El fallo que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba escrito desde hacía días pero no estaba en los planes acordados que saliera el martes último, afirmó una fuente judicial con conocimiento directo del caso. Faltaba poco, pero no era inminente. Algo precipitó todo y provocó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocara a sus pares del tribunal a adelantar los tiempos.

Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte y aliado de Rosatti en medio de una interna feroz con el juez Ricardo Lorenzetti, aceptó la propuesta de firmar el fallo el martes 10 de junio.

La decisión iba a llevar las firmas de Rosatti y Rosenkrantz, pero finalmente, Lorenzetti se unió para conformar un voto unánime. “Es un triunvirato de impresentables”, afirmó Fernández de Kirchner, quien adjudicó el momento del fallo a la etapa electoral. “Agregaron el cepo al voto popular”, afirmó.

No está claro qué precipitó a Rosatti a adelantar los planes de la Corte, como pedía Lorenzetti. Lo cierto es que los rumores se confirmaron: el martes 10 de junio la Corte Suprema confirmó la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Deberá cumplir una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No podrá ser candidata ni funcionaria.

La decisión es inédita por donde se la mire: Fernández de Kirchner es la primera presidenta con condena firme por un caso de corrupción; el fallo de la Corte llegó en tiempo record -comenzaron a analizar el expediente en abril-; e impacta de lleno en todo el arco político, en medio de una precampaña electoral que deja a la principal líder opositora fuera de la carrera.

La unanimidad de la decisión del máximo tribunal no calmó las aguas agitadas por la pelea interna de poder. “La previa estuvo plagada de operaciones mediáticas”, aseguró una voz en la Corte. Pero lo cierto es que no hubo fisuras a la hora de condenar a Fernández de Kirchner, una resolución que se diferencia ampliamente de otras tomadas en casos similares por los jueces cortesanos.

Tanto la Corte como la Procuración General de la Nación y el tribunal que le antecede en la escalera del Poder Judicial -la Cámara Federal de Casación Penal- fallaron con una premura que no se aplica a los casos comparables, como los del fallecido expresidente Carlos Menem. Los tiempos se parecen más a los del caso del exvicepresidente Amado Boudou, pero aún así en algunos casos lo supera.

La revisión de la condena a la presidenta del Partido Justicialista (PJ) vio la luz en dos años y medio. Fue condenada en diciembre de 2022. Venía de un largo trayecto: la causa había comenzado en 2008 pero no se activó hasta 2016.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Federal número 4 lo sentenció por haber encabezado un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación.

El caso tuvo la particularidad de que Boudou fue detenido cuatro veces entre noviembre de 2017 y diciembre de 2020, debido a órdenes y contraordenes de los jueces de distintas instancias.

El expediente llegó al máximo tribunal en septiembre de 2019 y en menos de un año los ministros rechazaron los recursos de la defensa del exvicepresidente y del resto de los condenados, y dejaron firme la condena en diciembre de 2020. Pero si de diferencias se trata, las causas contra Menem exhiben otros tiempos totalmente diferentes.

Otro cantar

El expresidente murió en febrero de 2021. Para entonces, la absolución por el caso de contrabando de armas a Croacia y Ecuador seguía circulando por la Corte, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación.

Menem había sido absuelto por la Casación por “plazo razonable” en octubre de 2018. Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi argumentaron la absolución de Menem por “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”. El juez Carlos Mahiques consideró que el expresidente debía ser absuelto por falta de pruebas en su contra.

La causa llegó a la Corte el 26 de diciembre de 2018, tras los recursos presentados por los acusadores contra la decisión de los jueces de Casación.

El último movimiento de este expediente en la Corte quedó registrado en septiembre de 2020, cuando el máximo tribunal recibió “los autos principales” de la causa, es decir, el expediente. La Corte nunca llegó a revisar la decisión final contra Menem, quien murió absuelto.

La causa Armas se abrió en 1997. En 2001, Menem, ya fuera del poder, fue procesado por asociación ilícita. Estuvo cinco meses en prisión domiciliaria pero la mayoría automática de la “Corte menemista” lo absolvió. Esta vez, la Corte, con otra composición, sí actuó en tiempo record.

En 2007, luego de que la causa pasó al fuero Penal Económico, fue nuevamente procesado y enviado a juicio, un proceso que demoró otros tres años.

En 2011, fue absuelto pero el fiscal Marcelo Agüero Vera y la AFIP apelaron y llevaron el caso a la Casación. En 2013, la Casación condenó a Menem y ordenó al tribunal oral que fije su pena de prisión: recibió más de 7 años pero nunca fue preso.

El expresidente presentó un nuevo recurso ante la Casación y este tribunal se demoró cuatro años en concederle el recurso. Lo aceptó en 2017 y como consecuencia de sus propias acciones, en 2018, dos décadas después de iniciada la causa, la Casación absolvió a Menem y al resto de los acusados por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Menem también murió sin haber sido sometido a juicio oral y público por la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, en 1995. El hecho era vinculado a una supuesta operación para destruir pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Los tiempos de la Procuración

Uno de los factores que aceleraron la confirmación de la condena de Fernández de Kirchner fue el pronto despacho en la Procuración General de la Nación. El jefe interino del organismo, Eduardo Casal, recibió el expediente a mediados de abril y dictaminó en tal sólo un mes, a mediados de mayo último.

El titular del Ministerio Público Fiscal sostuvo el recurso presentado por el fiscal general Mario Alberto Villar en el que se solicitaba elevar penas y revocar las absoluciones del caso Vialidad.

En el caso conocido como “los sobresueldos de la SIDE” -por la Secretaría de Inteligencia del Estado-, Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, en diciembre de 2015, por el delito de peculado, al igual que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Estaban acusados de “sustraer ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula gubernamental”. La causa había sido iniciada en 2004.

En octubre de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, confirmó las condenas de Menem y Cavallo pero absolvió a Granillo Ocampo.

Dos meses más tarde, el caso llegó a la Corte. El expediente circuló durante casi seis años por el máximo tribunal. Estuvo un año en la Procuración General de la Nación a la espera del dictamen del jefe de los fiscales, Casal.

En noviembre de 2024, con Menem ya fallecido, la Corte declaró la causa de los sobresueldos extinta por violación del “plazo razonable” del juicio, que tardó 18 años. Cavallo, el único acusado, quedó absuelto.

AMIA: otra absolución de Menem

Menem fue juzgado en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA. En febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados pero el expresidente y otros cuatro imputados fueron absueltos.

El riojano estaba acusado de haber intentado desviar la llamada “pista siria” y tanto la fiscalía como las querellas de DAIA y AMIA habían pedido su condena, al igual que el Ministerio de Justicia y las querellas de Memoria Activa y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Finalmente, el tribunal lo absolvió.

En 2022, cuando Fernández de Kirchner fue condenada por Vialidad, la causa por el encubrimiento del mayor atentado de terrorismo internacional del país aún estaba en la Cámara Federal de Casación.

Recién en mayo de 2024, el tribunal que antecede a la Corte en la revisión de sentencias declaró al atentado de 1994 como un crimen de lesa humanidad. Además, confirmó condenas y, en algunos casos, redujo penas a los acusados. Entre ellos, no estaba Menem, ya fallecido.

ED/DTC

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Tribunal de Casación rechazara un recurso extraordinario contra un fallo en su contra.

A través de un comunicado, la exvicepresidenta denunció que el tribunal “no respondió ni trató las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas” y cuestionó la “arbitrariedad manifiesta de la sentencia”.

Además, recusó al juez de la Corte Suprema designado en comisión, Manuel José García-Mansilla, argumentando que su nombramiento por decreto por parte del presidente Javier Milei “viola la Constitución Nacional”. La exmandataria recordó que García-Mansilla había declarado en una audiencia en el Senado que no aceptaría una designación de ese tipo.

En el mismo escrito, la dirigente del PJ vinculó la decisión de recusarlo con declaraciones recientes de Milei, quien en un reportaje aseguró que Fernández de Kirchner “va a ir presa”, lo que, según ella, implica una “indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”.

Por otra parte, señaló que su partido solicitó una sesión especial en el Senado para el próximo jueves 3 de abril con el objetivo de rechazar el pliego del magistrado.

El escrito prersentado

La recusación de García-Mansilla

“No hay ninguna posibilidad de que vaya presa”

Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que vaya presa”, en referencia a la condena a seis años de prisión recibida por la causa Vialidad.

Desde la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, Beraldi indicó que, desde que la asesora, “Cristina nunca tuvo miedo”, que sabe cuál fue su accionar como mandataria y que este proceso “existe porque ha hecho muchas reformas que no le perdonan”.

Asimismo, sostuvo que la afirmación que realizó el presidente Javier Milei, al manifestar que “va a ir presa”, indicó que es algo “grave dentro del manejo de causas judiciales” y que un Jefe de Estado tiene “prohibido” hacer. 

Con información de agencias.

