Javier Milei volverá a subirse este martes a un escenario que le resulta cada vez más cómodo: el de la batalla cultural convertida en festival. En Mar del Plata, a metros de la playa y en plena temporada de verano, encabezará una nueva edición de la Derecha Fest, el encuentro que reúne a libertarios, predicadores evangélicos y militantes del universo conservador. Será la segunda vez en menos de un año que el Presidente participe del evento —la anterior fue en Córdoba, en julio pasado— y cerrará la jornada cerca de la medianoche.

La escena no es casual. Antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso —previsto para el próximo lunes 2—, con el Gobierno decidido a empujar una agenda que incluye reforma laboral y baja de la edad de imputabilidad, Milei eligió la costa atlántica para una escala que combina campaña, narrativa cultural y construcción de épica. “La Feliz” aparece como un territorio doble: ciudad turística y, al mismo tiempo, distrito estratégico en la provincia de Buenos Aires.

El festival comenzará a las 19.30 en el parador Horizonte Club de Playa, al sur de Punta Mogotes. La novedad es que esta edición será con entrada libre y gratuita, un giro que los organizadores leen como oportunidad para ampliar la convocatoria. En una ciudad balnearia colmada de turistas, la expectativa es reunir a miles de personas y convertir el cierre presidencial en una postal de alto impacto político y mediático.

Pero detrás del evento hay un entramado que explica su lógica: la Derecha Fest está organizada por Arcano Strategy Group, La Derecha Diario y la editorial Hojas del Sur, que publicó los últimos libros del Presidente. No se trata de un acto formal de La Libertad Avanza, sino de un dispositivo privado del ecosistema libertario, pensado como caja de resonancia cultural de un gobierno que entiende la política también como disputa simbólica.

Esta será la quinta edición del ciclo, que comenzó en 2024, poco después de la llegada de Milei a la Casa Rosada. Su primera versión fue en el Auditorio Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Luego tuvo una edición especial en Montevideo, Uruguay, pero ganó notoriedad con el desembarco presidencial en Córdoba en julio para después volver a Buenos Aires en octubre pasado, con figuras centrales del oficialismo. Mar del Plata es ahora la nueva estación de esa gira cultural que el mileísmo ensaya como ritual de masas.

El evento ya tuvo su prólogo. Milei llegó este lunes y protagonizó una caminata por calle Güemes, rodeado de seguidores, celulares y dirigentes libertarios. Bajo una lluvia tenue y con un operativo de seguridad que incluyó cortes de tránsito y quejas de comerciantes, el Presidente avanzó entre la multitud, entre pedidos de selfies y autógrafos. Megáfono en mano y acompañado por Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli, el armador bonaerense Sebastián Pareja y la diputada Juliana Santillán, prometió cumplir “todas las promesas antes de mitad de año”.

Entre la “batalla cultural” y la interna

La conducción de la Derecha Fest estará a cargo de los diputados Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, dos de las voces más visibles del oficialismo duro. La grilla incluirá a Patricia Soprano, empresaria marplatense que difunde contenidos conservadores contra el feminismo y el aborto, y a Gabriel Ballerini, expastor evangélico y figura del activismo religioso durante el debate por la IVE.

La nota política más evidente la aportará Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata y actual senador bonaerense del PRO, aliado de La Libertad Avanza. Su presencia introduce un componente territorial en un distrito clave de la quinta sección electoral, donde ya se proyectan disputas hacia 2027. Montenegro busca conservar influencia en su ciudad mientras el armado libertario trabaja para instalar un candidato propio: entre los nombres que circulan aparece Alejandro Carrancio, diputado nacional y aliado de Pareja.

En el entorno libertario, la invitación a Montenegro es leída en clave interna: algunos aseguran que fue impulsada por Las Fuerzas del Cielo, la agrupación referenciada en Santiago Caputo, como forma de marcar límites con el esquema karinista. Otros, en cambio, sostienen que el convite llegó directamente de los organizadores. Más allá de las versiones, el episodio muestra que la batalla cultural convive con una disputa política real por el control territorial del mileísmo.

Esa tensión se expresa también en números. Las Fuerzas del Cielo planea movilizar entre 200 y 300 personas por su cuenta, mientras que el armado bonaerense de Pareja prepara una cifra similar. Aunque el festival se presente como evento privado, funciona también como termómetro de las tribus libertarias.

Este martes por la tarde, Milei y su hermana recorrieron el Parque Industrial General Savio, más precisamente la planta de elaboración de Lucciano's Central Store, una escala pensada para sumar gestión e inversiones a una visita dominada por la épica militante. Pero el plato fuerte será el festival: bandas en vivo, videos contra el socialismo, guiños a Donald Trump y referencias al escenario internacional como parte de una estética que busca inscribir al mileísmo en la constelación global de derechas.

Sin embargo, antes de su discurso en la Derecha Fest, Milei tiene previsto asistir al teatro Roxy para ver Fátima Universal, el espectáculo de su expareja Fátima Flórez, reprogramado especialmente para adaptarse a la agenda oficial. La actriz incluso dejó abierta la posibilidad de que el mandatario suba al escenario, un detalle que completa la postal de un oficialismo que mezcla política, espectáculo y liturgia cultural. “Un león auténtico”, sintetizaron en el entorno presidencial.

PL/CRM

A pocas horas de haberse confirmado como primer candidato a senador provincial por la lista de unidad entre La Libertad Avanza y el PRO en la Quinta Sección electoral, Guillermo Montenegro, intendente de General Pueryrredón, volvió a agitar sus redes con un mensaje directo contra los cuidacoches. Este domingo publicó un nuevo video de la Patrulla Municipal en acción, en el que se observa a un agente increpando a un “trapito” por presunta extorsión a vecinos.

En las imágenes aparece Daniel Omar Martínez, subsecretario de Articulación en Seguridad y también candidato a concejal por el espacio libertario, mostrando una botella de plástico que, según afirma, contenía combustible. “Nafta súper”, dice frente a cámara, antes de interpelar al cuidacoches que portaba el envase: “¿Usted, caballero, de dónde es?”.

El hombre apenas alcanza a mostrar sus documentos cuando lo increpan: “Esta situación no se debe realizar en el marco de nuestra ciudad. Con su mano agarre el trapo y tírelo al piso, por favor”. “Yo estoy trabajando”, responde el cuidacoches. La réplica es automática: “No, esto no es un trabajo”.

Montenegro difundió el material con una leyenda tajante: “¿Qué puede estar haciendo un trapito con una botella de nafta más que extorsionar a la gente?”.

El episodio se suma a una seguidilla de intervenciones públicas del jefe comunal marplatense en tono de campaña, y al endurecimiento del discurso de seguridad que su gestión promueve desde hace meses. En esa línea, el sábado por la noche, el propio intendente había dejado claro que no piensa asumir su candidatura como un mero gesto simbólico: “Podría jugarme a la cómoda y ser testimonial, sin mover un dedo y quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta 2027. Pero voy a estar donde me lo demandan las circunstancias, donde más me necesiten y donde más pueda empujar con tal de que todos los que bancan delincuentes sean, por fin, destruidos”.

Una política sostenida

No es la primera vez que Montenegro apunta contra los cuidacoches o las personas en situación de calle. Desde el inicio de su segundo mandato, su gobierno implementó una serie de operativos coordinados por la Patrulla Municipal para “ordenar el espacio público”, especialmente en zonas céntricas y costeras. En enero, en plena temporada de verano, circularon numerosos videos donde funcionarios municipales increpaban a cuidacoches con un discurso casi calcado al de las últimas intervenciones: “esto no es un trabajo” y “no está permitido en nuestra ciudad”.

En paralelo, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron el carácter estigmatizante de estos procedimientos, señalando que criminalizan la pobreza y no ofrecen alternativas reales de inclusión. Desde el Colectivo Faro de la Memoria, por ejemplo, se denunció públicamente que “la gestión de Montenegro viene desplegando una política de limpieza social que lejos está de resolver el problema del trabajo informal o la situación de calle, y que más bien lo desplaza y lo invisibiliza”.

Uno de los episodios más polémicos se dio en febrero pasado, cuando inspectores de la Patrulla Municipal desarmaron una precaria carpa en la que dormía un hombre sin techo cerca del centro. La situación fue registrada en video por vecinos y generó un fuerte repudio en redes sociales, aunque desde el Ejecutivo municipal defendieron el procedimiento como parte de los operativos de “recuperación del espacio público”.

Con el respaldo creciente de sectores alineados con Javier Milei, Montenegro parece haber endurecido su discurso y sus políticas, con un enfoque centrado en el “orden” como bandera. La inclusión de funcionarios como Daniel Martínez en la lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza va en esa misma línea: mostrar una continuidad entre la gestión municipal y la estrategia electoral libertaria.

CRM

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, habló de la falta de gas en la ciudad de Mar del Plata, y pidió ser “solidarios con el consumo” para que la escases no afecte a los lugares críticos como hospitales y geriátricos.

Mientras los vecinos de la ciudad costera padecen las bajas temperaturas sin gas, el intendente reveló: “Está afectada gran parte de la Ciudad y si no bajamos el consumo va a estar afectada toda la ciudad”.

“No hay ninguna situación similar de falta de gas en toda la historia de Mar del Plata. Es la única ciudad de la región que sufre esta consecuencia de falta de presión de gas”, cuestionó en declaraciones a la prensa local.

Por su parte, el intendente agregó: “Nos comunicamos con la empresa, con Camuzzi, para ver cuál era la situación que es global pero que afecta únicamente a Mar del Plata y precisaban que se estaría levantando la presión”.

Lo cierto es que Montenegro, durante la noche del miércoles, dictó la suspensión de las clases, de las actividades recreativas que comprenden museos, gimnasios y piletas, y el cierre parcial de los establecimientos gastronómicos y de cafetería para maximizar el uso del gas.

“Vamos a seguir evaluando cómo se va trabajando no solamente en la posibilidad de que suba la presión del gas y en la recolección”, sostuvo, y concluyó: “Hay que ser sumamente solidario con el consumo porque cuando haya menos consumo en los lugares que hoy tienen, va a tener mayor posibilidad de presión en los lugares que están complicados”.

La crisis de gas podría generar problemas en las estaciones transformadoras que deberán soportar una mayor demanda de electricidad ante la imposibilidad de calefaccionarse y cocinar.

Al momento, la distribuidora pidió a los vecinos que no reconecten el suministro por su cuenta sino que se comuniquen para denunciar la caída en la provisión así podrán enviar un técnico al domicilio que ponga en funcionamiento el medidor. Es decir que la reconexión será casa por casa.

Mar del Plata suspendió las clases y otras actividades

Las autoridades de la ciudad de Mar del Plata suspendieron las clases en todos los niveles y otras actividades por el corte de gas a nivel nacional y local ante la crisis en el suministro.

Las autoridades locales informaron que, pese a que la situación del gas es en todo el país, lo que provocó que se corte el suministro para abastecer las viviendas, la situación en Mar del Plata es aún peor desde el martes luego de que se notificara que la presión en la empresa Camuzzi disminuyó abruptamente, provocando graves problemas en la ciudad.

Esto motivó a que en las últimas horas el intendente Guillermo Montenegro se reúna con el Comité de Crisis de la Municipalidad de General Pueyrredón para determinar los pasos a seguir.

Allí resolvieron suspender las clases en todos los niveles para este jueves, así como también los turnos del sistema municipal de educación.

A su vez, se dispuso la interrupción de todas las actividades en espacios deportivos, culturales y en establecimientos con alto consumo de gas, informaron desde el medio 0223.

Entre las medidas implementadas para abastecer las casas y los hospitales, entre otras instituciones, está el corte total del suministro a estaciones de GNC, consumidores industriales, shoppings y centros comerciales. También se ordenó el cierre de restaurantes y cafés en el turno nocturno.

Aunque la idea de estas medidas es proveer gas en las viviendas, las autoridades locales solicitan que los usuarios moderen el consumo en sus domicilios.

IG con información de agencias.

La Justicia marplatense suspendió con una medida cautelar una ordenanza municipal aprobada por excepción a fines de septiembre de 2024, que autorizaba la construcción de una torre de unos 35 pisos (128 metros de altura) en el barrio histórico Stella Maris, de gran valor patrimonial para la ciudad, donde sólo está permitido construir hasta 7 metros de altura. Se trata del desarrollo inmobiliario conocido como “La Robla”, ubicado a una cuadra del mar, en la manzana del chalet de María Frers de Mahn, declarado de interés patrimonial, que está próximo a los chalets “Belvedere” y “Top Capu” o “El Tovar”. 

La obra suspendida está a cargo de la Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP SA, presidida por Florencia Miconi –quien, a su vez, encabeza el Centro de Constructores de Mar del Plata– y abarcará casi el 88% de la denominada Manzana 89, delimitada por las calles Alem, Falucho, Aristóbulo del Valle y Gascón, como informó elDiarioAR en 2024. 

El juez Simón Isacch, del juzgado en lo Contencioso y Administrativo número 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las organizaciones “Mirada Ciudadana Asociación Civil” y “Surfrider Argentina Asociación Civil”, quienes consideraron “irrazonables, ilegales e inconstitucionales” los indicadores autorizados por la ordenanza 26.448, sancionada para modificar los valores del Código de Ordenamiento Urbano (COT) que impedían este tipo de construcciones en altura. 

Mientras la causa de fondo espera la sentencia definitiva, la medida cautelar suspende la aplicación de la ordenanza, entendiendo la urgencia de frenar el inicio de obras porque podría provocar “daños irreversibles, demoliciones y transformaciones sobre propiedades de las parcelas involucradas en un barrio histórico”.

elDiarioAR analizó la medida judicial y dialogó con los protagonistas para explicar qué implica la decisión y por qué estaría en juego el patrimonio histórico de Mar del Plata. Estas son seis claves sobre la problemática.

¿Qué dice la medida cautelar dictada por la Justicia?

Entre los principales argumentos, el juez Isacch manifestó que existen indicadores suficientes para poder sospechar que en la norma que había dictado el Concejo Deliberante, a instancias de la Municipalidad, “no están del todo claro los indicadores autorizados”.

De acuerdo a la resolución judicial a la que elDiarioAR tuvo acceso, el magistrado resaltó que “podría no haberse respetado la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, ya que antes de dictarse la ordenanza no se realizó ”una instancia de información y consulta pública“ ni un estudio de impacto ambiental, tal como lo demanda el artículo 28 de la Constitución provincial, cuando la autoridad política decide sancionar una norma excepcional y de y la envergadura del proyecto en cuestión.

Además, consideró que los “planos de croquis preliminares” que formula la ordenanza “podría llevar a sostener que no están del todo claro los indicadores autorizados”. Por otro lado, destacó el riesgo de demoler uno de los chalets históricos dentro de la manzana donde se intenta construir la megatorre como un potencial daño que podría ser irreparable.

El predio destinado para la obra cuenta con una superficie total de 6.584 metros cuadrados y está ubicado frente a otro edificio en desarrollo que también dirige la firma que preside Miconi y que, a su vez, fue habilitado por otra ordenanza exprés de 2016. Se trata del Unkkany Tower, ubicado a una cuadra y sobre el terreno del Chalet “Mores”, por haber sido la casa de Mariano Mores.

¿Qué dice la oposición a la megatorre?

En diálogo con elDiarioAR, Soledad Arenaza, la abogada demandante de la causa, celebró la medida judicial y dijo que se trata de “una cautelar muy importante” porque marca un precedente para futuras ordenanza y demuestra que “no se puede hacer cualquier cosa ni violar derechos constitucionales, ya que son de rango superior”. 

Arenaza está conforme con la resolución del juez, que expone que “la ordenanza no contó con un debido proceso de participación ciudadana ni con un estudio de impacto ambiental que tuviera en cuenta la protección patrimonial de los inmuebles involucrados”. 

