Cuando el 23 de noviembre pasado, Camilo Parra Zurita, de 22 años, fue asesinado a tiros mientras viajaba en su auto en las afueras de Santiago de Chile, sus familiares y amigos atinaron a hacer una cosa: mandaron a instalar una carpa que cortó la calle principal de la comuna de San Ramón, donde Camilo había nacido y vivía. 

Al poco tiempo, llegó el escenario y lo que siguió fueron cinco días, y noches, de espectáculos musicales, strippers, fuegos artificiales, gente, llantos y tiros al aire. En las esquinas, había unos pocos vecinos curiosos que no se habían encerrado en sus casas y cámaras de televisión que intentaban registrar lo que ocurría. Mientras la policía local, muchos con los rostros tapados como medida de seguridad, observaba e intentaba contener la situación.  

Aunque las razones detrás del asesinato de Camilo todavía no son claras, existen teorías sobre un posible ajuste de cuentas. Es que el joven era sobrino de un narcotraficante local.

Un narco funeral era lo mínimo que se merecía.

Este tipo de eventos, importados de otros rincones de América Latina e inspirados en la narco cultura que irradian las plataformas de series, se están volviendo cada vez más comunes en Chile, un país que durante años fue considerado uno de los más pacíficos de América Latina.

“Con esto están dando una señal de poderío y lo que muestra es que estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado”, dijo Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, en declaraciones a la televisión Pública de Chile. 

Toro se refiere al drástico aumento de la criminalidad, ilustrada en la suba de homicidios y secuestros. De hecho, la tasa de homicidios pasó de 4,5 a 6,7 por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2022, según el primer informe oficial que incluye datos de diversos organismos públicos. Aunque en 2023 se registró una pequeña baja, la Fiscalía de Chile ha documentado un repunte en lo que va de este año. 

Pia Greene Meersohn, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián de Chile, dice que el aumento de casos de homicidios de personas que no se conocían entre sí y de las extorsiones hablan de un cambio profundo de las dinámicas criminales. “La forma como se lleva a cabo el delito habla de crimen organizado porque su modus operandi es buscar sembrar miedo”, explica. 

Pablo Zeballos, analista e investigador de campo, dice que el tipo de violencia que se observa recientemente en Chile, casi inédita hasta el momento, responde a nuevas dinámicas presentes en toda la región, relacionadas con la exhibición. 

“Antiguamente, el criminal trataba de evitar que alguien supiera que era criminal. Lo que estamos observando con los narco funerales, con los monolitos que es un fenómeno complejo de la exhibición criminal, es el sentirse orgulloso, sentirse tener una vinculación, ser parte de algo. Y eso genera un fenómeno muy complejo, que es la formación de pandillas de carácter identitario que son las más férreas y las más difíciles de abordar”, dice.

Organizaciones transnacionales

Chile, ubicado estratégicamente en la zona de tránsito entre los principales países productores de cocaína (Bolivia, Perú y Colombia) y cannabis (Paraguay) y las rutas de tráfico internacionales había, hasta el momento, logrado permanecer por fuera de los centros de operación de las organizaciones internacionales.

Pero en la última década, todo eso cambió drásticamente. Entre las razones, los expertos destacan tres factores clave: La enorme y altamente permeable frontera que separa Chile de los principales países productores de drogas, la relativamente estable situación económica del país y grupos migrantes vulnerables de explotación. 

“El narcotráfico es la base de todo”, explica Greene Meersohn. “Para que la droga entre a Chile, al menos una persona tiene que mirar para el otro lado. Y a esa persona se le paga en plata o en droga. Y ahí empieza a haber más cantidad de droga disponible y nos volvemos un país más consumidor. Ahí el crimen organizado se va instalando, empieza a formar su red logística y las bandas se empiezan a pelear y sube la violencia y comienzan a llegar delitos que prácticamente no conocíamos como el secuestro, el sicariato, el gota a gota, las extorsiones”.

La policía de investigaciones de Chile ha identificado al menos unas diez bandas criminales que actualmente operan en Chile, la mayoría proveniente de otros países de América Latina donde el crimen organizado ya está fuertemente asentado. 

Entre ellas, la más poderosa es el Tren de Aragua, una megabanda que se originó en las cárceles de Venezuela en 2014, y, desde allí amasó una fortuna a fuerza de cobro de extorsiones y reclutamiento entre las personas privadas de su libertad. Desde allí, el grupo desarrolló un amplio portafolio delictivo que hoy cuenta con unas 20 actividades entre las que se encuentra el tráfico de drogas y personas, robo, extorsiones, secuestros, sicariato y minería ilegal, entre otras. 

Ronna Rísquez, periodista de investigación que lleva años siguiéndole la huella, dice que el grupo, además, logra ejercer un enorme control territorial en las zonas en las que se establece. “En los territorios donde ellos se establecen ejercen una gobernanza criminal que obliga a los locales a someterse a estrictas reglas, que va desde el cobro de vacuna por tener un comercio, modificar tu casa u obtener aprobación para trabajar en un lugar o enviar a tu hijo a la escuela. Quienes no cumplen son sometidos a la violencia”, aclara.

Rísquez explica que una de las habilidades del grupo es encontrar oportunidades criminales en contextos adversos. Esto es justamente lo que vieron en grupos migratorios de personas que, acorralados por la crisis humanitaria en Venezuela, huyeron del país, muchos a pie. Esto les ayudó a expandirse a al menos seis países de América Latina y llegar hasta Estados Unidos. Miembros del Tren de Aragua suelen cobrar a los migrantes para transportaros, los extorsionan, abusan de ellos y los usan como parte de sus estrategias para establecer una presencia en otros países.

La política de Boric

La expansión de organizaciones criminales y la disparada de la violencia en toda la región ha generado respuestas diversas. Mientras Nayib Bukele en El Salvador enfocó su política en el encarcelamiento masivo y la gobernabilidad a través de un estado de excepción y Daniel Noboa en Ecuador sacó a los militares a las calles, otros gobiernos, incluidos en Chile, parecen estar ensayando abordajes alternativos.

En una rueda de prensa al comienzo de la crisis de seguridad el 10 de enero, la ministra del interior de Chile, Carolina Rohá dijo que “la realidad de Chile no es la realidad de Ecuador. No estamos en la misma situación. El crimen organizado y el narcotráfico lo estamos enfrentando con legislación, institucionalidad y presupuestos excepcionales”.

Poco más de un año antes, el presidente Gabriel Boric había presentado la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado. Desde entonces, se aprobaron más de 40 leyes relacionadas a la seguridad que establecieron, entre otras cosas, extender las facultades a las fuerzas de policía, la tipificación de delitos como la extorsión y los límites a los narco funerales. El Ministerio Público, por su parte, creó una Fiscalía especializada en crimen organizado y homicidios, con representantes trabajando en varios puntos del país. En el presupuesto de este año, el gobierno ha aumentado el gasto en seguridad pública, incluyendo en sueldos para la policía nacional. 

Zeballos, que trabajó en la policía de Chile durante 20 años antes de dedicarse a la investigación, dice que las medidas son positivas, pero que las leyes y el presupuesto, por sí solos, no son suficientes. Dice que aun si disminuyen los homicidios, el riesgo es que el crimen organizado eche raíces en el país y en muchos casos, ocupando el rol del Estado. 

“Las organizaciones criminales, cuando ya han logrado su objetivo de tomar el control territorial y ya no necesitan luchar ni contra el Estado ni contra otras organizaciones criminales, tienden a bajar rápidamente su nivel de violencia y normalmente los gobiernos sienten que lograron una gran batalla contra el crimen organizado, pero en realidad lo que ha pasado es que la organización criminal se ha asentado fuertemente, tiene control del territorio”, explica. 

“Yo siento que estamos viviendo una transformación criminal compleja en la región, que requiere medidas complejas y distintas. Pero para poder saber qué medidas utilizar, primero tienes que comprender a qué te enfrentas”.

Para Greene Meersohn parte de la respuesta está en mejorar la coordinación entre agencias de gobierno, la capacidad para obtener inteligencia sobre las organizaciones criminales para desarticularlas y abordar las dinámicas complejas que ocurren dentro de las cárceles que, como en Venezuela, son utilizadas por organizaciones criminales para expandirse y desarrollar poder. “Hoy las cárceles además de ser universidades del delito son la casa matriz del crimen organizado. Las cárceles tienen gran poder operativo, gran poder de fuego, gran poder de financiamiento y forman un círculo vicioso. Entonces, mientras tú no tengas una cárcel que efectivamente te ayude a reparar, a rehabilitar y a reinsertar esta persona en la sociedad no vas a tener el quiebre del círculo del crimen organizado”, reflexiona. 

“Si hoy me preguntas qué hay que hacer, dónde hay que invertir, te digo que, en la cárcel. Pero no construyendo más: meter gente a la cárcel no sirve de nada. Y como el Estado no tiene capacidad de manejar toda la cantidad de gente que mete a la cárcel se empieza a crear un Estado paralelo. La respuesta no es ni una cosa ni la otra, ni es ni cárcel para todo el mundo ni cárcel para nadie. Si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo mismo, entonces, busquemos alternativas que funcionen,” dijo.

“Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext” 

Luis Chonillo se dirigía a jurar el cargo como alcalde de una de las ciudades más violentas de Ecuador cuando unos pistoleros atacaron su comitiva para matarlo. “Me quedan dos minutos de vida”, recuerda haber pensado el político de 39 años mientras se encogía de miedo en el baño de una casa a la que entró corriendo. El 15 de mayo de 2023, aquel tiroteo terminó con la vida de un transeúnte y de dos policías que hacían de guardaespaldas. Chonillo huyó al extranjero con su familia, que todavía no ha regresado a Ecuador, y los asesinos no han sido capturados.

Ocho meses después, mientras Ecuador se tambalea por uno de los peores brotes de violencia de su historia reciente, Chonillo sigue sin poder ocupar el despacho del ayuntamiento azul celeste de Durán. “Me digo que soy un alcalde nómada”, dice desde una casa segura “en lo profundo de las montañas” de Ecuador. “Hoy puedo estar en una ciudad y mañana en otra, nunca paso más de dos noches en el mismo lugar... Tengo escolta policial y la mayor parte del tiempo trabajo por Internet”, añade. “Desde mi primer día [en el cargo] no he podido sentarme en la silla del alcalde ni una sola vez, ni una sola vez, solo he ido al ayuntamiento en dos ocasiones”.

La opinión pública mundial ha presenciado el vertiginoso descenso de Ecuador a la violencia del narcotráfico tras el estallido de la semana pasada y el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en 2023. Pero para las cerca de 300.000 personas que viven en este municipio de la costa del Pacífico, el derramamiento de sangre sin fin no es ninguna novedad. “El año pasado perdí a cuatro amigos”, cuenta una vecina, enfermera, que pide mantener el anonimato.

En voz baja, la mujer cuenta cómo uno de sus amigos más antiguos murió durante un tiroteo a pocos cientos de metros de su casa. En un colegio cercano, los criminales tiraron un cadáver delante de la puerta. A un niño le dispararon dentro de su casa. “Es horrible, por todas partes ves gente armada, robando a otras personas; todos los días muere alguien, hay balas a diario, se oyen explosiones y disparos... Ha muerto tanta gente”, dice.

Un punto estratégico

Siguen sin conocerse las causas exactas del caos que se desató la semana pasada tras la desaparición del famoso líder de una banda. Pero en el corazón de la tragedia de Durán, y de todo el país, está el tráfico de grandes cantidades de cocaína sudamericana a Europa.

Separada por el río Guayas de Guayaquil, la principal ciudad portuaria de Ecuador, Durán es un punto estratégico para los cargamentos de droga, cuyo control se disputan las bandas del país, cada vez más poderosas y despiadadas, con el apoyo de organizaciones delictivas de otros países, entre las que hay dos cárteles mexicanos. Según los expertos, la cocaína procedente de Colombia y Perú, los dos mayores productores del mundo, se manda camuflada desde Guayaquil en cajas de plátanos, piñas y gambas que tienen como destino los puertos de Europa y Estados Unidos.

El año pasado, al menos 407 personas fueron asesinadas en Durán por bandas como los Latin Kings y Los Águilas, convirtiendo a esta desconocida ciudad ecuatoriana en una de las más violentas del planeta, al mismo nivel que las mexicanas Colima y Tijuana, famosas por el número de asesinatos que se cometen en ellas. “La violencia que estamos viviendo no es normal”, admite el alcalde de Durán, que atribuye el derramamiento de sangre a una combinación nociva de ubicación estratégica y pobreza, un “caldo de cultivo” para bandas que se aprovechan de adolescentes y jóvenes sin trabajo.

Sumidos en la pobreza, muchos jóvenes se han visto empujados a una vida de delincuencia tras el devastador impacto económico generado durante los años de la COVID-19, cuando se desbordaron las morgues de Guayaquil y los cadáveres terminaron abandonados en las calles. Otro factor es el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno de la vecina Colombia y los rebeldes de las FARC, que controlaban las rutas de tráfico de drogas en el norte de Ecuador. Su disolución hizo que volvieran a estar disponibles para el que lograra hacerse con ellas.

“La policía es el enemigo”

La existencia de las bandas ha convertido los barrios pobres de Durán y Guayaquil en zonas vetadas para los que no son de allí. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo la semana pasada que son “grupos terroristas” y deben ser “neutralizados” por las fuerzas armadas.

El sábado pasado, un escuadrón de la Policía fuertemente armado ofreció a The Guardian una visita a Socio Vivienda, un deteriorado complejo de viviendas de Nueva Prosperina, el barrio más violento de Guayaquil o la versión ecuatoriana de Ciudad de Dios, la famosa favela de Río de Janeiro. Está controlado por el mafioso conocido como 'Comandante Willy', un ex guardia de prisiones que también es líder de la banda Los Tiguerones. Las paredes están pintadas con el lema del grupo, “Dios, paz, libertad”, y otros mensajes, como “Activos 24/7”.

