elDiarioAR.com - Desregulación de la economía

“La yerba no es un mercado más”: Misiones cuestiona la política nacional y reclama mayor presencia del Estado

Pedro Lacour — Sun, 15 Feb 2026 03:02:28 +0000

El ministro del Agro de la provincia litoraleña, Facundo López Sartori, advierte que la desregulación profundizó la desigualdad entre productores y molinos, critica la falta de estrategia para las economías regionales y pide que Milei "conozca" la realidad yerbatera.

La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro de la provincia litoraleña habla pausado, mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que desde la llegada de Javier Milei al poder perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había señalado que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, afirma, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, señala.

En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica López Sartori, convierte al mercado yerbatero en una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, dice. Desde esa lógica, sostiene que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado te dice que cuando hay este tipo de patología se tiene que intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?

—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?

—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite quedó expuesto nuevamente el viernes pasado, cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, mantuvo un encuentro con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, con el fin de trasladar la preocupación por la situación de los pequeños productores. De la reunión también participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Sin embargo, desde el oficialismo nacional se encargaron de ratificar que no habrá marcha atrás en la política de desregulación del sector. Tampoco en el achicamiento del INYM.

En diciembre pasado, más de veinte trabajadores de larga trayectoria fueron despedidos, en medio de una reconfiguración interna que acompaña la pérdida de funciones del organismo. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento no fue aislado, sino parte de la transformación iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que terminaron de adecuar el funcionamiento del Instituto al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación productiva, y pasó a concentrarse en funciones técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?

—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

Ese corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como regulador del mercado y como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su propia estructura interna: áreas que antes seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Ese trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. El ministro lo sintetiza con un diagnóstico económico directo: “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%”. Y agrega: “No es solamente la caída, sino también que los costos subieron. Hoy por hoy no es rentable”.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?

—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

Esa crítica lo lleva a cuestionar la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que mantuvo una reunión reciente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que transmitió la preocupación del Gobierno misionero por la crisis yerbatera y la necesidad de recuperar herramientas de ordenamiento del mercado. Sin embargo, la línea política que rige la situación del sector se define en realidad en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El rumbo responde principalmente a la lógica impulsada por Federico Sturzenegger, arquitecto del proceso de reducción del rol estatal en las economías regionales.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque reconoce que el margen de acción es limitado. También lo es la repercusión que se pueda tener en la opinión pública. En ese sentido, López Sartori evoca lo ocurrido en la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, donde la crisis yerbatera desbordó las fronteras de Misiones y se hizo visible a nivel nacional, con críticas directas de los presentes a la figura de Javier Milei. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca, hacia el final de la entrevista, en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional mantiene respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta López Sartori.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si tienen tantos desacuerdos estructurales? Sin ir más lejos, sus dos senadores acaban de votar a favor de la reforma laboral.

—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia [las tres de 2023 y la legislativa de 2024]. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y hasta el vino, pero no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición política del Frente Renovador de la Concordia, el espacio misionero que lidera el exgobernador Carlos Rovira, el ministro describe una relación con la Nación atravesada por el pragmatismo. La provincia, señala, procura sostener la gobernabilidad sin resignar márgenes de autonomía en la defensa de sus intereses productivos. Pero la crisis yerbatera empezó a introducir un factor de tensión en ese esquema: mientras el oficialismo local busca contener el impacto sobre el sector y evitar una escalada política, el malestar entre productores y actores de la cadena comienza a hacerse sentir con mayor intensidad.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?

—Esperamos que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, creo que [el ministro del Interior, Diego] Santilli es un dirigente con mucha capacidad territorial, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?

—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces, Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

PL/MG

El ajuste llega al Instituto de la Yerba Mate: despidos en Posadas en medio del acelerado desguace del organismo

Pedro Lacour — Tue, 30 Dec 2025 19:06:50 +0000

Son más de veinte desvinculaciones, muchas de ellas comunicadas por mail, en plena crisis del sector. El recorte de personal en el INYM se produjo semanas después de la pérdida de funciones clave y la formalización de una nueva conducción, tras casi dos años de acefalía.

Las lágrimas aparecieron antes que las explicaciones. Este martes, en la vereda de las oficinas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sobre la calle Rivadavia casi Santa Fe, en pleno centro de Posadas, un grupo de trabajadores se quedó parado en silencio, algunos llorando, otros mirando el piso. Acababan de ser despedidos. No hubo reunión ni aviso previo: a varios les llegó un correo electrónico. A otros, un mensaje seco, administrativo. Casi ninguno quiso hablar con la prensa. El ajuste llegó un día antes de fin de año.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes directas, son más de 20 las desvinculaciones en el INYM, un organismo que atraviesa una reconfiguración profunda desde la llegada de Javier Milei al poder. La decisión sorprendió por el momento elegido y por el contraste con lo ocurrido días antes: el Directorio había avanzado con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa de fiscalización que financia al Instituto— con el argumento de reforzar la recaudación. Aun así, el recorte de personal se ejecutó sin transición ni explicaciones públicas.

Los despidos se produjeron apenas semanas después de la Resolución 146/2025, que terminó de adecuar el funcionamiento del INYM al nuevo marco normativo nacional. Esa resolución fue la traducción administrativa de un proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que recortaron de manera sustancial las funciones históricas del organismo. El Instituto dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación de la producción, y pasó a concentrarse en tareas formales de control, trazabilidad y certificación de calidad.

Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado no solo como un regulador económico, sino también como un amortiguador político y social en la principal economía regional de Misiones. Su rol permitía canalizar conflictos, contener crisis cíclicas y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y, con ello, su estructura interna. Áreas que antes tenían un papel activo en el seguimiento del mercado quedaron virtualmente desactivadas, y el ajuste de personal aparece ahora como una consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Silencio y miedo

Puertas adentro, el impacto fue inmediato. Entre los trabajadores que permanecen en el organismo se instaló un clima de temor e incertidumbre. El método de comunicación, sin instancia previa de diálogo, funcionó como un mensaje disciplinador. El silencio posterior no fue casual: varios empleados evitaron hablar con la prensa por miedo a nuevas represalias o a quedar marcados en una estructura que se achica y se reordena bajo nuevas reglas. En un organismo históricamente atravesado por tensiones políticas y sectoriales, el ajuste introdujo un elemento nuevo: la sensación de que nadie está a salvo.

El contexto en el que se producen los despidos es particularmente sensible. La crisis yerbatera atraviesa su momento más crítico: los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas acumulan deudas y algunas ya suspendieron pagos, y la cadena productiva se concentra cada vez más en pocos actores con poder de compra. En paralelo, los productores sostienen protestas prolongadas y los tareferos sobreviven con ingresos atrasados y condiciones laborales precarias, sin un organismo con capacidad real para intervenir y equilibrar el mercado.

A mediados de diciembre, la nueva conducción del INYM quedó formalizada con la designación de Rodrigo Correa como presidente, tras casi dos años de acefalía. Contador público y dirigente de La Libertad Avanza, su llegada fue interpretada en el sector como el cierre de una etapa de transición y el inicio de una gestión alineada sin matices con la agenda libertaria de reducción del Estado y desregulación. En ese marco, el recorte de personal aparece como una de las primeras decisiones concretas de orden interno.

“En el marco de la normativa vigente, vamos a trabajar en la modernización del Instituto y también en armonizar esas normas; en un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores del sector yerbatero”, explicó Correa a través de un comunicado difundido este martes.

En ese sentido, el presidente del Directorio destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.

Sin embargo, la paradoja atraviesa todo el proceso. Mientras el Gobierno nacional celebra la desregulación del mercado yerbatero y el INYM pierde capacidad para ordenar la actividad, el organismo no solo sostiene sino que aumenta su esquema de recaudación a través de la estampilla. El ajuste no pasó por los ingresos, sino por las personas. Para los trabajadores despedidos, el mensaje fue claro: el nuevo instituto será más chico, con menos funciones y menor presencia territorial.

El recorte también tiene una lectura política más amplia. Los despidos en Posadas funcionan como una señal directa del Gobierno nacional hacia Misiones y hacia el conjunto de las economías regionales: la desregulación no es solo un cambio de reglas de mercado, sino una redefinición del rol del Estado, incluso en territorios donde históricamente cumplió una función de contención social. En un organismo que nació en 2002 tras una rebelión agraria, el ajuste ejecutado en silencio, por correo electrónico y en la antesala de fin de año, marca un punto de no retorno. No solo se achica una planta de trabajadores: se consolida un modelo en el que la mediación desaparece y el costo del reordenamiento cae, una vez más, sobre los eslabones más débiles.

PL/CRM

El nuevo rol del Instituto de la Yerba Mate: alineamiento ideológico y un mercado sin árbitro

Pedro Lacour — Tue, 23 Dec 2025 20:22:50 +0000

Con el INYM vaciado de poder, la desregulación de Milei avanza sobre el mercado de la hoja verde y reactiva un modelo que ya mostró sus costos en los ’90. La crisis de cooperativas y productores anticipa un escenario que Misiones ya vivió.

La reciente Resolución 146/2025 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no es solo una decisión administrativa: es la confirmación de que el organismo ingresó en una nueva fase política. Con la derogación y modificación de normas que durante más de veinte años estructuraron la actividad yerbatera, el Instituto terminó de alinearse con el mandato de desregulación impuesto desde la Casa Rosada y abandonó definitivamente cualquier pretensión de ordenar el mercado. El proceso había comenzado con el DNU 70/2023 y se profundizó con el Decreto 812/2025. Ahora, con resoluciones propias, el INYM ejecuta esa hoja de ruta desde adentro.

El mensaje es inequívoco: el Estado se retira como árbitro. Ya no hay precios sostén, ni regulación del stock, ni herramientas para intervenir cuando la oferta se desborda y los precios se derrumban. En nombre de la “modernización” y la “protección del carácter competitivo de la industria”, el Instituto se repliega a funciones técnicas —como la calidad, la trazabilidad y salubridad— y deja el resto en manos del mercado. El concepto que había justificado su creación en 2002, el de equilibrar fuerzas entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes compradores, quedó explícitamente fuera del nuevo marco legal.

La resolución fue adoptada por el Directorio del INYM, ahora encabezado por Rodrigo Correa, dirigente de La Libertad Avanza designado tras casi dos años de acefalía. Con su llegada, el organismo dejó de flotar en una zona gris y pasó a ejecutar, sin ambigüedades, la política nacional para las economías regionales. La revisión normativa, que deberá completarse en un plazo de 30 días, no es una corrección marginal: es una depuración ideológica del rol del Instituto.

Las decisiones más sensibles tienen un fuerte contenido simbólico. La eliminación de la veda de cosecha de octubre y noviembre —una herramienta histórica para regular volúmenes y cuidar la brotación de la planta— marca el abandono explícito de cualquier política de ordenamiento productivo. Lo mismo ocurre con la flexibilización del régimen de infracciones y sanciones: menos controles, menos castigos, más responsabilidad individual. El nuevo INYM ya no corrige ni compensa, apenas observa, registra y certifica.

Es que, más allá de su impacto sectorial, el caso del INYM vuelve a exponer una lógica que el Gobierno nacional viene aplicando de manera sistemática: no derogar organismos creados por ley, sino vaciarlos de contenido mediante decretos y resoluciones reglamentarias. El Instituto sigue existiendo formalmente, pero sin capacidad para cumplir el objeto para el que fue creado. No hay eliminación jurídica, sino desposesión funcional. Una figura cada vez más frecuente en la arquitectura libertaria del Estado, que evita el costo político y parlamentario de cerrar entes, pero logra el mismo resultado práctico: instituciones que sobreviven como cascarones administrativos.

Antecedentes y paradojas

Lejos de tratarse de un experimento inédito, la desregulación del mercado yerbatero remite a un esquema ya conocido por el sector. Durante los años noventa, la ausencia de precios sostén y de mecanismos de ordenamiento derivó en sobreoferta, derrumbe de valores y concentración en pocas manos. Los ganadores de aquel proceso no fueron abstractos: grandes molinos y grupos concentrados que hoy vuelven a operar con ventaja en un mercado sin árbitro.

Pero mientras el Instituto se achica en poder, se fortalece en recursos. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera reunión de Directorio, Correa impulsó una suba del 28% de la estampilla yerbatera y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos. La paradoja es evidente: un organismo que ya no puede fijar precios ni intervenir en el mercado refuerza su caja en medio de una crisis profunda del sector. La decisión deberá ser convalidada por la Secretaría de Agricultura, pero el gesto político ya quedó claro.

La contradicción atraviesa también al propio oficialismo nacional. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente el vaciamiento regulatorio del INYM y prometió eliminar la estampilla como símbolo del fin del intervencionismo, el organismo conducido por un dirigente libertario hace exactamente lo contrario: mantiene el tributo y lo aumenta. Un Estado que se retira del mercado, pero no de la caja.

El impacto social de ese reordenamiento empezó a materializarse con crudeza en el territorio. La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda., una de las entidades más emblemáticas del norte misionero, declaró formalmente una crisis financiera y suspendió los pagos a sus productores asociados. La decisión afectó de manera directa a unas 130 familias que entregan hoja verde a la cooperativa y encendió alarmas en Comandante Andresito, un municipio cuya economía gira casi exclusivamente en torno a la actividad yerbatera. El comunicado oficial habló, de manera elíptica, de la “situación económica actual”, pero evitó mencionar que el derrumbe de precios y la desregulación del mercado explican buena parte del colapso financiero.

Consecuencias

El caso Andresito funciona como síntoma. Desde la quita de los precios sostén, el valor de la hoja verde cayó más de un 50%, los tareferos cobran valores de subsistencia y el consumo interno se retrae. Sin mecanismos de ordenamiento, el ajuste se distribuye de manera regresiva a lo largo de la cadena: lo absorben primero los productores chicos, luego las cooperativas y, finalmente, los trabajadores rurales.

“Durante dos décadas, el INYM no solo funcionó como una herramienta económica, sino también como un dispositivo político de contención”, señalan fuentes del sector consultadas por elDiarioAR. En ese sentido, explican que “su rol como fijador de precios y regulador del mercado permitía canalizar conflictos, amortiguar crisis” y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. Al perder esas atribuciones, explican, no solo desaparece un regulador: se rompe una mediación. Sin un INYM con poder real, la bronca ya no tiene a dónde ir.

Ese quiebre institucional, sin embargo, no encuentra un correlato inmediato en el plano electoral. En los principales municipios yerbateros de Misiones, La Libertad Avanza obtuvo triunfos contundentes en 2025. El espacio que impulsó la desregulación fue respaldado electoralmente en los territorios más afectados por ella. Una paradoja: el costo político de la crisis yerbatera es bajo para el Gobierno nacional.

En ese escenario, el INYM deja de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en una pieza de administración del nuevo orden libertario. Sin capacidad para fijar precios, ordenar la producción o amortiguar crisis, pero con una recaudación en alza y un presupuesto millonario, el organismo pasa a cumplir un rol funcional a la lógica del poder central. La experiencia de Andresito expone el límite de ese esquema y anticipa un dilema que empieza a recorrer la política: si el mercado manda y el Estado cobra, ¿quién asume el costo cuando la economía regional entra en colapso?

PL/MG

Guías turísticos en alerta por la apertura de parques nacionales a prestadores privados

trabajAR — Fri, 05 Dec 2025 00:13:56 +0000

La nueva medida del Gobierno elimina requisitos clave como los informes de impacto ambiental y el acompañamiento obligatorio de guías. Profesionales del sector denuncian pérdida de empleos y riesgo ambiental.

Guías turísticos, cooperativas locales y asociaciones profesionales expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de habilitar a prestadores privados a operar dentro de los parques nacionales sin cumplir los requisitos históricos de formación, control ambiental ni acompañamiento profesional. Denuncian que esta desregulación afecta directamente su fuente laboral y abre la puerta a la precarización del turismo y el deterioro de los entornos protegidos.

La medida implica un cambio de reglas abrupto para los guías habilitados, quienes deben certificarse, formarse y acreditar conocimiento de los territorios en los que trabajan. Distintas asociaciones de profesionales señalaron que la desregulación “atenta contra su fuente laboral y contra el turismo responsable”.

El reclamo surgió tras la publicación de la Resolución 62/2025, que habilita un registro simplificado de prestadores privados dentro de parques nacionales, sin necesidad de informes de impacto ambiental ni guía obligatoria para las actividades consideradas no riesgosas.

“El guía no es un adorno: es quien cuida el ecosistema, enseña respeto por el entorno y evita que se generen daños irreparables”, expresaron referentes del sector. A su vez, advierten que la competencia sin regulación ni controles pone en riesgo el empleo formal en regiones donde el turismo es la principal fuente de ingresos.

Desde el Gobierno nacional, la medida fue presentada como parte de un plan para “abrir el juego” y terminar con las “rentas monopólicas”. Según el nuevo titular de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, el objetivo es fomentar más competencia, bajar precios y facilitar el acceso a los parques.

Uno de los casos mencionados fue el del glaciar Perito Moreno, donde actualmente una sola firma opera excursiones. Con la nueva norma, el Ejecutivo busca habilitar a más empresas para operar en otras áreas del parque, como las caras norte y sur .

Impacto ambiental: luces rojas en territorios protegidos

Más allá de la dimensión laboral, la reforma despierta una fuerte preocupación ambiental. Los parques nacionales no son solo destinos turísticos: son territorios protegidos por ley, que preservan ecosistemas frágiles y especies en peligro.

La nueva normativa elimina la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y permite construir “infraestructura efímera” sin evaluación previa. Especialistas advierten que esto podría derivar en basura acumulada, sobrecarga de visitantes, daño a la fauna, incendios o erosión de suelos.

“Sin protección ambiental, no hay turismo sustentable”, sintetizan desde organizaciones conservacionistas. También cuestionan que el Gobierno hable de “modernización” sin precisar mecanismos concretos para el control de actividades privadas dentro de las reservas.

¿Más turismo o más precariedad?

El nuevo régimen desregulado promete dinamizar la actividad, pero genera un escenario incierto para quienes trabajan como guías, operadores independientes o cooperativas locales. Para muchos de ellos, esta decisión implica pasar de ser actores centrales a competir en condiciones desiguales con grandes prestadores sin regulación.

En un contexto donde el empleo en el turismo aún no se recuperó por completo tras la pandemia, y donde la presión sobre los recursos naturales es cada vez mayor, el debate no es solo económico, sino también ético y ambiental.

JJD

Cárguelo usted mismo: qué significa el autodespacho de combustible que celebra el Gobierno y critican los gremios

Natalí Risso — Wed, 09 Apr 2025 12:13:48 +0000

Las consecuencias y mitos detrás de la resolución oficial que habilitó que cada persona pueda cargar combustible por sí sola en las estaciones de servicio. Qué pasó en los 90, las prueba que ya tienen en marcha YPF y Shell y las alertas por posibles despidos.

La Secretaría de Energía puso este martes la última firma para implementar el autodespacho de combustible en la Argentina. Con la Resolución 147/25 reglamentó el procedimiento y las condiciones de seguridad que deben cumplir las estaciones que opten por ofrecer el servicio. Gracias a una excepción, YPF instaló una isla de autodespacho a modo de prueba piloto en la Ciudad de Buenos Aires y Shell la instalará en abril. Mientras los empresarios del sector apoyan la medida, el sindicato alerta por la posible pérdida de 70.000 puestos de empleo.

La reglamentación de la medida es el último paso que esperaban las petroleras para avanzar con esta modalidad permitida desde hace décadas en muchos países, “especialmente en los más desarrollados como Estados Unidos desde 1964, o en los países miembros de la Unión Europea desde 1982”, según consta en los considerandos del Decreto 46/2025 que desreguló la actividad, publicado el 29 de enero en el Boletín Oficial. La Secretaría tenía 60 días para reglamentar.

Esta modalidad de expendio de combustibles es la norma en Estados Unidos y está permitido en varios países de la región como Chile, Perú, Venezuela, Colombia y Uruguay. En la Argentina estaba prohibida desde 1983, pero admitía la implementación del autoservicio por autorizaciones especiales que Shell usó en los años 90, sin éxito: “No prendió en el ideario de la gente por una cuestión cultural. Hoy la tecnología está más cerca, es más amigable y esto va a ser mucho más simple”, aseguró el presidente de la entidad más representativa de los empresarios de estaciones de servicio CECHA, Isabelino Rodriguez, entrevistado en el podcast Energía en cinco minutos.

Las provincias de Buenos Aires, Jujuy y La Pampa cuentan con leyes provinciales que siguen prohibiendo la actividad. Al ser consultados por elDiarioAR sobre cómo afecta al posible negocio esta condición en el conurbano bonaerense, donde se encuentran la mayor parte de los consumidores del país, una de las petroleras minimizó el asunto: “Por ahora en nada, estamos en etapa piloto y va a tardar un tiempo en adaptarse todo el mercado”, aseguró una fuente corporativa.

Mitos y verdades

El espíritu de celebrador serial del Gobierno instaló mitos a partir de la publicación del decreto que en la propia industria se encargan de matizar.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aplaudió la “profunda desregulación” que la medida supone en el mercado de despacho de combustible. Desde el sector empresario demuestran mucho interés, y destacar el caso de la estatal YPF, que instaló una prueba piloto en una estación de la avenida Alcorta. Tiene “buenos resultados en la franja etárea de menores de 40 años, que eligen el autodespacho por sobre el convencional”, según CECHA. Raizen está desarrollando otra en la estación de Córdoba y Salguero, que entrará en operaciones durante abril.

Sin embargo hay una relativización del efecto. “No va a haber un cambio radical, sino que vemos un modelo parecido al de los supermercados, con un sector destinado al autoservicio y el resto igual que siempre”, aseguraron a este diario desde una de las petroleras.

Después de publicado el decreto y con el mismo tono festivo, el presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que el autodespacho de combustibles permitirá reducir el costo para los usuarios. Otro mito que las firmas desmienten: “No tiene sentido, porque el precio del combustible responde a un montón de variables en este país, y no directamente a los costos operativos. Pensar en la baja del precio es casi imposible”, confesaron a elDiarioAR desde una de las empresas. “No necesariamente significará un cambio en el precio. Es una opción más de atención y facilidad a disposición del cliente”, complementan desde Raizen.

Desde el sector privado sí destacan el uso de este servicio para los turnos con menor demanda, los feriados y por las noches para localidades con índices altos de inseguridad. En este sentido, Rosario fue una de las localidades con mayor interés por la desregulación de este servicio.

A modo de negocio, destacan que lo más importante va a ser la posibilidad de instalar estaciones de servicio en localidades con una temporalidad muy grande, como podría ser El Bolsón, Las Grutas o alguna ciudad del norte, en las que no da el margen porque se vende mucho, pero solo en temporada. “Podés abrir con menos dotación de gente y operar tranquilo. Y beneficia también a la comunidad, que va a tener estación todo el año”, aseguran.

La adecuación de una estación requiere la adaptación de la isla de carga colocando pantallas de contacto táctil, nuevo mobiliario para la instalación de dichas pantallas, así como de los equipos de pago, facturación y comunicación con la tienda u oficina ante necesidades o inquietudes. Adicionalmente, es necesario adaptar el sistema operativo, logrando un cobro anticipado de la transacción para luego poder completar la carga. Por último, una mínima adaptación de mangueras y picos para cumplir con los requerimientos establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación. “La inversión dependerá de cada punto de venta, pero por lo general es fácilmente adaptable con una inversión baja”, aseguran desde Raizen.

Los trabajadores

Desde que comenzó a hablarse de la medida el año pasado, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE) se pronunció en contra: “Cerca de 70.000 trabajadores podrían perder sus puestos”, advirtió el secretario general adjunto, Carlos Acuña, al portal especializado Infogremiales. Acuña explicó que el costo del personal de estaciones representa un porcentaje mínimo en el precio final del combustible (alrededor del 3%), por lo que la medida no beneficiaría a clientes ni empresarios, y “agravaría la crisis laboral en el sector privado”.

Uno de los argumentos más fuertes de los gremios tiene que ver con la seguridad: “Los trabajadores tienen experiencia ante situaciones como derrame de combustible, qué hacer si el pico no corta y un montón de condicionantes que hacen a la seguridad, porque son aparatos mecánicos que fallan, y eso es normal. Ni hablar de que el combustible tiene tres componentes altamente cancerígenos, por eso los playeros utilizan guantes de propileno”, aseguró en una entrevista radial Ismael Marcon, representante del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio de Rosario.

Desde CECHA patean el problema para adelante: “El gremio tiene sus resquemores pero el futuro vino a imponerse. Va a haber un proceso de adecuación donde seguramente haya refuncionalización de mucha parte de los trabajadores”, asegura Isabelino Rodriguez, y agrega que, por cuestiones de seguridad, los expendedores de GNC no van a poder ser automatizados.

“No veo que vaya a haber una gran reestructuración de la mano de obra. Es un sector en el que hay mucho recambio de gente, porque es un primer trabajo, o un temporal hasta conseguir otro mejor. A lo sumo, se irán personas y no se contratará nueva gente”, confiesan desde una petrolera.

Mientras el Gobierno celebra esta medida como parte de su cruzada desreguladora, la industria baja un cambio y los sindicatos buscan apretar el freno de mano.

NR/MC

“Esta medida duele”: víctimas de tragedias viales alertan sobre los riesgos de desregular el transporte de pasajeros

León Nicanoff — Sat, 14 Dec 2024 03:01:36 +0000

El ministro Federico Sturzenegger dispuso que cualquier persona con vehículo, seguro y VTV pueda prestar el servicio de transporte. "Hemos trabajado el dolor y lo colectivo para que estas cosas no vuelvan a pasar y ahora retrocedimos muchísimo", dijo una víctima de la tragedia del colegio Ecos.

Esta semana el Gobierno reglamentó la desregulación del transporte automotor de pasajeros, permitiendo que cualquier persona con vehículo, seguro y VTV pueda prestar el servicio de transporte. Tanto gremios como organizaciones vinculadas a la seguridad vial encendieron sus alarmas.

“Mañana desregulamos las operaciones coronarias y cualquiera que tenga un bisturí en su casa, llenando un formulario por internet, va a poder realizar una intervención de corazón abierto”, comparó Diego Molina, de la ONG Conduciendo a Conciencia, con la medida anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario, a través de su cuenta de X, invitó a “quienes tengan vehículos grandes o pequeños a convertirse en proveedores de transporte”. Dijo que simplemente se debe informar “a través de un trámite remoto, vehículos, choferes y los recorridos que planifican hacer. Y listo, ¡A rodar!”

“Sí, el ministro celebró la medida diciendo ‘a rodar’, pero lo que van a rodar son cuerpos”, ironizó Molina, familiar de una de las víctimas de la tragedia del colegio Ecos.

Diego Molina es el exesposo de Mariana Boye, la profesora que acompañaba a los alumnos del colegio Ecos en un viaje que tenía por finalidad realizar tareas solidarias en El Impenetrable, Chaco. El 8 de octubre de 2006, mientras volvían a Buenos Aires, a 200 kilómetros de Santa Fe capital, el micro chocó con un camión –cuyo conductor estaba en estado de ebriedad– que venía por el carril contrario.

El chofer del micro, en lugar de disminuir la velocidad y detenerse en la banquina, realizó una maniobra imprudente: aceleró y dio un volantazo que provocó la colisión. Murieron los dos ocupantes del camión, nueve alumnos y la maestra, pareja de Diego.

“Esta medida duele, vuelve a doler, porque hemos trabajado el dolor y lo colectivo para que estas cosas no vuelvan a pasar, y ahora retrocedimos muchísimo. Por eso es importante la capacitación y el profesionalismo, para evitar lo que ocurrió en aquel viaje. Es increíble, pero no se le da valor a la vida”, lamentó Molina quien, tras la tragedia del 2006 junto a otros familiares de las víctimas fundaron la ONG Conduciendo a Conciencia.

La desregulación del transporte implica que cualquier individuo con vehículo pueda ofrecer el servicio a pasajeros mientras se registre en forma online y gratuita y complete un formulario. De acuerdo a la normativa, luego de los cinco días hábiles se emitirá un certificado de alta. Además, se podrán establecer con total libertad los recorridos, itinerarios, horarios, precios, modalidades y duración. Sólo se exigirá requisitos básicos como el seguro y la revisión técnica vehicular.

“Llenás un formulario y a los cinco días ya estás autorizado a trasladar vidas. Es una locura, ¿quién dice que yo estoy apto para semejante responsabilidad? Es triste y preocupante porque el Estado se desliga de toda responsabilidad sin importar si tiene antecedentes o si está capacitado”, advirtió.

Molina aseguró que desde la tragedia de Ecos, en 2006, ha habido avances en materia vial (creación de Agencia Nacional de Seguridad, Ley del Alcohol 0 en rutas nacionales y en algunas ciudades del país y “mayor concientización”).

Si bien el número de víctimas fatales por año se ha mantenido (según la Dirección Nacional de Observatorio Vial en 2019, 2022 y 2023 hubo respectivamente 4.898, 4.712 y 4.403 víctimas fatales) con una natural disminución durante la pandemia (en 2020 y 2021 hubo 3.513 y 3.601 personas fallecidas), ahora se está experimentando un “retroceso” desde el plano cultural.

“Nosotros estamos presentando en el Congreso con otras ONG un pedido para bajar la velocidad máxima de 60 a 50 en las avenidas y de 40 a 30 en las calles, porque eso nos cambia muchísimo la posibilidad de muerte ante un siniestro vial. Y de pronto te salen con esta situación. La verdad es que duele. Es un gran retroceso también desde lo cultural”, dijo y opinó que “la libertad tiene como valor inherente la responsabilidad, y esto último es lo que está faltando”.

“No debería estar permitido ni para transportar animales”

El líder de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, solicitó recurrir al sentido común y señaló que “el chofer se diferencia de cualquier persona con otro oficio por su profesionalismo y experiencia en el volante”. “Para eso realizamos capacitaciones, en conjunto con los empresarios, que consisten en simulacros y cuestiones teóricas”, agregó.

El dirigente sindical consideró que la medida dispuesta por el gobierno nacional es “inconstitucional” porque viola distintas leyes laborales. “Es una mamarrachada”, dijo en diálogo con elDiarioAR. “La jornada laboral es de 8 horas y con esto podrías laburar todo el día; no se va a poder aplicar porque no se lo vamos a permitir y porque existen leyes laborales, y las leyes se tienen que cumplir”, argumentó.

Fernández también cuestionó la posición de neutralidad de los empresarios del transporte que, hasta el momento, hacen silencio. “Es importante que definan una postura porque por ahora están a la expectativa de ver qué pasa”, dijo y sumó: “Las rutas ya están en mal estado, si le sumamos esta locura de que cualquiera puede dar servicio de transporte, se van a producir mayores tragedias”. “No debería estar permitido ni para transportar animales”, concluyó Fernández.

LN/DTC

Para el titular de la Federación de Conductores de Taxis, la desregulación del transporte es una "locura" y es "ilegal"

elDiarioAR — Thu, 12 Dec 2024 13:14:17 +0000

“Es una locura lo que están haciendo, porque no solo precariza el trabajo, sino que también atenta contra la integridad física del pasajero”, porque habilita a brindar este servicio a personas que “no tienen ningún tipo de seguridad ni de capacitación”, consideró José Ibarra.

El titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, calificó como una “locura” la desregulación que puso en marcha el Gobierno nacional para el transporte y aseguró que “es ilegal” y que “atenta contra la integridad física del pasajero”.

“Es una locura lo que están haciendo, porque no solo precariza el trabajo, sino que también atenta contra la integridad física del pasajero”, porque habilita a brindar este servicio a personas que “no tienen ningún tipo de seguridad ni de capacitación”, consideró.

En declaraciones al programa “Buenos días Splendid” Ibarra criticó con dureza la medida publicada el martes último en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 57/2024, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y por el Ministerio de Desregulación.

El dirigente explicó que se trata de una medida “ilegal, por más que la saque por decreto”, y recordó que “en los '90 se daba la misma situación: la gente iba y se ponía canchas de pádel o parripollos; ¿Cómo terminó? todos fundidos”.

“El Gobierno dice que vamos hacia el primer mundo, pero después saca resoluciones como ésta (desregular el transporte), que son cosas del tercer mundo. Pone en peligro a los pasajeros y precariza el trabajo del transportista”, enfatizó Ibarra

“Es una locura lo que están haciendo. Ya no saben cómo tapar la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, les dan esto a las personas que se están jubilando o les dan un retiro voluntario, pero con esto se los engaña, se los estafa”, agregó.

Qué dice la desregulación del transporte

El Gobierno Nacional reglamentó los procesos de desregulación del transporte automotor de pasajeros de larga y media distancia, junto con el de oferta libre, por medio de la Resolución 57/2024, publicada este martes 10 de diciembre en el Boletín Oficial.

