Tyler Robinson, un joven de 22 años del estado de Utah, fue arrestado el jueves por la noche acusado de haber asesinado al activista de ultraderecha Charlie Kirk. Robinson ingresó en la cárcel del condado de Utah en Spanish Fork, a unos 19 km al sur de la universidad donde Kirk recibió el disparo, aunque aún no ha sido acusado formalmente por las autoridades.

Desde entonces, la órbita mediática y política de Donald Trump se ha empecinado en relacionar el crimen con la motivación ideológica de izquierdas, y ha emprendido una campaña de venganza contra los representantes progresistas. El argumento: las inscripciones que Robinson dejó en los cartuchos, relacionadas con conceptos como el 'Bella Ciao', pero aparentemente referencias a videojuegos como el Call of Duty o Helldivers 2.

Sin embargo, Robinson es realmente un chico blanco de familia de afiliación republicana. Sus padres, Matthew Carl Robinson y Amber Denise Robinson, están registrados como votantes del partido de Donald Trump. Los registros estatales sugieren que Robinson se había registrado anteriormente como votante independiente o no partidista. La familia tiene licencias de caza vigentes —algo muy común en la zona, conocida por su vida al aire libre— y Robinson estuvo expuesto al uso de rifles desde pequeño.

Los datos no terminan de encajar con el perfil activista de izquierdas que las autoridades del estado de Utah pensaban estaría detrás del asesinato de Kirk. Tampoco se ha encontrado todavía una motivación política. Y así lo ha tenido que decir el gobernador del estado, Spencer Cox. “Las cosas horribles suceden”, dijo en una rueda de prensa este viernes por la noche. “Y durante 33 horas —las que tardaron en detener a Robinson— he estado rezando para que, si esto había tenido que suceder aquí, que no fuese uno de nosotros. Que fuera alguien de otro estado, alguien que hubiera venido de otro país”, aseguraba el gobernador.

“Desafortunadamente”, proseguía, “mi oración no ha sido respondida de la manera que esperaba”.

Cox explicó que se agarraba a la esperanza de que la persona fuese extranjera porque pensaba “que sería más fácil de asumir” para la población del condado. “Nos lo haría más fácil poder decirles que estas cosas no las hacemos aquí. Pero ha sucedido aquí”.

El presidente de Estados Unidos vinculó directamente el asesinato de Kirk con un movimiento de extrema izquierda. “Espero que lo declaren culpable y que le apliquen la pena de muerte. Charlie Kirk era la mejor persona. No se merecía esto”, dijo Trump en una entrevista en televisión este jueves, después de asegurar que las cadenas de corte editorial demócrata son “terribles” e “injustas”. “Escucho a esta gente hablar tan mal de mí y de otros, de un tipo que solo quiere que EE.UU. vuelva a ser grande. Pero tienen agitadores profesionales”, insistía Trump.

La investigación, sin embargo, no ha encontrado de momento ninguna afiliación del joven con ninguna causa política. Robinson se graduó en 2021 de la escuela secundaria Pine View en St. George, Utah. Asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah en Logan durante un semestre ese otoño, antes de marcharse. No se conoce el motivo de su partida, pero Dixie Technical College confirmó que cursa el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad de la escuela. Ninguna de sus publicaciones ni las de su familia en redes sociales parece abiertamente política.

Desde Abraham Lincoln a JFK. Desde Malcolm X a Martin Luther King. Y, más recientemente, desde la presidenta (demócrata) de la cámara legislativa de Minnesota al referente del conservadurismo ultra trumpista, Charlie Kirk, o el atentado fallido contra Donald Trump hace un año. La violencia política en EEUU, un país de democracia joven por mucho que su constitucionalismo arrancara en el siglo XVIII, en tanto que hasta mediados del siglo XX segregaba a la población afroamericana a la que se privaba de derechos civiles básicos, es una constante, con momentos más calientes y momentos más fríos. Hasta ahora, la década de 1960 había sido la más violenta en Estados Unidos, pero el país está experimentando en los últimos tiempos un resurgimiento de la violencia inédito desde entonces.

El 10 de septiembre, a las 12.23, Charlie Kirk recibió un disparo mortal en el cuello mientras participaba en un acto público en la Universidad de Utah Valley. Y, a partir de ese momento, la Administración Trump entró en una nueva fase de acusaciones contra la izquierda cuando aún ni siquiera se sabía quién podía ser el asesino.

Charlie Kirk, de 31 años, había creado Turning Point USA, un movimiento juvenil fundamental para la familia MAGA, hegemónica en el Partido Republicano actual. Su acceso a la Casa Blanca era total. Era uno de los suyos en el sentido más amplio y profundo de la palabra, y, además, les daba una conexión con una capa de votantes muy codiciada por los partidos: los jóvenes. Kirk llevaba el discurso trumpista –homófobo, xenófobo, machista, negacionista, ultra religioso, anti aborto, tránsfobo– a las nuevas generaciones, y participaba activamente en la elección de candidatos republicanos en primarias.

Su muerte supone la pérdida de uno de los líderes sociales y mediáticos MAGA más populares. Y el presidente de EE.UU. no lo está aprovechando para rebajar la tensión política, sino para dirigirla contra su izquierda mientras sus seguidores alientan una “guerra”. Este mismo viernes, cuando comunicaba en la Fox que se había detenido a un sospechoso, Tyler Robinson, el presidente de EEUU decía: “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles”. Y añadía: “Vamos a investigar a [George] Soros, porque creo que hay un caso RICO [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ley federal de 1970 para combatir el crimen organizado, la mafia y la corrupción]. Porque esto es más que simples protestas. Es una verdadera agitación”.

Sin embargo, el asesinato de Kirk no es un caso aislado, y tampoco todos los ataques son contra referentes conservadores. Paul Pelosi, el marido de la dirigente demócrata Nancy Pelosi, una de las personas más odiadas por Trump, fue atacado en su propia casa en octubre de 2022. En diciembre pasado, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado a tiros en una acera de Manhattan, presuntamente por un hombre indignado por la política sanitaria. A principios de este año, un hombre fue acusado de provocar incendios en un concesionario de Tesla y en la sede del Partido Republicano en Nuevo México. .

Al mismo tiempo, Trump sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin en Butler, Pensilvania, el verano pasado; en la primavera, un pirómano prendió fuego a la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro; en Minnesota, durante el verano, un hombre fue acusado tras acosar a demócratas y asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes del estado, Melissa Hortman, y a su esposo. Y, el mes pasado, un hombre armado disparó más de 180 balas contra la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), responsables del asesoramiento en política sanitaria y convertidos en blanco de teorías de la conspiración sobre la vacunación en pandemia, matando a un policía.

Previamente, el representante Steve Scalise (republicano por Luisiana) recibió un disparo y resultó gravemente herido en 2017. Tres años después, un grupo de hombres intentó secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer.

Cada caso es único, pero muestra un contexto sobre el clima político en EEUU, un país en el que hay más armas que habitantes. Y en el que la tensión no ha dejado de crecer desde la derrota de Donald Trump en noviembre de 2020, que sigue sin aceptar cinco años después, y el subsiguiente asalto al Capitolio –cuyos participantes fueron indultados por el presidente nada más volver a la Casa Blanca–, ha ido escalando desde el golpismo, la violencia verbal y, también, la física.

Y la violencia verbal del presidente del país, Donald Trump, es permanente, constante, culpando a la izquierda del asesinato de Kirk. “Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país”, dijo Trump el 10 por la noche: “Desde el atentado contra mi vida en Butler, Pensilvania, el año pasado, la violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas”.

Trump ni siquiera mencionó el asesinato en Minnesota de la representante de ese estado y su marido, ambos demócratas a principios del verano. Y cuando una periodista preguntó entonces a Trump si había llamado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de partido, además, de las víctimas del atentado, su respuesta fue: “La verdad es que no le he llamado. Creo que el gobernador de Minnesota está tan desquiciado que no le voy a llamar. ¿Por qué iba a llamarle? Podría llamarlo, saludarlo y preguntarle cómo está. El tipo no tiene ni idea, es un desastre. Podría ser amable y llamarlo, pero ¿por qué perder el tiempo?”

Al mismo tiempo, los golpistas del 6 de enero que asaltaron el Capitolio fueron indultados por Trump nada más regresar a la Casa Blanca. Es decir: en el Despacho Oval hay una violencia que se condena, otra que se olvida y otra más que se ampara.

Barbara Walter, de Asuntos Internacionales en la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego, escribía en Poltico: “La violencia política no es aleatoria. Las investigaciones demuestran que se vuelve mucho más probable en cuatro circunstancias: cuando la democracia está en rápido declive, cuando las sociedades están divididas por raza, religión o etnia, cuando los líderes políticos toleran o fomentan la violencia, y cuando los ciudadanos tienen fácil acceso a las armas. Estados Unidos cumple con estos cuatro requisitos y ninguno está mejorando. Si los legisladores estuvieran dispuestos a frenar los algoritmos que amplifican las teorías conspirativas, la desinformación y el odio, podrían debilitar el canal que alimenta el extremismo violento. Tras el asesinato de Charlie Kirk, esa podría ser la palanca más inmediata que queda por accionar. La pregunta es si Estados Unidos tiene la voluntad de accionarla antes de que la violencia empeore.