El juez también hizo lugar a la solicitud de inscribir en el registro de la propiedad (ITIS) la existencia de una acción judicial en las parcelas involucradas en este proyecto. “En un mundo donde las inversiones buscan seguridad jurídica es importante que los desarrolladores inmobiliarios proyecten en base a la legalidad y no sobre indicadores abusivos e irrazonables que presentan altos riesgos de litigiosidad”, puntualizó la abogada.

Por último, destacó que la cautelar tomó en cuenta un ítem “fundamental”, que es el resguardo del paisaje urbano arquitectónico según el Código de Preservación Patrimonial: “La Robla –por el chalet María Frers de Mahn– fue declarada de valor patrimonial por tener un valor ambiental-contextual otorgado por el entorno de un barrio de casas tradicionales de Mar del Plata que, en palabras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conforman un paisaje urbano protegido. Desde esta perspectiva, un proyecto que se propone demoler un chalet de valor tradicional vecino a La Robla para implantar una torre de 128 metros de altura a su lado no es una intervención adecuada a la protección del entorno y, por ende, no es compatible con la protección jurídica que el inmueble tiene”.

¿Qué dicen los desarrolladores inmobiliarios?

“El proyecto La Robla está inserto en un sector de la ciudad donde se está creando un perfil urbano con construcciones en altura”, dijo a elDiarioAR la empresaria de la construcción Florencia Miconi. “En los últimos años Mar del Plata encontró una solución para poner en valor el patrimonio histórico integrándolo a proyectos en altura de calidad. Antes veías que el patrimonio histórico estaba abandonado durante décadas. Nosotros buscamos ponerlo en valor y, al mismo tiempo, incorporarlo a lo que puede ser un proyecto comercial, como es el caso del hotel Horizonte, con el nuevo local de una cadena de deportes, que también nos tocó intervenir con mi constructora”. 

La presidenta del Centro de la Construcción marplatense encuentra “dos grandes visiones” sobre el patrimonio histórico de la ciudad: “Una parte de la sociedad dice que el patrimonio tiene que tener el uso que tuvo desde su inicio y que no se puede desnaturalizar; y otra, que elige funcionalizar y rescatarlos del abandono. Creo que la ciudad se merece progresar y por eso considero que la medida cautelar no correspondía”.

El estudio Mariani Pérez Maravilla Cañadas, que desde hace 50 años sostiene que está “transformando Mar del Plata para mejor”, trabaja con Miconi en el proyecto de la megatorre. El arquitecto Jerónimo Mariani, miembro del estudio que fundó su familia, en diálogo con elDiarioAR, se despegó de lo cuestionado en la medida cautelar y aseguró que es “falso que queremos demoler uno de los cuatros chalets”. “La vivienda patrimonial de Mahr se mantiene y se pone en valor junto a otras dos casas que tenemos pensado incorporar al patrimonio. Estamos convencidos de las bonanzas del proyecto”, puntualizó.

En relación a las críticas sobre el riesgo que podría implicar para el barrio la sobrecarga en servicios de agua, electricidad y cloacas por los 235 departamentos proyectados, Mariani se mostró despreocupado y aseguró que “a partir de las inversiones en nuevos desarrollos junto a las factibilidades requeridas se están mejorando los servicios en el barrio”.

¿Qué dice la municipalidad?

En abril, antes de hacer lugar a la medida cautelar, el juez Isacch solicitó una respuesta al Ejecutivo municipal. El intendente Guillermo Montenegro se mantuvo firme en defensa de la autorización para el proyecto inmobiliario y en el rechazo a los planteos realizados por los demandantes. 

En distintos medios locales expresó en aquella ocasión que la ordenanza por medio de la cual se autorizó la construcción del edificio de 35 pisos fue emitida “con sustento en el marco normativo específico establecido en el Código de Preservación Patrimonial” y que fue aprobada “siguiendo el procedimiento legalmente fijado, con sustento técnico y jurídico”, por lo tanto, no se debería frenar el avance del emprendimiento inmobiliario. 

Luego de que se dio a conocer la medida cautelar, elDiarioAR intentó comunicarse con la gestión de Montenegro para conversar al respecto, pero respondieron que no están haciendo declaraciones por el momento.

¿Qué dicen las organizaciones en contra de la megatorre?

Hernán Pérez Orsi, director de Surfrider Argentina, afirmó que recibieron “con agrado y alivio” la medida cautelar. “Ya se habían hecho los procesos administrativos correspondientes ante los entes de gobierno que deben entender sobre el tema y agotados estos recursos nos vimos obligados a acudir a la Justicia. Este es un proceso en el cual se nota claramente un manejo opaco de la cosa pública, donde un proyecto que se aparta claramente de las normas que como sociedad definimos para poder convivir, es tratado y resuelto a espaldas de la opinión pública”, aseguró a elDiarioAR.

Como representante de los vecinos marplatenses, Perez Orsi asegura “alentar y aplaudir las iniciativas empresariales que nos dan trabajo, siempre que no sean a costa del patrimonio social, cultural, turístico y deportivo de la ciudad”.

Gracias a la judicialización de este conflicto, observa que en los últimos días las críticas ante el avance de la torre de 35 pisos “tomó mayor estado público, generando más conversación en los marplatenses de diferentes ámbitos y también por fuera de la ciudad”. 

¿Cuál es la cuestión de fondo?

En septiembre de 2024, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza por excepción para la construcción de una torre de 128 metros de altura en la manzana delimitada por las calles Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón. El desarrollo inmobiliario que preside Miconi fue promovido por el gobierno municipal a través de lo que se conoce como un “mecanismo legislativo exprés”.

Por un lado, sectores oficialistas argumentaban que los cambios normativos que habilitan nuevas obras traen “progreso y desarrollo a la ciudad, de la mano de la construcción privada”; mientras que, por otro lado, aparecían quejas por el tratamiento “exprés” dado al expediente, sin cumplir con las instancias de participación ciudadana de manera adecuada. 

 A su vez, desde la oposición enfatizaron en que no estaban en contra del desarrollo ni de la generación de empleo en la ciudad, sino de un crecimiento urbano desordenado y sin planificación democrática que busca crecer a partir de modificar de manera arbitraria el Código de Ordenamiento Territorial (COT).

Consultado por este medio, el abogado especializado en medioambiente Gonzalo Vergez, coordinador de la Asociación de Abogados Ambientales de Argentina, remarcó que este proyecto en particular “responde al perfeccionamiento de las excepciones exprés”, ya que “entró en febrero y para fines de septiembre la ordenanza ya estaba promulgada sin haber cumplido correctamente con las instancias tempranas de participación ciudadana que establece el Acuerdo de Escazú”.

ED

A veces es una danza: un saltito para el frente y un pasito para atrás. A veces es solo un juego de puestas en escena, postales que Mauricio Macri y Karina Milei se revolean sobre sus cabezas, atentos a mejorar su poder relativo en la mesa de negociación. En el medio, sin embargo, siempre están los mismos: los acuerdistas del PRO, el ritondismo que hace equilibrio entre su pasado, el PRO macrista, y el futuro libertario al que quiere pertenecer. Para ellos, el acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires ya es un hecho. Solo faltan los detalles y cómo se lo explican, luego, a Macri.

Convencer a propios y extraños de que sin acuerdo con LLA no hay supervivencia política posible es un trabajo que requiere discreción. Cristian Ritondo dialoga casi cotidianamente con Santiago Caputo, Lule Menem y Sebastián Pareja, pero no se lo transmite a casi nadie. Ni a Macri. Solo a sus escuderos, como Diego Santilli, Alejandro Finnochiaro o Guillermo Montenegro, quienes también tienen un vínculo aceitado con la Casa Rosada y ya se imaginan integrando una boleta violeta en las elecciones de este año. 

No ven otro escenario posible. Algunos, como Santilli, ya advierten que no competirán en las elecciones si no se cierra un acuerdo. “¿Querés que sea el candidato del 7% para enfrentarme con Milei? La sociedad nos va a matar”, le dijo, hace tres semanas, el “Colo” a Macri en privado, cuando el expresidente todavía fantaseaba con que encabezara la lista del PRO para diputados nacionales en PBA. Para Santilli, al igual que Montenegro, el “cambio” lo pasó a representar a Milei y no hay supervivencia política posible enfrentándose al líder libertario. Ellos ya definieron.

Ritondo juega un juego difícil, de equilibrista. En los papeles, el jefe de bloque PRO es el emisario de Macri en la trinchera enemiga, pero ya hace meses que funciona más como un cuentapropista del PRO bonaerense. No quiere “traicionar” al expresidente e insiste, puertas adentro, con cerrar un acuerdo “institucional” con LLA, en sintonía con lo que el propio Macri pide en público. Pero, en la práctica, primero mueve y después le informa a Macri. Si se reúne con Karina en la Casa Rosada, el expresidente se entera a los dos días, cuando la foto está por publicarse. Pero Ritondo compensa: a la semana se saca otra foto, en la sede partidaria del PRO, o con el propio Macri, participando de alguna recorrida. 

Es un juego de fotos, y el expresidente lo deja hacer. Macri sabe que Caputo y Karina tientan a los dirigentes de su espacio para que abandonen el PRO y se sumen a LLA. Sospecha que el Gobierno no tiene interés en cerrar un acuerdo con el PRO sino más bien robarle los dirigentes, pero observa que ya no puede ordenar a los propios como en otro tiempo. Su liderazgo es cuestionado cada vez con más vehemencia, pero Macri, de momento, se mantiene agazapado. Juega a relanzar el partido con “caras nuevas” y participa activamente de la campaña porteña junto a Silvia Lospennato, su prioridad número uno. Y, de vez en cuando, lanza un zarpazo. 

Fue lo que pasó, por ejemplo, el miércoles en Mar del Plata. Luego de participar de una recorrida junto a Montenegro, intendente de General Pueyrredón, cuya cabecera es esa ciudad balnearia, Macri encabezó una conferencia de prensa en la que se refirió a los dirigentes amarillos que habían dado el salto a las fuerzas del cielo. “Todos los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”, disparó. Como para que no hubiera dudas del mensaje, minutos después, Fernando de Andreis, el colaborador más cercano de Macri, replicó la frase en Twitter con una imagen del expresidente junto a Montenegro y Ritondo.

La frase de Macri generó un tembladeral en el PRO. Los primeros coletazos se vivieron en el grupo de WhatsApp del bloque amarillo en Diputados, en donde Silvana Giudici salió encendida a cruzar al exmandatario. El bullrichismo acusó recibo del golpe, pero no fue el único. El mensaje había llegado también a su verdadero destinatario: los bonaerenses que están llevando adelante las conversaciones para converger en un frente electoral en la Provincia y que, casualmente, se encontraban al lado de Macri durante la conferencia de prensa. 

“Macri les pegó a los que se fueron y nos envió un mensaje a nosotros. Está rompiendo los puentes”, admitió, irritado, uno de los armadores de PBA. “Se convirtió en un líder destructivo. Parece la Cristina de la derecha. La lógica del ‘poder soy yo o no es nadie’. Parece desesperación”, remató el dirigente, quien dice “Cristina” como si dijera “el anticristo”.  

Malabares sobre la cornisa

Frente al enojo interno, Ritondo optó por hacer control de daños. Se acercó a Giudici y a los bullrichistas, y les explicó que Macri se estaba refiriendo a los Diego Valenzuela y Federico Sturzenegger de la vida, que se habían pintado de violeta por su cuenta. No a ellos. No los convenció, pero si los tranquilizó. Sus alfiles, mientras tanto, se encogían de hombros. “Mientras la escalada de tensiones sea aritmética y no diga barbaridades, está bien. Macri juega y hay que dejar que pegue. Después hacemos control de daños. Tenemos que hacer los boludos porque si rompemos ahora estamos perdidos”, admite un referente amarillo con estructura propia en PBA.

El desafío del ritondismo es, en efecto, el buen timing. Ninguno quiere romper con Macri y sentarse a negociar con Caputo en inferioridad de condiciones. Saben que necesitan de Macri y del partido para mostrar músculo, estructura y capacidad de daño. Es una negociación por partida doble: con Macri, para convencerlo de no dinamitar todos los puentes con Milei, y con el Gobierno, para que no los deje afuera. 

Las conversaciones, de momento, llegaron a un impasse. Ritondo y Finnochiaro negocian porotos y lugares en las listas con la Casa Rosada, pero hasta el 18 de mayo, cuando se lleva a cabo la elección porteña, no se tomará ninguna decisión. El PRO fantasea con tener al menos cuatro lugares en la lista de diputados nacionales, pero dependerá de lo bien parada que salga la lista que encabeza Lospennato frente a la de Manuel Adorni. Un PRO fortalecido, que le saca al menos tres puntos a la lista de LLA, es un PRO que puede demostrarle al Gobierno que lo necesita para ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

“Nosotros le tenemos prendida una vela a Santoro. Necesitamos que el Gordo gane, para que haya un operativo clamor para que nos unamos en la Provincia. Y necesitamos que haya una diferencia chiquita entre el PRO y LLA. Porque si al PRO le va muy bien Macri nos va a decir que nos estamos regalando. Y si a Adorni le va muy bien, Karina no va a querer cerrar nada”, sintetiza uno de los principales armadores del ritondismo. 

Es un equilibrismo cauteloso. El PRO acuerdista se juega su supervivencia y está convencido de que si, al final del camino, no hay una alianza electoral con LLA desaparecerá. Necesitan que, hasta el 18 de mayo, ni Karina ni Macri terminen de patear el tablero. Rezan, en privado, para que la línea Caputo, menos proclive al purismo dogmático, triunfe sobre la línea karinista. Y apuestan a que, sobre el final, cuando ya esté todo cerrado, Macri les de su bendición.

MC/JJD

Al sur de la ciudad de Mar del Plata, lejos del ruido y del cemento, se encuentran las playas de Chapadmalal, una zona que en los últimos años ganó adeptos gracias a la conservación de la fisonomía natural de sus costas. También se puso “de moda” como oferta premium, y desde entonces se la compara con las playas uruguayas de la zona de San Ignacio. 

En Chapadmalal hay un “boom inmobiliario”, dice la revista Forbes. El valor del metro cuadrado oscila entre US$70 y US$100. Pero la inversión y el “desarrollo” que germina para un sector parece traer grandes desventajas para otro.

Los vecinos agrupados en la Asamblea Luna Roja advierten que la Municipalidad de General Pueyrredón, a cargo del intendente Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), autoriza el avance de obras privadas en las playas de Chapadmalal que “no cuentan con el debido proceso legal”, que vulneran leyes ambientales y alteran la fisonomía del paisaje costero. 

Además, se cuestiona la aprobación de nuevas ordenanzas con pliegos abiertos –también llamados “indefinidos”–porque permiten planificar la explotación de los espacios públicos a favor de empresas privadas, quienes serán las encargadas de proponer las condiciones de su propia explotación comercial. Se trata de la licitación de las playas “Paradise”, “Redonda” y “Santa Isabel”.

Lo más preocupante para los denunciantes es una resolución firmada de manera conjunta entre la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y el Ente de Turismo municipal que aprobó el inicio de nuevas obras a cargo de la firma Rivan SA. Esta compañía explota el “Arroyo Lobería”, conocida bajo el nombre comercial del balneario “Manantiales Club de Mar”, sin contar con la revisión de Gestión Ambiental ni tener tramitada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente, de acuerdo con los denunciantes. 

Y hay un agravante más: el cauce del arroyo Lobería, donde se proyectan las nuevas obras, está contaminado y es perjudicial para la salud humana, según reveló una investigación realizada por el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). 

Ante la denuncia, en febrero de 2021, en el marco de un allanamiento federal se comprobó la existencia de 6 pozos ilegales en dicho arroyo. Desde entonces, la Municipalidad es la responsable de revertir las “obras clandestinas”, a pesar de que Montenegro intentó evitarlo tras presentar una medida cautelar que fue desestimada a fines del año pasado. 

