La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó este martes la moratoria para los deudores de contribuciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, mediante la Resolución General 5525/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El organismo determinó el alcance, con las disposiciones y requisitos a cumplir para adherir al Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social, entre los que están los conceptos y sujetos excluidos, las modalidades de adhesión y los planes de facilidades de pago.

La normativa establece que podrán regularizarse en el nuevo régimen las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, las multas y demás sanciones firmes originadas en infracciones cometidas hasta dicha fecha, relacionadas o no con esas obligaciones, así como los intereses resarcitorios y/o punitorios.

Además, estipuló que el plan de pagos podrá confeccionarse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación y hasta transcurridos 150 días corridos desde dicha fecha, inclusive, previendo hasta 84 cuotas para monotributistas y pequeñas empresas. Mientras que dispone que las multas se condonarán al 100%.

Contribuyentes habilitados para adherir al régimen

Conceptos y sujetos excluidos del régimen

Requisitos

Los planes de facilidades de pago se encuentran agrupados de dos formas:

En este sentido, las personas que abonen su deuda al contado en los primeros 30 días o en tres cuotas tendrán una reducción del 70% de los intereses, y los que abonen entre antes de los dos meses con el mismo sistema tendrán una disminución del 60% de intereses y los que lo hagan hasta tres meses contarán con una baja del 50% de los intereses.

De esta manera, los pequeños contribuyentes podrán pagar un 20% y el resto en 60 cuotas mensuales, mientras que las entidades sin fines de lucro deberán pagar un 15% y el resto en 84 cuotas mensuales.

Las empresas medianas, en tanto deberán realizar un pago a cuenta equivalente al 20% de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, mientras que el resto de los contribuyentes deberán pagar un 25% de la deuda y por el saldo hasta en 36 cuotas mensuales.

Los contribuyentes deberán acceder con clave fiscal al sistema “Mis Facilidades” disponible en la web del organismo, opción “Ley N° 27.743 - Regularización Excepcional”. Desde AFIP precisaron que “el importe mínimo del componente capital de cada una de las cuotas será de $2.000” y que “las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria”.

Con información de NA.

IG

El Gobierno logró finalmente en la madrugada del 28 de junio tener sus “herramientas”. La ley Bases y el Paquete Fiscal pudieron convertirse en ley, no sin un final agónico en la definición del tema del Impuesto a las Ganancias en el que finalmente el oficialismo mantuvo su texto y lo reimpuso. Diez días después, quedaron promulgadas en el Boletín Oficial.

Este el texto que, después de muchas idas y vueltas, negociaciones con propios y extraños, legisladores de todos los colores políticos, gobernadores y empresarios, y un arduo trabajo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los titulares de la cámara de Diputados, Martín Menem, y de la de Senadores, Victoria Villarruel, quedó como definitivo del llamado paquete fiscal, que incluye modificaciones en los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, moratorias y blanqueo de capitales.

MEDIDAS FISCALES PALIATIVAS Y RELEVANTES

Ley 27743

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

MEDIDAS FISCALES PALIATIVAS Y RELEVANTES

TÍTULO I

Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social

Disposiciones generales

Artículo 1°- Créase el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones que en el presente título se detallan.

En este marco, se prevé la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren.

Artículo 2°- Los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.

El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde aquella fecha, inclusive.

Artículo 3°- Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior:

a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativo (incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.

El allanamiento y/o el desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso, dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen;

b) Aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables;

c) Aquellas obligaciones que nacieron en el marco de la ley 27.605;

d) Aquellas obligaciones de los agentes de retención y percepción que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo;

e) Las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, incluidos los planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la correspondiente caducidad a dicha fecha;

f) Toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la presente ley;

g) Las multas por infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, que no se determinen en función de los tributos a la importación o a la exportación, excepto la infracción de contrabando menor.

Artículo 4°- Quedan excluidos de lo dispuesto por el presente régimen:

a) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales;

b) Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART);

c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o el personal de casas particulares;

d) Las cotizaciones correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS);

e) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio;

f) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE);

g) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones;

h) Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes;

i) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

j) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

k) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

l) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados -con condena confirmada en segunda instancia- con fundamento en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

m) Los agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones.

Artículo 5°- El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen.

También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen.

En el caso de las infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los tributos a la importación o exportación -excluidos los pagos a cuenta y/o percepciones cuya recaudación se encuentra a cargo del servicio aduanero- producirá la extinción de la acción penal aduanera cuando se trate de multas cuyo monto se determine en función de tales tributos, no quedando registrado el antecedente, en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha del acogimiento al régimen.

En el caso de las infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones -excepto la infracción de contrabando menor- cuyo monto no se determine en función de los tributos a la importación o a la exportación, la cancelación de la multa mínima establecida para aquellas infracciones producirá la extinción de la acción penal aduanera no quedando registrado el antecedente, en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento al presente régimen.

En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contribuciones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados.

El pago al contado o mediante plan de facilidades de pagos de las obligaciones que se pretendan adherir al presente régimen son las únicas formas aceptadas, no permitiéndose regularizar mediante compensaciones.

La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera o de la seguridad social, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a la respectiva denuncia. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera y/o de la seguridad social.

Artículo 6°- Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al presente régimen, los siguientes beneficios, según la fecha de adhesión y la forma de pago elegida:

a) Adhesión al presente régimen dentro de los primeros treinta (30) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del setenta por ciento (70%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de facilidades de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

b) Adhesión al presente régimen a partir de los treinta y un (31) días corridos y hasta los sesenta (60) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del sesenta por ciento (60%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

c) Adhesión al presente régimen a partir de los sesenta y un (61) días corridos y hasta los noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del cincuenta por ciento (50%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

d) Adhesión al presente régimen dentro de los primeros noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del cuarenta por ciento (40%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

e) Adhesión al presente régimen a partir de los noventa y un (91) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del veinte por ciento (20%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin.

Los casos de regularización de los planes de facilidades de pago a que hace referencia el inciso e) del artículo 3° de la presente ley, en la medida que se encuentren vigentes al 31 de marzo de 2024, tendrán las siguientes condiciones y beneficios:

i. Se mantiene la fecha de consolidación original a todos los efectos.

ii. Los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original serán condonados por el equivalente al treinta por ciento (30%).

iii. Deberán regularizarse, exclusivamente, a través de alguna de las modalidades de cancelación establecidas en los incisos a), b) y c) del primer párrafo de este artículo, en cuyo caso la condonación de intereses establecida para tales supuestos resultará de aplicación para los devengados a partir de la fecha de consolidación original.

La regularización en un plan de facilidades de pago en los términos de los incisos d) y e) del primer párrafo del presente artículo se ajustará a las siguientes condiciones:

I. Las personas humanas (excepto las que califiquen como pequeños contribuyentes en los términos de la Resolución General AFIP N° 5321 y sus modificaciones o la que en el futuro la reemplace, o como Micro y Pequeñas Empresas) ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

II. Las Micro y Pequeñas Empresas (incluidas las personas humanas que califiquen como tal o como pequeños contribuyentes en los términos de la Resolución General AFIP N° 5321 y sus modificaciones) y las entidades sin fines de lucro ingresarán un pago a cuenta equivalente al quince por ciento (15%) de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

III. Las Medianas Empresas ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

IV. El resto de los contribuyentes ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 7°- En los casos mencionados en los incisos a), b), c), d) y e) del primer párrafo del artículo 6° se condonará el cien por ciento (100%) de las multas aplicadas. Dicha condonación también aplicará al supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 6° de esta ley.

El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive.

Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este beneficio de condonación de sanciones no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación sustancial al 31 de marzo de 2024, inclusive, y que se trate de una multa o sanción que no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha.

La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder:

a) La baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la ley 26.940 y sus modificaciones;

b) No se considerará que existe reiteración de infracciones cuando habiéndose cometido más de una infracción de la misma naturaleza, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de alguna de ellas al momento de la nueva comisión, el contribuyente o responsable se adhiera al presente régimen;

c) La dispensa para la Administración Federal de Ingresos Públicos de iniciar el sumario administrativo que corresponda, respecto de las multas o sanciones que se condonan si, a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen, no se hubiera iniciado.

Los beneficios establecidos en este artículo no resultan aplicables para las obligaciones y los sujetos identificados en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 8°- Serán condonados de pleno derecho la totalidad de los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales (incluye anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta) canceladas con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive. Este beneficio de condonación no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación fiscal con anterioridad a la fecha antes mencionada.

Quedan incluidos en esta condonación los intereses resarcitorios y punitorios que hayan sido incorporados a planes de facilidades de pago relacionados con anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta que hayan sido debidamente cancelados antes del 31 de marzo de 2024, inclusive.

Dicho beneficio de condonación también aplica cuando los anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta dejaron o dejan de ser exigibles, respectivamente, en virtud de las presentaciones de las declaraciones juradas de impuestos que se hayan formalizado con anterioridad a la entrada en vigencia de este régimen, o por las declaraciones juradas rectificativas que deban presentarse en virtud de la regularización establecida en el presente título.

Los beneficios establecidos en este artículo no resultan aplicables para las obligaciones y los sujetos identificados en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 9°- A los fines de la aplicación de los honorarios a que se refiere el artículo 98 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, correspondientes a deudas incluidas en el presente régimen, que se encuentren en curso de discusión administrativa (causas en el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (causas en trámite ante el Poder Judicial), incluidas las ejecuciones fiscales, se reducirán en un cincuenta por ciento (50%) si la adhesión al régimen por parte del contribuyente se realiza dentro de los primeros noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 10.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regularizada en su totalidad la deuda conforme lo previsto en el artículo 6°, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez el archivo de las actuaciones.

Para el caso que la solicitud de adhesión resulte anulada, o se declare el rechazo del plan de facilidades por no cumplir las condiciones previstas en este título, la Administración Federal de Ingresos Públicos proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente. De producirse la caducidad del plan de facilidades, iniciará una nueva ejecución por el saldo adeudado del citado plan.

Artículo 11.- No se encuentran sujetos a reintegro o repetición los importes que, con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.

Artículo 12.- Los responsables solidarios mencionados en el artículo 8° de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones fiscales, aduaneras o de la seguridad social correspondientes al deudor principal, en tal carácter de responsables solidarios, podrán adherir al presente régimen.

En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudiera realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá la obligación de presentar declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularicen cuando ellas no hubieran sido presentadas por el deudor principal o la obligación de presentar las declaraciones juradas rectificativas.

Artículo 13.- La adhesión al presente régimen por obligaciones fiscales aduaneras implica la novación de esas obligaciones y su conversión a moneda argentina al tipo de cambio comprador conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha del acogimiento al régimen.

Artículo 14.- El decaimiento de los beneficios acordados por los regímenes promocionales que conceden beneficios fiscales no podrán ser rehabilitados con sustento en el acogimiento del contribuyente o responsable al presente régimen.

Artículo 15.- La adhesión al presente régimen implica la renuncia a iniciar acciones de reintegro y/o repetición por las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social regularizadas (incluye los intereses resarcitorios y punitorios no condonados).

No podrán iniciarse acciones de repetición basadas en las disposiciones del presente régimen que hayan consagrado condonaciones de obligaciones tributarias, aduaneras o de los recursos de la seguridad social (sus intereses, pagos a cuentas, anticipos, etc.) en favor del propio contribuyente o del tercero.

Artículo 16.- La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el presente régimen dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de su entrada en vigencia y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de su aplicación.

La reglamentación que se dicte no podrá establecer ninguna restricción o limitación a los contribuyentes o responsables, de ningún tipo, por el hecho de adherir y acogerse al presente régimen. Cualquier incumplimiento de tipo formal por parte del contribuyente o responsable no podrá ser considerado como causal de pérdida de los beneficios otorgados por el presente régimen. El acogimiento al presente régimen no podrá ser considerado como indicio negativo de la calificación del contribuyente o responsable a los efectos de cualquier registro a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 17.- Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto una vez entre en vigencia la reglamentación dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

TÍTULO II

Régimen de Regularización de Activos

Capítulo I

Sujetos alcanzados

Artículo 18.- Sujetos residentes. Podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos establecido en este título, las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que, según las normas de esa ley, sean considerados residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas como contribuyentes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 19.- Personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales argentinos. Las personas humanas que hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes del 31 de diciembre de 2023 y que, a dicha fecha, hubieran perdido tal condición de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos como si fueran sujetos residentes en Argentina, en igualdad de derechos y obligaciones que los sujetos residentes indicados en el artículo 18. De ejercerse esta opción, se considerará que estos sujetos han adquirido nuevamente la residencia tributaria en el país a partir del 1° de enero de 2024.

A todos los efectos de este Régimen de Regularización de Activos, no deberán tomarse en cuenta los incrementos patrimoniales y los bienes adquiridos en el exterior por la persona humana luego de la pérdida de su residencia fiscal en Argentina.

La reglamentación establecerá aquellas adaptaciones necesarias a las normas del presente Régimen de Regularización de Activos para su aplicación a este tipo de contribuyentes.

Capítulo II

Plazo

Artículo 20.- Plazo de vigencia. El plazo para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos se extenderá hasta el 30 de abril de 2025. El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Artículo 21.- Manifestación de adhesión. Para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos, el contribuyente deberá realizar su adhesión en la forma que indique la reglamentación. Al momento de manifestar su adhesión, no deberá aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen.

La fecha de la manifestación de adhesión del presente artículo definirá la etapa del régimen aplicable a ese contribuyente, según se indica en el artículo 23.

Si un contribuyente regularizara bienes en más de una de las etapas previstas en el artículo 23, se deberá considerar a todos los efectos la etapa en la cual efectuó la última adhesión.

Artículo 22.- Declaración Jurada. En forma posterior a la manifestación de adhesión regulada en el artículo 21, el contribuyente deberá presentar la declaración jurada del Régimen de Regularización de Activos según los plazos que se indican en el artículo 23.

La reglamentación establecerá los requisitos formales de esta declaración jurada, que incluirá la documentación y demás información que deberá ser aportada por el sujeto adherente respecto de los activos incluidos en el presente régimen.

Artículo 23.- Etapas del régimen. El presente régimen estará dividido en tres etapas. La fecha de la manifestación de adhesión del artículo 21 definirá la etapa del régimen aplicable al contribuyente y/o a los bienes regularizados en esa etapa, salvo en el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 21.

Las etapas tendrán la siguiente distribución:

El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar las fechas mencionadas hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Artículo 24.- Bienes alcanzados. Podrán ser objeto de este régimen de regularización los siguientes bienes:

24.1.- Bienes en Argentina.

a) Moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo de entidades residentes en Argentina;

b) Inmuebles ubicados en Argentina;

c) Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, derechos o cuotaspartes sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores;

e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores, ubicados en Argentina;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente fiscal argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones);

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, que sean de propiedad de un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), o que recaigan sobre bienes incluidos en otros incisos de este artículo 24.1;

h) Las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares;

i) Otros bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico, incluyendo los bienes y/o créditos originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior de titularidad de sujetos residentes fiscales en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), o respecto de los cuales dicho sujeto residente en el país sea beneficiario.

24.2.- Bienes en el exterior.

a) Moneda extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo en entidades financieras del exterior;

b) Inmuebles ubicados fuera de Argentina;

c) Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones o derechos no sea considerado un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior;

e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores ubicados fuera de Argentina;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente fiscal argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones);

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, o que recaigan sobre bienes incluidos en otros incisos de este artículo 24.2;

h) Otros bienes ubicados fuera del país no incluidos en incisos anteriores.

24.3.- Bienes excluidos.

No podrán ser objeto del presente Régimen de Regularización de Activos las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior mencionadas en el artículo 24.2, que a la fecha a la que hace referencia el artículo 24.4, (i) estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”) o (ii) que estando en efectivo, se encuentren físicamente ubicadas en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”).

24.4.- Fecha de Regularización.

Los sujetos indicados en los artículos 18 y 19 solo podrán regularizar aquellos activos que fueran de su propiedad o que se encontraran en su posesión, tenencia o guarda, al 31 de diciembre de 2023, inclusive (es decir, la “Fecha de Regularización”).

La reglamentación establecerá la forma en la que los sujetos adherentes al presente régimen deberán acreditar la propiedad, posesión, tenencia o guarda de los activos a la Fecha de Regularización al momento de presentar la declaración jurada prevista en el artículo 22.

Capítulo III

Mecanismo de Regularización

Artículo 25.- Declaración jurada de regularización. Los contribuyentes, al realizar la declaración jurada del artículo 22, deberán identificar los bienes respecto de los cuales solicitan la aplicación del Régimen de Regularización de Activos, según las pautas que para ello fije la reglamentación.

Asimismo, al momento de la presentación de dicha declaración jurada, o en un momento posterior según indique la reglamentación, los contribuyentes deberán presentar las constancias fehacientes y toda otra documentación necesaria para acreditar la titularidad y/o el valor de los bienes regularizados, según las pautas que para ello indique la reglamentación.

Artículo 26.- Reglas especiales según tipo de activo.

a) Dinero en efectivo en Argentina.

Para regularizar los activos incluidos en el artículo 24.1.a), cuando se trate de dinero en efectivo, los contribuyentes deberán, antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23, depositar dicho efectivo en una entidad financiera regulada por la ley 21.526 y sus modificaciones, de Entidades Financieras.

A fin de recibir el depósito de estos fondos, el Banco Central de la República Argentina deberá regular la creación de una cuenta bancaria especial destinada a recibir este tipo de depósitos (denominada “Cuenta Especial de Regularización de Activos”). El Banco Central de la República Argentina deberá emitir la respectiva normativa que indique en forma taxativa los requisitos y documentos que los contribuyentes deberán presentar ante las entidades financieras para solicitar la apertura de la Cuenta Especial de Regularización de Activos y para realizar el depósito de los fondos a regularizar.

Al momento de la apertura de la Cuenta Especial de Regularización de Activos y/o del depósito del dinero en efectivo, la entidad financiera no podrá exigir más documentación que la taxativamente indicada por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Las entidades financieras no podrán negarse a la apertura de una Cuenta Especial de Regularización de Activos. Dichas entidades tampoco podrán solicitar al depositante información adicional a la taxativamente regulada por el Banco Central de la República Argentina, ni negarse a la recepción de los fondos a ser depositados en dichas cuentas por el contribuyente. El incumplimiento de estas obligaciones implicará, para la entidad financiera, una infracción punible bajo el artículo 41 de la ley 21.526 y sus modificaciones, de Entidades Financieras.

Los contribuyentes también podrán solicitar la apertura de Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos a ser abiertas por medio de Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyC”) regulados por el capítulo II del título VII de las normas (N.T. 2013 y modificaciones) de la Comisión Nacional de Valores.

A tal fin, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina deberán emitir las regulaciones correspondientes que creen Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos y habiliten la transferencia de fondos a este tipo de cuentas desde las Cuentas Especiales de Regularización de Activos abiertas en entidades financieras.

Los Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyC”) tendrán obligaciones idénticas a las descriptas en este artículo para las entidades financieras respecto de la apertura de las cuentas especiales establecidas en el presente artículo;

b) Dinero en efectivo en el exterior.

Cuando el bien a regularizar se trate de dinero en efectivo ubicado en el exterior y alcanzado por las reglas del artículo 24.2.a), el monto regularizado deberá ser depositado en una entidad bancaria del exterior y podrá ser transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos o a una Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos a fin de que apliquen los beneficios del artículo 32. Todo ello antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Artículo 27.- Base imponible. De manera excepcional y solo a los fines del Régimen de Regularización de Activos, la base imponible para determinar el “Impuesto Especial de Regularización” será calculada en dólares estadounidenses.

La base imponible del Impuesto Especial de Regularización será el valor total de los bienes regularizados mediante el presente régimen, determinado conforme a las reglas de este artículo.

A los efectos de calcular la base imponible del Impuesto Especial de Regularización en dólares estadounidenses, se deberán seguir las siguientes reglas de conversión:

i. Los valores que estén medidos o expresados en pesos argentinos serán convertidos a dólares estadounidenses tomando el tipo de cambio que fije mediante reglamentación el Poder Ejecutivo nacional, el cual deberá tomar como referencia el tipo de cambio implícito que surge de dividir la última cotización de un determinado título público con liquidación en pesos en el segmento prioridad precio tiempo en BYMA y la última cotización de dicho título con liquidación en USD en jurisdicción local, el día anterior a la Fecha de Regularización (“Tipo de Cambio de Regularización”).

ii. Si los bienes o valuaciones estuvieran denominados en una moneda extranjera diferente a dólares estadounidenses, la reglamentación establecerá las relaciones de cambio para convertir dicha moneda extranjera a dólares estadounidenses a efectos del cálculo de la base imponible del Impuesto Especial de Regularización, tomando como referencia la cotización de dicha moneda extranjera frente al dólar estadounidense en las diversas plazas del mundo a la Fecha de Regularización.

27.1.- Bienes en Argentina.

a) Dinero en Efectivo:

i. Moneda argentina: su valor expresado en dólares estadounidenses, convertido al Tipo de Cambio de Regularización;

ii. Moneda extranjera: su valor en dólares estadounidenses;

b) Inmuebles ubicados en Argentina: su valor de adquisición, su valor fiscal o su valor mínimo, según se define a continuación, el que sea superior, convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización.

Para inmuebles urbanos, la reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado (en pesos argentinos o dólares estadounidenses) por metro cuadrado considerando el valor de mercado promedio de las diversas zonas geográficas en las que esté ubicado el inmueble urbano. Para inmuebles rurales, la reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado (en pesos argentinos o dólares estadounidenses) por hectárea, considerando el valor de mercado promedio de las diversas zonas geográficas en las que esté ubicado el inmueble rural. En todos los casos en los que la reglamentación opte por fijar un valor mínimo, el contribuyente podrá presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación para demostrar que el valor de mercado del bien a la Fecha de Regularización es inferior al valor mínimo y solicitar la reducción de la base imponible a dicho valor de mercado. La reglamentación establecerá el procedimiento y la documentación a presentar para tal fin y el medio de reintegro del Impuesto Especial de Regularización ingresado en exceso, de ser validado por la Administración Federal de Ingresos Públicos el valor de mercado denunciado por el contribuyente;

c) Acciones, cuotas y participación en sociedades, derechos de beneficiarios de fideicomisos o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, cuotapartes o derechos sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o participaciones no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores: el valor patrimonial proporcional atribuible a dichas participaciones según el último balance cerrado antes de la Fecha de Regularización y aprobado por la asamblea respectiva, actualizado desde la fecha de cierre de dicho balance hasta el 31 de diciembre de 2023, por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y convertido a dólares estadounidenses usando el Tipo de Cambio de Regularización. Si esos sujetos realizaran sus balances en moneda funcional dólares estadounidenses, se tomará el valor de patrimonio neto en dólares estadounidenses a la mencionada fecha de cierre, sin necesidad de actualización o conversión. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre de 2023.

