En 1979, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara Argentina, los militares removieron los cadáveres enterrados en los terrenos que rodeaban el casco de La Perla. Querían borrar las evidencias. Lo que no pudieron borrar fue la tierra misma, que durante casi cinco décadas guardó los huesos en silencio, dispersos y desarticulados, esperando.

Hoy, esos huesos tienen nombre. Once personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar fueron identificadas días atrás en la zona conocida como Loma del Torito, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención más grande del interior del país, y este martes la Justicia en Córdoba dará todo los detalles. La revelación se suma a la docena de cuerpos ya identificados en marzo pasado. La ciencia forense hizo lo que la impunidad intentó impedir.

El lugar

La Perla está sobre la Ruta Nacional 20, kilómetro 15, en Malagueño, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. El predio tiene una historia anterior al horror: originalmente formaba parte de un conjunto de estancias expropiadas en 1942 por el Estado Nacional para uso del Tercer Cuerpo de Ejército.

Desde el 24 de marzo de 1976 y hasta fines de 1978, ese lugar fue otra cosa. Fue el eje de la red represiva del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Los propios represores la llamaban “la universidad”. Por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas-desaparecidas. La gran mayoría fue asesinada e inhumada clandestinamente en los terrenos aledaños. La estructura que la sostenía era precisa y burocrática: el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren coordinaba fuerzas armadas, policía, SIDE y Gendarmería en una “comunidad informativa”; de ese entramado dependía la sección de Operaciones Especiales, que administraba La Perla.

Cerca de allí anduvo en aquellos años José Julián Solanille, un baqueano que comenzó a trabajar como peón de campo a metros de La Perla unos días antes del 24 de marzo de 1976. Durante dos años, no hizo preguntas. Solo miró, según su historia que reconstruye LaTinta. Vio las tumbas y los rastros de camiones. Vio cuerpos arrojados desde helicópteros. Fue testigo del fusilamiento masivo que ordenó personalmente Menéndez en la Loma del Torito. “Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Los que podían ver gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda”, declaró años después ante la Justicia.

Su perra collie, entrenada, empezó a traer a casa pequeños restos humanos. Solanille los escondía junto a las vías del tren, rezándoles en latín. Cuando el patrón lo supo, mandó matar al animal. En 1978, Solanille se mudó y guardó todo en silencio.

En 1983, la radio mencionó la sigla CONADEP. Solanille montó su Vespa y encaró hacia Córdoba. Declaró ante la Comisión y dos años después lo hizo en el Juicio a las Juntas. Su testimonio fue clave para reconocer el sitio donde estaba la Loma del Torito y guiar las primeras expediciones en la zona en 1984. Solanille falleció en 2019, sosteniendo hasta el último día lo que había visto.

Una denuncia, un geólogo y cuarenta años de espera

Las investigaciones en La Perla comenzaron hace más de veinte años, impulsadas en gran medida por una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero fue recién en 2024 cuando el geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto Guillermo Sagripanti logró un avance decisivo: accedió a fotografías aéreas del lugar tomadas en 1979 y, con nueva tecnología, acotó la zona de excavación a diez hectáreas.

Esa precisión fue lo que permitió que, entre septiembre y noviembre de 2025, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) excavara cuatro hectáreas en la Loma del Torito —dentro de la Reserva Natural Militar de la Calera— con diez mil metros lineales de trincheras. Allí encontraron restos óseos humanos dispersos y desarticulados, evidencia de antiguas fosas removidas. Era exactamente lo que los testimonios habían señalado desde hacía décadas.

Carlos Vullo, director del Laboratorio de Genética del EAAF, explicó al diario LaVoz el desafío: los restos llegaron fragmentados, contaminados, degradados. Primero hubo que descontaminar exhaustivamente cada muestra para preservar el ADN genuino y eliminar hongos y bacterias. Luego se molieron los huesos hasta convertirlos en polvo fino, se extrajo el material genético con equipos semiautomatizados y se lo amplificó con técnicas de PCR.

“Es como si quisiéramos leer una hoja que está fragmentada en cuatro partes: si unimos esos pedazos, podemos seguir leyendo. Pero si uno rompe ese papel en 120 partes, es mucho más difícil acomodar las piezas del texto”, graficó Vullo.

El perfil genético obtenido —una suerte de documento de identidad biológico— se cotejó luego con las muestras de sangre donadas por familiares de desaparecidos en el banco de datos nacional, que reúne entre doce mil y catorce mil muestras. El software del EAAF establece coincidencias en hora y media. Pero la confirmación final siempre cruza los datos genéticos con toda la información antropológica, histórica y testimonial reunida. Solo después, la Justicia notifica a los familiares.

Dos veces la misma noticia

El 10 de marzo pasado, a días del cincuenta aniversario del golpe, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja convocó a una conferencia de prensa y anunció la primera tanda: doce personas identificadas. Entre ellas, Mario Alberto Nívoli, baterista de Las Perdices que había estudiado ingeniería química en Santa Fe y fue secuestrado el 14 de febrero de 1977, cuando su hija Soledad tenía cuatro meses. “Cuando supe que en septiembre habían encontrado la fosa de La Perla y que mi papá podía estar ahí, comencé a ordenar mi casa. A hacer lugar. Ahora me doy cuenta de que lo estaba esperando”, dijo Soledad a LaVoz al enterarse de la identificación.

En aquel hallazgo también fueron identificados Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia), Raúl Oscar Ceballos Cantón, José Nicolás Brizuela, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Carlos Alberto D’Ambra Villares y Alejandro Jorge Monjeau López.

La semana pasada el mismo juzgado confirmó once identificaciones más. La segunda tanda incluye a tres parejas que habían sido secuestradas y asesinadas juntas, y cuyos restos fueron hallados también juntos, cuarenta y ocho años después.

“Este nuevo hallazgo es significativo para Córdoba. Una de las asignaturas pendientes era encontrar la fosa de La Perla donde se enterraron desaparecidos”, señaló Vullo.

Tres parejas, las nuevas identidades

Ester Felipe y Luis Mónaco militaban en Villa María. Ella era psicóloga, nacida en Las Varillas. Él, periodista, camarógrafo de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba y delegado sindical. Ambos integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y, según testimonios de sobrevivientes, permanecieron aproximadamente una semana en La Perla antes de ser fusilados. Sus restos aparecieron juntos en Loma del Torito.

Su hija, la periodista e investigadora Paula Mónaco Felipe, vive en México. Describió la noticia como una “conmoción muy linda” y una “inesperada forma de felicidad”. “Permanecieron juntos pese a todo, pese a tanto que les hicieron vivos e incluso muertos”, dijo. Y también: “Saber que la tierra nos los guardó y nos los devuelve te reconcilia de alguna forma con muchas cosas del universo”. Pero no sin advertir lo que queda pendiente: “La ausencia ocupa muchísimo espacio y la ausencia va a seguir ahí, el dolor seguirá ahí”.

Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy formaban otra pareja, oriundos de Tres de Febrero. Él fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de la funeraria Punilla donde trabajaba; ella fue detenida poco después en la misma ciudad. Tenían militancia política —él vinculado a Montoneros, ella a la Juventud Peronista— y también compartían el grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch. Cuando fueron secuestrados, tenían una hija pequeña, Mariela, que fue rescatada por vecinos y entregada a familiares. Sus restos aparecieron juntos.

También fueron identificados José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en barrio General Paz, Córdoba, ante sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga. 

Además se reveló la identidad de Edelmiro Cruz Bustos, reconocido dirigente de la Juventud Radical secuestrado en abril de 1976. Y Graciela Doldán, abogada laboralista y militante montonera, secuestrada en abril de 1976, compañera del diputado y exgobernador Juan Schiaretti. “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”, comentó sus redes el exmandatario provincial. Roberto, hermano de Graciela, resumió lo que sienten muchas familias: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

La búsqueda no termina

En mayo de 2026, el EAAF inició la Campaña 2026: nuevas excavaciones en tres hectáreas adyacentes al área trabajada el año anterior, con financiamiento garantizado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación y con la cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Los trabajos se extenderán hasta fines de septiembre.

Paula Mónaco Felipe hizo un llamado urgente al Estado para que multiplique los recursos destinados a estas tareas. Al ritmo actual, advirtió, podría llevar años identificar los restos ya recuperados, mientras los familiares siguen muriendo sin certezas. “No es justo que se sigan muriendo sin certeza cuando esos restos ya están ahí”. Vullo sabe que cada caso abierto tiene una fecha de inicio pero no de cierre. “Estos casos sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan.”

Queda tierra por excavar. Quedan familias esperando. De los 2.200 a 2.500 que pasaron por La Perla, la enorme mayoría continúa desaparecida. Los cuerpos identificados ahora son apenas el principio de una deuda que el Estado todavía no termina de saldar.

A menos de dos meses de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de 1976, el Ministerio de Defensa volvió a quedar en el centro de la polémica por una ofensiva pública contra los juicios por crímenes de lesa humanidad. El disparador fue un mensaje difundido en redes sociales por Guillermo Madero, jefe de Gabinete del ministro-militar Carlos Presti, en el que cuestionó que los tribunales federales sigan investigando “crímenes ocurridos hace 50 años”, en línea con un editorial del diario La Nación que puso en duda la legitimidad de esos procesos.

El posteo fue publicado el primer día de actividad judicial tras la feria de enero. Allí, Madero sostuvo que los juzgados federales, que también deben investigar narcotráfico y corrupción, se encuentran “colmados” de causas de lesa humanidad que violarían el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El texto replicaba casi de manera literal uno de los argumentos centrales del editorial de La Nación, que presenta los juicios como una fuente de inseguridad jurídica y cuestiona la reapertura de las causas impulsada desde el kirchnerismo.

Sin embargo, varios de los datos difundidos en ese marco son desmentidos por estadísticas oficiales. De acuerdo con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el 84 por ciento de los condenados y procesados por delitos vinculados al terrorismo de Estado cumple prisión domiciliaria. En diciembre pasado, incluso, el represor Eduardo Kalinec —condenado a prisión perpetua— accedió a la libertad condicional, en contradicción con la afirmación de que no existen beneficios para los imputados.

La intervención de Madero no fue un hecho aislado. Su trayectoria dentro del Ministerio de Defensa lo ubica desde hace tiempo como una de las voces más activas contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Durante su paso previo por la cartera, fue el primer funcionario en negar información requerida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que colabora con las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura.

En marzo de 2024, además, Madero visitó la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se alojan represores condenados por delitos de lesa humanidad. Aunque luego justificó la recorrida como una inspección edilicia, organismos de derechos humanos y fuentes penitenciarias señalaron que el encuentro fue recibido con entusiasmo por los detenidos. Meses después, el Gobierno decidió concentrar allí a la mayoría de los represores presos, en una unidad considerada “VIP” por los organismos.

Poco tiempo más tarde, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, dispuso el cierre de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), que desde 2010 aportaban información clave a la Justicia para el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad. Tras esa decisión, el fiscal general Miguel Palazzani solicitó que se preservara el acervo documental. La respuesta oficial llevó la firma de Madero, quien objetó el pedido y derivó el conflicto a la Procuración General.

El perfil del funcionario se completa con intervenciones públicas previas. En una columna publicada en Infobae en julio del año pasado, Madero denunció la supuesta “industria” de los juicios de derechos humanos y reivindicó la idea de una “memoria completa”, un concepto habitual en los discursos que relativizan el terrorismo de Estado y equiparan la represión ilegal con la violencia política de los años 70.

La nueva arremetida se produce en un contexto particularmente sensible. Carlos Presti, actual ministro de Defensa, es hijo de Roque Presti, uno de los responsables de la represión en La Plata durante la dictadura. En su gabinete también fue designado Daniel Martella, hijo de Santiago Martella, condenado a prisión perpetua en el megajuicio de La Perla, al frente de la Secretaría de Asuntos Internacionales. Ambos nombramientos reforzaron las críticas de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.

Con un gabinete fuertemente militarizado y una línea discursiva que vuelve a poner en cuestión los consensos construidos desde 1983, la figura de Guillermo Madero aparece como un articulador político clave dentro del Ministerio de Defensa. A 50 años del golpe, sus declaraciones no solo reabren debates que parecían saldados, sino que también anticipan el rumbo de una gestión que vuelve a tensionar la relación del Estado con las políticas de memoria, verdad y justicia.

CRM/MC

La Armada no podrá mover su Archivo General desde su actual sede hasta el denominado Garage Central de la fuerza. Así lo dispuso una medida de no innovar dictada en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad que busca de esa manera preservar la documentación que pueda servir en causas sobre los crímenes cometidos en la última dictadura militar.

La medida, dictada por el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ocurre en medio de la avanzada del Gobierno nacional contra organismos de derechos humanos, como el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –anunciado por el ministro de Defensa, Luis Petri– o  la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

El juez ordenó ahora una medida cautelar de no innovar, esto es que prohibe la alteración de documentación existente en el ámbito del Archivo General de la Armada, y frena su traslado desde la calle Bolívar 1622, en la Ciudad de Buenos Aires, al denominado Garage Central.

Esta medida se suma a otra dictada el 31 de enero pasado por la jueza federal de San Martín Alicia Vence para evitar que la Armada pueda “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir --ya sea total o parcialmente--dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad”.

Kreplak ordenó la cautelar a pedido del fiscal general de Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin en una causa que investiga violaciones a los derechos humanos en Berisso y Ensenada, cometidas en el ámbito de la Fuerza de Tareas N°5 de la Armada, integrada también por la Prefectura Naval. Los fiscales pidieron la medida ante el anuncio de la Armada de que se trasladaría el archivo.

En una nota firmada por el capitán de Navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, del pasado 9 de enero, se anunció que a partir de esa fecha se iniciaría “la depuración/selección de la documentación existente en el Archivo General de la Armada, conforme las normas establecidas en la Administración Pública Nacional” y que a partir del 10 de febrero se efectuaría solo el “el traslado del mobiliario y los archivos que estén vigentes en los lugares asignados del Taller Central”. Agregaba que el “resto de los documentos quedarán en su lugar actual para su trituración y, si amerita, su digitalización por razones históricas/conveniencia de su preservación”.

Para los fiscales, resulta “imperioso que se ordene la prohibición de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios sobre el conjunto de documentación archivada y/o preservada en el Archivo General de la Armada, organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Estado Nacional. El propósito de la medida es asegurar y preservar su contenido de manera íntegra, dado que constituye una fuente de consulta y de acceso a material probatorio de trascendencia mayúscula para investigaciones –en curso y futuras– por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.

Al dictar la medida, el magistrado destacó que en la zona portuaria de Berisso y Ensenada “funcionaron diversos centros clandestinos de detención en los edificios de la exBase Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval, el Batallón de Infantería de Marina N°3 'Almirante Eleazar Videla', la delegación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval 'Río Santiago'”. Allí se registró una “intensa actividad represiva” que hizo “particular foco en los trabajadores y trabajadoras del polo portuario y fabril de Berisso y Ensenada, así como en sus dirigentes gremiales”.

En otro tramo de su dictamen, Kreplak alertó sobre “el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal, permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores, desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas”.

