Al final, no todos los despedidos consiguen trabajo manejando para Uber, Cabify o Didi o repartiendo mercadería para Mercado Libre, Rappi o Pedidos Ya. No todos los que pierden empleo formal lo consiguen en el informal, como se vanagloriaba el gobierno de Javier Milei. El desempleo saltó de un año a otro del 6,4% al 7,5%, comparando los cuartos trimestres. Hasta los sectores a los que les va bien como la minería y la banca destruyen trabajo en tiempos de robótica e inteligencia artificial.

Mientras, los sobreocupados, los que trabajan más de nueve horas diarias, se mantienen en 29,2% respecto de un año atrás, pero vienen creciendo trimeste a trimestre desde principios de 2025. Es decir, a cada vez más gente le cuesta conseguir laburo, mientras que otros se ven obligados a deslomarse más tiempo para conseguir la misma plata. Es que el salario sigue 5,8% abajo del de por sí deteriorado nivel en que lo dejó el anterior gobierno, según calcula a partir de datos oficiales la economista Mariana González, del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En una encuesta de QSocial, la consultora del analista político Rafael Prieto, se advierte que la principal preocupación económica de los argentinos son los sueldos (35%), seguida por el empleo (24%), mientras el 74% debió recortar gastos para llegar a fin de mes.

Pero esta vez, como otras, no se evidencia la llamada curva de Phillips: a mayor desempleo, menor inflación. Pese a que el Gobierno pisa el tipo de cambio con altas tasas de interés, el consumo y el salario –la pauta subió del 1% al 2%, pero sigue lejos del índice de precios al consumidor (IPC) del 2,9%–, la inercia, los tarifazos para evitar que suban más los subsidios y ahora el encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán y su impacto ya inmediato en los alimentos están impulsando mes a mes el indicador hacia arriba desde mediados de 2025.

Y esa inflación mayor a la esperada está complicando el equilibrio de las cuentas públicas, una de las banderas de Milei junto a la increíble promesa de IPC cero para agosto próximo. El vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), Güido Rangugni, advierte que el gasto presupuestado por el Gobierno para 2026 se quedará corto. Sucede que hizo el cálculo a partir de una inflación prevista del 24% en 2025, cuando fue 31%, y del 10% para este año, cuando el consenso de economistas recogido por el Banco Central refiere un 26%.

Un 45% del presupuesto es gasto de la seguridad social, que en su mayoría se ajusta por inflación (jubilaciones y pensiones, ya no la asignación por hijo). O sea que casi la mitad del gasto irán aumentando a la par de un IPC creciente. Y mientras buen parte de las erogaciones se actualizan de manera automática, desde mediados de año, a la par de una inflación ascendente, se repiten las caídas de la recaudación tributaria, entre las rebajas que otorga el gobierno libertario –sobre todo a los que más tienen, como con el gravamen a los autos de lujo– y el consumo alicaído.

“No sé cómo van a resolver el equilibrio de las cuentas: la evolución para el resto de los gastos que no son los previsionales es incierto” analiza Rangugni. Ya de por sí se aplicó la motosierra en 2024, apenas repuntaron las erogaciones en 2025, pero queda poco margen para seguir podando porque los niveles están por el piso, según el vice de ASAP. En 2025, de los $123 billones de egresos, 56 billones fueron de la seguridad social; 22 billones de subvenciones al sector privado, que ahora están subiendo pese a los tarifazos y que serán difíciles de ajustar en tiempos de disparada del petróleo por la guerra; 13 billones de salarios a empleados estatales, cuya planta ya se recortó en cantidad y sueldo pero se prevén más despidos; 10 billones de intereses de la deuda, que son intocables, pues para Milei los acreedores son prioridad; 7 billones de giros a empresas públicas, lo que incluye las ferroviarias y Aysa, en supuestas vías de privatización; 4,4 billones a las universidades, que arrancaron el año de paro, para perjuicio del capital humano que Milei dice cultivar; 2,5 billones las raquíticas transferencias a las provincias, a las que necesita para seguir aprobando sus reformas en el Congreso; y 2,4 billones de la decadente inversión en infraestructura.

Desequilibrio fiscal y estanflación

“El problema es que la preocupación trasciende lo fiscal, sino que traspasa a la economía real”, añade el vicepresidente de ASAP. Es que por un lado caen los ingresos y, por otro, un ajuste drástico del gasto puede afectar la actividad económica. En 2024, la motosierra desalentó la economía menos de lo esperado, entre la recuperación de la cosecha y el efecto expansivo de la baja de la inflación alta a moderada. Pero con cierto retardo se corre el riesgo de que el ajuste de los egresos estén derivando en una merma de los ingresos, que después obligue a bajar otra vez las erogaciones y así sucesivamente, como círculo vicioso, como ha ocurrido en Argentina y en otros países del mundo en el pasado. No por nada el exministro de Economía Domingo Cavallo vuelve a advertir que puede regresar la estanflación de hace dos años, es decir, estancamiento económico con ascenso de precios.

En este contexto, el ministro de Economía y fan de la compra de ropa en el extranjero, Luis Caputo, sigue apostando a la apertura comercial para disciplinar los valores internos. Y lo hace aunque eso cueste el cierre de empresas y el despido de su personal. Lo curioso es que no toda liberalización trae baja de precios, como las que enfrentaron el grupo Techint, de Paolo Rocca, contra los tubos chinos, o los neumáticos de cerrada Fate, de Javier Madanes Quintanilla. Este miércoles, Caputo y su par de Salud, Mario Lugones, firmaron un decreto que favorece a los laboratorios extranjeros (Pfizer, Roche, MSD, Novartis, Abbot, Bayer, GSK, Merck, entre otros) y sus medicamentos patentados y desalientan los remedios genéricos que a partir de aquellos elaboran las farmacéuticas nacionales. Así cumplieron el compromiso de la Argentina con los Estados Unidos de Donald Trump por el reciente tratado comercial. Pero la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) sostuvo que la legislación del año 2000 ahora modificada había permitido abaratar entre 45% y 87% los precios de determinadas medicinas, aliviando el bolsillo de pacientes y del Estado, que también es comprador.

Pero no todas son malas noticias para todos los laboratorios nacionales. Dos semanas antes Lugones se preocupó de firmar un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde la Argentina y EE.UU. siguen como miembros tras su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese convenio arranca con un contrato para que la local Sinergium exporte vacunas a la región por US$240 millones. ¿A quién le pertenece la empresa? A Laboratorios Bagó, de los hermanos Juan Carlos y Sebastián Bagó, y a Elea, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y la familia Sielecki, la misma del embajador en Francia, Ian Sielecki.

La estratégica aduana de Campana y la mano de Santiago Caputo

En tiempos de dólar bajo y contrabando alto, otra novedad que atañe a las importaciones se registró en pleno verano en una de las principales aduanas del país, la de Campana. Quedó a cargo de Julio César Nieto, un antiguo funcionario de carrera que carga con una investigación judicial por enriquecimiento ilícito –lo allanaron en 2024–, que militaba en el peronismo de Quilmes junto a Mayra Mendoza hasta 2023, pero el 8 de enero pasado se mostró con su contrincante el intendente de Avellaneda, Julio Ferraresi. Sin embargo, el 23 de ese mes el jefe de la Aduana, Andrés Vázquez, lo ascendió en Campana. Se sabe que el mandamás de Vázquez, el asesor presidencial Santiago Caputo, siempre prefirió a los funcionarios con prontuario porque confía en que son mejores para hacer los trabajos sucios. A su vez, Santiago Caputo coordina estos nombramientos con su amigo y consejero Leonardo Scaturicce.

Claro que el exespía residente en EE.UU. que se compró Flybondi, Oca y el grupo logístico Flecha el año pasado ahora está más preocupado por la supervivencia de la low cost, en medio del encarecimiento del petróleo, que por rellenar los ravioles de la Aduana. Ahora le ofreció un poco tentador retiro voluntario a todos los 1.500 empleados de la aerolínea: antes de fin de mes deben decidir si aceptan la indemnización legal más medio o un cuarto de sueldo. La pregunta que se formulan los trabajadores es qué pasará de ellos si rechazan la oferta: ¿sobrevendrá un procedimiento preventivo de crisis, por el que les pagarán menos por echarlos? Al menos en la empresa prometen que no serán reemplazados por las tripulaciones extranjeras que vinieron con aviones alquilados por el verano. Se supone que tras la temporada alta los pilotos y tripulantes de España, Francia, Portugal o Brasil ya dejarán de venir. Son empleados de empresas de aeronaves de renta, las mismas que días atrás se negaron a prestar servicios a Flybondi y dejaron a los pasajeros en tierra porque la firma de Scaturicce no les había pagado a tiempo. Pero por más que haya cancelaciones y vuelos la low cost respira tranquila que el jefe de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Oscar Villabona, por ahora no la ha multado ni sancionado, ni siquiera por usar talleres no habilitados.

Milei, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, andan por estos días entretenidos por las revelaciones judiciales de la causa $LIBRA y la nueva de los vuelos. Pero el otrora poderoso Santiago Caputo y su gente tampoco descansan. Uno de ellos es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, que en la gira del Presidente por EE.UU. de la semana pasada firmó un memorando de entendimiento con la empresa norteamericana Salesforce para que, sin mediar licitación, introduzca inteligencia artificial en el Estado. Está claro que el sector público debe modernizarse pero llama la atención la eventual contratación directa y vale la pena seguir el ejemplo de países europeos que toman recaudos para que tampoco quede delegado el control total de la administración estatal en manos de estas grandes corporaciones privadas. Porque mientras el empleo retrocede, otros negocios avanzan.

AR/MG

Este miércoles marcharon juntos -algunos con las máscaras de El Eternauta- los que quieren unir las luchas contra la motosierra fiscal de Javier Milei: científicos, personal de hospital Garrahan, personas con discapacidad, sus familiares y sus terapeutas, inmigrantes -que ahora pagarán por la salud aunque sean residentes-, jubilados y feministas. Pero así como el gasto público se podó en términos reales (ajustado por inflación) el 26% en 2024 y otro 5% en los primeros cinco meses de 2025, llama la atención que las tareas de inteligencia hayan aumentado sus erogaciones en un 20%, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró también su comparación, siempre sobre información de la Secretaría de Hacienda, e identificó cinco dependencias que gastaron en los primeros cinco meses de 2025 más que en el mismo periodo de 2024: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que conduce Sergio Neiffert, bajo la tutela del asesor presidencial Santiago Caputo, 1.548% más, unos $32.000 millones más; la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza “El Jefe” Karina Milei, 44,2% más o $24.100 millones; el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, 141% más, o a casi $27.000 millones; el de Economía, con Luis Caputo al frente, 1.900% más; y el de Defensa, 51% arriba.

En el frustrado proyecto de presupuesto 2025 se decía que la SIDE iba a gastar en seguridad y defensa -aunque siempre está la sospecha de que “ensobra” periodistas amigos y subsidia a influencers libertarios-, que Karina Milei iba a pagar los viajes y las redes sociales de su hermano, que Cúneo Liberano iba a instrumentar el cambio del sistema acusatorio -para que sean los fiscales y no los jueces los que lleven adelante esa función- y que las fuerzas armadas iban a seguir reequipándose y meterse en cuestiones de seguridad interior al controlar la frontera norte. En el caso de Economía es lógico que eleve su presupuesto teniendo en cuenta que absorbió ministerios desaparecidos por el recorte de Milei.

Juan Pablo Costa, economista del CEPA, aclara que más que comparar con el piso bajo del gasto de 2024 hay que hacerlo con 2023, antes de la motosierra, pues algunas partidas suben en 2025 respecto del año pasado, pero no se recuperan respecto del nivel erogado por el gobierno anterior. Es así que pocas dependencias gastan ahora más que hace dos años. Los dos ejemplos son la Agencia Nacional de Materiales Controlados (116%), la que debería fiscalizar el uso de armas pero ahora permite registrarlas online por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el Instituto de Ablación e Implante (Incucai, 26%), pues Milei pasó de promover la venta de órganos en campaña a ratificar al frente de este organismo a quien lo dirigía en la gestión peronista, Carlos Soratti.

