Juan Bautista Mahiques será ungido oficialmente este jueves a las 12 como ministro de Justicia. En esa oportunidad conocerá al presidente Javier Milei y estará rodeado por muchos jueces y fiscales que respaldan su designación.

En esa jornada, además de figuras del Poder Judicial que conocen a Mahiques desde hace 20 años, cuando ingresó como meritorio, estará el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola. 

Viola, que estuvo junto a Eduardo “Lule” Menem en la tarde del miércoles en la Casa Rosada, es un hombre de total confianza para Karina Milei y asumirá como viceministro de la cartera judicial. Será el reemplazo de Sebastián Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo pero que se enteró en vivo de su salida del cargo.

Mahiques, mientras tanto, se reunió este miércoles con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la previa de su jura.

Cerca de Mahiques señalan que el verdadero nexo entre la administración libertaria y el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados. “Martín lo presenta con Karina. Y Karina con Javier Milei”, precisaron. Otras fuentes de La Libertad Avanza responsabilizan a Viola como la persona que consiguió que Mahiques conozca a la influyente hermana del Presidente.

A medida de que transcurrieron las horas desde que salió a la luz que Mariano Cúneo Libarona estaba fuera de su cargo, una decisión que el abogado había tomado el 23 de octubre, aparecieron distintas voces oficialistas que se esforzaron en señalar que el movimiento en la cúpula del ministerio no fue un avance de Karina Milei contra Caputo. Al contrario.

Primero, porque hubo conversaciones entre ambos por quién iba a conducir el ministerio, además de analizar si Amerio podía recalar en otra área del Estado gracias a este acuerdo entre los dos integrantes del triángulo de hierro. Por el momento, el ex funcionario se mantiene en silencio y no hubo quien desmienta esta posibilidad en el oficialismo.

En el karinismo tampoco le dan crédito a las versiones que hablan de un duro enfrentamiento y solo responden que las jugadas de las últimas horas y los análisis sobre quién ganó y quién perdió con el cambio de ministro “son a libre interpretación de cada uno”. No hay intenciones de que aparezca un conflicto luego de las victorias categóricas que consiguió el espacio violeta en el Congreso.

Con información de la agencia NA

Mariano Cúneo Libarona dejará el cargo al frente del Ministerio de Justicia el próximo lunes, luego de que La Libertad Avanza (LLA) se mida el próximo domingo contra Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional. 

“El lunes se va. Ahora empezó su propio relato”, confirmaron en el Gobierno. De esta forma, la salida de Cúneo se suma a la del canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre pero también para hacerse efectiva la semana próxima. 

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, sostuvo el titular de Justicia en diálogo con Infobae.

Su segundo, Sebastián Amerio, un cuadro del universo Santiago Caputo, figura entre los posibles reemplazantes, aunque desde su entorno lo ven lejano.

Así, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios, como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, futuro legislador bonaerense, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión. 

También los rumores apuntan a una posible unificación de las carteras de Seguridad Nacional y Justicia.

El posible sucesor de Cúneo pidió debatir una reforma constitucional y una “perpetua real”

El viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, pidió debatir una reforma constitucional para limitar a jueces federales y confirmó que avanzarán rápidamente en la designación de magistrados tras las elecciones del domingo.

El funcionario, que podría suceder a Mariano Cuneo Libarona en el Ministerio de Justica, advirtió sobre “control difuso de constitucionalidad”, que permite a cualquier juez federal suspender la aplicación de leyes o decretos de manera indefinida.

“Cualquier juez federal puede, por una cautelar, frenar una ley o declarar inconstitucional un decreto. Eso es peligroso”, alertó y agregó: “Por supuesto algunos me dirán hay que reformar la Constitución, discutámoslo porque no resulta que un juez pueda tomar esa determinación con tanta liviandad”.

Señaló que esas medidas cautelares pueden prolongarse durante años y que, aunque finalmente el Estado gane la causa, “ya no tiene sentido después de cinco o diez años”.

Con relación al nombramiento de magistrados que demoró en la primera parte Javier Milei, Amerio, quien realizó declaraciones en un canal libertario, afirmó que “es el deber de todo Gobierno nombrar jueces, que es lo que vamos a hacer nosotros después de las elecciones”.

También destacó que la política de nombramientos se basará en la meritocracia, con el objetivo de garantizar la idoneidad y reducir la influencia política en el Poder Judicial.

El viceministro remarcó que el propósito es aplicar una “meritocracia pura”, designando a los postulantes que ocuparon los primeros lugares en los concursos.

Según argumentó, un juez elegido por mérito “es menos propenso a la influencia política” y suele “poner la ideología detrás del Derecho porque tiene una formación más sólida”.

El viceministro confirmó, además, el avance de proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil y a la reforma del Código Penal, en el marco de una política de “tolerancia cero” al delito.

“Ya se presentó en el Congreso la ley de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, precisó.

Explicó que la iniciativa prevé que los menores tengan un juicio “como un adulto” y, en caso de condena, “cumplan la pena como un adulto”.

En paralelo, el Gobierno impulsará modificaciones al Código Penal para elevar las penas de los delitos graves, declarar su imprescriptibilidad y eliminar la posibilidad de libertad anticipada o condicional.

“Queremos que los condenados cumplan la totalidad de la pena. Si no, la condena no tiene sentido”, sostuvo Amerio.

Respecto de la prisión perpetua, adelantó que se establecerá una “perpetua real”, sin reducciones.

“Vamos a modificar esto. El tope será 50 años, pero además existirá la perpetua real: quien reciba esa condena permanecerá en la cárcel. Perpetua es perpetua; si no, no es perpetua”, enfatizó.

Amerio concluyó que el objetivo de las reformas es fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial.

“No nos importa la ideología de los jueces, nos importa que cumplan la ley. No queremos más que eso”, finalizó.

Los 20 meses de Cúneo

Cúneo Libarona deja el cargo después de veinte meses de gestión, sin grandes logros a su paso. En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia. 

Asimismo, el funcionario se ubicó en el foco de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en defensa de “la familia. ”Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación“, supo declarar. 

Gabinete renovado

Así, por lo menos serán cinco los funcionarios que dejarán su lugar en la gestión libertaria si, a las salidas de Werthein y Cúneo libarona, se le suman las de Patricia Bullrich (Seguridad Nacional), Luis Petri (Defensa) y Manuel Adorni (Vocería), quienes renunciarán a sus cargos para asumir sus roles legislativos después de los comicios.

Sus reemplazos se cocinan en reserva: Alejandra Monteoliva, del riñón de Bullrich, quedaría al frente de Seguridad, así como el número 2 de Adorni, Javier Lanari, pasará a coordinar la comunicación oficial en tanto secretario de Medios. Por su parte, para Defensa suenan los nombres de la jefa de Gabinete de Petri, Luciana Carrasco, y del brigadier Xavier Isaac, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Qué pasa con Cancillería

En el oficialismo circulan varios nombres para reemplazar al canciller saliente, aunque todos dependen del resultado del domingo. Uno es el del jefe de Gabinete Guillermo Francos. ¿Podría mudarse al Palacio San Martín y dejarle su silla al asesor más influyente del Presidente? Milei lo considera indispensable para sostener la relación con los gobernadores, pero Francos no disimula cierto fastidio por el poder informal de Caputo. “Hay algunos que firmamos resoluciones y otros que asesoran”, dijo días atrás, en una frase que cayó como un tiro de advertencia.

