En diciembre de 2023, a pocos días de haber iniciado su mandato presidencial, Javier Milei dio un mensaje por cadena nacional anunciando su megadecreto desregulador, ideado por Federico Sturzenegger, que entonces no tenía ningún cargo formal en el Poder Ejecutivo, aunque en esa transmisión apareció junto al resto de los funcionarios de la primera línea del Gobierno. El mandatario anunció entonces, entre otras novedades, la derogación de la ley de Alquileres, con el argumento de que a los precios los regula el mercado, que esa norma los regulaba al determinar que se guiarían por un índice compuesto por inflación y salarios, el ICL (Índice de Contratos de Locación), que publicaba el Banco Central, y que con esa derogación se repondría la oferta retirada de alquileres por el miedo de los dueños a poner en alquiler su vivienda. Pues no. El costo de la vivienda fue el que más se disparó desde que empezó el gobierno de La Libertad Avanza e inclusive duplicó a la inflación general.

Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El aumento arrastró también a los servicios básicos: el gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

El estudio analizó la evolución de distintos rubros de consumo durante los primeros 26 meses del gobierno de Milei. Según los datos elaborados a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para la región del Gran Buenos Aires, la inflación acumulada en ese período fue de alrededor de 209%, una cifra que, sin embargo, esconde diferencias significativas entre los distintos componentes del gasto de los hogares.

La vivienda encabezó esas divergencias. Dentro de ese rubro —que incluye alquileres, expensas, electricidad, gas, agua y otros combustibles— el aumento acumulado fue de casi 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación.

El informe destacó que el mayor salto se registró en el gas natural, cuyo precio acumuló un incremento de 766% desde diciembre de 2023. Le siguieron los alquileres, con 423%, la energía eléctrica con 370% y el agua con 366%.

Para los hogares trabajadores, estos gastos son estructurales del presupuesto familiar. Pagar el alquiler, sostener los servicios básicos o mantener el acceso a la energía forman parte de consumos que difícilmente pueden reducirse, incluso cuando el ingreso pierde poder adquisitivo.

Ese impacto ya se había observado en los datos recientes del IPC. En febrero de 2026, la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba mensual de 6,8%, la mayor variación entre todos los rubros del índice de precios.

El encarecimiento de los alquileres fue uno de los componentes centrales de esa presión sobre los ingresos. Según las variaciones regionales publicadas por el Indec, los alquileres registraron aumentos interanuales que superaron el 100% en algunas regiones del país, lo que reforzó el peso del gasto habitacional en el presupuesto de los hogares asalariados.

El resultado es un doble efecto sobre el ingreso real. Por un lado, los salarios pierden frente al aumento general de los precios; por otro, los gastos fijos esenciales crecen incluso más rápido que la inflación promedio.

Rubros que crecieron más que la inflación

El informe del Centro RA también mostró que la vivienda no fue el único rubro que superó ampliamente el promedio inflacionario.

Después del costo habitacional, el segundo mayor aumento acumulado se registró en comunicaciones, con una suba de 321%. Le siguieron educación, con 279%, y transporte, con 255%.

El gráfico incluido en el estudio —publicado en la página 2 del informe— muestra que varios rubros crecieron muy por encima del nivel general del IPC. En contraste, otros sectores de consumo registraron incrementos bastante menores.

Entre ellos aparece alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba acumulada de 182%, es decir, por debajo del promedio inflacionario. También quedaron por debajo equipamiento y mantenimiento del hogar, con 128%, y prendas de vestir y calzado, con 106%.

Esta heterogeneidad en los precios significa que el impacto real de la inflación depende de qué bienes consume cada hogar. Para las familias trabajadoras, los gastos vinculados con vivienda, servicios y transporte suelen ocupar una proporción elevada del ingreso, por lo que las subas en esos rubros tienen un efecto directo sobre su capacidad de compra.

La lechuga y el azúcar

El estudio también analizó la evolución de precios de productos específicos, principalmente dentro de los rubros alimentos y bebidas y bienes y servicios varios.

El producto que más aumentó fue el polvo para flan, con una suba acumulada de 424,7%. Detrás se ubicaron el limón (342%), el café molido (308,2%) y la lechuga (292,9%).

Entre los diez productos con mayores incrementos también aparecieron la sal fina (256,2%), la manzana (247,9%), el agua sin gas (246,7%), el champú (244,2%), el filet de merluza fresco (234%) y el queso sardo (233,6%).

En el otro extremo, algunos alimentos mostraron aumentos considerablemente menores. La yerba acumuló 80,7%, la banana 76,9%, los fideos para guiso 58,7% y el arroz 11,7%. El caso más llamativo fue el del azúcar, cuyo precio prácticamente no varió durante el período analizado, con un incremento de apenas 0,5%.

Incluso dentro de un mismo grupo de alimentos hubo diferencias significativas. En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, la paleta aumentó 230,7%, el cuadril 228% y la nalga 225,7%.

El informe señaló además que 32 de los 59 productos relevados registraron aumentos superiores al promedio del rubro alimentos y bebidas, que se ubicó en torno al 181%.

Los investigadores del Centro RA señalaron que la inflación promedio puede ocultar diferencias profundas en la evolución del costo de vida, especialmente cuando algunos rubros esenciales crecen muy por encima del resto.

A los trabajadores el salario les alcanza cada vez menos para cubrir gastos básicos, porque no solamente los ingresos están pisados sino que sólo los dos primeros meses de 2026 la inflación ya dio casi 6% y se espera otra cifra cercana al 3% para marzo.

“Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea”, prometió Milei. A lo mejor deje de ser una odisea en 20 años, cuando según otra profecía del presidente libertario, la Argentina logre el nivel de desarrollo y el PBI per cápita de Alemania.

JJD

La noche del 20 de diciembre pasado el presidente, Javier Milei, pronunció en cadena nacional un discurso de casi 20 minutos en el que anunció la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que dejó sin efecto la Ley de Alquileres sancionada en 2020, a la que calificó de “nefasta”. Lo hizo, según explicó, para que el mercado inmobiliario volviera a “funcionar sin problemas” y alquilar no fuera “una odisea”. 

A partir de la entrada en vigencia del DNU, cuya validez el Congreso todavía no pudo evaluar al no conformarse la comisión a cargo de su estudio, propietarios e inquilinos deben ponerse de acuerdo a las condiciones contractuales, aunque son los dueños de las viviendas quienes imponen sus intereses, en la mayoría de los casos respaldados por las inmobiliarias. Así, a partir del DNU, establecen desde la duración de los contratos hasta el índice y la periodicidad de los ajustes, que pueden ser en dólares, divisa cuya cotización oficial saltó de $400 pesos a $800 pesos al comenzar la presidencia de Milei e impactó directamente sobre el precio de los alimentos, los combustibles, las tarifas de los servicios públicos, las cuotas de las escuelas y la medicina privada. 

Caída la Ley de Alquileres, la oferta de viviendas para alquilar en la ciudad de Buenos Aires se incrementó un 62%, pero esa tendencia no representó aún una rebaja relevante en los valores, que aumentaron entre 16% y 21% según distintos relevamientos.

“Esto es desolador”, dice a elDiarioAR Fernanda, que tiene 35 años, es madre de un hijo de 5 y trabaja en un comercio en el barrio de Belgrano. Días atrás, visitó un departamento de tres ambientes para alquilar a un valor de $300.000. “El empleado de la inmobiliaria me avisó que ese valor se actualiza cada tres meses, así que estimara que por la inflación, más o menos el valor iba a subir un 70%. Si mi salario por convenio es de $560.000, ¿cómo hago para pagar más de $500.000 de alquiler?”, pregunta. 

La plataforma de búsqueda de inmuebles Zonaprop indicó en su último informe que los precios de los alquileres en enero aumentaron 21%. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en cambio, detalló que el alza rondó en el mismo mes entre 6,4% y 16,7% mensual, según la ubicación y la cantidad de ambientes de los inmuebles. El CESO destacó que los aumentos mensuales fueron en enero menores a los de diciembre de 2023 en el caso de los departamentos de dos y tres ambientes, que habían tenido alzas de entre el 7,1% y 23,7%, respectivamente, pero mayores para los monoambientes, que el mes pasado registraron alzas del 11,1%. Sin embargo, resaltó que los aumentos acumulados en los últimos doce meses fueron de 305,8% para los monoambientes porteños, 337,5% para las unidades de dos ambientes y 316,7% para los de tres, en todos los casos muy por sobre la inflación interanual: 211,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

Los altos valores de los departamentos en alquiler en la Capital Federal, analizó el informe, “impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, empujándolos hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad”. Además, el contexto de aceleración inflacionaria agrega incertidumbre a la hora de tener que fijar los valores que van a regir en un vínculo contractual de alquiler. A eso se suma el alza de los precios de los alimentos, la medicina privada, los combustibles, las tarifas del transporte público y los servicios básicos como agua, gas, energía eléctrica e Internet. El Centro Scalabrini Ortiz mencionó que el valor promedio de un monoambiente en el territorio porteño fue en enero de $280.000 y que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMNV) se encuentra en $156.000, por lo que llega a cubrir el 55,7% de un alquiler. En tanto, el promedio de las ofertas de departamentos de dos ambientes para rentar es de $350.000 y $500.000 en el caso de los de tres ambientes.

David, que es profesor de música, padre de dos adolescentes y tiene 50 años, envía un mensaje al grupo de WhatsApp que tiene con sus amigos de la infancia:

“Buenas:

¡Nos tenemos que mudar!

Sí, lamentablemente el dueño dice que necesita el departamento para un familiar. Teníamos contrato hasta abril, así que empezamos la búsqueda por Caballito, Almagro, Boedo o Villa Crespo. Ahora vivimos en cuatro ambientes con dependencia de servicio, pero podemos achicarnos hasta tres ambientes. 

Pensamos que en este espacio, donde armamos nuestra casa, estaríamos varios años, pero así son las cosas. Si tienen algún dato, ¿nos avisan?“

En los primeros días de búsqueda, David se encontró con valores que rondan, para sus pretensiones, entre $500.000 y $600.000, más $120.000 de expensas. “¿Cuánto tengo que ganar por mes para pagar el alquiler? Es muy complicado”, comentó a elDiarioAR.

Mónica es monotributista y vive con su pareja y el hijo de ambos en un departamento de dos ambientes en Chacarita, uno de los barrios porteños más caros en la actualidad al momento de alquilar, según lo demuestran distintos relevamientos realizados por plataformas de búsqueda de viviendas. Días atrás renovó su contrato. “Pasé de pagar $65.000, que era un valor accesible para la zona, a $330.000”, detalla.

A Agustina le llegó la semana pasada, dice, el “temido” mensaje de los dueños del departamento que alquila en Balvanera. “Necesito que volvamos a charlar sobre el valor del alquiler. Me parece que quedó un poco bajo con todos los aumentos que hubo”, muestra en su teléfono celular. Vive con su pareja en un departamento de tres ambientes y aún le quedan dos años por delante de contrato. Tanto ella como él son cuentapropistas y pagan por mes $290.000. “A nosotros no nos aumentan los ingresos al mismo ritmo que todo lo demás. Hace rato que pensamos en irnos a vivir a la casa de mi suegra”, cuenta a elDiarioAR.

Los nuevos términos de negociación

La Encuesta Nacional Inquilina, realizada en enero por la Federación de Inquilinos Nacional y el colectivo Ni Una Menos, indagó sobre la situación económica y habitacional en la que se encuentran quienes alquilan en el país tras la puesta en vigencia del DNU. La medida eliminó el marco regulatorio que regía en el país en los últimos tres años desde la sanción de la llamada Ley de Alquileres, a mediados de 2020, durante la pandemia de Covid-19, y que había sido modificada parcialmente en octubre pasado por impulso de los bloques de diputados y senadores del peronismo en el Congreso Nacional. Además de derogar la ley, el DNU introdujo cambios en el Código Civil y, como resultado, estableció que el plazo de los contratos de alquiler de viviendas debe ser acordado por las partes sin fijar un mínimo legal; si no se especificara el plazo en el vínculo, será de dos años de duración. 