IG

A partir de este miércoles 13 de noviembre, la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su futuro político están en manos de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal que atraviesa una de sus crisis más profundas. Crisis cuya resolución depende de las decisiones políticas del gobierno de Javier Milei y del Senado.

La Cámara Federal de Casación confirmó esta mañana la sentencia a Fernández de Kirchner en el caso Vialidad, por la que la exmandataria está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública fue dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre de 2022 y fue revisada por la Sala IV de la Casación, máximo tribunal penal del país.

A partir de ahora, tanto la defensa de CFK como los fiscales que intervienen en el expediente acudirán a la Corte para pedir modificaciones en la sentencia. Los abogados de la exmandataria plantearán su absolución mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pedirá agravar su pena y condenarla también por asociación ilícita.

La sentencia de los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fue dividida en dos puntos del fallo. Si bien los tres jueces confirmaron por unanimidad las condenas y absoluciones dictadas hace casi dos años por el tribunal oral, no estuvieron de acuerdo en torno a un punto central para Fernández de Kirchner: su absolución por el delito de asociación ilícita.

Argumentos

Los jueces estimaron que entre 2003 y 2015 los condenados colaboraron en la sustracción de más de $ 84.835 millones de las arcas del Estado a través del direccionamiento de la obra pública de la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, socio y amigo de la familia Kirchner.

Además de confirmar la condena a CFK, los jueces confirmaron las penas contra Báez, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, todos por el mismo delito: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Las penas oscilan entre los seis años de prisión –pena máxima para ese delito- y tres años y seis meses.

En la sentencia sostuvieron que se había comprobado “un aceitado engranaje para aparentar el cumplimiento de la ley y presentar como válidos procesos licitatorios de obra pública vial manifiestamente irregulares”.  

“Se determinó que la excepción se transformó en la regla y ello se debió a un único motivo: perpetrar un plan criminal de inusitada envergadura mediante la utilización de medios lícitos y valiéndose de las facultades otorgadas a través de los diversos cargos públicos que tenían la mayoría de los imputados”, afirmaron los jueces de Casación.

En la sentencia se le dedicó un apartado al “lawfare”. “Sólo surgiría como una nueva teoría conspirativa”, “cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada”, aseguraron los magistrados.

La Sala IV de Casación también resaltó la conexión entre las licitaciones públicas otorgadas a Báez y la conexión del flujo de dinero con las empresas de la familia Kirchner. “Los incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó la defraudación juzgada, ya que parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta”, sostuvo el tribunal en un comunicado.

“Todo lo que se toma y se gestiona del Estado como si fuera propio, son fondos que no se asignan donde corresponderían. Son necesidades sin subsanar, derechos sin atender. Hablamos de una tragedia de la que no dimensionamos su real magnitud. Nunca sabremos cuántas personas habrán muerto por todas aquellas rutas y caminos que jamás se arreglaron ni se hicieron pero algo que nos deja la presente investigación es que el dinero correspondiente para arreglarlas o construirlas sí existió, pero no fue utilizado para sus fines específicos”, dice la sentencia. 

Los jueces plantearon: “Este es el real daño ocasionado con la inusitada maniobra criminal cometida por ex Presidentes de la República Argentina y algunos de sus funcionarios”. 

Asociación ilícita

Cuando se dictó la sentencia de primera instancia en diciembre de 2022, los tres jueces del tribunal oral votaron en unanimidad por la condena por administración fraudulenta pero existió una disidencia con respecto a la absolución por asociación ilícita.

Entonces, el juez Andrés Basso había sostenido que cuatro de los imputados, entre ellos Fernández de Kirchner, debían ser condenados por este segundo delito, de penas más graves, de hasta diez años de prisión. Sin embargo, la exmandataria fue absuelta por asociación ilícita por decisión de los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Los fiscales Diego Luciani y Mario Villar se presentaron ante la Casación para plantear que se revierta esta absolución parcial. Sólo el juez Hornos les dio la razón este miércoles, por lo que la situación judicial de CFK quedó igual.

Hornos sostuvo que la expresidenta, Báez, López y Periotti debían ser condenados por el delito de asociación ilícita y votó, también en minoría, disponer el aumento de la pena de decomiso.

El juez Hornos escribió un voto aparte por este punto de la sentencia y sostuvo que “el modelo de corrupción no se limitó a la manipulación de unas pocas licitaciones irregulares, sino que constituyó una asociación ilícita con una estructura organizada y jerárquica que operó durante más de 12 años con una clara estrategia de saquear los recursos del Estado”, de acuerdo a un comunicado al que accedió elDiarioAR. 

Además, el magistrado afirmó que “la figura de asociación ilícita es esencial para hacer frente a este tipo de crímenes complejos, que requieren una respuesta judicial clara y contundente, sin el riesgo de impunidad que conlleva el desconocimiento de la magnitud de la estructura criminal que se desarrolló bajo los mandatos de los Kirchner”.

“Besitos”

La expresidenta no estuvo presente en la lectura del fallo. Minutos antes de las 11, publicó un video y un post en la red social X en la que anunció que mientras el tribunal se preparaba para la lectura de la sentencia, ella se dirigía a la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a una actividad con 400 mujeres. Finalizó enviando “besitos”.

El martes por la tarde, Fernández de Kirchner publicó un texto de cinco páginas, titulado “Los Copitos de Comodoro Py”, en el que daba por hecho que su condena sería confirmada por la Casación y criticaba al Poder Judicial.

Tanto las defensas como la fiscalía tienen un plazo de diez días para presentarse ante la Corte Suprema con sus planteos. El máximo tribunal del país no tiene plazos para expedirse, pero deberá decidir sobre al menos tres puntos: si confirma la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los involucrados, si los absuelve o si agrava la pena contra la expresidenta ampliando la condena por asociación ilícita.

ED/MG

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, dará a conocer este miércoles si confirma la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Vialidad. El fallo llega casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública.

La sentencia se leerá en los tribunales de Comodoro Py 2002 y se trasmitirá por YouTube. No se espera la presencia de Fernández de Kirchner en el edificio de Retiro, ya que no es obligatoria su presencialidad, explicaron a elDiarioAR fuentes directas del caso y de la defensa de la exmandataria.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, revisaron la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2, dictada el 6 de diciembre de 2022. El expediente de Vialidad tuvo a Fernández de Kirchner como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez —también condenado— en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos. 

Tras la sentencia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de las decisiones del tribunal oral. Los abogados de la exmandataria solicitaron su absolución mientras que los fiscales Diego Luciani y Mario Villar reclamaron que CFK sea también condenada por el delito de asociación ilícita, cargo del que resultó absuelta por dos votos contra uno durante el juicio oral y público. 

La decisión de Casación, que se conocerá a partir de las 11 de la mañana, no es sentencia firme, por lo que Fernández de Kirchner no debería quedar detenida ni inhabilitada a ejercer cargos públicos hasta que la Corte Suprema decida sobre su caso. Entonces, la sentencia sí quedará firme. 

Esto último se debe a que en el nuevo Código Procesal Penal, votado por gran parte de las fuerzas políticas en el Congreso, existen seis artículos que el kirchnerismo hizo entrar en vigencia de manera anticipada en febrero de 2021. Fernández de Kirchner estaba siendo juzgada por este caso desde mayo de 2019. 

Los artículos plantean que es necesario que la Corte Suprema revise y decida sobre una sentencia para que se considere sentencia firme y la pena de prisión se haga efectiva, siempre y cuando las partes recurran al máximo tribunal. Una Corte que, además, podría cambiar su composición en el corto plazo.

Escenarios

La intervención de la Corte Suprema está cantada, explicaron fuentes directas del caso a elDiarioAR: cualquier sea la decisión de Casación, el expediente se elevaría al máximo tribunal. Si se confirmara la sentencia de seis años contra Fernández de Kirchner, tanto la defensa como la fiscalía recurrirán a la Corte. La primera, para insistir con su absolución. La segunda, para seguir planteando su condena por asociación ilícita.

La Corte Suprema no tiene plazos para revisar los eventuales planteos de la fiscalía o de la defensa.

Además, la causa tiene otros ocho condenados y algunos absueltos, como el exministro Julio De Vido —decisión apelada por la fiscalía—.   

Fernández de Kirchner ya tiene más de 70 años de edad, por lo que eventualmente, de ser confirmada su sentencia en la Corte Suprema, tendría prisión domiciliaria. Si la Corte se demorara y fuera electa para un cargo legislativo en 2025, podría sumar fueros que también la protejan de quedar detenida. En ese caso, debería ser desaforada.

Los jueces de la Casación pueden fallar en distintos escenarios. Un fallo posible es que confirmen la condena del tribunal oral federal y rechacen el planteo de los fiscales de condenar a la expresidenta por asociación ilícita. En este escenario, CFK debería recurrir a la Corte Suprema para insistir con su absolución total. 

