La reforma laboral del gobierno de Javier Milei fue presentada como una de las grandes victorias políticas del oficialismo. Tras su aprobación, el Ejecutivo celebró la nueva ley como un cambio histórico destinado —según el discurso oficial— a modernizar el mercado de trabajo y reducir los costos laborales que, según su diagnóstico, frenan la creación de empleo. Pero a pocas semanas de su entrada en vigencia —el Presidente la promulgó el 6 de marzo—, la arquitectura de esa reforma empezó a mostrar una fragilidad inesperada. En los tribunales, ese edificio normativo que salió del Congreso comienza a verse más como un castillo de naipes: cada fallo judicial que lo cuestiona mueve una carta y lo hace tambalear.

El último golpe llegó desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, que resolvió suspender provisoriamente la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la CGT. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si esos artículos son o no compatibles con la Constitución.

En términos prácticos, la decisión judicial pone en pausa buena parte del núcleo de la reforma. El planteo de la central obrera cuestiona la constitucionalidad de varios artículos por entender que afectan principios fundamentales del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos sociales.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios suficientes de que algunos de esos cambios podrían vulnerar garantías constitucionales y generar daños difíciles de reparar si la ley comenzara a aplicarse plenamente. Por ese motivo, dispuso la suspensión preventiva de los artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado también señaló que la implementación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes, lo que justificó la suspensión cautelar mientras se discute el fondo del caso.

La resolución tiene un impacto significativo porque frena casi todos los artículos que están en el centro del debate sobre la reforma. Pero además confirma algo que ya empezaba a observarse: la norma impulsada por el Gobierno se está encontrando con un obstáculo creciente en los tribunales.

En efecto, este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar artículos puntuales de la reforma laboral desde distintos tribunales del país. En Córdoba, por ejemplo, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas al considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral.

En otro caso, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite. La sentencia sostuvo que ese cambio podía reducir significativamente el monto que cobran los trabajadores tras años de litigio.

La discusión judicial recién empieza

Distintas demandas impulsadas por sindicatos, organizaciones laborales y trabajadores individuales anticipan un recorrido largo en los tribunales, donde los diferentes artículos de la reforma serán analizados uno por uno.

La decisión del Juzgado del Trabajo Nº 63 se inscribe en ese proceso. Al tratarse de una acción colectiva presentada por la CGT, el expediente tiene un alcance potencial amplio y podría convertirse en uno de los casos clave para definir el futuro de la reforma.

El Gobierno, por su parte, ya anticipó que apelará la medida. El Ministerio de Capital Humano llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá revisar la suspensión mientras continúa el trámite del expediente principal.

Más allá del desenlace judicial, el episodio deja al descubierto una paradoja política para el oficialismo. La reforma laboral fue concebida como una de las banderas del programa económico libertario, pero su aplicación real empieza a quedar atrapada en una red de litigios.

Ese desgaste judicial coincide, además, con otros episodios que empiezan a erosionar la credibilidad del Gobierno. Entre ellos aparece el caso de corrupción que involucra nada menos que al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que atraviesa semanas de fuertes cuestionamientos y presiones políticas.

A ese frente se suma el desempeño de la inflación, el principal enemigo declarado del plan económico de Milei. Solo en el primer bimestre del año acumuló casi un 6%, y consultoras privadas anticipan que marzo podría sumar otro 3%. Todo esto ocurre en un contexto de paritarias pisadas, consumo debilitado y un escenario en el que los cierres de empresas y los despidos se repiten prácticamente a diario.

En ese clima económico y político, la reforma laboral —presentada como un punto de inflexión para el mercado de trabajo— empieza a enfrentarse con una realidad más compleja que la que expresan los funcionarios nacionales y el Presidente.

JJD

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios logró un freno judicial clave a dos aspectos centrales de la reforma laboral, luego de que el Juzgado Federal N° 2 de San Martín dictara una medida cautelar que suspende por seis meses la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral.

La resolución representa un alivio para el sector mercantil, ya que garantiza la continuidad de los convenios colectivos vigentes y mantiene el esquema de financiamiento sindical, dos puntos que habían sido modificados por la normativa cuestionada. La medida regirá de manera provisoria mientras se analiza la constitucionalidad de los cambios introducidos por la ley.

En concreto, el fallo ordena suspender la aplicación de los artículos que alteraban la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos. Este principio establece que, aun vencidos, los acuerdos laborales continúan vigentes hasta que se firme uno nuevo. La reforma pretendía limitar ese alcance, reduciendo la vigencia de ciertas cláusulas y condicionando la continuidad de otras a futuras negociaciones.

Además, la Justicia dejó sin efecto —de manera temporal— los límites impuestos a los aportes sindicales. El artículo 133 fijaba topes específicos tanto para contribuciones empresarias como para aportes de trabajadores, lo que, según el planteo gremial, podía comprometer seriamente el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

En su resolución, el tribunal consideró necesario preservar la “plena vigencia y exigibilidad” de todas las cláusulas convencionales, tanto normativas como obligacionales. De esta manera, no solo se sostienen las condiciones laborales actuales, sino también los compromisos entre las partes firmantes de los acuerdos colectivos.

El fallo también impone al Estado nacional la obligación de abstenerse de aplicar las modificaciones cuestionadas, al tiempo que establece que las empresas deberán continuar con la retención y el depósito de las contribuciones pactadas. Este punto resulta central para el sostenimiento de la estructura sindical y de los servicios que brindan a los trabajadores.

La postura de FAECYS

Desde FAECYS advirtieron que la aplicación de los artículos suspendidos podía derivar en un escenario de desfinanciamiento, con impacto directo en prestaciones clave como la cobertura de salud, los programas de capacitación y otros beneficios sociales. En particular, se vería afectada la operatoria de la obra social Osecac, que depende en gran medida de esos aportes.