Del mismo modo que Kreplak, la jueza Vence consideró que “los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo”. La medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás

El pasado 28 de enero, la asociación de Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) denunció la intención de la Armada de mover el Archivo y señaló que “allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial”.

El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales.

MG

A lo largo de 2024, el año en que Javier Milei llegó a la presidencia, la justicia argentina dictó 14 sentencias en causas en las que se investigó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En total, 20 personas fueron condenadas y otras 12 resultaron absueltas. Se trata del número más bajo de los últimos diez, cuando la justicia producía un promedio de 23 causas cada año.

Los datos se desprenden del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. Allí se destaca que desde 2006, cuando se reactivaron los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se realizaron 332 sentencias que condenaron por esos graves delitos a 1.195 personas. De ese total, 196 resultaron absueltas.

El dato más llamativo es que durante 2024 el número de sentencias producidas en los juicios de lesa humanidad estuvo muy por debajo del promedio de la última década, cuando se mantuvo por encima de los 20 fallos por año. Sólo en dos oportunidades la justicia concretó menos sentencias, en 2018, cuando se hicieron 19 fallos, y en 2020, el año de la pandemia –sólo 11 sentencias–.

“Se observa que hubo un descenso en la cantidad de juicios iniciados durante el 2024 (15), respecto del año 2023 (26), registrando, a su vez, un valor inferior al de 2022 (18). Asimismo, se verificó una menor cantidad de causas que obtuvieron sentencia (14)”, detalla el informe que en otro tramo agrega: “Si tomamos en cuenta los datos registrados durante el 2023, se observa que disminuyó el total de personas que obtuvo una sentencia condenatoria (58), mientras que aquellas que obtuvieron una sentencia absolutoria registraron una variación menor (16)”.

La baja en la producción de sentencias coincide con la llegada al poder de un gobierno que reivindica niega los crimenes de la dictadura y reivindica el accionar de los represores. Las disoluciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la negativa del Ministerio de Seguridad a entregar archivos de sus integrantes a pedido de los organismos que investigan la apropiación de menores y la decisión de suspender el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo libertario como parte de una escalada negacionista.

La baja producción de sentencias de este año no va de la mano con las causas abiertas ya que todavía siguen sin resolución otras 668 según el informe.

El documento, que es elaborado a partir de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país, detalla que durante este año se iniciaron 15 juicios orales, de los cuales 7 continúan con el debate en curso, y 8 ya obtuvieron sentencia. Dos de esos juicios se resolvieron por juicio abreviado. “Además, hay 65 causas con elevación a juicio y, de las cuales, en dos casos, se fijó fecha de inicio de debate para fines de 2024, lo que implica un descenso en relación al año anterior”, agrega el informe.

Desde que comenzaron los juicios, hubo un total de 3.775 personas investigadas por delitos contra la humanidad. Hasta ahora el 31% (1.195) de los acusados fueron condenados, en tanto la mayor parte de ellos, 1.218 ya fallecieron. Siguen abiertas las causas de 370 procesados y 465 imputados.

El pasado 11 de julio, seis diputados de La Libertad Avanza visitaron en el penal de Ezeiza a un grupo de represores entre los que se encontraba, entre otros, Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti. Los legisladores alegaron que querían interiorizarse sobre las condiciones de detención y su reclamo de prisión domiciliaria. Sin embargo, el informe señala que a pesar de los reclamos por supuestas causas humanitarias, la mayor parte tanto de los condenados por delitos de lesa humanidad como quienes están siendo procesados ya goza de este beneficio: “De las personas que atraviesan el proceso de juzgamiento detenidas, el 81% se encuentra bajo arresto domiciliario, lo cual morigera la privación de libertad, consolidándose desde el año 2016 como la modalidad de arresto predominante”

La misma situación se repite con los condenados: “El 79% cumple su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, siendo el rango etario predominante de esta población la de 76 a 80 años. Mientras que, en el otro 21% restante que cumple su detención en establecimientos penitenciarios, predomina el rango etario de 70 a 75 años”.

El informe precisa que todavía hay 33 personas prófugas, de las cuales a 11 se les negó la extradición, 1 enfrenta ese proceso, 3 han sido ubicadas y 18 aún continúan con paradero desconocido.

Con respecto a los delitos sexuales como delitos autónomos cometidos durante la dictadura militar, el 2024 tampoco fue un buen año en materia de sentencias: “En 2024 se registraron 4 sentencias por este tipo de hechos, lo cual implica un descenso en relación a las 6 registradas el año pasado. Sin embargo, aumentaron las sentencias dictadas que abordan estos delitos de manera autónoma (17%) respecto de las sentencias de lesa humanidad en general”.

Hasta hoy, suman 57 las sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad que contemplan delitos por violencia sexual. En ellas se impusieron condenas por hechos en los que fueron damnificadas 220 mujeres y 39 varones.

MG

Marcos Levin, de 90 años, exdueño de empresa de colectivos de larga distancia La Veloz del Norte, de Salta, murió en el Hospital Italiano en la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer empresario argentino condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar, un símbolo de la estrecha relación que hubo entre los autores del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y sectores del poder económico. Cumplía dos condenas, con arresto domiciliario, por su participación en los secuestros y violaciones a los derechos humanos en contra de trabajadores de su empresa. 

Levín, quien también fundó las firmas La Veloz Seguro, Salnet, construyó la Terminal de Ómnibus de Salta y el Hotel Alejandro I —de uso habitual para conferencias y escenario de actos políticos, como la reciente visita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para la presentación del partido La Libertad Avanza— atravesaba un grave problema de salud. Por eso, la Justicia Federal autorizó la desactivación de la pulsera electrónica con la que cumplía condena en su domicilio para su traslado al Hospital Italiano. Falleció este sábado 21, durante la mañana.

El expropietario de La Veloz del Norte fue condenado por la Justicia Federal salteña en 2016 a 12 años de prisión, por delitos de lesa humanidad y por la privación ilegítima de la libertad de Víctor Cobos, exempleado de su empresa que era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Cobos fue secuestrado en enero de 1977 y trasladado a la Comisaría 4° de capital salteña, en donde fue sometido a castigos físicos y tormentos. Se convirtió así en el primer caso de un empresario argentino condenado por haberse asociado al aparato represor. Levín, además, presidía en aquellos años la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y se constató que tenía un estrecho vínculo con la Policía provincial y el Ejército. Fue entonces cuando la UTA puso en marcha una serie de reclamos gremiales y se valió de esas relaciones para sofocar las protestas salariales. 

El secuestro de Cobos se “blanqueó” a través de causa fraguada de supuesta defraudación, jamás comprobada. Por los tormentos a los que fue sometido, sufrió roturas de ligamentos de los hombros que no fueron atendidas a tiempo y tuvo secuelas permanentes. Fue liberado en abril de 1977 y exonerado de La Veloz. En su alegato, los fiscales consideraron probado que Levín no sólo reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y la aplicación de la ley antisubversiva, sino que también “aportó” a la Policía “información de inteligencia relativa a los trabajadores”: las listas de los empleados de la empresa, los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde fueron secuestrados, sus domicilios y los datos sobre su actividad gremial.

La segunda condena fue en noviembre de 2023, a la pena de 18 años de prisión, por haber sido considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, uso de violencia y amenazas, en contra de 16 trabajadores de su empresa que fueron secuestrados en Salta y en Tucumán. Las víctimas revelaron que fueron sometidas a sesiones de “picana eléctrica” y otros tormentos. Contaron que los policías solían encender una radio a todo volumen y también el motor de una motocicleta que estaba pegada a una pared, para tapar los gritos de dolor. Para la Fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, representado por Levín. 

“No nos alegra”

“La muerte de ninguno de los represores juzgados y condenados no nos alegra, ni a la familia Cobos, ni a los organismos de Derechos Humanos que llevamos décadas luchando por Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo Cristina Cobos, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura y referente en DDHH en Salta, hermana de Víctor Cobos, el gremialista de UTA perseguido por Levín, y de Martín Cobos, secuestrado y acribillado en un paraje salteño en septiembre de 1976.

“Pretendíamos que cumpla su condena en una cárcel común pero esto no ocurrió con Levín, ni con muchos de los genocidas que ya fallecieron por ser personas de avanzada edad. La impunidad biológica nos ganó a todos los familiares que desde hace 40 años venimos pidiendo justicia. La justicia cuando llega muy tarde ya no es justicia. Y eso es lo que pasó en el caso Marcos Levín, fue condenado cuando ya tenía una avanzada edad y le otorgaron la prisión domiciliaria”, sostuvo la una consulta sobre la muerte de Levín.

“Los familiares de las víctimas jamás hemos recusado tales decisiones de la justicia, hemos sido respetuosos de todos los procesos que se realizaron. Lamentablemente no hemos tenido el tiempo suficiente para que la justicia les abarque a todas las víctimas. Siempre los familiares hemos pedido en cada juicio que si el dolor es perpetuo, que la condena también sea perpetua”, sostuvo.

DC/JJD

“Nos trataron como a un botín de guerra, sufrimos violencia, vimos cómo torturaban a nuestros padres y nos separaron; no merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”, reflexiona Mario Páez, desde Laguna Paiva, una pequeña ciudad ubicada al norte de Santa Fe. Fue secuestrado cuando tenía 14 años, en febrero de 1980, por una patota policial que ya había cometido una seguidilla de detenciones ilegales y que buscaba a su padre, Catalino Páez, fallecido en 2016. En 2025 será uno de los testigos en un juicio oral que sentará un precedente porque el Tribunal Oral de Santa Fe juzgará a cinco imputados por delitos específicos contra las infancias, acusados de abandono de persona como crimen de lesa humanidad, tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada, durante la última dictadura cívico militar.

Este juicio, conocido como Laguna Paiva II, comprende a 16 víctimas menores edad, entre uno y quince años, que fueron secuestrados, llevados a centros clandestinos de detención y 11 sufrieron abandono de persona. Las niñas y niños, arrancados de sus casas junto a sus padres, fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D2) o a la Guardia de Infantería Reforzada, “centros clandestinos de detención (CCD) de la ciudad de Santa Fe en donde permanecieron en condiciones infrahumanas de vida”, se señaló en la denuncia a la que accedió elDiarioAR y que avanzó por el volumen de las pruebas. “Quedaron absolutamente abandonados a su suerte”, se puntualizó. 

En todos los casos, los niños padecieron el despliegue del terror en contra de sus vidas y fueron testigos y víctimas de las amenazas de las patotas de criminales que destrozaron sus hogares, sostuvo Federico Pagliero, uno de los abogados responsables de motorizar la causa, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) Regional Rosario. Los imputados son Antonio Parvellotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe; Eduardo Riuli, ex oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, que al momento de los hechos era secretario del juzgado federal; Oscar Valdéz, ex oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, que ex comisario de la seccional de Laguna Paiva.

–¿Cuál es la importancia de este juicio que se hará en 2025?–, consultó elDiarioAR a Pagliero.

–De este nuevo debate se puede abrir un precedente novedoso para la ampliación de los sujetos de derechos y los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad porque además de las víctimas directas, que fueron los hombres y las mujeres buscados, también hubo familias e hijos abandonados.

–¿El abandono constituye un delito de lesa humanidad? 

–Por supuesto y eso surge con claridad de los testimonios. “Sobrevivimos de casualidad”, nos relataron las víctimas que durante los secuestros pasaron hambre, penurias y situaciones muy dolorosas. Busqué antecedentes de estos delitos en los juicios por crímenes de lesa humanidad y no los hay, por lo que será un acto de reparación para estos hombres y mujeres que durante años no se animaron a hablar o no pudieron hacerlo.

–¿Podría aseverarse que el terrorismo de Estado tuvo como objetivo también a las infancias, en algunos casos?  

–Es así, porque la persecución genocida no solo se dio contra las personas que tenían militancia política, sino también contra sus familias. Por el valiente testimonio de 16 sobrevivientes, que eran niños en 1980, constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres.

Constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres

Federico Pagliero — Representante de la APDH

La APDH Rosario emitió un comunicado en relación a la causa Laguna Paiva II, cuyo debate oral comenzará en junio de 2025. “Las niñas y niños de Laguna Paiva tendrán su juicio”, se tituló el documento en el que se señala que “es un juicio histórico de lesa humanidad por incluir un delito inédito en la historia de estos debates”. “Se juzgará el abandono de persona en relación a los niños y niñas que fueron abandonados cuando sus padres y madres fueron secuestrados por la patota genocida del centro clandestino 'D2' de Santa Fe”, puntualizó el pronunciamiento.

En diálogo con elDiarioAR, Norma Ríos, de 72 años, miembro honoraria de la APDH a nivel nacional, de la que es su secretaria sobre casos de delitos de lesa humanidad, e integrante de la mesa directiva de Rosario, señaló que “es inmensa” la importancia del juicio. “Hasta aquí, sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres”, sostuvo. “Aunque a algunos los hayan entregado a familiares, es inmenso e inimaginable el dolor de los chicos que durante años callaron esos abusos y torturas. Y hay que sacarlo a la luz. Es preciso poner sobre la mesa la perversión y esa crueldad contra la niñez porque les pasó a muchos y nunca hablaron. Hay que romper con ese silencio y con ese dolor que sobrellevan hombres y mujeres que ya son mayores de 40 años”, destacó la Ríos.

Hasta ahora sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres

Norma Ríos — APDH

La dirigente hizo hincapié en que estos delitos, en este caso, se cometieron en una ciudad pequeña, como Laguna Paiva, que hoy tiene alrededor de 16.000 habitantes, en donde fue difícil romper el silencio por la estigmatización que pesaba sobre los padres de estos niños. “En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'”, contó Mario Páez, quien reconoció que fue duro sacar esos recuerdos. Por eso, Ríos destacó el trabajo del equipo legal.

Sobre ello, el abogado Pagliero, de 37 años, admitió que fue complicado comenzar a hablar con esos adultos sobre lo que les había sucedido en la niñez. “Viajamos mucho a Laguna Paiva, nos encontramos varias veces y eso generó un ambiente de confianza. Tanta, que nos sorprendió que cuando empezaron a hablar los primeros después se sumó el resto y no pararon de recibir información y testimonios. Parecíamos un equipo de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) rompiendo un silencio de más de 40 años”, rememoró. “Hoy somos como una gran familia”, reflexionó.

En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'

Mario Páez — Secuestrado a los 14 años

El ensañamiento

En el TOF de Rosario ya se realizó en 2021 el juicio “Laguna Paiva I”, también impulsado por la APDH Rosario, cuyo resultado fueron condenas de entre 5 y 6 años, que dejó insatisfechos a los denunciantes pero que fue la punta del ovillo para este segundo juicio. En esa ocasión, fue Mario Páez, de 60 años, el único testigo que era un niño cuando se abordaron los secuestros de su padre, tíos y parientes adultos, todos ocurridos entre febrero y abril de 1980.

En ese primer juicio quedó en claro que el grupo de tareas D2 se ensañó con Catalino Páez y su extensa familia. Una particularidad es que todos los hermanos Páez se casaron con las hermanas Medina, formaron una gran familia en Laguna Paiva y sufrieron en carne propia la persecución estatal. 