Una segunda posibilidad es que los jueces absuelvan a Fernández de Kirchner y un tercer escenario es que agraven la situación de la condenada y que además de confirmar su sentencia por administración fraudulenta sumen otra por asociación ilícita. En este caso, Casación ordenaría al tribunal oral que dicte una nueva sentencia, más grave para la expresidenta. 

ED/JJD

La Vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este martes con un posteo en su cuenta de Twitter en el que apunta contra los recientes sorteos de jueces para revisar, por un lado, la causa Vialidad en la que fue condenada; por el otro, el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“Anoche, en el portal de La Nación, leí este título: 'Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan', contó la expresidenta.

Y analizó: “¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019… la condena ya la tienen escrita. Eso sí, les faltó agregar: 'Y muy buenas noticias para Macri'”, cuestionó.

Al preguntar “¿por qué buenas para el jefe del PRO?”, Cristina Kirchner explicó: “Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos”. Y concluyó: “Es joda. Más explícito no se consigue”.

Barroetaveña revisará las condenas en la causa Vialidad

El juez Diego Barroetaveña salió sorteado días atrás para formar parte de la sala de la Cámara Federal de Casación que revisará la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados en la causa “Vialidad”, en la que fueron juzgados por presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El acto se realizó el pasado 9 de junio luego de que, la semana anterior, los integrantes de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaran apartarse del caso y ordenaran realizar el sorteo para designar al tercer integrante que revisará el veredicto del Tribunal Oral Federal 2.

Barroetaveña resultó designado en un sorteo “informático” que se cumplió con acceso a las partes, en la oficina de sorteos de Casación Penal.

De esta manera, este magistrado, junto a Hornos y Borinsky, serán quienes tramiten las apelaciones que se presentaron tanto por parte de los imputados como de la fiscalía contra el veredicto.

Hornos y Borinsky rechazaron la semana pasada un planteo de la defensa de la Vicepresidenta para que se aparten del caso.

Barroetaveña reemplazará al tercer miembro de la sala IV, Javier Carbajo, quien se excusó de intervenir.

La Vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión por supuesta defraudación y absuelta por el delito de asociación ilícita, en un fallo apelado por su defensa.

En la apelación se consideró que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades” y que existe “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, en un recurso que mantuvo el fiscal ante esa instancia Raúl Pleé.

Este último fue recusado por la defensa de la Vicepresidenta, un tema que aún no fue resuelto.

El 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por supuesta “administración fraudulenta” con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

El veredicto “no cuenta con pruebas directas”, advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovo

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

En el juicio se debatió si el también condenado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Los jueces condenaron a seis años de prisión a la Vicepresidenta, a Báez y al ex secretario de Obra Pública José López.

Además fueron condenados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, entre ellos el ex titular del organismo Nelson Periotti, quien recibió 4 años y medio de cárcel.

Borinsky revisará el supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, fue designado por sorteo para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El sorteo se realizó luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente a Alejandro Slokar.

El apartamiento del juez Slokar se dio por la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D'Alessio, donde el magistrado dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió cuando se consideró imputada.

El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia, realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D'Alessio.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

Al conocerse la designación de Borinsky, la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde señaló: “Vamos a impulsar la recusación de Borinsky, la cual estimamos tendrá acogida favorable, justamente en base al criterio de la Cámara Federal, para apartar al Juez Slokar hace pocas horas. Los antecedentes judiciales y visitas a Olivos de público y notorio, son muestras del temor de mis representadas respecto a la falta de imparcialidad del magistrado”.

Recusan a Borinsky

Una querella en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y pidió su apartamiento. La abogada Valeria Carreras pidió que el magistrado no intervenga en la revisión del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia de mis representadas, el ex presidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, argumentó Carreras para justificar su solicitud. Además, aseguró que hacer lugar al pedido le garantizaría a las familias de las víctimas, además de imparcialidad, un trato igual frente a la ley y la posibilidad de “llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.

Con información de agencias.

IG

Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra el rechazo “in limine” de las recusaciones planteadas contra dos miembros de ese tribunal, quienes deben revisar su condena a seis años de prisión, en el marco de la causa “Vialidad”.

Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, apuntados por dichos recursos, resolvieron “declarar inadmisible el recurso de casación 'horizontal' interpuesto por la defensa particular” de la vicepresidenta, con el que se reclamaba que las recusaciones rechazadas sean revisadas por otros jueces.

De quedar firme la resolución, los magistrados miembros de la Sala IV de Casación, integrarán el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. Al mismo tiempo, deberá sortearse un tercer juez antes de la convocatoria a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron aquel fallo.

Fuentes cercanas a la exmandataria señalaron que podrían presentar un recurso de queja con la intención de que sean otros jueces del máximo tribunal penal los que revisen si deben o no proceder las recusaciones planteadas contra Hornos y Borinsky.

La defensa de Kirchner, condenada en este juicio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, había recusado a los jueces porque ya intervinieron en la causa, así como por supuesta falta de independencia y parcialidad, ya que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el entonces presidente Mauricio Macri.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer en marzo pasado los fundamentos de las condenas impuestas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros funcionarios, por el delito de fraude a la administración pública.

Las defensas apelaron las condenas, mientras que el fiscal Diego Luciani la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio. Ahora, deberá intervenir la Casación cuando el tribunal quede confirmado.

Asimismo, los camaristas de la Sala IV de Casación confirmaron que los jueces del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini serán quienes lleven a cabo el juicio del segundo tramo de la causa Vialidad, donde deben juzgarse los escalafones menores de la maniobra investigada.

LC con información de agencia Télam

Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazaron este miércoles la recusación presentada por defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no intervengan en la revisión de su condena por la causa conocida como “Vialidad”. En el mismo fallo, aceptaron la excusación de su colega Javier Carbajo, quien planteó que debía apartarse porque ya había adelantado opinión sobre el caso.

De quedar firme la resolución, Hornos y Borinsky integrarían el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. Al mismo tiempo, debería ser sorteado un tercer juez antes de la convocatoria a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron el fallo.

En marzo pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio a conocer los fundamentos de las condenas impuestas a Kirchner, Báez, José López, exsecretario de Obras Públicas, y otros funcionarios por el delito de fraude a la administración pública. El mismo fue apelado por defensas y también recurrido por el fiscal Diego Luciani, quien se opuso a la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.

La defensa de la Vicepresidenta, condenada en este juicio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, había recusado a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa, así como por la supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente de la Presidencia.

“Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, habían señalado en aquella presentación los abogados defensore Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en relación a Hornos y Borinsky, quienes integran la sala cuarta del máximo tribunal penal.

Los jueces de la casación desestimaron “in límine” las recusaciones, al recordar que intervienen como jueces naturales de la causa en virtud del sorteo efectuado y opinaron que los planteos que buscaban apartarlos están “basados en expresiones imprecisas y conjeturales”, según surge del fallo.

Por otro lado, ante las alegaciones de prejuzgamiento referidas por la defensa según diversos fallos dictados por la Sala IV en las etapas previas al proceso, los jueces dijeron que es la primera vez que están llamados a resolver sobre cuestiones de fondo y que todas las intervenciones anteriores se trataban de incidencias en las que rechazaron la intervención porque los recursos se dirigían contra sentencias no definitivas.

En cuanto al juez Carbajo, su excusación fue aceptada porque el propio magistrado había señalado en su presentación que al juzgar en el caso “la ruta del dinero K”, ya se había expresado en que el dinero lavado por Báez provenía de delitos vinculados a la obra pública, lo que significó adelantar opinión sobre el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir.

LC con información de agencia Télam

Javier Carbajo, uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que debía revisar la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros imputados por la causa Vialidad, se excusó este jueves de intervenir. El juez de la sala IV del máximo tribunal penal consideró que ya había opinado al resolver en la causa por lavado de dinero por la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, por lo que no garantizó su imparcialidad.

El magistrado sostuvo que el caso de Báez tiene hecho ilícito precedente el supuesto direccionamiento de la obra pública, el cual ahora estaba llamado a intervenir. “Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones S.A. en aquella operatoria ilegal, que han sido también sopesados en la resolución aquí recurrida para dictar un temperamento condenatorio en su contra, por lo que considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado”, planteó Carbajo en su excusación.

La sala también está integrada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces que deberían decidir si aceptan o no la excusación de su colega, aunque la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner los recusó este mediodía y solicitó paralelamente que no sean ellos los que intervengan en el tratamiento del apartamiento de Carbajo.

Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados que representan a la exmandataria, recusaron a los tres jueces de la sala de Casación, los cuales deben intervenir en la revisión de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo -más allá de la inhibición ya postulada por este último-, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado”, sostuvieron los letrados.

La defensa de la Vicepresidenta recusó a Carbajo por haber adelantado su opinión, mientras que a Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir que trascendiera que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri durante su administración. “Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, señalaron.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre las presentaciones realizadas por las partes contra la sentencia de la Tribunal Oral Federal (TOF) 2, el cual ya fue apelado, entre otros, por la Vicepresidenta quien reclamó su absolución y por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que reclamaron agravar las condenas.