El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, celebró la decisión judicial y la calificó como “un acto de justicia”. En esa línea, sostuvo que la medida protege la dignidad de los trabajadores mercantiles y la autonomía de las organizaciones para negociar sus condiciones laborales.

“El fallo confirma que no se puede avanzar sobre derechos históricos bajo el argumento de la modernización”, planteó el dirigente, quien también advirtió sobre los riesgos de debilitar el financiamiento sindical. Según señaló, sostener estos recursos es clave para garantizar tanto la atención de salud de los afiliados como la capacidad de negociación salarial en todo el país.

Los antecedentes recientes contra la reforma laboral de Milei

La decisión judicial se inscribe en una serie de pronunciamientos recientes que pusieron en cuestión distintos aspectos de la reforma laboral. En las últimas semanas, varios tribunales del país emitieron fallos que limitaron o suspendieron artículos de la normativa, abriendo un escenario de incertidumbre sobre su implementación.

En la provincia de Córdoba, por ejemplo, el juez Ricardo Giletta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55, al considerar que el nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales podía afectar derechos reconocidos por la Constitución. En la misma línea, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata adoptó una resolución similar en un caso de despido.

A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires, el juzgado laboral a cargo de Herman Mendel suspendió el traspaso del fuero laboral a la órbita porteña, otro de los puntos estructurales incluidos en la reforma. Estas decisiones reflejan una creciente judicialización del proceso de cambios impulsado en materia laboral.

En este contexto, el fallo de San Martín adquiere especial relevancia, ya que impacta directamente en uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores registrados del país. La continuidad de los convenios colectivos y del esquema de aportes aparece, así, como un elemento central para sostener las condiciones laborales en el comercio.

La protesta de los trabajadores judiciales contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña sumó este martes un respaldo político y sindical de peso: la adhesión formal de la Confederación General del Trabajo. La central obrera acompañó la movilización convocada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) al Palacio de Tribunales y se pronunció en defensa de la competencia nacional del fuero laboral.

La medida se desarrolló en el marco de un paro total de actividades en todo el fuero del trabajo y la ocupación del edificio ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, decidida en asamblea como acción de “emergencia” frente a lo que el gremio define como un intento de “desmantelamiento”.

“La justicia laboral es una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores. No puede fragmentarse ni debilitarse”, sostuvo la CGT en un comunicado difundido este martes. Además, remarcó que “defender la competencia nacional es defender la protección del trabajo y el equilibrio en las relaciones laborales”.

El respaldo no es menor: la central obrera se involucra de lleno en un conflicto que, hasta ahora, aparecía circunscripto al ámbito judicial. Con esta adhesión, la disputa por el artículo 91 del proyecto de reforma laboral -que habilita la transferencia progresiva de competencias a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de 180 días- adquiere una dimensión política más amplia.

El titular de la UEJN, Julio Piumato, calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y sostuvo que se trata de una medida “totalmente inconstitucional”. Para el dirigente, el traspaso es “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional” y advirtió que apunta a transformar al país en “uno absolutamente unitario”.

Desde el gremio estiman que la transferencia podría poner en riesgo más de 1.700 puestos de trabajo en el fuero laboral, sin garantías claras de continuidad. También sostienen que la reforma vulnera principios establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, en particular en materia de tutela efectiva de derechos laborales.

La CGT, por su parte, anticipó que si la norma es aprobada en el Senado impulsará su judicialización por considerar que afecta derechos consagrados, como los previstos en el artículo 14 bis, y el principio de no regresividad en materia social.

El conflicto escaló el lunes, cuando cientos de trabajadores ocuparon el edificio central del fuero laboral y decretaron un paro de 48 horas. La medida impactó en el funcionamiento habitual de los juzgados y tensó aún más el clima en el microcentro porteño.

Para los judiciales, la Justicia del Trabajo cumple un rol histórico como herramienta para equilibrar la relación entre capital y trabajo. “Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, advirtió Piumato, quien además es secretario de Derechos Humanos de la CGT.

El Gobierno, en tanto, impulsa el traspaso como parte de la reforma laboral en debate, que contempla la progresiva disolución del fuero nacional una vez formalizado el acuerdo de transferencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la CGT ya involucrada y una movilización que mostró capacidad de convocatoria, el conflicto promete seguir escalando. Lo que comenzó como una disputa técnica sobre competencias judiciales se convirtió en un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, que ahora advierte que está en juego no solo la estructura del fuero laboral, sino la protección misma de los derechos de los trabajadores.

CRM

Los trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo continuaron este martes el paro iniciado el lunes contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires y profundizaron el reclamo con la continuidad de la toma del edificio ubicado en Diagonal Norte 760. La medida fue impulsada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y afectó el funcionamiento de juzgados y cámaras laborales.

El sindicato dispuso un cese de actividades durante toda la jornada del lunes 23 de febrero y anunció que retomó el paro este martes a partir de las 11, en el marco de la “gravísima” situación que, según denunció, atravesó el Fuero Nacional del Trabajo.

Defensa del fuero laboral

En un comunicado, la UEJN sostuvo: “Ante la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo, y en el marco de la toma del edificio de Diagonal 760, se dispone un cese de actividades durante la jornada de hoy en toda la Justicia Nacional del Trabajo y se convoca a las y los trabajadores a asistir y respaldar la medida en el edificio tomado” .

La organización sindical también ratificó el rechazo “total” a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y al posible cierre de la Justicia Nacional del Trabajo.

El eje del conflicto fue la defensa del fuero especializado que intervino en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Para los empleados judiciales, el traspaso a la órbita porteña implicó una modificación estructural del sistema y puso en riesgo la estabilidad institucional y laboral del sector.