Tras una serie de ataques en 2023, en la que murió una agente de policía, las tres pequeñas comisarías de la comunidad han sido fortificadas con barricadas de acero y sacos de arena. Durante el estallido de violencia que Ecuador sufrió a principios de la semana pasada, los sicarios de las bandas asaltaron una de esas comisarías saqueando sus dependencias, destrozando la cámara de seguridad y rociando las paredes con balas. Otro grupo, al parecer de la misma comunidad, asaltó la cadena TC Televisión, de Guayaquil. Antes de que la policía lograra detenerlos, tomaron a sus periodistas como rehenes.

Este miércoles, fue asesinado, precisamente, el fiscal César Suárez, encargado de interrogar a los 13 detenidos por asaltar el canal de televisión TC y retener a varios de sus trabajadores el pasado 9 de enero.

“Para la policía, esto es una zona de guerra, aquí la policía es el enemigo”, dice a los periodistas el teniente Jorge Alexander Masache Novillo, de 29 años, mientras enseña los restos del local. Sobre el mostrador de una recepción destrozada, un cartel pide a los vecinos que denuncien los delitos. Pero el único visitante de la comisaría es un perro sarnoso que deambula por el edificio sin vigilancia. Fuera se oyen las motos de los vigilantes de las bandas.

Masache asegura que sus agentes han recuperado el control de los bloques de viviendas tras los disturbios de la semana pasada. En un grupo de pisos de cuatro plantas la policía ha pintado su propio mensaje sobre la pared: “Policía Nacional. Unidos por la paz”.

“Nos libraremos de esta pesadilla”

Masache confía en concienciar a los consumidores de drogas en Europa y Estados Unidos. Que sean conscientes de la violencia que su hábito está alimentando, que entiendan que su consumo de cocaína está contribuyendo a sumir en el caos a esta comunidad y a otras similares, dice. “Hemos visto cuerpos decapitados, descuartizados, colgados de puentes... Tienen una infinidad de formas de matar a la gente para asustar a las bandas rivales. Han copiado el modelo mexicano, con niveles de violencia brutales, despiadados”, dice Masache.

Al otro lado del río, la enfermera de Durán confía en que Noboa sea capaz de cambiar las tornas aplicando mano dura en una situación que el propio presidente compara con guerra. En las más de 15.000 operaciones que hasta ahora se han ejecutado por todo el país, el Gobierno afirma haber detenido a 1.534 personas y matado a cinco “terroristas”.

Chonillo, el alcalde de Durán, también se muestra desafiante. En su opinión, el país superará el desastre de las drogas del mismo modo que superó uno de los peores brotes de coronavirus sufridos por América Latina. “Estoy seguro, tengo fe y tengo la convicción de que más temprano que tarde nos libraremos de esta pesadilla y la sociedad recordará todo esto como parte de un pasado oscuro”, dice.

Pero el alcalde itinerante de Durán dice que por el momento no tiene otra opción que gobernar a distancia, celebrando las reuniones con los funcionarios por Internet y haciendo viajes subrepticios a la ciudad donde fue elegido. “No he dejado de ir pero no se lo digo a nadie. Un día puedo estar durmiendo en otra ciudad, y al día siguiente hago un viaje de inspección para visitar una obra pública, pero luego me voy inmediatamente. No puedo quedarme mucho tiempo y no puedo decirle a la gente que voy”.

La enfermera se ha planteado abandonar la urbanización donde vive en Durán, controlada por las bandas, pero no tiene el dinero que hace falta. El año pasado, los ecuatorianos huyeron en números récord hacia el norte, hacia Estados Unidos, a través de la peligrosa selva del Darién que une Colombia con Panamá. “Si el Gobierno no toma las medidas adecuadas, aquí no hay futuro, ni para mí ni para mis hijos”, dice la enfermera, que defiende a Noboa en su ataque a las bandas. “Durán está completamente solo”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El 9 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, firmó un decreto ejecutivo declarando la existencia de un “conflicto armado interno” y disponiendo la intervención de las fuerzas armadas y la policía nacional para “garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”. El decreto identifica más de 20 grupos armados y ordena a las fuerzas armadas a “ejecutar operaciones militares”, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, a fin de neutralizarlos. Esto se da como respuesta a la ola de violencia llevada a cabo por parte de grupos armados en diferentes puntos del país, que incluyen el ingreso de personas armadas a la Universidad de Guayaquil y la toma de un canal de televisión y el secuestro de sus empleados. La aplicación del decreto a la luz del derecho internacional conlleva algunas dificultades que merecen ser analizadas, en particular en lo que respecta a las reglas relativas al uso de la fuerza. 

En términos generales, los Estados son soberanos y pueden calificar este tipo de situaciones, desde la perspectiva de su ordenamiento jurídico interno, como les parezca. Ninguna regla del derecho internacional les prohíbe reconocer, por medio de una declaración, la existencia de un conflicto armado interno. Sin embargo, caracterizar una situación como un conflicto armado interno conlleva la aplicación del derecho internacional humanitario, tanto para el Estado como para los respectivos grupos armados no estatales. Es decir, todas las partes pasarían a tener obligaciones internacionales, que incluyen recoger y asistir a personas heridas y enfermas o tratar con humanidad a toda persona que no participe en el conflicto, incluso aquellas que se encuentren fuera de combate y que en algún momento sí participaron. Lo que es fundamental para la discusión en Ecuador es que el derecho internacional humanitario contiene reglas específicas relativas al uso de la fuerza, que fueron pensadas y concebidas para tiempos de enfrentamientos bélicos, distintas a las que se encuentran en el derecho internacional de los derechos humanos. En conflictos armados, los “objetivos militares” pueden ser atacados lícitamente (a diferencia de las “personas civiles”, que nunca pueden ser objeto de ataque), ya que existe una necesidad militar de derrotar a un enemigo. Al caracterizar a la situación como conflicto armado interno e identificar a grupos específicos, el gobierno de Ecuador parecería estar buscando un fundamento para que sus ataques contra esos individuos y grupos sean lícitos bajo derecho internacional. 

En el derecho internacional humanitario también hay “daños colaterales”, que son personas civiles que son heridas o mueren a causa de un ataque lícito contra un objetivo militar. Un ejemplo concreto serían los civiles que se encuentran viviendo en un departamento aledaño de donde viven los líderes de un grupo armado, y que mueren o son heridos a causa del ataque llevado a cabo por las fuerzas armadas contra esos mismos líderes. De acuerdo al derecho internacional humanitario, la obligación del Estado es de minimizar esas bajas civiles y que los ataques que realice contra los objetivos militares (identificados antes del ataque) sean proporcionales a la ventaja militar que le dé matar a los líderes de ese grupo armado. En términos prácticos, es desproporcional destruir una ciudad en su totalidad y matar a toda la población civil que allí habita solo para dar de baja a un comandante enemigo.

Estas reglas se diferencian de las relativas al uso de la fuerza que se encuentran en el derecho internacional de los derechos humanos, y que están pensadas para mantener el orden y prevenir delitos comunes. Bajo dichos estándares, el Estado solo puede hacer uso de la fuerza como último recurso, por ejemplo, en caso de legítima defensa propia o de otras personas, o de peligro inminente de muertes o lesiones graves. No existen las categorías de “objetivo militar” ni de “personas civiles” o “daños colaterales”. La fuerza pública no se encuentra autorizada a deliberadamente atacar a un individuo o grupos, salvo en los casos mencionados. Podrían, obviamente, detener individuos, siempre que esto sea justificado y de ninguna manera arbitraria.

Frente a este análisis y el decreto presidencial, la pregunta que debe hacerse es si efectivamente hay un conflicto armado interno en Ecuador. El derecho internacional dice que estos conflictos sólo existen cuando dos requisitos están presentes: hay un cierto nivel de intensidad en los enfrentamientos entre el Estado y el grupo armado, que se mide por el número de enfrentamientos y su duración, el tipo de armas y equipamiento militar utilizado, y otros elementos similares; y el nivel de organización del grupo armado debe ser elevado, y debe incluir una estructura de mando y mecanismos disciplinarios, la capacidad del grupo armado para aprovisionarse de armamento y entrenamiento militar, capacidad para planificar, coordinar y ejecutar operaciones militares, entre otras cuestiones. Si alguno de estos dos requisitos no está presente –intensidad de los enfrentamientos y organización de las partes–, entonces no hay conflicto armado interno y el derecho internacional humanitario no se aplica. En otras palabras, la existencia de un conflicto armado interno siempre dependerá de los hechos, y no de las consideraciones políticas de las partes (Estados y grupos armados). 

En Ecuador, en principio, no es evidente que estos requisitos estén presentes para cada actor no estatal. Estos dos requisitos, en efecto, deben estar presentes en la relación bilateral con las fuerzas del Estado ecuatoriano. Es decir, hay que confirmar la existencia de un conflicto armado con la presencia de estos dos elementos entre las Águilas y el Estado, entre las ÁguilasKiller y el Estado, entre las Ak47 y el Estado, y así con los más de 20 grupos. Este análisis, al menos al día de la fecha, no es de público conocimiento. 

¿Qué consecuencias tiene, entonces, el decreto que declaró la existencia del conflicto armado interno? Desde el derecho internacional, ninguna. El Estado no puede ampararse en dicha declaración política a fin de categorizar a grupos armados como “objetivos militares”, sino que debe realizar un análisis pormenorizado y confirmar la presencia de los dos criterios mencionados con anterioridad con respecto a cada grupo no estatal. Esto no implica que la situación no pueda cambiar en los próximos días y que efectivamente se constituyan uno o más conflictos armados internos. Sin embargo, al día de la fecha, el único régimen jurídico internacional que se aplica de forma concluyente a los hechos en cuestión es el derecho internacional de los derechos humanos, que impide a miembros de la policía y del ejército a utilizar la fuerza salvo en caso de último recurso.

Ezequiel Heffes es Doctor en Derecho por la Universidad de Leiden, Master en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Academia de Ginebra y Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado extensamente en la aplicación del derecho internacional humanitario y derechos humanos a actores armados en varias regiones del mundo

Responsables de seguridad de Colombia creen “posible” que Adolfo Macías, alias Fito, el presunto jefe de una banda criminal de Ecuador fugado de una cárcel, pueda estar en su país. “Es posible, pero para eso es que nosotros tenemos un dispositivo amplio para llevar a cabo la captura efectiva de este terrorista”, respondió Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares colombianas, a una consulta al respecto.

El domingo, cuando la policía ingresó a la cárcel Regional de Guayaquil y no encontró en su celda a “Fito”, jefe de Los Choneros, el Gobierno desplegó tropas y lanzó una dura ofensiva contra grupos narcos, que tuvo una respuesta sangrienta.

En declaraciones a W Radio, Giraldo explicó que “hay 20 prófugos (de cárceles ecuatorianas), a los cuales estamos muy atentos”.

Más de una veintena de bandas narco, integradas por unos 20.000 miembros, según el Gobierno de Ecuador, operan en el país en alianza con carteles mexicanos y colombianos.

Vecino de Ecuador y el mayor productor mundial de cocaína, Colombia sigue de cerca el declarado “conflicto interno” ecuatoriano que empieza a permear su frontera.

Para Giraldo “existe una alta probabilidad” que la crisis de Ecuador “deteriore las condiciones de seguridad en la frontera con Colombia”, debido al estatus beligerante que otorgó a las bandas el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

En medio de este cuadro, Noboa anunció la “repatriación” de 1.500 colombianos presos para aliviar el hacinamiento en las cárceles, donde hay unos 3.000 reos de más.

Los militares colombianos también monitorean a Fabricio Colón Pico, líder de la pandilla Los Lobos, que también se fugó de prisión luego de que la fiscal general ecuatoriana Diana Salazar lo acusara de planificar un atentado en su contra.

Colombia militarizó el miércoles la frontera con Ecuador para evitar el paso de prófugos y criminales desde ese país. Giraldo señaló que Los Choneros y Los Tiguerones, que operan en la provincia fronteriza de Esmeraldas, tienen “una relación estrecha” con grupos armados colombianos como el Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC que opera del lado colombiano.

MM

Con información de la agencia Télam.

El Gobierno de Ecuador mantenía hoy la dura ofensiva militar sobre las más de veinte bandas criminales y narcotraficantes que desde hace cuatro días imponen el terror en el país, en una ola de violencia y “guerra interna” que ha dejado 13 muertos.

Más de 22.400 militares desplegados, patrullajes por tierra, aire y mar, requisas en las calles, operaciones en cárceles, toques de queda: el Gobierno del nuevo presidente, Daniel Noboa, no cede ante los ataques del narco en un enfrentamiento que tiene a la población sumida en el terror.

“Quisieron infundir temor, pero despertaron nuestra ira. Creyeron que someterían a todo un país y se olvidaron que las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra”, advirtió el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, en un mensaje en redes sociales.

Aunque la actividad se reanudó levemente en las principales ciudades, muchos comercios se mantenían cerrados, el transporte público circulaba con menor frecuencia de la habitual, universidades y escuelas daban clases de manera virtual y primaba el teletrabajo, describió la agencia de noticas AFP.

“Ceder ante el mal, ¡jamás!, luchar incansablemente ¡siempre!”, dijo en alocución Noboa, de 36 años y en el poder desde noviembre.

Su decisión recibió anoche un apoyo rotundo y unánime del Parlamento unicameral, que además de acompañar la lucha frontal contra el narco hizo un llamamiento a la unidad nacional para fortalecer al Estado en esta crisis.

También se conocieron hoy detalles y fundamentos del decreto ejecutivo por el cual Noboa declaró a las bandas narco como “terroristas” y en consecuencia blanco de la inédita ofensiva militar y policial.

El instrumento legal reveló que las bandas dedicadas al narcotráfico en Ecuador generaron ganancias por más de 120 millones de dólares al año.

La actual crisis empezó el domingo, cuando uno de los capos más temidos desapareció de su prisión en Guayaquil (suroeste).

A la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la principal banda criminal del país conocida como los Choneros, le siguió una arremetida violenta: motines en las cárceles, 139 guardiacárceles retenidos por presos, siete policías secuestrados de los cuales seis ya fueron liberados, ataques con explosivos y vehículos incendiados.

La Policía no ha actualizado cifras y el organismo que administra las prisiones no da información sobre retenidos. Anoche el balance de muertos aumentó a 13 tras un incendio provocado en una discoteca en la Amazonía que dejó dos fallecidos, nueve heridos y 11 locales afectados, en un ataque que la Policía calificó de “terrorista”.

