La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina, pese a una prohibición judicial de abandonar su país, desató este miércoles una serie de denuncias penales y pedidos de interpelación contra el gobierno de Javier Milei. Legisladores de distintos sectores de la oposición reclamaron que se investigue si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del senador brasileño hacia Estados Unidos y si se utilizaron recursos públicos para concretar la operación.

Los cuestionamientos apuntan al presidente Milei, al canciller Pablo Quirno, al jefe de Gabinete Diego Santilli, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presencia en Misiones durante las horas previas a la salida de Bolsonaro fue mencionada en distintas publicaciones periodísticas.

La controversia comenzó después de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que el excandidato presidencial brasileño ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según el organismo, la familia presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales para ingresar al país.

A las 23.30, Bolsonaro abordó un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó viaje hacia Miami. El dirigente había perdido el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y estaba alcanzado por una prohibición de salida de Brasil dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de investigaciones por presuntos delitos económicos.

Las denuncias penales contra Milei

Una de las primeras presentaciones judiciales fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien acudió a la Justicia Federal de Puerto Iguazú para solicitar que se investiguen las circunstancias del ingreso de Bolsonaro y su posterior salida del país.

La legisladora pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, además de acceder a los planes de vuelo, la nómina de pasajeros y la documentación relacionada con la contratación del avión privado.

También reclamó que se investiguen posibles delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, expresó Pagano, quien cuestionó las contradicciones en la información difundida inicialmente sobre el paradero del dirigente brasileño.

Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento agravado contra Milei, Quirno y Caputo. El legislador reclamó investigar la eventual participación de funcionarios nacionales en el traslado y determinar quién financió el vuelo.

Paulón puso especial atención en la empresa Baires Fly y sus vínculos con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El legislador también había presentado un proyecto de pedido de informes sobre el eventual ingreso y egreso de Bolsonaro del territorio argentino, registrado en Diputados bajo el expediente 5805-D-2026.

A las denuncias se sumó el dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien presentó una acción penal contra el Presidente por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Quedó sorteada en el Juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Solano reclamó que se investigue la posible utilización de estructuras estatales para facilitar la salida del senador brasileño y que se preserven los registros migratorios, las comunicaciones oficiales, los planes de vuelo y las órdenes de custodia. “Milei no puede utilizar el Estado argentino para proteger a sus aliados de la ultraderecha internacional ni desconocer los compromisos de cooperación judicial con Brasil”, sostuvo el dirigente.

Los pedidos de interpelación en el Congreso

En paralelo, el diputado nacional Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, presentó un proyecto de resolución para interpelar al canciller Pablo Quirno. La iniciativa contiene 91 preguntas destinadas a establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y si existieron contactos diplomáticos o gestiones oficiales vinculadas con su traslado.

Juliano también pidió determinar si Santiago Caputo estuvo en Puerto Iguazú durante el operativo, si mantuvo contacto con el senador brasileño y si intervino en la organización del vuelo.

El proyecto reclama información sobre la posible participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones y los servicios de inteligencia, así como sobre la utilización de vehículos, personal o recursos estatales. También solicita identificar quién contrató y pagó el avión privado.

“La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos”, cuestionó Juliano, quien advirtió sobre las consecuencias diplomáticas del episodio para la relación con Brasil.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro anunció que impulsará la interpelación de Quirno y Monteoliva para que expliquen la actuación de los organismos que dependen de sus respectivas carteras.

“Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, sostuvo el legislador, quien acusó al Gobierno de haber brindado asistencia operativa a través de Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Ferraro también cuestionó el impacto del episodio sobre las relaciones diplomáticas con Brasil, principal socio comercial de la Argentina y miembro del Mercosur.

El peronismo también reclamó explicaciones

Desde Unión por la Patria, el diputado Agustín Rossi presentó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que informe sobre la intervención de las distintas áreas del Gobierno en el ingreso y la salida de Bolsonaro. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, afirmó el exministro de Defensa.

Rossi consideró que el episodio tiene una gravedad institucional excepcional y advirtió que puede afectar seriamente las relaciones entre la Argentina y Brasil. “La Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”, expresó.

Desde el peronismo también hubo cuestionamientos de la senadora Juliana Di Tullio, quien reclamó explicaciones sobre el paso de Bolsonaro por territorio argentino y la eventual intervención de funcionarios nacionales.

Los legisladores opositores exigieron que se esclarezca por qué no se demoró el despegue del avión mientras se verificaba la situación judicial del pasajero y quién dispuso que la confirmación oficial sobre su paso por el país se difundiera después de su partida.

También solicitaron precisiones sobre la presencia de Santiago Caputo en el aeropuerto de Puerto Iguazú durante las horas previas al vuelo.

La controversia se produce en medio de las tensiones diplomáticas entre Milei y Lula, profundizadas después del triunfo electoral del mandatario brasileño, a quien el presidente argentino evitó felicitar públicamente por su reelección.

Por el momento, el Gobierno sostiene que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que no existían pedidos de captura ni impedimentos migratorios registrados que obligaran a las autoridades argentinas a impedir su entrada. La oposición, en cambio, exige determinar si, más allá de los controles formales, hubo una colaboración deliberada para permitir que el senador brasileño eludiera las restricciones impuestas por la Justicia de su país.

CRM

Donald Trump vuelve a poner los ojos sobre la Argentina. Esta vez no será a través de una llamada telefónica, una declaración de respaldo a Javier Milei o una fotografía compartida en Washington, sino con el desembarco de dos funcionarios de peso de su administración. Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, y Juan Pablo Segura, responsable de los asuntos del Hemisferio Occidental, llegarán este jueves a Buenos Aires con una agenda que combina inversiones, seguridad, narcotráfico y reuniones con algunos de los principales ministros del Gobierno.

La llegada de Landau y Segura tiene lugar a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre y luego de una escala en Paraguay, donde ambos mantuvieron encuentros con el gobierno de Santiago Peña, otro de los aliados regionales de Trump. La visita forma parte de una recorrida sudamericana de funcionarios del Departamento de Estado orientada a profundizar la cooperación en materia de comercio e inversiones.

Pero antes de que los enviados de Trump aterrizaran en Buenos Aires, hubo un movimiento político en Balcarce 50. Karina Milei recibió este miércoles al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en un encuentro destinado a repasar el estado de la relación bilateral, los proyectos de inversión de empresas norteamericanas y la situación política y económica argentina. La reunión, difundida oficialmente por la Casa Rosada, funcionó como antesala de la visita y volvió a colocar a la secretaria general de la Presidencia en un lugar central dentro del vínculo con Washington.

El antecedente más inmediato remite a 2025, cuando Milei necesitaba asegurarse el respaldo de Trump antes de las elecciones legislativas y Santiago Caputo se convirtió en una pieza clave de las negociaciones informales con el entorno del republicano. El asesor presidencial fue uno de los principales operadores de aquel back channel que, por fuera de los mecanismos habituales de la diplomacia, permitió acelerar las gestiones que desembocaron en el apoyo político y económico estadounidense.

Un año después, con Caputo alejado de la estrategia política directa del Gobierno y Karina consolidada como principal articuladora del poder en la Casa Rosada, la relación con Washington vuelve a mostrar la importancia de los contactos personales y las conversaciones que no siempre pasan por la Cancillería. Aunque esta vez los protagonistas de esos movimientos son otros.