La normativa fijó también que las partes pueden pactar libremente el ajuste del valor de los alquileres utilizando cualquier índice, ya sea público o privado, en la misma moneda del contrato (pudiendo ser en dólares) y para la periodicidad de ajustes se otorga libertad, eliminando el mínimo semestral previo. Sin embargo, en la práctica las condiciones son fijadas, mayoritariamente, por los propietarios de las viviendas y las inmobiliarias, mientras que los inquilinos aceptan o continúan la búsqueda.

Sobre la base de 3.354 respuestas, la Encuesta Nacional Inquilina demostró que el 31,6% de los ingresos de los hogares inquilinos consultados se destina a pagar el alquiler y las expensas. El porcentaje, sin embargo, no toma en cuenta los impuestos y tarifas de servicios públicos. En aquellos casos de los alquileres que comenzaron después del 1° de noviembre último, la incidencia del gasto de alquiler en el presupuesto del hogar asciende al 41,6%.

Además, los encuestados dijeron que el plazo de 3 años de duración que  establecía para los contratos la ley vigente hasta el DNU firmado por Milei se presenta ahora sólo en el 24,8% de los casos. Por el contrario, “creció fuertemente la participación de contratos de alquiler cortos”, con un período de duración menor a seis meses: estos representan casi el 25% de los casos. En tal sentido, la Encuesta destacó que casi nueve de cada diez inquilinos que iniciaron su contrato de alquiler después de noviembre último tendrán actualizaciones en el precio “en

plazos iguales o menores a 6 meses“. A este panorama se le agrega que más de la mitad de los hogares inquilinos que respondieron a las consultas están endeudados, fundamentalmente con bancos emisores de tarjetas de crédito. Las deudas fueron tomadas por los inquilinos para alimentarse y pagar el alquiler.

Para el 92,9% de los inquilinos encuestados, este año será peor que el pasado, lo que genera entre ellos cuadros de angustia (78%), ansiedad (75%) y desesperanza (68%). En cuanto al perfil de los encuestados, el 69,7% indicó que el o la jefa del hogar encuestado tiene un trabajo registrado en relación de dependencia y el 15,8% de los casos son profesionales autónomos. “Es decir, la gran mayoría de los inquilinos e inquilinas consultados presentan condiciones laborales formales”, resaltó el informe.

Según un informe elaborado por Zonaprop, la plataforma de búsquedas de inmuebles para rentas y ventas, en enero la oferta de departamentos en alquiler aumentó un 62% con relación a diciembre de 2023. Representantes de distintas entidades inmobiliarias indicaron que este aumento se debe a las nuevas condiciones que rigen para los contratos, principalmente a la anulación de la Ley de Alquileres. 

“Estuvimos en los peores cuatro años del mercado inmobiliario. Después de la sanción de la Ley de Alquileres, que fue terrible para los propietarios e inquilinos, empezó a haber cada vez menos departamentos y más caros. Desde el DNU, hay más propiedades publicadas en el mercado”, comentó Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en declaraciones radiales. Zampone indicó que la situación de los alquileres se retrotrajo a 2018 o 2019, aunque con la salvedad de que ahora las actualizaciones de los valores de la renta se pactan, por la inflación, cada tres meses en lugar de cada seis. El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria destacó que la mayor parte de los vínculos se establecen en pesos, aunque también se firman contratos en dólares y hasta en criptomonedas. 

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad santafesina de Rosario (COCIR) explicó que tras la anulación de la Ley de Alquileres la oferta pasó de 1.045 propiedades a más de 1.500 este mes. Emmanuel Canelli, integrante de la Asociación de Inquilinos Rosario (AIR), declaró al diario La Capital rosarino que las viviendas que se incorporaron al mercado habían sido retiradas por sus propietarios “por una mera especulación inmobiliaria”, porque las “alquilaban de manera temporal en alguna plataforma para obtener mayores réditos”.

En la ciudad de Córdoba, Francisco consultó a una inmobiliaria las condiciones para alquilar un departamento de tres ambientes. “Me respondieron que necesitaba tres recibos de sueldo de $300.000 como mínimo, otros $200.000 para gastos  administrativos y $30.000 más para la escribanía. Todo por seis meses de contrato. Cuando lo renueve, tengo que pagar esos mismos ítems pero actualizados con la inflación”, dijo sorprendido a elDiarioAR.

Los contratos de alquiler pactados durante el último mes, tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres, son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses, en base a los resultados de un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados.

En base a estos datos, desde la entidad señalaron que las condiciones para los inquilinos empeoraron a la hora de alquilar una vivienda en el último mes.

El relevamiento, denominado Encuesta Nacional Inquilina, refleja las respuestas de 3.300 casos de inquilinos e inquilinas de todo el país. En ese marco, la amplia mayoría (92,9%) de los y las inquilinos encuestados consideró que el 2024 será peor que el año pasado.

En lo que respecta a los plazos, en el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses.

Antes del DNU, el 69% de los contratos contemplaba actualización anual, 20% cada 6 meses y sólo el 4% actualizaba cada 3 meses.

Este último esquema se invirtió en el último mes: 45,6% de los nuevos contratos establecen actualización semestral, 24% cada 3 meses y sólo el 7,6% el plazo de anual. A esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.

En relación a los sentimientos generados por la cuestión de la vivienda, predomina la angustia (78%), la ansiedad (75%) y el sentimiento de desesperanza (68%) entre los y las inquilinas que respondieron el cuestionario.

MM

Con información de la agencia Télam.

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, reclamó hoy al Congreso que se deje sin efecto el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que deroga la ley de Alquileres. Además, exigió que se restituya la normativa que regulaba el mercado de locaciones inmobiliarias.

“Quisiera saber si algún legislador estaría dispuesto a alquilar una vivienda, firmar un contrato por tres meses y no saber si sus hijos van a poder seguir yendo a la misma escuela en los próximos meses o sencillamente no saben a dónde van a ir a vivir en seis meses”, planteó Muñoz ante el plenario de comisiones que debate la ley ómnibus.

El titular de la institución que agrupa a inquilinos a nivel nacional denunció que en todos los países del mundo, rige algún tipo de regulación en materia de vivienda. Consideró entonces que la derogación de la ley de alquileres “es un experimento que se está haciendo acá y tiene consecuencias muy graves”.

En este marco, apuntó además contra el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Iván Ginebra, y denunció que “fue aportante para la campaña” de La Libertad Avanza en las elecciones del 2023. Según afirmó, esto explicaría la urgencia en la derogación de la ley de alquileres cuando “hay más de 10 millones de inquilinos que están desesperados”.

“Vemos entre un 200% y 300% en las renovaciones de los contratos de alquiler. ¿Ustedes creen que los propietarios, como no hay marcos regulatorios, van a bajar los precios?”, sostuvo y agregó: “En el DNU plantean que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento y eso caracteriza mucho al gobierno nacional. Es muy difícil imaginar las consecuencias de una magnitud como esta que ya no solo son para los que alquilamos, sino que es una consecuencia social. La única forma es que les den de baja al DNU”.

ACM con información de agencias.

Nueve de cada diez inquilinos que habitan en viviendas situadas en villas y asentamientos ubicados en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran debajo de la línea de pobreza y casi la mitad, en la indigencia, pese a que la gran mayoría de quienes son el sostén económico del hogar tiene empleo, son auxiliados con planes sociales o reciben ayuda alimentaria.

En ese contexto social, el 30% de los hogares inquilinos localizados en un territorio que agrupa a la Ciudad de Buenos Aires y a 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 35% de la población argentina, destina más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler y el 43% tuvo que endeudarse con amigos, familiares, entidades financieras o prestamistas particulares, a una muy alta tasa de interés, para abonar el valor mensual de la vivienda.

En los barrios populares del AMBA, en tanto, el 75% de los hogares inquilinos no tiene un plazo establecido de duración del alquiler y solo el 11% posee un acuerdo por un periodo igual o superior al año. Las condiciones para alquilar, en resumen, se rigen sin un contrato escrito, más arbitrarias e inestables.

Los datos surgieron del informe “Alquilar en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires: Condiciones sociales, económicas y habitacionales” llevado a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (IGEO-UBA) a partir de un relevamiento de hogares inquilinos ubicados en más de 30 villas y asentamientos porteños y bonaerenses.

El informe caracterizó la situación de los hogares inquilinos de los barrios populares en el AMBA atendiendo sus condiciones socio-económicas y habitacionales; sus formas de acceso a la vivienda y las relaciones de alquiler que se establecen; y sus trayectorias residenciales.

Siete de cada diez inquilinos de las villas porteñas y los barrios bonaerenses incluyen entre sus ingresos subsidios y asignaciones sociales mientras que un 35,6% recibe mercaderías gracias a la ayuda comunitaria.

El documento indicó, además, que siete de cada diez inquilinos de las villas porteñas 31-31 bis, 15, 20 y 21-24, y los barrios bonaerenses Amancay (Escobar), Las Tunas (Tigre), Los Cedros y Los Hornos (Moreno), La Victoria, Santa Mónica y El Triunfo (Esteban Echeverría); 14 de Febrero (Almirante Brown), Santa Catalina (Lomas de Zamora); Papa Francisco (Quilmes), entre un total de 32 relevados en el AMBA, incluyen entre sus ingresos subsidios y asignaciones sociales -mayoritariamente beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el Potenciar Trabajo- mientras que un 35,6% recibe mercaderías gracias a la ayuda comunitaria.

También indicó que el 22,7% de los hogares inquilinos habita en condiciones de “hacinamiento crítico”, un concepto que representa la presencia de más de tres personas por ambiente, y el 38% comparte la vivienda con otra familia. En cuanto a la calidad del hábitat, más de la mitad de las personas encuestadas vive en condiciones deficitarias, con problemas de plagas, higiene, accesibilidad y alumbrado, entre otros.

Para Catalina Marino, politóloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ, una política de urbanización de los barrios populares “beneficiaría la situación de los inquilinos en términos generales”. 

“Todo proyecto de integración social mejora las condiciones de vida de la población. En la medida que uno pueda tener inversiones públicas que garanticen el acceso a la infraestructura, hogares con mejor iluminación y ventilación, la calidad de vida de esos inquilinos mejora”, evaluó Marino en declaraciones a elDiarioAR.

El informe elaborado por ACIJ, CELS, la EIDAES y el IGEO-UBA señaló que los hogares en donde las mujeres son el principal sostén económico “presentan una situación significativamente desfavorable tanto en relación a calidad de la vivienda como al hábitat: el 63,3% de quienes alquilan una vivienda inadecuada y el 66,7% de quienes viven en un hábitat deficitario son hogares encabezados por mujeres”, destacó el documento. En el caso de las viviendas con una jefatura femenina, el 38% de ellas destina la mitad de los ingresos al alquiler frente al 21% de los de jefatura masculina.

El 22,7% de los hogares inquilinos habita en condiciones de “hacinamiento crítico”, un concepto que representa la presencia de más de tres personas por ambiente, y el 38% comparte la vivienda con otra familia.

Acerca del acceso al mercado de alquileres, el relevamiento agrega: “La incertidumbre habitacional afecta particularmente a los hogares en donde el principal sostén económico es la mujer: en los alquileres pactados por un período menor a tres meses, el 66,7% de los casos son mujeres, mientras que en los alquileres de más de un año representan solo el 36%”.

Entre las dificultades encontradas para el acceso a un alquiler en barrios populares se encuentran tener menores de edad a cargo (42%) y restricciones económicas (25%). Solo el 16% de los encuestados mencionó la falta de garantías o avales como una dificultad. Por su parte, casi siete de cada diez inquilinos encuestados se mudaron al menos una vez en los últimos cinco años debido a que no llegaron a renovar el acuerdo con el propietario (24%), la imposibilidad para pagar el alquiler (16%) o porque fueron desalojados (9%).