En paralelo, comenzó a tomar fuerza una hipótesis que hasta hace poco parecía descabellada: que el propio Caputo asuma en el lugar de Werthein. En su entorno niegan la posibilidad, aunque reconocen que la idea lo seduce. “Le permitiría mostrarse, viajar, tener glamour internacional sin costo político”, ironiza un funcionario libertario. Otros, en cambio, se limitan a confirmar que el destino del asesor es el de finalmente ser funcionario: “El Presidente ya lo decidió. Caputo va a tener firma después del domingo. Falta definir dónde”.

Milei trabaja en el recambio

“El 26 a la noche con los números veré qué necesito”, dijo Milei en una entrevista con la TV Pública conocida este martes. “De cara al segundo tramo de este mandato voy a acomodar el gabinete para lograr los objetivos de segunda generación”, anticipó el libertario.

Para el Gobierno desde el lunes habrá una suerte de “relanzamiento” de la gestión hacia el segundo tramo del mandato. El oficialismo espera sumar fuerza en el Congreso para avanzar en reformas impositivas y laborales, pero deberá ampliar el juego político para tener votos suficientes, ya que ni siquiera con buenos resultados en los distrito más importantes (Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe) conseguiría superar el tercio de las bancadas.

En ese sentido Milei aspiró a que el domingo La Libertad Avanza alcance el ansiado tercio de las bancas propias tanto en Diputados como en el Senado. “Un tercio en la cámara es una pared de defensa”, dijo el Presidente en la entrevista, en alusión a la mínima cantidad de legisladores que necesita. Con ese porcentaje podría defender los vetos presidenciales y evitar también un potencial juicio político en su contra.

El nuevo sistema de desarmaderos 100% digital anunciado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sumado a la disposición que permite aumentar de 35 a 142 la cantidad de piezas recuperadas de autos usados dados de baja, impulsará una baja de precios de los repuestos, brindará mayor seguridad en la comercialización, permitirá crear unos 20 mil puestos de trabajo y pondrá un freno al mercado ilegal, según estiman en Carva, la cámara que nuclea a los desarmaderos legales en la Argentina y que realizó un trabajo articulado con el Gobierno nacional para lograr este sistema de excelencia mundial.

 “La digitalización reduce el costo de las piezas. Si a eso le sumamos que ahora habrá más autopartes recuperadas (usadas) por la ampliación de la lista de 30 a 142 piezas, eso va a impactar en que bajen el costo de los repuestos en general. Este es un golpe duro al mercado ilegal, porque anteriormente, los desarmaderos habilitados no podían recuperar ciertas piezas, entonces esas partes se conseguían en el mercado negro”, explicó José Luis Álvarez, titular de CaRVA.

El pasado jueves, el Ministerio de Justicia, en conjunto con la DNRPA, presentó oficialmente el nuevo Sistema de Desarmaderos 100% Digital, con la presencia de autoridades del Ministerio y de la DNRPA, miembros de Comisión Directiva de CaRVA, y una selección de desarmaderos invitados por el Ministerio. “Este hito representa un logro histórico para nuestro sector, posicionando a la Argentina entre los cinco países con los sistemas de desarme más modernos y eficientes del mundo”, sostienen en la Cámara.

 Los beneficios del nuevo sistema incluyen:

 -Trámites más rápidos para titulares de vehículos y compañías de seguros.

 -Importante reducción de costos del trámite.

-Habilitación de desarmaderos y vendedores de autopartes usadas, más dinámica y sin burocracia administrativa.

 -Mayor trazabilidad de piezas y mejor control del mercado de las piezas recuperadas.

 -Aumento de autopartes recuperadas y por consiguiente reducción del precio al público por aumento de la oferta.

 -Colocar piezas legales en el mercado reduce el mercado ilegal, y por consiguiente baja la tasa de robos de automotores, lo que reduce el costo de las pólizas de seguros (En Brasil, hace cinco años se aumentó la cantidad de piezas que se pueden recuperar de los autos usados dados de baja y la tasa de robos de automóviles cayó un 50%).

 -Aumento de empleo: se estiman 4.000 puestos directos y otros 16.000 indirectos.

 Álvarez estima que los usuarios se ahorrarán unos $753.900.000 por año entre obleas, trámites de baja automotor y aranceles. Pero, además, el costo que se evitarán los desarmaderos totaliza los 1.620 millones de pesos, entre formularios, correo postal y la impresión de anexos y fotografías. En total, todo el sistema ahorrará unos $2.409.520.000. Además, otro dato importante es que los titulares de vehículos ya no necesitarán asistir al Registro del Automotor, sino que todo se podrá realizar de manera on line.

Sobre CaRVA

CaRVA es la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes, fue creada en 2007 y está integrada por los recuperadores y comercializadores de repuestos reutilizables del país inscriptos en la ley 25.761.

De cara al futuro, CaRVA trabaja activamente en capacitación y desarrollo tecnológico para desarmaderos y compañías de seguros, impulsando herramientas que acompañen la transformación digital del sector.

Actualmente, la Cámara opera dos plataformas principales. Una de ellas, de e-commerce de autopartes, que es un espacio gratuito donde más de 200 desarmaderos de todo el país publican sus repuestos y les permite a consumidores, talleres, peritos y aseguradoras comprar directamente al vendedor, sin comisiones ni intermediarios, accediendo así al mejor precio del mercado.

La otra herramienta tecnológica es una plataforma de subastas para aseguradoras, un sistema exclusivo y gratuito para que las compañías liciten sus vehículos siniestrados dentro de la red CaRVA.

Para más información: www.carva.com.ar

La Unidad de Información Financiera (UIF) atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En el centro de la discordia aparece el nombre de una figura omnipresente en la cotidianidad de los pasillos del poder: Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno, que comenzó a avanzar decididamente sobre la autonomía del organismo antilavado comandado por el abogado Ignacio Yacobucci. Luego de la salida forzada de su exnúmero dos, Manuel Tessio, a mediados del año pasado, cualquier resolución técnica llevada adelante por la unidad se vio sometida a una maquinaria implacable de presiones políticas.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, el malestar interno en la UIF escaló como nunca antes a partir de diciembre, tras la apelación a un fallo judicial que intentaba archivar el caso Hotesur, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuyo juicio oral acaba de ser confirmado por la Corte Suprema. Dicha medida, que logró que la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenara realizar una pericia y continuar con la investigación, desató un tan feroz como sugestivo enojo en la primera línea del oficialismo, paralizando las comunicaciones con la cúpula del organismo y provocando un aislamiento total entre las partes.

¿Un guiño velado del Gobierno a la presidenta del PJ, justo cuando se negocia en el Senado el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema? ¿Juego de necesidades mutuas de cara a un 2025 que se vislumbra cruzado por la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo? Especulaciones. Lo cierto es que, desde ese cortocircuito de hace un mes, los rumores de un posible desplazamiento de Yacobucci se acrecentaron. Detrás de esas maniobras se encontraría un íntimo amigo de Caputo: Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, el verdadero hombre fuerte puertas adentro de la cartera que, al menos en los papeles, encabeza Mariano Cúneo Libarona. El ministro está de vacaciones en Chile, completamente alejado de las visicitudes que cruzan por estas horas al organismo que, pese a ser autárquico, se encuentra bajo su ala.