Según la agenda prevista, los representantes estadounidenses serán recibidos por el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín este jueves a las 14. La actividad diplomática se extenderá durante el viernes e incluirá reuniones de trabajo y una conferencia de prensa conjunta. También están previstos contactos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En las conversaciones comerciales tendrá participación el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, uno de los funcionarios involucrados en las negociaciones económicas con Washington.

Los enviados de Trump

Christopher Landau es uno de los funcionarios de mayor jerarquía de la diplomacia estadounidense. Ocupa desde marzo de 2025 el cargo de subsecretario de Estado, el segundo escalón del Departamento de Estado, inmediatamente por debajo de Marco Rubio. Abogado formado en Harvard, fue embajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, durante el primer mandato de Trump, y conoce de primera mano las discusiones en torno a América Latina.

Su acompañante, Juan Pablo Segura, un hijo de argentinos que asumió en agosto de este año como subsecretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio Occidental. Su recorrido combina la política republicana con el sector privado: fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Virginia durante la administración de Glenn Youngkin y participó en el desarrollo de Babyscripts, una empresa tecnológica dedicada al seguimiento remoto de embarazos.

Segura también mantiene posiciones públicas especialmente duras contra el gobierno cubano. Antes de emprender su viaje por Sudamérica, cuestionó la resolución que se presenta anualmente ante Naciones Unidas para reclamar el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba. En sus publicaciones sostuvo que La Habana representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y pidió rechazar la iniciativa.

La visita de ambos funcionarios ocurre, además, después de una conversación entre Milei y Rubio durante el reciente viaje del mandatario argentino a Washington. El Presidente podría recibir a los enviados estadounidenses este viernes, una vez que regrese de España, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.

PL/MG

El canciller Pablo Quirno le respondió al primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, al subrayar la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales”, al referirse al reclamo de soberanía por las Islas Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Las declaraciones de Quirno fueron después de que el premier británico afirmara en su discurso ante los líderes mundiales que su gobierno estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”.

“Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia. Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos del derecho internacional”, afirmó.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores previamente indicó: “En respuesta a lo expresado por el señor primer ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”, aseguró.

Quirno rechazó que Inglaterra tuviera derechos soberanos sobre los archipiélagos y las áreas marítimas que los rodean, e indicó que la “ocupación” británica del territorio “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las Islas Malvinas, quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

“Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”, agregó el canciller al referirse al reclamo nacional.

En tanto, Quirno resaltó que la controversia de soberanía entre ambos países está reconocida por las Naciones Unidas, además de otros organismos internacionales; y remarcó que estas instituciones instan “a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio”.

Asimismo, destacó en un posteo posterior: “Después de muchos años, un Primer Ministro británico hizo mención a las Islas Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho que refleja que las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Javier Milei pusieron a la Cuestión Malvinas en la agenda internacional”.

“La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó.

Javier Milei volvió a reunir este lunes a todo su gabinete en la Casa Rosada con dos asuntos que empiezan a convertirse en una constante de las conversaciones internas del Gobierno: Malvinas y la marcha de la economía. El encuentro sirvió, además, para ordenar la estrategia de una semana en la que buena parte de la discusión política se trasladará al Congreso y que tendrá esta misma tarde otro capítulo, cuando el Presidente reciba a diputados y senadores oficialistas en Balcarce 50.

La cuestión Malvinas ocupó una parte importante de la reunión. Después del giro que Milei imprimió en las últimas semanas alrededor del reclamo de soberanía, el Gobierno repasó los primeros movimientos de la estrategia y ratificó ante los ministros la decisión de mantener y profundizar el rumbo adoptado.

El encargado de actualizar el estado de situación fue el canciller Pablo Quirno, quien detalló las denuncias penales y las notificaciones realizadas durante los últimos días contra distintas empresas vinculadas con actividades en las islas. La exposición funcionó también como antesala de la próxima etapa de la ofensiva: el desembarco de la discusión en el Congreso.

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron los últimos detalles del proyecto de ley que esta semana tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados y que forma parte de la batería de medidas con las que la Casa Rosada busca endurecer su posición frente a las compañías que operan en Malvinas sin autorización argentina.

El proyecto ya había sido objeto de conversaciones políticas durante los últimos días. La semana pasada, Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, participaron de la mesa política del Gobierno para explicar sus alcances, mientras que en la reunión entre La Libertad Avanza y el PRO los representantes del partido amarillo anticiparon su predisposición a acompañar las iniciativas oficiales vinculadas con la causa Malvinas.

La agenda tuvo además una escala en el extremo sur del país. El viernes pasado, Quirno y Presti viajaron juntos a Tierra del Fuego, donde recorrieron la zona en la que se desarrolla el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico. La visita estuvo directamente vinculada con otra de las dimensiones que la Casa Rosada pretende darle a su nueva política sobre Malvinas, al reforzar la presencia argentina en un territorio que considera decisivo para la proyección sobre el Atlántico Sur.

En el Gobierno consideran que la región se convertirá durante los próximos años en uno de los enclaves relevantes para el flujo del comercio internacional y pretenden incorporar esa dimensión geopolítica a la nueva estrategia alrededor de las islas. La lectura forma parte del intento de la Casa Rosada por presentar su reciente giro sobre Malvinas no solamente como una reivindicación histórica, sino como una cuestión vinculada con los intereses estratégicos de la Argentina.

“Al populismo no se le gana con populismo”

La otra mitad de la conversación estuvo concentrada en la economía. Allí fue Milei quien bajó una instrucción hacia el interior de su equipo: evitar que las presiones políticas alteren el programa económico. El Presidente pidió a sus funcionarios cuidar lo que definió como la “reputación económica” que la Argentina reconstruyó durante los últimos años y reclamó “no dejarse psicopatear por el statu quo”. Después condensó su mensaje en otra frase: “Al populismo no se le gana con populismo”.

La definición buscó funcionar como una advertencia interna frente a cualquier tentación de modificar el rumbo para responder a demandas políticas o sectoriales. Milei volvió a insistir ante sus ministros en que la estrategia del Gobierno debe pasar por sostener las políticas aplicadas hasta ahora antes que ensayar concesiones que, según su diagnóstico, terminen reproduciendo las recetas que el oficialismo cuestiona.

En ese marco, el gabinete repasó la evolución de la inflación, los salarios y el consumo. La evaluación oficial fue que la continuidad de la desaceleración inflacionaria y el crecimiento del salario real deberían permitir una recuperación sostenida del consumo, y sobre esa premisa Milei planteó la decisión de profundizar el programa económico.

El mensaje adquiere además una dimensión particular por el calendario político. El Gobierno entra en días decisivos para la discusión del Presupuesto 2027, una instancia en la que deberá convertir esa defensa de la disciplina económica en números concretos y, al mismo tiempo, conseguir los votos necesarios para hacerlos pasar por el Congreso.

Parte de esa tarea política comenzará apenas unas horas después de terminada la reunión de gabinete. Esta tarde, Milei volverá a reunir en la Casa Rosada a diputados y senadores, en un encuentro que servirá para alinear a la tropa oficialista frente a la agenda parlamentaria que se abre esta semana.

De la reunión de gabinete participaron todos los ministros, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich. La presencia de ambos terminó de imprimirle al encuentro una dimensión parlamentaria en una semana en la que el Gobierno necesitará que varias de las definiciones discutidas puertas adentro de la Casa Rosada comiencen a traducirse en votos.