Las últimas playas libres de cemento

Desde comienzos de 2025, el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón aprobó al menos tres ordenanzas que permiten avanzar en la licitación de tres playas de la zona de Chapadmalal. El jefe comunal anunció a fines de enero la licitación para la concesión por los próximos 20 años de la unidad turística fiscal Playa Dorada, denominada “Paradise”, y unas semanas más tarde, hizo lo mismo con la licitación de playa “Santa Isabel” y playa “Redonda”, en todos los casos sin un pliego definido.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, estas playas son “las últimas del sur marplatense que permanecen libres de explotación privada” y son parte de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, por lo que “deberían ser especialmente preservadas por su gran valor ambiental y arqueológico”. 

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), su presidente, Bernardo Martín, no observa conflicto y explica a elDiarioAR que con “los pliegos abiertos se apela a la creatividad del privado, viendo el fracaso de los pliegos cerrados y encorsetados donde el Estado se atribuye todas las potestades”. También asegura que “en sesión –cuando se autorizó el cambio de modalidad con el aval de la mayoría automática- se debatieron dos modelos, uno dirigista y otro que privilegia la libertad, y se votó por el que privilegia la libertad”. 

Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP) está en desacuerdo y en diálogo con elDiarioAR explica: “Votamos en contra de los pliegos abiertos porque modifican la metodología que permite el acceso al detalle de condiciones que marcarán las pautas que se van a llevar adelante y que determina las obras que se van a desarrollar en esas playas. Sin esto es como dar un cheque en blanco: estás avalando una licitación sin saber específicamente lo que van a hacer en el lugar”.

También consideró que se trata de una maniobra política que “ya está impuesta” y que “de acá en más todo tipo de licitaciones que tengan que ver con unidades turísticas fiscales se van a realizar de este modo, al menos, por lo que resta de 2025”.

“Los pliegos tienen que tener obligaciones para el privado fijadas previas a las licitaciones”, se suma a la discusión Horacio Taccone, concejal y presidente del bloque Acción Marplatense. “Lo que corresponde es que esos pliegos sean revisados y debatidos en el Concejo antes de que regresen a Turismo para el llamado a licitación”, dice, y enfatiza en el riesgo que puede sufrir el turismo: “Estas playas sin edificaciones son los atractivos turísticos principales de Chapadmalal, ya que la gran mayoría de sus visitantes eligen ese lugar justamente por la naturaleza virgen de sus costas”. Luego, refuerza que “es el Concejo Deliberante el que debe regular lo que se hace en el espacio público y garantizar los derechos de los ciudadanos”. 

Para Marcela Priede, presidenta de la Asociación Civil Marplatenses Conservacionistas (ACMC), la licitación con pliego libre “es algo escandaloso”. Desde hace 6 años, esta asociación trabaja en playa Redonda por la recuperación del espacio natural luego de que se clausurara una serie de cabañas ilegales que habían sido construidas sobre uno de sus acantilados“. Actualmente, en el lugar funciona ”un campamento sustentable a precio accesible, se hacen visitas educativas con propuestas de avistaje de aves autóctonas y se enseña sobre reciclado“.

“Trabajamos en conjunto con paleontólogos y otros especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia para educar sobre la importancia de preservar la reserva”, puntualiza Priede y agrega con preocupación que “todavía no tuvimos una respuesta definitiva de cómo seremos reubicados para continuar con las actividades educativas si nos sacan de esta playa”.

Desde la Asamblea Luna Roja también se muestran preocupados: “Se plantean pliegos abiertos que la municipalidad después no logra hacer cumplir en desmedro de los vecinos y turistas de la zona”. Y marcan como antecedente el caso de Manantiales Club de Mar, “donde la municipalidad ya demostró que no puede hacer cumplir los pliegos una vez que se privatiza y deja accionar como quiere al privado”. “En los últimos 30 años, el ejecutivo local nunca reclamó por la falta de acceso público al mar; tampoco se construyeron ni habilitaron baños públicos, entre otros ejemplos”, aseguran. 

Manantiales Club de Mar: otra decisión cuestionada 

Kanki Alonso, coordinador del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur y miembro de la Asamblea Luna Roja, denunció en 2020 la contaminación del arroyo Lobería como consecuencia del vertido cloacal del balneario Manantiales Club de Mar, un hecho que al llegar a la Justicia desencadenó un allanamiento en el que se confirmaron 6 pozos ilegales.

Según figura en el expediente al que este medio tuvo acceso, la firma Rivan SA está acusada de contaminar el arroyo Lobería con vertidos cloacales ilegales. elDiarioAR se comunicó con la compañía pero al cierre de esta nota aún no había obtenido su versión de los hechos. Y a esto se suma una nueva maniobra presuntamente irregular por parte de la Municipalidad: a través de una resolución firmada por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano en conjunto con el Emturyc se aprobó un nuevo plan de obras para Manantiales Club de Mar sin haber tramitado la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente, de acuerdo a las fuentes consultadas.

En la denuncia, Alonso apunta a distintos funcionarios públicos municipales, entre los que se encuentra Federico Schremin, ex titular del ente de Turismo; y el actual, Bernardo Martin, junto a Jorge “Guasa” González, secretario de Obras y Planeamiento Urbano, entre otros acusados de supuesta falta a los deberes de funcionario público.

Desde la Fiscalía de Instrucción y Juicio número 10 de Mar del Plata indicaron a elDiarioAR que “la investigación penal preparatoria (IPP) actualmente se encuentra en trámite de investigación”.

Por su parte, la Autoridad del Agua (ADA), que es el órgano de la provincia de Buenos Aires encargado de otorgar una firma vital para poder tramitar la Declaración de Impacto ambiental, manifestó preocupación por lo que genera “la intervención espontánea sobre estos ambientes tan frágiles”, y afirmó que “de permitirse acciones como la aquí denunciada–en relación al avance de obras en zona de restricción-, los daños ambientales serán graves e irreversibles”.

En sus actuaciones, el organismo provincial también constató la existencia de obras dentro de los 50 metros de restricción en ambos márgenes del arroyo Lobería, algo que está prohibido. Además, se alteraron los márgenes del río y de nivelación de la playa, sin autorización del organismo competente.

elDiarioAR intentó comunicarse con la secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la gestión Montenegro para conocer su posición, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta. Martin, por su parte, al ser consultado por dicha denuncia prefirió no hacer declaraciones.

La investigación del arroyo contaminado

El Grupo Aguas de la Universidad de Mar del Plata analizó junto a investigadores del Conicet las aguas del arroyo Lobería durante varios meses. Las conclusiones resultaron alarmantes para la salud de la población tras confirmar que “los valores aumentan la incidencia de las patologías gastrointestinales tales como gastroenterocolitis, con probables complicaciones como deshidratación, consecuencias sistémicas como síndrome urémico hemolítico, dermatopatías, enfermedades de vías respiratorias y conjuntivitis”.

“Los derechos básicos a un ambiente sano no están garantizados por el Estado y se está violando el derecho al uso de aguas recreativas del arroyo”, dijo a elDiarioAR Gonzalo Peruzzaro, docente e investigador de la UNMDP y miembro del Grupo Aguas. 

No sólo hallaron la existencia de contaminantes de naturaleza biodegradable, características de efluentes domésticos y aguas cloacales, sino también contaminantes “más recalcitrantes”, asociados a otras fuentes de contaminación como industrias, agroquímicos o basurales.

Nota: esta nota se actualizó el 4 de marzo de 2025 a las 13:39.

ED

Algunos dirigentes del PRO ya no disimulan su fastidio con Mauricio Macri, a quien le recriminan concentrar sus esfuerzos en la Ciudad de Buenos Aires y descuidar al resto de los distritos. Una de las situaciones más calientes se da en el territorio bonaerense, donde las pocas figuras que le quedan al partido presionan públicamente para que haya un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA). En ese contexto, está prevista una cumbre partidaria el lunes próximo, 17 de febrero, en la que Cristian Ritondo y Diego Santilli buscarán “ordenar” a su tropa. 

Ritondo, como presidente del PRO bonaerense, habla con Macri y busca contener a los suyos, aunque no esconde su buena sintonía con la Rosada. Santilli directamente juega a dos puntas: hace unos días se apuró en desmarcarse y tomar distancia de la idea de Jorge Macri, que lo había mencionado en público como un futuro integrante de una “mesa política”. El diputado insiste en que la mejor estrategia será llegar a un acuerdo con los libertarios y el lunes lo repitió sin eufemismos en una reunión con el marplatense Guillermo Montenegro, otro intendente del PRO que coquetea con el armado violeta. 

“Los que pensamos parecido y compartimos un mismo norte tenemos no podemos dividirnos. Si vamos juntos este año, en 2027 ganamos la Provincia y terminamos con el kirchnerismo”, sostuvo Santilli después de la reunión que compartió con el intendente. Montenegro usó el mismo razonamiento: “Estamos convencidos de que hay que trabajar en sintonía con La Libertad Avanza para sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, su última guarida, donde cada día los argentinos sufrimos un nuevo homicidio (…) Es el momento de priorizar una provincia normal ante las mezquindades personales: si vamos juntos este año, en 2027 ganamos la Provincia y terminamos con los K”.

La movida de Santilli y Montenegro tuvo lugar el mismo día en que se confirmó la renuncia de Néstor Grindetti al gobierno porteño. El dirigente, un histórico del PRO que lo integró desde su fundación, dejó el cargo que habían creado para contenerlo cuando lo corrieron de la jefatura de Gabinete de Jorge Macri. Su delfín, Diego Kravetz, había dado hace un mes el salto al oficialismo, tentado por Santiago Caputo para ser el segundo de la SIDE. 

El caso de Grindetti promete ser menos estruendoso. El exintendente de Lanús, quien conoce a Macri hace 40 años, se fue desilusionado con su amigo, pero sostiene que será cuidadoso en sus próximos movimientos; jura que se refugiará en la presidencia de Independiente y no aparecerá en unos días pintado de violeta. Sin embargo, escuchó ofertas. “Tuvo varias reuniones. A él no le interesa ahora ocupar un cargo. Lo que le ofrecieron es darle un buen lugar en el armado provincial de los libertarios, que trabaje específicamente en la Tercera Sección, con el argumento de que LLA va a terminar fusionándose con el PRO. Por ahora no aceptó”, sostuvo en diálogo con elDiarioAR un hombre de confianza de Grindetti, que estuvo en comunicación con él en los últimos días. También ratificó su malestar con los primos Macri: “Él concretó su renuncia en la Ciudad porque lo habían puesto en un 'no lugar', le habían inventado un cargo para darle a sus 70 años una salida elegante sin influir en la toma de decisiones”. 

Además de Santilli, Montenegro y Grindetti, son varios los intendentes que podrían imitan los pasos del precursor, Diego Valenzuela (Tres de Febrero), quien dio el salto a LLA de la mano de Patricia Bullrich. En esa línea algunos apuntan a Ramón Lanús (San Isidro), una figura prometedora después del largo gobierno de Gustavo Posse, que en la campaña jugó alineado a la actual ministra de Seguridad, quien lo potenció como candidato para destronar al intendente radical. 

A la espera de la cumbre partidaria 

Todos esos movimientos en territorio bonaerense recalientan la previa a la cumbre partidaria prevista para el próximo lunes 17 de febrero en San Telmo, con el foco puesto en “ordenar” la Provincia, que además de a Ritondo y Santilli tiene a la cabeza de la organización a Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López. Las posiciones de los tres difieren: mientras Santilli quiere acordar y Ritondo se muestra con voluntad de “mediar”, Martínez se mueve en la misma línea que su jefe político, Jorge Macri, por lo que es la única que se mantiene fiel a los intereses del PRO. 

En los últimos encuentros partidarios, Mauricio Macri sostuvo que no ve garantizadas hoy las condiciones que pretendería para cerrar una alianza. No disimula su enojo con la Rosada, principalmente con Patricia Bullrich, ya que en los últimos meses fue testigo de los coqueteos y en algunos casos de la cooptación de sus dirigentes por parte de los libertarios. Su propuesta consiste en esperar a un mejor momento para negociar, algo que irrita a buena parte de su entorno, que comprenden cómo sus acciones caen más a medida que pasan los días.

“El Gobierno hoy está fortalecido; en algún momento van a querer tener una conversación con Macri para terminar de ordenarse, pero saben que cuanto más lo esmerilen a Mauricio más les sirve”, dijo a elDiarioAR un dirigente que en público se muestra alineado con el expresidente de la Nación. En ese sentido, consideró que el pase de un grupo de legisladores porteños a LLA —con el bullrichista Juan Pablo Arenaza a la cabeza— y los coqueteos públicos de muchos legisladores con Milei generaron la imagen de un Macri débil. “Él lo sabe y trata de saber quiénes coquetean por la suya, porque son nombres por los que no va a pedir a la hora de negociar. Mauricio está esperando un mejor momento para sentarse con Milei. Espera un dato de inflación no deseado, una marcha masiva, juntar dos o tres noticias negativas para que lo necesiten. Ejercer la presión a través del Congreso será difícil, porque los temas que hoy están sobre la mesa tienen todos la aceptación del PRO y porque no todos los legisladores le responden. Ahora estamos en un compás de espera y eso derrama para el lado de Milei”, concluyó. 

Muchos intendentes que asumieron por el PRO saben hoy que Milei absorbió a una porción significativa de su electorado. Eso los lleva a un acercamiento al Gobierno y tomar distancia del propio Macri. En ese contexto, consideran que el posible desdoblamiento de las elecciones bonaerenses —que desatará un nuevo choque entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof— les dará un respiro. Hoy en los pocos municipios que le quedan al PRO, los jefes comunales imaginan un método de supervivencia personal. “Tal vez debamos pensar en 135 elecciones distintas, porque esta vez a cada uno le va a convenir jugar la propia”, exageró uno de ellos, aunque el trasfondo es comprensible: para preservarse, buscarán desengancharse de la agenda nacional y en algunos casos también de la bonaerense.

LA/JJD

A través de las ordenanzas por excepción –que modifican indicadores urbanos—, un selecto grupo de desarrolladores privados, avalados por el Ejecutivo municipal, acumulan proyectos millonarios en las zonas más exclusivas de la ciudad de Mar del Plata. 

Distintos expertos y actores políticos consultados por este medio coinciden en que, en los últimos años —con mayor celeridad en los últimos 3—, se aceleró el mecanismo de aprobación de ordenanzas exprés gracias un mecanismo “cada vez más aceitado” entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal, desde donde se determina cómo y dónde construir. 

El círculo rojo de la ciudad, conformado por funcionarios, empresarios y profesionales expertos del rubro de la construcción, logró adquirir más de un millón de metros cuadrados en la ciudad a través de ordenanzas por excepción. 

“Frente a la falta de un plan de desarrollo urbano integral, la excepción empezó a convertirse en la regla de un concepto de desarrollo que beneficia a un reducido y repetido grupo de personas que no resuelve ninguno de los problemas habitacionales, además de que perjudica, en términos generales, al ambiente urbano y, en particular, a los barrios que constituyen la identidad de esta ciudad”, explica a elDiarioAR Gonzalo Vergez, abogado ambientalista, coordinador del equipo Legal de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas y miembro de Organización Mar. 

¿En qué consiste ese mecanismo? A partir de modificar “por excepción” el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y actualizar distintos índices y valores de la construcción, en el Concejo Deliberante se aprobaron más de 10 proyectos inmobiliarios multimillonarios en las zonas más exclusivas de la ciudad y en barrios de gran valor patrimonial, como es el caso de “La Robla”, como se conoce al proyecto de vivienda multifamiliar Casa Malecón, donde se proyecta una torre de 35 pisos sobre la costa, o el caso de La Reserva Explanada al sur de la ciudad, en la que se intenta construir 9 edificios sobre la playa y en zona arqueológica, a pesar de las advertencias por el fuerte impacto ambiental y habitacional. 