En su apelación, la defensa de Fernández de Kirchner reclamó: “Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”. Agregaron que la condena “se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”.

Por otro lado, el fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la condena a la Vicepresidenta y los demás acusados, y que se los condene también por el delito de asociación ilícita. En aquella presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron además que Casación revoque las absoluciones que favorecieron a Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

LC con información de agencia Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación por el juicio de la “causa Vialidad” y que se disponga su absolución. Fue tras argumentar que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

En tanto, el fiscal Diego Luciani solicitó que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta, y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que en su momento fue descartada por el Tribunal Oral Federal 2.

La petición de la expresidenta fue realizada por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes reclamaron “absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”. En diciembre pasado, Fernández de Kirchner obtuvo la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por supuestas anomalías en el otorgamiento de obra pública durante su gestión.

Los letrados dijeron en su presentación que “la sentencia aquí recurrida consolida un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión”. “Y a su vez, nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

Beraldi y Llernovoy anunciaron que “mantenemos las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48), así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes”. Sostuvieron que “se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.

Los abogados de la exmandataria argumentaron que en el juicio “se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”, y “los jueces sentenciantes asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional”.

La defensa sumó que “se violó el principio 'ne bis in ídem' (prohibición de perseguir o sancionar dos veces) y el valor de la cosa juzgada, ya que se dictó una sentencia condenatoria basada en los mismos hechos que ya fueron juzgados y sobreseídos por los jueces competentes con calidad de cosa juzgada”. Aseveraron además que “se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio, en particular, pues la mayoría de las pruebas de descargo ofrecidas por esta defensa fueron rechazadas y se fundó un reproche penal en orden a presuntos hechos y pruebas que nunca habían sido debatidos en el juicio, en abierta vulneración al principio de congruencia”.

Remarcaron que “se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”. Otra supuesta irregularidad destacada fue que “se violó el principio de culpabilidad, al dictarse una injusta condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fundada en hechos ajenos, que ni remotamente le pueden ser reprochados, ya sea por una actuación activa u omisiva”.

Continuaron diciendo que “se violó el principio de legalidad sustantiva, pues se dictó una arbitraria condena en orden al delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública sin que se hubiesen satisfecho, tan siquiera mínimamente, las exigencias típicas, objetivas y subjetivas, requeridas por la normativa penal en trato (arts. 173 inc. 7 y art. 174 inc. 5 del Código Penal)”.

De esa manera, los Beraldi y Llernovoy pidieron que “se tenga por presentado en tiempo y legal forma el presente recurso”. En ese contexto, solicitaron “al tribunal oral, que conceda esta impugnación y eleve las actuaciones al Superior en la forma de estilo, sin más trámite” y a la “Cámara Federal de Casación Penal, que case la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de impugnación”.

Concluyeron: “y, por corresponder disponga: absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.

LC con información de agencia Télam

La difusión de los fundamentos que tuvo el Tribunal Oral Federal número 2 para condenar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad generó una ola de repudios de parte de dirigentes oficialistas, mientras que por parte de Juntos por el Cambio primó el silencio.

“Buscan sentenciar otra cosa con la persecución a CFK, el armado de causas, no hay dudas que hay otra sentencia: enterrar los 12 años del proyecto de gobierno de Néstor y Cristina y demonizar lo que eso simboliza y representa”, consideró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En tanto, Martín Soria, ministro de Justicia, posteó: “Ni el fiscal con sus ”3 toneladas de prueba“, ni el tribunal con sus 1600 páginas de sentencia, fueron capaces de encontrar UN SOLO HECHO que acredite la participación de Cristina Kirchner en la causa. Tenían una misión: proscribir a CFK y reivindicar la Revolución Fusiladora”.

Para el canciller Santiago Cafiero, “con los fundamentos de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera Cristina. Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral. En lo verdaderamente importante, el peronismo no tiene matices: con persecución no hay democracia plena. Pero sepamos, compañeras y compañeros, que la historia es justa y los pueblos vencen. Así lo demostraron Lula en Brasil y Evo en Bolivia”.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau afirmó que los fundamentos dados a conocer este jueves son “un paso más en una parodia de juicio llevada adelante por un tribunal que no es imparcial” y afirmó que la condena en la causa Vialidad forma parte de “un plan sistemático de persecución política”.

La intendenta del partido bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, apeló a las redes sociales y afirmó: “Nada sin Cristina. La mafia judicial la quiera proscribir, el pueblo argentino no lo va a permitir. Para cuidar a la Argentina, vamos para adelante con Cristina. Basta de proscripción. Todxs con Cristina”.

“Proscripta por hacer feliz al pueblo argentino. Nunca se lo van a perdonar”, publicó La Cámpora, junto con una serie de imágenes para destacar las políticas impulsadas por Cristina Kirchner en sus dos gestiones al frente de la Casa Rosada.

En tanto, la Juventud Peronista advirtió sobre una coincidencia en la fecha en la que se dieron a conocer los fundamentos del fallo: en el mismo día pero de 1956 se publicó el decreto 4161 que proscribía al peronismo.

“Les ahorramos a los jueces la publicación prevista para hoy de los fundamentos de la sentencia contra @CFKArgentina”, habían tuiteado previo a que se difundiera el documento del TOF 2, al tiempo que publicaron un irónico decreto simulando la proscripción de la vicepresidenta y todo lo vinculado al kirchnerismo.

Ese paródico decreto también se multiplicó, ya en versión impresa, en la vigilia que realizaron militantes kirchneristas frente al Palacio de Tribunales a partir de la noche del miércoles y a la espera de los fundamentos del fallo en la causa Vialidad.

El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, también se mostró furioso por los fundamentos del fallo y afirmó: “Es un espanto lo que estamos viviendo. Que la Justicia se haya tornado en esto duele tremendamente, porque esto no es bueno para la democracia argentina”.

Por parte de Juntos por el Cambio, los dirigentes opositores evitaron salir al mundo tuitero de manera rápida y sólo se pudo leer el mensaje publicado por el diputado nacional de la UCR Mario Negri, quien destacó el decomiso que había ordenado el tribunal en diciembre pasado al condenar a la ex mandataria: “84.835 millones de pesos. Justicia o corrupción”.

En tanto, el diputado de JxC, Fernando Iglesias, aseguró “Condenada por la Justicia argentina, no proscripta”, en respuesta a un tweet de Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Con información de NA.

IG

El ministro de Interior, Eduardo `Wado` de Pedro, dijo que hoy es “otro día de persecución” luego de que este jueves se conocieran los fundamentos en la causa Vialidad y advirtió que “el nivel de putrefacción y promiscuidad en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial para toda la Argentina”.

“Hoy para nosotros es otro día de persecución. Es otro día donde el Poder Judicial vuelve a demostrar el rol disciplinador que está cumpliendo. Cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral”, afirmó De Pedro en declaraciones a AM 750.

El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer esta mañana los fundamentos en base a los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por presunta administración fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término de un juicio en la llamada “Causa Vialidad”, en el que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.

“Lo que alguna vez fueron los golpes de Estado o la utilización de las fuerzas armadas para disciplinar a las fuerzas políticas, hoy lo hacen vía medios y sectores del Poder Judicial”, advirtió De Pedro.

Y agregó: “La oposición aprovecha la parcialidad de los medios para posicionarse y ganar elecciones. Es un tema que debería llamar a la reflexión. El nivel de putrefacción y promiscuidad en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial para toda la Argentina”.

En ese marco, el titular de la cartera política sostuvo que le “llama la atención” que los fundamentos se conozcan un 9 de marzo, al recordar que en esa fecha del año 1956 fue cuando se entró “en una etapa de proscripción” en Argentina en referencia al decreto que proscribió al expresidente Juan Domingo Perón.

“Fundamentaron un fallo inexplicable que ya estaba escrito de antemano. Los fundamentos son los que dio el diario Clarín durante más de 15 años. Hoy sectores del poder judicial acomodaron el código penal y procesal a esos quince años”, remarcó el ministro.

Con información de Télam.

IG

A lo largo de 1.616 páginas, los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la obra pública consideraron que su política de adjudicación representó un “caballo de Troya” destinado su beneficio económico y el de su familia“. Así, lo afirmaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes el pasado 6 de diciembre condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo al Tribunal, hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”

Para los jueces no hubo duda de que se trató del delito de administración fraudulenta y así lo consideraron de manera unánime luego de analizar la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los magistrados sobre la figura de asociación ilícita, tal como reclamo el fiscal Diego Luciani. Tanto Gorini como Gimenez Uriburu señalaron que esa acusación “parte de una hipótesis equivocada” y que no se pudo probar la “pluralidad de planes delictivos indeterminados. En disidencia votó Basso.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, remarcan los jueces. 

