La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Tribunal de Casación rechazara un recurso extraordinario contra un fallo en su contra.

A través de un comunicado, la exvicepresidenta denunció que el tribunal “no respondió ni trató las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas” y cuestionó la “arbitrariedad manifiesta de la sentencia”.

Además, recusó al juez de la Corte Suprema designado en comisión, Manuel José García-Mansilla, argumentando que su nombramiento por decreto por parte del presidente Javier Milei “viola la Constitución Nacional”. La exmandataria recordó que García-Mansilla había declarado en una audiencia en el Senado que no aceptaría una designación de ese tipo.

En el mismo escrito, la dirigente del PJ vinculó la decisión de recusarlo con declaraciones recientes de Milei, quien en un reportaje aseguró que Fernández de Kirchner “va a ir presa”, lo que, según ella, implica una “indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”.

Por otra parte, señaló que su partido solicitó una sesión especial en el Senado para el próximo jueves 3 de abril con el objetivo de rechazar el pliego del magistrado.

El escrito prersentado

La recusación de García-Mansilla

“No hay ninguna posibilidad de que vaya presa”

Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que vaya presa”, en referencia a la condena a seis años de prisión recibida por la causa Vialidad.

Desde la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, Beraldi indicó que, desde que la asesora, “Cristina nunca tuvo miedo”, que sabe cuál fue su accionar como mandataria y que este proceso “existe porque ha hecho muchas reformas que no le perdonan”.

Asimismo, sostuvo que la afirmación que realizó el presidente Javier Milei, al manifestar que “va a ir presa”, indicó que es algo “grave dentro del manejo de causas judiciales” y que un Jefe de Estado tiene “prohibido” hacer. 

Con información de agencias.

IG

El Gobierno le dio de baja a la asignación de privilegios que la exvicepresidenta Cristina Kirchner venía percibiendo por orden del presidente Javier Milei. 

Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, a la vez que indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de $21.827.000 mil pesos”.

De acuerdo al portavoz, “el beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, argumentó Adorni la decisión de la administración libertaria, en relación a la confirmación este miércoles de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación por la causa Vialidad.

Y agregó: “La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.

Más tarde, confirmó en redes sociales que la asignación de privilegio “que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja”.

Además, el vocero consideró que la medida adoptada por el ministerio de Capital Humano y comunicada por ANSES “es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, concluyó.

Según aclaró, la titular actual del PJ va a poder percibir “una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios”, y vaticinó que “es una posibilidad” que la exfuncionaria recurra a la Justicia para frenar la decisión del mandatario.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello argumentó que “la baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia”, y la calificó como “una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. 

Para el Presidente, la condena contra la ex vice “torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial”. 

“Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada”, plantearon.

En el Poder Ejecutivo exponen que el artículo 29 de la Ley 24.018 debe alcanzar también a “las causas de responsabilidad” que dan lugar a la remoción en el cargo, y no sólo al “mal desempeño”.

La decisión resulta llamativa dado que, en mayo, el libertario fue consultado por el tema en una entrevista con el periodista Jonatan Viale para TN, en la que calificó a la jubilación y a la pensión de privilegio como “un derecho adquirido”. 

“Si considero que no voy a tener jubilación de privilegio, no lo puedo hacer hacia atrás, es un derecho adquirido”, definió en aquel entonces, y agregó: “Estoy tan indignado que le pegó un tiro a mi propio bolsillo, pero no puedo hacer nada y tengo que corregirlo hacia adelante. Esto al primero que afecta es a mí mismo”.

Algunos meses después, su vocero fue el encargado de anunciar la medida: “Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ningún corrupto que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, aseveró.  

Tras el anuncio, el mandatario recién aterrizado en Florida, donde participará de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebró: “El que las hace las paga. Privilegio de Cristina, ¡¡Afuera!!”. Y aprovechó para repostear la catarata de tweets que los seguidores del libertario hicieron en la red social de Elon Musk en favor de la medida del Gobierno.

Este miércoles, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, confirmó la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Vialidad. El fallo llegó casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Ahora, la defensa de la expresidenta tiene diez días para apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá entonces resolver si la condena queda firme.

El texto del comunicado

Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER a la pena de seis (6) años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del Presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la ex Presidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión.

La baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En efecto, el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo.

No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor.

La condena confirmada por la segunda y última instancia judicial ordinaria, afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible. Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación, torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial. Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal.

Por todo ello, un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada.

Por último, es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, confirmó este miércoles la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Vialidad. El fallo llegó casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Ahora, la defensa de la expresidenta tiene diez días para apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá entonces resolver si la condena queda firme.

La expresidenta no estuvo presente en la lectura del fallo de los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Minutos antes de las 11, la expresidenta publicó un video y un post en la red social X en la que anunció que mientras el tribunal se preparaba para la lectura de la sentencia, ella se dirigía a la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a una actividad con 400 mujeres. Finalizó enviando “besitos”.

En su fallo, el tribunal rechazó “por unanimidad los recursos de casación interpuestos por las defensas” y confirmó “la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación”. Justo antes de leer la parte correspondiente a la exmandataria, el juez Hornos, quien dio a conocer el fallo, hizo una pausa y tomó agua.

La decisión de Casación fue “condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Igual pena para Lázaro Báez.

Asimismo, por mayoría, Casación descartó sumarle el delito de asociación ilícita, algo que habían pedido los fiscales Diego Luciani y Mario Villar.

Además, Casación confirmó las penas a seis años de prisión al exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Lázaro Báez.

También se confirmó la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y las absoluciones de Abel Fatala y Héctor René Garro.

En tanto, confirmó las condenas a Juan Carlos Villafañe a 5 años y Raúl Pavesi a 4 años y 6 meses de prisión, a José Santibáñez a 4 años y Raúl Daruich a 3 años de prisión, todos ex funcionarios de Vialidad.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, revisaron la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2, dictada el 6 de diciembre de 2022 y resolvieron confirmar el fallo del TOF N°2. El expediente de Vialidad tuvo a Fernández de Kirchner como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez —también condenado— en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos. 

Tras la sentencia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de las decisiones del tribunal oral. Los abogados de la exmandataria solicitaron su absolución mientras que los fiscales Diego Luciani y Mario Villar reclamaron que CFK sea también condenada por el delito de asociación ilícita, cargo del que resultó absuelta por dos votos contra uno durante el juicio oral y público. Casación rechazó este miércoles este pedido.