“En los barrios populares el acuerdo o la renovación de un vínculo no se rige por la vigencia o las modificaciones a la Ley de Alquileres. El impacto de su derogación, por ejemplo, no sería tan alto porque igualmente los contratos son informales, por plazos a veces no estipulados y los aumentos del valor son discrecionales”, indicó Marino. Sin embargo, la norma que el presidente Javier Milei, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) busca derogar dispuso la creación de un programa nacional de alquiler social para los inquilinos de menor poder adquisitivo, que, sin embargo, nunca fue implementado por el gobierno de Alberto Fernández.

La iniciativa, hasta que sea derogada, prevé la “adopción de medidas que tiendan a facilitar el camino a una vivienda digna en locación mediante una contratación formal” para un universo que contempla a víctimas de violencia de género, adultos mayores y a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad. La ley estipula que puedan ser beneficiarios de garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas, como también la creación de líneas de subsidios o créditos blandos y el diseño de mecanismos que amplíen la oferta de inmuebles destinados a la vivienda. En el caso de los adultos mayores, la normativa contempla el trabajo conjunto de la Secretaría de Vivienda y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para facilitar el acceso al alquiler a personas jubiladas, pensionadas y titulares de la prestación por desempleo. En tanto, la ley en riesgo de ser eliminada también promueve la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres. “La derogación de la ley eliminaría la posibilidad de pensar un programa de alquiler social justamente que esté diseñado para sectores vulnerables” de la sociedad, sostuvo Marino.

Las dificultades para conseguir el acceso formal -caracterizado por la exigencia de garantías privadas o financieras, depósito, existencia de contrato de alquiler visado o no y acuerdos legales- a una vivienda en condiciones dignas motivó en las últimas dos décadas un incremento del mercado “informal” de alquileres en villas, asentamientos, hoteles pensión, inquilinatos y conventillos situados en los barrios populares del AMBA. 

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), los barrios populares son aquellos “comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo”.

De acuerdo al RENABAPl, en la actualidad existen 6.467 barrios populares, en los que se estima que habitan 1.2 millones de familias a lo largo de un territorio de 684 kilómetros cuadrados, equivalente a tres veces la Ciudad de Buenos Aires. El 87% de esos barrios tiene más de 20 años de antigüedad. En el AMBA, el Registro muestra 2.065 barrios populares donde se estima que habitan más de 500.000 familias. Las provincias donde se localiza la mayor cantidad de barrios populares son Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones. 

Según el RENABAP, más del 60% de los barrios populares no accede formalmente al servicio de energía eléctrica, el 90% no tiene servicio de agua corriente, el 97% no cuenta con conexión a la red cloacal y el 99% no accede a servicio de red de gas natural. Con respecto al mercado de alquileres en barrios populares, se estima que de las 711.777 viviendas relevadas a nivel nacional, unas 19.196 (2,7%) son alquiladas. A partir de esos mismos datos, de las más de 23.000 viviendas relevadas en los barrios populares, el 14,5% son alquiladas. En los partidos bonaerenses que forman parte del AMBA, se estima que el 3,45% de las viviendas se encuentran alquiladas.

GT/MG

La derogación de la Ley 27.551 de Alquileres, sancionada a mediados de 2020 y reformada parcialmente en octubre pasado, fue el primero de los 30 puntos que el presidente, Javier Milei, enumeró anoche en un discurso de 18 minutos de duración emitido por cadena nacional en el que detalló los alcances de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica o pone fin a más de 360 normas y que provocó un cacerolazo de protesta en distintas ciudades del país.

A los 10 minutos de su alocución, Milei expresó que el objetivo de la “imprescindible” derogación de la “nefasta” Ley de Alquileres es que “el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea” para un universo de más de ocho millones de inquilinos a lo largo y ancho del país.

Para conseguirlo, entre otros aspectos, Milei estableció que a partir de la entrada en vigencia del DNU el valor de los alquileres podrá fijarse en pesos o en cualquier moneda extranjera, algo que está expresamente prohibido en la actual ley pero que, de hecho, había comenzado a ocurrir en las últimas semanas tras el triunfo electoral de Milei: la dolarización del mercado. “Es preciso respetar la voluntad de los ciudadanos de pactar las formas de cancelación de sus obligaciones de dar sumas de dinero, sin distinción del curso legal o no de la moneda que se determine”, indicó el decreto.

Qué pasa con los contratos de alquiler

El DNU firmado por Milei plantea que, al derogarse la ley, los contratos de alquiler pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial vigente desde 2015 que, entre otros puntos, plantea un plazo máximo de dos años para la duración del vínculo en lugar de los tres contemplados por la actual normativa. El Código Civil, sin embargo, no estipula un lapso mínimo de alquiler.

La medida impulsada por Milei indica que propietarios e inquilinos deberán ponerse de acuerdo en cuanto a qué tipo de referencia toman para llevar a cabo las actualizaciones de precios. Actualmente, al momento de realizar ajustes en el valor, se toma como indicador el Índice Casa Propia, que se basa en el menor número que surja de los promedios de la variación salarial del último año y de la inflación del mismo período. Esta fórmula fue incluida en la modificación de la ley votada en octubre pasado por el Congreso Nacional y a la que Milei, como diputado de La Libertad Avanza (LLA), se opuso porque procuraba la derogación de la ley. Hasta octubre último los porcentajes de aumentos de alquileres surgían del Índice de los Contratos de Locación (ICL), conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Para la organización Inquilinos Agrupados, el DNU anunciado anoche también abre la posibilidad de que los propietarios de viviendas para alquiler puedan pedir el monto de dinero y elegir la moneda que quieran en concepto de depósitos o garantías.

Inquilinos Agrupados sostuvo que los cambios incluidos en el paquete de reformas hecho público por Milei en cadena nacional fijan, además, que los arreglos que requieran las viviendas estarán obligatoriamente a cargo de los inquilinos, quienes también tendrán que pagar las expensas ordinarias y extraordinarias, y el pago de impuestos como ABL, AGIP o Inmobiliario. “Pocas veces en la historia argentina ha sucedido un retroceso de derechos en materia de vivienda como podría pasar ahora”, consideró la organización. Los propietarios, en tanto, no estarán obligados a registrar el alquiler del inmueble ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como tampoco a anunciarle con antelación al inquilino si renovará o no el contrato de alquiler.

Los alcances del DNU promovido por Milei no modificarán los contratos firmados bajo la ley de 2020 y su modificación parcial hace dos meses. El decreto sí afectaría a quienes acuerden un contrato a partir de la vigencia de la nueva normativa.

“A priori, la derogación va en línea con la desregulación total que se propone a través del DNU. No sé dónde puede terminar. Es terreno inexplorado”, escribió el economista Federico Fernández Rouco, autor del libro “Dueños o Inquilinos”, en su cuenta de X.

La derogación de la Ley de Alquileres había sido anticipada este martes por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Por lo que hemos visto y hablado, va en ese sentido”, dijo el legislador a Radio Rivadavia.

Las cámaras y entidades que agrupan a propietarios de viviendas e inmobiliarias habían pedido a Milei la derogación de la Ley de Alquileres por considerar que su alcance no incentivaba a los dueños de inmuebles a ofrecerlos en un formato tradicional de alquiler, sino que, entre otros aspectos, los volcaba hacia empresas o plataformas de renta temporaria y en dólares para no perder ganancias frente al aumento de la inflación.

Para el sector inmobiliario, desde la sanción de la norma, en medio de la pandemia de Covid-19, se redujo drásticamente la oferta de viviendas para alquiler en el formato tradicional. 

GT / NB

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó este miércoles que el Gobierno nacional va en dirección a derogar la actual ley de alquileres.

“Por lo que hemos visto y hablado va en ese sentido”, dijo el legislador en diálogo con el programa “Cada mañana” que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia.

La derogación de esta norma estaría incluida en el decreto de desregulación de la economía, que será publicado en las próximas horas.

Si bien no quiso explayarse en los detalles, Menem dejó trascender que la medida ya está tomada y se abre la duda sobre cómo se pactarán las locaciones a partir de la publicación del decreto.

Según sus argumentos de campaña, Milei aboga por la libertad entre partes, añadiendo la posibilidad de acuerdo sobre la moneda en la que celebrará ese contrato.

Menem no precisó si tras la derogación se restituye la ley anterior, o si se envía un nuevo texto al Congreso, que contenga los cambios que propone Milei.

La ley de alquileres fue sancionada en julio de 2020 y desde ese momento generó una fuerte reducción de la oferta, que no pudo invertirse luego de las últimas modificaciones que se realizaron en octubre de este año.

Esto provocó una disparada en los precios y una contracción de unidades ofertadas dado que los propietarios rechazaban el nuevo plazo de tres años de contrato y las actualizaciones anuales.

La modificación de octubre redujo el plazo de actualización a seis meses, pero no modificó la duración de los contratos y la situación no tuvo cambios significativos.

Con información de agencias.

IG

Dos universidades extranjeras, una situada en el Reino Unido y otra en Australia, publicaron días atrás estudios que determinaron que ser inquilino es más dañino para la salud que estar desempleado o, inclusive, haber sido fumador. A partir de encuestas locales, las instituciones educativas de Essex y Adelaida aseguraron que el envejecimiento biológico, que provoca un daño acumulativo de los tejidos y células del cuerpo más allá de la edad de las personas, se registra con mayor rapidez entre quienes alquilan.

“Los impactos en la salud deberían tener una consideración importante cuando se le da forma a las políticas de vivienda” de un país, destacó la investigadora principal del Centro Australiano de Investigación sobre Vivienda de la Universidad de Adelaida, Amy Clair, citó la prensa extranjera.

Al día siguiente de imponerse en el balotaje presidencial, el electo presidente, Javier Milei, anunció su decisión de impulsar una vez en el gobierno la derogación de la llamada Ley de Alquileres, que hace solo dos meses fue reformada por el Congreso Nacional. La norma modificada contempla, por ejemplo, que los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán vigentes por un plazo de tres años, tendrán una actualización semestral en función del denominado Coeficiente Casa Propia –utilizado para los créditos establecidos por el programa Procrear– y deben ser estipulados en pesos.

A miles de kilómetros de distancia del Reino Unido y Australia, los ocho millones de inquilinos que hay en la Argentina viven con angustia y preocupación el escenario de incertidumbre legal que podría avecinarse en materia de alquiler de viviendas. A la actual ley “hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Lo único que ha hecho es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que quería proteger”, opinó Milei horas después de ganar el balotaje con más del 55% de los votos sobre Sergio Massa. Además, mencionó que los contratos podrán pactarse en cualquier moneda, inclusive en dólares, una posibilidad que está prohibida por la actual normativa.

Cuando todavía era diputado nacional, en agosto pasado, Milei promovió la derogación de la norma en el recinto de la Cámara baja, aunque no tuvo éxito. Ahora, en la Casa Rosada, vuelve sobre el mismo objetivo.

“Lo que nos pasa a todos los que alquilamos es preocupante porque vivimos en una incertidumbre total”, contó Pablo, que es músico, a elDiarioAR. Pablo alquila un departamento en el barrio porteño de Floresta desde julio de 2021. El contrato fue establecido bajo la ley aprobada por el Congreso un año antes, en medio de la pandemia de Covid-19, y que fue reformada en octubre último. Esa versión de la norma establece la actualización del monto de alquiler puede darse en forma anual. “Mi contrato de alquiler se vence a mediados del año próximo y no sé si la dueña, que es una persona bondadosa, lo va a querer renovar, si lo hará bajo la norma vigente o por fuera de ella, como ocurre en muchos casos. Inclusive, tampoco sé si querrá cobrarme un alquiler a precio dólar”, comentó Pablo, que tiene dos hijos.