Impacto sobre el trabajo cotidiano

El paro interrumpió la atención al público y el avance de expedientes en los tribunales laborales nacionales. La continuidad de la medida este martes mantuvo paralizadas las tareas desde las 11 y concentró la actividad gremial en el edificio tomado.

Los judiciales vincularon el conflicto con el contexto legislativo más amplio. Según expresaron, la situación del fuero se intensificó tras la aprobación del Proyecto de Modernización Laboral promovido por el Gobierno.

La protesta se centró en cómo el traspaso y la reforma impactaron en quienes trabajan en el fuero laboral, tanto en términos de condiciones de trabajo como de funcionamiento institucional. El sindicato convocó a sostener la presencia en Diagonal Norte y mantuvo el estado de alerta.

Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales sobre una revisión del traspaso ni sobre refuerzos presupuestarios para el sector. La UEJN ratificó la continuidad del plan de lucha.

JJD

Una investigación judicial en Bariloche reveló la existencia de una presunta organización criminal de origen ruso dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre. La Fiscalía Descentralizada de esa ciudad imputó a 21 personas, entre ellas dos hombres —uno señalado como el líder de la red— y 19 mujeres, todas de nacionalidad rusa. Trece de ellas permanecen detenidas.

El caso gira en torno al arribo a la Argentina de una joven rusa de 22 años, embarazada, quien habría sido captada, trasladada y alojada por esta red. El 21 de marzo pasado, la mujer dio a luz en un hospital de Bariloche y fue allí donde se encendieron las alertas: según denunció el personal médico, la paciente no tenía libertad para hablar ni moverse sin la intervención de las otras mujeres que la acompañaban.

De acuerdo con la fiscalía, el objetivo del líder de la organización era inscribir al recién nacido como su hijo para así adquirir la nacionalidad argentina, evitar la extradición y avanzar en una residencia en Brasil. El hombre, sindicado como fundador de una secta surgida en Rusia en los años '90, fue condenado en su país a 11 años de prisión por abuso sexual y estaba prófugo de la justicia montenegrina desde octubre pasado.

El fiscal general Fernando Arrigo detalló que la maniobra para obtener la nacionalidad argentina se sustentaba en la Ley 23.509, que otorga ese derecho a extranjeros con hijos nacidos en el país, sin necesidad de cumplir con el requisito de residencia mínima.

Durante la audiencia de formalización de la causa, que se extendió por varias horas ante el juez Gustavo Zapata, la fiscalía describió el funcionamiento de esta organización como una estructura coercitiva con fachada espiritual. Bajo la apariencia de un espacio de yoga o autoconocimiento, captaban a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad para someterlas a un régimen de control y explotación.

Según la fiscalía, la joven madre fue traída desde Moscú por una de las imputadas, con los gastos cubiertos por el líder de la red. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que ambas ingresaron al país el mismo día, en el mismo vuelo, y atendidas por el mismo puesto de control migratorio.

En los allanamientos se hallaron pruebas que evidencian un sistema de control sobre las víctimas: alimentos bajo llave, vajilla marcada con nombres, botellones rotulados, y hasta ayunos impuestos como forma de castigo. También se incautaron celulares cuyos registros —fotos, audios, mensajes— aportaron datos sobre el funcionamiento interno del grupo.

Los fiscales imputaron a una de las mujeres por tentativa de falsificación de documento público, al intentar modificar la partida de nacimiento del bebé. Otras dos mujeres fueron acusadas por transporte de estupefacientes, luego de ser detenidas con pastillas de cocaína en su equipaje cuando intentaban volar desde Bariloche a Buenos Aires.

El operativo de detención se desplegó el viernes pasado en los aeropuertos de Bariloche y de la Ciudad de Buenos Aires. El líder fue arrestado cuando intentaba abordar un vuelo a San Pablo con conexión en Buenos Aires. En el momento de su detención intentó autolesionarse con una hoja de afeitar. Fue reducido y trasladado a la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson, Chubut.

Las propiedades vinculadas a la organización, todas alquiladas en Bariloche, presentaban condiciones similares: ventanas tapadas, colchones en salones comunes, ropa erótica, pelucas y hongos que están siendo analizados ante la sospecha de que sean alucinógenos.

El caso sigue en investigación. La fiscalía busca determinar el alcance total de la red y su posible conexión con otras células operativas en la región.

MM con información de fiscales.gob

Este lunes, el presidente Javier Milei firmó el decreto 652 de reglamentación de ganancias que se pagará con los sueldos de agosto, y solo exceptuó del pago del tributo a los obreros petroleros y el personal de la Antártida.

El oficialismo mantuvo dentro del cálculo del impuesto las horas extras, premio, plus, bono por productividad, viáticos, que estaban exentos en la ley vigente hasta septiembre del 2023, cuando se eliminó la cuarta categoría que ahora nuevamente se repuso y pagarán más de 800 mil trabajadores ese gravamen.

Desde el momento mismo de su aprobación, la medida comenzó a conformar un “frente anti-Ganancias” al que fueron sumándose los distintos sectores afectados por la medida, entre los que se destacan bancarios, camioneros y el personal diplomático.

En el cuerpo diplomático estalló la furia por que la reglamentación de ganancias dictada por el Gobierno no exceptuó al personal de Cancillería como sucedía hace décadas y pagarán una alícuota más alta por su trabajo en el extranjero

Los diplomáticos que trabajan en el exterior deberán pagar ganancias por un plus que cobran en dólares lo cual generó malestar en ese personal, ya que el Gobierno no exceptúo en la reglamentación del Impuesto a las Ganancias ese ítem ni los premios, horas extras, aguinaldo, viáticos de ninguna actividad.