Si la participación refiriera a un sujeto que no tenga la obligación de preparar y aprobar balances, la base imponible estará compuesta por la porción atribuible al contribuyente de todos sus activos, valuados según las normas de este régimen y deducidos los pasivos que dicho vehículo haya contraído. La reglamentación podrá emitir normas de valuación de este tipo de pasivos;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores: según su valor de cotización a la Fecha de Regularización, de ser necesario convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización. Si el título valor cotizara en mercados argentinos y del exterior, se tomará como valor de cotización el correspondiente al mercado argentino, y si en este mercado el título cotizara en pesos y en dólares estadounidenses, se tomará como referencia el valor en dólares estadounidenses;

e) Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados en Argentina: según su valor de mercado a la Fecha de Regularización convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones: por el capital de dicho crédito, con más las actualizaciones que pudieran corresponder y los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Regularización. Si el crédito y los intereses estuvieran expresados en pesos argentinos deberán ser convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores: según el valor de adquisición que hubieran tenido. De no haber sido adquiridos a terceros, se utilizarán las reglas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, para determinar su costo de adquisición, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hasta la Fecha de Regularización y convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

h) Criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares: su valor de mercado a la fecha de inscripción en el Régimen o su valor de adquisición, el que fuere mayor;

i) Otros bienes ubicados en el país no incluidos en incisos anteriores: según su valor de mercado a la Fecha de la Regularización, convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización, pudiendo la reglamentación establecer la forma de cálculo específica del valor de mercado de los bienes incluidos en este inciso cuando su valor de mercado no fuera de público conocimiento.

27.2.- Bienes en el exterior.

a) Dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias del exterior: su valor en dólares estadounidenses;

b) Inmuebles ubicados fuera de Argentina: su valor de adquisición en dólares estadounidenses o su valor mínimo, el que fuera mayor.

La reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado por metro cuadrado, hectárea u otra unidad de medida, considerando la ubicación geográfica de dichos inmuebles y los valores promedio de mercado.

En todos los casos en los que la reglamentación opte por fijar un valor mínimo, el contribuyente podrá presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación para demostrar que el valor de mercado del bien a la Fecha de Regularización es inferior al valor mínimo y solicitar la reducción de la base imponible a dicho valor de mercado. La reglamentación establecerá el procedimiento y la documentación a presentar para tal fin y el medio de reintegro del Impuesto Especial de Regularización ingresado en exceso, de ser validado por la Administración Federal de Ingresos Públicos el valor de mercado presentado por el contribuyente;

c) Acciones, cuotas y cualquier tipo de derecho de participación en sociedades, corporaciones, entes o vehículos de cualquier naturaleza y los derechos de beneficiarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el ente del exterior no sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o derechos de participación no coticen en bolsas o mercados del exterior: el valor patrimonial proporcional atribuible a dichas participaciones según el último balance cerrado antes de la Fecha de Regularización. Si la participación refiriera a un vehículo que no tenga la obligación de preparar balances, la base imponible estará compuesta por todos sus activos, valuados según las normas de este régimen y deducidas las deudas que dicho vehículo haya contraído, en la proporción atribuible a la participación del contribuyente. La reglamentación podrá emitir normas de valuación de este tipo de pasivos;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior: según su valor de cotización a la Fecha de Regularización;

e) Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados fuera de Argentina: a su valor de mercado a la Fecha de Regularización;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones: por el capital de dicho crédito, con más los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Regularización. Si el crédito y los intereses estuvieran expresados en pesos argentinos, deberán ser convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores: según el valor de adquisición que hubieran tenido bajo la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hasta la Fecha de Regularización y convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

h) Otros bienes ubicados fuera del país y no incluidos en incisos anteriores: según su valor de mercado a la Fecha de Regularización, pudiendo la reglamentación establecer la forma de cálculo específica del valor de mercado de los bienes incluidos en este inciso.

Capítulo IV

Impuesto Especial de Regularización

Artículo 28.- Determinación del impuesto a ingresar. De manera excepcional y solo a los fines de este Régimen de Regularización de Activos, los montos a ingresar como Impuesto Especial de Regularización deberán ser calculados e ingresados en dólares estadounidenses.

El impuesto a ingresar se calculará sobre el total del valor de los bienes, tanto en Argentina como en el exterior, que sean regularizados mediante el presente Régimen de Regularización de Activos, según las alícuotas que se indican a continuación y teniendo en cuenta los supuestos especiales de exclusión del artículo 31 de la presente ley:

A los efectos de determinar la alícuota aplicable según la escala anterior, se considerarán los bienes regularizados por el contribuyente y aquellos regularizados en la Etapa correspondiente o en una Etapa anterior por los ascendientes y descendientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, por los cónyuges y convivientes. En ese caso, todos los sujetos que regularicen podrán computar, proporcionalmente, la franquicia prevista en la primera escala de los cuadros del párrafo anterior.

La reglamentación podrá establecer excepciones a la obligación de ingresar el Impuesto Especial de Regularización en dólares estadounidenses por la Regularización de bienes abarcados por el artículo 24.1. En dicho caso, deberá aplicarse sobre la base imponible calculada según las reglas de los artículos 27 y 28, la alícuota del cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), según la Etapa en la que los bienes se regularicen, para determinar el Impuesto Especial de Regularización aplicable.

Artículo 29.- Determinación y pago del Impuesto Especial de Regularización. Los contribuyentes que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos deberán determinar el Impuesto Especial de Regularización al momento de la presentación de la declaración jurada mencionada en el artículo 22. El pago del Impuesto Especial de Regularización deberá ser realizado en los plazos indicados en el artículo 23, de acuerdo con las pautas que determine la reglamentación. Al momento de dicho pago, el contribuyente podrá tomar como crédito el pago anticipado realizado bajo las normas del artículo 30.

La falta de pago en término del Impuesto Especial de Regularización privará de todo efecto jurídico a la manifestación de adhesión al Régimen de Regularización de Activos formulada por el contribuyente, quedando éste excluido de pleno derecho del presente régimen.

Artículo 30.- Pago adelantado obligatorio. Todo contribuyente que realice la manifestación de adherir al presente Régimen de Regularización de Activos prevista en el artículo 21, deberá ingresar, dentro de la fecha límite prevista en el artículo 23 para cada Etapa, el pago adelantado previsto en este artículo.

La falta de ingreso del pago adelantado dentro de la fecha indicada causará el decaimiento automático de la manifestación de adhesión al Régimen de Regularización de Activos y excluirá al contribuyente de todos los beneficios previstos en el régimen.

El pago adelantado aquí previsto deberá ser no menor al setenta y cinco por ciento (75%) del Impuesto Especial de Regularización establecido en el artículo 29.

Si un contribuyente regularizara bienes en más de una Etapa, el porcentaje del párrafo anterior deberá ser tomado respecto del Impuesto Especial de Regularización establecido en el artículo 29 por la totalidad de los bienes regularizados. El pago adelantado que se hubiera efectuado en cualquiera de las Etapas anteriores será considerado pago a cuenta del pago adelantado que deberá efectuarse en la Etapa de la última adhesión.

Si una vez presentada la declaración jurada y determinado el total del Impuesto Especial de Regularización se advirtiera que el pago adelantado hecho fue inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del total del impuesto a ingresar, podrán mantenerse los beneficios del presente régimen ingresando el saldo pendiente incrementado en un cien por ciento (100%).

El incremento del saldo pendiente mencionado en el párrafo anterior no podrá ser considerado pago a cuenta del impuesto que en definitiva se determine.

No corresponderá realizar el pago adelantado en el caso de aquellos sujetos que regularicen bienes por hasta un importe de dólares estadounidenses cien mil (USD 100.000).

Capítulo V

Supuestos especiales de exclusión de base imponible y pago del Impuesto Especial de Regularización

Artículo 31.- Dinero en efectivo, en Argentina o en el exterior, que sea depositado o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos. El dinero en efectivo que sea regularizado bajo las reglas del Régimen de Regularización de Activos y que sea depositado y/o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos será excluido de la base de cálculo del artículo 28 y deberá determinar el Impuesto Especial de Regularización según las reglas del presente artículo 31.

Al momento del depósito o transferencia del monto regularizado a la Cuenta Especial de Regularización de Activos no deberá pagarse el Impuesto Especial de Regularización, y este impuesto tampoco será pagado mientras los fondos permanezcan depositados en esas cuentas.

Durante el plazo en que los fondos estén depositados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos, éstos podrán ser invertidos exclusivamente en los instrumentos financieros que indique la reglamentación, la que deberá contemplar instrumentos financieros que emitan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar la financiación de obras públicas. Los resultados de estas inversiones deberán ser depositados en la misma Cuenta Especial de Regularización de Activos.

Al momento en el cual los fondos depositados en una Cuenta Especial de Regularización de Activos sean transferidos a otra cuenta por cualquier motivo, se deberá pagar el Impuesto Especial de Regularización, el cual será retenido con carácter de pago único y definitivo por la entidad financiera en la cual se encuentra abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos, según las siguientes reglas:

(i) Si los fondos son transferidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos para pagar el Impuesto Especial de Regularización previsto en los artículos 29 o 30 de la presente ley no se realizará retención alguna.

A estos fines y de ser necesarios, el contribuyente podrá utilizar cualquier medio legalmente disponible para transformar los dólares estadounidenses en los pesos necesarios para el pago de dicho impuesto, pudiendo optar por vender dichos dólares estadounidenses en el mercado oficial de cambios o utilizar esos fondos para realizar una operación bursátil de compra y venta de títulos valores que le permita obtener los fondos en pesos necesarios para el pago del impuesto.

En todos los casos, los fondos en pesos resultantes de la operación deberán ser acreditados en una cuenta abierta en la misma entidad financiera en la cual se encontraba abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos de la cual se transfirieron los dólares estadounidenses, debiendo la reglamentación indicar los comprobantes o la documentación que dicha entidad deberá requerir al contribuyente como respaldo de la transacción realizada.

(ii) Si los fondos son transferidos a cualquier otra cuenta antes del 31 de diciembre de 2025, corresponderá aplicar una retención del cinco por ciento (5%) sobre el monto transferido, cualquiera sea el destino de la transferencia.

Dicha retención no deberá ser realizada si la transferencia tiene por destino:

a) La adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva, de acuerdo a las reglas que fije la reglamentación, siempre que la inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025;

b) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que cumplan con los requisitos exigidos por la reglamentación y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Poder Ejecutivo nacional podrá adicionar otros destinos a los previstos anteriormente, que tengan por finalidad incentivar la inversión productiva en el país; fomentar el crédito a las empresas que operan en el país; o promover la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas.

(iii) Si los fondos son transferidos a partir del 1° de enero de 2026: no se realizará retención alguna.

En ningún caso se permitirá la extracción en efectivo de los montos depositados en una Cuenta Especial de Regularización de Activos, pero los contribuyentes, de corresponder, podrán solicitar su transferencia inmediata a otra cuenta bancaria de su titularidad, sujeto a la aplicación del respectivo Impuesto Especial de Regularización, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En el caso de contribuyentes que regularicen bienes por un monto de hasta dólares estadounidenses cien mil (USD 100.000), incluyendo dinero en efectivo, no deberán ingresar el Impuesto Especial de Regularización contemplado en el artículo 28 de esta ley ni la retención del cinco por ciento (5%) que se contempla en el presente artículo. Para ello, los contribuyentes deberán mantener los fondos en la Cuenta Especial de Regularización de Activos hasta la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1, excepto por los motivos contemplados en el punto (i) y en los incisos a) y b) del punto (ii) del cuarto párrafo de este artículo o por transferencias realizadas en virtud de operaciones onerosas debidamente documentadas en los términos establecidos por la legislación vigente.

Bajo el presente régimen, los contribuyentes también podrán optar por abrir Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, las cuales serán abiertas en Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyCs”).

Las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos que reciban fondos regularizados estarán sujetas a las mismas restricciones y características que las indicadas anteriormente para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, y los Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyCs”) que abran dichas cuentas tendrán las mismas obligaciones que las entidades financieras respecto de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (incluida la de actuar como agente de retención del Impuesto Especial de Regularización). La reglamentación podrá realizar las adaptaciones necesarias al régimen definido en párrafos anteriores para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, de manera de posibilitar su correcta aplicación respecto de las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos.

La transferencia de fondos de Cuentas Especiales de Regularización de Activos a Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos no dará lugar a la aplicación de retención alguna al momento de dicha transferencia.

La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina deberán regular el régimen de las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, incluyendo, de corresponder, la necesidad de encaje de los fondos depositados en el Banco Central de la República Argentina, las inversiones permitidas y los plazos en que éstas deberán ser mantenidas y las obligaciones de los Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyCs”) respecto de los fondos que administren.

Las transferencias entre Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos no darán lugar a retención alguna, incluso si se trata de Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos de otros contribuyentes. En esos casos, para realizar la transferencia, el contribuyente deberá presentar ante la entidad bancaria en la cual se encuentra abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos o ante el Agente de Liquidación y Compensación (“ALyC”) en la cual se encuentra abierta la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos los comprobantes que justifiquen la razón de la transferencia.

A fin de recibir transferencias desde otras Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, cualquier persona humana y jurídica residente en Argentina podrá abrir dicho tipo de cuentas, incluso si no ha regularizado bienes bajo el presente Régimen de Regularización de Activos.

El Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores deberán emitir la normativa reglamentaria para segregar los activos depositados en cuentas especiales según las Etapas mencionadas en el artículo 23, de manera de garantizar en todo momento la identificación de la Etapa en que fueron regularizados dichos bienes. Dicha segregación no corresponderá realizarse con el dinero en efectivo por cuanto sólo podrá regularizarse en el plazo establecido para la Etapa 1.

Artículo 32.- Dinero depositado en cuentas bancarias del exterior. Aquellos fondos en efectivo que estén depositados en cuentas bancarias del exterior y que sean transferidos a la Argentina y acreditados en Cuentas Especiales de Regularización de Activos o en Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos estarán excluidos de la base de cálculo tomada por el artículo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artículo.

Los contribuyentes que regularicen fondos depositados en cuentas bancarias del exterior podrán elegir transferir todo o parte de los montos regularizados a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos o a las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos. Los montos que no sean transferidos a dichas cuentas tributarán el Impuesto Especial de Regularización debiendo ser reincorporados a la base imponible del artículo 28.

Los fondos que sean acreditados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos o en la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán sujetos a las normas del artículo 31.

Para que las normas del presente artículo sean de aplicación, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas del exterior a la Cuenta Especial de Regularización de Activos o a la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Artículo 33.- Títulos valores depositados en entidades del exterior. Aquellos títulos valores depositados en cuentas del exterior, que sean enajenados, rescatados o liquidados y que el monto resultante de dicha enajenación, liquidación o rescate sea transferido desde el exterior a una Cuenta Especial de Regularización de Activos o a una Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán excluidos de la base imponible tomada por el artículo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artículo.

Los contribuyentes que regularicen títulos valores depositados en entidades del exterior podrán elegir enajenar, liquidar o rescatar y transferir el monto resultante a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos o a las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos por todo o parte de los títulos valores regularizados bajo el presente régimen. Los títulos valores que no reciban ese destino deberán ser reincorporados a la base imponible del artículo 28.

Los fondos que sean acreditados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos o en la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán sujetos a las normas del artículo 31.

Para que las normas del presente artículo sean de aplicación, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas del exterior a la Cuenta Especial de Regularización de Activos o a la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Capítulo VI

Efectos de la regularización.

Artículo 34.- Los sujetos que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados:

a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, ni a los tres artículos sin número agregados a continuación del artículo 18, de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, con respecto a las tenencias declaradas;

b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, en las rentas que éstos hubieran generado y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así como el cobro y la liquidación de las divisas provenientes de la Regularización de Activos de dichos bienes, créditos y tenencias.

Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 19.550 (texto ordenado en 1984 y sus modificaciones), y cargos equivalentes en cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, representantes legales de sucursales de empresas extranjeras y profesionales certificantes de los balances respectivos.

La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.

Esta liberación no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados mediante, como consecuencia o en ocasión de dichas transgresiones;

c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados en el presente régimen, así como de las respectivas obligaciones accesorias, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Impuestos a las Ganancias, Impuesto a las salidas no documentadas (conforme el artículo 40 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas e Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto de los bienes regularizados y sobre los fondos que hubieran utilizado para la adquisición de estos bienes.

2. Impuestos Internos e Impuesto al Valor Agregado que puedan aplicar sobre las operaciones que originaron los fondos con los que el bien regularizado fue adquirido o sobre los fondos en efectivo que sean regularizados.

3. Impuestos sobre los Bienes Personales, el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia establecido por la ley 27.605 y la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias y/o bienes declarados.

4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los períodos fiscales anteriores al que cierra al 31 de diciembre de 2023, inclusive, por los bienes regularizados bajo el presente Régimen de Regularización de Activos;

d) Los sujetos que regularicen bienes que poseyeran a la Fecha de Regularización, sumados a los que declaren en las respectivas declaraciones juradas de los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y no lo hubieren declarado.

En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que fuera de propiedad de los mencionados sujetos a la Fecha de Regularización y que no hubiera sido declarado mediante el presente Régimen de Regularización de Activos ni con anterioridad, se privará al sujeto que realiza la regularización de los beneficios indicados en el inciso d) precedente, sin que resulten afectados los beneficios de los incisos a), b) y c) del presente que refieren a los bienes regularizados mediante el presente régimen.

La reglamentación establecerá el umbral mínimo que permitirá dar por decaído los beneficios del inciso d) de este artículo cuando se detectaran bienes no declarados ni regularizados bajo el presente régimen que eran de propiedad del contribuyente a la Fecha de Regularización. Dicho umbral no podrá ser inferior al diez por ciento (10%), ni superior al veinticinco por ciento (25%), del total de los bienes regularizados por el contribuyente bajo el presente régimen.

A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, para investigar y determinar los bienes de propiedad del contribuyente.

Artículo 35.- Los beneficios mencionados en el artículo 34 también aplicarán a los sujetos incluidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales por los activos que sus accionistas y socios hayan declarado en los términos del presente Régimen de Regularización de Activos.

Artículo 36.- La Regularización de Activos efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, liberará del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en estas. Igual criterio corresponderá aplicar con relación a los sujetos referenciados en el inciso c) del mencionado artículo con relación a los o las fiduciantes, beneficiarios o beneficiarias y/o fideicomisarios o fideicomisarias. La liberación dispuesta procederá solo en el supuesto en que los sujetos mencionados en los incisos b) y c) del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, no hubieran ejercido la opción a la que se refiere en el punto 8 del inciso a) del artículo 73 de la mencionada ley.

Capítulo VII

Pago del impuesto especial. Efectos de la falta de pago en término

Artículo 37.- Pago del Impuesto Especial de Regularización. El pago del Impuesto Especial de Regularización deberá realizarse en dólares estadounidenses, excepto en los casos expresamente previstos bajo el último párrafo del artículo 28.

La reglamentación establecerá el mecanismo para recibir el pago mediante transferencias en dólares estadounidenses realizadas desde el exterior.

Artículo 38.- Falta de pago del Impuesto Especial de Regularización. La falta de pago del Impuesto Especial de Regularización dentro del plazo otorgado por la reglamentación causará el decaimiento de todos los beneficios del presente régimen.

Capítulo VIII

Sujetos excluidos

Artículo 39.- Funcionarios públicos. Quedan excluidos de las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan desempeñado en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos y/o aquellos que actualmente desempeñen las siguientes funciones públicas:

a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal;

b) Senador o diputado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal municipal, o Parlamentario del Mercosur;

c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d) Magistrado del Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

g) Interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

h) Síndico General de la Nación, síndico general adjunto de la Sindicatura General, presidente o auditor general de la Auditoría General, autoridad superior de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos en los tres niveles de gobiernos;

i) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento;

j) Embajador, cónsul o funcionario destacado en misión oficial permanente en el exterior;

k) Personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina o del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente, personal de la Policía provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con categoría no inferior a la de Comisario, o personal de categoría inferior, a cargo de Comisaría;

l) Rector, decano o secretario de las universidades nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en la Administración Pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado o personal con similar categoría o función y en otros entes del sector público;

n) Funcionario colaborador de interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente;

o) Personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la de director o equivalente;

p) Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

q) Funcionario que integra los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director;

r) Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a la de director;

s) Personal que cumpla servicios en el Poder Judicial o en el Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a secretario o equivalente;

t) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras en cualquiera de los tres niveles de gobierno;

u) Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156;

w) Personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria.

Artículo 40.- Familiares de funcionarios públicos. Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges y convivientes y los ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, por consanguinidad o afinidad, y colaterales en segundo grado por consanguinidad o afinidad de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 39.

Quedan también comprendidos los ex cónyuges y ex convivientes de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 39 que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado en dicho artículo.

Artículo 41.- Otros sujetos excluidos. Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley:

a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

b) Los condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley;

c) Los condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia con fundamento en las leyes 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguientes delitos:

i. Contra el orden económico y financiero previstos en los artículos 303, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 del Código Penal.

ii. Enumerados en el artículo 6° de la ley 25.246, con excepción del inciso k).

La exclusión establecida en este artículo también será de aplicación para los familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad de los procesados determinados en el párrafo anterior.

iii. Estafa y otras defraudaciones previstas en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal.

iv. Usura prevista en el artículo 175 bis del Código Penal.

v. Quebrados y otros deudores punibles previstos en los artículos 176, 177, 178 y 179 del Código Penal.

vi. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.

vii. Falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales previstos en el artículo 289 del Código Penal y falsificación de marcas registradas previsto en el artículo 31 de la ley 22.362, de Marcas y Designaciones.

viii. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito previsto en el inciso c) del numeral 1 del artículo 277 del Código Penal.

ix. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo establecido en el inciso 3 del artículo 80, artículos 127 y 170 del Código Penal, respectivamente.

Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen. El auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otorga el presente régimen.

f) Las personas jurídicas en las que los sujetos excluidos por los artículos 39, 40 y los restantes incisos de este artículo, individual o conjuntamente, tengan participación mayoritaria y/o control de la voluntad social;

g) Personas jurídicas que hayan sido ejecutoras de beneficios sociales y los integrantes de sus órganos de gobierno, dirección y/o administración, ya sea a nivel nacional o provincial, durante los últimos cinco (5) años;

h) Quienes hayan recibido planes sociales durante los últimos cinco (5) años, con excepción de quienes hayan recibido asistencia durante la emergencia del COVID-19;

i) Quedan asimismo excluidas de las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan revestido el carácter de personas expuestas políticamente extranjeras en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos y/o aquellos que actualmente tengan tal carácter.

Artículo 42.- Tributos Provinciales. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 43.- Otras previsiones. El Impuesto Especial de Regularización se regirá por lo dispuesto en la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, y resulta coparticipable. Ninguna de las disposiciones de este Régimen de Regularización de Activos liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos cooperará con otras entidades públicas en el marco de la citada ley 25.246 y sus modificaciones.

Los sujetos que adhieran al Régimen de Regularización de Activos no podrán inscribirse en regímenes de regularización de activos no declarados, cualquiera fuera su denominación, que pudieran eventualmente implementarse hasta el 31 de diciembre de 2038.

Artículo 44.- Reglamentación. Entrada en vigor. El Poder Ejecutivo nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores deberán dictar las respectivas reglamentaciones en un plazo máximo de diez (10) días a contar desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Las disposiciones de este título entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

TÍTULO III

Impuesto sobre los Bienes Personales

Capítulo I

Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales

Artículo 45.- Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales. Créase el presente Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“REIBP”) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, la cual opera el 31 de diciembre de 2027.

Artículo 46.- Sujetos alcanzados. Las personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes fiscales en Argentina al 31 de diciembre de 2023, según las normas de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán optar por adherir al REIBP.

Las personas humanas que, al 31 de diciembre de 2023, no sean consideradas residentes fiscales a los efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes de esa fecha, podrán acceder a los beneficios de esta ley en igualdad de derechos y obligaciones que las personas humanas mencionadas en el párrafo anterior. A partir de la adhesión al REIBP, dichas personas humanas serán consideradas residentes fiscales en Argentina.

Artículo 47.- Derecho de opción. La opción de adherir al REIBP es de carácter individual y voluntaria, tratándose el presente de un régimen especial que comprende al Impuesto sobre los Bienes Personales y a todo otro tributo patrimonial nacional (cualquiera fuera su denominación) que pueda complementar o reemplazar al Impuesto sobre los Bienes Personales en los períodos fiscales 2024 a 2027.