Otro punto clave de la sentencia es que los magistrados dieron por probada una reunión realizada en Santa Cruz poco después de las elecciones en las que Mauricio Macri fue electo presidente. Allí, según el fallo, Cristina -quien siempre negó haber asistido- se reunió con Báez, Julio Mendoza, José López y “en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez”. El objetivo fue desmantelar las operaciones. “Coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, dijeron los jueces.

Para Gorini, Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, “tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno (NdR: el gobierno de Cristina Kirchner) pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, al tiempo que agregan: “Nuestro convencimiento se cimenta en las pruebas reseñadas que revelan con certeza que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral Construcciones SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar”.

El TOF 2 explica que  la evidencia “ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Y agrega: “Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa”. 

Los fundamentos para la sentencia a CFK

Hacia el final del documento, los jueces se centran en la figura de la entonces presidenta Cristina Kirchner para explicar “la atribución de responsabilidad a la ex Presidenta de la Nación en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en calidad de autora”. Y agregan: “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV) fue dirimente”.

Además, argumentan que “pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo 'responsable político de la administración general del país'. Esto importa una responsabilidad jurídica y política, con proyecciones civiles y penales”. Para los jueces, “la resolución presidencial exteriorizada a través del Decreto nro. 54/2009 relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados”.

Los magistrados dicen que Cristina Kirchner quiso “proveer al beneficio económico de las empresas que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales ubicadas en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, o lo que es lo mismo, de las sociedades comerciales controladas por Lázaro Báez. O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”. 

Qué dijeron sobre el “lawfare”

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, argumentaron los jueces en contra de los reproches de las defensas durante las audiencias.  

Los fundamentos completos

La expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal número 2 por la adjudicación irregular de 51 obras viales a su exsocio Lázaro Báez. Los magistrados Gorini y Giméz Uriburu también explicaron por qué la absolvieron por el delito de asociación ilícita, al igual que a los otros doce acusados por la fiscalía, de acuerdo con el escrito publicado este jueves por la mañana en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

A partir de la publicación de los fundamentos, las defensas de los condenados y la fiscalía acusadora podrán presentar los recursos para soliictar la revisión de las condenas y absoluciones.

El juez Basso argumentó en un voto aparte sus fundamentos para disentir con sus colegas y considerar que Fernández de Kirchner debería haber sido condenada también por este segundo delito. Su voto será clave para el recurso que prepara el fiscal Diego Luciani ante la Cámara Federal de Casación para solicitar que se revea esta absolución y se dicte una nueva condena, como adelantó el funcionario acusador en un escrito publicado el día de la sentencia.

Así fue la sentencia

Las sentencias, textuales del fallo del TOF 2

“De conformidad con las prescripciones del art. 398 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, es que el Tribunal; RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final.

II.- CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5°- en función Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 5048/2016/TO1 1613 del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.- CONDENAR a MAURICIO COLLAREDA a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- CONDENAR a RAÚL OSVALDO DARUICH a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

V.- CONDENAR a CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VI.- CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- CONDENAR a RAÚL GILBERTO PAVESI a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII.- CONDENAR a NELSON GUILLERMO PERIOTTI a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- CONDENAR a JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

X.- CONDENAR a JUAN CARLOS VILLAFAÑE a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

XII.- Por mayoría, ABSOLVER a LÁZARO ANTONIO BÁEZ, CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ y NELSON GUILLERMO PERIOTTI, en orden al delito calificado por los Sres. Fiscales de Juicio como constitutivo del tipo normado por el art. 210 del Código Penal.

XIII.- ABSOLVER a JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO en relación a los hechos por los que fueron acusados, SIN COSTAS (art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIV.- DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN con relación al hecho imputado a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER y, en consecuencia, SOBRESEERLO en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los Sres. Fiscales Generales; y ABSOLVERLO respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final, SIN COSTAS (arts. 59 –inc. 3°- y 62 –inc. 2°- del Código Penal y 336 –inc. 1°-, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- DISPONER EL CESE de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER, JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos (art. 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVI.- NO HACER LUGAR a la solicitud de extracción de testimonios formulada por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, PONER A DISPOSICIÓN de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente.

Con información de agencias.

ED/IG

El Tribunal Oral Federal número dos de la Ciudad de Buenos Aires da a conocer hoy los fundamentos del fallo que condenó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a otra docena de imputados en la causa conocida como “Vialidad”.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso difundirán la sentencia mediante el sistema informático Lex 100, por el cual tramitan los expedientes y entregarán copias en formato digital a las partes.

El documento se insinúa extenso, de un millar de páginas, y describirá minuciosamente lo que los jueces creen que quedó probado a lo largo de un juicio que se extendió durante tres años.

En diciembre pasado, cuando dieron a conocer las condenas –que incluyen la pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner- los magistrados distribuyeron una suerte de adelanto de fundamentos.

En ese resumen, colocaron a la vicepresidenta como la principal responsable y beneficiaria de un sistema de corrupción que consistió en adjudicar 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, quien creció exponencialmente su patrimonio a la sombra de esas irregularidades.

Los jueces creen que existió “un beneficio ilegítimo a favor de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez”, también un “interés manifiesto sobre el plan criminal” por parte de la vicepresidenta, quien participó “en los beneficios económicos producto del delito”.

La condena se limitó al delito de administración fraudulenta y excluyó la figura de la asociación ilícita (el juez Basso se había inclinado por condenar también por esa figura, lo que hubiera significado una pena mayor).

El fallo insistirá en que hubo una maniobra fraudulenta para favorecer a Báez y, a través suyo, a la vicepresidenta.

La “maniobra fraudulenta” –según los jueces, en coincidencia con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola- “perjudicó los intereses de la administración pública”.

Toda la estructura del aparato estatal se confabuló para favorecer a las empresas del Grupo Báez, sobre quien el fiscal Luciani dijo reiteradamente: “Báez era Cristina Fernández de Kirchner”.

Además de describir las irregularidades detectadas en cada uno de los hechos, el fallo subrayará que para concretar el delito todos los intervinientes “desoyeron deliberadamente las alarmas” administrativas, judiciales y mediáticas.

El fallo es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, también ante la Corte Suprema de Justicia, de modo tal que la decisión que será fundamentada hoy aún no tiene fuerza de cosa juzgada.

Así fue la sentencia

Con información de NA.

IG

Sin realizar declaraciones, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti (presidente) y Carlos Rosenkrantz (vicepresidente del tribunal) dejaron el Congreso de la Nación este miércoles por la tarde, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, principal acto institucional del año. Se dirigieron directamente hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, en el barrio porteño de Tribunales. Acababan de escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico, con el dedo índice y miradas de desaprobación en cadena nacional, frente al pleno del Congreso, el Gabinete y gobernadores invitados. 

Rosatti y Rosenkrantz llegaron a sus despachos, lejos de los silbidos y gritos de diputados y senadores oficialistas, que se entremezclaban con los abucheos e insultos de los opositores al Presidente. Mientras Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto, Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte. A unos dos metros de distancia, ninguno de los dos dirigió la mirada al Presidente durante casi dos horas.

Tras el acto, “la orden fue no responder a las críticas, no subirse a la discusión política y comunicar hacia adentro del tribunal que el martes próximo se llevará adelante la reunión de acuerdo, que mantienen semanalmente, y que los expediente continúan tramitando”, afirmó una fuente de la Corte a elDiarioAR. Es decir, oídos sordos.

Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados.

Alberto Fernández, sobre la investigación por el atentado a CFK.

El martes 7 de marzo también tendrá lugar una nueva reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que continuará escuchando a los testigos citados en el marco de la investigación que el oficialismo lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño. 

El proceso no tiene posibilidad de avanzar en el contexto actual más allá de la comisión: el Frente de Todos (FdT) no tiene los dos tercios de los votos que requiere en Diputados para formalizar la acusación contra los ministros cortesanos ni en el Senado para destituirlos. Pero apuesta a un efecto desgaste sobre los jueces.

El martes próximo, a partir de las 13, están citados los fiscales federales Carlos Stornelli y Laura Roteta (ambos podrían declarar por escrito); el exsenador, exfuncionario y ex consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla (UCR); y Sergio Miguel Napoli (secretario letrado de la Corte). En la comisión parlamentaria tenían en la lista de posibles testigos del martes a Maria Burdin, vocera y principal asesora en comunicaciones de Lorenzetti, enfrentada desde hace años con el vocero y mano derecha de Rosatti, Silvio Robles. Sin embargo, no está en la lista de testigos finalmente notificados por la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo.

Las causas de CFK

“Ellos fueron al Congreso sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a este medio una segunda fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto. 

No acudir este miércoles al Congreso no fue una opción para los jueces de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), aseguran en el Palacio de Justicia, pero lo cierto es que pocos conocen los pormenores de la reunión del martes último en la que los cuatro ministros del tribunal acordaron que sólo asistirían Rosatti y Rosenkrantz en representación de todo el Poder Judicial, ya que son las dos autoridades formales de la Corte (presidente y vice). 