El primer indicio de que la UIF comenzaba a estar bajo asedio tuvo lugar en junio, cuando Caputo dio la orden de remover de su vicepresidencia al abogado especialista en transparencia y compliance Manuel Tessio. El comunicado oficial alegó razones personales, pero el motivo real de su salida fue mucho más concreto: la presentación de la UIF como querellante en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Una movida que, lejos de ser celebrada, le costó el puesto a Tessio, quien meses más tarde fue reemplazado por Santiago Martín González Rodríguez, un letrado cercano a Caputo sin experiencia alguna en la materia.

En aquel entonces, a través de una de sus cuentas anónimas de X, el asesor estrella de Milei redobló la apuesta y tildó a Tessio de ser un “massista” infiltrado, justificando la decisión de correrlo como un acto de limpieza ideológica. El mensaje fue claro: no se acciona si no es en línea con los intereses y directivas del todopoderoso integrante del “triángulo de hierro” presidencial. Un gesto que no solo desenmascara los objetivos non sanctos de La Libertad Avanza, sino que además revela cómo Caputo moldea áreas sensibles del organigrama estatal a su imagen y semejanza. De hecho, hace apenas semanas la UIF recibió una denuncia de Elisa Carrió contra Cristian Ritondo tras la investigación de elDiarioAR sobre las propiedades en Miami de su esposa. El jefe del PRO en Diputados cuenta con línea directa con Caputo. No hubo aún novedades al respecto.

Advertencia internacional

En octubre pasado, la aprobación del Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) despejó los temores de un ingreso de la UIF a la “lista gris” y evitó sanciones económicas para el país. Sin embargo, aunque este resultado representó un alivio importante, no alcanzó: en informes posteriores, el GAFI advirtió que las injerencias políticas están minando la autonomía del organismo, lo que amenaza con erosionar la ya frágil credibilidad de Argentina en el combate contra el lavado de dinero.

En el plano doméstico, en tanto, un punto que enciende alarmas es la precaria situación laboral de los trabajadores del organismo. Con salarios 32% por debajo del estándar del sistema nacional de empleo público (SINEP), la UIF está entre los peores pagos del Estado. Fragilidades que también se extenderían a la infraestructura tecnológica, que según fuentes consultadas por elDiarioAR requiere “inversiones urgentes” para estar a la altura de sus pares internacionales.

Los ruidos al interior de la UIF, lejos de ser anecdóticos, exponen un patrón recurrente puertas adentro del gobierno libertario: el que no agacha la cabeza ante las órdenes de la Casa Rosada, corre peligro de tener los días contados. Las presiones sobre el organismo que debe encargarse de prevenir los delitos financieros no son más que otro capítulo en la consolidación del poder de Caputo, un asesor sin firma que se mueve con la impunidad de quien se sabe exento de cualquier tipo de control.

PL/MC

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se negó a responder hoy cuando se le preguntó por el despido de 2.400 trabajadores del Ministerio a su cargo. Estaba en una conferencia de prensa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentando la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico cuando un periodista le consultó.

“El tema que pregunta no es materia de esta convocatoria”, dijo. “Merece aclaraciones porque está carente de cierta información. Yo encantado hoy a la tarde lo atiendo y le explico, pero no es motivo de ahora”.

El Gobierno anunció este lunes el despido de 2.400 empleados dependientes del Ministerio de Justicia y eliminó un incentivo que apuntaba a capacitaciones, con el argumento de que en la práctica no se concretaban. Además, a través de una resolución de la Secretaría de Transporte, le quitó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la exclusividad en las cursos obligatorios para los conductores profesionales.

“Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través a través del Ente Cooperador Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina, más conocido como ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.

Además, anunció que “se suprimió el pago de incentivos al personal del Ministerio que representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos”.

Ante esta situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización. “BASTA DE HOSTIGAMIENTO En el Ministerio de Justicia y DD.HH acaban de despedir a 2500 compañeros y someten a la pérdida de salario a otros miles. Desde ATE Capital, nos declaramos en estado de alerta y movilización y nos preparamos para marchar este Jueves al Ministerio”.

El sindicato que representa a trabajadores del Estado convocó a movilizarse este jueves al Ministerio de Justicia.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, anunció hoy que cancelará un contrato por el que supuestamente recibía fondos la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

“El Gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos”, posteó Cúneo Libarona. “Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro”, concluyó el ministro.  

Sin embargo, desde el Gobierno no se detalló en qué consistía el contrato con la entidad liderada por Estela de Carlotto ni se han brindado más detalles sobre la supuesta recisión. Hasta ahora, desde Abuelas no se ha producido ninguna comunicación en respuesta al mensaje de Cúneo Libarona.  

A medida que transcurrieron las horas tras el anuncio del ministro de Justicia, comenzaron a visibilizarse reacciones, entre ellas la de Victoria Montenegro, Diputada de la Ciudad por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña.

“Te respondería con argumentos, que tenemos de sobra, pero como sos una persona turbia como todo el gabinete del gobierno, te diría que en primer lugar te consigas una consigna propia porque a Macri no le fue bien con esa y después que recuerdes que las Abuelas enfrentaron a la dictadura y cambiaron la historia. Mirá si no van a resistir a un personaje patético como vos!”, publicó Montenego en su cuenta de X.

Embestida contra organismos oficiales y no gubernamentales

Este anuncio se suma a la embestida del Gobierno contra los organismos oficiales y no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la memoria histórica y la recuperación e la identidad.

A mediados del mes pasado, el Ejecutivo de Javier Milei cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), un sector que dependía de la CoNaDI y que en los últimos tres años originó el 60% de los casos que tramitó el Poder Judicial vinculados a esa temática. Se trataba del principal organismo que deriva denuncias para que la Justicia investigue estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

La UEI fue creada en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y realizaba investigaciones sobre posibles apropiaciones de niños y niñas a partir de denuncias espontáneas. Para eso accedía a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Hasta la publicación del decreto 727/2024, que llevó las firmas de Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la UEI era un auxiliar del Poder Judicial que hacía investigaciones preliminares a las denuncias. En los últimos tres años, entre 2021 y 2024, el 60% de los casos que se iniciaron en la Unidad Fiscal llegaron desde la CoNaDI precedida por un trabajo hecho en la UEI.

DM

“Rechazamos la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología”. Con esa expresión explícitamente contraria a la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, protagonizó este martes en Diputados una polémica exposición para justificar porqué el Gobierno cerró el Ministerio de la Mujer.

La intervención del funcionario de Javier Milei en el marco de la comisión de Mujeres y Diversidad estuvo atravesado por un fuerte cruce con la oposición, que llegó a tener ribetes escandalosos: el oficialismo invitó a un grupo de personas que oficiaron de “aplaudidores” de cada una de las frases del ministro. “Saquen a esa barra de pedófilos”, pidieron desde la izquierda.

Otro de los momentos más llamativos de la exposición fue cuando el micrófono abierto le jugó una mala pasada a Cúneo mientras hablaba con un colaborador: “Boludo, esto está textual del discurso de Milei”, le dijo a un asesor luego de leer ante los legisladores fragmentos del discurso que el Presidente había realizado en Davos en enero pasado, cuando cuestionó a la dirigencia política global por seguir ideas “colectivistas” y criticó al “feminismo radical” y al ambientalismo.