¿Por qué Catalino? Criado en el campo, trabajó desde joven en el frigorífico Nelson, en Laguna Paiva, en donde se sumó a la militancia político obrera al integrarse al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y convertirse en la cara visible de la organización sindical La Lucha. Fue protagonista de huelgas, era una voz con fuerte predicamento en su pueblo y fue el responsable de su partidario en la zona, por lo que estuvo en la mira de las fuerzas represivas desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Cuando se producen las primeras desapariciones, el dirigente abandona el pueblo y se aleja a “un exilio interno”, como lo describe su hijo mayor, Mario. De ser una familia en la que se vivía con un sueldo fijo se convierten en nómades que se afincaban en pueblos pequeños para dedicarse durante meses a actividades del campo, como trabajar en cosechas. “A veces, muchas, apenas había para comer”, rememora.

En ese recorrido para escabullirse, Catalino y su familia se instalan en Lima, provincia de Buenos Aires, en donde trabajan en la fabricación artesanal de ladrillos. Antes de dar con el dirigente, las fuerzas represivas secuestraron a Miguel Páez, a su esposa Elva Medina y a sus cuatro hijos. La hija mayor, de 15 años, fue torturada. También caen sobre Graciela Páez y sus cuatro hijos. En la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, se llevan a María Ceferina Páez, a su esposo y dejan a sus cinco hijos abandonados en la casa familiar. La hija mayor, de 13 años, buscaría durante días a sus padres hasta llegar a la comisaría de la localidad, en donde es detenida y sometida a abusos, aunque todavía no pudo darse con la identidad de sus autores, que serían del D2 de Santa Fe. En Seres, finalmente, se llevan a Ramona Páez. Un raid delictivo con el que los genocidas unieron piezas hasta dar con el último destino de Catalino y su familia.

“Nos amenazaban con armas que apoyaban en el cuello”

El 15 de febrero de 1980, Catalino amaneció con problemas de salud y se fue a ver a un médico en el pueblo, recordó a elDiarioAR su hijo Mario. Por entonces, el matrimonio tenía ocho hijos: Mario (14 años), Mónica (12), Ramón (10), Carlos (9), Jesús (6) César (5) y Ceferino, de 18 meses. Juana estaba embarazada de María, de dos meses. Cuando su padre no estaba, uniformados rodearon la humilde vivienda, golpearon a su madre, lo tomaron a él de los pelos y lo tiraron al piso. “A los dos nos preguntaban por mi padre, mientras nos amenazaban con armas que nos apoyaban en el cuello”, recuerda. Una hora más tarde, su padre regresó del pueblo y apenas se dio cuenta de la situación fue encapuchado y golpeado de manera salvaje. Los tres fueron llevados a dependencias del D2, ubicadas en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, en el centro de Santa Fe. Catalino y su esposa fueron torturados y golpeados. Mario también. 

Sus hermanos, agregó Mario, sobrevivieron unos días con la venta de los ladrillos que ya estaban terminados, hasta que una familia vecina los acogió. Después, fueron a parar a servicios sociales del Estado provincial, hasta que fueron recuperados por su madre un mes después, luego de ser liberada. “En ningún caso de los Páez y Medina hubo muertes pero sí una sistemática violación a los derechos humanos. Además de perseguirlos y haberles saqueado sus casas, los dejaron sin nada. Esos niños vieron escenas que jamás olvidarán y que quizás encuentren algo de consuelo en la justicia”, sostuvo el abogado Pagliero. Catalino fue liberado en 1984 y retornó a la militancia.

“La gente se olvida”

En la voz de Mario Páez no hay bronca, ni sed venganza. Relata con tranquilidad cada suceso pero sí salen a la superficie sus dudas, preguntas sin respuestas. “¿Por qué nos pasó esto a nosotros y con ese odio, si mi padre y mis tíos jamás agarraron un arma, eran hombres de trabajo, de campo? ¿Por qué la gente se olvida y prefiere mirar para otro lado? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para que haya algo de justicia?”. Muchos por qué, que quizás no sean todos respondidos en un nuevo juicio, aunque las familias tienen esperanzas.

Cuando elDiarioAR pregunta cómo recuerda a su padre, Mario se derrumba. Su voz se quiebra. Intenta hablar pero no puede. Hace silencio. Pide disculpas. Como si tuviera que pedir perdón por conmoverse una víctima de la última dictadura cívico militar que vio como torturaban a su padre, al que casi no reconoció por el rostro deformado de los golpes. Y que vio también de qué manera pateaban a su madre en el vientre, pese a que clamaba que no lo hicieran porque estaba embarazada. 

“Mi padre fue un hombre comprometido con sus ideas –dice–, con ganas de vivir en un país justo y reivindicaba las luchas de los postergados. No merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”.

DC/MG

Pese a las acciones y directivas que el Gobierno de Javier Milei tomó desde el inicio de su gestión contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia con el desmantelamiento de áreas sensibles de investigación y análisis sobre las violaciones a los derechos humanos, una serie de investigaciones de lesa humanidad en la que se analizan la complicidad civil empresarial han cobrado un nuevo impulso en las últimas semanas.

Una de esas investigaciones es la que ocurre en los Tribunales Federales de San Martín, donde se realiza actualmente un proceso oral y público que hecha luz sobre el funcionamiento de la estructura de inteligencia de la Fuerza Aérea y sobre el secuestro y apropiación de menores nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico militar. No obstante, familiares y querellantes reclaman mayor celeridad para evitar que la impunidad biológica se imponga por sobre la Justicia.  

Las disoluciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la negativa del Ministerio de Seguridad a entregar archivos de sus integrantes a pedido de los organismos que investigan la apropiación de menores y la decisión de suspender el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo libertario como parte de una escalada negacionista.

Sin embargo, los procesos judiciales de lesa humanidad siguen adelante y se verificaron algunos avances en investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado contra trabajadores y la participación civil en la delación al aparato represivo.

El 4 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de Emilio Parodi, exgerente de la empresa Molinos Río de La Plata durante la última dictadura. El ejecutivo está acusado de participar en los secuestros de trabajadores de la empresa que estaba ubicada en Avellaneda.

“Estamos empujando esta causa desde hace años. Comenzamos a querellar con otros familiares y empezamos a tener la sensación de que esta vez podemos obtener justicia”, señaló en diálogo con elDiarioAR Analía Fernández, hija de Francisco Fernández, trabajador de la empresa que se encuentra desaparecido desde el 7 de julio de 1976, cuando fue secuestrado por un grupo de tareas.  

Fernández ingresó a Molinos en 1973 y se desempeñaba en el área de mecánica, donde había integrado la Lista Blanca del Sindicato de Aceiteros ligada a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), ligada a las organizaciones de superficie del peronismo revolucionario. Santos Ojeda y Roberto José Rivolta, son los otros dos trabajadores que permanecen desaparecidos.   

Parodi es acusado de haber confeccionado listas de trabajadores que tenían actividad sindical y entregarlas al Ejército. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, compuesta por los jueces Carlos Alberto Vallefin y Roberto Agustín Lemos Arias, confirmó el procesamiento del jefe de personal de una de las empresas harineras más grandes del país.

“Con este procesamiento, la causa quedó a un paso del juicio oral y público. Esperemos que pronto tengamos novedades y podamos lograr una condena. Luchamos contra el tiempo. Esperemos que el proceso se haga el año que viene y Parodi llegue vivo para responder por haber entregado a mi papá y a sus compañeros”, remarcó Analía, maestra de una escuela primaria del Gran Buenos Aires.  

Parodi es acusado por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenaza en perjuicio de Francisco Fernández. 

Otra investigación sobre complicidad empresarial que tuvo avances en las últimas semanas fue la de astilleros Astarsa, cuya instrucción está en manos de la jueza federal de San Martín Alicia Vence.

La magistrada citó, el 12 de septiembre pasado a prestar declaración indagatoria al exgerente de Astarsa, Daniel Lacoa, y al ex subgerente de la misma empresa Carlos Alberto Collongues.

Los exdirectivos son acusados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 19 víctimas que fueron entregados a las fuerzas represivas por la patronal. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los militares se instalaron en la empresa, ubicada en el partido de Tigre y con la complicidad de directivos y algunos sectores sindicales fueron secuestrados varios trabajadores, algunos de los cuales permanecen desaparecidos.

Collongues, quien es actualmente tesorero de la Fundación para el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y es sindicado como responsable de confeccionar nóminas de empleados para astillero al Ejército, no se presentó por motivos de salud.

Lacoa –quien era su superior y está sospechado de conocer la existencia de esas listas– presentó un escrito en el cual negó los hechos que se le imputan.

Una pelea contra la impunidad biológica

“Estamos dando una pelea contra la impunidad biológica. Se demoran mucho los llamados a las indagatorias en todas las causas. En esta en particular hay muchas pruebas y está todo dado para avanzar con medidas concretas”, indicó Pablo Llonto, abogado que litiga en varias causas de lesa humanidad y que en el expediente de Astarsa representa a los familiares de las víctimas.    

En tanto, en los tribunales federales de Rosario sigue el juicio que analiza la responsabilidad del exjefe de personal de la metalúrgica Acindar en Villa Constitución, de un exjefe militar, de 21 expolicías federales, de un exprefecto y de un ex policía santafesino como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios.

Se trata de hechos ocurridos durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como “El Villazo”. Los delitos se procesan después de 49 años, pero los acusadores son optimistas en relación a su resolución.  

“Venimos con un ritmo bastante bueno en relación a la realización de las audiencias, y si seguimos de esta forma, creo que podemos tener un veredicto antes de fin de años”, estimó el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate,  

En cambio, la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad en el Ingenio “La Fronterita”, en Tucumán, se encuentra demorada. La investigación se elevó a juicio oral hace tres años, pero la realización del debate se concretaría en febrero del año que viene.

“Es una causa que abarca delitos cometidos contra 68 personas en las instalaciones de esa fábrica azucarera. La empresa había cedido parte de su terreno para que se montara un centro clandestino de detención que fue parte de un circuito represivo que se montó en Famaillá durante el operativo Independencia”, afirmó el abogado tucumano Rodrigo Scrocchi, quien sigue la querella que representa a Andhes, un organismo de derechos humanos que desde hace años representa a las víctimas del terrorismo de Estado en el norte de Argentina.    

Los acusados son Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori y Fernando Cornú De Olmos, directivos de este ingenio en los conflictivos tiempos del Operativo Independencia.

El accionar de la Fuerza Aérea

Más allá de los casos de complicidad civil, otro juicio de lesa humanidad que avanza es el que se sigue en los Tribunales de San Martín por las causas unificadas de Mansión Seré IV, Riba II y las comisarías de Haedo, Castelar y Moreno. Un proceso en el que se investiga el accionar del aparato de inteligencia de la Fuerza Aérea durante el terrorismo de Estado en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Se aguarda que el debate de este proceso se prolongue durante un año, durante el cual se analizarán crímenes perpetrados en perjuicio de 114 víctimas, que estuvieron cautivas en el ámbito de la Subzona militar 16, correspondiente al organigrama represivo que la última dictadura militar desplegó en el país.

El 6 de octubre de 1978, el su oficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Vázquez “El Colo”, Francisco Gómez y otros militares, secuestraron a José Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit -embarazada de 8 meses-, y la hijita de ambos, Mariana Eva Pérez, quien entonces tenía 15 meses. También se llevaron a Gabriel Pontnau socio de José Manuel en un negocio de cotillón que ambos tenían en Martínez. La desaparición de Gabriel es analizada por primera vez en un proceso oral y público.

Mariana --quien hoy tiene 47 años-- fue entregada a su primo Marcelo Rubén Moreyra, de 17 años, al que siguieron controlando y amenazando durante meses. Fue Marcelo quien reconoció a un “pelirrojo” entre los represores que “le dejaron” a su prima. No era otro que Vázquez Sarmiento.

El 12 de septiembre pasado, Mariana Eva Pérez Rosinblint declaró ante el Tribunal y narró su historia como víctima y el recorrido que siguió conocer la verdad y lograr Justicia.

Vázquez Sarmiento fue condenado el año pasado a 15 años de prisión por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, el nieto restituido 102. El pasado 11 de julio recibió la visita, junto a otros represores como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, de los diputados libertarios Beltrán Benedit, estuvieron presentes Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci.

A excepción de Bonacci, el resto de los legisladores se fotografiaron con este grupo de criminales de lesa humanidad como parte de una actividad en la cual se planificaban estrategias para que los represores accedieran a prisiones domiciliarias.

 “El Colo”, como se lo conoce a Vázquez Sarmiento, se desempeñó en los años del terrorismo de Estado como un agente de la inteligencia de la aeronáutica. Estuvo 20 años prófugo y su detención se produjo en 2021 en la localidad bonaerense de Ituzaingó, tras permanecer prófugo durante más de 20 años.

A fines de 1977, “El Colo” llevó a su casa a un niño recién nacido en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA y que le sustrajeron a María Graciela Tauro, detenida cuando cursaba el cuarto mes de embarazo.  

Hace 22 años, Ezequiel, con la colaboración de Abuelas de Plaza de Mayo, denunció que había sido anotado como hijo biológico de Juan Carlos Vázquez Sarmiento y su pareja, Stella Maris Emaldi.

En 2016, en la primera causa RIBA, fueron condenados a 25 años de prisión Omar Rubens Graffinga y Luis Tomás Trillo, por los secuestros de Patricia y José Manuel. Francisco Gómez, apropiador de Guillermo Pérez Rosinblit, también nacido en la ESMA e hijo menor de la pareja desaparecida, recibió una condena de 12 años de prisión. 

“Estos juicios son importantes para abrir otras investigaciones y formular otras imputaciones. Sobre todo en tiempos en los cuales hay una política negacionista desde el Poder Ejecutivo”, aseguró Verónica Bogliano, letrada a cargo de la querella que sigue en este juicio la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

LC/MG  

En horas clave en torno a la discusión en el seno del oficialismo por la polémica generada a raíz de una reciente visita de legisladores de La Libertada Avanza a represores detenidos en Ezeiza, que incluye la inminente expulsión del bloque mileísta de la diputada mendocina Lourdes Arrieta y, en sintonía con su cruzada personal, un acto en “homenaje a las víctimas del terrorismo” que encabezará este martes en el Salón Azul del Congreso la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer estadísticas sobre el rango etario, la modalidad de arresto y la situación procesal de las personas presas e investigadas por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado.

En los datos recolectados, la oficina especializada puso el foco sobre la porción de privados de la libertad que cumplen condenas con prisión efectiva o preventiva en sus domicilios, en sintonía con los informes periódicos de la Procuración General de la Nación.

Según publica el portal Fiscales.gob.ar, “de acuerdo con las estadísticas elaboradas por la procuraduría con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades especializadas de las diferentes jurisdicciones del país, en la actualidad hay 636 personas detenidas, de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y 128 se encuentran bajo custodia penitenciaria. En este universo de privados y privadas de la libertad, 504 cuentan con condenas, 127 están procesado/as y 5 fueron indagados/as y aguardan la resolución de su situación procesal”.

Las estadísticas indican que entre los 504 condenados y condenadas, “389 se encuentran en arresto domiciliario; y entre las/os 127 procesados/as, la cifra es 115. En tanto, a 4 de las 5 personas indagadas les fue concedida la detención en su lugar de residencia”.