A diario circulan videos en redes sociales sobre crueles asesinatos de miembros de la fuerza pública, supuestos saqueos y ataques. La desinformación y el pánico de la población ha provocado confusión.

En entrevista con Radio Sucesos, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que en la capital “hubo 53 alertas de emergencia de las cuales 18 han sido ciertas”.

La ciudad portuaria de Guayaquil, la más peligrosa del país, retomó paulatinamente su actividad.

La principal avenida de la ciudad se veía esta mañana sin sus habituales embotellamientos, aunque el confinamiento casi total del día anterior cedió. Algunos comercios prevén abrir media jornada y algunos ciudadanos transitaban las calles camino a sus trabajos, al igual que en Quito.

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, Ecuador se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado.

MM

Con información de la agencia Télam.

Tanto esperar un narcogolpe en América Latina, ha escrito Roberto Saviano en el diario milanés Il Corriera della Sera, que finalmente llegó. Pero precisamente en el lugar donde menos se lo temía, hasta hace pocos años. En una nación sudamericana de 18 millones de habitantes, un Estado tapón sobre el Océano Pacífico como el Uruguay lo es sobre el Atlántico. El Ecuador es una cuña entre dos países mayores que lo rodean. Colombia y Perú son grandes productores de cocaína, y han hecho de Ecuador barraca de depósito y puerto de salida de la droga.  

Barracas y Puerto Nuevo

Con el adiós a las armas de la guerrilla marxista de las FARC en 2018, la fragmentación del narco colombiano, la pandemia de 2021 y las crisis venezolanas que encareció y arruinó sus puertos, todo cambió para siempre. Los carteles mexicanos, patrones globales del comercio de la droga,  decidieron que Ecuador, país dolarizado y de economía abierta, de poca población y baja militarización, sería la nueva central de operaciones de inventario continental y despacho comercial mundial.

En 2005, Los choneros, el cartel narco hegemónico hoy en Ecuador, eran una decena de personas. Hoy son decenas de miles sus operadores directos y el cartel sabe hacer que medio millón trabaje estacionalmente para ellos. Deciden alcaldes y candidaturas políticas. El presidente Daniel Noboa decretó el Estado de Emergencia y movilizó a las Fuerzas Armadas en una guerra interior tras enterararse de que estaba fugado de la cárcel el líder del cartel, Fito Macías. La respuesta narco fue inmediata: el terror ultra, unievarsal pero arbitrario. Los narcos dicen ser el principal sostén de un Estado que los traicionó.

Según opiniones expertas, la declaratoria de 'conflicto interno armado' ha sido un error jurídico del Presidente. Pero también ha sido una estrategia política de Noboa. El Gobierno busca responder a la crisis de inseguridad. Y, a la vez, mejorar la imagen de las FFAA y de Seguridad comunicadas que no están infiltradas por el enemigo narco al que acaba de declarar beligerante interno. Hay que añadir que el poder civil sale lesionado, al igual que la Policía, frente a la preponderancia radical otorgada a los militares.

Narcogolpe, voto repudio y castigo narcos al Narcoestado traidor

El presidente Noboa quiere dar pruebas de ferocidad e inclemencia condignas con las su coetáneo salvadoreño Nayib Bukele. En campaña, el joven candidato, hijo del hombre más rico de Eduador, proclamaba que su joven par centroamericano era un modelo por el buen éxito de una rigurosa eficacia represiva. Su modelo, el de Noboa. Su Plan A y su Plan B: el Plan que lo guiaría en su lucha contra el crimen organizado. Un plan de acción en el cual Noboa, que desde el primer día en funciones reconoció que buscará la reelección y un segundo mandato, ve una fuente de popularidad: Bukele es uno de los presidentes más populares del hemisferio, con una propularidad constante, sin altibajos.

Desde que asumió, el presidente de El Salvador, otro país que dolarizó, lleva adelante una espectacular política de tolerancia cero contra las pandillas, con construcción de cárceles monumentales para encerrar a los pandilleros. Noboa ya ha puesto en marcha la construcción de dos instituciones penales rigurosas. Entre tanto, las que hay son porosas. La fuga de Fito, a quien en su celda sustituía un doble, ocurrió mucho antes de que el personal penitenciario la advirtiera, o declarara.

La guerra interna, una continuación de la cárcel por otros medios

Al enterarse tardíamente de la temprana huida de Fito, el Presidente declaró dos meses de Estado de Emergencia, ordenó controles personales en rutas y puertos, inició una caza del Enemigo Público N° 1 con helicópteros, llamó a las Fuerzas Armadas. Esto desencadenó la respuesta narcogolpista: el terror indiscriminado. Consignas por Tik Tok e Instagram para los soldados de la causa de Fito. Que después, por los mismos medios, difunden las imágenes atroces de sus misiones cumplidas: marchas con bazookas por los centros urbanos, familias disparadas al boleo en los parques, menores con heridas sangrientas, personas secuestradas que servirán como rehenes y peones de la presión para volver al statu quo anterior. El Gobierno ordenó cortes de electricidad y de servicios de internet.

 No sólo se priva a la ciudadanía, con la emergencia y el toque de queda, de las garantías constitucionales. El gobierno derechista también ha decretado, en comunicaciones verbales más que por instrumentos administrativos, la legalidad del gatillo fácil. Le ha hecho saber a las Fuerzas de Seguridad que la policía puede disparar a quien juzgue necesario en la guerra interna contra el narco, y que los agentes no serán perseguidos por esas balas.

El anuncio ha hecho que Los choneros también hagan lo mismo, también disparen a sabiendas de que no rendirán cuentas a nadie. Ya lo hacían, de todos modos.

El gobierno del flamante presidente y joven empresario bananero millonario Daniel Noba, todo invita a creer, negociará. También Bukele había negociado, a escondidas, con las pandillas. Pero en Ecuador los costos amenazan con ser inmensos. Si no impagables en el excepcionalmente breve período presidencial de Noboa. Su mandato dura sólo dieciocho meses, los que completan el período inconcluso de su antecesor, terminado abrupta y anticipadamente. El también derechista y millonario Guillermo Lasso, un ex banquero, había renunciado y disuelto la Asamblea Nacional, impotente frente a la violencia en aumento y las fugas carcelarias, males que también él combatía declarando Estados de Emergencia de 60 días.

AGB

Varios encapuchados armados con fusiles y machetes irrumpieron este martes 9 de enero en el canal de televisión ecuatoriano TC, en la ciudad de Guayaquil, y sometieron a sus empleados durante más de una hora. Tenían como objetivo entrar en un programa que se estuviera emitiendo en directo para lanzar consignas contra las instituciones y el Gobierno que preside Daniel Noboa.

Dos camarógrafos que se encontraban en el estudio fueron heridos, “no por la incursión policial sino por los atacantes”, relató este miércoles Alina Manrique, trabajadora de TC Televisión, en una entrevista con el programa de Telecinco Vamos a ver. “Afortunadamente están estables”, puntualizó.

Ella no estaba en el estudio del informativo que se estaba emitiendo en el momento del asalto. Se encontraba en la redacción, desde la que escuchó “los disparos que venían de recepción”. Ella y sus compañeros se escondieron donde pudieron, aunque fueron rápidamente interceptados por los asaltantes.

“Nos sacaron de allí y nos llevaron hasta el estudio principal, donde nos amenazaron hasta que nos llevaron a otro estudio más pequeño del que la policía finalmente nos rescató”, contó la entrevistada en el programa de Mediaset.

El secuestro se retransmitió en directo porque “obligaron” al equipo de realización a mantener la emisión mientras ellos colocaban a los empleados de la cadena frente a las cámaras. Les apuntaron con pistolas, les esposaron las manos y gritaron mensajes contra el Gobierno.

La inseguridad ha aumentado en Ecuador hasta límites que ya parecían superados. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha crecido un 300% en los últimos siete años. Las organizaciones criminales y el narcotráfico están desafiando al Estado, que el lunes declaró el estado de excepción tras la fuga de Adolfo Macías 'Fito', líder de la banda Los Choneros.

“Es una representación de lo que está ocurriendo, es un hecho sin precedentes y da el mensaje de que no estamos seguros”, comentó Manrique. “Es el poder de la mafia y pueden amenazar a los periodistas y al país. No es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana”.

Los 13 encapuchados que asaltaron TC Televisión el martes fueron detenidos y serán juzgados por terrorismo.

Tras una década de votar a la derecha por temor a convertirse en la Venezuela de Hugo Chávez, hoy Ecuador se parece mucho más a la Colombia de Pablo Escobar. En diciembre asumió el joven empresario Daniel Noboa como nuevo presidente derechista del país dolarizado. El recambio generacional como gobierno de los hijos: el papá de Daniel es el empresario bananero Álvaro Noboa: el hombre más rico del país. O lo era, hasta la llegada e instalación exitosa del negocio narco en un país sin Banco Central, abierto a la libre empresa y con la comodidad contable y evasora de operar legalmente con moneda extranjera (nacional, no hay).

El 8 de agosto,  el candidato presidenciable Fernando Villavicencio, por Construye fue asesinado por sicarios cuando salía de un acto proselitista en una escuela de la ciudad capital de Quito. Nunca antes se había asesinado en Ecuador a un candidato presidencial durante la campaña, nunca antes le había importado tan poco al crimen organizado, cuando se disponía a eliminar a un enemigo, si correspondía a una cita electoral de la democracia ecuatoriana, o si era cualquier otra fecha del año. En el pasado, jamás se había tenido que asumir, como ahora es inevitable y forzoso, el control de narcoctráfico en amplias zonas del litoral pacífico ecuatoriano, desde donde dan proyección internacional a su mercancía a través de los puertos, ha llegado a Quito, el corazón del país.

Algunas de las encuestas anteriores a la primera vuelta pronosticaban un posible segundo puesto para Villavicencio, detrás de la candidata correísta Luisa González de Revolución Ciudadana (RC). Con su asesinato, repudiado por la comunidad nacional e internacional, la crisis de seguridad en el país adquirió una magnitud de dimensiones antes impensadas. Que no hizo sino agravarse desde mediados de 2023: “Cada vez queda más claro que Ecuador es el centro de la violencia en el mundo andino, superando la tasa de homicidios de México”, sostiene Constantin Groll, director de la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador.

Una ininterrumpida escalada de la crisis de seguridad, económica y social, marcada por asesinatos de políticos, masacres carcelarias, violencia del crimen organizado del narcotráfico: secuestros,  extorsiones a comerciantes  y también a empresas, universidades públicas, centros médicos. A esta serie hay que sumar que “cada vez hay más voces de expertos que indican que hay vínculos entre el Estado y el crimen organizado” según Groll.

A finales de 2023, Ecuador supera los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aventajando a países como México y Colombia

Emplazado en el extremo occidental de América del Sur, en pocos años Ecuador se ha convertido en tierra del narcotráfico con una ola de violencia, sin precedentes en su historia. A finales de 2023, Ecuador supera los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aventajando a países como México y Colombia.  

El huevo de la serpiente

Estos males recurrentes no son fruto de la casualidad. “La inestabilidad en Perú y Ecuador tiene mucho que ver con la falta de capacidad del Estado para proveer y expandir servicios de forma equitativa a la población en general. Y esto ha venido pasando desde hace muchos años, a pesar de revoluciones y de nuevos periodos democráticos”, opina Grace Jaramillo, politóloga ecuatoriana de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

La inestabilidad política, la desigualdad, las protestas, los estallidos sociales, la violencia y el  narcotráfico son los factores que ensombrecen y aun oscurecen el panorama de los países andinos. En una suerte de eterno retorno, tras períodos de relativa calma la situación vuelve a encresparse y abisma a los países en la incertidumbre y la desestabilización institucional.

El poder plutócrata

En la región andina durante décadas la clase dirigente fue más una plutocracia que una oligarquía. El gobierno de la concentración de la riqueza: las grandes familias que han controlado la banca, los medios de comunicación y en suma los mayores resortes del poder. El anterior presidente, Guillermo Lasso, nacido con sus diez hermanos en un familia pobre de la costa, es un self-made multimillonario. Supermercadista, inversor turístico, este septuagenario renunció al directorio del Banco Guayaquil, en el que fue ascendiendo, desde niño, y del que había llegado a ser uno de los dueños, cuando inicio su segunda vida o carrera: la política.

En Ecuador, la dinámica plutocrática tradicional de la institucionalidad política había empezado a resquebrajarse a principios del siglo XXI. No sólo en Ecuador: el fenómeno, más amplio, fue regional, con los gobiernos progresistas coetáneos que asumieron el poder en América del Sur.   

 “La disputa no solo es por el control del poder político, sino, sobre todo, de los poderes económicos y mediático. Por eso se producen acá las grandes tensiones entre diferentes partidos y organizaciones sociales” explica Jacques Ramírez, profesor de la Universidad de Cuenca, en Ecuador.

La extrema desigualdad entre la masa mayoritaria de la población y el reducido grupo de personas que detenta el poder es un factor clave para la inestabilidad en la región andina, agravado en Ecuador por la libertad económica

De manera generalizada,  la ciudadanía no vota por un programa, sino por la persona que se cree que puede mejorar sus condiciones de vida. Cuando eventualmente la situación mejora se produce una reacción muy fuerte por parte de los poderes establecidos que expresan intereses económicos, a veces de empresas extranjeras, y también de las viejas familias. “Los poderes establecidos van a tratar de defender sus privilegios a toda costa, no importa que intervenga el Ejército. Para esa elite, la democracia solo es válida cuando sirve a sus intereses”, opina Wolf Grabbendorf, experto alemán que ha ocupado diversos cargos de instituciones en Latinoamérica y profundo conocedor de la región.  

Los nexos entre el Estado y el crimen organizado

De manera sostenida el narcotráfico ha ido ganando terreno en los países andinos gracias, precisamente, a la debilidad institucional y a las fronteras porosas entre los estados. Sin embargo, no es exclusivo de esta región: “En Estados Unidos y en Europa, el narcotráfico puede actuar porque tiene vínculos con mayor o menor fuerza con los gobiernos, con la Policía, con la Marina... Es algo que pasa a nivel global, si no, uno no entendería el transnacionalismo del negocio del narcotráfico”, detalla Ramírez.

