Será el broche de oro del mes en que el Gobierno se hizo del control del Congreso. Este viernes, el oficialismo se prepara para darle la sanción definitiva a la reforma laboral después de dos meses de negociaciones sectoriales con los aliados radicales, los gobernadores peronistas, las cámaras empresarias y la CGT. Se espera que el Senado ratifique la versión de Diputados, en la que el Gobierno aceptó quitar el artículo de las licencias médicas a cambio de hacerse de una mayoría inapelable. Afuera, en la plaza del Congreso, los sindicatos más combativos volverán a llevar a cabo una protesta en contra de la ley, pero lo harán sin la CGT.

El Gobierno ya tiene preparado el comunicado: cuando el Senado vote aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, Javier Milei celebrará haber dado el primer paso como el presidente “más reformista de la historia”. El camino se terminó de allanar la semana pasada, luego de que La Libertad Avanza aceptase quitar el artículo 44 –que reducía a la mitad los sueldos en casos de accidentes o enfermedades por fuera del ámbito laboral– a cambio de blindar el corazón del proyecto. Es decir, la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Resuelto el último escollo, el resto fue cuestión de reordenar los tiempos legislativos para poder tener la sanción definitiva antes del discurso del Presidente frente a la Asamblea Legislativa el domingo 1 de marzo. Martín Menem envió rápido el proyecto aprobado con los cambios al Senado, Patricia Bullrich lo dictaminó menos de dos horas después y, pasada la semana reglamentaria que exige el Senado para tratar un proyecto desde su dictamen, el oficialismo lo llevó nuevamente al recinto de la Cámara alta. 

Será una votación simple en la que los senadores deberán definir si aceptan o no los cambios introducidos en Diputados. Bullrich ni transpirará para conseguir el quórum: después de haber roto al peronismo, la jefa del oficialismo tiene espalda para jugar con una mayoría de 47 aliados. Le sobran los votos.

Los sindicatos agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos, como la CTA, ATE, Aceiteros y la Unión Obrera Metalúrgica, marcharán hasta el Congreso. La CGT, en cambio, no se movilizará ni llevará a cabo un paro general. Resignada ante el hecho de que la ley –que elimina las horas extra, fracciona las vacaciones, borra la ultraactividad de los convenios colectivos y limita las huelgas– está virtualmente sancionada, su plan es apostar a la judicialización. El lunes harán una presentación a la Justicia y la dirigencia movilizará a Tribunales como señal de fuerza.

La otra bandera: la reforma del régimen penal juvenil

La sesión, que comenzará a las 11 de la mañana, no culminará con la sanción de la reforma laboral. El Gobierno apuesta a finalizar la jornada con otra victoria: la sanción de la reforma del régimen penal juvenil. Con media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado buscará aprobar también un proyecto del Ejecutivo, impulsado por Bullrich, que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. 

El proyecto original bajaba a 13 años esa edad, pero el oficialismo tuvo que negociar cambios con los aliados para asegurarse los votos. La media sanción en Diputados –que contó con el apoyo del radicalismo, el PRO, un sector del peronismo y varias fuerzas provinciales– disminuye a 14 la edad en que un menor es penalmente responsable y establece penas máximas de hasta 15 años para los niños y adolescentes. En casos de delitos que no superen los seis años de prisión y no hubieran implicado la muerte o una gran violencia contra las víctimas, habilita el establecimiento de penas no privativas a la libertad. 

Pese a los reclamos de las provincias, el proyecto no prevé recursos extra para que los sistemas penitenciarios locales puedan readecuarse a las nuevas condiciones. La ley establece que los niños y adolescentes condenados no podrán ser alojados en los mismos centros que los adultos, por lo que cada gobernador tendrá que readecuar la infraestructura penal para poder hacer frente al nuevo régimen penal juvenil. El proyecto establece que se podrán habilitar convenios entre la Nación y las provincias, pero esos convenios dependerán de la buena relación de cada gobernador con el Presidente. 

“Piden recursos y después reclaman federalismo. Que gestionen con lo que tienen, o si no déjenos a nosotros las provincias para gobernar”, respondió un dirigente cuyano de La Libertad Avanza ante las críticas de los gobernadores por la falta de financiamiento. Un adelanto del objetivo de Karina Milei para 2027: pintar el mapa de violeta, barrer a los gobernadores aliados de sus provincias y convertir a LLA en el partido que gobierna la mayor cantidad de territorios en el país.

Menos de 24 horas después de haber aprobado la reforma de la Ley de Glaciares, LLA buscará cerrar las sesiones extraordinarias con una nueva muestra de fortaleza legislativa. El oficialsimo ya festeja.

MCM/MG

La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso clave en una de las reformas más sensibles del temario oficial: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

El respaldo llegó desde el bloque libertario, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal y otras bancadas provinciales. El peronismo, en cambio, votó de manera unificada en rechazo al proyecto.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Seguridad, no solo reduce la edad de responsabilidad penal -actualmente fijada en 16 años- sino que establece un nuevo esquema de sanciones. Para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros, se prevé una pena máxima de hasta 15 años de prisión. En casos con escalas menores a diez años, el texto contempla alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de acercamiento, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares o impedimentos para conducir.

Uno de los puntos que el oficialismo destacó como central es la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados. Según el proyecto, estos espacios deberán garantizar educación, atención médica y tratamientos por adicciones, y contar con personal capacitado en niñez y adolescencia. También se establece de manera expresa la prohibición de convivencia con detenidos adultos.

El régimen incorpora, además, mecanismos como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, siempre con consentimiento de la víctima. En esa línea, la norma amplía los derechos de quienes hayan sufrido delitos: podrán acceder a información sobre el proceso, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias restaurativas.

Desde la oposición peronista, las críticas apuntaron a la falta de un abordaje integral. Juan Grabois cuestionó que el foco esté puesto exclusivamente en la edad de imputabilidad y reclamó políticas más robustas en salud mental y tratamiento de consumos problemáticos. “No es un problema de números”, planteó, al tiempo que pidió dispositivos específicos para adolescentes en crisis.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la reforma como una respuesta a las víctimas y a la demanda social de mayor seguridad. El diputado Santiago Santurio reconoció que la medida no resolverá de manera definitiva la problemática del delito juvenil, pero sostuvo que establece un marco de responsabilidad para quienes cometen hechos graves.

La sesión fue seguida desde los palcos por familiares de víctimas de crímenes cometidos por menores de edad, entre ellos integrantes de la organización Madres del Dolor y allegados a casos que tuvieron fuerte repercusión pública en los últimos años.

En la etapa final de negociaciones, el Gobierno incorporó un artículo presupuestario para garantizar la implementación del régimen. Se prevé una asignación total de $23.739 millones, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. La inclusión de estos fondos respondió a planteos de gobernadores, que habían advertido sobre el impacto financiero que podría recaer en las provincias.

Con la media sanción en Diputados, la discusión se traslada ahora al Senado, donde volverán a cruzarse dos miradas: quienes consideran que la reforma responde a una demanda urgente de seguridad y quienes sostienen que el problema excede la edad y requiere una política social más profunda.

El oficialismo busca otra triunfo parlamentario tras la votación de la media sanción de la reforma laboral. Este jueves desde las 11 en la Cámara de Diputados busca aprobar un temario de alto voltaje político: la reforma del régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En el caso de la reforma penal juvenil, el Gobierno debió recalibrar la estrategia. Uno de los puntos más sensibles -la edad de imputabilidad- generó fricciones con bloques aliados. El texto enviado inicialmente fijaba el límite en 13 años, lo que puso en riesgo los apoyos necesarios. Finalmente rescató el consenso alcanzado el año pasado con sectores dialoguistas de establecer los 14 años como piso.