Lo habitual es que Casación dé a conocer estas decisiones mediante notificación judicial por sistema informático, pero, en casos de gran trascendencia pública, puede optar por fijar una audiencia, como ocurrió ahora.

En el edificio de Comodoro Py se montó un operativo especial de seguridad porque el dirigente social Juan Grabois encabezó una “clase abierta” en apoyo a la exvicepresidenta y en denuncia del “lawfare del cual Crisitna Kirchner es víctima”.

A inicios de este año, los integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la exvicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la expresidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Pero, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la expresidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada”.

Las situaciones de estos tres últimos y de otros ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz que recibieron penas en ese debate oral también se definirá en esta sentencia de Casación.

En los fundamentos del veredicto, el TOF 2 remarcó que hubo un “hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo (de Lázaro Báez) fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.

A lo largo de tres años y medio de juicio oral se comprobó “un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, agregó el Tribunal.

En las audiencias ante Casación, la defensa de la exvicepresidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del “lawfare” en su contra.

Además de definirse sobre las condenas, los camaristas resolverán si dejan en pie el decomiso de casi 85 mil millones de pesos dispuesto en el juicio oral y la absolución de tres de los acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido.

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Un poco más lejos de los cortocircuitos en torno a la presidencia del PJ, pero aún en un clima de escaso o nulo diálogo entre los líderes del Justicialismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la causa Vialidad dos días antes de que Casación anuncie si confirma la condena a seis años de cárcel para Cristina Kirchner y remarcó que la Justicia utilizó “un derecho fantasía” y montó “una ficción” donde “no hay una sola prueba” en contra de la exvicepresidenta y se la acusa de “un delito que no existió”, dando un golpe a la credibilidad del sistema Judicial.

Según Kicillof, que dejó por un momento de lado las diferencias que los últimos meses pisieron la interna peronista al rojo vivo hasta la confirmación de Cristina como presidenta del PJ, es una especie de “aleccionamiento” para quienes quieran llevar adelante ciertas políticas populares, con el propósito de ensuciar su figura y, en este caso, con el agravante de prohibir el desempeño de cargos públicos, “donde está claro que lo que hay es una proscripción”.

Junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Martín Mena, el mandatario provincial señaló este lunes en conferencia de prensa que “no hubo sobreprecio en las obras de Santa Cruz” y que “no hay ninguna sin terminar”.

“Nunca pudo haber cometido ese ilícito por la función que tenía, porque no era la encargada de tomar esas decisiones”, añadió.

“Esta realidad no existe. El Poder Judicial está actuando como un partido político. Nuestro total rechazo y repudio de lo que va a ocurrir el miércoles porque, además, es un golpe a la credibilidad de los jueces. Nuestro absoluto acompañamiento está con la víctima, que es Cristina”, dijo el mandatario provincial, al tiempo que remarcó que se trata de “una condena absolutamente ficticia, con el propósito de ensuciar y con el agravante de que se convierte en un caso de persecución política y de proscripción”.

Para el gobernador bonaerense, “es un escándalo jurídico, que según dicen algunos diarios no tenemos que esperar al miércoles para saber el fallo. como ha pasado en cada causa que se ha llevado adelante contra dirigentes populares, particularmente contra Cristina. Nos enteramos por los diarios de los detales de dictámenes que todavía no han sido escritos ni firmados, No sé si se redactan en las editoriales o estamos hablando de un entramando espantoso de los llamados sótanos de la democracia”, cuestionó.

Más tarde, Kicillof se manifestó también sobre el tema en redes soociales: “El fallo contra CFK en la causa Vialidad representa un hecho de una inmensa gravedad institucional: no hay ni una sola prueba en los expedientes, las obras se hicieron y no hubo sobreprecios, pero la condena ya está escrita. Estamos ante un nuevo capítulo de este proceso de persecución política, judicial y mediática al que llamamos lawfare y que busca disciplinar y proscribir a los dirigentes populares. Desde la Provincia manifestamos nuestro absoluto rechazo a este nuevo golpe a nuestras instituciones y expresamos nuestro total acompañamiento a Cristina”, posteó el mandatario.

En el mismo sentido habló Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, al preguntar “¿quién puede creer en una Justicia que va a hacer lo que algunos medios anuncian con lujo de detalles desde hace meses?”. Para el funcionario, se trata de “una persecución judicial acompasada con el calendario electoral”.

“Nada de lo que dijo la Justicia en esa sentencia en 2022 se probó en el juicio: no hubo sobreprecios, lo construido estaba instalado. No hubo nadie que pueda avalar la ridiculez de la acusación fiscal en la causa Vialidad; pero había que mantener el relato de supuestos hechos de corrupción. Esto es una estrategia de disciplinamiento contra la política. Es una mezcla inescrupulosa de medios de comunicación concentrados, políticos y un sector muy chiquito pero muy poderoso de la Argentina”, remarcó Mena. Y concluyó: “Presa, muerta, proscripta, intentaron de todo contra una de las principales líderes de nuestra democracia. Desde la Provincia de Buenos Aires queremos advertir la gravedad de lo que está sucediendo”.

Casación se expide el miércoles

La Cámara Federal de Casación penal dará a conocer el próximo 13 de noviembre su decisión en la causa de Vialidad en la que está condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por delitos con la obra pública en Santa Cruz.

La sala IV del máximo tribunal penal del país comunicará ese día si confirma, revoca o modifica la sentencia a seis años de prisión contra la exmandataria, al igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados, informaron fuentes judiciales.

Se trata de una audiencia de “lectura de sentencia” a la que asistirán los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky para dar a conocer la decisión.

La fecha se fijó tras haber rechazado los últimos recursos que presentó la semana pasada la defensa de la expresidenta, en los que sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy aludieron a “indebidas intromisiones por parte de sectores políticos y mediáticos” para “influir y direccionar” la causa Vialidad.

En uno de esos planteos habían cuestionado los dichos del presidente Javier Milei vinculados a la causa durante un acto en Parque Lezama, donde aludió a la supuesta responsabilidad de los jueces, y también la publicación de notas periodísticas donde se adelantaba que habría una decisión de Casación vinculada a confirmar esa condena por administración fraudulenta emitida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) al término de un juicio oral.