“No somos improvisados, tengo algo de calle y de canas”, soltó al inicio de su intervención el ministro Cúneo Libarona con un aire de cierta superioridad. Entonces hizo un detallado informe de cómo se encontró el ministerio de Mujeres de la gestión de Alberto Fernández y por qué Milei decidió cerrarlo. “Más allá del sesgo ideológico, durante el 2023 hubo una paulatina desinversión en el ministerio y la violencia estaba latente”, señaló el funcionario, y luego puntualizó: “Encontramos 1.000 empleados, de los cuales había 70 solo de forma permanente. 930 trabajaban por Zoom, muchos designados en el lapso previo al cambio de gobierno y que eran monotributistas”. “Fue un fracaso absoluto”, calificó la gestión del Frente de Todos en el área.

Tras presentar su diagnóstico, Cúneo Libarona buscó fundamentar la política mileísta para contrarrestar la violencia de género. “La solución pasa por la prevención, la educación y el castigo”, afirmó, aunque aclaró que para el Gobierno toda la actuación la tiene que llevar la Justicia y no el Poder Ejecutivo. Aprovechó para usar el ejemplo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, al recordar que fue la Procuraduría la que asistió a la ex primera dama que ahora reside en España. 

Fue en ese momento que entró en un modo discurso que provocó un fuerte repudio entre las legisladoras presentes. El funcionario dijo estar “en contra el colectivismo ideológico” y amplió: “En políticas públicas del Poder Judicial no puede intervenir el Poder Ejecutivo. Se acabó solo el género. Vamos por otros valores: la familia es el centro de la educación y la sociedad. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, promover los símbolos patrióticos, respetar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social”, dijo Cúneo Libarona. Y fue cuando soltó su expresión más polémica: “Rechazamos la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología”.

Entonces salió al cruce no solo el kirchnerismo, sino también el radicalismo. La diputada de la UCR Carla Carrizo le espetó al ministro: “Una cosa es su opinión y otra es la ley”. La Ley 26.743 está vigente en la actualidad luego de ser sancionada por el Congreso. La ley de Identidad de Género no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral a través de un simple trámite administrativo, sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. Además, reconoce el derecho a la salud integral. 

La salida a la polémica del ministro fue aún más llamativa: “Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza humana”. Y planteó: “Acá hay que castigar la violencia sin género”. En su propia cuenta de Twitter el ministro reprodujo la polémica intervención.

Allí un grupo de personas del “Observatorio de falsas denuncias” invitadas a la comisión comenzaron a aplaudir al ministro y generó un escándalo porque ni el ministro ni las bancadas asumieron que las habían invitado. “Se ponen a defender violadores”, los cruzó Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. Luego dijo “Saquen a esa barra de pedófilos”. Fue la diputada libertaria Valeria Villaverde la que admitió haber cursado las invitaciones.

Ante el caos generado, la diputada Biasi acusó a la oficialista Juliana Santillán: “Sé muy bien lo que hace la señora (Patricia) Anzoátegui. La conozco muy bien, no son opiniones. Se pone a defender a violadores”, dijo en referencia a una de las referentes del grupo de invitadas. También la trotskista apuntó: “Se ponen a defender a violares, por eso tienen candidatos como (Germán) Kiczka ustedes”, recordardando el caso del legislador misionero de Juntos por el Cambio prófugo con pedido de captura internacional acusado de integrar una red de pedofilia.

MC/JJD

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona encabezó este martes la presentación de la ley de Juicio por Jurado, en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner. El acto incluyó la puesta en escena de la obra teatral “La Noche del 16 de enero” y contó con la participación del presidente Javier Milei, que llegó acompañado de la actriz Yuyito González. Durante su ingreso, Milei besó a González y, de este modo, quedó confirmada la relación entre ellos. Minutos más tarde, desde el auditorio, se los pudo ver tomados de la mano y haciéndose caricias.

Además, entre los asistentes del evento estaban la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la canciller Diana Mondino; el ministro de Hacienda Nicolás Caputo; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros.

Según supo Noticias Argentinas, “Yuyito” visitó el día anterior al mandatario en la Quinta de Olivos y pasó gran parte de la jornada del lunes acompañándolo en la residencia. Milei y González ya se habían mostrado juntos el 23 de julio pasado, cuando asistieron al Teatro Colón para ver la ópera Carmen, de Georges Bizet.

También, la actual conductora televisiva había asistido en mayo pasado a la presentación del último libro del líder libertario en el Luna Park, ocasión en la que Milei además cantó junto a una banda en vivo el tema de La Renga “Panic Show”. En aquella oportunidad González había sido una de las invitadas que estuvo en el camarín con el jefe de Estado, antes de que este subiera al escenario, y dispararon los primeros rumores del romance.

Durante el acto de este martes en el ex CCK, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó la ley de Juicio por Jurados, de la cual sostuvo que “se utiliza en el Reino Unido y los Estados Unidos y rige en 21 países de América”, mientras que destacó que “lo propusieron grandes pensadores y toda la doctrina seria lo apoya desde hace 170 años, pero acá nunca se implementó lo cual es inadmisible”.

“Con esto vamos a cambiar parte de la Justicia”, celebró el funcionario, quien destacó iniciativas del Gobierno en ese área, como “la nueva ley de lavado de dinero, el régimen penal juvenil que está avanzando en el Congreso, la oralidad en los juicios comerciales y una política criminal nueva, con sanción justa y ejemplar que desaliente la comisión de nuevos delitos”.

De la obra teatral que se iba a llevar a cabo luego, Cúneo Libarona dijo que “es de 1930, la reconocida escritora Ayn Rand, quien integró el movimiento libertario y muestra cómo funciona el sistema acusatorio que estamos llevando a todo el país, con un jurado seleccionado del público, queremos que se vean las bondades del juicio por jurado a estamos proponiendo”. 

MM con información de la agencia NA.

El sorpresivo desplazamiento del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado especialista en transparencia que había sido designado en su cargo en enero, amaga con agitar las aguas puertas adentro del Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona. Es que el pedido de renuncia al también profesor de la Universidad Austral no fue precisamente una idea del titular de la cartera judicial, sino del asesor presidencial Santiago Caputo, de ascendente poder en el gobierno de Javier Milei.

Si bien la UIF –cuya titularidad la ejerce Ignacio Yacobucci, un joven abogado de 40 años, hijo del camarista Guillermo Yacobucci– es un organismo autónomo y autárquico dedicado a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, su funcionamiento se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Y aunque las primeras versiones periodísticas enmarcaron la suerte corrida por Tessio en una represalia del Ejecutivo hacia la unidad antilavado debido a su reciente presentación como querellante en la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, lo cierto es que ambas cuestiones podrían no estar del todo relacionadas.

En un principio, el propio ministro Cúneo Libarona había sostenido que no era correcto que la UIF se presentara como querellante en causas penales. “Quien dirime eso son los Tribunales. Los organismos del Estado, la UIF y Oficina Anticorrupción (OA), no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos”, sostuvo en una entrevista con Infobae, al comienzo de su gestión. Una bajada de línea que fue matizada en la práctica por el propio oficialismo, que dejó una puerta entreabierta para que el organismo que dirige Yacobucci se involucre cuando se esté ante hechos de particular gravedad, ya sea por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso. La causa contra Insaurralde por enriquecimiento ilícito, desatada a partir de la difusión de fotos en las que se lo ve navegando por el Mar Mediterráneo en un yate de lujo, parece cumplir con todos esos requisitos.