Régimen Penal Juvenil

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El despacho de mayoría se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de La Libertad Avanza, y el respaldo de los bloques aliados y los dialoguistas.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

Con información de agencia NA

UNICEF volvió a fijar posición en el debate sobre la justicia penal juvenil en Argentina y advirtió que bajar la edad de imputabilidad no solo contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino que además resulta ineficaz para mejorar la seguridad ciudadana. El organismo reclamó la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil integral, especializada y basada en evidencia, que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y priorice medidas socioeducativas por sobre el castigo punitivo.

En el documento difundido este lunes, UNICEF remarca que niños, niñas y adolescentes atraviesan procesos de maduración incompletos que afectan su capacidad de comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Esa diferencia —respaldada por estudios en neurociencia y desarrollo infantil— es la base del principio de inimputabilidad y del diseño de regímenes penales diferenciados, orientados a la responsabilización progresiva y no a la equiparación con el sistema de adultos.

“Por su proceso de maduración y de formación incompletos, los niños y adolescentes son vulnerables y pueden ser víctimas de grupos armados no estatales o grupos criminales y sufrir 'múltiples formas de violación, como ser reclutados…; llevar a cabo ejecuciones…; ser objeto de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual; ser utilizados para el transporte o la venta de drogas...”, como Menciona el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 243 . Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad“, dice el documento.

Y agrega: “Un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social de aquellos que han cometidos delitos. También implica fortalecer el Sistema de Protección Integral en los términos que establece la ley 26.061 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, para que se apliquen las medidas ordinarias y excepcionales allí previstas que prevengan y detecten a tiempo determinantes sociales que faciliten futuras conductas infractoras”.

Este lunes, el oficialismo presentó un proyecto en el que volvía a bajar la edad de imputabilidad –es decir, la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable– a los 13 años. Sin embargo, ante la falta de apoyo de los aliados, decidió retirarlo 24 horas después.

El organismo subraya que la seguridad ciudadana es un derecho de toda la sociedad, pero advierte que no puede abordarse desde respuestas simplistas. Los datos oficiales muestran que la participación de adolescentes en el delito es marginal: solo el 2% de las investigaciones penales iniciadas en 2024 en la provincia de Buenos Aires involucró a personas menores de 18 años, mientras que el 98% correspondió a adultos. Además, la mayoría de los conflictos penales juveniles están vinculados a delitos contra la propiedad. 

UNICEF también cuestiona el uso extendido de la privación de la libertad. Distintos estudios regionales e internacionales indican que el encierro incrementa la reincidencia, deteriora las trayectorias educativas y laborales y expone a los jóvenes a entornos de mayor violencia. En contraste, las sanciones alternativas y los programas comunitarios muestran mejores resultados en términos de reinserción y prevención de nuevos delitos.

En ese marco, el organismo propone un sistema penal juvenil que contemple penas proporcionales a la edad y al contexto, incorpore la justicia restaurativa, repare a las víctimas y fortalezca el Sistema de Protección Integral de Derechos. También recuerda que los organismos internacionales recomiendan elevar —y no reducir— la edad mínima de responsabilidad penal y utilizar la privación de libertad solo como último recurso, por el período más breve posible. 

Lejos de asociar mano dura con mayor seguridad, UNICEF sostiene que una justicia juvenil moderna, con políticas integrales y financiamiento adecuado, reduce la reincidencia, previene nuevas víctimas y contribuye de manera más efectiva a la convivencia social.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal sumó este sábado una nueva intervención de peso. La Conferencia Episcopal Argentina fijó posición frente al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que una reforma centrada únicamente en reducir la edad de responsabilidad penal resulta insuficiente para abordar la complejidad del delito juvenil. El pronunciamiento se conoció en medio del avance oficial para instalar el debate en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

En un comunicado titulado “Más oportunidades que penas”, la Iglesia expresó su solidaridad con las víctimas de hechos delictivos y sus familias, pero señaló que el foco exclusivo en la sanción penal puede invisibilizar factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la ausencia de acompañamiento estatal. Según el documento, una respuesta eficaz debe contemplar políticas de prevención y contención que vayan más allá del castigo.

El texto retoma cuestionamientos ya formulados por la Pastoral Social en 2025, entre ellos el destino que tendrían los menores en caso de aprobarse la reforma y la capacidad real del sistema para garantizar procesos de educación y reinserción social. También plantea dudas sobre la infraestructura disponible en las provincias y la aptitud de las instituciones penitenciarias para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley.

La Conferencia Episcopal remarcó la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada integral y humanizada, orientada a la recuperación y no solo a la sanción. En ese marco, evocó la figura de san Juan Bosco y los 150 años de presencia salesiana en el país, destacando un modelo pedagógico basado en la cercanía, la educación, el trabajo y la vida comunitaria como herramientas clave para el desarrollo de los jóvenes.

Los obispos también insistieron en la importancia de fortalecer las políticas educativas y comunitarias y de consolidar estrategias preventivas sostenidas en el tiempo. Subrayaron, además, que la prevención del delito juvenil requiere del compromiso de las familias, de una comunidad activa y de un Estado con capacidad de intervención. El comunicado fue firmado por las principales autoridades de la Comisión Ejecutiva de la CEA.

Mientras tanto, el Gobierno nacional avanzó con el envío del proyecto al Congreso, en un contexto atravesado por el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que reactivó el debate público sobre la responsabilidad penal de los menores. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca acercar la legislación argentina a la de otros países de la región, donde la imputabilidad comienza a edades más tempranas.

Luego del recambio legislativo, la iniciativa perdió estado parlamentario y deberá ser tratada nuevamente desde el inicio. Sin embargo, referentes de La Libertad Avanza anticiparon que intentarán reconstruir los acuerdos alcanzados en la discusión anterior, con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. El proyecto establece los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos de extrema gravedad, excluyendo en todos los casos la prisión perpetua.

La propuesta pone el acento en medidas alternativas a la cárcel para los delitos de menor gravedad, como tareas comunitarias, restricciones de contacto con las víctimas o reparación del daño, y reserva la privación de libertad para situaciones excepcionales. También contempla la creación de institutos especializados para menores, con acceso a educación, atención sanitaria y tratamiento de adicciones, además de la prohibición de su alojamiento junto a presos adultos.

La iniciativa abrió además un frente de discusión con los gobernadores, que reclaman financiamiento específico para la infraestructura necesaria. A su vez, incorpora herramientas como la mediación penal juvenil, programas de formación y asistencia psicológica, y un régimen diferenciado para inimputables, junto con mayores garantías para las víctimas.

Con información de agencias y medios

JIB

Mientras el Gobierno avanza en el Congreso con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad y reformar el régimen penal juvenil, un informe sobre la situación carcelaria en la Argentina vuelve a poner en cuestión la eficacia de las respuestas punitivas frente a la inseguridad. Los datos muestran un crecimiento sostenido del encarcelamiento, niveles persistentes de sobrepoblación y una población privada de la libertad mayoritariamente joven, en un sistema que ya funciona bajo fuerte estrés.

La iniciativa oficial —incluida en el temario de las sesiones extraordinarias— propone modificar la Ley Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años, a un piso que el Gobierno busca ubicar entre los 13 y los 14 años, según las negociaciones en curso con bloques aliados. El proyecto apunta a ampliar la posibilidad de imputar penalmente a adolescentes por delitos considerados graves, bajo un régimen diferenciado, y es defendido por el oficialismo como una respuesta frente al aumento de la violencia y la reiteración de delitos cometidos por menores.