Una encuesta realizada en febrero por Bright Line Watch, un grupo de politólogos que analiza las normas e instituciones democráticas, reveló que, si bien solo el 2% de los demócratas y el 3% de los republicanos apoyan la violencia contra los líderes de los partidos de oposición en general, esta cifra se eleva a aproximadamente el 10% en el caso de los líderes de partidos de oposición que implementan políticas perjudiciales.

“Estamos atravesando lo que yo llamo una era de populismo violento”, afirmó Robert Pape, director del Proyecto Chicago sobre Seguridad y Amenazas de la Universidad de Chicago, en The Washington Post. “Es una época históricamente alta de asesinatos, intentos de asesinato y protestas violentas. Esto va mucho más allá del habitual flujo y reflujo de violencia de las milicias que hemos visto en 20 años. Este es un nivel diferente, un período histórico diferente de violencia política, y eso es lo que se ve. Es demostrable. Cuanto más apoyo hay a la violencia política, más se hace común la violencia política real. Les da un manto de legitimidad a individuos que pueden ser volátiles o tener sus propias razones psicosociales para descontrolarse”.

“A veces, de cosas realmente malas, pueden suceder cosas que pueden ser buenas”, ha dicho Trump este viernes en Fox después de anunciar la persecución judicial contra referentes del mundo progresista sin demostrar su conexión con nada de lo que está pasando. Y después de que su equipo esté amenazando con echar del país a los extranjeros que rebajen la importancia del asesinato de Kirk y de que se esté despidiendo a personas de sus trabajos por hacer lo mismo.

El asesinato de Charlie Kirk ha escalado la violencia política en EEUU a un nuevo estadio. En un momento en el que la desinformación, los bulos, los insultos y la manipulación no sólo vuelan, sino que se emiten desde las más altas instituciones del país, en grandes medios y por parte de comentaristas con millones de seguidores.

En 2024, el derecho a la protesta social en la Argentina enfrentó una de las mayores embestidas represivas de la democracia. Con la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023, se instauraron políticas de control que limitaron severamente las manifestaciones. El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Amnistía relevó 15 protestas reprimidas entre enero y septiembre de 2024. Estos eventos dejaron 1.155 personas heridas, de las cuales 33 sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, algunas perdiendo parcial o totalmente la visión. Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor.

Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor

El informe destaca casos paradigmáticos como el de Claudio Astorga, un manifestante que perdió parcialmente la visión de un ojo tras ser impactado por una bala de goma en la marcha frente al Ministerio de Capital Humano. Similar fue la experiencia de Diego Ricciardi, periodista herido en el mentón mientras transmitía en vivo. Estos ejemplos ponen de manifiesto la falta de protocolos claros para el uso de armas menos letales.

La resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, califica cualquier corte de vía pública como un delito flagrante, habilitando el despliegue policial inmediato. Esto incluye el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar manifestaciones. Además, permite iniciar demandas judiciales contra los manifestantes para que asuman los costos operativos de los despliegues policiales.

La normativa no solo vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, sino que también contraviene estándares internacionales. En enero de 2024, las Relatorías Especiales de la ONU exhortaron al gobierno de Javier Milei a revisar esta resolución, petición que fue ignorada.

El informe de Amnistía subraya el uso desproporcionado de la fuerza como práctica sistemática. Los gases lacrimógenos, muchas veces utilizados en espacios cerrados, causaron graves afectaciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en adultos mayores, niños y embarazadas. Testimonios documentados relatan que los efectos de estos compuestos irritantes podían durar horas, causando dolor intenso y dificultad para respirar.

Por otro lado, las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores. Este patrón quedó registrado en varias manifestaciones, incluyendo la marcha de jubilados del 11 de septiembre, donde una niña de 10 años y su madre fueron rociadas con gas pimienta directamente en el rostro.

Las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores

La represión no solo apuntó a manifestantes. En al menos 15 protestas, periodistas y trabajadores de prensa fueron blanco de agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Diego Ricciardi, Agustina Binotti y Pablo Alonso son solo algunos de los nombres que resuenan en el informe como víctimas del accionar policial. SiPreBA y FOPEA denunciaron esta situación como una amenaza directa a la libertad de prensa.

En la Plaza del Congreso, el 1 de febrero, 35 periodistas resultaron heridos en un operativo que utilizó gases y balas de goma indiscriminadamente. “Proteger la función periodística y su integridad física es una responsabilidad ineludible del Estado”, señalaron las organizaciones de prensa.

Más allá de los números, las historias detrás de las cifras revelan el costo humano de estas políticas. Manifestantes que salieron a pedir por derechos laborales, educación pública o mejoras jubilatorias enfrentaron golpes, gases y balas como respuesta. El caso de Claudio Astorga, quien aún lucha por recuperar su visión, es solo uno entre muchos que reflejan la brutalidad de estas prácticas.

Consulta sobre la publicación de este informe, la ministra Bullrich dijo a la radio El Observador: “Amnistía Internacional no entiende nada. [Vivíamos en] un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Bullrich se mostró indignada por el informe de Amnistía y dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web

Amnistía Internacional — en respuesta a las críticas de Patricia Bullrich

Y finalizó: “Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el protocolo antipiquetes”.

JJD

Hernán Confino y Rodrigo González Tizón son dos historiadores nacidos en democracia, especializados en historia argentina reciente. En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, recientemente editado por Fondo de Cultura Económica, procuran desarmar las falacias argumentativas de las narrativas de la llamada “memoria completa”. Este libro explica con rigurosidad y de forma amena por qué la Argentina no sufrió una guerra civil en los setenta, qué se conoce respecto del número de desaparecidos y por qué los crímenes de la guerrilla no pueden ser considerados de lesa humanidad. En diálogo con elDiarioAR, los autores ponen en debate la manera en que se ha abordado hasta el momento la violencia de Montoneros y el ERP y sostienen que “los intentos de reconocimiento de las víctimas civiles de la guerrilla, que consideran legítimos, no pueden partir jamás de la equiparación de la violencia de las organizaciones armadas a la desplegada por el Estado”.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos de salir a discutir desde las ciencias sociales con los discursos que relativizan, banalizan e incluso reivindican la represión clandestina?

Hernán Confino (HF): —Como explicó el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, cuyos padres murieron en Auschwitz, hay una diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos. Es muy difícil establecer parámetros comunes con personas a quienes no le genera ningún tipo de estupor que una mujer haya parido arriba de una mesa mientras la picaneaban. Lo que buscamos es ofrecer una explicación desde la historia que esté fundamentada y que pueda permitirle a quienes están interesados en la temática detectar dónde está la falacia de aquellos grupos que reivindican o banalizan la represión clandestina en los setenta. 

Rodrigo González Tizón (RGT): —En un momento en que los debates se corrieron tan a la derecha, decidimos salir a defender los consensos de la democracia, con rigor histórico y sin esquivar ningún tema. Observamos que las ultraderechas aprovechan los flancos débiles de las políticas de memoria y derechos humanos para elaborar sus estrategias. Por ejemplo, la decisión de establecer desde 1966 la periodización para definir quién es una víctima del terrorismo de Estado, puede generar que alguien diga: “Al final víctima del terrorismo de Estado fueron todos, entonces no fue nadie”. Además, buscamos dar respuestas a preguntas genuinas que la sociedad se hace, por ejemplo, alrededor del número de los 30.000. Que un pibe de 16 años nos pregunte cuántos desaparecidos hubo no lo vuelve un negacionista de la dictadura, es una pregunta legítima y, con este libro, ofrecemos herramientas para poder responder a esa inquietud sin caer en simplificaciones. 

Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos

—El libro expone algunos temas espinosos de la narrativa hegemónica construida hasta el momento, por ejemplo, el cuestionamiento a las prácticas concretas de la militancia armada o los reclamos por las víctimas civiles de la guerrilla. ¿Cómo se puede hablar de estas cuestiones sin caer en los discursos de las ultraderechas?

HC: —El presente nos terminó demostrando de una manera bastante dolorosa que los debates que no se dieron, se nos volvieron en contra. Nosotros procuramos construir un debate amplio que pueda dar lugar a consensos, quizás más pequeños, pero más sólidos. Consensos que puedan ser sentidos como propios por la mayor cantidad posible de personas. En las gestiones kirchneristas, en lo que fue una política de derechos humanos y memoria muy amplia, con muchos aciertos, también hubo errores no forzados. Por eso nos preguntamos: ¿Cuál tiene que ser el discurso del Estado sobre nuestro pasado y qué lugar deben tener en esa construcción las organizaciones de víctimas? Discutimos, por ejemplo, con la idea de que las acciones de quienes militaron en los setenta son imposibles de criticar porque fueron realizados por personas que empeñaron su vida en ello. 

—¿Cómo se explica que esas voces que justifican la represión clandestina hayan avanzado tanto en la agenda mediática y política en los últimos años? 