Detrás de los emprendimientos de lujo hay un grupo selecto de privados entre los que se encuentra Juan Pablo Reverter, CEO de H Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, que obtuvo a fines de 2024 el respaldo para modificar los indicadores que permitirían el desarrollo de un nuevo barrio privado en el sur marplatense. Al mismo tiempo, el empresario consiguió el aval para avanzar con el Unkanny Residences, ubicado sobre la zona patrimonial del ex Hotel Hurlingham, donde se proyecta una torre de 21 pisos y un hotel boutique sobre Playa Varese. Este último será la pieza que complementa el ya casi terminado Unkkany Tower, ubicado a una cuadra sobre el terreno del Chalet “Mores” (por haber sido la casa de Mariano Mores), gracias al aval de otra ordenanza por excepción aprobada en 2016. 

Florencia Miconi es otra de las figuras de esta transformación inmobiliaria. Es CEO de IMASA, presidenta de Fiduciaria Paisajes Urbanos SA y presidenta del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata. En sus manos se encuentra el proyecto de la torre de 35 pisos conocida como “La Robla”, uno de los casos más emblemáticos y cuestionados desde que la ordenanza se aprobó a fines de septiembre pasado. 

Miconi también tiene desde 2019 el aval para construir un edificio de 9 pisos en el chalet patrimonial conocido como Villa Susuki y, desde 2023, el respaldo legal para iniciar el desarrollo del Distrito de Arte y Diseño ubicado en la zona del Puerto. Este último se trata de un ambicioso proyecto presentado por el Jefe comunal ante el Concejo Deliberante en busca de los permisos necesarios para construir dos torres de 30 pisos junto a oficinas y locales gastronómicos, aspirando a conseguir un “Puerto Madero de Mar del Plata”, según declaraciones del mandatario.

Por su parte, Patricio Gerby, titular de la constructora Coarco SA —uno de los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos—, en octubre del año pasado obtuvo el aval para la construcción de un edificio de 10 pisos en el predio de dos chalets de valor patrimonial, los “Vaia Po” y “Félix Pachano”, destinado para vivienda multifamiliar y locales comerciales. Un dato: en 2021, el Jefe comunal adjudicó a su constructora la principal obra del Presupuesto 2021, la segunda etapa del desagüe pluvial Marcos Sastre, consignada en más de US$530 millones.

Dos modelos de ciudad

“En este modelo de negocio concentrado, el Ejecutivo municipal facilita de manera sistemática la modificación de indicadores urbanísticos por excepción para habilitar nuevos proyectos inmobiliarios. Se trata de un modelo que viene a sustituir la falta de un plan de desarrollo urbano inclusivo para toda la ciudad”, asegura a elDiarioAR Francisco Olivo, decano de la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), preocupado por el uso abusivo de las excepciones porque “rompen acuerdos sociales sobre las condiciones estipuladas acerca de cómo queremos vivir en una sociedad según las leyes vigentes, creando una gran desarticulación provocada por el mercado”.

“La excepción tiene que estar cuando la normativa no alcanza a resolver un problema puntual de una regla general, pero no para beneficiar a un grupo pequeño de personas con alto nivel adquisitivo y de manera sistemática”, remarca el decano de UNMDP.

Para Vergez tampoco existe “una planificación que incluya a todos”. En cambio observa una lógica muy vigente de “extractivismo inmobiliario”, que se impone “en perjuicio del hábitat urbano, de sus habitantes y del medioambiente”. Pone contexto: “Si tomamos como punto de partida el año 1988 con la creación de las torres Manantiales, en esos años solo se dio un puñado de excepciones en toda una década, pero ahora tenemos una decena de excepciones en pocos años. Ahora, hasta hemos llegado a la instancia de pensar todo un Distrito de Arte que es aprobado por excepción. Esto está subiendo la vara de la ambición hacia límites impensados e irrazonables”. 

Otro de los proyectos aprobados se encuentra en el predio Chateau Frontenac, originalmente denominado Villa Kelmis, sobre las calles Alvear y Bolívar. En este caso, la construcción de dos torres de hasta 30 pisos (además de la puesta en valor del edificio de interés patrimonial) está a cargo de un grupo de desarrolladores e inversores de Buenos Aires y Uruguay. 

Círculo rojo: vínculos cuestionados

El secretario de Obras y Planeamiento Urbano del municipio, Jorge “Guasa” González, fue consultado por este medio acerca de las objeciones manifestadas ante el avance de megaproyectos que fueron avalados con su firma, pero no respondió al cierre de esta nota. También se intentó consultar al intendente, Guillermo Montenegro, pero tampoco hubo respuesta.

Mientras tanto, en los pasillos del Concejo Deliberante, donde una mayoría automática facilita el camino rápido para la resolución de proyectos en línea con el oficialismo, se cuestiona la relación existente entre González y María Müller, su esposa y arquitecta experta en Gestión Ambiental responsable de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) preliminares de los proyectos más cuestionados: La Robla y La Reserva Explanada. 

Consultada por los megaproyectos que avala con su firma, Müller dijo a elDiarioAR que no tiene “mucho para aportar” y que “la instancia de participación –ciudadana— era para eso”, dando a entender que en aquella instancia quedaron planteadas todas las dudas sobre los proyectos. 

“Los que me cuestionan suelen ser siempre los mismos. Mi trabajo es evaluar proyectos de arquitectura e intervenciones urbanas, es técnico y tiene un alcance que está muy claramente definido. Yo solo participo de la instancia preliminar, como parte de un proceso”, agregó. En relación al polémico caso La Reserva Explanada, asegura que todavía se encuentra en “la fase de presentación” y que ya se cumplió con “la participación ciudadana”.

Con respecto al vínculo que mantiene con el secretario de Obras, su marido, dice que no encuentra ningún problema. Por el contrario, explica que su trabajo “pasa por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), por lo que no hay conflictos de ética”, y avisa que también elevó una nota a su Colegio Profesional notificando sobre la situación. “Toda la vida trabajé en el rubro, pero si quieren criticar, que lo hagan”, dice y se disculpa por cortar el diálogo para atender una reunión de trabajo.

De acuerdo a Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP), “la relación –por Müller y González— se repite en el tratamiento de los casos más complejos y paradigmáticos de la ciudad, como ocurre en La Reserva Explanada, en el que se cuestiona la destrucción de médanos entre muchos otros puntos, y en La Robla: no me parece un detalle menor, por el contrario, es bastante escandaloso”.

Por su parte, el arquitecto y asesor del Bloque Unión por la Patria Gustavo Franco desliza que “le llama la atención que se hayan expuesto tanto”. “Los conozco a los dos y los respeto, pero me parece que esto no corresponde, especialmente por la repetición de casos donde hay megaproyectos en juego y muy cuestionados por la ciudadanía”, dice.

A favor y en contra de las ordenanzas exprés

Entre los que se oponen al mecanismo exprés que se viene otorgando a las ordenanzas por excepción, Gueglielmotti se posiciona: “Las ciudades están atravesadas por intereses económicos y es entendible. Pero el gran problema acá es que no se planifica de manera integral: la especulación es tal que se les da prioridad a las zonas más costosas, frente al mar o en la zona sur, dejando de lado otras zonas de la ciudad que también necesitan atención para infraestructura e inversión”.

A este planteo se suma Franco para remarcar “la enorme asimetría entre el desarrollo de megatorres que, en gran medida durante el año casi no están ocupadas, y la realidad habitacional de la periferia, donde hay falta de cloacas, de alumbrado, calles destruidas, incluso, en muchas zonas, hay servicios de emergencia que no pueden ingresar a los barrios”. 

“Hay dos grandes ciudades dentro de Mar del Plata y esas diferencias cada vez se acrecientan más ya que no vemos que se plantee una línea de crecimiento coherente para toda la ciudad”, coinciden desde Unión por la Patria.  

En la misma línea, Eva Ayala, concejala por Acción Marplatense asegura a elDiarioAR que “la vía de excepción es un negocio para pocos con un costo para todos”. “En ausencia de una planificación estratégica, la ciudad no solo pierde su identidad histórica y cultural, sino que también enfrenta un deterioro de su entorno natural”, afirma. Ayala sostiene que en lugar de planificar la ciudad de manera integral, estas excepciones permiten el avance de negocios inmobiliarios que no consideran ni el impacto ambiental ni la preservación del patrimonio. “La falta de regulación, a su vez, se refleja en las compensaciones urbanísticas, que deberían equilibrar las excepciones otorgadas pero que, al no contar con criterios claros, quedan a discreción del Ejecutivo y de los desarrolladores”.

En tanto, Angélica González, presidenta de la Comisión de Obras y Planeamiento y concejala por la Coalición Cívica (CC) intenta aportar “una mirada más amplia”, dice a este medio. “Para que las ciudades avancen se tienen que hacer movimientos que muchas veces incomodan, pero son parte necesaria de la evolución siempre y cuando no destruya ni corrompa los bienes marplatenses. En tanto se respeten las normativas y los privados aseguren la restauración y conservación de los bienes patrimoniales nosotros no vemos inconvenientes”.

Este medio también conversó con el arquitecto Diego Domingorena sobre la posición del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires distrito 9, que preside: “Es indispensable una planificación democrática de la ciudad, con herramientas donde participen todos los sectores, donde se balanceen obligaciones, intereses, objetivos, que se tengan en cuenta lo productivo, lo industrial, lo cultural, lo turístico, y nada de esto está ocurriendo. Contrariamente, vemos esta serie de excepciones a las que nos opusimos y brindamos en cada caso razones suficientes”.

El presidente del colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Guillermo Rossi, se suma al debate y dice a este medio que el desarrollo en la ciudad “no se debe detener” pero que le preocupa “la utilización excesiva de excepciones”. Como martillero, resalta que, por supuesto quiere vender propiedades, “pero siempre que sea cuidando la ciudad, el barrio y la identidad de los marplatenses”. 

De corrido y como si pensara en voz alta, pone un ejemplo: “El barrio Chauvin fue perdiendo la armonía de sus casas a partir de las excepciones que permitieron construir torres que rompieron con una topología particular del lugar. En todo caso, lo que deberíamos hacer es volver a reunirnos todos los actores y plantear qué ciudad queremos”. En este barrio, Jardines de Chauvin SA, obtuvo el aval (26.533) a fines del año pasado para construir dos torres.

Dos Mar del Plata

Al menos hay dos miradas muy diferentes sobre la conservación patrimonial de bienes inmuebles en Mar del Plata: por un lado, Miconi considera que muchos de los inmuebles patrimoniales que hoy son parte de distintos desarrollos estaban en “estado de abandono” y que ahora “se están poniendo en valor” gracias a la inversión de privados.

En la misma línea, el presidente de H. Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, decía hace unos meses que “varios chalets aristocráticos de hace 100 años, que habían sido abandonados y corrían riesgo de derrumbe, ahora están siendo restaurados y reutilizados para fines comerciales o integrados en nuevos desarrollos inmobiliarios”.

Sin embargo, desde el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), alertaron sobre “la continuidad de la normativa de excepcionalidad a cambio de compensaciones, ya que la misma fácilmente puede transformarse en una práctica que termine por ser un instrumento destinado a la especulación inmobiliaria en detrimento no solo de los bienes arquitectónicos patrimoniales, sino de la calidad ambiental y patrimonial de toda la ciudad de Mar del Plata, caracterizada como uno de los ejemplos patrimoniales arquitectónicos y urbanísticos más destacados de nuestro país”. 

Según Nino Ramella, ex funcionario radical y ex secretario de Cultura del municipio, la preservación del patrimonio “es una responsabilidad del conjunto social, pero tiene un protagonista principal y es el Estado”. 

“Es muy preocupante la destrucción de la armonía urbana del casco de la ciudad que se está permitiendo. No hay un solo urbanista en este país que pueda avalar esto; incluso hay muchos que se pronunciaron en contra y tildaron las modificaciones como una gran barbaridad”, dice en diálogo con elDiarioAR, luego de aclarar que no tiene “nada en contra de los desarrolladores ni de las empresas constructoras”, apunta al Estado municipal por ser “el gran ausente como garante de la protección del patrimonio de la ciudad”. 

“Es lamentable que, con la misma voracidad que se avalan miles de metros cuadrados, no se avance proporcionalmente en la construcción de otros bloques de viviendas para aquellas personas que no tienen acceso, incluso dentro de la comunidad europea, que en compensación por las construcciones de lujo se ven obligadas a construir viviendas sociales. Pero, claro, en ese caso el negocio no es tan rentable”, afirma Vergez.

Por su parte, Ayala ve a la ciudad como “testigo de la sistemática demolición de su patrimonio arquitectónico y urbanístico”. “Las excepciones aprobadas en el Concejo Deliberante, bajo la excusa del desarrollo inmobiliario, permitieron la construcción de edificios en zonas residenciales que, además de alterar la fisonomía urbana, eliminan construcciones históricas que forman parte de la identidad de la ciudad. Esto no es solo un problema estético, sino una pérdida de memoria colectiva y de atractivos únicos que diferencian a Mar del Plata como destino”, concluye.

ED/JJD

Menos represión y más escucha. Políticas públicas en lugar de “una mirada excluyente y violenta”. Ese fue el reclamo emitido desde la Iglesia de Mar del Plata hacia el intendente local, Guillermo Montenegro, por los operativos desplegados en la ciudad para desalojar a personas en situación de calle en plena temporada de verano. A este planteo se sumó en las últimas horas un documento de juezas y jueces de todo el país referenciados con el Papa Francisco, en el que cuestionaron a quienes “promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública”.

En medio de la polémica por estos procedimientos y por los posteos del propio Montenegro en redes para amplificar su difusión, el jefe comunal del partido de General Pueyrredón fue denunciado además penalmente este viernes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la socióloga e historiadora Dora Barrancos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

En un mensaje conjunto, Cáritas, los centros del Hogar de Cristo y la Pastoral de las Adicciones de la diócesis marplatense, conducida desde diciembre por el obispo Ernesto Giobando, expresaron días atrás que “preocupa profundamente que las respuestas” institucionales hacia sectores vulnerables y personas en situación de calle “sean insuficientes” y que “muchas veces adopten un enfoque que prioriza la represión y el desalojo por encima de la escucha, el cuidado y la dignidad”. 

Cuestionaron que se aplique “una mirada excluyente y violenta” y reclamaron “políticas públicas que verdaderamente promuevan la inclusión y reconozcan a cada persona como sujeto de derechos”.

“Desde el Evangelio de Jesús, reafirmamos que las personas en situación de calle no son un ´problema´ que deba resolverse, sino hermanos y hermanas que merecen respeto, reconocimiento en su dignidad y acompañamiento”, señaló el comunicado. Exigió en ese sentido “un pacto social que coloque a los más vulnerables en el centro de las prioridades, desplazando la indiferencia y rechazando la violencia institucional como respuesta a la pobreza”.

“La calle no es un lugar para vivir”

En la misma línea, magistrados y magistradas que integran el capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) advirtieron sobre las expresiones de funcionarios “particularmente de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires” sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional. 

A través de un documento titulado “La calle no es un lugar para vivir”, estos jueces y juezas referenciados con el pensamiento del Papa Francisco señalaron que si bien “la población comparte que la calle no es un lugar para vivir, ni para pernoctar, ni alimentarse, ni criar a los hijos”, existen “diferencias en los ‘métodos’ para solucionar el problema como parecería surgir a raíz de las declaraciones de diversos funcionarios locales con responsabilidad en la materia”.