En este contexto, la procuraduría aclaró que dos personas que fueron condenadas se encuentran en libertad en los procesos en los que se les impuso pena de prisión, pero continúan detenidas por estar procesadas con prisión preventiva en otras causas.

Desde 2006 se investigó a 3.746 personas y recibieron condena 1.187, de acuerdo con el último informe estadístico -difundido en junio pasado- sobre el estado de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Además, 190 fueron absueltos.

Rangos etarios

La procuraduría estableció distintos niveles etarios para clasificar a las personas investigadas por crímenes de lesa humanidad y analizar su modalidad de arresto y su situación procesal:

Datos

Con información de Fiscales.gob.ar

IG

Más allá del contexto adverso desde la asunción de Javier Milei, los juicios de lesa humanidad siguen avanzando y enfrentan problemas que exceden a la coyuntura política. Uno de los principales es el paso del tiempo. La edad de muchos responsables de los delitos de la dictadura marca un horizonte en el que, dentro de algunos años, quedarán pocas personas vivas para investigar penalmente. Algunos ya están muriendo durante procesos en curso y otros ni empezaron a ser juzgados. La pregunta a mediano plazo es si el Estado logrará garantizar el derecho a la verdad de las víctimas cuando los responsables empiecen a extinguirse.

Es cierto que la búsqueda judicial tuvo distintos momentos históricos: empezó por los jerarcas del aparato represivo y luego las investigaciones también avanzaron hacia los autores inmediatos, los grupos de tareas, que en general se integraban de oficiales y suboficiales jóvenes. Hoy se desarrollan juicios contra ex militares y policías que en la dictadura tenían veintitantos años. Pero el tiempo corre: dentro de una década, un acusado que en 1976 tenía, por ejemplo, 22 años, llegará a los 80. Y la misma matemática se aplica a las víctimas.

Esta realidad gana importancia en la conversación del movimiento de derechos humanos, donde algunos la llaman “impunidad biológica”. Otros prefieren no usar ese término, bajo la idea de que la biología hace su parte, pero los tiempos de la Justicia tampoco ayudan. Algunas demoras son inevitables, mientras que otras resultan de prácticas judiciales que favorecen laberintos recursivos y tránsitos erráticos entre distintas instancias en las causas de lesa humanidad, que por otra parte no suelen ser prioritarias para jueces sobrepasados de expedientes.

Dentro de algunos años, la celeridad judicial tampoco servirá de mucho. Cuando queden pocos victimarios vivos, la reparación a las víctimas deberá correr por nuevos carriles. Según los estándares internacionales, el derecho a la verdad incluye identificar a los responsables de los crímenes, incluso cuando hayan muerto. Como síntoma de lo que puede venir, hoy algunos fiscales y querellas piden a los tribunales que incluyan en sus fallos “declaraciones de verdad” sobre casos atribuidos a acusados que murieron en el transcurso del trámite o incluso antes. Se busca que los jueces se pronuncien sobre los hechos aunque no haya efectos jurídicos.

Esta semana, sin ir más lejos, hubo audiencias destacadas en dos juicios que incluyeron pedidos de declaraciones de verdad. El viernes, en Buenos Aires, continuó el alegato fiscal en el juicio a 15 ex policías de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) por seis procedimientos ilegales con asesinatos y desapariciones. En uno de esos operativos, en la madrugada del 4 de enero de 1977, fueron acribillados los militantes Carlos Jeifetz y Nora Salvarezza. La fiscalía logró individualizar a cinco responsables, pero sólo dos llegaron vivos al juicio y ambos murieron en el transcurso del debate. El fiscal Pablo Ouviña sostuvo en su alegato que “la obligación de que el tribunal se pronuncie sobre estos hechos surge del respeto al derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares”, la mayoría de los cuales también murieron, y pidió a los jueces que acreditaran los delitos y declararan que “ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado”.

En Córdoba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 condenó el jueves a cinco ex policías del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Córdoba por secuestros, torturas, abusos sexuales y desapariciones contra un total de 14 víctimas. Cinco de ellas, secuestradas en junio de 1979, estuvieron cautivas en el D-2 y fueron asesinadas y desaparecidas en circunstancias que se desconocen. Por sus crímenes habían sido acusados miembros jerárquicos del Tercer Cuerpo del Ejército que murieron antes del debate. Por primera vez, la fiscalía decidió incluir igualmente esos casos en la elevación a juicio, incluso sin la posibilidad de condenar a nadie.

“Por el momento no se promueve acción penal contra persona alguna, pues los principales responsables que han sido identificados se encuentran fallecidos −alegó el Ministerio Público Fiscal en esos casos−. No obstante, teniendo en cuenta que la hipótesis es que estos hechos fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático que llevó a cabo el Estado contra la población civil, corresponde profundizar la investigación a efectos de establecer tanto su existencia como quiénes participaron en su comisión”. Al igual que en el caso de la SSF, los fiscales cordobeses pidieron una declaración de verdad que fue concedida por el TOF.

“Esto ya nos está pasando: por el fallecimiento de los acusados, sobre todo jerarcas, nos estamos quedando con muchas investigaciones en las que no hay personas a las que atribuir los delitos”, dice a elDiarioAR el auxiliar fiscal del juicio en Córdoba, Facundo  Trotta. Las declaraciones de verdad son útiles porque no sólo permiten conocer lo que ocurrió a las víctimas y familiares, sino también avanzar con los casos pese a la muerte de los acusados“.

En Argentina existe el antecedente histórico de los Juicios por la Verdad, procesos sin efectos penales que se llevaron a cabo en algunas ciudades durante la vigencia de las leyes de impunidad, como resultado de la creatividad de los organismos de derechos humanos. Pero los Juicios por la Verdad no llegaron a ser federales ni sistemáticos, como debería ser cualquier respuesta del Estado en el futuro próximo, cuando el paso del tiempo clausure la vía penal. “Pasarán los años y mientras haya una víctima sin respuesta, por nuestros compromisos internacionales en derechos humanos, seguiremos obligados a investigar qué fue lo que realmente ocurrió −agrega Trotta−. Es lo mismo que pasa con la búsqueda de desaparecidos: hay muchos casos abiertos y sin respuesta, pero el deber del Estado de encontrarlos no cesa”.

FFB/DTC

El rastro económico dejado por el agente parapolicial Aníbal Gordon y su banda, que bajo el amparo de la SIDE y el Plan Cóndor perpetraron delitos de lesa humanidad en el centro clandestino conocido como “Automotores Orletti”, se devela por estos días en Mar del Plata, donde se sigue el primer juicio por lavado de activos a cuatro hijos de un antiguo integrante de esa organización delictiva, que adquirió campos con dinero robado a víctimas del terrorismo de Estado.

Los acusados son tres mujeres y un hombre: María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, hijos del fallecido Leonardo Miguel Save, quien supo integrar la gavilla de Gordon y que con fondos sustraídos a un militante uruguayo adquirió dos campos en la localidad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires.

Los cuatro hijos de Save son investigados por realizar maniobras para incorporar al mercado legal dinero obtenido por su padre durante los años del terrorismo de Estado. El proceso oral y público se desarrolla en los Tribunales Federales de Mar del Plata, y está a cargo del juez Roberto Falcone, quien encabeza el debate de esta causa de forma unipersonal.

Según sostiene la acusación a cargo del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, la familia Save habría realizado, al menos desde 1999, maniobras y operaciones con las cuales obtuvieron la propiedad de esos campos, que en la actualidad continúan administrando, y que fueron adquiridos mediante secuestros, torturas y desapariciones.

Fuentes con acceso a la causa estimaron que los hijos de Save, que son representados en este proceso por el Ministerio Público de la Defensa, podrían recibir penas de entre dos a 10 años por los delitos que se les imputan.  

Cesiones de derechos, escrituras falsificadas, boletos de compra venta firmados por terceras personas forman parte de una trama delictiva que se remonta a octubre de 1976, cuando el represor Save compró esos campos en Chascomús, localidad de la cual también era oriundo.

¿Cómo obtuvieron Gordon (muerto en prisión, en 1987) y Save esos fondos para llevar a cabo este intento de consolidar un proyecto inmobiliario en una de las zonas más prósperas del territorio bonaerense? La hipótesis que sigue la fiscalía, la querella de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la del Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos apunta al secuestro y posterior desaparición del militante uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Mendez.

Conocido como “el coronel”, “el jovato” o “el exquisito”, en función de las habilidades que sus secuaces le reconocían en las mesas de tortura, Aníbal Gordon se convirtió en una pieza clave de la maquinaria orquestada en el centro clandestino de Orletti

Mechoso Mendez era un exilado uruguayo que vivía en Argentina desde del golpe de Estado que se había perpetrado en el vecino país en 1973. En Argentina, participó del armado del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), y por eso se convirtió en un objetivo del régimen castrense uruguayo.

Como parte del Plan Cóndor, la coordinadora represiva orquestada por las dictaduras militares del Cono Sur, represores uruguayos encabezados por el militar uruguayo José “Nino” Gavazzo, comenzaron a operar en Argentina en la persecución de militantes de ese país.

Con la colaboración de la SIDE y banda de Gordón, los represores uruguayos utilizaron Orletti, un centro clandestino ubicado en el barrio de Floresta, como base de sus operaciones en Argentina.

El 26 de septiembre, la patota integrada por la banda de Gordon y los represores liderados por Gavazzo secuestraron a Mechoso Mendez y mediante torturas llegaron a los fondos que el partido tenía en Buenos Aires y con el cual financiaba las actividades de sus militantes que se encontraban en la clandestinidad.

Mediante torturas en Orletti y amenazas a su familia, los represores lograron que Mechoso Mendez entregara los recursos del PVP.  

La Instrucción de la causa, que inició en 2013 el juez federal Alejo Ramos Padilla, estableció que la banda de Gordon obtuvo entre 2 y 8 millones de dólares. Gavazzo y su grupo pudieron quedarse con otra parte del botín, pero la justicia no pudo establecerlo.

El dirigente opositor uruguayo resultó asesinado. Su cuerpo, depositado en un barril lleno de cal apareció flotando en un canal de San Fernando. En 2009, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió que se identificaran sus restos, que habían sido depositados en una tumba como NN.

Con los fondos en su poder, la banda de la SIDE capitaneada por Gordon y secundada por Save, adquirió terrenos en Chascomús, donde tenían la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario. Pero una interna en el seno de aparato del terrorismo de Estado truncó esa lucrativa iniciativa.

Grupos operativos al mando del ministro de Gobierno bonaerense, Ibérico Saint y el entonces jefe de la policía provincial, el coronel Ramón Camps, sacaron a los operarios que trabajaban en los campos y los trasladaron a la Comisaría 1° de Chascomús, donde padecieron torturas.

En el marco de las audiencias del juicio que se desarrolla en Mar del Plata, cuatro extrabajadores declararon que hía desempeñado tareas en los campos´, que estaban en una zona adyacente a la laguna de Chascomús. Contaron que recibían un pago semanal a cargo de una persona que identificaron como “el lobito”, y que incluso vieron en el lugar a Gordón y a Save.

Los testigos recodaron que un día llegaron militares que los trasladaron a la Comisaría de Chascomús, donde luego de unos días comenzaron a liberarlos. Más tarde, comenzaron a recibir sobres en sus casas con dinero y notas en las cuales se disculpaban por el trato que les habían propinado. 

Un testigo contó además que quienes estaban a cargo de los campos antes de que se produjera la irrupción de los militares, se hacían llamar como “grupo SIDE”.

Durante años, en Chascomús se corrieron rumores sobre la existencia de enterramientos clandestinos en esos campos, pero las pericias que se realizaron no lograron dar con restos humanos.

“Save estuvo detenido por otros delitos y es claro que tuvo contactos con sus hijos sobre estos campos y que hubo maniobras para ingresarlos al mercado legal. Esa es la hipótesis con la que trabajamos”, señaló en declaraciones a elDiarioAR Verónica Bogliano, directora de Querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Las audiencias de este juicio se desarrollan todos los miércoles desde el 7 de febrero y estima que podría haber un veredicto en abril. 

Además de imponer un modelo económico, el terrorismo de Estado también operó para desapoderar a las víctimas de sus bienes y esto es lo que analizamos en este juicio

Verónica Boglaino — Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense

“Además de imponer un modelo económico, el terrorismo de Estado también operó para desapoderar a las víctimas de sus bienes y esto es lo que analizamos en este juicio”, observó Boglaino, quien reseñó que el accionar delictivo de Gordón quedó probado en otras tres sentencias judiciales sobre Orletti.

De delincuente común y custodio de organizaciones sindicales, Aníbal Gordón cultivó desde los años ’60 una fama de pesado que le permitió sumarse en la década siguiente a las filas de la organización parapolicial de la Triple A, donde inició un prolífico derrotero delictivo como agente inorgánico de la SIDE en la denominada “lucha antisubversiva.

Conocido como “el coronel”, “el jovato” o “el exquisito”, en función de las habilidades que sus secuaces le reconocían en las mesas de tortura, Gordon se convirtió en una pieza clave de la maquinaria orquestada en Orletti, por donde pasaron militantes uruguayos, chilenos, bolivianos y paraguayos capturados en Argentina en medio del desarrollo del Plan Cóndor.

Su nombre adquirió notoriedad en agosto de 1983, cuando una patota que capitaneó secuestró al dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly, a quien debieron liberar en medio de las repercusiones que esa captura había producido en una opinión pública que le había picado el boleto de salida a una dictadura militar que estaba en franca retirada.

En 1984, tras el retorno de la democracia, una comisión policial detuvo en una casa de las sierras de Córdoba a Gordon. “¿Muchachos, vienen a buscarme por derecha?”, alcanzó a preguntarles a los efectivos que lo detuvieron

En 1984, tras el retorno de la democracia, una comisión policial detuvo en una casa de las sierras de Córdoba a Gordon que era buscado por varios delitos. “¿Muchachos, vienen a buscarme por derecha?”, alcanzó a preguntarles a los efectivos que lo detuvieron.

En octubre de 1986, Gordón recibió una condena de 16 años de prisión. Un año más tarde, murió de cáncer de pulmón en la cárcel. El rastro de sus crímenes aún se sigue.

LC/MG              

Los vecinos aseguran que casi no sale de su casa, que se lo ve poco y nada, que apenas camina unos metros hacia un almacén cercano para comprar lo mínimo que necesita. Con 75 años y una vida intensa, nunca se fue del barrio Echeverría, ubicado en la zona oeste de San Miguel de Tucumán, cuya principal característica es que más popular no viene. El otrora “petiso fornido, de bigotes anchos, pelo largo, campera de cuero y que se hacía notar en las reuniones”, como lo describió una militante peronista tucumana de los duros años 70 que lo conoce, hoy pasa sus días desapercibido. Ese es Juan Carlos Clemente, un testigo clave en los juicios que se realizaron en Tucumán por crímenes de lesa humanidad. Fue él quien aportó la hasta ahora, única lista de detenidos del país que permitió reconstruir el mecanismo de desapariciones, torturas y crímenes que se aplicó durante la última dictadura cívico militar.