La medida impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, introduce “modificaciones centrales que brindarán mejoras al sector”, según explicaron desde el área que encabeza Franco Mogetta.

Al mismo tiempo, destacaron que “se moderniza un régimen de más de 30 años de antigüedad con un sistema cerrado, permisos rígidos y burocracia excesiva, pasando a un sistema simple, declarativo, gratuito, digital y que mantiene los estándares técnicos y de seguridad vigentes”.

Entre los cambios vinculados a la desburocratización, que tienen vigencia inmediata, se establece que los transportistas se registrarán de manera online y gratuita mediante la plataforma web Trámites a Distancia (TAD), donde deberán brindar la información relevante y actualizada de los servicios.

Además, se unificarán todos los registros bajo un único Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP) “brindando mayor comodidad y transparencia, con el ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos”.

El trámite, que estará disponible a partir del 11 de diciembre del corriente, es obligatorio para la prestación de servicios de transporte automotor de pasajeros y tendrá carácter de Declaración Jurada (DDJJ). El correo electrónico registrado será al que llegarán las notificaciones pertinentes durante el proceso.

Los transportistas deberán completar: formulario de transportistas/empresas, DDJJ Nómina de Parque Móvil, DDJJ Nómina de conductores, título de propiedad o contrato de leasing de los vehículos, pólizas de seguros, etc.

Desde Transporte informaron que “una vez registrados se emitirá el Certificado de Alta de Transportista dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles y podrán acceder a la inscripción de los servicios a prestar”.

Además, aclararon que “los transportistas que ya estén prestando servicios podrán continuar operando y tendrán un plazo de hasta sesenta días corridos para declarar en el RNTAP los servicios a realizar de acuerdo a la metodología aprobada”.

En paralelo, se autorizó a los transportistas inscriptos en el RNTAP “a efectuar servicios ocasionales en circuito cerrado de carácter internacional, de conformidad con la normativa específica establecida para esta categoría de servicios”.

Al valorar la medida en su conjunto, desde la secretaría remarcaron que “a partir de esta reglamentación se podrán establecer libremente recorridos, itinerarios, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios, logrando una mayor oferta y competencia de precios, con beneficios tanto para el pasajero como para empresas y transportistas”.

A modo de contraste, recordaron que “antes de esta desregulación una modificación en cualquier parámetro operativo (recorridos, paradas, frecuencias, etc) tardaba entre 6 meses a un año como mínimo”, mientras que “ahora, con esta medida y con el principal objetivo de satisfacer la demanda de traslado de pasajeros; se simplifica y acorta el tiempo burocrático, solo teniendo que informar la baja del parámetro con 15 días de antelación, procediendo luego al alta con la modificación deseada”.

Al mismo tiempo, la secretaría dependiente de la cartera económica sostuvo que “se mantienen las exigencias de seguridad ya establecidas en la normativa vigente, tanto de tránsito y seguridad vial, como en los requisitos en materia de seguridad, higiene y accesibilidad correspondientes a cada clase y tipo de vehículo” y ratificó que “se deberá cumplir con la revisión técnica vehicular de los vehículos”.

Normas Reglamentarias Del T...

Con información de NA.

Satisfacción empresarial por la macro, temor a importaciones y sospechas por la hidrovía

Alejandro Rebossio — Fri, 06 Dec 2024 16:00:24 +0000

El salto de las cotizaciones de las grandes compañías, la reducción de la inflación y la eliminación del déficit fiscal entusiasman al establishment, que se ilusiona con una victoria electoral libertaria en 2025 pero teme por Cristina Fernández de Kirchner. La apertura comercial irrita a Techint, las cementeras y la cadena de la electrónica y la ropa.

Jubilados –que hasta se prenden fuego por el recorte de medicamentos que se suma al de haberes–, docentes, obreros de la construcción, trabajadores informales, artistas o científicos puede que estén peor que hace un año. Pero cuatro de cada cinco argentinos que votaron a Javier Milei lo siguen apoyando, un respaldo que si se mantiene le aseguraría una gran elección legislativa en octubre próximo. El mundo financiero está de fiesta, la energía y la minería se disponen a invertir ante los beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y los aumentos de tarifas, las empresas que cotizan en bolsa se revalorizaron y los dueños de las grandes fortunas, además de pagar menos impuestos a los bienes personales, celebran que el primer año de gobierno del anarcocapitalista Javier Milei fue mejor de lo que esperaban, bajó la inflación mensual a un cuarto de lo que era y pulverizó el déficit fiscal –con motosierra, pero también capitalizando intereses de deuda– y la emisión monetaria.

Lo que llaman “la macro (economía) ordenada”. Pero la industria, el consumo masivo y la construcción miran el futuro con incertidumbre sobre su recuperación. En un supermercado se preguntan por qué el Gobierno y muchas consultoras prevén un crecimiento del 5% en 2025 si ni el empleo ni el salario ni tampoco el crédito remontarían tan rápido. Las liberalizaciones de importaciones de Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, atemorizan a los empresarios, el dólar barato y los costos altos azotan a todo aquel que produce bienes y servicios –desde el campo hasta el turismo, la producción audiovisual y el software–, mientras que la licitación que en teoría prometía abaratar la logística, la de la hidrovía del río Paraná, está bajo sospecha.

Una semana después de que La Libertad Avanza boicoteara el proyecto de ley de ficha limpia para solaz de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una llamativa operación paraguaya fue detenido con US$211.000 sin declarar el senador Eduardo Kueider, el mismo que el asesor presidencial Santiago Caputo promovía para presidir la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia. Resulta que había ensobrados entre los propios. Santiago Caputo es quien puso al secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert. También fue quien impulsó al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, a partir del consejo de sus amigos del country Martindale y promotores de la fundacion libertaria Faro, Patricio y Germán Neuss. Arreseygor fue quien se ocupó de redactar los pliegos de la licitación de la hidrovía, pero en el mundillo de este negocio no tienen claro si fue el único que se ocupó de confeccionarlo.

Hay quienes apuntan a que metió mano la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal, que con Santiago Caputo fueron quienes hicieron lobby en el Congreso para lograr que Kueider y el resto de la oposición dialoguista aprobaran la ley Bases, con el RIGI incluido. Ibarzabal trabajaba hasta el año pasado en el estudio Cassagne, que tenía entre sus clientes a la empresa belga que draga desde hace 29 años draga la hidrovía, Jan de Nul. “La Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo no tuvo participación alguna en el armado de los pliegos”, la defienden en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos.

El diputado dialoguista Nicolás Massot fue quien dijo públicamente lo que sospechan rivales de Jan de Nul y usuarios de la hidrovía: que la licitación está “absolutamente direccionada” hacia el triunfo de esa compañía, la misma que este año recibió un aumento del 40% del peaje en dólares. Al igual que cuando a principios de año Massot sembró dudas sobre dinero en negro que recibía Milei en campaña, ahora también el diputado se llamó a silencio después de la acusación sobre la hidrovía. Tira la bomba y se hace humo.

Pero en el entorno de Mauricio Macri –a quien siempre se lo vinculó con o sin razón a otra aspirante al negocio, la neerlandesa Boskalis– advierten que lo mencionado por Massot “lo dice mucha gente con muy buenos argumentos”. A la china CCCC se la dejó afuera al prohibirse la participación de firmas estales, mientras que Boskalis, su compatriota Van Oord y la belga DEME –son las cinco grandes en el mundo– pueden quedarse afuera porque se exige experiencia en ríos de más de 250 kilómetros de largo y se vetan las uniones transitorias de empresas (UTE), que era el formato con el que algunas de ellas se iban a presentar. “El pliego de bases y condiciones exige antecedentes técnicos y económicos que dejan afuera a buenos potenciales oferentes”, sostiene rivales de Jan de Nul.

“Lo exiguo de los plazos –hay que presentar oferta hasta el 29 de enero próximo– y la falta de información pública respecto a los volúmenes dragados desalienta la presentación de ofertas. El monto exigido para la presentación de impugnaciones es ridículamente prohibitivo, y claramente un mensaje para desinvitar más que para convocar a oferentes. Todo muy opaco”, agregan los críticos sobre negocio que se concesionará por 30 años, con la opción de prorrogar por 30 más. Es decir, Jan de Nul podría quedarse dragando casi un siglo. Pero ni en el Gobierno ni en la firma belga se hacen cargo de los reproches y justifican que el pliego exija antecedentes, robustez financiera e inversiones para ampliar la capacidad de transporte por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas, aun a costa de tarifas altas. También por allí navega otra mercancía que inquieta sobremanera a Estados Unidos: la droga que llega de Paraguay y Bolivia.

Más allá de la polémica, se espera que el ganador de la licitación de la hidrovía deba emprender fuertes inversiones para permitir que buques entren y salgan más cargados y se bajen así los costos de exportación.

Otros sectores en los que se esperan desembolsos en 2025 son la minería y la energía. En este último sector se festeja que el barril de petróleo haya pasado de valer hace un año US$50 a 65 en la actualidad, cerca de la paridad de importación, a 72, por la suba del precio del combustible. Los tarifazos de gas y luz, que no se tradujeron en mayor morosidad sino en menor consumo en supermercados, alientan a su vez a esos sectores a proyectar nuevos gasoductos y líneas de transmisión hechos por el sector privado, ya no por el Estado.

No sin polémica ambiental, avanza el proyecto de US$2.900 millones de Pan American Energy (PAE, la empresa de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni) y la noruega Golar para licuar gas de Vaca Muerta en el Golfo San Matías, en Río Negro, al que se sumaron YPF –el proyecto de planta propia tras la retirada de la malaya Petronas queda en veremos–, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) y la británica Harbour. También el RIGI resucita las inversiones en energías renovables y las líneas de alta tensión para conectar los futuros parques solares y eólicos con el sistema troncal. Un caso son los US$250 millones que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR, de Martín Brandi) y Acindar (filial de la indioluxemburguesa ArcelorMittal) que pondrá en Olavarría para generar luz con el viento y que esta siderúrgica puede asegurar a sus clientes externos que se provee de energía limpia, una exigencia cada vez más creciente en mercados desarrollados.

Hay inversiones mineras que no se concretarán antes de que se modifique la ley de protección de glaciares: no son las litio del noroeste (NOA) sino las del cobre –otro mineral clave para autos eléctricos– en Cuyo. Así lo expresan en la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM): “Siempre planteamos que por los tiempos que requiere poner en marcha un proyecto minero, un proyecto metalífero puede tomar más de una década desde la exploración inicial hasta su puesta en producción, y el tipo de inversión, grandes inversiones con largo plazo de recupero, la minería es una industria que para desarrollarse necesita contar con un marco de certezas para el sostenimiento de las inversiones. Esto abre toda una serie de desafíos, que incluyen temas legislativos, cómo es el caso de la ley de glaciares, que al contar con una definición imprecisa en cuanto a cuáles son los bienes que pretende proteger, genera incertidumbre por la diversidad de interpretaciones, lo que podría frenar por completo un proyecto. En nuestro país ya hay inversiones relacionadas con el cobre, que están generando empleo y desarrollo. Pero este punto es fundamental para asegurar que se puedan poner en marcha muchos de esos grandes proyectos”. El Gobierno ya quiso modificar la norma de glaciares en la ley Bases, pero la resistencia ambiental, para la cual no hay imprecisiones a la hora de proteger esas reservas de agua en la alta montaña, lo impidió.

Claro que algunas inversiones, aun existiendo el RIGI, esperarán para concretarse. Multinacionales quieren que antes se libere el cepo cambiario para asegurarles a sus accionistas que podrán retirarse dividendos cuando el capital que vayan a hundir comience a dar fruto. Luis Caputo y equipo responden que, aunque la brecha cambiaria se haya eliminado, no quieren correr el riesgo de abrir ahora el mercado cambiario y tener que cerrarlo después, como le pasó a Mauricio Macri, aunque no descartan que ocurran en el segundo semestre de 2025. Pero en las multis no se conforman con la garantía que les pueda ofrecer el RIGI, aguardan una norma general. Recuerdan que en 2013 un decreto le aseguraba a la petrolera norteamericana Chevron la libertad cambiaria en el primer megaproyecto de Vaca Muerta, junto con YPF, y después se incumplió.

Pero además las elecciones de medio término demorarán decisiones de invertir. Aunque los grandes empresarios compran encuestas que muestran que Milei mantiene un apoyo del 45% y esperan que arrase en el interior en los comicios, dudan sobre la provincia de Buenos Aires porque la figura de Cristina Fernández de Kirchner se consolida más y más en el conurbano pobre que sufre con el ajustazo libertario. En los supermercados de Neuquén se vive un repunte por el derrame de Vaca Muerta, pero en los de Jujuy, Salta y Catamarca no se percibe el boom de litio, dos fenómenos que ya venían en ascenso desde el anterior gobierno, pero en el Gran Buenos Aires se siente la pérdida del empleo industrial y el retroceso salarial y jubilatorio. Pese a que se prevé una Navidad tranquila, y por ahora no hay reclamos de los desarticulados grupos piqueteros a las grandes cadenas supermercadistas, algunos de los hombres de negocios que integran la nueva lista de 50 mayores millonarios de la Argentina monitorean con inquietud la situación social. No hay piquetes, ni mucho menos saqueos, pero sí más mendicidad y delincuencia. No por nada la ONG Banco de Alimentos Buenos Aires, aunque con cuenta con el apoyo de grandes empresas, ha comenzado una campaña para sumar más donantes corporativos e individuales ante la estadística de la Universidad Católica Argentina (UCA) de que seis de cada diez niños argentinos necesitan ir a comedores, pese a que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, les ha reducido la ayuda y ha apostado a canalizar la ayuda con fuertes incrementos de la asignación universal por hijo (AUH) y algo menos de la Tarjeta Alimentar.

Algunos de esos grandes millonarios que hasta hace poco estaban embelezados por Milei comienzan a preocuparse por la competitividad de su producción por el tipo de cambio, la energía encarecida, reformas laborales y tributarias que se prometen pero por ahora no se concretan o mayores costos por la eliminación de la obra pública en trenes y rutas –esta semana vecinos de Salta cortaron la ruta nacional 9 por el estado lamentable y la Corte provincial le ha exigido acción al gobierno libertario–.

Milei repudia la inversión estatal, aunque por lo bajo el jefe de Gabinete y el ministro de Economía prometen reactivarla cuando sobre plata. También se inquietan los empresarios por las desregulaciones que pergeñan el presidente, Sturzenegger, Luis Caputo, su nuevo secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati. Por ejemplo, quieren modificar normas técnicas para facilitar la importación de acero –otra irritación de Paolo Rocca, dueño del grupo Techint– y cemento –donde tallan la brasileña Loma Negra, la francesa Holcim, PCR y la española Cementos Avellaneda–. O han triplicado el monto para importar vía courier hasta $3.000, lo que asusta a los fabricantes de electrónica –llámese Mirgor, de Nicolás Caputo, primo de Luis y tío de Santiago; Newsan, de Rubén Cherñajovski, o BGH, de los Hojman y Teubal– pero también a las cadenas comerciales como Frávega, Megatone o Cetrogar, ante la amenaza de los competidores internacionales de Mercado Libre como Amazon o las chinas Shein y Alibaba.

La industria local de la ropa también se inquieta. Pero un alto funcionario ratifica la senda guiada por su ideología: “Desburocratizar, desregular, quitar intervenciones sin sentido. Es el camino para reducir costos y aumentar la oferta”. Cuando los empresarios les pronostican destrucción de empleo, responden: “Hay que acomodarse, no va a tener tanto impacto, el mundo no a va en esta dirección”. Por lo bajo, los ejecutivos reflexionan: “Respuesta poco feliz, subestiman el efecto”.

AR/MG

Deep motosierra: despidos, Barrionuevo flexibilizador, pelea con Prefectura y remedios sin control nacional

Alejandro Rebossio — Fri, 18 Oct 2024 17:21:38 +0000

Sturzenegger prometió más reducción de personal estatal, pero en el Gobierno admiten que no tocarán a las fuerzas armadas ni de seguridad. Además invitó a los empresarios a negociar nuevos sistemas de cese laboral. El sindicalista gastronómico está reclamando lo mismo. El funcionario busca reducir las exigencias de seguridad en barcos. El Ejecutivo también se desentendió de monitorear los medicamentos que Mendoza importará de India.

Sturzenegger anunció los nuevos pasos económicos del Gobierno: se viene la “motosierra profunda”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzeneger, vino al coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) para contarles a los hombres de negocios sus pasos a seguir. Habló de una “deep (profunda) motosierra” y del examen que tienen previsto tomarle a los exmpleados públicos que, según dijo, pasaron de 210.000 a 185.000 en estos diez meses de gobierno de Javier Milei y serán menos a partir de diciembre próximo.

“Vos estás en esta área del Gobierno, ¿qué estás haciendo? ¿Dan crédito? Es no del Estado, es del sector financiero. Lo puede hacer un municipio o el sector privado. No va más. Cuando uno revisa funciones es desopilante: tenemos un camping en Ezeiza, colonia de vacaciones en el conurbano, un Swat que audita en los aviones si se pagó un impuesto o no. Vamos a estar tomando a 40.000 personas un examen”, anticipó el ministro.

Fuentes oficiales aseguran que desconocen cuál es la dimensión del próximo ajuste de planta, pero aclaran que no afectarán a los 200.000 integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Respiran tranquilos los que pasan horas tomando mate en cuarteles y comisarías. A su vez, los 80.000 que trabajan en empresas públicas irán camino a la privatización, aunque por ahora el Congreso sólo ha permitido vender una minoría de ellas.

Los que están en la mira son los 185.000 del Estado nacional, de los cuales 40.000 contratados comenzará a rendir un examen. Si no lo aprueban, no se les renueva el contrato, pero pueden volver a rendirlo. A los profesionales les preguntará sobre la Constitución y la ley de procedimiento administrativo. Recibirán antes un manual para estudiar. A los no profesionales se los evaluará por comprensión de textos y lógica. Pobres los que el propio Estado no supo educar en la escuela.

En el Gobierno ya empiezan a darse cuenta de que será difícil que haya interesados en comprar Aerolíneas Argentinas, teniendo en cuenta de la mala situación financiera de las principales líneas aéreas de Sudamérica. Además de que primero deben convencer al Congreso de venderla. Por eso es que cobra fuerza la idea de entregársela a los gremios. Recuerdan que en su momento el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo eso con Varig, que al poco tiempo quebró. En el oficialismo consideran que quizás los sindicatos consigan un buen gerente y acepten como cooperativa eliminar los 40.000 pasajes gratis anuales para empleados y sus familias, pero ven difícil que consigan que los fabricantes de aviones les renueven los leasings de las naves.

Igual, a contramano de lo que advierten expertos del sector, creen que si funde Aerolíneas, en dos meses otras empresas podrían reemplazarla en sus rutas y prometen que Flybondi traerá pronto cinco aviones con matrícula extranjera –ya vino una– y JetSmart, dos. El equipo de Milei prevé también entregar el Correo Argentino al sindicato, pronto desregulará más el sector y desestima que vaya a haber interesados en comprarla. Además, su venta tampoco está autorizada por el Congreso.

El Estado también se retira de la discusión entre empresarios y gremialistas. “Nosotros no vamos a hacer otra reforma laboral, sino que la hagan ustedes, tienen que hacerlo con inteligencia, háganla, no pueden hacerlo sin que lo acepte el trabajador”, les dijo Sturzenegger a los empresarios. Fuentes oficiales comentan que reciben más pedidos de gremios que de patronales sectoriales para cambiar el régimen de indemnización por despido por un fondo de cese laboral, similar al seguro de desempleo que convino hace décadas la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). Quien encabeza la pretensión de flexibilizar los rajes está el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. La indemnización de un mes de salario por año trabajado puede ser reemplazado por un seguro que puede surgir de fondos al que aporten los patrones por cada empleado, por el conjunto de ellos o a través de una aseguradora. Aunque el nuevo sistema se negocia por sector, cada emprea o trabajador pueden adherir o no al cambio. También se prevé que cada región negocie su mecanismo: se prevé que en el Norte se acepten condiciones más flexibles que en el resto del país.

Sturzenegger también enumeró los numerosos sectores que quiere desregular: eso sí, de la principal regulación que obstaculiza el comercio exterior y la inversión, el cepo cambiario, no se ocupa, eso es tierra de su par de Economía, Luis Caputo, y por ahora sigue vigente. En el Gobierno cuentan que a los empresarios hay que exponerlos a la competencia, como están intentando ahora con los laboratorios y como intentaron sin éxito en el proyecto original de la ley Bases, que incluía a la pesca o los biocombustibles.

Sturizengger comentó que está discutiendo para dejar de obligar que las embarcaciones comerciales deban llevar un generador eléctrico alternativo. En el Gobierno reconocen que están protagonizando una “pelea sangrienta” con la Prefectura Naval por la reforma del Régimen de la Navegación (Reginave). También el ministro de Desregulación se indignó de que el Gobierno haya permitido la venta online de medicamentos, pero la medida esté frenada en la Justicia por un recurso de amparo de los farmacéuticos que quieren seguir controlando la comercialización con el argumento de preservar la salud de la población y evitar la automedicación.

En el Ejecutivo también abogan por la importación de remedios para abaratar hasta un 90% los precios y por eso le dieron vía libre para que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, lo haga desde India, potencia mundial de fabricación de genéricos. Eso sí, cuando Cornejo le pidió al gobierno de Milei que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) controle la seguridad de esos productos indios, la tropa libertaria se negó y le contestó que si Mendoza quería importar esos bienes, debía hacerse cargo de auditarlos, ya no lo haría la Nación.

Deep motosierra: cortar profundo. Tanto para dejar a empleados públicos en la calle o los mozos y cocineros despedidos sin indemnización, pero con seguro de desempleo, como para correr al Estado o a los farmacéuticos de los controles que se había creado con el argumento de la seguridad. Todo sea para ganar eficiencia, sin importar el precio. El mercado se encargará, según la filosofía de Milei.

AR/MG

Desregulación del transporte automotor: entre la promesa de ser Alemania y el riesgo de convertirse en Perú

Renato Tarditti — Tue, 08 Oct 2024 11:30:31 +0000

El Ministro Sturzenegger se anotó un nuevo triunfo desregulador y logró que el transporte vehicular de media y larga distancia deje de ser un servicio público, como lo era hasta ahora. Qué tienen que esperar los usuarios de este cambio.

Como cada vez que avanza en una nueva medida flexibilizadora, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se explayó con entusiasmo en la red social Twitter, para celebrar su nueva conquista: la completa desregulación del transporte automotor de media y larga distancia. La medida, que se comenzaría a aplicar en unos 60 días, representa un cambio total en las actuales reglas del juego del sector –que datan de 1992– y permite, entre muchas otras cosas, una apertura total del mercado a nuevos operadores, que solo tendrán que darse de alta en el nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros mediante un trámite online, y esperar 5 días para comenzar a prestar servicios.

Según Sturzenegger, el nuevo decreto firmado por el Presidente Milei representa “un gran avance para la liberalización y modernización del transporte en beneficio de pasajeros, empresas y transportistas”, ya que estas últimas “podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva, generando una mayor oferta de servicios y precios que beneficiará al usuario y generará competencia entre prestadores”.

La normativa actual, que está a punto de derogarse, era mucho más restrictiva y establecía “barreras de entrada” más altas para los prestadores del servicio –como cierta escala, un patrimonio mínimo y limitaciones sobre los tipos de vehículos empleados–, que se suponían necesarias para garantizar condiciones de calidad y seguridad en el servicio. También era el Estado quien asignaba permisos para cada tramo, con una lógica de compensar destinos más y menos rentables, de modo que el servicio llegue a todos lados. A partir de ahora, los operadores podrán establecer sus propias frecuencias, rutas, precios, tamaño de sus vehículos y paradas. Y como se eliminan las clasificaciones vigentes –transporte público de pasajeros, servicios ejecutivos, de transporte para el turismo–, simplemente con una combi y una inscripción al monotributo, ya se puede competir por el mismo mercado de media y larga distancia con grandes jugadores como Chevallier, Plusmar, Flecha Bus o incluso Tienda León.

Otros cambios sustanciales incluyen la posibilidad de que estos nuevos operadores accedan a espacios anteriormente restringidos, como los puertos y aeropuertos, y los exime de tener que pasar obligatoriamente por las terminales asignadas en cada localidad (como la de Retiro).

Con respecto a la seguridad, el Decreto no especifica las condiciones mínimas que deben cumplir los vehículos y conductores, sino que deja este tema supeditado a las determinaciones que tome la Autoridad de Aplicación, es decir, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Al respecto, el ministro consignó en su extenso tuit que “los requisitos de seguridad de los vehículos no se modifican: los vehículos deberán estar en condiciones y sus operadores verificar los seguros exigidos”.

Cambio total en las reglas del juego

Un dato ineludible es que la normativa vigente ya estaba desactualizada –data de 1992– y requería una adecuación a los cambios del mercado y los avances tecnológicos más recientes, como la economía de plataformas. Pero como suele suceder con la mayoría de las medidas del Gobierno, el cambio no fue progresivo (ni demasiado consensuado, al parecer), e implica un giro de 180 grados en las condiciones para el sector. “Nosotros como sector no pedíamos la desregulación; sí pedíamos actualización y cambio de normas en el marco regulatorio porque algunas normas sí habían quedado muy antiguas”, expresó en una entrevista radial Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI). “El Gobierno entiende que esto va a generar la incorporación nuevos operadores y que acompañado de las empresas actuales, va a crecer la oferta. Habrá que determinar si esto efectivamente termina siendo así”.

Más allá de las dudas de la CELADI, es altamente probable que esta flexibilización incremente la oferta: se sumarán nuevos jugadores y eso supone una mayor competencia –en teoría– en beneficio del usuario. Sí existe un riesgo de que los servicios se concentren en las zonas más demandadas y rentables, con una potencial baja de los precios, pero con un efecto opuesto en los demás destinos, incluso con riesgo de desconexión para algunos de ellos. En una entrevista radial, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, desestimó esta posibilidad: “La mayor oferta garantizará conexión con todos los destinos. Los que sostienen lo contrario son los que en algún punto detentan algún grado de monopolio o privilegio sobre esas rutas”.

Desregulación en dos versiones

Para tomar como referencia, la mayoría de los países “desarrollados” –por caso Estados Unidos, Alemania y Francia– han ido desregulando progresivamente este tipo de servicios. En estos últimos dos países, la flexibilización redundó en un sustancial beneficio de los usuarios, que encontraron una opción para recorrer medias y largas distancia mucho más accesible que el excelente (pero comparativamente más caro) servicio ferroviario. Pero aún a pesar de la desregulación, se fue dando naturalmente una concentración en pocas empresas –como la francesa BlaBlaBus o la alemana Flixbus– con una posición muy dominante en el mercado. De todas maneras, la competencia del tren siempre marca un techo en cuanto a la posibilidad de las empresas concentradas para subir excesivamente los precios. En Estados Unidos esa función “reguladora” la cumplen los automóviles particulares, que son extremadamente accesibles, al igual que el combustible.

En cualquier caso, más allá de la flexibilización para operar y los precios, las normativas europeas (sobre todo) y las estadounidense son extremadamente estrictas en cuanto a condiciones de seguridad y calidad del servicio desregulado.

La contracara de esos modelos –y mucho más cerca– es Perú. Prácticamente sin servicio ferroviario y con un acceso al automóvil particular mucho más limitado, el “transporte público automotor” en el país andino es la forma más habitual de trasladarse. Pero una regulación laxa y muy pocos controles estatales hacen que el sistema formal conviva con un (mayoritario) sector informal, que provoca en promedio un servicio de pobre calidad y –sobre todo– la tasa de siniestralidad más alta de Sudamérica para el transporte en carretera. Cualquiera que haya tenido la posibilidad de probar el transporte público peruano puede acreditar que es una experiencia bastante más “estresante” que la nuestra.

La perspectiva para los usuarios

Por supuesto que en la narrativa del Gobierno, todos estos cambios que apuntan a la desregulación de cada área de vida social –sin distinguir entre servicios públicos esenciales o meros negocios– se presentan como una garantía de mejora en la calidad de vida, e incluso como la panacea para resolver el “atraso y la decadencia” que vive la Argentina desde hace [complete aquí el número que prefiera] años.

Pero lo cierto es que los resultados de la aplicación de este tipo de políticas, en un país como la Argentina, son cuanto menos dudosos. Desde el punto de vista de los precios, no siempre se cumple la premisa de que una mejora en la oferta redunde en beneficios para los usuarios, como en el caso de la desregulación de los alquileres. Por otra parte, siempre se corre el riesgo de que, ante la flexibilización, el sistema de transporte automotor termine aún mucho más concentrado que actualmente, sin un servicio ferroviario competitivo que actúe como “regulador de precios”.

Pero aún si la “liberación de las fuerzas del mercado” cumpliera su promesa de hacer el servicio más accesible, lo más preocupante sigue pasando por el lado de las condiciones de seguridad. En países como Alemania –nuestro inexorable horizonte en los próximos 20 o 30 años, según el Presidente Milei–, por más que ciertos sectores estén desregulados, la eficiencia del sistema recae en la fortaleza del Estado para oficiar de controlador, y también en la confianza que la sociedad deposita en él. Por el contrario, hoy en Argentina tenemos un Gobierno que explícitamente manifiesta una voluntad para desmantelar completamente el Estado, caracterizándolo como la suma de todos los males para la sociedad. Pero más allá de estos exabruptos declarativos, lo inquietante es que se traduzcan en los hechos con un debilitamiento y desfinanciación de las agencias y organismos de control y certificación, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en este caso. Lo mismo puede decirse de la (des)inversión en infraestructura vial, un elemento fundamental para garantizar la seguridad del sistema de transporte automotor.

En definitiva, sin una burocracia estatal robusta y eficiente, y mucha inversión en infraestructura vial, aumentan las probabilidades de que una desregulación tan abrupta nos conduzca a un modelo más similar al peruano, por sobre las de avanzar a un sistema como el alemán. Y en materia de transporte público no es un tema para tomarse a la ligera, porque siempre hay vidas en juego.

El Gobierno anuncia la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia

elDiarioAR — Sun, 06 Oct 2024 20:29:41 +0000

La nueva norma se publicará mañana en el Boletín Oficial.

El Gobierno Nacional publicará mañana en el Boletín Oficial el decreto por el cual se desregulan los servicios del Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia, informaron fuentes oficiales.

La medida generará novedades para el sector, como la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros, el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas.

Impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la nueva norma reemplaza a la actual, que tiene más de 30 años de antigüedad.

El objetivo de la desregulación, según el Gobierno es “lograr la liberalización y modernización del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual”.

En esta línea, se crea el Registro Nacional del Transporte de pasajeros, de acceso público, gratuido y online- Las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente. Sí deberán registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de 5 días post inscripción, aplicando de esta forma la nueva metodología de “Silencio Positivo” ya implementada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

De este modo, llegado el momento de vencimiento del plazo administrativo de un trámite se concede y autoriza para agilizar el procedimiento.

En todos los trámites se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente.

A partir de esta norma se podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, e incluso los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva, lo que, para el Gobierno, generará una mayor oferta de servicios y competencia de precios.

A su vez, tendrán que informar la capacidad de transporte, detallando cantidad y tipo de vehículo, cantidad de asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar y la información relativa a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje.

En este punto, no se podrán ofrecer al público servicios que no se encuentren informados en el Registro Nacional del Transporte de pasajeros.

La autoridad de aplicación de esta medida será la Secretaría de Transporte de la Nación del Ministerio de Economía y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.

DM con información de agencia NA

El Gobierno avanza en la desregulación del transporte de larga distancia: cambios en tarifas, rutas y seguridad

Karina Niebla — Tue, 10 Sep 2024 20:44:29 +0000

Un nuevo decreto impulsado por el ministro Sturzenegger podría abrir la operación a cualquier transporte de más de ocho butacas, eliminaría límites de velocidad para ómnibus y modificaría las condiciones tarifarias. Preocupación entre empresarios y usuarios por los posibles efectos en seguridad vial y conectividad.

El Gobierno se prepara para desregular fuertemente el transporte de larga distancia. Lo confirmó este martes desde el propio Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación, donde se trabaja en un borrador de decreto sobre el tema.

Como parte de la desregulación comercial dispuesta por decreto a fin de año, el ministro Federico Sturzenegger elabora un decreto para el transporte de larga distancia que tendría amplio alcance. Cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio, según consta en el borrador, que difundió el diario Ámbito. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son inferiores a los de vehículos livianos.

Es que con el decreto directamente se buscaría eliminar el concepto de transporte de larga distancia como servicio público. Esto dejaría un tendal de consecuencias para empresarios y especialmente para pasajeros, tanto a nivel tarifario como en rutas disponibles e incluso en seguridad vial.