Aseguraron en ese sentido que “quienes promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública se desentienden de su destino final”, y que “si bien se alega que existe asistencia móvil en las calles y refugios, lo cierto es que muchas veces estos dispositivos son insuficientes o inadecuados al punto que las personas en situación de calle prefieren la degradante condición de permanecer en las calles antes que utilizarlos”. 

Los jueces señalaron que “es necesario pensar mejor cómo asistirlos en la inmediatez y cómo abordar su situación en forma integral para revertirla”. Subrayaron además “la falta de atención a su salud” en los casos de personas con padecimientos mentales o con consumos problemáticos, y exigieron a los funcionarios responsables “que presenten propuestas realistas, conducentes, de calidad y que respeten las normas vigentes, fundamentalmente los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional”.

Nueva denuncia 

Además de apilar estos cuestionamientos en los últimos días, Montenegro fue denunciado este viernes por apología del delito, omisión de denunciar, racismo y discriminación. La presentación judicial fue realizada por la CPM y la regional marplatense de la APDH, que pidieron que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia institucional en los procedimientos desplegados por personal de la Secretaría de Seguridad municipal contra gente en situación de vulnerabilidad, así como personas que realizan actividades informales en la vía pública como limpiar vidrios en los semáforos y cuidar autos estacionados.

De acuerdo a la denuncia de casi 20 páginas presentada ante la Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata, en los últimos días “diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas” en esta situación y esos hechos “fueron convalidados y reivindicados por las autoridades” e “incluso el intendente omitió denunciar agresiones físicas ejercidas por sus funcionarios y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias en sus redes sociales”. 

Los organismos señalaron que “funcionarios municipales han golpeado, amenazado y hostigado a personas en situación de calle, en condiciones de vulnerabilidad e indigencia”, y acompañaron su presentación con publicaciones y posteos de distintos procedimientos realizados y difundidos por la comuna y por Montenegro desde el inicio de 2025. 

La denuncia señala que “dichos operativos se desarrollan con violencia física y verbal que resulta injustificada y desproporcionada”. Subraya en ese sentido un video difundido y “festejado” por el intendente en su perfil de “X” en los últimos días, en el que “se puede apreciar cómo un agente municipal golpea” tras una discusión a un hombre que dormía en la vereda: “El intendente omitió realizar la denuncia penal correspondiente al ver que agentes municipales golpeaban a una persona en situación de calle. Por el contrario lo reivindicó y los apoyó haciendo apología de una conducta claramente delictiva”. 

La denuncia destacó además que el ex juez federal utiliza habitualmente en sus posteos en redes sociales “el mismo estilo, con expresiones xenófobas y discriminatorias” y un “tono desafiante” ante distintas presentaciones judiciales realizadas para detener  este tipo de accionar.

La CPM y la APDH denunciaron a su vez que los funcionarios que intervienen en estos procedimientos “se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales”. Subrayaron en ese sentido que “el mismo intendente las difundió en redes sociales y realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de la comisión de delitos”.

“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas”, señaló la presentación.

Los organismos consideraron que “la exaltación” por parte del intendente del PRO “de este tipo de accionar” que implica “la comisión de delitos y faltas respecto a los deberes de funcionarios públicos municipales”, es una “provocación fundada en el odio y desprecio” a las personas en situación de vulnerabilidad. 

La presentación va en línea un pedido de habeas corpus preventivo presentado días atrás ante el Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial Mar del Plata, por parte del abogado Julio Hikkilo –representante de la Casa de Trabajador marplatense–, y otro presentado por el titular de la Defensoría Pública 10 local, Mauro Giacomaso, ante el Juzgado de Garantías 2.

DTC

En Europa y América de los años recientes, las ultraderechas formaron partidos y ganaron elecciones, y también las perdieron y volvieron a intentarlo. Los parlamentos permanecieron abiertos y existió margen —a veces acechado— para la crítica y la protesta. Algún juez se animó a poner un límite. Una visión acotada a las líneas más formales de la democracia permite sostener que ésta crujió, pero no se rompió.

La extrema derecha, en cambio, supone vías de hecho estatales y paraestatales para anular lo que es percibido como amenaza. No hay derechos de minorías, ni instituciones, ni tratados internacionales a ser respetados ante el objetivo supremo de recuperar la presunta “gloria perdida”, lugar común de los ultras del mundo.

Allí aparece una diferencia que resaltan politólogos entre las categorías ultraderecha y extrema derecha. Con toda su carga de odio, la ultraderecha se desenvuelve en un extremo del arco ideológico desde el que disputa hegemonía, pero dentro de las reglas del sistema.

La distancia que separa al mainstream ultraderechista de una vuelta de página que retome las violaciones a elementales derechos humanos y cívicos es la que va del dicho al hecho. El coqueteo con el imaginario de “aplastar al parásito” (Milei) y de retomar la foto nazi de trenes repletos de indeseables rumbo a la frontera (Trump, Meloni, la alemana Alice Weidel) forma parte del menú cotidiano de los ultras. Algo de deseo transformado en realidad se vio en Gaza, en lo que el diario Haaretz y organizaciones de derechos humanos israelíes e internacionales llamaron “limpieza étnica”, algo celebrado por las ultraderechas globales que solapan de ese modo su antisemitismo ancestral.

La distancia que separa al mainstream ultraderechista de una vuelta de página que retome las violaciones a elementales derechos humanos y cívicos es la que va del dicho al hecho

La reasunción de Trump marcó una peligrosa aceleración que parece arrastrar a sus discípulos. Apenas puso un pie en la Casa Blanca, el presidente estadounidense indultó a casi 1.600 personas procesadas por la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando pretendían desconocer la victoria de Joseph Biden. La figura del indulto está vigente en muchos países. Su utilización para un perdón masivo a quienes intentaron desconocer una elección presidencial mediante la toma del Congreso, causaron muertes y generaron traumas que derivaron en suicidios pone en entredicho el marco del sistema. Supremacistas con colecciones de armas en sus habitaciones encuentran una reivindicación moral y cívica desde el Despacho Oval. ¿Democracia?

La amenaza y la agenda

Y Milei va. La deshumanización de sus adversarios ha sido un componente esencial de su discurso desde sus tiempos de panelista en “Intratables”. Su violencia enamoró a la tele y lo infló en las urnas. Ya en Casa Rosada, negó el terrorismo de Estado, agravió a sus víctimas, humilló a mujeres, celebró muertes y matanzas, y puso a Patricia Bullrich a cargo de Seguridad, lo que significa mucho en términos de violencia estatal.

En 2025, Milei estira los márgenes.

El Presidente amenazó esta semana: “zurdos hijos de puta, tiemblen… Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta”.

Que un jefe de Estado, que comanda y al que escuchan fuerzas de seguridad, hable en los términos de los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Guillermo Suárez Mason debería despertar a algún fiscal o un juez federal adormecido en los miles de dólares que gana por mes, por pensar sólo en el segmento de magistrados que no se dedica a actividades inconfesables.

Ocurrió que Milei dio otra vuelta de tuerca al deslizar sin sutilezas que los homosexuales que adoptan niños tienden al abuso, al tiempo que el jefe de Gabinete —se supone, el civilizado del Gobierno— retomó una vieja premisa ultramontana: lo que hagan los gays, que sea puertas adentro. Nada de manifestaciones públicas.

En el viraje de los Milei asoma la influencia de una vertiente evangélica a la que Trump subió al barco y que acoge, premia y financia la proyección internacional del mandatario argentino

Bajo el influjo de Trump, el movimiento de los hermanos Milei se alejó de una vertiente con peso en la ultraderecha global, que se muestra conservadora en muchos aspectos, pero exhibe cierta tolerancia en cuanto a la elección sexual. No son pocos los líderes ultraderechistas del Norte de Europa con parejas del mismo sexo e hijos adoptados. En el viraje de los Milei asoma la influencia de una vertiente evangélica a la que Trump subió al barco y que acoge, premia y financia la proyección internacional del mandatario argentino.

Nadie deberá hacerse el sorprendido. La hipótesis de una mayoría legislativa más holgada para el mileísmo amenaza la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, los cupos para minorías discriminadas, la interrupción voluntaria del embarazo y el agravante del vínculo y el odio de género en las penas por homicidio. Si no alcanza con lo propio, los hermanos Milei tendrán que entablar una dura negociación con Rodrigo de Loredo, Sabrina Ajmechet, Cristian Ritondo y, por qué no, Edgardo Kueider. Un tuit, una selfie en Olivos, un juez amigo y un contrato no se le niega a nadie.

Patotas de hoy y ayer

En los primeros años de Mauricio Macri en el Gobierno de la Ciudad, funcionó una célula estatal destinada a patrullar calles, plazas y bajoautopistas para encontrar personas en situación de calle. La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) —así se llamó— fue creada en octubre de 2008 y estuvo a cargo de un hombre con ley propia: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

El ensayo trasuntó en una patota con licencia para golpear, incendiar y destruir pertenencias, y abusos peores. Con poco más de un año de actuación, la UCEP fue desactivada. Macri, Rodríguez Simón y otros enfrentaron imputaciones, pero el fiscal a cargo no impulsó la acción, y sin querellantes particulares por fallecimiento o desinterés de personas que vivían en la calle, las causas terminaron en nada poco antes del fin del Gobierno de Cambiemos. Clásico PRO.

Quince años más tarde, otro hombre de aquella administración regresa a la luz con procedimientos similares. Guillermo Montenegro fue el primer ministro de Seguridad del Gobierno porteño del PRO, puesto desde el que organizó la Policía Municipal, involucrada desde el vamos en el espionaje ilegal. En 2019, Montenegro fue electo intendente de Mar del Plata. Desde hace meses, en plena desbandada del PRO hacia las huestes de los Milei, el alcalde lanzó a las calles a violentos de la Secretaría de Seguridad para barrer con indigentes, vendedores ambulantes y trapitos.

Una diferencia crucial separa a la UCEP de 2008-2009 de los hombres de negro de Montenegro que hoy se ensañan con los marplatenses del último estrato social. El grupo de Rodríguez Simón actuaba desde las 23, siempre a oscuras, sin celulares indiscretos. Cuando sus tropelías cobraron vuelo, Macri cesó a la UCEP. Hoy, en lo más alto de la temporada turística, a plena luz del día, los agentes municipales de Mar del Plata desatan una violencia inusitada. Si no se llega a percibir, el intendente se ocupa a diario de multiplicar su visibilidad en redes sociales. Esta vez, los golpes y los amedrentamientos son filmados en detalle, con primer plano de las víctimas, esos sujetos sin ningún derecho.

Macri comprendió en 2009 que la UCEP podía costarle caro en términos electorales y judiciales. Montenegro, en cambio, avizora que la humillación de los desclasados puede darle oxígeno mediático y político en una ciudad que ha demostrado ser de las más sórdidamente conservadoras del país, con una trayectoria rica en grupúsculos neonazis, violencia institucional y muertes misteriosas.

Sin careta

La llegada de Milei coronó una novedad: no alcanza con ser cruel, hay que parecerlo. Su presunta fortaleza narrada por los medios actúa como “efecto llamada”.

Cáritas, el Hogar de Cristo y la Pastoral de Adicciones de Mar del Plata fueron, junto a Juan Grabois, las voces más altisonantes para alertar “con profundo dolor y preocupación” el padecimiento de los indigentes de la ciudad. Montenegro, ya un veterano de la política y exjuez federal, pareció corporizarse en el veinteañero Gordo Dan para responder. “Me importa tres carajos lo que digan”, descerrajó ante la consulta de La Nación.

El intendente no está solo. Diego Kravetz escaló en el PRO con procedimientos similares hasta que se le abrieron las puertas de la SIDE con La Libertad Avanza. Su aterrizaje brilló por todo lo alto cuando se conoció la golpiza propinada por él mismo a un adolescente sujetado por la Policía. Se anota en ese registro el peronista tucumano Osvaldo Jaldo, desafiante ante las denuncias de la reimplantación del “trencito” policial que se mete casa por casa en barrios pobres de la capital provincial, legado indeleble de su antecesor Antonio Domingo Bussi. Un elenco variopinto y creciente vocifera contra un blanco armado a medida: hombre joven, morocho, inmigrante de países limítrofes, adicto y pobre.

La motosierra causó estragos, y un Gobierno con funcionarios tan extasiados ante un arroba de Musk o un premio-cartón de un ignoto sello extremista, puede estar perdiéndose la película.

Ya Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y los primos Macri habían dado muestras de una radicalización en las campañas de 2019 y 2023, con un evanescente resguardo “institucionalista” que sirvió para denunciar “las propuestas peligrosas de Milei” cuando la competencia se puso brava.

La victoria del ultra empujó a las diferentes vertientes del PRO a competirle a la par, con la excepción de Horacio Rodríguez Larreta y un pequeño grupo que lo acompaña.

A medida que avance el calendario electoral, se verán más escenas esperpénticas. Si duele, suma.

En los papeles, un acuerdo LLA-PRO-UCR, sea nacional o con alianzas tácticas provinciales, dejaría un espacio libre para conformar una propuesta de centroderecha democrática sin agravios a homosexuales, nostálgicos de la impunidad de los represores, xenófobos e ignorantistas anti-Conicet y antiuniversidades públicas. La duda razonable es si ese lugar político existe realmente en la Argentina, o no es más que una elucubración de columnistas políticos, consultores y ONG.

Cálculos para perder

Del otro lado, prima la resignación. Hay importantes dirigentes opositores que avizoran un tercer puesto como el resultado más probable en importantes provincias.

El peronismo discurre con su conducción nacional en modo pausa, gobernadores propensos a alambrar sus distritos y la pelea latente entre los Kirchner y Axel Kicillof como foco de atención, a la que muchos ven ajena.

La elección de 2025 no está definida ni mucho menos. Dependerá en parte de la alquimia de las coaliciones y el nuevo método para votar de boleta única. Cada vez que el Gobierno y sus propagandistas se pasan de rosca con el goce autosatisfactorio, el dólar se encarga de recordar que sigue indómito y las reservas del Banco Central bajan otro escalón. El Luis Caputo de hoy se va pareciendo cada vez más al que protagonizó el Ejecutivo de Macri, con mal recuerdo para él y para todos.

El año de Milei fue positivo en cuanto a la baja relativa de la inflación y una estabilidad mayor a la pronosticada, pero lacerante en rubros cruciales: los ingresos de los trabajadores y la composición del gasto en los hogares. El mercado laboral se deterioró y la motosierra causó estragos en múltiples derechos, con privilegiados sospechosamente exentos. Un Gobierno tan halagado por los medios, con funcionarios tan extasiados ante un arroba de Musk o un cartón-premio de un ignoto sello extremista, puede estar perdiéndose la película.

Un dirigente con experiencia ejecutiva describe el escenario bonaerense del peronismo: “Las salidas más probables son malas. Si patean las diferencias para 2027 o Axel se rinde y acepta todo lo que ie mpongan, vamos a ir con una imagen de contubernio, con miedo, más de lo mismo. Si van al choque a último momento porque no acuerdan, sale algo improvisado que puede terminar en desastre. Queda una jugada de Cristina que sorprenda y reordene todo, como en el pasado, o que Axel se decida a dar pelea en serio. Ninguna de las dos son las más probables. Lo que sorprendería de Cristina sería que ceda poder y desactive el bloqueo que ejerce La Cámpora, y eso no va a ocurrir, porque sería mandar a Máximo a la casa”.  

Con sus déficit de organización a cuestas, Kicillof, Grabois y la izquierda corren con la ventaja de haber asumido de entrada que, ante una ofensiva retardataria de semejante magnitud, sólo cabía una oposición frontal, por responsabilidad histórica y representatividad de sus votantes, sin especulaciones menores sobre el “humor social”, que “madure el desencanto” o el veto de los medios. El lugar de los dirigentes que se escondieron, con la cúpula de la CGT a la cabeza, no es más edificante que el de los saltimbanquis de la UCR y el PRO que arroban a Milei para que les dé retuit.

