Mientras el Gobierno avanza en el Congreso con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad y reformar el régimen penal juvenil, un informe sobre la situación carcelaria en la Argentina vuelve a poner en cuestión la eficacia de las respuestas punitivas frente a la inseguridad. Los datos muestran un crecimiento sostenido del encarcelamiento, niveles persistentes de sobrepoblación y una población privada de la libertad mayoritariamente joven, en un sistema que ya funciona bajo fuerte estrés.

La iniciativa oficial —incluida en el temario de las sesiones extraordinarias— propone modificar la Ley Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años, a un piso que el Gobierno busca ubicar entre los 13 y los 14 años, según las negociaciones en curso con bloques aliados. El proyecto apunta a ampliar la posibilidad de imputar penalmente a adolescentes por delitos considerados graves, bajo un régimen diferenciado, y es defendido por el oficialismo como una respuesta frente al aumento de la violencia y la reiteración de delitos cometidos por menores.

El debate legislativo se da, sin embargo, en un contexto penitenciario complejo. Según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), al que accedió elDiarioAR, en 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país, la cifra más alta registrada hasta el momento. La tasa de encarcelamiento alcanzó las 258 personas cada 100 mil habitantes, con un incremento interanual del 7,1%, por encima del promedio histórico.

Ese crecimiento no estuvo acompañado por una mejora estructural del sistema. Aunque varias provincias ampliaron su capacidad penitenciaria, la sobrepoblación promedio a nivel nacional fue del 30,2%: en la práctica, por cada 100 plazas disponibles se alojaron 130 personas. Distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Tierra del Fuego superaron incluso ese promedio.

Uno de los datos más relevantes para el debate sobre imputabilidad es la edad de la población encarcelada. El informe muestra que el sistema penal argentino ya absorbe de manera temprana a jóvenes adultos: seis de cada diez personas presas tienen entre 21 y 39 años, con una fuerte concentración en el tramo de 30 a 39. En contraste, el grupo de 18 a 20 años representa apenas el 2% del total de personas privadas de libertad. Es decir, el endurecimiento penal previo no evitó que el encierro juvenil y joven se expandiera en las últimas décadas.

También aparecen señales de alarma en el plano judicial. En 2024, si bien el 62% de las personas presas estaba condenada, más de 45 mil permanecían detenidas sin sentencia firme, una cifra que sigue creciendo en términos absolutos. Entre las mujeres privadas de libertad, la situación es más crítica: casi la mitad (48,6%) está procesada sin condena, doce puntos más que entre los varones.

El informe del CNPT aporta además un dato central para la discusión sobre política criminal: el 17% de las personas condenadas cumple penas de hasta tres años, generalmente por delitos no violentos como robos simples, hurtos, estafas o infracciones a la ley de drogas. Se trata de sanciones que, según el propio Código Penal, podrían ser cumplidas bajo modalidades alternativas al encierro, lo que vuelve a poner en debate el uso de la cárcel como respuesta casi excluyente.

En este escenario, distintos organismos de derechos humanos, especialistas en justicia juvenil y sectores de la oposición advierten que bajar la edad de imputabilidad podría ampliar aún más el universo de jóvenes bajo control penal, sin resolver las causas estructurales del delito. A esas críticas se sumó la Iglesia Católica, que rechazó la iniciativa oficial y reclamó “transformaciones profundas” centradas en la inclusión social, la educación y la prevención, en lugar de un enfoque basado casi exclusivamente en el castigo.

MC

El Gobierno habilitó a la Policía Federal, que comanda Patricia Bullrich, a realizar requisas personales en la vía pública sin orden judicial. La polémica iniciativa libertaria se confirmó este martes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, justo un día antes de que Cristina Kirchner busque encabezar una masiva movilización a Comodoro Py para quedar finalmente detenida tras el fallo en su contra en la causa Vialidad. Hoy, la ministra presentará los cambios en la fuerza acompañada por el presidente Javier Milei, en la sede policial de Palermo, donde la Justicia podría ordenar que la exmandataria quede presa hasta tanto se confirme su prisión domiciliaria.

Bullrich ejecutó la profundización de su política de mano dura mediante el decreto 383/2025, firmado por ella y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí se dispone, como una de las nuevas facultades de la Policía Federal, la posibilidad de realizar requisas sin orden de un magistrado a partir de una serie de “supuestos” arbitrarios, como la presunción por parte del efectivo policial de que “se ocultan cosas relacionadas con un delito”, la existencia de “peligro cierto de que desaparezcan pruebas que se intentan incautar”, o en el marco de “operativos de prevención” en lugares públicos.

Textualmente, en la medida oficial se lee entre las facultades de la PFA:

“Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los siguientes supuestos:

a. Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito.

b. Que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar.

c. Que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención.

d. En los demás casos que prevea la legislación vigente“.

La norma de Bullrich deroga el Decreto-Ley N.º 333/58, vigente desde hace más de seis décadas, y modifica artículos de leyes complementarias para alinear el marco normativo con la mano dura libertaria.

La medida establece un cambio profundo en el rol operativo de la Policía Federal, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito, dejando atrás su tradicional presencia en tareas de seguridad urbana, en especial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso no quita que siga activo el protocolo antipiquetes, que Bullrich aplica cada vez que hay una manifestación frente al Congreso o la Casa Rosada. Uno de los objetivos que se mantiene para la fuerza es “proveer a la seguridad del Estado Nacional, protegiendo funcionarios, empleados y bienes nacionales”.

Entre los ejes principales del nuevo Estatuto figuran la modernización de la estructura orgánica, la incorporación de tecnologías forenses y sistemas de información, un programa de formación para profesionales universitarios y la implementación de protocolos de última generación para la investigación criminal.

Además, el decreto crea el Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que será financiado parcialmente con la reducción progresiva del ingreso de nuevos suboficiales. El Ejecutivo también habilitó a la cartera que dirige Patricia Bullrich a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores, convocar personal retirado y reorganizar los escalafones internos.

La ministra Bullrich sostuvo que esta transformación busca “una fuerza ágil, inteligente y profesional”, alineada con estándares internacionales como los del FBI estadounidense. Milei encabezará esta tarde, desde las 15, el anuncio oficial junto a Bullrich en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal, uno de los lugares que se especula podría ser el destino transitorio de Cristina Kirchner antes de que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria definitiva.

MC

Jeremías Sosa sufría ataques de pánico. En la noche del 22 de febrero, cuando visitaba a su hermana en Olivera, partido de Luján, se asustó por el ruido de una moto y empezó a correr. Un vecino dio el alerta y la voz corrió de boca en boca: era un ladrón. Perseguido y acorralado, entre seis y diez personas lo golpearon hasta provocarle la muerte mientras otras azuzaban a los agresores. Tenía 31 años, era padre de dos hijos y trabajaba como albañil.

El asesinato de Jeremías Sosa representa un caso extremo pero no aislado de un nuevo tipo de violencia: el que ejercen vecinos contra personas a las que acusan por delitos reales o imaginarios. “Las tentativas de linchamientos, las detenciones vecinales, las quemas intencionadas de viviendas con la expulsión de habitantes de un barrio, forman parte de repertorios securitarios a disposición de la vecinocracia”, reflexiona Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

Vecinocracia “es el gobierno de los vecinos vigilantes”, según Rodríguez Alzueta, autor de un libro que enuncia la categoría desde el título: Vecinocracia. Olfato social y linchamientos (2019). Las acciones directas contra presuntos delincuentes “son maneras que tienen los vecinos de reponer umbrales de seguridad y certidumbre en el barrio y de gestionar una sanción moral que compense la falta de justicia y la desconfianza hacia la policía”, agrega el también director del Laboratorio de Estudios Criminales.

Según distintas versiones, los vecinos acusaron a Jeremías Sosa por los robos en general en la localidad de Olivera o por haber intentado un robo o por un robo del que nadie aportó detalles. Cuatro de los agresores están detenidos y otras cuatro personas tienen pedido de captura y permanecen prófugas. La fiscal María Laura Cordiviola investiga el hecho como homicidio agravado por alevosía, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Un devenir delincuente

“Hay cambios en las prácticas de vigilancia vecinal”, observa Manuel Tufró. El punto de referencia son los años 90, cuando la figura del vecino comenzó a erigirse en una autoridad sobre políticas de seguridad. “En ese momento y en los primeros 2000, los grupos de clase media tenían contacto con algún tipo de estatalidad para reclamar, interpelar o colaborar con la policía. En los últimos años, a medida que las lógicas de violencia y de degradación del tejido comunitario fueron avanzando, empezaron a aparecer prácticas muy distintas en los barrios populares, desde pasacalles que advierten sobre represalias contra delincuentes hasta acciones difundidas en redes sociales con carácter ejemplificador y disciplinante. En el fondo, es un devenir delincuente de los propios grupos”, agrega Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y autor de La patria chica. Genealogía política de la figura del vecino (2018).