El debate legislativo se da, sin embargo, en un contexto penitenciario complejo. Según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), al que accedió elDiarioAR, en 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país, la cifra más alta registrada hasta el momento. La tasa de encarcelamiento alcanzó las 258 personas cada 100 mil habitantes, con un incremento interanual del 7,1%, por encima del promedio histórico.

Ese crecimiento no estuvo acompañado por una mejora estructural del sistema. Aunque varias provincias ampliaron su capacidad penitenciaria, la sobrepoblación promedio a nivel nacional fue del 30,2%: en la práctica, por cada 100 plazas disponibles se alojaron 130 personas. Distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Tierra del Fuego superaron incluso ese promedio.

Uno de los datos más relevantes para el debate sobre imputabilidad es la edad de la población encarcelada. El informe muestra que el sistema penal argentino ya absorbe de manera temprana a jóvenes adultos: seis de cada diez personas presas tienen entre 21 y 39 años, con una fuerte concentración en el tramo de 30 a 39. En contraste, el grupo de 18 a 20 años representa apenas el 2% del total de personas privadas de libertad. Es decir, el endurecimiento penal previo no evitó que el encierro juvenil y joven se expandiera en las últimas décadas.

También aparecen señales de alarma en el plano judicial. En 2024, si bien el 62% de las personas presas estaba condenada, más de 45 mil permanecían detenidas sin sentencia firme, una cifra que sigue creciendo en términos absolutos. Entre las mujeres privadas de libertad, la situación es más crítica: casi la mitad (48,6%) está procesada sin condena, doce puntos más que entre los varones.

El informe del CNPT aporta además un dato central para la discusión sobre política criminal: el 17% de las personas condenadas cumple penas de hasta tres años, generalmente por delitos no violentos como robos simples, hurtos, estafas o infracciones a la ley de drogas. Se trata de sanciones que, según el propio Código Penal, podrían ser cumplidas bajo modalidades alternativas al encierro, lo que vuelve a poner en debate el uso de la cárcel como respuesta casi excluyente.

En este escenario, distintos organismos de derechos humanos, especialistas en justicia juvenil y sectores de la oposición advierten que bajar la edad de imputabilidad podría ampliar aún más el universo de jóvenes bajo control penal, sin resolver las causas estructurales del delito. A esas críticas se sumó la Iglesia Católica, que rechazó la iniciativa oficial y reclamó “transformaciones profundas” centradas en la inclusión social, la educación y la prevención, en lugar de un enfoque basado casi exclusivamente en el castigo.

MC

Cumpliendo con la promesa realizada este lunes durante su caravana por Mar del Plata en el marco del Tour de la Gratitud y en la previa de su participación en La Derecha Fest, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y actual ministro, Manuel Adorni.

“Delito de adulto, pena de adulto”

El texto normativo es escueto pero contundente. En su Artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde ante sus seguidores sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

La defensa de Cúneo Libarona

En ese sentido, este martes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se refirió a la reciente confirmación sobre el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en el Congreso y apoyó la iniciativa del Gobierno Nacional.

Para el funcionario libertario, la gestión del presidente Javier Milei “pisó el acelerador en materia de legislación penal” y que este proyecto se debe debatir con urgencia, debido a que la ley actual data de 1980 y tiene una edad de imputabilidad en 16 años, “mientras que en 1978 era de 14”.

“La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que es producto de la droga, de la violencia, producto de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes. Hemos tenido hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 14, 15 años, 13, 12, que perfectamente comprenden lo que hacen. Entonces, ese chico cambió”, sostuvo el ministro en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, comparó la situación con la legislación mundial, donde la edad de imputabilidad “es inferior” en países como Inglaterra y aclaró que si bien “hay que prevenir”, también se debe accionar “cuando ya se cometió el delito”.

En la misma línea, relató sucesos que aparentemente protagonizados por menores que, con tono desafiante, afirmaban ser “inimputables” y que, con esa justificación, reincidían. Incluso, aseguró que han llegado a salir libres “hasta seis veces en un mes”.

Sobre el diseño del nuevo sistema, Cúneo Libarona explicó que “no todos los jóvenes adultos en conflicto con la ley penal van detenidos” y aseguró que las instalaciones no serán “cárceles comunes” ni “de régimen de mayores”, sino que estarán separadas de adultos y mujeres.

Para finalizar, manifestó que los menores serán sometidos a “un tratamiento educativo obligatorio, un sistema de oficio para que aprendan un oficio y un deporte” y recordó que existen lugares “que no salen tanta plata”, como los que hay en Ezeiza o Marcos Paz, donde los jóvenes están aislados de los mayores y en los que “pueden desarrollarse”.

“La idea es que separen a los menores según su connotación social, su violencia y los delitos que cometieron. Necesariamente, hay que reeducar, resocializar. No es el castigo por el castigo, es tratar de darle otra oportunidad”, concluyó.

Días atrás, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a la reforma del régimen Penal Juvenil, que incluye una baja de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Seguridad sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, planteó en términos dicotómicos.

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió.

Para Bullrich, “el menor que delinque, las paga”, mientras que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada”, “sin consecuencias” y con “vía libre para delinquir”.

Al respecto, la senadora libertaria dijo: “basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”.

“Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, remató.

Con información de agencias.

IG

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal, al mencionar el caso del crimen de Jeremías Monzón, el joven presuntamente asesinado a puñaladas por otros tres menores en diciembre pasado.

Martín Menem, al igual que lo hizo Patricia Bullrich el viernes, señaló que esta decisión política responde a “un mandato claro expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de 'tolerancia cero' ante el delito que sostiene el oficialismo”·.

“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, expresó al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que “el que las hace, las paga”, reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según Martín Menem, la iniciativa no admite “medias tintas” y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, concluyó el riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a la reforma del régimen Penal Juvenil, que incluye una baja de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Seguridad sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, planteó en términos dicotómicos.

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió.

Para Bullrich, “el menor que delinque, las paga”, mientras que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada”, “sin consecuencias” y con “vía libre para delinquir”.

Al respecto, la senadora libertaria dijo: “basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”.

“Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, remató.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En medio del escándalo por $LIBRA, el oficialismo consiguió este martes por la tarde el dictamen que habilita la baja de la edad de punibilidad a 14 años, una iniciativa impulsada directamente por el presidente Javier Milei. Con el respaldo del PRO, parte del radicalismo y otros aliados, La Libertad Avanza logró cerrar un dictamen consensuado en comisiones y dejar el proyecto listo para su debate en el recinto. El avance se produjo en paralelo al cimbronazo político que representa el caso $LIBRA, que salpica al mismísimo entorno presidencial.

El proyecto, que se debatió durante más de un año, cobró impulso tras el crimen de Kim Gómez, una niña de siete años asesinada por adolescentes durante un robo en La Plata. Pese a las críticas de organismos de derechos humanos y de la Iglesia Católica, el oficialismo consiguió su objetivo: que el plenario de comisiones firmara este martes el dictamen que modifica el régimen penal juvenil vigente desde los años 80.

Se trata de una de las discusiones más extensas y transversales del Congreso en lo que va del año: hay presentados unos 15 proyectos, y aunque varían en detalles, casi todos coinciden en bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 o incluso 13 años. Solo una propuesta de Unión por la Patria, impulsada por la diputada y referenta cartonera Natalia Zaracho, se opone a esa baja. Incluso el massista Ramiro Gutiérrez propone llevarla a 14 años, lo que profundiza las tensiones internas dentro del bloque peronista.