PL

Malvinas ya se sentó a la mesa política del Gobierno. Después de la cadena nacional de Javier Milei, de la primera tanda de sanciones y de una reunión de gabinete prácticamente monopolizada por el asunto, este martes fueron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes desembarcaron en el encuentro donde la Casa Rosada cocina buena parte de su estrategia doméstica. Llevaron tres novedades: habrá nuevas empresas sancionadas en las próximas horas, el proyecto de soberanía llegará a Diputados la semana próxima y ambos viajarán el viernes a Tierra del Fuego para intentar acelerar la construcción de la Base Naval Integrada.

No fue una participación casual. Milei había ordenado apenas 24 horas antes que los dos ministros se incorporaran excepcionalmente a la reunión. La decisión ofrece una pista sobre el lugar que el Presidente pretende darle a la cuestión Malvinas después de haberla colocado en cadena nacional: sacarla del casillero tradicional de la política exterior y convertirla también en una herramienta de la discusión política interna.

Quirno llevó los últimos detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo prevé presentar la semana próxima en la Cámara de Diputados. El texto buscará, entre otros puntos, profundizar y endurecer las sanciones contra las compañías que hagan negocios en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La elección de la Cámara baja como puerta de entrada tampoco es inocua: allí el Gobierno cree tener mejores condiciones para construir una mayoría y, al mismo tiempo, obligará a cada bloque a fijar posición frente a una iniciativa envuelta deliberadamente en la causa Malvinas.

Es precisamente uno de los movimientos que Milei busca después de la cadena nacional: llevar una bandera sobre la que existe un consenso transversal en la sociedad argentina al terreno mucho más incómodo de la votación parlamentaria. En la Casa Rosada imaginan que la discusión puede poner a la oposición ante una disyuntiva difícil: acompañar las herramientas propuestas por el Ejecutivo o explicar por qué se opone a ellas.

Mientras prepara esa batalla, el Gobierno decidió no esperar al Congreso para profundizar la presión sobre las compañías que operan en las islas. Durante la reunión se anticipó que en las próximas horas habrá una nueva tanda de sanciones contra empresas internacionales, después de las primeras 45 notificadas el último fin de semana. La intención es sostener una secuencia de medidas que permita prolongar el efecto de los anuncios de Milei más allá de la repercusión inicial de la cadena.

Cerca del Presidente creen haber encontrado ya un primer argumento para exhibir resultados. El Gobierno siguió con particular atención el repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros vinculadas al proyecto Sea Lion, desarrollado en las aguas que rodean al archipiélago, y lo interpreta como una señal de que la amenaza de sanciones argentinas comenzó a elevar el costo de participar del negocio.

Pero la estrategia tiene un capítulo bastante más complejo que la publicación de una lista de empresas. Presti llevó a la mesa política el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico de Tierra del Fuego, una obra largamente proyectada que Milei decidió incorporar a su nueva narrativa sobre el Atlántico Sur.

El viernes, Presti y Quirno viajarán juntos a la provincia para recorrer la zona donde estará ubicado el obrador. La instrucción política es acelerar. La presencia simultánea de Defensa y Cancillería busca mostrar además que el Gobierno piensa la base como algo más que una infraestructura militar: pretende convertirla en una pieza de su proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida y vincularla directamente con la renovada ofensiva diplomática por Malvinas.

Ahí aparece, sin embargo, una de las pruebas más concretas para el giro soberanista de Milei. La épica de la cadena nacional deberá empezar a traducirse en presupuesto, obras y plazos. El propio Presidente pidió que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para avanzar con la base. El viaje del viernes buscará justamente pasar de la discusión conceptual al terreno, literalmente, donde deberá levantarse.

La escena de este martes resultó por eso significativa. Quirno y Presti explicaron cuestiones de política exterior y defensa ante una mesa integrada por los principales encargados del armado político del Gobierno: Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich, entre otros. Malvinas dejó así de discutirse solamente entre diplomáticos y militares. Ahora también se discute entre quienes cuentan votos.

Los votos de siempre

Pasada la excepcionalidad de Malvinas, la mesa volvió rápidamente a un problema bastante más conocido para la Casa Rosada: cómo conseguir las mayorías para incidir en el Congreso. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un análisis de los convenios viales que el Ejecutivo viene cerrando con distintas provincias. El asunto tiene una dimensión administrativa, pero también otra inevitablemente política. Santilli es uno de los principales interlocutores de la Casa Rosada con los gobernadores justo cuando el Gobierno necesita de ellos para atravesar una agenda legislativa cada vez más cargada.

La negociación será especialmente sensible en las próximas semanas. El Ejecutivo debe enviar antes del 15 de septiembre el Presupuesto 2027, mientras varias de sus iniciativas todavía encuentran resistencias en el Senado y las provincias acumulan reclamos por recursos. Los convenios viales forman parte de ese ida y vuelta con mandatarios cuyos legisladores pueden terminar definiendo el destino de las leyes que Milei quiere aprobar.

Martín Menem y Patricia Bullrich hicieron, a su turno, un repaso de los proyectos que se encuentran en tratamiento en Diputados y el Senado. El análisis cobra una relevancia adicional porque a esa lista se incorporará en cuestión de días la iniciativa sobre Malvinas. De la mesa de este martes participaron además Luis Caputo, Eduardo Menem, Ignacio Devitt y Fabián Fernández, junto con Karina Milei, Santilli y Santiago Caputo.

PL/CRM

El canciller Pablo Quirno recibió este mediodía a su par de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, para mantener un encuentro bilateral en el Palacio San Martín, un encuentro que tiene un vínculo con el caso de Fernando Cerimedo. El canciller paraguayo tuvo como asesor a Andrés "Andy" Rivas, “socio y amigo” del consultor argentino detenido en Bolivia.

Desde el Palacio San Martín no trascendió más infirmación que la formal sobre el encuentro, que llama la atención en medio del caso del exasesor de Javier Milei, detenido en Bolivia por el intento de femicio de su pareja Nadia Beller. Cerimedo cultivó relaciones en toda la región y tiene un pie en Paraguay a través de Rivas, a quien él mismo calificó de “socio y amigo” a inicios de este año en un evento en Miami.

elDiarioAR ya reveló la historia de la dupla Cerimedo-Rivas. Rivas es el alter ego del exasesor mileísta, con quien se repartían los trabajos de consultoría electoral en distintos países de la región. Cerimedo lo llamó “socio y amigo” el 11 de febrero pasado cuando subió al escenario de la Hispanic Prosperity Gala para recibir el premio al “Consultor Político Hispano del Año”. La mención no era antojadiza: ambos fueron parte de la campaña electoral que ganó Nasry Asfura en Honduras en 2025, a la par que Rodrigo Paz se alzaba con el triunfo en Bolivia.

Ya en el poder, mientras Cerimedo se instaló en el gobierno boliviano, Rivas se asentó en el gobierno paraguayo, gracias a sus vínculos con el histórico Partido Colorado y a que tiene como pareja a la fiscala paraguaya Irma Llano, especializada en delitos informáticos y crimen organizado. Ni él ni ella respondieron a las consultas realizadas por elDiarioAR.

