El expresidente de la Corte Suprema durante casi 12 años y ahora ministro del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti dirigió una carta al actual titular del cuerpo, Horacio Rosatti, para pedir el desplazamiento de su vocero y colaborador, Silvio Robles, con unas categorizaciones que tienen pocos antecedentes entre las internas de los miembros más encumbrados del Poder Judicial.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar el inmediato desplazamiento del Director General de su vocalía, Sr. Silvio Robles, por graves faltas éticas”, disparó Lorenzetti en una carta enviada el 22 de noviembre pero cuyo texto completo se conoció este lunes.

Lorenzetti aclaró en esa misiva que, si bien “respetó su decisión de paralizar todo tipo de decisiones hasta que terminen o el juicio político o el proceso electoral, incluyendo la situación del funcionario de su vocalía, Sr. Silvio Robles”, nunca entendió que “ello significara ocultar esperando que el paso del tiempo haga olvidar, porque la sociedad no olvida; siempre reclama”.

El conflicto entre Rosatti y Lorenzetti viene desde que el santafesino fue ungido presidente de la Corte, votándose a sí mismo y cuando Lorenzetti se encontraba de viaje.

Lorenzetti cuestionó el proceso que entronizó a Rosatti públicamente cuando ocurrió, en octubre de 2021, pero en privado sus colaboradores aclaraban que no impugnaban la figura de Rosatti sino la de su vocero, Robles.

En la extensa carta conocida hoy, la principal acusación es que Robles mantuvo vínculos y comunicaciones con personas y funcionarios que participaban en expedientes que se tramitan en la Corte, como el caso del exministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Mauricio D'Alessandro.

“En esas reuniones habría transmitido información interna acerca del estado en el que están los expedientes, los votos que tiene cada uno de ellos y se habría comprometido a acelerar o demorar el procedimiento”, cuestionó el expresidente de la Corte, ahora ministro.

Para Lorenzetti, la conducta del vocero “es un enorme daño a la credibilidad y la noción de imparcialidad que una de las partes en un proceso judicial pueda tener acceso a información privilegiada y a la elaboración de una sentencia”.

“Nada similar ha ocurrido en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó.

Con información de agencias.

IG

El ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D'Alessandro se presentó este martes como testigo en el marco del juicio político que se desarrolla en la Cámara de Diputados y donde evitó responder si conoce al vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, y calificó las filtraciones de los supuestos chats entre ambos funcionarios públicos como “una operación de inteligencia”.

“No fue una filtración sino una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho y lo que se ha publicado es una página de internet en la cual se han supuesto distintos chats”, dijo D’Alessandro, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA). 

Tras dos convocatorias fallidas en las que se ausentó por “motivos personales”, y tras un ultimátum del oficialismo que lo convocó bajo apercibimiento judicial, el ex ministro del PRO compareció finalmente en la audiencia de este martes vinculada a la causa “coparticipación”, por la cual se investiga una presunta trama de connivencia y tráfico de influencias entre la Corte y el Gobierno porteño detrás del fallo que benefició a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

D'Alessandro fue citado a raíz de las revelaciones que surgieron del hackeo de su teléfono celular que sacaron a la superficie conversaciones con Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, presidente del supremo tribunal.

La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D'Alessandro-Robles fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente benefició al distrito porteño al elevar la cuota de coparticipación para la jurisdicción gobernada por Rodríguez Larreta.

Al contestar una pregunta de la diputada kirchnerista Vanesa Siley, D´Alessandro recordó que la línea de su teléfono celular, del cual se filtraron las presuntas conversaciones con Robles, fue “robada”, hecho por el cual él mismo hizo inmediatamente denuncias ante la Justicia Federal y ante la Justicia de la Ciudad.

“No es una presunción (su versión) sino que hay mucha información de muchas pericias que se han realizado y hay muchas personas que han confesado porque han sido contratadas para estas tareas de inteligencia. Ya se constató que es una operación de inteligencia”, remarcó.

Para D´Alessandro “el tema de los supuestos chats ya los saldó la Justicia” al “haber dictaminado la situación delictual en estos supuestos contenidos que se vieron en una página de internet”. 

“Jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones. Y ésta por suerte ya se pudo comprobar a los autores materiales y ojalá se puede llegar a los autores intelectuales”, continuó.

No conforme con la respuesta, Siley le preguntó si esas causas presentadas en juzgados de distintas provincias del país están cerradas con sentencia definitiva. “Si están cerradas, ¿por qué se ampara en el artículo 18?”, interrogó la legisladora del Frente de Todos. Dicho artículo constitucional garantiza el derecho de no declarar contra sí mismo. La respuesta de D´Alessandro fue ambigua: “Algunas de esas denuncias se han acumulado”, comentó. 

A continuación, se leyó uno de los supuestos diálogos que habría mantenido D´Alessandro con Robles de acuerdo a lo publicado por un medio de comunicación escrito.

La lectura fue impugnada por Juntos por el Cambio, por entender que la Justicia demostró que fue obtenido ilegalmente a través del hackeo a la línea telefónica del teléfono celular de D’Alessandro. 

El diputado del PRO Pablo Tonelli reclamó que se retire la lectura de la versión taquigráfica de la audiencia ya que esos chats no podían ser tomados como prueba en la investigación.

Su par Alejandro Finocchiaro llegó a decir que tomar como válidos esos presuntos chats era equivalente a tomar como prueba una confesión bajo tortura.

“Una cosa es que se haya obtenido ilegalmente y otra cosa es afirmar la falsedad del contenido, algo que no está comprobado”, replicó la oficialista Mara Brawer.

D’Alessandro evitó responder si conoce a Robles, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. 

En ese punto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que el delito de falso testimonio no aplica solamente a la acción de mentir sino a omitir la verdad.

Por otra parte, ante la pregunta de Siley sobre los motivos de su renuncia como ministro de Justicia y Seguridad en medio de las filtraciones de los chats o supuestos chats, el testigo respondió que decidió alejarse del cargo “por motivos personales”.

Al respecto, negó haber sido presionado para apartarse del Gobierno. “Bajo ningún punto de vista. A mí nadie me presionó. Son absolutos motivos personales. La función de ministro de una de las ciudades más importantes que tiene Latinoamérica exigen que uno esté 24x7, y la verdad que presentarse como querellante le quita horas a la gestión. Pero a mí nadie me presionó para que yo renunciara”, aclaró.

Tras el testimonio de D'Alessandro, la comisión procedió a tomarle declaración al procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

ED

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que evalúe sancionar “por falso testimonio” a Silvio Robles, vocero del juez Horario Rosatti. Además, resolvió volver a citar al exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien debía concurrir hoy a comparecer ante ese cuerpo y no asistió, a lo que le advirtieron que si no se presenta nuevamente pedirá la intervención de un juez para garantizar su presencia.

En el inicio de la reunión, sin la presencia de los diputados opositores, la diputada nacional Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT) anticipó que D'Alessandro avisó que “no podía asistir por razones personales” y propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, ya que se trata de la segunda vez que no concurre.

De esta manera, Gaillard referenció a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía declarar tras haber sido citado tres veces, ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.

Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita “por razones personales”, así como el procurador General porteño, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, quienes también pidieron ir otro día.

En ese marco, el oficialismo aprobó enviar una nota dirigida a la Corte, donde se pide evaluar “acciones disciplinarias por falso testimonio” a Robles, al sostener que su conducta “afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal” por el hecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución, que establece que no está obligado a declarar ante la existencia de otras causas que se tramitan en la Justicia.

“Robles invocó abusivamente la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad”, afirmaron miembros de la Comisión en la nota dirigida a los jueces supremos, en la que se pidió que analicen un eventual falso testimonio cometido por el Director General de la Vocalía del presidente Rosatti.

Asimismo, sostuvieron que “la participación, la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuáles se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía” y pidieron que la Corte informe, en el plazo de 10 días improrrogables, a la Comisión “si conoce la existencia” de las causas invocadas por Robles.

En tanto, la oposición justificó su ausencia en la Comisión en una carta, donde los legisladores denunciaron la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos” y acusaron al FdT de “usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables”.

Durante la reunión, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) mencionó ausencia opositora. “Esta comisión ha tocado un nervio sensible con la citación a Robles. Este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador en dos casos, por lo menos, como son las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias”, dijo y acusó al funcionario de “entorpecer” la labor de la Comisión.

Por su parte, Rodolfo Tailhade (FdT) pidió sumar la citación del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, “sin dejar sin efecto” la concurrencia de Juan Ignacio Mahiques, al sostener que “la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”.

El oficialismo acusa a D'Alessandro de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocado para el martes pasado avisó que no podía concurrir en una carta por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita, tal como la prevista para hoy.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había escrito D'Alessandro en su nota dirigida a Gaillard.

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, quien concurrió el martes pasado a la Comisión, se abstuvo de contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y ahora solicite que se lo sancione por esa actitud. El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

En esa oportunidad, los legisladores oficialistas aprobaron un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

Por otro lado, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de aquellos que interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la Comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de “una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos”, donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema que dispuso, el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno Nacional le pague al porteño el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

LC con información de agencia Télam

Cabizbajo, contenido y decidido a no pisar sobre vidrios rotos, Silvio Robles, vocero, mano derecha y director de la vocalía del juez Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia, declaró este martes ante la comisión de Juicio Político. Fue una nueva jornada en la investigación contra los cuatro jueces del máximo tribunal por supuesto mal desempeño, en la que se esperaba una tensa reunión entre el testigo, los diputados del oficialismo y los de la oposición. Así fue. La declaración se extendió por casi cuatro horas.