Según los datos ofrecidos en el informe que realiza cada dos años la organización internacional Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), Ecuador alcanzó 7,07 puntos. Este número supera  la media global de criminalidad de 5 puntos. Este crecimiento se ha visto traccionado por el hecho de que Ecuador se haya vuelto albergue  de “varias organizaciones delictivas internacionales, entre ellas las de Colombia, México, Albania y China”.

Ecuador, superautopista libre de la cocaína anarco

La nación ecuatoriana se ha convertido en pocos años en una superautopista de la cocaína a gran escala con un creciente mercado interno, afirma GI-TOC. Mafias y cárteles mexicanos asociados con bandas locales controlan gran parte de las operaciones vinculadas al narcotráfico. La extorsión y el chantaje sistemáticos para procurar protección amenazan la habitabilidad de determinadas zonas del Ecuador, una de las mayores causas en elevar los contingentes de emigración 'expulsiva'.

“Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces y violentos, cerrando carreteras principales para robar autobuses o cobrar peajes, matando a clientes y propietarios de negocios locales, e incluso amenazan con actos terroristas como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar”, expone GI-TOC sobre Ecuador. La investigación detalla que las llamadas extorsivas muchas veces proceden desde las cárceles. O son hechas por delincuentes en el extranjero que se identifican como miembros de diversas bandas peligrosas. El gobierno de derecha anterior se derrumbó antes de tiempo, sin cumplir su duración constitucional. Guillermo Lasso renunció a la presidencia antes del fin del su mandato. Ya antes había perdido el control de su sistema penitenciario. Cárceles y prisiones se han convertido en base de operaciones para el tráfico de drogas y los asesinatos relacionados con la extorsión.

El mismo Informe asegura que el tráfico ilegal de armas ha aumentado en los últimos años alimentado por las estructuras criminales transnacionales. Las ‘narcoavionetas’  entran en el país con armas y dinero para entregarlos a las megabandas que trabajan para los cárteles mexicanos. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos pasan por EEUU, México y Ecuador.

La decisión del gobierno ecuatoriano de abril de 2023 de facilitar el acceso de las armas de fuego a la población civil podría haber exacerbado los niveles de violencia

Para GI-TOC, el aumento del narcotráfico y el tráfico de armas han contribuido al incremento de muertes violentas, lo que ha derivado en que las estadísticas de asesinatos de Ecuador sean las peores de la última década. Muchas de estas muertes se atribuyen al enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada. La decisión del gobierno en abril 2023 de facilitar el acceso de armas a civiles podría haber exacerbado los niveles de violencia.

Narcotráfico, lavados de activos y corrupción del Estado

Gic-Toc no es la única entidad que alerta sobre esta situación. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, adelantó que en 2024 el país podría alcanzar una cifra récord de aproximadamente 7.000 muertos si la tendencia se mantiene. En el período comprendido entre enero y junio de 2023, Ecuador llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes y, según el OECO, la tasa podría escalar a las 35 muertes por cada 100 mil habitantes.

Los resultados a los que arriba OECO indican que el narcotráfico es la principal expresión criminal a nivel nacional con un 23% de incidencia, pero en segundo lugar está el lavado de activos con un 17 % que involucra actividades económicas vinculadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas on-line. A este delito le sigue la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9 por ciento.

En el informe publicado por OECO figura una serie de recomendaciones para combatir el avance del crimen organizado en Ecuador. Incluyen el diseño y establecimiento de una estrategia nacional contra la extorsión enfocada en reducir el control territorial de las organizaciones criminales en los cantones más críticos; el fortalecer los pasos formales de frontera porque su infraestructura es deficiente; el planeamiento de una política criminal orientada a debilitar las economías ilícitas, y el priorizar la asignación del presupuesto para logística, equipamiento y tecnología de Policía Nacional y FFAA de la manera más conducente.

Las escuelas y los colegios en riesgo

Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria con millones de personas que salieron de la pobreza, impulsados por la ola de un auge petrolero cuyos beneficios durante la década de Socialismo del Siglo XXI del presidente Rafael Correa (2007-20017) se invirtieron en Educación y en Salud públicas y en programas sociales. Los sectores más empobrecidos comenzaron a creer que sus hijos podrían terminar el colegio, convertirse en profesionales y vivir vidas totalmente distintas que las que tuvieron sus padres. Después de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021)  y de Lasso,  esos ecuatorianos ven cómo sus barrios se deterioran en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia. Y cómo las escuelas no quedaron ajenas a la crisis aunque María Brown, la ministra de Educación de la gestión de Lasso, aseguró que las escuelas son los “espacios más seguros”  y en razón de este presupuesto, las autoridades gubernamentales no permiten a la Policía ingresar con personal armado en los centros educativos.

Se han constatado numerosas acciones de criminalidad dentro de esas instituciones, principalmente las públicas. Expertos en temas de seguridad, como el abogado penalista Hugo Espín, quien prioriza la definición de una política pública de seguridad basada en la correlación y corresponsabilidad entre todos los ministerios del frente social con las FFAA y la Policía, depuradas  en todas sus jerarquías de toda sospecha de relación con el narcotráfico, sostiene que debería autorizarse la intervención directa de la policía especializada en adolescentes infractores y hacer controles y registros en zonas conflictivas.

El control de los puertos y de las principales rutas del país

La ubicación geográfica del Ecuador, ubicado entre los países de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, su corta extensión territorial y estructura vial que permite movilizarse entre fronteras en menos de 12 horas; la dolarización y baja bancarización, que facilitan enormemente el lavado de dinero del narcotráfico; el perfil costero navegable y el escaso control del territorio marítimo y aéreo han favorecido el auge del crimen organizado.

El traslado de las cargas en toneladas requiere de una gran movilización y logística. La Policía tiene los equipos y medios necesarios, pero no ha habido la voluntad ni política ni la decisión logística por parte del mando, señala Espín.

Los controles aleatorios en la ciudad de Baeza -que es un punto clave para la movilización del Oriente hacia la Sierra- sin siquiera tiene cámaras para identificar las placas de los vehículos. No es un caso aislado. El fortalecimiento del sistema de inteligencia se ha visto totalmente mermado en los últimos años.

La gravedad de la violencia interna

Con pareja gravitación del accionar de las bandas, la infiltración y el narcotráfico, otras aristas estructurales permean el día a día de la vida de las familias, en los barrios más complejos, más problemáticos. “No estamos viendo la gravedad de la violencia interna en la diversidad de sus manifestaciones” sostiene Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social de la gestión del ex presidente Lenín Moreno.

Según los datos revisados por Cordero del Ministerio del Interior, “hay aproximadamente cerca de 2 millones de delitos cometidos entre 2018 y 2022” y distingue que “están los delitos contra la vida, pero también el abuso sexual. Por ejemplo, (las cifras) de la violencia familiar, prácticamente es el mismo número de detenciones que se producen por sustancias sujetas a fiscalización”. 

Cordero entiende que las soluciones frente al tema de la  violencia interna no se limitan sólo al gobierno central sino que requieren de la participación ciudadana en diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados. 

La pobreza que existe y no se menciona

El 8 de septiembre, al término de su estadía de dos semanas, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y DDHH, Oliver De Shutter responsabilizó al entonces presidente Lasso por no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre -especialmente entre las minorías-, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Declaró que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.

El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza.  Muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas. De Schutter destacó la diferencia enorme entre las comunidades urbanas y las rurales. En las primeras la tasa de pobreza multidimensional es del 23%, en tanto que en las rurales alcanza al 70%. Precisó que la pobreza es mayor en las provincias con mayor población indígena.

Con todo, “Nadie quiere mencionar la palabra pobreza. ¿Por qué?, ¿por qué nadie habla de pobreza?” interroga Cordero. 

“Porque  justamente saben que ese es uno de los indicadores más duros que tiene el país y para eso van a tener que trabajar en la red de protección social”, dice en su cabal respuesta.

Una macroeconomía bonita y lejana

El impopular gobierno pasado de Guillermo Lasso gestionó entre la espada y la pared tratando de cumplir con las apremiantes demandas vinculadas a la crisis de seguridad y economía y al cumplimiento de la deuda pública. Respecto al último tema, redujo el déficit fiscal  de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, equivalente a 6 puntos del PBI y con la inflación más baja de la región (3,7 por ciento).  

Sin embargo, este ‘logro’ no ha permeado en las familias. Por el contrario. Una suerte de “efecto Macri en la Argentina”, amerita Andrés Albuja, analista y consultor internacional de Asesores AAA. Pocos o ningún beneficio les ha traído la estabilización de la macroeconomía, sino más perjuicios.

AGB

Un fiscal de Rosario acusó a un jefe narco detenido en una cárcel federal de haber ordenado desde la prisión cometer homicidios en la ciudad de Rosario y ofrecer el pago de 30.000 pesos por cada muerte con el fin de “infundir miedo”, al adjudicarle el doble crimen de dos mujeres, entre ellas una profesora de danza, atacadas al azar por sicarios cuando esperaban el colectivo en una parada en julio de 2022, informaron este viernes fuentes judiciales.

En una audiencia desarrollada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone acusaron al jefe narco René Ungaro, detenido en el penal federal de Ezeiza, de ser el “instigador” del doble crimen a balazos de Claudia Deldebbio, de 58 años, y su hija Virginia Ferreyra, de 32, profesora de danzas árabes.

Según la acusación aceptada por la jueza María Chiabrera, Ungaro se comunicó desde su lugar de detención con Nicolás Martínez, un miembro de su banda detenido en la cárcel santafesina de Coronda, y le ordenó que reclutara mano de obra para matar a cualquier persona a cambio de pagar 30.000 pesos por cada muerto.

Para cumplir esa orden, Martínez se contactó con Fernando Cortéz (45) y con su hijo, Lautaro (20), ambos detenidos, quienes, junto a otros hombres, aún no identificados, llegaron el 23 de julio de 2022 a bordo de un auto hasta la intersección de las calles Ísola y Maestros Santafesinos de un complejo habitacional Fonavi del barrio Grandoli, de la zona sur de Rosario.

Allí abrieron fuego al azar contra las personas que estaban a esa hora de la tarde en la zona e hirieron a Deldebbio y a su hija Ferreyra, que esperaban en una parada el colectivo, y también a un adolescente de 16 años que tomaba mate en la plaza contigua.

Deldebbio murió en el lugar a raíz de los disparos, mientras que Ferreyra murió el 24 de septiembre tras permanecer dos meses internada en el hospital de Emergencias, en estado grave debido a las múltiples heridas de bala que impactaron en su cuerpo.

“Según nuestra teoría del caso, no hay un móvil que conecte en forma directa el hecho de los atacantes ni de los instigadores contra las personas que resultaron víctimas directas del hecho”, aseguró el fiscal Saldutti a la prensa tras la audiencia imputativa-

“Creemos que la instigación estaba destinada a quitarle le vida a personas inocentes o a cualquier persona que se encuentre en ese lugar para infundir temor en los habitantes, en los demás operadores de la delincuencia de ese barrio y la sociedad en general”, agregó.

El fiscal explicó que se trabaja con la justicia federal “porque siempre el objetivo de estas bandas es el lucro, obtener un rédito económico. Siempre roza la venta de estupefacientes y el control del territorio”.

Durante la audiencia, la jueza Chiabrera dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, que es de dos años, para los cuatro detenidos por este caso -Ungaro, Martínez y los dos Cortéz-, a quienes les imputó los delitos de “homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de personas, agravado por el medio empleado-uso de arma de fuego-en dos hechos en grado consumado”.

Además, a Ungaro y Martínez les agregó el delito de instigación pública.

René Ungaro se encuentra detenido desde mayo de 2010, acusado de ser uno de los responsables del homicidio del barrabrava de Newell's Roberto 'Pimpi' Caminos, por el que fue sentenciado a 13 años de prisión que cumplió en una cárcel de Santa Fe.

Más tarde fue trasladado a un penal federal tras ser condenado a 12 años de prisión, acusado de ser el líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y después sumo otra, en el fuero provincial, de siete años por asociación ilícita, recordaron a Télam los voveros consultados.

En tanto, Nicolás Martínez, tiene otra investigación abierta por el asesinato de una mujer ocurrido en 2021 en el mismo barrio donde fueron asesinadas Deldebbio y su hija, un barrio de la zona sur de Rosario donde residía Ungaro antes de su detención y desde donde operaba, liderando una banda narcocriminal.

Martes cerca de la medianoche: un grupo de estudiantes de la escuela Juan Bautista Alberdi estaban en la estación de servicios de bulevar Rondeau y Marull, en la zona norte de Rosario, a punto de partir a un viaje de estudio hacia Córdoba cuando atacaron a balazos el lugar. Uno de los proyectiles alcanzó a un estudiante, que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de emergencias Clemente Alvarez (Heca). Los atacantes dejaron un ya clásico mensaje con amenazas de tinte mafioso, esta vez contra un fiscal de acuerdo a las primeras informaciones.

La balacera se desencadenó alrededor de las 23.45 en la YPF de la zona norte mientras los chicos aguardaban las cuatro traffic que los llevarían a la provincia vecina. Uno de los estudiantes, Daniel Agustín R., de 18 años, fue alcanzado por uno de los plomos en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida. Tras la derivación al Heca, los médicos informaron que se encontraba fuera de peligro.

La policía levantó del playón de la YPF cuatro vainas servidas, y recogió la amenaza contra el fiscal de la Unidad de Homicidios Matías Edery que, de acuerdo a las primeras informaciones, lleva adelante una investigación relevante.

Hay dos personas demoradas por el hecho. Iban en una moto blanca de 110 centímetros cúbicos similar a la descrita por testigos. Fueron aprehendidas en Juan B. Justo y Donado, aunque no está determinado que sean efectivamente los atacantes.

Noticias publicada en El Ciudadano https://www.elciudadanoweb.com/

Este viernes por la madrugada, desconocidos pasaron en moto por la casa de los padres de un alto funcionario del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, tiraron tiros al aire y dejaron un cartel colgado en la reja. “Deja de hacerte el pillo. Atte: La Mafia”, también contenía el nombre a quien iba dirigido el mensaje. Se investiga si tiene relación con la banda de Los Monos, ya que muchos de sus integrantes están detenidos allí, incluido el líder, Ariel “Guille” Cantero.