El vínculo de Rivas con la Cancillería paraguaya viene de antes de que estallara el escándalo boliviano. Desde 2024, el consultor argentino acompañó a Ramírez Lezcano a la reapertura de la embajada de Israel, a la fiesta nacional de Taiwán y a un encuentro con el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, y figuró como “honorable consejero” en la invitación oficial paraguaya a la asunción de Donald Trump, en enero de 2025. El diario paraguayo ABC lo definió como el “asesor en las sombras” del canciller. El problema es que Rivas no figuraba en las planillas del Ministerio de Relaciones Exteriores ni en los registros de contrataciones públicas del Estado paraguayo, por lo que nunca quedó establecido quién financiaba sus viajes ni bajo qué carácter participa de las comitivas oficiales.

Esa falta de respuestas tiene, además, un capítulo parlamentario que sigue abierto. El diputado opositor Mauricio Espínola, de la Asociación Nacional Republicana, pidió el 12 de febrero de 2025 —con aprobación de la Comisión Permanente del Congreso y remisión formal a la Cancillería al día siguiente— que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara si Rivas “forma parte” de la cartera y, en caso contrario, qué función específica cumplía y “de qué objetos de gasto ha obtenido beneficios”. El plazo legal para responder era de 15 días hábiles. Según reconstruyó ABC el 27 de agosto pasado, la Cancillería lleva “más de un año” sin contestar ese pedido, al que se sumó ahora un segundo requerimiento del senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, aprobado recientemente por el Senado paraguayo para actualizar y ampliar la consulta original.

El propio presupuesto de la Cancillería paraguaya ofrece un indicio del volumen de esos viajes: los rubros de pasajes y viáticos pasaron de 24.398 a 46.764 millones de guaraníes entre 2024 y 2025, un salto que coincidió con la gira internacional que hizo Ramírez Lezcano para intentar, sin éxito, la secretaría general de la OEA, en marzo de este año.

El canciller Pablo Quirno confirmó este miércoles que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva solicitó el retiro del embajador argentino en Brasilia, en el marco de la creciente tensión diplomática entre ambos países tras la decisión de Brasil de retirar a su representante en Buenos Aires.

“Brasil nos comunicó ayer a última hora de la tarde que bajaba el nivel de las relaciones a encargado de negocios y que solicitaba que nuestro embajador en Brasilia se retire”, afirmó el funcionario durante una entrevista radial.

Pese al deterioro del vínculo bilateral, Quirno aseguró que la administración de Javier Milei no tiene previsto responder con medidas similares ni avanzar hacia una ruptura de relaciones.

“Queremos mantener la relación en la manera en que la estamos manejando”, sostuvo el canciller, quien reconoció la existencia de “profundas diferencias ideológicas y políticas” entre ambos gobiernos, aunque remarcó que, hasta ahora, la Argentina evitó trasladarlas al plano diplomático. “Brasil decidió hacerlo y está en todo su derecho”, señaló.

Quirno insistió en que la Casa Rosada no pretende profundizar el conflicto. “Para pelear se necesitan dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a romper relaciones”, afirmó.

En ese sentido, consideró que las tensiones entre Milei y Lula incluyen “manifestaciones de ambos lados” y relativizó los cruces verbales entre ambos mandatarios al calificarlos como “diferencias naturales, producto del fragor electoral”, que, a su juicio, no deberían afectar la relación institucional entre los dos países.

Como antecedente, recordó que a comienzos de este año Brasil dejó de representar los intereses argentinos en Venezuela, luego de la salida del personal diplomático argentino de ese país.

“A principios de enero, cuando retiraron a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, Brasil estaba representando nuestros intereses. Teníamos presos políticos con riesgo de vida y, a las 72 horas, Brasil decidió dejar de representarnos. Ni siquiera frente a esa decisión institucional Argentina reaccionó diplomáticamente. Priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos y mantuvimos la relación”, concluyó.

Con información de la agencia NA

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó este miércoles que Rosalía debió “dar marcha atrás” a una publicación en redes sociales que la cantante española compartió donde se criticaba a la selección argentina de fútbol debido a que le hizo “doler el bolsillo” por la reacciones adversas que suscitó durante el Mundial 2026.

La polémica internacional surgió después de que la artista compartió una publicación de la influencer Mia Khalifa cantando 'La Perla', junto a la frase: “cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en referencia a la derrota del país suramericano ante España en la final del torneo de fútbol.

El posteo de la cantante catalana un día después de la final de fútbol desató una ola de cuestionamientos en las redes sociales -incluyendo algunos pedidos de devolución de entradas para sus shows en Buenos Aires-, tras lo cual eliminó el contenido, pidió disculpas y dijo que no había leído el texto de la publicación que compartió.

“Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la cantante poco después junto a una bandera argentina.

En otra publicación añadió: “Solo tengo amor por Argentina”.

Durante una entrevista con radio Mitre, Quirno dijo que: “Fíjense cómo de alguna manera también la reacción de ese mismo ambiente de red social generó de alguna manera el recule en chancletas, porque salió Rosalía, porque le empezó a doler el bolsillo, a dar marcha atrás”.

El ministro agregó que, “todos hemos visto como argentinos una campaña que se diseminó rápidamente, principalmente por redes sociales, antiArgentina. Además, con cuestiones absolutamente y comprobadamente falsas. Que somos el país más racista del mundo”.

El canciller enmarcó en esa campaña “antiArgentina” publicaciones como la del actor estadounidense Samuel L. Jackson acusando al país de racismo.

También incluyó declaraciones del actor español Javier Bardem, quien tras la final mundialista dijo que el apoyo del presidente Javier Milei al primer ministro israelí, Benjamín Netanyhau, hace que “uno quiera apoyar al otro bando, al bando que no respalda a un criminal de guerra”.

“Bardem lo mismo”, añadió Quirno, en alusión al mensaje del actor español que aclaró sus palabras y destacó su “cariño, respeto, gratitud y admiración” por Argentina.

“Eran cuestiones comprobadamente falsas. Fíjense cómo la reacción de ese mismo ambiente generó el recule de Rosalía y Bardem... Tenemos evidencia de que la campaña está instalada y sabemos de dónde vienen los posteos, hay mucha plata corriendo en redes”, concluyó el funcionario.

Rosalía, que este mes ya se presentó en Colombia y Chile dentro de su gira internacional LUX, tiene previsto llegar esta semana a Buenos Aires para realizar cuatro conciertos en el Movistar Arena, los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

A pesar de una supuesta intención masiva de devolución de entradas para esos shows, manifestada en las redes sociales tras la publicación inicial de Rosalía, esos pedidos no alcanzaron el 1 % de las 50.000 entradas vendidas, según dijeron a EFE fuentes de la productora encargada del evento, que prefirió no dar detalles de cuántas habían sido efectivamente devueltas.

EFE

El canciller Pablo Quirno respondió este miércoles a la presentación que Cristina Fernández de Kirchner realizó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que la expresidenta calificó como una “proscripción perpetua”. El funcionario relativizó el reclamo de la exmandataria y deslizó que detrás de la ofensiva judicial internacional hay un objetivo político concreto: “Quieren volver al poder para indultarla”.

“Cristina hará todas las presentaciones que quiera realizar”, sostuvo Quirno en diálogo con radio Mitre, y agregó que todos “somos libres de hacer lo que la señora Kirchner pretende hacer”. El canciller remarcó que la expresidenta “ha sido juzgada y condenada”, en referencia a la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que la Corte Suprema le confirmó en la causa Vialidad. Con esa frase, el funcionario buscó despojar de sustento jurídico al planteo que CFK elevó horas antes ante el organismo internacional.