La articuladora clave del dictamen fue Laura Rodríguez Machado, diputada alineada con Patricia Bullrich, quien desde agosto pasado mantuvo negociaciones con sectores de la UCR, la Coalición Cívica y el bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal. El debate incluyó ocho reuniones informativas con decenas de especialistas, en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto, que reunió a más de 100 diputados.

Qué contiene el dictamen aprobado

El dictamen consensuado establece la baja de la edad de punibilidad a 14 años. Inicialmente, el Gobierno libertario quería que el piso fuera de 13, pero cedió para sumar apoyos. El texto justifica la reforma en la necesidad de alinear el régimen argentino con el resto de América Latina, donde la edad mínima de responsabilidad penal varía entre los 12 y los 14 años.

El nuevo régimen abarcará a adolescentes entre 14 y 18 años. Se prevé que puedan ser detenidos en institutos especializados o, de ser necesario, en sectores diferenciados de cárceles comunes, lo que despertó fuertes críticas por parte de los organismos de derechos humanos. El dictamen incluye también penas alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico y restricciones de movilidad, pero estas solo aplicarán para delitos cuya pena máxima sea menor a 10 años.

En los casos más graves, el régimen habilita penas de prisión efectiva, aunque no queda claro cómo se determinarán los montos de las condenas. Se sugiere que se consideren la edad del menor y la gravedad del delito, pero el texto no fija un criterio uniforme, una indefinición que podría abrir la puerta a dictámenes en minoría o disidencias parciales en la votación en el recinto.

Queda excluida la posibilidad de aplicar prisión perpetua y se establece un límite máximo de pena de 15 años. El oficialismo originalmente buscaba que ese tope fuera de 20, pero el radicalismo logró acotarlo en la negociación.

Críticas y fracturas políticas

Desde un principio, el CELS y otras organizaciones de derechos humanos expresaron su rechazo a la reforma. Macarena Fernández Hoffman, del equipo de Política Criminal del CELS, dijo a elDiarioAR: “La única consecuencia concreta que va a tener esta reforma es que vas a tener a más menores privados de su libertad”.

Según datos del CELS, menos del 0,2% de los delitos cometidos en el país involucran a menores, y en su mayoría se trata de hurtos o intentos de robo. Para Fernández Hoffman, el proyecto copia el modelo penal adulto, con penas altas y prisión preventiva, sin respetar la especificidad que debería regir para un régimen juvenil.

Otra crítica importante apunta a que la reforma se aplica a todo el espectro de delitos, sin distinción de gravedad, lo que también fue objetado por Unión por la Patria, que este martes presentó un dictamen alternativo unificado: propone un régimen penal juvenil alternativo y sostiene la edad de imputabilidad a los 16. El bloque llegó dividido, con el sector referenciado en Sergio Massa apoyando la baja, aunque sin firma en el plenario. En la bancada peronista hay diversas posturas respecto de este asunto, lo que tensionó al espacio y desdibujó su postura colectiva en una discusión de fuerte peso político y simbólico.

Con las firmas aseguradas, Rodríguez Machado había anticipado más temprano que la votación en el recinto podría concretarse en las próximas semanas. A juzgar por el respaldo en comisiones, el resultado parece ya bastante encaminado.

JJD

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trata el proyecto impulsado por el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un Régimen Penal Juvenil reanudará este martes el debate. Será la segunda reunión que efectuarán las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Familia, Niñez y Juventudes para tratar este controvertido proyecto que divide en forma transversal a los legisladores de todas las bancadas políticas. 

El plenario sesionará a las 12 en el Salón 2 del Anexo C y será conducido por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, junto a sus pares de Justicia Manuel Quintar (LLA), de Familia, Roxana Reyes (UCR) y de Presupuesto, José Luis Espert.   

Para este martes fueron convocados a exponer los jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo; de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de UP Eugenia Alianiello, quienes son autores de diferentes iniciativas. 

En la primera reunión celebrada el miércoles pasado lo hicieron el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Soto. 

El proyecto del Gobierno establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; estos topes se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.   

El proyecto del diputado Ritondo contempla baja la edad de imputabilidad a los 14 años y los menores que cometen delito serán en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito.   

También propone bajar la edad de imputabilidad el proyecto del dirigente del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires), quien es un hombre de estrecha confianza del líder de esa fuerza, Sergio Massa.   

Acompañado por sus pares del FR, Gutiérrez propone: “Las personas de 14 años de edad o más, que no hayan cumplido 18 años, serán punibles por los delitos tipificados en el Código Penal y las leyes penales especiales, en las formas y condiciones establecidos en la presente ley”.  En cambio, diputada de UP, Eugenia Alianiello, propone mantener la edad de imputabilidad en 16 años y busca reforma el Régimen Penal Juvenil para apuntalar el sistema de protección integral y del servicio de protección de derechos de los menores. 

Por su parte, la diputada de Producción y Trabajo, la sanjuanina Nancy Picon Martínez, que propone que “no es punible la persona que no haya cumplido 13 años de edad, tampoco lo es, la que no haya cumplido los 15 años respecto de delito de acción privada o reprimido con pena privativa de la libertad que no exceda los dos años o solamente con multa o inhabilitación”.

MM con información de la agencia NA.

El autor del crimen del playero Bruno Bussanich, un adolescente de 15 años, había sido detenido en Rosario. La ministra Patricia Bullrich proclamó en la red X la necesidad de “hacer justicia” y anunció que estaba lista “la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”. Desde entonces, el episodio retorna como un argumento para respaldar el proyecto de ley que bajaría la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años y que comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados esta semana.

DMG, como se conoce al menor, fue detenido el 29 de marzo y señalado, además, como responsable de los crímenes de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano, que habría ordenado un preso en la cárcel provincial de Piñero. Según la investigación que dirige el fiscal Patricio Saldutti, el asesinato de Bussanich fue encargado por otro preso de la cárcel federal de Ezeiza, no identificado, y el menor utilizó los $400.000 del pago para cancelar una deuda por una moto abandonada ante un control policial.

“Hay un debate no saldado porque el régimen penal juvenil vigente es el de la dictadura. Pero la gente cree que un menor que mata se queda en la casa y es falso. Cuando son delitos graves como un homicidio, los menores no vuelven a sus hogares”, dice Sabina Frederic. La ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández destaca que “Bullrich ha hecho foco en la situación de Rosario para endurecer su discurso, una narrativa que tiene mucho que ver con una forma de gobierno y no necesariamente se traduce en un fortalecimiento del Estado para ir contra las organizaciones criminales”.

“Nos guste o no, el sistema de protección fracasó”, afirma Esteban Rodríguez Alzueta. Para el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y director de la revista Cuestiones criminales, “el debate no es una mera expresión de demagogia punitiva”, porque “hay un reclamo legítimo de los ciudadanos, especialmente de los vecinos de los barrios plebeyos, los territorios donde se dan la mayoría de los delitos callejeros y de las violencias”.

“No podemos quedarnos en la baja per se”, dice Frederic. Bajar la edad de imputabilidad sería “empezar por el final”, según Rodríguez Alzueta, cuando “tenemos que pensar formas alternativas para reprochar determinadas conductas a los jóvenes, porque gran parte de los vecinos sienten que les toman el pelo, ven que los conflictos escalan y la bola de nieve es cada vez más grande”. 