Otras áreas, en cambio, ejecutan más partidas que en 2024 pero menos que en 2023. Son los casos de la Secretaría de Drogas (Sedronar), que mejora 57% interanual, pero cae 15% de forma bienal; la de Industria y Desarrollo Productivo, que sube 46% respecto de 2024 y disminuye 78% en relación a 2023; el Fondo Nacional de las Artes, que se incrementa 15% en un año, pero baja 28% en dos; la Dirección Nacional de Vialidad, que recupera 28%, pero sigue 76% abajo; y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que paga las jubilaciones y las Asignaciones por Hijo, y crece 23% contra el piso, pero aún está 8% peor que aquel tiempo que tampoco era dorado del Frente de Todos.

Claudio Lozano, fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), advierte que son los intereses de la deuda los que deberían aumentar el gasto por el incremento del endeudamiento, pero no lo están haciendo porque cuatro bonos (Lecap, Boncap, LeFI y PR17) que coloca el secretario de Finanzas de Caputo, Pablo Quirno, en vez de remunerar ese rendimiento, lo integran al capital. Así es que se pagan menos intereses a costa de aumentar la deuda. En el primer cuatrimestre, el superávit fiscal financiero (después del pago de intereses) fue de $1,8 billones, pero si no se hubiese capitalizado los intereses de esos cuatro títulos habría un déficit de $15,1 billones, según Lozano.

Mientras, la “deep (profunda) motosierra”, como dice con gozo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hunde aún más otros gastos respecto del subsuelo al que habían derrapado en 2024, según relevó la ASAP: promoción y asistencial social, lo que incluye lo que va a comedores y las becas Progresar, baja 41,4%; ciencia, 14,9%; vivienda y urbanismo, 94,5%; agua potable y alcantarillado, 92,5%; energía, 70,3%, por la quita de subsidios y el consiguiente alza de tarifas; y 16% en transporte, lo que abarca menos obras en rutas y trenes y ajustes en subvenciones al boleto del colectivo y el ferrocarril.

Lozano observa que, después de que el déficit cero se lograra en 2024 con ajustes a provincias, obra pública y jubilaciones, y ya sin espacio para cortar más de lo podado en esas áreas en 2025, entonces el hachazo recayó en las ayudas al consumo de energía y transporte, los programas sociales y la masa salarial de los empleados públicos, entre más despidos y la paritaria cero que planteó para ellos el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A ellos les va peor a los privados, con una pauta salarial del 1% mensual, aún superior al 1,8% con que se ilusiona el Gobierno para mayo y que midió, por ejemplo, C&T Asesores Económicos. Mientras, las empleadas de casas particulares tuvieron su último aumento en enero de sólo el 1,2%.

La motosierra fiscal para unos y las rebajas o amnistías impositivas, para otros. En los primeros cinco meses del año, cayó 100% -o sea, desapareció- la recaudación del impuesto PAÍS, que gravaba las importaciones de bienes y servicios y que era lógico que se eliminase al levantar el cepo; 33% Bienes Personales, el tributo que grava cada vez menos el patrimonio de los que más tienen; y 18% las retenciones, que fueron reducidas temporalmente al campo, algo razonable si se tiene en cuenta que el tipo de cambio bajo los está dejando tan perdidosos como a otros sectores, llámese industria o servicios de exportación. Los derechos de exportación tenían sentido con el dólar alto de 2002 a 2010, cuando el agro tenía una elevada rentabilidad y esos impuestos capturaban una parte de ella.

A su vez, ya no será delito evadir menos de $100 millones y además prescribirá a los tres años, si se aprueba el proyecto de ley que presentó este jueves el Gobierno. Antes el límite era demasiado bajo y ridículo, de $1,5 millones, y la prescripción operaba a los cinco años. En España, donde sí hay presos por evadir y famosos como Lionel Messi condenados sin pena de cárcel, el umbral delictivo comienza a los $162 millones, pero la renta per cápita es tres veces mayor, mientras que el delito prescribe a los cinco años.

Pese a la rebaja de Bienes Personales, el CEO de la tecnológica Globant y presidente de Endeavor, Martín Migoya, no regresó a vivir a la Argentina, pero vino este jueves a la jornada anual de esta fundación de apoyo a los jóvenes emprendedores de negocios. Se había fue a vivir a Uruguay en 2020, después de que el gobierno del Frente de Todos revirtiera la baja del impuesto a la riqueza e impulsara el aporte de las grandes fortunas por la pandemia. “Estamos en un país que venimos de años y años de pegar a los que creamos empresas, a los que creamos valor”, se quejó Migoya en el discurso inaugural de Endeavor. Se mostró ilusionado de “la creación de emprendedores que van a cambiar la Argentina”. Recordó que su padre fundió con “la hiperinflación de Alfonsín”, que a él lo agarró el corralito, pero destacó: “Acá hasta hace poco no se podía ni sacar un crédito hipotecario y hoy por suerte eso está cambiando, hay esperanzas alrededor de eso”. Habló en el Centro de Convenciones (CEC) de Buenos Aires, el de moda para los encuentros empresariales, pero ante un público joven, algunos vestidos casual elegante y otros con las tres tiras, varios tomando mate en pleno Recoleta, pero no había “cheta de Nordelta” para horrorizarse.

Migoya habló después con la prensa, pero con la condición de ceñirse a hablar de Endeavor, y elDiarioAR le preguntó por dos cuestiones. Por un lado, por si el ajuste necesario para conseguir el equilibrio fiscal, al recortar en universidades públicas y en ciencia, no perjudicaban el entorno emprendedor. Por otro, por el programa Acelerá Tu Negocio que lanzó la entidad con la fundación libertaria Faro, que dirige el filósofo ultra Agustín Laje, para asesorar startups tecnológicas de mayo a julio. Francisco Caputo, hermano de Santiago, recauda para Faro. “Para nosotros, todo lo que tenga que ver con emprendimientos es algo que siempre vamos a apoyar. No soy macroeconomista, no estoy al tanto de muchas de las cosas que estás diciendo, pero lo importante es que la educación en la Argentina sigue sólida y te lo digo de primera persona. Los profesionales que forma la universidad argentina siguen siendo sólidos. Y el resto de las cosas son temas políticos en los cuales no me voy a meter”, respondió el presidente de Endeavor y CEO de Globant.

Otros empresarios que también tienen vínculo con Faro son los de Adeba Joven, rama sub 40 de la Asociación de Bancos Argentinos. El 5 de mayo organizaron un encuentro para escuchar al secretario Quirno. Justo tres días antes dejó la presidencia de Adeba Joven uno de sus integrantes con discurso y actitud más nítidamente libertaria, Jacques Supervielle, hijo del dueño del banco Supervielle. Lo reemplaza Vicente Gutiérrez, del Galicia e integrante de la familia Ayerza, accionista. De la reunión con Faro participaron también los jóvenes de las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedar Rural y la Unión Industrial.

Pero en la jornada de Endeavor de este jueves no todo el panorama aparecía iluminado. Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de otro “unicornio”, Tiendanube, que ayuda a las pymes a desarrollar su comercio electrónico, celebró la estabilización de precios, admitió que “aparecen otros problemas”, pero se mostró “como emprendedor, siempre optimista”. Sus clientes ahora enfrentan la creciente competencia de productos importados que llegan por correo por plataformas como Amazon y las chinas Alibaba, AliExpress, Temu o Shein (especializada en ropa). En tanto, la cofundadora y CEO de la biotecnológica Zavia Bio, Paz Álvarez, valoró la “apertura al mundo, el poder exportar e importar es clave, tener movilidad de talento, capitales y tecnología es fundamental”, pero advirtió: “No podemos descuidar la educación y la ciencia. Deberían ser una política de Estado. Las sociedades que más avanzaron en el mundo son las que apostaron a eso”.

A los emprendedores, todos obsesionados con la revolución de la inteligencia artificial, les preocupa también el tipo de cambio. En la reunión de Endeavor hubo reuniones con inversores. Pero los dólares que puedan llegar sirven cada vez menos.

A los técnicos y a los directores de algunas potencias en el Fondo Monetario Internacional (FMI) también les preocupa el peso sobrevaluado. En especial, porque con él la Argentina no acumula reservas. El próximo viernes vence el plazo para acumular US$4.500 millones. No se alcanzará. La Argentina deberá pedir entonces un waiver (dispensa). Si el FMI mandaba su misión ahora para revisar el cumplimiento de las metas fiscal, monetaria y de reservas, el gobierno de Milei iba a tener que pedir ese perdón, lo que implicaría un proceso administrativo con impacto en los mercados. Este trámite hubiese demorado la revisión. Pero la directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva, prefirió tomar la decisión política de evitar ese ruido, mantener la paz con el principal aliado latinoamericano de Donald Trump, y postergar la misión para julio.

De todos modos, tarde o temprano vendrán los técnicos, comprobarán que la meta de reservas se incumplió, la Argentina deberá solicitar el waiver y explicar cómo remediará la inobservancia, se demorará la revisión y, por tanto, también el desembolso previsto de otros US$2.000 millones. Pero el ministro Caputo está tranquilo con los US$12.000 millones que recibió inicialmente con el nuevo crédito y desde un primer momento él y su jefe político demostraron que harían lo que quisieran, que no comprarían dólares hasta que el tipo de cambio no bajara a $1.000, algo que jamás ocurrió. Cotiza a $1.205. ¿Y después de las elecciones? Vamos viendo.

AR/MC

Aunque es un debate que planea desde hace tiempo, y especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Unión Europea se ha puesto ahora en 'modo guerra'. Sin haber cumplido los primeros 100 días de mandato, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen presentó un 'plan de rearme' con el que pretende impulsar el gasto en defensa para que los Estados miembros lo disparen en 800.000 millones de euros. Se trata de una cifra estimada y ni siquiera se han aprobado todavía los mecanismos para llevarlo a cabo. Estas son algunas claves para que sepas de qué se habla cuando se habla del 'plan de rearme' que tanto revuelo está causando.

Cuánto dinero

Von der Leyen cifró en 800.000 millones de euros el dinero que pretende que los Estados miembros movilicen para el rearme de Europa. El grueso de esa cantidad (650.000 millones) se estima de la flexibilidad en las reglas fiscales para que los gastos extraordinarios enmarcados en la seguridad y la defensa no computen a la hora de evaluar el déficit y la deuda. Eso no significa que no vayan a existir, sino que Bruselas no tendrá en cuenta lo que se haya destinado a esas partidas en el momento de fiscalizar las finanzas de los Estados miembros, que se enfrentan a sanciones si superan el 3% del déficit y el 60% de la deuda respecto al PIB, según las normas de la ortodoxia fiscal.

De dónde sale

La Comisión Europea extrae esos 650.000 millones de euros de presuponer que los Estados miembros utilizarán esa herramienta para engrosar de media el gasto en defensa en un 1,5% del PIB en cuatro años, que son los que se dará oxígeno a la disciplina fiscal. El número redondo sería, en realidad, 1.000.000 millones, pero en Bruselas asumen que no se alcanzará el objetivo porque no se disparará el gasto desde el primer momento.

En el caso de España la cifra oscilaría los 24.000 millones de euros al año. El presidente Pedro Sánchez dijo en el Congreso que durante su mandato se ha incrementado en 10.000 millones. O sea, que España tendría que incrementar cada año el doble de lo que ha supuesto la subida del gasto militar desde 2018.

Los 150.000 millones de euros restantes formarán parte de una herramienta con la que la Comisión Europea acudirá a los mercados de deuda. No obstante, el dinero se trasladará a los Estados miembros en forma de créditos, es decir, no a fondo perdido sino que tendrán que devolver el dinero que perciban. No hay una distribución planificada de los préstamos, sino que se financiarán compras conjuntas en las que participen al menos dos Estados miembros o un Estado miembro y Ucrania, que será integrada en la industria de defensa europea.

En qué se gastará

Los préstamos de la Comisión Europea, que se articulan en una iniciativa legislativa bautizada como SAFE, irán a parar las carencias estratégicas que ha detectado en la defensa europea. Así, se concederán para la adquisición o proyectos de sistemas de artillería, defensa aérea y balística, misiles y munición, drones y antidrones, tecnología espacial, movilidad militar, ciberseguridad e inteligencia artificial, entre otras categorías.

Dónde se podrá gastar

En la Comisión Europea son conscientes de que no pueden obligar a los estados miembros a impulsar el gasto en defensa haciendo uso de las herramientas que pone a su disposición y mucho menos a que lo hagan en determinados países con el dinero que sale, al fin y al cabo, de los presupuestos nacionales. Pero sí ha impuesto algunas condiciones 'Made in Europe' para la concesión de los préstamos de la herramienta SAFE.