De acuerdo a fuentes diplomáticas, el malestar se debe que deberán pagar ganancias por ese plus “por compensación por el costo de vida” implicará una reducción del 23 por ciento de sus sueldos, y provocará dificultades en el pago de viviendas, comida y otros gastos que se tienen cuando se vive en el exterior.

La medida abarca a 400 diplomáticos, entre embajadores, secretarios o agregados, que desde 1973 estaban exceptuados de pagar por ese plus.

Fuentes de la Asociación del Personal del Servicio Exterior no descartan ir a la justicia junto a ATE y UPCN que también tienen afiliados que trabajan en el exterior.

Bancarios y Camioneros, los primeros

Durante la jornada de ayer, el diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, anticipó que hoy presentaría una demanda contra el Gobierno nacional ante la Justicia para frenar la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que se reglamentó el lunes.

“Ya tenemos la denuncia preparada porque es confiscatorio y es una rebaja salarial encubierta. Una vez más, como todas las decisiones de este gobierno, golpea a los trabajadores”, señaló Palazzo en declaraciones radiales. “El impuesto es confiscatorio, se lleva el 16% del salario. Además, representa una rebaja encubierta que afecta duramente a los salarios”, se quejó.

Para el sindicalista, en determinadas categorías, al empleado bancario con el pago de Ganancias “le va a absorber hasta el 16%” de los ingresos. Según advirtió, estos descuentos “superan largamente el 20% que se puede retener de un salario por todo concepto, tanto legales como no legales”.

“Estamos convocando a todos, no solo a los bancarios, a despertar en defensa de los derechos laborales. La situación de los trabajadores está empeorando y es nuestra responsabilidad como representantes alertar sobre las consecuencias de estas medidas”, finalizó Palazzo.

Envuelto en un fuerte conflicto con el Gobierno de la Ciudad por la licitación del sistema de acarreos y grúas, el Sindicato de Camioneros fue uno de los primeros en anunciar un plan de combate contra el nuevo impuesto, tanto en el ámbito judicial como en las calles.

Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, confirmó hoy que Camioneros judicializará el retorno de Ganancias. “Vamos a judicializarlo todos los gremios de transporte. Estábamos esperando que se oficialice”, señaló Moyano en una entrevista con radio El Destape. “Seguramente va a ser acompañada por una marcha a Tribunales cuando sea presentada la demanda”, agregó.

Judiciales, portuarios y médicos también van a la Justicia

Con el correr de la tarde, otras asociaciones gremiales se fueron sumando a la resistencia por la vía judicial.

El gremio de los empleados judiciales interpuso una “acción declarativa” en defensa de los derechos de “incidencia colectiva” y solicitó una medida cautelar de no innovar, planteando la inconstitucionalidad del artículo 81 de la Ley 27.743.

Julio Piumato, secretario general del gremio, afirmó que: “Este impuesto causa un gravamen irreparable a los dependientes del Poder Judicial de la Nación al incluir en la base imponible deducible del impuesto a los suplementos, las compensaciones y bonificaciones”.

Por su parte, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), presentó un amparo ante el Juzgado Federal Nro 1 de San Martín pidiendo la suspensión del Título V de la Ley 27.743, en este caso, ante el fuero Contencioso Administrativo.

“El médico queda gravado por ganancias no por un salario alto sino por el pluriempleo que debe afrontar, trabaja entre dos y cuatro lugares para llegar a fin de mes”, sostuvo el secretario adjunto del gremio, Carlos Wechsler.

A última hora de la tarde, los gremios portuarios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), que lidera Juan Carlos Schmid, anunciaron que presentarán mañana una cautelar.

De acuerdo a la reglamentación, los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a las Ganancias a partir de un piso de 1.800.000 pesos de ingreso bruto mensual para los solteros y desde 2,2 millones para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento.

Las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente, a partir de 2025, en los meses de enero y julio en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC.

DM con información de agencia NA

“Por fin nos escucharon. Por fin dejaron de criminalizar nuestras vidas y piden tener en cuenta las pericias a las que nos sometimos durante seis meses”, dice a elDiarioAR una exalumna de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA). A ella y a otras ocho mujeres, todas mayores de edad, la Justicia las señala como “víctimas de una organización de trata de personas con fines de explotación sexual”. Por ese delito, sumado al de lavado de activos y asociación ilícita, el juez Ariel Lijo imputó a 17 personas que estuvieron a punto de ir a juicio hasta ayer, cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña devolvió el expediente. Considera que no se han tenido en cuenta las pruebas que indican que no existen indicios de captación y esclavitud con fines sexuales.

Carolina -así la llamaremos porque pidió reserva de su identidad- se sometió, al igual que el resto de sus compañeras, a una serie de pericias que arrancaron unos días después de las detenciones en el marco de la causa. Durante seis meses las nueve mujeres a las que según los investigadores las obligaban a ofrecer sexo a cambio de dinero -dinero que terminaba en las arcas de EYBA- se sometieron a entrevistas en Cámara Gesell, pericias psicológicas y psiquiátricas. Las pericias estuvieron a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), los peritos de parte y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Ninguna de ellas se percibió como víctima de trata de personas para explotación sexual, al punto que denunciaron a los fiscales que las consideraron de esa manera. Y ningún informe remitido al juzgado de Lijo da cuenta de signos que tengan que ver con la captación y retención. Se remarca, en cambio, que se trata de mujeres adultas con libre autodeterminación.

La Cámara, la misma que había ordenado las pericias, consideró que los informes no pudieron ser rebatidos por las defensas durante la etapa de instrucción porque no se tuvieron en cuenta en la requisitoria de elevación a juicio. Por lo tanto, pidió que se anule el juicio oral y público previsto, sin fecha confirmada pero con el Tribunal sorteado. El fallo lleva la firma de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, y la disidencia del juez Eduardo Farah que, directamente, postuló el sobreseimiento de los acusados. Así, el expediente vuelve a su lugar de origen, el despacho de Lijo, como si volviera a estar en la etapa de recolección de pruebas para sostener la acusación inicial: asociación ilícita, lavado de activos, trata de personas con fines de explotación sexual.