Las estadísticas sobre la situación en Santa Fe no respaldan el supuesto caso testigo para bajar la edad de punibilidad. El Observatorio de Seguridad Pública no discrimina homicidios dolosos cometidos por menores. Sí, en cambio, discrimina la edad de las víctimas y registra 44 homicidios de jóvenes de entre 15 y 19 años en Rosario durante 2023, más del 13% del total. El objetivo de la baja de imputabilidad sería “terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria y darle respuesta a la gente”, según el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero esas consideraciones tampoco se ajustan al contexto: en los crímenes del mes de marzo, las dificultades para los investigadores no fueron detener a los menores involucrados sino avanzar más allá, identificar a los instigadores y reconstruir una cadena de la cual los jóvenes son el último eslabón.

Entre la violencia narco y la explotación laboral

Sabina Frederic enfatiza en la necesidad de crear dispositivos de prevención de la violencia y del delito para menores de 16 años. “No hacen falta más policías y encarcelamiento sino más políticas sociales, de acompañamiento de la primera infancia, más trabajo con padres y con familias sustitutas. Hay un problema para atajar antes y el régimen penal juvenil, que debería tener otro nombre, debería contemplarlo, no solo meter presos a los menores”, dice la investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y del Conicet.

Braiton Nicolás Villa fue uno de esos jóvenes desamparados ante la violencia en Rosario. Tenía 15 años cuando murió el 21 de junio, después de ser baleado mientras se trasladaba en un remís hacia un destino desconocido. A los 13 años había sido detenido por una balacera; un año después, herido gravemente por un grupo de jóvenes en una casa del barrio San Francisquito, y el 14 de noviembre de 2023 hizo de campana en el intento de rescate de un preso en el Hospital Provincial que terminó con el asesinato del policía Leoncio Bermúdez.

La participación de menores en episodios de violencia aparece en relación con las transformaciones del narcomenudeo y con estrategias de bandas criminales que apuntan a una mano de obra barata y sustituible. En De ladrones a narcos: violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento, la antropóloga Eugenia Cozzi describe una pirámide que en orden de jerarquía comprende a narcos, transeros, sicarios, soldaditos y bunqueros (los que atienden los quioscos de droga). Como contraste, los jóvenes caracterizan sus experiencias de trabajo legal “como humillantes y de explotación, más que como fuente de prestigio y placer”. Una frase define la visión juvenil de las condiciones de trabajo sea formal o informal, según la investigadora: “Te tienen de esclavo”.

“Hay una devaluación del trabajo porque las condiciones que ofrece el mercado para los jóvenes de sectores populares son tremendas. El universo laboral como proyección de futuro es algo lejano ya para varias generaciones, pero de todas maneras el trabajo sigue siendo un aspecto de la vida que genera sentimientos de utilidad social y de reconocimiento”, afirma Evangelina Benassi, quien realizó una investigación con jóvenes del barrio Las Flores para su tesis Plantate y boxeá: jóvenes de sectores populares, circuitos y trabajo.

Benassi sostiene que la perspectiva sobre el problema está distorsionada por prejuicios. “Existe el imaginario de que en los barrios populares no hay más que desolación y narcotráfico. Y no es así. También están las instituciones que funcionan como pueden, las redes solidarias y comunitarias. Las identidades no se definen además de manera absoluta”, dice la investigadora y docente de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario. El mercado de las drogas “resulta tentador y está disponible, pero los y las pibas conocen los riesgos que corren y tienen sus propias valoraciones y una mirada crítica respecto de participar en esos circuitos”.

Según Rodríguez Alzueta, “el mundo transa no solo provee el dinero para acceder a la cultura del consumo, para tener un acceso más fácil a las drogas, sino que ejerce un atractivo moral: el barrio mutó en las últimas décadas y el lugar que hace treinta o cuarenta años tenía el ”chorro“ hoy lo tienen el transa y el narco”. En ese devenir, “puede ser que a los transas les salga más barato recurrir a adolescentes pero también corren otros riesgos, porque los pibes tienen la mecha corta y no existe la lealtad como existía en la cultura criminal adulta y profesional”.

En su trabajo de campo, Benassi observó las interrelaciones entre vida cotidiana y violencia: “El propio barrio hacía una lectura del conflicto y de cómo iba a encauzarse, pero después de la pandemia fue más difícil entender las situaciones. Igualmente la violencia organizaba la vida barrial y comunitaria. A veces los pibes dejaban de ir a la escuela aunque estuviera a cinco cuadras porque en el camino tenían una bronca, como ellos dicen”.

Categorías impropias

“Antes de discutir la baja hay otras cosas que merecen ser debatidas”, dice Rodríguez Alzueta. Para empezar, “un régimen con leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas y políticas de persecución penal para jóvenes de 14 y 15 años como ya sucede en las provincias de Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Salta, Santa Cruz, La Pampa, algunos juzgados de Córdoba: incorporar a estos adolescentes al proceso de responsabilidad penal, pero sin punibilidad penal, salvo para infracciones graves”.

Contra el sentido común sobre la puerta giratoria, el Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero analiza en su boletín del mes de marzo un aumento del 70% en la tasa de encarcelamiento entre 2013 y 2022, por el cual se pasó de 62.000 a 105.000 personas privadas de la libertad en el país. “Tenemos que buscar formas de reproche que no sean a través del encierro, porque la cárcel lumpeniza, le sube el precio al delito y puede contribuir a la incorporación de los jóvenes a redes criminales. Y está visto que la cárcel no es la respuesta al delito”, afirma Rodríguez Alzueta.

“¿Cómo hacemos para que un pibe no escale en su trayectoria delictiva? –se pregunta Sabina Frederic- Se necesitan mecanismos de contención social, de oportunidades y eso nunca va a ocurrir dentro de una cárcel. No se piensa cómo cuidar a los niños y a las niñas sino en tirar respuestas muy resonantes y que parecen tranquilizadoras para la opinión pública”.

Sabina Frederic subraya que mientras faltan políticas para desbaratar mercados ilegales, por ejemplo el del robo de celulares, los diagnósticos recurren a categorías impropias para las organizaciones del crimen en Argentina. “No existe nada que se le parezca a un cartel, a la mafia –puntualiza–. Hablamos de gente que en su mayoría vive en la precariedad, tanto las víctimas como los victimarios. Hay mucha literatura para confirmar que los niveles de organización del crimen en la Argentina no tienen nada que ver con la mafia, no son cerrados, no son autónomos del Estado y tienen una rentabilidad que en la inmensa mayoría de los casos es baja”.

Entre esas categorías está la del narcoterrorismo, que el gobierno nacional impulsó a partir de los crímenes de trabajadores en Rosario: “No hay narcoterrorismo sino un Estado que ha hecho la vista gorda durante muchas décadas. El sicariato, la venta de drogas, se hacen en la mayoría de los casos con poca sofisticación y a la vista de todo el mundo. En la provincia de Santa Fe, en particular, está claro que el problema es la policía”, resalta Frederic.

Una política escindida

Marcos Maldonado apareció asesinado de un tiro en la cabeza en el barrio Tablada, uno de los más violentos de Rosario, el 20 de enero de 2024. Tenía 17 años, le decían Chaparrito y había sido criado por una tía que atendía un quiosco de drogas y lo llevaba a robar por el vecindario. “Con Chaparrito fracasamos todos: la escuela que no lo supo contener dentro de sus aulas, la justicia que no lo ayudó en su recuperación y las iglesias que no le supimos mostrar que la felicidad no está en el consumo de droga”, dijo entonces el obispo Claudio Castricone.