En la mañana del 28 de febrero, un empleado de seguridad privada de 62 años iba en moto a su trabajo en General Rodríguez. De pronto observó que otro motociclista se ponía a la par, los vehículos se rozaron y ambos cayeron al asfalto. El vigilante extrajo un arma de fuego y ejecutó al desconocido porque tuvo miedo de que fuera un ladrón. La víctima, de 31 años, se llamaba Raúl Ricardo Kapelinski, carecía de antecedentes delictivos, estaba desarmado y trabajaba como jardinero.

“El temor por el delito era más de la clase media hacia la clase baja –sigue Tufró-. Ahora hay una preocupación extendida en barrios de sectores populares que están a la intemperie en cuestiones de seguridad. El cambio es el pasaje a la acción directa, porque los grupos de clase media del ciclo anterior apuntaron a generar reclamos a las autoridades, a la policía o a los medios de comunicación”.

Las agresiones vecinales se perpetran en grupo y definen además un nuevo motivo para el periodismo, el linchamiento que generalmente no se concreta por la intervención policial o de personas menos violentas. El título se repite: “Vecinos de Berisso casi linchan a un joven delincuente”, “Vecinos casi linchan a un delincuente en Luis Guillón”, “Casi linchan a un motochorro en Ramos Mejía”. Otros casos terminan en asesinatos, como el de Sosa, o el de David Moreira, de 18 años, apaleado por una decena de vecinos de barrio Azcuénaga, en Rosario, que además organizaron marchas de protesta cuando la Justicia intentó una investigación.

La figura del vecino, expone Tufró, es tan significativa por lo que define como por lo que excluye: trabajadoras sexuales, travestis, migrantes y hasta “los manteros de Once” según la prédica actual de la organización Buenos Vecinos: “Sigue siendo una forma de marcar diferencias desde un lugar moral, no solo con delincuentes sino con otras figuras que en el imaginario se asocian al delito pero que en realidad tienen que ver con usos del espacio público que van en contra de cierta mirada de clase media. Por otro lado, también sirve para diferenciarse de los políticos como una forma de organización supuestamente apolítica y por eso más legítima”, afirma el investigador.

Rodríguez Alzueta describe una especie de pedagogía de los medios de comunicación: “El vecino es aquella persona replegada en la esfera privada, abocado a su familia, es decir, alguien sin empatía, que tiene muchas dificultades para pensar sus problemas con las dificultades que tiene el otro. Ese vecino antipático solo está dispuesto a salir de su zona de confort para acceder al espacio público cuando es víctima de algún hecho. Aprendió viendo la TV que esa es la única forma de que su voz tenga quórum o legitimidad”.

La retroalimentación del fenómeno por parte de los medios de comunicación es una constante desde el doble crimen perpetrado el 16 de junio de 1990 por el ingeniero Horacio Santos contra los ladrones del estéreo de su auto. “La responsabilidad de los medios está en cómo crean la cotidianeidad en la que se insertan estos episodios, en cómo construyen de manera sostenida la idea del peligro y el miedo al delito. También existe una diferencia en ese sentido: si hace 25 años había una amplificación, una exageración de situaciones, ahora muchos casos dialogan con la experiencia real de los sectores populares. También hay medios que se colocan en el lugar de los linchadores, hablan desde ese punto de vista”, destaca el director de Seguridad y Justicia del CELS.

Tufró señala que la categoría del vecino fue central en la argumentación macrista en la era de la grieta y la confrontación con el kirchnerismo pero cayó en desuso con el discurso libertario. Rodríguez Alzueta observa otra articulación con la coyuntura política: “Milei no solo supo interpretar el descontento que la política fue acumulando en las últimas décadas, sino que le puso un megáfono al resentimiento y el odio que surcaban gran parte de la sociedad. La Libertad Avanza fue una puesta en valor de las pasiones bajas y también una interpelación. Sobre todo para los vecinos o grupos y grupetes de personas que se sienten llamados o empoderados alrededor de determinados temas como la seguridad”.

En el nombre del bien

En Rosario, el intendente Pablo Javkin sostiene sus discursos sobre los problemas de seguridad en la distinción entre buenos y malos vecinos. Sin mayores precisiones y como si los actores vivieran en universos separados, Javkin reproduce así los discursos de mano dura habituales en el gobernador Maximiliano Pullaro.

Buenos Vecinos es el nombre del grupo de “vecinas y vecinos organizados, trabajando por el bien común desde 2012” que en abril denunció a una migrante peruana que vendía medias en la calle. Su cuenta de Instagram es una vocería de prensa de la Policía de la Ciudad y del gobierno de Jorge Macri, aunque también presume de hacer investigaciones y gestionar políticas por su cuenta, como el “plan antinarcos en la ciudad” para el que recolectan firmas en la calle.

“Ya en los 90 había grupos de clase media que intervenían para ejercer un control del espacio público y generaban vínculos con la policía en un sentido de colaboración. En realidad, amplificar la mirada y el discurso de la policía hacia el resto de la sociedad. Son funcionales a sus intereses. Buenos Vecinos sigue esa línea pero en un contexto en el que el discurso de La Libertad Avanza ofrece una nueva plataforma para desplegar racismo y discriminación explícitos; además encuentran eco en prácticas del gobierno de Jorge Macri en relación con el espacio público”, dice Tufró.

Hasta principios de los 2000, recuerda el director del CELS, “había un discurso sobre la necesidad de controlar a la policía y de la participación ciudadana como una forma de ejercer ese control; eso ha desaparecido”, apunta. Y concluye: “También el peronismo adoptó una política de Estado donde la policía es el principal y único instrumento de la seguridad”.

Rodríguez Alzueta confirma “la concepción policialista de la seguridad” como una especie de dogma instalado e insta a la creatividad política: “Siempre les digo a los funcionarios que faltan palabras para pensar los temas. Si convocás a los vecinos alrededor de la palabra seguridad, los invitás a pedir más policías, más camaritas de vigilancia, más patrulleros. Y además dejás a gente afuera, porque es muy difícil que los jóvenes se sientan convocados. En cambio, cuando los interpelás alrededor de la 'tranquilidad' estás procurando que los vecinos lean un problema al lado del otro, los conflictos urbanos al lado de la pobreza, la desigualdad social, la falta de infraestructura urbana. Pero los políticos son muy perezosos y les sale más barato, electoralmente hablando, tapar agujeros y patear los problemas para delante”.

Buenos Vecinos presume de haber logrado “importantes avances” en la Comuna 3 y en la Ciudad respecto a dos problemáticas clave: “la venta ilegal y el narcomenudeo”. Y sostiene un programa: “Todavía queda mucho por hacer, y no vamos a parar hasta que toda la Ciudad esté ordenada para todos”.

Rodríguez Alzueta no cree que alcancen esa utopía represiva: “Por el contrario, pueden recrear las condiciones para que los vecinos se sientan más inseguros, toda vez que estas estrategias securitarias contribuyen a fragilizar las relaciones entre los vecinos y a reproducir las distancias entre las distintas generaciones, y porque la policía ahora se hará presente de manera más violenta”.

Según Manuel Tufró, “estos grupos ejercen cierto poder, a veces simbólico, a veces con consecuencias directas sobre los cuerpos y las libertades de otros, pero al mismo tiempo son sectores subordinados, utilizados por la policía para sus propios fines; su poder surge de la clase social que representan y de cómo eligen sus blancos, siempre en sectores populares”. Como Jeremías Sosa, la noche en que cayó en manos de una horda de vecinos honrados. 

MC

La mano dura fue su propuesta de seguridad cuando asumió el gobierno de Santa Fe en diciembre de 2023 y ahora se proyecta con la posibilidad de convertirse en ley. Maximiliano Pullaro anuncia que no habrá “ningún concepto garantista” si la lista del frente Unidos triunfa en las elecciones de los convencionales que reformarán la Constitución de la provincia, previstas para el 13 de abril.