Carolina, al teléfono con elDiarioAR, celebra que la Cámara haya advertido que el juez que investiga a EYBA y el fiscal que elevó la causa a juicio, “hayan leído las pericias”. Durante este tiempo, más de un año, las mujeres trabajaron en equipo, redactando escritos para presentarlos en la Justicia. Y hablaron a los jueces de la Cámara: “Nosotras estuvimos presente en las audiencias y hablamos, tuvimos nuestro tiempo para exponer ante los tres jueces. Hablamos nosotras mismas, fue nuestra voz”.

Hasta que la Escuela de Yoga de Buenos Aires funcionó con normalidad, Carolina trabajó en una de las inmobiliarias a través de la cual, según la investigación, la organización lavaba plata. No puede estar en contacto con los procesados, así que tuvo que dejar la inmobiliaria y buscarse otro trabajo. Carolina entró en EYBA siendo una adolescente. Allí se hizo amigos, viajó, festejó cumpleaños. Llegó a la jerarquía “Aspirante a 6”, cuatro escalones antes que el máximo nivel, “Formal 7”. 

Según la causa, ella era “una plantita” del Departamento “Botánico”. Los fiscales indican que la explotación sexual era la actividad que mayor dinero generaba para la organización. Abarcaba la Argentina y las ciudades de Nueva York, Chicago, Las Vegas y Londres, donde EYBA tenía filiales. Susana Mendelievich -alias Mendy- y Marcela Arguello, -alias Oscar- estaban a cargo. Entre las pruebas que acreditarían el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, están las fichas. Cada cliente tenía una ficha. Según una de esas fichas, el cliente de Carolina era “Robert”. Y Robert aportó US$427.000 a EYBA. Carolina asegura no tener idea de quién confeccionó esas fichas. Insiste, en cambio, en que nunca ofreció servicios sexuales a cambio de dinero.

Las conclusiones de la evaluación psiquiátrica y psicológica que le realizaron a Carolina dicen: “Percibe, piensa y discrimina con claridad. Adecuada diferenciación fantasía-realidad. No presenta características de sumisión, dependencia emocional, labilidad o manipulación, o la asunción de un rol pasivo en sus relaciones interpersonales. No hay secuelas postraumáticas asociadas a la victimización sexual”. Firmaron en conformidad los cuatro peritos de la defensa y las dos del Ministerio Público Fiscal, aunque se reservaron el derecho de ampliar.

Tampoco se detectaron indicadores compatibles con el delito de trata con fines de explotación sexuales en el resto de los informes que atañen al resto de las ex alumnas. No hay traumas relacionados por el sometimiento o esclavización sexual, o indicadores de trastornos en la esfera psicosexual. Tampoco se evidenciaron características de sumisión, dependencia emocional, labilidad o manipulación, o la asunción de un rol pasivo en las relaciones interpersonales.

VDM/DTC

Luego de 24 horas de huelga en reclamo por el inmediato pago del segundo tramo del aumento salarial convenido por la Corte Suprema, los trabajadores judiciales convocaron a un nuevo paro de 36 horas para el 1 y 2 de junio si para entonces “el Gobierno continúa sin modificar las partidas presupuestarias para producir el aumento”.

“La lucha continúa con grandeza en cada rincón del país. Los judiciales no permitirán que el Gobierno atropelle la independencia del Poder Judicial y procure someterlo a su actitud de no autorizar el cambio de partidas presupuestarias”, expresó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

Desde el gremio aseguraron que el primer día de junio realizarán una movilización nacional si el Gobierno no toma medidas en pos de sus derechos y mejora sus condiciones laborales y salariales. En un contexto de “inflación superior al 100%”, el organismo sindical también exigió políticas para mitigar el aumento del precios que castiga el poder adquisitivo de los trabajadores y que dichas medida se focalicen sobre quienes “viven de la timba financiera y fugan fenomenales divisas al exterior”.

Este martes, dirigentes del gremio realizaron un “banderazo” entre las 10 y 12.30 en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA) en Tribunales, mientras que, en el Interior, la protesta se realizó afuera de cada dependencia.

El secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, apoyó las medidas de fuerza y expresó su descontento y preocupación por la falta de acción del gobierno. “Es inaceptable que una vez más los trabajadores sean afectados por decisiones que no valoran ni reconocen el arduo trabajo y dedicación diaria en beneficio de la sociedad y el correcto funcionamiento del sistema judicial. El Gobierno rechazó la posibilidad de cambiar las partidas y sugirió en cambio utilizar los ahorros acumulados en el 'fondo anticíclico' de la Corte, lo que avasalla la independencia del Poder Judicial”, puntualizó.

ACM con información de Télam

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, realizó este miércoles un paro nacional y decidió por otra huelga de 24 horas para el próximo 24 de mayo, en demanda del cobro del segundo tramo de un aumento salarial.

“La huelga del 24 de mayo será una jornada histórica más para la organización. Si para entonces no hay respuestas favorables al reclamo se profundizará el plan de lucha a partir de junio”, dijeron en un comunicado Piumato y el secretario de prensa de la UEJN, Nahuel Apella.

Los trabajadores judiciales pararon hoy y se movilizaron esta mañana hacia los Tribunales, en demanda del cobro del segundo tramo de la recomposición salarial ya pactada. Piumato informó que comenzó nuevamente “la lucha” con una huelga nacional, que incluyó desde las 10 una movilización en todo el territorio.