Queda la reacción social ya demostrada en el pasado, que volvió a salir a la luz en el año de Milei, pese al agravio de los medios oficialistas y la amenaza de la represión policial. Universitarios, organismos de derechos humanos, feministas y sindicatos protagonizaron movilizaciones históricas. Los trabajadores de los sitios de memoria o del Hospital de Salud Mental Bonaparte plantaron caro al vandalismo libertario, y lo siguen haciendo.

Lo viejo no muere, lo nuevo no nace. Acaso la reacción, que difícilmente será con los dirigentes actuales a la cabeza, ni siquiera sea con la cabeza de dirigentes de los que ya nadie debería esperar demasiado. 

SL/DTC

Posteos virales por un lado, recursos de habeas corpus por el otro. Emojis con pulgar arriba y mensajes de respaldo en redes; críticas y repudio en paralelo. Videos de agentes municipales en modo Policías en Acción –cámara en movimiento, música hardcore, sirenas de fondo–; denuncias penales por persecución, estigmatización y amenazas. Entre esos extremos, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, logró instalar en la agenda del verano el giro más visible de su segunda gestión en Mar del Plata: desde hace meses, promueve y difunde distintos operativos para desalojar y disuadir a cuidacoches, limpiavidrios y personas que duermen en espacios públicos.

Montenegro habla de “fisuras”, “forasteros” y “zombies”. Y lanza frases tajantes y en algunos casos despectivas para ilustrar cada acción de los efectivos de la Patrulla Municipal y de la Secretaría de Seguridad. Imprime así una tónica al asunto que sorprende a propios y extraños, y que replica –y refuerza en casos– el estilo de los “operativos de orden y limpieza” de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires para personas que realizan tareas informales o en situación de calle. Como detalle, o no tanto: a diferencia de lo que pasa en territorio porteño, el estilo sheriff adoptado por el intendente en la localidad balnearia en el cierre de 2024 e inicio de 2025 despierta simpatías hacia él entre las fuerzas del cielo. 

Ante las críticas, el jefe comunal mantiene el tono: “Me importa tres carajos lo que digan los que opinan desde atrás de un escritorio”. Sostiene que no hubo “ningún cambio” en el tipo de operativos, y que hace “lo que corresponde”.

“Esto no es un trabajo”, escribió en su cuenta de “X” el 2 de enero, en su primer posteo del año. En él se veía a personal del área de seguridad local que abordaba y expulsaba a un grupo de cuidacoches y limpiavidrios en la zona del puerto. “Me cagás la herramienta de laburo”, se defendía uno de ellos. “No, no, esto no es un trabajo”, replicaba el agente, y agregaba: “Ni esto, ni el trapito, ni el vidrio, ni nada. No se puede. Hoy nos vemos, y no nos vemos más”. 

Cinco días más tarde, Montenegro agregó un nuevo posteo, con una discusión entre un agente y un cuidacoches en la zona costera. “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, expresó el intendente. La publicación fue celebrada por miles de interacciones, y fue repudiada por otro tanto, especialmente por deslizar un paralelismo entre alguien que cuida un vehículo estacionado –actividad molesta por cierto para muchísimos automovilistas: en lo que va de enero hubo más de cien denuncias al número de whatsapp habilitado para eso por el Municipio– y alguien que comete un delito. El balance a nivel municipal: el video tuvo más de cuatro millones de visualizaciones, todo ganancia. 

Con este tipo de publicaciones quedó claro en el arranque del año que el ex juez federal y referente del macrismo mantendría el estilo adoptado desde octubre, cuando estos despliegues comenzaron a ganar mayor espacio en la agenda de trabajo del Municipio y especialmente en sus plataformas de difusión. En paralelo, distintas presentaciones judiciales han buscado frenar este tipo de procedimientos. 

Montenegro: “No son víctimas”

Montenegro rechazó en diálogo con elDiarioAR las acusaciones por la brutalidad de los operativos y la estigmatización con este tipo de comunicación institucional: “Ese verso ya no se lo cree nadie. A los que realmente necesitan ayuda los tenemos censados y asistidos”.  

“Acá estamos hablando de otra cosa: yo no voy a permitir que intenten generar caos, ocupando plazas públicas o generando situaciones de violencia y extorsión en medio de la ciudad. Me importa tres carajos lo que digan. No voy a entrar en una discusión dogmática. Voy a actuar”, aseguró.  

Señaló en ese sentido que “los que están generando violencia y ocupando espacios públicos no son víctimas”, sino “parte de un mecanismo organizado” y “buscan generar caos”.  

“En Mar del Plata no vamos a permitir que nos conviertan en otra ciudad tomada por zombis, como pasa en otros lugares del mundo donde el descontrol y la inacción del Estado dejaron calles invadidas y zonas donde ya no se puede ni caminar. Te repito: me importa tres carajos lo que digan los que opinan desde atrás de un escritorio. Acá defendemos a los vecinos que se levantan todos los días para laburar, no a quienes quieren sembrar el desorden. Mientras yo sea intendente, no voy a ceder ni un centímetro”, explicó a ese medio.  

Sostuvo por otra parte que no hubo ningún cambio en el tipo de intervención, sino que actúan igual desde 2022, cuando se habilitó la línea para denuncias, y que estos procedimientos no tienen que ver “con especulaciones políticas”.

“La diferencia es que ahora los resultados se ven más claros porque sumamos más herramientas y reforzamos el control. Incorporamos tecnología, mejoramos la coordinación, y estamos actuando con toda la firmeza que la ley nos permite. Esto no tiene que ver con demandas nuevas o cambios de lectura, sino con mantener una política consistente: defender a los marplatenses que laburan, invierten y respetan las normas”, dijo, e insistió: “En Mar del Plata no hay espacio para la extorsión ni para el caos. No me importa si son trapitos, okupas o grupos organizados, acá las cosas se hacen como corresponde”. 

Montenegreo comparte con las filas libertarias la idea que las elecciones de este año se desarrollarán en un escenario polarizado. En esa mirada se explica su radicalización respecto del mandato anterior. Por eso, en las fuerzas del cielo miran con buenos ojos ese cambio de estilo en el jefe comunal, en modo sheriff, sobre todo en la comunicación a través de las redes. En una entrevista brindada con Radio Brisas de Mar del Plata, antes de llegar a la ciudad esta semana, Martín Menem había señalado que tiene “buen trato en lo personal” con Montenegro, y que lo conoce “de joven”.

Métricas y habeas corpus

El operativo con mayor repercusión ocurrió a fines de noviembre, cuando el propio Montenegro difundió las imágenes de un desalojo de un hombre y una mujer que dormían en la calle. “Se terminó”, tuiteó el jefe comunal, junto a un video del procedimiento, en el que agentes comunales despiertan y desplazan a la pareja y les quitan los colchones que usaban. 

El posteo fue repudiado por decenas de dirigentes opositores. “Todos matones contra los más pobres. Qué basura tenés que ser para hacerlo y para festejarlo”, expresó la ex diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. 

El intendente dobló la apuesta: “Llevátelos a tu casa”. Acusó además de trasladar a estas personas a la ciudad al dirigente de Patria Grande Juan Grabois. “Manga de mafias. Estos no son gente en situación de calle. A ellos los tenemos censados y asistidos. A estos los están trayendo a Mar del Plata para instalarlos, para hacernos piquetes y acampes. Son violentos con los vecinos”, señaló, y agregó: “Mi trabajo es defender a los marplatenses, al que se levanta a laburar todas las mañanas. Y lo voy a hacer con mis propias manos si es necesario”. 

A nivel local, también cruzaron al intendente. La concejal opositora Eva Ayala (Acción Marplatense) calificó como “vergonzosas” ese tipo de publicaciones, repudió “la crueldad”, “la jactancia” del mensaje y la “arrogancia brutal hacia los más débiles”. Señaló además que no se trata “solo de lenguaje o sensibilidad”, sino que consideró que el gobierno municipal incumple las responsabilidades fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades “en materia de asistencia, protección y cuidados de las personas en situación de calle”. En la misma línea, el edil de Unión por la Patria Diego García lo acusó de hacer “un show” en “X” “una vez por semana” con algún video “despreciable”.

En el Palacio Municipal desestiman los cuestionamientos y miran las métricas: el posteo tuvo casi 8 millones de visualizaciones. Las cuentas de Instagram y Tik Tok del municipio sumaron además miles de nuevos seguidores. 

Pocos días antes de ese hecho, dos mujeres hermanas habían denunciado ante la Justicia que las habían expulsado de manera violenta, en plena madrugada, de un cajero automático del Banco Provincia en la zona oeste de la ciudad en el que pernoctaban. Denunciaron además que sufrían “persecución constante” por parte de personal municipal, y que los agentes golpeaban a personas en situación de calle, “les roban el calzado y les queman los colchones y frazadas”. 

A partir de esta denuncia, el titular de la Defensoría Pública 10 del Departamento Judicial Mar del Plata, Mauro Giacomaso, presentó un pedido de habeas corpus para frenar este tipo de actuaciones, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Rosa Frende. La magistrada pidió precisiones al Municipio acerca del operativo. El propio Montenegro contestó, y difundió públicamente la respuesta, con una advertencia previa: “Quiero que sepan que este intendente no tiene miedo”. Según precisó ante el requerimiento judicial, ese tipo de procedimientos son “aleatorios” y “se encuentran orientados a toda persona que realice un uso irregular o indebido del espacio público”.

La jueza rechazó días más tarde el recurso de habeas corpus de la defensoría, porque entendió que no se acreditó una “amenaza concreta”. Consideró que “más allá del estado de vulnerabilidad” de estas mujeres, “su permanencia” en un cajero para pasar la noche “no resulta amparada por la ley”, y que independientemente del “alto índice de pobreza e indigencia” existente y la falta de vivienda, “no por ello resulta válido el uso de cualquier lugar para guarecerse”. La magistrada pidió de todos modos que personal de la Secretaria de Desarrollo Social intervenga también en los procedimientos. 

El último viernes, Montenegro cuestionó a la jueza por “garantista”, tras un incidente protagonizado por las mismas mujeres. “Días atrás –escribió en ”X“–, por controlar a estos mismos ejemplares nos metieron un habeas corpus. Hoy se apuñalaron entre sí por culpa de una jueza garantista, que había ordenado la intervención de desarrollo social ´para ayudarlos´. Si ofrecés ayuda, te devuelven piedras. Tienen que ir a un refugio? No, tienen que ir detenidos. Y así fueron”.

“Legitimación de la violencia”

Para el abogado Julio Hikkilo, representante de la asociación civil La Casa del Trabajador de Mar del Plata, este tipo de accionar impulsado por Montenegro representa “una estigmatización total de personas vulnerables” y “la legitimación del uso de la violencia”. “Incluso si un trapito actúa con violencia, que claro que puede pasar, y merece la actuación de la justicia en tal caso, peor es la violencia institucional”, dijo Hikkilo en diálogo con elDiarioAR, y consideró que el intendente del PRO “endureció su discurso para sintonizar y simpatizar” con el Presidente Javier Milei.

El último miércoles, el abogado presentó en ese sentido una acción de habeas corpus preventivo y correctivo para exigir la “razonabilidad y legalidad” de las medidas adoptadas “contra las personas en situación de calle y trabajadores informales de la vía pública”.

En su presentación ante el Juzgado de Garantías 5, Hikkilo sostuvo que “las medias coercitivas aplicadas y ampliamente difundidas por diferentes medios” contra este grupo de personas se realizan “con absoluta discrecionalidad, en forma irrazonable, discriminatoria” y viola “sus legítimos y elementales derechos constitucionales”. En la acción iniciada, solicitó que como medida cautelar se ordene al municipio la suspensión de nuevos procedimientos “hasta tanto brinde un informe exhaustivo” sobre el criterio aplicado y “la fundamentación que avala este actuar abusivo”. 

“Con un oportunismo político sin precedentes, se acomete contra las personas más vulnerables de nuestra sociedad, pisoteando sin posibilidad de defensa sus derechos básicos, negándoles incluso las condiciones de ser humanos, al estigmatizarlos socialmente como ´fisuras´, ´delincuentes´”, señaló, y agregó: “No por ser trabajadores informales, pobres y humildes, se transforman en delincuentes ni deben ser tratados como tales”.

También Juan Grabois anunció que denunciaría penalmente al intendente marplatense. En su paso por la ciudad el último martes para presentar su último libro y participar en una movilización junto a movimientos sociales, acusó a Montenegro de emplear “métodos ilegales” en los operativos, y precisó que la denuncia era por presunta violación a la Ley Antidiscriminación, abuso de autoridad y por el robo de las pertenencias de las personas desalojadas de los espacios públicos.

“Los vendedores ambulantes y la gente que estaciona coches lo hacen porque no tienen otro laburo para hacer, y en vez de perseguirlos hay que regularizarlos”, dijo durante un acto a metros de la sede municipal, y pidió al intendente “que entienda que a una persona con una problemática de adicciones” –es el caso de mucha gente en situación de calle en Mar del Plata, según fuentes judiciales y comunales– deberían “tratarla como un ser humano”.

Grabois cuestionó que “se la agarran con la gente que no se puede defender” y criticó al ex juez federal por “ponerse en víctima”, luego de que el intendente denunciara el último lunes haber recibido amenazas de muerte a través de Instagram.

AVL/MG

En la ciudad de Mar del Plata, el plan de desarrollo inmobiliario que promueve el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, tiene un objetivo muy claro: “Que el privado invierta” y que “el Estado acompañe”, según argumenta en distintas notas periodísticas.

En un twit de hace unos meses, el mandatario decía: “Más del 90% del empleo en nuestra región corresponde al sector privado, por eso nuestro trabajo es acompañarlos, dar facilidades y quitar trabas para que puedan crecer y apostar por Mar del Plata: los permisos exprés para las obras, la ordenanza para recibir los fondos de los créditos de Banco Nación para la construcción y el incentivo a nuevas inversiones son ejemplos claros de esto”.

Un selecto grupo de desarrolladores privados junto a representantes de la UOCRA –el gremio de los construcción– y funcionarios públicos afines al oficialismo enfatizan en que los proyectos inmobiliarios traerán progreso y más trabajo a la ciudad. Por otro lado, una gran porción de la comunidad marplatense realiza críticas y denuncias al advertir graves faltas legales y técnicas al momento de otorgar permisos que “no miden las consecuencias ambientales y sociales”.

El caso de La Reserva Explanada, un megaproyecto inmobiliario que busca construir 9 edificios de 12 metros de altura con cocheras subterráneas sobre una de las playas sur de la ciudad (sobre la ruta 11 KM 530, barrio Alfar), llegó a la Justicia con la denuncia de diversas instituciones, expertos y vecinos de la ciudad de Mar del Plata que se oponen por el impacto ambiental, habitacional, arqueológico y turístico que implicaría su desarrollo.

Para comenzar las obras, el fideicomiso espera la Declaración de Impacto Ambiental, entre otros permisos que tiene pendientes. Sin esto, la empresa constructora CROMAR SA, la cual participa del proyecto, no puede avanzar. Sin embargo, distintas inmobiliarias de la zona filtraron a este medio que desde fines de 2023 se están vendiendo lotes con departamentos divididos en 9 módulos –con y sin cocheras incluidas, frente al mar o en zona de bosque–, a un valor promedio de US$5.000 dólares el metro cuadrado. 

La ubicación elegida es uno de los grandes puntos de tensión: el predio donde se proyectan las viviendas está ubicado en la primera línea de médanos lindero con la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, un extenso sector de la costa marplatense que abarca desde el Faro hasta Los Acantilados y que está bajo los dominios privados de la sociedad anónima Playas del Faro, firma que responde a los herederos de la familia fundadora Peralta Ramos. 