HC: —Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo. Por otro lado, no podemos pensar en el momento actual sin considerar los diques que rompió el gobierno de Mauricio Macri para diferenciarse del kirchnerismo, con un enfoque más pragmático que ideológico. 

RGT: —Nuestra hipótesis es que la discusión sobre el pasado se inscribe en una disputa mucho más amplia que empieza a ganar volumen a partir de la construcción de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En la actualidad, esta discusión es parte de la mentada “batalla cultural” de la que hablan estas extremas derechas que están pululando en distintas partes del mundo. Una batalla contra el progresismo, el comunismo, el colectivismo, el movimiento feminista, la militancia por la diversidad de género, etc. 

Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo

—¿Qué efectos pueden tener estos discursos sobre el pasado en el presente? 

HC: —La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita nuevos avances sobre nuestros derechos en el presente. En 2024, vivimos cómo personas que fueron a una manifestación en contra de la ley Bases, fueron señaladas como terroristas que querían atentar contra la democracia y terminaron detenidas en un penal federal. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, pretende requerir a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, como sucedió con Macri. Y hace apenas unas semanas, Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Defensa Nacional que tiene que preocuparnos. Por otro lado, a nivel judicial, hay grupos que están buscando revertir la jurisprudencia argentina de que las organizaciones armadas no cometieron delitos de lesa humanidad. Para eso, apelan al Estatuto de Roma, que en 1998 planteó la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por actores no estatales. Sin embargo, este estatuto no está pensado para agrupaciones como Montoneros o el ERP, sino para organizaciones que tuvieron políticas sistemáticas de ataque generalizado contra población y controlaron porciones del territorio. Sabemos que la violencia guerrillera argentina no tuvo esas características, sino que fue más bien selectiva. Con esto no buscamos justificar los delitos cometidos ni negar que hayan asesinado a civiles, sino subrayar que, en la Argentina, las guerrillas no estructuraron una política armada sistemática que tuviera esa finalidad. Por ende, cometieron delitos comunes, susceptibles de prescripción. 

—El 19 de diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976 y citó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria. ¿Cómo se explica esta decisión desde la mirada de la historia?

HC: —Primero, tenemos que entender quiénes están detrás de esas querellas y cuál es su estrategia judicial. La agrupación de abogados Justicia y Concordia tiene como referentes a Laura Olea y Ricardo Saint Jean, familiares directos de represores, uno que estuvo en Río Negro en la Escuelita y el otro, Ibérico Saint Jean, fue interventor de la provincia Buenos Aires, autor de aquella frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Esa gente es la que hace los “habeas corpus” para poder liberar a los perpetradores de terrorismo de Estado y son los mismos que patrocinan la reapertura de la causa del comedor de la policía, de Rucci, de Larrabure y de Viola. Son organizaciones que en sus redes sociales reivindican en pleno a Astiz. Incluso la justicia aceptó como querellante a Eduardo Kalinec, un represor condenado a perpetua cuya hija es miembro del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que es bastante cristalino, ¿no? La estrategia es: “¿No podemos liberar a los represores? Entonces hay que condenar a los militantes”. Desde su lógica, cuando haya una buena cantidad de militantes presos, quizás podrán presionar por una amnistía.  

RGT: —Además, una de las falacias absolutas que expresan estos grupos es decir que no ha habido investigaciones judiciales en relación con los crímenes de la guerrilla. Para poner en contexto, es importante saber, en primer lugar, que para los hechos más emblemáticos por los cuales se reclama, hubo en su momento investigaciones judiciales y varios de ellos tuvieron condenados. En segundo lugar, hay que recordar que tras cada atentado de las organizaciones armadas, el Estado desplegó acciones represivas que fueron absolutamente ilegales. Inmediatamente después del atentado al comedor, sucedió la masacre de Fátima, en Pilar, donde se dinamitaron 30 personas como represalia. Lo que ha realizado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTY) de Victoria Villarruel es construir un reclamo en espejo al de los organismos derechos humanos convencionales para, a través de un discurso técnico y a la vez emocional, volver a construir un escenario de guerra interna, desprovisto de todo contenido histórico, y buscar la equiparación de las acciones de las organizaciones armadas con las acciones represivas llevadas de forma clandestina por el Estado.

HC: —Para entender la magnitud de la reacción hay que pensar en cuáles fueron los procedimientos que se hicieron desde el kirchnerismo en materia de política de memoria y de derechos humanos. Iniciativas como la del CELTY de Villarruel aprovechan el hecho de que la política de memoria del kirchnerismo que no brindó un reconocimiento para las víctimas de las organizaciones armadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es reconocer a estas víctimas, pero sin perder de vista las diferentes violencias que las generaron. Porque no es lo mismo que te mande una organización armada, a que te mate el Estado. No hay herramientas desde historia ni desde el derecho que permitan homologar esas violencias.

—Con las últimas noticias de desarticulación del Centro Cultural Conti en el predio de la ex ESMA, ¿se viene una nueva etapa en el avance sobre las políticas públicas en torno a la memoria y los derechos humanos por parte del gobierno de Milei?

RGT: —Venimos de un año de desgobierno con una intención muy clara de desarticular la estructura en la Secretaría de Derechos Humanos. En mi caso personal, trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hasta que el año pasado, un día me avisaron que no aparecía más en el sistema y nunca recibí una explicación. Durante la gestión del actual secretario Alberto Baños, muchas áreas muy sensibles quedaron vacantes en sus conducciones. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, fue perseguido en el momento de hacer el seminario que anualmente se realiza allí de políticas de memoria y estuvo sin autoridades todo el año, sin ningún tipo de interlocución de parte del secretario. Hoy el Conti está cerrado, con los trabajadores en esta figura perversa de la guardia pasiva y están echando a los que no se atuvieron el retiro “involuntario”. La situación es crítica y están en riesgo también otras áreas que el Ministerio de Justicia absorbió luego del cierre del Ministerio de Mujeres y del INADI.

—Como historiadores jóvenes, de una generación nacida en democracia, ¿sienten que pueden hacer preguntas diferentes sobre estas heridas de nuestro pasado?

HC: —Por un lado, contamos con la ventaja de haber ingresado a un campo de estudios que fue construido por colegas de generaciones previas que desbrozaron el camino. Por el otro, al no estar generacional o familiarmente implicados, buscamos un acercamiento lo más profesional posible. Eso genera libertad, también rispideces. 

RGT: —Durante mucho tiempo se planteó que abrir determinado debate era cederle terreno a la derecha. Eso se ha venido modificando en los últimos 15 años, y creemos que mientras uno lo haga desde una de una postura éticamente posicionada, hay que hacerlo. La clave está en la intención con la que se reabren esas cuestiones. Nosotros lo hacemos para comprender mejor el pasado, los referentes de la llamada “memoria completa” lo hacen para revivir el pensamiento contrainsurgente, para obtener la impunidad de quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos y para desprestigiar el proceso de memoria, verdad y justicia como un todo. En última instancia, lo que es más perverso, buscan trasladar la carga de la culpa a las víctimas.

MNA/JJD

El Estado provincial de San Juan ejerció violencia pública política contra las mujeres. Así lo dice una sentencia judicial de diciembre pasado, la primera de estas características en el país. La resolución es parte –no el cierre aún- de un caso de criminalización desde los poderes Ejecutivo y Judicial sanjuaninos hacia activistas feministas y de Derechos Humanos, luego de la marcha del 8 de marzo de 2022. 

Fueron dos años de causas en espejo: por un lado, una causa penal en la que cuatro activistas fueron criminalizadas y en la que una de ellas todavía está imputada. Por otro lado, la denuncia por violencia pública política iniciada por estas mujeres y una veintena más contra un Estado que violentó procesos y pruebas, usó todo el poder del que dispone y sumó el de medios de comunicación para disciplinar la protesta. 

La marcha de las pintadas

En San Juan la marcha del Día de la mujer de 2022 reunió a alrededor de 25.000 personas, la más numerosa que se recuerde. La encabezó la asamblea Ni Unx Menos San Juan y se sumaron organizaciones sociales, académicas, políticas y sindicales. El recorrido, como en todas las marchas, se acordó y se comunicó a la provincia. Como siempre, en algún momento las columnas ocupan todo el ancho de la Avenida Libertador San Martín para desembocar frente a la Legislatura provincial. En el trayecto hay edificios de organismos y empresas que están custodiadas. Ese año no había policías frente al edificio de la Escuela Normal Superior Sarmiento, monumento histórico; la construcción ofrece sobre la avenida Libertador un extenso muro de una cuadra que desde hace décadas es pizarra pública de activismos políticos, deportivos, feministas, sindicales; de declaraciones de amor y odio, de ideas, de luchas antimineras, de frases célebres y no tanto. Algunas de las participantes de la marcha del 8M 2022 sumaron esa tarde nuevas consignas.

Dos días después de la marcha el Director de Patrimonio Cultural de la provincia, arquitecto Jorge Martín, formuló una denuncia penal “por el delito de Daño Agravado contra quienes resulten responsables de las pintadas”.  La prensa local, que ya había hablado –sin citar fuentes– de la “indignación de la comunidad escolar”, dio amplia difusión a la denuncia e hizo públicos todos sus términos, aún antes de que fuera presentada. Semanas después, el Fiscal de Estado constituyó a la Provincia de San Juan en parte querellante.  