Por un lado, se habilitaría una práctica que había sido casi desterrada décadas atrás: que los vehículos inicien el viaje y levanten pasajeros en cualquier parte. Por el otro, se eliminaría la velocidad máxima para ómnibus, que está fijada en 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas según la Ley Nacional de Tránsito.

Ni siquiera los empresarios están de acuerdo con este cambio de velocidades máximas, no sólo por el gasto en combustible que implica sino sobre todo por la multiplicación de riesgos. En la Argentina mueren 12 personas por día en siniestros viales, según cifras de la Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la misma área, la conducción de vehículos a velocidades excesivas tiene “una influencia directa en la gravedad de las lesiones y probabilidad de muerte de las personas involucradas en ellos”.

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio de larga distancia o un vuelo.

Se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. De reglamentarse el decreto tal como fue difundido en su versión borrador, esa cantidad de destinos podría reducirse considerablemente.

Por ejemplo, el denominado servicio “lechero” que se detiene en cada pueblo no representa un buen negocio para la empresa, pero esta debe brindarlo igual porque hay gente que lo necesita y porque el transporte cumple un rol social. Lo mismo ocurre con las rutas fuera de temporada, o a localidades con menor demanda. ¿Qué pasará con ellas? ¿Cómo se conectarán los poblados más chicos? ¿Qué precio deberá pagar quien sí o sí deba viajar, por trabajo, urgencia de salud o cuidado de un familiar?

Incluso hay consecuencias particulares cuya resolución no queda clara. ¿Qué ocurre si el vehículo se rompe en la ruta y hay que reemplazarlo por otra unidad? ¿Y qué harían los pasajeros si quien opera el servicio no tiene otro micro de reserva, ya que no está obligado a contar con él? Tampoco se sabe qué ocurriría con las personas con discapacidad si el transporte de larga distancia deja de ser un servicio público.

Pero lo que queda menos claro de todo es cuál es el objetivo de tamaña desregulación, ya que el servicio de transporte de larga distancia no está subsidiado, por lo que su operación no genera costos para el Estado.

Todo se enmarca en una caída de la actividad del 30% con respecto a 2019, con la inflación y la recesión como los principales culpables, según distintas cámaras empresariales. Esto llevó a las empresas a ajustar su oferta. De hecho, de acuerdo con las mismas fuentes, un 25% de sus empleados están suspendidos por “falta o disminución de trabajo” vía artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La reacción de los empresarios

En la Secretaría de Transporte reina el silencio. También en intendencias y gobernaciones. Fuentes del sector sostienen que hay miedo a oponerse a esta nueva regulación tanto entre funcionarios como entre cuadros técnicos. Y asociaciones civiles que luchan contra la inseguridad vial como ACTIVVAS y Madres del Dolor aún no pudieron acceder al borrador, aunque lo solicitaron.

Las empresas de larga distancia aún están definiendo qué comunicarán oficialmente. Mientras tanto, adelantan su posición en diálogo con elDiarioAR. Una de las organizaciones que las agrupan es la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), cuyos miembros pidieron audiencia con Sturzenegger, por ahora sin éxito.

Para Marcelo Gonzalvez, gerente de la asociación, “la apertura tiene que ser gradual, para que los nuevos ingresantes empiecen a probar servicios en baja escala, vayan creciendo en el sistema y puedan demostrar que prestan bien los servicios”.

Esa asociación presentó en diciembre tres propuestas de cambio de normativa, una de ellas para permitir que los operadores existentes pudieran ofrecer un nuevo servicio de tráfico libre en cualquier ruta, en el marco de una apertura gradual.

“Pensábamos que la desburocratización iba a apuntar a achicar el peso del Estado en los controles que habían ido creciendo de forma innecesaria. No sabemos cómo va a terminar el proyecto, pero la versión en off que tenemos es de una velocidad de cambio muy abrupta –advierte Gonzalvez–. A veces se produce un efecto que se llama overshooting, una sobreoferta que termina afectando el mercado”.

Desde otras cámaras destacan que, si cualquier persona puede ofrecer servicios de transporte, aumentaría la competencia en algunas rutas rentables, pero quedarían desatendidas otras no tan lucrativas. Y muestran preocupación por los efectos del posible decreto en la seguridad vial, así como por la posibilidad de competencia desleal.

La ley actual

Hasta el momento, la actividad está regulada por el decreto 958/92, modificado y complementado, entre otros, por el 808/95 y el DNU 2407/02. El reglamento establecía un sistema de transporte federal dual, en el que convivían dos sistemas: uno regulado y compuesto por servicios de transporte público, y otro con menos regulaciones conformado por servicios de tráfico libre y ejecutivos (a demanda).

Ambos sistemas convivieron poco tiempo, ya que la competencia entre ellos generó fuertes desequilibrios. Los servicios de tráfico libre podían operar en las mismas trazas que los públicos. Por eso, en 1998 se suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de tráficos libres y ejecutivos, a fin de no sumar competencia que fuera en desmedro de los públicos. Fue con la Resolución 307 de la Secretaría de Transporte, que fue prorrogándose hasta ahora.

Entre las tantas diferencias entre la regulación de 1992 y la propuesta actual, la principal es que la primera permitió la entrada de nuevos actores sin eliminar el servicio público, mientras que con el decreto en elaboración el sistema público desaparecería y todo el transporte de larga distancia operaría como tráfico libre.

KN/JJD

El Gobierno dio detalles sobre cómo hacer el trámite online para cambiar de obra social o prepaga

elDiarioAR — Tue, 27 Aug 2024 13:35:56 +0000

"El DNU 70/23 eliminó las restricciones para elegir tu proveedor de salud, que ahora incluye a las prepagas y a las obras sociales que eligieron sumarse al sistema. ¡Y no necesitas intermediario! El cambio tarda un minuto", escribió Federico Sturzenegger en redes sociales.

En sintonía con sus posteos de los últimos días, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió las claves para poder hacer el cambio de obra social o de empresa de medicina prepaga a través de la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud.

“El DNU 70/23 eliminó las restricciones para elegir tu proveedor de salud, que ahora incluye a las prepagas y a las obras sociales que eligieron sumarse al sistema (unas 30 desde diciembre). ¡Y no necesitas intermediario! El cambio tarda un minuto”, escribió el funcionario en la red social X y llamó a los lectores a ver los detalles para realizar el trámite.

De acuerdo a la información suministrada desde el ministerio de Salud, “mediante este trámite, los beneficiarios titulares pueden realizar opciones de cambio entre las entidades comprendidas en la Ley Nº 23.660 que han cumplido con el requisito de inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), según lo establece la Resolución 232/2024 - SSSALUD”.

“Los beneficiarios titulares deben realizar la opción de cambio en forma online, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución Nº 1216/2020 - SSSALUD”, agrega el comunicado, al tiempo que aclara que la opción de cambio “puede ejercerse sólo una vez al año (cada 365 días). Los beneficiarios que realicen la opción de cambio deberán permanecer en la Obra Social o Prepaga elegida como mínimo un (1) año, vencido ese plazo, pueden efectuar una nueva opción”.

“Todas las opciones tendrán vigencia a partir del primer día del mes siguiente de haber realizado y confirmado el trámite. Los beneficiarios que deseen ejercer una opción de cambio sólo pueden hacerlo de forma online desde nuestra web, de manera segura, sin intermediarios y sin necesidad de asistir personalmente”, añade la información.

Quiénes no podrán realizar la opción de cambio

Las personas que hayan extinguido su relación laboral.
Los trabajadores cuya retribución mensual sea inferior a dos bases mínimas jubilatorias.
Las trabajadoras que se encuentren en licencia por maternidad y/o en situación de excedencia.
Los Jubilados y/o Pensionados (en este caso se gestiona ante ANSES)
El Personal de Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Servicio Penitenciario, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de Obras Sociales Provinciales o cualquier persona que pertenezca a entidades que no estén inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS).

¿A quién está dirigido?

A las personas que deseen cambiar su Obra Social o Prepaga y que pertenezcan a los siguientes tipos de beneficiarios:

Trabajadores en relación de dependencia bajo convenio.
Trabajadores en relación de dependencia fuera de convenio titulares de Obras Sociales de Dirección.
Personal del Régimen Especial de Servicio Doméstico.
Monotributistas, en todas sus categorías.

¿Qué necesito?

Poseer Clave fiscal Nivel 3. Ingresá en AFIP para obtener su clave.

Tus datos personales (Nombre y apellido, DNI, CUIL/CUIT, Domicilio, correo electrónico, etc.)

Conocer cuál es tu Obra Social o Prepaga elegida. Consultá las Entidades que se encuentran inscriptas en RNAS.

¿Cómo hago?

Iniciá el trámite con tu usuario de AFIP y Clave fiscal nivel 3. Si es la primera vez que ingresas te pedimos que sigas los primeros pasos del Instructivo de Opción de Cambio.
Entrá en Opción de cambio, luego seleccioná Nueva Opción y completá el Formulario con tus datos personales.
Luego hacé clic en el botón de Elección de Obra Social/Prepaga y seleccioná la que elegiste.
Confirmá el trámite haciendo clic en el botón Aceptar. Tu número de trámite aparecerá en el recuadro verde superior.
Ratificá los datos ingresados y presioná el botón Confirmar. Automáticamente se te enviará un mail a tu casilla de correo.
Ingresá en el enlace Confirmar trámite que aparece en el mail de confirmación para finalizar la solicitud. Tenés 48 hs para confirmar tu trámite para que tu opción de cambio sea considerada, en caso de no hacerlo la misma será desestimada.
En la pantalla emergente y el mail de ratificación que se te enviará automáticamente, vas a tener el número de trámite y la fecha a partir de cuándo tu opción tendrá vigencia.
Recordá que una vez confirmada la opción debés contactarte con la obra social o prepaga elegida para afiliarte, esto te permitirá acceder a las prestaciones que correspondan, cuando comience la vigencia de la cobertura médico-asistencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Instructivo

Cambio de Obra Social o de ...

¡Viva Starlink, carajo!

Gonzalo Berra — Tue, 20 Aug 2024 14:28:09 +0000

En su defensa acérrima de la empresa de Elon Musk, el Gobierno desconoce la historia de la Argentina en materia satelital. Lejos de la competencia perfecta, su impulso directo a un oferente particular tiende a configurar un capitalismo de amigos o entenados.

Hace unos días circuló en TikTok un video con declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado en la reunión del Council de las Américas donde mencionó, una vez más, a la empresa del empresario sudafricano.

Federico Sturzenegger dijo, textual: “Starlink Argentina no podía proveer Internet satelital porque había un papelito que le prohibía proveerlo. Ese papelito decía que no se podía ofrecer servicios satelitales de internet si EE.UU. no generaba una reciprocidad en el acceso de nuestros satélites, que creo que no tenemos para el territorio americano”.

Hace 64 años que Argentina cuenta con una cobertura masiva de satélites.

En los 70 la transmisión de eventos deportivos en otros países –las peleas de box de Nicolino Loche, las carreras del Lole Reuteman, los partidos de fútbol– se transmitían utilizando la legendaria “Estación Terrena de Balcarce”, que utilizaba una tecnología heredera de la transmisión de la llegada del hombre a luna.

El mundo era bipolar. Nuestro país no fue siempre democrático, pero siempre fue capitalista. Aunque pasamos el 60% del tiempo transcurrido entre 1930 y 1983 en dictaduras o gobiernos ilegítimos, Argentina siempre fue parte de occidente.

Esa pertenencia llevó a que nuestro país formara parte del consorcio International Telecommunications Satellite Organization (Intelsat), una organización intergubernamental del mundo libre fundada el 20 de agosto de 1964 que perduró hasta el 2001. Intelsat prestaba servicios de retransmisión internacional, de imágenes, voz y sonido cuando Internet aún no existía.

En 1989, hace 35 años, el comunismo desapareció y el mundo dejó de ser bipolar. Cayó el muro de Berlín, el símbolo que separaba las democracias de occidente de las dictaduras del proletariado. La inmensa mayoría del mundo adoptó al capitalismo (en alguna de sus formas) para organizar la economía y la democracia como forma política para ordenar la vida de los ciudadanos.

Hace 27 años hay cobertura de telecomunicaciones satelitales (Incluido Internet) en todo el territorio nacional de modo homogéneo, con la misma calidad.

El mercado satelital global se desreguló en los 90 como tantos otros mercados e Intelsat se privatizó. En ese contexto se creó en nuestro país Nahuelsat S.A. una empresa de capitales privados creada en para operar satélites artificiales de comunicaciones geostacionarios en el espacio.

El primero (y único) fue Nahuel 1A, que a partir de 1997 se ubicaba en la posición orbital de 72 grados oeste. Argentina, que hasta entonces había utilizado en sus telecomunicaciones la capacidad remanente de satélites diseñados para otros territorios, tuvo a disposición por primera vez en su historia un satélite desarrollado específicamente para cubrir todo el mapa argentino con una calidad homogénea.

Hace nueve años que también exportamos capacidad para Internet Satelital.

En 2006 el Estado Argentino transfirió a ARSAT los activos de Nahuelsat. Su primer satélite geoestacionario (ARSAT-1), construido con recursos argentinos, fue lanzado en 2014. En 2015 fue lanzado el segundo satélite geoestacionario argentino (ARSAT-2) que, a diferencia del 1, no fue diseñado específicamente para el territorio argentino sino para vender telecomunicaciones satelitales en el continente americano. Argentina exporta y exportó capacidad satelital distintos países, entre ellos Estados Unidos. Eso sucedía y sucedió porque un papelito establecía la reciprocidad satelital entre países, es decir, si yo te autorizo a vender capacidad de un satélite de tu país en mi país, espero que vos hagas lo mismo. La razón por la cual Starlink no brindaba servicios en el país no era el papelito sino que era de naturaleza operativa: la cantidad de satélites de su constelación no eran suficientes para dar servicio todo el tiempo en toda la argentina. Asimismo no habían establecido la coordinación de frecuencias de transmisión con el resto de sistema espacial argentino, algo necesario para que no haya interferencias y que funcione todo. Esto se terminó durante el gobierno previo. Es decir, no había Starlink porque la empresa no estaba lista aún para lanzarse.

El New Space

Hace unos años, el mercado del espacio vive una nueva etapa de expansión, producto de la baja de costos de producción de los satélites, la estandarización, la mayor capacidad de procesamiento y la incubación de las agencias espaciales gubernamentales a startups del sector. Por ejemplo, se estima que la NASA ha dado contratos solo a SpaceX (la empresa madre de Starlink) por un valor de US$8.000 millones entre 2005 y 2014.

Pero no fue la única.

NASA tiene contratos con varias empresas espaciales además de SpaceX. Algunas de las más destacadas incluyen Boeing para desarrollar la nave CST Starliner, Sierra Nevada Corporation para desarrollar la nave Dream Chaser, Blue Origin, Northrop Grumman, Lockheed Martin, etc.

Toda esta movilización de ideas y recursos dio origen a nuevas tecnologías que nos asombran día a día. Satellogic fue un ejemplo de este modelo, incubada en Invap, llegó a cotizar en el Nasdaq.

Sus satélites no son geoestacionarios. No se encuentran a 35.786 kilómetros de la superficie terrestre sobre el ecuador ni giran de modo sincrónico a la tierra de modo tal que vistos desde acá están fijos en el cielo.

Son equipos que orbitan la Tierra a altitudes relativamente bajas, generalmente entre 160 y 2.000 kilómetros. En lugar de depender de pocos satélites en órbitas altas, una constelación LEO utiliza numerosos satélites para proporcionar una cobertura para proveer comunicaciones o, como en el caso de Satellogic, imágenes de la tierra.

Un ejemplo conocido de esta tecnología es la red de Musk, que cuenta con miles de satélites para ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia. Pero existen más oferentes de estos mismo servicios. Ya operan en Argentina OneWeb, O3B, próximamente lo hará Amazon (Kuiper) y existen otras constelaciones en desarrollo en el mundo.

Ne laissez pas faire, ne laissez pas passer

Imaginemos un gobierno cuyos funcionarios hacen reiteradas referencias públicas a un proveedor de cualquier producto, uno entre muchos de un mercado determinado. Agreguemos que el presidente de ese país imaginario mantiene una conversación con el dueño de la empresa que ofrece ese producto, un multimillonario con mucho interés en la política, en la que discuten temas generales sobre el plan de su gobierno. Pensemos que esa conversación genera expectativas sobre la expansión de ese proveedor en el país y que el gobierno confirma tal expansión como una prioridad para su administración. Finalmente agreguemos que un funcionario público de alto rango, un ministro, anuncia las ofertas comerciales B2C (empresa a consumidor) y B2B (empresa a empresa) de esa compañía para el año próximo.

Siendo esa empresa un jugador más de un mercado en competencia, donde distintos oferentes compiten por precio, calidad, tecnología, cobertura, valor agregado, resulta insólito que el Estado intervenga a favor de uno de los competidores reforzando su política comercial. No deberíamos preguntarnos cuánto gasta el Estado, sino cuánto debería cobrar por formar parte del plan marketing de un actor privado.

Lejos de la competencia perfecta, donde muchos oferentes y muchos demandantes confluyen en un equilibrio óptimo para el sistema, esta forma de actuar tiende a configurar un capitalismo de amigos o entenados. Ojo, estamos imaginando, aclaro, para no generar suspicacias. No se trata de Rusia, China o Bielorrusia. Ellos son comunistas.

GB/DTC

Por la desregulación de la yerba el productor cobra 43% menos, pero el paquete cuesta 14% más

Alejandro Rebossio — Mon, 19 Aug 2024 09:39:58 +0000

Hasta marzo pasado había un precio de la hoja fijado por el gobierno. Desde abril, la administración de Milei dejó de meterse en el asunto y salieron beneficiadas las grandes industrias que les compran a los yerbateros, que este viernes protestaron en Plaza de Mayo. El precio final no aumentó tanto como la inflación, pero igual subió pese a la caída del consumo.

El presidente Javier Milei comenzó su gobierno con un mega DNU, que fue vetado por el Senado pero sigue vigente porque la Cámara de Diputados nunca lo trató. Ese decreto de necesidad y urgencia liberalizó diversos sectores de la economía, como la yerba mate. Aunque la Justicia frenó desde la flexibilización laboral hasta la desregulación de la bebida más popular de la Argentina, el Gobierno desistió desde abril en seguir fijando el precio de la hoja de yerba que aseguraba a los productores, centrados en Misiones y Corrientes, un valor mínimo que debían pagarles las industrias.

Se supone que la liberalización abarata y así fue: desde entonces el yerbatero cobra 43% menos. El problema es que el consumidor ni se percató: pese a la caída del consumo por el encarecimiento del producto, el paquete siguió subiendo desde abril un 14% más. Son datos relevados por un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Al menos, los industriales podrán aducir que remarcaron menos que el 23% de inflación acumulada desde abril hasta julio.

No por nada el viernes llegaron a la Plaza de Mayo un grupo de yerbateros de Misiones con un tractor y unas hojas. Quisieron subir a la plaza, pero la Policía de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri y sus funcionarios Waldo Wolff y Diego Kravetz, amenazó con detenerlos. Querían visibilizar el hecho de que cobran casi la mitad que a fin de año, cuando el líder libertario firmó el mega DNU, pese a que, como todos los consumidores saben, necesitan cada vez más pesos para tomar un mate.

El anterior gobierno había dispuesto los valores de la hoja desde octubre pasado hasta marzo próximo, cuando llegó a $370 por kilo. A partir de entonces bajó a $210, según el relevamiento del CEPA entre los yerbateros. En cambio, el paquete de un kilo listo para tomar subió de $3.960 a $4.512, un 14%, según otro sondeo del CEPA en los comercios. O sean, pierden muchos productores y muchos más los consumidores, mientras gana una industria concentrada.

“Los datos recientes del sector (2022) resultan ilustrativos para analizar la morfología del mercado yerbatero, a saber: 1. la producción primaria se encuentra atomizada, con 12.000 pequeños productores. 2. La cuenca de producción cuenta con 228 establecimientos que operan como secaderos registrados a nivel nacional y 105 industrias molineras y fraccionadoras. 3. Los diez primeros del ranking de producción industrial acumulan 72,7% del mercado. Y los tres primeros (Las Marías, Liebig, Santa Ana) explican el 41%, a través de media docena de marcas y presentaciones de las más diversas”, resume el CEPA.

Entre las marcas de Las Marías figuran Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita. Su dueña es la familia correntina Navajas. La Cooperativa Colonia Liebig produce Playadito. Santa Ana tiene la marca CBSé y pertenece a la familia cordobesa Orquera. Molinos, de los Perez Companc, cuenta con Cruz Malta y Nobleza Gaucha; La Cachuera, de la familia misionera Szychowski, elabora Amanda; y Hreñuk, de los propietarios homónimos de Misiones, posee Rosamonte.

Así como en marzo, el productor percibía el 9,3% del precio del producto final, en julio pasó a recibir el 4,6%. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), al que el mega DNU quita peso “no sólo permitía a los productores ser parte de la discusión del precio, para no salir perjudicados, sino que establecía cantidades de hectáreas para poder plantar permitiendo a los pequeños su participación”, cuenta el CEPA, que integran Hernán Letcher, la diputada Julia Strada, Alejandro Fernández Scarano, Juan Cruz Lucero, Francisco Nercesián y Germán Muiño. “La desregulación del precio planteada en el DNU 70 implica que las industrias procesadoras de yerba mate puedan decidir arbitrariamente el precio de pago al productor sin ninguna referencia de precios que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha.”

“Esta cuestión se agrava por la decisión del gobierno de reducir impuestos por 120 días a las importaciones de productos de primera necesidad incluidas las materias primas y la primera elaboración de yerba mate”, añade el CEPA.

“De acuerdo a los datos publicados por el Indec, las importaciones de yerba mate canchada (sometida a una primera molienda gruesa) y yerba mate excluida simplemente canchada (molida, lista para empaquetar) proveniente de Paraguay y Brasil en los primeros seis meses de año alcanzaron 7,18 millones de kilos, 394% más que el mismo periodo de 2023. ¿Quiénes importaron? El aumento de las importaciones corresponde a las grandes industrias yerbateras de Corrientes y Misiones. Las Marías y La Cachuera explicaron el 70% de lo que ingresó desde Paraguay y Brasil, seguido por la Importadora Sudamericana SRL, una firma radicada en zona norte del Gran Buenos Aires que se dedica a importar marcas de consumo masivo y trae a la Argentina la yerba mate (uruguaya) Canarias, según lo consignado por el medio Plan B de Misiones”, cita el CEPA al portal dirigido por el periodista Martín Boerr.

“El perjuicio a los productores es muy claro: Ingresan la materia prima a un costo promedio de US$1,20 el kilo que, al valor oficial más el impuesto País da unos $1.333; en cambio, la yerba canchada que se compra en secaderos se paga a $1.800, por lo tanto, en este momento los industriales reponen stock a precios bajos y le pagan menos al productor local por la canchada o la hoja verde, además de estirar los plazos de pago, generándoles un fuerte perjuicio”, continúa el informe. “El 65% de las importaciones de yerba canchada y molida proviene de Brasil, que suele tener menos estacionamiento y, por ende, menor calidad. Hay una causa judicial al respecto.

Además de que se cobra menos por la hoja, se vende en cantidades inferiores por la recesión. “Tal como se observa en otros mercados, el consumo interno, producto de la sensible caída del poder adquisitivo, cayó 15 puntos interanual en el primer semestre del año. Los datos estadísticos registrados por el INYM revelan que durante junio de 2024 el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó 19,9 toneladas, 15% menos que en junio de 2023, el valor más bajo de los últimos seis años”, alertó el CEPA. Pese al menor consumo, los industriales siguen remarcando: sólo rebajaron 0,9% en junio, pero en julio volvieron a aumentar, el 1,1%.

No es la primera vez que se desregula el precio de la hoja. Ya ocurrió en el gobierno de Carlos Menem en los años 90. ¿El resultado de aquella experiencia, revertida en 2001? “En el caso de la yerba canchada, el valor se ubicaba en $930 pesos/dólares en 1990, lo que equivalía a 1 dólar el kilo y se desploma a $349 pesos/dólares en 2001, equivaliendo a sólo US$0,35 el kilo de yerba. La hoja verde también sufrió una caída en su valor por tonelada, desde $202 pesos/dólares en 1990, a $42 pesos/dólares en 2001. En paralelo, el precio en góndola de la yerba se mantuvo estable en toda la década. La desregulación sectorial en la década de los 90 significó un claro perjuicio a los productores yerbateros”, concluye el CEPA. ¿Y ahora?

AR/DTC

El Gobierno reglamentó la parte de la ley Bases de reforma del Estado: privatizaciones y empleo público

elDiarioAR — Mon, 05 Aug 2024 10:46:42 +0000

La normativa avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público. Uno a uno, los artículos reglamentados.

El Gobierno reglamentó el primer tramo de la Ley Bases para avanzar en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada. Lo hizo a través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial de este lunes.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación Federico Sturzenegger.

La reglamentación avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público.

Los aspectos centrales del decreto tienen que ver con cuatro aspectos: reorganización administrativa, privatizaciones, Silencio administrativo y reglamentación y ajustes.

El cuanto a la reorganización administrativa: se establece que el Poder Ejecutivo puede reorganizar, transformar, liquidar fondos fiduciarios públicos siguiendo la Ley N° 27.742.

Reglamentación del Título I...

Sobre las privatizaciones fija que se deben seguir procedimientos específicos para privatizar empresas estatales, que incluyen la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas.

Según se indicó en el Boletín Oficial, la jefatura de Gabinete de ministros dentro del plazo de 15 días contados a partir de la entrada en vigencia del documento debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742.

El silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el precitado cronograma y para los procedimientos que se inicien con posterioridad a las mismas.

En tanto, las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deberán identificar y mantener actualizado el detalle de los procedimientos administrativos alcanzados por lo establecido en el párrafo anterior, en el ámbito de sus competencias.

Los procedimientos administrativos regulados en normas especiales que contemplen la aplicación del silencio con efecto positivo continuarán rigiéndose por sus respectivas normas y mantendrán plena operatividad.

Además, la jefatura de Gabinete de ministros debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previo informe fundado de las áreas competentes, los supuestos específicos en los que no será de aplicación el silencio con efecto positivo contemplado en el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, previo a su efectiva implementación.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la citada jefatura debe adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales, conforme lo expuesto en el artículo 3°.

Los artículos reglamentados

Reforma del Estado

Con información de agencias.

Los gremios aeronáuticos endurecen su posición y puede haber cancelaciones en el inicio de las vacaciones de invierno

elDiarioAR — Wed, 10 Jul 2024 12:37:38 +0000

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció hoy medidas de “acción directa” para el próximo viernes y advirtió la posible “cancelación de vuelos” en el inicio de las vacaciones, luego de que las empresas del sector decidieron no llevar a cabo reuniones paritarias por recomposición salarial.

Los gremios que nuclean a los pilotos y a los Aeronavegantes respondieron a la decisión del Gobierno nacional de desregular el espacio aéreo y anticiparon que podrán implementar medidas de fuerzas que puede provocar problemas con los servicios en el inicio de las vacaciones de invierno.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció hoy medidas de “acción directa” para el próximo viernes y advirtió la posible “cancelación de vuelos” en el inicio de las vacaciones, luego de que las empresas del sector decidieron no llevar a cabo reuniones paritarias por recomposición salarial.

Por su parte el líder de los Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, explicó que “estamos un 60% abajo de la inflación desde que asumió este gobierno y además ahora se nos suman los descuentos por Ganancias”.

“Por eso ahora ya avisamos a la empresa que esta semana vamos a empezar con asambleas en los sectores de trabajo que van a afectar el servicio”, agregó.

Desde APLA anunciaron mediante un comunicado que “están confirmadas las asambleas el viernes a la mañana en Aeroparque y a la noche en Ezeiza, que posiblemente terminen con cancelación de vuelos”, aseguró el vocero y secretario de prensa de APLA, Juan Pablo Mazzieri.

DEMORAS Y CANCELACIONES POR ASAMBLEAS
Ante el silencio de Aerolíneas Argentinas sobre la recomposición de nuestros haberes, realizaremos ASAMBLEAS INFORMATIVAS el viernes 12/07, a las 06hs., en Aeroparque, y a las 21.30hs., en Ezeiza (Abro hilo)#somosapla #pilotosargentinos pic.twitter.com/WPADu1XZ58
— APLA (@aplapilotos) July 5, 2024

APLA denunció que la empresa canceló la reunión en el marco de las negociaciones paritarias que tenían pautadas ayer con el objetivo de tratar la recomposición salarial.

“Lamentablemente y de manera irresponsable eluden la problemática salarial que enfrentamos, generando un conflicto que tendrá impacto en el inicio de las vacaciones de invierno”, señalaron desde el gremio aeronáutico que conduce Pablo Biró.

De esta manera, el sindicato reclama que se reanuden las negociaciones salariales, al tiempo que crece el descontento por la reinstalación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, ya que el tributo alcanza a gran parte del sector.

Vale recordar que Aerolíneas Argentinas era una de las apuntadas por el presidente Javier Milei para regresar a manos privadas, pero la iniciativa fue retirada de la Ley Bases luego de su paso por la Cámara Alta.

Por otra parte, el Gobierno nacional reformó el funcionamiento del sector aerocomercial al reglamentar las medidas incluidas en el DNU 70 de diciembre de 2023 para impulsar una mayor conectividad en el país, especialmente en ciudades intermedias, y en respuesta gremios aeronáuticos lanzaron un paro para este viernes.

Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 599/2024 donde establece las reglas para las distintas operaciones que involucran.

Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), integrante del Frente Sindical Aeronáutico, señaló que “los abogados de Latam, Delta y American Airlines participaron de la redacción” del decreto de desregulación del mercado aerocomercial, y advirtió que es “salvaje y destructivo”.

“Con la desregulación del Transporte Aéreo van a quedar incomunicadas varias ciudades como sucedió con Marsans”, dijo. “La desregulación del transporte aéreo apunta a la desaparición de Aerolíneas Argentinas”.

A partir de ahora se habilita el ingreso al mercado a nuevos operadores, define el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y optimiza los servicios en los aeropuertos.

Según detalló la Secretaría de Transporte en un comunicado, las reformas también permiten digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas.

También habilita a quienes tengan pequeñas aeronaves a ejercer una industria lícita sin la burocracia actual que les exige los mismos requisitos de una gran línea aérea.

“Esto permitirá que ciudades intermedias del interior del país, que hoy no tienen vuelos directos, accedan a una mayor conectividad”, aseguró la Secretaría.

Por su parte, la reforma del código aeronáutico reglamenta los acuerdos entre empresas en los que deciden cooperar para conectar sus operaciones, compartir horarios de vuelo, rutas, recursos, conexión de vuelos, entre otros puntos.

La Secretaría de Transporte indicó que “se liberan trabas innecesarias, se impulsa la conectividad regional y global del país y las provincias y se consolidan los principios de libre acceso a los mercados, la lealtad comercial, la desregulación tarifaria, el resguardo de la seguridad operacional, entre otros.

“El objetivo final del paquete de reformas es que el país tenga mayor conectividad, más frecuencias y nuevas empresas aéreas. Esto generará un mayor flujo de turismo en las provincias argentinas, con tarifas más competitivas para que más personas puedan volar”, sostuvo la dependencia.

Siempre de acuerdo a la versión oficial “al mismo tiempo se promueven las inversiones necesarias para el sector y para fortalecer la seguridad operacional”.

Transporte señaló que “las normas que rigen el sector aéreo argentino no se renuevan desde hace más de 70 años” y que “para transformar el transporte, el trabajo aéreo y la aviación civil es necesario actualizarlas”.

En consecuencia, adelantó que “están previstos más decretos para la reforma del Código Aeronáutico, la derogación de leyes que provocan monopolios, la implementación de política de cielos abiertos y cambios de funciones de los organismos públicos”.

Todas estas medidas fueron impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que ahora conduce Federico Sturzenegger, en articulación con la Secretaría de Transporte.

De acuerdo al parte oficial para diseñar este conjunto de medidas “trabajaron en conjunto con empresas del sector, universidades, equipos técnicos públicos y privados, incluyendo a más de 80 actores de la industria”.

Por otra parte, indicó que “el Gobierno nacional viene desarrollando una política de liberalización de vuelos mediante acuerdos bilaterales que promueven la apertura de cielos con Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Uruguay; también con Panamá y Canadá, a los que se sumarán más países en los próximos meses”.

Código Aeronáutico

El secretario general de APLA, Pablo Biró, señaló hoy que “este gobierno está rifando absolutamente toda nuestra soberanía” y que la política de Cielos Abiertos que se está implementando “es una desregulación total del sistema aerocomercial que no funciona en ningún lugar del mundo”.