Piumato, secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT), sostuvo que el personal judicial porteño y del Gran Buenos Aires se movilizó hacia el Palacio de Tribunales de Lavalle y Talcahuano y, en el interior del país, cumplió el paro con marchas fuera de cada dependencia contra las “demoras que corroen el salario”.

El dirigente sindical sostuvo que “el gremio y los trabajadores no permitirán que venza la inflación. La demora para firmar el segundo tramo de aumento salarial de 2023 corroe los ingresos”. Sostuvo también que “el retraso del Gobierno y su actitud de no autorizar el cambio de partidas para efectivizar el pago del segundo tramo del aumento salarial violenta el acuerdo oportunamente alcanzado entre el gremio y la Corte Suprema”.

“La actitud oficial frente al acuerdo entre el sindicato y el máximo tribunal implica una clara violación de la independencia del Poder Judicial y un desconocimiento de la negociación colectiva realizada entre las partes”, aseguró el dirigente de la UEJN.

Desde esta mañana, los dirigentes del gremio judicial se pronunciaron por “la defensa del poder adquisitivo de los salarios” y enfatizaron que “la dignidad de los ingresos de los trabajadores está gravemente deglutida por una inflación irracional que no es de manera alguna responsabilidad del personal”.

LC con información de agencia Télam

Los trabajadores nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, realizan este miércoles un paro nacional con movilización en demanda del cobro del segundo tramo paritario de la recomposición salarial pactada.

El dirigente informó en un documento que comienza “nuevamente la lucha” con una huelga nacional que incluye desde las 10 una movilización en todo el país.

Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo además que el personal judicial de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (GBA) se movilizará hacia el Palacio de Tribunales de Lavalle y Talcahuano y, en el interior del país, cumplirá el paro con marchas fuera de cada dependencia para evitar “demoras que corroen el salario”.

“El gremio y los trabajadores no permitirán que venza la inflación. La demora para firmar el segundo tramo de recomposición salarial de este año corroe los ingresos”, aseguró.

En tanto, en su cuenta de Twitter, el líder sindical llamó a movilizarse a los trabajadores judiciales de todo el país: “Esta semana aún sin respuestas del 2do tramo retomamos la lucha! Q nadie falte q nadie se haga el o la distraída si el fruto será para todos, la lucha debe ser de todas y todos! Vamos judiciales a defender nuestro salario a paso de vencedores!!!”, escribió Piumato.

Con información de agencias.

IG

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera el sindicalista Julio Piumato, criticó este miércoles al ex administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, en un duro comunicado en el que el gremio sostuvo que el otrora poderoso funcionario del máximo tribunal mintió ante la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. 

Marchi declaró el martes último como testigo ante los legisladores y responsabilizó al juez Juan Carlos Maqueda por supuestos desmanejos en la obra social de los judiciales. Además, dijo que Silvio Robles, mano derecha del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, lo “amenazó” supuestamente por presentar un informe de auditoría sobre la institución prestadora de servicios médicos.

La Junta Interna del sindicato en la Corte aseguró en un comunicado que las declaraciones de Marchi ante la comisión parlamentaria les “dejó un sabor amargo, mezcla de incredulidad e indignación”. “Escuchar a quien fuera durante 16 años Administrador General de la Corte -Cdor. Hector Marchi- regurgitar -con total liviandad- mentira tras mentira, con el único fin de justificar su gestión, solo puede generar nuestro repudio”, sostuvo el gremio.

Marchi manejó la administración general de la Corte hasta el jueves último, cuando los ministros Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz ordenaron desplazarlo en medio de una disputa de poder interno con el propio Marchi y su principal aliado en el tribunal, el juez Ricardo Lorenzetti, quien lo llevó a la Corte Suprema en 2007.

Sobre la gestión de Marchi, quien concentró durante más de 15 años las decisiones administrativas e institucionales, la Junta Interna del sindicato que representa a los trabajadores judiciales en el máximo tribunal sostuvo que se trató de una “gestión que padecimos y resistimos los trabajadores/as del sector y que se caracterizó por su postura de desconocimiento y desprecio de la Junta Interna -legítima representante de los compañeros/as-, el desguace de la mayoría de las dependencias y la parálisis de la carrera judicial”.

“Ante la comisión de Juicio Político, jactanciosamente señaló que ‘el mayor logro de su gestión’ es el ahorro. Ahorro que concretó a costa de efectivizar un brutal ajuste a los trabajadores/as”, aseguró el sindicato. De acuerdo con el gremio varias áreas del poder Judicial “padecieron -en sus manos- un feroz ajuste en las plantas de personal y -por ende- un congelamiento en las promociones del personal que allí se desempeña, por más de una década”.

Se refirieron así a la Obra Social, Cuerpo Médico Forense, Morgue Judicial, Mayordomía, Subdirección de Infraestructura, Archivo, Cuerpo de Peritos Calígrafos, Cuerpo de Peritos Contadores, OVD, DAJUDECO, Dirección General de Mandamientos y Notificaciones, Medicina Preventiva y Laboral, Mesa de Entradas, Cuerpo de Auditores, Dirección General de Bibliotecas, Gestión Interna y Habilitación y Subdirección de Seguridad.

“Producto de esa auto-proclamada buena gestión, el Palacio de Justicia -casa de las Máximas Autoridades del Poder Judicial declarado Monumento Histórico- padece hoy un estado de deterioro sin precedentes. Con total desidia, el ex Administrador determinó por ejemplo no cubrir las vacantes existentes en Infraestructura, ignorando el estado calamitoso del edificio, los baños deplorables, las escaleras clausuradas, oficinas derruidas y múltiples riesgos en materia de seguridad”, afirmó el gremio.

“En suma, hablamos de una administración nefasta, en las antípodas de las reivindicaciones que -desde esta Organización Sindical- luchamos por concretar”. Su salida del cargo cierra “un periodo sombrío”, agregaron. 