Caza de brujas

La denuncia dice que “se ha atentado contra un Monumento Histórico Nacional y Provincial estampando escrituras de contenido sexista, feminista, con frases apologéticas del delito de homicidio, y alegóricas a la pretensa lucha contra la figura masculina que enarbola cierto grupo social tal y como se aprecia en las publicaciones de los matutinos que son de público y notorio conocimiento”. No hay en el escrito ninguna descripción sobre el daño material ocasionado específicamente en esta oportunidad, aunque es claro que las pintadas que denuncian el funcionario y el Estado provincial son solo las de contenido feminista.

La jueza a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción Penal de San Juan, Mabel Moya, con la colaboración de organismos policiales, inició a través de la fiscalía correspondiente, una investigación. Las cámaras de seguridad del Estado provincial habían registrado distintos momentos de la marcha, pero los investigadores no lograron determinar la identidad de quienes pintaron. Entonces desde el Poder Judicial solicitaron a la Policía que “a través de redes sociales tales como instagram, facebook y similares, identifique a las personas que se encuentran en los registros fílmicos obrantes en la causa”. 

El trabajo realizado no tiene nada que envidiar al que se hacía en plena dictadura militar, con la ventaja actual que ofrecen las tecnologías digitales. Las participantes de la marcha que los investigadores habían señalado con un círculo en las fotos capturadas de los videos de seguridad como “cabecillas” fueron buscadas e investigadas en publicaciones y redes de las organizaciones a las que pertenecen. Las acciones de “inteligencia” fueron más allá y escarbaron sus vidas privadas, su actividad social e incluso su producción académica. 

“Inteligencia” para criminalizar

El hallazgo de publicaciones que mostraran la militancia feminista de las mujeres fotografiadas fue motivo suficiente para considerarlas posibles autoras de los grafitis descriptos como “escrituras feministas”. Así de simple. Un claro ejemplo es el de una integrante de la organización Las Hilarias, docente e investigadora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, que fue señalada como sospechosa por el contenido de sus investigaciones y de los artículos académicos publicados, relacionados estudios sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en San Juan. 

A partir de esta información, aunque sin expresar motivos, la jueza a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción Penal citó a indagatoria y luego procesó a cuatro participantes de la marcha del 8 M 2022 en San Juan. Pertenecen a las organizaciones Ni Unx Menos y Las Hilarias, Socorristas en Red.

Para Virginia Cantoni, una de las cuatro procesadas, “es interesante analizar contra quiénes armaron esta causa. No pertenecemos a organizaciones que respondan a partidos políticos, pero sí somos organizaciones convocantes dentro de los feminismos sanjuaninos, no solo para la presencia en las calles, también para todo tipo de acompañamiento ante violencias de género”.

No obstante la arbitrariedad en la citación, las cuatro se presentaron puntualmente a la indagatoria penal y solicitaron su sobreseimiento. Nueve largos meses tardó la jueza penal para dar respuesta.

Un proceso abierto

Muchos medios dieron los nombres y datos de las activistas indagadas. “Nos posicionaron en un lugar de enemigas públicas, en el que por ejemplo yo tuve y sigo teniendo problemas para conseguir un trabajo estable”, asegura Virginia. Fueron tiempos de tejer redes, conseguir abogados y hasta apoyo para costear el proceso. El apoyo de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron herramientas fundamentales para sostener el debate. A la CIDH se sumaron el Consejo Provincial de Protección de la Mujer; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan; diputados nacionales y provinciales; organizaciones gremiales, colegios profesionales y personalidades de distintos ámbitos que exhortaron a la Provincia de San Juan a cesar en la criminalización .

De las cuatro indagadas, tres fueron sobreseídas y una quedó procesada. Los sobreseimientos están fundados en algo que el juzgado ya sabía desde un comienzo: las personas a las que criminalizó no pintaron las paredes del edifico escolar y su militancia feminista no era razón para acusarlas. 

Una de las activistas indagadas quedó procesada. Es Yanina Opaso, quien apeló su procesamiento ante la Cámara Penal. La Cámara anuló el procesamiento y apartó del caso a la jueza de instrucción. Entre otras cosas, los camaristas dicen que “en ningún momento se relata el hecho atribuido a la imputada”. De paso le recuerdan a la jueza separada: “Sabido es que los jueces deben fundar sus resoluciones”.

Yanina Opaso pintó con aerosol verde la inscripción “Desampa antifa” en la parte baja de la muy pintada pared de la Escuela Normal Sarmiento. Son dos grafitis que hacen referencia a “Desamparados Antifascista”, una organización social deportiva que promueve la diversidad y la inclusión en el club de futbol sanjuanino “Sportivo Desamparados”. Está acusada de “daño agravado”, un delito que tiene una pena de hasta cuatro años de prisión. Su pintada ocupa el 0.00001 por ciento del extenso y muy escrito muro norte del edificio escolar y está realizada en la parte baja de una pared que periódicamente es cubierta con pintura beige. 

Desde agosto de 2023 otro juzgado tiene a cargo su causa. Hasta hoy no se ha expedido. “No solo queda Yanina Opaso, quedamos todas; pero no solo todas nosotras, toda una sociedad queda sometida a este poder que criminaliza la protesta social”, dice Jani Godoy aunque ella ya está sobreseída.

Hasta aquí el trayecto penal, todavía con final incierto.

Denunciar la persecución

En agosto de 2022, las personas ilegalmente indagadas en esta causa, junto a una veintena de activistas feministas y transfeministas, presentaron una denuncia por violencia pública política por razones de género contra la Provincia de San Juan - el Estado y sus agentes- por usar “indebidamente el derecho penal sin fundamento y con el objeto de criminalizar la labor de defensoras de los derechos humanos y deslegitimar las causas que persiguen”. 

Entre los numerosos argumentos, las ahora denunciantes señalaron que las cuatro indagadas fueron identificadas y citadas solo por su relación personal o profesional con el feminismo y sus reclamos, lo cual es evidente cuando lo que tiene centralidad en la denuncia es lo que dicen algunas pintadas, su contenido, más que el deterioro que los responsables del monumento no pueden describir. Esto, por el estado en que estaba la pared desde hace mucho tiempo, ya toda cubierta de inscripciones y pegatinas que no se sabe quiénes ni cuándo ocasionaron y que no motivaron antes ninguna preocupación ni denuncia.

“Entendimos –explica Conrado Suárez Jofré, abogado de las denunciantes, junto a María Alejandra Rojo Sanz - que lo que le pasaba a ese ofendido Estado provincial era que le resultaba muy difícil perseguir lo que realmente era el motivo de agravio, que era el discurso, lo que se decía. El Estado provincial evidentemente no pudo decir que iba a perseguir a estas mujeres porque estaban diciendo cosas que a mucha gente no le gustan y que lo cuestionaban ferozmente o estaban poniendo en la escena una realidad incómoda”.

Es desde ese punto de vista que la presentación hace hincapié en el ejercicio del derecho a la protesta pública y su relación con el ejercicio amplio de la libertad de expresión, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es entonces cuando hablan de desproporción: “A la luz de este parámetro general se vuelve por demás dificultoso llegar a entender bajo qué criterio particular se destinan recursos jurisdiccionales a perseguir penalmente a quienes en el contexto de una protesta pública y frente a una alarmante situación de vulnerabilidad de un sector social escribió una leyenda atinente a ese reclamo en una pared tradicionalmente usada para toda suerte de inscripciones”. 

Para las denuncianes, el accionar del Estado local también alentó discursos estigmatizantes contra el colectivo feminista y obstaculizó actividades de sus organizaciones como el acompañamiento a víctimas de violencia de género. 

Un antecedente para todo el país

En diciembre de 2023 la Jueza Adriana Tettamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo de San Juan, declaró que la denuncia formulada con motivo de la marcha del 8 de marzo de 2022 por el presunto delito de daño agravado constituye violencia política en la modalidad violencia pública-política contra las mujeres, en los términos de la Ley 26.485. En su decisión, la magistrada utilizó por primera vez la conceptualización de violencia política en su modalidad de violencia pública política, incorporada en 2019 a la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Es la primera sentencia de este tipo contra un Estado. 

La sentencia de la jueza sanjuanina evidencia que, a pesar de que las paredes donde se estamparon las pintadas del 8M de 2022 tienen capas y capas de grafitis, pintura beige que los tapa y más grafitis, jamás una repartición pública local había intervenido respecto del cuidado de los muros de la Escuela Normal Sarmiento de San Juan, ni siquiera cuando se afectó la fachada del monumento para colocar aparatos de aire acondicionado. Es decir que no se la protegió antes de la marcha –de lo contrario no luciría como luce- ni se la protegió durante la marcha. Tampoco se la restauró después. La jueza dice, entonces, que la denuncia se hizo “sin acreditar en lo más mínimo el daño patrimonial invocado”. La jueza Tettamanti también hace notar que nunca antes la Provincia se había constituido en querellante para investigar penalmente quién estampó tal o cual grafiti. 