Sin embargo, el balance final de este martes es que la comisión sigue sin hallar pruebas contundentes para elaborar una acusación formal contra los magistrados por el caso de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, también conocida como el fallo de la coparticipación.

“Testigo renuente”, “manifiestamente reticente”, “mentiroso compulsivo”, fuera de micrófono“ y ”operador“ de Rosatti fueron algunas de las frases utilizadas por los diputados del Frente de Todos para describir a Robles durante el interrogatorio. 

Una opción del oficialismo era solicitar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que ordene la detención del testigo por haberse negado a responder la mayoría de las preguntas del interrogatorio, pero no fueron por la opción máxima. También podrían haber denunciado penalmente por falso testimonio. 

En cambio, el Frente de Todos votó por mayoría que se le solicite a la Corte la eximición de la confidencialidad como funcionario judicial para volver a citar a Robles y que no pueda apelar al artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional para no responder gran parte de las preguntas. También ordenaron un careo con Daniel Marchi, ex administrador de la Corte y uno de los hombres más poderosos en el tribunal hasta abril último, cuando los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz ordenaron su traslado en medio de una interna ya extendida con el juez Ricardo Lorenzetti.

En la mayoría de las preguntas, las respuestas del funcionario judicial fueron las mismas: “No intervengo en cuestiones jurisdiccionales” y “no voy a contestar”, en base al artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a no autoincriminarse al declarar; y del “artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional”, que obliga a los funcionarios judiciales a guardar reserva de los asuntos vinculados con las funciones de los tribunales.

Robles es uno de los protagonistas de los “supuestos chats” filtrados tras el hackeo al teléfono del exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien también estaba citado este martes a declarar en la comisión parlamentaria, pero solicitó reprogramar la fecha. Si no se presentaban o no justificaban su ausencia, el oficialismo podría haber pedido la detención de ambos.

Estas dos declaraciones —la de Robles y la de D’Alessandro— se debían realizar en el marco de uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña. Es el pedido formal de juicio político que presentó el presidente Alberto Fernández junto a gobernadores oficialistas.

“Me siento hostigado”, dijo Robles —un hombre conocido por su vehemencia, la que no afloró durante la declaración— luego de que el diputado Germán Martínez (Frente de Todos) perdiera la paciencia y le recriminara su reticencia a responder las preguntas, y le recordara: “Usted es funcionario público”. “He recibido acusaciones sin fundamentos reales”, afirmó Robles en la comisión de Diputados. También sostuvo que los oficialistas en la comisión le “faltaban el respeto” y “le imputaban delitos” durante el interrogatorio.

Testigo o acusados

El interrogatorio giró en torno de cuestiones que Robles entendió que si las respondía podían incriminarlo penalmente. Los testigos están obligados por ley a declarar la verdad pero no a declarar contra sí mismos o autoimputarse la comisión de delitos sin presencia de su abogado defensor y en el marco de una declaración indagatoria, en la que puede negarse a declarar. 

Robles no es blanco de la investigación de la comisión ya que por su cargo no puede ser sometido a juicio político, pero sí puede ser denunciado nuevamente por delitos penales en el ejercicio de su función, como, por ejemplo, presunto tráfico de influencias.

“Usted tiene el cargo más alto en la vocalía del doctor Rosatti”, le recordó la diputada Mabel Brawer (Frente de Todos) cuando Robles se negaba a responder sus preguntas sobre el funcionamiento de la vocalía y cargos de otros funcionarios.

“”Si alguien piensa que hay oscuridad o poca transparencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, usted lo ratificó ampliamente aquí. La verdad es que es tan oscura la Corte como su presencia en este lugar. No nos ha dicho absolutamente nada“, le dijo el diputado Juan Manuel Pedrini (Frente de Todos) al testigo antes de interrogarlo. Sus dichos desataron gritos de queja de los diputados de Juntos por el Cambio. ”Me ha discriminado“, le respondió Robles, y con su usual ironía agregó: ”Quiero que conste en acta que un hombre del peronismo me acaba de discriminar diciéndome oscura presencia“.

¿Por qué se las preguntaban entonces? Porque Robles es uno de los platos fuertes de este proceso contra los jueces de la Corte y una de las variables que motivaron el pedido de juicio político que presentaron el presidente Fernández y gobernadores tiene justamente que ver con los chats o supuestos chats entre Robles y D’Alessandro. El Presidente lo negó en entrevistas a principios de año y dijo que la denuncia contra los jueces de la Corte era previa a la filtración, pero la presentación fue justamente posterior a que se dieran a conocer las conversaciones o supuestas conversaciones. 

Estos chats o supuestos chats se filtraron el 30 de diciembre, Fernández anunció el 1° de enero de 2023 que denunciaría a Rosatti y sus colegas Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda; y la denuncia de Presidencia es del 4 de enero.

El oficialismo quiere probar que el fallo contra el Gobierno Nacional se debió a una decisión partidaria, no política o jurídica, aunque demostrar que la decisión jurídica de uno o cuatro jueces es causal de juicio político o motivo de mal desempeño no es fácil; pero es menos difícil demostrar que hubo un presunto tráfico de influencias entre Rosatti y el gobierno de Larreta, vía Robles y D’Alessandro. Eso sí sería causal de mal desempeño de un juez. 

D’Alessandro y el fallo

Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o “supuestos chats” en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño intercambiaban información sobre fallos de la Corte, entre ellos el que se centra en el reparto de la coparticipación. Las conversaciones virtuales -según D’Alessandro los chats son falsas-, muestran una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del juez Rosatti y el entonces ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.

Robles se negó a responderle al diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) —el encargado de mantener la calma y principal interrogador en la reunión— sobre si conocía a Marcelo D’Alessandro. “Hay cuestiones que están judicializadas”; “no voy a responder a esa pregunta”, afirmó el funcionario judicial.

Al inicio de su declaración, Robles sostuvo sobre Rosatti: “Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos”.

Luego Robles pidió autorización para leer un texto de una carilla en el que dijo que había sido injuriado por integrantes de la comisión, Leopoldo Moreau le señaló que estaba “victimizando al doctor Rosatti”, quien “aún no está formalmente acusado por la comisión de Juicio Político”; e insinuó que el testigo estaba propiciando “un show periodístico”.

“La única causa [penal] que se le inició [por los supuestos chats] está cerrada. Otras denuncias fueron acumuladas material y jurídicamente a la causa. Están todas acumuladas, todas cerradas”, planteó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos).

“La causa está archivada, no cerrada, lo que no significa cosa juzgada o terminada, no hay sobreseimiento”, lo contradijo Juan Manuel López (Coalición Cívica, Juntos por el Cambio). “Puede ser reabierta por cualquier prueba o hecho que surja posteriormente”, aclaró el diputado opositor.

“Cada vez que una persona interpreta que algo que pueda decir lo incrimine, tiene derecho a no declarar”, dijo Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio).

ED/JJD

Silvio Robles, asesor del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, afirmó este martes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que ha “recibido acusaciones sin fundamentos reales” por parte de algunos legisladores. Declaró en el marco del proceso que se sustancia en el Congreso contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.

Lo dijo al declarar en la Comisión de la Cámara baja, a la cual fue citado como testigo por la supuesta connivencia con el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en relación al fallo sobre la coparticipación federal de impuestos que habría beneficiado a la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de someterse a las preguntas de los miembros de la Comisión, Robles leyó un escrito donde aclaró que no respondería las consultas de índole personal: “Han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, remarcó.

Acto seguido, diputados del Frente de Todos advirtieron sobre la posibilidad de que, a partir de esa aclaración, el funcionario judicial pudiera ser alcanzado por la figura de “reticencia”, según expresó el oficialista Ramiro Gutiérrez.

Para Robles, el proceso de juicio político impulsado por el oficialismo es “para atacar y presionar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Algunos ya me han acusado falsamente”, apuntó el invitado, para enumerar a continuación una serie de cuestiones que los diputados le habrían marcado y que aclaró que no fueron veraces.

“Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, y es mentira; que estaba prófugo, cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenia citación judicial; que estuve en Miami este año, es mentira; y además, han atacado sistemáticamente a miembros de mi familia”, completó Robles.

Durante las preguntas, consultado sobre si conocía a D'Alessandro, evitó responder y justificó que se amparaba “en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Ese artículo menciona, entre otros puntos, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

LC con información de agencia Télam

En plena campaña electoral y a menos de dos semanas de las elecciones primarias del 13 de agosto, la comisión de Juicio Político retoma la actividad este martes con un plato fuerte: la declaración de Silvio Robles, vocero y mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario judicial está citado como testigo en el marco de la investigación parlamentaria por presunto mal desempeño de los jueces del máximo tribunal.

El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, también estaba citado este martes a declarar, pero solicitó reprogramar la fecha de su testimonial ante los diputados que integran la comisión debido a cuestiones personales, informó una fuente cercana al exfuncionario.

Ambas declaraciones se realizarán para profundizar uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña.

Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o supuestos chats -según D’Alessandro son falsos- en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño, a cargo de la policía de la Ciudad, intercambiaban información sobre el fallo de la Corte y otras cuestiones sensible en la disputa entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, mostrando una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del presidente de la Corte y un ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.

“Si alguno de ellos no asiste y no justifica su inasistencia, estamos en condiciones de pedirle a un juez federal su traslado por la fuerza pública”, aseguró a elDiarioAR una fuente directa del oficialismo.

En la Corte y en diálogo con allegados, Robles sostuvo que acudirá este martes a declarar, que es posible que se limite a responder sólo algunas o ninguna de las preguntas que los diputados del Frente de Todos tienen preparadas para él y que apele a recomendaciones de su abogado para evitar “incriminarse”, ya que fue denunciado penalmente por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros, tras la filtración de los “supuestos chats”.

Además de Robles y D'Alessandro, la comisión citó para este martes al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien había solicitado reprogramar su declaración; y a Alejandro Otero, funcionario de la AFIP.

¿Chats o supuestos chats?

“Ellos generan una posverdad. Los chats son inventados, son falsos”, aseguró D’Alessandro el 30 de diciembre último. “Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner (en el juicio por el caso Vialidad, el 6 de diciembre de 2022) y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”.“No tienen límites, revisaron las redes sociales de mi familia. Incluso la de menores”, agregó el entonces funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. 

Robles nunca se ha pronunciado al respecto sobre los chats o supuestos chats.

Estas conversaciones vía Telegram, una aplicación de chats, serían “supuestos chats” para un sector de la Corte y “chats” para otro sector de la Corte, en el que están convencidos de que, si bien fueron obtenidos ilegalmente mediante el hackeo al teléfono del exministro D’Alessandro, son veraces y Robles sí intercambió esos mensajes con el entonces titular de la cartera de Seguridad de la Ciudad.

¿Qué dicen los chats o supuestos chats? Que entre Robles y D’Alessandro se referían al fallo de la Corte a favor de la Ciudad como “el fallo Robles”, antes de que la sentencia de la Corte viera la luz, y que habrían intercambiado información sobre el fallo que se venía, siendo el entonces ministro de Seguridad parte central interesada. Pero, además, las conversaciones sostienen una familiaridad y complicidad entre la mano derecha del presidente de la Corte y el funcionario de Juntos por el Cambio. 

Robles también dio argumentos al entonces funcionario de Juntos por el Cambio sobre la discusión que mantenía con el Frente de Todos por la integración del Consejo de la Magistratura -el organismo que elige y sanciona a los jueces-, tema en el que la Corte intervino con otro fallo en diciembre de 2021. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dijo el vocero de Rosatti, presidente del Consejo, para indicarle luego que no “corresponde que se vote” la designación de representantes en este organismo en el momento en el que el oficialismo buscaba elegir a sus integrantes. “Usala como tuya”, le agrega Robles sobre la estrategia para bloquear la intención del Frente de Todos.

Robles también le dijo a D’Alessandro en los “supuestos chats” cómo la oposición debía acudir a la Justicia para ganarle un lugar al oficialismo en el Consejo de la Magistratura, donde un integrante más es central para definir quiénes son nombrados jueces federales y nacionales, los jueces que investigan al poder a nivel nacional y local, en la Ciudad. 

En la conversación filtrada o “supuesta conversación”, Robles sugiere acudir al fuero “Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte). Tienen dos opciones: o demandan donde está el expediente (que está en Corte o Contencioso) o nueva demanda en el Contencioso”. 

Efectivamente, el senador Luis Juez (Juntos por el Cambio), que peleaba por el lugar que el oficialismo asignó a su senador Martín Doñate en el Consejo, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo federal para reclamar ese espacio.

El fallo de la discordia

La reunión de este martes debería centrarse en la denuncia presentada por el presidente Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas en la comisión.

El fallo provisorio o cautelar de diciembre había ordenado que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

La decisión resaltó la autonomía de la Ciudad y la equiparó como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994 pero que hasta el momento no se aplicaba en la distribución del dinero público.

La orden de la Corte también implicó que el Estado Nacional percibiría menos fondos públicos de la coparticipación, ya que la porción mayor que debería enviar a la Ciudad no se obtiene de reducir lo que reciben las 23 provincias sino el Gobierno Nacional. 

Todo esto debía suceder mientras la Corte analizaba el expediente, ordenaba pruebas y pericias y tomaba una decisión definitiva para establecer el porcentaje de la masa de impuestos nacionales que le corresponderá a la Ciudad en adelante.

Sin embargo, el Ejecutivo Nacional sigue sin cumplir el fallo, la Ciudad sigue sin percibir los fondos y la Corte no volvió a mover el expediente para emitir su fallo definitivo.

ED / DTC

Tras varias semanas de bajo perfil, escasas repercusiones y declaraciones políticas postergadas, la comisión de Juicio Político que investiga a los jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño avanzó este miércoles con dos citaciones clave: el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; y Silvio Robles, mano derecha y vocero del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. 

El objetivo de los diputados del Frente de Todos es retomar la línea de investigación que motivó la embestida del oficialismo contra el máximo tribunal -el fallo cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos para la policía porteña- y que busca enfocar la contienda en el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Otras declaraciones anunciadas para el 27 de junio último no se concretaron aún y se dilataron: la del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y la de algunos de los 14 gobernadores peronistas que acompañaron la denuncia del presidente Alberto Fernández contra los jueces supremos.

Las fuentes políticas consultadas por elDiarioAR en el Congreso coincidieron en que la energía está puesta en otro lado, incluso para el oficialismo, que promueve el juicio político contra la Corte desde diciembre último. La campaña electoral es prioridad para la mayoría, a excepción de un núcleo duro del kirchnerismo que encabeza desde hace años una agenda en torno al poder Judicial, explicó uno de los consultados. “Si no vienen todos, no viene ninguno”, agregó otra fuente sobre las citaciones a De Pedro y los mandatarios provinciales.

En lugar de interrogar a los gobernadores aliados, el oficialismo en la comisión debió conformarse este martes con escuchar las declaraciones de fiscales de Estado de las provincias y secretarios de Finanzas provinciales enviados por los gobernadores para defender la hipótesis de que el fallo de la Corte perjudicó la economía de las provincias. Fueron declaraciones técnicas, sin mucha prensa, pero aportaron información valiosa para el Frente de Todos, dijo uno de los consultados por este medio.

Desde que el fallo de la Corte a favor de la Ciudad desató la mayor escalada de tensión entre el Gobierno y el máximo tribunal, el 22 de diciembre último, el Ejecutivo Nacional realizó varias presentaciones en la Corte para pedir el apartamiento de los jueces del caso y la revisión de la decisión de los magistrados.

La Corte debía fallar nuevamente sobre el fondo de la cuestión y zanjar la disputa entre el Gobierno y la Ciudad, pero el expediente se congeló tras la puesta en funcionamiento de la comisión de Juicio Político. 

Actualmente, el Ejecutivo Nacional sigue sin acatar la orden de la Corte. El tribunal había ordenado en diciembre elevar el porcentaje de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad de 1,4% a 2,95%. Sin embargo, el Ejecutivo porteño continúa recibiendo el 1,4% de la masa de impuestos nacionales recaudados. Desde el 22 de diciembre último, la Ciudad ha dejado de percibir 140.000 millones de pesos para financiar la policía porteña, informó a elDiarioAR una fuente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, el Ejecutivo porteño recibe actualmente menos fondos que antes del fallo de la Corte, cuando percibía, además del 1,4% de la masa de impuestos nacionales, otros 180.000 millones de pesos fijados por una ley de 2020, que estableció que esa suma equivale al costo de funcionamiento de la policía capitalina.

Como el fallo de la Corte dejó sin efecto la ley de 2020, el Ejecutivo Nacional suspendió el pago de los 180.000 millones extra.

Testigos

Esta será la segunda citación a Robles y D’Alessandro, quienes también habían sido citados a la comisión -aunque no notificados oficialmente- para presentarse como testigos el 4 de julio último, una semana después de De Pedro y los mandatarios provinciales. 

Sin embargo, la presidenta de la comisión parlamentaria, Carolina Gaillard, informó en un nuevo escrito a los diputados miembros que deberán presentarse a reunión de comisión el próximo 1° de agosto para escuchar cuatro testimonios, entre ellos los de Robles y D’Alessandro. De no presentarse, la presidenta de la comisión podría solicitar a la Justicia que ordene a la fuerza pública reportarse junto a los citados ante los diputados.

Si bien las citaciones no se efectuaron oficialmente, Gaillard anunció que serán llamados también Alejandro Daniel Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte; y Alejandro Otero, contador público y magister en Administración Pública.

Las citaciones son el marco de la denuncia del presidente Fernández y 14 gobernadores peronistas, quienes acusaron a los jueces de la Corte de mal desempeño por el fallo de diciembre último a favor de la Ciudad.

D’Alessandro y Robles también están citados por la filtración de supuestos chats entre ambos funcionarios en los que habrían intercambiado información sobre el fallo. El caso de los chats, que se filtraron tras el hackeo ilegal a su teléfono celular, le costó al exministro su renuncia al cargo.

Los diputados destinarán unas cinco audiencias al caso de la coparticipación federal y los fondos de la Policía de la Ciudad, informó Gaillard en comisión.