Marina, que es diseñadora gráfica y alquila un departamento en el barrio de Caballito, debió dejar en cuestión de semanas la vivienda que habitaba en Villa Pueyrredón porque el propietario le informó que no le renovaría el contrato poco antes de finalizar el mismo. “Durante un año evitó confirmarme si iba a querer renovarlo y cuánto sería el valor del nuevo alquiler. Entonces tuve que buscar con mi familia una solución de apuro. Durante todo ese tiempo estuve angustiadísima”, comentó a elDiarioAR.

Brenda, que es empleada del Estado, vive una doble incertidumbre: la posibilidad de ser despedida por el recorte en la estructura de la Administración Nacional que anunció Milei durante su campaña y que confirmó tras el triunfo en el balotaje, y los cambios que puedan afectar a la Ley de Alquileres. “Pero, sobre todo, estoy preocupada y angustiada por dónde voy a terminar viviendo. Estoy segura de que no me van a renovar contrato y, si lo hacen, no vamos a tener con qué pagarlo. Me veo viviendo en la casa de mi mamá o hacinada en un monoambiente. Eso es lo que me desespera”, aseguró al elDiarioAR.

David es tatuador y alquila un departamento en el barrio de Villa Crespo con su pareja y su hijo. Allí llegó a finales de 2021 tras firmar un contrato por tres años bajo la ley reformada meses atrás. En enero próximo será el momento de la actualización anual del valor del alquiler. “Estoy rezando para que la inflación no se dispare en diciembre”, dijo a elDiarioAR. David admite que no puede ponerse a pensar en cómo estructurar su vida cotidiana si finalmente se concreta la derogación de la ley y el mercado de alquileres se desregula. “Es un nivel de imaginación que no me entra en la cabeza, porque a la incertidumbre económica se sumaría que los propietarios tienden a priorizar sus ganancias y en dólares. Para los inquilinos sería muy peligroso y la situación, apremiante”, reconoció.

Los precios de los alquileres de departamentos en la ciudad de Buenos Aires tuvieron en noviembre incrementos de entre 21,7% y 26,7% mensual, según la ubicación y la cantidad de ambientes. Así lo destacó el relevamiento difundido por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Los aumentos mensuales fueron significativamente mayores a los de octubre, cuando mostraron alzas del 5,9%, 4,5% y 11,1% en las unidades de uno, dos y tres ambientes, respectivamente. El CESO destacó que los incrementos acumulados en los últimos doce meses fueron de 275% para los monoambientes porteños, de 300% para las unidades de dos ambientes y de 261,9% para los de tres, en todos los casos superando la inflación interanual que a octubre ascendió al 142,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el documento detalló que el valor promedio de los monoambientes ofertados en la Ciudad es de $225.000, por lo que el Salario Mínimo Vital y Móvil, que en octubre es de $ 146.000, alcanza para cubrir el 64,89% de un alquiler, una cobertura menor a la de 73,33% del mes anterior, indicó una nota publicada en la agencia de noticias Télam. El Centro de Estudios también resaltó que los valores relevados de las propiedades en alquiler no incluyen las expensas, que “alcanzan en promedio el 10% del costo del precio de oferta de un alquiler”, agregó.

El Índice para Contratos de Locación, que regula la actualización de los alquileres dentro de un contrato ya vigente, tuvo un incremento interanual de 119,5% al primer día hábil de noviembre, 23,2 puntos porcentuales menos que la inflación y 4,7 puntos menos que la evolución del dólar oficial. El CESO mencionó que en la capital argentina los altos precios de los alquileres le impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, “empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad”.

Las declaraciones periodísticas hechas por Milei acerca de impulsar la derogación de la Ley de Alquileres “generó consecuencias inmediatas”, entre ellas la suspensión de las firmas de los contratos de alquiler ya pactados a la espera de las primeras horas del nuevo gobierno, comentó el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, en declaraciones a las radios 10, Con Vos y 750.

“A mucha gente les están diciendo que no se firman los contratos y no tiene dónde irse. Las inmobiliarias y el mercado aprovechan esta situación a la espera de un nuevo marco regulatorio o, como plantea Milei, que no haya marco regulatorio y que hagan lo que se les antoje”, criticó Muñoz.

Para el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, una derogación de la ley implicaría la “institucionalización de la desigualdad y del poder del mercado por sobre los derechos” de trabajadores y trabajadoras, quienes a su criterio son los que estarán “más jodidos” con el cambio. Muñoz consideró que los inquilinos llevan “mucho tiempo viviendo una situación de mucha soledad frente al mercado” inmobiliario, con sentimientos de “frustración, soledad y desamparo”.

Pese a la vigencia de Ley de Alquileres, Muñoz opinó que el gobierno del presidente Alberto Fernández hizo “poco” para que se cumpla la reglamentación. “Algunos inquilinos están pasando una situación desesperante. Cuando entran en una inmobiliaria, encuentran un lugar que es la ley de la selva”, graficó.

En representación del llamado “mercado inmobiliario”, el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, evaluó que es “imprescindible darle un marco regulatorio al mercado de alquileres” a partir de una ley que “equilibre la oferta” de viviendas, que es reducida porque los propietarios aguardan un nuevo marco normativo que los beneficie con valores que alcancen o superen el índice inflacionario o por medio de actualizaciones que lleven a cabo en un plazo menor a un año o un semestre. “Si la ley es clara y le da seguridad jurídica al propietario, van a surgir propiedades en alquiler y eso va a hacer que los precios se acomoden un poquito y no tiendan, ante una oferta reducida, a una suba permanente de precios, independientemente de la inflación”, indicó. Según Sacco, Argentina tiene un déficit habitacional que afecta a cerca de cuatro millones de habitantes. 

Por su parte, Iván Ginebra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, se expresó “de acuerdo” con las declaraciones hechas por Milei a favor de derogar la Ley de Alquileres. “Creemos que desregular el mercado de alquileres es lo más positivo y lo mejor tanto para los propietarios como para los inquilinos. La última ley que se sancionó en octubre prevé una serie de regulaciones que la única consecuencia que trajo al mercado fue una disminución en la oferta de propiedades y, en consecuencia, un aumento en los valores”, dijo en una entrevista a Radio Con Vos. Ginebra cuestionó que la actual normativa les impide a los propietarios “alquilar su propiedad por un lapso de dos años o por un año y medio” si así lo quisieran, como también establecer un valor en dólares. En la misma entrevista, Ginebra reconoció que a título personal solventó con U$S 4.000 dólares la campaña de Javier Milei. “Fue un aporte privado”, admitió.

GT/MG

La nueva Ley de Alquileres, sancionada la semana pasada por el la Cámara de Diputados, comenzará a regir a partir de este miércoles, de acuerdo con lo dispuesto por la norma, promulgada este martes con su publicación en el Boletín Oficial.

De esta forma, los contratos de alquiler suscriptos a partir de mañana deberán tener un plazo mínimo de tres años y prever una actualización semestral de acuerdo con un índice denominado Casa Propia, actualmente utilizado para los créditos entre otros aspectos.

“Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y resultará de aplicación para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes”, asevera el artículo 12 de la nueva Ley de Alquileres, promulgada este 17 de octubre.

La nueva normativa consiste en una modificación de Código Civil y Comercial de la Nación en la cual se mantiene la duración de tres años para los contratos de alquiler, dejando de lado la propuesta votada inicialmente por la Cámara de Diputados para que la duración volviera a ser dos años, como anteriormente.

El plazo mínimo de tres años, no obstante, no rige para el alquiler temporario con fines turísticos, el cual tendrá un límite de tres meses para no quedar encuadrado bajo la ley.

Además, la nueva norma, prohíbe la fijación del valor de los alquiles en dólares o cualquier otra moneda que no sea la nacional.

Los ajustes, por su parte, ahora podrán realizarse en intervalos no inferiores a seis meses, en lugar del mínimo de un año que estipulaba la normativa de 2020 y el plazo de entre cuatro y 12 meses que establecía el proyecto original aprobado en Diputados.

El mecanismo de aumento utilizará como criterio “un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el Banco Central”, es decir que tendrá en cuenta el menor indicador entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

Este coeficiente es el índice Casa Propia que se utiliza desde 2021 para la actualización de las cuotas para los diferentes créditos que se enmarcan dentro del Programa Federal Casa Propia y Procrear II.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, esta fórmula promueve una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, ya que contribuye a morigerar el impacto de eventuales hitos en la evolución de los salarios que respondan a períodos puntuales al tener en cuenta el promedio salarial de los últimos doce meses y no la variación de un solo mes.

Al incorporar el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) con un aforo igual al 0,9, en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial en su totalidad, la referencia que tomará en cuenta será equivalente al 90%.

En los últimos dos años, el coeficiente Casa Propia se ajustó siempre por salarios (CVS) y no por inflación, al ser el menor de los dos indicadores.

Anteriormente los alquileres se actualizaban con un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de Precios al Consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

La norma aprobada en Diputados, antes de los cambios en el Senado, estipulaba que el aumento se acuerda “libremente” entre las partes, pudiendo estar basado en el IPC, el índice de Precios Mayoristas, el índice de Salarios o una combinación de todos los mencionados, además de no impedir los contratos en dólares.

En cuanto a beneficios fiscales, la ley dispone que estarán exentos del pago del monotributo los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos inmuebles, y se exime del pago del Impuesto de Bienes personales a los inmuebles destinados a alquileres y del Impuesto a los Débitos y Créditos (“al cheque”) para las operaciones vinculadas de los contratos.

La ley, que invita a las jurisdicciones provinciales a aprobar otros beneficios tributarios, permite al propietario y al inquilino descontar del Impuesto a las Ganancias el 10% del valor total del alquiler anual.

Con información de agencias.

IG

Las modificaciones implementadas por el Congreso a la ley de Alquileres generan expectativas entre los inquilinos, pero el rechazo de las entidades que agrupan a inmobiliarias y buena parte de los propietarios de viviendas, que en algunos casos prefieren mantener vacíos los inmuebles hasta que se defina quién será el próximo presidente y su política para el sector.

Con el impulso dado por el bloque oficialista Frente de Todos en ambas cámaras legislativas, el Congreso introdujo días atrás una serie de cambios en la norma que rige a nivel nacional, con muchas dificultades y poca adhesión, desde mediados de 2020. Entre las principales modificaciones se encuentra que, si bien la duración de los contratos firmados entre propietarios e inquilinos se mantendrá por tres años, tendrán una actualización semestral en lugar de anual.

Además, comenzará a regir un nuevo indicador para determinar el porcentaje de aumento de los valores: el Índice Casa Propia, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que se basa en el menor indicador que surja de los promedios de la variación salarial del último año y de la inflación del mismo período, reemplazará al Índice de los Contratos de Locación (ICL), conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Una de las especificaciones incluidas entre los cambios dispuestos por el Congreso es que el valor del alquiler debe ser fijado en moneda nacional, algo que tiene que abarcar también a las plataformas y/o portales que publicitan locaciones de inmuebles para ser habitados.

Mientras se esperaba que los cambios aplicados a la norma entren en vigencia, algo que ocurrirá una vez publicados en el Boletín Oficial (ocurrió este martes), la Federación de Inquilinos Nacional le presentó una carta al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, en la que le solicitó una reunión con el objetivo de “avanzar en los mecanismos previstos por la normativa para garantizar su cumplimiento y así mejorar el acceso al alquiler” de quienes lo requieren.

Tenemos un mercado cada vez más concentrado que no necesita que alguien pague un alquiler: construye departamentos para dejarlos vacíos y punto

Entre los temas que la Federación de Inquilinos busca evaluar con Maggiotti se encuentran la “urgente publicación de la modificación a la ley de alquileres en el Boletín Oficial (algo que sucedió este martes), la difusión de la norma, su cumplimiento y reglamentación”. Pero también pidieron al funcionario que, junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), garantice el registro de los contratos de alquiler, como también la creación de una línea de denuncias por el incumplimiento de esta instancia por parte de propietarios o inmobiliarias.