Sobre las investigaciones en torno de los “perfiles” de las mujeres procesadas, afirma que “constituye un comportamiento estatal contrario al mandato legal establecido para tutelar la actividad política de las mujeres, libre de todo tipo de violencia”. De esa manera, la sentencia muestra conocimiento y cita el amplio marco internacional en derechos humanos, en documentos firmados por la Argentina en los que este país se compromete a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. La jueza no se limita a aplicar la perspectiva de género, también reflexiona sobre la necesidad de que el Poder Judicial lo haga. Dice la sentencia que la perspectiva de género resulta “un mandato ineludible para los operadores estatales, que se define como categoría analítica que debe orientar las políticas públicas y en las decisiones judiciales”. 

Finalmente, con relación a la intervención de la Fiscalía de Estado como parte querellante en la causa penal, “aparece cuanto menos desproporcionada”, dice Tettamanti. Agrega: “Fue claramente una decisión de política institucional que puso en marcha el aparato estatal para reprimir y, en todo caso, procurar un resultado aleccionador y disciplinador para quienes estuvieron sometidas a investigación e imputación penal que se proyecta con efectos expansivos a todas las integrantes de las organizaciones y movimientos feministas, desalentando su actividad pública política”. 

“Este caso significó un antes y un después para nosotras –dice Yanina Opaso– por cómo nos afectó esa exposición en nuestra cotidianeidad y también en lo que nos potenció”. Jani Godoy coincide: “aprendimos herramientas que no teníamos, nos fortalecimos”. Las denunciantes reconocieron “la enorme valentía” de la jueza Adriana Tettamanti.

Qué esperar

Dos organismos del Poder Judicial de San Juan tienen la palabra: la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, a la que recurrió el Estado provincial ante la sentencia por violencia pública política. Paralelamente, el Tercer Juzgado Penal, que tiene en sus manos la situación de la única activista que quedó imputada. Es prácticamente imposible pensar separadamente ambas instancias, como lo expresa el defensor Conrado Suárez Jofré: “Lo más importante en este momento es que se dicte el sobreseimiento de Yanina Opaso en el cargo de daño agravado”. Agregó: “Lo que aspiramos es que la sentencia de la Jueza Tettamanti –que es importante en su faz declarativa– impacte en algo que opera en el principio de coherencia del ordenamiento jurídico: no sería coherente que teniendo una sentencia que diga que acá hay violencia en su modalidad público política, un tribunal entienda que hay motivos para procesar a alguien en relación a eso”.

La jueza Tettamanti suma: “Como integrante del Poder Judicial aspiro a que esa sentencia sea confirmada por la Cámara de Apelaciones. Estoy absolutamente convencida que esa sería la expresión más elevada y sensible del sentido de la justicia”.  Consultada sobre por qué no ordenó medidas y su resolución se limitó a lo declarativo, explicó: “La sentencia hace lo que está dentro de los límites de mis atribuciones, no puedo ir más allá porque podría incursionar en arbitrariedad”. Coincide, de todas formas, con otros letrados en que una disculpa pública de parte del Estado sería una medida en parte reparadora.

Las ideas que están en las paredes

 “Creo que el daño fue haber obligado al gobierno provincial a leer en términos políticos lo que les queríamos decir en las paredes, que es hacia dónde queremos llevar las discusiones”, analiza Yanina Opaso. En su opinión “hablan de pintadas sexistas porque en esas paredes se denuncian a violadores y femicidas”. “Yo hice una pintada de un movimiento antifascista, de un espacio que se gestó en las tribunas de un club que entiende al fútbol como espacio de construcción de ciudadanía, de reconocimiento de la  igualdad, y por lo que leemos en la apelación, no lo entendieron todavía”.

 “Las ideas no se matan” escribió justamente Domingo Faustino Sarmiento; en ese sentido, el alegato de las denunciantes por violencia de género dice que “sería justo y ejemplar que se reconozca que los muros externos no enrejados de la Escuela Normal Sarmiento son por su centralidad urbana parte de la vida, de la actualidad de la ciudad. Son muros vivos que construyen su historia”, la de las luchas de la comunidad sanjuanina. Sugieren que periódicamente (y siempre antes que colocar pintura común beige) la Provincia  y la Universidad Nacional de San Juan conformen un equipo que documente las pintadas, produzca fotometrías y otros registros “que inscriban estos muros en el espacio de disputa y expresión social al que pertenecen”. 

“Esperamos que nuestras luchas sirvan como antecedente y garantía de las nuevas generaciones”, dice Yanina. “Seguimos en la calle, somos necesarias ahora más que nunca, sobre todo para que algún día otras caminen sin miedo”, agrega Jani, que insiste en que “Ahora tenemos una compañera en el sistema penal y eso es lo que nos da fuerza para seguir poniendo el cuerpo cada día. Y si no estamos nosotras, vendrán otras; eso lo sabemos”.

CY/MA

El líder de la agrupación Revolución Federal, Jonathan Morel, amplió su indagatoria en la causa por “incitación a la violencia” en el marco del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que no quiso agredir a nadie.

El pasado 22 de agosto, Morel fue visto en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta “rompiendo vallas de señalización por obras en la calzada con el objeto de tener elementos contundentes para arrojar”. En aquel lugar, se encontraban decenas de militantes kirchneristas que se solidarizaban con la Vicepresidenta luego de que el fiscal Diego Luciano pidiera 12 años de prisión en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

Morel se reconoció en el video que registró los hechos y explicó que su accionar fue una reacción a los insultos de los militantes favorables a Cristina Fernández de Kirchner, pero que no quiso agredir a nadie. Aquel día, cuando fue abordado por la policía, el dirigente de Revolución Federal “desistió en su accionar”, pero su compañero Leonardo Sosa terminó forcejeando con un oficial contra quien lanzó golpes de puño.

Tanto Morel como Sosa son dos de los cuatro procesados por incitación a la violencia. Anteriormente, estaban procesados por agruparse para “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor”, pero la Cámara Federal porteña cambió la calificación penal del delito el pasado febrero.

ACM con información de Télam

En la oficina de la secretaria y registradora de votantes del condado de Shasta, que gestiona las elecciones para unas 111.000 personas en esta parte del extremo norte de California, Cathy Darling Allen piensa en todas las mejoras de seguridad que haría si tuviera presupuesto.

“Tenemos un plexiglás en el mostrador de abajo para la COVID-19, pero eso no detendrá a nadie. Tan solo está pegado a los mostradores”, dice la secretaria y registradora del condado. Estima que, por unos 50.000 dólares (una cifra equivalente en euros), la oficina podría asegurar la parte delantera, lo que limitaría el acceso a las oficinas de arriba. Según sabe, otro condado colocó un cristal antibalas en su vestíbulo años antes. Los funcionarios de ese condado en algún momento se plantearon quitarlo, aunque ya no.

Las oficinas electorales no solían pensar en la seguridad de esta manera, asegura Allen. Hoy no pueden permitirse no hacerlo.

Tras el rechazo de Donald Trump a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, Allen explica que, en condados como el suyo, el trabajo de los trabajadores electorales locales no partidistas, antes de bajo perfil, se ha transformado. La cultura de la  desinformación ha sembrado la duda en el sistema electoral estadounidense y ha sometido a funcionarios, desde Nevada hasta Michigan, a acoso y amenazas. Tan solo en el último año, el FBI ha recibido más de 1.000 denuncias de amenazas contra trabajadores electorales que ahora se preparan para las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre (legislativas nacionales, regionales y locales).

En California, funcionarios y trabajadores de condados pequeños, rurales y con pocos recursos, como el de Shasta, cuentan que están enfrentándose a la hostilidad y el acoso agresivo de los residentes que creen que existe un fraude electoral generalizado. Muchos de ellos están inundando las oficinas electorales locales con solicitudes de registros públicos como parte de una búsqueda incesante para tratar de probar sus afirmaciones.

Los residentes del condado de Shasta han intentado intimidar a los trabajadores electorales actuando como observadores, amontonándose alrededor de Allen durante un tenso enfrentamiento en la noche electoral de junio, y visitando los hogares de los votantes diciendo formar parte de un “grupo de trabajo oficial”. En el condado de Nevada, al noreste de California, la registradora electa asegura que tuvo que pedir una orden de alejamiento contra los residentes que la acosaron y entraron a empujones en su oficina, agrediendo a un empleado.

“Es realmente un momento sin precedentes”, opina Kim Alexander, la presidenta de la California Voter Foundation, una organización no partidista y sin ánimo de lucro que trabaja por la mejora de los procesos electorales. “Hace poco, un colega se refirió a ello como una especie de locura que se ha instalado”, cuenta.

Campaña financiada por millonarios y milicias

Un martes de septiembre, un orador tras otro se presentaron ante la junta de supervisores del condado de Shasta denunciando sin pruebas el “fraude electoral” que, según ellos, está teniendo lugar. Vestidos de rojo, blanco y azul, los residentes describieron sus esfuerzos como un caso de David contra Goliat.