“El presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó un acto de relanzamiento de su partido político en el cual, ante la proclama de su público, exhortó a los magistrados que integran esta Cámara Federal de Casación Penal para avanzar en esta causa y ratificar la injusta condena impuesta a nuestra asistida”, sostuvo Beraldi en ese escrito, ahora rechazado por Casación.

Se trata de la causa en la que se analizó el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, también condenado en ese debate oral.

El veredicto del TOF 2 fue apelado por todas las defensas, que reclaman absoluciones, y por la fiscalía, desde donde se exigió agravar la condena y considerar el delito de “asociación ilícita”, en base a lo cual se habían reclamado 12 años de cárcel para la ex presidenta.

Con información de agencias.

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La Vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este martes con un posteo en su cuenta de Twitter en el que apunta contra los recientes sorteos de jueces para revisar, por un lado, la causa Vialidad en la que fue condenada; por el otro, el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“Anoche, en el portal de La Nación, leí este título: 'Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan', contó la expresidenta.

Y analizó: “¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019… la condena ya la tienen escrita. Eso sí, les faltó agregar: 'Y muy buenas noticias para Macri'”, cuestionó.

Al preguntar “¿por qué buenas para el jefe del PRO?”, Cristina Kirchner explicó: “Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos”. Y concluyó: “Es joda. Más explícito no se consigue”.

Barroetaveña revisará las condenas en la causa Vialidad

El juez Diego Barroetaveña salió sorteado días atrás para formar parte de la sala de la Cámara Federal de Casación que revisará la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados en la causa “Vialidad”, en la que fueron juzgados por presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El acto se realizó el pasado 9 de junio luego de que, la semana anterior, los integrantes de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaran apartarse del caso y ordenaran realizar el sorteo para designar al tercer integrante que revisará el veredicto del Tribunal Oral Federal 2.

Barroetaveña resultó designado en un sorteo “informático” que se cumplió con acceso a las partes, en la oficina de sorteos de Casación Penal.

De esta manera, este magistrado, junto a Hornos y Borinsky, serán quienes tramiten las apelaciones que se presentaron tanto por parte de los imputados como de la fiscalía contra el veredicto.

Hornos y Borinsky rechazaron la semana pasada un planteo de la defensa de la Vicepresidenta para que se aparten del caso.

Barroetaveña reemplazará al tercer miembro de la sala IV, Javier Carbajo, quien se excusó de intervenir.

La Vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión por supuesta defraudación y absuelta por el delito de asociación ilícita, en un fallo apelado por su defensa.

En la apelación se consideró que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades” y que existe “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, en un recurso que mantuvo el fiscal ante esa instancia Raúl Pleé.

Este último fue recusado por la defensa de la Vicepresidenta, un tema que aún no fue resuelto.

El 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por supuesta “administración fraudulenta” con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

El veredicto “no cuenta con pruebas directas”, advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovo

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

En el juicio se debatió si el también condenado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Los jueces condenaron a seis años de prisión a la Vicepresidenta, a Báez y al ex secretario de Obra Pública José López.

Además fueron condenados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, entre ellos el ex titular del organismo Nelson Periotti, quien recibió 4 años y medio de cárcel.

Borinsky revisará el supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, fue designado por sorteo para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El sorteo se realizó luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente a Alejandro Slokar.

El apartamiento del juez Slokar se dio por la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D'Alessio, donde el magistrado dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió cuando se consideró imputada.

El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia, realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D'Alessio.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

Al conocerse la designación de Borinsky, la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde señaló: “Vamos a impulsar la recusación de Borinsky, la cual estimamos tendrá acogida favorable, justamente en base al criterio de la Cámara Federal, para apartar al Juez Slokar hace pocas horas. Los antecedentes judiciales y visitas a Olivos de público y notorio, son muestras del temor de mis representadas respecto a la falta de imparcialidad del magistrado”.

Recusan a Borinsky

Una querella en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y pidió su apartamiento. La abogada Valeria Carreras pidió que el magistrado no intervenga en la revisión del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia de mis representadas, el ex presidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, argumentó Carreras para justificar su solicitud. Además, aseguró que hacer lugar al pedido le garantizaría a las familias de las víctimas, además de imparcialidad, un trato igual frente a la ley y la posibilidad de “llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.

Con información de agencias.

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Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra el rechazo “in limine” de las recusaciones planteadas contra dos miembros de ese tribunal, quienes deben revisar su condena a seis años de prisión, en el marco de la causa “Vialidad”.

Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, apuntados por dichos recursos, resolvieron “declarar inadmisible el recurso de casación 'horizontal' interpuesto por la defensa particular” de la vicepresidenta, con el que se reclamaba que las recusaciones rechazadas sean revisadas por otros jueces.

De quedar firme la resolución, los magistrados miembros de la Sala IV de Casación, integrarán el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. Al mismo tiempo, deberá sortearse un tercer juez antes de la convocatoria a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron aquel fallo.

Fuentes cercanas a la exmandataria señalaron que podrían presentar un recurso de queja con la intención de que sean otros jueces del máximo tribunal penal los que revisen si deben o no proceder las recusaciones planteadas contra Hornos y Borinsky.

La defensa de Kirchner, condenada en este juicio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, había recusado a los jueces porque ya intervinieron en la causa, así como por supuesta falta de independencia y parcialidad, ya que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el entonces presidente Mauricio Macri.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer en marzo pasado los fundamentos de las condenas impuestas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros funcionarios, por el delito de fraude a la administración pública.

Las defensas apelaron las condenas, mientras que el fiscal Diego Luciani la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio. Ahora, deberá intervenir la Casación cuando el tribunal quede confirmado.

Asimismo, los camaristas de la Sala IV de Casación confirmaron que los jueces del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini serán quienes lleven a cabo el juicio del segundo tramo de la causa Vialidad, donde deben juzgarse los escalafones menores de la maniobra investigada.

LC con información de agencia Télam

Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazaron este miércoles la recusación presentada por defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no intervengan en la revisión de su condena por la causa conocida como “Vialidad”. En el mismo fallo, aceptaron la excusación de su colega Javier Carbajo, quien planteó que debía apartarse porque ya había adelantado opinión sobre el caso.

De quedar firme la resolución, Hornos y Borinsky integrarían el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. Al mismo tiempo, debería ser sorteado un tercer juez antes de la convocatoria a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron el fallo.