Primero se le dio intervención a la justicia provincial, pero horas después el caso quedó en manos de la Justicia Federal, por quien era el destinatario de las amenazas.

Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora a cargo de la investigación, dispuso medidas de seguridad para los funcionarios y sus familiares. Ordenó una serie de medidas en busca de determinar quiénes fueron, las cuales ya se pusieron en marcha y se mantienen bajo reserva. Se descuenta que se incluya el rastrillaje con las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los ocupantes de la moto. Ocurrió durante la madrugada en uno de los barrios de Ezeiza.

La semana pasada, había sido amenazado el director del módulo de la cárcel de Ezeiza donde están alojados Los Monos. Se trató de un episodio de “características similares”, se señaló. Por eso, se cree que detrás de estas amenazas estarían los responsables de la sanguinaria banda de narcotraficantes que se hizo famosa por su violencia en la ciudad de Rosario. “Está firmado: La Mafia. El mensaje es claro”, dijeron a Infobae las fuentes consultadas.

“Si me preguntás, este nuevo ataque tiene que ver con cómo reaccionan cuando se les aprieta el zapato. Se están quejando nuevamente del régimen de condición que están teniendo”, dijo un funcionario judicial que investiga a grupos narco. “¿Qué banda es? Todavía no sabemos”, añadió.

La amenaza se da en medio de la escalada de tensión en ese penal federal por los controles y restricciones que desde hace semanas se les aplican a 25 presos rosarinos de alto perfil que tienen vinculación con Los Monos, entre ellos Jorge “Ema” Chamorro y Cristian “Pupi” Avalle, quienes debieron ser hospitalizados una semana atrás luego de un incendio intencional.

En el mismo penal están alojados otros célebres integrantes de Los Monos: Carlos Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, quienes gerencian la barra brava de Newell’s Old Boys por orden de Cantero.

Con información de elciudadanoweb.com

LC

Una mujer y dos jóvenes fueron condenados este martes en la ciudad de Rosario a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional. Fue en calidad de encubridores del asesinato del niño Maximiliano Jeréz, baleado en el barrio Los Pumitas por una disputa narco, por guardar en su casa el vehículo utilizado en el crimen, según fuentes judiciales.

Las condenas fueron dispuestas a través de un juicio abreviado al que arribó la fiscal Gisela Paolicelli con las defensas de los imputados, y fueron homologadas por el juez Pablo Pinto.

Según los informantes, los condenados fueron identificados como Esteban Marengo (31), Gustavo Borda (22) y Alejandra Rodríguez (52), quienes recibieron 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional, es decir de cumplimiento en libertad. El juez estableció reglas de conducta por ese plazo.

Los tres fueron condenados por encubrimiento agravado por delito precedente grave -el asesinato del niño y la tentativa de homicidio de tres primos suyos- en calidad de coautores, precisaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según la investigación, Alejandra Rodríguez recibió la orden de su pareja, el taxista Gustavo Marcelo Borda, quien cumple condena en prisión por ser partícipe de otro homicidio, para que guarde el automóvil Honda Civil utilizado en el asesinato del niño de 11 años. El mismo fue secuestrado un día después en una vivienda ubicada en Campodónico al 3200, donde la mujer residía con Gustavo Borda, hijo del taxista, y Marengo, por lo que ambos también fueron imputados.

Maximiliano Jeréz de 11 años fue asesinado alrededor de la 1:30 del 5 de marzo pasado, mientras jugaba con sus primos en la calle a metros de su casa. De acuerdo con la investigación del fiscal Adrián Spelta, un grupo de personas pasó a esa hora en el Honda Civic y disparó contra un inmueble perteneciente a una familia de apellido Villazón, que se utilizaba como punto de venta de drogas al menudeo.

Para Spelta, los atacantes eran miembros de un grupo narco rival que se disputaba con los Villazón el comercio de estupefacientes en el barrio. Como consecuencia de los disparos, fue asesinado Jeréz y resultaron heridos tres primos suyos, también menores de edad.

Como presuntos autores del crimen fueron imputados Nicolás Torres y los hermanos Maximiliano Oscar y Nicolás Ariel Castillo, quienes para el fiscal viajaban en el vehículo desde el que se efectuaron los disparos. También fue imputado el taxista Gustavo Marcelo Borda por el delito de encubrimiento, ya que habría sido quien desde prisión le dio la orden a su pareja de que guardara el automóvil utilizado en el asesinato.

Según la pesquisa, Borda habría realizado esa acción a pedido de otro preso con el que comparte pabellón en la cárcel, Alex “Arañita” Ibáñez, un presunto narco que disputaba el territorio con los Villazón.

La sentencia de este martes, además de las penas en libertad, estableció reglas de conducta para los tres condenados. Consisten en fijar domicilio, abstenerse de tener contacto por cualquier medio con los familiares de la víctima y no consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas en forma abusiva, indicó el fallo.

LC con información de agencia Télam

“No sentimos justicia hasta que los condenen a perpetua. No perdemos las esperanzas”. Julio Jeréz habla pausado, como para adentro suyo: frases cortas y un volumen bajísimo. Está en la puerta de la Escuela Bilingüe N° 1344 “Taigoyè” construida para la comunidad Qom-Toba en el norte de Rosario. Acá estudiaba su hijo Máximo Jeréz, de 12 años, hasta que una bala perdida en un enfrentamiento narco lo mató en la madrugada del 5 de marzo pasado, cuando caminaba junto a sus primos por el barrio Los Pumitas para comprar una gaseosa. Entonces, los vecinos quemaron el búnker narco y el caso tuvo resonancia nacional. Hoy el establecimiento donde estudiaba es una de las escuelas donde los santafesinos votan en las PASO provinciales. 

Jeréz se refriega los ojos para evitar las lágrimas, pero no llama la atención a su alrededor. Mientras habla, delante suyo un hombre se acerca a la fachada de la escuela para revisar los afiches pegados con los nombres de los precandidatos. Otro grupo de personas busca en el padrón que está en la pared su apellido para saber dónde votar. La Justicia Electoral dispuso seis mesas en la escuela: de la 4464 a la 4469.  

En el aula donde iba Máximo no se vota. El espacio –en el primer piso– está vacío y con los pupitres acomodados. Domina el silencio. El pizarrón para fibrón luce su blancura. Las paredes –mitad celeste y blanco– están impolutas. En el séptimo grado no hay ninguna pista que lo recuerde. Su nombre no aparece en el listado de alumnos que se lee en la puerta. La seño Patricia tiene hoy 19 estudiantes. “Esta maestra educa con el corazón”, dice un cartel. “Bienvenidos. Somos los de 7°”, se presenta otro, adornado con emojis y memes. 

“Fue un impacto para toda la comunidad educativa. La gente del Ministerio de Educación nos dio asistencia, pero en el día a día la que está siempre es la maestra”, dijeron a elDiarioAR en la dirección de la escuela. “A Maxi le gustaba venir. Y de acá se iba a fútbol”, recuerda su padre. Jugaba en el club barrial Los Pumas, con la 11. “Como Di María. Y como él se hizo de Central, pero también era de Boca, como yo”, dice Jeréz. Viste un pantalón de Boca Jrs, un pulover de tres colores y una gorra con las tres estrellas de la AFA. 

Rosario violenta

La Taigoyè está marcada por la coyuntura de violencia narco que atraviesa Rosario: este año ya balearon dos veces la fachada del edificio. La primera el 8 de abril, la segunda el 23 de mayo. Ambas fueron por la noche, sin alumnos en las inmediaciones. Es parte de una estrategia de las mafias para generar pánico social, como fue el resonante caso del supermercado de la familia política de Lionel Messi, el 1 de marzo, cuatro días antes del asesinato de Máximo. 

Esos episodios se enmarcan en la violencia estructural que desangra a la ciudad: Rosario supera en cuatro la tasa de homicidios nacional, con 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio argentino es de 4.6, según datos oficiales. Se asemeja, en cifras, más a Brasil o Colombia. Al 30 de junio se habían registrado 145 crímenes, principalmente por disputas de territorios de ventas de drogas. “Nos robaron la ciudad que teniamos con paz. Eramos un pueblo grande”, comentó a elDiarioAR un votante este domingo.

La segunda vez que balearon la Taigoyè los narcos no anduvieron con metáforas: dieron tres tiros a la pared frontal y dejaron las vainas servidas en la puerta junto con un cartel con una advertencia para las autoridades del penal de Piñero: “Director de Piñero, Alcalde y personal de requisa: dejen de verduguear a las visitas de los alto perfil porque van a seguir matando gente. ¿Quieren tranquilidad?”.

La semana pasada, el juez Florentino Malaponte dispuso la prisión preventiva efectiva para cuatro imputados de esos ataques a la escuela. Los fiscales especializados en balaceras Valeria Haurigot y Franco Carbone determinaron que las amenazas fueron “perpetuados por instigación de Francisco R. desde su alojamiento en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero”. En un mismo raid, su banda de tiradores atacó otra escuela de la ciudad, dos comisarías y el Complejo Penitenciario de Rosario. 

“Particularmente, pretendían, generar conmoción pública, infundir temor, causar intranquilidad en la población, de hecho en uno de los celulares encontrados hay un video donde uno de los noticieros está informando respecto a la suspensión de clase y estas personas están festejando riendo del hecho”, detallaron los fiscales en su informe, que agrega: “Notamos que el pago por el trabajo realizado desde la persona que está en la cárcel instigando el hecho se da una vez que le trasladan el video de la filmación de la balacera”.

Este domingo hay dos patrulleros de la Policía provincial apostados en las inmediaciones de la Taigoyè. Cuatro efectivos además custodian la puerta; uno de la Infantería, dejando ver su pistola reglamentaria y un cuchillo enfundado. El refuerzo de la seguridad lo dispuso el gobierno de Omar Perotti para las once escuelas baleadas en el último semestre. Unos 5800 policías custodian los centros de votación en toda la provincia; más de 1300 solo en Rosario. La crisis por las amenazas derivó hace un mes en una marcha de los docentes. “No es que se quiera atacar directamente a la escuela, pero aparece como un lugar para visibilizar el accionar de estas bandas”, denunció Juan Pablo Casiello, dirigente del gremio de docentes Amsafé.

De Chaco a Rosario

En los pasillos de la Taigoyè abundan los carteles en qom-toba. Un afiche expone las traducciones de algunos animales. “Saashenaqpi” es dorado. “Eraĝaepi”, luciérnagas. “Shimiagaechepi”, picaflor. “Qanagaye’pi”, caranchos. En el patio, una pintura fusiona la bandera argentina con la wiphala y el territorio de las islas Malvinas. Otro cuadro recuerda la masacre de Napalpí, la mayor matanza de pueblos originarios ocurrida el 19 de julio de 1924 en Chaco: unas 400 personas fusiladas por policías, gendarmes y colonos. El año pasado, en un juicio inédito e histórico, la jueza federal Zunilda Niremperger de Resistencia reconoció la responsabilidad del Estado: consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad. 

Jeréz es chaqueño. Llegó a Rosario con su familia en 1991. Era un nene: hoy tiene 40 años, como la democracia argentina. Su tragedia es también una cara del país. Tiene la figura robusta, el rostro redondo, bigote cortito y barba en el mentón. Llegó hasta la escuela en una Guerrero Trip 110 con signos visibles de desgaste. Se dedica a hacer changas de albañilería. Vive con su pareja, el resto de los hijos y hasta un sobrino. Dice que en total son ocho. 

La noche del crimen de Máximo también balearon a otros tres menores. Eran sus primos de 2, 13 y 14 años, hijos de su tía Antonia, hermana de Julio. La bebe recibió un disparo en el brazo y sus hermanos en la boca y en el pecho. Los tres lograron sobrevivir. “Justamente esa noche iban a hacer una pijamada. Maxi no era que andaba por ahí”, recuerda Jeréz. 

La balacera que mató a su hijo estaba dirigida en realidad a Cristian Carlos “El Salteño” Villazón, quien manejaba la venta de drogas en Los Pumitas. Máximo quedó en la línea de fuego de sus atacantes: los hermanos Maximiliano y Nicolás Castillo, y Nicolás Torres. Ninguno supera los treinta años. Todos están presos, entre otros imputados por complicidad y amenazas. “Vivieron casi toda la vida en el barrio. Cuando empezaron a vender se apartaron de los vecinos”, dice Jérez sobre el grupo de “El Salteño”. 

Las imágenes de los vecinos envueltos en furia destruyendo el búnker donde vendía droga fueron transmitidas en vivo por todos los medios del país aquel 5 de marzo. Tres días después ingresaba al barrio la Gendarmería. Pero no los motivó el crimen de Máximo, sino la repercusión internacional que había desnudado la amenaza a Messi. Alberto y Aníbal Fernández enviaron unos 300 gendarmes y 125 policías federales en el comienzo del octavo desembarco de las fuerzas federales a Rosario desde 2014. El Gobierno se comprometió a enviar en total 1400 efectivos en total. Ese número aún no se completó. 

“Estamos bien. Los gendarmes están toda la noche, todo el día. Y hasta ahora está calmo el barrio”, asegura Jeréz. Reveló que Perotti se comunicó solo una vez con él y le prometió construir una garita para los gendarmes donde estaba el búnker narco. “Sigue el escombro ahí”, apunta. Tiene esperanza que las peleadas elecciones de este domingo marquen un cambio: “Capaz que sí. Hay que ver cómo. Quién gana, quién no gana. Pero igual a veces cambia algo”, analiza. Por ahora, reconoce, la cosa cambió: “Con los gendarmes la gente se anima a tomar un poco de mate afuera o los nenes se van a la placita”. 

–¿Antes tenían mucho miedo? –le pregunto.

–Llegaba a las 18 de la tarde y ya no se podía salir. Tenías que hacer mandados para comer por la noche temprano. Era el miedo que siempre pasaban las balaceras. 

–¿Siempre había balaceras?

–Siete u ocho veces pasó. La última fue cuando mataron a Máximo.