El reglamento establece que “la infraestructura, plantas, activos y recursos” de las compañías beneficiarias de esas compras conjuntas “deben estar ubicadas en el territorio de un Estado miembro, un estado de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) o en Ucrania”.

Un 65% componentes 'made in Europe'

“El coste de los componentes originarios de la Unión, de los estados EEE-AELC o de Ucrania no podrá ser inferior al 65% del coste estimado del producto final. Ningún componente procederá de un tercer país que contravenga los intereses de seguridad y defensa de la Unión o de sus Estados miembros”, recoge el documento.

¿Está ya en vigor?

En resumen, el paquete 'Preparación 2030' engloba el Libro Blanco de la Defensa europea que pretende ser una hoja de ruta para el sector de la defensa en el continente con el objetivo de “haber rearmado y desarrollado las capacidades para tener una disuasión creíble” en un horizonte de cinco años. Se trata de una comunicación de la Comisión Europea que establece un marco para ese periodo.

Dentro de ese paquete está el 'plan de rearme', que son los instrumentos financieros para alcanzar los objetivos respecto al incremento del gasto militar. La Comisión Europea ha puesto ya sobre la mesa la regulación SAFE para los préstamos por valor de 150.000 millones de euros, pero tendrá que recibir el visto bueno del Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos de los 27. Sin embargo, Von der Leyen se saltará al Parlamento Europeo gracias al artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE que se lo permite en casos de excepcionalidad. Los grupos que forman la coalición europea se han quejado de esa decisión. Tampoco está estimado el reparto de esos fondos dado que dependerá de los proyectos que se presenten.

En el caso de las reglas fiscales, la flexibilización será cosa de la negociación de la Comisión Europea con los Estados miembros y tendrá que recibir el visto bueno del Consejo de la UE. Bruselas ha apremiado a países a solicitar la denominada cláusula de escape en abril para tenerla aprobada en el mes de julio.

Las otras patas del 'plan de rearme' de la UE, que pasan por los cambios en el Banco Europeo de Inversiones para ampliar el alcance de su financiación a la industria militar, el desvío de fondos de cohesión no ejecutados a esas partidas o la movilización de capital privado a través del impulso a la Unión del Mercado de Capitales, no están cuantificadas y tampoco se han acometido todavía.

Las grietas en la UE

La retórica del 'plan de rearme' no ha gustado a algunos líderes, como Pedro Sánchez o la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, en buena medida por el revuelo dentro de sus coaliciones de gobierno ante la exigencia europea de aumentar el gasto militar. Pero, más allá de la dialéctica, la 'economía de guerra' se está imponiendo en la UE y los distintos niveles de financiación han abierto grietas entre los países del este, que sufren más directamente la amenaza de Rusia, y los del sur, que tienen menos gasto militar porque alegan que encaran otro tipo de desafíos, como la protección de las fronteras.

Ahí va a haber una discusión dado que los nórdicos y países del este quieren que el cómputo sea limitado a lo militar mientras que otros líderes del sur pugnan por abrir el abanico a la preparación contra emergencias climáticas o la ciberseguridad.

Otro de los debates profundos tiene que ver con la emisión de deuda conjunta para financiar la defensa. Lo que defienden países como España es que si se considera un bien común europeo se financie con fondos europeos en forma de transferencia o ayudas directas, es decir, que no se tengan que devolver. A esa tesis se han sumado países del este, como Finlandia o los Bálticos, que normalmente se sitúan con los 'halcones' en ese tipo de iniciativas, pero ven con buenos ojos que se abra esa puerta para financiar el gasto militar. Más allá del reparto de ese hipotético dinero -que los países del este reclamaron para sí al igual que durante la pandemia los estados más afectados recibieron más-, la propuesta choca con el 'no' rotundo de Alemania y Países Bajos.

La pelea seguirá en la negociación del Marco Financiero Plurianual (2028-2034), que es el presupuesto europeo para ese periodo y recogerá el incremento de las partidas de defensa, pero el dinero no es infinito y la batalla se prevé ardua.

¿Habrá recortes sociales por el incremento del gasto militar?

Una de las principales advertencias de las fuerzas antimilitaristas es que el rearme va a tener consecuencias en forma de recortes sociales. Pedro Sánchez ha reiterado que el aumento del gasto en defensa no supondrá una merma en el estado de bienestar. Sin embargo, esa ha sido una de las repercusiones en Reino Unido, que ha subido el gasto en defensa y reducido ayudas sociales.

El plan de la Comisión Europea está previsto para los próximos años, pero la intención es que el nivel de gasto se mantenga posteriormente. Así, la flexibilización de la disciplina fiscal tiene un límite temporal: cuatro años. A partir de ahí, mantener el incremento en defensa conllevará recortes o nuevos impuestos. “Con el tiempo tendrá que ser acomodado en los presupuestos nacionales. Por lo tanto, ya sea subiendo los impuestos o reduciendo el gasto, no hay forma de evitarlo”, admiten fuentes comunitarias.

Y la OTAN, ¿qué?

La UE ha dejado durante décadas su seguridad en manos de EE.UU. y supeditada a la estrategia de la OTAN, de la que forman parte 23 de los 27 estados miembros (a excepción de Austria, Irlanda, Malta y Chipre por neutralidad o razones históricas). Ahora el marco de defensa establecido por Von der Leyen también reconoce que la organización atlantista “sigue siendo la piedra angular de la defensa colectiva de sus miembros en Europa”, aunque Trump ha dejado claro a sus socios europeos que pretende centrarse en la amenaza que supone China en el Indopacífico y desconectarse del Viejo Continente.

Así que el incremento del gasto en defensa impulsado por la Comisión Europea, aunque tendrán que asumirlo en su mayoría los estados miembros, tiene que ver con la necesidad de Europa de ganar autonomía, pero también con dar cumplimiento a los objetivos de la OTAN, que impuso un umbral del 2% del PIB al gasto en defensa. Los miembros europeos en conjunto rozan esa cifra, pero el gasto es dispar desde Polonia que se encuentra en el 4,7% y España, que es uno de los países a la cola, con un 1,3%.

En todo caso, el compromiso del 2% ya se ha quedado viejo y, en plena tensión geopolítica, la OTAN incrementará ese umbral en la cumbre que celebrará en La Haya en junio. Aunque aún es una incógnita, Trump ha apuntado a un 5% y en Bruselas se da por hecho, como mínimo, el 3%.

El jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri anunció este miércoles una “reducción de la estructura política” de la Ciudad, que incluye modificar 19 entes, unidades y secretarías con un ahorro “de $13.319 millones que será destinado a seguridad, salud y educación”. Entre los argumento del ajuste en el gasto público, el alcalde se diferenció del Gobierno nacional y aseguró que su gestión no cree “que haya que romper para construir todo de nuevo. Lo que funciona hay que cuidarlo, pero sí nos desafiamos siempre en mejorarlo, con un Estado más ágil y eficiente, y que tiene la sensibilidad necesaria porque en la ciudad nadie es descartable”, dijo.

“Queremos un Estado eficiente que no asfixie a los ciudadanos ni al sector privado. Menos Estado es menos impuestos”, sentenció.

Macri explicó que 11 organismos se suprimen a partir de este miércoles, otros cuatro se suprimen y además se redicrán los cargos de cuatro empresas del Estado capitalino, según lo expresó en una conferencia de prensa que ofreció en la sede del Gobierno poteño, en Parque Patricios.

“Durante el primer año de gestión eliminamos el 10% de cargos políticos, 20% de asesores y planta política, y 9.427 contratos, lo que posibilitó ahorrar $31.000 millones que vuelven a los porteños en mejores servicios”, subrayó.

Además, destacó la “Ley de Simplificación” impulsada por el Gobierno de la Ciudad, a partir de la cual “se ordenaron 105 normativas, derogando leyes obsoletas y que tenían como principal objetivo restringir el funcionamiento del sector privado que es el motor de la economía de la ciudad”.

Entre los organismos que se suprimen están la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación y el Ente Parque de la Innovación. La Unidad de Proyectos Especiales Urbanización Barrio Padre Carlos Mugica será reubicada como una dirección general dentro del Ministerio de Desarrollo Humano.

En tanto, se derogarán 13 Fondos Especiales y Fideicomisos, que “duplicaban tareas y generaban gastos administrativos innecesarios”, mientras que se fusionarán organismos como el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que pasarán a formar parte del Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria.

Además, la Secretaría de Innovación se integrará a la Agencia de Sistemas de Información y el Instituto Superior de la Carrera se hará cargo del Instituto de Formación Política y Gestión Pública.

Las medidas se enmarcan dentro de la Agenda 2025 que presentó Jorge Macri a fines de diciembre cuando dio a conocer las cuatro reformas centrales que buscará aplicar la Ciudad el presente año: electoral, tributaria, institucional y de profundización de la autonomía del distrito.

La eliminación de las PASO

Dentro de su plan de ajuste para este 2025, Jorge Macri impulsa también la eliminación de las PASO en territorio porteño. El PRO ya se cortó solo en el cronograma electoral de este año, que será distinto de todos los anteriores, porque el mapa político está atomizado, no hay alianzas claras y hasta cambiará, por primera vez en un siglo, la forma de votar: se dejará de usar la boleta partidaria y se la reemplazará por la boleta única, lo que significa que los electores deberán elegir diputados y senadores de la Nación ya no tomando una papeleta ubicada en los pupitres del cuarto oscuro sino marcando sus decisiones en casilleros con una lapicera. El desdoblamiento en la Ciudad de Buenos Aires quedó oficializado a fin de 2024 en una conferencia de prensa del alcalde.

El 26 de diciembre pasado, Macri confirmó el desdoblamiento de las elecciones legislativas en el distrito capital y, además, la convocatoria a la Legislatura a sesiones extraordinarias “para tratar la suspensión de las PASO en la Ciudad ”.

“Es la mejor desición que podemos tomar porque nos va a permitir ahorrar más de $20.000 millones, que en lo legislativo nunca tiene una competencia real. Queremos que los porteños puedan elegir legisladores sin pagar por el costo de un mecanismo que la política tiene que poder resolver desde adentro”, sostuvo el alcalde, quien además le pidió al Gobierno nacional “la suspensión de las PASO en todo el país”.

El partido amarillo siente que puede ganar cómodamente la elección de legisladores porteños, que se realizará tres meses antes que la de diputados y senadores de la Nación. Cree que ese eventual triunfo local lo fortalecerá en la disputa interna con La Libertad Avanza de cara al armado de listas, si es que finalmente ambos partidos acuerdan formar un frente electoral federal. Además, el macrismo quiere separar la paja del trigo ante la opinión pública.

Con información de agencias.

IG

Transcurridos prácticamente 10 meses del gobierno de Milei, esta semana el Poder Ejecutivo confirmó que continúa haciendo uso de la licuadora para mantener el ajuste fiscal: el bono de $70.000 para jubilados de la mínima se mantiene congelado, al igual que los planes sociales (ex Potenciar Trabajo) y la garantía salarial para docentes universitarios. 

En los primeros ocho meses del 2024, el Gobierno sostuvo a rajatabla el equilibrio fiscal. Lo hizo principalmente mediante un ajuste en el gasto público, que acumula una caída interanual de 30%. En menor medida lo logró incrementando tributos (impuesto PAIS e impuesto a los combustibles), que lejos estuvieron de compensar el desplome de la recaudación por la parálisis de la actividad económica, que a julio su ubica 3,1% por debajo del nivel de 2023 (6,1% abajo si excluimos el factor agro, que creció enormemente por la recuperación post sequía).

Pese a que Milei sostiene que lo peor ya pasó, y a partir de ahora empiezan las buenas noticias, éstas no parecen abarcar ni a jubilados de la mínima ni a la comunidad universitaria. Ambos recibieron reveses esta semana. Por el lado de quienes cobran el haber mínimo, el día lunes salió publicado en el Boletín Oficial el otorgamiento del bono para este mes de octubre. Una vez más, tal y como ocurre desde marzo, el monto será de $70.000. En el medio, pasaron más de 30 puntos de inflación, y por ende, su poder de compra se licúa mes a mes. El ajuste, lo siguen pagando los de abajo. 

Este congelamiento del bono ubica a los jubilados de la mínima en peor situación que el resto: mientras que quienes no cobran bono se encuentran este trimestre (septiembre-noviembre) 4,9% por debajo de un año atrás en poder adquisitivo, los de la mínima perdieron 14% de capacidad de compra en tan solo un año. La comparación trimestral es la más precisa en términos metodológicos teniendo en cuenta que hasta marzo, las jubilaciones se incrementaban cada 3 meses, por ende el mes del aumento se mejoraba el poder adquisitivo y la inflación lo erosionaba los dos meses siguientes.