En los años 70, Clemente ya era conocido en la zona como “El Perro”, “por su físico, su aspecto y su modo de ser que intimidaba”, contó a elDiarioAR otro compañero de su militancia con el que ya no tiene contacto. Su hermano menor, Alberto, que también se sumó a las luchas de entonces, heredó un apodo similar. Fue bautizado como “El Caschi”, un vocablo que viene del quechua y que quiere decir “perro pequeño”. Es una palabra común en el norte argentino, en especial en la ruralidad.  

“El Perro” permanece bajo la custodia del Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que vive casi en la clandestinidad. Es la consecuencia de haber escondido en su casa y durante 33 años, 250 hojas de documentos que aportó al Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, en junio de 2010. Los biblioratos que entregó contienen nombres de agentes de inteligencia, de “delincuentes subversivos” que eran buscados y de cadáveres identificados. Además, aportaron detalles de operativos y lo principal: nueve páginas con 293 nombres, historias de vida y, de ese total, 195 hombres y mujeres que tienen escrito a su lado las iniciales DF: “disposición final”, sus condenas a muerte. Jamás la Justicia había accedido a un documento tan importante y esclarecedor. El nombre más conocido del registro es el de Diana Oesterheld, secuestrada en Tucumán, hija del escritor y guionista Héctor Oesterheld, creador de “El Eternauta”, quien continúa desaparecido junto a sus otras tres hijas.

Las 250 hojas de documentos que aportó al Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, en junio de 2010 contienen nombres de agentes de inteligencia, de "delincuentes subversivos" que eran buscados y de cadáveres identificados

Clemente es hijo de un suboficial del Ejército que oficiaba de cocinero, estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) pero no la terminó. Mientras tanto, se entregó a la militancia cristiana en su barrio, en la parroquia de Montserrat, por lo que se sumó a la Juventud Obrera Católica (JOC). En nada, dio el salto a la organización Montoneros, que en los 70 ya tenía una importante presencia en Tucumán en sus distintos frentes, uno de ellos con vinculación con los curas tercermundistas, que también estaban en la provincia. “El Perro” se sumó al movimiento villero, por opción. Entonces, el Echeverría era lo más parecido a una villa. En poco tiempo se convirtió en “el jetón del barrio”, como se definió ante el TOF, cuando se sentó por primera vez ante los jueces y dejó enmudecida a la sala al entregar la primera lista de desaparecidos desde el retorno de la democracia, en 1983.

“Era un tipo muy comprometido con la causa, nadie podía dudar de eso porque participó en acciones en donde había un riesgo cierto de ser detenido. Sobre todo, después de septiembre de 1974, cuando Montoneros ordena el pase a la clandestinidad”, señala a elDiarioAR Francisco “Pancho” Viecho, exmilitante de la organización, quien conoció a Clemente. La decisión de la cúpula de ocultamiento incluyó el regreso a la lucha armada y se tomó dos meses después de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón, que aceleró el enfrentamiento interno en el seno del peronismo y las divisiones en un país que se encaminaba hacia una de sus más grandes tragedias: el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. 

Por entonces, “El Perro” ya formaba parte de la Unidad Básica de Combatientes, rango superior al que se llegaba en Montoneros luego de haber demostrado valor e inteligencia, y se le habían asignado funciones de mando en la Unidad Sur de la provincia, que abarcaba desde el extremo sur de la capital tucumana hasta el límite con Catamarca, una zona considerada caliente por la presencia de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Esto supuso que allí, al año siguiente, se instalen divisiones del Ejército Argentino y se ponga en marcha el sangriento Operativo Independencia, una horrorosa escuela de la represión que sobrevendría antes y tras el golpe de Estado.

Soy menor que él y compartimos mucho, incluso acciones en donde arriesgamos nuestras vidas pero por varias situaciones, no tengo dudas que es un traidor

Gustavo Herrera — Ex militante montonero

“Soy menor que él y compartimos mucho, incluso acciones en donde arriesgamos nuestras vidas pero por varias situaciones, no tengo dudas que es un traidor”, señala Gustavo Herrera, un exmilitante montonero que fue detenido, liberado y estuvo frente a frente con Clemente, en un careo, en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizaron en Tucumán. “Pancho” Viecho coincide con él y apunta que el nombre de su esposa de entonces, Rosa Quinteros, que también militaba, está en el listado que entregó “El Perro” y a su lado las iniciales DF, su destino trágico. “Fue secuestrada cuando iba en ómnibus hacia el sur de la provincia. A la altura de Famaillá subió una patota, la bajó y la subió a un auto. Clemente tuvo acceso a esa información y no dijo nada. Un traidor es un traidor”, sentencia.

La huida  

En 1975, una patota de civil ingresó a la casa de Clemente, en el barrio Echeverría, y se llevó al “Caschi” y a su cuñada. Ambos fueron liberados pero para él fue un límite. Al sentir que estaba en riesgo su seguridad y la de su compañera (y prima), María del Carmen Clemente, dejaron todo y viajaron a la capital de Salta, en donde se instalaron y unos meses después ella quedaría embarazada. Más tarde, “El Perro” regresa solo a Tucumán para trabajar en un ingenio azucarero. De acuerdo a su propio testimonio, lo secuestran y a los pocos días –el 13 de agosto de 1976– también a su compañera, que era conocida como “Mafalda” o “La gorda Mary”, y a su niño de 15 días, quienes son trasladados a Tucumán. Se cree, según Cristina Barrionuevo, que militó con ambos en Montoneros aunque en su caso, en la agrupación Evita, que ella fue asesinada unos días después pero sus restos nunca fueron encontrados, por lo que su nombre figura en la larga lista de desapariciones durante la dictadura. El niño, en circunstancias poco claras, fue entregado a los abuelos y a poco de terminar la secundaria se radicó en España, en donde vive en la actualidad.

Hace unos años, en la plaza del barrio Echeverría, un grupo de militantes de los 70 colocó una placa para recordar a esa vecina y compañera desaparecida. Ese día, Barrionuevo leyó un texto en donde señaló: “Compañera ‘Gorda Mary’, viviste tu maternidad sola, lograste preservar a tu hijo de las garras de la dictadura y soportaste la traición del hombre que quisiste y que te entregó a cambio de su vida. Hoy queremos recordarte como la luchadora que fuiste, sin menguar por ello tu simpatía y tu sonrisa, tu alegría de vivir”. Cuentan que “El Perro” fue invitado al acto pero faltó. Algunos tenían alguna esperanza de que asistiera por tratarse de la madre de su hijo. “Como militante que fue, sabe cómo moverse y a qué lugares es conveniente no ir para evitar encontrarse con alguno de nosotros”, reflexionó Cristina a elDiarioAR. La plaza se encuentra a unas cuadras de la casa en la que todavía vive Clemente, sobre el tranquilo y poco transitado Pasaje Montserrat. El recorrido, a pie, se cubre en apenas 10 minutos. Un vecino que optó por el anonimato y que conoce al exdirigente villero, contó que una tarde de mucho calor, con poca gente en la calle, lo vio parado frente a la placa de mármol que tiene escrito el nombre de quien fue su compañera. “Todos sabemos quién es pero es de hablar poco, nadie lo molesta, estuvo como cinco minutos mirando para abajo y se fue”.  

Las dudas

En la página 197 de su libro “Los Traidores. Intimidades de la guerra revolucionaria”, Carlos Manuel Acuña se refiere a Clemente: “sospecharon que fue un traidor, incluso un infiltrado de los servicios, en particular de la policía de Tucumán y llegaron a acusarlo no sólo de colaborar con los represores sino hasta de participar en las torturas”. El autor se refiere a militantes que lo conocieron y para los que no está claro porqué sobrevivió tantos años como detenido y luego convertido a agente policial, todo en la exJefatura de Policía.  

Clemente declaró en varios juicios en el TOF de Tucumán. Entre ellos, “Jefatura I - Arsenales I” y “Jefatura II - Arsenales II”, dos megacausas en las que –además de aportar en la primera los biblioratos claves que permitieron condenas– relató sobre su secuestro y los centros clandestinos de detención (CCD) a donde lo llevaron y fue torturado. Por ejemplo, al ex ingenio azucarero Nueva Baviera, a unas cuadras de “La Escuelita de Famaillá”, otro CCD; y a la exJefatura de la Policía, en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán, hoy Sitio de la Memoria, desde donde se centralizó y coordinó parte de la actividad represiva. Insistió también en que desde el regreso de la democracia y de manera periódica, lo llamaban por teléfono y hasta se presentaban en la puerta de su casa, exmiembros de la Policía de Tucumán que lo intimidaban con frases como “tené cuidado con lo que vayas a declarar” o hacían contacto para tratar de averiguar el paradero de otras personas. “Era para meterme miedo, para que me sintiera amenazado”, señaló en el TOF, una vez. Aunque por entonces se desconocía que tenía documentación clave, estaba claro que por su larga estadía en la exJefatura –desde 1976 a 1983– conocía rostros, nombres y acciones de hombres comprometidos con la represión ilegal.  

Clemente declaró en varios juicios en el TOF de Tucumán en las que –además de aportar en los biblioratos claves que permitieron condenas– relató sobre su secuestro y los centros clandestinos de detención (CCD) a donde lo llevaron y fue torturado

Durante las tres horas en las que declaró, en junio de 2010, “El Perro” detalló cómo fue extrayendo los documentos del CCD exJefatura de la Policía y que escondió por más de tres décadas: “Los iba sacando en la pierna, como se pone una tobillera, y los enganchaba con la media. No los leía, pero intuía que eran importantes. Por algo los iban a quemar”. Pudo hacerlo porque ese mismo año le permitieron que durmiera a diario en su casa, con la amenaza de que sus padres pagarían las consecuencias si realizaba algún movimiento extraño. En los primeros meses de 1977 le asignaron funciones administrativas, le entregaron un carnet de policía, del rango más bajo, y cobraba un sueldo. “Nunca lo solicité”, aclaró en ese juicio. Contó que a fines de ese año se dio la orden de desmantelar el Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) y el CCD que funcionaban en la ex Jefatura. Una parte de la documentación fue guardada, mientras que otra fue quemada. Fue del destino de esta última que extrajo los papeles en tandas. “Enterré los papeles en mi casa, en una bolsita antihumedad, como vienen las golosinas, y los envolví en plástico cuatro o cinco veces”, relató ante los jueces. Ese lugar estaba a centímetros debajo de su cama, por lo que durmió encima de ellos cerca de 33 años, imaginando quizás que serían un salvoconducto para tiempos difíciles. En 1984, el ahora exMontonero renunció a la Policía y continuó en silencio por temor. Recién habló cuando la Justicia lo citó.

“El Perro” kiosquero

Antes de dar su testimonio en los juicios por crímenes de lesa humanidad e ingresar al Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, Clemente encontró su medio de vida en el mismo lugar en donde amaneció a la militancia religiosa de su juventud, en la Parroquia Montserrat. Algunos todavía lo recuerdan como ese hombre amable que tenía un kiosco de golosinas en el colegio del mismo nombre que está pegado al templo. “Un día dejó de ir y después de un largo tiempo nos enteramos que había sido testigo de una causa por desaparecidos. Se comentó que estaba amenazado y que por eso cerró el kiosco”, contó Emilia, una mujer entrada en años que se sorprendió cuando el autor de esta nota le informó sobre la importancia de la documentación que “El Perro” aportó en las causas. “Habrá tenido miedo, en este barrio anduvieron mucho los Montoneros”, reflexionó.

Gustavo “El Cabezón” Herrera, fue uno de los militantes que compartió acciones junto a Clemente y que después se cruzó con él en un careo, en un mano a mano, en una de las causas. “Reconozco que esa vez no hizo ninguna alusión a cuestiones personales, todo fue sobre hechos que se denunciaron y sobre los que mantuvimos nuestras diferencias. Fue la única oportunidad en la que lo vi desde que volvió la democracia”, relató Herrera a elDiarioAR. También recuerda que a la hora de testimoniar desoyó las recomendaciones de los abogados, quienes le habían pedido que tratara con cierta consideración al “Perro” para no desacreditar su valiosa entrega de documentos. “Me pidieron demasiado, era imposible, para mí es un traidor pero no puedo precisar desde cuándo, quizás lo quebraron en las sesiones de torturas”, dijo. “Algo pasó con él y el daño que le hizo a Montoneros podría haber sido peor, estuvo en varios operativos en los que hasta pudo perder la vida y conocía muchos nombres. Si nos hubiera entregado entonces, no sé cuántos más desaparecidos podría haber”, agregó. Herrera también cree que Clemente delató a quien entonces era su compañera. “Unas horas antes de su secuestro de la pensión en la que vivíamos clandestinos, ella estuvo con él y le entregó algo. Y al día siguiente me detuvieron a mí, debido a que la noche en la que se llevaron a mi esposa yo estaba en la casa de mis padres porque estaba enfermo”, recordó “El Cabezón”.

Las dudas sobre su lealtad se sostienen en las propias declaraciones de Clemente en el TOF. En esa primera ocasión ante los jueces, detalló que algunas noches algunos detenidos eran subidos a autos para recorrer barrios tucumanos y “marcar” (señalar) a militantes, que luego eran secuestrados. Se los denominaba “paseadores” y ante la pregunta de uno de los jueces sobre si alguna vez había marcado a miembros de Montoneros u otras organizaciones, su lacónica respuesta fue: “varias veces”. 

"El Perro" debía presentarse a declarar en otra causa en 2019 pero se excusó por padecer problemas en la boca que derivaron en un cáncer que le tomó la lengua y parte de la garganta. Desde ese momento no habló más, se calló

Corrían 2019 y 2020 cuando “El Perro” debía presentarse a declarar en otra causa por crímenes de lesa humanidad en Tucumán pero se excusó por padecer problemas de salud. Desde ese momento no habló más, se calló. Por consultas, elDiarioAR supo que primero acusó problemas en la boca y ese padecimiento fue el origen de un cáncer que le tomó la lengua y parte de la garganta. Fue operado y su voz es indescifrable. De “jetón del barrio” al silencio más absoluto, esquivando el encuentro con quienes se jugó la vida, alguna vez.

Hay compañeros que nunca más abrieron la boca por esos tormentos, las heridas fueron tan grandes que optaron por el silencio. Quién puede negar que ante los tormentos solo importa tener un minuto más de vida para negociar por uno mismo y los que ama

Cristina Barrionuevo — Ex Militante de Montoneros

“Compasión, no lástima”

Cristina Barrionuevo, la militante setentista amiga de la compañera desaparecida del “Perro”, recuerda que una vez se lo encontró de frente en un negocio del centro de la capital tucumana. “Era una rotisería y cuando casi nos chocamos mi reacción fue decirle de todo, insultarlo, tratarlo de traidor, a los gritos. Pero no respondió, se dio la vuelta y se fue”, contó. “Con los años entendí que no debería haberlo hecho, que tendría que haberme acercado a él, de algún modo, porque aunque teníamos dudas sobre él, al fin y al cabo es una víctima de la maquinaria de destrucción que fue el terrorismo de Estado”, reflexionó.