La respuesta oficial llegó apenas conocida la estrategia de Cristina Kirchner, quien este miércoles presentó un escrito ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se revise la actuación de los tribunales argentinos que la juzgaron, bajo el argumento de que no se respetaron las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La expresidenta acompañó esa presentación con una carta abierta difundida en sus redes sociales y con columnas publicadas en los diarios El País de España, Folha de S.Paulo de Brasil y Libération de Francia, en las que denunció que el Gobierno y un sector de la Justicia “quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”.

Quirno sobre Brasil e Inglaterra

Quirno abordó la entrevista con radio Mitre en un contexto que excedió la disputa por la situación judicial de Cristina Kirchner. El canciller también se refirió a la tensión con Brasil, luego de que el Partido de los Trabajadores pidiera a la Justicia que investigue con qué fondos viajó Javier Milei a San Pablo el sábado pasado donde insultó a Lula da Silva. Sobre ese frente, el funcionario buscó bajarle el tono al conflicto: “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones rompan las relaciones con Brasil”, afirmó, y diferenció los planos de la disputa: “Separamos lo que es el carril político y el carril ideológico del carril institucional”.

Consultado además por la polémica que generó en Londres la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas con la leyenda de la soberanía argentina, Quirno restó gravedad institucional al episodio y lo llevó al terreno de lo espontáneo: “La bandera dice una verdad. Lo que pudo haberle molestado al Reino Unido es la amplificación que le dio el lugar y el momento donde se dio ese tema. Fue una cuestión espontánea. ¿Cómo vamos a ver con malos ojos una verdad?”, planteó el canciller.

El ministro de Economía Luis Caputo defendió este domingo la marcha de la economía en la Argentina, apoyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó contra el periodismo —en sintonía con el fin de semana de furia de Javier Milei en redes sociales contra la prensa— e hizo referencia a sus últimas declaraciones públicas y las polémicas con otros economistas:“Digo lo que me sale”, afirmó. Aunque aclaró que, en esos casos, no habla “como un político, sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”.

Caputo sostuvo que “Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política, mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infierno”, dijo, y completó: “Yo opino bárbaro de Adorni, en el pasado tuvimos muchos ministros que parecían impolutos pero se robaban hasta el agua de los floreros y hay que ser, no parecer. Yo creo que él se tiene que defender en la Justicia. Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”, disparó en una entrevista con LN+.

Acto seguido, en redes sociales, el canciller Pablo Quirno defendió al ministro con un posteo sin eufemismos: “Todavía no empezó el horario de protección al menor y Luis Caputo se pasea desnudo con Majul”.

El kirchnerismo como “infierno” y el optimismo para 2027: “Va ser un paseo”

“El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo”, remarcó en otro tramo de la entrevista, aunque al mismo tiempo enfatizó que la probabilidad de que vuelva el peronismo al poder para él “es cero. No tienen ni margen de error, es cero”, recalcó.

“Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está”, subrayó

Sobre la ley de inocencia fiscal, argumentó que “esta muy bien hecha, pero mientras el mamarracho de enfrente (en referencia al kirchnerismo) sea tal, la gente seguirá teniendo miedo”. “La gente dice 'vuelve' y dan vuelta todo, pero yo soy muy optimista con la lay de inocencia fiscal”.

“El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, remarcó.

Periodismo e inflación

“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastables, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota”. “El periodismo nos declaró la guerra”, concluyó.

“No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, opinó. Al mismo tiempo advirtió que “puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones”. “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”, reconoció. Sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio indicó que “el precio del petróleo es una decisión privada y no nos vamos a meter”.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje, y si haces las cosas bien, tarde o temprano la inflación en Argentina va a acompañar a la inflación internacional”, calculó.

Consumo y empleo

“Antes la gente se sacaba los pesos de encima y ahora hay créditos, cambió el consumo”, subrayó. “La gente vota con la economía, por eso ganamos el año pasado”, se envalentonó el ministro de economía. 

“Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también”, matizó Caputo.

Sobre los créditos hipotecarios de funcionarios

“Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mí, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía y es la mayor justicia social. No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuera un delito”, explicó el ministro sobre la información que días atrás dio cuenta de la cantidad de miembros del Gobierno que solicitaron préstamos en el banco estatal. “Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja. Los funcionarios públicos representan apenas el 0.2% de los créditos. Les recomendaría que todos saquen créditos, lo que pasó en Capital Humano (desplazaron al segundo de la ministra Sandra Petovello) no tuvo nada que ver con eso”, dijo Caputo.

Con información de NA.

El gobierno argentino ordenó al encargado de negocios de Irán abandonar el país en un plazo de 48 horas. Fue luego de declararlo persona no grata, según anunció la Cancillería en un comunicado.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que conduce Pablo Quirno, se indicó que la decisión fue tomada en respuesta al texto oficial difundido durante el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán que, según el Gobierno, “contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina”.

El cruce entre ambos gobiernos tiene como trasfondo el alineamiento incondicional que Argentina mantiene con Estados Unidos y la guerra que ese país lleva adelante contra Irán. En ese contexto, el gobierno libertario declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Conocida esta decisión del gobierno argentino, Irán condenó la medida mediante su embajada en Uruguay y señaló: “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”.

Para Irán, la decisión de Milei constituye un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”.

En respuesta a ese comunicado, la Cancillería argentina sostuvo este sábado: “Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.

Asimismo, señalaron que ese último hecho “agraviante” que detallaron “se suma a la persistente negativa” de la República Islámica de Irán “a cooperar” con la Justicia argentina en la “investigación del atentado contra la AMIA”, así como a un “reiterado incumplimiento” de las órdenes internacionales de “detención y extradición de los responsables”.

Para finalizar, expresaron que “resulta particularmente grave” la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica “de personas requeridas” por la Justicia argentina.

“La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia. Reafirmamos el compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como en pleno respeto del derecho internacional”, concluyeron.

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que se hizo efectiva la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), poco más de un año después del anuncio de la medida.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, anunció el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de su perfil en la red social X.

“La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”, añadió el canciller.

Quirno afirmó que, pese a la salida del organismo, Argentina “continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”.

El Gobierno de Milei anunció en febrero de 2025 su decisión de retirarse de la OMS, que achacó a sus “profundas diferencias” con el organismo en la gestión sanitaria de la pandemia de la covid.

“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, anunció el entonces portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni.

Alegó que esa medida otorgaría al país “más flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses” del país, así como también mayor disponibilidad de los recursos y mayor “soberanía en materia de salud”.

Milei, por su parte, sostuvo en su momento que la OMS es “un organismo nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia”, en alusión a la cuarentena implementada durante la pandemia de la covid.

En los días posteriores a aquel anuncio, numerosos expertos argentinos cuestionaron la medida, argumentando que carecía de lógica en términos de política exterior y resultaba una “aberración” desde el punto de vista sanitario.

EFE

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En febrero de 2024, Javier Milei llevaba dos meses en Casa Rosada, la consigna “no hay plata” reinaba en el Ejecutivo y Cancillería renovaba un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por la pareja del entonces asesor en las sombras Federico Sturzenegger, para dar un curso de idioma a más de cien empleados administrativos.