Desde marzo (primer mes que el bono fue de $70.000) a esta parte, los haberes aumentaron 81,7%. De haberse aumentado el bono en la misma proporción, hoy debería ser de $127.000, es decir, $57.000 más que lo que se otorgará efectivamente en octubre. Esta licuación es la que se buscaba evitar desde el Congreso al sancionar la ley de movilidad que fue vetada por el Presidente. 

A su vez, hacia adelante la incertidumbre es mayor: en el Presupuesto 2025, no parecen destinarse partidas para el bono, y seguramente sea uno de los debates que se den en el Congreso a partir de la semana que viene, cuando comience el tratamiento del proyecto que envió el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, pese a las masivas marchas en todo el país en defensa de la universidad pública, el Presidente vetó la ley que sancionó el Congreso orientada a garantizar el financiamiento para la educación superior. En un año sin presupuesto, el recorte a las universidades (34%) fue más profundo que el promedio (30%), y en ese marco, el Poder Legislativo optó por garantizar los recursos por ley. La semana entrante seguramente, en la Cámara de Diputados se insista con la iniciativa, pero se necesitan dos tercios de los presentes para lograrlo (y luego, lo mismo en el Senado). 

Independientemente del derrotero que siga esta ley, la discusión continuará en el marco del Presupuesto 2025: en la presentación que hizo el Ejecutivo, los recursos para las universidades se mantienen en el nivel de este año en términos reales, es decir, no hay ningún tipo de recomposición. 

El ajuste sobre las universidades recae sobre los salarios docentes y no docentes. No sólo se otorgaron aumentos que estuvieron muy por debajo de la inflación (91% desde diciembre a octubre contra una inflación estimada de 163%) sino que, además, al mantenerse congelada la garantía salarial docente desde diciembre, quienes se encuentran en la base de la pirámide sufrieron pérdidas de poder adquisitivo que superan el 35%. La misma herramienta que el bono de la mínima, y podríamos agregar también el ex Potenciar Trabajo: congelar el monto perjudicando a los de más abajo y dejar que la licuadora haga su tarea. 

Entre jubilaciones, universidades y programas sociales explican el 40% del ajuste de Milei. Poco puede sorprender entonces que la pobreza haya escalado 13 puntos porcentuales en un año, y que el salto haya sido más acentuado en los mayores de 65 años: en el primer semestre de 2023, el 13,2% se ubicaba por debajo de la línea de pobreza mientras que en 2024 alcanza el 29,7%. Es decir, la pobreza entre los adultos mayores escaló 16,5 puntos porcentuales.

Desde el Gobierno sostienen que la marcha universitaria del miércoles pasado fue política. Y sí, quién paga el ajuste es una decisión profundamente política.

Aunque alineado al Gobierno, el macrismo salió a advertirle a Javier Milei sobre la creciente pobreza. Un informe publicado por la fundación Pensar, que encabeza María Eugenia Vidal y que apadrina Mauricio Macri, destaca que en la Argentina hay 25,8 millones de pobres, aproximadamente la mitad de la población. El documento se conoció este lunes, justo en el inicio de la semana en que el INDEC revelará la estadística social durante el primer semestre de la gestión libertaria. 

El informe tiene la sutileza de no cuestionar directamente a la Casa Rosada, sino que carga las tintas sobre la herencia de los gobiernos anteriores, sobre todo del kirchnerismo, pese a que la administración de Macri tampoco cumplió su promesa de campaña de “pobreza cero”. El reporte, parte de la serie que publica todos los meses la fundación sobre la coyuntura, hace un repaso histórico de la problemática: “La democracia nos trajo libertad pero no progreso. Desde 1983, Argentina sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres. Es decir que el 82% del crecimiento demográfico fue el crecimiento de la pobreza. Hoy es pobre 1 de cada 2 argentinos y 7 de cada 10 chicos”, afirma en un extracto que consignó el diario Clarín.

El informe califica a la pobreza como “la gran deuda de la democracia”. La fría estadística de que el 70 por ciento de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza se traduce a la dura realidad en que en el país hay un millón de niñas y niños que se saltean la cena por problemas económicos en sus familias. 

Para alertar sobre el proceso nacional, pone en perspectiva la situación latinoamericana: “Argentina es el único país de la región que no logró reducir la pobreza en los últimos 13 años, medido por el Banco Mundial”. En una comparativa sobre la evolución de la pobreza en el resto del continente, destaca que en promedio se pudo reducir la pobreza en 20 puntos entre el 2000 y el 2022. Allí aparecen territorios con realidades muy diferentes entre sí, como México, Chile y El Salvador.

Uno de los puntos en cuestión que toma el informe de Vidal es el aporte de la ayuda estatal. “El Estado, ¿presente?” se pregunta, justo cuando Milei acaba de enviar un Presupuesto 2025 al Congreso donde se perpetúa la regla del ajuste fiscal, aunque el rubro de “promoción social” estima que subirá 37,8%, frente al 28% de inflación promedio que dibuja la iniciativa. “Una familia tipo que solamente percibe ingresos por asistencia del Estado se encuentra un 11% abajo de la línea de indigencia y un 60% abajo de la línea de pobreza”. Critica el uso del gasto social de “los sucesivos gobiernos kirchneristas” por supuesta falta de efectividad: “Durante los gobiernos kirchneristas, el gasto social aumentó a un ritmo del 11% anual, 11 veces mayor que el macrismo”. 

En ese sentido recuerda que “la crisis de 2001 duplicó la cantidad de beneficiarios de planes sociales y de empleo” y que hubo “un salto mayor aún a partir de 2009 con la introducción de la AUH, cuando la cantidad de beneficiarios casi se triplicó (+185%)”. También cuestiona el peso del Estado en el kirchnerismo: “desde 2007 el empleo público creció el doble que el empleo privado (80% vs 42%).

En el balance estadístico de cuatro décadas de democracia, el promedio es de un 35% de pobres. El punto más alto fue en 2002 –post crisis de Fernando de la Rúa–, con el 65%, y un piso de 25% en dos momentos distintos: principios del gobierno de Carlos Menem y en 2016, primer año completo de Macri, un dato que Vidal quiere ponderar a su favor.

El documento de la fundación Pensar avala en líneas generales el plan de austeridad de Milei, pero advierte: “Después de ordenar la macro, ¿qué?”. Reconoce que “sin una macroeconomía estable, la pobreza no va a bajar”. Y destaca lo que le cuesta al país recuperarse de las sucesivas crisis, tanto producidas por causas endógenas como exógenas. “La hiperinflación, la crisis de 2001 y la pandemia muestran cómo las crisis se pagan caras: toma al menos el cuádruple de años de la duración de la crisis para retomar al nivel anterior de la pobreza”. 

MC/JJD

Por sexto mes consecutivo, el Gobierno nacional anunció haber alcanzado el superávit tanto fiscal como financiero. Sin embargo, la contrapartida de este logro es un ajuste sobre los ingresos de la población: vía recorte de jubilaciones y salarios y aumento de tarifas.

Desde el Ministerio de Economía publicaron los datos referidos a los ingresos y gastos del Estado en el mes de junio de 2024. Por sexto mes consecutivo, se alcanzó el superávit fiscal y también financiero: es decir, el Estado recaudó más de lo que gastó (incluyendo los intereses de deuda). El resultado fiscal fue positivo por 488,6 mil millones de pesos y luego de pagar los intereses, el superávit financiero fue de 238,2 mil millones de pesos.

El lado “B” de este logro es un ajuste brutal del gasto público: en junio se derrumbó 35,2% en términos reales con respecto a un año atrás, superando las caídas de mayo (-28,7%), abril (23,7%) y marzo (28,6%). En términos acumulados, en lo que va del semestre, el Estado gastó 32,2% menos que en el primer semestre de 2023.

Los ingresos del Estado tampoco muestran cifras para celebrar: se desplomaron 14,8% en términos reales, constituyendo el peor registro del año (el segundo peor fue marzo con -8,6%). A su interior, los principales tributos muestran caídas de dos dígitos: el IVA recaudó 20,1% menos que un año atrás y aportes y contribuciones a la seguridad social, 9,5% menos. La excepción la aporta el rubro “Resto tributarios”, cuyo principal componente es el impuesto país: creció 76,1% con respecto a junio de 2023, cuando la alícuota no era tan alta ni abarcaba tantos conceptos. 

Estos números dejan entrever algunas cuestiones: por el lado de la actividad económica, lejos estamos de tocar piso si miramos la evolución del IVA, que se aproxima como indicador de actividad. Tampoco están los salarios cerca de recuperar el poder adquisitivo –y con ello de reactivar el consumo– si observamos la caída de aportes y contribuciones. Finalmente, la importancia que adquiere el impuesto país mes a mes en la recaudación del Tesoro despierta alarmas en torno a la sostenibilidad del superávit: “Resto tributarios” representó 13,4% de los ingresos. ¿Cómo podrían entonces reducir la alícuota del 17,5% al 7,5% que prometieron llevar adelante Milei y Caputo si se sancionaba la ley Bases? Más aún, ¿cómo podrían prescindir de la totalidad de este ingreso al levantar el cepo?

Por el lado de los gastos, prácticamente todas las partidas muestran derrumbes de dos dígitos. Las jubilaciones mostraron una contracción de 17,8% interanual y las asignaciones (universales y familiares) se recortaron 1,3% repercutiendo en los ingresos de estos grupos de población.

Los mayores recortes se produjeron en subsidios. Los energéticos se redujeron 81,2% interanual, cuya contracara es el incremento tarifario que está llegando a los hogares, comercios e industrias y los del transporte cayeron 48,9% con boletos más elevados en términos reales que hace un año atrás, y cuyo incremento adicional viene siendo postergado por el Gobierno desde febrero. 

y el componente principal del ajuste lo constituyen los salarios estatales (explican el 85% del gasto de funcionamiento), cuya partida presupuestaria se desplomó 18,8%, impulsada no sólo por la reducción de la planta de personal sino sobre todo por la licuación de los sueldos.

Las transferencias a las provincias tampoco escaparon del recorte de Milei: se redujeron 72,2% con respecto a junio de 2023, alcanzando todos los rubros: salud, seguridad social (con partidas nulas para las provincias que no transfirieron sus cajas a la ANSES) y educación, por la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y los recortes tanto en alimentos para comedores escolares como en financiamiento para la implementación de la quinta hora en la primaria. 

Las universidades se declararon en emergencia (https://www.cin.edu.ar/sin-salarios-dignos-no-hay-universidad/) y ¿la respuesta? desde el gGobierno fue prácticamente no transferir recursos: se desplomaron 95,1% interanual.

Por último, la inversión tampoco repuntó: se ubicó 74,4% por debajo de la realizada en junio de 2023, producto de la paralización de la obra pública, interrumpida por escasas excepciones. Una de ellas es la planta compresora de Tratayén, que permitirá inyectar más volumen en el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Esta obra fue detenida en diciembre pero luego de los traspiés que sufrió el Gobierno en materia de abastecimiento de gas, se aceleró su construcción y finalización.

En suma, en lo que va de 2024, el oficialismo celebra un superávit alcanzado a través del ajuste principalmente de jubilaciones y obra pública. Estos dos componentes explican la mitad del recorte. Otro 16,2% es atribuible a la reducción de subsidios, 10,6% al funcionamiento del Estado y 9,7% a diversas prestaciones sociales como puede observarse en el gráfico elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Pese a su prédica de austeridad y el ajuste drástico de gasto social que considera prescindible, el Estado argentino gastó al menos $154 millones en el viaje del presidente Javier Milei y su comitiva a Madrid, en mayo pasado. Fue un viaje sin carácter oficial, que la Embajada calificó de “privado”. La información surge de un pedido de información oficial hecho por el periodista Esteban Rafele y publicado en el portal Cenital. 

La respuesta oficial al pedido de información dio detalles sobre el viaje que disparó la pelea entre el Presidente y la administración de Pedro Sánchez, luego de que el mandatario argentino acusara a su esposa de corrupta. En ese viaje Milei participó de la convención VIVA 24 de VOX, en el Palacio de Vistalegre y presentó último libro, El camino del libertario, en un evento que organizó el diario La Razón. La agenda del presidente incluyó un encuentro con ejecutivos de empresas españolas con intereses en Argentina. 