Para esta militante que sigue clamando por el destino de los desaparecidos, el dolor de las víctimas por las torturas fue insoportable para muchos y hubo reacciones de todo tipo. “Hay compañeros que nunca más abrieron la boca por esos tormentos, las heridas fueron tan grandes que optaron por el silencio. Quién puede negar que ante los tormentos solo importa tener un minuto más de vida para negociar por uno mismo y los que ama”, dice Cristina. “Destruido desde lo moral y quebrado como ser humano, creo que 'El Perro' aprovechó su oportunidad para vivir, que necesitaba una reivindicación y devolver algo, frente a una sociedad que lo juzgaba, y por eso planeó lo de los documentos. El acoso en el que vivió y vive debe ser terrible, por eso tampoco dejó que nadie se acercara a su hijo y lo mandó a vivir en el exterior”. El estado de salud de Clemente lo dispensaría de tener que presentarse una vez más ante los jueces. El 10 de junio de 2010, Clemente quebró su relato ante el TOF con una reflexión que quizás aún tenga vigencia y por la que permanece casi oculto: “Hace 34 años que trato de saber por qué estoy vivo y quién lo ordenó”.

DC/MG

Las designaciones de funcionarios que ocuparán cargos clave en la Secretaría de Derechos Humanos han generado dudas entre sus trabajadores en relación a la continuidad de las querellas que sigue el organismo en los juicios de lesa humanidad y el mantenimiento de las políticas reparatorias con las víctimas del terrorismo de Estado.

La llegada de Siro de Martini a la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional --un antiguo asesor del exministro de Justicia Germán Garavano— y el regreso de Ramiro Badía en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales, cargo que desempeñó durante la gestión de Claudio Avruj en la Secretaría, despiertan algunas inquietudes al respecto.     

La transición en la Secretaría de Derechos Humanos se inició el pasado 12 de dicembre con una reunión que mantuvieron el titular saliente de la dependencia, Horacio Pietragalla Corti y su sucesor, el exjuez Alberto Baños, quien asumió en el cargo “ad honorem”, según se confirmó días después en el Boletín Oficial. 

La reunión, según pudo reconstruir elDiario.AR transcurrió en un clima cordial, pese a que la gestión de Pietragalla había recusado al magistrado cuando instruía la investigación por la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, cuyo paradero es desconocido desde febrero de 2019.

La Secretaría querelló en esa causa y consideró que el juez no tomó medidas concretas para que la investigación avanzara. Por ejemplo, una de las acciones reclamadas al juez era la apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación, algo que reclamaban los familiares de Arshak, quienes siempre tuvieron sospechas sobre la participación de esa fuerza en la desaparición del joven efectivo.

Baños no aportó hipótesis para que la instrucción avanzara y nunca puso la mira en la Policía porteña. A fines del año pasado, Baños logró jubilarse y ponerle fin a una trayectoria como magistrado que se inició en 1993, cuando fue designado en el cargo por el gobierno de Carlos Saúl Menem. 

Durante años, Baños tuvo a su cargo la causa del robo de las manos de Juan Domingo Perón. En julio de 2008, Baños se llevó el expediente a su casa de Adrogué, donde pensaba elaborar un oficio para pedirle al Gobierno que levantara el secreto de inteligencia que existía sobre el tema. Pero desconocidos le robaron la totalidad de la causa, que meses después logró reconstruir, sin que se identificaran a los autores del hecho.

Fuentes de la Secretaría indicaron que Baños y sus colaboradores se mostraron sorprendidos por el nivel de organización que había en la Secretaría en las primeras reuniones que mantuvo con el personal. No obstante, los funcionarios de la nueva gestión se mostraron alarmados con la cantidad de abogados que el organismo tiene en el interior del país (cerca de 45), que se ocupan de querellar en causas de lesa humanidad. 

Fue un primer indicador que generó alarma en relación a la continuidad de una política activa que la Secretaría había tenido en los procesos sobre crímenes del terrorismo de Estado en los últimos cuatro años. “Los juicios van a seguir, pero Hay que ver qué pasa con las políticas de Memoria Verdad y Justicia y las querellas del Estado. Ese es el gran interrogante”, le confió a elDiarioAR un funcionario saliente de la Secretaría.

Sin embargo, esa no fue la única señal de alarma. Las designaciones de De Martini y Badía, generaron más preocupación entre los trabajadores del organismo.

De Martini se encargó, como asesor de Garavano, de acercar los reclamos de los familiares de los represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales se llevaron a cabo durante la gestión de Claudio Avruj al frente de la Secretaría. Una postura que está en línea con los reclamos de “memoria completa que desde hace años pregona la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Desde su cargo, De Martini tendrá además la misión de fijar la postura de Argentina en materia de Derechos Humanos. En tanto, Badía defendió ante la CIDH, como funcionario de Avruj, la postura que el Gobierno de Macri mantuvo en el caso de Milagro Sala.

Trabajadores de la Secretaría que hablaron con este medio señalaron que aún no hay definiciones claras sobre la continuidad del programa Verdad y Justicia, que actualmente depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nacionales. Se trata de una iniciativa creada en 2007 para acompañar a las víctimas y los testigos con el propósito de garantizar el acceso a la justica y brindar reparación.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona explicó en declaraciones periodísticas que, en materia de derechos humanos, se propondrá un nuevo paradigma, orientado a la atención de las demandas de delitos comunes. Algo que difiere de la línea que mantenía la gestión de Pietragalla Corti, que se orientaba a darle visibilidad a las demandas de los grupos sociales vulnerables –como los pacientes de la salud mental—y las víctimas de la violencia institucional.

La preservación del Museo Sitio Memoria Esma es otra de las incógnitas de las políticas que aplicará el gobierno del presidente Javier Milei. En campaña, Villarruel, en línea con sus posturas negacionistas, propuso que el predio donde funcionó el centro clandestino de detención ilegal más grande de la ciudad de Buenos Aires, debía recrearse con fines educativos. No obstante, Baños reconoció que las antiguas instalaciones de la exEsma deben ser preservadas, en función de medidas cautelares de la justicia y por haber sido declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Autoridades del Museo Sitio Memoria ESMA consultados por elDiarioAR consideraron que “aún es muy pronto para definir expectativas” en relación a la dirección que las autoridades de la Secretaría y el Gobierno le darán a esta institución, creada para preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina. “Esperemos hasta marzo, ahí vamos a tener un panorama más claro”, indicaron desde el Museo.

Durante 2023, hubo 24 veredictos en juicios de lesa humanidad y se dictaron 316 condenas desde que los procesos se reanudaron en 2006. 

La reanudación de la actividad judicial en febrero, tras el receso judicial de verano, será un momento clave para analizar cuál es la política que la gestión de Baños tendrá en relación a las querellas que se siguen desde el Estado en los procesos de lesa humanidad.

LC/MG

La jueza Karina Yabor, presidenta del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata se disponía a dar inicio el jueves pasado a una audiencia virtual en el juicio oral y público de la causa de lesa humanidad conocida como 1 y 60, cuando quedó sorprendida ante el intercambio que formularon dos abogados defensores. 

–Buenos días, hermosa mañana doctor Olmedo Barrios

–Hermosa mañana, doctor Miño.

Sólo Guadalupe Godoy, abogada querellante con una larga trayectoria en los juicios de lesa humanidad que se celebran desde hace 17 años en la capital bonaerense tuvo reflejos como insinuar una protesta: “Señora presidenta”, alcanzó a decir mientras el resto de los participantes del debate comenzaban a conectarse, pero en medio de los saludos, la apelación quedó en la nada y la magistrada procedió a dar inicio a la audiencia.    

Este diálogo se produjo el jueves pasado entre los letrados Gonzalo Barrios y Sebastián Olmedo Barrios, días después del triunfo que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, obtuvo en el balotaje presidencial y fue transmitido en vivo por La Retaguardia, un sitio de comunicación alternativa que transmite en vivo los juicios de lesa humanidad. Se trató de una situación que refleja lo que puede ser un cambio de paradigma en relación a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que desde hace años se desarrollaban en Argentina. 

Con el avenimiento de un nuevo gobierno, que estará integrado por figuras que sostienen posturas abiertamente negacionistas sobre los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado –como la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel–, existe preocupación entre los organismos de derechos humanos, los abogados querellantes y las víctimas. Un colectivo que, pese al desfavorable escenario que parece configurarse, apuesta a darle continuidad a los juicios, más allá de la orientación política que tenga la administración que iniciará sus funciones el próximo 10 de diciembre.

“Es una situación que se dio en una audiencia virtual y que seguramente no se hubiera producido en una situación presencial. Estuvo dirigida a los jueces y marca la esperanza que tienen guardada los abogados de muchos represores en relación a los cambios políticos que se produjeron en el país”, señaló Godoy en declaraciones a elDiarioAR.

Apenas recibida, Godoy comenzó a trabajar en 1998 en los juicios de la verdad que se desarrollaron en La Plata para conocer la suerte que había corrido los desaparecidos cuando los caminos de las acciones penales estaban cerrados. Tras la derogación de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem, comenzó a querellar en representación de organismos de derechos humanos y víctimas en los juicios de lesa humanidad que se suceden en La Plata desde 2006 hasta la actualidad.

“Hay preocupación entre las víctimas, pero apostamos a mantener la calma y defender todo lo construido. El movimiento de derechos humanos se enfrentó con otro gobierno que apostó al negacionismo y al olvido como hizo (el expresidente Mauricio) Macri y hubo una gran movilización para rechazar el fallo del 2x1”, afirmó la abogada.

Además de las posturas negacionistas de Javier Mileri y su vice, hay otra figura que causa preocupación entre los colectivos que sostienen la prosecución de los juicios de lesa humanidad. Se trata de Mariano Cúneo Libarona, futuro ministro de Justicia

Además de las posturas negacionistas de Villarruel y de las expresiones de Milei, quien en el primer debate presidencial calificó los crímenes del terrorismo de Estado como propios de “una guerra” ocurrida en los años ’70, hay otra figura del próximo gobierno que causa preocupación entre los colectivos que sostienen la prosecución de los juicios de lesa humanidad. Se trata de Mariano Cúneo Libarona, quien sería el ministro de Justicia del futuro gobierno. Abogado que cultiva desde hace años un perfil controversial y mediático, ejerce actualmente la defensa de Enrique Barre, excomisario de la Policía bonaerense acusado en el juicio de la causa Brigadas, que también se realiza en los Tribunales Federales de La Plata.

“Más allá de lo que representa una persona como Cúneo Libarona en la Justicia, tenemos que tener en claro que los juicios van a seguir más allá de lo que diga el próximo gobierno. Pueden obstaculizarse desde el Ejecutivo, pero si eso sucede, podemos accionar en los tribunales y recurrir a la movilización popular”, remarcó a elDiarioAR Pablo Llonto, periodista y abogado que interviene como representante de familiares de víctimas y sobrevivientes en diversos procesos de lesa humanidad.

En ese sentido, Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, afirmó que los juicios siguen activos y la idea es seguir impulsando investigaciones en 2024. “Hay una línea del Ministerio Público Fiscal que no va a cambiar”, aseguró la funcionaria judicial.

Quienes serán las autoridades electas desde el 10 de diciembre no han confirmado la continuidad de la Secretaría de Derechos Humanos, un organismo vital para el impulso de los juicios y las querella que sigue el Estado. Incluso Villarruel propuso darle otra finalidad al predio de la exESMA, donde funciona la Secretaría, el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio Memoria, declarado como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Federico Efrón, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos consideró que más allá de cuáles sean las intenciones de las próximas autoridades, la continuidad del Archivo Nacional de la Memoria y los Sitios de Memoria “están asegurados por leyes y compromisos internacionales que suscribió Argentina”.

Desde la instauración del Programa Verdad y Memoria, la Secretaría notifica y asiste a las víctimas, realiza investigaciones sobre los circuitos represivos que funcionaron en la última dictadura militar, querella en los juicios y brinda asistencia psicológica a quienes son llamados a declarar como testigos en los juicios, a través del Centro Fernando Ulloa.

“No tuvimos contactos con quienes serán las próximas autoridades y hay que ver qué es lo que pretenden hacer con todas estas acciones que lleva a cabo el Estado. Pero más allá de eso, los procesos legales y las investigaciones tienen que continuar”, apuntó Efrón, funcionario de un organismo que querella en 12 de los 17 procesos oral y públicos por delitos de lesa humanidad que se están sustanciando.

Sobrevivientes

Carlos Loza estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA durante la última dictadura. Fue testigo y querellante en la megacausa que aún se instruye por los delitos que se perpetraron en esa unidad militar de la Armada. Y como sobreviviente que dio testimonio del horror, no puede ocultar su preocupación.

“Más allá de las intenciones que tengan en el gobierno que se viene, los que sobrevivimos tenemos en claro que debemos continuar esta lucha junto a las Madres y a las Abuelas que siguen buscando a los chicos que nacieron en cautiverio. Los juicios por la ESMA siguen y hay otros muy importantes que acaban de empezar como el de la causa de ”El Villazo“, en el cual se investiga la responsabilidad de la empresa Acindar en los delitos de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución. Hay que mantenerse junto a todos los compañeros”, subrayó Loza.

¿Impulsará el próximo gobierno una amnistía para los genocidas condenados? ¿Se dictará un nuevo “punto final” para los juicios de lesa humanidad? ¿Se pondrán en cuestión las políticas reparatorias? ¿Seguirá el Estado colaborando para identificar las identidades de las personas que nacieron en los centros clandestinos de detención?

Interrogantes que flotan en el aire y que serán despejados en los próximos meses, en lo que se vislumbra como una nueva saga de la larga lucha que organismos, sobrevivientes, familiares de las víctimas libran desde hace décadas junto a Madres y Abuelas por Memoria, Verdad y Justicia.

LC/MG

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca realizará este miércoles y jueves inspecciones oculares en una sede de la Policía Bonaerense y el predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal durante la última dictadura cívico militar, como parte de una medida de instrucción complementaria que se toma en el juicio de la megacausa “Zona V”, en el que se abordan crímenes cometidos contra más de 300 víctimas.

La inspección estará a cargo de los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido junto a las defensas de los imputados, el Ministerio Público Fiscal junto a las querellas de HIJOS de Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros.

La primera inspección ocular se llevará a cabo este miércoles desde las 12 en la Jefatura Departamental ubicada en Alem al 800, mientras que la otra se hará el jueves desde las 9 en el lugar donde funcionó el V Cuerpo del Ejército y donde estuvo “La Escuelita”, centro clandestino de detención.

Este jueves también se continuará con la inspección de los edificios del Batallón de Comunicaciones 181 “en donde permanecieron en cautiverio alrededor de 80 víctimas cuyos casos se analizan en el juicio”, agregaron las fuentes.

Según se indicó, en la misma jornada se revisará el predio del centro clandestino “La Escuelita”, donde fueron mantenidas bajo secuestro alrededor de 150 víctimas que son casos en el mismo debate.

El fiscal Pablo Fermento dijo a Télam que la inspección en la sede policial “fue solicitada por uno de los acusados por intentar introducir su tesis que en ese lugar no podía haber detenidos”.

Se trata de Claudio Alejandro Kussman, un exoficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la acusación, Kussman estaría implicado en los hechos que tuvieron como víctimas a siete personas, incluyendo el asesinato de Daniel José Bombara, quien fue secuestrado junto a María Emilia Salto y Laura Manzo por personal policial que integraba el Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

“Bombara fue asesinado en el marco de la tortura y, si bien no se pudo determinar en qué lugar, entendemos que era dentro de instalaciones policiales, aunque no sabemos con certeza en qué dependencia”, comentó el fiscal.