El convenio con la AACI estaba vigente desde 2018, pero la primera renovación bajo el Gobierno ultraderechista marca dos presuntas irregularidades. Primero, el monto creció 398% con respecto a marzo de 2023, muy por encima de la inflación en ese período, que fue 276%. Es decir, un alza de 33% en términos reales, a contramano de lo ocurrido durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Segundo, Sturzenegger, pese a que hacía gala de acceso libre a Casa Rosada y participación en actos oficiales, se excusó en que no estaba formalmente designado para evitar el protocolo que previene conflictos de intereses. Su pareja, Josefina Roulliet, era directiva de AACI desde 2020.

La adjudicación directa a la AACI por $114 millones en diciembre pasado para el curso a 132 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores durante 2026 —dada a conocer por la agencia Noticias Argentinas— despertó críticas sobre Sturzenegger por presuntamente favorecer un negocio en el que estaba involucrada su pareja. El entorno del ministro de Desregulación y el canciller Pablo Quirno respondieron que el convenio databa de 2018, y que para el nuevo acuerdo de diciembre pasado se había activado el protocolo que solicita un dictamen de la Oficina Anticorrupción, por el vínculo Sturzenegger-Roulliet.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández

Sin embargo, el foco no debe ser puesto en la última renovación de diciembre, sino en la firmada en febrero de 2024, cuando Diana Mondino estaba al frente de Cancillería y Sturzenegger se mostraba en redes junto a resmas de papel con cargos y leyes que se proponía eliminar, mientras punteaba el contenido de la ley Bases con borradores que le enviaban estudios jurídicos privados.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández. En ese período, la inflación alcanzó 276%, 122 puntos porcentuales menos. La sobrecarga real es de 32%.

El porcentaje es de por sí inusitado, pero se torna más sospechoso en un contexto en que el Ejecutivo, con Milei y Sturzenegger a la cabeza, justificaban la suspensión de la entrega de medicamentos a enfermos graves y de alimentos a los comedores populares con el argumento de que no había fondos y se imponía realizar auditorías. Para aumentar una adjudicación directa para la enseñanza de inglés a la academia dirigida por la pareja de Sturzenegger, hubo plata.

Cancillería y Desregulación no respondieron insistentes pedidos de este medio para conocer los montos pagados a AACI desde 2018, pero el dato pudo ser reconstruido con información subida al portal público ComprAR. El 23 de febrero, ante la consulta específica sobre los montos recabados, Desregulación aclaró que no estaban a su alcance detalles de contratos firmados por otras carteras.

Allí se consigna que la primera adjudicación directa de Cancillería a AACI fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. Macri era Presidente y Sturzenegger era titular del Banco Central, pero Roulliet no estaba en la AACI, sino como directora de Control del Teatro Colón, en una de las múltiples funciones que ocupó en diversos Gobiernos del PRO.

A fines de noviembre de 2019, días antes del cambio de Gobierno, la administración Macri aumentó un segundo contrato a la AACI hasta $2,7 millones, menos que la inflación desde marzo de 2018 (110,7%). El patrón continuó durante el mandato de Alberto Fernández el 30 de noviembre de 2020 ($4 millones, algo más que inflación de 36%, ya con Roulliet en funciones en la academia de inglés), el 4 de marzo de 2022 ($5,7 millones, bastante por debajo del 82% de inflación), y el 5 de marzo de 2023 ($11 millones, nuevamente por debajo del 103% de inflación en ese período).

Al convenio de febrero de 2024 con 398% de aumento (de $11 millones a $55,3 millones) le siguió el de diciembre pasado, por $114 millones, adjudicado el 23 de diciembre de 2025, nuevamente con un alza superior al 82% de inflación en ese lapso de 22 meses.

Tomadas ambas gestiones de los predecesores de Milei, el contrato con la AACI disminuyó en términos reales. Con la llegada de Milei, la motosierra se desafiló: lleva un alza de 936% desde la última firma de Fernández, frente a 688% de inflación.

El contrato con la AACI desde que Sturzenegger llegó al Ejecutivo se ubica así entre los pocos gastos del Estado que encontraron manos dispendiosas, como los precios admitidos para la compra de medicamentos en ANDIS dirigida por Diego Spagnuolo, los fondos de la SIDE, la seguridad presidencial y los viajes de los Hermanos Milei a Miami.

Aunque hay controversias sobre el efectivo cumplimiento del protocolo que supone la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación en caso de conflicto de intereses, el Gobierno exhibió la declaración jurada que reconoció un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, tramitada para la última renovación del programa de idiomas para 2026. Las partes firmaron un “pacto de integridad”.

Ese paso se omitió en marzo de 2024. “Para declararse persona expuesta políticamente, la tiene que estar en el cargo”, indicaron en el entorno de Sturzenneger.

Su designación como ministro fue en julio de ese año. En el semestre previo, se dio una situación vidriosa, porque el desregulador exhibía poder en redes, pese a que no tenía poder de firma, situación análoga a la del asesor Santiago Caputo, uno de los hombres que maneja más terminales del Ejecutivo sin un cargo formal que lo justifique. En la comunicación oficial de Presidencia en ocasión de la jura, se indicó que Sturzenegger “colaboró en la agenda de desregulación desde el 10 de diciembre de 2023”.

Las alertas se encendieron dada la sensibilidad y volumen económico de los temas que dependían de Sturzenegger desde el primer minuto de Milei en Casa Rosada. Ahora, el funcionario aprovecha esa laguna para justificar el incumplimiento del pacto de integridad que debió firmar.

SL

slacunza@eldiarioar.com

A las 10.55 del 24 de febrero, la nota fue modificada para informar que el día anterior, ante la consulta específica sobre los montos recabados, Desregulación aclaró que no estaban a su alcance detalles de contratos firmados por otras carteras.

El acuerdo comercial firmado entre la Argentina y los Estados Unidos fue presentado por el Gobierno como un hito de apertura económica y acceso privilegiado al mayor mercado del mundo. Sin embargo, la letra del tratado y los comunicados oficiales permiten identificar una serie de claves que refuerzan un patrón de apertura sin resguardos y ventajas estructurales para las empresas norteamericanas, en un contexto de debilidad industrial y ausencia de política de desarrollo.

1. Carne: el principal beneficio, concentrado en un sector

La ampliación del cupo de exportación de carne vacuna libre de aranceles —de 20.000 a 100.000 toneladas anuales— fue el anuncio más celebrado por el Gobierno y por la cadena agroindustrial. Según estimaciones oficiales, la medida permitiría sumar hasta 800 millones de dólares en exportaciones en 2026.

El beneficio, sin embargo, se concentra en un sector primario específico y no modifica las condiciones estructurales del resto del entramado productivo, que enfrenta mayor competencia externa sin herramientas de protección.

2. Minerales críticos: acceso estratégico para EE.UU. sin exigencias de industrialización

El acuerdo incorpora compromisos específicos para facilitar la cooperación y las inversiones en minerales críticos, un eje central de la estrategia estadounidense para asegurar insumos clave como litio, cobre y otros minerales esenciales para la transición energética y la industria tecnológica.

La letra oficial promueve:

El punto crítico es que no se establecen obligaciones de agregado de valor local, transferencia tecnológica ni participación de proveedores argentinos, lo que refuerza un esquema extractivo en el que las empresas estadounidenses aseguran insumos estratégicos sin que la Argentina capture plenamente los beneficios industriales.

3. Energía: apertura a inversiones sin resguardos productivos

Si bien el acuerdo no desarrolla un capítulo energético detallado, el marco general habilita y promueve la participación de empresas estadounidenses en energía, infraestructura y sectores estratégicos, con respaldo financiero de organismos como el EXIM Bank y la DFC.