MC

Después de varias semanas en que el funcionamiento de la Cámara parecía trabado por el juicio político a la Corte Suprema, diputados del oficialismo y la oposición acordaron una doble sesión especial para el martes 28 y miércoles 29 de marzo. Durante la primera jornada, los legisladores debatirán el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal de Santa Fe ─que obtuvo este miércoles el dictamen necesario en la comisión de Presupuesto y Hacienda─ y el Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, también conocido como “MonoTech”. Al día siguiente, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, realizará su informe de gestión en el recinto.

La sesión del martes fue convocada, no sólo por el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, sino también por sus pares de la coalición opositora de Juntos por el Cambio: Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Juan Manuel López (CC - ARI), Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense), Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal).

La decisión de los dirigentes opositores marca un punto de inflexión en la estrategia de Juntos por el Cambio que buscaba bloquear todas las sesiones legislativas impulsadas por el oficialismo hasta que se detuviera el proceso de juicio político contra la Corte Suprema. “Vamos a ir a la sesión porque está lo de Santa Fe”, afirmaron fuentes parlamentarias de la coalición a Noticias Argentinas en referencia a la situación de emergencia por la violencia narco que atraviesa la ciudad de Rosario. Esta flexibilización en la postura partidaria permite el tratamiento de proyectos que exhiben consenso entre ambos bloques.

Ese mismo día se debatirá, además de los dos proyectos mencionados, la reforma de la Ley 22.990 de Sangre Humana y la cesión de jurisdicción de la provincia de Chaco al Estado nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, que ya cuenta con media sanción en la Cámara Alta.

El miércoles 29, a las 10.30 horas, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, asistirá a la Cámara de Diputados para realizar su informe de gestión.

ACM con información de la agencia Noticias Argentinas

El Jardín de Infantes Sapo Pepe escribió dos comunicados de duelo en un mismo año. El primero en mayo de 2022, cuando Auriazul fue asesinada a tiros con la mamá y el papá en un pasillo del barrio Tablada, en el sur de Rosario. Auriazul tenía seis años. El segundo, cuando en navidad murió Candelaria por una bala perdida. Tenía cinco años. Lo mismo hicieron más de 30 veces jardines, escuelas primarias y secundarias, clubes y organizaciones de toda la ciudad. Lo mismo hicieron esta semana el gremio docente Amsafé y la escuela bilingüe 1344 Taigoye a donde iba Máximo en el barrio Los Pumitas. Su historia es conocida: fue asesinado el domingo en una balacera y tres de sus primos quedaron heridos. Tenía 11 años. 

El 2022 no solo fue el año con más muertes violentas en Rosario, con 287 homicidios. Fue también cuando más niños, niñas y adolescentes fueron asesinados, con 36 casos en toda la ciudad. Fue, además, el año con más muertes de mujeres. Ainará Altamirano, la mamá de Auriazul, fue una de ellas. Tenía 25 años y es una de las 64 mujeres que murieron en distintos contextos de violencia. De la balacera se salvó la segunda hija de la pareja, una niña de tres años. Por el triple crimen, el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe pidió “un mea culpa a la política” por la situación de Rosario. A los tres meses renunció.  

Las muertes de mujeres y niños marcan un cambio en las formas de pensar la narcocriminalidad. Ya en 2022 desde el Observatorio de Seguridad Pública advertían que el número de mujeres muertas se había duplicado y hasta triplicado en apenas un año

Las muertes de mujeres y niños marcan un cambio en los datos sobre los homicidios de Rosario y en las formas de pensar los delitos alrededor de la narcocriminalidad. Ya en 2022 desde el Observatorio de Seguridad Pública advertían que el número de mujeres muertas se había duplicado y hasta triplicado en apenas un año. 

Entre 2014 y 2021 las muertes violentas en Rosario habían tenido un patrón: el 90 por ciento de las víctimas eran varones jóvenes y pobres de entre 15 y 30 años de los barrios más populares de la ciudad. El número de mujeres asesinadas era estable, entre un 7 y un 11 por ciento y la mayoría eran en contexto de violencia machista. En 2022 eso cambió: las mujeres fueron el 22.4 por ciento de las muertes violentas, una de cada cuatro víctimas. La tasa de mortalidad se triplicó. 

Otro indicador cambió: por primera vez las muertes de chicos y chicas menores de 18 años superó la barrera del 10 por ciento del total de homicidios. De los 287 registrados en 2022, un 12.4 por ciento fueron menores de 18 años. 

Por primera vez las muertes de chicos y chicas menores de 18 años superó la barrera del 10 por ciento del total de homicidios. De los 287 registrados en 2022, un 12.4 por ciento fueron menores de 18 años

Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de balaceras, tiroteos, venganzas y fuegos cruzados mientras juegan en la calle o en la canchita, festejan cumpleaños, están en brazos de sus madres o dentro de la casa. Las mujeres también. Son asesinadas por formar parte de distintos eslabones de la venta de drogas ilegales, por venganza, por ser familiar, novia, prima, amiga, hermana, hija de alguien, por estar en la calle cuando empiezan a tirar. Todos, mujeres, varones, adolescentes, niños y niñas viven en los barrios más pobres de la ciudad.  

Más muertas por violencia urbana que por violencia machista  

El aumento de muertes violentas de mujeres, infancias y adolescentes es analizado como una particularidad de Rosario, pero cada grupo responde a motivos y análisis diferentes.  

El Observatorio de Seguridad Pública elabora desde 2014 estadísticas trianguladas de la Justicia, la Policía y el sistema de salud. Santa Fe es la única provincia del país que hace un análisis de este tipo. 

En el caso de las muertes violentas de mujeres, el Observatorio registró que en 2022 hubo 64 asesinadas en Rosario. De ese total, cinco fueron femicidios por de violencia de género. La mayoría, el 78 por ciento, fueron en contexto de criminalidad organizada, lo que implica un aumento en relación a lo que pasaba desde 2014, cuando representaban el 33 por ciento, y a 2021 cuando fueron el 45 por ciento. Es decir: la letalidad vinculada a delitos de criminalidad organizada creció y para las mujeres rosarinas es más probable morir por la violencia urbana que por la violencia machista.

Otro indicador muestra el aumento de la violencia: las mujeres heridas por arma de fuego. En 2020 fueron 20. En 2022 se triplicaron. 

La circulación y el uso de armas aparece entonces como otro factor a analizar. Hasta 2021, un 55 por ciento de las mujeres eran asesinadas con armas de fuego. En 2022 la cifra llegó al 86 por ciento. Los números muestran un aumento de la letalidad: hay muchas más mujeres muertas que heridas.

“Lo que pasa en Rosario no se ve en ningún otro lugar del país y nos interpela para renovar categorías analíticas como la de femicidio”, dice Gustavo González, secretario de Política Criminal y DDHH del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. “Muchas veces no tenemos los elementos en las investigaciones para detectar violencia de género. La categoría femicidio tiene un origen jurídico que no fue pensado para las muertes en contexto de crimen organizado”. 

Pero ¿quiénes son las mujeres asesinadas en Rosario y por qué las matan? 

Un ejercicio para entender quiénes ponen los muertos en la ciudad es superponer el mapa de homicidios con el mapa de los barrios más pobres. La coincidencia es total. Con las mujeres pasa lo mismo: la mayoría son jóvenes de menos de 30 años de los barrios más vulnerables. La forma de matarlas es parecida a los varones jóvenes: hay un mandato previo, un sicariato, y el uso de armas de fuego.   

¿Quiénes son las mujeres asesinadas? La mayoría son jóvenes de menos de 30 años de los barrios más vulnerables. La forma de matarlas es parecida a los varones jóvenes: hay un mandato previo, un sicariato, y el uso de armas de fuego

Las mujeres son asesinadas por distintos motivos, explica González. Están las que participan en eslabones del microtráfico de drogas ilegales, las que entraron al negocio cuando sus parejas o familiares varones cayeron presos, las asesinadas en balaceras junto con otras víctimas como una forma de ostentar la violencia y las que que matan por venganza de un varón hacia otro varón, ya sea por ser la madre, la hermana, la pareja o tener algún vínculo con ellos. El 64 por ciento de las muertes violentas son por mandato previo. En casi el 80 por ciento hubo una planificación del homicidio. 

Ciudad de niños asesinados 

El año pasado marcó un antes y un después en el crecimiento de la violencia en  Rosario. No solo se rompió la barrera de los 264 homicidios de 2013. Aparecieron como nunca antes las noticias de niños, niñas y adolescentes asesinados en distintos contextos. 

Desde el Observatorio contaron 36 muertes de este tipo, el 12.4 por ciento del total de homicidios. El número preocupa si se lo compara con años anteriores: en 2021 fueron el 6.5 por ciento y en 2020, el 7 por ciento.

En las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes aparecen dos modalidades. Están las víctimas de balaceras. Ahí aparece una ostentación de la violencia, una demostración de poder de fuego, donde quienes mueren no son destinatarios directos de la violencia armada. Y están las víctimas directas, las y los adolescentes asesinados por conflictos territoriales en la disputa por el microtráfico de drogas ilegales. Y de nuevo en el mapa estas muertes se superponen de manera perfecta con los barrios donde viven. Los más pobres de la ciudad. 

Las pibas en el mundo del delito 

En 2015 la abogada y doctora en Antropología, Eugenia Cozzi, recibió un whatsapp de la novia de un pibe “tira tiros” de Rosario. Le reenviaba el flyer de la convocatoria al primer Ni Una Menos. Hasta ese momento, Cozzi veía la movilización como un reclamo de sectores de clase media. El mensaje la llevó a la marcha. 

“Mujeres muy jóvenes se intercalaban con viejitas, pibas de los barrios con señoras del centro, y así. Había furia, furia contenida y una energía arrolladora. Me conmoví. Esa experiencia se imprimió en mi cuerpo, en mi forma de mirar tan preocupada por denunciar los pibes que mataban y morían en la ciudad, de comprender ese mundo. Quería ahora conocer y comprender qué pasaba con las pibas en el mundo del delito, ese universo que tanto había estudiado”, escribió en el artículo Las pibas y el mundo del delito, publicado en Cordón.

Cozzi plantea que el Ni Una Menos generó un cambio en la manera de mirar a las mujeres desde la academia y las burocracias penales. Se volvieron un objeto de análisis y eso hace que muchas dinámicas, datos y otros indicadores sean mirados ahora desde una perspectiva de género. 

Ella había estudiado hasta ese momento a varones jóvenes de los sectores populares de Rosario, esos que llenan las estadísticas de homicidios cada año. El mundo del delito siempre fue masculinizado y Rosario no es la excepción. “Son los que ocupan el espacio público y disputan allí su honor a los tiros”, explica. Son la mayoría de las víctimas y de los victimarios y están en ciertos lugares de poder. 

Con la irrupción de los feminismos se preguntó si los mensajes tenían repercusión en el mundo del delito. Si habían entrado a todos los ámbitos de la vida, ¿por qué no pensar que en las tramas delictivas también? Y si había pasado ¿cómo incidía esa irrupción en Rosario? ¿Cambiaba algo? ¿Se reproducían las mismas lógicas machistas o aparecían nuevas formas? 

“Las mujeres jóvenes o los cuerpos feminizados que participan del mundo delito lo hacen desde una posición subalterna, en los peores puestos, como soldaditas en el mercado de drogas ilegalizadas, y son quienes, entre otras tareas, se encargan de la venta al por menor. Comparten ese lugar de subordinación, explotación y peligro que también ocupan los soldaditos, sus pares jóvenes varones. En otros casos llevan adelante la maquinaria logística imprescindible para el desarrollo de los mercados ilegales -como la organización y administración de puntos de venta-, y las más de las veces, además, se encargan de las tareas de cuidado necesarias para que ellos, los varones, se desarrollen en esos ámbitos”, dice en su análisis.

Para Cozzi son pocas las jóvenes que disputan prestigio a los tiros a la par de los varones. Y cuando lo hacen son masculinizadas. Las que ocupan ciertos lugares de poder son las menos y suelen ser esposas, madres, viudas, hijas o hermanas de varones presos o muertos. 

Son pocas las jóvenes que disputan prestigio a los tiros a la par de los varones. Cuando lo hacen son masculinizadas. Las que ocupan ciertos lugares de poder son las menos y suelen ser esposas, madres, viudas, hijas o hermanas de varones presos o muertos

Narcotráfico con perspectiva de género 

“Tristemente somos la ciudad donde podemos analizar esta particularidad que no se da en ninguna otra ciudad del país”, dice Luciana Vallarella, fiscal de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público de Acusación. Para ella hay que pensar la narcocriminalidad con perspectiva de género. Opina que los asesinatos de niñas y niños muestran una ausencia de límites y una exhibición de la violencia de las organizaciones criminales: “Los niños quedan en medio de una balacera pero hay una intención de generar un temor generalizado en la ciudad”. 

Vallarela cree que la violencia crece cuando el Estado actúa de manera descoordinada. “Hoy no vemos esa articulación. Antes participamos de dispositivos multiagenciales de todos los niveles. El Estado entraba primero por la fuerza pública, porque ya se había retirado, pero después llegaba todo lo demás: municipio, provincia, Justicia, Vivienda, Desarrollo Social, Niñez, centros de salud, centros de convivencia barrial, etcétera. En la zona de Grandoli y Gutiérrez, una de las más conflictivas, habían disminuido drásticamente la cantidad de homicidios”, dice y agrega que desde la política debería haber acuerdos básicos sobre la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Rosario. 

Este año la fiscal Carla Cerliani pasó de la Unidad de Violencia de Género a Homicidios. Su incorporación fue anunciada como una política para analizar e investigar las muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género. 

Ciudad letal 

En los últimos años, Rosario se convirtió en una de las ciudades más letales de Sudamérica. La tasa de homicidios es similar a la de Río de Janeiro y cuatro veces más alta que la media nacional, con 22 muertes violentas por cada 100 mil habitantes cuando en el país el promedio es de 4.6. 

En 2023 los indicadores no cambian. Incluso son peores: hasta el 9 de marzo hubo 66 homicidios. Para la misma fecha del año pasado había 55. 

La crisis tiene de fondo el fracaso de las políticas de seguridad. En la última década han pasado ministros de todo tipo: académicos, políticos, técnicos y hasta de las fuerzas de seguridad. La gestión de Omar Perotti lleva cuatro ministros y diez jefes de Policía distintos. Hoy la cartera está conducida por el gendarme Claudio Brilloni.  

