en los altos funcionarios reunidos en la  Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre.

Colombia, verde que te quiero verde  

Durante los primeros 100 días, Gustavo Petro ha logrado transmitir al país (y al mundo, donde ha demostrado su voluntad de liderazgo en este tema) la urgencia de la crisis climática, el debate contemporáneo por excelencia. Su discurso en el marco de la COP27 -donde exhortó  priorizar a la humanidad frente a las multinacionales- se hizo viral. 

En el marco de este propósito programático, se encuentra la mega apuesta por el campo en  el acuerdo de compra de tierras a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), cuyo costo evaluado por  minAgricultura superará  60 billones de pesos. La concreción del acuerdo no será fácil  en  un país que es mayoritariamente urbano y donde cada vez es más difícil encontrar jóvenes que quieran trabajar en el campo. La prioridad del gobierno a la “industrialización” no incluye por ahora  la economía digital, de tecnologías de información y de servicios,

Las relaciones con Venezuela

Después de tres años de silencio diplomático,  por iniciativa del presidente Petro, los gobiernos de los países caribeños Colombia y Venezuela reanudaron sus relaciones bilaterales. El primer gran paso de acercamiento entre Caracas y Bogotá fue la reapertura de la frontera binacional para el transporte de mercancías en septiembre. A principios de noviembre,  el viaje de Petro  a la capitalina Caracas para reunirse con su par venezolano, Nicolás Maduro fue la primera visita oficial de un presidente colombiano en casi una década.  

En el marco de su estrategia de seguridad, Gustavo Petro quien apuesta por el apoyo de Caracas -que en anteriores negociaciones con las FARC tuvo peso decisivo- pidió al presidente Maduro que sea  “garante” de los  diálogos de paz con el  ELN.

En la Cumbre 27 de la Conferencia de las Partes, Petro, Maduro y su par de Surinam, la ex Guayana Holandesa, Chan Santokhi, presentaron una ambiciosa protesta para proteger la Amazonía, la mayor región de bosque tropical del planeta que se encuentra en riesgo por deforestación e incendios en los últimos años y por la cual Colombia se ha comprometido a  entregar 200 millones de dólares anuales durante 20 años para su  conservación.

La ideología no es cárcel de larga duración

Sin ejercer ‘venganza’  contra el uribismo; con el desmonte gradual del subsidio a los combustibles y la reforma tributaria como primera reforma, la política seguida por el presidente Petro se alejó de un populismo de izquierda como vaticinaron algunos. Ha reiterado, también, su oposición a la inclusión de una extensión de su mandato  en la reforma política desmintiendo  los pronósticos de algunos opositores respecto a su continuidad en el poder.

En otro plano de su gestión, los contrapesos institucionales han funcionado. Los partidos tradicionales que integran la megacoalición, se opusieron al indulto a Primera Línea (que beneficiaría a los manifestantes detenidos durante el estallido social de 2021) y la ganancia ocasional del 35 por ciento. La junta del Banco de la República ha subido las tasas en contravía de lo que quería el presidente y la de Ecopetrol mantuvo a Felipe Bayón como presidente de la entidad. 

A pesar de que en cuanto a la corrupción, Transparencia por Colombia en su balance “Cien días de Gustavo Petro ¿en qué van las promesas anticorrupción?” apuntó que  “el discurso anticorrupción que primó en la campaña electoral aún no ha sido correspondido con una visión y una estrategia anticorrupción igualmente visible”, el temor principal que no ha logrado disipar Petro es que su propuesta de cambio de modelo económico vía desincentivos a la industria minero-energética, las responsables de la filiación y prestación obligatoria de Salud (EPS) y los fondos privados de pensiones -en una coyuntura mundial complicada- se lleve por delante la economía. “La economía ha sido una protagonista en diferentes niveles durante los primeros 100 días de Petro”, reflexiona Francisco Miranda, director del diario económico Portafolio. Anota que es “paradójico” que siendo una de las economías que más crece este año en América Latina (al 7%) la percepción de empeoramiento de la situación económica individual y del país es generalizada como lo revelan las entrevistas a jefes de hogar de la encuestadora Pulso Social DANE.

AGB

El presidente de izquierda Gustavo Petro propone establecer la “capital de la paz en Colombia” en la subregión del Catatumbo, una zona históricamente atravesada por los más altos niveles de violencia armada.

En la subregión del Catatumbo, “casa del trueno” en lengua indígena Barí,  cuya extensión es de 10.089 kilómetros cuadrados en su mayoría selváticos,  ubicada en el noreste del departamento del Norte de Santander,  que tiene  40.00 hectáreas de producción de hojas de coca y es la mayor exportadora global de cocaína, el presidente Petro  anunció nuevas medidas para  disminuir “sustancialmente” los cultivos ilegales de coca como así también  que los grupos ilegales abandonen las armas en el lugar. 