En declaraciones formuladas esta mañana a la radio El Destape, Biró indicó que “si no controlan los aeródromos eso es la apertura a un Estado narco” y remarcó que “se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, hacerte quebrar y después que lo logran los suben”.

En ese sentido recordó que “el avión que llevó a Chapecoense y se cayó por no cargar nafta tenía los papeles al día. Pero transformaron los controles en un sello de goma” e insistió en que “con Cielos Abiertos te dicen que hay reciprocidad pero si no tenés la capacidad esa reciprocidad no existe”.

Puntualizó que “están desregulando todo” y advirtió que “entre los riesgos está la seguridad”. Puso como ejemplo a los Estados Unidos, uno de los países con un movimiento aerocomercial del mundo, donde “no está desregulado el sistema aerocomercial. Cualquier cosa es un trámite engorroso porque se garantizan que sea serio”.

Apuntó que “el negocio aerocomercial ya se transformó en un negocio financiero” y reclamó que “donde hay desregulación le venden el mismo pasaje a 10 personas distintas. Laburan la guita y le cobraron a todos”.

Al respecto afirmó que “las grandes empresas te venden pasajes haciendo dumping, te quiebran y ellos se quedan con el monopolio”, y aclaró que “cuando se quedan con el monopolio después empiezan a extorsionar a las provincias y municipios. Cuando se quedan con los monopolios de las rutas después aprietan. Por ejemplo, le dicen a la Cámara hotelera que si no les pagan levantan la ruta”.

En cuanto a la situación actual de los pilotos, señaló que les “pararon la paritaria” y que están “60 puntos abajo de inflación” y les “restituyeron ganancias”, explico que “los pilotos de Aerolíneas se están yendo, estamos muy por debajo del mercado” y aclaró que hoy sus salarios “están 80 puntos por debajo de la inflación”.

Ratificó que “desde el viernes habrá asambleas que van a demorar vuelos”, pero especificó que “no habrá paro que cancele todos los vuelos pero sí muchos se van a ver demorados salvo que nos hagan una propuesta superadora”.

Posteriormente recordó que “cuando hubo que ir a buscar vacunas lo hicimos con convicción, con el rol social que tiene la línea aérea de bandera. Lo haríamos de nuevo” y advirtió que “esto va a terminar desconectando el país, rompiendo las economías provinciales, y en el medio va a haber accidentes y Sturzenegger no va a ir en cana”.

“Estos extranjeros dudosos que quieren traer no van a ir a buscar vacunas, ni argentinos que estaban en medio de una guerra, ni nada”, manifestó y anticipó que “vamos a judicializar ganancias en sintonía con la CGT, la CATT e individualmente. Pero no queremos hacer una presentación apurados sino que nos salga bien”.

IG/CRM con información de agencias e Infogremiales

Javier Milei ya tiene su ley Bases promulgada en el Boletín Oficial: qué dice el texto final, artículo por artículo

elDiarioAR — Mon, 08 Jul 2024 13:08:13 +0000

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos. Además, se desreguló el funcionamiento del Estado "para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común", se derogaron múltiples artículos de diversas leyes, y se incorporaron flexibilizaciones laborales, facultades delegadas, nuevas reglas para el negocio del tabaco y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).

La Cámara de Diputados aprobó a fines de junio las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei: la postergada Ley de Bases, que demandó seis meses de negociaciones con un estrepitoso intento fallido durante el verano, y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas.

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, pero el Gobierno ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera. Además, se desreguló el funcionamiento del Estado “para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”, y se incorporaron flexibilizaciones laborales, algunas facultades delegadas para reconfigurar el Estado a gusto del Ejecutivo, nuevas reglas para el negocio del tabaco y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).

Así quedaron redactados en el Boletín Oficial este 8 de julio, a través del decreto 592/2024 y a horas de la firma del Pacto de Mayo, los 238 artículos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS

Ley 27742

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS

TÍTULO I

Declaración de emergencia

Artículo 1°- Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente.

El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.

TÍTULO II

Reforma del Estado

CAPÍTULO I

Reorganización administrativa

Artículo 2°- Establécense, como bases de las delegaciones legislativas dispuestas en el presente capítulo las siguientes:

a) Mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común;

b) Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y

c) Asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Artículo 3°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente:

a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y

b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Naval (SHN); el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y aquellos organismos vinculados a la cultura.

En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Artículo 4°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con las empresas y sociedades contempladas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156, además de lo previsto en el artículo 7° de la presente ley:

a) La modificación o transformación de su estructura jurídica; y

b) Su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Artículo 5°- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las siguientes reglas, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable.

En el caso de que, por decisión fundada de la autoridad competente, se resolviera liquidar y disolver un fondo fiduciario público y discontinuar con el programa o finalidad para la cual fue creado:

a) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a ser distribuido de conformidad con el régimen establecido por la ley 23.548 y sus normas complementarias y modificatorias;

b) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional; y

c) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de aportes o recargos obligatorios creados a tal fin, tanto la asignación como los aportes o recargos obligatorios se considerarán eliminados.

Queda excluido de las facultades de este artículo: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley 25.565 y ampliado y modificado por ley 27.637.

Artículo 6°- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1° de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y las instituciones de la seguridad social.

El interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección y actuará: (i) conforme a lo ordenado en el acto de intervención dictado por el Poder Ejecutivo nacional; y (ii) bajo la supervisión y control de tutela del ministro bajo cuya jurisdicción el ente actúa.

En caso de intervención en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del sector público nacional serán designados por el Poder Ejecutivo, según la propuesta del ministro referido en el párrafo anterior, cuando así corresponda.

Deberá realizarse, al inicio y al final de toda intervención, una auditoría de gestión del organismo respectivo.

CAPÍTULO II

Privatización

Artículo 7°- Decláranse “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley.

Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución.

Artículo 8°- Declárase “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

Ésta podrá únicamente: (i) organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Además, deberá requerirse indudablemente el voto afirmativo del Estado nacional para la toma de decisiones que signifiquen:

a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica; y

c) La incorporación de accionistas en la Sociedad que le otorguen el control en los términos del artículo 33 de la ley 19.550, Ley General de Sociedades.

Artículo 9°- Declárase “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Artículo 10.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional a llevar adelante las privatizaciones autorizadas por la presente según los procedimientos y modalidades dispuestos en los capítulos II y III de la ley 23.696, debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por la presente.

Artículo 11.- Cuando en el marco de las autorizaciones de privatización declaradas por la presente ley se produzca la liquidación de empresas en las cuales el Estado nacional posea la totalidad de la participación societaria, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos. La empresa en liquidación deberá respetar las normas de procedimientos para la enajenación de tales bienes;

b) En los casos en que bienes de titularidad de la empresa fueran insuficientes para cubrir los pasivos, se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la enajenación de aquellos que hubieren constituido el patrimonio de afectación de la empresa de que se trate, hasta cubrir las sumas adeudadas;

c) Los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; y

d) La Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a su cargo la administración, desafectación y disposición de los bienes que le fueran transferidos de conformidad con lo previsto por la presente ley y el decreto 1382/2012 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

Artículo 12.- El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión.

La reglamentación establecerá los plazos y modalidades específicas para garantizar la debida publicidad y difusión.

Artículo 13.- La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la ley 23.696, intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley.

A los efectos de cumplir con su cometido, la referida Comisión Bicameral deberá ser informada de:

a) La modalidad y procedimiento seleccionado conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 23.696;

b) Cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo nacional en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 23.696;

c) Las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y

d) Toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización aquí previsto.

La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.

Artículo 14.- La Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de ciento veinte (120) días hábiles. Este examen deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la ley 23.696.

Artículo 15.- Sustitúyase el inciso 2) del artículo 17 de la ley 23.696 por el siguiente:

2) Venta o colocación de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento.

Artículo 16.- Sustitúyase el artículo 18 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 18: Procedimiento de selección. Las modalidades establecidas en el artículo anterior se ejecutarán por alguno de los procedimientos que se señalan a continuación o por combinaciones entre ellos. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del procedimiento de selección será justificada en cada caso, por la autoridad de aplicación, mediante acto administrativo motivado.

1) Licitación Pública, con base o sin ella.

2) Concurso Público, con base o sin ella.

3) Remate Público, con base o sin ella.

4) Venta de acciones en Bolsas y Mercados del país o del extranjero.

La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.

Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 20 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 20: Control. La Sindicatura General de la Nación tendrá intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 17, 18, 19 y 46 de la presente y en todos los otros casos en que esta ley expresamente lo disponga, a efectos de elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa pública en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, debiendo formular las observaciones y sugerencias que estime pertinentes.

El plazo para la emisión del informe será de quince (15) días hábiles a contar desde la recepción de las actuaciones remitidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las observaciones o sugerencias formuladas deberán ser expresamente consideradas por el Poder Ejecutivo nacional y remitidas a la Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley.

Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 22 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 22: Sujetos adquirentes. Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad Participada los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia. No podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, ni el contratado, ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias.

Artículo 19.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 27: La autoridad de aplicación elaborará un coeficiente de participación, el cual deberá ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría, el ingreso total anual del último año, actualizado, prorrateado con este criterio el monto total para esta categoría entre los empleados que decidan participar del proceso. Aquellos que opten por no participar durante el período establecido perderán cualquier derecho de reclamar su participación en el futuro.

Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 35: La Sociedad Anónima privatizada depositará en el banco fideicomisario los importes destinados al pago de las acciones previstos en el Acuerdo General de Transferencia y en los artículos 30 y 31 de esta ley. El banco pagará al Estado vendedor o a la autoridad de aplicación, en su caso, las anualidades correspondientes, por cuenta de cada uno de los adquirentes.

Artículo 21.- Deróganse los incisos 3, 4 y 5 del artículo 16 y los artículos 32 y 33 de la ley 23.696.

Artículo 22.- En todos los procedimientos previstos en los capítulos I y II, las empresas, sociedades u organismos involucrados:

(i) Quedarán exceptuados de cumplir con el régimen dispuesto por la ley 11.867; y

(ii) No les será exigible el monto de capital mínimo indicado en el artículo 186 de la ley 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias.

Artículo 23.- Toda empresa u organismo con participación estatal total o mayoritaria deberá respetar los siguientes principios rectores:

a) Eficiencia: utilizar eficientemente los recursos propios y los que reciba de las partidas presupuestarias;

b) Transparencia: adoptar un rol activo en la publicación vinculada a su desempeño, adoptando las mejores prácticas de transparencia con sus accionistas y con la ciudadanía;

c) Integridad: adoptar y cumplir con las políticas destinadas a prevenir y castigar la corrupción y el fraude, y desarrollar procesos destinados a garantizar la gestión transparente e íntegra de los recursos;

d) Generación de valor: maximizar el impacto de las empresas en la economía, generando valor económico y social a lo largo de toda la cadena del negocio;

e) Roles diferenciados: mantener por parte de los órganos de administración y de gobierno, de la independencia respecto de los funcionarios públicos en su rol de formuladores de políticas públicas y como regulador de la calidad de los servicios prestados por la sociedad;

f) Controles eficientes: diseñar un sistema de auditoría y control que vigilen el cumplimiento de normas y legislación vigente pero que también cuenten con una arquitectura de control destinada a identificar y evaluar riesgos críticos y el impacto de las políticas corporativas.

CAPÍTULO III

Procedimiento administrativo

Artículo 24.- Sustitúyese el artículo 1° de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 1°: Ámbito de aplicación.

a) Las disposiciones de esta ley se aplicarán directamente a:

(i) La Administración Pública nacional centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales;

(ii) Los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, cuando ejerzan actividad materialmente administrativa.

b) También se aplicarán, en forma supletoria los títulos I, II y III a:

(i) Los entes públicos no estatales, a las personas de derecho público no estatales y a personas privadas, cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales;

(ii) Los procedimientos administrativos regidos por leyes especiales que se desarrollen ante los órganos y entes indicados en los sub-incisos (i) y (ii) del inciso a) precedente.

c) La presente ley no se aplicará a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga, directa o indirectamente, participación total o mayoritaria, en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Los entes mencionados en este inciso c), así como el Banco de la Nación Argentina y cualquier otra entidad financiera o bancaria de titularidad del Estado nacional, se regirán en sus relaciones con terceros por el derecho privado. El Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, podrá, a petición del interesado, someter la controversia al ámbito del derecho público siempre que, para la solución del caso, conforme con el derecho en juego, resulte relevante la aplicación de una norma o principio de derecho público.

d) La presente ley será de aplicación a los organismos militares y de defensa y seguridad, salvo en las materias regidas por leyes especiales y en aquellas cuestiones que el Poder Ejecutivo excluya por estar vinculados a la disciplina y al desenvolvimiento técnico y operativo de las respectivas fuerzas, entes u organismos.

Artículo 25.- Incorpórese como artículo 1º bis de la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 1° bis: Son principios fundamentales del procedimiento administrativo, la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la tutela administrativa efectiva, la simplificación administrativa y la buena administración. En función de ello, los procedimientos regidos en esta ley se ajustarán, además, a los siguientes principios y requisitos:

a) Tutela administrativa efectiva: los administrados tienen derecho a una tutela administrativa efectiva, que comprende la posibilidad de:

(i) Derecho a ser oído: de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos o a sus intereses jurídicamente tutelados, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente.

Cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.

Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos.

(ii) Derecho a ofrecer y producir pruebas: de ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la Administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la prueba que deba producirse, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva. Todo ello deberá realizarse bajo el oportuno control de los interesados y sus profesionales, quienes además podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio.

(iii) Derecho a una decisión fundada: que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, entre ellas la prueba producida, en tanto fueren conducentes a la solución del caso.

(iv) Derecho a un plazo razonable: que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

b) Impulsión e instrucción de oficio: la Administración deberá impulsar e instruir de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones.

c) Celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites. Gratuidad: los recursos y los reclamos administrativos deberán tramitar y sustanciarse íntegramente por el órgano de grado que deba resolverlos, excepto en el caso de recursos o reclamos dirigidos al Poder Ejecutivo nacional.

Los trámites administrativos, incluyendo los recursos, reclamos y demás impugnaciones, serán gratuitos, sin perjuicio de la obligación del interesado de sufragar los honorarios que pudieren corresponder a sus letrados y representantes y a los peritos que él proponga.

Tanto la Administración como los administrados deberán obrar con buena fe y lealtad en el trámite de los procedimientos.

d) Eficiencia burocrática: los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por la Administración centralizada o descentralizada, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.

La Administración podrá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes o bases estatales o mediante consulta a las plataformas de intermediación u otros sistemas habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramite el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez (10) días a contar desde la solicitud.

e) Informalismo: excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.

f) Días y horas hábiles: los actos, actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren, por las autoridades que deban dictarlos o producirlas.

g) Los plazos: en cuanto a los plazos:

(i) Serán obligatorios para los interesados y para la Administración.

(ii) Se contarán por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte.

(iii) Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación, en la que deberá hacerse saber al interesado los recursos administrativos que se pueden interponer contra el acto notificado y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos o, en su caso, si el acto agota la instancia administrativa. La omisión total o parcial de estos recaudos determinará automáticamente la invalidez e ineficacia de la notificación.

(iv) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días.

(v) Salvo que se hubiese fijado un plazo menor, en caso de interposición de recursos que deban ser resueltos por un órgano superior del que dictó el acto, el plazo para la elevación del expediente será de cinco (5) días. La omisión del cumplimiento de este plazo se considerará falta grave del funcionario que deba proceder a dicha elevación. Toda elevación de actuaciones será notificada a las partes del procedimiento.

(vi) Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado; en caso contrario, el plazo quedará automáticamente prorrogado hasta dos (2) días después de que se haga efectiva la notificación de lo resuelto respecto de la prórroga.

(vii) Sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo anterior, la solicitud de vista de las actuaciones producirá la suspensión de todos los plazos para presentar descargos, contestar vistas, citaciones, emplazamientos o requerimientos, interponer recursos o reclamos administrativos, o promover acciones o recursos judiciales, salvo los de prescripción, desde el momento en que se presente la solicitud, y se extenderá por todo el plazo fijado para tomar la vista, el cual en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días.

(viii) Cuando las normas no fijen un plazo máximo para resolver, éste será de sesenta (60) días, una vez que esté en condiciones de ser resuelto por el órgano competente.

(ix) En todo caso, se informará a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

h) Interposición de recursos fuera de plazo. Denuncia de ilegitimidad: una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales (las que en ningún caso podrán exceder ciento ochenta (180) días desde la fecha de notificación del acto), se entienda que medió abandono voluntario del derecho.

i) Interrupción de plazos por articulación de recursos administrativos o acciones judiciales: la interposición de reclamos o recursos administrativos interrumpirá el curso de todos los plazos legales y reglamentarios aplicables, inclusive los relativos a la caducidad y prescripción, aunque aquellos hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano incompetente. Los efectos interruptivos permanecerán hasta que adquieran firmeza en sede administrativa, según corresponda: (a) el acto administrativo que ponga fin a la cuestión; (b) el acto administrativo que declare la caducidad del procedimiento administrativo; o (c) el acto administrativo que haga lugar al pedido de desistimiento del procedimiento o del derecho.

Igual efecto producirá la interposición de recursos o acciones judiciales, aunque fueren deducidos ante tribunal incompetente.

j) Pérdida de derecho no ejercido en plazo: la Administración podrá dar por decaído el derecho no ejercido dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según su estado y sin retrotraer etapas siempre que no se tratare del supuesto a que se refiere el apartado siguiente.

k) Caducidad de los procedimientos: transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al interesado debidamente comprobada, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente.

Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la Administración considerare que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas.

Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 4°: El Poder Ejecutivo o el Jefe de Gabinete de Ministros cuando aquél lo disponga, resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los ministros y las que se plantean entre autoridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de diferentes ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos departamentos de Estado.

Artículo 27.- Sustitúyese el artículo 7º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 7°: Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Debe ser dictado por autoridad competente y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia;

b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;

c) El objeto debe ser cierto, física y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos;

d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan las normas especiales, se incluyen en estos últimos (i) el respeto a la tutela administrativa efectiva de quienes pueden verse afectados por el acto de alcance particular en sus derechos o intereses jurídicamente tutelados; y (ii) el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos o intereses jurídicamente tutelados;

e) Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;

f) Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser razonables y proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

Artículo 28.- Sustitúyese el artículo 8º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 8°: El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, ya sea en forma gráfica, electrónica o digital; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.

El acto que carezca de firma no producirá efectos jurídicos de ninguna especie. Lo mismo ocurrirá con el que carezca de forma escrita salvo que las circunstancias permitieren utilizar una forma distinta.

La reglamentación establecerá las distintas modalidades y condiciones a las que se sujetará la utilización de medios electrónicos o digitales para la emisión de actos administrativos.

Artículo 29.- Incorpórase como artículo 8° bis de la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 8° bis: En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad.

Artículo 30.- Sustitúyese el artículo 9º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 9°: La Administración se abstendrá:

a) De llevar a cabo comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de derechos o intereses jurídicamente tutelados;

b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que, en virtud de norma expresa, impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto un recurso administrativo, no hubiere sido notificado;

c) De establecer mecanismos electrónicos, informáticos o de otra naturaleza que, mediante la omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos, tengan por efecto práctico imposibilitar conductas que no estén legalmente proscriptas;

d) De imponer por sí medidas que por su naturaleza exijan la intervención judicial previa, tales como embargos, allanamientos u otras de similares características sobre el domicilio o los bienes de los particulares.

Artículo 31.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 10: El silencio o la ambigüedad de la Administración se regirá de conformidad con las siguientes normas:

a) Cuando se tratare de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo.

Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la Administración.

b) Cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso.

Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.

Las disposiciones previstas en el inciso b) de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente.

Artículo 32.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 11: Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación en el Boletín Oficial. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros.

Los actos de alcance general rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que en ellos se determine.

Artículo 33.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 12: El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial.

La Administración sólo podrá utilizar la fuerza contra la persona o sus bienes, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el orden público, el dominio público o tierras fiscales de propiedad del Estado nacional, incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad o salubridad de la población o, en el caso de las Fuerzas Policiales o de Seguridad, ante la comisión de delitos flagrantes.

Los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta.

Artículo 34.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 14: El acto administrativo es de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos:

a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por:

(i) Error esencial;

(ii) Dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos;

(iii) Violencia física o moral ejercida sobre la autoridad que lo emitió;

(iv) Simulación; o

(v) Un grave defecto en la formación de la voluntad de un órgano colegiado.

b) Cuando:

(i) Fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio o del tiempo.

En el caso de la incompetencia en razón del grado, cuando el acto fuere dictado por una autoridad administrativa distinta de la que debió haberlo emitido dentro del ámbito de una misma esfera de competencias, la nulidad es relativa, salvo que se tratare de competencias excluyentes asignadas por ley a una determinada autoridad en virtud de una idoneidad especial;

(ii) Careciere de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado;

(iii) Su objeto no fuere cierto, física o jurídicamente posible, o conforme a derecho;

(iv) Se hubiere omitido la audiencia previa del interesado cuando ella es requerida o se hubiere incurrido en otra grave violación del procedimiento aplicable; o

(v) Se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder.

La sentencia que declare la nulidad absoluta tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el tribunal disponga lo contrario por razones de equidad, siempre que el interesado a quien el acto beneficiaba no hubiere incurrido en dolo.

Artículo 35.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 15: El acto administrativo es de nulidad relativa, y sólo será anulable en sede judicial, si presenta un defecto o vicio no previsto en el precedente artículo 14. Las irregularidades u omisiones no esenciales no dan lugar a nulidad alguna.

La sentencia que declare la nulidad relativa tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el acto fuere favorable al particular y éste no hubiese incurrido en dolo.

Artículo 36.- Sustitúyese el artículo 17 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 17: El acto administrativo de alcance particular afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa. No obstante, una vez notificado, si hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo o se hubiere cumplido totalmente su objeto, no procederá su revocación, modificación o sustitución en sede administrativa, y sólo se podrá obtener su declaración de nulidad en sede judicial, salvo en el supuesto previsto en el cuarto párrafo de este artículo. La sentencia que anule el acto tendrá el efecto previsto en el artículo 14, último párrafo.

No podrán suspenderse en sede administrativa los efectos de los actos administrativos que se consideren afectados de nulidad absoluta cuando no se admita su revocación en dicha sede.

El acto administrativo regular de alcance particular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, sustituido o suspendido en sede administrativa una vez notificado.

Tanto el acto administrativo regular como irregular podrán ser revocados, modificados, sustituidos o suspendidos de oficio en sede administrativa si la revocación, modificación, sustitución o suspensión del acto favorece al administrado sin causar perjuicio a terceros, si se acreditara dolo del administrado o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.

También podrá ser revocado, sustituido o suspendido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios producidos, de conformidad con la metodología dispuesta por la reglamentación. En esos supuestos, la indemnización comprenderá el lucro cesante debidamente acreditado.

Artículo 37.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 18: Los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petición de parte. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que pudieran haber nacido al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por sus titulares.

Artículo 38.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 19: El acto administrativo afectado por vicios que ocasionen su nulidad relativa puede ser saneado mediante:

a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado;

b) Confirmación, sea por el órgano que dictó el acto, sea por el órgano que debió dictar el acto o haberse pronunciado antes de su emisión, subsanando el vicio que lo afecte.

Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación solamente cuando ello favorezca al particular sin causar perjuicio a terceros.

Artículo 39.- Sustitúyese el nombre de la sección “Revisión” del título III de la ley 19.549 por el nombre de “Prescripción”.

Artículo 40.- Sustitúyese el artículo 22 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 22: El plazo de prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo de alcance particular será de diez (10) años en caso de nulidad absoluta y de dos (2) años en caso de nulidad relativa, desde notificado el acto.

Artículo 41.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 23: El administrado cuyos derechos o sus intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados podrá impugnarlo judicialmente cuando:

a) El acto de alcance particular:

(i) Revista calidad de definitivo;

(ii) Impida totalmente la tramitación de la pretensión interpuesta aun cuando no decida sobre el fondo de la cuestión;

(iii) Se diere el caso de silencio o de ambigüedad contemplado en el artículo 10 o en el inciso d) de este artículo; o

(iv) La Administración violare lo dispuesto en el artículo 9°.

b) En los supuestos de los sub-incisos (i) y (ii) del inciso a) será requisito previo a la impugnación judicial el agotamiento de la vía administrativa salvo que:

(i) La impugnación se basare exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica;

(ii) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumible la ineficacia cierta del procedimiento, transformándolo en un ritualismo inútil;

(iii) Se interpusiere una acción de amparo u otro proceso urgente; o

(iv) Se tratare de actos que fueren dictados en relación con lo que es materia de un proceso judicial, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva y firme. Tales actos serán impugnables directamente en el procedimiento de ejecución de sentencia. En la medida en que ellos contraríen o modifiquen lo dispuesto por la sentencia, no producirán efectos jurídicos de ninguna especie.

c) Se considera que agotan la vía administrativa:

(i) El acto que resuelve un recurso jerárquico;

(ii) Todos los actos dictados por el Poder Ejecutivo nacional, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado;

(iii) Los actos emanados de los órganos superiores de los entes descentralizados, con las exclusiones dispuestas en el artículo 1° de esta ley, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado;

(iv) Los actos administrativos emanados de los órganos con competencia resolutoria final del Congreso de la Nación, del Poder Judicial o del Ministerio Público, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado.

Contra los actos que agotan la vía administrativa será optativa la interposición de los recursos administrativos que pudieren corresponder.

d) El plazo para la interposición de los recursos administrativos susceptibles de agotar la vía administrativa no podrá ser inferior a treinta (30) días contados desde la notificación válida del acto que se impugna.

e) Los actos administrativos dictados durante la ejecución de contratos con el Estado nacional, así como con las demás entidades y órganos incluidos en el inciso a) del artículo 1°, que el contratista haya cuestionado, en forma expresa, dentro de los treinta (30) días de serle notificados, serán impugnables judicialmente hasta cumplidos ciento ochenta (180) días de la extinción del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre prescripción que correspondan. Al efecto no será necesario haber mantenido su impugnación administrativa o promovido la judicial, o la de la denegatoria expresa o tácita de ese cuestionamiento, durante dicha ejecución.

Artículo 42.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 24: El administrado cuyos derechos o intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados por un acto de alcance general podrá impugnarlo judicialmente cuando:

a) El acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente dichos derechos o intereses, y el interesado haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10.

Estarán dispensadas de la obligatoriedad de este reclamo:

(i) Las acciones de amparo u otros procesos urgentes; y

(ii) La impugnación de los decretos del Poder Ejecutivo nacional dictados en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 76, 80 y 99, inciso 3° de la Constitución Nacional.

b) Cuando la Administración le haya dado aplicación al acto de alcance general mediante actos definitivos y contra tales actos se hubiere agotado sin éxito la instancia administrativa.

La falta de impugnación directa de un acto de alcance general, o su eventual desestimación, no impedirán la impugnación de los actos de alcance particular que le den aplicación. Asimismo, la falta de impugnación de los actos de alcance particular que apliquen un acto de alcance general, o su eventual desestimación, tampoco impedirán la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos propios de los actos de alcance particular que se encuentren firmes.

Artículo 43.- Sustitúyese el artículo 25 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 25: La acción judicial de impugnación contra el Estado o sus entes autárquicos prevista en los dos artículos anteriores deberá deducirse dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales, computados de la siguiente manera:

a) Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado;

b) Si se tratare de actos de alcance general contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria;

c) Si se tratare de actos de alcance general impugnados a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa;

d) Si se tratare de hechos administrativos, desde que ellos fueren conocidos por el afectado.

No habrá plazo para impugnar las vías de hecho administrativas sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. La falta de impugnación de actos que adolezcan de nulidades no obstará a su planteo como defensa dentro del plazo de prescripción.

Artículo 44.- Incorpórase como artículo 25 bis a la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 25 bis: Cuando en virtud de norma expresa la impugnación judicial del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores.

En ningún caso el órgano administrativo ante quien se interponga el recurso judicial podrá denegar su procedencia, debiendo limitarse a elevarlo al tribunal competente. Salvo que se hubiese fijado un plazo menor, el plazo para la elevación del expediente será de cinco (5) días. Si no se cumpliere este plazo, el interesado podrá ocurrir directamente ante el tribunal judicial.

En el recurso judicial deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que se intentare valer, cuya pertinencia y admisibilidad será evaluada por el tribunal de conformidad con las pautas previstas en el artículo 364 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cuando el acto administrativo recurrido hubiere impuesto una sanción pecuniaria su cumplimiento no podrá ser exigido como un requisito de admisibilidad del recurso judicial. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas que dispongan lo contrario.

Artículo 45.- Sustitúyese el artículo 26 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 26: La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando se configure el silencio de la Administración.

La acción contra el Estado nacional y las entidades autárquicas por los perjuicios ocasionados por sus actos ilegítimos comenzará a correr, para el actor, a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad.

Artículo 46.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 27: La acción de nulidad promovida por el Estado o sus entes autárquicos no estará sujeta a los plazos previstos en los artículos anteriores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción conforme lo establecido en el artículo 22 precedente.

Artículo 47.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 28: Quien fuere parte en un procedimiento administrativo podrá solicitar judicialmente que se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir éstos, cuando hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir el dictamen, la interpretación aclaratoria o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado.

Presentado el petitorio, el juez, si hubiere vencido el plazo fijado al efecto o si considerare irrazonable la demora, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales informe las causas de la demora aducida y el plazo dentro del cual expedirá la medida solicitada.

Del informe de dicha autoridad se correrá traslado al peticionante por otros cinco (5) días hábiles judiciales.

Contestado el traslado o vencido el plazo antedicho que corresponda, según el caso, sin que la autoridad o el peticionante se hayan pronunciado, el juez aceptará el plazo informado por la autoridad administrativa si lo considera razonable en atención a la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes y a la demora ya incurrida, o, de no haberse informado tal plazo o considerarlo irrazonable, fijará el plazo dentro del cual deberá expedirse la autoridad requerida pudiendo agregar, en todos los casos, el apercibimiento de considerar aprobada la solicitud del peticionante de no respetarse el nuevo plazo aceptado o fijado.

La resolución del juez será apelable sólo en los siguientes casos: (i) cuando no haga lugar al amparo por mora; (ii) cuando acepte el plazo propuesto por la Administración; (iii) cuando fije el plazo para que la Administración se pronuncie. El recurso de apelación se concederá al solo efecto devolutivo.

Artículo 48.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 29: La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable, a los efectos disciplinarios, lo dispuesto por el artículo 17 del decreto-ley 1.285/58, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder por dicha desobediencia.

Artículo 49.- Sustitúyese el artículo 30 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 30: Salvo cuando se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24, el Estado nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad descentralizada.

Artículo 50.- Sustitúyese el artículo 31 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 31: El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado podrá requerir pronto despacho y, si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquél iniciar la demanda, la que podrá ser interpuesta en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo nacional, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente. La denegatoria expresa del reclamo podrá ser recurrida en sede administrativa. La demanda judicial deberá ser interpuesta por el interesado dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales de notificada dicha denegatoria expresa o, en su caso, de notificada la denegatoria expresa del recurso administrativo que hubiera intentado contra aquélla. Esto último, sin perjuicio de la opción que el administrado tiene de recurrir en sede administrativa la denegatoria, conforme lo previsto en el artículo 23, inciso c) final.

Artículo 51.- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 32: El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:

a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;

b) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad contractual o extracontractual o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria; o

c) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil.

CAPÍTULO IV

Empleo público

Artículo 52.- Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 11: El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación.

Los agentes que se encontraren en situación de disponibilidad deberán (i) recibir la capacitación que se les imparta; o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional. Tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía.

La presente norma será de aplicación supletoria al personal alcanzado por el régimen de estabilidad propia en virtud de leyes o estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo.

Artículo 53.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 12 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 12: Para los supuestos previstos en el artículo anterior, los delegados de personal con mandato vigente o pendiente el año posterior de la tutela sindical no podrán ser afectados en el ejercicio de sus funciones ni puestos en disponibilidad.

Asimismo, aquellos agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad.

Artículo 54.- Sustitúyese el artículo 15 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 15: Los agentes serán destinados a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo. Pueden ser destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente. La movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador, pero estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la ley 24.185.

El Poder Ejecutivo nacional podrá celebrar convenios con los otros poderes del Estado, provincias y municipios, que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los agentes, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. La movilidad del personal que se instrumente a través de la adscripción de su respectivo ámbito a otro poder del Estado nacional, estados provinciales y/o Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá exceder los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos salvo excepción fundada en requerimientos extraordinarios de servicios y estará sujeta a las reglamentaciones que dicten en sus respectivas jurisdicciones los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Artículo 55.- Sustitúyese el artículo 18 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 18: El personal tiene derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes.