Al optarse por la adhesión al REIBP, el Estado nacional y el contribuyente declaran que entienden y reconocen los derechos, obligaciones y limitaciones de carácter recíproco aquí establecido.

Artículo 48.- Período de opción. Los sujetos indicados en el artículo 46 podrán optar por adherirse al REIBP hasta el 31 de julio de 2024, inclusive. El Poder Ejecutivo nacional podrá extender dicha fecha hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive.

Los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley podrán optar por adherirse al REIBP hasta la fecha límite de presentación de la declaración jurada establecida en el artículo 22 de la presente ley.

Artículo 49.- Períodos fiscales alcanzados. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP, tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada.

Los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley que opten por adherirse al REIBP tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los períodos fiscales 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada.

Artículo 50.- Base imponible. Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina. Para calcular la base imponible del REIBP, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina deberán utilizar las siguientes reglas:

1. Se tomarán en cuenta los bienes existentes en el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de 2023, inclusive.

2. Se procederá a valuar todos los bienes del patrimonio existentes al 31 de diciembre de 2023 usando para ello las reglas de valuación previstas en el título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, excluyendo a estos fines las acciones, cuotas o participaciones en sociedades u otros entes a los que hace referencia el artículo sin número a continuación del artículo 25 de la citada ley.

3. Del monto resultante, se restará el valor de los bienes exentos indicados en el artículo 21 del título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones). Los bienes comprendidos en los incisos g), i), j) y k) del mencionado artículo 21 solo serán restados del patrimonio gravado si se encontraban en el patrimonio del contribuyente antes del 10 de diciembre de 2023, inclusive.

4. Del monto resultante, se detraerá el mínimo no imponible previsto en el artículo 24 del título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. De existir entre los bienes la casa habitación del contribuyente, se restará también el valor de dicho inmueble hasta el límite previsto por el segundo párrafo del artículo 24 del título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. En ambos casos, se tomará el monto vigente para el período fiscal 2023.

5. El monto resultante final se multiplicará por cinco (5).

Artículo 51.- Bienes regularizados bajo el régimen del título II de la presente ley. Aquellos contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley y que opten por declarar el Impuesto sobre los Bienes Personales bajo el presente régimen REIBP, deberán calcular la base imponible por dichos bienes de acuerdo a las normas del presente artículo. A tal fin, los bienes regularizados no integrarán la base imponible determinada en el artículo anterior.

Para determinar la base imponible de los bienes regularizados deberán seguirse las siguientes reglas:

1. Deberá tomarse la totalidad de los bienes regularizados en las tres (3) Etapas del Régimen de Regularización de activos, los cuales se valuarán conforme a las reglas del artículo 27.

2. El valor resultante, expresado en dólares estadounidenses de acuerdo a las reglas del citado artículo 27, deberá convertirse a pesos argentinos usando el tipo de cambio oficial correspondiente a la fecha de presentación de las respectivas declaraciones juradas a que hace referencia el artículo 22 de la presente ley.

3. El monto resultante se lo multiplicará por cuatro (4).

Artículo 52.- Alícuota. Los contribuyentes que sean personas humanas y sucesiones indivisas que se adhieran al REIBP aplicarán la alícuota de cero coma cuarenta y cinco por ciento (0,45%) sobre la base imponible determinada según las normas del artículo 50.

Los contribuyentes alcanzados por las reglas del artículo 51 que adhieran al REIBP aplicarán la alícuota del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) sobre la base imponible determinada según las reglas de dicho artículo 51.

Artículo 53.- Créditos fiscales. Para el pago del respectivo impuesto bajo el REIBP, los sujetos indicados en el primer párrafo del artículo 49 de esta ley podrán computarse los créditos fiscales, anticipos y pagos a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2023.

Artículo 54.- Presentación de la declaración jurada y pago del impuesto. La reglamentación establecerá el método, fecha de pago y demás requisitos para la presentación de la declaración jurada del REIBP y el cálculo del impuesto a pagar bajo el REIBP.

El pago del impuesto en forma posterior a la fecha establecida por el Poder Ejecutivo nacional privará al contribuyente en forma total de los beneficios del REIBP.

Del monto total a pagar bajo el REIBP, el contribuyente podrá deducir el pago inicial realizado en los términos del artículo 55.

El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 51, a los cuales les serán de aplicación las normas previstas en el artículo 57.

Artículo 55.- Pago inicial del REIBP. Los contribuyentes deberán realizar un pago inicial del REIBP de no menos del setenta y cinco por ciento (75%) del total del impuesto a determinar bajo las normas del presente régimen. Este pago inicial deberá ser realizado siguiendo la fecha, método y demás requisitos que se establezca en la reglamentación.

Cuando no se abone importe alguno en concepto del pago inicial del REIBP dentro del plazo legal establecido por este artículo, ello privará al contribuyente en forma total de los beneficios del presente régimen especial.

El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 51, a los cuales les serán de aplicación las normas previstas en el artículo 57.

Artículo 56.- Pago inicial inferior al setenta y cinco por ciento (75%). Si, luego de la presentación de la declaración jurada del REIBP, se advirtiera que el pago inicial realizado por un contribuyente bajo las normas del artículo 55 resultó ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del pago total adeudado bajo el artículo 54, el contribuyente podrá optar entre:

a) Mantenerse dentro del REIBP, abonando el saldo pendiente de ingreso bajo el artículo 56, incrementado en un cien por ciento (100%).

b) Renunciar a los beneficios del REIBP, en cuyo caso el contribuyente podrá aplicar el monto ya abonado como crédito de impuestos compensable contra cualquier otro tributo cuya recaudación esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El incremento del saldo pendiente a que hace referencia el inciso a) no podrá computarse como pago a cuenta.

El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 51, a los cuales serán de aplicación lo previsto en el artículo 57.

Artículo 57.- Bienes incluidos en el artículo 51. Los contribuyentes que opten por entrar en el REIBP y que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley deberán ingresar el tributo correspondiente bajo el REIBP por los bienes regularizados de acuerdo a lo previsto en el presente artículo. Dichos contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones respecto de los demás bienes que no hayan sido regularizados mediante el Régimen de Regularización de Activos de acuerdo a lo previsto en los artículos anteriores.

Respecto de los bienes regularizados, el monto del impuesto a ingresar será calculado de acuerdo a lo previsto en el artículo 51.

Los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada en los términos del artículo 54 exclusivamente para los bienes regularizados. El Poder Ejecutivo nacional establecerá las fechas límite para la presentación de esta declaración jurada y para el pago del impuesto del REIBP por los bienes regularizados.

El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer, respecto de los bienes regularizados, la necesidad de ingresar un pago inicial en los términos del artículo 55, debiendo fijar también la fecha límite en que dicho pago deba ser hecho. La falta de cancelación del pago inicial dentro del plazo previsto por el Poder Ejecutivo nacional tendrá las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 55, así como también resultarán aplicables respecto de dicho pago inicial las previsiones del artículo 56.

Artículo 58.- Exclusión del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro impuesto patrimonial. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP estarán excluidos de toda obligación bajo las normas del Impuesto sobre los Bienes Personales para los períodos fiscales indicados en el artículo 49 de esta ley, según corresponda. La presente exclusión alcanza a todos los aspectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, incluida la obligación de presentación de declaraciones juradas, de calcular la base imponible, de determinar el impuesto, de pagar el impuesto o sus anticipos o pagos a cuenta y de toda otra obligación relacionada con el Impuesto sobre los Bienes Personales. Asimismo, se encontrarán excluidos del pago de todo otro tributo nacional que se aplique sobre el patrimonio del contribuyente que pudiera crearse durante dichos períodos fiscales, sin importar su denominación. Dichas exclusiones también aplican para los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el título II de la presente ley que opten por adherirse al REIBP.

La presente exclusión no alcanza a las obligaciones que la persona humana que adhirió al REIBP por su propio carácter de contribuyente pudiera tener como responsable sustituto en el Impuesto sobre los Bienes Personales de un sujeto del exterior.

Artículo 59.- Estabilidad fiscal - impuestos sobre el patrimonio. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional (cualquiera fuera su denominación) que se cree y que tenga como objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente, no pudiendo ver incrementada su carga fiscal por tributos patrimoniales (cualquiera sea su denominación) más allá de los límites establecidos en el párrafo siguiente.

Para establecer la carga fiscal máxima que dichos sujetos podrán soportar por cualquier tipo de tributos que recaigan directamente sobre su patrimonio o sobre cualquier activo, se deberá tomar la carga fiscal anual aplicable a su patrimonio bajo el presente REIBP, de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Base imponible: el valor del patrimonio del contribuyente sobre el cual pudiera recaer el tributo patrimonial deberá ser calculado según las reglas de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigentes al momento de entrada en vigor de este REIBP.

2. Alícuota: la alícuota máxima para los contribuyentes que no adhirieron al régimen del título II de la presente ley será la de cero coma cuarenta y cinco por ciento (0,45%) para los períodos fiscales 2023 a 2027 y para los contribuyentes que adhirieron al mencionado régimen del título II será la de cero coma cincuenta por ciento (0,50%) para los períodos fiscales 2024 a 2027. A partir del 1° de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2038 la alícuota máxima será del cero coma veinticinco por ciento (0,25%).

3. Múltiples tributos al patrimonio: en caso de que exista más de un tributo nacional que aplique en forma global sobre el patrimonio del contribuyente, deberá tomarse a todos ellos en conjunto para determinar si se excede el límite previsto por las reglas de estabilidad fiscal de este régimen.

Queda expresamente aclarado que al adherir al REIBP y tributar el correspondiente impuesto bajo este régimen especial, se considera que el contribuyente ya ha alcanzado el máximo nivel de tributación sobre el patrimonio permitido bajo las reglas de estabilidad fiscal de este artículo por los períodos fiscales que se inician desde el 1° de enero de 2024 y hasta aquellos que finalizan el 31 de diciembre de 2027. Cualquier tributo patrimonial que pueda crearse en el futuro y que vulnere el derecho de estabilidad fiscal previsto en este artículo dará lugar a la aplicación automática de las medidas de remediación previstas en el artículo siguiente.

Artículo 60.- Incumplimiento de la obligación de estabilidad fiscal. Si, por cualquier motivo durante el período de estabilidad fiscal previsto en el artículo 59, la carga fiscal derivada de uno o más tributos que recaigan en forma directa sobre el patrimonio o sobre cualquier activo de un contribuyente que tenga derecho a aplicar el beneficio de estabilidad fiscal bajo el REIBP excede el límite previsto en el artículo 59, el contribuyente tendrá el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de aquellos importes que excedan el límite previsto en el citado artículo 59. Si, no obstante ello, el contribuyente debiera pagar un importe por encima del límite máximo establecido bajo las reglas de estabilidad fiscal del artículo 59, se le permitirá al contribuyente computar a su favor un crédito fiscal compensable contra el o los tributos patrimoniales que resultan en el exceso de la carga máxima bajo la estabilidad fiscal y/o, a elección del contribuyente, contra cualquier otro tributo nacional por un monto equivalente a la diferencia entre el o los tributos patrimoniales aplicables a ese período fiscal y el tributo patrimonial máximo calculado de acuerdo a las normas de estabilidad fiscal del artículo 59.

El crédito fiscal previsto en el presente artículo no requerirá trámite previo alguno y el contribuyente podrá aplicarlo directamente en los términos del párrafo anterior y, a tal fin, se considera que el derecho a gozar del crédito fiscal integra el patrimonio del contribuyente desde la fecha de pago prevista en el artículo 54 y, de corresponder, 57.

Artículo 61.- Donaciones y otro tipo de liberalidades. En los casos en los que un sujeto que haya adherido al REIBP acepte, antes del 31 de diciembre de 2027, una donación de un individuo que no haya adherido al REIBP, deberá tributar un impuesto adicional conforme las normas del presente artículo. El impuesto adicional no será aplicable cuando la donación consista en acciones o participaciones en sociedades argentinas o participaciones en fideicomisos alcanzados por el régimen de sustitución previsto por el artículo agregado a continuación del artículo 25 del título VI de la ley 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, o el que lo reemplace en el futuro.

Solo resultará aplicable el impuesto adicional al que hace referencia este artículo cuando el donatario sea pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad del donante, o sea su cónyuge, excónyuge o conviviente al momento de la donación.

El impuesto adicional del presente artículo se calculará aplicando la alícuota que el donatario determinó bajo el REIBP sobre el valor de los bienes transferidos a la fecha de la donación, debiéndose multiplicar por el número de períodos fiscales que resten para completar el período alcanzado por el REIBP, incluyendo el período fiscal en que se perfeccione la donación.

A los efectos del presente artículo, el término donación incluye también a toda liberalidad que tenga por efecto directo o indirecto transmitir la propiedad de un bien a otro sujeto sin percibir a cambio una contraprestación equivalente a su valor de mercado. En los casos en que, por la naturaleza de la transacción, exista contraprestación, se podrá deducir del valor del bien el valor de dicha contraprestación a los efectos de calcular la base imponible del impuesto adicional de este artículo.

La reglamentación establecerá los plazos y modalidades en las que el presente impuesto adicional deberá ser liquidado y pagado.

Artículo 62.- Entrada en vigor. Las disposiciones del REIBP entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Capítulo II

Modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales

Artículo 63.- Sustitúyese, con efectos a partir del período fiscal 2023 inclusive, los artículos 24 y 25 del título VI de la ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones) por los siguientes:

Artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley, pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000).

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a trescientos cincuenta millones de pesos ($ 350.000.000).

Artículo 25: El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el país y en el exterior sujetos al impuesto -excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley- que exceda del establecido en el artículo 24, la siguiente escala:

Para el período fiscal 2027:

La alícuota será de cero coma veinticinco por ciento (0,25%) sobre el valor total de los bienes que excedan el mínimo no imponible establecido en el artículo 24 de esta ley.

Los montos previstos en las mencionadas escalas deberán ajustarse, a partir del período fiscal 2024, en los términos de lo establecido en el artículo agregado a continuación del artículo 24 de esta ley.

Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.

Artículo 64.- Beneficio a contribuyentes cumplidores. Aquellos contribuyentes que hayan cumplido con la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2020 a 2022, inclusive, tendrán una reducción de cero coma cincuenta (0,50) puntos porcentuales de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025.

Para calificar como contribuyente cumplidor a los efectos de esta ley, el contribuyente (i) no deberá haber regularizado bienes bajo las reglas del título II de esta ley y (ii) deberá haber presentado y cancelado antes del 31 de diciembre de 2023, si estuviera obligado a ello, las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales relativas a los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022.

Artículo 65.- Beneficio a contribuyentes sustitutos cumplidores. Aquellos contribuyentes que se encuentren obligados al ingreso del gravamen en los términos del primer párrafo del artículo agregado a continuación del artículo 25 del título VI de la ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y siempre que encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas según los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus normas complementarias, tendrán una reducción de cero coma ciento veinticinco (0,125) puntos porcentuales de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. Para calificar como contribuyente cumplidor a los efectos de esta ley, el contribuyente (i) no deberá haber regularizado bienes bajo las reglas del título II de esta ley y (ii) deberá haber presentado y cancelado en su totalidad, antes del 31 de diciembre de 2023, si estuviera obligado a ello, las declaraciones juradas del impuesto relativas a los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022.

Artículo 66.- Entrada en vigor. Las disposiciones de los artículos 63, 64 y 65 entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efectos según lo indicado en cada uno de esos artículos.

TÍTULO IV

Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas

Artículo 67.- Derógase el título VII (artículos 7° a 18) de la ley 23.905 a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley.

TÍTULO V

Impuesto a las Ganancias

Capítulo I

Artículo 68.- Sustitúyese la primera oración del segundo párrafo del artículo 25 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por la siguiente:

En primer término, dicha compensación se realizará respecto de los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, con excepción de las ganancias provenientes de las inversiones -incluidas las monedas digitales- y operaciones a las que hace referencia el capítulo II del título IV de esta ley.

Artículo 69.- Sustitúyese el octavo párrafo del artículo 25 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

No serán compensables los quebrantos impositivos con ganancias que deban tributar el impuesto con carácter único y definitivo ni con aquellas comprendidas en el capítulo II del título IV de esta ley.

Artículo 70.- Deróganse las siguientes normas:

a) Los incisos x), y) y z) del artículo 26 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

b) El artículo 27 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

c) El artículo 32 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

d) Los párrafos cuarto al octavo -ambos inclusive- del artículo 82 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

e) Los últimos dos párrafos del artículo 94 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

f) Los artículos 110 y 111 de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 30 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 30: Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos tres millones noventa y un mil treinta y cinco ($ 3.091.035), siempre que las personas que se indican sean residentes en el país;

b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a pesos tres millones noventa y un mil treinta y cinco ($ 3.091.035), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Pesos dos millones novecientos once mil ciento treinta y cinco ($ 2.911.135) por el cónyuge. La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos (2) personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación.

2. Pesos un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil noventa y seis ($ 1.468.096) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles y se incrementará, para el caso de la del apartado 2, en una (1) vez por cada hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo.

c) En concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al importe que resulte de incrementar el monto a que hace referencia el inciso a) del presente artículo en:

1. Dos coma cinco (2,5) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 53, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que queden incluidas en el apartado siguiente. En esos supuestos, el incremento será de tres (3) veces, en lugar de dos coma cinco (2,5) veces, cuando se trate de “nuevos profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

Cuando corresponda la aplicación de la deducción especial indicada en el inciso c), apartado 2, de este artículo, se añadirá como deducción especial la doceava parte del total de deducciones resultantes de la suma de los incisos a), b) y c), apartado 2, de este artículo.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a ocho (8) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto previsto en el inciso a) de este artículo. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán semestralmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

Artículo 72.- Sustitúyese la denominación del capítulo IV del título II de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por la siguiente:

“Ganancias de la cuarta categoría

Impuesto a los Ingresos Personales

Trabajo en relación de dependencia y otros“

Artículo 73.- Sustitúyense el primer y segundo párrafos del artículo 94 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por los siguientes:

Artículo 94: Las personas humanas y las sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad- abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala:

Los montos previstos en este artículo se ajustarán semestralmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice. Las retenciones efectuadas durante el primer semestre de cada año fiscal se ajustarán conforme al procedimiento que, a esos efectos, determine el Poder Ejecutivo nacional, debiendo la Administración Federal de Ingresos Públicos establecer las modalidades y plazos para la devolución de las sumas retenidas en exceso, en caso de corresponder.

Artículo 74.- Los montos previstos en el artículo 30 y en el primer párrafo del artículo 94 de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, se ajustarán excepcionalmente en septiembre de 2024 por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente a los meses junio a agosto de 2024, inclusive.

Artículo 75.- Derógase el capítulo III del título IV de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Capítulo II

Artículo 76.- Establécese la siguiente escala a los fines de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones:

Las disposiciones del párrafo anterior resultarán de aplicación, exclusivamente, para el período fiscal 2023, excepto que se trate de las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, en cuyo caso surtirán efecto para ese período, pero hasta las mencionadas rentas que se perciban por aquellos conceptos devengados hasta el mes de septiembre de 2023, inclusive.

Artículo 77.- Ratifícase, para las remuneraciones y/o haberes que se devengaron a partir del 1° de octubre de 2023 y hasta aquellas percibidas al 31 de diciembre de 2023, inclusive, el decreto 473 del 12 de septiembre de 2023 y las normas dictadas en su consecuencia.

Artículo 78.- Sustitúyese, con efectos a partir del año fiscal 2023, el último párrafo del artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

Los montos máximos deducibles por cada uno de los conceptos comprendidos en los incisos b) e i) de este artículo, fijados por el artículo 11 del decreto 18 del 12 de enero de 2023, se ajustarán anualmente a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior.

Artículo 79.- Sustitúyese, con efectos a partir del año fiscal 2023, el segundo párrafo del inciso g) del artículo 91 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

El monto máximo deducible a que se refiere el párrafo anterior, fijado por el artículo 7° de la Resolución General (DGI) N° 3503 del 13 de mayo de 1992, se ajustará anualmente a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del año anterior.

Capítulo III

Artículo 80.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el período fiscal 2024, los importes previstos en el artículo 30 y en el artículo 94, todos ellos de la ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Artículo 81.- Incorpórase con efecto para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2024, como últimos tres párrafos del artículo 82 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, los siguientes:

Respecto de los contribuyentes alcanzados por los incisos a) y b) de este artículo, todo pago recibido por cualquier concepto relacionado con su trabajo personal en relación de dependencia (sea pagado por su empleador o por un tercero) y/o con los demás conceptos abarcados en dichos incisos integrará la base imponible del impuesto de esta ley. No serán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en esta ley y sus modificaciones y la ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma, sean emitidas por el Estado (incluyendo el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Ministerio Público) nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, entes descentralizados y/o cualquier otro sujeto, mediante las cuales esté establecido o se establezca en el futuro, directa o indirectamente, la exención, desgravación, exclusión, reducción o la deducción, total o parcial, de materia imponible de este impuesto, de los importes percibidos por los contribuyentes comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 82, sean éstos recibidos por cualquier concepto incluyendo, sin limitación, gastos de representación, viáticos, viandas, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo, bono por productividad, horas extras o por cualquier otro concepto, cualquiera fuera la denominación asignada o que se le asigne.

Los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios (sociales o de cualquier otra naturaleza) y/o vales de combustibles o por cualquier otro concepto, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por este impuesto, aun cuando no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales análogos.

Exclúyese de lo dispuesto en el párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado con la indumentaria y con el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización en la medida en que estos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa.

Artículo 82.- Para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2024 se establece que los beneficios consagrados en el artículo 1° de la ley 26.176 únicamente aplican al personal petrolero, comúnmente denominados “personal de pozo”, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo (“CCT”) N° 396/2004, homologada por Resolución de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 90 del 15 de diciembre de 2004 y en el Acta Acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, homologada por Resolución de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 78 del 1º de abril de 2005 y en el Acta Acuerdo de fecha 15 de junio de 2006, homologada por Resolución de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 474 del 4 de agosto de 2006, así como en las demás Convenciones Colectivas de Trabajo y Actas Acuerdos que se hayan celebrado con posterioridad.

Dichos beneficios no resultarán aplicables a partir de los períodos fiscales señalados en el párrafo anterior para el personal directivo, ejecutivo y gerencial que desarrolla tareas en empresas petroleras amparadas o no por Convenios Colectivos de Trabajo, ni a ningún otro personal -cualquiera fuese su puesto o categoría- que no encuadre como “personal de pozo”. Esos beneficios que no fueron usufructuados en períodos fiscales anteriores a la entrada en vigencia de esta norma no serán reintegrados por el Estado nacional.

Se entenderá por “personal de pozo” a los efectos del primer párrafo del presente artículo a aquél que se desempeñe habitual y directamente en las siguientes actividades: a) en la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña; y b) en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos.

El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas reglamentarias que sean necesarias y la Administración Federal de Ingresos Públicos será la autoridad de aplicación en la materia.

Capítulo IV

Artículo 83.- Cuando la aplicación de las normas contenidas en este título V referidas a las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificaciones (incluido lo establecido en el capítulo III del título IV de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que se deroga a través del artículo 75 de la presente ley), produzca un incremento de la obligación fiscal sobre las rentas percibidas desde el 1° de enero de 2024 y hasta el último día del mes inmediato anterior a la entrada en vigencia del presente título V, ambas fechas inclusive, podrá computarse una deducción especial equivalente al incremento de la ganancia neta sujeta a impuesto que se genere en dicho lapso como consecuencia de lo dispuesto por este título V.