“Les propongo salir de ese primer lugar (en hectáreas de coca) del año pasado y construir la capital de la paz de Colombia. Que aquí en el Catatumbo se puedan desarrollar las conversaciones de la sociedad y que en algún lugar se puedan comenzar las conversaciones para dejar las armas y pasar a la era de la paz”, expresó el primer mandatario desde el Catatumbo, escenario de constantes enfrentamientos por el control del narcotráfico por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Frente 33 de las disidencias de las FARC, de un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otros grupos ilegales. Su cercanía con la frontera de Venezuela contribuye a que sea un lugar propicio para que integrantes de grupos ilegales busquen refugio al otro lado de la frontera, aumentando la violencia en la zona. 

El presidente Petro, quien asumió en el cargo el 7 de agosto y tiene previsto en agenda de gestión el recorrido de los 60 municipios más afectados por el conflicto armado,  reiteró en el Catatumbo su intención de que  no se criminalice a los cultivadores de coca y  aseguró  que durante los próximos meses se desarrollará un “diálogo social en la región para hacer un derrotero de políticas de Estado a implementar, sumadas a la apertura de una universidad pública en el municipio de El Tarra”. 

Petro lamentó que “este pueblo ha sufrido indudablemente la exclusión como territorio (...), ha sido víctima de innumerables violencias, en un territorio donde buena parte del abecedario se ha utilizado para bautizar organizaciones ilegales”.

El presidente colombiano propuso al gobierno de EEUU modificar los acuerdos de extradición de narcotraficantes a ese país y , a la vez,  ha manifestado su intención de retomar los Diálogos de Paz con el ELN, suspendidos en  2018 durante el gobierno del conservador Iván Duque y envió una delegación a Cuba para entablar nuevamente las conversaciones con el grupo guerrillero. En muestra de garantía de su apertura al diálogo, el presidente Petro ordenó suspender las órdenes de captura a los negociadores de ese grupo. 

El ministro de Defensa, Iván Velásquez  informó que no se realizarán bombardeos durante operativos militares a campamentos donde la Inteligencia detecte la presencia de menores de edad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en Colombia como parte de una gira por Latinoamérica, ofreció a su país como sede de una eventual retoma de los diálogos de paz. 

Ataque a la caravana presidencial y otros atentados  

El pasado miércoles, un convoy presidencial que viajaba como avanzada para garantizar la seguridad del presidente Petro fue atacado en San Pablo debido al atraque de seis personas con armas de fuego. El jueves resultaron heridos al menos dos soldados por la activación de un campo minado cuando el ejército realizaba un operativo. El sábado, integrantes de la Policía y parte de la avanzada de seguridad de la Presidencia hallaron un artefacto explosivo cerca de una escuela en un municipio del departamento de Antioquia, donde el primer mandatario celebraba un acto público.  La zona es una ruta estratégica para el narcotráfico, ya que conduce hacia la frontera con Panamá donde se encuentran varios grupos armados, como disidencias de las FARC y el paramilitar Clan del Golfo.

AGB con inforamción de agencias

Colombia buscará, por primera vez, a desaparecidos del conflicto armado bajo el agua y, concretamente, en una isla en el Pacífico que pertenece a la ciudad de Buenaventura, informó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UPBD.

“La UPBD iniciará en la Isla La Calavera la búsqueda de personas desaparecidas en el sector del Estero de Buenaventura, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda Pacífico Medio, que busca localizar a 1.136 personas”, informó a última hora de este jueves en Twitter esa entidad creada por el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El anuncio se hace tras la petición de familiares de víctimas de desaparición forzada para que se declaren medidas cautelares en el estero San Antonio de Buenaventura, ciudad que también es el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico.

El pedido de las familias llega ante la posibilidad de que el lugar, una zona que, según versiones locales, era usada como fosa común por grupos armados ilegales, sea dragado.

“Este será el primer proceso de búsqueda de víctimas de desaparición en zonas subacuáticas”, agregó la UPBD.

Dada la complejidad del lugar, una zona pantanosa en el Océano Pacífico, con zonas de manglar y diversos comportamientos de las mareas, “la UBPD acudirá a alianzas estratégicas con expertos nacionales e internacionales, y utilizará equipos de última tecnología”, informó la entidad.

La próxima semana, investigadores empezarán a hacer allí estudios topográficos, según se informó.

Con información de agencias.

IG