“Sabemos, por la experiencia en estos últimos años, que las inmobiliarias de la Argentina pueden incumplir sistemáticamente la ley sin enfrentar ningún tipo de consecuencia y es por esto que la crisis habitacional y la precarización de la vida de los inquilinos e inquilinas se profundiza”, advirtió la carta presentada a Maggiotti y firmada por Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos.

El texto, en tanto, aseguró que el mercado inmobiliario, “con su actitud mafiosa e ilegal, debilita los instrumentos de la democracia mientras que decide incumplir una ley” por estar en desacuerdo.

En declaraciones a la radio AM 750, Muñoz reclamó que el ministro Maggiotti “salga a hablar” para defender una ley que tuvo como principal apoyo el de los legisladores oficialistas, especialmente, dijo, “para evitar que se siga profundizando la crisis habitacional en la Argentina”.

 “Si nadie dice nada o el único que habla soy yo el mercado se muere de risa. Cuando entramos a una inmobiliaria para alquilar un departamento vemos que no le importa lo que se votó en el Congreso”, agregó.

El referente de la Federación de Inquilinos, que a nivel nacional agrupa a entidades de San Juan, Santa Cruz, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Neuquén, La Rioja y de las ciudades de Rosario, Bahía Blanca y Tandil, reclamó que el Gobierno nacional prohíba a los propietarios y al mercado inmobiliario tener viviendas vacías durante un cierto período de tiempo “Tenemos un mercado cada vez más concentrado que no necesita que alguien pague un alquiler: construye departamentos para dejarlos vacíos y punto. Por lo tanto, si el Estado no limita la cantidad de tiempo que se puede tener una vivienda vacía la situación va a seguir empeorando”, afirmó Muñoz.

Tres millones de viviendas vacías

En más de una década, la construcción de viviendas aumentó casi un 30%, el doble que el incremento de la población en el mismo lapso. Según surge del Censo Nacional 2022, en el país hay construidas 17.780.210 viviendas para 46.440.703 habitantes. Si se tomara en cuenta que un hogar está compuesto por tres personas, la proyección muestra que habría tres millones de viviendas vacías.

“Bueno, se me vence el contrato y no me renuevan el alquiler. Tengo 6 meses para llorar en posición fetal. Si alguien sabe de algún depto por Flores, se agradece”, escribió en su cuenta de Twitter Romina Scalora, columnista de humor en el programa radial “De Acá en Más”, que se emite por Urbana Play, y en el ciclo televisivo Bendita, por Canal 9. Días después, continuó su relato: “Porfis el que sepa de algún monoambiente o dos ambientes por Flores, Floresta, Parque Chacabuco me chifla? Acabo de tomarme el trabajo de ponerme con el tema y encontrar vivienda es realmente como buscar la piedra filosofal”, comparó. Uno de sus seguidores, con ironía, le comentó: “Bienvenida al infierno. Llevo buscando un departamento desde julio y sigo haciéndolo”.

Según estadísticas no oficiales, la oferta de departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires actualmente apenas supera los 400 pese a que los valores aumentan por sobre lo que marca la ley aún vigente. Algunos propietarios e inmobiliarias aplicaron ajustes mensuales a los inquilinos basándose en el índice de inflación del INDEC o, peor aún, tomando en cuenta la cotización del dólar paralelo.

“Negociar un contrato de alquiler con propietarios o inmobiliarias es siempre una negociación desigual”, contó a elDiarioAR María Emilia, que alquila por fuera de lo que marca la ley un departamento junto a una amiga en el barrio porteño de La Paternal. Después de buscar una vivienda durante meses, ambas llegaron a la casa en la que habitan, que es propiedad de un familiar de una persona conocida. “Tenemos un acuerdo de palabra, no un contrato formal. Y los aumentos del alquiler se basan en un promedio de los incrementos que tengan nuestros salarios. Este mes fue de 15% y a fin de año nos va a hacer otra actualización”, explicó.

Joaquín alquila un departamento junto a su esposa y sus tres hijos en el barrio de San Cristóbal. Pero también oficia como una suerte de propietario, porque administra el alquiler de dos viviendas familiares. En una de ellas, el inquilino pasará de pagar mensualmente $37.000, la cifra acordada hace tres años, a $140.000. En otro, el alquiler saltará de $41.000 a $120.000. Mientras tanto, espera con preocupación cuál será la actualización que tendrá que abonar en pocos meses.

“Creo que en este caso los cambios que aprobó el Congreso a la Ley de Alquileres son buenos porque favorecen a los que menos tienen”, opinó Joaquín en declaraciones a elDiarioAR.

Para el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), las modificaciones implementadas por los legisladores fueron una muestra de “irresponsabilidad” porque “no hacen más que agravar la ya caótica situación de los inquilinos en todo el país”. En un comunicado, evaluaron que “mantener contratos de tres años de duración aumentará la retirada de unidades del mercado y elevará los precios”

Con más dureza se expresó el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), en representación de los corredores de la ciudad de Buenos Aires, al considerar que establecer la aplicación del Índice “Casa Propia”, que “tiende a ubicarse por debajo de la inflación, es inviable en el actual contexto económico”. El CPI, por su parte, instó a los principales candidatos presidenciales, que en la mayoría de los casos se expresaron en contra de la Ley, a que “ expresen públicamente su compromiso de derogar” la norma “como una de las primeras medidas de sus mandatos”.

Patricia Bullrich, la aspirante a la presidencia de Juntos por el Cambio (JxC), detalló en su momento que entre las 500 leyes que derogará si llega al Gobierno se encuentra la de Alquileres. Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), también anunció que eliminará la norma, mientras que Sergio Massa, el postulante de Unión por la Patria (UXP), se mostró a favor de que cada distrito tenga su propia regulación, aunque sobre la base de una ley establecida en el Código Civil y Comercial. “Barcelona, por ejemplo, regula los alquileres y el uso de las viviendas de un modo distinto a Madrid. No es igual el mercado inmobiliario de El Calafate que el de Orán”, explicó en una entrevista con la plataforma Gelatina. Massa opinó que “es importante que el Estado regule a intervenga” sobre la actividad del sector de alquileres, “pero lo tiene que hacer con una mirada focalizada”, agregó.

En 1991, los hogares con inquilinos eran el 12,3% del total, mientras que en 2022, a partir de los datos surgidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cifra creció al 20,7%

Con motivo del debate sobre la Ley de Alquileres, cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron 10 puntos con diagnósticos y propuestas consensuadas que, a su criterio, deberían tenerse en cuenta para una política nacional de alquileres.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Hábitat Argentina y Estudios Metropolitanos marcaron que en 1991, según el censo de ese año, los hogares con inquilinos eran el 12,3% del total, mientras que en 2022, a partir de los datos surgidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cifra creció al 20,7%.

También aumentó, mencionaron las cinco organizaciones, “las dificultades para acceder al alquiler de una vivienda digna a un precio acorde a los ingresos de las familias inquilinas”, especialmente en las grandes ciudades del país. La explicación a este fenómeno se encuentra, dijeron, al “desacople entre los ingresos de los hogares y los precios de los alquileres y entre la oferta y la demanda. El alquiler promedio de un dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires representa el 41% de los ingresos familiares medios cuando todas las recomendaciones internacionales proponen que ese porcentaje sea menos del 30%”, indicaron.

En ese sentido, destacaron que la oferta de viviendas en alquiler para residencia permanente cayó “drásticamente”, según los principales portales de todo el país.

Alquiler temporal, oferta dolarizada

En busca de una solución, las organizaciones propusieron regular el alquiler turístico-temporario, que registró un “crecimiento exponencial” en el último tiempo, especialmente porque los acuerdos al que llegan las partes no están regulados por la ley y el valor de las locaciones se establece en dólares.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires “se reportaron más 17.000 departamentos en Airbnb en septiembre”, indicaron. Una situación similar se vive en Salta y San Carlos de Bariloche, donde el mercado de alquiler se volcó masivamente al turismo temporario y la oferta regular se dolarizó.

Al igual que la postura expresada por la Federación de Inquilinos Nacional, las cinco organizaciones de la sociedad civil evaluaron como un aspecto clave “disminuir la ociosidad del suelo urbano y la vivienda vacante”, para lo cual “el Estado debe aplicar los mecanismos necesarios que movilicen el suelo urbano ocioso hacia la oferta de alquiler asequible, ya sea a través de exenciones y beneficios impositivos condicionados así como sobre-tasas o impuestos específicos a la vivienda vacía o los terrenos baldíos, instrumentos que ya se han implementado y mostrados su efectividad en diversas ciudades del mundo”.

Además, propusieron que el Estado sea “un jugador más en la oferta de unidades en alquiler, con el fin de garantizar el alquiler asequible para los grupos más vulnerables”, y citaron el ejemplo de París, donde la agencia pública de hábitat gestiona un parque habitacional público de 20.000 inmuebles de alquiler protegido para hogares vulnerables; o la de Barcelona, que cuenta con un parque de 7.000 viviendas para alquiler social.

Por último, plantearon que en la Argentina, el mercado de la vivienda, en general, y el del alquiler en particular, es complejo y, por lo tanto, necesita de un Estado presente pensando políticas integrales de acceso a la vivienda.

GT

Los cambios que el Congreso Nacional introdujo este miércoles en el texto de la Ley de Alquileres, tras el impulso dado por el bloque oficialista Frente de Todos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, abrieron una serie de interrogantes entre los propietarios de viviendas e inquilinos, un universo que en la Argentina asciende a 10 millones de personas.

Después de una extensa sesión, que duró más de 16 horas y en las que se debatieron otros proyectos legislativos, los diputados aprobaron, con 128 votos a favor y 114 en contra, la ley con los cambios que habían incluido los senadores semanas atrás.

Uno de los principales aspectos que contempla la norma de alquileres es que la duración de los contratos firmados entre propietarios e inquilinos se mantendrá por tres años, pero tendrán una actualización semestral cuando la ley original planteaba que fuera anual.

Acaso la otra modificación sustancial incluida en la norma se trate del indicador que se utilizara para esas actualizaciones. Una vez publicada la ley en el Boletín Oficial dejará de tomarse en cuenta para los nuevos vínculos el Índice de los Contratos de Locación (ICL), conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Este indicador, elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA), será reemplazado por el índice Casa Propia, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que se basa en el menor indicador que surja de los promedios de la variación salarial del último año y de la inflación del mismo período.

La nueva ley, en tanto, sostuvo que los contratos deben ser estipulados en moneda nacional, algo que tiene que abarcar también alas plataformas y/o portales que publicitan locaciones de inmuebles para ser habitados.

Además, incorporó como beneficios para los propietarios que los ingresos que reciban por el alquiler de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo; de bienes personales sobre las viviendas que se pongan en alquiler; y del impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar los contratos registrados ante la AFIP.

Tanto inquilinos como propietarios también podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de alquiler.

La norma reformada elimina también la posibilidad de que los propietarios puedan pedirle a los inquilinos el pago de meses por adelantado.

Algunas preguntas y respuestas que surgen de la reforma introducida a la Ley de Alquileres

¿Cuándo entran en vigencia los cambios a la norma?

La ley, tras su aprobación en Diputados, fue elevada al Poder Ejecutivo. Para que formalmente comience a regir, tiene que ser publicada en el Boletín Oficial. Mientras eso no ocurra, los nuevos contratos se acuerdan y concretan bajo la normativa anterior.

¿Qué sucede con los contratos todavía vigentes?