“Se llama auditoría ciudadana y hemos salido a recoger las pruebas que demuestran que hay fraude en nuestro proceso”, dijo un orador. “Esta es nuestra plaza de Tiananmen. Vamos a ponernos delante de los tanques y decir ya basta a las máquinas”, apuntó.

El grupo de residentes que pone en duda las elecciones en Shasta es pequeño pero muy visible y toma habitualmente la palabra en las reuniones de la junta del condado. Han presentado decenas de solicitudes de registros públicos a la oficina de Allen, se han presentado en gran número para la observación de las elecciones, e incluso han visitado las casas de ciertos votantes mientras llevaban la etiqueta “grupo oficial de votantes”. Un acto que, según Allen, puede ser considerado como intimidación al votante.

Esta oposición surge en el marco de una agitación política más extendida a lo largo de este condado rural del norte. Esta tiene su origen en la ira de algunos residentes por la derrota de Trump, las restricciones por la pandemia y los mandatos de vacunación impuestos por el Gobierno progresista de California.

La ira acabó por convertirse en un movimiento antisistema que cuenta con el respaldo tanto de una  financiación externa sin precedentes, proporcionada por un millonario de Connecticut, como de los grupos de milicias de la zona. La presión del movimiento impulsó que, en febrero, fuera revocado un supervisor del condado de larga trayectoria. El comportamiento observado durante esas elecciones llevó a la oficina de Allen a introducir cambios en la seguridad, incluido el seguimiento de todos los que entran en las instalaciones.

Durante las primarias de junio, cuando el superintendente de la escuela, el fiscal del distrito y el sheriff estaban en la papeleta, una multitud de observadores trató de intimidar al personal del condado, dice Allen, y alguien instaló una cámara de seguimiento fuera de la oficina, aparentemente con la intención de vigilar a los trabajadores electorales. El sheriff situó a sus ayudantes en el exterior de la oficina. Después de que cuatro de los candidatos respaldados por el grupo antisistema perdieran rotundamente —Allen venció a su oponente y fue reelegida para su quinto mandato—, los candidatos solicitaron un recuento manual.

El uso de parte del condado de las máquinas de votación Dominion —a las que los seguidores de Trump han difamado como parte de una falsa teoría de la conspiración, que sostiene que la empresa desempeñó un papel en el giro a favor de Biden que dieron las elecciones de 2020— ha suscitado especial preocupación entre los residentes que creen en un fraude electoral generalizado. Algunos de ellos han intentado compartir contenidos a Allen, como 2000 Mules, un documental cuyas falsas afirmaciones sobre el fraude electoral ya han sido desmentidas.

Recientemente, un líder del movimiento de negación de los resultados de las elecciones celebró un evento en una iglesia de la zona. La entrada costaba 20 dólares. A Allen le resulta especialmente frustrante que la gente gane dinero con la difusión de versiones desmentidas sobre las elecciones.

Si hubiera problemas en torno a las elecciones, dice, ella confiaría en los verdaderos expertos que conoce, quienes han trabajado en el campo durante décadas y comparten la información de forma gratuita: “Te garantizo que no van a cobrar a la gente 20 dólares por cabeza en una iglesia de Redding, California, para contar la historia. Eso es llenarse los bolsillos, no es tratar de mejorar algo”.

Allen dice que la oficina ha sido escenario de comportamientos agresivos y acoso, pero aún no ha recibido amenazas. Dadas las amenazas a las que se enfrentan los trabajadores electorales de todo Estados Unidos, sospecha que es solo cuestión de tiempo.

“La gente no se apuntó para esto”, dice. “Me dicen que yo debería tener seguridad privada. Eso no está bien. Pero es el mundo en el que vivimos ahora”, sostiene.

Acoso en otros condados

A unos 240 kilómetros de distancia, en las estribaciones de Sierra Nevada, en el este de California, Natalie Adona cuenta que su oficina también sufre los mismos problemas: “Si está ocurriendo en Shasta, lo más probable es que también esté ocurriendo aquí. Entre los agitadores más prominentes se comparte información de condado a condado”.

Las tensiones políticas en el condado de Nevada, que alberga a unas 100.000 personas en pueblos y asentamientos históricos que estuvieron en el centro de la fiebre del oro de California, han aumentado desde las elecciones de 2020, dice Adona, la secretaria adjunta del condado.

A principios de este año, un grupo de residentes empezó una agresiva y finalmente infructuosa campaña para destituir a toda la junta de supervisores, a quienes acusaban de permitir “crímenes contra la humanidad” por apoyar las medidas de seguridad contra la COVID-19.

Mientras se presentaba a su cargo esta primavera, Adona dijo que ella y su oficina fueron objeto de una campaña de acoso público que se extendió durante meses. Asimismo, recibieron mensajes racistas en un correo electoral en el que había una foto suya oscurecida y falsas acusaciones de que no había pagado los honorarios de registro de inmigración. Después de que Adona ganara por casi un 70%, los opositores solicitaron un recuento.

“Lo consideré una forma más de acoso y creo que uno de los otros propósitos era tratar de conseguir otros documentos que por lo general no pueden obtenerse en un proceso de observación normal”, advierte.

Al mismo tiempo, su oficina ha recibido una avalancha de solicitudes de registros públicos en los últimos meses que parecen ser “copia y pega”, dice Adona: “Lo que estamos viendo hoy son intentos deliberados por poner trabas al proceso electoral o, simplemente, una especie de avalancha de solicitudes que reflejan lo poco que sabe el solicitante sobre las elecciones”, indica.

Adona dice que también ha recibido una amenaza, que no puede ser imputable por ley. “Ciertamente no está al nivel de Georgia o Wisconsin. Me siento afortunada, pero al mismo tiempo mucho de esto es desconcertante”, admite.

La oficina del condado de Nevada ha aumentado su presupuesto para la seguridad en su sede y está trabajando más estrechamente con las fuerzas del orden.

“Tengo el mejor trabajo del mundo. Tengo que servir a los votantes, tengo que servir al público, pero en los últimos años la administración electoral se ha vuelto más difícil”, asegura. “Nos ha hecho preguntarnos a mí y a mi equipo sobre cómo mantener la seguridad de los trabajadores electorales, cómo mantener la seguridad de nuestro personal y, al mismo tiempo, ofrecer los mismos niveles de transparencia en las elecciones que el público merece”, cuenta.

Dimisiones

En todo EEUU, el clima se ha vuelto tan tenso que uno de cada cinco trabajadores electorales ha dicho que es poco probable que siga en su puesto hasta las próximas elecciones presidenciales, según una encuesta realizada por el Brennan Center for Justice, un instituto sin ánimo de lucro especializado en las elecciones y el funcionamiento de la democracia. Alrededor de uno de cada seis dice haber sido amenazado personalmente.

En toda California, grupos pequeños pero notorios, inspirados por actores desinformados o malintencionados, han sido llevados a creer en falsas versiones sobre la forma en que el Estado lleva a cabo las elecciones, apunta Alexander, de la California Voter Foundation, lo que llevó a la organización a hacer de la seguridad de los trabajadores electorales un tema cada vez más importante.

El grupo, junto con el Centro Brennan, impulsó recientemente una ley firmada por el gobernador de California que permite a los trabajadores mantener la confidencialidad de sus domicilios.

“Cuando empecé a trabajar en seguridad electoral, hace casi 30 años, nunca me imaginé que eso incluiría la seguridad física de las personas que administran nuestras elecciones”, recuerda Alexander.

Pero, según ella, las cosas han cambiado rápidamente. Su organización está tratando de apoyar a los funcionarios electorales ofreciéndoles formación en prevención de conflictos y otros recursos. Se necesita más ayuda, y así ha sido durante mucho tiempo.

“La infrafinanciación crónica de la administración electoral en EEUU es una de las condiciones que han llevado a la vulnerabilidad de nuestros trabajadores electorales. Si las oficinas no estuvieran faltas de personal y de recursos en primer lugar tendrían más seguridad”, asegura.

Las oficinas electorales de California ya se vieron afectadas por las elecciones consecutivas de los últimos años, incluida la elección del gobernador en 2021. Meses después de eso, el condado de Shasta celebró sus elecciones locales de revocatoria de cargos.

“No hemos tenido un descanso en unos cinco años”, dice Allen, quien también está en la junta directiva de la California Voter Foundation. “Ningún miembro de mi equipo ha podido desconectar realmente, ni siquiera durante un tiempo. Ni siquiera puedo ir a la cima del Monte Lassen, donde sé que nadie puede localizarme”, cuenta.

Allen dice que, en el pasado, desmitificar el proceso electoral con visitas guiadas a la oficina y un recorrido por sus procedimientos ayudó a disipar los temores de la gente. Asimismo, este año, la oficina está tratando de luchar contra la marea de desinformación con una oferta constante de información fiable  publicada por su oficina a través de las redes sociales y sitios web, tratando de alcanzar a todos los votantes posibles. El condado ha contratado a una persona para que trabaje en la educación de los votantes y la divulgación.

Pero a medida que la desinformación prolifera, hay un contingente creciente de personas que no creen en ningún mensaje que provenga de la oficina, asegura.