ED

La intención del Gobierno de gravar con el impuesto a las Ganancias a los salarios del Poder Judicial y de los integrantes del Ministerio Público Fiscal provocó lo mismo que una patada a un hormiguero. Desde la Corte Suprema hasta las distintas asociaciones profesionales salieron a mostrar que no van aceptar mansamente la imposición de tener que tributar.

Así, los integrantes del máximo tribunal junto a las asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales comenzaron a preparar su rechazo a la iniciativa.

Para los jueces, la intención del oficialismo representa un avasallamientos a sus atribuciones, en una palabra, es inconstitucional.

El primer indicio de que el conflicto escalaba fue la audiencia que los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que reúne a los jueces de la Justicia Federal y Nacional, pidieron a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La presidenta del Senado los recibirá este miércoles.

“A raíz del pedido de audiencia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el próximo miércoles (26 de octubre) al mediodía”, indicaron voceros de la ex presidenta.

Más tarde, el presidente de la Amfjn, Marcelo Gallo Tagle, y parte de la comisión directiva, se reunió con los jueces de la Corte, el titular Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Según informó Télam,  las vocalías de los miembros de la Corte trabajan buscando jurisprudencia sobre el cobro de impuestos retroactivos y lo que consideran un “avance” sobre sus atribuciones.

Se estima que en su contraataque, la Corte y los magistrados vuelvan a insistir con la reforma judicial que encargó el presidente Alberto Fernández a una comisión de juristas y expertos y la media sanción en Diputados a la ampliación del tribunal.

Desde que el Gobierno anunció la iniciativa, las distintas organizaciones y asociaciones judiciales rechazaron la idea de incluir en el Presupuesto 2023 una cláusula que los obligue a pagar el Impuesto a las Ganancias. Solo Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo, apoyó el proyecto: “Nuestra posición ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva y del rechazo a todo privilegio”.

Luego que la Corte Suprema se reuniera de urgencia el pasado viernes para analizar la situación, desde el entorno del máximo tribunal se difundieron los documentos de las entidades descalificando el eventual tributo. Este lunes, se conoció la misiva enviada por Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación, donde reclama una reunión con la Vicepresidenta, con Cecilia Moreau y con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras.

Este lunes, en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, se reunieron representantes de la Asociación con las autoridades de la Comisión de Presupuesto y diputados del oficialismo y de la oposición.

En la comunicación oficial enviada a la vicepresidenta, la AMFJN pidió “tenga a bien recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta institución, con el objeto de ser escuchados respecto del proyecto de ley de Presupuesto que sustituye el artículo 82 incisos 'a' y 'c' de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.

El gremio de los trabajadores judiciales, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato, se sumó al conflicto y anunció un paro para mañana.

En un comunicado señalo: “El banquero Heller (Carlos, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados), impulsor de esta ridícula medida, quien supo tener una AFJP para esquilmar a nuestros queridos/as jubilados/as ahora, pretende que el pueblo trabajador soporte los despilfarros económicos que generaron sus amigos especuladores financieros”.

Los fiscales también se anotaron

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFUN) señaló que “ciertos sectores de la política pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el régimen jubilatorio”.

Los fiscales sentenciaron: “Lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad, como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales”.

El comunicado, firmado por el presidente de la entidad, Carlos Rívolo, destaca que “este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, y sí por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho”.

 Al paro anunciado por la UEJN de Piumato, también se sumó este lunes la Federación Judicial Argentina (FJA), conducida por Matías Fachal,. La entidad, que reúne a 23 sindicatos y a más de 35 mil trabajadores de todo el país, también hará mañana una medida de fuerza

contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores judiciales“ ya que consideraron que ”implicaría una reducción de nuestros ingresos de entre el 30 al 35% aproximadamente“.

Martín Soria defendió el proyecto

En declaraciones radiales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, aseguró: “Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2 millones de pesos, mucho más que un Presidente o una Vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido; es un privilegio que estamos en situación de corregir”.

La pelea tendrá mañana un nuevo capítulo cuando la Cámara de Diputados comience a discutir el proyecto del Presupuesto 2023. Durante el día de hoy, tanto el Frente de Todos como los legisladores de Juntos por el Cambio, intentaron acordar una posición común dentro de sus bloques.

LC con información de agencias

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizará el próximo martes 25 de octubre un paro de 24 horas con movilización a la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Talcahuano al 550 en Buenos Aires, en reclamo por la incorporación de trabajadores judiciales al pago del Impuesto a las Ganancias.

El motivo de la convocatoria es la “incorporación de los trabajadores al régimen de 'ganancias'”, al que describieron como un “avance en diputados del acto confiscatorio del salario de los judiciales”.

Además, apuntaron que otro de los motivos fueron las “gravísimas declaraciones de un diputado oficialista”, en las que el funcionario se manifestó “cuestionando la independencia del Poder Judicial”. “Lo que demuestra su falta de respeto y apego a la Constitución Nacional, hecho inaceptable para un diputado de la Nación”, añadieron.

De esa manera, consideraron que “este nuevo ataque contra la Justicia no sólo constituye un desfalco al castigado salario de los judiciales, sino que opera además como cortina de humo para ocultar otros ajustes que se encuentran en el presupuesto”. A su vez, advirtieron que “si los legisladores ignoran tanto la Constitución Nacional, como la independencia del Poder Judicial y someten a nuestro país a la dependencia de los especuladores y usureros, nuestra Patria no tiene destino”.

“Los trabajadores no generamos la crisis. La padecemos día a día, con la inflación, tarifazos y corridas cambiarias que generan los especuladores. Si quieren justicia social, que la crisis la paguen los que la generaron”, enfatizaron. Por último, declararon que “el salario de los trabajadores no es 'ganancia'” y subrayaron que “lo defendimos y lo defenderemos con toda la fuerza y toda la convicción que defendemos a la justicia y la Patria”.