Según consignó Cenital por ese viaje, Milei, su hermana Karina y el resto de la comitiva gastaron $78.212.497,4 en movilizar el Boeing 757–256 Matrícula ARG-01 de la flota presidencial que los trasladó hasta Madrid. Ese monto se compone de $44.750.935,42 gastados en combustible en el país y de US$67.922,81 y US$20.080 erogados en cargar combustible en el exterior y para la asistencia en tierra en Madrid, según la información de Casa Militar.

El Presidente y su delegación también utilizaron $13.646.402,56 de recursos públicos para hospedarse en el Hotel Hyatt Regency Hesperia. La Secretaría General de Presidencia informó que se compraron pasajes aéreos por otros $3.557.997, para algún miembro de la comitiva que no se subió al avión presidencial -Casa Militar no brindó la lista de pasajeros, aduciendo motivos de seguridad-. Milei y sus acompañantes también gastaron $4.816.255 en viáticos y otros $9.354.731,37 en traslados internos.

Siempre según la información oficial, estos recursos se saldaron con presupuesto de la Secretaría General de Presidencia. No incluyen los fondos que destinó para su viaje el secretario de Culto, Francisco Sánchez, que participó de VIVA 24 para rechazar el divorcio. Según un pedido de información que hizo el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade, Cancillería destinó $3.247.039,60 en pasajes y 3156 euros de viáticos al funcionario para sus seis días de excursión a la convención de VOX.

MT

Javier Milei anunció el pasado 1 de marzo el Pacto de Mayo y mencionó que uno de los puntos consistiría en bajar el gasto público nacional, provincial y municipal del 40% del PBI al 25%, unos 15 puntos porcentuales. Es decir, motosierra al palo. Pero con el ajuste que ya aplicó este año las erogaciones de su propio gobierno ya de por sí están bajando, según sus cálculos, 4 puntos porcentuales .Y, por el recorte de los giros a las provincias y la caída recaudatoria por la crisis, espera que también descienda lo gastado por gobernadores e intendentes.

A partir de los datos de 2022 que recopila el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre 196, si se agrega Cuba, que no pertenece a ese organismo, se advierte que en el ranking global de gasto estatal nacional y provincial la Argentina figuraba 59°, con un 37% del PBI, un porcentaje similar a Namibia, Bosnia Herzegovina y Eritrea, un punto por debajo de Bulgaria, Australia, EE UU, Noruega y Burundi, es decir, desde naciones pobres a desarrolladas. Un punto por encima de Israel, Bielorrusia, Moldavia, Rumania, Lituania, Rusia, Bolivia y Ecuador. Obviamente que cada estado gasta con más o menos eficiencia.

Con la poda prevista de 4 puntos del PBI en la Nación y sin considerar lo que aporten a la tijera las provincias, la Argentina ya estaría en el puesto 81°, con un presupuesto en esos dos niveles del 33% del PBI, lo que la deja al nivel de Suiza, Islas Salomón, Uzbekistan, Samoa, China y Jordania, Si las partidas nacional, provinciales y municipales descendieran al 25%, nuestro país caería por lo menos a la posición 136°, a la par de Tailandia, Ghana, Mauritania, Qatar, Togo y Brunei, sin considerar en estos países los presupuestos de las intendencias. Es decir, similar a tres naciones pobres, una con menos renta per cápita que la Argentina (Tailandia) y dos más ricas pero donde la riqueza está concentrada en las monarquías gobernantes (Qatar y Brunei). Otras naciones, en su mayoría subdesarrolladas, gastan entre el gobierno federal y los provinciales, sin las municipalidades, un 24%, como Malí, Congo, Egipto, Paraguay, San Marino, Honduras, Malawi y Malasia. Con 25% o menos de gasto sólo hay pocos casos de éxito socioeconómico, como Irlanda (22%), Taiwan (16%) y Singapur (15%). Sin embargo, es el objetivo que rubricarán este 9 de julio el Presidente y la mayoría de los gobernadores comprometidos con el ajuste proclamado en el Pacto de Mayo.

La clasificación global de las naciones que más gastan está encabezada por tres de Oceanía que curiosamente son del grupo de las únicas diez del planeta que carecen de banco central, como plantea Milei: Nauru (129% del PBI), Tuvalu (112%, que hizo buenos negocios vendiendo su dominio de Internet .tv) y Kiribati (111%). La mayoría de los países desarrollados gasta más que la Argentina, aunque en forma más eficiente, de ahí los beneficios para su población. Son los casos de Francia (58,4%), Italia (56,8%), Finlandia (54%), Bélgica (53,6%), Austria (52,3%), Alemania (49,7%), Dinamarca (49,1%), España (47,8%), Suecia (46,7%), Islandia (46%), Portugal (45,6%), Reino Unido (45,1%), Países Bajos (44,5%), Japón (44%), Luxemburgo (43,3%), Nueva Zelanda (43,1%), Canadá (41,4%), Noruega, Estados Unidos y Australia. O sea, el mundo desarrollado gasta mucho, pero bien. La calidad es lo que le falta a la Argentina.

Sólo Cuba (58%) y Brasil (43,3%) superan a nuestro país en sus egresos públicos en Latinoamérica. Bolivia está en 36%; Colombia, en 34%, Colombia, en 32%, México, en 30%; Uruguay, en 29%; Chile, en 26%; Paraguay, en 24%; Perú, en 23% y Venezuela, en 12%:

La previsión de baja del gasto nacional en 4% del PBI no sólo la del Ministerio de Economía. Economistas como Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, y Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, consideran que también lo puede lograr en 4 puntos, con lo que los egresos primarios (antes del pago de la deuda) se reducirían del 19% al 15% del PBI. En un banco extranjero no son tan optimistas con la capacidad efectiva de ajuste, también teniendo en cuenta que se achica el punto de comparación, que es el tamaño de la economía, y por eso calculan que el recorte sería de 2,5 a 3 puntos.

AR/MG

El Presidente Javier Milei confirmó en su discurso oficial frente a la Asamble Legislativa que cerrará la agencia de noticias Télam en el marco de su plan de achicamiento del gasto público. Según indicó, la entidad fue “utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”.

La agencia, insumo fundamental para los medios de todo el país, anunció su propio cierre mediante un cable.

Como único argumento para anunciar su cierre, Milei consideró que la agencia “ha sido utilizada durante las ultimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, el mismo justificativo que utilizó el exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, cuando en 2018 se ordenaron 357 despidos en la agencia, muchos de ellos revertidos luego por la justicia.

La agencia cumplió 78 años de vida el pasado 14 de abril, cuando recibió saludos y felicitaciones por su desempeño a lo largo de más de tres cuartos de siglo de parte de políticos de diferentes ideologías, personalidades del ámbito empresarial, sindical, académico y de los derechos humanos, entre otros puntos, incluido un especial y personalizado mensaje del papa Francisco.

Según detalla el propio despacho de la agencia, Télam es la única agencia del país con red de corresponsales en todas las provincias argentinas y tiene múltiples convenios de cooperación con agencias internacionales que posibilitan producir y proveer información de primera mano de los sucesos acontecidos en el mundo para diversos medios de comunicación, empresas, organismos e instituciones.

Cuenta con más de 700 empleados y afrontó en el pasado intentos de liquidación, cierre, despidos o achiques en los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Emite más de 500 cables por día con información de todo el país, al menos 200 fotografías y cuenta con departamentos de video, radio, un portal de noticias o redes sociales.

En sus inicios, hace 78 años, la agencia Télam fue creada como una compañía mixta, formada por capitales privados y estatales, con el objetivo romper el duopolio existente en materia informativa de las dos agencias estadounidenses que acaparaban el mercado: United Press International y Associated Press.

Su primer director fue el periodista Jerónimo Jutronich y el 12 de octubre de 1945 comenzó a emitir información. Tres años después pudo contar con una red de cobertura nacional, tras firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, que comenzaron a enviar notas a la redacción por telegrama, teléfono o teletipo, sistemas ahora totalmente superados por los avances de la tecnología.

“Télam no se cierra. La vamos a defender no solo los trabajadores y trabajadoras de la Agencia sino todo el pueblo argentino, como con todas las empresas del estado, el patrimonio público y la soberanía de nuestra patria”, publicó en X la secrataria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudensi, apenas terminó el discurso de Milei en el Congreso.

Martín Becerra, académico y experto en medios también advirtió que “Télam y Radio Nacional son los únicos medios con corresponsales en todas las provincias del país”. Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman consideró el anuncio como “un ataque más a los trabajadores y trabajadoras”.

Una medida anticipada

Durante la inauguración de la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, el jefe de Estado aseguró que se está llevando adelante un recorte del gasto público y de los organismos estatales. “Eliminamos agencias de Gobierno como el INADI, que además de cumplir con el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de $2.800 millones para mantener militantes rentados”, apuntó.

En este marco, aseguró que el Gobierno seguirá con la eliminación de la agencia Télam contra la que ya había apuntado en anteriores oportunidades. Además, en una de sus habituales conferencias de prensa matutinas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había anticipado los planes del gobierno de avanzar en el “desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o simplemente son lugares para generar empleo militante”.

Esta noche, el Presidente abrió su discurso denunciando el nivel de gasto público de las últimas décadas y se preveía que anunciara medidas de recorte del Estado. “Los últimos 20 años fueron un desastre, una orgía de gasto público descontrolado”, indicó.

Y agregó: Nosotros le planteamos a la sociedad que la única forma de evitar una catástrofe económica peor sería con un ajuste del gasto público brutal y rápido“.

ACM

El presidente Javier Milei cuestionó al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) luego de que el vocero Manuel Adorni anunciara esta mañana su eliminación. “El INADI era la policía del pensamiento cristinista, era un instrumentos que se utilizaba para armar listas negras y para perseguir ideológicamente a los que pensaban distinto”, sostuvo el líder de La Libertad Avanza en diálogo con Todo Noticias.

Y agregó: “La pregunta es: ¿vos querés sostener ese ente persecutorio a cambio de destruir el trabajo de personas honestas?”.

Para el mandatario, el organismo estatal no había conseguido ninguna mejora en materia de discriminación desde su creación. Esta presunta falta de resultados justifica, a su criterio, la decisión gubernamental de cerrarlo.

La eliminación del INADI es solo uno de los hitos del plan de ajuste y achicamiento del gasto público que está llevando adelante la administración libertaria. Según explicó Adorni, el Gobierno está dando “los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante”.

En esta misma línea, Milei hoy detalló: “Echamos a 50.000 personas que no trabajaban. Había 10.000 contratos y no ser renovaron. Es más, en la parte social dimos de baja más de 200.000 programas sociales porque había gente que tenía un trabajo en el Estado, había gente que se iba de viaje. Un descontrol”.

ACM

Javier Milei prepara una ley ómnibus para emprender sus reformas. Prevé achicar el Estado, incluidas las empresas públicas, a las que intentará privatizar tarde o temprano, según el caso, pero primero buscará ponerlas en valor, podando déficit. Todo este proceso puede que incluya despidos, como en los 90. El paquete se prevé que incluya una reforma laboral: Milei ya habló de que los patrones puedan echar personal sin pagarle indemnización. Otro capítulo es la derogación de cientas de leyes que fue revisando Federico Sturzenegger, aquel que fue viceministro de Economía en la crisis de 2001 y presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri hasta que le explotó la devaluación de 2018. Veremos si abarca la ley de alquileres y los deja librados a la libre y desigual negociación de propietario e inquilino.

Pero el ómnibus también contempla la promoción de inversiones con ventajas especiales. En eso está el abogado especializado en minería Sergio Arbeleche, que incluso suena para la secretaría del área. Arbeleche, del estudio Bruchou Funes de Rioja, busca trasladar parte del régimen de inversiones mineras, que se creó en los 90 y siempre se respetó, al resto de la economía. 

El incentivo sería para inversiones grandes, las que superen los US$500 millones, aunque también hubo quienes querían bajar esa barrera a los 200 millones y otros que preferían subirla a 1.000 millones. El plan consiste en que las que sean mayores al nivel por definir tenga libre acceso a las divisas, no paguen retenciones a la exportación, se les devuelva en forma anticipada el IVA durante la construcción de sus instalaciones -en la actualidad, este impuesto se reintegra al año y medio, licuación por inflación mediante- y se les asegure la intangibilidad de las condiciones iniciales del proyecto. Esto se parece a la estabilidad fiscal de las que gozan las iniciativas mineras por 30 años. Se trata de un régimen similar al que la actual secretaria de Energía, Flavia Royón, quería otorgarle al gas natural licuado (GNL), el que se exportaría en barco a Europa o donde sea. 