“No sé cómo disuadir a la gente de una creencia que han tragado al por mayor como si fuera una religión”, apunta. “Aun así, lo intentaremos”, sostiene.

Sin embargo, Allen mantiene la esperanza de que las cosas mejoren. En una mesa de su despacho hay una pila de tarjetas de agradecimiento de vecinos que expresan su gratitud por el trabajo de su oficina. Ganó la reelección por un amplio margen.

“En junio, seis de esas personas que creen en algunas de estas informaciones falsas sobre el fraude electoral y el robo de las elecciones se presentaron a las elecciones y ninguna de ellas ganó. Ni siquiera uno de ellos. Para mí, esa es la historia: los votantes del condado de Shasta pudieron ver más allá”, opina.

En cuanto a los desafíos nacionales para los trabajadores electorales, Allen dice que “esto también pasará”.

“Creo que va a empeorar antes de mejorar, pero mejorará”, pronostica.

Traducción de Julián Cnochaert.

Van casi cuatro décadas de democracia. Y podemos decir como “saldo” de saldo que no tuvimos un problema de descreimiento en las instituciones, más bien al revés: creímos demasiado en ellas. Justicia, justicia perseguirás. Porque más allá del famoso “rezo laico” también parecería posible que la democracia naciera con un desafío evangélico bajo el brazo: “¿Qué vas a hacer con lo que te hicieron?”. Las reglas de la democracia no estuvieron tanto en lo que fueron capaces de evitar (que una persona fuera asesinada, tuviera hambre o no se curara), sino en la educación de las víctimas: buscar justicia. ¿Qué vas a hacer con lo que te hicieron? La pregunta de la democracia. 

No hubo venganza desde el arranque: ni los familiares de los desaparecidos, ni los familiares de la AMIA, ni los de Cromañón, ni los del tren de Once o el ARA San Juan. Nadie se vengó. Tampoco Juan Carlos Blumberg, quien pidió más penas, rodeó el Congreso, con aquel movimiento de velas y reclamo tan popular. Si lo midiéramos por geografía porteña: su causa cruzó de Lugano a Belgrano. Recuerdo a dos pobres mujeres que cobraban el PEC porteño (150 pesos mensuales por el que contra-prestaban horas de atención al público en el CGP de Lugano): las dos se movían por el edificio juntando firmas. Y gratis. Axel Blumberg ya no tenía clase social: era el hijo de un país desgraciado. Todos, a su modo, creyeron en la justicia: pedirla, cambiarla por dentro, cumplirla, exigir más leyes o leyes más duras. Por eso aprendieron a caminar, plazas y palacios. Donde hay un familiar de las víctimas, hay un referente: un lobista legítimo de la causa, alguien al que nadie le aguanta la mirada.

Una monjita y dos padres humildes inventaron las marchas del silencio y dieron vuelta una provincia. El crimen de María Soledad Morales en Catamarca. Las rondas, las velas, el silencio. El pedido por Marita Verón. Los encubrimientos judiciales terminan en causas por encubrimiento. Hay gimnasia. Un aprendizaje a los tumbos. La instrucción cívica se aprende en la calle. Los papás de Fernando, el joven al que un grupo de rugbiers mató a golpes, ahí están, en el santuario de su intransigencia: esperan el juicio. Esa mamá tiene un grito encima que no se calla más. Reescribe la leyenda guaraní del sueño de una tierra sin mal.

La violencia política cruzó dos siglos en Argentina. Fusil contra fusil, voto a voto, unos podían “tirarle un muerto” a otros, se robaban cadáveres sagrados, bautizaban Traviata a un sindicalista asesinado vilmente a balazos. Los de uniforme, casi todos, discípulos de una Escuelas de las Américas. Todo eso se ahogó en el río de sangre. La izquierda también fue armada y discutió cien veces las armas. “No matarás”, escribió Oscar Del Barco. Desde el 83 la política fue haciendo su armisticio, un camino difícil, aunque ahora miremos como si hubiera habido una ceremonia solemne, un instante y, chuz, se hizo la paz. El riesgo de estos días hizo reeditar y estirar del pasado la palabra “consenso”, muchos invocan el consenso del nunca más. ¿Éramos todos Sábatos? No. Pero las víctimas nos educaron.

Entre las primeras películas de la “primavera democrática” había un policial negro del gran Juan Carlos De Sanzo, En retirada. Julio de Grazia encarnaba al padre que quería vengarse de un represor que cruzó de casualidad en la calle, uno que se había llevado a su hijo de los pelos. Rodolfo Ranni hacía de nuestro “perfecto asesino”: cuidaba plantitas, desocupado pero visitando viejos jefes que le huían en los “nuevos tiempos”, dormía en una pensión mientras miraba por tele el show del horror. La película es buenísima pero agujereada: no existió ese padre vengador. Las víctimas en Argentina, casi todas, por derecha o por izquierda, vinieron con un chip que desconocían: el de la paciencia democrática.

“Nosotros no matamos presidentes”. Así dijo Alberto Kohan en su comparación entre los Estados Unidos y la Argentina que conté acá. Pero la banda de los copitos estuvo a un segundo de que su bala criminal desatara un proceso que no sabríamos qué consecuencias podría tener para la democracia. A la vez, no podemos dejar de pensar de dónde vienen (no todo es sociología, pero sin sociología no se puede). En una columna de la edición del diario de hoy Fernando Rosso también tira del hilo microemprendedor de los restos de una Side cuyo hormiguero fue pateado hace años. Los hijos del siglo XX miramos de reojo esta precariedad.

Hace unas semanas la democracia estuvo a punto de romperse, al minuto del abismo. Pero si tampoco tuvimos una democracia tan “sagrada” ¿cómo fue por dentro la relación de los fierros y la democracia? ¿Cómo se hizo el “desarme” civil? El 83 trajo su armisticio. Con altibajos, con cuitas y sangre en el ojo, lo vimos en la “paritaria” carapintada que retrató el documental imperdible de Sergio Wolf Esto no es un golpe (“¿quién me iba a parar?” decía Rico) o en la última acción guerrillera en el verano de 1989 con el copamiento de La Tablada. Años después hubo otro hecho armado, puntual: el ORP de los años noventa, la “Organización Revolucionaria del Pueblo”. Carlos Mackevicius publicó un libro valiente: Krmpotic (Ediciones Paco, 2019), en el que entrevista a este último mohicano de la acción armada, Adrián Krmpotic, el militante fundador de la ORP que quiso secuestrar al médico policial Carlos Bergés, para que confiese lo que sabía del robo de bebés. Y perdió.

Las armas producen sus leyendas. Algunas las exponen en vidrieras. La simulación de una violencia que saben tercerizada en otros. Como la “pistola” que Guillermo Moreno habría puesto en la mesa de sus paritarias. Otras son la justicia por mano propia de los que se dedican a hacer cumplirla: la “Glock” del juez Claudio Bonadío con la que mató a dos ladrones. ¿Otra? La ametralladora de José López cuando entró al convento con bolsos llenos de dólares del negoción truculento de la obra pública. La escena da pie a un Moldavksy que dice: “¿Quién de nosotros no tiene un bajón a las 3 de la mañana? Cada uno lo encara como puede. Yo como dulce de batata, él salió con 9 millones y la ametralladora. ”Así, zigzagueante, podemos reconstruir el repaso de guerras privadas y en cuotas. Armas que abrieron el breve telón de este siglo: aún en democracia hay armas también bajo esa forma bandolera, paraestatal, que muestra el filo del Estado.

Papeles viejos. Carl Schmitt, en Teoría del partisano diferencia la guerra tradicional entre dos Estados a la figura del partisano. Escribe: “El partisano moderno no espera ni gracia ni justicia del enemigo. Dio la espalda a la enemistad convencional con sus guerras domesticadas y acotadas, y se fue al ámbito de otra enemistad verdadera, que se enreda en un círculo de terror y contraterror hasta la aniquilación total”.

Ataque ochentoso

La democracia se parió con un armisticio: se guardaron los fierros. ¿Pero de verdad se podían guardar las armas? Las víctimas hicieron decir que sí. Que no hacía falta, que ya no era necesario lo que en los años setenta se naturalizó: casi toda agrupación u “orga” tenía sus armas de autodefensa. Después, entonces, los resabios de lucha armada quedaron o fueron para dirimir internas: ahí entraron a veces casi todos (algún chumbo para resolver cuitas; las armas, por un segundo, volvían). 

Flashback. Año 88. Pancho cuenta una reunión que invitan a la JUP los del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Pancho era un militante auténtico de esos años: peronista de izquierda, llegado de un pueblo del interior, se sentía hermano menor de los que perdieron la década anterior. De ahí quedaban fierros (el mito de una casa en Hurlingham donde se habían enterrado fierros y los compañeros pidieron permiso a la familia que vivía y los desenterraron, cuenta). “Fuimos toda la banda de la JUP de Capital al subsuelo de la Facultad de Medicina. Nos llamó una gente del MTP. Dicen: ‘Muchachos, ustedes tienen fierros de los Montos y queremos que nos ayuden a demostrar que a ellos les entran las balas’”. La historia que sigue es conocida, trágica, y termina en La Tablada. “Nosotros le dijimos que teníamos cuatro escopetas, dos veintidós, tres Fiat, y dos Citroën”, cierra Pancho.