Pullaro planteó su programa de una Constitución sin garantías en la apertura de sobres de la licitación para la construcción de una cárcel destinada a presos de alto perfil en la localidad de Piñero. A un año de la difusión de videos y fotos de presos exhibidos “a lo Bukele” en la cárcel de Coronda, editadas con bandas de sonido heavy metal y proclamas beligerantes contra la criminalidad, el gobernador velará porque no haya “ningún tipo de beneficio para los delincuentes”, según dijo.

“La Constitución provincial tiene que ajustarse a los derechos y garantías de la Constitución nacional y a los pactos internacionales que ha suscripto la Argentina. Para que no existan conceptos garantistas habría que revisar también la legislación en derecho penal”, observa Cecilia Lesgart, politóloga y profesora de la Universidad Nacional de Rosario consultada por elDiarioAR. Las declaraciones de Pullaro “tienen que ver con una campaña electoral que para la ciudadanía aparece confusa por la cantidad de cargos que se eligen y van de lleno a la disputa con LLA sobre el orden securitario”, analiza la investigadora.

La utopía punitivista de Pullaro también provocó las reacciones de constitucionalistas santafesinos en la red X. “Es un oxímoron. ¿Qué es una Constitución sino garantista, en el sentido de respetar las garantías penales y procesales que vienen del derecho penal liberal desde el siglo XVIII?”, se preguntó Oscar Blando. “¿Se pretende reprimir desde el absoluto inquisidor que jamás se equivoca? Retrocedemos hasta antes de la Revolución Francesa”, observó Víctor Corvalán.

Los anacronismos de la Constitución de Santa Fe quedaron patentizados en 2021, cuando el senador Armando Traferri se escudó en la norma para no comparecer ante la Justicia por las acusaciones de protección a una red de juego clandestino. El 13 de abril los santafesinos elegirán cincuenta asambleístas por una lista común a nivel provincial, que se reunirán en una convención con otros diecinueve, uno por cada departamento de la provincia. Las reformas fueron acordadas por ley e incluyen la posibilidad de la reelección del gobernador.

“Las reformas institucionales buscan beneficiar a quienes las impulsan. En este caso, al gobernador que aspira a la reelección en un contexto político y social que le es favorable. Para eso será decisivo el número de votos que alcance Unidos, si logra mayoría propia o necesita alianzas. Ese es el foco de la disputa”, señala Cecilia Lesgart, también investigadora del Conicet.

Pullaro encabeza la nómina de Unidos, donde convergen la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista y otros partidos menores. Con el peronismo disperso en tres listas, el gobernador observa como su principal competidor al periodista Juan Pedro Aleart, referente de La Libertad Avanza. “Aleart saltó a la arena política después de denunciar a su padre y a un tío por abusos sufridos en la infancia –recuerda Lesgart–. A diferencia de Pullaro es un outsider pero su denuncia, en horario central de la televisión rosarina, causó una identificación muy fuerte con la audiencia. Unidos y La Libertad Avanza disputan los mismos electores. Aun reconociendo la volatilidad del electorado, juegan en un mismo clima de época corrido hacia la derecha, en donde los discursos punitivos concitan adhesión”.

Los posicionamientos de Pullaro ante la coyuntura nacional pueden ser interpretados como señales hacia los electores de La Libertad Avanza. El gobernador de Santa Fe se pronunció en contra del juicio político al presidente Javier Milei por el escándalo cripto y, en la misma conferencia de prensa en que postuló una Constitución sin garantías, dijo que compartía los objetivos de la ministra Patricia Bullrich en seguridad pública.

“Hay varias elecciones este año, en un momento en que la ciudadanía siente una gran apatía por el poroteo cotidiano y no tiene claro qué se vota –destaca Lesgart–. Una elección es la de constituyentes, pero también se renuevan concejales, hay municipios que eligen por primera vez intendente, elecciones nacionales y está el debate por la derogación de las PASO. En este clima no es extraño que Pullaro haga esas manifestaciones sobre el garantismo, porque hay una disputa fuerte con La Libertad Avanza para retener o ganar electores y se manifiesta en la definición pública de qué es un delito, cómo reprimirlo y cómo sancionarlo, no solo en términos jurídicos sino también socialmente”.

El rebote de la violencia

Pullaro reivindicó en conferencia de prensa “el policiamiento que tenemos en la calle”, en alusión a los operativos de pinzas donde las fuerzas de seguridad interceptan a vehículos y peatones y requieren documentos de identidad. El gobernador resaltó la disminución de delitos contra la propiedad en la provincia: según sus registros, “en enero de 2024 hubo 4.700 delitos contra la propiedad y en enero de 2025 tuvimos 2.100”. Como corolario pidió un aplauso para la policía provincial, a la que por otra parte privilegió por encima de los docentes y los trabajadores de la salud al otorgarle en 2024 un 3% más de aumento sobre los montos concedidos por paritarias.

“Hay un problema ideológico en algunos jueces, en algunos fiscales que fueron cambiando, ni hablar en los (abogados) defensores que es su trabajo” agregó Pullaro en un video publicado en su cuenta de X. El contexto incluye otro dato relevante: los homicidios dolosos en Rosario aumentaron durante enero un 10% por encima del registro de enero de 2024.

“Algunos cambios en los últimos años pueden tener un impacto positivo en la disminución de los homicidios dolosos y otros, coyunturales, son muy débiles y permiten rebotes de la violencia”, dice el criminólogo Enrique Font a elDiarioAR, quien agrega que “hay un reordenamiento en la policía provincial con la hegemonía de un sector que disciplina y logra acotar pero no erradicar el cuentapropismo en la corrupción institucional”.

El último caso es el de una banda de poliladrones que actuaba dentro del Comando Radioeléctrico de Rosario, cuyos diez integrantes fueron imputados por robos, allanamientos ilegales y falsificación de actas de procedimientos a principios de enero. Font suma “la incapacidad para detener a los integrantes de la banda de Los Menores tiene que interpretarse como lo que es: dejar hacer a un grupo en ascenso en desmedro de otros”.

La banda de Los Menores se encuentra en actividad desde 2021 en la zona noroeste de Rosario y su notoriedad escaló a partir del 9 de noviembre pasado, ante la sospecha de que instigó o por lo menos proveyó los sicarios que ejecutaron a Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra de Rosario Central– y Daniel Raúl Attardo. Uno de sus jefes, el prófugo Jonatan Garraza, revistaba en la Policía de Investigaciones, la sección de la policía de Rosario encargada de perseguir a las organizaciones criminales.

Siete integrantes de la Policía de Acción Táctica están acusados en la Justicia Federal por un allanamiento ilegal realizado el 13 de agosto de 2024 en una casa del barrio Azcuénaga de Rosario, donde robaron entre 12 y 15 kilos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos. También privaron de la libertad a cinco personas, entre ellas dos menores de edad. El Ministerio Público Fiscal amplió las acusaciones el 10 de enero: los policías enfrentan cargos por comercio de estupefacientes, violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento, y según se sospecha derivaron la droga a otras personas para su venta en la calle.

De la cárcel a la calle

La promesa de Pullaro de recuperar el orden en la calle y en las cárceles no aparece solamente en duda por el aumento de homicidios en enero. El mismo día en que el gobernador reafirmó la apuesta por la política de mano dura, la Justicia Federal ordenó un segundo allanamiento en la cárcel de Las Flores ante el hallazgo de más de cuatro kilos de marihuana enterrados en el patio de un pabellón donde no había cámaras de vigilancia, además de armas de fuego y celulares. El Ministerio de Seguridad de la provincia debió remover a la cúpula de la cárcel.

“Los allanamientos demuestran que las cárceles santafesinas no están controladas como afirma el gobierno sino que se parecen a las cárceles de siempre. En el Servicio Penitenciario de la provincia también hay cuentapropismo y así se puede arreglar matar a alguien dentro de la cárcel”, agrega Font. La referencia es el homicidio del preso Agustín de la Encina, perpetrado en la cárcel de Piñero el 13 de enero: el jefe de vigilancia Hernán Peralta y dos guardias fueron imputados por facilitar el crimen por parte de reclusos no identificados. Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales y como tal responsable política de las cárceles santafesinas, es candidata a convencional constituyente en las elecciones del 13 de abril .

“El éxito de la política de Pullaro depende de actores a los que no va a reformar, que son la policía y el Servicio Penitenciario provincial –explica Font–. Al interior de estas instituciones sigue existiendo un problema de autonomía por lo que la situación es muy inestable, con el agregado de un Ministerio Público de la Acusación que no investiga ni esclarece nada importante y que está totalmente controlado políticamente”.