A diferencia de la reforma del Estado de 1989, en el inicio del gobierno de Carlos Menem, esta vez no participará el experimentado abogado que diseñó aquello, Roberto Dromi. El ex ministro de Obras Públicas había preparado su proyecto a lo largo de medio año de 1989 y después contó con el apoyo del PJ que dominaba el Congreso y hasta de la UCR, que había pasado a la oposición. 

Dromi fue sondeado hace unos meses por dos economistas a los que consultó Milei y después desechó, el ex ministro de Economía menemista Roque Fernández y su ex viceministro Carlos Rodríguez. También fue visitado por la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y su asesor Guillermo Montenegro, futuro diputado. Pero ni Villarruel controlará el Ministerio de Seguridad, como había prometido Milei en campaña, ni Dromi se sumó al gobierno libertario. 

El ex ministro de Obras Públicas de Menem sí le entregó a Villarruel una lista de “diez prioridades administrativas para la estabilidad monetaria, el equilibrio fiscal y el desarrollo económicos”, a saber:

Pero las ideas de Dromi no son las del presidente electo. Habrá que ver cómo le va Milei con su improvisado equipo de gobierno y sus planes de última hora. Si fallan en medio de la crisis actual, pronto tendrá que buscar otros funcionarios y otros programas. 

AR

Javier Milei ha hecho campaña con una motosierra en mano para que este domingo lo elijan presidente. Con esa herramienta, en lugar de una tijera, busca demostrar que quiere acortar el gasto público en 14 puntos del PBI. Aunque habla de lo que gasta la “casta política”, en concreto podaría a las provincias, la obra pública, los subsidios a la energía y el transporte público, lo que él llama jubilaciones de privilegio y las empresas estatales, que cerrarían, se privatizarían o se transferirían a manos de los gremios. Si lo concreta, la Argentina pasaría de ocupar el puesto 59° en el ranking mundial de gasto estatal, al 146°, de los niveles similares a Namibia e Israel, país que él admira, a los de Kenia y Perú, según la base de datos 2023 del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye 196 países, a los que agregamos a Cuba, que no figura por no pertenecer a ese organismo. El FMI toma en cuenta los presupuestos nacionales y provinciales, no los municipales, que son mucho menores a los primeros.

La clasificación global de las naciones que más gastan está encabezada por tres de Oceanía que curiosamente son del grupo de las únicas diez del planeta que carecen de banco central, como plantea Milei: Nauru (129% del PBI), Tuvalu (112%, que hizo buenos negocios vendiendo su dominio de Internet .tv) y Kiribati (111%). La Argentina tiene 37,2% entre la Nación y las provincias. Apenas por encima están Australia (38,4%), Bulgaria (38,2%), la pobrísima Eritrea (37,9%), Bosnia Herzegovina (37,7%) y Namibia (37,3%) y por debajo, Israel y Bielorrusia (ambos, con 36,8%), Moldavia y Rumania (36,7%, los dos) y Lituania (36,5%).

La mayoría de los países desarrollados gasta más que la Argentina, aunque en forma más eficiente, de ahí los beneficios para su población. Son los casos de Francia (58,4%), Italia (56,8%), Finlandia (54%), Bélgica (53,6%), Austria (52,3%), Alemania (49,7%), Dinamarca (49,1%), España (47,8%), Suecia (46,7%), Islandia (46%), Portugal (45,6%), Reino Unido (45,1%), Países Bajos (44,5%), Japón (44%), Luxemburgo (43,3%), Nueva Zelanda (43,1%), Canadá (41,4%), Noruega (38,5%), Estados Unidos (38,5%) y Australia. O sea, el mundo desarrollado gasta mucho, pero bien. La calidad es lo que le falta a la Argentina.

Sólo Cuba (58%) y Brasil (43,3%) superan a nuestro país en sus egresos públicos en Latinoamérica. México está en 30,2%; Colombia, en 34,2%; Chile, en 26,5%; Perú, en 23%; Venezuela, en 11,9%: Uruguay, en 29,4%; Paraguay, en 24,6% y Bolivia, en 36,3%.

Si se aplicara la motosierra, la Argentina bajaría su gasto al 23,2% del PBI, un nivel que no tiene desde finales de los 90 y principios de los 2000. ¿Qué países tienen un presupuesto de ese monto? Honduras, 24,4%; la pobrísima Malawi, 24,3%; Malasia, 24,2%; Santo Tomé y Príncipe, 23,7% y Kenia, 23,4% quedarían inmediatamente por arriba, mientras que Perú, Belize (22,8%), Aruba y Panamá (22,7%, ambos) y Antigua y Barbuda (22,4%) figurarían apenas por abajo. De estos diez países, sólo los últimos tres mencionados gozan de una renta per cápita mayor que la de la Argentina, pero dos de ellos son paraísos fiscales caribeños. Y únicamente dos países desarrollados, a los que debería aspirar a imitar la Argentina, tienen un gasto similar o menor al que aspira Milei: Irlanda (22,1%) y Singapur (15,4%). El resto son naciones pobres o de ingresos medios menores a los argentinos.

En su proyecto de presupuesto 2024, Massa propone bajar el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 1,9% del PBI que tiene como meta en 2023 al 0,9%. El ahorro de 0,8 puntos se basaría en un hipotético aumento de la recaudación tributaria por una mejor cosecha y una recuperación económica —ambas variables están en duda— y sólo 0,2 en recortes en subsidios energéticod, gastos de funcionamiento y giros a provincias. Es decir, con este plan, que hay que ver si se implementa en caso de ganar, la Argentina se mantendría en el puesto 59° del ranking mundial referido. Massa propone eliminar además exenciones tributarias para ahorrar otros 2 puntos del PBI y llegar a un superávit del 1%.

Algunos economistas alertan que con el incremento del gasto público para reforzar los ingresos de trabajadores y jubilados tras la devaluación de agosto y antes de las elecciones del domingo el déficit de 2023 rondará el 3%. Pero pese a esas subas de las erogaciones, Massa continúo silencioso con el ajuste que viene aplicando. El gasto primario se recortó en septiembre 3,2% interanual, con caídas en jubilaciones (-5,1%, porque los bonos no alcanzan a los haberes medios y altos), asignaciones familiares y universal por hijo (-34,7%), políticas alimentarias (-4,1%), subsidios energéticos (-50,5%, por suba de tarifas a los hogares de altos ingresos y por la reducción de importaciones por el gasoducto Néstor Kirchner), intereses de la deuda (-29,3%) y obras públicas nacionales (-3%), advirtió un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

A su vez, el referente económico de Bullrich, Carlos Melconian, propone una baja del gasto mayor que la ejecutada por Massa y menor a la motosierra de Milei: 6% del PBI. Para ello, podaría de varios lados: desde el gasto jubilatorio hasta los planes sociales y las subvenciones a la energía y el transporte público. “Lo nuestro es cirugía, es la antítesis de la motosierra, es surcir un 0,1% (del PBI) acá y un 0,2 allá”, explicó Melconian en el último coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Lo del yate del Mediterráneo no es gasto publico, es coima. No hay un rubro presupuestario donde dice yate”, provocó la risa del público. “No existe el gasto de la política metido en eso, salvo que quieras cerrar el Congreso.”

Si se aplicara la receta de Bullrich y Melconian, el gasto descendería a 31,2% del PBI y la Argentina caería al puesto 94° en el mundo, es decir, a la mitad de tabla. ¿Qué países erogan a ese nivel? Surinam (31,5%), Albania y la paupérrima Burkina Faso (31,3%), Barbados y Argelia (31,2%), Marruecos (31%), Eswatini (30,9%), México, Sierra Leona (30,2%) y Liberia (29,8%), otras dos de las naciones con más penurias del planeta.

En el mismo coloquio de IDEA, el presidente de Invecq Consultora Económica, Esteban Domecq, expuso sobre gasto público y advirtió: “Gastamos mucho, pero gastamos mal”. Pese a que el público empresario pedía recortes, Domecq, asesor de IDEA, puso más énfasis en mejorar la calidad del gasto público que en podarlo. Y advirtió que las erogaciones de la política que menciona tanto Milei representa una porción ínfima del problema: en la Nación es el 0,9% del PBI; en las provincias, el 1,1% y en los municipios, el 0,8%, si se mide el promedio de 2016 a 2021. Domecq calculó que el gasto público total, incluidos tres puntos que aportan los presupuestos municipales, llega al 40,9%, de los cuales el de administración gubernamental (poderes Ejecutivo y Legislativo) representa el 2,8%.

La Justicia es el 1,2% del PBI; la defensa y la seguridad, el 2,8%; la educación, el 5,8%; la salud, el 6,4%; el agua y el alcantarillado, el 0,5%; la vivienda y el urbanismo, el 1%; la asistencia social, el 1,9%; la previsión social (jubilaciones, asignaciones), el 11%, con lo que es el principal rubro; el trabajo, el 1,4%; otros servicios urbanos, el 1%; el apoyo a la producción primaria, incluido el campo, el 0,4%; la energía y el combustible, que contempla las subvenciones y las obras como el gasoducto Kirchner, el 2%; la promoción de la industria, apenas el 0,2%; el transporte y la comunicación, que abarca subsidios y obras, el 2,2%, y otros servicios económicos, el 0,3%. Los intereses de la deuda, el 3,8%, con lo que es el cuarto ítem de mayor peso, tras la seguridad social, la salud y la educación. Si se compara el periodo analizado con el lapso 1991-1995, cuando gobernaba Carlos Menem, ídolo de Milei, las partidas que más aumentaron desde entonces fueron educación, 1,8 puntos del PBI; salud, en el mismo tamaño; las jubilaciones, pensiones y asignaciones, 2,8 puntos; la asistencia social, en 0,9; la energía, un punto, por las ayudas en las tarifas que repartió el kirchnerismo; el transporte, en 1,2, por el mismo motivo; y los intereses de la deuda, en 1,7 puntos, por lo que contrajeron sobre todo Menem y Mauricio Macri.

Domecq se basó en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que advierte que el gasto “ineficiente” en la Argentina es el más alto de la región, según datos de 2015 y 2016. Llega aquí al 7,2% del PBI, por encima del 6,3% de Bolivia y el 4,8% de Colombia, y en contraste con el 1,8% de Chile, el 2,5% de Perú y el 3,7% de Uruguay. ¿En qué se malgastan esos 7 puntos de la economía? Según el BID, en remuneraciones a empleados (1,4% del PBI), en compras públicas (1,3%) y filtraciones de transferencias (4,5%), es decir, subsidios a quienes no los necesitan o por duplicado a las mismas personas. En programas sociales se pierde indebidamente 1,9 puntos del PBI; en subsidios a la energía, 2,3 puntos, porque se ayudaba hasta hace poco a la clase alta y se sigue subvencionando a la media; y en exenciones tributarias, lo que quiere acotar Massa, un 0,3.

AR/JJD

El Gobierno modificó el Presupuesto Nacional de este año para aumentar el gasto en $7,65 millones, por lo cual el déficit de las cuentas públicas subió más de 37%.

La decisión se tomó a partir del DNU 436/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del cual se ampliaron partidas de “diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

A través de 677 planillas, el Poder Ejecutivo ejecutó la octava modificación presupuestaria del año, que en este caso implica un aumento del gasto corriente y financiero de $7,65 billones.

Si se ejecutan todas las nuevas autorizaciones de gasto, el año cerrará con un déficit de $9,08 billones, monto que representa un aumento del déficit de 37,1% con relación a la pauta anterior de $6,62 billones.

Según el DNU, las áreas a las que se destinaron más recursos fueron las vinculadas con el pago de jubilaciones y pensiones, el Fondo de Incentivo Docente, el aumento de las remuneraciones en la administración pública y el servicio de la deuda, de acuerdo con el siguiente detalle:

Modificaciones Presupuestarias, una por una

Con información de NA.