Artículo 56.- Sustitúyese el artículo 20 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 20: El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria.

Artículo 57.- Incorpórase como inciso j) del artículo 24 del anexo de la ley 25.164 el siguiente:

j) Realizar durante sus horas laborales del servicio público cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias.

Artículo 58.- Sustitúyese el artículo 31 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 31: Se podrá imponer el apercibimiento o la suspensión hasta treinta (30) días cuando se verifique:

a) Incumplimiento reiterado del horario establecido;

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de cinco (5) días discontinuos en el lapso de doce (12) meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de tareas; y

c) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 23 de esta ley, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la aplicación de la causal de cesantía.

Artículo 59.- Sustitúyese el artículo 32 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 32: Son causales para imponer la cesantía:

a) Inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días discontinuos, en los doce (12) meses inmediatos anteriores;

b) Abandono de servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrare más de tres (3) inasistencias continuas sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente en forma fehaciente a retomar sus tareas;

c) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas, que hayan dado lugar a treinta (30) días de suspensión en los doce (12) meses anteriores;

d) Concurso civil o quiebra no causal, salvo casos debidamente justificados por la autoridad administrativa;

e) Incumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 23 y 24 cuando por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiere;

f) Delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente;

g) Calificaciones deficientes como resultado de evaluaciones que impliquen desempeño ineficaz durante dos (2) años consecutivos o tres (3) alternados en los últimos diez (10) años de servicio y haya contado con oportunidades de capacitación adecuada para el desempeño de las tareas.

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los dos (2) años de consentido el acto por el que se dispusiera la cesantía o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.

Artículo 60.- Sustitúyese el artículo 33 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 33: Son causales para imponer la exoneración:

a) Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública Nacional, provincial o municipal;

b) Falta grave que perjudique materialmente a la Administración Pública;

c) Pérdida de la residencia permanente;

d) Violación de las prohibiciones previstas en el artículo 24;

e) Imposición como pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para la función pública.

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los cuatro (4) años de consentido el acto por el que se dispusiera la exoneración o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.

La exoneración conllevará necesariamente la baja en todos los cargos públicos que ejerciere el agente sancionado.

Artículo 61.- Sustitúyese el artículo 37 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 37: Los plazos de prescripción para la aplicación de las sanciones disciplinarias, con las salvedades que determine la reglamentación, se computarán de la siguiente forma:

a) Causales que dieran lugar a la aplicación de apercibimiento y suspensión: un (1) año;

b) Causales que dieran lugar a la cesantía: dos (2) años;

c) Causales que dieran lugar a la exoneración: cuatro (4) años.

En todos los casos, el plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta.

Artículo 62.- Incorpórase como artículo 16 bis de la ley 24.185 el siguiente:

Artículo 16 bis: El ejercicio regular del derecho a huelga no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa y el descuento en la remuneración será proporcional al tiempo no trabajado.

TÍTULO III

Contratos y acuerdos transaccionales

CAPÍTULO I

Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales

Artículo 63.- Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencia, las que a los efectos de esta ley constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en el artículo 54 de la ley 13.064 y modificatorias, la renegociación o rescisión de los contratos: (i) de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados; (ii) cuyos montos superen los diez millones (10.000.000) de módulos establecidos en el artículo 28 del decreto 1030/2016 o el que en el futuro lo reemplace; y (iii) hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.

La presente disposición es aplicable a todos los contratos mencionados, cualquiera sea la naturaleza jurídica del ente contratante.

La facultad a la que se refiere el primer párrafo sólo podrá ser ejercida, previo informe de transparencia y siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público.

Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley 23.696 y aquellos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción.

Artículo 64.- A los fines de lo establecido en el artículo 63, se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción. En caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley.

Artículo 65.- En toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública nacional fundado en supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, el Poder Ejecutivo nacional estará autorizado para realizar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales, en los términos y con los efectos previstos en los artículos 1641 y siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que el acuerdo se encuentre debidamente fundado y resulte conveniente para los intereses del Estado nacional.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento para la celebración de los acuerdos transaccionales en los que será obligatorio contar con dictámenes favorables previos de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, quienes a su vez podrán requerir los informes técnicos que estimen convenientes a cualquier órgano o entidad del sector público nacional y a instituciones idóneas y representativas en la materia a fin de que el Estado cuente con un rango de monto admisible para proceder a la transacción.

Capítulo II

Concesiones

Artículo 66.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 1º: El Poder Ejecutivo nacional podrá otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos por un plazo fijo o variable a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas y para la prestación de servicios públicos mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones conforme los procedimientos que fija la presente ley.

Las bases de la contratación respectiva podrán contemplar la constitución de una sociedad de propósito específico que deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y condiciones previstos en la Ley General de Sociedades.

Podrán otorgarse concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Para ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento.

La tarifa, peaje y/o remuneración compensará la ejecución, modificación, ampliación y/o los servicios de administración, reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva.

A los fines de la consecución de los objetivos planteados en la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, podrá delegar las facultades y obligaciones que establece la misma en las jurisdicciones y entidades que estime convenientes.

Artículo 67.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 4°: Las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública nacional o internacional.

El Poder Ejecutivo podrá convocar a la presentación de iniciativas privadas para la celebración de contratos de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos en sectores considerados de interés público, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación.

Toda persona podrá presentar ante el Poder Ejecutivo iniciativas privadas para la ejecución de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos mediante el sistema de concesión. En todos los casos el financiamiento deberá ser privado.

La reglamentación establecerá el procedimiento aplicable, los requisitos de admisibilidad de las propuestas, los derechos y obligaciones del proponente de la iniciativa privada y las ventajas competitivas que se reconocerán en los procedimientos licitatorios convocados sobre la base de iniciativas declaradas de interés público.

La licitación de la obra, infraestructura pública y servicio público objeto de la concesión se adjudicará a la oferta más conveniente conforme con las condiciones establecidas en la reglamentación y las bases de la licitación o concurso.

En todos los casos serán aplicables, en cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente.

Artículo 68.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 7°: El contrato de concesión deberá definir: el objeto de la concesión; su modalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de esta ley; el plazo; las bases tarifarias y procedimientos a seguir para la fijación y los reajustes del régimen de tarifas; las garantías a acordar por el Estado; los alcances de la desgravación impositiva, si la hubiere; el procedimiento de control contable y/o económico financiero y de fiscalización de los trabajos técnicos; las obligaciones recíprocas al término de la concesión; las causales y las bases de valuación para el caso de rescisión.

La documentación licitatoria y contractual en virtud de la cual se adjudiquen las concesiones de obra pública deberá contemplar los siguientes aspectos:

a) Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas y las sanciones por incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas de ejecución, y el destino de las sanciones de índole pecuniaria;

b) La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración que podrá ser percibida, según los casos, de los usuarios, del Estado y/o de terceros, así como también, los procedimientos de revisión del precio del contrato con el fin de preservar su ecuación económico-financiera;

c) Los instrumentos que permitan adaptar las modalidades de ejecución a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de financiamiento que se produzcan a lo largo de su vigencia;

d) La facultad de la Administración Pública nacional para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un límite máximo, en más o en menos, del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, compensando adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio económico-financiero original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;

e) Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes, razones de interés público u otras causales con indicación del procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes en los casos de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. En el caso de extinción del contrato por razones de interés público, no será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificatorias. La suspensión o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por el tribunal judicial competente;

f) La facultad de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra. Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá contarse con un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la ejecución del contrato sobre el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, así como respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario cedente.

Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión se deberá obtener la aceptación lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la administración. Toda cesión que se concrete conforme con los recaudos antes referidos en este inciso producirá el efecto de liberar al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en el pliego se disponga una solución distinta.

Artículo 69.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 7° bis: A lo largo del plazo de vigencia de los contratos de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos la administración deberá garantizar el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económico-financiera tenida en cuenta al momento de su perfeccionamiento.

Generada una distorsión de dicho equilibrio por causas no imputables a ninguna de las partes, las mismas estarán facultadas para renegociar el contrato con el fin de alcanzar su recomposición o convenir su extinción de común acuerdo, conforme al plazo que será establecido en la reglamentación o en la documentación licitatoria. De no arribarse a un acuerdo, las partes deberán someter la controversia a consideración de un panel técnico y, si correspondiere, al tribunal arbitral respectivo. En caso de extinción por mutuo acuerdo, la reglamentación determinará el plazo desde la fecha de suscripción del convenio de extinción dentro del cual deberá realizarse la liquidación de créditos y débitos y, en su caso, el pago del crédito resultante a favor de alguna de las partes.

Los oferentes deberán consignar en sus propuestas la ecuación económico-financiera por medio de la explicitación del Valor Actual Neto (VAN) y/o la Tasa Interna de Retorno (TIR), conforme a los parámetros que deberán establecerse en la documentación licitatoria.

La documentación licitatoria y contractual establecerá los mecanismos de recomposición del equilibrio económico-financiero del contrato.

En aquellos supuestos de fuerza mayor o actuaciones de la administración que resulten determinantes de la ruptura sustancial de la economía del contrato de concesión, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por hasta igual término al de su duración inicial. En los casos de fuerza mayor, el concedente garantizará los ingresos mínimos acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera de manera absoluta la realización de la obra o la continuidad de su explotación.

Artículo 70.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 7° ter: La extinción del contrato por razones de interés público se regirá únicamente por las disposiciones del presente artículo y no será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificatorias.

La decisión de la autoridad concedente que disponga la extinción del contrato de concesión por razones de interés público, a efectos de encontrarse adecuadamente fundada deberá:

a) Identificar los informes técnicos objetivos que justifican la extinción del contrato;

b) Explicitar de manera concreta las causas en que se funda y las razones que sustentan una evaluación distinta del interés público comprometido en el contrato de concesión;

c) Someter la determinación del alcance de la reparación del concesionario, en el caso que no haya mediado previo acuerdo de las partes, a la consideración del panel técnico y/o al tribunal arbitral actuantes en el marco del contrato, en los supuestos que el contrato de concesión no contemple fórmulas u otros mecanismos para su determinación. A dicho efecto, podrá utilizarse como parámetro objetivo de ponderación las inversiones no amortizadas;

d) Establecer el plazo de pago de la indemnización, el cual deberá concretarse con anterioridad a la ejecución de los actos que materialicen la extinción del contrato por razones de interés público o la toma de posesión de la obra o infraestructura por el concedente.

Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 12: Todos los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación y/o arbitraje.

Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión podrán ser sometidas a consideración de un panel técnico o tribunal arbitral a solicitud de cualquiera de ellas.

Los paneles técnicos estarán integrados por profesionales independientes e imparciales, en todos los casos de acreditada idoneidad y trayectoria en la materia. Estos órganos tendrán competencia para intervenir, componer y resolver las controversias de índole técnica, de interpretación del contrato y económica o patrimonial que pudieran suscitarse durante su ejecución o extinción, aplicando a tal fin criterios de celeridad y eficacia en la tramitación de los conflictos que resulten compatibles con los tiempos de ejecución de los contratos.

En el caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de jurisdicción, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral que será aprobada en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional e informado inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 72.- Incorpórase como artículo 12 bis de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 12 bis: No serán de aplicación directa, supletoria ni analógica a las contrataciones sujetas a la presente ley:

a) El decreto 1023/01 sus modificatorios y su reglamentación;

b) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.

El pago del precio del contrato y/o la remuneración del concesionario constituyen una obligación de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El Estado nacional sólo se liberará si el concesionario percibe las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes.

Artículo 73.- El Poder Ejecutivo nacional podrá, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, renegociar, por razones de emergencia, la reconducción de los contratos de obra pública y servicios de consultoría de obra pública celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley que se encuentren en estado de paralización, a los efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado tendiente al reinicio y finalización de las obras comprometidas.

La reglamentación establecerá las condiciones, requisitos y procedimientos aplicables, los que deberán garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de la reconducción.

Artículo 74.- Deróguense los artículos 8° y 11 de la ley 17.520.

Artículo 75.- La autoridad de aplicación de la ley 17.520 será definida por el Poder Ejecutivo nacional.

TÍTULO IV

Promoción del empleo registrado

Artículo 76.- Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas.

Artículo 77.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas en el artículo precedente.

Esos efectos podrán comprender:

a) La extinción de la acción penal prevista por la ley 27.430 y condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, 17.250 y sus modificatorias, 22.161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la ley 24.557 y sus modificatorias, delitos relativos a los recursos de la seguridad social de la ley 24.769 y sus modificatorias, la ley 25.212 y sus modificatorias, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o incumplidas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;

b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la ley 26.940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y pague, de corresponder, la multa;

c) Condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que se detallan a continuación:

(i) Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24.241 y sus modificaciones.

(ii) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificaciones.

(iii) Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley 23.661 y sus modificaciones.

(iv) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificaciones.

(v) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias.

(vi) Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ley 22.250 y sus modificatorias.

(vii) Otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación.

La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al setenta por ciento (70%) de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Artículo 78.- Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta sesenta (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil únicamente a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 y sus modificaciones para la obtención de la prestación básica universal y para el beneficio de prestación por desempleo previsto en el artículo 113 de la ley 24.013 y sus modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados a los fines de la determinación de la prestación compensatoria ni de la prestación adicional por permanencia.

Artículo 79.- La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente título de la ley.

Artículo 80.- Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.

Artículo 81.- La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o delegadas en la materia, se abstendrán de formular, de oficio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos comprendidos en la regularización correspondiente a los subsistemas de la seguridad social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas en el marco de este título.

TÍTULO V

Modernización laboral

Capítulo I

Modificaciones a la ley 24.013

Artículo 82.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 7°: Se entiende que la relación o el contrato de trabajo se encuentran registrados cuando el trabajador esté inscripto en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos.

La autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas de hasta doce (12) trabajadores inclusive.

Respecto de éstas últimas, dicho sistema contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales legales y de la seguridad social. Del importe abonado, la entidad recaudadora deberá distribuir cada uno de los conceptos emergentes de la relación a los destinatarios correspondientes.

Artículo 83.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° bis: La registración efectuada en los términos del artículo 7° se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, intervinientes.

Artículo 84.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° ter: El trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la autoridad de aplicación, que deberá ofrecer un medio electrónico a tal efecto, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, o ante las autoridades administrativas del trabajo locales.

El sistema deberá expedir la constancia pertinente.

Artículo 85.- Incorpórase como artículo 7° quáter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° quáter: En el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora de las obligaciones de la seguridad social, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme y consentida la sentencia, todas las circunstancias que permitan la determinación de deuda existente, si la hubiera, y efectuar el reconocimiento de los años de servicio trabajado.

Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios, de la deuda que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate.

Artículo 86.- Sustitúyese el Registro del Capítulo 2 del Título II de la ley 24.013 por el siguiente:

Del Sistema Único de Registro

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 18: El Sistema Único de Registro concentrará los siguientes registros:

a) La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y al prestador del sistema nacional de salud elegido por el trabajador;

b) El registro de los trabajadores beneficiarios del sistema integral de prestaciones por desempleo.

Capítulo II

Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 2°: Ámbito de aplicación.

La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:

a) A los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo;

b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente;

c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario;

d) A las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 23: Presunción de la existencia del contrato de trabajo.

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social.

Artículo 90.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 29: Mediación. Intermediación. Solidaridad. Subsidiariedad. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última.

Artículo 91.- Sustitúyese el artículo 92 bis de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 92 bis: Período de prueba. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba:

a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y

b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.

Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

(i) Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.

(ii) El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.

(iii) Las partes tienen los derechos y las obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.

(iv) Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social, con los beneficios establecidos en cada caso.

(v) El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.

(vi) El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

El empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación; caso contrario, se considerará que ha renunciado al período de prueba.

Artículo 92.- Sustitúyese el artículo 136 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 136: Contratistas e intermediarios. Los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a solicitar a la empresa principal para los cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que deben percibir estos, y den en pago por cuenta y orden de su empleador, los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el principal estará facultado a retener sin preaviso, de lo que deben percibir los contratistas o intermediarios, los importes que estos adeuden a los organismos de seguridad social con motivo de la relación laboral mantenida con los trabajadores contratados por dichos contratistas o intermediarios. Dichas sumas deberán depositarse a la orden de los correspondientes organismos en las formas y condiciones que determine la reglamentación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los noventa (90) días de sancionada la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establecerá un mecanismo simplificado a fin de poder efectivizar la retención correspondiente a la seguridad social establecida en el presente artículo.

Artículo 93.- Sustitúyese el artículo 177 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo.

Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.

La trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.

La misma conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.

Garantízase a toda mujer o persona gestante durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, el que tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la misma practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer o persona gestante será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 242 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 242: Justa causa.

Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.

La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:

a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;

b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;

c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente.

Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.

Artículo 95.- Incorpórase como artículo 245 bis a la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente:

Artículo 245 bis: Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida por el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso.

Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el cien por ciento (100%), conforme los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios.

El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos.

Capítulo III

Fondo de cese

Artículo 96.- Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744.

En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina.

Capítulo IV

De los trabajadores independientes con colaboradores

Artículo 97.- El trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres (3) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional.

El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.

Queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley.

El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda.

Capítulo V

Trabajo agrario

Artículo 98.- Sustitúyanse los artículos 16 y 69 de la ley 26.727 por los siguientes:

Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley. Su extinción se regirá por lo dispuesto en el título XII de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Para los trabajadores de tiempo indeterminado del sector agrario será de aplicación lo dispuesto respecto del período de prueba en el artículo 92 bis de la ley 20.744.

Artículo 69: Bolsa de trabajo. Las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial podrán proponer a los empleadores un listado del personal necesario para la realización de tareas temporarias en las actividades contempladas en la presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la Comisión de Trabajo Agrario.

El empleador podrá contratar a la persona sugerida y/o a cualquier otra que disponga.

Queda derogada toda norma que se oponga al presente artículo y/o a la libertad de contratación y elección del personal por parte del empleador.

Capítulo VI

Derogaciones

Artículo 99.- Deróganse los artículos 8° a 17 y 120, inciso a), de la ley 24.013; el artículo 9° de la ley 25.013; los artículos 43 a 48 de la ley 25.345; el artículo 15 de la ley 26.727 y el artículo 50 de la ley 26.844.

Artículo 100.- Derógase la ley 25.323 y toda norma que se oponga o resultare incompatible con el contenido del presente título.

TÍTULO VI

Energía

Capítulo I

Hidrocarburos. Modificaciones a la ley 17.319

Artículo 101.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 2º: Las actividades relativas a la explotación, procesamiento, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 102.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades mencionadas en el artículo 2º, teniendo como objetivos principales, además de los dispuestos por el artículo 3° de la ley 26.741, maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país.

Artículo 103.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos, con los requisitos y en las condiciones que determina esta ley.

Artículo 104.- Sustitúyese el artículo 5° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 5º: Los titulares de permisos, concesiones y autorizaciones, sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones vigentes, constituirán domicilio en la República y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado. Asimismo, serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minera.

Artículo 105.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 6º: Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior.

Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía. El efectivo ejercicio de este derecho estará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, la cual entre otros aspectos deberá considerar: (i) los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y (ii) que la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los treinta (30) días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Energía no podrá realizar objeción alguna.

Artículo 106.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 7º: El comercio internacional de hidrocarburos será libre. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen de importación y exportación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado por el artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º.

Artículo 107.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 12: El Estado nacional y las provincias tienen derecho a percibir una participación en el producido de la explotación de yacimientos de hidrocarburos de su dominio por empresas estatales, privadas o mixtas, con arreglo a los artículos 59, 61 y 93.

Artículo 108.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 14: Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República incluyendo su plataforma continental, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de explotación, y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, prohíba expresamente tal actividad.

El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a las actividades referidas en el artículo 2º ni el de repetición contra el Estado nacional o provincial de sumas invertidas en dicho reconocimiento.

Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del propietario superficiario y responderán por cualquier daño que le ocasionen.

Artículo 109.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 19: El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en sus artículos 32 y siguientes en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen.

El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en el título III y las demás disposiciones que sean aplicables.

Artículo 110.- Sustitúyese el artículo 21 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 21: El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el título VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento.

Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán sometidos al pago de la regalía comprometida en el proceso de adjudicación, con la excepción prevista en el artículo 63.

Artículo 111.- Sustitúyese el artículo 27 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 27 bis: Entiéndese por Explotación No Convencional de Hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad.

El concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área y reconvertirla de convencional a no convencional. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto, siendo dicha solicitud el objeto de la concesión a otorgar; y sólo podrá ser realizada hasta el 31 de diciembre de 2028. Vencido dicho plazo, no se admitirán otras solicitudes de reconversión.

La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, decidirá en el plazo de sesenta (60) días. Aprobada la solicitud de reconversión, el plazo de la concesión reconvertida será por única vez de treinta y cinco (35) años computados desde la fecha de la solicitud.

Queda establecido que la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos deberá tener como objetivo la Explotación No Convencional de Hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto por el artículo 30 y concordantes de la presente ley.

Los titulares de una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo del plan piloto previsto en el párrafo precedente y aplicará a la zona unificada pagos al Estado nacional o provincial, según corresponda, que correspondan al área que los prevea en mayor cantidad y el plazo de la concesión que sea menor.

La concesión correspondiente al área oportunamente concesionada y no afectada a la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones existentes al momento de su concesión, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la presente ley, debiendo la autoridad concedente readecuar el título respectivo a la extensión resultante de la subdivisión.

Artículo 112.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 28: El titular de una concesión de explotación tendrá derecho a una autorización de transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo determinado en la Sección 4ª del presente título.

Artículo 113.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 29: Las concesiones de explotación serán otorgadas, según corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o provincial a las personas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22 de la presente ley.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas cuyas concesiones hayan vencido, o las que por cualquier motivo hayan quedado sin concesionario, a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la Sección 5ª del presente título. Para ello deberán seguir los lineamientos establecidos en la presente ley. Esta modalidad de concesión no implica garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, asimismo otorgará Concesiones de Explotación No Convencionales de Hidrocarburos de acuerdo con los requisitos dispuestos por los artículos 27 y 27 bis de la presente ley.

Artículo 114.- Sustitúyese el artículo 31 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 31: Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda área abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas.

Artículo 115.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 35: De acuerdo con la siguiente clasificación, las concesiones de explotación tendrán las vigencias establecidas a continuación, las cuales se contarán desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23 de la presente ley:

a) Concesión de explotación convencional de hidrocarburos: veinticinco (25) años;

b) Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos: treinta y cinco (35) años;

c) Concesión de Explotación con la plataforma continental y en el mar territorial: treinta (30) años.

En nuevas concesiones el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, al momento de definir los pliegos de bases y condiciones conforme artículo 47 podrá determinar otros plazos de hasta diez (10) años como máximo de los plazos previstos en los incisos a), b) y c) del presente artículo, de manera fundada y motivada que justifique el apartamiento de los mismos. En ningún caso, los plazos podrán ser fijados a perpetuidad.

Las concesiones de explotación y concesiones de transporte que hayan sido otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, continuarán rigiéndose hasta su vencimiento por los plazos establecidos por el marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley.

Artículo 116.- Sustitúyese la denominación de la Sección 4ª de la ley 17.319 por la siguiente:

Sección 4ª

Autorizaciones de transporte y habilitaciones de procesamiento y de almacenamiento subterráneo.

Artículo 117.- Sustitúyese el artículo 39 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 39: Las autorizaciones de transporte confieren el derecho de transportar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes.

Artículo 118.- Sustitúyese el artículo 40 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 40: Las autorizaciones de transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, a las personas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 5° de la presente ley. La autoridad de aplicación nacional llevará un registro de los autorizados para transportar y de los habilitados para procesar hidrocarburos.

Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el artículo 28, dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a obtener una autorización de transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará la autoridad de aplicación. Cuando las aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites de alguno de los lotes de la concesión, dicha autorización será facultativa y será otorgada en las mismas condiciones que la concesión de explotación.

Los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos y/o sus derivados a la autoridad hasta sus instalaciones de industrialización y desde las mismas hasta los centros y/o instalaciones de ulteriores procesos de industrialización o comercialización. Estas autorizaciones no estarán sujetas a plazo.

Artículo 119.- Sustitúyese el artículo 41 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 41: Las autorizaciones a que se refiere la presente sección que se otorgasen a concesionarios de explotación que hubieren ejercitado el derecho conferido por el artículo 28 serán otorgadas y prorrogadas por plazos equivalentes a aquellos otorgados para las concesiones de explotación vinculadas a las autorizaciones de transporte. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional o provincial según corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.

En los casos de cesión de una autorización de transporte otorgada en virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente, los autorizados podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración cada una de ellas, siempre que hayan cumplido con sus obligaciones y se encuentren transportando hidrocarburos al momento de solicitar la prórroga.

Las concesiones de transporte otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se regirán por los términos y condiciones de su otorgamiento.

Las habilitaciones a las que se refiere la presente sección que se otorguen a los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos no estarán sujetas a plazo.

Artículo 120.- Sustitúyese el artículo 42 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 42: Las autorizaciones de transporte y las habilitaciones de procesamiento en ningún caso implicarán un derecho de exclusividad para quien realiza la actividad.

Artículo 121.- Sustitúyese el artículo 43 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 43: Mientras las instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los autorizados estarán obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias. Si una persona es titular de capacidad de transporte y no la usare, la misma debe ser puesta a disposición de terceros para su utilización; pero siempre subordinado a las necesidades del propio autorizado a transportar. Los autorizados a transportar hidrocarburos no podrán realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso de su posición dominante en el mercado.

Quienes fueren habilitados a procesar hidrocarburos deberán procesar los hidrocarburos de terceros hasta un máximo del cinco por ciento (5%) de la capacidad de sus instalaciones siempre que no se comprometa la seguridad del proceso, que las partes arriben a un acuerdo por el servicio a prestar y que el solicitante se haga cargo de los costos asociados a la conexión a la planta. Dicho porcentaje podrá ser incrementado: (i) por acuerdo de partes en cualquier momento y/o; (ii) por la autoridad de aplicación una vez transcurridos cuatro (4) años desde la habilitación comercial de la planta y en caso de persistir la capacidad remanente u ociosa de la planta. Si se tratare de plantas de procesamiento de combustible líquido, el servicio de procesamiento incluirá el servicio de almacenaje.

Las previsiones del presente artículo no resultarán aplicables a las unidades de proceso que integran complejos de refinación y sus instalaciones de almacenamiento vinculadas, a las plantas de licuefacción de gas natural ni a las autorizaciones de transporte de hidrocarburos otorgadas a los titulares de dichas plantas de licuefacción de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 último párrafo.

La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte.

Artículo 122.- Sustitúyese el artículo 44 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 44: En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley y su reglamentación, o en los actos de autorización, con relación a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que rijan los transportes.

Artículo 123.- Incorpórase, después del artículo 44 de la ley 17.319, la Sección 4ª Bis “Almacenamiento subterráneo”.

Incorpórase como artículo 44 bis de la ley 17.319, el siguiente texto:

Artículo 44 bis: Las autorizaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural confieren el derecho de almacenar gas natural en reservorios naturales de hidrocarburos depletados, incluyendo el proceso de inyección, depósito y retiro del gas natural. Podrán ser otorgadas en:

a) Áreas sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación propias;

b) Áreas sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación de terceros, con autorización de estos ante la autoridad de aplicación;

c) Áreas que habiendo sido productivas ya no se encuentren sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación.

Todo otro proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural que no sea realizado bajo los supuestos antes señalados no requerirá autorización bajo la presente ley.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural a cualquier sujeto que: (i) cumpla con los requisitos de experiencia técnica y capacidad financiera; (ii) cuente con la conformidad del titular del permiso de exploración y/o la concesión de explotación en cuya área se emplace el reservorio natural que se utilizará para el almacenaje; y (iii) se comprometa a construir a su propio costo y riesgo las instalaciones necesarias para llevar adelante la actividad de almacenaje.

Las autorizaciones de almacenamiento no estarán sujetas a plazo. Los titulares de una autorización de almacenamiento subterráneo de gas podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos hasta sus instalaciones de almacenamiento y desde éstas hasta el sistema de transporte, las que tampoco estarán sujetas a plazo.

Los autorizados no estarán obligados a almacenar gas natural de terceros, teniendo libertad para realizar la actividad en beneficio propio o de terceros, y acordar libremente los precios por la venta del gas natural almacenado y por el servicio de almacenaje, incluyendo la reserva de su capacidad.

La autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural no se encontrará sujeta al pago de bonos de explotación y no se podrá imponer pagos análogos por el otorgamiento de estas autorizaciones a través de normativa provincial. El gas natural utilizado en los almacenamientos subterráneos sólo pagará regalías al momento de su primera comercialización en los términos del artículo 59 de la ley 17.319 y sus modificatorias. En el caso de almacenamiento de gas natural propio, las regalías se abonarán a los Precios al Ingreso del Sistema de Transporte (PIST) promedio de cuenca al momento de su producción previo a ser almacenado.

Artículo 124.- Sustitúyese el artículo 45 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 45: Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 17, 22 y 27 bis de la presente ley, los permisos de exploración y las concesiones de explotación regulados por esta ley serán adjudicados mediante licitaciones en las cuales podrá presentar ofertas cualquier persona que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5° de la presente ley y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.

Artículo 125.- Sustitúyese el artículo 47 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 47: Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los procedimientos considerados por el artículo 46, la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, confeccionará el pliego respectivo, en base al pliego modelo elaborado entre las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación de propuestas.

El pliego modelo contendrá condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas, así como las inversiones mínimas necesarias a las que deberá comprometerse el adjudicatario, y las restantes condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas. Asimismo, el pliego modelo establecerá mecanismos de ajustes de las regalías que se consideren convenientes, los que podrán considerar para su formulación la totalidad de las inversiones realizadas, los ingresos obtenidos y los gastos operativos incurridos, entre otras variables.

La evaluación de ofertas tendrá en cuenta el valor total del proyecto, incluyendo las regalías ofertadas, inversiones comprometidas y producción asociada conforme lo establecido en el pliego respectivo.

Los oferentes competirán en el valor de la regalía sobre un valor base del quince por ciento (15%), que regirá el proyecto en cualquiera de sus etapas. La regalía a ofertar se identificará como el quince por ciento (15%)+“X”. Dicho término “X” se establece en un porcentaje (%) a exclusiva elección del oferente, el que podrá ser negativo.

El llamado a licitación deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los lugares y por medios nacionales e internacionales que se consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrencia posible, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, al Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.

Artículo 126.- Incorpórase el artículo 47 bis de la ley 17.319 según el siguiente texto:

Artículo 47 bis: Las concesiones de explotación existentes, al fin de su término, no podrán ser adjudicadas sin mediar un nuevo procedimiento licitatorio. La licitación correspondiente podrá realizarse con un plazo mínimo de antelación de un (1) año al vencimiento de las mismas.

Si la licitación a realizar tuviera por objeto la concesión de explotación de áreas en producción, el pliego de bases y condiciones podrá establecer el valor correspondiente a las inversiones no recuperadas durante la explotación del área.

Conforme lo determine el pliego de bases y condiciones, el oferente podrá incluir dicho valor al momento de realizar la oferta a los efectos de continuar con la explotación de los pozos existentes y dicho valor será reconocido al titular de la concesión vencida.

En caso de que el oferente no incluyera el valor mencionado en su oferta, no podrá explotar los pozos existentes.

Artículo 127.- Sustitúyese el artículo 48 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 48: La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, estudiará todas las propuestas y la adjudicación del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, recaerá en el oferente que haya presentado la oferta más conveniente conforme lo establecido en el artículo 47. Es atribución del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en la licitación.

Artículo 128.- Sustitúyese el artículo 49 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 49: Hasta treinta (30) días antes de la fecha en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se consideren afectados por el llamado a concurso y/o licitación, sea cual fuere la razón que invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, acompañando la documentación en que aquélla se funde.

Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso y/o licitación si, a su juicio, la oposición se fundara documentada y suficientemente.

No se admitirán oposiciones del propietario superficiario de la zona a que se refiere el llamado basadas solamente en los daños que le pudiese ocasionar la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el título III de esta misma ley. No es causal válida de afectación, el hecho que una empresa esté produciendo previamente en dicha área.

Artículo 129.- Sustitúyese el artículo 57 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 57: El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado al Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala:

a) Plazo Básico:

1er. Período: el monto equivalente en pesos de cero coma cincuenta (0,50) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

2do. Período: el monto equivalente en pesos de dos (2) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

b) Prórroga: el monto equivalente en pesos a quince (15) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

Artículo 130.- Sustitúyese el artículo 58 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 58: El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado al Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, el monto equivalente en pesos de diez (10) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el área.