La política más sostenida en el tiempo fue el enfoque punitivo, represivo y carcelario. La población carcelaria aumentó casi un 150 por ciento en los últimos 15 años. En 2008 en la provincia había 3.794 personas privadas de libertad. En 2022 llegaron a 9.350. Dos de cada tres son personas que cometieron un delito por primera vez, es decir, no son reincidentes. El 96 por ciento son varones. La tasa pasó de 117 a 263 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes. La superpoblación de las cárceles asciende al 30 por ciento. Y los homicidios no bajaron. Al contrario, aumentaron. 

Después de la balacera contra el supermercado del suegro de Messi y del asesinato de Maxi en Los Pumitas, Rosario volvió a estar en todos los medios. Aparecieron los diagnósticos de todos los sectores políticos y el pedido de mano dura y más fuerzas de seguridad. Aparecieron los anuncios que incluyeron hasta al Ejército y llegaron, otra vez, más gendarmes.

“Preocupa que no se anuncien políticas que incluyan las variables sociales y urbanas. Todas las respuestas a la violencia pasan por un aumento de la cantidad de miembros de fuerzas de seguridad”, dice Gónzalez. 

La urbanización y el trabajo social en los barrios es un reclamo de distintos sectores hacia el municipio. Porque en el aumento de la criminalidad organizada no se salva ningún nivel del Estado. Influye desde lo más arriba como la falta de investigación sobre el dinero del narcotráfico hasta el transporte público que no llega a los barrios más vulnerables. Otro de los temas que reclama la agenda pública pero está ausente de los anuncios es la reforma de la Policía y el Sistema Penitenciario. 

Para González hay otro punto central en la discusión sobre la situación rosarina. El discursivo. La utilización de la palabra “narco” para justificar el aumento de la violencia es simplista. “Hablar de muertes narco más que ayudarnos a pensar lo que pasa en Rosario nos limita. No hay una relación directa entre narcotráfico y violencia. El microtráfico existe en todos lados pero la violencia no. Para las organizaciones criminales el uso de la violencia no es lo más conveniente, los coloca en la arena pública. Si creemos que todo es narco perdemos la complejidad y otras variables. La única relación causal directa es entre exclusión social y violencias. Basta con ver el mapa de los barrios y de los homicidios”, explica. 

Las muertes por violencia urbana se lloran en las escuelas, los jardines, las calles, las plazas, los murales que pintan para recordar las víctimas, las casas, las familias, los clubes, las amigas y amigos. Son muertes que duelen, no están naturalizadas. 

Qué vengan a ver cómo vivimos 

“¡Paramos porque la narcocriminalidad se sigue llevando las vidas de nuestras niñeces! ¡Justicia por Máximo!”.

Son casi las nueve de la noche cuando en el Monumento a la Bandera leen la proclama del 8 de marzo. Después de marchar 20 cuadras, por primera vez no habrá festival para cerrar la noche. La tradición de la feria, el escenario de espaldas al río, las bandas y la música hasta la medianoche es descartada en las asambleas feministas. Varios factores influyen en la decisión. Uno es la seguridad. “No estaban garantizados los colectivos gratuitos hasta tarde, la frecuencia es muy mala y las mujeres de los barrios populares terminan volviendo de noche y poniéndose en riesgo. Si no hay transporte público accesible es difícil pensar la seguridad. Más en el clima de estos días y siendo una marcha que mueve a las mujeres de los sectores populares de toda la ciudad”, explica la referente Majo Poncino. 

“Que se pongan las pilas y vengan a ver cómo vivimos”, dijo el lunes Antonia, la tía de Maxi, mientras lo velaban en el club donde quería ser campeón. Alrededor, un barrio sin servicios básicos, la llegada de más gendarmes y el fuego cruzado que no para. 

En medio de la crisis que vive Rosario por la violencia del narcotráfico, el ministro Aníbal Fernández defendió su gestión ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados y pidió al Senado, que conduce la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que acelere el proceso de nombramiento de jueces y fiscales que allí están vacantes. El funcionario además habló de la posibilidad de que se declare la “emergencia”, pero dijo que corresponde “a los gobernantes”. Y justo en la semana en que el Gobierno decidió enviar más agentes de la Gendarmería, detalló que en la localidad santafesina hay 4.093 efectivos de las fuerzas federales, la gran mayoría de los 5.834 que hay en toda la provincia.

“Es imperioso que el Senado resuelva las vacantes de jueces y fiscales”, aseguró Fernández al responder una de las tantas consultas de los legisladores, principalmente de la oposición. Como ya publicó elDiarioAR, la Justicia federal de Rosario tiene actualmente 18 cargos creados y sólo 10 están ocupados por jueces y fiscales titulares. Es decir, más del 40% de los cargos están vacantes. La parálisis ya lleva varios años y los pliegos descansan para su aprobación en la Cámara alta, donde hasta hace un mes el oficialismo tenía mayoría.

“No tengo más que hacer que pedirle al Senado que resuelve ese tema. Un juzgado que no tenga su juez, hace que el juez que está subrogando tiene que repartirse entre dos”, remarcó el ministro. Su frase fue un mensaje hacia la vice, a cargo de la Cámara alta. En el último tiempo el funcionario ya ha tenido posiciones políticas contrarias a CFK.

Fernández también buscó despegarse del pedido opositor sobre que se declare la emergencia en Seguridad en Rosario. Cargó con esa responsabilidad a los titulares de los poderes ejecutivos, sin reparar que él integra el de Nación, designado por el presidente Alberto Fernández. “Sobre la declaración de si la emergencia tiene un envergadura importante para que la declaren o no, no es un tema que lo decido yo”, apuntó el ministro. “Es una responsabilidad de los gobernantes, ellos sabrán lo que tienen que hacer”, se desligó. Y chicaneó al diputado socialista Enrique Estévez: “Si quiere le doy mi opinión en mi café, no acá”.

La presencia de Fernández fue acordada el martes pasado, en el marco de una sesión especial que se realizó para debatir la moratoria previsional, entre el bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), luego de un pedido de interpelación presentado por el legislador radical santafesino Juan Martín. Aún no había escalado mediáticamente la situación de Rosario, a partir del mensaje mafioso que recibió Lio Messi el jueves pasado. Tras ese episodio, ayer el Gobierno concretó el refuerzo de fuerzas federales en Rosario, con el envío de 400 efectivos.

“El plan Rosario es un profundo trabajo superficial, pero dos tercios es por abajo, con la inteligencia criminal; pero no voy a contar los pormenores”, se excusó Fernández. Detalló que durante 2022 más de la mitad de los recursos destinados a seguridad se enviaron a la provincia de Santa Fe y destacó que, de un total de 17.000 millones de pesos, “8.875 mil millones fueron a Santa Fe y en su mayoría a la ciudad de Rosario”.

En medio de los cuestionamientos abiertos de los legisladores -Fernández estuvo más de cuatro horas-, el ministro les pidió que también se acelere el debate parlamentario sobre la ley de Lavado. La iniciativa fue tratado en noviembre pasado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con cierto acuerdo entre el oficialismo y la oposición, pero aún no hay miras para que llegue al recinto. “Podrían darnos una mano. Cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”, sostuvo, en una respuesta al diputado macrista por Santa Fe Federico Angelini, uno de los armadores de la campaña de Patricia Bullrich.

Angelini había hecho referencia a sus dichos sobre que el narcotráfico había “ganado” la pelea en Rosario. “A usted le ganó (el narcotráfico), o peor aún, se dejó ganar”, lo acusó el diputado, que destacó las estadísticas en seguridad durante la gestión de Bullrich. “Yo no me rindo, peleo todos los días”, subrayó el funcionario nacional. Y a otra legisladora le contestó: “Lo que dije, lo dije con toda la mala leche del mundo porque sino nadie presta atención. Los gobernadores no nos permitían entrar”, aseveró sobre su frase.

El diputado nacional Ricardo López Murphy también se refirió a las declaraciones de Fernández de la semana pasada y reiteró su pedido de renuncia “si no tiene fuerzas o no cree tener las condiciones”. “Cuando expresó que los narcos nos han derrotado, me sentí perturbado. Si no tiene fuerzas o cree que no tiene condiciones para hacerlo, lo mejor es que renuncie”, dijo el porteño, y también cuestionó la decisión del Gobierno de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército a urbanizar los barrios de emergencia en Rosario: “Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario”. Al respecto, el ministro deslizó que no estaba en sintonía con esa medida: “Yo no formé parte de ese tema. Y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa”, subrayó.

Fernández también contestó al radicalismo, que exigió a través de Mario Negri, jefe del bloque, la instalación de un comité de crisis que prevé la ley Ley de Seguridad Interior para abordar con todas las herramientas la situación de Rosario. “El comité de crisis está funcionado, con la provincia, el intendente, las cuatro fuerzas y la policía. No estamos escondiendo la leche”, aseguró, y dijo que el grupo se reúne todos los martes.

MC

Se trata de un caso único en la historia criminal argentina: Los Monos, como se conoce al emprendimiento criminal desarrollado por la familia Cantero, llevan un cuarto de siglo de actuación ininterrumpida en la ciudad de Rosario. La continuidad de la banda y su resistencia ante las persecuciones judiciales y el encarcelamiento de sus líderes exponen tanto una clave del incremento de la violencia asociada con el narcomenudeo como una evidencia del fracaso de las políticas de seguridad implementadas en Santa Fe.

El registro más antiguo de las actividades de Los Monos remite al 27 de agosto de 1999, cuando la Policía Federal detuvo a Máximo Ariel Cantero, “el Viejo”, en una estación de servicio de Itatí, provincia de Corrientes, con 76 kilos de marihuana. Por esa causa recibió su primera condena, de cuatro años de prisión, pero entre 2000 y 2003 la banda libró un enfrentamiento contra otro grupo rival, Los Garompa, y terminó por imponer su hegemonía en un amplio sector de la zona sur de Rosario.

En su libro De ladrones a narcos. Violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento (2022), un estudio sobre las transformaciones del crimen en Rosario, la antropóloga Eugenia Cozzi señala que el enfrentamiento entre Los Monos y Los Garompa “instauró un nuevo orden (en el ambiente del delito) a través del terror”. La consolidación de ese orden se asoció a cambios en la forma de relacionarse con la policía, que pasó del “arreglo” a “trabajar con la policía”, según los términos de los entrevistados por la investigadora.

El juicio a Los Monos que concluyó en 2018 mostró que eran los narcos quienes dirigían la sociedad y que miembros de la policía rosarina estaban subordinados a sus necesidades de información sobre competidores, prevención de allanamientos y lavado de dinero. Entre otros fueron identificados Juan Marcelo Maciel, de la Secretaría de Delitos Complejos, teóricamente encargada de investigar al narcotráfico, y Juan José Raffo, un oficial de policía de dilatada trayectoria en el delito y hoy con pedido de captura por su presunta participación en el asesinato del ex barra brava de Newell´s Nelson “Chivo” Saravia.

Nacido en Rosario, el 20 de junio de 1964, Máximo Ariel Cantero se identificó de ocupación cartonero ante la Justicia y de hecho fue detenido en 2015 cuando conducía un carro tirado por un caballo. “El Viejo” tiene 24 hijos con distintas mujeres. Uno de los más conocidos es Claudio Ariel Cantero, “el Pájaro”, cuyo asesinato el 26 de mayo de 2013 en Villa Gobernador Gálvez inauguró una saga de venganzas y perdura como un hito en la historia criminal de Rosario.

Una de las hijas de Cantero, de 13 años, falleció esta semana en el Hospital de Emergencias de Rosario por causas que no trascendieron. El velatorio se realizó en el marco de un fuerte operativo policial, después de la balacera contra una cochería que provocó reclamos de la Asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe.

Como resultado del juicio a Los Monos de 2018, el Viejo fue condenado a seis años de prisión. Era analfabeto y completó la escuela primaria en la cárcel de Piñero, donde cumplió la pena. Otra vez detenido en 2022, está acusado junto a su pareja Rosa Bibiana Montero como jefe de una organización que realizó balaceras contra estaciones de servicio, dos escuelas y un restaurante y por extorsiones y venta de drogas en la zona suroeste de Rosario.

“Se comportan como dueños del territorio y ninguna actividad puede tener lugar allí sin su venia, la cual conlleva un pago”, señalaron los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot en la audiencia donde presentaron los cargos. En noviembre de 2022, Cantero fue imputado además por la violación de una adolescente mientras estaba en el pabellón 7 de Piñero; la menor era llevada por Montero a las visitas y sufrió los abusos entre los 13 y los 15 años.

Un modelo familiar

Las bandas que explotan el narcomenudeo y sus delitos derivados en Rosario están organizadas a partir de los vínculos familiares de sus integrantes. Los lazos de sangre son un reaseguro contra las delaciones y para la asistencia de los que están en prisión. Pero no se trata de los modelos tradicionales sino de familias ensambladas de modo múltiple, donde se valorizan lazos de parentesco que pueden ser remotos. La estructura de Los Monos parece un modelo de ese funcionamiento.

El núcleo de la banda surgió de la relación de Cantero con Patricia Celestina Contreras: en el hogar del barrio La Granada se criaron “el Pájaro” y Ramón Ezequiel Machuca, condenado a 36 años de prisión. El sello patriarcal del Viejo Cantero se advierte en la costumbre repetida de imponer sus nombres a los vástagos como hizo con Ariel Máximo Cantero, el “Guille”, el principal heredero.

Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero y Alexis Claudio “Tartita” Cantero cumplen condenas de prisión por distintos homicidios (en el caso del primero, el de un policía, el 22 de julio de 2019). El miércoles pasado fueron sentenciados a otros 6 años y 4 meses de cárcel por ordenar balaceras contra un domicilio de Garibaldi al 3400, donde querían instalar un bunker, y todavía esperan el resultado de una causa federal por narcotráfico. Macarena y Yoana Cantero, a su vez, fueron acusadas de hacer de testaferros para lavar dinero y lograron la eximición de prisión en la causa Los Patrones, llamada así por el apodo de un proveedor de marihuana.