Como cada una de las decisiones que se toman en el tribunal en los últimos meses, se decidió con un máximo hermetismo. En los despachos linderos, el personal de la Corte especulaba con si darían el faltazo a la Asamblea Legislativa, o si los jueces irían y se levantarían ante las más que esperadas críticas de Fernández al tribunal. 

“Asistir a la Asamblea Legislativa es mandato constitucional de la Corte y los jueces decidieron priorizar el Estado de Derecho”, agregó uno de los hombres de la Corte consultados tras el acto, y recalcó: “Son el tribunal que vela por las garantías constitucionales y la Constitución dice que la cabeza del poder judicial debe asistir a la Asamblea Legislativa”.

Las críticas a la Corte fueron los pasajes más duros del discurso de Fernández. Acusó al máximo tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces federales de todo el país y a los jueces nacionales, y que funciona en el marco de la permanente disputa de poder entre el oficialismo, la oposición y los jueces por el nombramiento de sus respectivos candidatos a los juzgados más poderosos.  

El Presidente también acusó a los jueces de la Corte de “quitar dinero a los que más necesitan y destinar esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, en referencia al fallo de diciembre a favor de que la Ciudad de Buenos Aires reciba más fondos de la Nación para financiar la policía porteña.

Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia.

Alberto Fernández, sobre la condena a Cristina en Vialidad.

Fernández también habló de vínculos de jueces con empresarios y medios de comunicación. Hizo hincapié, además, en la supuesta intromisión de la Corte en atribuciones de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, al ordenar en sus fallos cómo el Gobierno debe distribuir fondos públicos. Y reclamó a la Justicia por dos causas penales en trámite: la investigación por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la condena contra la expresidenta por el caso Vialidad, que le valió una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que aún no están firmes.

En el pase de facturas entre el Gobierno y la Corte por quién incumple la Constitución, una fuente del máximo tribunal dijo a elDiarioAR: “El artículo 109 de la Constitución Nacional establece que ‘en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’, y sin embargo, lo hizo en tres oportunidades”.

Una de las referencias fue por el expediente abierto aún en la Corte por el reparto de fondos nacionales a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires iniciado por una demanda de la Ciudad contra Nación por la coparticipación. La Corte dictó una medida cautelar pero el fallo de fondo está pendiente.

En cuanto a la investigación por el atentado a la vicepresidenta, Fernández dijo: “Vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”. Luego agregó: “Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”. 

Sobre las condenas en el juicio de Vialidad, el Presidente se dirigió, sin nombrar al tribunal, a la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal del país que revisa las sentencias de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones.

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo Fernández sobre la condena de primera instancia, que aún debe ser revisada por tres jueces de la Sala I de la Casación.

ED

Nota: esta nota fue actualizada el 2 de marzo a las 08:49 AM con la lista de testigos finalmente notificados por la comisión parlamentaria para declarar el 7 de marzo próximo, en la que no está notificada María Burdin, funcionaria de la Corte y vocera del juez Lorenzetti.

La posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quede imposibilitada de ser candidata en 2023 por decisión del Poder Judicial es, en el escenario actual, una posibilidad lejana, de acuerdo a las normas vigentes y las fuentes judiciales con acceso a sus expedientes consultadas por elDiarioAR. 

Fernández de Kirchner tiene una sola condena, por el caso Vialidad: seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional en la adjudicación de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. 

Para que la pena impuesta en el juicio oral y público sea ejecutada aún resta que el caso sea revisado por dos tribunales superiores, lo que incluye un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso le agrega al expediente un plazo considerable, y aunque no es estrictamente predecible, las fuentes consultadas creen que 2023 terminará sin una sentencia firme en contra de la vicepresidenta. 

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, aseguró la expresidenta tras escuchar la sentencia en su contra el 6 de diciembre último.

La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre último podrá ser revisada a partir del 9 de marzo próximo, cuando los jueces presenten los fundamentos de su veredicto. A partir de los fundamentos, las partes del juicio (defensas y fiscalía) podrán solicitar a un tribunal superior que revise las condenas y absoluciones. Para ello, cuentan con 10 días hábiles, aunque pueden solicitar una prórroga.

El fiscal Diego Luciani ya anunció que recurrirá (apelará) la absolución dictada por el tribunal a favor de Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita.

El tribunal que quedará a cargo de revisar la sentencia del caso Vialidad es la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. 

No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa

Cristina Fernández de Kirchner — 6 de diciembre de 2022.

Tribunal de revisión 

La Casación Federal está dividida en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces. Cada sala funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de ciertos fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

La Sala a cargo del caso Vialidad es la número I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Incluso si la Casación fallara sobre el caso, e hipotéticamente confirmara antes del cierre de las elecciones 2023 la condena a la vicepresidenta, Fernández de Kirchner podría ser igualmente candidata. 

La condena no será ejecutable hasta que la decisión de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quede firme, lo que implica que la sentencia sea revisada también por la Corte Suprema, lo que podría demorar años. Es lo que establecen seis artículos del nuevo Código Procesal Penal que entraron en vigencia en febrero de 2021 de manera anticipada a la totalidad de la norma y por disposición del kirchnerismo en la Comisión Bicameral. 

Los artículos establecen que las penas impuestas a los condenados sólo serán ejecutables una vez que queden firmes. Mientras las partes -sea el fiscal o la defensa- recurran a Casación o a la Corte para pedir la revisión de la sentencia, ésta no quedará firme y Fernández de Kirchner podrá ser candidata. a su vez, tampoco irá a prisión o prisión domiciliaria (cumple 70 este domingo).

Otros casos

Las revisiones de sentencias en juicios voluminosos y de perfil político, con recursos de alrededor de una decena o veintena de involucrados, plantean antecedentes muy diferentes. Además, ninguno incluye a la vicepresidenta en ejercicio y principal referente política del peronismo en la lista de condenados.

En el caso Ciccone, por ejemplo, el tribunal dictó sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en agosto de 2018 y dio a conocer los fundamentos en octubre de ese año. Casación confirmó las condenas en un período menor comparado a otros casos. Fue en julio de 2019, nueve meses después de los fundamentos. Luego la Corte dejó firme la sentencia en diciembre de 2020, un año y medio después.

El veredicto del caso conocido como la “ruta del dinero K”, que incluyó una condena por lavado de dinero agravado contra el empresario Lázaro Báez y condenas contra otros 20 imputados en el juicio, fue dictado por el tribunal oral en febrero de 2021. Los fundamentos se conocieron en abril de 2021 y las audiencias en Casación comenzaron a mediados del año siguiente, en 2022. El tribunal aún no decidió si confirma o revoca sentencias en este caso, que cumplirá dos años en Casación en mayo próximo.

Fernández de Kirchner también fue sobreseída de manera anticipada en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021 por la Sala I de Casación.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó a la Corte Suprema en junio de 2021, hace 20 meses. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó su dictamen sobre el caso (solicitando que se revoquen los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los beneficiados, y se realice el juicio oral y público por Dólar Futuro) dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos. 

En este caso, la Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Tiempos de Casación

A partir de la publicidad de los fundamentos de la sentencia, los abogados defensores y la fiscalía de juicio tienen 10 días hábiles para presentar sus recursos y solicitar que la Casación revise condenas y absoluciones. 

Luego, de acuerdo con el procedimiento fijado en el Código, Casación debe fijar fecha de audiencias. También tiene un corto plazo, pero rara vez en casos voluminosos el tribunal cumple estos preceptos.

Por ejemplo, desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Ambos sobreseimientos tienen el mismo carácter de sentencia definitiva de una condena o absolución. 

Las decisiones de Casación en torno a estos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después de esta semana, a partir del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

La misma sala que revisará Vialidad en Casación debe decidir si revoca esos dos sobreseimientos y ordena realizar los juicio orales y públicos por los casos Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces; o si por el contrario los confirma. En ese caso, ambos expedientes llegarán a la Corte, donde no hay plazos para intervenir.

ED

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

Tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el caso Vialidad llegará en 2023 a los tribunales superiores para la revisión de la sentencia, que también incluye su absolución por el delito de asociación ilícita. A las características inéditas del juicio contra una vicepresidenta en ejercicio del poder, se suma el contexto del año electoral, el renunciamiento de la candidatura de la líder del kirchnerismo que obligará al reordenamiento político y la profundización del enfrentamiento de la expresidenta con los jueces que deberán definir su sentencia firme y por ende, la ejecución de su pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

Tres jueces de la la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país- y la Corte Suprema serán los encargados de confirmar o revocar la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal número 2. Aunque el caso de Fernández de Kirchner tiene características únicas, estos mismos tribunales, han intervenido en condenas y absoluciones del expresidente Carlos Saúl Menem y en la condena al exvicepresidente Amado Boudou, tal vez los casos más aproximados al de Fernández de kirchner por el peso del poder político del primero y el cargo del segundo.

elDiarioAR revisó los tiempos que se tomaron estos dos tribunales para revisar la condena a Boudou en el caso Ciccone y las condenas y absoluciones a Menem en los juicios orales y públicos del contrabando de armas a Ecuador y Croacia; la encubrimiento del atentado a la AMIA; los sobresueldos; y la venta del precio de La Rural. 