Según pudo saber elDiarioAR, pese a que fue el propio Cúneo Libarona el que se deshizo en elogios hacia la figura de Santiago Caputo, al reconocerlo como su “jefe” y calificarlo de “expeditivo”, ahora los cortocircuitos entre ambos estarían a la orden del día. Uno de los protagonistas de esas tensiones es el alfil de Caputo en el Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio, segundo de Cúneo Libarona y conocido del asesor estrella del Presidente desde sus épocas de juventud. Antes de recalar en el ministerio, Amerio trabajó en la secretaría penal (3) de la Corte Suprema de Justicia. Desde marzo, en tanto, ejerce la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo clave para remover y designar jueces.

Un hecho que demostró la influencia de Amerio puertas adentro de la cartera tuvo lugar en mayo y fue la abrupta salida de Diego Guerendiain, jefe de Gabinete y mano derecha de Cúneo Libarona. Aunque la explicación formal fue “motivos personales”, lo cierto es que no cayeron bien en Casa Rosada los movimientos de Guerendiain por tribunales, en búsqueda de estrechar lazos con jueces en nombre del Gobierno, algo que el propio Amerio le hizo saber a Caputo que a su vez se lo comentó al presidente Milei.

Tampoco fue del agrado del viceministro de Justicia la intención de Guerendiain de ser él quien representase al Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, una posibilidad que el propio Cúneo Libarona había hecho trascender en el mes de diciembre, luego de la asunción de La Libertad Avanza al frente del gobierno. Esa silla siempre es una de las más codiciadas ya que ella está reservada para alguien de extrema confianza del gobierno de turno. El resto de los consejeros son legisladores de distintos partidos, además de abogados, académicos y jueces.

¿Acaso Caputo desterró a Tessio de la UIF por algún interés particular que pretende resguardar? ¿O lo hizo por considerarlo un “massista” infiltrado en las filas libertarias, como dio a entender el propio consultor a través de su cuenta anónima de X? Los avatares al interior del Ministerio de Justicia no hacen más que exponer una vez más la ascendencia del asesor en el mundo libertario, uno de los datos sobresalientes de la reestructuración del gabinete que tuvo lugar el último mes. A partir de la eyección de Nicolás Posse, la incidencia de Caputo en los temas de la gestión se acrecentó. Sin embargo, el hombre de mayor confianza de Milei, que en enero fue contratado bajo el régimen de prestación de servicios profesionales autónomos, no figura en la planilla de funcionarios por lo que no está sometido a los controles de ética pública.

A pesar de su trajín cotidiano por despachos de la Casa Rosada, al asesor estrella del Presidente la Oficina Anticorrupción no le exige presentar declaración jurada, ni está sujeto a correcciones para evitar incompatibilidades, como sucede con el resto de la plana mayor del Gobierno. Tampoco lo alcanza el régimen de Empleo Público ni el de Autoridades Superiores, que rige para todos los cargos por encima de los subsecretarios. Sus vertiginosos movimientos por los pasillos del poder no hacen más que convertir esa condición de intocable en una potencial bomba de tiempo.

PL/MG

El gobierno de Javier Milei le pidió la renuncia al vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado especialista en transparencia y profesor de la Universidad Austral. Había sido designado en ese cargo en enero, al igual que el actual presidente de la unidad antilavado, Ignacio Yacobucci. La UIF es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

El mes pasado, el organismo antilavado que está bajo el ala del ministro Mariano Cúneo Libarona se había presentado como querellante en la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, a partir del escándalo desatado por las fotos en las que se lo ve navegando por el Mar Mediterráneo en un yate, motivo por el que lo acusaron de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo cierto es que, en un principio, el propio ministro Cúneo Libarona había sostenido que la UIF no se presentaría más como querellante en causas penales, una bajada de línea que en el caso de Insaurralde no habría sido cumplida. Sin embargo, a pesar de que el pedido de renuncia a Tessio ocurrió a pocas semanas de ese hecho, ambas cuestiones podrían no estar del todo relacionadas: el Gobierno le había dejado una puerta entreabierta al organismo para avanzar en esa línea en casos de particular gravedad, ya sea por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso.

“Quien dirime eso son los Tribunales. Los organismos del Estado, la UIF y Oficina Anticorrupción (OA), no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos”, había dicho en diciembre Cúneo Libarona en una entrevista con Infobae, en la que añadió: “Acá se desnaturalizaron los organismos, y terminaron siendo querellante. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”.

PL/JJD

La subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, fiscal especializada en violencia de género que había asumido en el cargo en marzo, presentó su renuncia esta mañana luego de el Gobierno decidiera desmantelar el área.

Barcia envió su renuncia al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona señalando que se enteró por un llamado que el área iba a dejar de existir.

“Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 hs. por parte del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (...) dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha” (sic), señala la carta de renuncia.

Ya el martes trabajadoras y trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad habían denunciado un vaciamiento y asegurado que “el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidxs” (sic).

Un día después de la marcha Ni Una Menos, desde la Secretaría de Comunicación del antiguo Ministerio señalaron a través de un comunicado: “Nos enteramos por directivxs de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia (ex MMGYD) que el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadorxs serán despedidxs” (sic).

Eso supone que más de 500 personas pierdan su empleo y que prácticamente no quede ninguna instancia en el Gobierno dedicada a políticas de prevención de violencia de género.

“Transcurridos los primeros 5 meses de gobierno, nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el gobierno de Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional y para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general”, decía el comunicado.

Fabiana Tuñez, expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, anunció que “el Estado Argentino será denunciado Nacional e Internacionamente por el desmantelamiento de las politicas de genero e incumplimiento de las leyes y convenios Internacionales”. Según pudo saber elDiarioAR, la denuncia sería hecha ante diferentes organismos de Naciones Unidas.

Hace dos semanas, el Gobierno transfirió sorpresivamente la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia.

Algunas de las áreas de la Subsecretaría, como la Línea 144 y el Programa Acompañar, pasarían ahora a Acceso a Justicia, dentro del Ministerio de Justicia.

Ni bien asumió Javier Milei degradó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversis a subsecretaría. El área estuvo acéfala hasta que asumió Barcia en marzo.

CRM/JJD

El ministro de Jusiticia, Mariano Cúneo Libarona, utilizó esta noche una metáfora futbolística para describir lo que considera una mejora de la situación del país fruto de los primeros cinco meses de gestión de La Libertad Avanza. “Yo creo que ha habido varios goles, estamos como 4 a 0 arriba. Estábamos en la B, ¿viste? Y de repente, bueno, ascendimos”, afirmó.

El funcionario formuló estas declaraciones durante una entrevista que dio en el canal Todo Noticias (TN), después de que el periodista Jonatan Viale le dijera que al gobierno de Milei“le falta meter goles”.

Cúneo Libarona contestó que “en economía se han producido logros importantísimos” y que “hoy existe un gran apoyo popular”. “Hoy vas caminando por la calle y la gente aplaude a Javier Milei”, sostuvo y agregó que, a su criterio, la gestión libertaria también “metió goles” en otras áreas: “En Defensa; en Seguridad, con Patricia [Bullrich], en Interior, con Guillermo [Francos]; el despliegue que hace Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano); el lujo que es [la canciller] Diana Mondino. Se ha logrado muchísimo”, valoró.

Consultado sobre el momento económico de la Argentina, que combina inflación, caída de los ingresos y recesión, Cúneo Libaroa dijo que en el gobierno comprenden el esfuerzo y puso como ejemplo los bajos salarios que se pagan en el Poder Ejecutivo.