La historia de Milton Luis Carballo, asesinado a los 15 años el 11 de septiembre de 2023, expone otro cuadro de desamparo. El Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 de Rosario había impartido una orden de localización e internación provisoria que la policía no cumplió, y los autores del crimen no fueron identificados. Milton atravesaba una crisis depresiva después de los asesinatos de sus amigos Eric Luis Galli y Valentín Solís, de 15 y 14 años, el 24 de noviembre de 2022. Ninguno de los tres menores estaba vinculado al narcomenudeo y los asesinatos a pasos de la escuela a la que concurrían, en barrio Triángulo.

Evangelina Benassi advierte sobre las simplificaciones en torno al problema de la violencia en Rosario. “El narcotráfico explica todo y a la vez no explica nada. Lo que pasa en Rosario explota ahora, pero para comprender la situación hay que ver un proceso que lleva más de diez años. A veces los pibes son narcos, son trabajadores y son estudiantes y a veces no son de nada eso. No hay que esencializar recorridos sino pensarlos con mayor complejidad. La linealidad de la lectura genera incapacidad reflexiva y lleva a pensar en un problema entre buenos y malos”, dice.

“Tenemos que reformular el sistema de protección y completarlo con un sistema de responsabilidad. Tenemos que salir de la cultura de la excusa. El campo de las niñeces está tomado por la cultura de la excusa, con miradas que expulsan las causas y que arrojan mantos de piedad sobre los jóvenes. Hay mucha chatarra ideológica en este campo”, enfatiza Rodríguez Alzueta. Según el criminólogo y también autor de Desarmar al pibe chorro. Rodeos en torno a las transgresiones juveniles urbanas, entre otros libros, “parte del voto a Milei es el resultado de las excusas y los eufemismos que fuimos construyendo en todos estos años, y si no hacemos nada dejamos otra vez el problema en manos de la policía”.

“No se puede pensar la política de seguridad escindida de otras políticas –argumenta por su parte Sabina Frederic-. Lo que pasa desde hace décadas es que todo aquello que otras áreas del Estado no pueden resolver cae en las políticas de seguridad: el problema habitacional, las ocupaciones de tierras, los desalojos. No se puede pensar la reorientación de la punibilidad si no hay políticas de Estado que atiendan la vulnerabilidad que muchas veces el propio Estado produce a través de sus políticas fallidas”. Mientras tanto, según los términos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el proyecto para bajar la edad de imputabilidad recurre a estereotipos básicos del punitivismo argentino: la invocación del “garantismo” como antagonista (se trataría de remediar “las consecuencias de años de zaffaronismo”) y la justificación del endurecimiento de las penas “para darle respuesta a la gente”.

OA/DM/DTC

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró en la Cámara de Diputados que “resulta indispensable” reformar la ley del Regímen Penal Juvenil que fue sancionada en la dictadura militar en 1980 ya que la norma actual establece que la edad de imputabilidad vigente “permite que los delitos cometidos por menores de 16 años queden impunes”,

El funcionario expresó estos conceptos al exponer ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez, y Juventud, que abrió hoy el debate sobre el proyecto promovido por el Gobierno Nacional para bajar la imputabilidad de 16 a 13 y establecer un nuevo mecanismo de resocialización de los jóvenes que hayan cometido un delito.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, señaló que “es una demanda de la sociedad y nosotros debemos como Poder Ejecutivo y así como ustedes como representantes del Congreso atender ese reclamo”. 

“La situación de los menores en conflicto con la ley penal y su abordaje necesita una solución integra”, agregó y destacó que en la actualidad la edad de imputabilidad es de 16 años con lo cual “los delitos de los menores de 16 años quedan impune”.

 El proyecto del Gobierno establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.  

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodríguez Machado, informó que en este debate participarán 142 legisladores de cuatro comisiones y que en la próxima reunión que se efectuará el martes 6 de Agosto expondrán los autores de proyectos que han presentado diputados de diferente extracción política y el 14 de agosto comenzará una ronda de consultas con especialistas.

 A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.

DM con información de agencia NA

La Cámara de Diputados iniciará el miércoles que viene el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

Será en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda el 31 de julio a las 12.30 hs en el anexo C.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.

El abanico de sanciones abarca “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.

En este último caso, la pena privativa de la libertad podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.

“La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, se especifica.

No estará admitida “la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. 

En otro párrafo se agrega que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.

Sobre la reclusión, se indica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.

Más allá de la carga punitiva, en uno de los artículos de la iniciativa se sostiene que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. 

Entre las medidas complementarias figuran “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.

En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual “genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.

Y se puntualizó que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.

Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.

Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

DM con información de agencia NA

El presidente Javier Milei elogió este jueves al exmandatario nacional Mauricio Macri, luego de versiones de un malestar del líder del PRO con el Gobierno. Lo hizo durante una entrevista al canal de noticias LN+ donde además defendió la baja de edad de imputabilidad, ratificó la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, volvió a atacar el periodismo y adelantó que la cifra de la inflación de junio que se conocerá este viernes será inferior al 5%.

“Macri es muy importante, le dije en el acto (por el Pacto de Mayo en Tucumán) 'muchas gracias Presi por venir'. Yo sabía que estaba en Europa y que hizo el esfuerzo de venir”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la baja de edad de imputabilidad y defendió la postura de sus ministerios de Seguridad y Justicia. “Con la doctora Bullrich creíamos que había que bajar la edad de imputabilidad a 12 años”, lanzó.

En cuanto a las críticas de algunos sectores de la Iglesia y su vínculo con el Papa, explicó: “Hay que entender desde qué zapatos habla la Iglesia”, respondió, y contó que tuvo “varias charlas” con el Papa con quien hace “chistes”.

Consultado sobre sus críticas al periodismo y la advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Milei no sólo no se retractó, sino que insistió: “Los periodistas que se ponen tan sensibles, ¿están a favor de la mentira? Yo no tengo problemas con la crítica, tengo problemas con la mentira. Cuando se ponen tan corporativos, quiero saber si están a favor del sobre, de la calumnia, de la mentira”.

El Presidente, además, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Dijo que es “un ignorante motivado” y agregó: “Le ha costado a la Argentina cerca de 50 millones de dólares” en alusión al fallo por la estatización de YPF.

Denuncia al Banco Macro y dardos a Massa

En otro pasaje de la entrevista en Casa Rosada, Milei denunció que el Banco Macro generó un “intento para desestabilizar” a su gobierno “porque juega políticamente para otro lado”, en referencia al kirchnerismo.

“Esa expansión que nos generó este banco que intentó desestabilizar al gobierno porque juega políticamente para otro lado”, sostuvo el mandatario sobre los movimientos que hubo en el marcado y que derivaron en una suba del dólar blue y del riesgo país.

Al respecto, Milei afirmó que pudieron absorber esa expansión gracias al “superávit fiscal” que generó su gestión y vinculó a la entidad financiera señalada con Sergio Massa: “Creció con el Anses, ¿quién le daba ese negocio?”, sostuvo en referencia a que el líder del Frente Renovador estaba al frente de ese organismo.

Macri, el “importante”, y Kicillof, “el entusiasta”

“Macri es muy importante, le dije (en el acto por el Pacto de Mayo en Tucumán) `muchas gracias Presi por venir`. Yo sabía que estaba en Europa y que hizo el esfuerzo de venir”, sostuvo al buscar bajar las tensiones que existen con el expresidente.

De Kicillof, uno de los gobernadores más críticos de su gestión y que no firmó el Pacto de Mayo, sostuvo que “debería llamarse a silencio de por vida” luego de su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner.

“Es un entusiasta con ideas equivocadas, con lo cual su grado de daño es enorme”, dijo del gobernador kirchnerista, a quien también lo acusó de “poner plata en varios medios que se dedican a tirar piedras todo el tiempo”.