Lanzado a una nueva campaña electoral, Pullaro reafirma la prédica con la que se impuso en las últimas elecciones a gobernador: “Tenemos que terminar con que los delincuentes son pobrecitos, víctimas de un sistema injusto que por eso cometen delitos y por eso salen a robar y salen a matar”, dice en su cuenta de X. La consigna de una Constitución sin garantías “no será olvidada después de las elecciones, porque es persistente en el discurso del gobernador y configurativa de su proyecto político”, destaca Cecilia Lesgart.

Pero la política punitivista recrea el problema que trata de enfrentar, advierte Enrique Font: “La retórica de la mano dura construye un relato de superhéroes e hipervillanos que consolida identidades y hace crecer el valor simbólico de las bandas, algo que termina operando en contra. La fragmentación de las organizaciones criminales generada por la participación policial y penitenciaria es otro problema. En Santa Fe hay circo, hay garrote y hay negocio”.

OA/MG

El anuncio del Gobierno de querer arancelar la universidad para los extranjeros se desarma apenas se pone la lupa sobre cómo funciona el sistema público en la actualidad. Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que la Casa Rosada tiene la intención de que se comience a cobrar a estudiantes no residentes, la realidad es que actualmente quienes ingresan a las casas de altos estudios ya cuentan con un DNI –otorgado por Migraciones de manera muy rápida– y no pagan porque la gratuidad educativa está avalada por la Ley de Educación Superior (Ley 24.521).

En su conferencia de este martes Adorni no aclaró si la reforma migratoria que impulsa Javier Milei correrá a partir de un decreto presidencial o vía cambios legislativos, pese a que el Congreso ya está virtualmente de vacaciones hasta marzo y no hay certezas aún de que vaya a haber sesiones extraordinarias.

“Sí o sí las universidades argentinas inscribimos con DNI argentino”, fue tajante en la aclaración sobre la situación de los estudiantes extranjeros el titular del Consejo Universitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, ante la consulta de elDiarioAR. Por lo tanto cae en un saco roto la idea de cobrarle a los “no residentes”, porque básicamente con ese estatus ninguna persona extranjera está habilitada para estudiar. Además, la intención libertaria es contraria a su supuesta idea de eliminar el rol del Estado de la vida cotidiana, ya que va contra la autonomía de las universidades.

Sí o sí las universidades argentinas inscribimos con DNI argentino

Víctor Moriñigo — presidente del Consejo Universitario Nacional (CIN)

La única excepción a esa regla, supo este medio de otras fuentes especializadas, son los casos de estudiantes extranjeros que llegan al país para hacer un intercambio temporal, “que generalmente son de un semestre”.

“El anuncio me parece una bomba de humo, un absurdo total. La gratuidad de la educación superior está fijada por la ley de reforma de educación superior de 2015”, sostuvo a su vez Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. “Plantear estudiantes extranjeros no residentes no existe. No tiene sentido a no ser que modifiquen la ley”, agregó el académico en la pantalla del canal LN+.

Sin detalles oficiales, en la Cámara de Diputados buscaron entender el anuncio y especularon sobre los caminos legales. Aclararon que si el oficialismo avanza efectivamente en la reforma que anunció Adorni, podría cambiar la Ley de Migración (25.871), además de prohibir que se otorgue la residencia a quienes vinieran a estudiar. Pero hay un choque inevitable con la gratuidad que establece la Ley de Educación Superior. Esta modificación ya se quiso hacer en la primera versión de la Ley de Bases del verano pasado y fracasó por la oposición de las fuerzas aliadas.

Una fuente legislativa aclaró que además el Gobierno podría adoptar el sistema de Estados Unidos, en el que hay distintos tipos de visa, para luego presentar un trámite específico de ciudadanía o residencia. “Hecho esto, entonces serían extranjeros y eventualmente plausibles de cobrárseles un arancel”, apuntó la voz consultada, que criticó el anuncio de Adorni por ser “un jueguito para la tribuna”.

Desde el CIN, Morigiño también dijo que no hay conocimiento de cuál será el método que adopte el Gobierno para avanzar en ese objetivo, pero apuntó contra el preconcepto de que las universidades se ahorrarían partidas cobrándoles a los extranjeros. “No sabemos cómo van a hacer. Pero si hay que discutir esta situación, habría que fijarse cuando se egresa que no se vayan rápido, porque ahí el Estado argentino sí invirtió en un profesional que sería importante que se quede”, subrayó.

“Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, detalló a modo de ejemplo Adorni para sostener la tesis libertaria de que arancelar va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio, justo cuando está en disputa el presupuesto 2025, que el Gobierno no quiere sancionar y en donde la partida específica para universidades está a la mitad de los reclamado por el CIN: $3,8 billones frente a $7,2 billones. “Para las universidades el costo marginal no es importante, porque en promedio el 5% de los estudiantes son extranjeros. Ya sean 5 o 50 en un aula, igualmente tengo que poner un profesor”, dijo Morigiño. 

De acuerdo con el último dato estadístico oficial, recolectado por el Ministerio de Capital Humano libertario, el 4,3% de la matrícula de las universidades estatales corresponde a estudiantes extranjeros. En todo el sistema estatal, al 2022, se registraron 91.984 estudiantes extranjeros. Justamente a contramano del anuncio oficial, el informe no desglosa entre “residentes” y “no residentes” porque solo los extranjeros con DNI o en documento en trámite están habilitados a cursar carreras de grado y posgrado. 

MC/JJD

Las coincidencias de fondo entre ambos son más importantes que las diferencias en las formas pero todavía no alcanzan para una reunión personal. El presidente Javier Milei estará hoy en Rosario por los festejos del Día de la Bandera y abandonará la ciudad después de pronunciar un discurso, sin encontrarse a solas con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Desde el debate entre los candidatos a la presidencia, cuando afirmó erróneamente que en Santa Fe no había policías presos ni muertos por la lucha contra el narcotráfico, Milei se ha referido a la provincia y en particular a Rosario a propósito de los problemas de seguridad. Se trata de la bandera de gestión del gobernador santafesino.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente (5 cada 100 mil habitantes), y en una alusión transparente puntualizó que “una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”. El 29 de marzo, después de la captura de un menor de 15 años por el crimen del playero Bruno Bussanich, el Presidente lanzó una consigna que ahora es el leitmotiv para la baja de la edad de punibilidad: “Delito de adulto, pena de adulto”.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente

Con esos antecedentes es probable que la seguridad sea un tema del discurso presidencial de hoy. Después de una celebración prematura del éxito del Plan Bandera, en febrero, y de la crisis desatada por los crímenes de cuatro trabajadores, en marzo, Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich coincidieron la semana pasada en destacar los avances del dispositivo de seguridad en la provincia, refrendados por la baja en los homicidios dolosos.

La coincidencia en la mano dura contra las bandas criminales y los presos de alto perfil en cárceles provinciales y federales no excluye diferencias entre el Gobierno nacional y el provincial. El gobernador de Santa Fe exhibe un perfil propio como dirigente del radicalismo y también en la gestión de gobierno, como mostró en su encuentro con el gobernador Axel Kicillof y con la defensa que hizo en X de su ex correligionario y siempre amigo Leandro Santoro, cuando Milei lo descalificó en las redes sociales.

Pullaro no dejó de reconocer el aporte de logística y de recursos humanos que hizo la provincia de Buenos Aires a Santa Fe durante la crisis de marzo. Como extensión de ese acercamiento, el 17 de mayo firmó con Kicillof un convenio para trabajar en conjunto “en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y análisis de actividades criminales, con el objetivo de facilitar la investigación de las actividades ilícitas”. Ambas provincias se comprometieron “a cooperar en materia de investigación del delito complejo y el crimen organizado, mediante el intercambio de datos e información”.

El gobernador de Santa Fe parece disputar con el Gobierno nacional el protagonismo en la aplicación de la mano dura. La consigna de “poner orden”, que esgrime en sus discursos, no se restringe a los problemas de seguridad y aplica tanto para bandas criminales como para reclamos salariales de los gremios estatales, en particular los docentes de Amsafé, y justificar entre otras medidas el descuento de los días de paro y la reinstalación del presentismo de los tiempos de Carlos Reutemann como gobernador.