Fermento dijo que “una inspección anterior a la sede policial se había realizado durante la instrucción de la causa” y agregó que “ahora se hace en la etapa de juicio”.

“En esa oportunidad, se había realizado una recorrida por el lugar, donde estaba la parte administrativa, el Comando Radioeléctrico y la sede de la Dippba”, sostuvo.

En este juicio oral se investigan las responsabilidades de 38 imputados exintegrantes del V Cuerpo del Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181 y la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén.

También se juzga a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía Bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº4 de Bahía Blanca.

Con información de Télam.

IG

A finales de septiembre, Guadalupe se sentó frente a los integrantes del TOF y testificó como víctima de la represión, recuperando y reconstruyendo el impacto en su vida, hasta el presente, del período que pasó detenida junto a su madre. Fue en el juicio de lesa humanidad más voluminoso del norte argentino, que busca comprobar la organización sistemática con la que operaban la VII Brigada de Infantería y el Área de Inteligencia 231 del Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes entre 1975 y 1977.

Guadalupe Arqueros nació el 30 de marzo de 1976. Apenas 11 días después fue secuestrada junto a su madre, Judith Casco, presa política entre 1976 y 1982. Su padre fue Joaquín Arqueros, militante político del peronismo que aún permanece desaparecido. 

Cuando el juez federal le preguntó si los hechos del gobierno militar entre 1976 y 1983, tuvieron algún impacto en su vida, contó que desde el día en que nació su vida está atravesada por los delitos de la dictadura. Desde ese banquillo y asistida por una psicóloga del equipo de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado; con voz clara apenas interrumpida por la emoción, contó lo que necesitaba contar. Guadalupe dijo allí, y en las entrevistas que precedieron a su testimonio judicial, que necesitaba que el Estado la escuche, necesitaba ese acto reparatorio. Porque ella, como tantos otros niños y niñas, hoy adultos que se convirtieron en testigos, fueron víctimas directas del aparato represivo del Estado. 

- “Esto lo pude reconstruir a partir de los relatos. Tenía 11 días cuando fuimos secuestradas con mi mamá por personas vestidas de civil. Yo era una bebé. Y mi mamá me llevó con ella, entiendo que para defenderse y defenderme a mí. La amenazaron con torturarme. Una cree que son atrocidades, pero se supo que eran hechos que ocurrían en ese momento”.

Luego de ese procedimiento, ambas fueron al Instituto Pelletier, una unidad carcelaria que funciona hasta el momento en la ciudad de Corrientes, administrada por un grupo de monjas. Allí permanecieron por el plazo de un año, cuando Judith Casco fue trasladada a la cárcel de Devoto. Guadalupe relató que en ese momento fue entrega a sus abuelas: “Me quedé con mi abuela materna y mi hermano, con mi abuela paterna. Tuve secuelas físicas que perduran al día de hoy. Tuve otitis, cuando era bebé y estaba en el Pelletier, que se convirtió en una dolencia crónica”. Luego del traslado a Devoto, “viajaba con mis abuelos a ver a mi mamá que estaba detenida. Tenía unos 3 o 4 años. Había cacheos físicos, nunca me tocaron, pero sentía la angustia de mi alrededor”, contó. En su testimonio, Guadalupe reconstruyó que cada visita a su mamá estaba acompañada por fuertes dolores de estómago, y que la veía a través de un vidrio. “Seis años después, en 1982, mi mamá vuelve. Estuve seis años con mis abuelas” y agregó que incluso el regreso fue traumático.

En un momento del testimonio, dijo: “De cuando estábamos en el Pelletier, me acuerdo de los olores y de los colores. Juré decir la verdad y puedo decir que tengo el recuerdo de olores y de colores. No me lo contaron – no es algo reconstruido – me acuerdo”. El olor a humedad, apuntó más tarde, como un reconocimiento certero, urbano, compartido, sobre ese edificio que aún aloja a las mujeres detenidas en Corrientes. 

Al finalizar, pidió que este juicio sirva parar conocer dónde están los restos de su padre: Joaquín Arqueros. Y agradeció la posibilidad de contar su historia, considerando que “la escucha” del Estado es un acto reparatorio para quienes fueron víctimas de la represión. 

Guadalupe no fue la única víctima infantil de la Brigada VII. Uno de los primeros testimonios que se escuchó en el juicio, durante el mes de agosto, fue el de Juan Carlos Fernández, hijo de Gladys “Bebi” Hanke y del militante peronista desaparecido Eduardo “Lalo” Fernández.

Juan Carlos nació en cautiverio el primero de enero de 1977, luego de que su mamá fuera secuestrada estando embarazada en Bella Vista. Según la reconstrucción, permanecieron en el Hospital Militar del Regimiento de Infantería 9, donde funcionaba uno de los centros clandestinos correntinos. Luego estuvieron detenidos en el Instituto Pelletier, donde lo bautizaron y tomaron una fotografía de ambos. “Gracias a esta foto no soy uno más de los cientos de bebés apropiados por la dictadura que todavía se están buscando”, relató.

ADR/DTC

El secuestro de una bebé de 11 días, el nacimiento en cautiverio de un niño, decenas de detenciones arbitrarias y torturas, constituyen la extensa lista de crímenes de lesa humanidad que se están juzgando en Corrientes y que busca comprobar la organización sistemática con la que operaban la VII Brigada de Infantería y el Área de Inteligencia 231 del Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes entre 1975 y 1977. Se esperan condenas de cuatro a 25 años, contra los represores imputados. 

Este lunes es clave. A las 17 horas y tras varias dilaciones, está previsto que el Tribunal Oral Federal de Corrientes de a conocer su veredicto para los nueve represores que están siendo juzgados por más de 70 causas en el juicio más amplio de la historia provincial. El proceso, que tendrá su veredicto de primera instancia, empezó en agosto pasado con el juzgamiento de 104 causas que fueron decantándose. No obstante, aún es considerado el más voluminoso de los juicios de lesa humanidad en el norte argentino. 

Tras decenas de testimonios que se sucedieron desde los primeros días de agosto y hasta fines de septiembre, la presentación de un amplio caudal de pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los alegatos de la defensa y las palabras de las partes, se espera la condena o absolución de los acusados. 

El veredicto será seguido de cerca por las organizaciones de derechos humanos de la región que convocaron a una movilización en la ciudad de Corrientes. 

La fiscalía, a cargo de Flavio Ferrini, y el abogado querellante, Manuel Brest Enjuanes, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidieron al tribunal que los nueve imputados, exintegrantes del Ejército y de la Gendarmería Nacional, sean condenados a penas de entre cuatro y 25 años de prisión por crímenes cometidos contra las víctimas en centros clandestinos de detención de la provincia.

En la audiencia de cierre solicitaron, 25 años de prisión para el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, el capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y los coroneles Raúl Harsich y Horacio Losito. Reclamaron además 15 años de prisión para el coronel del Ejército Abelardo De la Vega; 12 años para el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón; 10 años para el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y cuatro años para el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.

La fiscalía también pidió tres medidas de reparación hacia las víctimas, sus familiares y que posibilitarían nuevas instancias de enjuiciamiento. 

Directivas de la dictadura en el NEA

A lo largo del juicio se buscó esclarecer las directivas secretas del gobierno de facto, y también del gobierno previo, para la división territorial argentina, recuperando la idea de que el país estaba dividido en cuatro zonas y estas a su vez en sub-zonas. Se apuntó contra los responsables de distintas fuerzas de las tareas realizadas en la sub-zona 23, que quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes, pero con una jurisdicción mucho más amplia que incluía las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.

Los testimonios de sobrevivientes, testigos ocasionales y familiares de las víctimas, que se sucedieron a lo largo de las distintas audiencias, indicaron con más o menos certeza las características de los operativos de secuestros que se realizaban por la madrugada en la calle o en domicilios particulares entre 1975 y 1977. Señalaron también los centros clandestinos del Regimiento 9 y el predio del Ejército en Santa Catalina, como lugares de tortura sistemática, junto a las instalaciones de la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Corrientes, en el corazón de la ciudad de Corrientes. 

El mapa de los lugares de detención incluyó también al Instituto de Mujeres Pelletier, el Escuadrón de Gendarmería y la Policía Federal, todos sitios donde permanecieron alojados de manera ilegal e incomunicados hombres, mujeres y niños. 

Se buscó establecer que, quienes estaban al mando de estos operativos de secuestro y tortura, integraban un grupo de tareas conformado por oficiales de inteligencia del Ejército o de Gendarmería de civil, acompañados por personal uniformado de la Policía de Corrientes o del mismo Ejército. Esta colaboración interfuerzas es una de las claves del proceso que está llegando a su fin, indicaron a elDiarioAR.

Diego Vigay, del equipo de la fiscalía, explicó en una entrevista que a través del juicio se pudo reconstruir que un número importante de las víctimas eran estudiantes de todas las facultades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), especialmente de las carreras de Medicina, Derecho, Veterinaria, Agronomía, Arquitectura, Ciencias Exactas y Humanidades. También se detuvo de manera ilegal a estudiantes de colegios secundarios, que tenían alguna participación en agrupaciones como la Juventud Universitaria Peronista o en Centros de Estudiantes. En este proceso, se identificó también como víctimas de la represión a periodistas, sacerdotes tercermundistas, intendentes de extracción justicialista, gremialistas, productores de las Ligas Agrarias y profesionales médicos y abogados. 

Uno de los aspectos que cobró carne en el proceso fue el mecanismo empleado en la detención de familiares de militantes políticos, como forma de atormentar y amenazar. Ese fue el caso de Guadalupe Arqueros, la última testigo del juicio, que estuvo presa con su madre a los 11 días de vida.  

A la espera 

Este lunes, finalmente y luego de casi un mes de demoras, se espera conocer el veredicto del TOF integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Juan Manuel Iglesias, contra los imputados que llegaron al proceso. Este es, aún con las causas desestimadas, el juicio de lesa humanidad más grande del norte argentino. 

Originalmente había 21 personas acusadas de formar parte o de operar con la VII Brigada de Inteligencia en Corrientes. En el transcurso de la investigación, murieron cinco de los acusados: José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana. En tanto, fueron apartados por incapacidad Julio Barreiro y Cyris Dalmis Marcelo Feü (quien además fue interventor de la provincia), Eduardo Gómez y Juan Carlos Ibarrola, todos del Ejército. En tanto, el último apartado de la causa fue el responsable del cuerpo, el ex jefe de Inteligencia de la IIV Brigada, José Emilio Mechulán, por demencia.

Este recorrido judicial tendrá hoy un capítulo de cierre, cualquiera sea el veredicto. Tanto los sobrevivientes como aquellos niños, hoy adultos, que vivieron sus primeros días como detenidos de la dictadura militar, fueron escuchados. Resta aún conocer si el plan sistemático del gobierno militar en la región del NEA, en su clave local, que fue explicitado durante los últimos meses en el TOF, adquiere la certidumbre de la verdad jurídica. 

ADR/DTC

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas de hasta 14 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en jurisdicción de la provincia del Chaco a el suboficial mayor Gabino Manader, el ex guardia de la Alcaidía policial Miguel Ángel Vitorello y el ex oficial de Inteligencia del Ejército Luis Alberto Patetta.

La Sala Tercera del máximo tribunal penal, con las firmas de los jueces Juan Carlos Gemignani, Daniel Petrone y Mariano Borinsky, rechazó las apelaciones de las defensas y desestimó la apelación de la fiscalía, que propugnaba un agravamiento de las penas e inclusión de otros imputados.

Los delitos considerados incluyeron privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y aplicación de tormentos agravados, de los que fueron víctimas detenidos ilegales en dos centros clandestinos de detención en Resistencia: la Brigada de Investigaciones y la Alcaidía Policial.

En la causa, se juzgaron hechos ocurridos en la provincia de Chaco, en la Zona 2, dependiente del Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario; Subzona 23 (Formosa, Misiones, Chaco y los departamentos Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina de la provincia de Corrientes), Área de Defensa 233.

MM con información de NA

“Soldado, no pidas perdón por haber defendido a tu Patria”, es el lema. Se lee además en muchos de los tantos carteles que sostienen los asistentes. Es 24 de mayo de 2006 y se movilizan a Plaza San Martín al acto organizado por una denominada Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión. La escalada judicial de los procesos contra la represión ilegal de la dictadura hace tiempo que pone nerviosos a diferentes sectores castrenses. Esta movida, que incluye a jóvenes oficiales en actividad y militares retirados, es la primera gran confrontación contra las políticas de derechos humanos del gobierno del presidente Néstor Kirchner −que cumple tres años de gestión− y la presentación en sociedad de muchas organizaciones de familiares de víctimas de la guerrilla y de defensa de ex militares que empiezan a poblar las cárceles de todo el país.

Unos centenares de manifestantes participan del acto, organizado por Ana Lucioni, armadora de la Comisión; por Karina Mujica, de Argentinos por la Memoria Completa, y por la Unión de Promociones, creada un año atrás e integrada por militares retirados. Como dice su documento fundacional, su misión es “asistir y entender a los camaradas detenidos-procesados y sus familias”. Lucioni es hija de un teniente primero del Ejército asesinado por Montoneros. Mujica, cuyo verdadero apellido es Marañón, fue novia del marino Alfredo Astiz, es una asidua invitada al show de Bernardo Neustadt y tiene su propio programa de radio con Nicolás Márquez. Unos meses después deberá abandonar su breve militancia procesista cuando un programa periodístico la muestre, con una cámara oculta, ejerciendo la prostitución. 

***

Pasaron más de 17 años de ese acto en Plaza San Martín. Muchas de las organizaciones de “memoria completa”, tal como se definen, a partir de ese momento empezaron a afianzarse y a operar en la escena política. Habían surgido luego de la anulación por parte de la Corte Suprema de las leyes de impunidad, la bajada de cuadros de los dictadores Videla y Bignone del Colegio Militar, la cesión de la ESMA a los organismos de derechos humanos y, por sobre todo, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad. 

“La llegada efectiva de la justicia modificó el escenario de enfrentamiento para algunos grupos nostálgicos del orden impuesto por el terrorismo de Estado, que son extremadamente reducidos y aislados, pero que aún generan algunas solidaridades entre miembros de las fuerzas y gran repercusión mediática”, advertía ya en 2007 el CELS. El antecedente de estas asociaciones era FAMUS, Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión, creada en los 80. FAMUS hacía misas en honor a los caídos, publicaba solicitadas de reivindicación de la represión y criticaba ferozmente cualquier intento de juzgamiento, como el Juicio a las Juntas. La organización significó un dolor de cabeza para el gobierno de Raúl Alfonsín. 

“¡Este gobierno odia a todo lo que tenga uniforme!”, se quejaba Cecilia Pando en aquel acto del 24 de mayo. Estaba en el apogeo de su popularidad: había aparecido en la escena pública el año anterior, a partir de una carta de lectores en la que criticaba a Kirchner por despedir al obispo castrense, Antonio Baseotto. Por esa acción, su marido, Pedro Rafael Mercado, mayor del Ejército, fue pasado a retiro. Pando se transformó así en la voz que dio forma al enojo que había empezado a crecer en los sectores de apoyo a los militares procesados. Era –y sigue siendo− la cara visible de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), que elegía esa forma de denominar a los genocidas, a los que consideraba “injustamente detenidos por haber cumplido con el sagrado deber de defender a la Patria durante la guerra contra el terrorismo en la década del 70”. 