ED/MG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió este martes citar para el próximo martes primero de agosto al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, y al estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles. Se pretende que expongan sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En el marco del proceso de juicio político que se sustancia a los cuatro jueces supremos, la presencia de ambos estaba prevista originalmente para el 4 de julio, pero por corrimientos en el calendario llevaron a que finalmente se formalizara para el martes 1 de agosto.

En el análisis que se realiza en Diputados, una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández) benefició al Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, luego de supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración capitalina a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno Nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para la Capital Federal.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó este jueves para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; y a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, para que expongan sobre el fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, acordaron invitar para la próxima reunión de ese cuerpo, el 27 de junio, al ministro del Interior Eduardo 'Wado“ De Pedro, como a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso. Su fue anunciada esta tarde por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT).

Gaillard precisó las citaciones del 4 de julio a D'Alessandro y Robles, en el marco del juicio político a los cuatro ministros de la Corte. Para la próxima reunión de la comisión, serán citados el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, así como fiscales vinculados a la causa sobre la coparticipación.

Con el voto mayoritario del oficialismo, la Comisión decidió citar al juez supremo Juan Carlos Maqueda, para que en 10 días hábiles responda en forma personal o por escrito sobre las acusaciones en su contra por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), en su condición de superintendente de ese organismo. El plazo que tendrá el magistrado será hasta el 6 de julio.

La titular del órgano adelantó que se realizarán “4 o 5 audiencias” sobre coparticipación, tras lo cual se continuará con la investigación sobre presuntas irregularidades de la Corte en torno al Consejo de la Magistratura.

Una de las líneas de investigación sostenida por el Gobierno Nacional es que la resolución judicial por los fondos destinados a la Ciudad Autónoma (que habían sido redistribuidos por la administración de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, luego de negociaciones entre él y Rosatti a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.

La propuesta del FdT de citar a Maqueda fue avalada por 16 votos, luego de la lectura de los cargos contra el magistrado donde el oficialismo impuso su mayoría ante el rechazo de la oposición. La resolución de 53 carillas dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

LC con información de agencia Télam

Héctor Marchi, exadministrador de la Corte Suprema, aseguró este martes que el desplazamiento de su cargo estuvo vinculado a que se “negó a encubrir” a Silvio Robles, mano derecha del juez Horacio Rosatti, como también a Mariano Althabe, titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que analiza la conducta de los jueces del máximo tribunal.

Marchi formuló estos conceptos en un escrito que leyó al inicio de su testimonio, en una reunión de la comisión que incluyó un fuerte contrapunto entre el exadministrador del tribunal y el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, quien se encargó de la mayor parte del cuestionario. El funcionario declaró por segunda vez acerca de las irregularidades en la obra social judicial, una de las causales del proceso contra Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En la primera parte de su exposición, Marchi sostuvo que “los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios”, y agregó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles”.

“Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué”. Agregó haberle dicho a Rosatti que “no me asustaban sus amenazas; por eso pedí en sede judicial incorporar el legajo del doctor Althabe”.

“Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social”, denunció el contador Marchi.

El exadministrador del máximo tribunal apuntó después a la figura de Robles, al denunciar “el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” de la Cámara de Casación Penal, principal tribunal penal del país, que según Marchi recibió “pedidos” del asesor principal del supremo Rosatti.

Uno de los fallos presuntamente negociados, amplió Marchi, apuntaba a mejorar la situación judicial de Rosatti en una demanda iniciada por un exchofer del municipio de la ciudad de Santa Fe, Carlos Vera. Esa causa estuvo a cargo del juez Reinaldo Rodríguez hasta 2021, cuando el magistrado fue recusado por el titular del tribunal.

“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, apuntó Marchi.

En cuanto a ese expediente, manifestó que el caso “tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti”. Al referirse a la actuación de Robles en ese juicio, planteó que “sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022”.

En su testimonio, el contador recordó que él mismo denunció “la eliminación del mail oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo”.

Marchi declaró luego de Martina Forns, jueza federal de San Martín, quien relató la difícil situación que pasó la OSPJN durante la pandemia, en la cual falleció su esposo. “Quise venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social. Hacía un año de la pandemia y me dejó abandonada”, contó la magistrada.

Al inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos, informó que se reprogramará para más adelante el testimonio del secretario letrado Santiago Clerici por la extensión del testimonio de Marchi. Además, informó que la legisladora Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio había pedido citar al gremialista Julio Piumato, titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), moción que fue aprobada ya que será convocado junto a otras autoridades del sindicato.

“Vamos a acompañar esta ampliación, porque así como fue ofrecida Marieta Urueña Russo, que es secretaria general de Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales) República Argentina, es correcto que también esté presente la otra asociación sindical y que oportunamente se los invite a ambos para hacer la declaración”, justificó Gaillard.

La comisión votó además una propuesta de la diputada Vanesa Siley (FdT), quien propuso sumar a las pruebas las “resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor (Juan Carlos) Maqueda, como luego a cargo de la vicepresidencia de la obra social”.

Hace dos semanas, Marchi expuso ante los diputados de la comisión pero volvió a ser convocado, ya que en su primera declaración solo pudieron llevarse adelante las consultas del FdT. Tras la investigación por las irregularidades en la OSPJN, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito en 2016.

En cuanto a las causales de juicio político ya abordadas en la comisión, se encuentra el fallo que retrotrajo la composición del Consejo de la Magistratura y otro fallo que proponía aplicar el cómputo de “2x1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

LC con información de agencia Télam

La última reunión de la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, celebrada el martes 21 de marzo, fue sin duda la más peculiar hasta el momento. Nadie esperaba que uno de los secretarios letrados de la Corte Suprema de Justicia, Federico Morgenstern, se apersonara con la actitud de quien viene a lidiar con los toros en la plaza. Fue el síntoma que faltaba manifestarse en el proceso de juicio político contra los cuatro jueces del tribunal, que hasta ahora parece reducirse a sólo uno de ellos -Horacio Rosatti, el presidente- y con escasos avances y tropiezos.

Esta semana, por primera vez desde que comenzó a funcionar, la comisión no se reunirá y aún no se oficializó cuándo retomarán las declaraciones a los testigos. El oficialismo quiere que declaren los periodistas que escribieron en 2017 sobre el trasfondo del fallo del 2x1 a favor del represor Luis Eduardo Muiña y de un supuesto acuerdo de tres de los jueces del tribunal con el entonces gobierno de Mauricio Macri para que el fallo viera la luz. Se esperan las citaciones a Jorge Lanata, Martín Granovsky e Irina Hauser, entre otros.

Esta semana, el bloque del Frente de Todos está concentrado en la presentación del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y su informe de gestión. Entre los integrantes oficialistas de la comisión hay fricciones por ciertas decisiones tomadas y en el espacio admiten que los desafíos del oficialismo no son muy ambiciosos: buscan avanzar de a poco sobre los 14 pedidos de juicio político, ceder lo justo y necesario para garantizar que la oposición continúe participando en las reuniones de comisión y lograr que el tema permanezca en la agenda de los medios. 

Uno de los desacuerdos fue sobre la denuncia por presunto falso testimonio contra el juez federal Sebastián Ramos luego de su declaración como testigo ante la comisión. Mientras el fiscal Carlos Stornelli se niega a comparecer ante los diputados y los exfuncionarios y un senador de Juntos por el Cambio pegan el faltazo, haber denunciado a Ramos, quien no opuso resistencia a su citación, fue para algunos un error de cálculo. La denuncia fue archivada en los tribunales, finalmente

El escenario se complejiza con el inicio de la campaña electoral, que cambia las prioridades de los diputados, especialmente de quienes deben viajar a sus provincias para actos y actividades en busca de los votos del electorado. Después de todo, se trata de un juicio político testimonial, que no avanzará más allá de la comisión parlamentaria ante la falta de los dos tercios de los votos que necesitan en Diputados para acusar a los jueces y en el Senado, para destituirlos.

Hasta el momento, el oficialismo se ha centrado en recolectar la mayor cantidad de pruebas o indicios posibles para sostener una acusación contra el verdadero objetivo del intento de juicio político contra la Corte: el juez Rosatti, presidente del tribunal.

¿En qué consiste la investigación contra Rosatti? En los dos meses que lleva la comisión, en intentar demostrar que Silvio Robles, vocero y mano derecha del juez, habría cometido irregularidades -al menos presunto tráfico de influencias, dice el kirchnerismo- en el ejercicio de sus funciones como director de la vocalía del magistrado. 

Las presuntas irregularidades implican que Robles haya adelantado al ex ministro porteño Marcelo D’Alessandro el resultado del fallo del máximo tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de impuestos; o la intervención de Robles en una supuesta negociación con el entonces gobierno de Mauricio Macri para que el juez votara a favor del 2x1 otorgado al represor Muiña; o su supuesto acceso al sistema interno del Poder Judicial donde puede acceder a información sensibles de los expedientes a pesar de no pertenecer a un área abocada a la tarea judicial; o una nueva pista que surgió el 14 de marzo sobre una presunta empresa con fines non sanctos. 

Si lograran probar esas supuestas irregularidades cometidas por Robles, ¿cómo llegarán a probar un mal desempeño de Rosatti por las acciones de un tercero, aún siendo su principal colaborador? 