El resultado fue muy disímil. Mientras que la condena a Boudou quedó firme en el lapso de dos años y medio, en los casos de Menem las dilaciones del sistema judicial encontraron el camino para incluso garantizar absoluciones en vida o extinción de la acción penal y sobreseimiento por muerte en expedientes que llevaban más de dos décadas abiertos. 

Debido a que el historial completo de los expedientes penales que llegan a la Corte no está registrado en una única base de datos pública, elDiarioAR realizó este relevamiento a través de la búsqueda de los expedientes en el sistema público de consulta del Poder Judicial de la Nación; el archivo del Centro de Información judicial (CIJ); el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de Justicia de la Nación; el sitio web de consulta del Ministerio Público Fiscal; la consulta a jueces, fiscales, abogados defensores que intervinieron en las causas; y fuentes de la Corte Suprema de Justicia.

Ciccone: firme en dos años y medio

El exvicepresidente Boudou fue condenado en agosto de 2018 por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Federal número 4 lo sentenció por haber encabezado un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación. 

Con los votos de dos de los tres jueces del tribunal (Pablo Bertuzzi y Néstor Guillermo Costabel), ordenaron su inmediata detención. La jueza María Gabriela López Iñiguez votó en disidencia.

El caso tuvo la particularidad de que Boudou fue detenido cuatro veces entre noviembre de 2017 y diciembre de 2020, debido a órdenes y contraordenes de los jueces de distintas instancias.

Tras la condena, la defensa recurrió a la Cámara Federal de Casación y pidió su absolución pero la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó las condenas en julio de 2019, once meses después de la sentencia. Estos mismos jueces de Casación deberán analizar la condena a Fernández de Kirchner en Vialidad.

La defensa de Boudou volvió a recurrir la confirmación de la condena ante la Corte. El expediente llegó al máximo tribunal en septiembre de 2019 y en menos de un año los ministros rechazaron los recursos de la defensa del exvicepresidente y del resto de los condenados y dejó firme la condena en diciembre de 2020.

Armas: el juego de los plazos

El expresidente Menem murió en febrero de 2021. Para entonces, la absolución por “plazo razonable” que le dictó la Cámara Federal de Casación en octubre de 2018 seguía circulando por el máximo tribunal, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación. 

Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi argumentaron la absolución de Menem por “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”, mientras que el juez Carlos Mahiques consideró que el expresidente debía ser absuelto por falta de pruebas en su contra.

La causa llegó a la Corte el 26 de diciembre de 2018, tras los recursos presentados por los acusadores contra la decisión de los jueces de Casación.

El último movimiento de este expediente en la Corte quedó registrado en septiembre de 2020, cuando el máximo tribunal recibió “los autos principales” de la causa, es decir, el expediente. El máximo tribunal no llegó a revisar la decisión final en el caso y Menem murió absuelto.

La causa armas se abrió en 1997. En 2001, Menem, ya fuera del poder, fue procesado por asociación ilícita, estuvo cinco meses en prisión domiciliaria pero la mayoría automática de la “Corte menemista” lo absolvió rápidamente. 

En 2007, luego de que la causa pasara al fuero Penal Económico, fue nuevamente procesado y enviado a juicio, un proceso que demoró otros tres años. 

En 2011, fue absuelto pero el fiscal Marcelo Agüero Vera y la AFIP apelaron y llevaron el caso a la Casación. En 2013, la Casación condenó a Menem y ordenó al tribunal oral que fije su pena de prisión: recibió más de 7 años pero nunca fue preso.

El expresidente presentó un nuevo recurso ante la Casación y este tribunal se demoró cuatro años en concederle el recurso. Lo aceptó en 2017 y como consecuencia de sus propias acciones, en 2018, dos décadas después de iniciada la causa, la Casación absolvió a Menem y al resto de los acusados por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Menem también murió sin haber sido sometido a juicio oral y público por la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, vinculada a la supuesta operación para destruir pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

La Rural: 2,9 años y sigue

Menem fue condenado en marzo de 2019 a una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de peculado por la venta a precio vil del predio de La Rural durante su mandato. El Tribunal Oral Federal número 2 también condenó al exministro de Economía, Domingo Cavallo, por lo que el expediente continúa tramitando en la Corte a pesar de la muerte de Menem.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini determinaron que la venta del inmueble ocasionó pérdidas al Estado por cerca de US$100 millones. La causa se había iniciado 18 años antes, en 2001.

En diciembre de 2019, los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación revocó por mayoría las condenas y sobreseyó a  Menem y a Cavallo. Fue por decisión de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi. Juan Carlos Gemignani planteó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y votó en disidencia con sus colegas.

Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, el caso llegó a la Corte en julio de 2020. Menem murió siete meses más tarde sin que el máximo tribunal llegara a tratar el caso para revisar si debía ser condenado. El expediente continúa circulando por la Corte. El último movimiento registrado es del 20 de noviembre último. Aún no hay fallo para dejar firme la absolución de Cavallo.

Sobresueldos: siete años y sigue

El expresidente y Cavallo fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, en diciembre de 2015 por el delito de peculado, al igual que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Fueron acusados de “sustraer ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula gubernamental”. La causa había sido iniciada en 2004.

Tres años más tarde, en octubre de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, confirmó las condenas de Menem y Cavallo pero absolvió a Granillo Ocampo.

En diciembre de 2018, el caso llegó a la Corte. Desde entonces, el expediente circula por la Corte. Estuvo un año en la Procuración General de la Nación a la espera del dictamen del jefe de los fiscales, Eduardo Casal, quien ya remitió su posición sobre si las condenadas y la absolución deben ser ratificadas o revocadas.

El último movimiento del expediente en la Corte es de mayo de 2022.

Encubrimiento AMIA: casi 3 años y sigue

Menem fue juzgado en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA. El febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados pero el expresidente y otros cuatro imputados fueron absueltos. 

El riojano estaba acusado de haber intentado desviar la llamada “pista siria” y tanto la fiscalía como las querellas de DAIA y AMIA habían pedido su condena, al igual que el Ministerio de Justicia y las querellas de Memoria Activa y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.

La causa aún está en la Cámara Federal de Casación, que celebró las últimas audiencias en noviembre último para escuchar a los acusadores, que recurrieron la absolución de Menem y otros acusados. Los jueces deberán dar su fallo pero Menem ya no será sometido a la Justicia.

ED

Finalmente, Cristina Fernández fue condenada en el juicio conocido como “Vialidad”. Como se esperaba, la sentencia judicial se recibió de manera diferente en los “ismos” que dividen a nuestra vida pública. Ambos confirmaron sus prejuicios. La representación de un sector se inscribe en una reivindicación frente a la corrupción. Mientras que desde el otro lado se confirma la percepción de una persecución política. La primera impresión es obvia, la sentencia de los jueces es objeto de dos miradas irreconciliables.

Por esas cosas que tiene la ley de enjuiciamiento criminal, no conocemos las razones en base a la que los jueces justificaron teóricamente la condena por defraudación y tampoco los motivos sobre los que descartaron la acusación de asociación ilícita. Esto quiere decir que se carecen de elementos para comprender y eventualmente criticar la expresión del sistema judicial. Sin embargo, a ambos lados de la grieta, hubo expresiones contundentes. Ello es un síntoma del modo en que funciona la vida pública. Básicamente atravesada por una avidez de novedades. Se esperan con ansiedad novedades capaces de habilitar la presencia en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales para “decir algo”.

Esa avidez de novedades para “decir algo” en el espacio público no es neutral. En efecto, es una premisa obvia que nuestra institucionalidad es muy frágil y que quienes las ponen en movimiento permanecen envueltos en una sospecha generalizada. A veces justificada, a veces no, pero sospecha al fin. Lo que ocurrió el 6 de diciembre no es un hecho menor, porque el sistema judicial cerró la primera etapa de un longevo proceso con la sentencia que condena a la actual vicepresidenta de la nación. La gravedad del tema es indiscutible y el desafío del aparato judicial es muy alto, porque el 9 de marzo próximo debe comunicar a los ciudadanos por qué llegó a esa conclusión, tal como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional, que consagra la forma republicana de gobierno.

En medio de esa adversidad institucional, los jueces deberán justificar su resolución para dos destinatarios. Por un lado, a las partes del juicio. Por el otro, a todos los ciudadanos. Deberán explicar en un lenguaje simple, pero teóricamente sólido, por qué hubo condenas, por qué hubo absoluciones, por qué hubo diferencias en las escalas penales que aplicaron y cómo funcionará el decomiso de bienes porque, en nuestro sistema judicial, el artículo 29 del Código Penal pone en cabeza de los jueces el deber de evitar que el delito rinda beneficios. 