En marzo pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer los fundamentos de las condenas impuestas a Kirchner, Báez, José López, exsecretario de Obras Públicas, y otros funcionarios por el delito de fraude a la administración pública. El mismo fue apelado por defensas y también recurrido por el fiscal Diego Luciani, quien se opuso a la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.

La defensa de la Vicepresidenta, condenada en este juicio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, había recusado a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa, así como por la supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente de la Presidencia.

“Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, habían señalado en aquella presentación los abogados defensore Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en relación a Hornos y Borinsky, quienes integran la sala cuarta del máximo tribunal penal.

Los jueces de la casación desestimaron “in límine” las recusaciones, al recordar que intervienen como jueces naturales de la causa en virtud del sorteo efectuado y opinaron que los planteos que buscaban apartarlos están “basados en expresiones imprecisas y conjeturales”, según surge del fallo.

Por otro lado, ante las alegaciones de prejuzgamiento referidas por la defensa según diversos fallos dictados por la Sala IV en las etapas previas al proceso, los jueces dijeron que es la primera vez que están llamados a resolver sobre cuestiones de fondo y que todas las intervenciones anteriores se trataban de incidencias en las que rechazaron la intervención porque los recursos se dirigían contra sentencias no definitivas.

En cuanto al juez Carbajo, su excusación fue aceptada porque el propio magistrado había señalado en su presentación que al juzgar en el caso “la ruta del dinero K”, ya se había expresado en que el dinero lavado por Báez provenía de delitos vinculados a la obra pública, lo que significó adelantar opinión sobre el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir.

LC con información de agencia Télam

Javier Carbajo, uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que debía revisar la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros imputados por la causa Vialidad, se excusó este jueves de intervenir. El juez de la sala IV del máximo tribunal penal consideró que ya había opinado al resolver en la causa por lavado de dinero por la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, por lo que no garantizó su imparcialidad.

El magistrado sostuvo que el caso de Báez tiene hecho ilícito precedente el supuesto direccionamiento de la obra pública, el cual ahora estaba llamado a intervenir. “Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones S.A. en aquella operatoria ilegal, que han sido también sopesados en la resolución aquí recurrida para dictar un temperamento condenatorio en su contra, por lo que considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado”, planteó Carbajo en su excusación.

La sala también está integrada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces que deberían decidir si aceptan o no la excusación de su colega, aunque la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner los recusó este mediodía y solicitó paralelamente que no sean ellos los que intervengan en el tratamiento del apartamiento de Carbajo.

Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados que representan a la exmandataria, recusaron a los tres jueces de la sala de Casación, los cuales deben intervenir en la revisión de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo -más allá de la inhibición ya postulada por este último-, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado”, sostuvieron los letrados.

La defensa de la Vicepresidenta recusó a Carbajo por haber adelantado su opinión, mientras que a Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir que trascendiera que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri durante su administración. “Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, señalaron.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre las presentaciones realizadas por las partes contra la sentencia de la Tribunal Oral Federal (TOF) 2, el cual ya fue apelado, entre otros, por la Vicepresidenta quien reclamó su absolución y por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que reclamaron agravar las condenas.

En su apelación, la defensa de Fernández de Kirchner reclamó: “Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”. Agregaron que la condena “se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”.

Por otro lado, el fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la condena a la Vicepresidenta y los demás acusados, y que se los condene también por el delito de asociación ilícita. En aquella presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron además que Casación revoque las absoluciones que favorecieron a Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

LC con información de agencia Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación por el juicio de la “causa Vialidad” y que se disponga su absolución. Fue tras argumentar que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

En tanto, el fiscal Diego Luciani solicitó que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta, y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que en su momento fue descartada por el Tribunal Oral Federal 2.

La petición de la expresidenta fue realizada por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes reclamaron “absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”. En diciembre pasado, Fernández de Kirchner obtuvo la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por supuestas anomalías en el otorgamiento de obra pública durante su gestión.

Los letrados dijeron en su presentación que “la sentencia aquí recurrida consolida un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión”. “Y a su vez, nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

Beraldi y Llernovoy anunciaron que “mantenemos las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48), así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes”. Sostuvieron que “se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.

Los abogados de la exmandataria argumentaron que en el juicio “se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”, y “los jueces sentenciantes asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional”.

La defensa sumó que “se violó el principio 'ne bis in ídem' (prohibición de perseguir o sancionar dos veces) y el valor de la cosa juzgada, ya que se dictó una sentencia condenatoria basada en los mismos hechos que ya fueron juzgados y sobreseídos por los jueces competentes con calidad de cosa juzgada”. Aseveraron además que “se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio, en particular, pues la mayoría de las pruebas de descargo ofrecidas por esta defensa fueron rechazadas y se fundó un reproche penal en orden a presuntos hechos y pruebas que nunca habían sido debatidos en el juicio, en abierta vulneración al principio de congruencia”.

Remarcaron que “se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”. Otra supuesta irregularidad destacada fue que “se violó el principio de culpabilidad, al dictarse una injusta condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fundada en hechos ajenos, que ni remotamente le pueden ser reprochados, ya sea por una actuación activa u omisiva”.

Continuaron diciendo que “se violó el principio de legalidad sustantiva, pues se dictó una arbitraria condena en orden al delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública sin que se hubiesen satisfecho, tan siquiera mínimamente, las exigencias típicas, objetivas y subjetivas, requeridas por la normativa penal en trato (arts. 173 inc. 7 y art. 174 inc. 5 del Código Penal)”.

De esa manera, los Beraldi y Llernovoy pidieron que “se tenga por presentado en tiempo y legal forma el presente recurso”. En ese contexto, solicitaron “al tribunal oral, que conceda esta impugnación y eleve las actuaciones al Superior en la forma de estilo, sin más trámite” y a la “Cámara Federal de Casación Penal, que case la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de impugnación”.

Concluyeron: “y, por corresponder disponga: absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.

LC con información de agencia Télam

La difusión de los fundamentos que tuvo el Tribunal Oral Federal número 2 para condenar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad generó una ola de repudios de parte de dirigentes oficialistas, mientras que por parte de Juntos por el Cambio primó el silencio.