La reglamentación establecerá el método para determinar los contribuyentes alcanzados por este artículo y la forma de cálculo de la deducción especial prevista en el párrafo anterior.

En ningún caso el cómputo de la deducción especial prevista en el presente artículo dará lugar a la devolución de sumas retenidas y/o ingresadas en concepto de impuesto a las ganancias por los contribuyentes alcanzados por las previsiones de este artículo.

Capítulo V

Artículo 84.- Las disposiciones de este título V entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto:

a) Para lo dispuesto en el capítulo I, a partir del año fiscal 2024;

b) Para lo dispuesto en los capítulos II y III, en las fechas expresamente indicadas en cada uno de los artículos que lo integran;

c) Para lo dispuesto en el capítulo IV, a partir de la entrada en vigencia del presente título V.

TÍTULO VI

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

Artículo 85.- Sustitúyese el inciso a) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión, ingresos brutos provenientes de las actividades a ser incluidas en el presente régimen, inferiores o iguales a la suma máxima que se establece en el artículo 8° para la categoría K.

Artículo 86.- Sustitúyese el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

c) El precio máximo unitario de venta, solo en los casos de venta de cosas muebles, no supere el importe de pesos trescientos ochenta y cinco mil ($ 385.000).

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 8° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 8°: Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los ingresos brutos anuales -correspondientes a la o las actividades mencionadas en el primer párrafo del artículo 2°-, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres devengados anualmente, que se fijan a continuación:

Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 11: El impuesto integrado que por cada categoría deberá ingresarse mensualmente, es el que se indica en el siguiente cuadro:

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar -en una o más mensualidades- hasta un veinte por ciento (20%) del impuesto integrado total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con una determinada modalidad de pago o que guarden estricto cumplimiento con sus obligaciones formales y materiales.

Artículo 89.- Sustitúyense los incisos a), b) y j) del primer párrafo del artículo 20 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por los siguientes:

a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el presente régimen, en los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto -incluido este último- exceda el límite máximo establecido para la Categoría K.

b) Los parámetros físicos o el monto de los alquileres devengados superen los máximos establecidos para la Categoría K.

j) El importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad de que se trate, efectuados durante los últimos doce (12) meses, totalicen una suma igual o superior al ochenta por ciento (80%) en el caso de venta de bienes o al cuarenta por ciento (40%) cuando se trate de locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecución de obras, de los ingresos brutos máximos fijados en el artículo 8° para la Categoría K.

Artículo 90.- Sustitúyese el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

e) Cuando se trate de locación y/o prestación de servicios, no llevar a cabo en el año calendario más de seis (6) operaciones con un mismo sujeto, ni superar en estos casos de recurrencia, cada operación la suma de pesos ciento cinco mil ($105.000);

Artículo 91.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 32 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 32: A los fines del límite al que se refieren los incisos h) e i) del artículo anterior, se admitirá, como excepción y por única vez, que los ingresos brutos a computar superen el tope previsto en dichos incisos en no más de pesos quinientos veinte mil ($520.000), cuando al efecto deban sumarse los ingresos percibidos correspondientes a períodos anteriores al considerado.

Artículo 92.- Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 39 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por los siguientes:

a) Aporte con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800), para la Categoría A, incrementándose en un diez por ciento (10%) en las sucesivas categorías hasta la Categoría F inclusive, y en un cuarenta por ciento (40%) en las sucesivas categorías a partir de la Categoría G inclusive. En todos los casos, el incremento se realiza respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata inferior;

b) Aporte de pesos trece mil ochocientos ($ 13.800), con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, de los cuales un diez por ciento (10%) se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido en el artículo 22 de la ley 23.661 y sus modificaciones.

Para las categorías D a K, el aporte consignado en el párrafo anterior ascenderá a los siguientes montos:

Artículo 93.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 49 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 49: En todos los casos, la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes y del impuesto integrado que, en función de lo dispuesto por este título, sus asociados deban ingresar al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 52 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 52: Los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2°, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 y en el primer párrafo del artículo 32, se actualizarán semestralmente a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

La Administración Federal de Ingresos Públicos será la encargada de publicar semestralmente los nuevos montos a que hace referencia el párrafo anterior y su respectiva aplicación.

Artículo 95.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el período fiscal 2024 los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 de la ley 24.977 y en el primer párrafo del artículo 32 de la ley 24.977.

Los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales en ningún caso podrán aumentarse en un porcentaje mayor al porcentaje de aumento que se establezca para el importe máximo de facturación de cada categoría.

Artículo 96.- Los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 1° de enero de 2024 por aplicación de los parámetros existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán volver a adherirse, por única vez, sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19 del anexo de la ley 24.977 y sus modificaciones, en la medida que reúnan los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por la normativa vigente. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos y condiciones para efectuar dicha adhesión.

Artículo 97.- Las disposiciones de este título entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de su entrada en vigencia, inclusive; excepto lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 90 y 91, de la presente ley que entrarán en vigencia y surtirán efectos a partir del 1° de enero de 2024.

En ningún caso, las disposiciones de este título darán lugar al reintegro de las sumas oportunamente abonadas.

TÍTULO VII

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Artículo 98.- Sustitúyese, con efectos a partir del 1° de enero de 2025, el primer párrafo del artículo 39 de la ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 39: Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando sobre el precio neto indicado en el artículo 10, la alícuota correspondiente, resultando de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 37. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas, incluyendo a aquellos que revistan la condición de inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes establecido por el anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias.

Artículo 99.- Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar acompañado de la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”.

Las facturas o tickets o comprobantes fiscales similares emitidos por las operaciones a que hace referencia el párrafo anterior deberán detallar el importe discriminado del Impuesto al Valor Agregado y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios con el objetivo que todos los consumidores finales tengan conocimiento del importe pagado en concepto de esos impuestos en cada operación realizada.

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en los párrafos anteriores estará sujeto a la sanción establecida en el artículo 40 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal.

La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias que sean necesarias para que dichas obligaciones se efectivicen a partir del 1° de enero de 2025.

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

Artículo 100.- En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra “gratuito” o similares debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes.

Artículo 101.- Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

TITULO VIII

Otras Medidas Fiscales

Artículo 102.- Desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores, deberán, con una periodicidad mensual, poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales o interjurisdiccionales competentes, cuando así lo determinen, la información relacionada con los cobros realizados a través de los medios que administran.

Las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores sólo podrán realizar retenciones impositivas, cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales, en tanto y en cuanto los montos que procesen excedan el equivalente a diez mil (10.000) Unidades de Valor Adquisitivo mensuales por contribuyente. El Ministerio de Economía podrá disponer mecanismos de identificación de los umbrales de facturación o de sujetos alcanzados siempre que respeten criterios de uniformidad y de facturación análogos a los aquí establecidos.

A estos efectos se considerarán agrupadores, agregadores y/o procesadores de medios electrónicos de pago a quienes realicen al menos una de las siguientes tareas:

a) La adhesión de comercios o proveedores al sistema de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago;

b) La provisión del servicio de aceptación de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago a través de plataformas o sistemas que procesan pagos o a través de terminales de punto de venta;

c) La liquidación al receptor de pagos del importe de los pagos cobrados a través de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago.

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer mediante el dictado de la normativa local correspondiente, mecanismos y/o parámetros objetivos que permitan que los sujetos que asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -locales y/o comprendidos en las normas del Convenio Multilateral- queden excluidos de la Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC u otro sistema de recaudación local similar sobre Tarjetas de Crédito y Compra, cuando la sumatoria de operaciones informadas, por los agentes de retención del referido Sistema de recaudación, no excedan el importe que, a tales efectos, las jurisdicciones dispongan.

En el caso de que las jurisdicciones hayan adherido al Sistema informático unificado de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC”, invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a coordinar, mediante la Comisión Arbitral y, en el marco de las disposiciones de la Resolución General N° 2/2019 y su texto ordenado por Resolución General N° 11/2020, la fijación de reglas y/o pautas básicas que permitan la aplicación de lo establecido en el párrafo precedente. Para evaluar la situación de los contribuyentes las jurisdicciones a través de la Comisión Arbitral tendrán acceso a la totalidad de la información necesaria administrada por los sujetos involucrados.

Artículo 103.- Modifíquese el artículo 22, del título IV, capítulo VI “Regalías”, de la ley 24.196, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 22: Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.

Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior y exclusivamente respecto de proyectos mineros que no hubieran iniciado construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente artículo, las provincias adheridas al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibirlas podrán, previa adhesión a lo dispuesto en este artículo, percibir en concepto de regalías un porcentaje que no exceda de un cinco por ciento (5%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.

Artículo 104.- Las disposiciones del presente Título entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 105.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

REGISTRADO BAJO EL N° 27743

VICTORIA VILLARRUEL - MARTIN ALEXIS MENEM - Agustín W. Giustinian - Tomás Ise Figueroa

e. 08/07/2024 N° 44032/24 v. 08/07/2024

Fecha de publicación 08/07/2024

IG

Los mercados han hecho oídos sordos a la sanción de la ley de Bases, que incluye el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y una flexibilización laboral, y del paquete fiscal, que abarca aumentos del monotributo a las categorías más bajas, reinstauración del impuesto a las Ganancias a los empleados que más ganan y un alivio a las clases medias altas y altas que pagan Bienes Personales. Los inversores financieros esperaban anuncios sobre la salida del cepo cambiario ese mismo viernes, pero no los escucharon. Mientras tantos, consultores que asesoran a empresarios advierten que la inversión real, a la que aspira Milei para recuperar una economía con salarios deprimidos, sólo llegará cuando se consolide la baja de la inflación, sin retrasar las subas del dólar oficial y de las tarifas. En un contexto de recesión, la reforma laboral puede ayudar a despedir en lugar de contratar. Mientras, el paquete fiscal, salvo por la reposición de Ganancias, contribuye a construir una sociedad más desigual.

El economista jefe de uno de los principales bancos de Wall Street para los negocios globales, uno de los varios que estuvo visitando la Argentina de Javier Milei por el entusiasmo de principios de año, ahora advierte: “La ley Bases no tendrá impacto en términos de crecimiento hasta que no se controle la inflación”.

El analista, que asesora inversores internacionales, señala que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, insisten en que el dólar oficial suba mucho menos que la inflación mensual y eso conlleva el riesgo de que tarde o temprano termine devaluándose el peso e impulsando un rebrote inflacionario. Lo mismo sucede con la postergación del alza de tarifas: suma presión a la inflación futura. De todos modos, el economista de Wall Street reconoce que el paquete fiscal torna más sustentable el déficit fiscal cero, dado que proporciona ingresos adicionales al Estado.

El ex viceministro de Economía Orlando Ferreres admite que en el corto plazo el RIGI no impactará en una recuperación económica, pero espera que en el mediano plazo dé frutos.

Por el contrario, otro consultor especializado en energía cobija menos expectativas inclusive a pesar de que que este nuevo régimen, justamente, apunta a atraer inversiones de ese sector, de la minería, de la infraestructura, de lo forestal, de la tecnología, del turismo y de la siderurgia. “Para que YPF y Petronas (la petrolera malaya) hagan su planta de GNL (gas natural licuado, el que se exporta en barco) necesitabas incentivos, pero con el proyecto de ley de GNL que había aprobado la Cámara de Diputados el año pasado bastaba”, sostuvo, refiriéndose a una iniciativa menos generosa que el RIGI para los inversores en términos tributarios, cambiarios y aduaneros.

“Hay que ver si la reglamentación incluye o no el desarrollo de áreas y pozos. Si no, no tendrá un impacto grande salvo algún proyecto de GNL y la ampliación de la producción de Profertil”, afirmó en alusión a la idea de duplicar la elaboración de fertilizantes, aunque para ello la reglamentación debería meter por la ventana a las industrias, al menos a las que procesan gas, como en este caso. “Van a salir anuncios de proyecto de inversión, como el de TGS (Transportadora Gas del Sur), pero ahí falta saber quién va a financiar el transporte de largo plazo en medio de este lio, si paga la demanda final o quién. No hay precios claros en el sector. Hay retraso en el pago de subsidios a las centrales eléctricas. Encima nadie ve que el RIGI sea muy estable en el largo plazo. En 2013, el decreto que favoreció a Chevron en Vaca Muerta decía que un 25% debía ir a la exportación, pero eso no se cumplió en los primeros ocho años”, señaló este consultor especializado en energía.

A eso se suman los desafíos de corto plazo: “Hay tanto quilombo macro... Con esta apreciación cambiaria no es sostenible”, evaluó. En la ley de Bases se incluyó la normativa de hidrocarburos, que proclama la libre exportación, pero incluye al final un artículo que permite interrumpirla por cuestiones técnicas. Ya no se habla de asegurar primero el abastecimiento interno, pero se deja la puerta abierta para que así se haga.

Tanto un diputado de la Libertad Avanza como uno de los asesores económicos de Milei admiten que si la economía creciera, la reforma laboral ayudaría a crear empleo al abaratar el despido, extender el periodo de prueba y permitir que un emprendedor pueda tener hasta tres colaboradores sin considerarlos empleados, pero advierten que en una crisis como actual puede ahondar la actual ola de despidos. “La ley de Bases incluye reformas económicas importantes, pero no van a funcionar hasta que se saque ese elefante que es el cepo”, advierte el asesor. “Si Toto (Caputo) consigue guita para salir del cepo, podés salir sin devaluar. Si no, salís del cepo pero perdés por la inflación”, reconoce.

Las iniciativas que avanzarán sin perjuicio del RIGI

Hay proyectos de energía y minería que se iban a concretar igual, con o sin RIGI. Quizás este régimen redactado por un abogado de mineras, Sergio Arbeleche, sólo vino a darles beneficios adicionales a estas empresas. De hecho, en los próximos meses se pondrán en marcha cuatro proyectos de litio que duplicarán la producción nacional sin la necesidad del RIGI. Al igual que el cobre, el oro blanco ya tenía demandada asegurada por la revolución del auto eléctrico. Tal vez sí el GNL, el hidrógeno verde o la olvidada reconversión de la industria argentina hacia la electromovilidad requerían incentivos específicos, aunque no tan generosos.

Pero Juan Miguel Massot, profesor de la Universidad del Salvador, considera que el RIGI es necesario porque “las inversiones en cobre, oro, litio e hidrocarburos son muy grandes, algunas con bastante riesgo, y hay que sacarlos ahora, no en diez años”. Sucede que en un tiempo el mundo, ante la crisis climática, dejará de demandas petróleo y gas y, a su vez, las baterías de litio se reciclarán, con lo que dejará de extraerse mineral. “Creo que el RIGI va a activar carpetas de inversión que estaban detenidas. Pero falta la industria, hay que ver si en la reglamentación se incluye en tecnología, como industria 5.0, por la robotización. Y falta el campo, donde hay muchos sectores que la están pasando mal”.

Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, también considera que la reglamentación del RIGI será clave. “La gran apuesta del Gobierno es el RIGI, para captar inversión extranjera en sectores que generen rápido divisas. Pero va a llevar tiempo. Si un día hay lluvia de inversiones porque ahora hay incentivos que ponen a la Argentina en los radares del mundo, no será este año”, pronosticó.

Pero un consultor de empresas no ve entre sus clientes “muchas esperanzas”. “Con el RIGI puede haber algo sectorizado, el Gobierno va a mostrar que moviliza, pero hay mucha incertidumbre en el corto plazo. No hay demanda y nadie prevé que la recesión se termine pronto, será más larga que la esperada. Lo que echa personal es la recesión, no la reforma laboral. Y la calidad de la gestión es patética, no se le ve a Milei uñas de guitarrero”.

Massot reconoce que la flexibilización laboral por sí sola no alcanza para crear empleo sino que se necesita crecimiento económico y que este a su vez cree puestos de trabajo, pues no cualquier expansión los fomenta. “Cierta modernización y blanqueo laborales eran necesarios, aunque los empresarios dudan mucho de estos blanqueos y por ahora no han servido. De hecho, fueron aceptados por los sindicatos porque no se fue por una cirugía mayor. Facilita más la estabilidad financiera de las empresas que lo que hace a la cantidad de empleo. La reforma en sí no crea ni destruye empleo”, evalúa Massot. En cambio, el nuevo régimen de empleo público sí pone en riesgo a aquellos que están efectivos en el Estado: “Primero se los recapacita y si no se los reubica, pueden echarlos, pero es un proceso”, observa el investigador del Salvador.

“Las empresas no están esperando esta reforma laboral para despedir”, evalúa Delgado. Tampoco para contratar. “La creación de empleo depende de condiciones actuales y futuras de la demanda interna y externa. No preveo ningún tipo de boom de creación, pero para pymes serán menos costoso en cuanto a contingencia futura”, sostuvo.

En cuanto a las privatizaciones, sólo quedaron aprobadas seis, aunque algunas de ellas son servicios básicos como el agua y el transporte público: Agua y Saneamientos (AySA), Trenes Argentinos, Corredores Viales y sus rutas con peaje, el ferrocarril Belgrano Cargas, Energía Argentina (Enarsa, la que hizo el gasoducto Néstor Kirchner) y la empresa de asistencia área en tierra Intercargo. Inversores ferroviarios advierten que tal como quiere privatizar el Gobierno, sin subsidiar a los concesionarios, ellos no estarán interesados en participar. Tanto las inversiones en trenes como en las instalaciones de agua potable y cloacas en barrios populares, ¿quién las pagará? No pareciera que vaya a alcanzar con la tarifa de los usuarios. Hasta ahora algunas líneas de trenes metropolitanos se mantienen en manos privadas, en concreto en las de Roggio y Emepa (la firma de Gabriel Romero).

En lo referido al paquete fiscal, el CEO de uno de los principales bancos de la Argentina pronostica que el blanqueo de capitales podrá captar US$20.000 millones, un sexto que el del gobierno de Mauricio Macri. Delgado define esta nueva amnistía fiscal como “muy generosa” en cuanto al perdón del pago de gravámenes, señala que su éxito “dependerá de la percepción de quienes tengan activos no declarados sobre la evolución de los próximos años”. Sobre todo porque para eximirse del pago de todo impuesto hay que depositar los dólares en el sistema por dos años.  

Además del blanqueo, que beneficia a los evasores, también se incluyeron cambios en el monotributo (se ampliaron los máximos de facturación de las categorías más altas, de modo de evitar que los contribuyentes salten al régimen de autónomos o evadan para esquivarlo), Bienes Personales y Ganancias. Massot considera que “era una necesidad ampliar el techo del monotributo y reimponer Ganancias, aunque quizás el piso sea muy bajo”, se refiere al mínimo de $1,8 millones para los solteros y $2,2 millones para los casados con dos hijos. “Bienes Personales es necesario que exista, gravar los patrimonios es lo más progresivo, pero después podemos discutir la alícuota”, opina Massot. Justamente la alícuota fue lo que se rebajó fuerte, del 2,25% actual para bienes al exterior hasta el 0,25% en 2027.

Delgado observa que el paquete fiscal, sobre todo Ganancias, le asegura a los inversores los fondos para que el Estado pague sus deudas. “Pero si después bajan el impuesto PAÍS, lo de Ganancias va a tener impacto neutro”, analiza. Descarta que sea el único factor que fomente la desigualdad, aunque reconoce que la baja de Bienes Personaes es “regresiva”.

Carolina Berardi, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sí advierte sobre lo desigual de la reforma tributaria. “En 2024, las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señalan que por Bienes Personales se pierde (de recaudación) entre 0,29 y 0,44% del PBI, mientras que por Ganancias se recaudará anualizado 0,43% más”, señaló Berardi, comparando el impacto entre los ricos y los trabajadores que más ganan, incluidos aceiteros, camioneros o petroleros. En tanto, la suba del monotributo para los que menos cobran representa entre 0,0342% y 0,0662%.del PBI, según la OPC.

La Fundación SES advirtió que “el RIGI en combinación con el paquete fiscal vuelven al sistema tributario aún mucho más regresivo de lo que ya es”. El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), que reúne diversas instituciones como CELS, ACIJ, FARN, Ecofeminita e IADE, advirtió que el blanqueo y las reformas de Bienes Personales y el monotributo “tienden a profundizar la ya preocupante inequidad del sistema impositivo argentino, y no garantizan un resultado fiscal favorable, de tal modo que agravarán un problema sin resolver el otro”.

AR/JJD

El Fondo Monetario Internacional valoró la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Por medio de un mensaje vía X, la portavoz del organismo multilateral, Julie Kozack, sostuvo que “la aprobación por parte del Congreso de legislación fiscal y estructural clave, así como de medidas para fortalecer el marco de política monetaria”.

En el mensaje recalcaron que el objetivo de la nueva legislación “es mejorar la calidad de la consolidación fiscal, reducir aún más la inflación y apoyar la recuperación económica”.

Kozack afirmó que el FMI, con quien Argentina tiene un programa de refinanciación de deuda, seguirá “colaborando constructivamente” con el equipo económico de Milei “en políticas para crear una Argentina más próspera y estable”.

Tras la sanción de las primeras dos leyes que logra pasar Javier Milei por el Congreso, el mandatario sostuvo en declaraciones televisivas esta mañana que “ya pasó la etapa del déficit cero”, a la vez que resaltó que “se viene el cambio de régimen monetario” y dijo que en agosto próximo se podría efectuar “la baja del Impuesto PAIS”.

Con la aprobación de las leyes, el Gobierno puede restituir su esquema de recaudación con ingresos fiscales frescos a través de los cambios en Ganancias y el blanqueo, lo que le podría permitir aflojar el ajuste por el lado de los gastos manteniendo el equilibrio fiscal y tal como solicitó el Fondo en más de una oportunidad, mejorar la calidad del ajuste.

Otro de los puntos que destacó el organismo es apoyar la recuperación económica. Al respecto el titular del Ejecutivo dijo esta mañana que “la economía encontró un piso y está rebotando”. Además analizó que “la caída fue menor de lo que podía esperarse” y “la economía ya se está moviendo”. Aunque reconoció que “algunos van primeros y otros irán después, pero hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida”.

Milei se anotó una victoria política con la aprobación, tras seis meses de arduo trámite parlamentario, de este ambicioso paquete de reformas económicas.

La ley Bases constituye, junto con el paquete fiscal, el 'corazón' del programa de Gobierno. La norma declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias.

El pasado 14 de junio el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la octava revisión del acuerdo con Argentina, lo que permitió un desembolso inmediato de aproximadamente 800 millones de dólares para el país.

El total de desembolsos efectuados en el marco del acuerdo del Fondo con Argentina asciende a unos 41.400 millones de dólares.

En marzo de 2022, el entonces Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) firmó con el FMI un acuerdo para refinanciar préstamos por unos 45.000 millones de dólares que el organismo había concedido a Argentina en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

El pacto incluye revisiones trimestrales sobre el nivel de cumplimiento de metas exigentes en materia de disciplina fiscal, acumulación de reservas monetarias y límites a la emisión monetaria.

Del cumplimiento de esas metas y la aprobación de cada revisión depende el visto bueno para nuevos desembolsos a Argentina por parte del organismo, fondos que, a su vez, el país suramericano utiliza para cancelar su deuda con la entidad, la cual ascendía a 40.899 millones de dólares a finales de 2023.

La nueva ley Bases de Milei permite la reforma del Estado, habilitando a privatizar algunas empresas estatales, supone cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones.

El paquete fiscal abarca una amnistía o regularización fiscal, y una moratoria impositiva y aduanera. El punto más polémico es el relativo al Impuesto a las Ganancias que pesa sobre los salarios de los trabajadores de ingresos medios y altos ya que, con la nueva ley, el tributo alcanzará a más personas. 