No tengo idea de nada extrajurídico, mi experiencia en la Corte desmiente absolutamente esa cosa espuria que se está insinuando.

Federico Morgenstern — Secretario letrado de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema.

En el oficialismo ensayan un paralelismo con el caso Vialidad: “Rosatti no podía no saber lo que Robles (supuestamente) hacía”, dicen en el Frente de Todos, parafraseando una de las bases de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en relación a las adjudicaciones irregulares a 51 obras viales al empresario Lázaro Báez -entonces socio del matrimonio Kirchner- en la provincia de Santa Cruz.

Cómo sigue

Por ahora, el oficialismo se propone citar a declarar a Robles como testigo ante la comisión durante la campaña electoral, después de avanzar con otros testigos e investigar la empresa Moro Media y si existió canalización de fondos públicos a través de esta compañía, entre otras líneas de investigación contra Rosatti. Luego, una posibilidad es elaborar un primer dictamen de acusación sólo centrado en Rosatti y presentarlo en Diputados antes de las elecciones. 

¿Y los otros tres jueces denunciados? Se podrá continuar con la investigación en su contra tras la campaña electoral. 

A pesar de que la oposición planteó que la investigación de la comisión no podía extenderse más allá de los seis meses o 90 días, no hay nada que así lo indique en el reglamento interno de la comisión. Pero, ¿podrán continuar con el objetivo después de las elecciones? ¿Contarán con los integrantes necesarios para formar una mayoría propia en la comisión que les permita seguir adelante con la investigación?

Testigo 

El abogado Federico Morgenstern es secretario letrado del juez Carlos Rosenkrantz y el encargado de las causas penales en la vocalía que ocupa el magistrado. Es, además, quien escribió el borrador que terminó convirtiéndose en el fallo que benefició al represor Muiña con el 2x1 y desencadenó en 2017 las reacciones y manifestaciones más contundentes contra una decisión de la Corte.

Aquel fallo que otorgó a un condenado por delitos de lesa humanidad la aplicación de la ley más benigna fue entonces liderado por Rosenkrantz dentro del tribunal, vio la luz con sólo tres votos de cinco integrantes de la Corte (votaron Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Rosatti, con disidencia de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y le valió a los jueces varios pedidos de juicio político que hasta ahora no habían sido tratados en la comisión parlamentaria.

El martes 21 de marzo, el Frente de Todos citó a Morgenstern y a su colega José Sebastián Elías, otro de los secretarios letrados del juez Rosenkrantz. El objetivo de los interrogatorios era probar supuestos lazos o vínculos de los jueces de la Corte con el gobierno de Mauricio Macri (diciembre 2015-diciembre 2019) y la denominada “mesa judicial” de Cambiemos, ya que el kirchnerismo sostiene que el fallo habría sido previamente acordado entre los jueces y el Ejecutivo para beneficiar a centenares de represores de la última dictadura cívico-militar.

El macrismo siempre negó haber intervenido, Macri se manifestó más tarde contra del fallo y el Congreso se reunió de urgencia para sancionar una ley que impidiera volver a aplicar a condenados por delitos de lesa humanidad el beneficio que permitía reducir su reclusión o prisión. 

Ese supuesto acuerdo con el macrismo que sostiene el oficialismo habría implicado beneficios para Rosatti y Highton de Nolasco. En el segundo caso, la jueza se vio beneficiada con una decisión del gobierno, que entonces volvió sobre sus pasos y no apeló una sentencia que le permitía a Highton permanecer en la Corte sin nuevo acuerdo del Senado y el Ejecutivo después de los 75 años.

Morgenstern, quien relató haber participado de la cocina del fallo del 2x1 y haber mantenido reuniones con Highton de Nolasco y Rosatti para argumentar las razones de por qué debían acompañar el voto de Rosenkrantz a favor de Muiña, sostuvo que, hasta dónde conoce, las supuestas negociaciones con el gobierno de Macri no existieron. “No tengo idea de nada extrajurídico, mi experiencia en la Corte desmiente absolutamente esa cosa espuria que se está insinuando”, dijo. “Me parece alocado, porque fue desde el gobierno (de) donde más ataques recibimos”, agregó.

A diferencia de otros funcionarios y empleados de la Corte que también declararon ante la comisión, Morgenstern casi no utilizó las salidas “no recuerdo” y “no lo sé”. Se explayó en sus respuestas, defendió las razones del fallo y descolocó a los diputados con 

interrupciones a la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard -quien por primera vez le exigió a un testigo que la respetara y respetara a los diputados-, además de interrumpir a los legisladores que lo interrogaban para corregirlos y hacer acotaciones a sus preguntas, ironizar durante su respuestas, reírse a carcajadas en situaciones de tensión y responder a viva voz a las reacciones y gritos del diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos, Buenos Aires), quien le gritó: “No te hagás el canchero. Bajate del caballo”.

“Finalmente fue quien más colaboró con la comisión”, afirmaron en el bloque ante la consulta de elDiarioAR.

Morgenstern expuso lo que muchos testigos obviaron decir: se quejó durante su declaración de que lo hayan hecho esperar casi cinco horas para declarar. Además, se negó a responder sobre el contenido de las conversaciones y reuniones con los jueces de la Corte, amparado en el artículo 8 inciso b del reglamento de la Justicia Nacional, que sostiene “el deber de guardar reserva y confidencialidad sobre las opiniones que se dieron en el transcurso de la deliberación” de los fallos. 

“No puedo relevar el contenido (de las deliberaciones y reuniones con Rosenkrantz, Highton y Rosatti), pero fueron conversaciones exclusivamente jurídicas”, dijo Morgenstern. Gaillard le respondió: “Lo dispenso de ese deber”, pero el secretario letrado retrucó: “Usted no me puede dispensar porque yo tengo una obligación con mis superiores de la Corte”, y luego invitó a los diputados a ordenar su propia detención por 48 horas si no aceptaban su decisión. “No va a ser necesario”, le respondieron desde el oficialismo.

Los diputados más incisivos del oficialismo no perdieron la compostura. Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade hicieron esfuerzos para mantener la calma durante sus interrogatorios mientras Gaillard gesticulaba sus reacciones ante la actitud del testigo, que disputó el dominio de un interrogatorio centrado en demostrar algo que hasta el momento no han podido probar. 

Tras la reunión del martes último, en el oficialismo le daba vueltas al espectáculo parlamentario del martes y estudiaban la declaración de Morgenstern en busca de “contradicciones” del testigo.

ED

El fiscal Carlos Stornelli se ausentó finalmente como testigo en el proceso de juicio político a la Corte Suprema que se lleva a cabo en la comisión de Diputados y el oficialismo pedirá a la Procuración que se le inicien “acciones disciplinarias” en su contra. 

Stornelli faltó este martes a la reunión del cuerpo de trabajo de la Cámara baja, luego de que fuera citado por segunda vez para que declare en torno a su decisión de archivar –durante la feria judicial de enero– una denuncia contra el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, por sus conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente de licencia. 

“Se le va informar al doctor (Eduardo) Casal de la no comparecencia de Stornelli y se le solicitará le inicien acciones disciplinarias correspondientes”, aseguró este martes la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. La decisión de enviarle un nuevo oficio al procurador generó un primer debate en el ámbito de la comisión, ya que Stornelli pidió declarar por escrito, amparándose en un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que exceptúa a los fiscales de presentarse como testigo ante un tribunal.

“Esta presidencia no puede incumplir los deberes que le asignó el reglamento de la Cámara”, agregó la diputada del Frente de Todos. “No somos un tribunal. Me encantaría mandarle las preguntas por escrito, pero estaría violando el reglamento”, se excusó Gaillard ante las críticas de la oposición. La  normativa de la comisión solo otorga ese beneficio a los presidentes y gobernadores, entre otros altos cargos, pero no a los fiscales.

Según expuso el macrista Pablo Tonelli, “la ley orgánica del Ministerio Público está muy por encima del reglamento de la comisión y los fiscales están claramente eximidos de tener que asistir personalmente”. Y cuestionó la estrategia del kirchnerismo: “Da la impresión de que el oficialismo no tiene intención de conocer las respuestas del fiscal, sino hacerlo comparecen para maltratarlo y hacer circo”.

En el oficialismo no descartan poder impulsar al final de la reunión de este martes, como anticipó Gaillard, una denuncia contra Stornelli en la Procuración y pedir que se le quiten los fueros para que sea llevado a la comisión por la fuerza pública. En 2019, Stornelli ya se enfrentó al desafuero, sin consecuencias, cuando fue citado a indagatoria en el juzgado federal de Dolores en reiteradas oportunidades: terminó declarando como imputado ocho meses más tarde, tras seis citaciones.

“Laburen rápido”

Además de Stornelli, la agenda de este martes incluye a otros cinco testigos, de los cuales al menos la mitad –como ya publicó elDiarioAR– están relacionados con la línea de investigación sobre Robles: Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, por un chat que admitió haber tenido con D’Alessandro, quien niega la veracidad de esas conversaciones; además de dos integrantes de la vocalía de Rosatti, Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, colega de Robles.