“Buscan sentenciar otra cosa con la persecución a CFK, el armado de causas, no hay dudas que hay otra sentencia: enterrar los 12 años del proyecto de gobierno de Néstor y Cristina y demonizar lo que eso simboliza y representa”, consideró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En tanto, Martín Soria, ministro de Justicia, posteó: “Ni el fiscal con sus ”3 toneladas de prueba“, ni el tribunal con sus 1600 páginas de sentencia, fueron capaces de encontrar UN SOLO HECHO que acredite la participación de Cristina Kirchner en la causa. Tenían una misión: proscribir a CFK y reivindicar la Revolución Fusiladora”.

Para el canciller Santiago Cafiero, “con los fundamentos de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera Cristina. Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral. En lo verdaderamente importante, el peronismo no tiene matices: con persecución no hay democracia plena. Pero sepamos, compañeras y compañeros, que la historia es justa y los pueblos vencen. Así lo demostraron Lula en Brasil y Evo en Bolivia”.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau afirmó que los fundamentos dados a conocer este jueves son “un paso más en una parodia de juicio llevada adelante por un tribunal que no es imparcial” y afirmó que la condena en la causa Vialidad forma parte de “un plan sistemático de persecución política”.

La intendenta del partido bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, apeló a las redes sociales y afirmó: “Nada sin Cristina. La mafia judicial la quiera proscribir, el pueblo argentino no lo va a permitir. Para cuidar a la Argentina, vamos para adelante con Cristina. Basta de proscripción. Todxs con Cristina”.

“Proscripta por hacer feliz al pueblo argentino. Nunca se lo van a perdonar”, publicó La Cámpora, junto con una serie de imágenes para destacar las políticas impulsadas por Cristina Kirchner en sus dos gestiones al frente de la Casa Rosada.

En tanto, la Juventud Peronista advirtió sobre una coincidencia en la fecha en la que se dieron a conocer los fundamentos del fallo: en el mismo día pero de 1956 se publicó el decreto 4161 que proscribía al peronismo.

“Les ahorramos a los jueces la publicación prevista para hoy de los fundamentos de la sentencia contra @CFKArgentina”, habían tuiteado previo a que se difundiera el documento del TOF 2, al tiempo que publicaron un irónico decreto simulando la proscripción de la vicepresidenta y todo lo vinculado al kirchnerismo.

Ese paródico decreto también se multiplicó, ya en versión impresa, en la vigilia que realizaron militantes kirchneristas frente al Palacio de Tribunales a partir de la noche del miércoles y a la espera de los fundamentos del fallo en la causa Vialidad.

El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, también se mostró furioso por los fundamentos del fallo y afirmó: “Es un espanto lo que estamos viviendo. Que la Justicia se haya tornado en esto duele tremendamente, porque esto no es bueno para la democracia argentina”.

Por parte de Juntos por el Cambio, los dirigentes opositores evitaron salir al mundo tuitero de manera rápida y sólo se pudo leer el mensaje publicado por el diputado nacional de la UCR Mario Negri, quien destacó el decomiso que había ordenado el tribunal en diciembre pasado al condenar a la ex mandataria: “84.835 millones de pesos. Justicia o corrupción”.

En tanto, el diputado de JxC, Fernando Iglesias, aseguró “Condenada por la Justicia argentina, no proscripta”, en respuesta a un tweet de Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Con información de NA.

IG

El ministro de Interior, Eduardo `Wado` de Pedro, dijo que hoy es “otro día de persecución” luego de que este jueves se conocieran los fundamentos en la causa Vialidad y advirtió que “el nivel de putrefacción y promiscuidad en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial para toda la Argentina”.

“Hoy para nosotros es otro día de persecución. Es otro día donde el Poder Judicial vuelve a demostrar el rol disciplinador que está cumpliendo. Cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral”, afirmó De Pedro en declaraciones a AM 750.

El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer esta mañana los fundamentos en base a los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por presunta administración fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término de un juicio en la llamada “Causa Vialidad”, en el que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.

“Lo que alguna vez fueron los golpes de Estado o la utilización de las fuerzas armadas para disciplinar a las fuerzas políticas, hoy lo hacen vía medios y sectores del Poder Judicial”, advirtió De Pedro.

Y agregó: “La oposición aprovecha la parcialidad de los medios para posicionarse y ganar elecciones. Es un tema que debería llamar a la reflexión. El nivel de putrefacción y promiscuidad en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial para toda la Argentina”.

En ese marco, el titular de la cartera política sostuvo que le “llama la atención” que los fundamentos se conozcan un 9 de marzo, al recordar que en esa fecha del año 1956 fue cuando se entró “en una etapa de proscripción” en Argentina en referencia al decreto que proscribió al expresidente Juan Domingo Perón.

“Fundamentaron un fallo inexplicable que ya estaba escrito de antemano. Los fundamentos son los que dio el diario Clarín durante más de 15 años. Hoy sectores del poder judicial acomodaron el código penal y procesal a esos quince años”, remarcó el ministro.

Con información de Télam.

IG

El Tribunal Oral Federal número dos de la Ciudad de Buenos Aires da a conocer hoy los fundamentos del fallo que condenó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a otra docena de imputados en la causa conocida como “Vialidad”.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso difundirán la sentencia mediante el sistema informático Lex 100, por el cual tramitan los expedientes y entregarán copias en formato digital a las partes.

El documento se insinúa extenso, de un millar de páginas, y describirá minuciosamente lo que los jueces creen que quedó probado a lo largo de un juicio que se extendió durante tres años.

En diciembre pasado, cuando dieron a conocer las condenas –que incluyen la pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner- los magistrados distribuyeron una suerte de adelanto de fundamentos.

En ese resumen, colocaron a la vicepresidenta como la principal responsable y beneficiaria de un sistema de corrupción que consistió en adjudicar 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, quien creció exponencialmente su patrimonio a la sombra de esas irregularidades.

Los jueces creen que existió “un beneficio ilegítimo a favor de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez”, también un “interés manifiesto sobre el plan criminal” por parte de la vicepresidenta, quien participó “en los beneficios económicos producto del delito”.

La condena se limitó al delito de administración fraudulenta y excluyó la figura de la asociación ilícita (el juez Basso se había inclinado por condenar también por esa figura, lo que hubiera significado una pena mayor).

El fallo insistirá en que hubo una maniobra fraudulenta para favorecer a Báez y, a través suyo, a la vicepresidenta.

La “maniobra fraudulenta” –según los jueces, en coincidencia con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola- “perjudicó los intereses de la administración pública”.