CRM con información de las agencias NA y EFE

La ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero se votó un artículo sobre gastos tributarios, luego se aprobó la insistencia en la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen más de 1.800.000 pesos, y se siguió con la reforma del impuesto a los Bienes Personales que incluye una rebaja de alícuotas.

Para el final quedó la aprobación del resto del paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva.

Ganancias

La versión de la ley que aprobó Diputados en la madrugada de este viernes lleva el mínimo no imponible a $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos durante la gestión de Alberto Fernández, con alícuotas que van del 5% al 35%.

En los casos de empleados solteros con dos hijos menores a 18 años declarados a su cargo, el salario bruto más bajo alcanzado por el impuesto será de $2.100.000, que equivale a un sueldo neto de $1.781.277,39. En tanto, para empleados casados con dos hijos menores a cargo, quedarán eximidos del pago del impuesto quienes perciban un salario bruto inferior a $2.400.000 (sueldo neto de $2.081.277,39).

La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Bienes personales

Se modificó el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales, que hasta ahora se encontraba en $27.000.000. Ahora, deberán pagar el tributo quienes declaren un patrimonio mayor a los $100.000.000.

La deducción especial por vivienda familiar pasará de $56.000.000 a $350.000.000.

Para las declaraciones juradas de los patrimonios de 2023, que deben presentarse en las próximas semanas, las alícuotas quedarán entre 0,5% y 1,50%.

Para los períodos 2024, 2025 y 2026, quedarán vigentes sólo dos alícuotas: 1,25% y 1,50%.

A partir de 2027, habrá una única tasa de 0,25%.

La ley también contempla un Régimen Especial de Ingreso del Impuesto a los Bienes Personales (REIBP), que es esquema de pago anticipado del tributo por los montos que corresponden a los próximos años, hasta 2027.

El REIBP es un régimen optativo y voluntario donde los contribuyentes que opten por adherirse al mismo tributarán el impuesto a los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada aplicando una alícuota proporcional -no progresiva- del 0,45% sobre el total del patrimonio (o 0,5%, para bienes que ingresen al blanqueo, también sancionado esta madrugada).

Además, podrán adherir las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina y las personas humanas que al 31 de diciembre de 2023 no sean consideradas residentes a efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero que hubieran sido residentes con anterioridad.

Los contribuyentes que opten por el REIBP estarán excluidos de toda obligación referida al Impuesto sobre los Bienes Personales o cualquier otro impuesto nacional que se aplique sobre el patrimonio y que pudiera crearse para los períodos fiscales entre 2023 y 2027, por lo que no deberán presentar declaraciones juradas, determinar o pagar el IBP ni sus anticipos.

Bienes alcanzados por el Impuesto a los Bienes Personales

Bienes exentos al Impuesto a los Bienes Personales

Monotributo

Para los monotributistas, las escalas y montos de facturación se incrementarán hasta un 400% desde julio.

Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción y se actualizarán cada seis meses según el índice de precios al consumidor (IPC).

La categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales -actualmente era de $2,100.000-, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68.000.000.

La flamante ley establece un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social, por lo que las cuotas a pagar van desde $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Hasta ahora, los montos iban de $12.128 a $66.111.

El proyecto que se votó

LEY DE MEDIDAS FISCALES PALIATIVAS Y RELEVANTES

TITULO I - Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social

Disposiciones generales

Artículo 1°- Créase el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones que en el presente título se detallan. En este marco, se prevé la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren.

Artículo 2°- Los contribuyentes y responsables de las. obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.

El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse desde la fecha. de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde aquella fecha, inclusive.

Artículo 3°- Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior:

a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (incluye cualquier causa en trámite ante el poder judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o el desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso, dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen;

b) Aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables;

c) Aquellas obligaciones que nacieron en el marco de la ley 27.605;

d) Aquellas obligaciones de los agentes de retención y percepción que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo;

e) Las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, incluidos los planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado o no la correspondiente caducidad a dicha fecha;

f) Toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la presente ley;

g) Las multas por infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, que no se determinen en función de los tributos a la importación o a la exportación, excepto la infracción de contrabando menor.

Artículo 4°- Quedan excluidos de lo dispuesto por el presente régimen:

a) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales;

b) Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART);

c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o el personal de casas particulares;

d) Las cotizaciones correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS),

e) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio;

f) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE);

g) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones;

h) Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes;

i) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

j) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

k) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

l) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados -con condena confirmada en segunda instancia- con fundamento en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen;

m) Los agentes de retención y percepción que se encuentren. con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones.

Artículo 5°- El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen.

También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la :medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen.

En el caso de las infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los tributos a la importación o exportación -excluidos los pagos a cuenta y/o percepciones cuya recaudación se encuentra a cargo del servicio aduanero- producirá la extinción de la acción penal aduanera cuando se trate de multas cuyo monto se determine en función de tales tributos, no quedando registrado el antecedente, en la medida en que no exista sentencia firme ala fecha del acogimiento al régimen.

En el caso de las infracciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones -excepto la infracción de contrabando menor- cuyo monto no se determine en función de los tributos a la importación o a la exportación, la cancelación de la multa mínima establecida para aquellas infracciones producirá la extinción de la acción penal aduanera no quedando registrado el antecedente, en la medida en que no exista sentencia firme ala fecha de acogimiento al presente régimen.

En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total - de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contri buci ones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados.

El pago al contado o mediante plan de facilidades de pagos de las obligaciones que se pretendan adherir al presente régimen son las únicas formas aceptadas, no permitiéndose regularizar mediante compensaciones.

La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera o de la seguridad social, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos PÚblicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a la respectiva denuncia. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera y/o de la seguridad social.

Artículo 6°- Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al presente régimen, los siguientes beneficios, según la fecha de adhesión y la forma de pago elegida:

a) Adhesión al presente régimen dentro de los primeros treinta (30) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del setenta por ciento (70%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de facilidades de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

b) Adhesión presente régimen a partir de los treinta y un (31) días corridos y hasta los sesenta (60) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de ingresos Públicos: condonación del sesenta por ciento (60%) de los intereses resarcitorios y p unitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

c) Adhesión al presente régimen a partir de los sesenta y un (61) días corridos y hasta los noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del cincuenta por ciento (50%) de los intereses resarcitori os y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al :contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

d) Adhesión al presente régimen dentro de los primeros noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del cuarenta por ciento (40%) de los intereses resarcitorios ypunitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin;

e) Adhesión al presente régimen a partir de los noventa y un (91) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del veinte por ciento (20%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago que la Administración Federal de ingresos Públicos establecerá a tal fin.

Los casos de regularización de los planes de facilidades de pago a que hace referencia el inciso e del artículo 3° de la presente ley, en la medida que se encuentren vigentes al 31 de marzo de 2024, tendrá las siguientes condiciones y beneficios:

i. Se mantiene la fecha de consolidación original a todos los efectos.

ii. Los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original serán condonados por el equivalente al treinta por ciento (30%).

iii. Deberán regularizarse, exclusivamente, a través de alguna de las modalidades de cancelación establecidas en los incisos a), b y c del primer párrafo de este artículo, en cuyo caso la condonación de intereses establecida para tales supuestos resultará de aplicación para los devengados a partir de la fecha de consolidación original.

La regularización en un plan de facilidades de pago en los términos de los incisos d y e del primer párrafo del presente artículo se ajustará a las siguientes condiciones:

I. Las personas humanas (excepto las que califiquen como pequeños contribuyentes en los términos de la Resolución General AFIP N° 5321 y sus modificaciones o la que en el futuro la reemplace, o como Micro y Pequeñas Empresas) ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

II. Las Micro y Pequeñas Empresas (incluidas las personas humanas que califiquen como tal o como pequeños contribuyentes en los términos de la Resolución General AFIP N° 5321 y sus modificaciones) y las entidades sin fines de lucro ingresarán un pago a cuenta equivalente al quince por ciento (15%) de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

III.Las Medianas Empresas ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

IV. El resto de los contribuyentes ingresarán un pago a cuenta equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.

El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la Administración Federal de ingresos Públicos.

Artículo 7°- En los casos mencionados en los incisos a,), b), c), d) y e,) del primer párrafo del artículo 60se condonará él cien por ciento (110.0%) de las multas aplicadas. Dicha condonación también aplicará al supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 6 de esta ley.

El beneficio de iiberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (Lo. en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive.

Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, quedarán condonadas de. pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este beneficio de condonación de sanciones no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación sustancial al 31 de marzo de 2024, inclusive, y que se trate de una mu Ita o sanción que no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha.

La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder:

a) La baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la ley 26:940 y sus modificaciones;

b) No se considerará que existe reiteración de infracciones cuando habiéndose cometido más de una infracción de la misma naturaleza, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme respecto de alguna de ellas al momento de la nueva comisión, el contribuyente o responsable se adhiera al presente régimen;

c) La dispensa para la Administración Federal de Ingresos Públicos de iniciar el sumario administrativo que corresponda, respecto de las multas o sanciones que se condonan si, a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen, no se hubiera iniciado.

Los beneficios establecidos en este artículo no resultan aplicables para las obligaciones y los sujetos identificados en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 8°- Serán condonados de pleno derecho la totalidad de los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales (incluye anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta) canceladas con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive. Este beneficio de condonación no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación fiscal con anterioridad a la fecha antes mencionada.

Quedan incluidos en esta condonación los intereses resarcitorios y punitorios que hayan sido incorporados a planes de facilidades de pago relacionados con anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta que hayan sido debidamente cancelados antes del 31 de marzo de 2024, inclusive.

Dicho beneficio de condonación también aplica cuando los anticipos ordinarios y/o extraordinarios o pagos a cuenta dejaron o dejan de ser exigibles, respectivamente, en virtud de las presentaciones de las declaraciones juradas de impuestos que se hayan formalizado con anterioridad a la entrada en vigencia de este régimen, o por las declaraciones juradas rectificativas que deban presentarse en virtud de la regularización establecida en el presente título.

Los beneficios establecidos en este artículo no resultan aplicables para las obligaciones y los sujetos identificados en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 9°- A los fines de la aplicación de los honorarios a que se refiere el artículo 98 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, correspondientes a deudas incluidas en el presente régimen, que se encuentren en curso de discusión administrativa (causas en el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (causas en trámite ante el Poder Judicial), incluidas las ejecuciones fiscales, se reducirán en un cincuenta por ciento (50%) si la adhesión al régimen por parte del contribuyente se realiza dentro de los primeros noventa (90) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 10.- Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen, firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regularizada en su totalidad la deuda conforme lo previsto en el artículo 6°, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez el archivo de las actuaciones.

Para el caso que la solicitud de adhesión resulte anulada, o se declare el rechazo del plan de facilidades por no cumplir las condiciones previstas en este título, la Administración Federal de Ingresos Públicos proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente. De producirse la caducidad del pian de facilidades, iniciara una nueva ejecución por el saldo adeudado del citado plan.

Artículo 11.- No se encuentran sujetas a reintegro o repetición los importes que, con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.

Artículo 12.- Los responsables solidarios mencionados en el artículo 8° de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones fiscales, aduaneras o de la seguridad social correspondientes al deudor principal, en tal carácter de responsables solidarios, podrán adherir al presente régimen.

En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudiera realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá la obligación de presentar declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularicen cuando ellas no hubieran sido presentadas por el deudor principal o la obligación de presentar las declaraciones juradas rectificativas.

Artículo 13.- La adhesión al presente régimen por obligaciones fiscales aduaneras implica la novación de esas obligaciones y su conversión a moneda argentina al tipo de cambio comprador conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha del acogimiento al régimen.

Artículo 14.- El decaimiento de los beneficios acordados por los regímenes menes promocionales que conceden beneficios fiscales no podrán ser rehabilitados con sustento en el acogimiento del contribuyente o responsable al presente régimen.

Artículo 15.- La adhesión al presente régimen implica la renuncia a iniciar acciones de reintegro yio repetición por las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social regularizadas (incluye los intereses resarcitorios y punitorios no condonados).

No podrán iniciarse acciones de repetición basadas en las disposiciones del presente régimen que hayan consagrado condonaciones de obligaciones tributarias, aduaneras o de los recursos de la seguridad social (sus intereses, pagos a cuentas, anticipos, etc.) en favor del propio contribuyente o del tercero.

Artículo 16.- La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el presente régimen dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de su entrada en vigencia y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de su aplicación.

La reglamentación que se dicte no podrá establecer ninguna restricción o limitación a los contribuyentes o responsables, de ningún tipo, por el hecho de adherir y acogerse al presente régimen. Cualquier incumplimiento de tipo formal por parte del contribuyente o responsable no podrá ser considerado corno causal de pérdida de los beneficios otorgados por el presente régimen. El acogimiento al presente régimen no podrá ser considerado como indicio negativo de la calificación del contribuyente o responsable a los efectos de cualquier registro a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Artículo 17.- Las disposiciones del presente título entraran en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto una vez entre en vigencia la reglamentación dictada por la Administración Federal de ingresos Públicos.

TÍTULO II - Régimen de Regularización de Activos

Capítulo I - Sujetos alcanzados

Artículo 18.- Sujetos residentes. Podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos establecido en este título, las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el; artÍculo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que, segun las normas de esa ley, sean considerados residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas como contribuyentes ante la Administración Federal de ingresos Públicos.

Artículo 19.- Personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales argentinos. Las personas humanas que hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes , del 31 de diciembre de 2023 y que, a dicha fecha, hubieran perdido tal condición de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos como si fueran sujetos residentes en Argentina, en igualdad de derechos y obligaciones que los sujetos residentes indicados en el artículo 18. De ejercerse esta opción, se considerará que estos sujetos han adquirido nuevamente la residencia tributaria en el país a partir del 1° de enero de 2024.

A todos los efectos de este Régimen de Regularización de Activos, no deberán tomarse en cuenta los incrementos patrimoniales y los bienes adquiridos en el exterior por la persona humana luego de la pérdida de su residencia fiscal en Argentina.

La reglamentación establecerá aquellas adaptaciones necesarias a las normas del presente Régimen de Regularización de Activos para su aplicación a este tipo de contribuyentes.

Capítulo II - Plazo

Artículo 20.- Plazo de vigencia. El plazo para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos se extenderá hasta el 30 de abril de 2025. El Poder , Ejecutivo nacional podrá prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Artículo 21.- Manifestación de adhesión. Para adherir al presente Régimen de Regularización de Activos, el contribuyente deberá realizar su adhesión en la forma que indique la reglamentación. Al momento de manifestar su adhesión, no deberá aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen.

La fecha de la manifestación de adhesión del presente artículo definirá la etapa del régimen aplicable a ese contribuyente, según se indica en el artículo 23.

Si un contribuyente regularizara bienes en más de una de las etapas previstas en el artículo 23, se deberá considerar a todos los efectos la etapa en la cual efectuó la última adhesión.

Artículo 22.- Declaración Jurada. En forma posterior a la manifestación de adhesión regulada en el articulo 21, el contribuyente deberá presentar la declaración jurada del Régimen de Regularización de Activos según los plazos que se indican en el artículo 23.

La reglamentación establecerá los requisitos formales de esta declaración jurada, que incluirá la documentación y demás información que deberá ser aportada por el sujeto adherente respecto de los activos incluidos en el presente régimen.

Artículo 23.- Etapas del régimen. El presente régimen estará dividido en tres etapas. La fecha de la manifestación de adhesión del artículo 21 definirá la etapa del régimen aplicable al contribuyente y/o a los bienes regularizados en esa etapa, salvo en el supuesto contemplado en el Último párrafo del artículo 21.

Las etapas tendrán la siguiente distribución:

El Poder Ejecutivo nacional .podrá prorrogar las fechas mencionadas hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.

Artículo 24.- Bienes alcanzados. Podrán ser objeto de este régimen de regularización los siguientes bienes:

24.1 .- Bienes en Argentina.

a) Moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo de entidades residentes en Argentina;

b) Inmuebles ubicados en Argentina;

c) Acciones, particIpación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, derechos o cuotaspartes sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos-y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores;

e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores, ubicados en Argentina;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente fiscal argentino: ajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones);

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, que sean de propiedad de un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), o que recaigan sobre bienes incluidos en otros incisos de este artículo 24.1;

h) Las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares;

i) Otros bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico, incluyendo los bienes y/o créditos originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior de titularidad de sujetos residentes fiscales en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), o respecto de los cuales dicho sujeto residente en el país sea beneficiario.

24.2.- Bienes en el exterior.

a) Moneda extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo en entidades financieras del exterior;

b) Inmuebles ubicados fuera de Argentina;

c) Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones o derechos no sea considerado un sujeto residente fiscal en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), y siempre que estos títulos o derechos no coticen en bolsas o mercados;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior;

e) Otros bienes muebles no incluidos en incisos anteriores ubicados fuera de Argentina;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente fiscal argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 2019 y sus modificaciones);

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores, o que recaigan sobre bienes incluidos en otros incisos de este artículo 24.2;

h) Otros bienes ubicados fuera del país no incluidos en incisos anteriores.

24.3.- Bienes excluidos.

No podrán ser objeto del presente Régimen de Regularización de Activos las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior mencionadas en el artículo 24.2, que a la fecha a la que hace referencia el artículo 24.4, (i) estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”); o (ii) que estando en efectivo, se encuentren físicamente ubicadas en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GA1711) como de Alto Riesgo (“Lista Negra”) o Bajo Monitoreo Intensificado (“Lista Gris”).

24.4.- Fecha de Regularización. Los sujetos indicados en los artículos 18 y 19 solo podrán regularizar aquellos activos que fueran de su propiedad o que se encontraran en su posesión, tenencia o guarda, al 31 de diciembre de 2023, inclusive (es decir, la “Fecha de Regularización”).

La reglamentación establecerá la forma en la que los sujetos adherentes al presente régimen deberán acreditar la propiedad, posesión, tenencia o guarda de los activos a la Fecha de Regularización al momento de presentar la declaración jurada prevista en el artículo 22.

Capítulo III - Mecanismo de Regularización.

Artículo 25.- Declaración Jurada de regularización. Los contribuyentes, al realizar la declaración jurada del artículo 22, deberán identificar los bienes respecto de los cuales solicitan la aplicación del Régimen de Regularización de Activos según las pautas que para ello fije la reglamentación.

Asimismo, al momento de la presentación de dicha declaración jurada, o en un momento posterior según indique la reglamentación, los contribuyentes deberán presentar las constancias fehacientes y toda otra documentación necesaria para acreditar la titularidad y/o el valor de los bienes regularizados, según las pautas que para ello indique la reglamentación.

Artículo 26.- Reglas especiales según tipo de activo.

a) Dinero en efectivo en Argentina.

Para regularizar los activos incluidos en el artículo 24.11.a), cuando se trate de dinero en efectivo, los contribuyentes deberán, antes de la fecha límite prevista’ para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23, depositar dicho efectivo en una entidad financiera regulada por la ley 21.526 y sus modificaciones, de Entidades Financieras.

A fin de recibir el depósito de estos fondos, el Banco Central de la República Argentina deberá regular la creación de una cuera bancaria especial destinada a recibir este tipo de depósitos (denominada “Cuenta Especial de Regularización de Activos”). El Banco Central de la República Argentina deberá emitir la respectiva normativa que indique en forma taxativa los requisitos y documentos que los contribuyentes deberán presentar ante las entidades financieras para solicitar la apertura de la Cuenta Especial de Regularización de Activos y para realizar el depósito de los fondos a regularizar.

Al momento de la apertura de la Cuenta Especial de Regularización de Activos y/o del depósito del dinero en efectivo, la entidad financiera no podrá exigir más documentación que la taxativamente indicada por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Las entidades financieras no podrán negarse a la apertura de una Cuenta Especial de Regularización de Activos. Dichas entidades tampoco podrán solicitar al depositante información adicional a la taxativamente regulada por el Banco Central de la República Argentina, ni negarse a la recepción de los fondos a ser depositados en dichas cuentas por el contribuyente. El incumplimiento de estas obligaciones implicará, para la entidad financiera, una infracción punible bajo el artículo 41 de la ley 21.526 y sus modificaciones, de Entidades Financieras.

Los contribuyentes también podrán solicitar la apertura de Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos a ser abiertas por medio de Agentes de Liquidación y Compensación (“ALyC”) regulados por el capítulo II del título Vil de las normas (N.T. 2013 y modificaciones) de la Comisión Nacional de Valores.

A tal fin, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina deberán emitir las regulaciones correspondientes que creen Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos y habiliten la transferencia de fondos a este tipo de cuentas desde las Cuentas Especiales de Regularización de Activos abiertas en entidades financieras.

Los Agentes de Liquidación y Compensación (’ALyC“) tendrán obligaciones idénticas a las descriptas en este artículo para las entidades financieras respecto de la apertura de las cuentas especiales establecidas en el presente artículo;

b) Dinero en efectivo en el exterior.

Cuando el bien a regularizar se trate de dinero en efectivo ubicado en el exterior y alcanzado por las reglas del artículo 24.2. a), el monto regularizado deberá ser depositado en tina entidad bancaria del exterior y podrá ser transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos o a una Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos a fin de que apliquen los beneficios del artículo 32. Todo ello antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Artículo 27.- Base imponible. De manera excepcional y solo a los fines del Régimen. de Regularización de Activos, la base imponible para determinar el “Impuesto Especial de Regularización” será calculada en dólares estadounidenses. La base imponible del Impuesto Especial de Regularización será el valor total de los bienes regularizados mediante el presente régimen, determinado conforme a las reglas de este artículo.

A los efectos de calcular la base imponible del Impuesto Especial de Regularización en dóIares estadounidenses, se deberán seguirlas siguientes reglas de conversión:

i. Los valores que estén medidos o expresados en pesos argentinos serán convertidos a dólares estadounidenses tornando el tipo de cambio que fije mediante reglamentación el Poder Ejecutivo nacional, el cual deberá tornar como referencia el tipo de cambio implícito que surge de dividir la última cotización de un determinado título público con liquidación en pesos en el segmento prioridad precio tiempo en BYMA y la última cotización de dicho título con liquidación en USD en jurisdicción local, el día anterior a la Fecha de Regularización (’Tipo de Cambio de Regularización“).

ii. Si los bienes o valuaciones estuvieran denominados en una moneda extranjera- diferente extranjera diferente a dólares estadounidenses, la reglamentación establecerá las relaciones de cambio para convertir dicha moneda extranjera a dólares estadounidenses a efectos del cálculo de la-base imponible del Impuesto Especial de Regularización, tomando como referencia la cotización de dicha moneda extranjera frente al dólar estadounidense en las diversas plazas del mundo a la Fecha de Regularización.

27.1.- Bienes en Argentina.

a) Dinero en Efectivo:

i. Moneda argentina: su valor expresado en dólares estadounidenses, convertido al Tipo de Cambio de Regularización;

ii. Moneda extranjera: su valor en dólares estadounidenses;

b) Inmuebles ubicados en Argentina: su valor de adquisición, su valor fiscal o su valor mínimo, segú n se define a continuación, el que sea superi or, convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización.