Playas del Faro SA administra desde 1991 el espacio para uso comercial y, desde entonces, entrega a emprendedores privados diferentes porciones (donde hay médanos, reserva forestal y arroyos que terminan en el mar), bajo la figura municipal de “Complejo Turístico”, el cual responde a la ordenanza (8.434), la cual tiene la última prórroga vencida en 2015.  

“Nosotros no estamos en contra del progreso inmobiliario en la ciudad, pero nos oponemos al lugar elegido para su desarrollo por el fuerte impacto ambiental y habitacional que provocará en la zona”, explican a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR desde la Asamblea Playas del Sur, conformada por vecinos, investigadores y profesionales de diversas áreas de la ciudad.

Desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires distrito 9, en un extenso y detallado informe, advirtieron sobre múltiples consecuencias negativas: la fragilidad ambiental, el desmonte de especies implantadas, el impacto en la remoción de médanos, el peligro de las construcciones que impermeabilizan el terreno y pueden provocar inundaciones mayores tanto en el terreno del proyecto como en los barrios aledaños, el valor paleontológico y arqueológico que no está siendo tenido en cuenta y el acceso a las playas públicas, entre otros puntos en conflicto.

En un intento por conocer la posición del oficialismo y conversar con referentes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y con el área de Gestión Ambiental de la Municipalidad, la UDI de elDiarioAR pidió una entrevista hace más de una semana, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

Una ordenanza cuestionada desde el inicio

Todo comenzó a fines de 2022, cuando el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó la ordenanza 25.848/222 en un tratamiento legislativo “exprés”, que permitió ampliar las posibilidades de edificación de viviendas multifamiliares en zonas de fragilidad de médanos y reserva forestal.

Unos meses antes, el empresario Esteban Alberto Materia había ingresado una nota particular donde solicitaba “la reinstalación de indicadores urbanísticos y normas territoriales para el predio y/o sector conocido comercialmente como balneario La Reserva”, persiguiendo el objetivo que más tarde se haría público: el emplazamiento de un complejo de edificios de uso residencial uni o multifamiliar con una densidad de 100 habitantes por hectárea.

“La ordenanza 25.848 tiene restricciones provinciales que se imponen a toda propiedad privada en el frente costero, con la particularidad de encontrarse circundada por el arroyo Corrientes y la Reserva Fiscal. Por eso, la provincia de Buenos Aires es la encargada de dar intervención a la Autoridad del Agua (ADA), al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de infraestructura para velar por los principios de legalidad y los recursos naturales, para que la modificación que suceda en un municipio no altere el patrimonio provincial”, puntualiza a la UDI de elDiarioAR Kanki Alonso, asambleísta diplomado en el Ordenamiento Ambiental Territorial y coordinador del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur.

Según explica a este medio Soledad Arenaza, abogada y coordinadora de la Organización MAR, “la ordenanza 25.848/222 (firmada el 28 de diciembre de 2022), que modificó los indicadores urbanísticos, nunca fue convalidada como corresponde por decreto de la provincia de Buenos Aires, de la que depende el Municipio de General Pueyrredón. Se trata de una modalidad que se viene replicando en varios proyectos de la zona”.  

Paula Suero, arquitecta especializada en transformaciones territoriales y derecho a la ciudad y miembro de la Organización MAR, analiza para la UDI de elDiarioAR: “Mar del Plata viene sufriendo una transformación urbanística muy preocupante que responde a una matriz basada en un modelo de lote privado que no tiene en cuenta el espacio público, el ambiente, el espacio costero, las personas que habitan el barrio, los bienes comunes, el patrimonio construido y natural”.

“La lógica especulativa en la que se basa la iniciativa inmobiliaria en la ciudad solo busca acumular riqueza en lugar de responder a una necesidad habitacional particular, algo que viene acompañado necesariamente de la entrega de lugares públicos y espacios verdes. Mirar al territorio únicamente como un negocio es la mercantilización absoluta del espacio donde para acceder hay que pagar”, se lamenta.

Los espacios que se oponen al megaproyecto coinciden en que esta ordenanza podría ser la “primera de muchas más” que intenten modificar los indicadores urbanísticos para avanzar sobre terrenos frágiles a lo largo de todo el Paseo Costanero Sur. Especialmente, ahora que el Concejo Deliberante cuenta con mayoría automática.

Lo que dejó la audiencia pública del 26 de noviembre

Cuando la Constructora CROMAR SA presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) preliminar firmado por la arquitecta María Müller, recibió fuertes críticas sobre incongruencias técnicas, legales y ambientales que quedaron expuestas en la audiencia pública del 26 de noviembre. 

En esa instancia, vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad costera tomaron el micrófono para contar cómo serían perjudicados de manera directa: explicaron que en los barrios aledaños aumentaría el riesgo de inundaciones como consecuencia de la destrucción de médanos en conjunto con las crecidas del arroyo Corrientes; que se agravaría la situación de contaminación de ese mismo arroyo, que tiene por destino los desechos cloacales de los 9 edificios (y a dónde ya llegan los desechos que reciben por parte del balneario privado de mismo nombre). También mencionaron el cono de sombra que las edificaciones proyectarán sobre la playa pública, quitando horas de sol tanto a vecinos del barrio como a los turistas que se acerquen.

El abogado y asesor del fideicomiso Julián Vespa, presente en la audiencia, se encargó de defender que “el desarrollo se asienta sobre una propiedad privada, esto no es tierra del municipio y tenemos la escritura en regla”, y aseguró que “no afectará al mar ni a los médanos, y no afectará el acceso a las playas públicas”.

Para Marcia Mojica, geóloga magister en gestión integrada de áreas litorales y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), “la fragilidad de dunas de la zona” es una de las razones suficientes para oponerse al proyecto y así lo detalló: “En esta área se encuentra la única barrera medanosa que presenta el partido General Pueyrredón y que se orienta hacia el Sudeste, por lo que es susceptible a las tormentas del sur. Por esta razón, la arena juega un rol muy importante como amortiguador frente a las sudestadas”.

El conflicto continuó escalando y en diciembre la Defensoría del Pueblo de la Nación pidió acceso al expediente para conocer la situación actual. ¿Con qué se encontraron? En diálogo con este medio, explicaron que se encuentran “en etapa preliminar de análisis”, y que con el correr de las semanas analizarán “si el proyecto respeta lo previsto por la Ley General de Ambiente”, al mismo tiempo que evaluarán si “el derecho a la participación ciudadana se cumplió con debido proceso”, es decir, si la ciudadanía tuvo acceso a la información sobre el EIA preliminar en tiempo y forma y si se otorgó una respuesta acorde a las inquietudes presentadas en aquella audiencia pública. 

Por último, adelantaron que “será tenido muy en cuenta el temor que la ciudadanía denuncia respecto a la ordenanza 25.848”, en relación a que podría ser el primer paso para que luego se multipliquen iniciativas similares a lo largo de toda la franja costera.

Nosotros no estamos en contra del progreso inmobiliario en la ciudad, pero nos oponemos al lugar elegido para su desarrollo por el fuerte impacto ambiental y habitacional que provocará en la zona

Asamblea Playas del Sur.

El límite entre lo público y lo privado: la línea de ribera denunciada

Otro de los puntos de conflicto que aparecen en el EIA preliminar responde al otorgamiento de la prefactibilidad hidráulica por parte de la Autoridad del Agua (ADA).

Según revisa el coordinador del Observatorio Ciudadano Costanero Sur, desde 1998, la Ley 12.257 con la que se creó el Código de Aguas –que rige hasta la actualidad para toda la provincia de Buenos Aires– aumentó en el artículo 143 la franja de protección de desagües naturales a 50 metros, modificando lo establecido en un decreto de 1961 que indicaba 15 metros. En el Estudio de Impacto Ambiental cuestionado, se tomó el parámetro antiguo como distancia necesaria al arroyo Corrientes para iniciar las construcciones. Un error que no parece inocente.

Asimismo, Alonso explica que “la línea de ribera utilizada para medir la distancia que divide lo público de lo privado, que sería el límite desde donde se podría comenzar a edificar, también está desactualizada”. En el artículo 142 de la misma ley dice que se prohíbe “el loteo y la edificación en una franja de 150 metros aledaña al océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia”. Sin embargo, la línea de ribera que fue tomada en cuenta es de 100 metros, de acuerdo a la ordenanza municipal (8434/11), que “no solo está vencida, sino que está maliciosamente modificada”.  

¿Por qué? “La norma municipal 8434 fue sancionada en 1991 y no en 2011”, explica Alonso, hecho que también fue denunciado y que ahora se encuentra en la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio número 6 de La Plata, en el marco de la actuación de Andrea Cumba, directora provincial de Gestión Hídrica del ADA, responsable de la firma que otorga el aval de prefactibilidad hidráulica que daría luz verde al proyecto. 

A favor de quienes se oponen aparece un nuevo argumento: el último estudio del ADA publicado en 2022, en el que se sugiere que las tierras involucradas en el área donde se proyectan los edificios quedarían en zona de restricción. “La mensura que toma el proyecto es de 2014, donde el límite de la línea de ribera está totalmente desactualizado: actualmente es una línea que cae dentro del mar”, cuentan a este medio desde la comisión de arquitectos y arquitectas de la Asamblea Playas del Sur.

“La línea de ribera que debe ser tomada en cuenta es la que está publicada en el último informe realizado por el ADA, en el que se sugiere un trazado actualizado de línea de ribera de acuerdo a la topografía mixta del lugar”, aclaran, y anticipa: “Desde la comisión, estamos realizando un informe en el que superponemos la mensura de 2014 con la de 2021 y la ubicación en terreno donde quedan implantados los 9 edificios. A partir de la línea de ribera actualizada, que es la que se debe tener en cuenta para el avance del desarrollo, planteamos la restricción de los 150 metros que dictamina el Código de Aguas demostrando que no cuentan con terreno disponible ni habilitado para el desarrollo del proyecto”.

Una marcha por las playas públicas del sur

Entre las últimas acciones que visibilizan el conflicto, la Asamblea Playas del Sur organizó una marcha el pasado domingo 12 en “defensa de las playas públicas del sur”, que partió por la costa desde el arroyo Corrientes y se desplazó hasta la Reserva Educativa Verde Mundo.

En el comunicado que convocó a marchar decía: “El límite costero donde termina lo público y comienza lo privado también está en riesgo. Turistas y vecinos que disfrutamos de las playas públicas del sur tendremos cada vez menos espacio disponible para habitar un espacio natural que nos pertenece a todos y todas. Queremos que nuestra ciudad prospere, pero que los negocios se realicen en sitios adecuados, donde no exista riesgo ambiental y social. Donde no se necesite destruir para prosperar”.

La lógica especulativa en la que se basa la iniciativa inmobiliaria en la ciudad solo busca acumular riqueza en lugar de responder a una necesidad habitacional particular

Paula Suero — Arquitecta especializada en transformaciones territoriales y derecho a la ciudad y miembro de la Organización MAR.

En un recorrido de más de dos kilómetros sobre la orilla del mar, entre cantos a favor del cuidado de las playas y en contra de la especulación inmobiliaria, desde la asamblea contaron a elDarioAR que están “preocupados y dispuestos a defender los pocos médanos que quedan al sur de la ciudad sin intervención inmobiliaria”, y advirtieron que “el avance de los privados sobre las playas públicas es cada vez más evidente”, que lo hacen “sin respetar las normativas que rigen en la provincia de Buenos Aires”.

Más exigencias legales

Actualmente, continúa en debate el proceso de aprobación definitiva de las obras de La Reserva Explanada. la UDI de elDiarioAR tuvo acceso al expediente y pudo corroborar que, entre los últimos movimientos publicados, desde el área de Gestión Ambiental que dirige Marcelo Ragonese y que depende de EMSUR, se publicaron nuevas exigencias. 

Julián Vespa, el asesor del fideicomiso, fue consultado por elDiarioAR sobre distintos puntos cuestionados en el expediente, pero debido a la “falta de tiempo” para expresar su opinión, ya que “se encuentra de vacaciones”, no brindó una respuesta.

Entre los nuevos requisitos, el fideicomiso deberá presentar “un proyecto para la demarcación de manera física y tangible de los límites del Paseo Costanero Sur que se encuentra entre esta propiedad privada y la ruta 11; especificar exhaustivamente la cantidad de ejemplares (de árboles) a extraer, la superficie de excavación y la cantidad de metros cúbicos a ser removidos; deberá presentar los permisos emitidos por la Autoridad de Agua de la Provincia de Buenos Aires y la correspondiente Factibilidad de Servicio Eléctrico; agregar un estudio con sus correspondientes especificaciones del impacto del cono de sombra y especificar cómo será el acceso al predio de viviendas multifamiliares con un croquis de intervenciones respecto al acceso desde la ruta y el desarrollo vial en el interior del predio.

En esta área se encuentra la única barrera medanosa que presenta el partido General Pueyrredón y que se orienta hacia el Sudeste, por lo que es susceptible a las tormentas del sur. Por esta razón, la arena juega un rol muy importante como amortiguador frente a las sudestadas

Marcia Mojica — Geóloga magister en gestión integrada de áreas litorales y becaria doctoral del Conicet.

“Se piden requerimientos con los que acordamos, pero todavía omiten otros que son relevantes”, se queja Alonso, y enseguida brinda un ejemplo: “Por un decreto de 1985, se prohíbe la tala y el desmonte en esa propiedad, es decir no se puede talar ni uno ni 700 árboles”. 

“Tampoco mencionan la restricción a otros dos artículos del Código de Aguas ni hacen el debido pedido de estudio de impacto arqueológico y paleontológico que requiere la zona”, repasa. 

Carlos Quintana, miembro del laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), adhiere al reclamo del Observatorio Ciudadano Costanero Sur y sostiene ante la consulta de este medio que “el área específica del emprendimiento La Reserva Explanada se sitúa en un sitio arqueológico (denominado Arroyo Corrientes) fechado en más de siete milenios siendo muy relevante por diversos motivos, en tanto da cuenta de los modos de vida de sociedades cazadoras recolectoras costeras. Por otro lado, se trata de un caso raro de un sitio arqueológico dispuesto en pleno tejido urbano, otra razón por la cual se deberían extremar los recaudos para su protección”.

A su vez, explica que “el patrimonio arqueológico y paleontológico de este sector bonaerense comprende bienes y yacimientos que están protegidos por legislación nacional, provincial y municipal, como ser por la Ley Nacional 25743/2003 y, más precisamente por la ordenanza 9417/94”.

Junto con el Estudio de Impacto Ambiental, se debe realizar un estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico, el cual se tramita de manera provincial a través del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (CRePAP). Pero, al momento, este requerimiento no fue solicitado por la municipalidad.

ED

Todos los centros turísticos del mundo son la historia de dos, tres, cuatro ciudades. Mar del Plata no es la excepción. Están los turistas, con su propia escala social, que va desde la familia obrera que pudo ahorrar un pesito para disfrutar las todavía vigentes “vacaciones pagas” de la ley de contrato de trabajo, hasta las capas de ricachos exuberantes que hacen rugir sus cuatriciclos; también están los vecinos, que van desde los que toleran de mala gana la molestia de la llegada de los invasores con sombrilla hasta los que buscan generar en la temporada ingresos para sostenerse todo el año. 

Entre éstos últimos también hay una variedad notable. Hay grandes empresarios hoteleros y vendedores ambulantes, hay empresas turbias de estacionamiento medido y pibes que cuidan coches, hay enormes centros comerciales y pequeñas tiendas, hay templos de la ludopatía y malabaristas en los semáforos, hay empresas de residuos que duplican el canon en temporada y cartoneros que con suerte juntan un bolsón más de plástico. 