“El esfuerzo es de todos y nosotros damos ejemplo de esfuerzo. A mí se me va gente del ministerio porque no le alcanzan los sueldos, y gente de nivel. Yo cobré un millón doscientos mil pesos el mes pasado. Todos estamos sacrificados”, dijo el ministro.

Sostuvo que “el Presidente lo ha dicho desde siempre y agradeció el esfuerzo de los argentinos” y que “acá hay que aguantar”, porque “los logros que se han logrado (sic) en materia económica que son impactantes, son récords mundiales, la inflación la ha disminuido el mercado en forma considerable, se han acabado un montón de subsidios sin sentido, se va achicando el Estado”.

También señaló que la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en un acto político, el sábado último en Quilmes, le pareció “muy pobre, sin valor, parte del pasado, un pasado ya superado” y sostuvo que “la Argentina, cambió y eligió final, final, final de Cristina Kirchner”. Consultado sobre si la expresidenta de la Nación debe ir presa, en el marco de la causa en que se encuentra condenada (por corrupción en la obra pública), el ministro de Milei señaló: “Eso lo decidirán los jueces, ya lo decidieron y ahora está la Cámara de Casación, y vienen otras causas también, yo no puedo opinar que lo decidan los jueces”.

Finalmente, defendió la postulación de su gobierno al juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Elena Highton de Nolasco, que dejó de ser miembro del tribunal en 2021. Sobre el magistrado candidato, el ministro de Justicia dijo que tiene “experiencia, criterio, edad, tiempo y apoyo enorme del Poder Judicial” y que es “un gran lector de la realidad argentina”.

JJD

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado luego de que se detectaran “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.

A través de un comunicado, la cartera que dirige Cúneo Libarona justificó la medida a partir del procesamiento a una persona por “defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita” y en que “a su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.

“Descubrimos distintos juicios con autos de procesamientos confirmados por la Cámara de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, formularios falsos haber sido víctima del terrorismo de estado”, dijo Cúneo Libarona en el canal de noticias LN+. “Y en muchos casos, más de cien, recibieron más de US$ 150.000 en concepto de indemnización”, agregó.

“Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina”, ejemplificó el Ministro y señaló: “Cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos mas hechos, más juicios e involucrados”.

En este contexto, “el Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”, señaló el comunicado, que agregó: “Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.

La reacción de Horacio Pietragalla

A través de un posteo en la red social X, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación del gobierno de Alberto Fernández, Horacio Pietragalla Corti, cruzó a Cúneo Libarona por su decisión de auditar las indemnización a víctimas del terrorismo de Estado. “Bueno, con todo respeto, sólo quiero informarles que hasta los diarios españoles informaban que a esta banda la descubrimos nosotros, la denunciamos y fuimos querellantes. Ahora, por favor, un poquito de seriedad, salió en todos lados, lo hicimos público. «Miren que hay trabajo para hacer para estar viviendo del trabajo de otros»”, lanzó y adjuntó el enlace a un artículo en el diario El País de España, publicado el 29 de julio del 2023, titulado “La justicia argentina procesa por estafa a un falso hijo de desaparecidos de la dictadura”.

MM/JJD

El Ministerio de Justicia de la Nación informó hoy que las funciones que cumple el Instituto contra la Discriminación (Inadi), cuyo cierre anunció el Gobierno, serán realizadas por esa cartera, que “cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea”.

Además, anunció que “el personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”, mientras el ministro Mariano Cúneo Libarona afirmó que “es una prioridad de este Ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy en su conferencia matutina en la Casa Rosada que el instituto creado por ley en 1995 era parte “de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante” y anunció: “Estamos empezando con su cierre definitivo”.

Fuerte repudio al cierre del Inadi

Organizaciones sociales como la DAIA, la Fundación Huésped y el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, además de intelectuales y exfuncionarios del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), lamentaron hoy la decisión del Gobierno nacional de iniciar el “cierre definitivo” del organismo y aseguraron que se trata de un “bastión fundamental” en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) publicó en su cuenta de la red social X que “la discriminacón en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo”. “La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó la DAIA en un tuit en el que arrobó al INADI y al vocero Adorni.

El organismo fue fundado en 1995 por una ley que se sancionó en el marco de la respuesta del Estado argentino a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, perpetrados por terroristas en 1992 y 1994, respectivamente.

El artículo 4 de la Ley 24.515 que creó el INADI indica que, entre sus atribuciones y funciones, se encuentra la de “constatar prima facie la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política; y cuando corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades competente”.

Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA) e integrante del Frente Orgullo y Lucha, que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+, repudió la medida y alertó sobre “la gran discriminación” que pesa sobre “muchos grupos vulnerados en la Argentina”.

En dialogo con Télam, Rivas resaltó que “el Inadi tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población” y dijo que “hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social”.

“Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente”, completó y recordó que en el proyecto de Ley Bases que se debatió en la Cámara de Diputados su artículo 348, eliminaba la ley 24.515 de creación del Inadi.

Manu Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, opinó que “el cierre implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos”.

“Es fundamental elaborar políticas que combatan la discriminación”, aseguró Mireles y recordó que “articularon y trabajaron con el instituto para brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género”.

Este cierre, alertó, “muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política”.

Ornella Infante, dirigente del movimiento Evita y exdirectora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo “supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de (la dictadura de 1966 de Juan Carlos) Onganía”.

“Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello”, afirmó.

“En épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación al género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros, necesitamos sostener espacios de promoción y protección de derechos”, expresó por su parte Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped. Además, consideró que el Inadi es “un instituto pionero en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia”.

“Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el Congreso”, repudió la escritora Claudia Piñeiro en su cuenta de X.

María José Lubertino, ex titular del Inadi durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuestionó en sus redes sociales el anuncio y le pidió al vocero Adorni: “Por favor podrías indicarnos cuál es el acto administrativo que sustenta esta información. En el Boletín Oficial solo está la designación de una interventora de ayer. Fue creado por ley. No hay necesidad ni urgencia en esto. No se puede derogar por decreto”.

MM con información de la agencia Télam.

El presidente electo Javier Milei comenzó a mencionar en entrevistas algunos de los nombres de las personas que a partir del 10 de diciembre integrarán su gobierno. En una entrevista con Radio Mitre, el economista señaló que el titular del Ministerio de Justicia de su gestión será el abogado Mariano Cúneo Libarona, célebre por sus apariciones mediáticas y por haber defendido a empresarios y personajes ricos y famosos de la farándula argentina, además de haber tenido un estrecho vínculo con el poder durante los años '90.

Milei lo anunció al ser consultado en la nota sobre cuestiones vinculadas con el Consejo de la Magistratura. “Mi intención es consensuarlo con el ministro de Justicia, que es Mariano Cúneo Libarona, y con la Corte”, señaló.

Según informa el propio Cúneo Libarona en la página web de su estudio jurídico, nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en 1961 y egresó “de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas de la Universidad del Museo Social Argentino, con título de Abogado, obteniendo el mejor promedio de su promoción”. Es en esa institución que Cúneo Libarona se desempeña hasta la actualidad como docente y decano.

También en esa página oficial, el abogado señala que es “ex funcionario del Poder Judicial de la Nación” y que “desde 1989 ejerce su profesión de abogado libremente, tanto en Argentina como en el exterior”.