Para inmuebles urbanos, la reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado (en pesos argentinos o dólares estadounidenses) por metro cuadrado considerando el valor de mercado promedio de las diversas zonas geográficas en las que esté ubicado el inmueble urbano. Para inmuebles rurales, la reglamentación podrá. establecer valores !mínimos de mercado (en pesos argentinos o dólares estadounidenses) por hectárea, considerando el valor de mercado promedio de las diversas zonas geográficas en las que esté ubicado el inmueble rural. En todos los casos en los que la reglamentación opte por fijar un valor mínimo., el contribuyente podrá presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación para demostrar que el valor de mercado del bien a la Fecha de Regularización es inferior al valor mínimo y solicitar la reducción de la base imponible a dicho valor de mercado. La reglamentación establecerá el procedimiento y la documentación a presentar para tal fin y el medio de reintegro del Impuesto Especial de Regularización ingresado en exceso, de ser validado por la Administración Federal de Ingresos Públicos el valor de mercado denunciado por el contribuyente;

c) Acciones, cuotas y participación en sociedades, derechos de beneficiarios de fideicomisos o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor de dichas acciones, participaciones, cuotapartes o derechos sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o participaciones no coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores: el valor patrimonial proporcional atribuible a dichas participaciones según el último balance cerrado antes de la Fecha de Regularización y aprobado por la asamblea respectiva, actualizado desde la fecha de cierre de dicho balance hasta el 31 de diciembre de 2023, por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y convertido a dólares estadounidenses usando el Tipo de Cambio de Regularización. Si esos sujetos realizaran sus balances en moneda funcional dólares estadounidenses, se tomará el valor de patrimonio neto en dólares estadounidenses a la mencionada fecha de cierre, sin necesidad de actualización o conversión. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre de 2023.

Si la participación refiriera a un sujeto que no tenga la obligación de preparar y aprobar balances, la base imponible estará compuesta por la porción atribuible al contribuyente de todos sus activos, valuados según las normas de este régimen y deducidos los pasivos que dicho vehículo haya contraído. La reglamentación podrá emitir normas de valuación de este tipo de pasivos;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones, negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores: según su valor de cotización a la Fecha de Regularización, de ser necesario convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización. Si el tÍtulo valor cotizara en mercados argentinos y del exterior, se tornará corno valor de cotización el correspondiente al mercado argentino, y si en este mercado el título cotizara en pesos y en dólares estadounidenses, se tornará corno referencia el valor en dólares estadounidenses;

e) Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados en Argentina: según su valor de mercado a la Fecha de Regularización convertidos a dólares estadounidense al Tipo de Cambio de Regularización;

f) Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones: por el capital de dicho crédito, con más las actualiz aciones que pudieran corresponder y los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Regularización. Si el crédito y los intereses estuvieran expresados en pesos argentinos deberán ser convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

g) Derechos y otros bi en es intangibles no incluidos en incisos anteriores: según el valor de adquisición que hubieran tenido. De no haber sido adquiridos a terceros, se utilizarán las reglas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, para determinar su costo de adquisición, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hasta la Fecha de Regularización y convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

h) Criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares: su valor de mercado a la fecha de inscripción en el Régimen o su valor de adquisición, el que fuere mayor;

i) Otros bienes ubicados en el país no incluidos en incisos anteriores: según su valor de mercado a la Fecha de la Regularización, convertido a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización, pudiendo !a reglamentación establecer la forma de cálculo específica del valor de mercado de los tienes incluidos en este inciso cuando su valor de mercado no fuera de público conocimiento.

27.2.- Bienes en el exterior.

a) Dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias del exterior: su valor en dólares estadounidenses;

b) Inmuebles ubicados fuera de Argentina: su valor de adquisición en dólares estadounidenses o su valor mínimo, el que fuera mayor.

La reglamentación podrá establecer valores mínimos de mercado por metro cuadrado, hectárea u otra unidad de medida, considerando la ubicación geográfica de dichos inmuebles y los valores promedio de mercado.

En todos los casos en los que la reglamentación opte por fijar un valor mínimo, el contribuyente podrá presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos documentación para demostrar que el valor de mercado del bien a la Fecha de Regularización es inferior al valor mínimo y solicitar la reducción de la base imponible a dicho valor de mercado. La reglamentación establecerá el procedimiento y la documentación a presentar para tal fin y el medio de reintegro del Impuesto Especial de Regularización ingresado en exceso, de ser validado por la Administración Federal de Ingresos Públicos el valor de mercado presentado por el contribuyente;

c) Acciones, cuotas y cualquier tipo de derecho de participación en sociedades, corporaciones, entes o vehículos de cualquier naturaleza y los derechos de beneficiarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, siempre que el ente del exterior no sea considerado un sujeto residente en Argentina bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y siempre que estos títulos o derechos de participación no coticen en bolsas o mercados del exterior: el valor patrimonial proporcional atribuible a dichas participaciones según el último balance cerrado antes de la Fecha de Regularización. Si la participación refiriera a un vehículo que no tenga la obligación de preparar balances, la base imponible estará compuesta por todos sus activos, valuados según las normas de este régimen y deducidas las deudas que dicho vehículo haya contraído, en la proporción atribuible a la participación del contribuyente. La reglamentación podrá emitir normas de valuación de este tipo de pasivos;

d) Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotaspartes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior: según su valor de cotización a la Fecha de Regularización;

e) Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados fuera de Argentina: a su valor de mercado a la Fecha de Regularización;

Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones: por el capital de dicho crédito, con más los intereses devengados y no pagados a la Fecha de Regularización. Si el crédito y los intereses estuvieran expresados en pesos argentinos, deberán ser convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

g) Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores: según el valor de adquisición que hubieran tenido bajo la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hasta la Fecha de Regularización y convertidos a dólares estadounidenses al Tipo de Cambio de Regularización;

h) Otros bienes ubicados fuera del país y no incluidos en incisos anteriores: según su valor de mercado a la Fecha de. la Regularización, pudiendo la reglamentación establecer’ la forma de cálculo específica del valor de mercado de los bienes incluidos en este inciso.

Capítulo IV - Impuesto Especial de Regularización.

Artículo 28.- Determinación del impuesto a ingresar. De manera excepcional y solo a los fines de este Régimen de Regularización de Activos, los montos a ingresar como Impuesto Especial de Regularización deberán ser calculados e ingresados en dólares estadounidenses.

El impuesto a ingresar se calculará sobre el total del valor de los bienes, tanto en Argentina como ‘en el exterior, que sean regularizados mediante el presente Régimen de Regularización de Activos, según las alícuotas que se indican a continuación y teniendo en cuenta los supuestos especiales de exclusión del artículo, 31 de la presente ley.

A ‘los efectos de determinar la alícuota aplicable según la escala anterior, se considerarán los bienes regularizados por el contribuyente y aquellos regularizados en la Etapa correspondiente o en una Etapa anterior por los ascendientes y descendientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, por los cónyuges y convivientes. En ese caso, todos los sujetos que regularicen podrán computar, proporcionalmente, la franquicia prevista en la primera escala de los cuadros del párrafo anterior.

La reglamentación podrá establecer excepciones a la obligación de ingresar el Impuesto Especial de Regularización en dólares estadounidenses por la Regularización de bienes abarcados por el artículo 24.1. En dicho caso, deberá aplicarse sobre la base imponible calculada según las reglas de los artículos 27 y 28 la alícuota del cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), según la Etapa en la que los bienes se regularicen, para determinar el Impuesto Especial de Regularización aplicable.

Artículo 29.- Determinación y pago del Impuesto Especial de Regularización. Los contribuyentes que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos deberán determinar el Impuesto Especial de Regularización al momento de la presentación de la declaración jurada mencionada en el artículo 22. El pago del Impuesto Especial de Regularización deberá ser realizado en los plazos indicados en el artículo 23, de acuerdo con las pautas que determine la reglamentación. Al momento de dicho pago, el contribuyente podrá tomar como crédito el pago anticipado realizado bajo las normas del artículo 30.

La falta de pago en término del Impuesto Especial de Regularización privará de todo efecto jurídico a la manifestación de adhesión al Régimen de Regularización de Activos formulada por el contribuyente, quedando éste excluido de pleno derecho del presente régimen.

ArtÍculo 30.- Pago adelantado obligatorio. Todo contribuyente que realice la manifestación de adherir al presente Régimen de Regularización de Activos prevista en el artículo 21, deberá ingresar, dentro de la fecha límite prevista en el artículo 23 para cada Etapa, el pago adelantado previsto en este artículo.

La falta de ingreso del pago adelantado dentro de la fecha indicada causará el decaimiento automático de la manifestación de adhesión al Régimen de Regularización de Activos y excluirá al contribuyente de todos los beneficios previstos en el régimen.

El pago adelantado aquí previsto deberá ser no menor al setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto Especial de Regularización establecido en el artículo 29.

Si un contribuyente regularizara bienes en más de una Etapa, el porcentaje del párrafo anterior deberá ser tomado respecto del impuesto Especial de Regularización establecido en el artículo 29 por la totalidad de los bienes regularizados. El pago adelantado que se hubiera efectuado en cualquiera de las Etapas anteriores será considerado pago a cuenta del pago adelantado que deberá efectuarse en la Etapa de la última adhesión.

Si una vez, presentada la declaración jurada y determinado el total del Impuesto Especial de Regularización se advirtiera que el pago adelantado hecho fue inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del total del impuesto a ingresar, podrán mantenerse los beneficios del presente régimen ingresando el saldo pendiente incrementado en un cien por ciento (100%).

El incremento del saldo pendiente mencionado en el párrafo anterior no podrá ser considerado pago a cuenta del impuesto que en definitiva se determine.

No corresponderá realizar el pago adelantado en el caso de aquellos sujetos que hasta un importe de dólares estadounidense cien mil (USD 100.000).

Capítulo V - Supuestos especiales de exclusión de base imponible y pago del Impuesto Especial de Regularización.

Artículo 31.- Dinero en efectivo, en Argentina o en el exterior, que sea depositado o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos. El dinero en efectivo que sea regularizado bajo las reglas del Régimen de Regularización de Activos y que sea depositado y/o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos será excluido de la base de cálculo del artículo 28 y deberá determinar el Impuesto Especial de Regularización segÚn las reglas del presente artículo 31.

Al momento del depósito o transferencia del monto regularizado a la Cuenta Especial de Regularización de Activos no deberá pagarse el impuesto Especial de Regularización, y este impuesto tampoco será pagado mientras los fondos permanezcan depositados en esas cuentas.

Durante el plazo en que los fondos estén depositados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos, éstos podrán ser invertidos exclusivamente en los instrumentos financieros que indique la reglamentación, la que deberá contemplar instrumentos financieros que emitan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar la financiación’ de obras públicas. Los resultados de estas inversiones deberán ser depositados en la misma Cuenta Especial de Regularización de Activos.

Al momento en el cual los fondos depositados en una Cuenta Especial de Regularización de Activos sean transferidos a otra cuenta por. cualquier motivo, se deberá pagar el Impuesto Especial de Regularización, el cual será retenido con carácter de pago Único y definitivo por la entidad financiera en la cual se encuentra abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos, según las siguientes reglas:

(i) Si los fondos son transferidos a la Administración Federal de ingresos ‘Públicos para pagar el Impuesto Especial de Regularización previsto en los artículos 29 o 30 de la presente ley no se realizará retención alguna.

A estos fines y de ser necesarios, el contribuyente podrá utilizar cualquier medio legalmente disponible para transformar los dólares estadounidenses en los pesos necesarios para el pago de dicho impuesto, pudiendo optar por vender dichos dólares estadounidenses en el mercado oficial de cambios o utilizar esos fondos para realizar una operación bursátil de compra y venta de títulos valores que le permita obtener los fondos en pesos necesarios para el pago del impuesto.

En todos los casos, los fondos en pesos resultantes de la operación deberán ser acreditados en una cuenta abierta en la misma entidad financiera en la cual se encontraba abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos de la cual se transfirieron los dólares estadounidenses, debiendo la reglamentación indicar los comprobantes o la documentación que dicha entidad deberá requerir al contribuyente como respaldo de la transacción realizada.

(ii) Si los fondos son transferidos a cualquier otra cuenta antes del 31 de diciembre de 2025, corresponderá aplicar una retención del cinco por ciento (5%) sobre el monto transferido, cualquiera sea el destino de la transferencia.

Dicha retención no deberá ser realizada si la transferencia tiene por destino:

a) La adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva, de acuerdo a las reglas que fije la reglamentación, siempre que la inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025;

b) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que cumplan con los requisitos exigidos por la reglamentación y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Poder Ejecutivo nacional podrá adicionar otros destinos a los previstos anteriormente, que tengan por finalidad incentivar la inversión productiva en el país; fomentar el crédito a las empresas que operan en el país; o promover la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor. grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas.

(iii) Si los fondos son transferidos a partir del 10 de enero de 2026: no se realizará retención alguna.

En ningún caso se permitirá la extracción en efectivo de los montos depositados en una Cuenta Especial de Regularización de Activos, pero los contribuyentes, de corresponder, podrán solicitar su transferencia inmediata a otra cuenta bancaria de su titularidad, sujeto a la aplicación del respectivo Impuesto Especial de Regularización, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En el caso de contribuyentes que regularicen bienes por un monto de hasta dólares estadounidenses cien mil (USD 100.000), incluyendo dinero en efectivo, no deberán ingresar el Impuesto Especial de Regularización contemplado en el artículo 28 de esta ley ni la retención del cinco por ciento (5%) que se contempla en el presente artículo. Para ello, los contribuyentes deberán mantener los fondos en la Cuenta Especial de Regularización de Activos hasta la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1, excepto por los motivos contemplados en el punto (i) y en los incisos a) y b del punto (ii) del cuarto párrafo de este artículo o por transferencias realizadas en virtud de operaciones onerosas debidamente documentadas en los términos establecidos por la legislación vigente.

Bajo el presente régimen, los contribuyentes también podrán optar por abrir Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, las cuales serán abiertas en Agentes de Liquidación y Compensación (‘ALyCS’,).

Las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos que reciban fondos regularizados estarán sujetas a las mismas restricciones y características que las indicadas anteriormente para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, y los Agentes de Liquidación y Compensación (’ALyCs“) que abran dichas cuentas tendrán las mismas obligaciones que las entidades financieras respecto de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (incluida la de actuar como agente de retención del Impuesto Especial de Regularización). La reglamentación podrá realizar las adaptaciones necesarias al régimen definido en párrafos anteriores para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, de manera de posibilitar su correcta aplicación respecto de las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos..

La transferencia de fondos de Cuentas Especiales de Regularización de Activos a Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos no dará lugar a la aplicación de retención alguna al momento de dicha transferencia.

La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina deberán regular el régimen de las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, incluyendo, de corresponder, la necesidad de encaje de los fondos depositados en el Banco Central de la República Argentina, las inversiones permitidas y los plazos en que éstas deberán ser mantenidas y las obligaciones de los Agentes de Liquidación y Compensación (’ALyCs“) respecto de los fondos que administren.

Las transferencias entre Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos no darán lugar a retención alguna, incluso si se trata de Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos de otros contribuyentes. En esos casos, para realizar la transferencia, el contribuyente deberá presentar ante la entidad bancaria en la cual se encuentra abierta la Cuenta Especial de Regularización de Activos o ante el Agente de Liquidación y Compensación (“ALyC”), en la cual se encuentra abierta la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos los comprobantes que justifiquen la razón de la transferencia.

A fin de recibir transferencias desde otras Cuentas Especiales de Regularización de Activos o Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos, cualquier persona humana y jurídica residente en Argentina podrá abrir dicho tipo de cuentas, incluso si no ha regularizado bienes bajo el presente Régimen de Regularización de Activos.

El Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores deberán emitir la normativa reglamentaria para segregar los activos depositados en cuentas especiales según las Etapas mencionadas en el artículo 23, de manera de garantizar en todo momento la identificación de la Etapa en que fueron regularizados dichos bienes. Dicha segregación no corresponderá realizarse con el dinero en efectivo por cuanto sólo podrá regularizarse en el plazo establecido para la Etapa 1.

Artículo 32.- Dinero depositado en cuentas bancarias del exterior. Aquellos fondos en efectivo que estén depositados en cuentas bancarias del exterior y que sean transferidos a la Argentina y acreditados en Cuentas Especiales de Regularización de Activos o en Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos estarán excluidos de la base de cálculo tornada por el artÍculo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artÍculo.

Los contribuyentes que regularicen fondos depositados en cuentas bancarias del exterior podrán elegir transferir todo o parte de los montos regularizados a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos o a las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos. Los montos que no sean transferidos a dichas cuentas tributarán el impuesto Especial de Regularización debiendo ser reincorporados a la base imponible del artículo 28.

Los fondos que sean acreditados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos o en la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán sujetos a las normas del artículo 31.

Para que las normas del presente artículo sean de aplicación, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas del exterior a la Cuenta Especial de Regularización de Activos o a la Cuenta Comité te Especial de Regularización de Activos antes de la fecha límite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Artículo 33.- Títulos valores depositados en entidades del exterior. Aquellos títulos valores depositados en cuentas del exterior, que sean enajenados, rescatados o liquidados y que el monto resultante de dicha enajenación, liquidación o rescate sea transferido desde el exterior a una Cuenta Especial de Regularización de Activos o a una Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán excluidos de la base imponible tomada por el artículo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artÍculo.

Los contribuyentes que regularicen títulos valores depositados en entidades del exterior podrán elegir enajenar, liquidar o rescatar y transferir el monto resultante a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos o a las Cuentas Comitentes Especiales de Regularización de Activos por todoo parte de los títulos valores regularizados bajo el presente 1 régimen. Los títulos valores que no reciban ese destino deberán ser reincorporados a la base imponible del artículo 28.

Los fondos que sean acreditados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos o en la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos estarán sujetos a las normas del artículo 31.

Para que las normas del presente artículo sean de aplicación, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas del exterior ala Cuenta Especial de Regularización de Activos o a la Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos antes de la fecha lÍmite prevista para la manifestación de adhesión a la Etapa 1 bajo las reglas del artículo 23.

Capítulo VI - Efectos de la regularización.

Artículo 34.- Los sujetos que adhieran al presente Régimen de Regularización de Activos, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados:

a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, ni a los tres artículos sin número agregados a continuación del artículo 18, de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, con respecto a las tenencias declaradas;

b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarlos, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, en las rentas que éstos hubieren generado y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así corno el cobro y la liquidación de las divisas provenientes de la Regularización de Activos de dichos bienes, créditos y tenencias.

Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, sÍndicos y miembros de los consejos. de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades 19.550 (texto ordenado en 1984 y sus modificaciones), y cargos equivalentes en cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, representantes legales de sucursales de empresas extranjeras y profesionales certificantes de los balances respectivos.

La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.

Esta liberación no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados mediante, como consecuencia o en ocasión de dichas transgresiones;

c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados en el presente régimen, así como• de las respectivas obligaciones accesorias, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Impuestos a las Ganancias, Impuesto a las salidas no documentadas (conforme el artículo 40 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones), Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto á la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas e Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto de los bie nes regularizados y sobre los fondos que hubieran utilizado para la adquisición de estos bienes.

2. Impuestos Internos e Impuesto al Valor Agregado que puedan aplicar sobre las operaciones que originaron los fondos con los que el bien regularizado fue adquirido o sobre los fondos en efectivo que sean regularizados.

3. Impuestos sobre los Bienes Personales, el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia establecido por la ley 27.605 y la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias y/o bienes declarados.

4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los períodos fiscales anteriores al que cierra al .31 de diciembre de 2023, inclusive, por los bienes regularizados bajo el presente Régimen de Regularización de Activos;

d) Los sujetos que regularicen bienes que poseyeran a la Fecha de Regularización, sumados a los que declaren en las respectivas declaraciones juradas de los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, tendrán los beneficios previstos en los.incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y no lo hubieren declarado.

En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que fuera de propiedad de los mencionados sujetos a la Fecha de Regularización y que no hubiera sido declarado mediante el presente Régimen de Regularización de Activos ni con anterioridad, se privará al sujeto que realiza la regularización de los beneficios indicados en el inciso d) precedente, sin que resulten afectados los beneficios de los incisos a), b) y c) del presente que refieren a los bienes regularizados mediante el presente régimen.

La reglamentación establecerá el umbral mínimo que permitirá dar por decaído los beneficios del inciso d) de este artículo cuando se detectaran bienes no declarados ni regularizados bajo el presente régimen que eran de propiedad del contribuyente a la Fecha de Regularización. Dicho umbral no podrá ser inferior al diez por ciento (10%), ni superior al veinticinco por ciento (25%), del total de los bienes regularizados por el contribuyente bajo el presente régimen.

A los fines indicados en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, para investigar y determinar los bienes de propiedad del contribuyente.

Artículo 35.- Los beneficios mencionados en el artículo 34 también aplicarán a los sujetos incluidos en el artículo 53 de la Ley del impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales por los activos que sus accionistas y socios hayan declarado en los términos del presente Régimen de Regularización de Activos.

Artículo 36.- La Regularización de Activos efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artÍculo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, liberará del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en estas. Igual criterio corresponderá aplicar con relación a los sujetos referenciados en el inciso c) del mencionado artículo con relación a los o las fiduciantes, beneficiarios o beneficiarias y/o fideicomisarios o fideicomisarias. La liberación dispuesta procederá solo en el supuesto en que los sujetos mencionados en los incisos b) y c) del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, no hubieran ejercido la opción a la que se refiere en el punto 8 del inciso a) del artículo 73 de la mencionada ley.

Capítulo VII - Pago del impuesto especial. Efectos de la falta de pago en término.

Artículo 37.- Pago del Impuesto Especial de Regularización. El pago del Impuesto Especial de Regularización deberá realizarse en dólares estadounidenses, excepto en los casos expresamente previstos bajo el último párrafo del artículo 28.

La reglamentación establecerá el mecanismo para recibir el pago mediante transferencias en dólares estadounidenses realizadas desde el exterior.

Artículo 38.- Falta de pago del Impuesto Especial de Regularización. La falta de pago del Impuesto Especial de Regularización dentro del plazo otorgado por la reglamentación causará el decaimiento de todos los beneficios del presente régimen.

Capítulo VIII - Sujetos excluidos.

ArtÍculo 39.- Funcionarios públicos. Quedan excluidos de las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan desempeñado en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos y/o aquellos que actualmente desempeñen las siguientes funciones públicas:

a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal

b) Senador o diputado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal municipal, o Parlamentario del Mercosur;

c) Magistrado del Poder Judicial Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d) Magistrado del Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

g) Interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

h) Síndico General de la Nación, síndico general adjunto de la Sindicatura General, presidente o auditor general de la Auditoría ‘General, autoridad superior de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos en los tres niveles de gobiernos;

i) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento;

j) Embajador, cónsul o funcionario destacado en misión oficial permanente en el exterior;

k) Personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina o del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente, personal de la Policía provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con categoría no inferior a la de ‘Comisario, o personal de ‘categoría inferior, a cargo de Comisaría;

l) Rector, decano o secretario de las universidades nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que preste servicio en la Administración Pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado o personal con similar categoría o función y en otros entes del sector público;

n) Funcionario colaborador de interventor federal, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría o función no’ inferior a la de director o equivalente;

o) Personal, de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la de director o equivalente;

p) Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

q) Funcionario que integra los organismos de control de los servicios públicos privatizados’, con categoría no inferior a la de director;

r) Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de ‘Buenos Aires, con categoría no inferior a la de director;

s) Personal que cumpla servicios en el Poder Judicial o en el Ministerio Público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a secretario o equivalente;

t) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras en cualquiera de los tres niveles de gobierno;

u) Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externó del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156;

w) Personal de los organismos de inteligencia, sin ‘distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria.

Artículo 40.- Familiares de funcionarios públicos. Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges y convivientes y los ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, por consanguinidad o afinidad, y colaterales en segundo grado por consanguinidad o afinidad de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 39.

Quedan también comprendidos los ex cónyuges y ex convivientes de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 39 que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado en dicho artículo.