Pero al inicio de la comisión el testimonio de Olima se demoró por otro cruce de acusaciones que se generó entre los diputados del oficialismo y la oposición. El vicepresidente de la comisión, el lilito Juan Manuel López, denunció que hubo una demora de más de una semana para conocer una respuesta a un pedido de informe sobre cruce de llamados de la juez María Servini de Cubría, que habría llegado a la mesa de entradas de la Cámara baja el 3 de marzo. “No corresponde, laburen más rápido, sino vamos a pensar que esconden información”, denunció el diputado. 

Desde Juntos por el Cambio también cuestionaron la denuncia del oficialismo al juez Sebastián Ramos por supuesto “falso testimonio”, cuando en su presentación a la comisión negó vínculos con Robles o D’Alessandro. En ese mismo momento se filtró en los medios una conversación suya con el ministro porteño. 

A su vez, la oposición quiere denunciar al juez Alejo Ramos Padilla, que también le tocó investigar la filtración de chats y en su exposición ante la comisión de Juicio Político expuso las irregularidades de la investigación de Comodoro Py (que archivaron Stornelli y Ramos) y la duplicación de causas.

MC

El fiscal federal Carlos Stornelli ratificó en las últimas horas a la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados que no declarará como testigo ante los legisladores de manera presencial y reiteró que lo hará por escrito, confirmó a elDiarioAR una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Stornelli está citado para este martes, en el marco de la investigación contra los jueces de la Corte Suprema por supuesto mal desempeño. El fiscal promovió durante la feria judicial de enero el archivo de una denuncia basada en las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y el asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles, en las que habrían intercambiado información sobre el fallo del tribunal que favorecería a la Ciudad en la coparticipación.

La mayoría del kirchnerismo en la comisión de Juicio Político decidió citarlo para que explique los pormenores de su dictamen.

Stornelli informó a través de la Procuración General de la Nación que declararía por escrito, en base a la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard, le respondió con un oficio que debía presentarse a declarar personalmente ante los diputados, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la comisión parlamentaria para los fiscales federales y nacionales.

En contraposición, la Ley Orgánica a la que apeló Stornelli sostiene que están exentos del deber de declarar ante los tribunales en caso de ser citados como testigos. Si así lo fueran, deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes, dice la ley. Citando esta normativa, votada por el Congreso, es que Stornelli sostiene que debería presentar un escrito en base a un pliego de preguntas que debería enviarle la comisión de Juicio Político, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal a elDiarioAR.

“Hay un conflicto de normas que incluye un conflicto de poderes”, admitió la fuente. Si bien la ley no habla de citaciones como testigos ante una comisión parlamentaria, en el Ministerio Público Fiscal consideran que debería aplicarse este artículo de la norma por encima del reglamento de la comisión.

La misma “contradicción” ocurre entre el reglamento de la comisión y el Código Procesal Penal para los integrantes del Poder Judicial de la Nación.

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

Son días clave en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados: este miércoles habrá reunión de asesores parlamentarios, previo de la reunión de los legisladores que tendrá lugar este jueves a las 11 y en la que el Frente de Todos expondrá sus argumentos para abrir una investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño, impulsada por el presidente Alberto Fernández a través de un pedido de jury contra los magistrados. En el máximo tribunal ya preparan su defensa, aunque dividida por su propia interna política.

Esos argumentos están siendo volcados en un informe de admisibilidad, como se denomina técnicamente a la presentación de las causales que ameritarían iniciar una investigación contra los jueces Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión parlamentaria y sólo necesita una mayoría simple (la mitad más uno) para conseguir la apertura de esta nueva etapa, por lo que sabe que lo logrará.

Para la oposición, este jueves será “el primer Día D en la comisión”, aseguró una fuente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Se espera una sesión extensa y cargada de tensiones. Tras la aprobación del o los informes de adminisibilidad, comenzarán las citaciones a testigos para declarar ante la comisión y medidas de prueba que podrán ordenar los diputados.

En Juntos por el Cambio (JxC) esperan que todos sus 14 diputados en la comisión expongan este jueves. El diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de JxC, dijo a elDiarioAR: “Vamos a demostrar con argumentos claros y firmes porqué el pedido de juicio político del kirchnerismo a la Corte Suprema es un disparate que se diluye en sí mismo. No se puede juzgar a un magistrado por sus sentencias y muchísimo menos si no son de fondo. La Corte Suprema no ha legislado, como dice el oficialismo; vamos a demostrar que se trata de una maniobra del Frente de Todos para disciplinar a toda la Justicia”.

La oposición y Lorenzetti

Los informes de admisibilidad deben ser sometidos a votación en la comisión, pero aún no está definido el método que se aplicará este jueves, explicó una fuente parlamentaria con acceso directo a las discusiones de los diputados.

La presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos) tenía la intención de que se sometiera a votación el combo de acusaciones contra los cuatro jueces y por todos los expedientes que tramitan por presunto mal desempeño. 

Sin embargo, la oposición quiere separar los tantos, ya que está dividida en un punto clave: el bloque de la Coalición Cívica (CC), que integra el interbloque JxC, presentará su propio informe de admisibilidad para impulsar una investigación contra sólo uno de los jueces de la Corte, y al que la fuerza política liderada por Elisa Carrió viene denunciando desde hace años. El primer pedido de juicio político de la CC contra Lorenzetti data de 2017, pero nunca se había tratado en la comisión hasta ahora. 

“Con la diputada (Paula) Oliveto estaremos presentando nuestro propio informe de admisibilidad con respecto a Lorenzetti y en base a los argumentos que hemos expuesto en nuestros dos pedidos de juicio político en su contra. Con respecto a los pedidos de juicio político contra el resto de los jueces de la Corte, la Coalición Cívica va a rechazarlos”, ratificó el diputado Juan Manuel López (CC y vicepresidente de la comisión) en diálogo con elDiarioAR.

El resto de JxC (UCR y PRO) no sólo rechazará el informe del Frente de Todos contra los cuatro jueces, sino que tampoco acompañaría el informe de admisibilidad de sus aliados, que cuenta con dos diputados en la comisión, de acuerdo con una fuente consultada en el interbloque.

La Coalición Cívica prefiere que se vote expediente por expediente, y separar los cargos juez por juez, en el mejor de los casos. Eso le permitiría rechazar los cargos contra los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, y votar a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti sólo por los expedientes que ha presentado esta fuerza política y no por los cargos que le endilga el Frente de Todos al ex presidente del máximo tribunal. Es que los argumentos de unos y otros son totalmente diferentes. 

Los aliados de Carrió apuntan al manejo de fondos económicos de la Corte durante las presidencias del juez de Rafaela y no a sus sentencias, que en el caso de las acusaciones del oficialismo coinciden con los votos del resto de los supremos.

Apertura 

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a elDiarioAR hace dos semanas. De ser así, el oficialismo buscaría un punto de conexión con la CC.

La apertura de una investigación en la comisión de Juicio Político es el paso previo para “el segundo Día D”, como lo llaman en el bloque de la UCR: una vez finalizada la investigación deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, el Frente de Todos se enfrentará al dilema que viene arrastrando desde hace años: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esta etapa del proceso. necesita los dos tercios de los votos para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Entre las medidas de prueba que vendrán en las próximas semanas, el oficialismo citará a Silvio Robles (vocero y mano derecha del juez Rosatti) y al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro por el caso de los chats filtrados tras el hackeo al teléfono del funcionario porteño, en el que Robles supuestamente adelanta información sobre el fallo que elevó el enfrentamiento entre el Gobierno y el kirchnerismo con el máximo tribunal hasta su punto más álgido: la medida cautelar dictada por la Corte de forma unánime a favor de la Ciudad en el reparto de los fondos de impuestos nacionales que se coparticipan entre el Estado nacional, las provincias y la Capital Federal.

La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explican fuentes con acceso directo a los magistrados. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un escenario en el que la Corte arriesga mucho.

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En el pico de las tensiones que desde hace años divide a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los cuatro ministros del máximo tribunal mantendrán este jueves por la mañana el primer plenario del año, informó una alta fuente del Palacio de Justicia a elDiarioAR.

Ante la consulta de este medio, los voceros institucionales del tribunal no confirmaron el encuentro, pero en los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se preparaban para verse las caras de manera presencial antes del mediodía, con el clima de mayor presión sobre sus espaldas: 14 pedidos de juicio político por presunto mal desempeño que el oficialismo buscará activar en la comisión de la cámara de Diputados.

El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Justicia, casi en paralelo al inicio de la segunda sesión de la comisión de Juicio Político, que este jueves a partir de las 11 comenzará a escuchar a quienes solicitaron los proyectos contra los ministros de la Corte. 

En el plenario, los cuatro ministros de la Corte deberán fijar la agenda del tribunal para los próximos meses, incluyendo qué casos tendrán prioridad y qué audiencias públicas se realizarán (hay pendientes varias por temas medioambientales con incidencia política, como la de los desmontes en el Gran Chaco argentino, conocida como la demanda del Yaguareté contra las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero).

Los jueces de la Corte deberán tratar las recusaciones presentadas por el Gobierno, que solicitó a los ministros del tribunal que se abstengan de intervenir en la disputa judicial por la coparticipación de los impuestos nacionales entre el Ejecutivo nacional y la Administración porteña. Además, deberán fallar sobre el recurso de reposición presentado por el Gobierno nacional por este mismo caso. En ambos puntos, se espera el rechazo de ambos planteos del presidente Fernández.