Toda la estructura del aparato estatal se confabuló para favorecer a las empresas del Grupo Báez, sobre quien el fiscal Luciani dijo reiteradamente: “Báez era Cristina Fernández de Kirchner”.

Además de describir las irregularidades detectadas en cada uno de los hechos, el fallo subrayará que para concretar el delito todos los intervinientes “desoyeron deliberadamente las alarmas” administrativas, judiciales y mediáticas.

El fallo es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, también ante la Corte Suprema de Justicia, de modo tal que la decisión que será fundamentada hoy aún no tiene fuerza de cosa juzgada.

Así fue la sentencia

Con información de NA.

IG

El juez Andrés Basso pasará parte de la feria judicial escribiendo sus argumentos sobre por qué el Tribunal Oral Federal número 2 debería haber condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y elevar su pena por encima de los seis años de prisión, confirmó a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado.

Basso integra el tribunal que juzgó a la expresidenta y a otros doce acusados por el caso Vialidad y que determinó que la vicepresidenta administró de forma fraudulenta en perjuicio de la administración pública durante sus dos presidencias al formar parte de una maniobra para direccionar 51 obras viales a su socio comercial, el empresario Lázaro Báez. Por este delito, los tres jueces del tribunal estuvieron de acuerdo en imponer la pena máxima a Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo públicos.

Sin embargo, los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, consideraron que la fiscalía no había demostrado que la vicepresidenta haya sido la jefa de una asociación ilícita o que los hechos incluso probaran la conformación de una organización especialmente pensada para delinquir.

Por esa razón, el tribunal condenó a 9 de los 13 acusados a penas de entre 3 y 6 años y por dos votos a uno absolvió a todos por la presunta asociación ilícita.

El fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación junto a su colega Sergio Mola, había solicitado en agosto último penas de entre 2 y 12 años de prisión para los trece acusados por dos delitos: asociación ilícita y defraudación a la administración pública. 

A partir del 9 de marzo, cuando los jueces presenten los argumentos del fallo, Luciani acudirá a un tribunal superior para recurrir (apelar) la absolución de la vicepresidente y del resto de los enjuiciados por asociación ilícita, lo que implica reclamar al tribunal revisor de la sentencia que eleve las penas. 

voto Basso

“El delito de asociación ilícita que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina”, sostuvieron los fiscales Luciani y Mola en un artículo publicado tras la sentencia en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal. “Al mismo tiempo, interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”, aseguraron en relación al delito por el cual el tribunal absolvió a todos los acusados.

“En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque”, anunció la fiscalía en el mismo artículo.

Fernández de Kirchner, López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional) y el empresario Báez (beneficiado en el direccionamiento de las obras) fueron condenados a la pena de seis años de prisión, como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración pública.

Los jueces condenaron por el mismo delito a Juan Carlos Villafañe y Rául Gilberto Pavesi ( ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) recibieron penas de 5 años y de 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. José Rául Santibáñez (otro ex director general del organismo provincial) y Raúl Osvaldo Daruich (ex jefe del distrito en Vialidad) recibieron condenas de 4 años y 3 años de prisión.

Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Cómo sigue

¿Quiénes son los jueces que deberán revisar la sentencia? Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que se encarga de revisar las decisiones de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones. Es el paso previo a la Corte Suprema. 

La Sala IV está integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros han sido denunciados públicamente por la vicepresidenta y acumulan presentaciones en su contra por haber visitado al expresidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno (en el caso de Hornos) o por haber compartido partidos de tenis en la Quinta de Olivos (en el caso de Borinsky).

La defensa de la vicepresidenta ha realizado planteos en los que sostiene que el caso Vialidad debe ser analizado por otra sala de la Casación, integrada por otros jueces, pero la Corte ya falló sobre esa disputa y confirmó a la Sala IV. Beraldi ya planteó que los dos jueces cuestionados por CFK deberían apartarse del caso. Si lo hicieran, otros integrantes de la Casación deberán acompañar a Carbajo en el caso.

De Vido

Además, los fiscales recurrirán la absolución por ambos delitos del exministro de Planificación, Julio De Vido. El ex titular de la cartera que dirigió las políticas de obras públicas entre 2003 y 2015 no sólo fue absuelto por la presunta asociación ilícita sino también por defraudación a la Administración pública. 

Después de Fernández de Kirchner, el tribunal atribuyó la mayor responsabilidad penal por el direccionamiento de las obras viales de Santa Cruz al ex secretario de Obras Públicas José López (en la práctica, el segundo de De Vido) en el ministerio. Sin embargo, la fiscalía le había asignado a De Vido un rol central en la maniobra. Sólo entre 2007 y 2009, el exministro firmó 25 resoluciones que terminaron garantizando a las empresas de Báez obras por $509 millones de ese momento, de acuerdo con la documentación pública analizada por la fiscalía y a la que accedió elDiarioAR.

Los fiscales analizarán también los argumentos de los jueces para absolver de este último delito a otros exfuncionarios de menor rango: Abel Fatala (ex subsecretario de Obra Pública) y Héctor René Garro (uno de los cuatro exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz juzgados por este caso.); y para declarar prescripta la acción penal respecto de Carlos Santiago Kirchner. El exfuncionario encargado del control de las operaciones fue sobreseído por el incumplimiento de sus deberes.

La absolución de De Vido es una carta central para la defensa de Fernández de Kirchner, según explicó el principal abogado de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi, en una entrevista con C5N. Si el ministro a cargo del diseño de la obra pública a nivel nacional durante 15 años no es considerado culpable por el direccionamiento de las obras a Báez, ¿cómo puede el tribunal encontrar culpable del mismo hecho a la Presidenta, quien supuestamente, por su función, no intervenía directamente en la toma de decisiones del ministerio?

La defensa solicitará que Fernández de Kirchner sea también sobreseída por el delito de administración fraudulenta, como De Vido, y evitará así que la sentencia quede firme.

La principal diferencia entre la acusación contra De Vido y la de Fernández de Kirchner es que el exministro fue acusado por sus decisiones en el cargo que habrían estado dirigidas a beneficiar al empresario Báez. Pero en el caso de la expresidenta, los fiscales resaltaron que, entonces, la unía a Báez un vínculo directo comercial, a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

“Eran negocios legales”, afirmó Beraldi durante su alegato en el juicio. ¿Con qué argumento? “Estaba todo bancarizado”. Sin embargo, el resultado más evidente de esa relación es que el empresario más beneficiado en la provincia de los Kirchner por la asignación de licitaciones públicas en obras viales era el socio de la Presidenta en ejercicio, sin contar las explicadas irregularidades en la asignación de esos contratos: procesos públicos en los que Báez competía contra Báez, por ejemplo.