Lorena Myriam Verdún, viuda del “Pájaro” Cantero, actuó en principio como frontwoman del grupo ante el interés periodístico y los reclamos judiciales. Entre enero y febrero de 2018 tuvo al menos dos reuniones con el falso abogado Marcelo D’Alessio y el agente de inteligencia Rolando Barreiro en las que según la investigación del juez Alejo Ramos Padilla deliberaron sobre un posible intercambio de favores: información sobre la policía de Santa Fe a cambio de mejoras en la situación judicial de Los Monos y acciones contra el grupo competidor de Esteban Alvarado. En enero de 2022, Verdún amenazó en medio de una audiencia al fiscal Matías Edery (“esto no va a quedar así”) y la Justicia Federal revocó la excarcelación que había recibido en una causa por narcotráfico, por lo que fue enviada a la cárcel de Ezeiza.

A los 19 años, Uriel Luciano Cantero, nieto del Viejo e hijo del “Pájaro” y de Verdún, también está preso y afronta acusaciones por homicidio, extorsiones y venta de drogas.  Fue detenido en enero de 2022, en posesión de un arsenal.

“Guille” Cantero, cuyo liderazgo parece en crisis ante la coyuntura, nació en Rosario el 14 de mayo de 1988. Cumple una condena de 96 años de prisión, por la acumulación de las sentencias de ocho juicios. Si la cifra no tiene parangón en la historia criminal argentina, es altamente probable que Cantero la supere incluso con las investigaciones que lo involucran en la trama del asesinato del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano y en una organización que seguía sus instrucciones para vender drogas y cometer otros delitos en Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco.

En agosto de 2022 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de Cantero y de Leandro “Pollo” Vinardi, entre otros, por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario y por “comercio de drogas agravado por servirse de menores de dieciocho años, cometido con violencia e intimidación”. El juez Aníbal Pineda describió al grupo como “una organización de corte piramidal”, también dedicada a las extorsiones contra comerciantes mediante balaceras.

Vinardi, detenido en la cárcel de Ezeiza, es ahora protagonista de un conflicto que erosiona la estructura narco. Otro grupo que reconoce la autoridad de “Guille”, integrado por Rodolfo Masini, Leandro Vilches y Pablo Nicolás Camino le reclaman el pago de una deuda. La disputa es el trasfondo de los crímenes de Lorenzo Altamirano y de Yamil Brandon Ortigoza, ajenos a los hechos y asesinados al solo efecto de intercambiar amenazas entre unos y otros.

Las investigaciones recientes permiten vislumbrar que en el narcomenudeo rosarino rige el criterio de que quien pierde una carga de droga en un allanamiento debe hacerse cargo de los costos o atenerse a las consecuencias. Las diferencias económicas, entonces, agregan otro motivo a la violencia cotidiana. Ese sería el caso de los reclamos que enfrentan Vinardi y sus socios Damián Escobar y Cristian Avalle y también de las ejecuciones que padece la familia de Julio y Gonzalo Villalba, otros actores conocidos en el ambiente, después de que la policía bonaerense les incautó 12 kilos de cocaína.

En las escuchas telefónicas de la causa se advierte que Vinardi reconoce el padrinazgo de Cantero y se subordina a su autoridad (“está bien todo lo que vos quieras”), pero también reclama por la violencia de los rivales, presos en la cárcel de Rawson (“los apañás a ellos”). En la triangulación de llamadas que arma el circuito telefónico tumbero se aprecian también las dificultades de “Guille” para resolver el conflicto. Una fisura que podría resquebrajar el orden que su familia impuso a sangre y fuego hacia fines del siglo XX.

OA

Un informe elaborado por fiscales federales y organismos de la Procuración General de la Nación identificó a 19 casos de jefes de bandas narco  manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, incluyendo a varios líderes de las bandas de Rosario, pero también de los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), de acuerdo con el documento analizado por elDiarioAR y que es público desde septiembre de 2021.

La investigación fue realizada por cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Luego fue elevado por el procurador interino Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, responden que las restricciones en las cárceles tocaron techo y que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional”, según informaron en 2022 a este medio ante la consulta.

Mientras la ciudad de Rosario volvió a la agenda de los medios, políticos y jueces esta semana tras el golpe de efecto que provocaron las amenazas de bandas narco al futbolista Leonel Messi y la familia de su esposa, los fiscales finalizan un nuevo informe para actualizar la información suministrada hace más de un año a las autoridades del Ejecutivo y volverán a incluir a capos de organizaciones criminales de la ciudad más asediada por el narcotráfico y la criminalidad organizada, adelantó e elDiarioAR una fuente con acceso directo a la investigación.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó este jueves que “ganaron los narcos”.

Rosario alcanzó en 2022 el pico de homicidios desde al menos 2014, con 287 muertes que concentran el 70% de los asesinatos de la provincia de Santa Fe, de acuerdo al reporte anual de homicidios del Observatorio de Seguridad Pública provincial.

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”. Todo controlado por 19 acusados con cómplices directos en el exterior de las cárceles. 

“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, dice el informe. Los 19 casos de líderes de bandas u organizaciones fueron identificados en el informe.

A su vez, los fiscales identificaron en qué cárceles los acusados y condenados por narcotráfico siguen operando con incidencia directa en el territorio: desde los establecimientos federal de Ezeiza y Marcos Paz hasta la Unidad 6 de Rawson; y otras unidades en Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Salta, Santa Fe y La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Este viernes, la Policía Federal allanó los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza por orden de juzgados federales de Morón, Rosario

Para la investigación, los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los presos, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas, ya que se trata de los mismos fiscales que los investigan por delitos cometidos antes de que ingresaran a las unidades carcelarias.

En Rosario y Clorinda, Santa Fe, y en la cárcel federal de Rawson, Chubut, se detectaron al menos seis episodios de capos narcos, entre ellos los líderes de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero y Leandro Vilches, alias “Gordo”. Cantero incluso “organizó la privación de libertad” desde un teléfono fijo que utilizaba en su lugar de detención“, informaron los fiscales. El acusado fue trasladado luego a la cárcel federal de Ezeiza.

Cantero “está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular

Cantero “está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondieron en el Ejecutivo.

“Quitarle acceso total al teléfono del pabellón -donde tiene acceso al teléfono oficial- y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada.

La investigación demuestra que “la detención y condena de sus responsables no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de las organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”, sostienen los fiscales en el informe.

Se trata de “sujetos condenados por hechos graves y de suma peligrosidad y que han ocupado los eslabones más altos de organizaciones criminales complejas” y que “fueron alojados en unidades que, conforme a la categorización de los establecimientos penitenciarios, presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”.

“En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular”. Por eso, y en base a lo que establece la ley argentina, los fiscales solicitaron la instalación de inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal. 

“Restringir o incluso inhibir las comunicaciones telefónicas en las cárceles puede conducir a motines y otras situaciones violentas”, se quejó un funcionario del ministerio de Justicia ante la sugerencia. 

Además de teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones, los capos narco utilizan para transmitir sus órdenes al exterior a “personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares.

En el Ejecutivo aseguran que “se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, dijo una fuente oficial ante la consulta en 2022.

Pero los fiscales también sostienen que “en algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”. 

ED/MG

Con sigilo, y muy pocas precisiones, está en marcha la preparación de lo que llaman “festejo organizado” para recibir a la Scaloneta, que obtuvo la tercera estrella en Qatar, cuando el equipo regrese a la Argentina a fines de marzo, luego de que la AFA confirmó dos amistosos: el primero, el jueves 23 en el Monumental, y el segundo el martes 28 en Santiago del Estero.

Alterado por tensiones políticas, la más visible fue el cruce que protagonizaron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a raíz del fallido recorrido de la Selección cuando regresó al país el martes posterior a ganar la copa del mundo, desde la entidad se pidió organizar un operativo ante la posibilidad -que creen muy alta- de que tras el festejo trunco de diciembre, haya concentraciones alrededor del predio de Ezeiza y resulte, además, complicado el traslado cuando el equipo juegue en el Monumental.

“En enero, cuando se confirmó el primer amistoso, se empezó a hablar de la necesidad de un operativo con una logística muy importante luego de lo que ocurrió en diciembre”, confió a elDiarioAR una fuente involucrada en los movimientos de la Selección.

A ese clima difícil, con diálogo cortado entre la AFA y el ministerio de Seguridad nacional, apareció otro factor que le sumó tensión: la amenaza contra Leo Messi que apareció este jueves en Rosario y que desató una serie de cruces y alertas en el mundo de la política. Este mediodía, Pablo Javkin, el intendente de Rosario, hablo durante media hora con Alberto Fernández sobre el episodio. Según fuentes oficiales, la conversación fue buena y se analizó la información aportada por el área de inteligencia criminal sobre el ataque.

Javkin, luego, dijo en radio que Fernández debía viajar a Rosario y desde Casa Rosada lo cuzaron con el planteo de que en la conversación telefónica el intendente nunca le hizo ese pedido. En paralelo, Fernández convocó a su equipo para analizar medidas de coordinación. Este jueves, además, se espera un anuncio por parte del Consejo de la Magistratura la instalación de cámaras de tele vigilancia de alta complejidad en los tribunales federales de Rosario. El tema se había acordado hace quince días entre Fernández y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Amenaza

La experiencia del 20 de diciembre, cuando unos 5 millones de argentinos se movilizaron para recibir al equipo y festejar la copa del mundo, se instaló la preocupación sobre la eventualidad de que vuelvan a producirse concentraciones masivas cuando regrese el equipo. Según la agenda de la AFA; los jugadores estarán en el país entre el lunes 20 y martes 21 de marzo. El primer partido será el jueves en el Monumental contra Panamá.

El alerta inicial fue que haya concentraciones en el predio de la AFA en Ezeiza, como ocurrió cuando regresaron de Qatar. Pudieron salir, en colectivo, pero tuvieron que volver en helicóptero. El mismo medio de transporte, casi como si fuese un rescate, se utilizó para que los jugadores puedan luego dejar el predio para viajar a sus casas o volver a Europa.

Como la zona de Ezeiza está bajo la órbita del gobierno bonaerense, ya hubo conversaciones entre la AFA y la administración del gobernador bonaerense Axel Kicillof para analizar medidas. En diciembre, parte de esa tarea la llevó adelante la Policía Bonaerense, a cargo del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.

“Tenemos que estar atentos porque para muchos quedó pendiente el festejo y van a querer recibir y acompañar a la Selección. También hay que ser muy cuidadosos con lo que se haga en el Monumental, mucha seguridad, para que no haya más gente de la que entra”, confió una fuente al tanto de los preparativos.

La idea, aunque no terminó de tomar cuerpo, es armar lo que llaman un “festejo organizado”, en un lugar amplio que permita descomprimir la agenda de la Selección. “La propuesta es que haya un lugar grande, donde se pueda ver a los jugadores, así se evita que rodeen Ezeiza o que vayan todos al Monumental ¿Cómo se van a mover? ¿Van a ir en helicóptero al mundial? ¿Van a ir en micro? La gente se va a tirar arriba del micro”, se indicó.

Este jueves, Tapia acordó con el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora que el segundo amistoso de la Selección, post campeonato, será en esa provincia, estadio donde Boca venció a Patronado. Ese era uno de los tres escenarios en análisis: además estaban Córdoba y San Juan. Finalmente, se optó por Santiago del Estero. Zamora, este jueves, le dio la placa de huésped de honor a Tapia que apuró su regreso de París, adonde asistió a la entrega de los premios The Best, para estar en esa provincia del norte argentino.

La amenaza contra Messi - que cada vez que viene a Argentina viaja a Rosario, donde vive su familia y la de su pareja, Antonela Roccuzzo- le sumó preocupación a todos los operativos porque además de las medidas para manejar la posibilidad de grandes concentraciones donde esté la Selección, se deberá agregar un operativo de seguridad adicional por la amenaza contra el número 10.

En la práctica, al existir una amenaza pública, la custodia sobre el jugador debería extremarse lo que, a su vez, puede complicar cualquier plan de “festejo organizado”, sobre el que entró en análisis la posibilidad de una concentración en plaza de Mayo lo que implicaría, se sobreentiende, la presencia de los jugadores en el balcón de la Casa Rosada, algo que no pudo ser durante el festejo del 20 de diciembre.

PI/MG

A raíz de la situación de violencia que se vive en la ciudad santafesina, con asesinatos a diario y un pedido por parte de las autoridades provinciales de un mayor refuerzo de fuerzas de seguridad por parte del Gobierno nacional, la pastoral social de la arquidiócesis de Rosario difundió este martes un comunicado en el que expresa su preocupación “no solamente por la pobreza que castiga a grandes sectores, sino también por la violencia que nos angustia, restringe nuestra libertad y enluta”.

“Rosario vive en circunstancias cuya injusticia clama al cielo”, dice el escrito de la Iglesia, en el que describe las circunstancias que generaron un “terreno propicio para que arraiguen las adicciones y el narcotráfico, negocio de macabros intereses, cuyo crecimiento no podemos explicar a no ser que esté cobijado por sectores del poder”.

“Nuestra dignidad es desconocida y vulnerada. La injusticia crece y clama al cielo por la falta de respuestas de los distintos niveles del Estado representados por magistrados y funcionarios designados legalmente en democracia y cuyo poder queda deslegitimado por un ejercicio de este que no genera las políticas públicas lúcidas, decididas y valientes necesarias y que tantas veces hemos reclamado haciéndonos eco del sufrimiento de la gente”, detallan los representantes de la Iglesia católica.

Asimismo, piden a los gobernantes avanzar en la solución: “Son las autoridades las que cuentan con mayores recursos tanto para eliminar las causas como las nefastas consecuencias de la violencia criminal”.

“Por eso, en este Año Mariano Arquidiocesano pedimos a nuestra Madre del Rosario que inspire a toda la ciudadanía, pero especialmente a la dirigencia política, económica y social, para que dejando de lado intereses y mezquindades arriben a los consensos imprescindibles que deberán ser la base de esas políticas públicas lúcidas, decididas y valientes a implementar por los magistrados y funcionarios actuales, y los que en cada oportunidad sean elegidos democráticamente”, pidieron desde la pastoral social rosarina.

“Sólo así se podrá lograr la Paz tan largamente anhelada que posibilite la convivencia fraterna que nos merecemos”, concluye el comunicado.

Con información de Agencia Informativa Católica Argentina.

IG