Cúneo Libarona, de hecho, es un apellido recurrente en el ámbito judicial, una auténtica casta. El padre del próximo ministro, con quien comparte el nombre de pila, fue fiscal de la Cámara de Apelaciones porteña y tanto el futuro funcionario libertario como sus hermanos Rafael, Matías y Cristina forman parte del estudio jurídico familiar que fueron heredando las sucesivas generaciones y que tuvo a su cargo causas resonantes de las últimas tres décadas.

Su padre tuve cierto bronce como referente en la profesión y eso es algo que quedó pendiente para el hijo, que según colegas a los que consultó este diario, logró fama y dinero pero no el prestigio que consiguió su padre. De todos modos, Su estudio es exitoso en Comodoro Py, lo que demuestra que no sólo sabe de derecho sino que conoce muy bien los vericuetos formales e informales de los tribunales federales. 

De perfil mediático, sobre todo en los años ‘90, entre los casos más de mayor impacto que tuvieron a Cúneo Libarona desfilando por los programas de televisión de la época se encuentran las defensas del ex representante de futbolistas Guillermo Cóppola en el llamado “caso del jarrón” y de Amira Yoma, la entonces cuñada del ex presidente Carlos Menem, acusada de lavado de dinero en la causa conocida como el Yomagate. 

Fue en esos años cuando tuvo lugar otro de los antecedentes destacados del futuro ministro: Cúneo Libarona estuvo un mes preso por orden del juez Norberto Oyarbide mientras se investigaba un episodio lateral de la Causa AMIA.  El abogado fue por aquellos años acusado de coacción agravada y de encubrimiento en la causa que investigaba el robo de un video del despacho del magistrado Juan José Galeano. Cúneo Libarona era el abogado entonces de dos policías acusados por el robo, que finalmente fueron absueltos y todo el asunto se declaró nulo.

Un desprendimiento del Yomagate también lo tuvo a Cúneo Libarona como protagonista directo. Ocurrió cuando su ex esposa, Lourdes Di Natale, una mujer que trabajaba como secretaria en Casa Rosada y tenía gran acceso al círculo íntimo del menemismo denunció que el ex cuñado de Menem, Emir Yoma, había estado detrás del desvío ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia. Yoma era uno de los defendidos por Mariano Cúneo Libarona y su estudio jurídico en aquellos años. Di Natale había asegurado en declaraciones periodísticas que su ex marido, defensor del ex funcionario menemista, le había contado que Yoma había pagado 400 mil dólares a través del vendedor de armas Diego Palleros a una empresa llamada Daforel.

Mientras peleaba por la tenencia de la hija que tuvo junto a Cúneo Libarona, en 2003, Di Natale fue hallada muerta en su domicilio en circunstancias sospechosas, luego de caer al vacío y pocos días antes de volver a ratificar sus dichos sobre Yoma y el abogado ante la Justicia, según tenía previsto. Algunos vecinos señalaron que fue luego de que Di Natale intentara cortar un cable que proveía la señal de TV al edificio. Sin embargo, las primeras pericias indicaron que ninguna persona podría haber llegado al lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer sin ayuda de un tercero. La causa, por mucho tiempo catalogada como “suicidio”, estuvo frenada y luego archivada hasta pasar a la Corte Suprema de Justicia.

Según trascendió, Cúneo Libarona conoció al presidente electo mientras ambos trabajaban en el grupo Eurnekian. Desde entonces, tuvieron cada vez más contacto y también cada vez más apariciones televisivas en programas de América TV como Animales sueltos, entre otros.

El abogado defendió también a Hugo Eurnekian (sobrino de Eduardo Eurnekian) en la causa conocida como “Cuadernos” y también fue representante legal del empresario Sergio Taselli. 

En los últimos años también fue defensor del ex gobernador de Tucumán José Alperovich, enviado a juicio oral por el supuesto abuso sexual de su sobrina y también intervino como representante de los organizadores de la fiesta electrónica Time Warp, donde cinco jóvenes  murieron y decenas de personas fueron hospitalizadas a causa del consumo de drogas sintéticas adulteradas durante el evento.

MA/DTC

Patricia Bullrich, precandidata a presidente del PRO dentro de Juntos por el Cambio,  denunció al ministro de Justicia Martín Soria por concretar la intervención de su Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), encabezada por el Ministerio de Justicia que dispuso intervenir por 180 días hábiles.

La titular del PRO en uso de licencia responsabilizó al ministro de perseguirla políticamente y acusó al Gobierno de buscar “correr la atención de su gestión desastrosa”.

Bullrich ya había denunciado a Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, por “perseguir a las entidades de los opositores”, mientras que amplió su denuncia contra Soria a quien apuntó por “haber ejercido abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, encargado de la investigación.

Según lo expuesto por Silvina Martínez, abogada de Bullrich, “lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista”. En el escrito, Martínez preguntó de irónicamente si la intervención consistía en colgar fotografías de Cristina Fernández de Kirchner, y enfatizó en que la denuncia realizada por Nissen está basada en recortes de diarios.

“No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó”, relató la letrada al tiempo que aclaró que “se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”.

En esa línea, Martínez subrayó: “Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen”.

Para la abogada, la causa contra Bullrich se manejó “en secreto” y detalló que la intervención se realizó a pesar de que la Justicia rechazara la posibilidad de proceder. 

“Desde el año 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. 9 años!!! [sic] Ello porque la ley orgánica de la IGJ (22315) establece que el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención en los siguientes casos: 1) si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. Nada de esto ocurre en el caso”, concluyó.

LC con información de agencia NA

Martin Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), presidido por la precandidata presidencial Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC), por irregularidades contables y otros cargos.

Según se precisó en un comunicado, mediante la Resolución 742/2023, se “busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”.

En ese contexto, Soria dispuso la intervención de la asociación civil con sede social en la ciudad de Buenos Aires en los términos del artículo 10, inciso J, de la Ley 22.315.

La medida generó un duro cruce entre Soria y Bullrich a través de la red social Twitter.

“Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía”, acusó la precandidata presidencial y agregó: “Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”.

Rápidamente, Soria le contestó por el mismo medio: “La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!”.

La intervención, solicitada por el Inspector General de Justicia Ricardo Nissen, se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, donde se determinó que desde el instituto presidido por Bullrich “se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”.

Las actuaciones sumariales realizadas determinaron que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata”, indicaron oficialmente.

Además, se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un “crecimiento exponencial” de los ingresos y egresos del instituto, “pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”.

En esa línea, se explicó que el incremento de los ingresos es “coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad”.

El sumario, instruido por la IGJ incluyó “visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, El Cronista y Página/12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES”.

La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta después que la resolución recaída en la causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias” (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, adquirió firmeza.

Por último, la IGJ determinó que la “utilización estructural y financiera” del IEES para la campaña política nacional de Bullrich “no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles”, sino que también podría “implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos”.

“La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros”, recordaron.

Cabe destacar que la IGJ es el organismo encargado de verificar la legalidad de los objetos sociales de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar el control permanente de dichas entidades para evitar la indebida utilización de la persona jurídica registrada.

El ministro Soria explicó en declaraciones a Radio 10 que se demostraron “un cúmulo de irregularidades tremendas” en el funcionamiento de la organización civil y criticó a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una “muestra más de la impunidad”.

“Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores”, lanzó el titular de la cartera de Justicia.