“Quienes vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos, a ellos les queremos decir: llévenselos a sus casas”, dijo Pullaro el 16 de mayo, en un acto en la ciudad de Santa Fe donde presentó nuevos patrulleros de la Policía. En el mismo acto fustigó “algunas cosas intelectuales que alejan a la realidad de lo que está pasando” y dijo que “algunos nos critican en este momento, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y con las garantías”. Se refirió así a una denuncia por apaleamientos y torturas a presos en la cárcel de Piñero, después de una balacera contra un colectivo que transportaba agentes penitenciarios.

Una lejana reivindicación a Alfonsín

Los presos denunciaron la aplicación de picana y submarino seco, y peritos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia constataron lesiones. Pullaro suele reivindicar su formación como politólogo especializado en ciencias sociales y celebra periódicamente en X el legado de Raúl Alfonsín, en particular la creación de la Conadep. En su discurso actual dramatiza sin embargo un viejo tópico de la mano dura, el incremento del punitivismo entendido como aquello que la sociedad quiere: “cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, de un delito contra la vida, cambia la forma de ser y la forma de pensar”, proclamó ante la formación de policías en la capital provincial.

El cambio asumido por Pullaro se expresa en su política de seguridad. Una semana después de aquel discurso, al exponer ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior del Congreso, respaldó la Ley Anti Mafias aunque aclaró que encontraba “un exceso de garantismo” en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que contempla un incremento exponencial de la población carcelaria. Si el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que el Gobierno nacional estudia bajar la edad de punibilidad a los 13 años, el gobernador de Santa Fe va también más allá y sostiene que no debe haber edad mínima para imputar a alguien por un delito grave.

En la exposición en el Congreso se apreció otro giro significativo en el discurso de Pullaro. El gobernador autorizó su palabra en la experiencia de la historia reciente de Santa Fe, “con índices de violencia superiores a la media nacional durante los últimos quince o dieciséis años”, es decir incluso en el período en que fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz; pero al mismo tiempo se presentó como exponente de otra situación en la cual “con algunas reformas importantes que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”. Santa Fe se encontraría entonces en la transición de haber sido ejemplo de un fracaso estrepitoso a convertirse en modelo de intervención política sobre la inseguridad, según Pullaro.

El gobernador tiene estadísticas para acreditar sus argumentos. Durante los primeros cinco meses de 2024 se contabilizaron 92 víctimas de homicidios en la provincia. Se trata de la cifra más baja de la última década y contrasta en particular con el año anterior, cuando hubo 192 homicidios en el mismo período de 2023. Según el Ranking Interprovincial de Gobernadores, que elabora CB Consultora Opinión Pública, el funcionario con mejor imagen entre los habitantes de su provincia en junio es Pullaro, con un el 64,2 % de imagen positiva contra un 32,7% de percepción. 

El gobernador construye su imagen de gestión sobre las ruinas de la gestión anterior, mientras el peronismo no se recupera de su derrumbe electoral. El ex gobernador Omar Perotti, ahora diputado, consiente en silencio las afirmaciones de Pullaro sobre “el Estado bobo” y “el aval a las organizaciones narco del poder político” que él encarnó, quizá consciente de lo indefendible de su gestión. El que calla otorga, aunque aquello que Pullaro describe como reacción ante su política carcelaria –los crímenes y las balaceras contra escuelas– remite por lo menos a 2021.

La reducción de los homicidios dolosos y de los delitos contra la propiedad deja en segundo plano, por otra parte, problemas como la baja tasa de esclarecimiento de los casos –en los crímenes de trabajadores en marzo apenas se avanzó más allá de los autores materiales–, la corrupción policial y penitenciaria –reiterada en la circulación de celulares en las cárceles– y la invisibilización del circuito financiero asociado a las bandas.

En los primeros cien días de gobierno la Legislatura santafesina aprobó quince leyes del Ejecutivo prácticamente sin debate y sin más oposición que los votos de los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía. Entre esas leyes, la de Inteligencia autoriza tareas de inteligencia sin control judicial y por otra parte las reformas al Código Procesal Penal devuelven a la policía la autonomía perdida frente a los fiscales, un viejo reclamo de la fuerza. “Hay actores de la política que, cuando tomás un café con ellos, te dicen que los proyectos son una barbaridad. Sin embargo van y votan la ley que encarna esa barbaridad por temor a la censura del público que visualizan como mayoritario”, señala un destacado especialista en temas de seguridad de Santa Fe.

Las reservas del gobernador de Santa Fe ante la Ley Anti Mafias conciernen en realidad a la definición de las zonas especiales de investigación, que habilitarían la intervención de fuerzas federales y de la Justicia Federal y en consecuencia lo despojarían de la gestión directa de la seguridad. En ese punto podría abrirse una diferencia más importante entre el gobierno nacional y el provincial: si la situación en Rosario es la justificación reiterada por la ministra Bullrich para el proyecto de ley Anti Mafias y la ciudad podría ser el primer ámbito de aplicación, para Pullaro constituiría un tiempo pasado que llega a su fin con su gestión de gobierno.

El protavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves que, por orden de Javier Milei, el ministerio de Seguridad pondrá en práctica un “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, que incluirá sanciones severas” para quienes cortan, transportan, organizan y financian manifestaciones que impidan “la libre circulación de los argentinos”.

Tras su diario contacto con la prensa de las 8 de la mañana y después de la reunión de Gabinete que encabezó Javier Milei, el vocero convocó a una nueva conferencia para dar a conocer que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dará a conocer detalles por la tarde de las sanciones para quienes se manifiesten en las calles con piquetes o cortes de vía.

“Por instrucción del Presidente de la Nación y contemplando por supuesto el concepto de ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’, hoy por la tarde, a las 16.45, en el ministerio de Seguridad, la ministra Patricia Bullrich, en conferencia de prensa, va a dar a conocer lo que se denomina el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, anunció Adorni.

Y agregó que las medidas “incluirán sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos. Y esto alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.

El resto de los detalles los dará la ministra Patricia Bullrich desde las 16.45 en conferencia de prensa.

IG

La promesa de “orden” y represión de los cortes de calle y rutas cobró protagonismo de entrada en la campaña presidencial. Asoman asimismo ideas contra los derechos de los inmigrantes y derechos feministas y lgtbiq+, y, en el partido de Javier Milei, un cierto negacionismo de los crímenes de la dictadura militar.

De cara a una posible victoria de la derecha, Belski advierte una ofensiva de desprestigio contra las organizaciones de derechos humanos con el fin de desacreditar futuras denuncias. Precisamente, Amnistía (AI), otras ONG internacionales y nacionales, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron acusadas de parcialidad desde la cúpula de Juntos por el Cambio y medios de comunicación afines, después de que denunciaran abusos en unas recientes protestas en la provincia de Jujuy, que terminaron con decenas de detenciones, heridos e imputaciones por graves delitos.

La directora de AI afirma que van a seguir denunciando la violencia institucional y la represión que tenga lugar antes o después de la cita con las urnas, y que su estrategia pasa precisamente por la “internacionalización” del reclamo.

¿La retórica agresiva de algunos candidatos representa una amenaza real para los derechos humanos en Argentina?

Patricia Bullrich, que es señalada como una líder con grandes posibilidades de ganar las elecciones, expresa con contundencia propuestas para terminar con los cortes de calles de quienes protestan por planes sociales, la limitación del derecho a huelga y el retroceso en la agenda migratoria. Rodríguez Larreta lo hace de manera más tibia, un día sí y otro no, algo también presente en sus listas para el Congreso con candidatos liberales y otros muy agresivos, que hablan de 'sacar del mundo' a determinados adversarios.

Bullrich promete 'ordenar' un gran problema en el que incluye a sindicalistas, piqueteros, migrantes y narcotráfico. Parece interesarle más el orden que terminar cuatro años de Gobierno. El problema es que esa agenda genera conflictividad social y el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Si la gente no tiene un canal de diálogo, entonces va a protestar.

Bullrich no parece tener ninguna propuesta dialogante sino represiva. Me pregunto si Argentina es un país que acepta esto, si acepta una respuesta represiva que puede tener consecuencias no deseables, como muertos. ¿Qué pasa si hay muertos? En sus declaraciones, no pareciera preocuparles mucho las consecuencias.

¿Qué actuaciones prevé Amnistía Internacional si gana alguno de los candidatos de derecha?

No somos una organización que se proponga confrontar a Gobiernos. Tenemos un estilo de relevamiento, denuncia, propuestas y diálogo con las autoridades. Desconozco si nos recibirán o no. Hay países con Gobiernos muy de derecha con los que tenemos diálogo. Claro que nuestra estrategia incluye la internacionalización de la denuncia.