No se verán modificadas las condiciones en las que fueron firmados. La ley aprobada por Diputados sólo se aplicará en el caso de los nuevos vínculos acordados a partir de la entrada en funciones de la norma. Hasta ese momento se implementarán las pautas incluidas en el texto aprobado en julio de 2020, incluyendo el Índice ICL como parámetros de actualización.

¿Durante un tiempo, entonces, van a regir dos tipos de contratos de alquiler? 

Sí. Cuando entren en vigor las modificaciones aprobadas en el Congreso convivirán los contratos firmados antes de la promulgación de la reforma introducida este miércoles y los acordados bajo la ley de 2020.

¿Un propietario puede modificar de un año a seis meses el plazo de actualización del monto de alquileres en contratos vigentes antes de la aprobación de la nueva ley?

No. Si los contratos fueron firmados bajo las condiciones fijadas por la norma aprobada a mediados de 2020 debe mantenerse la actualización anual.

¿Pueden concretarse contratos de alquiler de viviendas en dólares?

La reforma implementada por el Congreso fija establece expresamente que el precio debe ser en moneda nacional, una condición que también alcanza a quienes publiciten viviendas para alquilar en plataformas digitales y/o portales.

GT/MG

La Cámara de Diputados realizará hoy una sesión especial que tendrá como tema sobresaliente la ley de Alquileres. A partir de las 12, los legisladores deberán decidir qué texto convierten en ley: el que fue aprobado por el Senado, a instancias del Frente de Todos y aliados, que mantiene el contrato de tres años como mínimo, como la norma que actualmente está en vigor, y propone bajar de un año como mínimo a seis meses el plazo para los ajustes; o el que proponen Juntos por el Cambio y otros espacios no oficialistas, que establece actualizaciones cuatrimestrales y volver al contrato de dos años que rigió hasta mediados de 2020.

La ley de Alquileres que está actualmente en vigencia —que consistió en modificaciones al Código Civil y Comercial— obtuvo la media sanción el 20 de noviembre de 2019, a 20 días de finalizar el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). El resultado fue 191 votos afirmativos 0 negativos y 24 abstenciones (con 41 ausentes). De las 24 abstenciones, 18 fueron del PRO —bloque del que curiosamente surgió la iniciativa, de la mano del entonces diputado Daniel Lipovetzky—. 

En el Senado, la ley obtuvo sanción definitiva el 11 de junio de 2020, en plena cuarentena, bajo el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos). El resultado fue 41 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones y 31 ausentes. Todos los votos afirmativos fueron del Frente de Todos y de sus aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). En esa ocasión, ningún senador de Juntos por el Cambio participó de la votación.

Es decir que la ley de Alquileres reunió en su momento un amplísimo consenso: fue votada por legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Sin embargo, con el paso de los meses desde aquella sanción en plena pandemia la norma fue criticada por diputados de los mismos espacios políticos que la habían apoyado y, en marzo de 2022, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa —que 5 meses después asumiría como ministro de Economía y actualmente es el candidato a presidente de Unión por la Patria—, anunció que impulsaría una modificación porque, a su criterio, la ley actual “fracasó”.

El 23 de agosto último Diputados aprobó una modificación y la giró al Senado. La semana pasada, el Senado aprobó su propio texto, cambiando el de Diputados, por 37 votos a favor y 29 en contra. Como se trata de modificaciones al Código Civil, no se requerían las mayorías especiales que la Constitución sí exige cuando se trata de impuestos o de la ley electoral. Por lo tanto ese resultado del Senado significa mayoría simple.

Por ende, y de acuerdo con la Constitución, la Cámara de Diputados este martes podría insistir con su propio texto también por mayoría simple. ¿Qué significa mayoría simple? Que el texto no necesita, para ser convalidado, el apoyo de al menos la mitad más uno de los miembros del cuerpo (en el Senado son 37 y en Diputados, 129) sino de quienes estén presentes en el recinto (siempre que haya quórum).

Un ejemplo es el mismo resultado de la votación de Alquileres en Diputados, del 23 de agosto último: 125 afirmativos, 112 negativos, 3 abstenciones. Es decir que si se repitiera ese resultado en Diputados, la oposición podría imponer su propia ley de Alquileres. La pregunta es si logrará juntar el número.

¿Qué dicen el texto aprobado en Diputados y el del Senado?

La media sanción de Diputados establece que los contratos de alquiler deben tener un plazo mínimo de dos años contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes pueden hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear para calcular el porcentaje entre varias fórmulas o índices.

El menú de posibilidades a elegir estaba conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se contemplaba como opción que las partes pudieran acordar adoptar una combinación de estos índices.

En texto aprobado en el Senado establece un mínimo de tres años de contrato y que “podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA”. Se trata del coeficiente Casa Propia, que se utiliza para los créditos de Casa Propia y Procrear II y es publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. 

La decisión de Diputados se conocería recién en la noche o la madrugada del miércoles, ya que Alquileres es el último ítem en el temario de 10 proyectos que conforman el orden del día.

El resto del temario

El recinto de Diputados se abrirá también para discutir la creación del programa “Compra Sin IVA”, impulsado en plena campaña electoral por el ministro candidato Massa; así como el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, la creación de tres universidades nacionales y el Plan Nacional de Ciencia 2030, entre otros temas.

En la sesión especial también fueron incluidos un proyecto denominado Argentina Inclusiva; el Plan de Ciencia y Tecnología 2030; la Ley Olimpia y una iniciativa de respaldo a la industria del Calzado.

A diferencia de la ley de Alquileres, que a esta hora tiene final abierto, el oficialismo no tendría dificultades para sumar aliados que respalden la creación por ley del programa “Compre sin IVA” y el resto del temario.

JJD

La ley de Alquileres tendrá final abierto en el Congreso. Luego de que el oficialismo en el Senado modificara la media sanción que había aprobado la oposición en Diputados, la iniciativa volverá a votarse en la Cámara baja la semana próxima. La gran incógnita será saber cuál de los dos proyectos se terminarán imponiendo: si el del Frente de Todos, que ratifica la vigencia de un plazo de duración de 3 años de los contratos y un esquema de ajuste semestral, o el de Juntos por el Cambio, que establece que los contratos tengan un plazo mínimo de 2 años y que los ajustes puedan hacerse cada cuatro meses y que las partes tengan la libertad de elegir entre varias fórmulas o índices el mecanismo a emplear.

Ese panorama incierto quedó planteado este miércoles, luego de que el oficialismo avanzara en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara baja: logró 41 firmas a favor del proyecto en revisión proveniente del Senado, aprobado la semana pasada, en tanto que la postura de la oposición de insistir en la sanción inicial votada por Diputados –el 23 de agosto pasado– recibió el respaldo de 39 legisladores.

El choque parlamentario será saldado en una sesión aún a confirmar entre el martes y el miércoles próximos, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias. La llave la tendrán las fuerzas más chicas, quienes podrían inclinar la balanza a favor de uno u otro proyecto: el interbloque Federal que integra a peronistas y socialistas, la Izquierda, los libertarios, y los bloques provinciales de Misiones, Río Negro y Neuquén.

La definición quedará para la negociación política que se abra desde hoy hasta el momento de la sesión, porque el número de aprobación que obtuvo la oposición en su momento ya está teniendo  modificaciones. La mayoría afirmativa consiguió en Diputados 125 votos, construidos a partir de 115 de JxC y aliados, más 4 del interbloque Federal, el misionero Carlos Fernández y los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo. El voto negativo fue de 112, entre 103 del FdT, los 3 libertarios de Javier Milei, los 4 de la izquierda y los peronistas federales Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota. Hubo apenas tres abstenciones (los socialistas y un oficialista) y 16 ausencias, sobre todo una docena del oficialismo.

Aunque el oficialismo tiene el número muy ajustado para avanzar, la “rosca” está a la orden del día. La primera señal la dio el misionero Fernández, quien acompañó este miércoles el dictamen del FdT. También cambiarían su voto los rionegrinos, teniendo en cuenta que el gobernador electo de la provincia, Alberto Weretilneck, acompañó al kirchnerismo en la votación del Senado de la semana pasada. Además es una incógnita cómo votará Rolando Figueroa, mandatario electo de Neuquén, que se ausentó en la sesión de Diputados.

En sondeos de este medio, en el socialismo aseguraron estar “estudiando el tema”, postura compartida en la Izquierda. Los peronistas “Topo” Rodríguez y De la Sota se inclinarían por la abstención. En el bloque de Milei ratificaron su postura de derogar la ley de Alquileres, por lo que podrían repetir su rechazo en cualquiera de las dos votaciones.

Los cambios que se discuten

El día de la sesión, primero se tratará el dictamen impulsado por el kirchnerismo y luego el de la oposición. El proyecto votado la semana pasada en la Cámara alta salió con modificaciones a la iniciativa original impulsada por JxC, entre las que se estableció en tres años el plazo mínimo legal de locación, y, por otro lado, se agregó que “los contratos de locación con destino” a vivienda deberán ser estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA”, conocido como Coeficiente Casa Propia, que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.

En su redacción original, la oposición estableció que las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, con contratos por dos años, y, o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos estos índices.

La reunión de las comisiones de este miércoles en Presupuesto –que preside Carlos Heller– y de Legislación General –a cargo de Lucas Godoy– se desarrolló en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja, donde los legisladores y legisladoras sólo podían aceptar las modificaciones o insistir con el texto original del proyecto, ya que se trata de una iniciativa girada a Diputados en segunda revisión, es decir que vuelve a esta cámara de origen, luego de haber sido modificada por el Senado.

Desde el oficialismo, el diputado nacional del FDT, Itaí Hagman, sostuvo que “estamos frente a dos opciones pero el proyecto que aprobó el Senado es mejor del que salió de Diputados” y celebró “que ya no se esté hablando de derogación porque eso iba a dejar desprotegidos a los inquilinos”. En tanto, desde la oposición, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, sostuvo que la ley puesta en marcha en 2020 “no dio los resultados esperados” y anticipó que ese espacio insistirá “con la sanción originaria de nuestra cámara”.

Con fuertes cruces entre los diputados, como el que se produjo entre la radical Karina Banfi y la oficialista Paula Pennaca a los gritos sobre la responsabilidad del Gobierno en el tema inflación, por parte de la diputada de Juntos por el Cambio, y con fuertes acusaciones a Mauricio Macri formuladas por la diputada del FdT, la comisión debatió por casi dos horas en torno al tema. 

MC con información de Télam

JJD

El oficialismo y la oposición volverán a pulsear políticamente en la Cámara de Diputados, a menos de 20 días de las elecciones nacionales, para definir qué cambios introducirán a la llamada Ley de Alquileres, una norma que desde su sanción, hace tres años y en medio de la pandemia, perdió legitimidad y de la que depende la estabilidad habitacional de unos 10 millones de inquilinos, poco más del 20% de la población total del país.

Un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados tiene previsto reunirse mañana, a las 12.30, para analizar el proyecto que el jueves pasado fue devuelto con cambios por el Senado. 

En el encuentro, que se llevará a cabo en el Edificio Anexo del Congreso, los distintos bloques legislativos tendrán que resolver, por medio de dictámenes, si deciden aceptar o rechazar las modificaciones introducidas por los senadores a la iniciativa votada el 23 de agosto pasada por Diputados e impulsada, principalmente, por el bloque de Juntos por el Cambio (JxC). 

“Mientras tanto, los que tenemos que renovar el alquiler en los próximos meses estamos en un limbo. En tierra de nadie”, comentó a elDiarioAR Silvina, que alquila un departamento de tres ambientes en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Su historia es la de muchos inquilinos e inquilinas que en tanto aguardan la resolución del debate legislativo negocian con propietarios e inmobiliarias cuánto le costará alquilar una vivienda y la vigencia de ese vínculo, porque si bien la ley establece un plazo de tres años, la realidad es que son pocos los casos en los que se cumple.