Con los años, Pando sumó varios escándalos. Durante un juicio le hizo la seña de degüello a quien era entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. En la sentencia por los crímenes de La Perla intentó increpar a Estela de Carlotto. En 2010 se encadenó con otras esposas de militares al Edificio Libertad y en 2013 pintó crespones negros sobre los pañuelos de las Madres, en Plaza de Mayo. El perfil de Pando necesitaba un recambio, que vino de la mano de la abogada Victoria Villarruel, cara y alma del CELTYV, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, creado en 2006. Con los años, el CELTYV tomaría relevancia en el multiverso de las organizaciones gracias a Villarruel, hoy candidata a vicepresidenta de Javier Milei por La Libertad Avanza, que logró condensar y sintetizar todas las demandas que la derecha procesista venía arrastrando desde hacía dos décadas.

***

Aníbal Guevara se llama igual que su padre, un teniente coronel retirado que fue condenado a perpetua en 2010, en Mendoza, por la desaparición de cuatro militantes de la JP. Guevara hijo es uno de los fundadores de Hijos y Nietos de Presos Políticos, una organización que nació al calor de las visitas a la cárcel para ver a sus padres y abuelos detenidos. Aníbal dice que empezó a participar porque estaba “agobiado e indignado”. 

“Sentía −explica− que no podía vivir sin ponerme a trabajar para intentar corregir lo que consideraba una inmensa injusticia y abuso de poder del Estado”, en referencia a los juicios de lesa humanidad. “Los juicios están plagados de irregularidades. En estos procesos el Poder Judicial no actúa con independencia del poder político”, denunciaba la agrupación en 2015. Un año después, cambió de nombre y hoy se denomina Puentes para la Legalidad. Hace cinco años, la organización logró algo impensado tiempo atrás: una reunión oficial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde denunció al Estado argentino por supuestas “violaciones a los derechos humanos y al debido proceso penal” hacia los detenidos y procesados por delitos de lesa.

Guevara considera que el debate sobre la represión en los 70 tuvo varios picos de interés público desde 2005. Y que este “último resurgimiento” es posible gracias a la figura de Villarruel. “Las reacciones escandalizadas lo que hacen es realzar ante parte de la sociedad su discurso y su posición en la escena política”, analiza. Y dice que es reduccionista acusarlos de negacionistas. “Es una simplificación de la historia y una forma de acomodar los discursos a los prejuicios e ideas previas. Las víctimas de las organizaciones armadas existen y me parece absurdo desconocerlas”, responde. 

−En el caso de que Milei y Villarruel ganen la elección presidencial, ¿qué cree que pasará con las políticas de memoria?− le preguntó elDiarioAR. 

−Sería esperable que el trabajo de CELTYV se incorpore a las políticas de memoria, incluyendo el reconocimiento a las víctimas de la violencia política y las organizaciones armadas. Si tu pregunta está orientada, como me parece obviamente orientada, a mis expectativas respecto de los juicios de lesa humanidad, no me hago demasiadas ilusiones.

***

Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974, durante el copamiento de la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María, Córdoba. Era subdirector del predio y un experimentado ingeniero químico. El ERP lo mantuvo en cautiverio y apareció muerto 377 días después, en las afueras de Rosario. La causa penal empezó en 1977, se investigó y se archivó al no haber detenidos ni avances. Tres décadas después, uno de sus hijos, Arturo, pidió en la Justicia que la muerte de su padre fuera calificada como de lesa humanidad. Hasta ahora, la Justicia argentina viene fallando en un mismo sentido: las acciones de las organizaciones guerrilleras no son equiparables a los crímenes contra la humanidad cometidos al amparo del terrorismo de Estado. Así, el expediente recorrió diferentes instancias judiciales y desde hace unos años está en la Corte Suprema, a la espera de su tratamiento. 

Con los años, Larrabure se transformó en un activo militante del CELTYV y en 2017 llegó a ser candidato a diputado nacional. Bajo el paraguas de una búsqueda de “reparación y verdad” para las víctimas que murieron en atentados guerrilleros, el organismo logró reinstalar una “teoría de los dos demonios recargada”, como la bautizó el sociólogo Daniel Feierstein. Larrabure dice que se decidió a involucrarse cuando vio que “la intención de Kirchner era hablar de solo una parte de los 70”. “Había hecho un respetuoso silencio de 30 años, de alguna manera mis cicatrices se habían curado, y creí que era un tiempo oportuno para comenzar a mostrar que la historia argentina no podía ser segmentada o parcializada”, explica.

−Siempre pareciera que tras el reclamo por las víctimas de la guerrilla hay un velado intento por justificar el terrorismo de Estado. 

−Nosotros no negamos que hubo un terrorismo de Estado, que comenzó mucho antes del 24 de marzo del 76. No hacemos una negación de los hechos del pasado, sino que tratamos de complementarlos, contando que hubo otros acontecimientos que una parte de la población negó. Está pendiente una promesa de la escritura de un Nunca Más sobre las víctimas del terrorismo, que nunca se hizo.

Larrabure se ilusiona con una presidencia de Javier Milei y Villarruel. “Según la promesa de Victoria, se va a poner más en manifiesto a las víctimas del terrorismo. Lo que se mostró en la Legislatura con los tres familiares de víctimas, el caso de Lorenza Ferrari, de Graciela Saraspe o mía, es que hay muchísimas más. El derecho a la verdad, a la memoria, a la historia, a la reparación de esas víctimas, se va a poner sobre el tapete político”, prevé. Y concluye: “Victoria se concentra sobre las víctimas del terrorismo, no se encarga del tema de los militares que están presos, eso jamás ha sido así. No está en la agenda ni de Milei ni de Villarruel”.

***

Al teniente coronel Jorge Ibarzábal lo secuestró el ERP en enero de 1974, durante el fallido ataque al cuartel de Azul. Permaneció cautivo 300 días y fue asesinado durante un traslado. “Esto ocurrió en democracia, durante el período constitucional del general Perón. Sin embargo, no abrigo ningún odio”, dice Silvia, una de las hijas del militar. Es fundadora y presidenta de AFAVITA, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina. Al igual que Larrabure, busca en la Justicia que el crimen sea declarado de lesa humanidad. Explica que decidió armar AFAVITA “junto a otras víctimas de la guerrilla setentista para difundir la historia completa porque sistemáticamente se nos omitía de la historia oficial”. Ibarzábal reconoce que analizaron contratar a una agencia de publicidad para llegar con su discurso “a los más jóvenes, que tenían conocimiento de solo una parte de la historia”. Esa idea no prosperó. 

−¿AFAVITA es negacionista del terrorismo de Estado?

−No somos negacionistas, nos manejamos con la verdad. Y la verdad a veces incomoda. Negacionismo es ocultar a las víctimas de las organizaciones armadas, sometiendo a la sociedad al olvido obligatorio. Negacionismo es obligarnos a mentir por ley que los desaparecidos son 30 mil, como hizo María Eugenia Vidal durante su gobierno. Negacionismo es privarnos del derecho a conocer la verdad o censurarnos en medios de comunicación.

−¿Qué opina sobre los procesos judiciales por la represión ilegal de la dictadura?

−Con respecto a la detención de militares, otras ONG se ocupan del tema. Creo que no tienen igualdad ante la ley. Muchos están detenidos desde hace más de diez años, sin condena. Se los juzga retroactivamente, es una verdadera injusticia. Tampoco los alcanza el beneficio de la detención domiciliaria a partir de los 70 años. Muchos de ellos están enfermos, con más de 90 años. No tomo partido por ninguno de los bandos enfrentados.

Los datos del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de la Procuración, señalan otra cosa: del universo total de personas bajo investigación, 1.506 están en libertad y 717 detenidas, pero el 77% está en su casa con arresto domiciliario. Desde 1985 a la actualidad fueron condenados 1.189 represores, de acuerdo a las estadísticas en tiempo real de www.juiciosdelesahumanidad.ar, de la Secretaría de Derechos Humanos. Las demoras en los juicios y la “impunidad biológica”, sin embargo, siguen siendo el talón de Aquiles del proceso de memoria.

A Guevara y Larrabure en octubre de 2022 los recibió durante media hora el papa Francisco, en el Vaticano. Las agrupaciones que integran, además, tienen una relación muy cercana con el obispo castrense, Santiago Olivera, quien suele visitar en las cárceles a represores presos. El religioso escribió en 2018 una carta de lectores en La Nación que denunciaba que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la República”. Y fue quien inició hace pocos meses el trámite para transformar al mayor Larrabure en beato, un paso anterior a la proclamación de santo. Si no llega la justicia terrenal que exigen, tal vez le llegue la divina.

RA/DTC

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que juzga a 15 represores, realiza este martes una inspección ocular en el excentro clandestino de detención conocido como “Pozo de Quilmes”, según informaron fuentes judiciales.

El presidente del TOF 1, Ricardo Basílico, encabeza desde las 9 la inspección junto a las querellas y las defensas y varios sobrevivientes en el excentro ubicado en las calles Alison Bell y Garibaldi, donde funcionó la Brigada de Investigaciones de Quilmes durante la última dictadura militar.

Los delitos de lesa humanidad cometidos allí son juzgados desde octubre de 2020 por el TOF 1, en forma conjunta con las graves violaciones cometidas en otros centros de detención, como los llamados Pozo de Banfield, El Infierno de Lanús y la Brigada de San Justo.

“Desde el 1° de enero de 1977, el mencionado edificio -ubicado en Allison Bell y Garibaldi de la localidad de Quilmes- permaneció a disposición de la autoridad militar”, según consta en la elevación a juicio.

Se precisó que “las víctimas alojadas allí a partir de enero de 1977 describieron el funcionamiento del mismo y aseguraron que los encargados de hacer las guardias siguieron siendo policías, aunque era el Ejército el que se encargaba de realizar controles y practicar interrogatorios”.

La investigación demostró que al Pozo de Quilmes “ingresaban miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo -O.C.O.A.- que eran los encargados de tratar con un numeroso grupo de detenidos de nacionalidad uruguaya, a quienes, entre otras cosas, interrogaban”.

En cuanto a las condiciones de detención, las víctimas revelaron que sufrieron torturas “bajo la aplicación de la picana eléctrica, submarino, golpes, simulacros de fusilamiento”, además de haber sido “obligadas a escuchar el sufrimiento de otros y otras compañeras de cautiverio”.

También, según la investigación, fueron denunciados hechos de violencia sexual en ese centro clandestino.

Con información de agencias.

IG

José Luis Guarrochena, el exteniente de navío y exintegrante del Servicio de Inteligencia Naval, se negó a declarar este miércoles en el inicio de uno de los juicios orales y públicos que se desarrollan como parte del quinto tramo de la megacausa ESMA, el cual está a cargo del Tribunal Oral Federal nº5 de la Ciudad de Buenos Aires.

“Me negaré a declarar en esta oportunidad sin perjuicio de hacerlo más adelante”, afirmó Guarrochena, acusado en este proceso al dirigirse -virtualmente desde su lugar de detención- a los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Fernando Canero.

De todos modos, los jueces resolvieron incorporar en el proceso declaraciones indagatorias formuladas por el acusado en 2018, cuando aseguró que no tenía “nada que ver” con la lucha “contra la subversión” y se refirió repetidamente a su “trabajo en el marco de la Guerra de Malvinas”.

“Entre el 4 de marzo 1977 y 9 de febrero de 1978 no estuve en la ESMA. Si en el Servicio de Inteligencia Naval”, se defendió Guarrochena, imputado en este tramo de la megacausa por la comisión de crímenes en perjuicio de 1.020 víctimas durante la última dictadura cívico-militar.

En sus declaraciones, el imputado aseguró haber asistido por primera vez a la ESMA “por una documentación”, y aseveró desconocer si en esa unidad de la Armada, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención ilegal de la Capital Federal, se hubieran desarrollado tareas “contra la subversión”.

Guarrochena contó en otra de esas indagatorias que el 17 de diciembre de 1981 fue enviado a cumplir tareas en el Servicio de Inteligencia de la Armada, pero adujo que no asistió a ese destino “por problemas de mudanza”.

“Asumí en enero de 1982 como jefe de comunicaciones de la ESMA”, donde “tenía una oficina” y la misión de “analizar las comunicaciones” en el marco de la Guerra de Malvinas, recordó.

La audiencia finalizó con un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de julio a las 9:30, cuando declararán como testigos la Defensora del Público, Miriam Lewin; Paula Ariana Segal y Alejandro Juan Clara.

El juicio comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación, presentados en 2019. Tomó la palabra Alejandro Falcioni, secretario del tribunal, quien contextualizó los delitos que se analizan, que consistieron “no solo en la reiterada violación de los derechos humanos, sino que por su escala, volumen y gravedad, constituyeron crímenes de lesa humanidad”.

Falcioni recordó que las actuaciones ilegales se dividieron en “cinco zonas” y que la Escuela de Mecánica funcionó “como centro clandestino de detención” al tiempo que “los relatos de los sobrevivientes permiten ubicar en el espacio los distintos sectores donde se desarrollaban” los hechos de represión ilegal y terrorismo de Estado. “Esas tareas se estructuraban en tres sectores, inteligencia, operaciones y logística”, añadió el secretario.

Guarrochena está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada en 355 hechos e imposición de tormentos agravados en 399 hechos, homicidio agravado en 89 hechos, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad en 45 hechos.

El exmarino prestó funciones en la jefatura de Inteligencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIIN) y también en la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN) del Estado Mayor General de la Armada, informaron desde la Secretaría de Derechos Humanos. Guarrachena también se desempeñó en áreas de contrainteligencia y como enlace con la jefatura de Inteligencia del Ejército y con el Batallón 601.

En la etapa de instrucción, sobrevivientes de la ESMA lo reconocieron con el alias “Raúl” y bajo el nombre falso de “Carlos Alberto Encina”. Sobre ese punto, en la lectura de la declaración del 2018, el acusado sostuvo que, “no tenía conocimiento de ese nombre”, palabras que fueron releídas en la audiencia de este miércoles.

No obstante, las víctimas declararon haberlo visto en varios períodos durante la última dictadura, donde actuó en las áreas de Inteligencia y de Operaciones del grupo de tareas que funcionaba en ese centro clandestino de detención.

En este juicio, se debería haber juzgado a otros tres imputados: Carlos Alberto Bengoechea, Juan José Lombardo y Gerardo Enrique Ferrer, pero murieron antes de iniciarse el debate. Ferrer, exjefe de la Compañía B de Ceremonial de la ESMA, estaba acusado por 372 hechos e imputado como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en 335 casos; imposición de tormentos agravados en 273 casos; homicidio agravado en 111, y sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años en 39 hechos.

Las audiencias se llevarán a cabo los miércoles a las 9:30 bajo modalidad mixta, presencial en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py y virtual por la plataforma Zoom del Consejo de la Magistratura, informaron oficialmente. En tanto, las audiencias de lectura de requerimiento y los alegatos se transmitirán por el canal de la plataforma YouTube del Consejo de la Magistratura.

LC con información de agencia NA