En Argentina es inviable que pasen cosas como en Hong Kong o en India, donde algunas organizaciones fueron expulsadas. Hay dos cosas que vamos a hacer: muchos de los que protestan en piquetes son de familias migrantes y vamos a estar pendientes de su defensa en el marco regulatorio que tenemos en nuestro país.

Argentina tiene la ley migratoria más progresista del mundo, que muchos imitan y están mirando. Y lo mismo haremos en cuanto a los contextos de represión y la denuncia de violencia institucional.

¿En qué sentido la ley migratoria es una de las más progresistas?

Argentina es un país que recibe migrantes a quienes reconoce muchos derechos y servicios. Cuando llegan, después de un trámite básico, pueden sacar su residencia, ir a la escuela y al hospital. Somos un país de migrantes desde siempre, pero hay un creciente uso político que apunta contra la migración marrón.

Pese a que en general los migrantes se insertan muy bien en la sociedad, asoma un problema de racismo institucional. Hay una intención de castigo al migrante marrón de países limítrofes, que se identifica como potencial asesino, criminal, vinculado a la droga.

Cobró fuerza en las propuestas electorales la teoría de los “dos demonios” o negacionismo del terrorismo de Estado de la dictadura (1976-1983). ¿Ve riesgos de retroceso en ese sentido?

Bullrich tiene un discurso muy fuerte, pero no parece una amenaza directa al proceso de memoria, verdad y justicia. Milei viene con una agenda que cuestiona un abanico de derechos enorme y lleva en sus listas a candidatos al Congreso que sostienen posturas negacionistas, pero las posibilidades de que La Libertad Avanza [partido de Milei] gane la presidencia son aparentemente muy bajas.

¿La derecha podría dar marcha atrás en las políticas educativas, de memoria o apoyo presupuestario a los programas para recuperar identidad de niños robados?

No avizoramos una política proactiva de memoria, con dinero y actos públicos, por parte de estos eventuales gobiernos, pero tampoco me atrevo a decir que van a recortar la agenda. Si nos remitimos a lo que pasó con el Gobierno de [Mauricio] Macri, van a aparecer algunas voces negacionistas, pero la agenda [de memoria] no se va a parar.

Es cierto que con Alberto Fernández se reactivaron las políticas de [la actual vicepresidenta] Cristina Fernández de Kirchner y, por la necesidad de diferenciarse de esos Gobiernos, que han hecho mucho en la materia, así como en migraciones, aborto, diversidad, matrimonio igualitario, quizás haya menos visibilidad. Algo parecido puede ocurrir con los derechos de las mujeres y LGTBIQ+.

Se ve en las encuestas que la agenda [de derechos] no avanzará, pero va a generar mucha resistencia un retroceso sobre derechos adquiridos.

Después de las protestas en la provincia de Jujuy, ¿cómo responde al cuestionamiento de la cúpula de Juntos por el Cambio de que las organizaciones de derechos humanos están politizadas o se dejan influir por la izquierda o el peronismo?

Ya pasó cuando Mauricio Macri era presidente y Bullrich ministra de Seguridad (2015-2019). En países con el grado de polarización, como Argentina, España o Estados Unidos, la denuncia de la politización existe más allá de las pruebas. Somos realmente apartidarios, aunque en Argentina algunos se hayan ocupado de ponernos el mote de 'kirchneristas'.

De ninguna manera yo tendría posibilidades de hacer un uso partidista [de mi puesto] porque AI no lo toleraría y perdería mi trabajo. Todas las organizaciones internacionales hacemos nuestro trabajo con rigurosidad y con los mismos estándares para todo el mundo. En AI somos críticos con lo que pasa en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Israel, Palestina, o con el Gobierno de Donald Trump. El comunicado de la CIDH sobre Jujuy es uno de los tantos que ha sacado sobre muchos países, por ejemplo, Nicaragua y Venezuela.

Hay una estrategia detrás de esto: el desprestigio de organismos como la CIDH y organizaciones como Human Rights Watch y AI para que nuestra palabra no tenga valor en el momento en que denunciemos la represión. La represión ocurrida en Jujuy pareció una estrategia de campaña en la semana en que Rodríguez Larreta oficializó que Morales, el gobernador de esa provincia, sería su candidato a vicepresidente.

¿Hasta qué punto el endurecimiento de la postura de Juntos por el Cambio y el surgimiento de Milei responde a un reclamo social real para que se repriman protestas que obstaculizan traslados al trabajo y la vida cotidiana?

Hay que verlo en profundidad. Las encuestas no dicen que hay un 90% de personas que están a favor de la represión en las protestas. Hay una parte de la sociedad que probablemente no vote a estas derechas y está cansada de los piquetes, porque le dificulta el tránsito, su trabajo.

Ahora, las encuestas no miden la profundidad de la queja y las formas de administrar ese fastidio pueden variar. En el cómo terminar con los piquetes hay diferencias importantes.

Más allá de quien gobierne, ¿los abusos policiales son un problema en general en Argentina?

Se da en todas las provincias, porque el manejo de los [cuerpos] de Policía es local, no federal, y no hay diferencias entre los partidos políticos. Está claro que no hay ningún incentivo para los gobernadores para cambiar el comportamiento de las fuerzas de seguridad. Falta interés y una demanda social porque las víctimas son en general chicos de clase baja, vulnerables, de barrios muy humildes.

Lamentablemente prevalece una mirada racista y la sociedad mira poco este tema. Desde 2019, registramos 34 casos que podrían ser de policías asesinando a jóvenes marrones en diferentes provincias del país, gobernadas por kirchneristas, peronistas y Juntos por el Cambio.  

Los derechos de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ tienen a mucha gente que los quiere defender y eso va a limitar cualquier retroceso

Mariela Belski

¿Le otorga validez a la crítica de que organizaciones feministas o de derechos humanos se tornaron acusatorias hacia el resto de la sociedad y se desentendieron de la complejidad de las demandas?

Sí, pero no es sólo un fenómeno argentino sino de los movimientos de derechos humanos en general. Hay un cambio en la forma en que trabajamos las organizaciones. Existía un mecanismo de señalamiento y responsabilización centrado en gobiernos exclusivamente. Las redes sociales empezaron a tener un papel importancia en la defensa de derechos en general. Hay nuevos actores, cambió la geopolítica y eso nos lleva a preguntarnos sobre nuestro lugar.

De todas formas, los derechos de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ tienen a mucha gente que los defiende y eso va a limitar cualquier retroceso. Hay una constitución, mecanismos de diálogo en el Poder Legislativo. Se deben construir mayorías. Hay herramientas (...) y hay también una gran confusión.

A la ciudadanía le cuesta entender qué es un derecho humano. Está el discurso de que son un “curro” (robo), que las instituciones están asociadas al kirchnerismo, y eso ha permeado. A la gente le cuesta entender que el acceso al agua, a la salud, al trabajo, a la jubilación digna son también derechos humanos.

Más allá de las fundamentadas denuncias por la violación de derechos humanos en Venezuela, la relación con ese país suele ocupar un lugar en la política del resto de América Latina, con la denuncia de la “chavización” sostenida en general por la derecha. Amnistía recientemente envío una carta exigiéndole al presidente Alberto Fernández una condena “contundente” al Gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué exigen pronunciamientos públicos a terceros países sobre Venezuela y no lo hicieron en su momento sobre Colombia, donde las masacres de miles de personas a manos del Ejército y paramilitares fueron mucho más graves?

La Oficina Regional de Amnistía tiene a Venezuela como la prioridad en la región y ella maneja su agenda. Argentina es considerada por Amnistía el país más importante en términos de incidencia sobre Venezuela. Lo que diga o no diga un presidente argentino tiene peso. Para cada país, en Amnistía tenemos una estrategia.

El Banco de Inglaterra priva hasta el día de hoy al Gobierno de Maduro de acceder a las reservas soberanas, porque reconoce a Juan Guaidó como mandatario. Es una situación muy irregular, máxime cuando ese reconocimiento ya fue revertido por casi todos los países y Maduro participa de las cumbres internacionales. ¿Se pronunció Amnistía al respecto?

Excede el campo de acción de la oficina argentina, pero Amnistía alertó, en 2019, sobre el incremento de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, porque perjudicaban a la población más vulnerable. Está en los registros.

¿Que el bloqueo continúe y Venezuela no pueda acceder a sus reservas de oro no mereció otra acción?

No he visto una declaración al respecto. 