IG

Hay hasta un lobby de grandes empresarios como Eduardo Costantini, Oscar Andreani, Alberto Arizu (Luigi Bosca), Marcos Ayerra (Seguros Sura), Federico Braun (La Anónima), Guibert Englebienne (Globant), Alberto Grimoldi, Natalio Grinman (Cámara de Comercio), Carlos Miguens (Central Puerto, San Miguel y Patagonia Gold) y Graciela Roggio para reducir el gasto público. Pero sin llegar a un nivel tan bajo como el que impuso el gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, Patricia Bullrich de ministra de Seguridad y el larretista Hernán Lacunza como el de Hacienda, las erogaciones están descendiendo. Sin ir tan lejos como la administración anterior, la deuda con el sector privado y los organismos internacionales también crece en esta gestión.

Julián Folgar, profesor de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), calculó que el gasto consolidado de la Nación y las provincias, que había sido del 23% del PBI promedio entre 1960 y 2006, creció y creció durante el kirchnerismo hasta alcanzar el 38,1% en 2015. Después bajó y bajó con Macri hasta el 32,9% en 2019. En 2020, entre el fuerte gasto que debió hacer el Estado para sostener empresas y personas ante la larga cuarentena y la contracción económica, se disparó otra vez al 38,3%, pero en 2021 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, lo recortó al 34,7% de un PBI que se recuperó en un año de la anterior caída. Si se suman las partidas municipales y las previsionales de las provincias, se llegaría al 38%. No es definitivo el número de Nación y provincias en 2022, a dos aguas entre Guzmán y su sucesor a la postre, Sergio Massa, pero Folgar lo calcula en forma provisoria en el 34,5%, apenas por debajo del año anterior. El profesor considera imposible calcular la evolución en lo que va de 2023 porque sólo hay datos nacionales hasta mayo, pero los provinciales sólo alcanzan a diciembre pasado. “Esa baja del gasto de 2022 es básicamente por efecto de inflación, lo cual implica que hay que tomarlo con cautela, ya que es esperable que parte de esa baja sea parcialmente reversible o haga fuerza para serlo, ya sea por efecto de indexación al pasado o por la propia puja para recuperar parte del terreno perdido, especialmente salarios”, analiza Folgar.

En la consultora Empiria, que dirige Lacunza, calculan que el gasto público consolidado de todos los niveles finalizará este año en el 38% del PBI, es decir, sin cambios respecto de 2021, por encima de lo que el ex ministro dejó en 2019 pero por debajo del que finalizó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o el del 2020 pandémico. En cambio, otra firma de consultoría, Econométrica, que conduce Ramiro Castiñeira se centra en el gasto nacional para marcar que en los primeros cinco meses de 2023, plena gestión del ministro candidato presidencial, el primario (antes del pago de deuda) se reduce el 7% en términos reales (ajustado por la elevada inflación). No obstante, en la gestión Macri el gasto disminuyó 20% real y en la de Alberto Fernández, pese al descenso de 2023, acumula un alza del 8% desde 2020. Es que en relación a la inflación, que es una comparación distinta que con el PBI, subió 15% el primer año del Frente de Todos, 1% el segundo y se estancó (0%) en el tercero.

El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) gozó de un superávit fiscal primario acumulado de US$ 30.100 millones, el primero de Cristina Kirchner tuvo 12.700 millones, el segundo cayó en un rojo de 59.600 millones, el de Macri no lo podó sino que lo amplió -vía reducción de impuestos- a 62.100 millones y el de Fernández lo elevó hasta ahora a 64.700 millones, según un cálculo que elaboró la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto. También fue creciendo el rojo financiero (después de abonar los intereses de la deuda): del superávit de 13.300 millones de Kirchner al déficit de 13.700 millones del primer gobierno de su esposa, a 95.800 millones en el segundo, a 114.000 millones con Macri y su endeudamiento y a 103.200 millones con Fernández. La pregunta es cómo se financió ese desequilibrio.

Kirchner tomó US$ 15.300 millones del Banco Central, la primera Cristina Kirchner usó 35.800 millones; y la segunda, 104.900 millones. Después vino Macri y financió su déficit con deuda, en lugar de emisión monetaria. Por eso, del Central chupó sólo 27.800 millones. Con Fernández, que asumió el poder sin crédito externo y con una pandemia que paralizó la economía, lleva acumulados 85.700 millones.

El endeudamiento con el sector privado y los organismos multilaterales se mantuvo estable con Kirchner y se contrajo en US$ 33.700 millones en el primer periodo de Cristina Kirchner por la estatización de las AFJP (fondos de pensiones privados) y la manipulación del índice de inflación a partir del cual se actualizaban los bonos. En el segundo tramo cristinista se estabilizó. Con Macri se disparó 107.200 millones y con Fernández, 19.500 millones, según Eco Go. En el gobierno anterior creció sobre todo el endeudamiento en dólares con el sector privado: 90.600 millones. La deuda en pesos subió US$ 16.600 millones. En la administración actual, en cambio, los títulos públicos en pesos se elevaron por ahora US$ 14.100 milllones y los en dólares US$ 5.400 millones.

Conclusión: Cristina Kirchner y Fernández recurrieron más al Banco Central, mientras que Cambiemos se endeudó más con bonistas y organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. La deuda total del Tesoro y de la autoridad monetaria se expandió de US$ 147.000 millones en 2003, a 169.000 millones con Kirchner en 2007, a 197.000 millones con el primer gobierno de CFK, 254.000 millones con el segundo, 340.000 millones con Macri y 455.000 millones en lo que va del Frente de Todos. Es decir, el Gobierno actual se endeudó más, pero la mayoría de ese pasivo con el Central, a costa de devaluar el peso a base de inflación, y otros organismos estatales.

La deuda con el sector privado, con el que hay riesgo de default y es difícil de reestructurar, subió en pesos y bajó en dólares en lo que va de la gestión de Fernández. El pasivo en moneda nacional en títulos públicos era de US$ 11.000 millones en 2003, aumentó a 19.000 millones en 2007, bajó a 11.000 millones en los gobiernos de Cristina Kirchner, se incrementó a 27.000 millones con Cambiemos y a 40.000 millones en lo que va de Fernández. Pero en moneda estadounidense, el endeudamiento en bonos se mantuvo relativamente estable con Kirchner en 77.000 millones, descendió a 44.000 millones con CFK, se duplicó hasta 90.000 millones con Macri y bajó a 88.000 millones con Fernández. Siempre renegociar una deuda en divisas, que el país no emite, es más complicado que hacerlo en pesos.

Endeudarse con organismos internacionales tiene su problema cuando se trata del FMI, que exige condicionamientos de política económica a cambio. La deuda con el Fondo, el Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo (BID) y otros acreedores públicos del exterior descendió de US$ 27.000 millones en 2003 a 20.000 millones en 2007 porque Kirchner canceló todo el pasivo con el FMI. Subió a 28.000 millones con CFK, saltó a 73.000 millones con Cambiemos porque tomó el mayor crédito que el Fondo otorgó en su historia y siguió elevándose a 78.000 millones porque Fernández, carente de acceso a los mercados internacionales, optó por endeudarse con el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, entre otros.

AR/MG

El último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) reveló un gasto público equivalente a $1.412.853 en enero de 2023, lo que representó una caída del 16,6% en términos reales. Se trata de la séptima reducción mensual consecutiva, que se diferencia del comportamiento fiscal de la primera mitad del 2022.

La reducción en el gasto público se reflejó en el envío de dinero a las empresas públicas no financieras: tal como había prometido el ministro de Economía, Sergio Massa, al Fondo Monetario Internacional (FMI), no hubo transferencias a estas entidades. Tampoco hubo gastos en subsidios energéticos durante el primer mes del año, una marcado contraste con respecto a enero de 2021, cuando los gastos asignados al sector ascendían a $46.100 millones. Estos subsidios tienen asignados $1.697.705 millones para este año, lo que constituye una baja en su participación en el presupuesto: pasaron del 7,2% en 2022 al 5,9% en 2023. Los subsidios al transporte, concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), experimentaron una baja del 5% con respecto a enero de 2022.

El Gobierno Nacional también limitó las transferencias discrecionales a las provincias. Una de las principales herramientas para enviar dinero a las provincias son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que constituyen el 1% de la masa coparticipable y están destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en las provincias. Pese a las funciones establecidas, el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con alta discrecionalidad a la hora de asignar estas transferencias entre las unidades subnacionales.

La Provincia de Buenos Aires (PBA) fue la única destinataria de los ATN durante enero. En el primer mes del año, la provincia recibió un monto total equivalente a $1.582 millones. El gobierno de Axel Kicillof también se vio beneficiado por el Programa de Fortalecimiento Fiscal de la PBA, surgido de la reversión de la coparticipación excedente que fue entregada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto 194/16.

El informe del CESO también reportó una caída interanual de 16% en la inversión de capital, rubro que también tiene incidencia en las provincias.

El gasto en planes sociales, contrario a lo esperable por las bajas anunciadas durante diciembre y enero por el Ministerio de Desarrollo Social en el programa Potenciar Trabajo, se incrementó en el primer mes de 2023, cuando se esperaba un ahorro de $2.500 millones. El gasto para esta línea de asistencia, que busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la finalización de los estudios, la formación laboral y la capacitación en oficios, acumuló $44.472 millones, un 113% más que hace un año.

En la misma línea, el gasto de la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para aquellos que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, ascendió a $32.591 millones y presentó un aumento del 78% con respecto a los datos del 2022. Recientemente, se incrementó el presupuesto de Desarrollo Social y se redujo el de Seguridad, según indicó el informe de CESO, aunque ambas carteras fueron las que encabezaron el nivel de ejecución: 85,5% para Seguridad y 83,9% para Desarrollo Social.

ACM con información de la Agencia Nuevas Palabras

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció la “inconstitucionalidad e ilegalidad” de la Decisión Administrativa 4/23, la cual fue promulgada por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete para inhabilitar un aumento al Presupuesto 2023 aprobado por el Congreso Nacional.

“El pasado 9 de enero, mediante la Decisión Administrativa 4/23, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete dejaron sin efecto el aumento de 567.699 millones de pesos debatido y aprobado por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto N° 27.701 en diciembre pasado. De no revertirse, la medida es cuestionable por ser inconstitucional e ilegal”, encabeza el documento.

“En octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el 2023, organizaciones de la sociedad civil advirtieron una serie de reducciones en partidas fundamentales para la garantía de los derechos humanos. Reconociendo esta situación, la Ley aprobada por el Congreso incorporó cambios sustanciales en algunas políticas. Así fue que en la Ley de Presupuesto se aprobó un aumento del gasto de $567.699 millones”, explica la asociación civil.

La ACIJ enumeró a dónde se destinarían dichos fondos: “La mitad se destinó a políticas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, se encuentran las políticas alimentarias y los comedores escolares, las asignaciones familiares, las becas para estudiantes, la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego.”

“Además de estos aumentos, el Congreso agregó un porcentaje de asignación mínima del PBI en materia educativa, del 1,33%, que tampoco fue respetado por el Ejecutivo en la distribución”, agregaron.

“Esta decisión implica violar el principio de legalidad que rige en materia presupuestaria. La Constitución previó en su artículo 75, inc. 8 que es el Congreso el que debe decidir sobre el gasto público. Lejos de ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo, el presupuesto es una ley que el Ejecutivo debe implementar. En ese sentido, la decisión administrativa desconoce la voluntad del Congreso y el principio de división de poderes, y significa una afrenta al sistema republicano de gobierno”, apuntaron desde la organización.

“Por otra parte, la medida ignora el principio de progresividad que debe regir en materia de derechos económicos, sociales culturales y ambientales. El hecho de no aumentar el gasto destinado a los sectores que el Congreso había estimado prioritarios tendrá una repercusión directa sobre su ejercicio efectivo por parte de colectivos vulnerabilizados”, argumentaron.

“Además, resulta ilegal por desconocer obligaciones específicas que recaen sobre el Estado”, señalaron. Recordaron también que “las reducciones destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes violan el principio de intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas de infancia”.

Por último, sostuvieron que “es urgente que el Poder Ejecutivo revierta esta decisión y asigne los aumentos dispuestos por el Congreso para garantizar derechos humanos. No hacerlo constituye una clara violación de los compromisos que ha asumido en el plano nacional e internacional”.

LC

Entre las medidas que incorporó a su plan de desembarco en el Ministerio de Economía, Sergio Massa incluyó la de congelar la planta del Estado Nacional. Para eso, pidió un informe que sirviera como foto de la situación inicial –al 31 de julio de 2022– y la actualización mensual de los datos. 