Esto facilita el ingreso de capitales norteamericanos en:

pero sin cláusulas que obliguen a integrar cadenas productivas locales, desarrollar proveedores nacionales o transferir tecnología, lo que limita el impacto positivo sobre el empleo y la industria argentina.

4. Propiedad intelectual: reglas más duras, menos margen estatal

Argentina se compromete a adoptar “los estándares internacionales más modernos” en materia de propiedad intelectual, una formulación que en la práctica suele traducirse en mayor protección de patentes para grandes corporaciones farmacéuticas y tecnológicas estadounidenses.

El acuerdo no incluye salvaguardas explícitas para:

Esto reduce el margen de acción del Estado y refuerza las advertencias sobre un encarecimiento de insumos estratégicos y una mayor dependencia externa.

5. Apertura industrial en sectores sensibles

Argentina acordó eliminar o reducir aranceles para más de 240 posiciones arancelarias, incluyendo maquinaria, transporte, autopartes, químicos y dispositivos médicos. Son rubros donde EE.UU. cuenta con ventajas estructurales: escala, financiamiento barato y fuerte apoyo estatal.

La apertura se da sin:

6. Subsidios y política industrial: margen reducido

Otro punto sensible es el compromiso de avanzar hacia reglas de competencia que limiten distorsiones por subsidios o empresas estatales, un reclamo histórico de EE.UU. en este tipo de acuerdos.

En los hechos, esto puede traducirse en:

7. Inversiones: negocios sin restricciones ni contrapartidas

El acuerdo fortalece la protección a las inversiones y habilita financiamiento estadounidense para proyectos en Argentina, facilitando el ingreso de empresas norteamericanas sin exigencias claras de empleo local, reinversión o desarrollo tecnológico.

El esquema consolida un modelo donde EE.UU. entra a hacer negocios con reglas favorables, mientras la Argentina resigna herramientas de política económica.

MC

El Gobierno argentino concretó este jueves un nuevo paso en su estrategia de alineamiento internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos. La rúbrica se realizó en Washington y fue confirmada por el canciller Pablo Quirno tras un encuentro con autoridades de la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR).

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo”, escribió Quirno en sus redes sociales, donde celebró el entendimiento como un paso decisivo para el futuro económico del país. “La Argentina será próspera”, concluyó el funcionario.

El acuerdo había recibido aval político durante la cumbre que el presidente Javier Milei mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca, pero la firma formal se había demorado por cuestiones de agenda interna en Estados Unidos. Tras una negociación mantenida con bajo perfil, el entendimiento quedó finalmente sellado y se inscribe dentro de lo que ambos gobiernos definen como una alianza estratégica basada en valores democráticos, libre empresa y mercados abiertos.

Aunque el texto definitivo aún no fue difundido en su totalidad, desde Washington se detallaron los principales ejes del acuerdo, que apunta a profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversiones, fomentar la llegada de capitales y reconfigurar el vínculo económico entre ambos países.

Uno de los pilares centrales es la reducción y eliminación recíproca de aranceles para sectores considerados estratégicos. Argentina otorgará acceso preferencial al mercado estadounidense para exportaciones de medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles en su territorio y sobre insumos farmacéuticos no patentados.

El acuerdo también contempla mejoras en el acceso bilateral para la carne vacuna, uno de los reclamos históricos del sector agroexportador argentino, y establece mecanismos para abordar barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos.

En materia de propiedad intelectual, la Argentina se comprometió a reforzar la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería -incluido el entorno digital- y a armonizar su régimen con los estándares internacionales, un punto especialmente valorado por la administración estadounidense.

Otro capítulo relevante es el de acceso a mercados agrícolas. Según el borrador del entendimiento, Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, permitirá el ingreso de aves de corral de ese país en el plazo de un año y acordó no restringir el uso de determinadas denominaciones para quesos y carnes. Además, simplificará los procesos de registro para carne bovina, productos porcinos, vísceras y derivados, y eliminará la exigencia de registro de instalaciones para importaciones de lácteos estadounidenses.

El acuerdo incorpora, además, compromisos en materia laboral, con la adopción de una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, y el refuerzo de la legislación vigente. En el plano ambiental, la Argentina se comprometió a combatir la tala ilegal, promover una economía más eficiente en el uso de recursos -incluidos los minerales críticos- y cumplir plenamente con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio en materia de subsidios a la pesca.

En el capítulo de seguridad económica, ambos países acordaron alinearse para enfrentar prácticas no mercantiles de terceros Estados, armonizar criterios sobre control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión arancelaria, y cooperar en sectores estratégicos como los minerales críticos y el comercio global de soja.

Finalmente, el entendimiento incluye un compromiso para abordar distorsiones provocadas por empresas estatales y subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral, un punto sensible dentro de la agenda económica impulsada por la Casa Rosada.

El Gobierno argentino formalizó su adhesión al Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro y Procesamiento de Minerales Críticos impulsado por Estados Unidos, una iniciativa que busca reorganizar las cadenas globales de valor de estos insumos estratégicos y reducir la dependencia de China, principal actor del sector a nivel mundial.

El acuerdo, presentado tras una cumbre en Washington y que reunió a 54 países, establece una zona preferencial para minerales críticos y contempla la definición de precios de referencia, además de mecanismos orientados a garantizar estabilidad en el abastecimiento y previsibilidad para las inversiones.

Aunque los detalles operativos aún no fueron precisados, desde Washington señalaron que el objetivo central es fortalecer cadenas de valor diversificadas y responder al crecimiento de la demanda vinculada a nuevas tecnologías.

Según la Cancillería argentina, el objetivo principal apunta a “garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, fomentando inversiones productivas de largo plazo y respondiendo al crecimiento de la demanda global”.

Argentina, de esta manera, se incorpora a la iniciativa en su condición de productor, en un contexto en el que ocupa el quinto lugar mundial en producción de litio y posee una de las mayores reservas del planeta. Actualmente, más del 70% de ese mineral se exporta a China, país que concentra gran parte de la cadena de la electromovilidad, un dominio que Estados Unidos busca contrarrestar a través de acuerdos con naciones proveedoras y consumidoras.

Desde el Gobierno argentino destacaron que la adhesión al instrumento representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y productivo, atraer inversiones de largo plazo y posicionar al país dentro de un esquema de mayor integración internacional en sectores estratégicos.

La iniciativa se inscribe, además, en el anuncio reciente del presidente estadounidense Donald Trump sobre la creación de una reserva nacional de minerales críticos por casi 12.000 millones de dólares, destinada a proteger a la industria y a los trabajadores de ese país frente a eventuales interrupciones del suministro. En esa línea, el vicepresidente JD Vance sostuvo que la zona preferencial permitirá avanzar hacia un mercado más competitivo, protegido de distorsiones externas mediante la fijación de precios mínimos.

En paralelo a la cumbre, el canciller Pablo Quirno mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos el subsecretario Christopher Landau. Desde la Casa Blanca calificaron la cooperación con Argentina en este ámbito como estratégica, mientras que Quirno ratificó el compromiso del país de profundizar la relación bilateral, promover cadenas de suministro seguras y avanzar en una asociación basada en reglas claras y previsibilidad a largo plazo.

A pesar del anuncio, resta conocer cuál será el impacto concreto de la adhesión en el mercado de minerales críticos, especialmente para un país que, pese a su peso como productor de litio, continúa destinando la mayor parte de sus exportaciones a China.