SL

La entrevista fue publicada originalmente en elDiario.es

Adentro del Instituto de Policía, en “la época del COVID”, Adrián vivía un régimen especial: sólo los domingos tenían una hora para hablar con sus familias. Así era la nueva vida que había elegido, y las cosas –por empezar, su historia– quedaba por un tiempo del lado de afuera, ahora era joven pero más joven: había que forjar una disciplina. En una de esas llamadas cortas de domingo, mientras pasaba revista a la parentela, supo que su papá empeoró del cáncer. No se lo terminaban de decir para no torturarlo en su encierro, pero la gravedad hacía imposible ocultarlo. Cuando se lo dijeron se largó a llorar. “Esa noche le pedí a Dios que me dé fuerzas, que me ayude a estar con él.” Llegó Semana Santa y entonces les dieron franco para ver a las familias. Sus compañeros estaban chochos, aunque él estaba lejos: tenía que irse a Formosa y no tenía la plata, el tiempo era corto. “Los compañeros estaban re contentos de saber que iban a salir, pero uno me preguntó qué me pasaba que me veía amargado.” Adrián decidió hablar con su tutor, un oficial mayor, porque quería viajar a su provincia. Y le tuvo que contar lo de su padre. “Tengo a mi viejo con cáncer.”

-Esto nunca lo contaste.

-No, señor.

-¿Cáncer de qué?

-De cabeza y cuello.

“Uy, metí la pata”, pensó Adrián. Al rato, vino el jefe de su Compañía, que trinaba. Que por qué no se lo contó a él primero, que por qué lo ocultó, y así le pegó una cepillada bárbara de reproches, pero al final fue conciliador: “Quédese tranquilo que ya veremos cómo hacer”. Adrián, básicamente, no tenía plata para viajar. Permiso y plata, las dos pe que le faltaban. Había llegado, solo, un año antes desde Formosa, a lo de un tío primero –gendarme–; a lo de un primo después –policía–. Su familia le bancaba el sueño. Pero estaban lejos. Estudiaba para ser policía de la ciudad de Buenos Aires, a la que apenas conocía. Custodio de una ciudad extraña. Vino de lejos en busca del destino.

Al rato, mientras limpiaba los baños, escuchó llegar a grito pelado al jefe de Sección. Gritaba su nombre completo. Otra vez el julepe. “Acá me cagan a pedos.” Salió corriendo con las manos sucias y el jefe le preguntó cómo era lo del viaje. “No tengo plata para viajar, pero no quiero que ustedes la paguen”, dijo. El jefe replicó con pocas pulgas: “Te estoy preguntando cuánto sale un viaje de ida y de vuelta”. El jefe cerró la puerta del pabellón y dijo: “¡Quiero que todos los compañeros del pabellón vengan en diez segundos!”. Salieron de todas las habitaciones, eran casi cincuenta en ese momento. “¡Siéntense en el piso!”. Estaban así, “como indios”. El jefe arrancó:

-¿Ustedes saben la situación de Adrián? Está en el medio de una situación delicada por su padre, que tiene un cáncer terminal y empeoró mucho y vive en Formosa. Él está lejos de su familia y el viaje de ida y vuelta sale caro. Va a poder viajar en Semana Santa cuatro días. Necesitaría saber quién lo podría ayudar. Saqué la cuenta y si ponemos dos mil pesos cada uno Adrián llegaría a verlo.

Se acuerda clarito de que todos levantaron la mano. “Se empezaron a enumerar desde el fondo hasta adelante”, dice y recuerda la voz de sus compañeros (“la del correntino, la del formoseño, la del de Varela, la del de Quilmes”). Se le empezaron a caer las lágrimas delante de ellos. “Les dije gracias, que no tenía palabras, que disfruten con su familia y abracen a su papá cada uno de ellos también.”

Él no le contó ni a su papá ni a nadie que viajaba. Al llegar no lo podían creer. “Mi abuela se largó a llorar, mamá también y cuando fui con mi papá, él estaba acostado en la cama con la cara inflada. Él casi nunca lloraba, y nos quedamos ahí, de la mano. Más tarde fuimos a la iglesia… y volví renovado al Instituto. Ahí entendí lo que es la camaradería, ponerse en el pantalón del otro. Que me hayan ayudado es algo que nunca voy a olvidar.”

Adrián ya es policía de la ciudad, es evangélico (comenta la existencia de “Policías de impacto”, la comunidad de policías cristianos) y llegó desde Formosa diez segundos antes de que empiece la pandemia. Vive en zona sur y trabaja en una comisaría de un coqueto barrio porteño. Su calma bondadosa tiene una forma de firmeza también, no se ofrece duro, pero se nota que lo puede ser. Cuando mataron a Maribel Zalazar, la mujer policía de la estación de subtes de Retiro, con 35 años y dos hijos, dice que fue un golpe al corazón de todos. “Tengo compañeros que eran amigos de ella, porque más allá de ser compañeros eran amigos, y sufrieron mucho. Nos duele porque sabemos que atrás del uniforme hay una persona que tiene familia, hijos que quedaron solos.”  

Muerte tan cruel, ese vacío quizás también marcó lo poco que sabemos sobre hombres y mujeres que trabajan en las policías argentinas. De dónde vienen, qué buscan y encuentran, cómo se formaron. Así llegué a Adrián, cuya historia por momentos parece hecha de los clichés de historias de superación, pero es el verosímil de un tipo íntegro, con valores que ojalá la calle o los gajes de la institución o los vaivenes políticos no le fundan.

Adrián es evangélico, pero antes era católico. La conversión vino de la mano de un personaje complejo y decisivo en su vida: su papá. “Me vinculé con la iglesia evangélica por mi papá. Estaba alejado de él, era más unido a mi mamá, pero mi papá siempre me buscó. Él trabajaba de albañil y era alcohólico. Siempre que me hablaba estaba ebrio, se ponía agresivo.” Pero un día cambió. Cambió repentinamente. “Tendría 17 años y no entendí por qué vino el cambio. Lo veía sobrio, bien vestido, peinado, arreglado.”

-Se había vuelto más cariñoso…

-Claro, y me sorprendió ese cambio. Me pidió perdón por las cosas que había hecho mal, por verlo ebrio, porque me faltó el respeto a mí, a mi mamá, a mi abuela, que era su mamá. Le dije que sí, que lo perdonaba, que era mi viejo y lo amaba sin rencor. Y ahí me contó que se metió a la Iglesia Evangélica por un amigo que también andaba perdido en el alcohol. Amigos desde la infancia. Y después siempre me invitaba a la iglesia. “Vení, vamos”, me decía.

-¿Él había sido violento con vos?

-Sí, me llegó a propinar unos golpes, pero como correctivos. Me acuerdo que una vez me vio en la esquina, no le gustó nada verme ahí, se me acercó porque estaba pasando un momento difícil, un amigo se suicidó y venía con mi prima en moto. Me venía a avisar. Estaba tomando una cerveza con un amigo y me dijo que falleció el Changuito. “¡Cómo que falleció el Changuito!”, le digo yo. Me dijo que se ahorcó. Y me agarró la cabeza, pero cuando me vio la cerveza me metió un bife que no me olvido más. Mi prima se asustó, empezó a gritar y él como que me quiso agarrar, pero yo hacía boxeo, ya tenía reflejos, y cuando me quiso agarrar me tiré para atrás y él pasó de largo, se cayó y me fui corriendo. Me acuerdo que corrí, corrí, corrí y me metí en la casa de un amigo. Estaba asustado, les dije que me cubran, que mi papá me pegó por tomar cerveza. Él se fue con la moto, me acuerdo de que lo espiaba por la ventana y él me buscaba, me buscaba y no me encontraba. Tiempo después, ya componiendo mi vida, dejé de juntarme con mis amigos, me puse mucho con el boxeo porque estaba compitiendo y tenía nivel. Una vuelta estaba entrenando en la cancha, trotando, y justo lo vi pasar a mi papá en moto y le pegué un chiflido. Le pregunté adónde iba, ya sabía que iba a la Iglesia, y le dijo, “¿querés que vayamos?”. “¿En serio?”, me dijo. Se quedó duro, se puso contento. Llegamos a la Iglesia, y empezamos, cantamos, leímos la Biblia, conocí al pastor, que me dijo que siempre oran para que me vaya bien. Y estaba temeroso, no sabía cuánto tiempo me iba a durar estar tranquilo y hacer las cosas bien.

-¿Y cómo te hiciste policía?