Artículo 131.- Sustitúyese el artículo 58 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 58 bis: Los cánones a pagar, establecidos en los artículos 57 y 58 de la presente, se ajustarán tomando como referencia el precio promedio del barril de petróleo, basado en la cotización del ‘ICE Brent Primera Línea’. Este precio promedio corresponderá al observado durante el primer semestre del año anterior al que se efectúa la liquidación.

El tipo de cambio a utilizar para la liquidación del canon será el correspondiente a dólares estadounidenses divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente el día hábil anterior al de efectivo pago.

Artículo 132.- Sustitúyese el artículo 59 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 59: El concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente, en concepto de regalía sobre el producido y efectivamente aprovechado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos un porcentaje equivalente al determinado en el proceso de adjudicación.

Para los contratos vigentes a la fecha de sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos la regalía será la que se haya convenido con el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda.

El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de permanencia razonable.

En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá reducir la misma hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.

Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de concedentes.

Artículo 133.- Sustitúyese el artículo 61 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 61: El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor de los hidrocarburos en boca de pozo, el que será declarado mensualmente por el permisionario y/o concesionario, restando del fijado según las normas establecidas en el inciso c) apartado I del artículo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Cuando la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, considere que el precio de venta informado por el permisionario y/o concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente.

Artículo 134.- Sustitúyese el artículo 66 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 66: Los permisionarios, concesionarios y autorizados instituidos en virtud de lo dispuesto en las Secciones 2a, 3a, 4a y 4a bis del título II de esta ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 42 y siguientes, 48 y siguientes, y concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos.

Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten.

La oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el permisionario, autorizado o concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios.

Artículo 135.- Sustitúyese el artículo 67 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 67: El mismo derecho será acordado a los permisionarios, concesionarios y autorizados cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.

Artículo 136.- Sustitúyese el artículo 69 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 69: Constituyen obligaciones de permisionarios, concesionarios y autorizados, sin perjuicio de las establecidas en el título II:

a) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes;

b) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, de cualquier novedad al respecto;

c) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados al Estado o a terceros;

d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, de los que ocurrieren;

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se hallaren durante la perforación;

f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.

Artículo 137.- Sustitúyese el artículo 70 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 70: Los permisionarios, concesionarios y autorizados suministrarán a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las funciones que le asigna la presente ley.

Artículo 138.- Sustitúyese el artículo 71 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 71: Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos en todos los niveles de la actividad, incluso el directivo y en especial de los residentes en la región donde se desarrollen dichos trabajos.

La proporción de ciudadanos nacionales referida al total del personal empleado por cada permisionario, concesionario o autorizado, no podrá en ningún caso ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%), la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o los pliegos.

Igualmente capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas de cada una de sus actividades.

Artículo 139.- Sustitúyese el artículo 72 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 72: Los permisos, concesiones y autorizaciones acordados en virtud de esta ley pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios, concesionarios o autorizados, según corresponda.

La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, nacional o provincial, según corresponda, acompañada de la minuta de escritura pública.

Artículo 140.- Sustitúyese el artículo 75 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 75: La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, fiscalizará el ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, a fin de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.

Tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permisionarios, concesionarios o autorizados.

Artículo 141.- Sustitúyese el artículo 77 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 77: Los permisionarios, concesionarios o autorizados facilitarán en la forma más amplia el ejercicio por parte de los funcionarios competentes de las tareas de inspección y fiscalización.

Artículo 142.- Sustitúyese el artículo 79 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 79: Son absolutamente nulos:

a) Los permisos, concesiones o autorizaciones otorgados a personas impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones de esta ley;

b) Las cesiones de permisos, concesiones o autorizaciones realizadas en favor de las personas aludidas en el inciso precedente;

c) Los permisos, concesiones o autorizaciones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley;

d) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta;

e) Cualquier adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales, sin mediar una licitación pública y abierta.

Artículo 143.- Sustitúyese el artículo 80 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 80: Según corresponda, las concesiones o permisos caducan por:

a) Falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo;

b) Falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas;

c) Incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales;

d) Transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, o de observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;

e) No haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 22 y 32;

f) Haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial ejecutoria que así lo declare;

g) Fallecimiento de la persona humana o fin de la existencia de la persona jurídica titular del derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, manteniéndolo en cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares;

h) Incumplimiento de la obligación de transportar y/o procesar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 43.

Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos a), b), c), d), e) y h) del presente artículo, la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, intimará a los permisionarios y/o concesionarios y/o autorizados y/o habilitados, según resulte de aplicación, para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije.

Artículo 144.- Sustitúyese el artículo 86 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 86: En las cláusulas particulares de los permisos, concesiones y autorizaciones se podrá establecer, cuando el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, lo considere pertinente, la intervención de un tribunal arbitral para entender en cuanto se relacione con la declaración administrativa de caducidad o nulidad, efectuada por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, según lo previsto en el artículo 83, en sus consecuencias patrimoniales.

Igual tratamiento podrá acordarse respecto de las divergencias que se planteen entre los interesados y la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, sobre determinadas cuestiones técnicas, especificadas al efecto en cada permiso, concesión o autorización.

El tribunal arbitral estará constituido por un árbitro designado por cada una de las partes y el tercero por acuerdo de ambos o, en su defecto, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Artículo 145.- Sustitúyese el artículo 87 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 87: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los permisos, concesiones y autorizaciones que no configuren causal de caducidad ni sea reprimido de una manera distinta, será penado por la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, con multas que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre ochenta mil (80.000) UVAs y ochenta millones (80.000.000) UVAs. Dentro de los diez (10) días de pagada la multa, los permisionarios, concesionarios o autorizados podrán promover su repetición ante el tribunal competente.

Artículo 146.- Sustitúyese el artículo 88 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 88: El incumplimiento de sus obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios, concesionarios o autorizados, facultará a la autoridad de aplicación a disponer el apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a que se refieren los artículos 40 y 50, en la forma que se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros permisos, concesiones o autorizaciones de que fuera titular el causante.

Artículo 147.- Sustitúyese el artículo 91 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 91 bis: Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica. Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, y los contratos o asociaciones con terceros que dichas entidades hubieran celebrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se respetarán las condiciones existentes a la fecha de aprobación de dicha ley. Las nuevas asociaciones con terceros, sin embargo, deberán respetar los procedimientos de la Sección 5ta del Título II de esta ley.

Artículo 148.- Sustitúyese el artículo 94 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 94: Las empresas estatales quedan sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración, explotación, transporte y/o procesamiento, a todos los requisitos, obligaciones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta ley a los permisionarios, concesionarios y autorizados.

Artículo 149.- Sustitúyese el artículo 95 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 95: Las empresas estatales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades siempre ateniéndose a la sección 5a del Título II de esta ley para la selección de terceros.

El régimen fiscal establecido en el Título II, Sección 6a, de la presente ley, no será aplicable a quienes suscriban con las empresas estatales contratos de locación de obras y servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, o con igual fin se asocien con ellas sin constituir personas jurídicas distintas de las de sus integrantes, los que quedarán sujetos, en cambio, a la legislación fiscal general que les fuere aplicable.

Toda sociedad integrada por una empresa estatal con personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes, que desarrolle actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, estará sujeta al pago de los tributos previstos en el Título II, Sección 6a de esta ley.

Artículo 150.- Sustitúyese el artículo 98 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 98: Es facultad del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, decidir sobre las siguientes materias en el ámbito de su competencia:

a) Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta ley;

b) Otorgar permisos, concesiones y autorizaciones; y autorizar sus cesiones;

c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros;

d) Anular concursos;

e) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial;

f) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios;

g) Declarar la caducidad o nulidad de permisos, concesiones y autorizaciones.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá delegar en la autoridad de aplicación el ejercicio de las facultades enumeradas en este artículo, con el alcance que se indique en la respectiva delegación.

Artículo 151.- Sustitúyese el artículo 100 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 100: Los permisionarios, concesionarios y autorizados deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectados por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar -de común acuerdo y en forma optativa y excluyente- los que hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos propietarios.

Artículo 152.- Deróganse los artículos 11, 13, 15, 51, 91, 96, 101, 103 y 104 de la ley 17.319.

Capítulo II

Gas natural. Modificaciones a la ley 24.076

Artículo 153.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 3°: Quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa. Las exportaciones de gas natural deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional según el artículo 6° de la ley 17.319.

Artículo 154.- Incorpórase como artículo 3° bis de la ley 24.076 el siguiente:

Artículo 3° bis: Las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) deberán ser autorizadas por la Secretaría de Energía de la Nación, dentro del plazo de ciento veinte (120) días de recibida la solicitud conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional que establecerá las condiciones que deben reunir los solicitantes y las inversiones y proyectos de desarrollo de explotación de hidrocarburos que permitan producir las cantidades de gas natural requeridas para abastecer el o los respectivos proyectos de licuefacción de gas natural destinados principalmente a la exportación de GNL. No aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley.

Dentro de los seis (6) meses desde la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Secretaría de Energía de la Nación realizará un estudio a los efectos de emitir una Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos en el largo plazo que contemple la suficiencia de recursos gasíferos en el país proyectada en el tiempo y el suministro de gas natural de otros orígenes para abastecer regularmente en el curso ordinario de los acontecimientos la demanda interna, y a la misma vez, suministrar sobre base firme e ininterrumpible los proyectos de exportación de GNL cuyo desarrollo y ejecución se prevea durante el mismo período de análisis.

La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional fijará las pautas y premisas de análisis que deberán tenerse en consideración en el estudio a realizarse a los fines de la referida Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos, incluyendo aquellas necesarias para las proyecciones de producción nacional de gas natural y ofertas de otras fuentes u orígenes, y de la demanda interna durante el período de análisis.

Sin perjuicio de las condiciones más favorables a la exportación que pudieren establecerse en virtud de regímenes promocionales específicos para inversiones de magnitud conforme determine la ley o la reglamentación dictada al efecto, las autorizaciones de exportación de GNL que se otorguen tendrán carácter firme respecto de los volúmenes de GNL autorizados durante un plazo de hasta treinta (30) años, desde la puesta en marcha de la planta de licuefacción (en tierra o flotante) o sus ampliaciones o etapas sucesivas y contendrán las garantías establecidas en dicho régimen.

El otorgamiento de una autorización de exportación firme de GNL implicará para sus titulares el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna durante cada día del período de vigencia de la autorización de exportación respectiva, así como el derecho de acceder sin restricciones ni interrupciones de ninguna naturaleza al suministro de gas natural o a la capacidad de transporte, procesamiento o almacenamiento de cualquier especie de los que sean titulares o que hubiesen contratado a tal fin.

La Secretaría de Energía de la Nación establecerá los requisitos de información y documentación que deberán ser satisfechos por los solicitantes. Las solicitudes de exportación serán tramitadas y resueltas en el orden cronológico de presentación, a menos que la Secretaría de Energía de la Nación determine que alguna presentación no se ajusta a los requerimientos previstos en este artículo y las normas reglamentarias, en cuyo caso se la tendrá por presentada, a estos efectos, recién al momento en que se hayan subsanado las deficiencias observadas por dicha autoridad.

A los efectos del otorgamiento de la autorización de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados.

Las autorizaciones de exportación de GNL podrán ser total o parcialmente cedidas previa autorización de la autoridad de aplicación.

Asimismo, las modificaciones de esta ley o de la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo nacional o de las resoluciones que emita la autoridad de aplicación no tendrá efecto alguno respecto de las autorizaciones de exportación firmes de GNL concedidas, excepto que estas sean más favorables a la exportación.

Artículo 155.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 6º: Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador del Gas, a pedido del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo nacional la renovación de la habilitación por un período adicional de veinte (20) años. A tal efecto se convocará a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestadores para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo nacional resolverá dentro de los ciento veinte (120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas.

Artículo 156.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 24: Los transportistas y distribuidores deberán tomar los recaudos necesarios para asegurar el suministro de los servicios no interrumpibles. A tal fin, por sí o por terceros, podrán adquirir, construir, operar, mantener y administrar instalaciones de almacenaje de gas natural, todo ello con arreglo a las limitaciones establecidas en la sección VIII de la presente ley.

Artículo 157.- Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 70: Los actos emanados de la máxima autoridad del Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación.

Artículo 158.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 73 de la ley 24.076 por el siguiente:

Las sanciones aplicadas por el Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación.

Capítulo III

Modificaciones a la ley 26.741

Artículo 159.- Sustitúyanse los incisos d), g) y h) del artículo 3° de la ley 26.741 por los siguientes:

d) La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del abastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo.

g) La protección de los intereses de los consumidores relacionados con la calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos.

h) La exportación de hidrocarburos para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras.

Artículo 160.- Derógase el artículo 1° de la ley 26.741.

Capítulo IV

Unificación de los Entes Reguladores

Artículo 161.- Créase el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la ley 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la ley 24.076.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a dictar todas las normas y actos tendientes a hacer efectivo lo dispuesto en el párrafo anterior y a dictar el correspondiente texto ordenado de las leyes 24.065 y 24.076.

Hasta tanto no se constituya el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, los actuales Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) continuarán en ejercicio de sus funciones respectivas.

El nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad tendrá las atribuciones previstas en los artículos 52 y concordantes de la ley 24.076, y 56 y concordantes de la ley 24.065.

Capítulo V

Adecuación de las leyes 15.336 y 24.065

Artículo 162.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adecuar, en el plazo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley, las leyes 15.336 y 24.065 y la normativa reglamentaria correspondiente conforme a las siguientes bases:

a) Promover la apertura del comercio internacional de la energía eléctrica en condiciones de seguridad y confiabilidad, con el objeto de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, pudiendo el Estado formular objeciones por motivos fundados técnica o económicamente en la seguridad del suministro;

b) Asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor;

c) Impulsar el despacho económico de las transacciones de energía sobre una base de la remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en consideración el gasto marginal horario del sistema; y aquél que represente para la comunidad la energía no suministrada;

d) Adecuar las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos conforme los principios tarifarios de las leyes 24.065 y 24.076;

e) Propender a la explicitación de los diferentes conceptos a pagar por el usuario final, con la expresa obligación del distribuidor de actuar como agente de percepción o retención de los importes a percibir en concepto de energía, transporte e impuestos correspondientes al mercado eléctrico mayorista y al fisco, según corresponda;

f) Garantizar el desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos;

g) Modernizar y profesionalizar las estructuras centralizadas y descentralizadas del sector eléctrico a fin de lograr un mejor cumplimiento de las funciones asignadas. Para la reorganización del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, creado por la ley 15.336, se deberá considerar su funcionamiento como organismo asesor de consulta no vinculante de la autoridad de aplicación a los fines del desarrollo de la infraestructura eléctrica de jurisdicción nacional.

Capítulo VI

Legislación ambiental uniforme conforme la ley 27.007

Artículo 163.- Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a elaborar, con el acuerdo de las provincias, una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la ley 27.007, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente.

TÍTULO VII

RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)

Capítulo I

Creación y ámbito de aplicación.

Artículo 164.- Créase el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por el que se establecen, para vehículos titulares de un único proyecto que cumplan con los requisitos previstos en el presente, ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo.

El RIGI será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y regirá con los alcances y limitaciones establecidas en el presente título y en las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 165.- Declárese, en el marco del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que las “Grandes Inversiones” que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación.

Artículo 166.- Los objetivos prioritarios del RIGI son indistintamente los siguientes:

a) Incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país;

b) Promover el desarrollo económico;

c) Desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos;

d) Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI;

e) Favorecer la creación de empleo;

f) Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse;

g) Crear para las Grandes Inversiones que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI;

h) Fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales; y

i) Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.

Capítulo II

Plazo. Sujetos habilitados

Artículo 167.- El RIGI resultará aplicable a las Grandes Inversiones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos en el presente título.

Artículo 168.- El plazo para adherirse al RIGI será de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente régimen.

El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar por única vez la vigencia del plazo para acogerse al RIGI por un período de hasta un (1) año a contar desde el vencimiento del plazo anterior.

Artículo 169.- Podrán solicitar su adhesión al RIGI los Vehículos de Proyecto Único (VPU) titulares de una o más fases de un proyecto que califique como Gran Inversión.

Los VPU deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un único proyecto de inversión admitido en el RIGI. En consecuencia, los VPU no deberán desarrollar actividades ni poseer activos no afectados a dicho proyecto, con excepción de las inversiones transitorias de su capital de trabajo que hagan a la administración prudente de los fondos de la sociedad.

Serán considerados VPU los siguientes entes:

a) Las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada;

b) Las sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades;

c) Las Sucursales Dedicadas previstas en el artículo 170 de la presente ley; y

d) Las uniones transitorias y otros contratos asociativos.

Los titulares de concesiones relativas a la ejecución y/o explotación de obras de infraestructura y/o prestación, operación y/o administración de servicios, que se presten en competencia con otros concesionarios, operadores o prestadores a nivel local o regional, podrán adherirse al RIGI si: (i) presentan un plan de inversión que califique como Grandes Inversiones bajo este régimen y (ii) satisfacen los restantes requisitos y condiciones para su inclusión en el RIGI.

Asimismo, los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada, podrán solicitar su inscripción al RIGI exclusivamente a los efectos de contar para ello con los incentivos y derechos previstos en el artículo 190 de la presente ley respecto de las mercaderías, incluidos los insumos, que importen para la prestación que pretendan brindar a un VPU adherido al RIGI. Dichos incentivos aplicarán exclusivamente respecto de la mercadería que fuera importada con destino a la provisión de bienes o servicios a un VPU adherido, no pudiendo aplicarlo a mercadería que pretenda ser destinada a otros fines. Si se importare la mercadería con destino a la prestación en favor de un VPU y el proveedor no pudiera destinar dicha mercadería a la provisión en favor de un VPU adherido al RIGI, sea por no haber sido seleccionado para una licitación o por terminación del contrato que le dio origen a la provisión, o causa similar, el proveedor beneficiario deberá informarlo a la autoridad de inmediato y solicitar la desafectación del destino de la mercadería antes de poder utilizarla para otro destino.

A partir de su inscripción, los proveedores deberán facturar anualmente, en concepto de bienes vendidos y/o servicios prestados y destinados a los VPU inscriptos en el RIGI, un porcentaje en relación al total de su facturación no inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación.

Al vencimiento de cada año calendario el proveedor deberá informar dicho porcentaje a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por contador público matriculado. Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumpliere, el proveedor quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso de los incentivos del artículo 190, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación. A partir de la segunda suspensión dispuesta, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la baja definitiva del proveedor.

Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia del artículo 190, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios al VPU adherido, debiendo el prestador informar de ello a la Autoridad de Aplicación como sea requerido por la resolución complementaria.

El incumplimiento de estas disposiciones por parte del prestador de servicios calificará como infracción en los términos previstos en el artículo 211 -excluido su inciso f)-, conforme la infracción que resulte aplicable a criterio de la Autoridad de Aplicación, y lo hará pasible de las sanciones previstas en el artículo 213.

Artículo 170.- En los casos en los que una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero desee adherir al RIGI y desarrolle una o más actividades que no formarán parte del proyecto de inversión, o posea uno (1) o más activos que no serán afectados a dicho proyecto, podrá optar, al sólo efecto de su adhesión, por establecer una sucursal que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar inscripta en el registro público que corresponda a su lugar de asiento;

b) Obtener una Clave Única de Identificación Tributaria e inscribirse en los tributos correspondientes a las actividades que desarrolle, en forma independiente a la sociedad a la cual pertenece;

c) Tener un capital asignado;

d) Tener designado como su único objeto el desarrollo del proyecto de inversión por el cual se solicitará la inclusión en el RIGI;

e) Tener asignados únicamente los activos, pasivos y personal que serán afectados a dicho proyecto de inversión;

f) Llevar contabilidad separada a la sociedad a la cual pertenece.

La adhesión al RIGI y los incentivos incluidos en el mismo únicamente resultarán aplicables con relación a dicha sucursal.

Artículo 171.- No podrán solicitar su inclusión en el RIGI quienes, a la fecha de adhesión y/o a la fecha en la cual la autoridad de aplicación deba resolver la aprobación del plan de inversión conforme lo establecido en el artículo 177 de esta ley, conformen e integren un VPU y se encuentren incluidos en uno o más de los siguientes supuestos:

a) Los condenados, con condena confirmada en segunda instancia, por cualquier tipo de delito en virtud de la ley 27.401, o cuyos socios o accionistas se encuentren en dicha situación;

b) Los declarados en estado de quiebra, en los términos de las leyes 19.551 y 24.522 y sus modificatorias, según corresponda;

c) Los condenados, con condena confirmada en segunda instancia, con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificatorias o del Régimen Penal Tributario del Título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones, o bajo el Título I, Sección XII del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), o bajo el Régimen Penal Cambiario de la ley 19.359 (confr. Decreto 480/95 y sus modificaciones), según corresponda;

d) Quienes registren deudas firmes, exigibles e impagas de carácter fiscal, aduanero o previsional;

e) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, representantes legales, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados, con condena confirmada en segunda instancia, con fundamento en las leyes 23.771 y 24.769 y sus modificatorias o del Régimen Penal Tributario del Título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones, o bajo el Título I, Sección XII del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), o bajo el Régimen Penal Cambiario de la ley 19.359 (confr. Decreto 480/95 y sus modificaciones), según corresponda.

Capítulo III

Requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI.

Plan de inversión. Procedimientos y efectos

Artículo 172.- A los efectos del presente, serán considerados “Grandes Inversiones” los proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Involucrar un monto de inversión por proyecto en activos computables igual o superior al monto mínimo de inversión previsto en el primer párrafo del artículo 173, debiendo completarse dicho monto mínimo de inversión antes de la fecha límite indicada en el plan de inversión; y

b) Prever para el primer y segundo año, contado desde la fecha de aprobación del plan de inversión y de la solicitud de adhesión, el cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o superior a la prevista en el segundo párrafo del artículo 173.

Asimismo, para contar con las garantías del presente régimen, las inversiones deberán tener un carácter de largo plazo. Serán consideradas de largo plazo en tanto tengan un cociente no mayor al treinta por ciento (30%) entre, por un lado, el valor presente del flujo neto de caja esperado, excluidas inversiones, durante los primeros tres (3) años a partir del primer desembolso de capital y, por otro lado, el valor presente neto de las inversiones de capital planeadas durante ese mismo período. La autoridad de aplicación podrá modificar este cociente, simultáneamente para todos los sectores involucrados, siempre que con dicha modificación el régimen mantenga el propósito de dar garantías de estabilidad solamente a inversiones de larga maduración.

Los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales en los que aún no cuente con participación relevante, de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación y que involucren desembolsos de capital en etapas sucesivas cuya inversión mínima en activos computables por etapa sea igual o superior a mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000), podrán ser calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo por la autoridad de aplicación en oportunidad de su aprobación, y en dicho caso gozarán de los beneficios y garantías contemplados en el presente régimen por los plazos y en las condiciones específicas previstas para dicho tipo de proyectos en la presente ley y sus normas reglamentarias.

La reglamentación podrá establecer condiciones diferenciales en lo que hace a los requisitos de los proyectos calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo en función de sus particularidades.

Resultan requisitos esenciales para la calificación y permanencia en el RIGI el cumplimiento de las condiciones previstas en el presente título, así como el de las que se establezcan por vía reglamentaria.

Artículo 173.- A efectos de lo previsto en el inciso a) del artículo 172, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado.

A efectos de lo previsto en el inciso b) del artículo 172, el Poder Ejecutivo nacional establecerá el porcentaje del monto mínimo de inversión referido en el párrafo anterior, que deberá completarse durante el primer y segundo año contados desde la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Dicho porcentaje podrá ser distinto para cada uno de los dos (2) primeros años, pero deberá ser suficiente para alcanzar al cabo de esos dos (2) primeros años, al menos, el cuarenta por ciento (40%) del monto mínimo de inversión como condición de permanencia en el RIGI.

Excepcionalmente, y sin afectación de la garantía de igualdad ante la ley, cuando medien circunstancias particulares o especiales y aplicables a un determinado sector, subsector o etapa productiva, el Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el referido porcentaje del cuarenta por ciento (40%) a ser cumplido dentro de los dos (2) primeros años. Bajo ninguna circunstancia dicha reducción podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto mínimo de inversión.

Artículo 174.- A los efectos de lo previsto en los artículos 172 y 173, se considerarán inversiones en activos computables todas aquellas que se realicen a partir de la entrada en vigencia del RIGI y estén destinadas a la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos afectados a actividades incluidas en el RIGI, para el desarrollo de un proyecto de titularidad de un VPU adherido, excluidos los activos financieros y/o de portafolio y los bienes de cambio.

La adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias podrán considerarse como activos computables en tanto se cumplan las siguientes condiciones:

a) Las sociedades adquiridas incluyan activos computables de acuerdo con lo previsto en el presente artículo; y

b) La sociedad adquirida se fusione con el VPU dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días corridos. En estos casos, la inversión a computar será tomada en una proporción equivalente al porcentual que representen los activos computables existentes en la sociedad adquirida con relación a sus activos totales.

También se considerará como inversiones en activos computables, aquellas realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia del RIGI, e incluso antes de la adhesión del VPU al RIGI y que consistan en:

(i) La adquisición por parte de inversores de las cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU, siempre que dicho VPU incluya activos computables de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. En estos casos, la inversión a computar será tomada en una proporción equivalente al porcentual que representen los activos computables existentes en la VPU adquirida con relación a sus activos totales;

(ii) La asignación de activos descriptos en el presente artículo a una Sucursal Dedicada a efectos de su establecimiento, inscripción y adhesión al RIGI, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) punto (iii) del artículo 195.

A los efectos del cumplimiento del monto de inversión mínima previsto en el artículo 173, las inversiones en la adquisición o asignación de los activos que se indican a continuación sólo podrán computarse, en forma conjunta, hasta un máximo del quince por ciento (15%) de dicho monto de inversión mínima:

1. Los activos indicados en los párrafos segundo y tercero del presente artículo relativos a la adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU o los asignados a Sucursales Dedicadas.

2. Los bienes inmuebles.

3. Los derechos reales de usufructo sobre bienes inmuebles.

4. Las concesiones de explotación minera, de petróleo y gas.

Sin perjuicio de la posibilidad de computar como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión un porcentaje de la adquisición o asignación de los referidos activos ocurrida con anterioridad a la adhesión del VPU al RIGI, el derecho al efectivo goce del RIGI y el cómputo de parte de la referida adquisición a los efectos del cumplimiento de parte del monto mínimo de inversión estará condicionado y sujeto a la previa adhesión del VPU al RIGI.

La adquisición de un VPU con anterioridad a la adhesión del mismo al RIGI, con miras a calificar o a eventualmente computar parte de dicha adquisición como cumplimiento del monto mínimo de inversión a partir de la entrada en vigencia del RIGI, no brindará ningún derecho con anterioridad a la efectiva adhesión de dicho VPU al RIGI.

Todos los activos incorporados a la ejecución del proyecto de inversión, con independencia de que sean considerados o no como inversiones en activos computables en los términos del presente artículo, y cualquiera sea la forma de contratación en que hayan sido incorporados, incluyendo, pero sin limitarse a los contratos de locación, chárter marítimo, leasing o cualquier otra modalidad, resultan alcanzados por los incentivos, derechos y garantías previstos en el presente régimen.

De manera excepcional y a solicitud de un VPU en oportunidad de la presentación de solicitud de adhesión, la autoridad de aplicación podrá, en atención al riesgo asumido por el inversor, autorizar que los montos destinados a la cancelación de las obligaciones asumidas en contrataciones de servicios esenciales para el proyecto y sin los cuales el mismo no podría ejecutarse, puedan computarse como cumplimiento del monto mínimo de inversión por hasta un máximo que no exceda un veinte por ciento (20%) de dicho monto mínimo de inversión.

La autoridad de aplicación resolverá el otorgamiento de esta excepción en el mismo acto administrativo en el que decida sobre la solicitud de adhesión. En estos casos el solicitante deberá aclarar en la solicitud de adhesión, si la factibilidad de cumplimiento del monto mínimo de inversión exigido por el RIGI necesariamente depende y se encuentra condicionado al otorgamiento de esta excepción. En ningún caso podrán computarse contrataciones o servicios que no resulten esenciales para la viabilidad y/o ejecución del proyecto.

Artículo 175.- A efectos de adherir al RIGI y adquirir los derechos y beneficios que se establecen en dicho régimen, los VPU deberán:

a) Presentar la solicitud de adhesión y un plan de inversión en los términos y condiciones previstos en el artículo 176; y

b) Obtener la aprobación por parte de la autoridad de aplicación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Artículo 176.- La solicitud de adhesión y el plan de inversión indicado en el artículo 175 deberán contener como mínimo lo siguiente:

a) Descripción del proyecto objeto del plan de inversión, la ubicación del proyecto y el sector al que corresponde;

b) Datos societarios del VPU;

c) Constitución de domicilio a los efectos de las notificaciones y designación de la persona o representante para tratar cuestiones del proyecto con la autoridad de aplicación, a efectos de lo cual deberán incluirse sus datos de contacto. Cualquier modificación deberá informarse y actualizarse dentro de los treinta (30) días hábiles de producida;

d) Monto de la inversión total del proyecto en activos computables, especificando los montos involucrados en el inicio, construcción, operación y cierre del proyecto, y detallando los rubros y conceptos de inversión proyectados, el que deberá ser igual o superior al monto mínimo de inversión previsto por sector incluido. Asimismo, se deberá especificar, en caso de que corresponda, el monto del quince por ciento (15%) de la adquisición o asignación de activos realizada desde la entrada en vigencia del RIGI pero con anterioridad a la adhesión por parte del VPU al RIGI, a ser computada como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión, de conformidad con lo previsto en los párrafos segundo a quinto del artículo 174;

e) Rubros principales a los que se destinaría la inversión en activos computables con los costos de capital y operación debidamente discriminados y, asimismo, discriminando las inversiones en los activos previstos en el párrafo cuarto del artículo 174;

f) Cronograma estimado de la inversión total en el proyecto (con descripción si correspondiera del plazo de obra o construcción, fecha estimada de puesta en marcha, y vida útil del proyecto);

g) Monto de la inversión en activos computables que se realizará durante el primer y segundo año contados desde la notificación del acto administrativo de aprobación de la adhesión al RIGI y del plan de inversión, que no podrá ser inferior al porcentaje del monto mínimo de inversión definido según sector que establezca el Poder Ejecutivo nacional por reglamentación;

h) Declaración jurada, sustentada en un estudio técnico, en el que se establezca que el VPU no distorsionará el mercado local;

i) Fecha límite a propuesta del VPU, antes de la cual se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto de inversión mínima en activos computables previsto en el artículo 173 y definido por sector;

j) Descripción de la fuente o modo de financiamiento del monto de la inversión. En todos los casos el financiamiento será a exclusiva cuenta y riesgo del VPU;

k) Empleo directo e indirecto, con integración local estimada;

l) Plan de desarrollo de proveedores locales: El que deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del Proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al Proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.

m) Estimado de producción y, de corresponder, monto estimado de exportaciones con cronograma proyectado hasta fin de vida útil;

n) Balance comercial y de flujos de divisas del proyecto para los primeros tres (3) años desde la fecha de aprobación del plan de inversión;

o) Declaración con respecto a la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto de inversión del que surja evidencia razonable con respecto a su factibilidad, incluyendo matriz de riesgos, plan de mitigación e informe de evaluador económico-financiero independiente;

p) Descripción de los permisos y habilitaciones obtenidos por el VPU necesarios para el desarrollo del plan de inversión y aquellos pendientes de obtención, de conformidad con la ley sustantiva aplicable según el sector de actividad del VPU. Deberá indicarse, asimismo, el tipo de habilitación y/o permiso, jurisdicción y autoridad competente a su cargo y, en caso de habilitaciones y/o permisos pendientes de obtención, estado del trámite y fecha aproximada de otorgamiento; y

q) Firma de representante legal del VPU.

La información referida y presentada por el VPU en cumplimiento del presente artículo será al solo efecto de evaluar la solicitud de adhesión al RIGI. Cualquier modificación de lo informado deberá ser notificada dentro de los treinta (30) días hábiles de conocida la modificación por parte del VPU. Ello sin perjuicio de la obligación prevista en el anteúltimo párrafo del artículo 180 de la presente.

Artículo 177.- Desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos. El plazo de cuarenta y cinco (45) días antes referido es esencial. El acto administrativo de aprobación o rechazo de la solicitud de adhesión deberá ser notificado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su emisión.

La autoridad de aplicación podrá solicitar información complementaria o las aclaraciones que resulten indispensables para analizar la viabilidad y factibilidad del proyecto en función de sus características e incluso podrá citar a una audiencia a mantener con los representantes del VPU. El plazo previsto en el primer párrafo del presente se suspenderá desde la fecha de notificación de la solicitud de información adicional hasta la fecha de presentación de la información complementaria o las aclaraciones requeridas.