Artículo 41.- Otros sujetos excluidos. Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley:

a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;

b) Los condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley;

c) Los condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados con condena firme en primera instancia o con sentencia en segunda instancia con fundamento en las leyes 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero), 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguientes delitos:

i. Contra el orden económico y financiero previstos en los artículos 303, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 del Código Penal.

ii. Enumerados en el artículo 60 de la ley 25.246, con excepción del inciso k). La exclusión establecida en este artículo también será de aplicación para tos familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad de los procesados determinados en el párrafo anterior.

iii. Estafa y otras defraudaciones previstas en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal.

iv. Usura prevista en el artículo 175 bis del Código Penal.

v. Quebrados y otros deudores punibles previstos en los artículos 176, 1771 178 y 179 del Código Penal.

vi. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.

vii. Falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales, previstos en el artículo 289 del Código Penal y falsificación de marcas registradas previsto en el artículo 31 de la ley 22.362, de Marcas y Designaciones.

viii. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito previsto en el inciso c) del numeral 1 del artículo 277 del Código Penal.

ix. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo establecido en el inciso 3 del artículo 80, artículos 127 y 170. del Código Penal, respectivamente.

Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen. El auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otorga el presente régimen.

f) Las personas jurídicas en las que los sujetos excluidos por los artículos 39, 40 y los restantes incisos de este artículo, individual o conjuntamente, tengan participación mayoritaria y/o control de la voluntad social;

g) Personas jurídicas que hayan sido ejecutoras de beneficios, sociales y los integrantes de sus órganos de gobierno, dirección y/o administración, ya sea a nivel nacional o provincial, durante los últimos cinco (5) años;

h) Quienes hayan recibido planes sociales durante los últimos cinco (5) años, con excepción de quienes hayan recibido asistencia durante la emergencia del COVID-19;

i) Quedan asimismo excluidas de las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan revestido el carácter de personas expuestas políticamente extranjeras en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos yio aquellos que actualmente tengan tal carácter.

Artículo 42.- Tributos Provinciales. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 43.- Otras provisiones. El Impuesto Especial de Regularización se regir por lo dispuesto en la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones de Procedimiento Fiscal, y resulta coparticipable. Ninguna de las disposiciones de este. Régimen de Regularización de Activos liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos cooperará con otras entidades públicas en el marco de la citada ley 25.246 y sus modificaciones.

Los sujetos que adhieran al Régimen de Regularización de Activos no podrán inscribirse en regímenes de regularización de activos no declarados, cualquiera fuera su denominación, que pudieran eventualmente implementarse hasta el 31 de diciembre de 2038.

Artículo 44.- Reglamentación. Entrada en vigor. El Poder Ejecutivo nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores deberán dictar las respectivas reglamentaciones en un plazo máximo de diez (10) días a contar desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Las disposiciones de este título entrarán en vigor a partir de su!publicación en el Boletín Oficial.

TÍTULO III - Impuesto sobre los Bienes Personales (Texto aprobado por Diputados)

Capítulo I. Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.

Artículo 46.- Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales. Créase el presente Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“REIBP”) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, la cual opera el 31 de diciembre de 2027.

Artículo 47.- Sujetos alcanzados. Las personas humanas y sucesiones indivisas que sean residentes fiscales en la REPÚBLICA ARGENTINA al 31 de diciembre de 2023, según las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán optar por adherir al REIBP. Las personas humanas que, al 31 de diciembre de 2023, no sean consideradas residentes fiscales a los efectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, pero hubieran sido residentes fiscales en la REPÚBLICA ARGENTINA antes de esa fecha, podrán acceder a los beneficios de esta ley en igualdad de derechos y obligaciones que las personas humanas mencionadas en el párrafo anterior. A partir de la adhesión al REIBP, dichas personas humanas serán consideradas residentes fiscales en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Artículo 48.- Derecho de Opción. La opción de adherir al REIBP es de carácter individual y voluntaria, tratándose el presente de un régimen especial que comprende al Impuesto sobre los Bienes Personales y a todo otro tributo patrimonial nacional (cualquiera fuera su denominación) que pueda complementar o reemplazar al Impuesto sobre los Bienes Personales en los períodos fiscales 2024 a 2027. Al optarse por la adhesión al REIBP, el Estado Nacional y el contribuyente declaran que entienden y reconocen los derechos, obligaciones y limitaciones de carácter recíproco aquí establecido.

Artículo 49.- Período de opción. Los sujetos indicados en el artículo 47 podrán optar por adherirse al REIBP hasta el 31 de julio de 2024, inclusive. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá extender dicha fecha hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive. Los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley podrán optar por adherirse al REIBP hasta la fecha límite de presentación de la declaración jurada establecida en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 50.- Períodos fiscales alcanzados. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP, tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada. Los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley que opten por adherirse al REIBP tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los períodos fiscales 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada.

Artículo 51.- Base imponible. Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA. Para calcular la base imponible del REIBP, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA deberán utilizar las siguientes reglas:

1. Se tomarán en cuenta los bienes existentes en el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de 2023, inclusive.

2. Se procederá a valuar todos los bienes del patrimonio existentes al 31 de diciembre de 2023 usando para ello las reglas de valuación previstas en el Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, excluyendo a estos fines las acciones, cuotas o participaciones en sociedades u otros entes a los que hace referencia el artículo sin número a continuación del artículo 25 de la citada ley.

3. Del monto resultante, se restará el valor de los bienes exentos indicados en el artículo 21 del Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Los bienes comprendidos en los incisos g), i), j) y k) del mencionado artículo 21 solo serán restados del patrimonio gravado si se encontraban en el patrimonio del contribuyente antes del 10 de diciembre de 2023, inclusive.

4. Del monto resultante, se detraerá el mínimo no imponible previsto en el artículo 24 del Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. De existir entre los bienes la casa-habitación del contribuyente, se restará también el valor de dicho inmueble hasta el límite previsto por el segundo párrafo del artículo 24 del Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. En ambos casos, se tomará el monto vigente para el período fiscal 2023.

5. El monto resultante final se multiplicará por cinco (5).

Artículo 52.- Bienes regularizados bajo el régimen del Título II de la presente ley. Aquellos contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley y que opten por declarar el Impuesto sobre los Bienes Personales bajo el presente régimen REIBP, deberán calcular la base imponible por dichos bienes de acuerdo a las normas del presente artículo. A tal fin, los bienes regularizados no integrarán la base imponible determinada en el artículo anterior.

Para determinar la base imponible de los bienes regularizados deberá seguirse las siguientes reglas:

1. Deberá tomarse la totalidad de los bienes regularizados en las TRES (3) Etapas del Régimen de Regularización de activos, los cuales se valuarán conforme a las reglas del artículo 28.

2. El valor resultante, expresado en dólares estadounidenses de acuerdo a las reglas del citado artículo 28, deberá convertirse a pesos ($) usando el tipo de cambio oficial correspondiente a la fecha de presentación de las respectivas declaraciones juradas a que hace referencia el artículo 23 de la presente ley.

3. El monto resultante se lo multiplicará por 4 (CUATRO).

Artículo 53.- Alícuota. Los contribuyentes que sean personas humanas y sucesiones indivisas que se adhieran al REIBP aplicarán la alícuota de CERO COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (0,45%) sobre la base imponible determinada según las normas del artículo 51.

Los contribuyentes alcanzados por las reglas del artículo 52 que adhieran al REIBP aplicarán la alícuota del CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50 %) sobre la base imponible determinada según las reglas de dicho artículo 52.

Artículo 54.- Créditos fiscales. Para el pago del respectivo impuesto bajo el REIBP, los sujetos indicados en el primer párrafo del artículo 50 de esta ley podrán computarse los créditos fiscales, anticipos y pagos a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2023.

Artículo 55.- Presentación de la declaración jurada y pago del impuesto. La reglamentación establecerá el método, fecha de pago y demás requisitos para la presentación de la declaración jurada del REIBP y el cálculo del impuesto a pagar bajo el REIBP. El pago del impuesto en forma posterior a la fecha establecida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL privará al contribuyente en forma total de los beneficios del REIBP. Del monto total a pagar bajo el REIBP, el contribuyente podrá deducir el pago inicial realizado en los términos del artículo 56. El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 52, a los cuales les serán de aplicación las normas previstas en el artículo 58.

Artículo 56.- Pago inicial del REIBP. Los contribuyentes deberán realizar un pago inicial del REIBP de no menos del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) del total del impuesto a determinar bajo las normas del presente régimen. Este pago inicial deberá ser realizado siguiendo la fecha, método y demás requisitos que se establezca en la reglamentación. Cuando no se abone importe alguno en concepto del pago inicial del REIBP dentro del plazo legal establecido por este artículo, ello privará al contribuyente en forma total de los beneficios del presente régimen especial. El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 52, a los cuales les serán de aplicación las normas previstas en el artículo 58.

Artículo 57.- Pago inicial inferior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%). Si, luego de la presentación de la declaración jurada del REIBP, se advirtiera que el pago inicial realizado por un contribuyente bajo las normas del artículo 56 resultó ser inferior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del pago total adeudado bajo el artículo 55, el contribuyente podrá optar entre:

a) Mantenerse dentro del REIBP, abonando el saldo pendiente de ingreso bajo el artículo 57, incrementado en un CIEN POR CIENTO (100%).

b) Renunciar a los beneficios del REIBP, en cuyo caso el contribuyente podrá aplicar el monto ya abonado como crédito de impuestos compensable contra cualquier otro tributo cuya recaudación esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El incremento del saldo pendiente a que hace referencia el inciso a) no podrá computarse como pago a cuenta. El presente artículo no será de aplicación respecto de los bienes a los que refiere el artículo 52, a los cuales serán de aplicación lo previsto en el artículo 58.

Artículo 58.- Bienes incluidos en el artículo 52. Los contribuyentes que opten por entrar en el REIBP y que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley deberán ingresar el tributo correspondiente bajo el REIBP por los bienes regularizados de acuerdo a lo previsto en el presente artículo. Dichos contribuyentes deberán cumplir con sus obligaciones respecto de los demás bienes que no hayan sido regularizados mediante el Régimen de Regularización de Activos de acuerdo a lo previsto en los artículos anteriores. Respecto de los bienes regularizados, el monto del impuesto a ingresar será calculado de acuerdo a lo previsto en el artículo 52.

Los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada en los términos del artículo 55 exclusivamente para los bienes regularizados. El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá las fechas límite para la presentación de esta declaración jurada y para el pago del impuesto del REIBP por los bienes regularizados. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá establecer, respecto de los bienes regularizados, la necesidad de ingresar un pago inicial en los términos del artículo 56, debiendo fijar también la fecha límite en que dicho pago deba ser hecho. La falta de cancelación del pago inicial dentro del plazo previsto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL tendrá las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 56, así como también resultarán aplicables respecto de dicho pago inicial las previsiones del artículo 57.

Artículo 59.- Exclusión del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro impuesto patrimonial. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP estarán excluidos de toda obligación bajo las normas del Impuesto sobre los Bienes Personales para los períodos fiscales indicados en el artículo 50 de esta ley, según corresponda. La presente exclusión alcanza a todos los aspectos del Impuesto sobre los Bienes Personales, incluida la obligación de presentación de declaraciones juradas, de calcular la base imponible, de determinar el impuesto, de pagar el impuesto o sus anticipos o pagos a cuenta y de toda otra obligación relacionada con el Impuesto sobre los Bienes Personales. Asimismo, se encontrarán excluidos del pago de todo otro tributo nacional que se aplique sobre el patrimonio del contribuyente que pudiera crearse durante dichos períodos fiscales, sin importar su denominación. Dichas exclusiones también aplican para los contribuyentes que hayan regularizado bienes bajo el Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la presente ley que opten por adherirse al REIBP.

La presente exclusión no alcanza a las obligaciones que la persona humana que adhirió al REIBP por su propio carácter de contribuyente pudiera tener como responsable sustituto en el Impuesto sobre los Bienes Personales de un sujeto del exterior.

Artículo 60.- Estabilidad fiscal - impuestos sobre el patrimonio. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional (cualquiera fuera su denominación) que se cree y que tenga como objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente, no pudiendo ver incrementada su carga fiscal por tributos patrimoniales (cualquiera sea su denominación) más allá de los límites establecidos en el párrafo siguiente.

Para establecer la carga fiscal máxima que dichos sujetos podrán soportar por cualquier tipo de tributos que recaigan directamente sobre su patrimonio o sobre cualquier activo, se deberá tomar la carga fiscal anual aplicable a su patrimonio bajo el presente REIBP, de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Base imponible: el valor del patrimonio del contribuyente sobre el cual pudiera recaer el tributo patrimonial deberá ser calculado según las reglas de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigentes al momento de entrada en vigor de este REIBP.

2. Alícuota: la alícuota máxima para los contribuyentes que no adhirieron al régimen del Título II de la presente ley será la de CERO COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (0,45%) para los períodos fiscales 2023 a 2027 y para los contribuyentes que adhirieron al mencionado régimen del Título II será la de CERO COMO CINCUENTA POR CIENTO (0,50%) para los períodos fiscales 2024 a 2027. A partir del 1° de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2038 la alícuota máxima será del CERO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%).

3. Múltiples tributos al patrimonio: en caso de que exista más de un tributo nacional que aplique en forma global sobre el patrimonio del contribuyente, deberá tomarse a todos ellos en conjunto para determinar si se excede el límite previsto por las reglas de estabilidad fiscal de este régimen.

Queda expresamente aclarado que al adherir al REIBP y tributar el correspondiente impuesto bajo este régimen especial, se considera que el contribuyente ya ha alcanzado el máximo nivel de tributación sobre el patrimonio permitido bajo las reglas de estabilidad fiscal de este artículo por los períodos fiscales que se inician desde el 1° de enero de 2024 y hasta aquellos que finalizan el 31 de diciembre de 2027. Cualquier tributo patrimonial que se pueda crear en el futuro y que vulnere el derecho de estabilidad fiscal previsto en este artículo dará lugar a la aplicación automática de las medidas de remediación previstas en el artículo siguiente.

Artículo 61.- Incumplimiento de la obligación de estabilidad fiscal. Si, por cualquier motivo durante el período de estabilidad fiscal previsto en el artículo 60, la carga fiscal derivada de uno o más tributos que recaigan en forma directa sobre el patrimonio o sobre cualquier activo de un contribuyente que tenga derecho a aplicar el beneficio de estabilidad fiscal bajo el REIBP excede el límite previsto en el artículo 60, el contribuyente tendrá el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de aquellos importes que excedan el límite previsto en el citado artículo 60. Si no obstante ello, el contribuyente debiera pagar un importe por encima del límite máximo establecido bajo las reglas de estabilidad fiscal del artículo 60, se le permitirá al contribuyente computar a su favor un crédito fiscal compensable contra el o los tributos patrimoniales que resultan en el exceso de la carga máxima bajo la estabilidad fiscal y/o, a elección del contribuyente, contra cualquier otro tributo nacional por un monto equivalente a la diferencia entre el o los tributos patrimoniales aplicables a ese período fiscal y el tributo patrimonial máximo calculado de acuerdo a las normas de estabilidad fiscal del artículo 60.

El crédito fiscal previsto en el presente artículo no requerirá trámite previo alguno y el contribuyente podrá aplicarlo directamente en los términos del párrafo anterior y, a tal fin, se considera que el derecho a gozar del crédito fiscal integra el patrimonio del contribuyente desde la fecha de pago prevista en el artículo 55 y, de corresponder, 58.

Artículo 62.- Donaciones y otro tipo de liberalidades. En los casos en los que un sujeto que haya adherido al REIBP acepte, antes del 31 de diciembre de 2027, una donación de un individuo que no haya adherido al REIBP, deberá tributar un impuesto adicional conforme las normas del presente artículo. El impuesto adicional no será aplicable cuando la donación consista en acciones o participaciones en sociedades argentinas o participaciones en fideicomisos alcanzados por el régimen de sustitución previsto por el artículo agregado a continuación del artículo 25 del Título VI de la Ley N° 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, o el que lo reemplace en el futuro.

Solo resultará aplicable el impuesto adicional al que hace referencia este artículo cuando el donatario sea pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad del donante, o sea su cónyuge, ex cónyuge o conviviente al momento de la donación.

El impuesto adicional del presente artículo se calculará aplicando la alícuota que el donatario determinó bajo el REIBP sobre el valor de los bienes transferidos a la fecha de la donación, debiéndose multiplicar por el número de períodos fiscales que resten para completar el período alcanzado por el REIBP, incluyendo el período fiscal en que se perfeccione la donación.

A los efectos del presente artículo, el término donación incluye también a toda liberalidad que tenga por efecto directo o indirecto transmitir la propiedad de un bien a otro sujeto sin percibir a cambio una contraprestación equivalente a su valor de mercado. En los casos en que, por la naturaleza de la transacción, exista contraprestación, se podrá deducir del valor del bien el valor de dicha contraprestación a los efectos de calcular la base imponible del impuesto adicional de este artículo.

La reglamentación establecerá los plazos y modalidades en las que el presente impuesto adicional deberá ser liquidado y pagado.

Artículo 63.- Entrada en vigor. Las disposiciones del REIBP entrarán en vigor a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Capítulo II. Modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales.

Artículo 64.- Sustitúyese, con efectos a partir del período fiscal 2023 inclusive, los artículos 24 y 25 del Título VI de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por los siguientes:

“Artículo 24.- No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados -excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley- pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000).

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 350.000.000).“

“Artículo 25.- El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el país y en el exterior sujetos al impuesto - excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley- que exceda del establecido en el artículo 24, la siguiente escala:

e) Para el período fiscal 2027: la alícuota será de CERO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%) sobre el valor total de los bienes que excedan el mínimo no imponible establecido en el artículo 24 de esta ley.

Los montos previstos en las mencionadas escalas deberán ajustarse, a partir del período fiscal 2024, en los términos de lo establecido en el artículo agregado a continuación del artículo 24 de esta ley.

Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.“

Artículo 65.- Beneficio a contribuyentes cumplidores. Aquellos contribuyentes que hayan cumplido con la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2020 a 2022, inclusive, tendrán una reducción de CERO COMA VEINTICINCO (0,25) puntos porcentuales de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026. Para calificar como contribuyente cumplidor a los efectos de esta ley, el contribuyente (i) no deberá haber regularizado bienes bajo las reglas del Título II de esta ley y (ii) deberá haber presentado, si estuviera obligado a ello, las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales relativas a los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022 y haber cancelado en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2023 el saldo a favor del Fisco resultante en cada una de esas declaraciones juradas.

Artículo 66.- Entrada en vigor. Las disposiciones de los artículos 64 y 65 entrarán en vigor a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y surtirán efectos según lo indicado en cada uno de esos artículos.

TÍTULO IV - Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas

Artículo 67.- Derógase el título VII (artículos 7° a 18) de la ley 23.905 a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley

TÍTULO V - Impuesto a las Ganancias (Texto aprobado por Diputados)

Capítulo I.

Artículo 68.- Sustitúyese la primera oración del segundo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por la siguiente:

“En primer término, dicha compensación se realizará respecto de los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, con excepción de las ganancias provenientes de las inversiones -incluidas las monedas digitales- y operaciones a las que hace referencia el Capítulo II del Título IV de esta ley.”

Artículo 69.- Sustitúyese el octavo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

“No serán compensables los quebrantos impositivos con ganancias que deban tributar el impuesto con carácter único y definitivo ni con aquellas comprendidas en el Capítulo II del Título IV de esta ley.”

Artículo 70.- Deróganse las siguientes normas:

a) Los incisos x), y) y z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

b) El artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

c) El artículo 32 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

d) Los párrafos del cuarto al octavo -ambos inclusive- del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

e) Los últimos DOS (2) párrafos del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

f) Los artículos 110 y 111 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

“Artículo 30.- Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO ($ 3.091.035), siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.

b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO ($ 3.091.035), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 2.911.135) por el cónyuge.

La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de DOS (2) personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación.

2. PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS ($1.468.096) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de DIECIOCHO (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles y se incrementará, para el caso de la del apartado 2, en UNA (1) vez por cada hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo.

c) En concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al importe que resulte de incrementar el monto a que hace referencia el inciso a) del presente artículo en:

1. DOS COMA CINCO (2,5) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 53, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que queden incluidas en el apartado siguiente. En esos supuestos, el incremento será de TRES (3) veces, en lugar de DOS COMA CINCO (2,5) veces, cuando se trate de “nuevos profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. TRES COMA OCHO (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

Cuando corresponda la aplicación de la deducción especial indicada en el inciso c), apartado 2, de este artículo, se añadirá como deducción especial la DOCEAVA (1/12) parte del total de deducciones resultantes de la suma de los incisos a), b) y c), apartado 2, de este artículo.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Se excluye de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a OCHO (8) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto previsto en el inciso a) de este artículo. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.“

Artículo 72.- Sustitúyese la denominación del Capítulo IV del Título II de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por la siguiente:

“GANANCIAS DE LA CUARTA CATEGORÍA – IMPUESTO A LOS INGRESOS PERSONALES – TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS”.

Artículo 73.- Sustitúyense el primer y segundo párrafos del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por los siguientes: “ARTÍCULO 94.- Las personas humanas y las sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad- abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala:

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.“

Artículo 74.- Derógase el Capítulo III del Título IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Capítulo II.

Artículo 75.- Establécese la siguiente escala a los fines de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones:

Las disposiciones del párrafo anterior resultarán de aplicación, exclusivamente, para el período fiscal 2023, excepto que se trate de las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, en cuyo caso surtirán efecto para ese período, pero hasta las mencionadas rentas que se perciban por aquellos conceptos devengados hasta el mes de septiembre de 2023, inclusive.

Artículo 76.- Ratifícase, para las remuneraciones y/o haberes que se devengaron a partir del 1° de octubre de 2023 y hasta aquellas percibidas al 31 de diciembre de 2023, inclusive, el Decreto N° 473 del 12 de septiembre de 2023 y las normas dictadas en su consecuencia.

Artículo 77.- Sustitúyese, con efectos a partir del año fiscal 2023, el último párrafo del artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

“Los montos máximos deducibles por cada uno de los conceptos comprendidos en los incisos b) e i) de este artículo, fijados por el artículo 11 del Decreto N° 18 del 12 de enero de 2023, se ajustarán anualmente a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior.”

Artículo 78.- Sustitúyese, con efectos a partir del año fiscal 2023, el segundo párrafo del inciso g) del artículo 91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

“El monto máximo deducible a que se refiere el párrafo anterior, fijado por el artículo 7° de la Resolución General (DGI) N° 3503 del 13 de mayo de 1992 , se ajustará anualmente a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del año anterior.”

Capítulo III.

Artículo 79.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a incrementar, durante el período fiscal 2024, los importes previstos en el artículo 30 y en el artículo 94, todos ellos de la Ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Artículo 80.- Incorpórase con efecto para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2024, como últimos TRES (3) párrafos del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, los siguientes:

“Respecto de los contribuyentes alcanzados por los incisos a) y b) de este artículo, todo pago recibido por cualquier concepto relacionado con su trabajo personal en relación de dependencia (sea pagado por su empleador o por un tercero) y/o con los demás conceptos abarcados en dichos incisos integrará la base imponible del impuesto de esta ley. No serán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en esta ley y sus modificaciones y la Ley N° 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma, sean emitidas por el Estado (incluyendo el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Ministerio Público) nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, entes descentralizados y/o cualquier otro sujeto, mediante las cuales esté establecido o se establezca en el futuro, directa o indirectamente, la exención, desgravación, exclusión, reducción o la deducción, total o parcial, de materia imponible de este impuesto, de los importes percibidos por los contribuyentes comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 82, sean éstos recibidos por cualquier concepto incluyendo, sin limitación, gastos de representación, viáticos, viandas, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo, bono por productividad, horas extras o por cualquier otro concepto, cualquiera fuera la denominación asignada o que se le asigne. Los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios (sociales o de cualquier otra naturaleza) y/o vales de combustibles o por cualquier otro concepto, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por este impuesto, aun cuando no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales análogos. Exclúyese de lo dispuesto en el párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado con la indumentaria y con el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización en la medida en que estos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa.”