-Había viajado para acá a visitar un primo que es policía. Viajé para su egreso y me dijo que estaba bueno ser policía, que te ofrecen buena plata y tenés estabilidad económica. Le dije que estaba metido en el boxeo. Más también por mi familia, no quería dejarla en Formosa, pero cuando conocí a mi pareja todo cambió, ya no me importaba dejar todo para venirme a vivir con ella acá.

-Con la experiencia en tu barrio, ¿no le tenías pica a la policía?

-Escuchaba esas canciones de “vos sos un botón” y que la policía esto y lo otro, pero no tenía bronca. Era temeroso, más bien la respetaba. Ellos allá te venían a prepotear, a tratarte mal, muchas veces terminé en la comisaría también por mis amigos, pero nunca tuve una causa judicial.

Adrián vivió con su tío en Ezeiza. El tío gendarme, que lo bancó el primer tiempo. Encontró trabajo en un supermercado chino como repositor, aunque le pagaban quinientos pesos el día. Se anotó en la facultad para estudiar Derecho. Pero no le alcanzaba para nada. Al tiempo se fue a la Ciudad, a lo de un primo en Floresta. Encontró otro trabajo, le pagaban mil pesos el día por nueve horas y con descanso los fines de semana. “Podía descansar, estar con mi novia, estudiar.” Pero empezaron los conflictos con el primo. “Él no estaba solo en su casa, vivía con su pareja, su señora, con mi ahijada, con su suegra y su suegro.” ¿Dónde entraba Adrián? En un colchón que tiraban en el living comedor. La familia se empezó a sentir incómoda. El primo fue claro: “A mí me gusta las ganas que le ponés a la vida estudiando y trabajando, pero quiero mi comodidad, no puedo vivir así”. Y le consiguió una pieza en un hotel familiar, con baño y cocina compartidos. Cerquita. La plata volaba. Cada tanto el primo le metía unos pesos. “La ventaja que había tenido de vivir con mi primo era que tenía computadora, tenía herramientas para estudiar, pero al vivir solo empecé a valorar cosas más chiquitas, lo que es el azúcar, una escoba, una vez llegué a llorar de la bronca por no tener cosas tan insignificantes.”

En ese tiempo Adrián hablaba con su papá todos los días. Le dijo que estaba pensando entrar en la policía y el viejo le dijo: “Sí, metete”. Sabía que su hijo no quería entrar por sus amigos: “te hiciste poli, te re vendiste”, creía que le iban a decir. Su novia tampoco estaba convencida. Imaginaba la pesadilla de una tarde, suena el timbre, como en las películas, “Señora, su marido ha muerto”. Envíen flores a la viuda. O también la corrupción. (La imagen de Rosario: una policía que parece ya diluida bajo la autoridad narco.) Él le respondió a ella con el bolsillo: “Nos beneficiamos los dos, vas a tener tu obra social, y voy a tener un sueldo seguro, comida, alquiler”.

Así, al trabajo entraba a las ocho, pero se levantaba a las cuatro de la mañana, y se iba al Instituto de Santiago de Compostela tres mil ochocientos uno, en Soldati, al lado del Club Español, donde está el Instituto de Policía porteña –el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde estudian policías y bomberos–. Y se quedaba esperando de madrugada, con un traje y corbata que el primo le prestó. Los de la puerta un poco lo gastaban. El traje le quedaba chico. Se asomaban las mangas de la camisa. “¿Para qué estás?”, le decían. “Para inscribirme”, decía él. “No te podés inscribir acá, tenés que hacerlo por la página”, le respondían. Él no tenía idea cómo entrar a la página. Pero no arrugaba. “¿O sea que yo me quede dos horas y media acá para que vos me digas que no me puedo inscribir?”, les respondía, gallito. Finalmente lo logró. Presentó analítico, presentó todo y esperaba el llamado, que se demoraba, mientras se lo comían los piojos. La señora con la que trabajaba en la fábrica veía que estaba sufriendo y a la mañana compraba un desayuno de más para que coma. La estaba peleando.

-Muchas cosas que te tocan hacer implican riesgo, enfrentar delincuentes, aunque también levantar vendedores de palta que se ganan el mango, ¿cómo vinculás esa tarea ingrata o injusta con tus valores?

-Y… discernir a la persona, ver más allá y descubrir quién está detrás del papel de vendedor de medias. Muchas veces tenemos que correr a una persona en situación de calle que está durmiendo. La otra vez nos pasó. Venía mi compañero todo prepotente, “¡vamos, vamos, levántate, tenés que salir de acá!”, le decía a uno. El tipo le contestó: “¿Por qué me tratas así? Soy una persona, no soy un perro”. Y mi compañero siguió con que no puede estar ahí. “Sos un atrevido”, le contestó el ciruja. Por mi lado siempre voy callado primero y dejo actuar al compañero con el que voy a ver cómo trabaja. Mi compañero en este caso era mal llevado, así que intervine y dije: “Nosotros estamos acá para protegerte”. Y me saltó al cuello, “¡qué protegerme si me tratan como basura!”. Pero yo seguí, e iba diciéndole que no era basura, sino un vecino más. Y seguimos así hasta que se quedó pensando un rato, no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Un vecino incluso lo quiso rescatar. Pero él seguía nervioso. “Esos giles”, nos decía. El vecino logró llevárselo. Pero noté que cuando le empecé a hablar, empezó a cambiarle la actitud. Le dije que no era una cosa, que era un ser humano, que yo estaba también para protegerlo, para defenderlo. “¿Ustedes?”, dijo. “¿Qué sos, mi mamá?”. “No, pero no quiero que me veas como enemigo”, le dije.

-Tu actitud me trae un poco al viejo sketch de “Cha cha cha” de una comisaría donde los policías eran sensibles. Pero el otro policía, tu compañero, el de actitud más prepotente, ¿cómo tomaba la tuya?

-Se quedó helado, callado, me dejó trabajar. Incluso le dije al ciruja: “Soy tu amigo, si estamos acá hablando es porque Dios nos unió en este momento”. “¿Dios?”, dijo y me miraba. Duró como cinco segundos la pausa que hizo y se largó a llorar. Te juro que quebró en llanto, y le tocaba la espalda, le decía “quedate tranquilo”. Y el loco soltó que su mamá lo abandonó cuando era chico.

-¿Y ustedes sabían a dónde iba a ir o era simplemente que camine y se vaya para otro lado?

-No, que se vaya para otro lado. Pasa que era una persona agresiva. Los antiguos de la zona me advirtieron: “Mirá que este vago es muy agresivo, tiene problemas con la policía, se te para de mano y te llega a pegar”. Pensaba, ¿para tanto? Y me sentía un poco intimidado. ¿Qué hago cuando me lo cruce? Y justo me lo llegué a cruzar con mi compañero. Ese día después de llorar se quedó un rato pensando, me miró y no le dije nada, dejé que se desahogue. “¿De dónde sos?”, me dijo y cuando le dije que era formoseño nos quedamos un rato hablando de Formosa. En mi formación pensaba que nosotros somos la mano dura del Estado y que me quieren para que ejerza violencia y sentía el desafío porque mi personalidad no va tanto con lo que te pide ser policía, ¿viste? Mi misma familia me decía: “Ojo que vos sos bueno”. Me metí en el boxeo de chico porque al juntarme con mis amigos siempre está el mayor que te hace bullying, ¿no? Y allá me decían “vos sos blanquito, un chetito de ciudad, ¿qué haces acá juntándote con nosotros?”. Era blanco, es cierto. La familia de mi viejo, mi bisabuelo, vino de Checoslovaquia. Por eso me bardeaban. Me acuerdo que iba a las computadoras, a las maquinitas y venía un chico muy grande y me hacía dormir en el piso, “tirate en el piso a dormir”, me decía. Y me tiraba por miedo. Encima era muy flaco porque no comíamos bien, muchas veces faltaba para la olla en casa y un dije “me voy a aprender a defender”. Y fui con ese rencor.

-¿Tuviste alguna revancha con esos?

-No, porque cuando aprendí la disciplina del boxeo y empecé a crecer en musculatura, en cabeza, a boxear en serio, ahí entendí que no valía la pena pelearme. Y hasta el día de hoy cuando me los cruzo a algunos de los grandotes que me buscaban roña me piden perdón. Quedaron allá. Dios está en los pequeños detalles de la vida, aunque no lo veamos y siempre está, como dicen, es omnipresente. Así lo dice un versículo que le gustaba a mi papá (Josué 1;9): no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo dondequiera que vayas.

-¿Cuántos policías son evangélicos?

-Somos bastantes.

MR