El máximo tribunal también tiene pendiente fallar sobre la causa Dólar Futuro, que incide directamente en el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los jueces ya tienen desde finales de año un dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitando que revoquen los sobreseimientos anticipados de la expresidenta y del resto de los acusados (como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce) y ordenen realizar el juicio oral y público que nunca comenzó.

Además, los jueces deberán decidir si asistirán a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dé su discurso ante el Congreso. Es tradición institucional que los ministros de la Corte asistan, si es que este año son invitados, dado el abierto enfrentamientos con el Gobierno, que busca la destitución de los magistrados.

El primer plenario de los jueces no pasará sin que surja debate sobre el hecho que activó que el Presidente solicitara la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con los pedidos de juicio político contra la Corte (los que estaban sin avances desde hace años y el que presentó el propio mandatario junto a 14 gobernadores aliados por el fallo de la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires).

Se trata de los chats filtrados en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro en los que el funcionario intercambió información con Silvio Robles, vocero y director de la vocalía del presidente de la Corte, Rosatti, sobre el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los fondos para financiar la policía porteña.

La Corte está atravesada con una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques: el trío que conforma la mayoría (integrado por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018. 

En el marco de esa pelea interna de poder, Lorenzetti hizo saber a través de periodistas y allegados que solicitará al trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz la salida de Silvio Robles, vocero y principal asesor del presidente de la Corte, como informó elDiarioAR.

Aunque los jueces saben que los pedidos de juicio político en su contra no podrán avanzar hasta el final, ya el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para acusarlos en el recinto de Diputados ni para destituirlos en el Senado, aguardan una larga embestida del Frente de Todos en los medios de comunicación a través de la actividades de la comisión de Juicio Político. 

Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz preparan una defensa conjunta. Los jueces de la mayoría, además, ya mantuvieron sus conversaciones durante enero, sin Lorenzetti, aseguró una fuente del tribunal.

En la sesión de este jueves en la comisión parlamentaria está previsto que expongan:

La sesión de la comisión de Juicio Político podría extenderse más de cuatro horas. Los diputados de distintas fuerzas políticas podrán preguntar a los expositores por sus argumentos para solicitar el jury de los jueces del máximo tribunal. 

El próximo jueves 9 de febrero se espera que los diputados de la comisión voten el informe de admisibilidad, el paso necesario para abrir las investigaciones por los 60 hechos denunciados contra los ministros de la Corte. El oficialismo tiene mayoría (cuenta con 16 diputados sobre 31), por lo que se entiende que el informe sería aprobado e iniciaría la etapa de medidas de prueba.

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Los movimientos y el posterior archivo de la denuncia contra el vocero y principal asesor del presidente de la Corte Suprema evidenciaron cómo la interna dentro del máximo tribunal impacta en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que terminaron despertando sospechas en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, de acuerdo a fuentes judiciales y parlamentarias consultadas en los últimos días por elDiarioAR. 

Tanto el juez Horacio Rosatti como el asesor Silvio Robles retomaron la rutina de trabajo en el Palacio de Justicia, con el principal frente judicial controlado: el juez federal Sebastián Ramos archivó una de las denuncias por el contenido de los supuestos chats que se filtraron en un sitio de internet luego del hackeo al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña, una decisión de la Corte que despertó la ira del Gobierno y un grupo de gobernadores oficialistas en diciembre último.

En la comisión parlamentaria que inició el proceso para investigar a los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño, el oficialismo comenzó a indagar cómo fue que esa denuncia terminó en el juzgado de Ramos y en su posterior archivo, cuando, en principio, la denuncia había caído por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, quien, según pudo reconstruir este medio de fuentes directas de su juzgado, tenía una postura muy distinta a la de Ramos y el fiscal que intervino en la causa, Carlos Stornelli. Lijo no iba a archivar la denuncia sino a activar medidas de prueba.

Sin embargo, como el juez Lijo se encontraba de vacaciones, la denuncia contra Robles ingresó en un periplo tribunalicio y pasó por cuatro jueces y dos fiscales hasta llegar a su destino final, por ahora, en el juzgado de Ramos y su posterior archivo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir está atravesada desde 2016 por una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques irreconciliables: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Juan Carlos Maqueda; y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Ricardo Lorenzetti, quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018). 

Comodoro Py también está atravesado por la interna de la Corte. Los alineamientos con los jueces de la mayoría no se construyeron sobre bases inamovibles, pero los alineados con Lorenzetti tienen nexos mucho más fuertes, aunque son menos. 

El trío que conforma la mayoría en el máximo tribunal sabe que la mayoría de los jueces y fiscales federales de Py no quiere avanzar con la denuncia contra Robles o hacerle lugar a eventuales pedidos del oficialismo en la comisión de Juicio Político para, por ejemplo, llevar a Robles a declarar por la fuerza pública al Congreso. El fiscal Carlos Stornelli es uno de ellos, confió un testigo directo de sus conversaciones con voceros de la Corte. 

De hecho, otro expediente vinculado a la Corte ya les dejó en claro a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz ese quiebre entre dos sectores de Py: la investigación penal por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social de los judiciales, que administra la Corte y que también será uno de los puntos que el oficialismo busca investigar en la comisión de Juicio Político. 

La mayoría suprema sospecha que la denuncia fue impulsada por Lorenzetti (la presentó un dirigente sindical de los judiciales). Recayó por sorteo en el juzgado de Lijo, de muy buena relación con el ex presidente de la Corte, luego de que el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz le recortaran su poder en el máximo tribunal y lo desplazaran, no sólo de la presidencia, sino del manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación. 

El expediente está a cargo del juez Lijo y del fiscal Stornelli, quienes mantienen una disputa por el futuro de la causa. Stornelli pidió su cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación. 

Este mismo escenario iba a repetirse con la denuncia contra Robles. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado de Lijo. El fiscal de turno era Carlos Rívolo, quien se inhibió de intervenir en el caso porque su nombre figura entre los supuestos contactos estrechos de D’Alessandro, según la filtración tras el hackeo.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, José Agüero Iturbe, designó entonces a Stornelli para ocupar el lugar de Rívolo. Mientras tanto, Lijo estaba de vacaciones por la feria de enero y la jueza María Servini firmaba por su juzgado. Servini se excusó de intervenir en la denuncia contra Robles porque involucraba a D’Alessandro, con quien la jueza explicó en un escrito que había tenido una relación de amistad cercana pero estaban enemistados. 

Servini no sólo se excusó, sino que envió la denuncia nuevamente a sorteo, extrayendo el expediente del juzgado de Lijo. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien inmediatamente envió el caso a la Cámara Federal porteña, planteando que debía volver al juzgado de Lijo.

El presidente de la Cámara de Apelaciones ordenó que la causa siguiera en el juzgado de Capuchetti y que al regresar Lijo de sus vacaciones, los jueces se pusieran de acuerdo entre ellos. Capuchetti entró de vacaciones al lunes siguiente. Debía firmar por su juzgado Julián Ercolini, quien no podía intervenir por estar denunciado por la filtración de otro conjunto de chats hackeados a D’Alessandro en el caso Lago Escondido. Así, la denuncia terminó en el juez Ramos.

El archivo

Hace dos semanas, el juez Ramos tomó la decisión de archivar la denuncia y no avanzar en la apertura de una causa contra Robles siguiendo la línea planteada por el fiscal Stornelli en un dictamen. Stornelli consideró que no se podía avanzar en la investigación penal porque la principal prueba, los chats, provienen de una intervención ilegal de comunicaciones telefónicas y por lo tanto, el punto de partida de la denuncia es un ilícito que inhabilita la utilización de esos chats en un proceso judicial, según informó la agencia estatal Télam. 

Robles había sido denunciado por el abogado Gastón Marano, ex asesor de la oposición en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso y defensor de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los procesados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia se basaba en las publicaciones de los chats en diversos medios de comunicación.

La presentación de Marano se suma a otras tres denuncias contra Robles por el caso de los supuestos chats y al menos una orden judicial a la Policía Federal Argentina (PFA) que no se ejecutó: la intimación al asesor para que entregue su teléfono celular para “peritar si los chats son reales”, como solicitó el juez Guillermo Molinari, de Santiago del Estero. 

Hay otras tres causas aún abiertas: las iniciadas por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja), que ya llegaron a los tribunales porteños, donde seguramente se acumularán con la denuncia de Marano y podrían ser también archivadas.

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició un cuarto expediente en los tribunales federales de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla solicitó la primera medida de rigor antes de dar traslado a la fiscalía, que decidirá si debe o no abrirse un nuevo expediente.

“La denuncia se archivó pero ni el juez ni el fiscal plantearon el sobreseimiento de Robles. Eso significa que la causa no está cerrada, sino archivada y, por lo tanto, la denuncia podría ser eventualmente desarchivada y reabierta”, afirmó a elDiarioAR el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de todos), integrante de la comisión de Juicio Político.

Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había “ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente” que no fueron los chats obtenidos ilegalmente que le permitan avanzar con la investigación, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con “los más básicos e irrenunciables principios constitucionales”. Esta es una de las líneas que mantiene la jurisprudencia, pero no es la única y no es la que el juez Lijo hubiese aplicado, confirmó elDiarioAR de fuentes judiciales.