Además, especialmente después de la devaluación del peso que llevó a cabo el Gobierno nacional al día siguiente de las elecciones primarias (PASO), muchos propietarios de viviendas plantearon a sus inquilinos actualizar el valor de la renta, en algunos casos hasta en dólares o utilizando un tipo de cambio paralelo.

La situación de los inquilinos “es crítica porque la discusión permanente sobre la ley lo único que hizo fue deslegitimarla por completo. Cuando entrás a una inmobiliaria, por ejemplo, a buscar un departamento o una casa para alquilar, te encontrás con que te ofrecen contratos por tres o seis meses y en dólares. Mucha gente no sabe dónde va a ir a vivir en los próximos días”, contó al elDiarioAR Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

En ese escenario de inestabilidad tanto normativa como política y económica, la Federación de Inquilinos solicitó días atrás al Gobierno que prorrogue la vigencia de los contratos de alquiler que vencen en el corto plazo y que se suspendan los aumentos por seis meses. El objetivo: “Enfrentar la especulación y el golpe de mercado que están dando las inmobiliarias”. Una medida similar se tomó por decreto con motivo del aislamiento social y preventivo obligatorio (ASPO) que rigió en la pandemia. En ese momento, el Ejecutivo dispuso el congelamiento de los alquileres y la prohibición de desalojos.

Durante el plenario de las comisiones legislativas de Diputados, explicaron fuentes de la Cámara de Diputados, sólo podrán aceptarse las modificaciones hechas en el Senado o insistir con el texto original. Es el paso previo a que el tema vuelva a ser tratado en el recinto, algo que podría ocurrir recién el martes 10 o el miércoles 11 de octubre, en el tramo final de la campaña electoral.

El proyecto aprobado en agosto por Diputados estableció, entre otras modificaciones, que el contrato de alquiler de viviendas ya no sea de tres años como mínimo sino de dos; que el plazo mínimo de actualización de los importes baje de un año a cuatro meses; y que propietarios e inquilinos convengan un mecanismo de actualización del precio del alquiler al comenzar el vínculo contractual sobre la base de cuatro opciones: el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), todos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos indicadores. La ley todavía vigente contempla que los alquileres se ajusten una vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación. Esta combinación, elaborada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se llama Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

En cambio, el texto aprobado por el Senado fijó un plazo mínimo de tres años de locación, tal como contempla la actual norma, pero agregó que los contratos de alquiler destinado a vivienda serán estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

El Senado, además, modificó el mecanismo de actualización del valor de los alquileres. De aprobarse en Diputados, los ajustes tendrán que efectuarse utilizando la cifra menor que surja de comparar el promedio del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y el CER.

Los senadores también incorporaron a la Ley de Alquileres que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo y que propietarios e inquilinos podrán deducir del Impuesto a las Ganancias “el equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

El proyecto aprobado por el Senado contó con 37 votos a favor -legisladores del Frente de Todos y peronistas del bloque de Unidad Federal- y el rechazo de 29, mayoritariamente de Juntos por el Cambio, que pretendía aprobar el proyecto en revisión de Diputados y convertirlo en ley. En la Cámara baja, el texto que había recibido media sanción (por 125 a 112) era el de JxC con el aval de la mayoría de los integrantes de bloques provinciales y de dos peronistas bonaerenses frente al rechazo del Frente de Todos, la Izquierda y los libertarios.

“Necesitamos una ley urgente, legitimada y votada nuevamente por el Congreso. Después, hará falta lo mismo de siempre: un Estado que controle el cumplimiento de la norma porque, de lo contrario, la única ley que existe hoy es la del mercado”, expresó Muñoz acerca del futuro de la legislación.

En la plataforma X la usuaria LaTíaPí relató uno de los problemas que suelen contar los inquilinos de viviendas. “A mí la dueña (sin inmobiliaria en el medio) me cambió el precio acordado a 20 días de firmar la renovación y me pidió 500 dólares billete en mano en su casa. Le dije que no. Me fui a las corridas, triste y sin solución a la vista. Ayer me enteré que lo tiene vacío hace un mes”.

Los comentarios se despliegan en un extenso hilo de experiencias en materia de alquileres. “Recién una amiga le dijo al de la inmobiliaria que si el dueño del depto quiere alquiler en dólares, ella no tiene problema pero se lo va a tener que transferir. El tipo le dijo que era en dólares, billete, cara grande, todos los meses en la inmobiliaria y sin recibo”, escribió la usuaria MaGui LóPeZ

Según el último reporte de precios de los alquileres de departamentos en la ciudad de Buenos Aires difundido por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) en septiembre último se registraron incrementos de entre 12,5% y 29,4% mensual según la ubicación y la cantidad de ambientes de la vivienda.

El estudio mencionó que los aumentos con relación a los valores de agosto fueron de 21,4% en los monoambientes, 29,4% para los departamentos de dos ambientes y 12,5% en los de tres ambientes. También resaltó que los incrementos acumulados en los últimos doce meses fueron de 209,1% para los monoambientes porteños, de 238,5% para las unidades de dos ambientes y de 200% para las de tres. En todos los casos, los valores superan la inflación interanual, que a agosto ascendió al 124,4%, según el Indec.

En ese sentido, el CESO destacó que el valor promedio del alquiler de un monoambiente, sin incluir expensas, en la ciudad fue de $170.000 en septiembre cuando todavía regía un Salario Mínimo Vital y Móvil de $118.000. 

El documento del CESO evaluó que la aprobación del proyecto de reforma de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados “aumentó la incertidumbre del mercado inmobiliario y generó una pausa en el cierre de contratos a la espera de mayores definiciones sobre las condiciones contractuales que regirán en el caso de que se derogue” la norma actual. A ese panorama se sumó “la significativa devaluación” aplicada por el gobierno nacional al día siguiente a las PASO, “que aceleró la inflación” y explicó “en parte los saltos que se dieron en los precios de oferta del último mes”.

Ramiro alquila un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Villa Urquiza. “Me mudé en mayo después de firmar un contrato por tres años, como marca la ley. Pero la inmobiliaria me llamó hace tres semanas diciendo que el precio había quedado desfasado y el dueño quería subirlo este mes. Tuve que aceptar”, dijo a elDiarioAR.

Los cambios que introdujo el Senado en el proyecto con media sanción de Diputados fueron criticados, entre otras entidades, por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), que manifestó su rechazo porque “provoca aún más una situación aún peor respecto del escenario de oferta de alquileres de vivienda”.

“Queremos expresar nuestro absoluto y enérgico rechazo al dictamen de modificación de la ley de alquileres realizado en el Senado en el día de ayer”, afirmó la presidenta de Cucicba, Marta Liotto, en declaraciones a la agencia de noticias Télam.

La Cucicba evaluó que una normativa similar a la que propone el Senado causaría una caída aún más grande de la oferta tradicional de alquileres mientras aumenta el formato de renta temporaria y en dólares como el que ofrece la plataforma Airbnb.

Durante el debate que se dio la semana pasada en el Senado, la legisladora por Mendoza del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti dijo que “lo único que trajo la media sanción de Diputados fue incertidumbre, paralización de los contratos y sobre todo, desfachatez en su contenido”. 

Según la senadora kirchnerista, las modificaciones introducidas en el proyecto tienden a “equilibrar el sistema con una visión que defiende al inquilino”.

Para el senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y ex precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, reclamó que la iniciativa impulsada por el oficialismo “perjudica al más débil”, el inquilino, por “intervenir mal en el mercado” inmobiliario.

“Es muy difícil decir qué puede suceder con esta ley. El panorama, en un contexto de inestabilidad política y electoral, es incierto”, reconoció Muñoz en representación de los inquilinos.

GT/MG

El Senado sancionó el jueves una modificación a la ley de Alquileres distinta de la que había aprobado Diputados un mes antes. La que aprobó el Senado fue votada por el Frente de Todos, con el rechazo de Juntos por el Cambio, y la que había sancionado Diputados, al revés, fue promovida por el cambiemismo y rechazada por el oficialismo. ¿Qué puede pasar, entonces, con esta ley cuyo limbo parlamentario mantiene en vilo a los inquilinos, a los propietarios y al mercado inmobiliario en general?

El Senado aprobó su texto por 37 votos a favor y 29 en contra. Como se trata de modificaciones al Código Civil, no se requerían las mayorías especiales que la Constitución sí exige cuando se trata de impuestos o de la ley electoral. Por lo tanto ese resultado del Senado significa mayoría simple.

Por ende, y de acuerdo con la Constitución, la Cámara de Diputados podría insistir con su propio texto también por mayoría simple. ¿Qué significa mayoría simple? Que el texto no necesita, para ser convalidado, el apoyo de al menos la mitad más uno de los miembros del cuerpo (en el Senado son 37 y en Diputados, 129) sino de quienes estén presentes en el recinto (siempre que haya quórum).

Un ejemplo es el mismo resultado de la votación de Alquileres en Diputados, del 23 de agosto último: 125 afirmativos, 112 negativos, 3 abstenciones. Es decir que si se repitiera ese resultado en Diputados, la oposición podría imponer su propia ley de Alquileres. La pregunta es si logrará juntar el número.

¿Qué dice la Constitución?

En su artículo 81, la Carta Magna dice que “si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora (en este caso, el Senado), deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes”. Como en el Senado la votación salió 37 a 29, no se reunieron los dos tercios, se trata de mayoría simple.

Dice la Constitución que, entonces, “la Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes (es decir mayoría simple) aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes”, y que “en este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes”.

Según pudo saber elDiarioAR, el interbloque Juntos por el Cambio procurará que Diputados insista con su media sanción. “Obviamente, nosotros tenemos que insistir pero igual no estamos sobrados de número”, dijo a este medio un referente del espacio opositor.

Con Juntos por el Cambio votaron a favor de la media sanción de Diputados los diputados Graciela Camaño y Florencio Randazzo, de Identidad Bonaerense; Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, Carlos Fernández, del Frente de la Concordia Misionero; Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal; y Claudio Vidal, de Somos Energia Para Renovar (SER).

La propuesta, en cambio, fue rechazada por el Frente de Todos, por Javier Milei y sus diputadas; por la izquierda y por el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que integra el mismo bloque con Camaño y Randazzo pero votó distinto. Lo mismo con Natalia De la Sota, que integra Córdoba Federal pero, a diferencia de sus compañeros de bloque, votó en contra.

En esa votación hubo 16 ausentes, de los cuales 13 pertenecen al Frente de Todos. Los otros tres son Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero; Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino, y Gerardo Cipolini, de la UCR.

La media sanción de Diputados de agosto reunió 125 votos afirmativos, de modo que si Juntos por el Cambio juntara el apoyo de cuatro diputados más cumpliría su objetivo, porque se trataría de la mitad más uno del cuerpo. ¿Podrán?

JJD

Con 37 votos a favor y 29 en contra, el Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma a la Ley de Alquileres. Pero al introducir modificaciones al proyecto sancionado a fines de agosto en Diputados, la iniciativa tendrá que volver otra vez a la Cámara de origen para una segunda revisión.

¿Qué podrán hacer los diputados con la reforma aprobada en el Senado? El reglamento establece que sólo puede aceptar las modificaciones que introdujeron en la Cámara Alta o insistir en la sanción original, es decir, no pueden hacer más cambios.

Los dos puntos centrales de las modificaciones hechas por los senadores son la duración de los contratos y el mecanismo para actualizar el precio de los alquileres. El proyecto aprobado por los Diputados establecía el libre acuerdo entre las partes, con contratos de dos años de duración, -tal como ocurría antes de la actual ley que entró en vigencia en 2020-. Y fijaba que propietarios e inquilinos podían acordar actualizar el alquiler en base al índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de ellos.