Informes al Papa

Por otro lado, Milei comentó que tiene charlas con el Papa Francisco y dijo que su gobierno le envía “informes” sobre la situación de la pobreza y la ayuda social “para que él esté al tanto y no le llegue información distorsionada”.

“Tenemos charlas con él fantásticas, tiene un sentido del humor muy interesante, siempre cuenta algún chiste. Hablamos de temas muy profundos, complejos, y tiene la grandeza de meter algún chiste que relaje”, reveló sobre sus contactos con el Sumo Pontífice.

Sus viajes: “Es mi trabajo salir a mostrar a la Argentina”

Por otro lado, volvió a defender sus viajes al extranjero: “es mi trabajo salir a mostrar a la Argentina en el mundo, hoy se habla de la Argentina como nunca se habló antes”, argumentó.

Milei enfatizó que bajo su gestión “el país está mejorando de manera sustancial” y que “los niveles de aceptación del gobierno están en sus máximos”.

Más reformas

Tras la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal, anticipó: “No voy a dejar de enviar reformas e instrumentos que mejoren la calidad de vida de los argentinos y si no pasan (en el Congreso) ahora, comenzarán a pasar el 11 de diciembre del 2025 (tras el recambio por las elecciones legislativas de ese año), también tengo la esperanza de que pasen los pliegos” de los jueces que propuso para la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Inseguridad y baja de imputabilidad

Consultado sobre el resonante homicidio que se conoció en las últimas horas de un niño en Wilde que quedó en medio de un tiroteo en el que intervinieron delincuentes menores de edad, el Presidente se refirió a la baja de la imputabilidad que impulsa su gestión.

“Lo mejor era bajarlo a 12 años, pero como parte de una discusión se puso en 13. En Inglaterra es 9 años. Delito de adulto, pena de adulto”, afirmó.

Fan de Messi

Por último, volvió a elogiar a Lionel Messi en la previa de la final de la Copa América que disputará la Selección argentina contra la de Colombia.

“Hay videos míos cuando (a Messi) lo mataban y yo decía que era el mejor de todos los tiempos, así que no soy un fan nuevo de Messi. Por escándalo es el mejor de todos los tiempos, su promedio de gol es más que el de Pelé”, dijo.

MM con información de la agencia NA.

Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, presentaron el proyecto del oficialismo para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad a los 13 años.

El texto ya fue enviado al Congreso y los funcionarios indicaron que que por mandato del presidente Javier Milei.

En conferencia de prensa, Bullrich expresó: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”.

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, sostuvo la ministra.

“La edad de imputabilidad es un tema que gobierno tras gobierno, años tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas”, subrayó el Ministerio de Seguridad.

En un comunicado, la cartera señaló que “las consecuencias de años de zaffaronismo, sumado al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”.

“Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”, resaltó el oficialismo.

Y agregó: “El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma”.

MM con información de la agencia NA.

Las coincidencias de fondo entre ambos son más importantes que las diferencias en las formas pero todavía no alcanzan para una reunión personal. El presidente Javier Milei estará hoy en Rosario por los festejos del Día de la Bandera y abandonará la ciudad después de pronunciar un discurso, sin encontrarse a solas con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Desde el debate entre los candidatos a la presidencia, cuando afirmó erróneamente que en Santa Fe no había policías presos ni muertos por la lucha contra el narcotráfico, Milei se ha referido a la provincia y en particular a Rosario a propósito de los problemas de seguridad. Se trata de la bandera de gestión del gobernador santafesino.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente (5 cada 100 mil habitantes), y en una alusión transparente puntualizó que “una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”. El 29 de marzo, después de la captura de un menor de 15 años por el crimen del playero Bruno Bussanich, el Presidente lanzó una consigna que ahora es el leitmotiv para la baja de la edad de punibilidad: “Delito de adulto, pena de adulto”.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente

Con esos antecedentes es probable que la seguridad sea un tema del discurso presidencial de hoy. Después de una celebración prematura del éxito del Plan Bandera, en febrero, y de la crisis desatada por los crímenes de cuatro trabajadores, en marzo, Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich coincidieron la semana pasada en destacar los avances del dispositivo de seguridad en la provincia, refrendados por la baja en los homicidios dolosos.

La coincidencia en la mano dura contra las bandas criminales y los presos de alto perfil en cárceles provinciales y federales no excluye diferencias entre el Gobierno nacional y el provincial. El gobernador de Santa Fe exhibe un perfil propio como dirigente del radicalismo y también en la gestión de gobierno, como mostró en su encuentro con el gobernador Axel Kicillof y con la defensa que hizo en X de su ex correligionario y siempre amigo Leandro Santoro, cuando Milei lo descalificó en las redes sociales.

Pullaro no dejó de reconocer el aporte de logística y de recursos humanos que hizo la provincia de Buenos Aires a Santa Fe durante la crisis de marzo. Como extensión de ese acercamiento, el 17 de mayo firmó con Kicillof un convenio para trabajar en conjunto “en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y análisis de actividades criminales, con el objetivo de facilitar la investigación de las actividades ilícitas”. Ambas provincias se comprometieron “a cooperar en materia de investigación del delito complejo y el crimen organizado, mediante el intercambio de datos e información”.

El gobernador de Santa Fe parece disputar con el Gobierno nacional el protagonismo en la aplicación de la mano dura. La consigna de “poner orden”, que esgrime en sus discursos, no se restringe a los problemas de seguridad y aplica tanto para bandas criminales como para reclamos salariales de los gremios estatales, en particular los docentes de Amsafé, y justificar entre otras medidas el descuento de los días de paro y la reinstalación del presentismo de los tiempos de Carlos Reutemann como gobernador.

“Quienes vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos, a ellos les queremos decir: llévenselos a sus casas”, dijo Pullaro el 16 de mayo, en un acto en la ciudad de Santa Fe donde presentó nuevos patrulleros de la Policía. En el mismo acto fustigó “algunas cosas intelectuales que alejan a la realidad de lo que está pasando” y dijo que “algunos nos critican en este momento, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y con las garantías”. Se refirió así a una denuncia por apaleamientos y torturas a presos en la cárcel de Piñero, después de una balacera contra un colectivo que transportaba agentes penitenciarios.

Una lejana reivindicación a Alfonsín

Los presos denunciaron la aplicación de picana y submarino seco, y peritos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia constataron lesiones. Pullaro suele reivindicar su formación como politólogo especializado en ciencias sociales y celebra periódicamente en X el legado de Raúl Alfonsín, en particular la creación de la Conadep. En su discurso actual dramatiza sin embargo un viejo tópico de la mano dura, el incremento del punitivismo entendido como aquello que la sociedad quiere: “cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, de un delito contra la vida, cambia la forma de ser y la forma de pensar”, proclamó ante la formación de policías en la capital provincial.

El cambio asumido por Pullaro se expresa en su política de seguridad. Una semana después de aquel discurso, al exponer ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior del Congreso, respaldó la Ley Anti Mafias aunque aclaró que encontraba “un exceso de garantismo” en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que contempla un incremento exponencial de la población carcelaria. Si el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que el Gobierno nacional estudia bajar la edad de punibilidad a los 13 años, el gobernador de Santa Fe va también más allá y sostiene que no debe haber edad mínima para imputar a alguien por un delito grave.