Pero también los magistrados seguramente disiparán algunas dudas que envuelven al tribunal en particular y al sistema judicial en general. Me refiero al episodio del equipo de fútbol Liverpool, al incidente del mate, etc. Es que parte de la legitimidad de la sentencia se juega en la legitimidad del tribunal. Por ello es importante que los ciudadanos podamos conocer en una sentencia todo lo que ocurrió en el juicio. Es vital tener condensado en un solo texto el devenir completo de un juicio que seguramente quedará en los registros como uno de los más importantes de nuestra historia política.

Una sentencia judicial de estas características, para ser aceptada debe ser comprensible. Porque la comprensión de un texto es lo que permite su discusión seria. En particular, porque los jueces estarán enviando un poderoso mensaje a la sociedad en general y especialmente a las élites políticas y económicas. De acuerdo con el resumen que el propio tribunal difundió, se van a adentrar en un aspecto muy sensible de los actos de gobierno. Me refiero a la cuestión de la administración del dinero común. Esto es, cómo se debe administrar el dinero de todos los ciudadanos. 

En un país con los problemas que sobre ese punto existen desde hace mucho tiempo, es importantísimo que los magistrados expliquen con claridad qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuál es la forma de hacerlo. También deberán explicar cómo los condenados tienen que devolver el dinero y responder con su patrimonio por el daño causado al tesoro público. En otras palabras, los jueces tienen la posibilidad y el deber de elaborar un texto que explique a la gente de a pie por qué los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus actos y en qué consiste ese hacerse cargo.

Decía que en ese marco la avidez de novedades no contribuye al fortalecimiento de las instituciones de la democracia. La participación en la vida pública es conflictiva porque supone los encontronazos entre diferentes visiones del mundo. En el mercado de las opiniones hay tensiones y pujas. La discusión para definir el significado del derecho integra el elenco de tensiones, aunque es una labor del sistema judicial saldar el debate. Me preocupa que desde ayer se inició un debate muy fuerte acerca del significado del delito por el que se condenó a Cristina Fernández de Kirchner y sobre el desarrollo de ese juicio. Y me preocupa porque no se conocen las razones de los jueces. Se trata de críticas que responden a la avidez de novedades. Pero además de ello, decía que esas perspectivas no son neutrales porque hieren aún más la alicaída legitimidad de las instituciones. Coqueteando con Max Weber, se puede concluir que nuestras élites se comportan de acuerdo con la ética de la convicción, pero muchas veces dejando a un lado la responsabilidad por sus acciones. Weber recomendada a quien consagra su vida a la política balancear sus convicciones más íntimas con los efectos de sus acciones, porque el buen político combina sus convicciones con la responsabilidad derivada de sus actos. 

Para un ecosistema institucional tan frágil como el nuestro, en el que las mediaciones instituidas por la república democrática tienen muchos problemas para satisfacer las demandas ciudadanas, no creo que sea saludable un comportamiento de la dirigencia que, con sus acciones -porque los discursos son una forma de acción social-, adelante un debate que necesariamente debe darse, pero que sobre bases sólidas solo puede empezar después del 9 de marzo de 2023.

Quisiera hacer unos breves comentarios sobre el histórico proceso judicial que culminó ayer. Más allá de omisiones y montos de penas, lo que ocurrió es ya, de por sí, de enorme importancia. Ante todo, 1) la acusación y el fallo nos ayudan a entender mejor lo que pasó durante un período crucial, extendido y reciente de la historia argentina (la construcción de una matriz de corrupción, desde el Estado y con empresas privadas, durante el kirchnerismo); 2) desde el estrado judicial, además, se asignaron responsabilidades, dejando en claro quién, de entre los acusados, estuvo a cargo de qué; y 3) el proceso se llevó adelante con pleno respeto de todas las garantías de los acusados. Ello, más allá de las obvias y esperables quejas de los hoy condenados. Y todo eso con un plus: mientras que en el caso de Lula (el “caso-espejo” invocado por el kirchnerismo) el hoy presidente electo de Brasil quedó injustamente proscripto, luego del fallo; en la Argentina de hoy, CFK (con independencia de sus caprichos y mohines) puede ser candidata, por varios años, a lo que quiera.

La segunda cuestión que plantearía sería la siguiente: ¿Podrá estabilizarse la decisión? Es muy probable que sí. No hay razones jurídicas ni políticas para pensar que el fallo vaya a ser resistido, desde la justicia, en las instancias que faltan para que la decisión adquiera firmeza. ¿Y socialmente? Entiendo que, asimismo, están dadas las condiciones para que el fallo gane arraigo social, y que las resistencias que encuentra (o va a encontrar el fallo), a pesar de ser intensas, resultan finalmente escasas. Si se compara esta decisión con la otra decisión histórica, ocurrida dentro de la vida judicial del país -el Juicio a las Juntas, de 1985- uno puede advertir que, entonces (en 1985), el acuerdo social en respaldo de la decisión era sólido y casi unánime. Hoy, en cambio, el compromiso social que se empieza a advertir, en torno al fallo, parece significativo pero, aunque mayoritario, resulta todavía muy parcial: la “construcción social” de ese acuerdo colectivo contra la impunidad, todavía está por construirse. Sin embargo, es cierto también -y resulta decisivo saber- que el “poder de fuego” o amenaza que guardaban entonces los pocos “enemigos” del fallo (sobre todo, las camadas jóvenes de oficiales del ejército) resultaba entonces, como recordamos bien, muy intenso. Hoy, en cambio, los grupos que se oponen intensamente al fallo (incluyendo a una minoría “trumpista”, en su delirio) aparecen políticamente divididos y socialmente desprestigiados.

Finalmente, me preguntaría si -tal como han señalado algunos miembros presentes de la oposición- puede decirse que “finalmente,” llega un “cambio de época”, en materia de impunidad (¿estamos frente a un quiebre histórico, que nos lleva hacia el fin de la impunidad del poder?). Diría que no: estamos muy lejos de ello. Las condiciones favorables a la impunidad de los más poderosos son estructurales, y se encuentran plenamente intactas. Como podemos ratificar cada día, a través de las noticias que conocemos con horror, se advierte un acuerdo muy amplio, dentro de la clase dirigente (políticos, empresarios, sindicalistas, jueces) dirigido a asegurar beneficios mutuos y autoprotección. Y ese acuerdo trasciende ideologías (izquierda, derecha) y grupos políticos (kirchneristas, antikirchneristas), y encuentra apoyo en las mentes jurídicas más brillantes de nuestra comunidad (hoy, los grandes hacedores de la impunidad del poder). Lo que acaba de ocurrir, entonces, es el resultado (por un lado, sí), del hastío social, pero también, decisivamente, el producto del excelente trabajo de una minoría de fiscales y jueces (dentro de la cual destaca el brillante esfuerzo del fiscal Luciani y su joven grupo de asistentes). A ellos, entonces, y por tanto, nuestro mayor agradecimiento. Lo que han logrado, ya queda en la historia.

El líder de MILES, Luis D´Elía, ratificó su apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras ser condenada en la causa Vialidad y consideró que esta situación “no se resuelve con leguleyería barata, con debates de intelectuales, sino con el pueblo en la calle”.

“Alterar la paz pública no sirve absolutamente para nada, pero hay que tomar consciencia que esto no se resuelve con leguleyería barata, con debates de intelectuales, sino con el pueblo en la calle”, sostuvo el dirigente social.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que condujo esta jornada Ari Paluch por Radio Rivadavia, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal número 2 y señaló que “está muy cuestionada la independencia de la Justicia”.

El referente kirchnerista reconoció que durante la gestión del Frente para la Victoria “hubo corrupción”, pero afirmó que el entonces secretario de Obras Públicas “José López, muerto Néstor Kirchner, pactó con (Ángelo) Calcaterra, (Eduardo) Gutiérrez y (Nicolás) Caputo, tres conocidos empresarios macristas”.

“De eso no hay nada que la vincule a Cristina. En la causa, el que tenía vinculación era Néstor, pero uno no le puede endosar esto a Cristina. Yo creo absolutamente en su inocencia”, remarcó D ´Elía.

Además, el líder de MILES reiteró sus cuestionamientos hacia La Cámpora por no haber movilizado a los Tribunales Federales de Comodoro Py el pasado martes cuando se dio a conocer la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la titular del Senado: “La Cámpora se pasó dos años cantando `si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar´ y ayer la tocaron a Cristina y se quedaron en su casa”.

Por otra parte, el dirigente social se refirió a la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a ninguna candidatura en las elecciones de 2023 y aseguró que “hay tres o cuatro compañeros que pueden ser candidatos”.

Con información de NA.

IG