La fiscalía tuvo bajo la lupa varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Fernández de Kirchner para fondear a Vialidad o para la designación de un hombre de Báez en el organismo. Entre septiembre de 2008 y noviembre de 2009, Fernández de Kirchner firmó siete DNU que permitieron el movimiento de al menos $1.447 millones investigados por la maniobra, según la información que analiza la fiscalía para su recurso ante Casación.

Beraldi también sostuvo que, técnicamente, la fiscalía no debería recurrir la sentencia, basándose en el artículo 458 del Código Procesal Penal. “Pidió 12 años de pena y el tribunal le impuso 6 años. Entonces como sólo puede recurrir cuando la pena que se le impone es inferior a la mitad de la solicitada, no puede recurrir. Pero si quiere recurrir, que recurra”, dijo Beraldi tras la sentencia.

En el noveno piso de los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentra el despacho del fiscal Luciani, hacen una interpretación muy diferente ante la consulta de elDiarioAR sobre las declaraciones de Beraldi. Sostienen que la fiscalía sí puede recurrir al tribunal revisor de la sentencia por los jueces dictaron absoluciones.

ED

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, fue insultado en un restaurante en Mar del Plata por una mujer que acompañaba al politólogo Artemio López, habitual encuestador del Gobierno, según confirmaron fuentes allegadas al abogado. Por el incidente no se radicó ninguna denuncia policial.

De acuerdo a lo que contaron a elDiarioAR las fuentes, al ver a Luciani, la mujer de López expresó en voz audible “qué vergüenza”, dan ganas de vomitar“.

El hecho ocurrió el sábado en torno a las 22 en el restaurante Lo de Fran, situado sobre la Avenida de los Trabajadores al 100, de la ciudad de Mar del Plata.

Artemio López y su mujer, Clara, estaban cenando cuando ingresó Luciani, con otras cinco personas, y se sentaron a una mesa cercana.

En ese momento -de acuerdo a la versión que Luciani dio a sus allegados- algunas personas comenzaron a aplaudirlo. Fue entonces cuando la mujer “se abalanzó en forma violenta” contra el fiscal. Una de las personas que lo acompañaban -siempre según el relato del fiscal- interpuso un brazo para evitar que lo golpearan. Como respuesta, otro comensal le gritó que no se metiera con una mujer.

La agencia Noticias Argentinas informó que el episodio estuvo a punto de desmadrarse cuando Luciani reaccionó respondiendo: “A vos también te vamos a juzgar”.

En un clima de tensión, Luciani y su grupo pidieron la cuenta sin ordenar plato principal y le manifestaron al mozo que los atendió que se habían “sentido incómodos” por la situación. Además, le reprocharon la familiaridad con que el mismo mozo había atendido a la pareja López.

El encuestador reveló luego a sus allegados que era la primera vez que concurría al restaurante y que su diálogo con el mozo -quien estaba sorprendido por la situación- sólo se refirió a la comida.

Luciani se quejó ante el mozo porque Artemio López “se estaba riendo a carcajadas” y su mujer lo “había insultado”.

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El líder de MILES, Luis D´Elía, ratificó su apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras ser condenada en la causa Vialidad y consideró que esta situación “no se resuelve con leguleyería barata, con debates de intelectuales, sino con el pueblo en la calle”.

“Alterar la paz pública no sirve absolutamente para nada, pero hay que tomar consciencia que esto no se resuelve con leguleyería barata, con debates de intelectuales, sino con el pueblo en la calle”, sostuvo el dirigente social.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que condujo esta jornada Ari Paluch por Radio Rivadavia, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal número 2 y señaló que “está muy cuestionada la independencia de la Justicia”.

El referente kirchnerista reconoció que durante la gestión del Frente para la Victoria “hubo corrupción”, pero afirmó que el entonces secretario de Obras Públicas “José López, muerto Néstor Kirchner, pactó con (Ángelo) Calcaterra, (Eduardo) Gutiérrez y (Nicolás) Caputo, tres conocidos empresarios macristas”.

“De eso no hay nada que la vincule a Cristina. En la causa, el que tenía vinculación era Néstor, pero uno no le puede endosar esto a Cristina. Yo creo absolutamente en su inocencia”, remarcó D ´Elía.

Además, el líder de MILES reiteró sus cuestionamientos hacia La Cámpora por no haber movilizado a los Tribunales Federales de Comodoro Py el pasado martes cuando se dio a conocer la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la titular del Senado: “La Cámpora se pasó dos años cantando `si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar´ y ayer la tocaron a Cristina y se quedaron en su casa”.

Por otra parte, el dirigente social se refirió a la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a ninguna candidatura en las elecciones de 2023 y aseguró que “hay tres o cuatro compañeros que pueden ser candidatos”.

Con información de NA.

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El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró este miércoles que el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad “es un retroceso para el derecho”, consumado para “dejar pegada” a la exmandataria “en algo en lo que no tiene nada que ver”.

“Se están retorciendo en el derecho para dejar a Cristina (Fernández de Kirchner) pegada en algo en lo que no tiene nada que ver. La administración fraudulenta necesita, para que se consume, que la persona que administra los fondos lo haga en forma irregular para quedárselos. Cualquier persona que entiende el manejo de fondos públicos comprende que ni el Presidente ni el jefe de Gabinete tienen competencia para darle dinero público a terceros”, señaló Fernández en declaraciones a Radio 10.

De esta forma se refirió a la condena a seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos que el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de la Ciudad de Buenos Aires dictó ayer contra Cristina Fernández por el delito de defraudación pública.

“La condena es despropósito y un sin sentido. Cristina es el cuadro político más importante de los últimos 100 años. Todos estos personajes que participan de esta decisión son una derecha berreta y tal vez pretendan conseguir ventajas por decisiones judiciales. Lo más gravoso es que nos ponen a todos en libertad condicional”, sostuvo el funcionario.

El domingo pasado, se difundieron conversaciones de un grupo de chat que mantuvieron magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el cual los involucrados coordinaban estrategias para dar una versión falsa sobre un viaje que realizaron a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.