La prueba ilegal

En una tesis presentada ante la Universidad Torcuato Di Tella en 2014, Federico Morgenstern, principal asesor penal del juez Rosenkrantz y secretario letrado en la Corte, escribió a favor de repensar si ciertas pruebas obtenidas de manera ilegal deben rechazarse en todos los casos. “¿Cuál es el camino apropiado cuando en un proceso penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado?”, se preguntó el letrado, como publicó el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino el domingo último. 

Los chats obtenidos tras el hackeo ilegal al teléfono del ministro D’Alessandro -que el funcionario porteño, actualmente de licencia por este caso, sostiene que son falsos y fueron adulterados- entrarían en la categoría de pruebas ilegales. “La exclusión probatoria indiscriminada y automática (de una prueba sólo por el hecho de haber sido obtenida de manera ilegal) es una solución equivocada” y “no hay una previsión legal expresa que prohíba usar la prueba ilícita”, tampoco constitucional, afirmó Morgenstern.

“El sistema vigente debe ser reconfigurado”, a excepción de “los casos de tortura, coacción física y/o psicológica y engaño” por parte de las fuerzas de seguridad o autoridades, que sí deben excluirse como pruebas de manera automática, aclaró.

No es lo que plantean los antecedentes mayoritarios. “Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y doctrina argentina pueden reducirse a estas cuatro proposiciones centrales: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías irregulares; y la exclusión es el único (o mejor) remedio para afrontar la situación”, explicó Morgenstern, también autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”.

Pero Morgenstern se basó en antecedentes de otras jurisdicciones como Alemania, los países del common law, Noruega y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué hace primar la necesidad de utilizar este tipo de pruebas? “El descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y el conocimiento de la violación por parte del agente público”, escribió el secretario letrado de la Corte.

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Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz comenzaron a preparar sus defensas de manera conjunta ante el avance de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal. El cuarto integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien mantiene un enfrentamiento con sus colegas, elaboraría por el momento su propia defensa.

En el Palacio de Justicia, donde los cuatro jueces volverán a verse las caras en febrero, luego de la feria de verano, los magistrados y sus principales colaboradores se alistan para dar la pelea “con argumentos”. Aunque saben que los pedidos de juicio político en su contra no podrán avanzar hasta el final, dado que el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para acusarlos en el recinto de Diputados ni para destituirlos en el Senado, aguardan una larga embestida del Frente de Todos en los medios de comunicación a través de la actividad de la comisión de Juicio Político. 

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir por presunto mal desempeño está atravesada con una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Maqueda; y Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018. “Las diferencias son irreconciliables”, aseguró una alta fuente del tribunal.

En el marco de esa pelea interna de poder, Lorenzetti hizo saber a través de periodistas y allegados que solicitará al trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz la salida de Silvio Robles, vocero y principal asesor del presidente de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña.

Para el trío que conforma la mayoría soltar la mano de Robles en medio de la embestida oficialista sería un error estratégico, explicó una fuente al tanto de la defensa que preparan los jueces. Además, el asesor de Rosatti cumple una función central en la organización del Consejo de la Magistratura, que preside el magistrado y se encarga de la selección y sanción de los jueces nacionales. El control sobre el funcionamiento de este organismo es uno de los puntos centrales de conflicto entre el kirchnerismo y la Corte.

Los chats o supuestos chats (el ministro D’Alessandro, quien debió pedirse licencia del cargo por este caso, asegura que son falsos o están adulterados) fueron el argumento central del Gobierno y un grupo de gobernadores para activar la avanzada sobre la Corte en la comisión de juicio político. Hasta la filtración de esas conversaciones, varias denuncias contra los jueces del tribunal se acumulaban en la comisión, sin movimientos.

La publicación de esos chats ocurrió tras el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires que aumentó de manera cautelar los fondos de impuestos coparticipables que el Gobierno debe entregarle a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En las próximas dos semanas, la comisión en Diputados debe escuchar a los autores de los 14 pedidos de juicio político presentados contra los jueces de la Corte y se espera que el jueves 9 de febrero se vote el informe de admisibilidad de las acusaciones para dar inicio a la investigación, que podría alcanzar unos 60 hechos, explicó al final de la primera sesión el diputado Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en la cámara baja. El oficialismo tiene mayoría en la comisión, por lo que se entiende que el informe será aprobado.

Los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz cuentan con el apoyo de Juntos por el Cambio, pero el juez Lorenzetti tiene pedidos de juicio político por parte de la Coalición Cívica (CC), liderada por Elisa Carrió e integrante del principal bloque opositor. El oficialismo ya adelantó que apoyará por primera vez el avance de las denuncias de los “lilitos” y ese punto es la principal preocupación de Lorenzetti, afirmó a elDiarioAR un allegado al juez de la Corte.

A su vez, Juan Manuel López, diputado de la CC y vicepresidente de la comisión, adelantó a este medio hace dos semanas: “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”, que dejaría al juez de Rafaela afuera de la avanzada oficialista. En el bloque oficialista lo niegan, en la Corte no lo descartan.

Luego, comenzará una etapa clave que deberá librarse no sólo en la comisión sino también en los medios de comunicación: los integrantes de la comisión deberán escuchar a los testigos. Entre ellos, el oficialismo citará a Robles y D’Alessandro. La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explicó una fuente con acceso directo a los magistrados, y el que nadie en el Palacio de Justicia espera con ansías, a excepción tal vez de Lorenzetti. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un partido que los jueces supremos no quieren ver.

Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) explicó a elDiarioAR que los testigos están obligados a presentarse ante la comisión y que en caso de ausentarse o rechazar la citación, se los llevará por la fuerza pública. “Hay antecedentes de la propia Corte que admiten la facultad del Congreso para ordenar arrestos y usar la fuerza pública en casos en que una persona obstaculice el normal funcionamiento de las cámaras, pero el criterio del bloque es que ese eventual requerimiento se realice a través de un juzgado y que en todo caso sea un juez quien traiga por la fuerza pública al testigo”.

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó Tailhade.

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Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, presentó este miércoles ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia porteño en licencia, por “delitos de tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según un comunicado difundido por el gobierno bonaerense, Kicillof señaló en el texto que la provincia de Buenos Aires “es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema”.

En ese sentido, Kicillof remarcó que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables, habría sido producto “del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

De esta manera, el gobernador se refirió a la filtración de chats atribuidos a D'Alessandro (quien se encuentra de licencia en su cargo), los cuales fueron difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación.

En aquellos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el Gobierno porteño para lograr una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con el Gobierno Nacional, algo que terminó ocurriendo.

“Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, se sostuvo en el texto difundido hoy por el Ejecutivo provincial, refiriéndose a Horacio Rodríguez Larreta.

La presentación judicial a la que tuvo acceso Télam, comprende 14 páginas en las que el gobierno bonaerense denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D'Alessandro, y además aporta como material pruebas de los chats filtrados y los artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.

En la denuncia, el gobierno provincial argumenta que “en los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente”.

Entre otros temas, la presentación también hace alusión al cumpleaños del fiscal de la Ciudad, Juan Ignacio Mahiques, al que los funcionarios denunciados arribaron juntos.

También se pide que se allane “al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a los fines que proceda a la localización de toda documentación o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa”, así como el secuestro de teléfonos móviles “personales y/o corporativos de los denunciados”, con los fines de “proceder a sus pericias respectivas que, permitan reconstruir la información y la vinculación que en la presente denuncia se formula”.

En ese tono, se solicita que se investigue a los denunciados por la “probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal”.

En el marco de la presentación, desde el Ejecutivo provincial precisaron que “las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma”, y agregaron que actualmente “el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional”.

“Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”, se puntualizó desde el gobierno de la provincia.

La difusión de supuestos chats que el ministro porteño intercambió con Robles sacudió la interna de Juntos por el Cambio (JxC). Tras el escándalo, D'Alessandro dispuso tomar una licencia “temporaria” en su cargo, para “ordenar cosas familiares” y “preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames”.

La denuncia se suma a las presentaciones judiciales realizadas por los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de La Rioja, Ricardo Quintela contra el asesor de la Corte Suprema y el ministro de Seguridad porteño. El 6 de enero pasado, el Gobierno Nacional también presentó contra D'Alessandro una denuncia por la posible comisión de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.

A continuación, el documento de la denuncia:

LC con información de agencia Télam

El juez federal Sergio Ramos cerró una causa contra Silvio Robles, secretario del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que se había iniciado por los supuestos chats filtrados con Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño con pedido de licencia.

En su duro fallo, el juez consideró que debía archivarse el expediente porque las comunicaciones fueron obtenidos a través de espionaje ilegal.

La causa se inició con una denuncia que presentó el abogado Gastón Marano contra Robles y D'Alessandro por las comunicaciones que presuntamente tuvieron en torno al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que se filtraron a la prensa.

“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo Ramos. Los chats fueron obtenidos hackeando el celular de D'Alessandro.

El juez hizo referencia a que las intervenciones ilegales a la vida privada de las personas fueron un método que usó la última dictadura militar.

“El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique”, planteó y añadió que de ninguna manera el Estado ni otros actores deben inmiscuirse en la “vida privada de forma ilegal”. “Esta protección, vuelvo a reiterar, sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar”, subrayó.

En la iniciativa de juicio político que impulsa el Gobierno contra la Corte Suprema, una de las acusaciones está basada en los chats entre Robles y D'Alessandro.

CRM