El pasado 10 de abril, la IGJ había resuelto la intervención judicial de la asociación civil y el desplazamiento de los integrantes de su comisión directiva, tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022. En respuesta, la abogada Silvina Martínez denunció al titular de la IGJ por abuso de autoridad y persecución contra organizaciones afines a la coalición, al señalar que se utilizó “el poder del Estado” para perseguir “a entidades civiles que presiden dirigentes opositores”.

Posteriormente, en mayo, el fiscal Carlos Stornelli ordenó el allanamiento a la sede del IGJ, mientras que su titular, aseguró: “El allanamiento es una cosa que no se vio nunca. Es un amedrentamiento inaceptable para un organismo del Estado especializado en estas cosas, es un mensaje mafioso, una intimidación berreta”.

Reacciones de la oposición a la intervención de la fundación de Bullrich

Propuesta Republicana (PRO) respaldó a la precandidata presidencial por la intervención de la IEES. En particular, su adversario en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que el accionar de la IGJ constituye una campaña sucia y apoyó a la ex ministra de Seguridad. “Utilizar el estado para perseguir opositores es ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE. Todo mi apoyo a @PatoBullrich. El 10 de diciembre esto se termina”, aseguró vía Twitter.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, se expresó en la misma línea. “Pasan las elecciones, pero las campañas sucias del kirchnerismo continúan. No van a parar el cambio, ni inventando mentiras, ni generando miedo. Mi solidaridad con @PatoBullrich”, publicó.

El ex mandatario Mauricio Macri también extendió su respaldo a la precandidata presidencial y cuestionó el accionar de la gobierno nacional. “Un atropello más de la IGJ y el Ministerio de Justicia, esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña. Celebro que ya falta poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir opositores”, sostuvo en redes sociales. Su primo y precandidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que se trata de un golpe bajo para ensuciar a Bullrich por el temor de una eventual pérdida del oficialismo en las elecciones nacionales.

Con información de agencias

Tal como informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó hoy un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que solicita que se declare inconstitucional la reforma impulsada por el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

De acuerdo con el Gobierno, el texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña “vulnera los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna, así como con el Convenio 169 de la OIT”.

En particular, se cuestiona el inciso 4° del artículo 67 referente a los derechos de reunión, protesta y huelga, y los artículos 94 y 95 que afecta de manera directa a los pueblos indígenas. “Los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas”, afirma el documento.

En el escrito presentado, el Gobierno destacó la gravedad institucional resultante del proyecto aprobado. “Está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”, aseguraron. Según argumentan, el reclamo también se sustenta sobre lo expresado por organismos internacionales de derechos humanos ─entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH)─ tras los hechos de represión ocurridos tras su promulgación.

En comunicación con radio 10, el ministro Soria aseguró que el objetivo del Gerardo Morales es criminalizar la protesta y perseguir a quienes no comparten sus ideas económicas. “Esta película ya la vimos: ajuste, hambre, miseria y represión contra el pueblo. Es la Alianza del 2001 y Cambiemos en 2016”, sostuvo.

En este contexto, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente junto a Horacio Rodríguez Larreta defendió el proyecto aprobado por la Legislatura provincial y espera una resolución favorable de la Justicia. “Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución”, expresó.

Con información de agencias

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, presentará mañana ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la legislatura, la cual derivó en graves incidentes.

Así lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, tras una conversación que mantuvo con el propio Soria una vez concluida la habitual conferencia de prensa de los jueves que ofrece la funcionaria en Casa Rosada. Señaló que la medida se realizó por instrucción del presidente Alberto Fernández.

En diálogo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Cerruti manifestó que el mandatario “sigue muy de cerca la situación en Jujuy” y recordó que Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, “viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto”.

De esta manera, el funcionario nacional llevará adelante un pedido que realizó el propio presidente Alberto Fernández durante una declaración realizada a la prensa desde la sala de conferencias de la Casa Rosada.

“Entendemos también que hay denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también está siguiendo muy de cerca la situación”, dijo y agregó: “Hemos denunciado la represión en Jujuy y el Presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional”, algo que se confirmó minutos después.

“Con mucha preocupación seguimos esa situación y también con mucha preocupación vemos que la fuerza opositora, en lugar de preocuparse por la represión, premió al gobernador que llevó adelante la represión nombrándolo como candidato al vicepresidente”, completó la portavoz en referencia a la fórmula que comparte con Horacio Rodríguez Larreta.

Además, en el Gobierno Nacional no descartan la posibilidad de intervenir el Partido Justicialista jujeño, dado que legisladores provinciales de ese espacio votaron a favor de la reforma constitucional.

“He instruido al Ministro de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva la sanción de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, había anunciado Fernández en el mensaje que emitió el pasado 21 de junio.

LC con información de agencias

El presidente Alberto Fernández anunció que instruyó al Ministerio de Justicia para que “analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma” de la nueva Constitución provincial de Jujuy que “violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Lo hizo en un breve mensaje desde la Casa Rosada, donde no aceptó preguntas.

En el escrito que leyó, el mandatario aclaró que se trata de la postura del Gobierno Nacional ante los hechos de violencia desatados en la provincia norteña en las últimas horas.

Sostuvo que los episodios de represión “son inadmisibles en nuestra vida democrática” y señaló que “a tal punto ha llegado el conflicto generado por el Gobierno” provincial “que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado el alerta y condena de organismos internacionales defensores de los derechos humanos”

Se refirió así a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, los cuales “se han pronunciado de forma clara y contundente clamando de manera inmediata el cese de la violencia estatal”.

Además, el Presidente instó “de forma definitiva” al gobernador jueño Gerardo Morales a “cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, al advertir que “es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal” en esa provincia.

Le pidió también a Morales que “no utilice al pueblo” como “banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante”, y reiteró el pedido para que “convoque a las comunidades y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas”. Fernández subrayó que el mandatario provincial “cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno Nacional”.

La ONU expresó “preocupación” y exigió investigar violaciones a los Derechos Humanos en Jujuy

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó este miércoles su “preocupación” por la situación en la provincia de Jujuy y realizó un llamado a “investigar todo indicio de violaciones” a los Derechos Humanos. Le recalcó a Gerardo Morales que es “de suma importancia evitar una escalada de violencia”.

“ONU Derechos Humanos sigue con preocupación los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de protestas contra una reforma a la Constitución provincial de Jujuy, en Argentina”, expresó el representante Jan Jarab en una carta enviada a Morales.

“Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales”, agregó el representante del organismo en América del Sur.

El texto fue replicado en Twitter por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Santiago Cafiero -que ayer estuvo reunido en la ONU con el Secretario General, Antonio Guterres- y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, quien viajó a la provincia para constatar la situación de los detenidos.

En el comunicado, Jarab indicó que su organismo “estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia”. Consideró también que la reforma “no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos” y pidió una reunión con Morales para “abordar el impacto” que la misma puede tener “en el ejercicio de los derechos humanos”.

“La Oficina estima que el diálogo institucional con su despacho podría resultar beneficioso para el correcto seguimiento de la situación actual y, en general, para abordar cuestiones sobre el derecho a la reunión y los derechos de los pueblos indígenas”, aseguró Jarab.

En esa línea, el diplomático realizó un “llamado al diálogo constructivo e intercultural” y aseguró que “la Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo”.

Por último, Jarab manifestó su preocupación por las “detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos”.

LC con información de agencias