Impacto en la Argentina

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30%. El litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para generar divisas, empleo calificado y dinamizar economías regionales.

Proyección económica

Argentina prevé alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones totales en los próximos siete años.

La minería podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y llegar a más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década.

Contexto macroeconómico: el acuerdo se apoya en un escenario de estabilidad, reglas claras y previsibles para la inversión, consolidando la minería junto con energía y agroindustria como pilares de la transformación económica.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

El canciller Pablo Quirno participó este miércoles en Washington de una cumbre sobre minerales críticos convocada por Estados Unidos diseñado explícitamente para reducir la influencia de China en el control de insumos clave para la transición energética, la industria tecnológica y la defensa. La reunión es presidida por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y reúne a funcionarios de la Comisión Europea y de países como Australia, Corea del Sur, Israel, India y la República Democrática del Congo.

La presencia argentina se inscribe en la estrategia de alineamiento sin matices del gobierno de Javier Milei con la política exterior de Donald Trump, que busca reconfigurar las cadenas globales de suministro de minerales estratégicos como el litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras. Washington impulsa acuerdos con países productores para garantizar abastecimiento “seguro” y por fuera de la órbita china, que hoy domina buena parte del procesamiento y la comercialización global.

Desde la Cancillería, Quirno presentó la participación argentina como una oportunidad para “atraer inversiones” y consolidar al país como proveedor confiable de minerales críticos. Sin embargo, el Gobierno evitó cualquier referencia pública a condiciones de explotación, agregado de valor, controles ambientales o beneficios fiscales, en un sector marcado por regímenes de excepción, baja recaudación y conflictos socioambientales persistentes en las provincias mineras.

Argentina llega a la cumbre como uno de los principales productores mundiales de litio, pero también como un país que exporta materia prima casi sin procesamiento, con empresas mayoritariamente extranjeras y un marco regulatorio cada vez más flexible. En ese esquema, el litio y otros minerales aparecen más como moneda de cambio geopolítica que como una palanca efectiva de desarrollo industrial. La iniciativa estadounidense apunta a diversificar proveedores y reducir la dependencia de China, pero no cuestiona el modelo extractivo ni las asimetrías entre países centrales y periféricos.

Ayer Quirno reveló en sus redes sociales que se reunió con Gary Nagle, CEO de Glencore, una de las mayores productoras de commodities del mundo, que impulsa en la Argentina dos proyectos mineros vinculados a la producción de cobre —El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca—. También tuvo una reunión cerrada en el Atlantic Council con empresas de minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, y representantes del Departamento de Comercio de EE.UU. y del Banco Interamericano de Desarrollo. “El mensaje fue claro: Argentina tiene su macroeconomía ordenada, ofrece previsibilidad, reglas claras y un RIGI que vuelve a hacer viable invertir en el país”, enfatizó Quirno.

MC

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el secretario de esa cartera, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino, Pablo Quirno, para analizar la operación que Washington llevó adelante en Venezuela el pasado 3 de enero.

Según precisó el Gobierno estadounidense, el diálogo estuvo centrado en el operativo que derivó en la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, en el marco de una acción militar de gran escala desplegada en territorio venezolano.

La información fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido por el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien dio detalles del contenido del intercambio entre ambos funcionarios.

En ese mensaje, Pigott indicó que Marco Rubio expresó su agradecimiento a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, destacando el alineamiento entre ambos países en materia de política internacional y seguridad.

La conversación se produjo días después de un operativo masivo de fuerzas especiales estadounidenses, denominado “Operación Determinación Absoluta”, que incluyó ataques aéreos sobre puntos considerados estratégicos dentro de Venezuela.

De acuerdo con la versión oficial, durante la madrugada del sábado un comando logró infiltrarse en la residencia militar de Nicolás Maduro, ubicada en el sur de Caracas, donde se desarrolló un intenso enfrentamiento con fuerzas de seguridad.

Tras ese operativo, Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados con vida y posteriormente trasladados fuera del país, en una acción que generó un fuerte impacto político y diplomático a nivel regional.

Finalmente, el presidente venezolano fue llevado a la ciudad de Nueva York, donde deberá enfrentar un proceso judicial ante un tribunal federal de Estados Unidos.

Con información de medios

JIB

El canciller argentino, Pablo Quirno, viajó este miércoles a Uruguay para reunirse con su par, Mario Lubetkin, para abordar la problemática disparada por la planta de hidrógeno verde que el Gobierno uruguayo autorizó a construir en la costa de Paysandú y evitar otro caso Botnia.

Quirno transmitió el interés de extremar los “recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, vinculadas al uso racional del Río Uruguay”, en relación a la instalación de la compañía chilena HIF Global.

Por su parte, las autoridades uruguayas “actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron que con el Certificado de Clasificación del Proyecto y la Declaración de Viabilidad Ambiental de Localización se ha dado inicio al procedimiento de evaluación del proyecto, de conformidad a lo previsto por la normativa nacional y a las fases establecidas en el proceso que deberá cumplir el inversor privado para su admisibilidad”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, los representantes uruguayos “tomaron con atención” las consideraciones realizadas por las autoridades argentinas, en especial las relacionadas con la localización y la correspondiente “contaminación visual”, las que serán incorporadas en la actual fase de análisis de este emprendimiento en Uruguay.

El comunicado de la Cancillería dice que a “lo largo de este proceso de evaluación, se mantendrá un dialogo informativo fluido y transparente, tanto a nivel de las autoridades locales, como de las autoridades nacionales de ambos países, en el contexto de la óptima y fraternal relación existente entre Uruguay y Argentina”.

La delegación argentina que acompañó a Quirno estuvo conformada por el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el Intendente de la ciudad de Colón; José Luis Walser; el Subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; la Directora de América del Sur, Natalia Gunski; y el embajador de la Argentina, Alan Beraud.

La delegación uruguaya estuvo integrada por el Canciller, el Ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, la Ministra de Industria, Energía y Minería Fernanda Cardona, la Vicecanciller Valeria Csukasi, el Intendente de Paysandú Nicolas Olivera y el Jefe de Gabinete Ricardo Baluga.

Con información de la agencia NA

El canciller Pablo Quirno presentó este miércoles la candidatura del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi, al cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores y Culto en su cuenta de la red social X. 

El exsecretario de Finanzas destacó que Grossi “es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”. 

“Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”, finalizó Quirno.

A su vez, en un comunicado emitido por Cancillería, el Gobierno de Javier Milei expresó que “la Argentina, miembro fundador de las Naciones Unidas, cuenta con una trayectoria extensa y reconocida en el ámbito multilateral y mantiene un firme compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación entre los Estados”.

Y agrega: “El embajador Grossi cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino y, más recientemente, al frente de la conducción del OIEA, cuyo liderazgo fue reconocido al ser electo para un segundo mandato en 2023. Sus principales logros estuvieron orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales mediante una gestión abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes”.

El comunicado cierra: “Su profundo conocimiento del sistema multilateral, su capacidad para promover el diálogo diplomático, su desempeño probado en situaciones de conflicto y graves crisis internacionales como interlocutor imparcial y eficaz, su solvencia técnica y lingüística y su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, lo convierten en un candidato de excelencia para desempeñar las responsabilidades del cargo de Secretario General que el mundo hoy demanda”.