En el informe correspondiente a septiembre, de reciente publicación por parte del Indec, se advierte que la administración pública nacional tiene una dotación total de 230.210 personas, que dentro de la cuenta global de “empleados estatales” podrían sumarse al personal de cada gobernación provincial y de los municipios. Para Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público hay un “mito” construido en torno al volumen de la planta estatal que, en realidad, está en línea con las necesidades y los objetivos de cada estructura. 

“Nosotros tenemos el análisis de la dotación hecha en cada una de las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, algunas hechas por nosotros y otros por la gestión previa, y uno observa que por lo menos la mitad de las dotaciones están en el límite inferior, es decir por debajo de la dotación óptima. Algunas están en el límite que tienen que estar y otras están, como por ejemplo la AFIP, un poco sobredimensionadas, pero es algo que viene de hace años”, dijo Castellani a elDiarioAR. Según precisó, durante la gestión del Frente de Todos la “variación fue relativamente baja y muy concentrada en el área de Salud, Obras Públicas y los ministerios nuevos como Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad”. 

1. Organismos descentralizados 

Si se mira a la dotación general de la Administración Pública Nacional y se la divide por su estructura organizativa, se advierte que el segmento que mayor personal tiene es el de la administración descentralizada. Es decir, todas aquellas unidades organizativas con autonomía funcional, capacidad de disposición de patrimonio propio o personería jurídica propia.

Representa el 38,7% del total y está integrado por 66 organismos como por ejemplo el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Administración de Parques Nacionales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Biblioteca Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o el Hospital Posadas. 

En suma, tienen una dotación de 131.995 personas.  

2. El megaministerio de Sergio Massa

La reorganización del gabinete a partir de la llegada de Sergio Massa a la gestión, que implicó la unificación de áreas, configuró un megaministerio con 9.904 empleados. El Ministerio de Economía absorbió las estructuras del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que se transformaron en secretarías. 

Así, la cartera de Economía pasó a ser, dentro de la administración centralizada, la que cuenta con mayor cantidad de personal, con casi 10.000 trabajadores y trabajadoras.

En segundo lugar se ubica el Ministerio de Desarrollo Social, con 8.163 empleados, luego el Ministerio de Cultura, con 4.206  y en cuarto lugar la Jefatura de Gabinete de Ministros –que incluye la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas– y cuenta con 3.345 personas en su dotación.   

3. La territorialidad, el factor detrás de las estructuras más grandes

Las entidades con mayor despliegue territorial son también las que se diferencian por ser las más voluminosas. En lo que respecta a las empresas y sociedades del Estado, encabeza Operadora Ferroviaria S.E, con 24.141 trabajadores. La sigue Correo Oficial de la República Argentina S.A, con 17.868; en tercer lugar el Banco de la Nación Argentina, con 17.645 y en cuarta posición Aerolíneas Argentinas S.A, con una dotación de 11.449 personas. 

“Todo lo que tengan territorialidad completa, en un país que es el octavo a nivel mundial en superficie, es complicado. Implica abrir muchas sucursales y una persona en Bajo Caracoles también tiene derecho a que el Estado llegue ahí”, apuntó Castellani. 

Para los organismos descentralizados aplica la misma lógica. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con presencia en todo el país, encabeza el listado de dotaciones, con 27.986 personas. Lo siguen la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con 20.717; el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP/PAMI), con 14.431 y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con 13.690. 

4. Empresas casi sin empleados 

Una curiosidad que arroja el informe es que hay tres empresas del Estado que tienen entre un solo empleado y cuatro. Una es el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), que está radicada en Bariloche y, de acuerdo con su sitio oficial provee ensayos ambientales y pruebas de ingeniería a las industrias aeroespacial, agropecuaria, automotriz, electrónica, energética y defensa. Según el documento oficial, tiene una sola persona empleada, fuera de convenio. 

Otra empresa con un solo empleado es Vientos de la Patagonia I que, según su lanzamiento en 2006, tenía la misión de crear un polo eólico en Chubut. Otro caso es el de ENARSA Patagonia S.A, que tiene cuatro trabajadores, según el documento. 

La Secretaría de Gestión y Empleo Público no sumó precisiones respecto de esta situación. 

5. Monotributistas y “otras” formas de contratación del Estado 

El informe hace una diferenciación interna de las dotaciones según su modo de vinculación con cada organismo. Por un lado está el personal en convenio colectivo de trabajo, por otro el personal fuera de convenio (que suelen ser los puestos jerárquicos) y luego la categoría “otros”, donde se agrupan una serie de modalidades de vinculación que no implican relación de dependencia pero suponen contratos para realizar una tarea habitual de la entidad informada. Por ejemplo, monotributistas, locaciones de servicios u obra, contratos realizados bajo entes cooperadores u organismos internacionales de crédito, pasantías y trabajos eventuales, entre otros.

En la Administración Pública Nacional, estos “otros” contratos representan alrededor del 14% del total. “El gran problema de la dotación en la administración pública es que hay casi 50.000 personas que no están concursadas y necesitamos avanzar en ese proceso, aunque, por supuesto, hay que hacerlo en etapas”, explicó Castellani. “Ya llevamos 9.000 y se supone que a fin de gestión tendremos otros 11.000 nuevos concursados. Terminaremos con 20.000, lo que sería un paso cualitativo importante en la estabilidad de esas personas”, detalló. En efecto, este miércoles el Gobierno publicó la Decisión Administrativa 1086 en la que habilita la incorporación de 11.172 empleados públicos a la planta permanente.

DT

El gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial una norma mediante la que busca incorporar a 11.172 empleados públicos a la planta permanente. Son personas que ya realizan tareas dentro del Estado y que ya se cuentan dentro del número de su “dotación”, que suma 230.210 trabajadores a nivel de la Administración Pública Nacional. 

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, aclaró que “no se incorporan más trabajadores al Estado”, sino que se cambia su condición laboral. En efecto, la Decisión Administrativa 1086 –que lleva la firma del ministro de Economía, Sergio Massa– detalla que los puestos vacantes de personas que pasen a planta permanente no podrán ser utilizados para una nueva contratación. De no ser así, la decisión entraría en colisión con lo exigido por el ministro de congelar los ingresos a partir de agosto. 

Según datos del Indec correspondientes a septiembre, alrededor del 14%  de la dotación de la Administración Pública Nacional está bajo modalidades de vinculación que no implican relación de dependencia pero suponen contratos para realizar una tarea habitual. Por ejemplo, monotributo, locaciones de servicios u obra, contratos realizados bajo entes cooperadores u organismos internacionales de crédito, pasantías y trabajos eventuales, entre otros.

“El gran problema de la dotación en la administración pública es que hay casi 50.000 personas que no están concursadas y necesitamos avanzar en ese proceso, aunque, por supuesto, hay que hacerlo en etapas”, explicó a elDiarioAR Castellani. Sumados a 9.000 trabajadores y trabajadoras que ya habían ingresado a planta permanente de manera previa, Castellani señala que la gestión del Frente de Todos cerrará con 20.000 nuevos concursados, “lo que será un paso cualitativo importante en la estabilidad de esas personas”.

“La decisión regulariza la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria”, detalló la funcionaria en declaraciones a Radio Nacional. 

En ese sentido, Castellani aclaró que la norma, que autoriza el llamado a concurso de 11.172 cargos, “da la posibilidad de concursar para regularizar su situación a gente que trabaja en el Estado incluso desde los períodos de gobierno de los presidentes (Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, de Cristina (Fernández de Kirchner) o mismo (Mauricio) Macri”.

“La diferencia es entre dotación y planta, que no son lo mismo. La dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso”, explicó Castellani al ser consultada sobre el decreto firmado oportunamente por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se determinó que no hubiera un incremento en la cantidad de trabajadores del Estado.

“No hay sueldos nuevos ni personas nuevas. No es un concurso que permite ingresar a alguien de afuera, sino que compiten los que forman parte de los organismos”, agregó Castellani. También aclaró la funcionaria que la decisión administrativa publicada hoy tiene que ver con cumplir el plan acordado en la paritaria celebrada en diciembre de 2020.

El 30 de septiembre de este año el secretario adjunto del gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, detalló en sus redes sociales que el acuerdo paritario firmado incluía liberar “la financiación para un proceso de pase a planta permanente de 11.172 vacantes, una de las principales deudas a la que el Gobierno Nacional se había comprometido a principios de año”.

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La Argentina posee una menor proporción del déficit total de su Producto Bruto Interno (PBI) en comparación del promedio de las economías emergentes y de ingresos medios, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El nuevo informe de monitoreo fiscal, publicado en el marco de las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial, añadió que el país tiene una “presión fiscal” menor que las principales potencias.

El FMI estima que el déficit total del país, es decir primario y financiero, sea del 3,5% del PBI para el 2022 y de 3,3% en 2023, lo cual significa una caída frente al 4,3% de 2021. Para este año, la cifra es menor al promedio de todos los países emergentes (6,2%), al igual que la media de los países latinoamericanos (4,2%) y de los países emergentes que forman parte del G20 (7,3%). También es menor frente al promedio de economías avanzadas (3,8%) donde países como Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido e Italia poseen un déficit proyectado de entre 4% y 5,7%.

En cuanto al déficit primario, que excluye los intereses de la deuda pública, se prevé que se reduzca frente al pico de 6,2% de 2020 (año de la crisis por la pandemia de Coronavirus) y del 2,5% del 2021, a 1,9% para este año, 1,4% en 2023, 0,5% en 2024. Finalmente, se estima un superávit primario de 0,5% en 2025, el cual llegaría al 2% en 2027.

Estas cifras son más bajas que las metas acordadas firmadas entre el Gobierno y el FMI en marzo pasado, el cual estipula un déficit primario de 2,5% en 2022, 1,9% en 2023, 0,9% para 2024 y 0% para 2025. Tal como en el caso del déficit total, el primario previsto para 2022 y 2023 es menor que el promedio de economías emergentes (4,3% para 2022 y 3,3% para 2023) y avanzadas (2,4% y 2,3%).

Recaudación, “presión fiscal” y gasto público

Por otra parte, el FMI difundió estimaciones respecto de la recaudación, conocida como “presión fiscal”, y del gasto público. Se espera que la recaudación de la Argentina caiga de 33,5% del PBI al 33% este año, número el cual se reducirá a 32,3% en 2023, para luego repuntar nuevamente en años posteriores.

Esta proporción es superior al promedio de todos los emergentes para el 2022 (25,1%), pero es similar a los países emergentes europeos (33,6%), latinoamericanos (27,9%) y a Estados Unidos (33,4%) y Brasil (31,8%). Además, la presión fiscal es menor al promedio de las economías avanzadas (37,4%), y al de la Eurozona (46,9%) con países como España, Italia, Alemania y Francia llegando al 44%, 48,6%, 46,4% y 53,3%, respectivamente.

En tanto, el FMI estima para este año un gasto público del 36,6% del PBI para Argentina (1,3 puntos menos que en 2022) y del 35,6% en 2023. En este caso, la cifra es ligeramente mayor al promedio de los emergentes (31,2%) y menor al de las economías avanzadas (41%, alcanzando el 50,7% en la Eurozona) para este año.

Deuda bruta de la Argentina

Según el FMI, la deuda bruta del país será de 76% del PBI en el 2022, cifra menor respecto al 102,8% de 2020 y al 80,9% de 2021, así como la registrada en 2018 (85,2%) y 2019 (88,8%), durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. En su informe, el FMI destacó que “la mayoría de los gobiernos se encuentra enfrentando una mayor presión en sus finanzas públicas, ya afectadas por la pandemia”.

La suba de la inflación global, la debilidad de las divisas y el salto en las tasas de interés derivó en una escalada del endeudamiento, cuyo promedio mundial se estima que será del 91% del PBI, 7,5 puntos más que los niveles previos a la pandemia.

Esto afecta especialmente a los países de bajos ingresos, donde el 60% de ellos se encuentra en situaciones de “sobreendeudamiento”. La delicada situación en materia fiscal se vio agravada por las medidas que varios gobiernos tuvieron que realizar, frente a la suba de los precios alimenticios y energéticos, como recortes de impuestos, transferencia de recursos y subsidios.

En este marco, el organismo recomienda que la asistencia sea segmentada hacia los más vulnerables, como puede ser a través de descuentos para el uso básico en las facturas de servicios públicos familias de bajos o medianos ingresos. Al mismo tiempo, desaconsejó que los gobiernos “limiten los aumentos de precios mediante controles de precios, subsidios o recortes de impuestos”, ya que “terminan siendo costosos y, en definitiva, inefectivos”.

LC con información de agencia Télam