En política los fierros existían: el sindicalismo y agrupaciones universitarias hacían uso y leyenda. El desarme fue gradual, de a poco, con reservas, como dijimos, para algún apriete interno. Radicales y peronistas tenían algo, se peleaban en esas internas por los paredones de las pintadas. Hay anécdotas por miles, incluso de viejos militantes del PI. Los radicales y las internas de sus parroquias, algún Beto Larrosa que recordaba su vieja boina blanca. Un tiro al aire para separar una gresca, como el que se oyó en una convención radical en el Comité Capital de 1985. El que busca encuentra parva de anécdotas así, marginales. Tiros viejos en odres nuevos. “Esa logística fierrera tuvo alguna importancia hasta principios de los noventa –dice Pancho–. Con el menemismo cambió porque era abrumadora su supremacía en logística.” 

El Partido Comunista también llegó a la democracia. Sus lecturas cuestionables sobre la dictadura no le restaron peso. En su visión permanecía abierta la posibilidad de lucha armada en el continente (Nicaragua, El Salvador, Colombia) con su “internacionalismo latinoamericano”; o sea: vivían la post dictadura cohabitando con luchas insurgentes en el continente. El “consenso de los derechos humanos” estaba escribiéndose. Cultura psicobolche mestiza: la Canción urgente para Nicaragua y el Nunca más. Esa dualidad imponía una formación y adiestramiento físico y político, pero no se ubicaba en el terreno de lo nacional, porque acá aparece la “otra mirada”: en Argentina trabajaban el enfoque de las denominadas “autodefensa de masas”. Una militante dice: “Eso tiene que ver con logísticas para cuidar procesos de lucha, porque las fuerzas del orden iban a defender los intereses de clase”. El PC se proponía “vigilar” a las Fuerzas: “Para poder analizar una situación de conflicto exacto y tener un diagnóstico rápido de las escenas concretas hacíamos relevamientos de cantidad de miembros de las distintas fuerzas represivas. Recorríamos zonas donde diagnosticar presencias llamativas o externas al escenario habitual. Y para denominarlo se utilizaba una regla nemotécnica llamada calute. Cada letra del calute es lo que tenés que registrar rápidamente para un informe de la situación. Y en función de eso, disponer tu participación y tu dispositivo de participación en el lugar.”

A eso agregaban normas de seguridad de acuerdo a la situación de conflicto: tener el nombre de los compañeros que asisten a una actividad, una lista de compañeros externos que no estén en la actividad para dar aviso si alguno no llegaba, o prácticas de seguimiento y contra seguimiento. “Poder detectar si hay alguien raro que te sigue. Tener puntos de encuentro con compañeras y en un trayecto largo a una actividad y garantizar la integridad física de ellos.”

En 1989 hubo un incidente en el Concejo Deliberante. El “legendario” Roberto Suardi, concejal peronista, intentó apropiarse de la presidencia del Concejo. El peronismo había decidido poner a Jorge Argüello, actual embajador en Estados Unidos, como presidente, pero Suardi metió matones y boxeadores ahí. Me lo cuenta entre risas un militante de esos años poco apichonado (venía de los setenta con el cuero duro): “Hubo una gresca y Suardi sacó un arma que, según él, pertenecía a un funcionario de la municipalidad”. Suardi armó el incidente y ganó por asalto la presidencia. Duró poco. Al otro día vino la contraofensiva encabezada por Argüello. “Hubo piñas, palos, pero no fierros, porque el fierro lo sacó Suardi el día anterior frente a las cámaras. Mostró un revolver, que según él pertenecía a un tal Pancho Gaitán, funcionario de la Muni. Era mentira.” El arma era de Suardi, y quiso pasar como un “héroe” que se la había quitado a Gaitán. “Cuando entramos al Concejo Deliberante fue una recuperación, lo habían tomado y dormido ahí, se veían en el pasillo las cajas de pizza”, me dice. “Peleamos con un par de boxeadores. Cobramos y pegamos.” Raúl Padró, se decía, había llevado a los boxeadores para Suardi. Padró venía de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), un posgrado en piñas, tiros y muertos. Pero perdieron.

“Nunca pensé en matar a nadie”

Cuando asume Menem en julio de 1989 una de las primeras medidas políticas que lleva adelante es dividir la CGT con el apoyo de Gastronómicos, UPCN, Obras Sanitarias y UOCRA, que serán su columna vertebral y contra la oposición, sobre todo, de Camioneros y UTA (MTA). Pero a mediados de los noventa se hace un congreso buscando la unidad: un gran asado en el camping de Comercio en Ezeiza. Comercio era el otro gremio (conducido por Cavalieri) que integraba el grupo de “Los Gordos” junto a Sanidad y Alimentación. El día previo corrió un rumor: UTA y Camioneros iban a copar el congreso. En el asado estaban los jefes de la barra de Chacarita y gente vinculada a varios sindicatos (UOCRA, UPCN). Se establece un esquema defensivo, se preveía que iban a querer entrar por la fuerza estos sindicatos. Y el esquema surte efecto por una “infantería” hecha de algunas armas cortas y lanza cohetes (petardos), que se usaron como morteros, de manera horizontal. Hubo heridos. Camioneros y UTA no pudieron entrar al “congreso de unidad”. “Era muy común –me comenta un dirigente que estuvo ese día–. Sabíamos que la estructura de Gastronómicos de Barrionuevo con la barra de Chacarita y la UOCRA era gente muy pesada. En las movilizaciones los gremios teníamos algunos compañeros que iban con armas cortas ‘por las dudas’, eso era común, viejos resabios de otras épocas.”

En 2006 se patentó la imagen de “Madonna” Quiroz a los tiros en la quinta de San Vicente durante la recepción sindical al féretro que trasladaba los restos de Perón. El 17 de octubre de ese año una parte importante del peronismo y los gremios que tributaban al famoso “peronismo de Perón” organizaron actos para homenajear la recuperación de los restos del líder. El primero fue en el centro porteño, con la presencia de Gerónimo Venegas, Hugo Moyano, Eduardo Duhalde y Antonio Cafiero. Luego del acto, el féretro fue conducido en una caravana de autos, motos, camiones y policías que rodeaban y seguían la cureña. Una vez que la comitiva llegó a la quinta de San Vicente, encontró un recibimiento de cientos de hombres trenzados a palazos, trompadas y piedrazos en una gresca entre la UOCRA y Camioneros. En un momento el tiempo se detuvo y los pugilistas quedaron en blanco y negro ante un “Madonna” Quiroz empuñando con su diestra y gatillando una pistola Bersa calibre 9 mm, el cuerpo agachado pero firme para pulsar el gatillo. Esa tarde no hubo muertos de milagro. Cuando le preguntaron por qué había disparado, Madonna contestó: “para evitar un mal mayor, pero nunca pensé en matar a nadie”.

La bala que mató a Mariano Ferreyra en octubre de 2010 tuvo como escenario un conflicto por los tercerizados despedidos de la empresa mixta del ferrocarril Roca, que cortaban vías y protestaban con el apoyo del Partido Obrero, en que militaba Mariano. Un grupo de pesados de la Unión Ferroviaria corrieron a los tercerizados y militantes del lugar a piñas y balazos. Una bala alcanzó al militante de 23 años Mariano Ferreyra. El crimen ocurrió al mediodía. A la tarde, una multitud llenaba las calles del centro reclamando justicia.

No creemos en la justicia y aún la pedimos

La sociedad se sostiene en la desconfianza, en el derecho de muchos a creer en teorías conspirativas porque además casi siempre les mienten, dice acá Ernesto Semán. Así se vive entre los que no creen que Maldonado se ahogó y los que no creen que Nisman se suicidó. No creer también sostiene en parte la vieja fe democrática. ¿No creer es otro derecho a no ser comido por las bestias a riesgo de obstinación? Tal vez. 

Claudio Uriarte decía con cinismo y verdad: izquierdistas que trocaron recitar El Capital de Marx por el Preámbulo de la Constitución de Alberdi. Y en ese pasaje al “civismo” que para muchos resumía la continuidad del “Proceso”, también se empollaba el huevo de una democracia chiva: no hay mejor límite al “ajuste” que un calendario electoral. Votar cada dos años a la larga es como un programa de izquierda (votan los vencedores y los vencidos). Sin embargo, en estos cuarenta años no todos comieron, ni se educaron, ni se curaron. Y la conclusión se escribe sola. Pero una promesa al menos persistía en las reglas. Un argumento para la democracia: no hubo venganzas. Ése fue el camino. Ser peregrinos. AMIA, María Soledad, Cabezas, Puente Pueyrredón, Cromagnon, Marita Verón, Once, Blumberg, Maldonado, Las Madres del Dolor y tantos más. Esa democracia que cumple cuarenta años sobre todas esas “misas” de justicia y dolor, ¿se está rompiendo? 

MR