La decisión sobre la aprobación o el rechazo por parte de la autoridad de aplicación se basará en la información incluida en la solicitud de adhesión, en el plan de inversión y de la evaluación que la autoridad de aplicación realice en los términos previstos en la presente ley. La decisión al respecto no será discrecional y respetará la garantía de igualdad ante la ley de todos los solicitantes, respetándose uniformidad y coherencia en los criterios de otorgamiento.

En los casos en que medie rechazo, el acto administrativo deberá incluir de manera expresa y clara las razones en virtud de las cuales se funda dicho rechazo las que únicamente podrán consistir en las siguientes:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la presente ley;

b) No alcanzar el monto de inversión mínima requerido;

c) Un excesivo e injustificado plazo propuesto como fecha límite para cumplir con el monto de inversión mínima en activos computables;

d) Un monto de inversión en activos computables inferior al requerido como inversión mínima durante el primer y segundo año posteriores a la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación del plan de la adhesión al RIGI y del plan de inversión;

e) La falta de información adecuada o esencial en el plan de inversión;

f) La ausencia de permisos relevantes o esenciales para la ejecución del plan de inversión y/o la incertidumbre o largo plazo para su obtención que pudieran hacer peligrar la factibilidad del proyecto en los tiempos propuestos;

g) Una clara y evidente imposibilidad de dar cumplimiento al plan de inversión de la manera planteada por el VPU a criterio de la autoridad de aplicación, sea en términos de factibilidad técnica, económica y/o financiera; y/o

h) La determinación por parte de la Autoridad de Aplicación de que el ingreso al RIGI por parte del VPU solicitante generaría una distorsión en el mercado local.

El rechazo de la solicitud de adhesión al RIGI no podrá ser recurrido. Sin embargo, el VPU tendrá derecho a presentar un nuevo plan de inversión respecto del mismo proyecto y someterlo nuevamente a consideración de la autoridad de aplicación hasta dos (2) veces más dentro del mismo año calendario. El acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión indicará de manera expresa lo siguiente:

(i) La fecha de adhesión al RIGI, la que se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud de adhesión o de presentación de la información complementaria que permitió la aprobación;

(ii) Los montos que deberán cumplirse en cada uno de los primeros dos (2) años contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que apruebe la adhesión al RIGI; y

(iii) La fecha límite para cumplimiento del monto de inversión mínima en activos computables según lo propuesto por el VPU en el plan de inversión aprobado.

El acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión implicará que el VPU se encuentra adherido al RIGI, que se ha aprobado el plan de inversión presentado y que el proyecto objeto de adquisición, construcción, explotación y/o desarrollo por parte del VPU es un proyecto adherido al RIGI.

Emitido el acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión, se considerará que la fecha de adhesión al RIGI, y de adquisición de los derechos, es la fecha de la presentación original de la solicitud de adhesión por parte del VPU o la fecha posterior en la que el VPU hubiese completado a satisfacción de la autoridad de aplicación su solicitud de adhesión original con la información aclaratoria y/o complementaria solicitada por la autoridad de aplicación, lo que suceda último.

La fecha de adhesión será considerada como la fecha de adquisición de los derechos bajo el RIGI tanto para el proyecto como para el VPU.

La fecha de notificación al VPU del acto administrativo aprobatorio de la adhesión al RIGI y del plan de inversión será considerada como la fecha de asunción por parte del VPU de los compromisos y requisitos de cumplimiento esencial previstos en el RIGI para la permanencia en el régimen.

El acto administrativo aprobatorio del plan de inversión de determinado proyecto será constitutivo de los derechos que surgen del RIGI.

Emitido el acto administrativo aprobatorio la autoridad de aplicación procederá a:

1. Emitir como constancia de adhesión al RIGI y a efectos meramente declarativos el “Certificado de Adhesión del Proyecto al RIGI” que acreditará el derecho a gozar de los incentivos bajo el RIGI. El acto aprobatorio de la solicitud de adhesión y dicho certificado serán notificados al VPU en el domicilio constituido en oportunidad de presentar el plan de inversión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores y siguientes al de su emisión;

2. Informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de que dentro del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles genere una CUIT especial a los efectos del RIGI para el VPU a la que se le agregará al final del número la sigla “RIGI”; y

3. Informar a la autoridad competente en materia cambiaria (Banco Central de la República Argentina -o quien la reemplace-) a fin de que aplique al VPU los incentivos previstos en el presente en materia cambiaria.

En el caso del cuarto párrafo del artículo 169, una vez aprobada la solicitud de adhesión al RIGI por la autoridad de aplicación, se deberá llevar adelante un procedimiento de renegociación contractual a fin de lograr la adecuación del contrato de concesión a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento. El plazo del contrato deberá fijarse teniendo en consideración las inversiones comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable.

Artículo 178.- La adhesión al RIGI implicará para el VPU:

a) Desde la fecha de adhesión al RIGI, la adquisición de los derechos previstos en el RIGI exclusivamente respecto del proyecto objeto del plan de inversión propuesto por el VPU y aprobado por la autoridad de aplicación;

b) Desde la notificación al VPU del acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión que incluye el plan de inversión, la asunción de obligaciones de manera irrevocable para la permanencia en el régimen.

Desde la fecha de adhesión al RIGI inclusive, el VPU gozará de un derecho adquirido asimilable a la propiedad sobre los incentivos previstos en los capítulos IV, V, VI y X del presente título, y demás derechos resultantes del RIGI, que no podrá ser violado ni afectado por norma posterior y que tendrá la estabilidad prevista en el presente RIGI.

El VPU gozará de los derechos, garantías e incentivos previstos en el RIGI, en la medida en que no se incurra en alguna de las causales de cese de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la presente ley. Adicionalmente, gozará de la garantía de estabilidad prevista en el capítulo VI del presente título por un plazo de treinta (30) años contados desde la fecha de adhesión.

La aprobación de la solicitud de adhesión, que incluye el plan de inversión genera en todos los casos para el VPU la obligación de cumplir con los compromisos previstos en los incisos a) y b) del artículo 172 como condición para la permanencia en el RIGI, quedando sujeto a las sanciones que le pudiera corresponder en caso de goce indebido del RIGI los beneficios conforme lo previsto en el capítulo VIII de este título.

Los incentivos solo podrán ser utilizados por parte del VPU exclusivamente respecto del proyecto adherido. El VPU no podrá ser titular ni desarrollar otras actividades o proyectos distintos del proyecto adherido. Sin perjuicio de ello, se podrán fusionar VPUs y/o adquirir proyectos ya adheridos a fin de conformar un único proyecto adherido.

Artículo 179.- La autoridad de aplicación deberá hacer seguimiento y controlar:

a) El cumplimiento del monto mínimo de inversión antes de la fecha límite;

b) El cumplimiento de la inversión realizada dentro de los dos (2) primeros años contados desde la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI;

c) El cumplimiento de las demás obligaciones que surgen del RIGI; y

d) La adecuada utilización de los incentivos por parte de los VPU respecto del proyecto adherido.

Los activos que se hayan computado a efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión deberán permanecer afectados al proyecto adherido objeto del plan de inversión aprobado por el término de su vida útil o hasta el fin del plazo de estabilidad o el fin de la vida útil del proyecto adherido, o hasta la fecha en que medie permiso de la autoridad de aplicación para desafectarlo, lo que ocurra primero.

La autoridad de aplicación podrá autorizar, a solicitud del VPU, la desafectación de activos para las operaciones de venta y reemplazo debidamente justificadas previstas en el inciso b) del artículo 183 en tanto el monto invertido en el reemplazo sea igual o mayor al obtenido por la venta.

Artículo 180.- Con las limitaciones que surgen del último párrafo del artículo 178, el plan de inversión que hubiese sido aprobado en oportunidad de la aprobación de la solicitud de adhesión, podrá ser modificado por los VPU sin necesidad de previa aprobación por parte de la autoridad de aplicación, debiendo, sin embargo, notificar la modificación a la autoridad de aplicación dentro de los cinco (5) días hábiles de decidida o conocida, debiendo además proceder a la actualización de la información presentada con carácter de declaración jurada conforme al artículo 176.

Sin embargo, los siguientes aspectos del plan de inversión sólo podrán modificarse en los casos en que medie previa solicitud del VPU y autorización expresa y por escrito emitida por parte de la autoridad de aplicación:

a) Reducción del monto a invertir durante los dos (2) primeros años contados desde la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI y/o prórroga de dichos plazos anuales para cumplir con el monto comprometido; y

b) Extensión de la fecha límite antes de la cual debe alcanzarse el monto de inversión mínima.

El rechazo a la solicitud de modificación será irrecurrible.

La solicitud de modificación de plan de inversión en estos casos deberá ser realizada por el VPU con una antelación mínima de sesenta (60) días corridos antes de su vencimiento, y deberá acreditar razones debidamente fundadas y ajenas a la voluntad y/u obrar del VPU que, a criterio de la autoridad de aplicación, justifiquen razonablemente el otorgamiento de lo solicitado.

Las modificaciones, extensiones y/o ampliaciones de los planes de inversión informadas o aprobadas, según sea el caso, no alterarán los derechos adquiridos bajo el RIGI, salvo en aquellos supuestos en que se incurra en algunas de las causales de terminación, en los términos y condiciones previstos en el artículo 209 de esta ley.

El VPU que tenga conocimiento cierto de la imposibilidad de cumplimiento de alguna de las condiciones y/o requisitos esenciales para la permanencia en el RIGI, deberá informarlo a la autoridad de aplicación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de tomado dicho conocimiento.

La autoridad de aplicación deberá analizar la presentación y resolver sobre la permanencia o terminación del VPU en el RIGI, encontrándose facultada para, eventualmente, ordenar la modificación de las condiciones de inversión a efectos de prevenir y evitar un goce indebido de los incentivos otorgados al VPU que se encuentre en las condiciones descriptas en el párrafo anterior. El incumplimiento de esta obligación será causal del agravamiento de las sanciones previstas en el presente régimen.

Artículo 181.- Como condición de la permanencia en el RIGI, el VPU asume el compromiso de cumplir con todas las condiciones y requisitos esenciales del presente régimen. Sin perjuicio de ello, se reconoce que la concreción y continuidad de dicho proyecto depende de una diversidad de factores cuyo control a veces resulta ajeno al VPU, y por ende el VPU podrá, en cualquier momento, ante la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor en los términos definidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, tomar la decisión de suspenderlo, reiniciarlo y/o cerrarlo en forma provisoria o definitiva, parcial o total, sin incurrir en responsabilidad bajo el presente, debiendo justificar razonablemente su decisión mediante notificación a la autoridad de aplicación, y suspendiendo sus obligaciones por igual plazo que dure la suspensión.

Durante el plazo en que dure la suspensión, el VPU se abstendrá de hacer uso de los incentivos que surgen del RIGI, pudiendo reanudar el ejercicio de sus derechos a partir del cese de los efectos de caso fortuito o fuerza mayor.

En la medida en que se produzca un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, se suspenderá el cumplimiento de las obligaciones que no puedan ser satisfechas durante el período en que se vea impedido dicho cumplimiento. El VPU afectado por el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor deberá comunicar dicha circunstancia a la autoridad de aplicación, por escrito, dentro de los quince (15) días de tomar conocimiento de su existencia, explicando si se trata de un supuesto de suspensión (con su duración estimada) o cierre parcial o definitivo. Dicha notificación deberá indicar la naturaleza del supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor y sus causas. Desaparecido el impedimento, el VPU afectado deberá retomar inmediatamente el cumplimiento de sus obligaciones y se reanudará el uso y goce de los incentivos.

Artículo 182.- La reglamentación establecerá las clases de garantías que deberán exigirse para preservar el crédito fiscal relativo al otorgamiento de los incentivos tributarios y aduaneros a los VPU, específicamente relacionados con la utilización indebida de incentivos.

Siempre que el importe y la solvencia de la garantía fueren considerados satisfactorios por la autoridad de aplicación, los VPU podrán optar por alguna de las formas siguientes:

a) Depósito de dinero en efectivo;

b) Depósito de títulos de la deuda pública, computados sus valores del modo que determinare la reglamentación;

c) Garantía bancaria;

d) Seguro de garantía;

e) Garantía real, en primer grado de privilegio, en cuyo caso el valor de los inmuebles o muebles de que se tratare se establecerá del modo que determinare la reglamentación; y

f) Las demás que autorizare la reglamentación para los supuestos y en las condiciones que allí se establecieren.

Capítulo IV

Incentivos tributarios y aduaneros

Artículo 183.- A efectos del presente régimen, cualquier referencia a la Ley de Impuesto a las Ganancias será entendida como la Ley de Impuesto a las Ganancias –texto ordenado en 2019 por el decreto 824/2019 y sus modificaciones– así como cualquier otra ley que en un futuro la modifique o sustituya.

Con relación al impuesto a las ganancias, los VPU adheridos al RIGI estarán sujetos al siguiente régimen:

a) La alícuota prevista en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias será del veinticinco por ciento (25%) no resultando de aplicación sobre dichas utilidades la escala prevista en el inciso a) del artículo 73 de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

b) Los VPU podrán, para las inversiones que realicen, optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de afectación del bien, de acuerdo con las normas previstas en los artículos 78, 87 y 88, según corresponda, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a continuación:

(i) En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados: como mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas;

(ii) En minas, canteras, bosques y bienes análogos o en obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al sesenta por ciento (60%) de la estimada.

El incentivo mencionado en el presente inciso resultará de aplicación en la medida en que el bien del cual se trate se encuentre habilitado, entendiéndose como tal cuando se encuentre apto para ser utilizado en el proyecto respectivo.

Para el caso de activos incorporados al VPU mediante los supuestos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 174, en el cual tales bienes u obras hayan sido habilitados en ejercicios fiscales anteriores a aquel en que se aprueba la solicitud de adhesión y el plan de inversión, el incentivo previsto en el primer párrafo del presente inciso podrá usufructuarse por el valor remanente no amortizado de los bienes u obras sujetos a beneficio.

Cuando se trate de operaciones que den derecho a la opción prevista en el artículo 71 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la amortización especial prevista en el primer párrafo del presente inciso deberá practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en la referida ley del gravamen. Si la enajenación y reemplazo se realizaran en ejercicios fiscales diferentes, la amortización eventualmente computada en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo correspondiente a dicha enajenación. El tratamiento previsto en este párrafo queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos en reemplazo permanezcan afectados a la ejecución del proyecto. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias de impuesto resultantes más los intereses resarcitorios establecidos en el artículo 37 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), salvo en el supuesto previsto en el párrafo siguiente, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder por aplicación de las disposiciones del capítulo VIII del presente Título.

No se producirá la caducidad del tratamiento señalado precedentemente en el caso de reemplazo de bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el monto invertido en la reposición sea igual o mayor al obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la proporción de las amortizaciones computadas en virtud del importe reinvertido que no se encuentre alcanzada por el régimen, tendrá el tratamiento indicado en el párrafo anterior;

c) El quebranto impositivo sufrido por los VPU en un período fiscal, que no pueda absorberse con ganancias gravadas del mismo período, podrá deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes, sin límite temporal. Transcurridos cinco (5) años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, éstos podrán transferirse a terceros. En el caso de Sucursales Dedicadas del artículo 170, transcurridos cinco (5) años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, éstos podrán utilizarse para absorber ganancias gravadas de la sociedad a la cual pertenecen o transferirse a terceros. Los quebrantos, al igual que el régimen general que les resulta aplicable, se actualizarán por la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. A estos efectos, se aclara que no resultará de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

d) Las actualizaciones previstas en la Ley de Impuesto a las Ganancias se practicarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, conforme las tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos, no resultando de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Artículo 184.- La ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y las remesas de utilidades a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) del artículo 73 de dicha ley, proveniente de los VPU adheridos al RIGI, tributará a la alícuota del siete por ciento (7%).

Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el párrafo precedente se paguen a beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los pague efectúe la pertinente retención e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago único y definitivo.

Artículo 185.- Una vez transcurrido un plazo de siete (7) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI, los dividendos y utilidades referidos en el artículo precedente quedarán alcanzados por una alícuota del tres coma cinco por ciento (3,5%).

Los pagos que los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo efectúen a beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por las locaciones o chárter marítimos, por los servicios de transporte internacional destinado a exportaciones y por los servicios incluidos en contratos de ingeniería, adquisición y gestión de construcción, se encontrarán exentos del Impuesto a las Ganancias.

Cuando los VPU con proyectos declarados de Exportación Estratégica efectúen pagos no incluidos en el párrafo anterior a beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario, el treinta por ciento (30%) de los importes pagados, excepto que exista una disposición que implique un tratamiento más favorable, en cuyo caso será de aplicación este último.

A los fines de la retención a beneficiarios del exterior a realizar por VPU con proyectos declarados de Exportación Estratégica, en ningún caso será de aplicación el acrecentamiento de la ganancia contemplado en el artículo 227 del decreto reglamentario de dicha Ley de Impuestos a las Ganancias.

Artículo 186.- Las transacciones u operaciones que los VPU realicen con sus titulares, miembros o con entidades locales vinculadas a ellos se encontrarán sujetas a las disposiciones del artículo 17 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con excepción de lo previsto en su octavo párrafo.

A los fines de determinar si los acuerdos de reparto o contribución de costos que celebren los VPU –incluidas las sucursales especiales– con sus titulares, miembros o con entidades locales o extranjeras vinculadas a ellos se consideran ajustados a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes, el valor de las contribuciones o aportes efectuados por cada participante debe ajustarse al que una empresa independiente aceptaría en circunstancias comparables, teniendo en cuenta la parte proporcional de los beneficios totales que razonablemente espera obtener del acuerdo.

Artículo 187.- A efectos del presente régimen, cualquier referencia a la Ley de Impuesto al Valor Agregado será entendida como la Ley de Impuesto al Valor Agregado –texto ordenado en 1997 por el decreto 280/1997 y sus modificaciones– así como cualquier otra ley que en un futuro la modifique o sustituya.

Con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los VPU adheridos al RIGI estarán sujetos al siguiente régimen:

a) Cuando a los VPU se les hubiera facturado IVA (incluidas las respectivas percepciones) por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso o por inversiones de obras de infraestructura y/o servicios necesarios para su desarrollo y construcción y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos esas compras o importaciones definitivas la alícuota a la que dichas operaciones han estado sujetas, los VPU podrán pagar el IVA (incluidas las percepciones) a sus proveedores, o a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el caso de importaciones de bienes, a través de la entrega de Certificados de Crédito Fiscal. Dichos bienes de uso u obras de infraestructura deberán cumplir con su afectación al proyecto prevista en el artículo 179 del presente;

b) Los Certificados de Crédito Fiscal tendrán para los proveedores el tratamiento previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. En aquellos casos en los que el proveedor solicite la devolución o transferencia a terceros de saldos que tengan origen en Certificados de Crédito Fiscal, y la Administración Federal de Ingresos Públicos no proceda a la devolución en un plazo de tres (3) meses, el sujeto beneficiario podrá transferir los remanentes de dichos saldos no utilizados a terceros sin necesidad de aprobación previa por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En este último caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá verificar la procedencia, exactitud y existencia de los remanentes de dichos saldos con posterioridad a su transferencia y, en caso de que tales remanentes de saldos resulten improcedentes, inexactos o inexistentes, reclamar al VPU el ingreso de los importes transferidos por el proveedor indebidamente a terceros. La Administración Federal de Ingresos Públicos no podrá impugnar el cómputo de los remanentes de esos créditos fiscales transferidos por parte de los proveedores ni de los terceros, ni reclamar a tales proveedores o terceros el pago de los tributos cancelados con dichos remanentes de créditos fiscales;

c) En ningún caso los VPU podrán computar los créditos fiscales reales abonados con Certificados de Crédito Fiscal.

La reglamentación establecerá los requisitos, procedimientos y condiciones para la emisión y entrega de los Certificados de Crédito Fiscal y la transferencia del remanente de saldos de créditos fiscales. La autoridad de aplicación dictará las normas que estime necesarias para instrumentar el régimen, pudiendo incluso utilizar medios informáticos para implementar la emisión y entrega de los mencionados certificados, como así también de los remanentes de saldos de créditos fiscales.

Artículo 188.- Los VPU adheridos al RIGI que estén conformados por uniones transitorias u otros contratos asociativos, de conformidad con lo previsto en el inciso d) del párrafo tercero del artículo 169, tendrán el tratamiento tributario previsto en el presente capítulo conforme a las siguientes disposiciones:

a) Impuesto a las Ganancias:

i) Serán considerados sujetos comprendidos en el apartado 2 del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetos al tratamiento tributario previsto en el presente capítulo en forma separada a sus miembros;

ii) Las distribuciones de utilidades del VPU a sus miembros tendrán el tratamiento previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

iii) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre el VPU y sus miembros deberán ser caracterizados al sólo efecto de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si el VPU y sus miembros hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

b) Demás tributos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales: No podrán alcanzarse con ningún tributo local las operaciones, transferencias, ventas, locaciones, prestaciones ni ninguna otra relación económica entre el VPU y sus miembros. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 189.- Los VPU adheridos al RIGI podrán computar el cien por ciento (100%) de los importes abonados y/o percibidos en concepto del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, establecido por la ley 25.413 y su reglamentación, como crédito del impuesto a las ganancias.

Artículo 190.- Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

La propiedad, posesión, tenencia o uso de la mercadería beneficiada con el tratamiento previsto en el párrafo anterior excepto insumos utilizados para producción no puede ser objeto de transferencia, salvo que dicha transferencia se efectúe a otro VPU adherido al RIGI, lo cual deberá ser notificado a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente párrafo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en este régimen.

La obligación impuesta en el párrafo precedente se extingue en los mismos supuestos que los previstos en el artículo 179.

Artículo 191.- Las exportaciones para consumo de los bienes obtenidos al amparo del proyecto promovido, realizadas por los VPU adheridos al RIGI se encontrarán exentas de derechos de exportación, luego de transcurridos tres (3) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.

Las exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior realizadas por los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo estarán exentas de derechos de exportación, a partir de los dos (2) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.

Artículo 192.- A los efectos de la aplicación del artículo 94 inciso 5) y artículo 206 de la Ley General de Sociedades -ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificatorias-, podrán deducirse de las ganancias y/o adicionarse a las pérdidas de la sociedad los intereses y las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto promovido por este régimen.

Los beneficiarios del presente régimen podrán exponer contablemente, como nota explicativa, los importes de los intereses y de las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto.

En lo que hace a su tratamiento impositivo, para los beneficiarios del presente régimen, se estará a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias excepto por las limitaciones establecidas en el cuarto párrafo y siguientes del inciso a) de su artículo 85, las cuales no serán aplicables durante los primeros cinco (5) años desde la fecha de adhesión al RIGI.

Artículo 193.- Los VPU adheridos al RIGI podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo de dicho Proyecto Adherido, sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones directas, restricciones cuantitativas, cupos o cuotas, de ningún tipo, ni cualitativas, de carácter económico. Tampoco podrán aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno, aun cuando las mismas estén previstas en la legislación vigente a la fecha de adhesión y excepto que las mismas se encuentren expresa y específicamente incluidas en la aprobación de la autoridad de aplicación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Los VPU adheridos al RIGI incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los VPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda. En particular, también se garantiza a todos los VPU adheridos al RIGI, incluyendo a aquellos cuyos proyectos sean declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción que: (i) los obligue a adquirir insumos de proveedores nacionales en condiciones menos favorables que las condiciones de mercado, sin que ello impida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar e implementar políticas de contratación de proveedores locales en condiciones de mercado; (ii) les impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido con carácter dedicado y exclusivo al respectivo proyecto y (iii) que afecten la estabilidad de las autorizaciones de exportación de largo plazo para sus productos que hayan sido otorgadas previamente. Se considerará que configuran prohibiciones o restricciones directas a las importaciones o a las exportaciones de carácter económico, en los términos del presente artículo, a las declaraciones juradas anticipadas, las licencias automáticas y no automáticas, los certificados de importación, los sistemas de monitoreo de importaciones o exportaciones y cualquier otra declaración, intervención, acto administrativo o presentación de carácter previo a la registración del despacho de importación o del permiso de embarque de exportación que requieran aprobación, autorización, validación o habilitación expresa, tácita o sistémica por parte del Estado. También se considerarán restricciones directas las medidas que exijan la presentación de certificados de origen, salvo cuando el origen de la mercadería cuya importación se solicita de derecho a la aplicación de preferencias arancelarias o tratamientos diferenciales, o cuando dicha mercadería esté sujeta a la aplicación de derechos antidumping, compensatorios o específicos, o a medidas de salvaguardia.

Cualquier restricción y/o afectación en los términos de los párrafos anteriores será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 194.- Los VPU adheridos al RIGI podrán optar por llevar sus registros contables y estados financieros preparados en dólares estadounidenses utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera.

Artículo 195.- Las Sucursales Dedicadas tendrán el tratamiento tributario previsto en el presente capítulo, conforme a las siguientes disposiciones:

a) Impuesto a las Ganancias:

(i) Serán consideradas sujetos comprendidos en el apartado 2 del inciso a) del Artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetas al tratamiento tributario previsto en el presente capítulo en forma separada a la sociedad a la cual pertenecen;

(ii) Las distribuciones de utilidades de la Sucursal Dedicada a la sociedad a la cual pertenecen tendrán el tratamiento previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

(iii) La asignación de patrimonio que se efectúe de la sociedad a la Sucursal Dedicada a efectos de su establecimiento, inscripción y adhesión al RIGI estará sujeta al siguiente tratamiento:

La Sucursal Dedicada gozará de los atributos impositivos que, de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias y su reglamento, poseía la sociedad a la cual pertenece, en proporción al patrimonio asignado;

(iv) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial –excepto las previstas en el inciso anterior– deberán ser caracterizadas al sólo efecto de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si la sociedad y la Sucursal Especial hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

b) Impuesto al Valor Agregado:

(i) Serán consideradas sujetos comprendidos en el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetas al tratamiento tributario previsto en el presente Capítulo en forma separada a la sociedad a la cual pertenecen;

(ii) No se considerarán ventas las asignaciones que se realicen como consecuencia del establecimiento de la Sucursal Dedicada a los efectos de su adhesión al RIGI. Los saldos de impuestos existentes en la sociedad serán atribuibles a la Sucursal Especial en la proporción de los bienes asignados;

(iii) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial –excepto las previstas en el inciso anterior– deberán ser caracterizadas al solo efecto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si la sociedad y la Sucursal Dedicada hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

c) Demás tributos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales: No podrán alcanzarse con ningún otro impuesto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni municipal las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial.

Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 196.- Los incentivos tributarios otorgados a través del presente régimen no producirán efectos en la medida en que pudieran resultar en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros por aplicación de un impuesto mínimo global –sea a través de una regla de inclusión de ganancias, una regla de pagos sujetos a baja tributación o cualquier otra medida análoga– que implemente o esté dirigido a implementar, total o parcialmente, el segundo pilar del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el G-20 sobre erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.

Artículo 197.- Las reorganizaciones de empresas que se lleven a cabo con el objeto de establecer un VPU o realizar las inversiones en activos computables podrán efectuarse de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con las siguientes modificaciones:

a) No será requisito que la o las entidades continuadoras prosigan con la actividad de la o las empresas reestructuradas;

b) No se requerirá aprobación previa de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando por el tipo de reorganización no se produzca la transferencia total de la o las empresas reorganizadas;

c) Los efectos impositivos previstos en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias no se encuentran supeditados al cumplimiento de los requisitos de publicidad e inscripción establecidos en la Ley General de Sociedades - ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificaciones; y

d) No resultarán aplicables los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 172 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias - decreto 862/2019, texto ordenado 2019, y sus modificaciones.

Capítulo V

Incentivos cambiarios

Artículo 198.- Los cobros de exportaciones de productos del Proyecto Adherido al RIGI efectuados por los VPU quedan exceptuados en los porcentajes descriptos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios:

a) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

b) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

c) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido cuatro (4) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

Dichos fondos en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad.

Los VPU no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos (tales como aportes de capital, préstamos o servicios) vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos.

Las divisas exceptuadas de la obligación de ingreso y liquidación en los términos precedentes serán de libre disponibilidad para los VPU.

Cuando se trate del cobro de exportaciones a las que se refiere el primer párrafo de este artículo efectuadas por VPU titulares de Proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo, a efectos de la excepción de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:

(i) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

(ii) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

(iii) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

Resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación.

Artículo 199.- Las divisas provenientes de financiamientos locales o externos tomados por los VPU adheridos al RIGI, que fueran desembolsados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, no estarán sujetas a restricciones en cuanto a su libre disponibilidad en el exterior o en el país. Dichos fondos serán de libre disponibilidad por parte del VPU y/o del Proyecto Adherido y sus montos podrán ser utilizados libremente para cualquier concepto.

No le será aplicable a los VPU adheridos al RIGI ninguna limitación a la tenencia de activos externos líquidos o no, impuesta por la normativa cambiaria.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, el monto de activos externos líquidos que los VPU mantengan en el exterior en virtud de los beneficios del RIGI podrá ser tenido en cuenta por aquellas normas que establezcan, o puedan establecer en un futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios con base en la tenencia de activos externos líquidos. Sin embargo, dichas normas sólo podrán exigir a los VPU que atiendan el pago de endeudamientos comerciales y/o financieros con el exterior, el pago de capital e intereses de préstamos, la distribución de dividendos y utilidades, y/o la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes, prioritariamente con dichos activos externos líquidos o que no puedan acceder al mercado de cambios para el pago de las mismas mientras cuenten con tales activos externos líquidos.

Asimismo, no resultarán aplicables a los VPU las normas cambiarias que establezcan, o que puedan establecer en el futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios para el pago de capital de préstamos y otros endeudamientos financieros con el exterior, y/o la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes, en la medida que el importe de divisas ingresadas y liquidadas en el mercado de cambios como préstamos y otros endeudamientos con el exterior y/o aportes de capital u otras inversiones directas por parte de los VPU sea en todo momento mayor o igual a los importes en divisas que demanden tales accesos.

No resultarán aplicables a los VPU las normas cambiarias que establezcan, o que puedan establecer en el futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios para el pago de utilidades, dividendos o intereses a sujetos no residentes, en la medida que tales utilidades, dividendos o intereses hayan sido generados por aportes de capital u otras inversiones directas, o por préstamos u otros endeudamientos financieros con el exterior, ingresados y liquidados en el mercado de cambios por el VPU a partir de la fecha de adhesión al RIGI, sin que en este caso aplique el límite cuantitativo previsto en el párrafo anterior.

Los organismos públicos y los entes privados intervinientes en el procedimiento administrativo relativo al cumplimiento de los requisitos y/o condiciones formales y/o sustanciales establecidos en la normativa cambiaria a fin de que los VPU adheridos al RIGI accedan al mercado de cambios para adquirir divisas o moneda extranjera por los conceptos mencionados en los párrafos precedentes velarán porque su tramitación no afecte el normal desenvolvimiento y ejecución de dicho proyecto.

El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades asignadas en su carta orgánica, dictará en el plazo máximo de treinta (30) días corridos de publicada la presente ley, las normas necesarias a fin de implementar en la normativa del mercado de cambios los derechos reconocidos en este artículo.

Artículo 200.- El Estado nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI:

a) La plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercialización en el mercado local. La exportación de productos provenientes de tal proyecto no estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación;

b) La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al VPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras;

c) El derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial y el VPU tenga la oportunidad de ejercer previamente su derecho de defensa, reconociendo que la viabilidad y operación continuada del proyecto durante toda su vida útil es de carácter esencial;

d) El derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase y sin necesidad de conformidad previa del Banco Central de la República Argentina en la medida que la inversión haya ingresado a través del mercado único y libre de cambios;

e) El acceso irrestricto a la justicia y demás remedios legales disponibles para la defensa y protección de sus derechos relacionados con el proyecto objeto del plan de inversión aprobado.

Capítulo VI

Estabilidad. Compatibilidad con otros regímenes. Cesiones

Artículo 201.- Los VPU adheridos al RIGI gozarán en lo que respecta a sus proyectos, de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, consistente en que los incentivos otorgados en los capítulos IV y V del presente título no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva que las que se encuentran contempladas en el RIGI. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria prevista en el presente, junto con la estabilidad regulatoria prevista en el presente artículo, tendrá vigencia durante los treinta (30) años siguientes de la fecha de adhesión por parte del VPU. A partir de los ejercicios fiscales inmediatos siguientes al vencimiento de dicho plazo, el RIGI no tendrá más estabilidad para el VPU adherido y podrá ser modificado por el régimen general regulatorio, tributario, aduanero y cambiario.