El comunicado de las organizaciones sindicales judiciales

Los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, también en contra de pagar Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también rechazó hoy el proyecto de ley de Presupuesto 2023, que contempla una vez más que jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, como es el caso de los trabajadores de altos ingresos.

Mediante un comunicado, la entidad que los nuclea manifestó “su rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”. En teoría, la Constitución prevé la “intangibilidad” de los salarios de los magistrados, y su exención del impuesto a las ganancias fue una decisión de la Corte Suprema durante el gobierno de Carlos Menem.

Asimismo, la Asociación convocó a “sesión permanente” al Consejo Directivo ante la iniciativa de la comisión del Congreso Nacional. El organismo que comprende a los funcionarios judiciales de alto rango advirtió sobre “la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento”.

El documento, firmado por el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, y el secretario general, Marcelo Peluzzi, sostiene: “Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el salario no es ganancia ni un privilegio”.

LC con información de agencias

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó este martes con los secretarios generales de los gremios de maestros, estatales, médicos y judiciales bonaerenses agregar 10 puntos a todos los aumentos cerrados hasta el momento para alcanzar en diciembre una suba total del orden del 60%, informaron fuentes oficiales y gremiales.

El acuerdo se alcanzó durante un encuentro en Casa de Gobierno, en La Plata, entre el gobernador Axel Kicillof; los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec; y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

“En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo ha decidido actuar con premura agregando 10 puntos porcentuales a todas las etapas de los acuerdos concertados y adicionar asimismo un nuevo aumento en el mes de diciembre que asegure un piso de aumento salarial en línea con las proyecciones actuales aumentos salariales del 60%”, indicaron fuentes del Gobierno.

Remarcaron que, al mismo tiempo, continua vigente la cláusula de monitoreo, a la que se agrega revisión en el último trimestre del año.

“De esta manera se busca dar una perspectiva para lo que queda del año, creemos que es importante que los trabajadores pueden tener certidumbre en un contexto volátil como el actual”, señalaron y analizaron que así se aporta “certeza, tranquilidad y recuperación del poder adquisitivo a los trabajadores, con las herramientas que disponemos desde el Gobierno provincial, es una muestra del valor que asignamos al Estado y al trabajo de diario de cada trabajador”.

El último acuerdo paritario entre la provincia y los maestros se firmó en febrero pasado y contemplaba un incremento cercano al 42% en una escalada en tres tramos, mientras que el acuerdo con los trabajadores estatales y judiciales se cerró un mes después, con un incremento del 40%.

En aquel entonces, se consensuó también incluir una cláusula de reapertura y otra de seguimiento.

La palabra de los gremios

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, destacó este martes el acuerdo que firmaron los gremios de maestros, estatales, médicos y judiciales bonaerenses con el gobierno de Axel Kicillof por el que se agregaron 10 puntos a los aumentos cerrados hasta el momento para alcanzar en diciembre una suba total del orden del 60%, y dijo que la decisión “valora a los trabajadores” porque “significa estar por arriba de la inflación y recuperar el poder adquisitivo”.

“Es una gran decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires que respeta lo que hemos planteado los trabajadores, y valora a los trabajadores a diferencia del gobierno anterior que, me remito a las palabras del exministro de Trabajo (Marcelo Villegas), que dijo quisiera tener una Gestapo para terminar con los sindicatos”, dijo el dirigente tras el anuncio en la Gobernación de La Plata.

Asimismo, Baradel aseguró que el acuerdo firmado “significa estar por arriba de la inflación y recuperar el poder adquisitivo que perdimos durante el gobierno de (María Eugenia) Vidal, que en pandemia lo hemos sostenido y el año pasado terminamos conjuntos arriba, esto es continuar con ese camino”.

“Las organizaciones planteamos hace dos semanas la aplicación de la cláusula de revisión, el acuerdo paritario establecía un monto y decía que si la inflación era más alta se revisaba. Hoy el gobernador nos convocó a todos los gremios que representamos a trabajadores estatales, llegan los salarios la 60,4% en promedio, con un refuerzo del 10% para cobrar el mes que viene, con una proyección para estar por encima de la inflación pero sumándole además con cláusula de revisión, por lo que, si hubiera modificaciones, si no se para la escala inflacionaria, tenemos la cláusula plateada para seguir discutiendo la readecuación salarial”, concluyó el dirigente.

En ese marco, Oscar De Isasi, secretario general de ATE Buenos Aires, opinó: “Nos vamos conformes porque se vuelve a honrar el acuerdo paritario y que a pesar de los obstáculos, se apunta a la reparación de los derechos”.

En declaraciones a la agencia Télam agregó: “Que se activara la cláusula de revisión habla de una voluntad política. Es importante alcanzar el 60% a diciembre pero tener la revisión de mes a mes nos da garantías de que esa voluntad política del gobierno va a seguir avanzando”.

En ese punto, dijo que “el horizonte es reparar derechos de los estatales” y que por eso, “estamos contentos que este tipo de inconvenientes que se dan a partir de la situación inflacionaria, el gobernador los aborde mirando de frente a los ojos a las organizaciones gremiales y apostando a invertir recursos”.

Por último, Mirta Petroccini, titular de la FEB, comentó: “Nosotros queríamos no perder con la inflación y sobre todo esos puntos que habíamos conquistado. Con la inflación lo estamos viendo todos cómo come los bolsillos y de acuerdo a lo que se acordó hoy, se nos anunció el aumento con la clausula de revisión si fuera necesario”.

Con información de agencias.

IG

Imágenes de los distintos edificios de la Ciudad