En la exposición en el Congreso se apreció otro giro significativo en el discurso de Pullaro. El gobernador autorizó su palabra en la experiencia de la historia reciente de Santa Fe, “con índices de violencia superiores a la media nacional durante los últimos quince o dieciséis años”, es decir incluso en el período en que fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz; pero al mismo tiempo se presentó como exponente de otra situación en la cual “con algunas reformas importantes que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”. Santa Fe se encontraría entonces en la transición de haber sido ejemplo de un fracaso estrepitoso a convertirse en modelo de intervención política sobre la inseguridad, según Pullaro.

El gobernador tiene estadísticas para acreditar sus argumentos. Durante los primeros cinco meses de 2024 se contabilizaron 92 víctimas de homicidios en la provincia. Se trata de la cifra más baja de la última década y contrasta en particular con el año anterior, cuando hubo 192 homicidios en el mismo período de 2023. Según el Ranking Interprovincial de Gobernadores, que elabora CB Consultora Opinión Pública, el funcionario con mejor imagen entre los habitantes de su provincia en junio es Pullaro, con un el 64,2 % de imagen positiva contra un 32,7% de percepción. 

El gobernador construye su imagen de gestión sobre las ruinas de la gestión anterior, mientras el peronismo no se recupera de su derrumbe electoral. El ex gobernador Omar Perotti, ahora diputado, consiente en silencio las afirmaciones de Pullaro sobre “el Estado bobo” y “el aval a las organizaciones narco del poder político” que él encarnó, quizá consciente de lo indefendible de su gestión. El que calla otorga, aunque aquello que Pullaro describe como reacción ante su política carcelaria –los crímenes y las balaceras contra escuelas– remite por lo menos a 2021.

La reducción de los homicidios dolosos y de los delitos contra la propiedad deja en segundo plano, por otra parte, problemas como la baja tasa de esclarecimiento de los casos –en los crímenes de trabajadores en marzo apenas se avanzó más allá de los autores materiales–, la corrupción policial y penitenciaria –reiterada en la circulación de celulares en las cárceles– y la invisibilización del circuito financiero asociado a las bandas.

En los primeros cien días de gobierno la Legislatura santafesina aprobó quince leyes del Ejecutivo prácticamente sin debate y sin más oposición que los votos de los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía. Entre esas leyes, la de Inteligencia autoriza tareas de inteligencia sin control judicial y por otra parte las reformas al Código Procesal Penal devuelven a la policía la autonomía perdida frente a los fiscales, un viejo reclamo de la fuerza. “Hay actores de la política que, cuando tomás un café con ellos, te dicen que los proyectos son una barbaridad. Sin embargo van y votan la ley que encarna esa barbaridad por temor a la censura del público que visualizan como mayoritario”, señala un destacado especialista en temas de seguridad de Santa Fe.

Las reservas del gobernador de Santa Fe ante la Ley Anti Mafias conciernen en realidad a la definición de las zonas especiales de investigación, que habilitarían la intervención de fuerzas federales y de la Justicia Federal y en consecuencia lo despojarían de la gestión directa de la seguridad. En ese punto podría abrirse una diferencia más importante entre el gobierno nacional y el provincial: si la situación en Rosario es la justificación reiterada por la ministra Bullrich para el proyecto de ley Anti Mafias y la ciudad podría ser el primer ámbito de aplicación, para Pullaro constituiría un tiempo pasado que llega a su fin con su gestión de gobierno.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó hoy detalles respecto del proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad y afirmó que va a quedar “anclada en los 13 años”.

“Tenemos mucho dialogo con el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Ella se involucra con mucha seriedad e idoneidad en los temas. Estamos delineando las pautas finales. Creo que va a quedar anclada en los 13 años la inimputabilidad”, sostuvo Cúneo Libarona en declaraciones radiales. 

En este sentido, el titular de Justicia, aseguró: “En los últimos dos meses estuvimos trabajando en la materia y nos inclinábamos por los 14, pero se dieron muchos casos de chicos de trece años. Eso nos hizo repensar y nos inclinamos por ver que el chico no es solamente de 16, como era en la ley de 1980”. 

“Estábamos entre 13 y 14 y los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial y demás, nos llevaba a ese debate”, explicó. 

Para modificar la edad de imputabilidad, la ley debe contar con mayoría agravada en ambas cámaras del Congreso.

El tema volvió al centro del debate tras el homicidio del playero de una estación de servicio en Rosario por parte de un adolescente de 15 años.

Bullrich se había manifestado acerca de este debate al señalar que la discusión giraba en torno a si se establecía como límite “los 14 años, o si es 13 como en Uruguay o 12 como en Brasil”.

De acuerdo a lo declarado por la funcionaria nacional, junto a la cartera que conduce Cúneo Libarona se encontraban analizando “cómo impactó” esa medida en la población de los países que redujeron la edad de imputabilidad.

“Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, puntualizó en una entrevista radial. 

En la Argentina, el Régimen Penal de Minoridad, promulgado en 1980, durante la última dictadura militar, estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.

Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, pueden estar privados de su libertad en institutos especializados.

CRM con información de la agencia NA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó este miércoles que el Gobierno debate la edad tope para avanzar en la baja de imputabilidad, y que la discusión gira en torno a si se establece como límite “los 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”. 

Según precisó la funcionaria nacional, los ministerios de Seguridad y de Justicia analizan “cómo ha impactado eso en la población”, respecto a los países que redujeron la imputabilidad, y reafirmaron que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad”.

“Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, puntualizó al respecto.

En línea con lo expuesto por su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Bullrich aclaró que hay convenios internacionales que establecen “un tope” en las penas, y la Argentina adhiere en su Constitución. 

Asimismo, planteó como posibilidad imitar la “teoría de las ventanas rotas” en los Estados Unidos: “Tenían un tratamiento especial cuando alguien comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”, detalló la funcionaria.

“En los delitos gravísimos como asesinatos tiene que haber imputabilidad si hay conciencia del menor. Si se baja la edad para delitos menores ayuda a que no sigan en esa carrera. Argentina tiene acuerdos firmados con carácter supranacional por los que la pena mayor para un menor es de 25 años. Tenemos a Guille Canteros con pena de 113 años más la de ayer, que le puede sumar más. Hay convenios internacionales que nos pone topes. Estamos ordenando”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó hoy que la ciudadanía siente que “el país es un desorden” y prometió que en caso de llegar a la Casa Rosada impulsará en el Congreso la baja de “la edad de imputabilidad”.

Bullrich realizó estas declaraciones durante una recorrida que compartió por la zona norte del Gran Buenos Aires junto al postulante a gobernador de la provincia por esa coalición, Néstor Grindetti, indicaron fuentes partidarias.

“Los vecinos nos transmiten que se sienten solos. Viven en un país donde todo es un caos, no saben si al salir de sus casas van a poder volver. sienten que el país es un desorden, que no les da ninguna oportunidad de progreso”, señaló Bullrich durante la recorrida.

La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri recorrió los distritos de Pilar y Escobar, y ratificó su postura de modificar el código penal y de bajar la edad de imputabilidad.

“Desde el 2018 tenemos presentado un proyecto, que luego presentó (el diputado nacional) Cristian Ritondo de nuevo, para bajar la edad de imputabilidad”, recordó.

Y, aseguró que de resultar elegida presidenta, “el 10 de diciembre yo voy a llegar al Congreso con proyectos económicos, proyectos penales, proyectos para mejorar la educación y desregular para tener una economía más simple. Entre esos proyectos está la baja de imputabilidad de los menores.”

Grindetti consideró que en el conurbano, “la escalada de la violencia y el delito no encuentra límites y que el gobierno provincial está ausente en todo sentido”.

“Necesitamos volver a trabajar de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad, se necesita decisión política y firmeza para controlar el delito”, puntualizó el postulante.

CRM con información de la agencia Télam