La autoridad de aplicación podrá disponer que la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria que gozarán los VPU adheridos al RIGI cuyos proyectos sean declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo y que se ejecuten en etapas sucesivas, se extienda hasta los treinta (30) años posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del Proyecto, siempre que la primera etapa cumpla con los compromisos mínimos de inversión previstos en el inciso a) del artículo 172. Las fechas estimadas de puesta en marcha de cada etapa del proyecto y de finalización de vigencia de la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria de cada etapa del proyecto, deberán constar en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión, y en ningún caso la estabilidad de las etapas sucesivas se extenderá más allá de treinta (30) años contados desde cumplido el décimo año de la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto.

Artículo 202.- Los tributos a aplicarse a los VPU adheridos al RIGI serán los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen del capítulo IV del presente título. Los nuevos tributos que se creen a partir de la fecha de adhesión, distintos de los vigentes a la fecha de adhesión o de lo previsto en el capítulo IV del presente título, no serán aplicables a tales VPU. Los incrementos de tributos existentes a la fecha de adhesión o a los previstos en el capítulo IV del presente título no serán aplicables a los VPU.

Lo previsto en el apartado anterior no inhibirá sin embargo a los VPU de beneficiarse de la eliminación de tributos o reducción de alícuotas que pudieran establecerse en un futuro en el régimen general y que resulten más favorables que los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones del capítulo IV del presente título.

El beneficio de estabilidad tributaria otorga a los VPU adheridos al RIGI el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de aquellos importes que excedan el tributo que corresponda abonar en virtud de los párrafos precedentes. Si, no obstante ello, el VPU abonara el importe que no correspondía en virtud de los apartados precedentes, el beneficio de estabilidad tributaria habilitará al VPU a utilizarlo como crédito fiscal pudiendo aplicarlo de manera inmediata a la cancelación de cualquier otro impuesto nacional.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que existe un incremento de tributos estabilizados bajo el RIGI y no aplicables al VPU, cuando:

a) Se aumenten las alícuotas, tasas o montos;

b) Se deroguen total o parcialmente exenciones o se graven actividades o bienes no gravados a la fecha prevista en el párrafo primero del presente artículo;

c) Se modifiquen los mecanismos o procedimientos de determinación de la base imponible de un tributo, por medio de las cuales se establezcan pautas o condiciones distintas a las que se fijaban al momento en que el VPU adhirió al RIGI y que signifiquen un incremento en dicha base imponible;

d) Se incorporen al ámbito de un tributo situaciones que se encontraban exceptuadas o no alcanzadas.

En los pagos efectuados a sujetos del exterior, comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, la estabilidad fiscal también alcanza:

(i) al incremento en las alícuotas, tasas o montos vigentes; y

(ii) a la alteración en los porcentajes y/o mecanismos de determinación de la ganancia neta presunta de fuente argentina.

No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal ni resultarán violatorias de la misma:

1. la prórroga de la vigencia de las normas sancionadas por tiempo determinado, que se hallen en vigor al momento de obtenerse la estabilidad fiscal;

2. la caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas por tiempo determinado, y que la misma se produzca por la expiración de dicho lapso;

3. la incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de las cuales se pretendan controlar, verificar o evitar acciones, hechos o actos, a través de los cuales los VPU puedan disminuir de manera indebida y/o deliberada —cualquiera sea su metodología o procedimiento— la base de imposición de un gravamen;

4. los aportes y contribuciones de la seguridad social; o

5. el incremento en las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado.

Estará a cargo de los VPU que invoquen una vulneración de la estabilidad tributaria justificar y probar dicha vulneración en el sentido y con los alcances emergentes de las disposiciones de este artículo. Sin embargo, cuando la vulneración sea consecuencia de la creación o incremento de un nuevo tributo o de una modificación legal o reglamentaria de cualquier aspecto relativo a los tributos vigentes a la fecha de adhesión, estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos justificar y probar, en cada caso, que no se ha producido un incremento de la carga tributaria como condición previa para aplicar dicho tributo o la mayor alícuota al VPU.

Artículo 203.- A efectos de lo previsto en el artículo 19 del Régimen Penal Tributario -ley 27.430 y sus modificaciones- y siguiendo el criterio general que resulta aplicable, en los casos previstos en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º de dicho régimen, la Administración Tributaria estará dispensada de formular denuncia penal cuando el VPU haya exteriorizado el criterio utilizado para determinar la obligación tributaria –incluyendo aquellos aspectos relativos a la base imponible, alícuota, exenciones, hecho imponible, alcances y/o vulneración de la estabilidad tributaria, entre otros– a través de presentación por escrito efectuada a dicha administración con anterioridad a la presentación de la respectiva declaración jurada.

Artículo 204.- En el caso de los tributos regidos por la legislación aduanera, serán de aplicación a las importaciones y a las exportaciones para consumo de los VPU adheridos al RIGI el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigentes al momento de la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen de los incentivos previstos en el capítulo IV del presente título.

La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá establecer un procedimiento de autoliquidación manual libre que garantice al VPU la posibilidad de presentar la liquidación de derechos y demás tributos a la importación o a la exportación que estime corresponder y de registrar la destinación de importación o exportación incorporando dicha liquidación, sin que pueda exigírsele en ningún caso el pago previo de los importes que resulten aplicables bajo la normativa vigente en cada momento. Dicho procedimiento no podrá estar sujeto a autorización previa ni a requisitos o condiciones de ninguna clase.

Artículo 205.- Los VPU adheridos al RIGI gozarán de estabilidad normativa en materia cambiaria desde la fecha de adhesión al RIGI y durante el plazo mencionado en el artículo 201, la cual consiste en que el régimen cambiario vigente a la fecha de adhesión al RIGI, con las modificaciones aplicables en virtud de los incentivos cambiarios otorgados bajo la presente, no podrán ser afectados por la normativa cambiaria que se dicte estableciendo condiciones más gravosas.

Las normas susceptibles de estabilidad cambiaria son todas las normas vinculadas a la materia cambiaria y que forman parte del régimen cambiario dispuesto en el RIGI con la única exclusión del tipo de cambio.

El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades asignadas en su carta orgánica, dictará en el plazo máximo de treinta (30) días de publicada la presente ley, las normas necesarias con el fin de garantizar los derechos otorgados en este artículo.

El VPU adherido al RIGI, se encontrará en materia cambiaria sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Estará exento de cualquier restricción cambiaria derivada del régimen general cambiario vigente que contradiga o restrinja o resulte más gravosa que los derechos que en materia cambiaria se encuentran previstos en el capítulo V del presente título, pudiendo el VPU rechazar su aplicación con la mera exhibición o presentación de la constancia de adhesión al RIGI;

b) En el supuesto de reducciones o eliminación de restricciones cambiarias que impliquen un tratamiento cambiario más beneficioso que el previsto en el capítulo V del presente título, el VPU podrá beneficiarse de las mismas aplicándolas de inmediato.

Artículo 206.- En caso de que un VPU adherido al RIGI alegue una violación a la estabilidad normativa cambiaria, dicho VPU podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones cambiarias aplicando las disposiciones normativas vigentes a la fecha de adhesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 205, notificando fehacientemente al Banco Central de la República Argentina esta circunstancia. Si el Banco Central de la República Argentina considerara que no ha existido tal violación, previo a dar inicio al proceso sumario previsto en el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1995, deberá requerir al VPU que, dentro de un plazo de quince (15) días, indique, de manera concreta, la norma, acto, conducta u omisión que considera violatoria a la estabilidad cambiaria, y que fundamente dicha posición. En ese mismo acto, el VPU deberá ofrecer o aportar las pruebas que hagan a su derecho. Evacuado el requerimiento y, en su caso, las medidas de prueba solicitadas, el Banco Central de la República Argentina deberá dictar resolución fundada aceptando o desestimando la existencia de una violación a la estabilidad normativa cambiaria dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles. Contra la resolución dictada por el Banco Central de la República Argentina procederá, a opción del VPU, el recurso de alzada previsto en el artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos –decreto 1759/72, texto ordenado 2017– o la acción judicial pertinente. El Banco Central de la República Argentina suspenderá los efectos de la resolución, en los términos del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos –ley 19.549 y sus modificatorias– hasta tanto se resuelvan, con carácter de cosa juzgada, los recursos y/o acciones judiciales antes mencionados. En consecuencia, no se dará inicio al proceso sumario previsto en el artículo 8º de la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1995, hasta tanto la resolución dictada por el Banco Central de la República Argentina quede firme y pasada en autoridad de cosa juzgada material.

Artículo 207.- Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser transferidos, directa o indirectamente, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informar de ello a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido.

Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso y/o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía con entidades financieras, organismos de crédito, locales o extranjeros, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo ello ser informado a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido.

Artículo 208.- Los beneficios previstos en el RIGI no podrán ser acumulados con incentivos de la misma naturaleza existentes en otros regímenes promocionales preexistentes. Sin embargo, la adhesión al RIGI no implicará renuncia ni incompatibilidad con otros regímenes promocionales vigentes y/o futuros con los que se podrán combinar incentivos de distinta naturaleza que no se superpongan, ni se acumulen o reiteren con los incentivos previstos en el presente.

A los efectos indicados en la última parte del párrafo anterior, no resultarán de aplicación las restricciones previstas en el artículo 32 de la ley 24.331 de Zona Franca.

Capítulo VII

Terminación de los incentivos bajo el RIGI

Artículo 209.- Los incentivos y derechos de un VPU adherido al RIGI cesarán sin efecto retroactivo –dejando de revestir dicho carácter– por las siguientes causas:

a) Finalización del proyecto por fin de su vida útil;

b) Quiebra del VPU;

c) Baja voluntaria solicitada por el VPU, a partir de la fecha de su aprobación por la autoridad de aplicación; o

d) Cese como sanción por infracción al RIGI.

Artículo 210.- Los VPU podrán darse de baja voluntariamente del RIGI en los siguientes casos:

a) Una vez cumplidas las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172; o

b) Si ofrecen abonar voluntariamente el mínimo de la multa prevista en el inciso e) del artículo 213, y dicho pago se efectiviza en el plazo que establezca al efecto la reglamentación.

La solicitud de baja deberá ser presentada por el VPU en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, y deberá ser aceptada por la autoridad de aplicación mediante la emisión del correspondiente acto administrativo. Una vez aprobada, el sujeto solicitante de la baja quedará liberado de sus obligaciones bajo el RIGI desde la fecha de solicitud de la baja. Desde esa misma oportunidad en adelante, se considerará que habrá perdido todo derecho, garantía e incentivo previsto en el RIGI, sin efecto retroactivo y sin afectar los derechos utilizados con anterioridad a la baja.

Capítulo VIII

Régimen Infraccional y Recursivo Aplicable al VPU

Artículo 211.- Serán sancionables los siguientes incumplimientos del presente régimen y sus normas reglamentarias:

a) Omitir o demorar la presentación de la información requerida por la autoridad de aplicación u otros organismos competentes en el marco de la presente ley;

b) Presentar información o declaraciones juradas falsas o inexactas a la autoridad de aplicación u otros organismos competentes en el marco de la presente ley;

c) Omitir la autorización previa y expresa de la autoridad de aplicación en aquellos casos en que la misma sea necesaria de conformidad con lo previsto en el RIGI;

d) Desafectar (ya sea por venta o reexportación) bienes introducidos al amparo de franquicias establecidas por el RIGI o en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172 con anterioridad al vencimiento de los plazos previstos en el segundo párrafo del artículo 179 y en el tercer párrafo del artículo 190;

e) Desarrollar actividades que no correspondan al objeto único del VPU en violación a la obligación prevista en el párrafo segundo del artículo 169; o, en el caso de proveedores, no cumplir con los requisitos y obligaciones previstos para ellos en los párrafos quinto a octavo del artículo 169;

f) Incumplir injustificadamente las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172;

g) Goce indebido de las franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias previstas en el presente régimen.

Artículo 212.- Verificado un supuesto de los previstos en el artículo precedente, la autoridad de aplicación deberá intimar al VPU, por medio fehaciente, a los fines de que proceda, en los casos en que ello sea materialmente factible, a la subsanación del incumplimiento dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes al de la notificación de la referida intimación.

En caso de que la autoridad de aplicación detecte la ocurrencia de los supuestos previstos en el artículo 211 y no sea un supuesto susceptible de subsanación o haya vencido el plazo para subsanarlo previsto en el apartado anterior sin que el VPU lo haya subsanado, se procederá a la instrucción del sumario infraccional correspondiente y a la aplicación, en su caso, de las sanciones que pudieran corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

El procedimiento sumarial deberá garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del VPU.

Dispuesta la apertura del sumario, deberá notificarse la imputación al VPU y conferírsele un plazo de quince (15) días hábiles para que presente su descargo y ofrezca la totalidad de la prueba que considere pertinente.

Presentado el descargo o vencido el plazo para hacerlo, la autoridad de aplicación resolverá sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas, considerando y disponiendo la producción de aquella que fuere pertinente, y rechazando únicamente y por decisión fundada aquella que resultare sobreabundante o improcedente.

Se fijará un plazo para la producción de la prueba admitida, que no podrá ser inferior a veinte (20) días hábiles.

Clausurado el período probatorio, la autoridad de aplicación notificará al beneficiario para que, de estimarlo necesario, alegue sobre la prueba producida en un plazo de cinco (5) días hábiles.

Presentado el alegato o vencido el plazo para su presentación, la autoridad de aplicación deberá dictar resolución sobre el sumario dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

Artículo 213.- Cuando la autoridad de aplicación, una vez concluido el procedimiento sumarial regulado en el artículo anterior, comprobara el acaecimiento de alguno de los supuestos previstos en el artículo 211, aplicará una o más de las sanciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación tributaria, aduanera, previsional y/o penal vigente:

a) Apercibimiento, para los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 211;

b) Multa de diez millones de pesos ($ 10.000.000) a treinta millones de pesos ($ 30.000.000) para los hechos previstos en el inciso a) del artículo 211;

c) Multa de cien millones de pesos ($ 100.000.000) a cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000) para los hechos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 211;

d) Multa de uno por ciento (1%) al tres por ciento (3%) del monto mínimo de inversión del inciso a) del artículo 172 para los hechos previstos en el inciso e) del artículo 211;

e) Multa de cinco por ciento (5%) al quince por ciento (15%) del monto mínimo de inversión del inciso a) del artículo 172 que se encuentre pendiente de cumplimiento, para los hechos previstos en el inciso f) del artículo 211;

f) Cese del RIGI para los hechos previstos en el inciso f) del artículo 211, lo que implicará la caducidad total de los incentivos del RIGI desde que el incumplimiento de dichas obligaciones se hubiese resuelto de manera definitiva y firme, por el tribunal competente;

g) Inhabilitación para solicitar la adhesión de un nuevo Proyecto al RIGI como sanción eventualmente adicional y accesoria a la prevista en el inciso anterior, dependiendo la gravedad de la conducta, la que será efectiva desde que la resolución disponiendo la sanción se hubiese resuelto de manera definitiva y firme por el tribunal competente, constituyendo dicha fecha la fecha efectiva de cese; y

h) Devoluciones de las franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias para los hechos previstos en el inciso g) del artículo 211, con más sus intereses resarcitorios.

Ante uno de los supuestos previstos en el artículo 211, la autoridad de aplicación aplicará, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en el presente artículo.

Los montos previstos en los incisos b) y c) de este artículo se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al 31 de diciembre del año anterior al del ajuste respecto al mismo día del año anterior.

La falta de cumplimiento de la obligación prevista en el anteúltimo párrafo del artículo 180 será causal de agravamiento de la sanción en aquellos casos en que, ante la terminación del RIGI para un VPU como consecuencia del incumplimiento de las condiciones de permanencia en el RIGI, la autoridad de aplicación determine, sin lugar a duda razonable, que el VPU conocía o debió conocer que se encontraba en imposibilidad de dar cumplimiento a las condiciones y compromisos para la permanencia en el régimen.

Artículo 214.- En la misma resolución en la que la autoridad de aplicación disponga la apertura del sumario infraccional podrá instruir la iniciación de las acciones pertinentes a los efectos de que el tribunal competente disponga cautelarmente, de manera preventiva y hasta que recaiga decisión definitiva y firme al respecto, la suspensión preventiva del goce de los incentivos bajo el presente RIGI. Asimismo, durante dicho plazo se considerarán suspendidas el cumplimiento de las demás obligaciones bajo el RIGI.

Artículo 215.- La acción penal en las infracciones del artículo 211 reprimidas con pena de multa se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trate.

Lo previsto en el párrafo anterior sólo surtirá efecto extintivo de la acción penal si el pago voluntario se efectuare antes de vencido el plazo previsto en el cuarto párrafo del artículo 212.

Artículo 216.- El cese será dispuesto por la autoridad de aplicación mediante acto administrativo dictado al efecto en el que se especificará la causal incurrida por el VPU, la que deberá consistir en el incumplimiento acreditado de una de las obligaciones de cumplimiento esencial según lo dispuesto en el artículo 172.

El cese de los incentivos no tendrá efectos retroactivos, ni afectará a los incentivos gozados y/u obtenidos con anterioridad al cese.

La resolución firme y definitiva de cese de los incentivos implicará la pérdida automática del derecho a utilizar todos los incentivos posteriores a la fecha efectiva del cese.

Producido el cese de los incentivos, el VPU no podrá volver a ser incluido en el RIGI.

Artículo 217.- Las sanciones dispuestas por la autoridad de aplicación a los VPU en los términos del presente régimen podrán recurrirse administrativamente por las vías y según los procedimientos previstos en la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su reglamentación, sin perjuicio de la facultad del VPU de optar por someter la controversia a arbitraje en los términos previstos en el artículo 221 de la presente ley.

Los recursos y/o remedios alternativos judiciales y/o arbitrales que interpongan los VPU suspenderán la ejecución y efectos de los actos dictados por la autoridad de aplicación.

Para el caso en que la decisión definitiva y firme del tribunal competente resuelva levantar y/o revocar el cese, se reconocerán al VPU los incentivos que hubiese tenido que percibir durante el período de suspensión en el que el tribunal competente hubiere eventualmente dispuesto, conforme lo previsto en el artículo 214 de esta ley, la suspensión cautelar preventiva de los incentivos establecidos en el presente régimen, reanudándose la exigibilidad de las obligaciones que surgen del RIGI.

No será necesario que los VPU presenten en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas de ningún tipo, no siendo exigible el agotamiento de instancia administrativa alguna a los efectos de someter cualquier controversia vinculada con el presente régimen a arbitraje en los términos previstos en el artículo 221 de la presente ley. Asimismo, no será aplicable ningún plazo de caducidad para el inicio de un reclamo arbitral, aun frente a una resolución expresa de un recurso o impugnación administrativa.

La interposición de los recursos o impugnaciones administrativas no impedirá desistirlos unilateralmente en cualquier momento para promover el reclamo arbitral. El desistimiento no podrá en ningún caso interpretarse como renuncia de los derechos que le pudieren asistir al VPU, ni obstará a que se articule el reclamo arbitral una vez resueltos definitivamente aquellos sin sujeción a plazo de caducidad alguno.

La promoción del reclamo arbitral impedirá la continuación o posterior interposición de recursos administrativos contra el mismo acto.

Capítulo IX

De la autoridad de aplicación

Artículo 218.- El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación del presente título de la ley, con facultades para:

a) La evaluación y aprobación o rechazo de las solicitudes de adhesión y de los planes de inversión presentados por los VPU;

b) La fiscalización y control del RIGI;

c) La verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias así como de las obligaciones a cargo de los VPU que deriven del RIGI;

d) La caducidad de los incentivos contemplados en el presente; y

e) El dictado de las normas operativas, aclaratorias y complementarias requeridas que resulten necesarias a los fines de asegurar el adecuado cumplimiento del RIGI el cual es considerado operativo desde su vigencia.

Artículo 219.- La autoridad de aplicación podrá delegar en las Secretarías de gobierno las facultades previstas en el artículo precedente en base al sector de actividad de que se trate.

Artículo 220.- Los sujetos beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación la información que les fuera requerida acerca del estado del proyecto y de los VPU. Instrúyese a la Administración Federal de Ingresos Públicos a crear un área específica cuyas funciones serán crear las CUIT asignadas a los VPU y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras por parte de tales sujetos.

Capítulo X

Jurisdicción y arbitraje

Artículo 221.- Todas las controversias que deriven del presente régimen o guarden relación con éste, entre el Estado nacional y un VPU adherido al RIGI, incluyendo, pero no limitado a, la ejecución, aplicación, alcance o interpretación del presente régimen y normas relacionadas, o con el uso, goce, cese y/o ejercicio de los derechos, beneficios e incentivos obtenidos por el VPU (incluso, sin limitación, en cuanto a su validez, aplicación y alcance) (una “Disputa”), se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas.

Si la Disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en un plazo de sesenta (60) días corridos desde que el VPU notificó al Estado nacional sobre la existencia de la Disputa, el VPU –o sus socios o accionistas extranjeros en los casos de los incisos b) y c) del presente– someterá la disputa a arbitraje, de conformidad con –a elección del VPU-:

a) El Reglamento de Arbitraje de la CPA de 2012;

b) El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (a excepción de las Reglas de Procedimiento Abreviado); o

c) El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, del 18 de marzo de 1965 o, en su caso, el Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del CIADI.

Con excepción del caso en que el VPU opte por el arbitraje de conformidad con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, del 18 de marzo de 1965, el tribunal arbitral o la institución administradora, según corresponda conforme a las reglas aplicables, definirá la sede del arbitraje, que deberá establecerse fuera de Argentina y en un país que sea parte de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, de fecha 10 de junio de 1958.

El tribunal arbitral estará formado por tres (3) árbitros que se elegirán de acuerdo con las reglas de procedimiento aplicables. Ninguno de los árbitros podrá ser nacional de Argentina o del estado origen del accionista mayoritario del VPU.

El arbitraje será en idioma español, excepto en los casos de los incisos b) y c) del presente sometidos a arbitraje por socios o accionistas extranjeros, en los que podrá ser en idioma español o inglés.

El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado para establecer mecanismos de solución de controversias con el VPU, específicos para cada proyecto, en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión.

Artículo 222.- Los derechos e incentivos adquiridos bajo los términos y condiciones del presente régimen se consideran inversiones protegidas en el sentido previsto en los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones, que resulten aplicables y su afectación podrá dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado nacional de conformidad con sus disposiciones, y sin perjuicio de los remedios previstos en el presente régimen.

Artículo 223.- La existencia de un proceso arbitral no suspenderá, retrasará o afectará de ninguna manera las obligaciones de la República Argentina o los derechos del VPU y su pleno uso, goce y ejercicio.

Capítulo XI

Jurisdicciones Locales. Declaración de Interés Nacional

Artículo 224.- Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones.

Artículo 225.- Déjase establecido que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados.

A los efectos del presente régimen, se entenderá que existe un nuevo gravamen local cuando se cree un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal.

En el caso de tasas retributivas por servicios prestados, existentes o a crearse en el futuro, éstas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entenderá que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos.

Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Capítulo XII

Disposiciones transitorias del RIGI

Artículo 226.- El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el presente régimen en el término de treinta (30) días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 227.- La falta de reglamentación del presente no obstará a la plena utilización de los incentivos establecidos en el RIGI en las condiciones previstas, ya que las disposiciones del presente régimen son plenamente operativas desde su entrada en vigencia, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren corresponder a los funcionarios por la falta de cumplimiento de lo allí establecido.

Todo funcionario que incurra en el incumplimiento injustificado de los plazos o términos establecidos en el presente Título resultará pasible de ser sancionado, previo sumario administrativo.

Artículo 228.- El presente régimen entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

TÍTULO VIII

Medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad

Capítulo I

Tabaco

Artículo 229.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 2º de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el siguiente texto:

Artículo…: Cuando el precio de venta al consumidor informado por los sujetos pasivos del gravamen, según lo establecido en el artículo anterior, no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, corresponderá utilizar el precio que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Se considerará que no constituye una base idónea todo precio informado por los sujetos pasivos, que resulte inferior, como mínimo, en un veinte por ciento (20%) al precio que surja del relevamiento mencionado en el párrafo anterior. Las disposiciones precedentes no se aplicarán en los casos en los que los sujetos pasivos acrediten fehacientemente, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que el precio de venta al consumidor informado es un precio de mercado.

El Poder Ejecutivo nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentarán lo prescrito en este artículo y dictarán las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.

Artículo 230.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Artículo 15: Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73%).

Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 231.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Los importes consignados en el segundo párrafo de este artículo se actualizarán trimestralmente, por trimestre calendario, sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice desde el mes de enero de 2018, inclusive. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo nacional podrá, con las condiciones indicadas en el artículo sin número agregado a continuación del artículo 14, cuando las circunstancias económicas así lo requieran a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25%) o disminuir, con el objeto de estimular en virtud de las circunstancias económicas imperantes el desarrollo de determinados sectores siempre que no se comprometa la sostenibilidad fiscal hasta en un diez por ciento (10%) transitoriamente los referidos montos mínimos.

Artículo 232.- Sustitúyese, en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, la segunda oración por el siguiente texto:

Este importe se actualizará conforme a lo indicado en el cuarto párrafo del artículo 16.

Artículo 233.- Sustitúyese el primer párrafo del primer artículo sin número agregado a continuación del artículo 20 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Artículo…: El transporte de tabaco despalillado, acondicionado, picado, en hebras o reconstituido o de polvo para la elaboración reconstituido, no comprendido en el artículo 18, fuera de los establecimientos y locales debidamente habilitados que se efectúe, sin importar su destino, sin el correspondiente respaldo documental de traslado o con documentación de traslado con irregularidades, será sancionado con una multa equivalente al importe que resulte de aplicar la alícuota dispuesta en el primer párrafo del artículo 15 sobre el precio que surja del relevamiento al que se refiere el artículo sin número agregado a continuación del artículo 2º, en proporción a la cantidad de cigarrillos que resulte de dividir el total de gramos de tabaco transportado por ochenta centésimos (0,80), considerando el momento de la detección.

TÍTULO IX

Disposiciones finales

Artículo 234.- Los decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional.

Artículo 235.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas que resulten necesarias para el establecimiento de procedimientos congruentes con los propósitos de esta ley.

Artículo 236.- Salvo para los casos en que se establezca un plazo específico, el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de su entrada en vigencia y dictará las normas complementarias, interpretativas o aclaratorias que resulten necesarias para su aplicación.

Artículo 237.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo en los capítulos o títulos en donde se señala lo contrario.

Artículo 238.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

REGISTRADO BAJO EL N° 27742

VICTORIA VILLARRUEL - MARTIN ALEXIS MENEM - Agustín W. Giustinian - Tomás Ise Figueroa

ANEXO I

Privatización

ENERGÍA ARGENTINA S.A.
INTERCARGO SAU

Privatización / Concesión

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA S.E. (SOFSE)
CORREDORES VIALES S.A.

LEY DE BASES Y PUNTOS DE PA...

Tras la liberación de los copagos, qué consultas, análisis y tratamientos habrá que pagar al precio que disponga "el mercado"

Celeste del Bianco — Tue, 25 Jun 2024 13:42:18 +0000

Una resolución del Ministerio de Salud impacta en las prestaciones más usadas por la gente, como las consultas médicas de control, los análisis clínicos y el diagnóstico por imágenes. Se eliminaron las ecografías, los electrocardiogramas, las tomografías, el ecodoppler y los estudios de visión o genéticos, entre otros. Es un traslado directo de costos a los afiliados.

Las consultas ambulatorias, las internaciones y los análisis clínicos y de diagnóstico por imágenes se desregulan en el sistema de copagos, lo que significa que a los precios de estos servicios incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que son los más usados por la gente, ahora los pondrá “el mercado” y no la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que establecía los topes. Si se compara el listado de prestaciones fijadas en 2002 con el publicado ayer en elDiarioAR, se observa una reducción drástica de servicios que se mantienen regulados, decidida por el gobierno de Javier Milei a favor de las prepagas y en contra de los afiliados. Sólo quedan unos pocos relacionados con Oncología, Discapacidad y Salud Sexual y Reproductiva, entre otros.

El gobierno libertario tomó la decisión de quitar la referencia de la tabla de aranceles que estaba dentro del PMO y ahora cada empresa de medicina podrá fijar los montos. En la resolución 1926/2024 del Ministerio de Salud, que conduce Mario Russo, se especifica cuáles son los tratamientos que están exentos de la desregulación, una lista que se redujo considerablemente con respecto de lo establecido en 2002, cuando se aprobó el PMO de Emergencia, que establecía aranceles de prácticas y prestaciones, mientras que se declaraba exentas a otras.

Ya no están exentas, por ejemplo, las consultas, prácticas y estudios complementarios ambulatorios, diagnósticos y terapéuticos, que incluían también el material descartable y los medios de contraste. Tampoco quedaron las internaciones, ya sean institucionales, en hospitales de día o domiciliarias.

La resolución firmada por el ministro Russo modifica el Anexo I de la Resolución N° 201 de 2002 del Ministerio de Salud donde se detallaba una larga lista de prácticas. Ahora solo quedan algunas coberturas del nivel primario de atención: cánceres de cuello uterino y mama, odontología preventiva, salud sexual y reproductiva (Ley Nº 25.673), oncología, discapacidad, emergencias/código rojo, y prácticas de enfermería, atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (la Ley 1.000 Días).

Tampoco serán desregulados los copagos de otras prestaciones que están dentro de las leyes de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, otras Afecciones de Transmisión Sexual; y el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas y la de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Se mantiene el Plan Materno Infantil (dará cobertura durante el embarazo y el parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento y la atención del recién nacido hasta cumplir un año de edad).

Pero en el nuevo Anexo no hay nada sobre la Atención Secundaria establecida en 2002, como consultas médicas de control (tanto para infancias como para adultos), prácticas y estudios complementarios ambulatorios, diagnósticos y terapéuticos, que incluían también el material descartable y los medios de contraste como parte de la prestación. Tampoco quedaron las internaciones, ya sean institucionales, en hospitales de día o domiciliarias. Del listado del 2002 se eliminaron, las ecografías, los electrocardiogramas, las tomografías, ecodoppler y estudios de visión o genéticos, por ejemplo.

Tampoco serán regulados los copagos de los análisis clínicos: desde las más conocidos como colesterol total, glucemia o hierro hasta otros más específicos. En las manos del mercado también quedan las prestaciones relacionadas con las operaciones en huesos y articulaciones: prótesis de Ortopedia y Traumatología, yesos, vendajes y tracciones continuas. O los estudios de testificación de alergia, entre otros.

Los argumentos de la nueva decisión del gobierno de Milei están basados en la libre competencia y la resolución indica que el sector “requiere un mercado transparente en el que los consumidores puedan comparar directamente las ofertas disponibles, permitiéndoles tomar decisiones informadas al evaluar los planes ofrecidos y elegir la mejor opción”. Además, establece un plazo de 30 días para informar el precio de los coseguros.

“Deviene imperioso proceder a la eliminación de toda injerencia de la autoridad de aplicación en los valores de los coseguros tanto para los Agentes del Seguro de Salud como para las Entidades de Medicina Prepaga, permitiendo que aquellos sean fijados libremente, con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud”, concluye la nueva normativa.

CDB/JJD

El Gobierno modificó el decreto de Alberto Fernández que buscaba regular el mercado de telefonía celular, Internet y TV por cable

elDiarioAR — Wed, 10 Apr 2024 10:31:57 +0000

De acuerdo al DNU, los licenciatarios de esos servicios "fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”.

El Gobierno emitió el Decreto 302/2024 para liberar el mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de esta manera elimina la regulación de precios en los servicios de telefonía celular, TV por cable e Internet.

De acuerdo al Ejecutivo, este decreto, que modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078, representa “un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país”.

Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán “la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

La publicación en el boletín oficial señala que “El presidente en acuerdo general de ministros decreta: Artículo 1.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.

La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.

Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.

El gobierno fundamenta su decisión con los siguientes argumentos: “Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”.

Además, el decreto sostiene “que, en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.

Con esta medida, el gobierno promete transformar el paisaje de las telecomunicaciones en Argentina, pero su éxito dependerá de un equilibrio cuidadoso entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores.

El decreto de Milei

ARGENTINA DIGITAL

Qué decía el decreto 690 de Alberto Fernández

ARTÍCULO 1°- Incorpórase como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto:

“Artículo 15- Carácter de servicio público en competencia. Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.

ARTÍCULO 2° - Sustitúyese el artículo 48 de la Ley N° 27.078, por el siguiente:

“Artículo 48: Regla. Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.

Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta.

La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad.“

ARTÍCULO 3°- Incorpórase, como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente:

“Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad.

ARTÍCULO 4°- Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades.

Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción.

Con información de NA.