En el grupo de chat del servicio de mensajería de Telegram figuran Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal número 10; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Penal Económico número 2; Pablo Cayssials; Juzgado Contencioso Administrativo número 9; Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro --propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques.

En esos intercambios, se formulan posibles acciones contra la conducción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por haber permitido --al entender de algunos de los integrantes del grupo-- que pudieron haber permitido la filtración de ese viaje en un vuelo que salió desde un aeropuerto de Buenos Aires.

Al respecto, Fernández evaluó que “no dejan de ser amenazas veladas, que es algo que siempre preocupa”, y ponderó el desempeño que tiene la PSA, al remarcar que “es una fuerza civil que lleva adelante una tarea muy importante”.

Con información de agencias.

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La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó como “indignante” la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

En declaraciones a radio Provincia, Carlotto afirmó que la resolución del Tribunal “era previsible” y recordó que la propia Vicepresidenta “sabía cuál iba a ser el fallo”.

“Es indignante. No soy abogada, pero sé que nadie puede ser juzgado dos veces. Están totalmente transgrediendo las leyes, la Constitución y el derecho humano”, analizó.

En ese marco, enfatizó que a Cristina Fernández “la quieren destruir de todo punto de vista y, si pudieran matarla, lo harían”.

“De hecho, lo intentaron. Quienes apuntan contra ella son los mismos que pretenden que nuestro país sea, más que una república, un grupo de dirigentes indeseables”, aseveró y dijo lamentar lo ocurrido “porque la expresidenta es una mujer que no lo merece”.

“Ya no saben cómo destruirla desde el punto de vista no solamente de la inteligencia sino también físicamente”, concluyó Carlotto.

Con información de agencias.

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El día después del juicio por el caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los imputados por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública, encontrará al Tribunal Oral Federal número 2 en una audiencia virtual por un caso de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, el veredicto contra la expresidenta -que se espera para este martes por las tarde- incidirá en otras dos acusaciones cuyos casos atraviesan etapas clave: Hotesur-Los Sauces y el caso de los cuadernos, según la información corroborada por elDiarioAR de fuentes directas de estos expedientes.

Los fiscales que trabajan en los juicios pendientes contra la vicepresidenta ya debaten a puertas cerradas las consecuencias de una posible condena por asociación ilícita, una imputación criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política. Vialidad no es la única causa en la que Fernández de Kirchner es acusada de integrar una supuesta organización montada con fines delictivos.

En Vialidad, el único juicio oral y público en su contra que vio la luz hasta el momento, la vicepresidenta tiene un pedido de pena de la fiscalía de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fiscal Diego Luciani la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita organizada con funcionarios durante sus dos gobiernos y el empresario Lázaro Báez para defraudar al Estado Nacional y desviar fondos del Tesoro hacia las constructoras del entonces socio de la familia presidencial a través de licitaciones direccionadas. 

La asociación ilícita debe cumplir con ciertos requisitos penales: debe estar integrada por una estructura organizada que permanezca en el tiempo y que a lo largo de su existencia cometa reiteradamente delitos. Pero, ¿puede una misma personas integrar o liderar distintas asociaciones ilícitas? Es lo que discuten los fiscales de juicio Luciani, Diego Velázco (Hotesur-Los Sauces) y Fabiana León (cuadernos) de cara a los próximos juicios orales y públicos que podría enfrentar Fernández de Kirchner, de acuerdo con la información obtenida por elDiarioAR.

Los tres fiscales mantuvieron reuniones de cara al veredicto de este martes para analizar los escenarios que deberán habitar cuando comience el juicio de los cuadernos, sin fecha de inicio; y en el caso de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación ordene la realización del juicio de Hotesur-Los Sauces, un fallo que se espera para el próximo 22 de diciembre, pero que podría dilatarse para comienzos de 2023. 

En el caso Cuadernos, Fernández de Kirchner está acusada de liderar una supuesta asociación ilícita para recaudar sobornos o pagos ilegales de empresarios contratistas del Estado. En Hotesur-Los Sauces, la imputación también la colocaba en el rol de la jefa de una asociación ilícita para lavar dinero proveniente de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

En noviembre de 2021, la ex presidenta y el resto de los imputados de Hotesur-Los Sauces fueron sobreseídos antes del juicio por dos de los jueces del Tribunal Oral Federal número 5. Daniel Obligado y Adrián Grunberg sostuvieron en su fallo que tanto Fernández de Kirchner como Lázaro Báez eran objetos de “una múltiple persecución penal referida a un mismo hecho concreto; esto es, la presunta asociación ilícita de la que ambos habrían formado parte, la primera como ‘jefa’ y el segundo como ‘organizador’” en referencia a la imputación en el juicio de Vialidad. 

Ese mismo razonamiento podría ser aplicado por jueces de otros tribunales o de la Casación si la condena en el caso Vialidad incluye el delito de asociación ilícita. Esta posibilidad abre otros escenarios que aún no están claros: ¿cómo incidirá en las imputaciones del resto de los acusados en Cuadernos y Hotesur-Los Sauces? Por ejemplo, el exfuncionario Roberto Baratta (acusado en Cuadernos) y el diputado Máximo Kirchner (sobreseído por el momento en Hotesur-Los Sauces) no están acusados en el juicio de Vialidad. Si la imputación contra Fernández de Kirchner como jefa de una presunta asociación ilícita se cae, ¿sucederá lo mismo con los otros imputados que son juzgados por ese delito por primera vez?

Además, la exclusión de la figura de supuesta jefa de una asociación ilícita en futuros juicios incidirá en el peso de las penas. Este delito tiene un máximo de diez años de prisión, mientras que el cohecho pasivo alcanza los seis años de pena. En el caso de una eventual condena por lavado de activos agravado, el castigo de la ley contempla penas mayores.

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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron las penas más altas en la Causa Vialidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner y para el empresario Lázaro Báez.

Por el tenor y el contenido de la acusación, la misma pena habrían pedido para el difunto ex presidente Néstor Kirchner si hubiera afrontado el juicio.

Ellos tres, según la acusación, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una “asociación ilícita” articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años, entre 2003 y 2015.

Está previsto que el veredicto se conozca aproximadamente hacia las 18 de este martes.

Estos son todos los pedidos de pena de la acusación

Con información de agencias.

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