Los senadores, en cambio, establecieron que los contratos duren tres años y los alquileres se ajusten cada seis meses de acuerdo al indice Casa Propia, que es el que usa el Banco Nación y el Gobierno nacional para los Procrear. Este coeficiente utiliza la medición del menor índice entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Por esa razó, el proyecto fue aprobado por el bloque del Frente de Todos y los senadores peronistas de Unidad Federal y rechazado por Juntos por el Cambio que buscaba aprobar la iniciativa tal cual fue enviada desde Diputados. Las asociaciones de inquilinos habían expresado su rechazo al proyecto aprobado por la Cámara Baja.

El presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, el oficialista pampeano Daniel Bensusán, reconoció que “el dictamen que vino de Diputados no era del agrado de casi ninguna de las partes”. Y agregó que “el dictamen que presentamos desde el Frente de Todos fue elaborado con responsabilidad y dar ciertas herramientas para solucionar este problema que viven numerosas familias”.

De Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, sostuvo que “está claro que en una relación contractual el más débil es el que no tiene la propiedad”, y advirtió que las modificaciones del oficialismo “por cuidar al más débil, se lo perjudica”. Para el senador radical, en un contexto inflacionario, “no te renuevan el alquiler o te lo renuevan a un valor al que no se puede acceder”.

Estos son los principales cambios introducidos por los senadores

El déficit habitacional es un problema urgente en Argentina, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el 67% de los departamentos en alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) están valuados en dólares. Esta no es la única dificultad que enfrentan quienes buscan una vivienda disponible para arrendar: hoy en día, el salario mínimo no alcanza a cubrir la totalidad del alquiler. En tanto de los más de 2 millones de hogares que alquilan su vivienda y que no son propietarios, el 32% dedica mensualmente más de la mitad de su salario al alquiler, según un informe de las organizaciones Cippec, Techo y Acij.

Con información de agencias

El Senado de la Nación aprobó hoy el proyecto que reforma la Ley de Alquileres e introdujo algunos cambios a la iniciativa sancionada a fines de agosto en la Diputados, por lo que deberá regresar a la Cámara de origen en segunda revisión que, ahora sólo podrá aceptar las modificaciones o insistir con la sanción original.

En el Senado el proyecto fue aprobado por 37 a 29, y contó con el apoyo del Frente de Todos y de los senadores peronistas que integran el bloque de Unidad Federal; en tanto que Juntos por el Cambio votó en contra porque pretendía aprobar el proyecto venido en revisión de Diputados y sancionar hoy mismo la ley.

La iniciativa venida de Diputados establecía que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

En cambio, el proyecto aprobado por el Senado establece tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que “los contratos de locación con destino” a vivienda serán estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

También el Senado modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres propiciando que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA”.

El proyecto aprobado en Senado además modifica la norma venida en revisión de Diputados al incorporar un último párrafo sobre el artículo nueve estableciendo que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”.

Finalmente, se suma un nuevo artículo, el número doce sobre el Impuesto a las Ganancias: “las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación”.

El presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, el oficialista pampeano Daniel Bensusán, reconoció que “el dictamen que vino de Diputados no era del agrado de casi ninguna de las partes”.

Además, sostuvo que “el dictamen que presentamos desde el Frente de Todos fue elaborado con responsabilidad y dar ciertas herramientas para solucionar este problema que viven numerosas familias”.

Asimismo, sentenció que “es una responsabilidad que tenemos todos de tratar de lograr una solución que logremos todos”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, reiteró la postura de Juntos por el Cambio de “sostener la media sanción que vino de Diputados”.

“Hay casi ocho millones de argentinos que están esperando la aprobación de una ley definitiva y hay muchos contratos pendiendo que están esperando ver qué pasa en este recinto”, insistió.

NB con información de agencia Télam.

A menos de un mes de las elecciones y en un año legislativo de muy pobres resultados, el Frente de Todos se decidió a poner este jueves toda la carne al asador. Pasadas las 14, y con la ayuda del peronismo disidente y aliados, consiguió cómodamente el quórum para iniciar una sesión en la que podría convertirse en ley la quita de Ganancias para los trabajadores —iniciativa impulsada y deseada por el ministro candidato, Sergio Massa— y aprobarse la nueva ley de Alquileres —aunque con cambios, con lo cual debería volver a Diputados— y los pliegos de 33 jueces, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa.

La situación de la magistrada desvela a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ya que como intengrante de la Cámara de Casación Penal interviene en al menos tres causas clave para la vicepresidenta: Hotesur-Los Sauces; Memorándum con Irán; y Cuadernos.

Sin embargo, en el caso de que el Senado apruebe su pliego se abriría un virtual conflicto de poderes de Estado, ya que el 6 de septiembre último la Corte Suprema de Justicia le puso punto final al limbo en que se encontraba Figueroa, quien había decidido permanecer en su cargo a pesar de haber cumplido la edad para jubilarse, 75 años, aunque sin firmar resoluciones: ordenó que cese en sus funciones. La jubiló.

Esta semana, el presidente del interbloque Frente de Todos, el formoseño José Mayans, dijo que a pesar de la decisión de la Corte el pliego de Figueroa se va a tratar porque “no está pedido ningún retiro de la jueza por parte del Ejecutivo”. Los pliegos, por reglamento, se tratan siempre al inicio de las sesiones.

La Cámara alta volvería a aprobar leyes en el recinto después de cinco meses. Se espera que el debate sobre la ley de Ganancias sea el tercer plato fuerte del día, después de Alquileres y de los pliegos.

Descontando que Ganancias se convertirá en ley, la CGT y movimientos sociales agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) organizaron una movilización para el viernes a las 14 a la plaza del Congreso, para festejar la sanción. En el acto está previsto que hable Massa.

Todo calculado.

Qué senadores podrían ayudar al oficialismo a conseguir el quórum

En febrero, cuatro senadores peronistas se fueron del Frente de Todos para formar junto a la cordobesa Alejandra Vigo, referente del peronismo cordobés y esposa del gobernador y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, el bloque Unidad Federal. Se fueron enojados por el rumbo del Gobierno y con la conducción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Desde entonces, el oficialismo, que ya había perdido la mayoría tras la elección de 2021, que le ganó Juntos por el Cambio, quedó en serios problemas para conseguir los apoyos necesarios para realizar sesiones y aprobar leyes.

Sin embargo, ahora volvieron a contribuir a los deseos del oficialismo —en particular, al de Cristina Kirchner para aprobar la permanencia en el puesto de la jueza Figueroa— porque en el mismo temario está previsto que se incluya la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, un proyecto anunciado por Massa y que supone una buena noticia en medio de la campaña electoral. Una buena noticia para el oficialismo y para los gremios aunque no necesariamente para la gran mayoría de los trabajadores cuyos ingresos están muy por debajo de los $700.000, el piso anterior al decreto que lo aumentó a $1,7 millón, que es el mismo que ahora se pretende fijar por ley.

Los cuatro peronistas disidentes que podrían hacerlo son el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la sanluiseña María Eugenia Catalfamo y el jujeño Guillermo Snopek.

Una sesión a tres semanas de la elección presidencial: discutida y larga

En el temario de la sesión, que se publicó en la tarde de este miércoles, el oficialismo también apunta a tratar la reforma de la Ley de Alquileres. El oficialismo y el bloque Unidad Federal firmaron el dictamen a un proyecto que difiere del aprobado en Diputados. Si, como todo parece indicar, este dictamen es aprobado en el recinto, la iniciativa deberá volver a ser girada a Diputados, que podrá insistir con su media sanción o convalidar el texto modificado en el Senado.

El dictamen del oficialismo y el bloque que preside Snopek (sin el apoyo de Vigo, que está a favor de la propuesta aprobada en Diputados e impulsada por Juntos por el Cambio) mantiene los contratos en tres años y establece una actualización de los montos cada seis meses (hoy es anual), a través del Coeficiente Casa Propia, que elabora el ministerio de Hábitat. La media sanción de Diputados establece dos años de contrato como mínimo y que los montos puedan actualizarse cada cuatro meses, además de que se permite al dueño y al inquilino elegir algún indicador oficial como fórmulas para ajustar el monto de los alquileres.

Además del pliego de Figueroa, Alquileres y Ganancias (en ese orden figuran), en el temario también se incluyen un proyecto de Kueider para disminuir las tarifas del servicio eléctrico; la creación de cinco universidades nacionales (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo, ya aprobadas en Diputados; y la creación del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz.

JJD

De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el 67% de los departamentos en alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) están valuados en dólares. Esta no es la única dificultad que enfrentan quienes buscan una vivienda disponible para arrendar: hoy en día, el salario mínimo no alcanza a cubrir la totalidad del alquiler.

En septiembre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) llegó a los $118.000. Esta cifra solo permite abonar un 69,4% del costo promedio de un monoambiente en la Capital Federal, que ronda los $170.000. Para aquellos que buscan inmuebles más grandes, la brecha entre los ingresos y el alquiler a pagar es mucho mayor: en el caso de un departamento de dos ambientes, el valor de arrendamiento es de aproximadamente $220.000, mientras que, en el caso de un tres ambientes, asciende a $270.000.

No es para nada un detalle menor que estos montos no tienen en cuenta un gasto adicional que suponen las expensas ordinarias que, en términos generales, se estiman en un 11,1% del precio de oferta del alquiler.

A estas dificultades se suma la creciente inquietud que genera la demora en el debate y la aprobación definitiva de una nueva ley de alquileres que regule las transacciones y acuerdos. En este sentido, el CESO advirtió que la media sanción de la reforma a esta normativa “aumentó la incertidumbre del mercado inmobiliario y generó una pausa en el cierre de contratos, a la espera de mayores definiciones sobre las condiciones contractuales que regirán en el caso de que se derogue la norma actual”.

El escenario electoral tampoco contribuyó a la situación de los inquilinos, ya compleja dada la escasez de viviendas disponibles. La devaluación que siguió a la celebración de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) impulsó un proceso de aceleración inflacionaria que impactó fuertemente en el precio de los arrendamientos. A comparación de agosto, el valor se incrementó un 21,4% para monoambientes, un 29,4% para un dos ambientes y un 12,5% para tres ambientes.

Si se evalúa la evolución en los últimos 12 meses, se exhiben aumentos del 209,1%, 238,5% y 200%, respectivamente. Se trata de subas muy superiores a la inflación que trepó un 124,4% en el período en cuestión y al Índice de Contratos de Locación que regula la actualización de los arrendamientos y se ubicó al primera día hábil de septiembre en un 113% interanual.

ACM con información de agencias.

El oficialismo decidió posponer el debate de la nueva Ley de Alquileres en el Senado que estaba previsto para este miércoles, luego de que la semana pasada se firmaran dos dictámenes de comisión. La decisión atiende a que el bloque del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) tiene a dos de sus legisladores enfermos y necesita de todos sus integrantes presentes para aprobar su iniciativa.

La semana pasada, el oficialismo tuvo mayoría en comisiones y logró firmar el dictamen de un proyecto que mantiene los contratos por tres años y establece índices de actualización con incrementos diferentes a los contemplados en el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados. La Cámara Baja había bajado a dos años el plazo mínimo de alquiler y acordado ajustes cuatrimestrales.

Cuando se debata la Ley de Alquileres, Juntos por el Cambio no acompañará la propuesta del oficialismo y continuará fiel al su dictamen que busca mantener el proyecto aprobado por Diputados.

Ambos dictámenes se firmaron en el marco de las reuniones de las comisiones de Legislación General presidida por el senador de La Pampa, Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo del senador riojano, Ricardo Guerra.

Bensusán explicó que, según el dictamen de mayoría, el “precio del alquiler debe fijarse como valor único en moneda nacional” y los ajustes se darán en un plazo no menor a seis meses y a partir del coeficiente Casa Propia. Se trata de un índice elaborado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en base a dos promedios de salarios y el índice de inflación de los últimos 12 meses.

El dictamen también incorporó un nuevo artículo vinculado al Impuesto a las Ganancias, en el que estipula que “las partes podrán deducir el 10% del monto anual del contrato de locación”.

ACM con información de agencias.