La nocturnidad es un tema aparte. Están los boliches donde los jóvenes se divierten, a veces sanamente, a veces en exceso y la violencia. Esos jóvenes, de clase media, terminan muchas veces quebrados en la playa porque se la dieron de pera tomando las porquerías que algún amigo de los vigilantes municipales y las fuerzas de seguridad habilitan. Aunque estos pibes conocen las verdugueadas policiales, no llegan a la categoría de fisuras. 

Es que el subsuelo más profundo de la sociedad son las personas en situación de calle y si además tienen problemas de salud mental, llevan el nombre de “fisuras”, sinónimo de un miembro dañado del cuerpo, sinónimo de grieta, sinónimo de quiebre de la consistencia. Son los más vulnerables entre los vulnerables. Rotos. Sin hogar. Los que se amuchan para aguantar el frío porque solo les queda “un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar” . Seguramente también una muerte segura: entre agosto de 2023 y agosto de 2024 fallecieron 135 personas sin techo en todo el país, una tasa que cuadruplica la normal. 

La antropóloga Margaret Mead ofreció una respuesta profunda cuando le preguntaron cuál era el primer signo de civilización: “Un fémur fracturado y sanado”. No se refirió a herramientas ni templos, sino a algo mucho más esencial: la capacidad de cuidarnos mutuamente. En la naturaleza, un animal con una pierna rota está condenado a morir porque no puede huir de los depredadores ni buscar agua o comida. Pero un hueso humano que logra sanar muestra que alguien estuvo ahí para ayudar. Es la prueba de que hubo quien vendó la herida, inmovilizó el hueso, cargó al herido a un lugar seguro y lo alimentó hasta que pudo recuperarse. Esto es mucho más que un acto de compasión; es el origen de lo que entendemos como humanidad.

Tal vez por eso personalidades tan disímiles como Mahatma Gandhi desde la India y el vicepresidente norteamericano Hubert H. Humphrey desde Washington afirmaron que “La grandeza de una nación se mide por cómo trata a sus miembros más débiles” (Gandhi) o que “la prueba moral del gobierno es cómo ese gobierno trata a quienes están en los albores de la vida, los niños; a quienes están en el ocaso de la vida, los ancianos; a quienes están en las sombras de la vida, los enfermos, los necesitados y los discapacitados” (Humphrey)

El intendente de la quinta ciudad más importante en cantidad de habitantes de nuestro país, Guillermo Montenegro, decidió invertir la ecuación. La prueba moral de su gobierno parece ser el nivel de crueldad con la que, cobardemente, trata a los más vulnerables. Un grupo de tareas, cuyo encuadre legal se desconoce, circula día y noche aplicando en flagrante violación a las leyes vigentes facultades de fuerza que no pertenecen a un municipio. 

En sus redes sociales se despliegan una serie de videos de musculosos patovicas arrebatándole el trapo a un limpiavidrios, sacando de una esquina a una persona que duerme porque no tiene techo, arrojando a la basura los colchones de quienes duermen a la intemperie, mostrando impúdicamente el rostro de personas bajo los efectos del consumo, amenazando con “perder la paciencia”. Los patovicas del grupo de tareas siempre dando la espalda a la cámara. Las escenas de mayor violencia -con palos, gases, trompadas- no se suben a las redes y se realizan en clandestinidad. 

Todo eso con frases ofensivas de la pluma vulgar del propio intendente haciendo gala de burlas, ofensas y el falso coraje de los que sólo saben lastimar a los indefensos: “fisuras”, “cuchetas”, “ranchos” a erradicar. Cuidacoches con “valet parking”, trapitos que van a “terminar limpiando los barrotes de la celda”. Luego, apela a los “vecinos de bien”: “¡esto no es un laburo!”. No es la discusión que importa. Esos “fisuras”, “trapitos”, “cuidacoches”, “forasteros”, son seres humanos. 

Frente a la crítica, Montenegro maquilla su conducta atribuyendo los problemas de exclusión social que lo obligan a actuar como un tirano de reposera a el accionar organizado de gente de “La Matanza”, mandados por “Grabois”, kirchneristas, zurdos, “orgas”. Presten atención. Sólo reacciona así frente a la crítica. Cuando hay silencio de la oposición política o social, Montenegro muestra que en definitiva el zafio desprecio a los descartados es lisa y llanamente la vulgaridad del mal, mal que se expande, se reproduce y enferma a la sociedad.   

Montenegro no es un ciudadano común con ideas fascistas que vierte alegremente en sus redes sociales. Montenegro es la máxima autoridad institucional. Tiene una responsabilidad superior. Le guste o no, existe la Constitución y las leyes. Existe, en particular, la ley 27.654 impulsada sí por un diputado de nuestra fuerza (Patria Grande - Argentina Humana) pero votada prácticamente por unanimidad, incluido su bloque político, para “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina.” (Art 1°) que “tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física (Art 6°)” Lo que muestran los videos es otra cosa. 

La conducta de Montenegro, que desde nuestro punto de vista es delictiva y por tanto fue denunciada, es maligna. Maligna por su propia naturaleza y doblemente maligna por el cálculo que hay detrás de ella. Se trata de un cálculo de naturaleza político-electoral. Sabe que cuando acecha la maldad, mucha “gente de bien” abatida en la batalla cultural va perdiendo los valores tradicionales que caracterizan a un pueblo humanista y cristiano: el respeto a la dignidad de los nadie. 

La conducta además es de la más repugnante vulgaridad. Un hombre rico y poderoso, amigo de los lujos y el dinero, burlándose desfachatadamente de los menos afortunados, descargando su poder sobre los más desdichados de La Feliz, dejando las marcas de su violencia en los cuerpos desprotegidos de los abandonados. Luego, nos acusan a los que combatimos con la Constitución en la mano de la lógica de las piedras. 

Cuando leí eso, me vino al corazón una frase del evangelio de Lucas. Jesús dijo una vez, refiriéndose a sus discípulos, que “si ellos no hablan, las piedras hablarán”. Tal vez sean las paredes de piedra que reclaman el respeto irrestricto de los derechos de todos los seres humanos en el presente; que no cesan en su lucha por memoria, verdad y justicia frente a otros crímenes de Estado que forman parte de esa vulgaridad del mal que, a sueldo de las oligarquías, continúa hasta el presente.  

El mismo sol que alumbra estos crímenes sociales también lanza sus rayos radiantes sobre las experiencias de salvación comunitaria que abraza a los fisuras, que los levanta del subsuelo, que los lleva a los centros de medio camino o las casas convivenciales, que los busca en las calles para darles una vianda o una palabra, que construye viviendas para los descartados, que buscar regularizar las tareas en la vía pública para que puedan realizarse en forma legal y ordenada. Son acciones, muchas veces silenciadas, que gritan junto a las piedras, para despertar conciencias y recuperar la humanidad que pretenden arrebatarnos. 

Es fácil acusarnos, es fácil acusarlos, de promover la pobreza o defender delincuentes; es fácil blandir sin pruebas que alguno de nosotros lucra con esta lamentable tragedia. Es fácil extrapolar ciertas conductas delictivas de la minoría ínfima que fue por esa senda equivocada. La realidad es que nosotros, desde siempre, hemos buscado garantizar el orden en los espacios públicos, pero no el orden de los patovicas, sino ese otro orden forjado en la solidaridad activa con el “fisura” que “ranchea” sin oportunidades de rescate, el ordenamiento de todos los trabajos que se realizan en la vía pública. Un orden, sí, pero un orden para todos. 

JG

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, denunció este lunes haber recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales, aunque advirtió: “Nada va a impedir que siga atendiendo a los que no entienden que se terminó”.

Montenegro publicó en X una captura de un chat de Instagram enviado por un usuario identificado como Juan Ancaten, quien le escribió: “Te van a dar un tiro, perro, acordate. Estás advertido, bien muerto vas a estar”.

En otro mensaje, el usuario afirmó conocer el domicilio de su familia y añadió que estaba “hasta las pelotas”. El posteo concluía con una amenaza directa: “Cuidate, rata”.

Junto con los textos, Ancaten envió un video donde aparece con otros dos hombres, escuchando música y fumando marihuana. Sobre el final del video, dice: “Acá nos estamos preparando”.

En respuesta, Montenegro escribió: “Este perro no tiene miedo. Fui juez y fiscal, y por eso denuncié esta amenaza contra mi familia. Pero nada va a impedir que siga adelante contra quienes no entienden que esto terminó. Conmigo las amenazas no funcionan”.

MM

El intendente del municipio bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, publicó este viernes un video en sus redes sociales en el que se ve un desalojo llevado a cabo por personal policial, en la ciudad cabecera de ese partido, Mar del Plata, a una pareja que dormía en la calle. “Se terminó”, escribió el dirigente del PRO en el posteo en su cuenta de X junto al video del operativo.

La frase refiere a las palabras utilizadas por uno de los oficiales, que se dirige a las personas que dormían en un colchón en la vía pública. La publicación de Montenegro, uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, el fundador y líder del PRO, generó el repudio de muchos usuarios, que acusaron al intendente de querer invisibilizar la pobreza sin ofrecer soluciones, y de otros políticos.

“No me interesa nada. Se terminó el diálogo. ¡Basta!”, se escucha decir al efectivo mientras las personas se levantan del colchón y reúnen sus pertenencias para después retirarse en bicicleta. Finalmente se ve cómo los agentes se deshacen del colchón.

El senador por la provincia de Buenos Aires y referente de Patria Grande, Federico Fagioli, que presentó este jueves en la comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense una ley provincial para personas en situación de calle, señaló: “¿Sacarle a una persona en situación de calle lo poco que tiene? Se ve que nunca te faltó nada, monigote. Sos una basura. Para esto necesitamos tener ley provincial. Para que los hijos de puta como Montenegro no se sigan creyendo impunes”.

La referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también cuestionó al intendente: “Todo matones contra los más pobres. Qué basura tenés que ser para hacerlo y para festejarlo”. Montenegro le respondió: “Llevatelos a tu casa, Bregman. Pensás que no nos cuenta lo que está haciendo tu amigo Juan Grabois y todas las orgas. Manga de mafias”. El intendente aseguró además que están llevando personas a Mar del Plata “para hacernos piquetes y acampes”.

Añadió: “A cinco minutos del verano empiezan los cortes… qué casualidad! Mi trabajo es defender a los marplatenses, al que se levanta a laburar todas las mañanas. Y lo voy a hacer con mis propias manos si es necesario”.

En las últimas semanas, Montenegro viene comunicando de manera similar otros hechos como detenciones y desalojos. También se pronunció en contra de los cortes de calle.

Hace unos meses, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó el Operativo de Orden y Limpieza en el marco del cual difundió en sus redes sociales varios desalojos a personas en situación de calle. También fue duramente cuestionado, tras lo cual anunció un plan para reducir la cifra de personas que duermen en la calle.

Un grupo de personas intentó hoy tomar posesión de unas 140 hectáreas que el Estado cedió a la ONG Tercer Tiempo, que está nucleada en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois, lo que derivó en un escándalo y enfrentamientos verbales con vecinos y efectivos de la Policía Bonaerense.

Según supo la agencia NA por fuentes del MTE, se trata de tierras que fueron cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) para que “se lleve adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad”.

“Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal. Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, puntualizaron.

En ese marco, explicaron que “el proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, argumentaron.

Las fuentes consultadas por NA destacaron: “Es todo legal y es un delirio cómo se montó la oposición. Esto es justamente para evitar ocupaciones ilegales”.

Se trata de un inmueble ubicado la altura del kilómetro 553 de la Ruta Provincial 11 de la localidad bonaerense de Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, de acuerdo al convenio de entrega al que accedió NA.

Por su parte, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, expresó su rechazo a través de su cuenta de Twitter y anticipó que acudirá a la Justicia para “frenar estas acciones”.

“Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan para progresar y hacer crecer la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas de forma totalmente ilegítima”, subrayó Montenegro.

 Además, el intendente local precisó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En sintonía, el ex presidente Mauricio Macri también se expresó en las redes: “Repudio total a la situación de El Marquesado, donde el movimiento de Grabois intenta una vez más usurpar tierras con la complicidad del gobierno, la ilegalidad y el patoterismo que los caracteriza”.

“Mi apoyo a Guillermo Montenegro y a los vecinos que ven asustados la situación”, completó.

CRM con información de la agencia NA

La Justicia Federal de Mar del Plata suspendió el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino y frente a la costa de esa ciudad.

El juez Santiago Martín - a cargo del Juzgado Federal de Mar del Plata 2- consideró tres puntos para suspender la actividad. Primero, el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566); segundo, la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión y, en tercer lugar, las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

La autorización de la actividad a la empresa Equinor fue a través de un decreto del Gobierno Nacional publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2020, el último día de actividad del año. En realidad, la Resolución 436/2021 habilita la exploración sísmica en tres zonas del Mar Argentino y también están involucradas las empresas YPF y Shell. Las zonas son las distinguidas como “CAN 100″, ”CAN 108″ y “CAN 114″, de la Cuenca Argentina Norte. Dos de ellas están ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y la CAN 114 a 443 kilómetros.

La resolución que dio luz verde a la actividad offshore lleva la firma del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y provocó importantes movilizaciones en su contra. A los días surgió un movimiento #Mira conformado por cientos de personalidades que pedían frenar la actividad. Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas presentaron a la Justicia medidas cautelares. En el juzgado federal 2 de Mar del Plata lo hicieron la “Organización de Ambientalistas Organizado”, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y un particular. Estas tres hoy tuvieron su resolución y por ella se ordenó la suspensión de la exploración sin límite temporal hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En el escrito, el juez habla del incumplimiento de las autoridades nacionales. “Las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de máxima publicidad que las obliga, en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible”, se lee en el fallo. Y, además, indica que “tampoco surge de los elementos obrantes en el expediente las razones que llevaron a las autoridades ambientales a omitir la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que sería el instrumento adecuado para abordar el análisis de los impactos acumulativos de la exploración sísmica en las distintas áreas del Mar Argentino sujetas a concesión”.

 Una de las mayores preocupaciones de los críticos al proyecto estaba el peligro que implica la exploración para la fauna. El escrito atiende al argumento y asegura el “riesgo de daño inminente en la que se encuentran las poblaciones de Ballenas Francas Australes y de Cetáceos en general, Misticetos, Odontocetos, dado que las explosiones sonoras en su hábitat natural le pueden provocar daño grave e irreparable e inclusive hasta la muerte, debiéndose advertir que muchas de las especies que habitan en las aguas jurisdiccionales argentinas son especies en peligro o amenazadas de extinción o se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

PP

Guillermo Montenegro, intendente del Partido de General Pueyrredón, interpuso este miércoles “una acción de amparo a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, de acuerdo a la información suministrada por el departamento de prensa del municipio que tiene a Mar del Plata como ciudad cabecera. 

El funcionario considera en su escrito “importante recordar que dicha resolución declara concluida la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Ante ello, según fuentes cercanas a Montenegro, “el amparo fue presentado ya que no se generaron las condiciones de acceso a información ambiental; se omitió la participación pública en asuntos ambientales; y la resolución atacada es susceptible de vulnerar el derecho ambiente sano”.

 Asimismo, a través de este pedido, se solicitó como “medida cautelar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada por el art. 2 de la resolución atacada (Es la que aprueba la realización del proyecto ”Adquisición Sísmica 2D-3D-4D off-shore en bloque CAN 108 -CAN 114“ presentado por Equinor Argentina AS Sucursal Argentina -CUIT 33-71659420-9-) hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del Municipio de General Pueyrredon”.

Asimismo, Montenegro solicitó que “se suspenda todo acto autorizado por la Resolución 436/2021 hasta tanto se acredite el acabado cumplimiento de los requisitos previos que dicha Resolución ordenó para permitir la actividad solicitada por la empresa a cargo del proyecto”.

El Amparo completo y sus fundamentos

Con información de Prensa de la Municipalidad de General Pueyrredón

IG