Artículo 81.- Para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2024 se establece que los beneficios consagrados en el artículo 1° de la Ley N° 26.176 únicamente aplican al personal petrolero, comúnmente denominados “personal de pozo”, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo (“CCT”) N° 396/2004, homologada por Resolución de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 90 del 15 de diciembre de 2004 y en el Acta Acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, homologada por Resolución Nº 78 del 1º de abril de 2005 de la ex Secretaría de Trabajo del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y en el Acta Acuerdo de fecha 15 de junio de 2006, homologada por Resolución Nº 474 del 4 de agosto de 2006 de la ex Secretaría de Trabajo del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como en las demás Convenciones Colectivas de Trabajo y Actas Acuerdos que se hayan celebrado con posterioridad.

Dichos beneficios no resultarán aplicables a partir de los períodos fiscales señalados en el párrafo anterior para el personal directivo, ejecutivo y gerencial que desarrolla tareas en empresas petroleras amparadas o no por Convenios Colectivos de Trabajo, ni a ningún otro personal -cualquiera fuese su puesto o categoría- que no encuadre como “personal de pozo”. Esos beneficios que no fueron usufructuados en períodos fiscales anteriores a la entrada en vigencia de esta norma no serán reintegrados por el Estado Nacional.

Se entenderá por “personal de pozo” a los efectos del primer párrafo del presente artículo a aquél que se desempeñe habitual y directamente en las siguientes actividades: a) en la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña y b) en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará las normas reglamentarias que sean necesarias y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la autoridad de aplicación en la materia.

Capítulo IV.

Artículo 82.- Cuando la aplicación de las normas contenidas en este Título V referidas a las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificaciones (incluido lo establecido en el Capítulo III del Título IV de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, que se deroga a través del artículo 74 de la presente ley), produzca un incremento de la obligación fiscal sobre las rentas percibidas desde el 1 de enero 2024 y hasta el último día del mes inmediato anterior a la entrada en vigencia del presente Título V, ambas fechas inclusive, podrá computarse una deducción especial equivalente al incremento de la ganancia neta sujeta a impuesto que se genere en dicho lapso como consecuencia de lo dispuesto por este Título V.

La reglamentación establecerá el método para determinar los contribuyentes alcanzados por este artículo y la forma de cálculo de la deducción especial prevista en el párrafo anterior.

En ningún caso el cómputo de la deducción especial prevista en el presente artículo dará lugar a la devolución de sumas retenidas y/o ingresadas en concepto de impuesto a las ganancias por los contribuyentes alcanzados por las previsiones de este artículo.

Capítulo V.

Artículo 83.- Las disposiciones de este Título V entrarán en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y surtirán efecto:

a) Para lo dispuesto en el Capítulo I, a partir del año fiscal 2024.

b) Para lo dispuesto en los Capítulos II y III, en las fechas expresamente indicadas en cada uno de los artículos que lo integran.

c) Para lo dispuesto en el Capítulo IV, a partir de la entrada en vigencia del presente Título V.

TÍTULO VI - Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

Artículo 84.- Sustitúyese el inciso a) dei tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses calendario inmediatos anteriores ala fecha de adhesión, ingresos brutos provenientes de las actividades a ser incluidas en el presente régimen, inferiores o iguales a la suma máxima que se establece en el artículo 8° para la categoría K.

Artículo 85.- Sustitúyese el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

c) El precio máximo unitario de venta, solo en los casos de venta de cosas muebles, no supere el importe de pesos trescientos ochenta y cinco mil ($ 385.000).

Artículo 86.- Sustitúyese el artículo 8° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 8°: Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los ingresos brutos anuales -correspondientes a la o las actividades mencionadas en el primer párrafo del artículo 2°-, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres devengados anualmente, que se fijan a continuación:

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 11: El impuesto integrado que por cada categoría deberá ingresarse. mensualmerte, es el que se indica en el siguiente cuadro:

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar -en una o más mensualidades- hasta un veinte por ciento (20%) del impuesto integrado total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con una determinada modalidad de pago o que guarden estricto cumplim lento con sus obligaciones formales y materiales.

Artículo 88.- Sustitúyense los incisos a), b) y j) del primer párrafo del artículo 20 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por los siguientes:

a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el presente régimen, en los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto -incluido este último- exceda el límite máximo establecido para la Categoría K.

b) Los parámetros físicos o el monto de los alquileres devengados superen los máximos establecidos para la Categoría K.

j) El importe de las compras más los gastos inherentes’ al desarrollo de la actividad de que se trate, efectuados durante los últimos doce (12) meses, totalicen una suma igual o superior al ochenta por ciento (80%) en el caso de venta de bienes o al cuarenta por ciento (40%) cuando se trate de locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecución de obras, de los ingresos brutos máximos fijados en el artículo 8° para la Categoría K.

Artículo 89.- Sustitúyese el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 dei anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

e) Cuando se trate de locación y/o prestación de servicios, no llevar a cabo en el ano calendario mas de seis (l6) operaciones con un mismo sujeto, ni superar en estos casos de recurrencia, cada operación la suma de pesos ciento cinco mil ($105.000);

Artículo 90.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 32 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 32: A los fines del límite al que se refieren los incisos h) e i) del artÍculo anterior, se admitirá, como excepción y por única vez, que los ingresos brutos a computar superen el tope previsto en dichos incisos en no más de pesos quinientos veinte mil ($520.000), cuando al efecto deban sumarse los ingresos percibidos correspondientes a períodos anteriores al considerado.

Artículo 91- Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 39 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por los siguientes:

a) Aporte con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800), para la Categoría A, incrementándose en un diez por ciento (10%) en las sucesivas categorías hasta la Categoría F inclusive, y en un cuarenta por ciento (40%) en las sucesivas categorías a partir de la Categoría G inclusive. En todos los casos, el incremento se realiza respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata inferior;

b) Aporte de pesos trece mil ochocientos ($ 13.800), con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, de los cuales un diez por ciento (10%) se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido en el artículo 22 de la ley 23.661 y sus modificaciones.

Para las categorías D a K, el aporte consignado en el párrafo anterior ascenderá a los siguientes montos:

Artículo 93.- Sustitúyese el primer pdr árrafo del artículo 49 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 49: En todos los casos, la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes y del impuesto integrado que, en función de lo dispuesto por este título, sus asociados deban ingresar al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 52 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente:

Artículo 52: Los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2°, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 y en el primer párrafo del artículo 32, se actualizarán semestralmente a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

La Administración Federal de Ingresos Públicos será la encargada de publicar semestralmente los nuevos montos a que hace referencia el párrafo anterior y su respectiva aplicación.

Artículo 95.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el período fiscal 2024 los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del anexo de la ley 24.977, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 de la ley 24.977 y en el primer párrafo del artículo 32 de la ley 24.977.

Los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales en ningún caso podrán aumentarse en un porcentaje mayor al porcentaje de aumento que se establezca para el importe máximo de facturación de cada categoría.

Artículo 96.- Los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes desde el 1° de enero de 2024 por aplicación de los parámetros existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán volver a adherirse, por única vez, sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19 del anexo de la ley 24.977 y sus modificaciones, en la medida que reúnan los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por la normativa vigente. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos y. condiciones para efectuar dicha adhesión.

Artículo 97.- Las disposiciones de este título entrarán en vigencia el día’ de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de su entrada en vigencia, inclusive; excepto lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 51 y 52 de la presente ley que entrarán en vigencia y surtirán efectos a partir del 1° de enero de 2024.

En ningún caso, las disposiciones de este título darán lugar al reintegro de las sumas oportunamente abonadas.

TÍTULO VII - Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Artículo 98.- Sustituyese, con efectos a partir del 1° de enero de 2025, el primer párrafo del artículo 39 de la ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 39: Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando sobre el precio neto indicado en el artículo 10, la alícuota correspondiente, resultando de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo. 37. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas, incluyendo á aquellos que revistan la condición de inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes establecido por el anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias.

Artículo 99.- Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar, acompañado de la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”.

Las facturas o tickets o comprobantes fiscales similares emitidos por las operaciones a que hace referencia el párrafo anterior deberán detallar el importe discriminado del Impuesto al Valor Agregado y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios con el objetivo que todos los consumidores finales tengan conocimiento del importe pagado en concepto de esos impuestos en cada operación realizada.

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en los párrafos anteriores estará sujeto a la sanción establecida en el artículo 40 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal.

La Administración Federal de Ingresos PÚblicos deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias que sean necesarias para que dichas obligaciones se efectivicen a partir del 1° de enero de 2025.

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que ‘los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los ‘Ingresos Brutos ‘y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

Artículo 100.- En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra “gratuito” o similares debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes.

Artículo 101.- Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

TITULO VIII - Otras Medidas Fiscales

Artículo 102.- Desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores, deberán, con una periodicidad mensual, poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales o interjurisdiccionales competentes, cuando así lo determinen, la información relacionada con los cobros realizados a través de los medios que administran.

Las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores sólo podrán realizar retenciones impositivas, cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales, en tanto y en cuanto los montos que procesen excedan el equivalente a diez mil (10.000) Unidades de Valor Adquisitivo mensuales por contribuyente. El Ministerio de Economía podrá disponer mecanismos de identificación de los umbrales de facturación o de sujetos alcanzados siempre que respeten criterios de uniformidad y de facturación análogos a los aquí establecidos.

A estos efectos se considerarán agrupadores, agregadores y/o procesadores de medios electrón icos de pago a quienes realicen al menos una de las siguientes tareas:

a) La adhesión de comercios o proveedores al sistema de tarjetas de. débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago;

b) La provisión del servicio de aceptación de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago a través de plataformas o sistemas que procesan pagos o a través de terminales de punto de venta;

c) La liquidación al receptor de pagos del importe de los pagos cobrados a través de tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago.

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer mediante el dictado de la • normativa local correspondiente, mecanismos y/o parámetros objetivos que permitan que los sujetos que asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los ingresos Brutos -locales y/o comprendidos en las normas del Convenio Multilateral queden excluidos de la Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC u otro sistema de recaudación local similar sobre Tarjetas de Crédito y Compra, cuando la sumatoria de operaciones infof adas, por los agentes de retención del referido Sistema de recaudación, no excedan el importe que, a tales efectos, las jurisdicciones dispongan.

En el caso de que las jurisdicciones hayan adherido al Sistema informático unificado de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC”, invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a coordinar, mediante la Comisión Arbitral y, en el marco de las disposiciones de la Resolución General N° 2/2019 y su texto ordenado por Resolución General N° 11/2020, la fijación de reglas y/o pautas básicas que permitan la aplicación de lo establecido en el párrafo precedente. Para evaluar la situación de los contribuyentes las jurisdicciones a través de la Comisión. Arbitral tendrán acceso a la totalidad de la información necesaria administrada por los sujetos involucrados.

Artículo 103.- Modifíquese el artículo 22, del Título IV, Capítulo VI “Regalías”, de la Ley 24.196, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 22: Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley. y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.

Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior y exclusivamente respecto de proyectos mineros que no hubieran iniciado construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente artículo, las provincias adheridas al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan- percibirlas podrán, previa adhesión a lo dispuesto en este artículo, percibir en concepto dé regalías un porcentaje que no exceda de un cinco por ciento (5%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.

Artículo 104.- Las disposiciones del presente Título entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 105.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

El Gobierno logró finalmente esta madrugada tener sus “herramientas”. La ley Bases y el Paquete Fiscal pudieron convertirse en ley, no sin un final agónico en la definición del tema del Impuesto a las Ganancias en el que finalmente el oficialismo mantuvo su texto y lo reimpuso.

Respirará aliviado el eje oficialista (LLA-PRO), por haber conseguido una diezmada ley seis meses después de su presentación, pero más aun la oposición dialoguista que le dará gobernabilidad a Milei y evitará el ser apuntada por el dedo acusador del Ejecutivo en caso de que las políticas económicas y políticas oficiales naufraguen.

Después de 13 horas de sesión, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos consiguió los 147 votos positivos que necesitaba para su aprobación. En contra, votaron 107 diputados, otros dos se abstuvieron.

Para la aprobación, fue clave el apoyo de los legisladores del PRO, la mayor parte del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, además de los de Innovación Federal, la Coalición Cívica y otras fuerzas minoritarias. Como era de esperar, en contra votaron el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los dos diputados socialistas de Santa Fe.

Con 134 votos afirmativos, 118 negativos y tres abstenciones, el oficialismo consiguió la sanción definitiva de todo el paquete fiscal, que comprende la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen una remuneración mensual bruta de $1.800.000, la reforma del impuesto a los Bienes Personales, que reduce las alícuotas de este tributo, un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva.

“Es el fin de la historia de las megaleyes, ojalá sea así”, refirió el histórico Miguel Pichetto, presidente de Hacemos Coalición Federal, para cuestionar el formato utilizado por el Gobierno para presentar el proyecto. También celebró el fin del “desgaste”, en alusión a los 180 días de debate parlamentario.

En ley Bases se aceptaron los cambios aportados por la Cámara alta, por lo que no están contempladas las posibles privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y RTA.

A cambio, el oficialismo ganó una importante flexibilización laboral, algunas facultades delegadas para reconfigurar el Estado –a gusto del Ejecutivo– y el Régimen de Inversiones (RIGI), a fin de cuentas, el capítulo que más le interesa.

“Esta ley le permitirá destruir al Estado”, advirtió ya en el discurso final el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, luego de hacer referencia a las diferencias entre el megaproyecto que el Ejecutivo había ingresado originalmente y el que finalmente se terminó aprobando pero que, de todos modos, le permitirá al Gobierno hacer profundas transformaciones.

Qué pasó con el paquete fiscal

La ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero se votó un artículo sobre gastos tributarios, luego se aprobó la insistencia en la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen una remuneración mensual bruta de más de $1.800.000 y se siguió con la reforma del impuesto a los Bienes Personales que incluye una rebaja de alícuotas. Para el final quedó la aprobación del resto del paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva.

La sanción definitiva de estas dos iniciativas representa un hito y una bisagra en la gestión del líder libertario por el volumen de reformas que contiene cada una de ellas, y fundamentalmente por el mensaje político que irradia hacia los actores económicos que están escrutando el devenir del país. 

En un escenario de semejante inestabilidad económica, con el riesgo país disparado, las acciones y bonos argentinos en picada y el dólar paralelo en valores récord, la noticia de que el Gobierno logró amansar al sistema político mediante acuerdos parlamentarios que cristalizaron en leyes insignia; no es poca cosa para Milei y un Gobierno que navega en la oscuridad sobre aguas inciertas.

Un camino largo

La gesta del Gobierno había empezado con tropiezos, luego de que fracasara en su primer intento de aprobar una mega ley ómnibus presentada en diciembre con 600 artículos. Luego de pasar por muchos filtros, que fueron desmalezando la redacción sucesivamente en Diputados y en el Senado a instancias de la oposición dialoguista, el texto de la ley Bases avalado en ambas cámaras quedó reducido a la mitad.

Sin embargo, en la versión original no incluía la reforma de modernización laboral, que entre otros aspectos reduce o elimina multas por no registración y amplía el período de prueba que actualmente es de tres meses y lo lleva a un rango de entre seis y 12 meses dependiendo del tamaño de la empresa u organización.

Quedaron afuera del recorte la eliminación de la moratoria previsional, por lo que el régimen especial que permite regularizar deudas previsionales y otorgarles la jubilación a personas que no llegaron a los 30 años de aportes al SIPA seguirá vigente. 

Con estas dos leyes emblemáticas bajo el brazo, Milei encabezará el mentado “Pacto de Mayo” el próximo 9 de Julio en Tucumán, en ocasión del Día de la Independencia. 

Tras haber acusado de “nido de ratas” al Congreso y de defenestrar a la oposición dialoguista en reiteradas ocasiones con improperios de la misma naturaleza, la escenificación a toda pompa que Milei prepara para esa fecha será su forma de cerrar las heridas, pasar de página y coronar este proceso que costó seis meses de desgastantes negociaciones. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el artesano de esos acuerdos y fue espectador de lujo de la sesión desde el palco del recinto, donde se sentó junto a la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

Tampoco se perdió el “last dance” de la Ley Bases la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien arribó con séquito de custodios y asesores, y otros dos negociadores clave como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibárzabal. 

El debate en el recinto

Al abrir la discusión, el presidente de la comisión de Legislación General e miembro informante del oficialismo, Santiago Santurio (LLa-Buenos Aires), se quejó de que recién luego de seis meses se está aprobando la primera ley del gobierno de Javier Milei.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), afirmó que la ley Bases “viene a plantear un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro querido país”.

Sostuvo que “es imperioso” avanzar con la aprobación definitiva de la norma para “crear las condiciones de un país próspero” y “para salir del pozo en que nos hundió el kirchnerismo”.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Aldo Leiva calificó de “engendro” a la de Ley Bases y al Paquete Fiscal, y propuso renombrar el “Pacto de Mayo” al que convoca el presidente Milei como “Pacto de Cipayos”.

En tanto, la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato defendió la legalidad del tratamiento de la restitución del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales, dos capítulos que habían sido rechazados en el Senado, y cuestionó la estrategia de judicialización que prepara un sector de la oposición.

“Lo que no pudieron en las urnas y la casa de las leyes pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora”, advirtió.  

Desde la UCR, el diputado Lisandro Nieri destacó los aportes realizados por los senadores RIGI, ya que “son superadores”, pero se quejó de que se haya sacado de la lista de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión y Correo Oficial.

“Nos queda el sinsabor de haber restado empresas, habíamos quedado en 9 empresas sujetas a privatizaciones, y a nuestro entender esas nueve empresas era algo absolutamente razonable”, indicó. 

Por su parte, la diputada Florencia Carignano (UP-Santa Fe) dijo que la ley que se iba a aprobar es un “industricidio” ya que el RIGI es “la entrega de los recursos naturales a cambio de nada”. 

A su vez, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca, señaló: “Dijeron que iban contra la casta, pero utilizan los mismos métodos de la casta: la compra de votos y atacando a los trabajadores”. 

“El de hoy es un día histórico”, remarcó el libertario Santiago Santurio en su debate ante el plenario, en tanto que su par de Unión por la Patria, Cecilia Moreau consideró que “hoy es un mal día para los argentinos”. Por el andarivel del medio, el cordobés Osacar Agost Carreño, de Hacemos Córdoba Federal, celebró: “Lo que queda de este debate es que el oficialismo aprendió a negociar”

Más allá de que desde el oficialismo aclararon insistentemente que la de hoy no era una jornada para debatir sobre el contenido de fondo de los proyectos sino para justificar porque se aceptaban o no los cambios hechos por el Senado, finalmente esos análisis se colaron en el debate.

También, con más lógica, se consumieron muchos minutos en discursos que versaron sobre las interpretaciones reglamentarias por las cuales se intentaban poner de relieve las facultades de cada Cámara en esta controvertida instancia de sanción de las leyes.

La cuestión fue si se podía insistir con el texto de Diputados en los puntos rechazados por el Senado, como Bienes Personales o Ganancias. Obviamente, no se llegó a ningún acuerdo.

Los puntos de vista ya habían sido sopesados el martes en las reuniones de comisiones que dictaminaron sobre el tema y de las que surgieron, como concreta, la posibilidad de que se judicialicen algunos puntos de los proyectos.

Lo ratificaron en los discursos de este jueves diputados de Unión por la Patria y lo dio por asimilado la legisladora del PRO –y aliada de LLA– Silvia Lospennato, que con su experiencia en la Cámara termina resolviendo en cada sesión las cuestiones reglamentarias ante las vacilaciones de los novatos libertarios.

En su discurso también le advirtió al oficialismo “Esperamos que el esfuerzo que están haciendo los jubilados y la clase media, ayude a salir adelante; no podemos permitirnos tirar a la basura ese esfuerzo” y pidió: “que se reparta mejor el costo de este proceso”.

Ambos proyectos se tramitaron en un solo debate, es decir que los discursos de los diputados abarcaron todos los temas, aunque las cinco votaciones previstas para el final se hicieron por separado.

En la primera etapa de la sesión, las cuestiones de privilegio fueron las protagonistas: Desde Unión por la Patria y la izquierda cuestionaron la represión policial en las inmediaciones del Congreso de hace dos semanas, cuando el Senado debatía la Ley Bases.

“Fuimos severamente y arteramente reprimidos por una patota de la Prefectura Naval Argentina, comandada por Patricia Bullrich desde la sala de situación del Ministerio de Seguridad”, remarcó el chaqueño Juan Pedrini en su discurso.

También hubo repudios de la mayoría de las bancadas sobre el intento de Golpe al sistema constitucional en la República de Bolivia.

En una decisión que generó controversias, los diputados de Unión por la Patria, y algunos de otros espacios, pusieron en el frente de sus bancas fotos con la imagen del niño correntino Loan –desparecido hace 14 díás– y pidiéndole que se llame al número 134 si se conoce algún dato.

“Lo hacen por pura especulación política”, espetó el macrista Hernán Lombardi en un renovado capítulo de su cruzada ‘anti-K’. “No lo hacemos con mala leche, no estamos responsabilizando a nadie, solo pusimos la foto de Loan”, le respondió el presidente del bloque UP, Germán Martínez.

En el andar de la extensa sesión -a las 23 llevaba más de 10 horas- mientras la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Interior, Guillermo Francos y la vicepresidenta Victoria Villarrruel llegaron hasta la Cámara baja para seguir en directo los acontecimientos.

Mientras tanto, pasadas las 21, dentro del oficialismo se vivían momentos de nerviosismo al ir revelándose las posiciones de algunos diputados en contra de apoyar la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría.

Uno de los más vehementes fue el chubutense Jorge Ávila, de HCF y del sindicato de Petroleros: “Es muy difícil exponer después de este acuerdo de los gobernadores, también, como responsables de –la restitución– del Impuesto a las Ganancias”

“Este acuerdo va a romper una paz social que se construyó durante años, porque no podemos permitir que un petrolero sea obligado a pagar solo por el hecho de trabajar. Y se nos ha prometido un acuerdo, pero no está escrito, no está hablado, así que lo votaremos negativamente, reveló.

En defensa de la aplicación del Impuesto, el oficialista salteño Carlos Zapata, argumentó: “Es necesario reinstalar Ganancias porque es equitativo; el salario promedio en RIPTE es 800.000 y en el NOA 600.000; y el mínimo no imponible por esta ley se fija en un millón ochocientos mil. No es confiscatorio, y las provincias necesitan recuperar coparticipación”.

Más allá de estas cuestiones puntuales, la sesión trascendía sin mayores sobresaltos, con discursos más y menos interesantes, un poco poniendo de manifiesto el hartazgo de los diputados por tener que estar debatiendo nuevamente sobre estos temas, tras seis meses de idas y vueltas en su derrotero legislativo.

LF/MG

El gobierno de Javier Milei propuso una reforma impositiva que será lo más peleado del debate parlamentario en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, que arrancó a las 12.26 con 131 diputados sentados en sus bancas, dos más que los necesarios para que haya quórum.

La Cámara baja podrá aceptar los cambios que le realizó el Senado, como cámara revisora, al paquete fiscal y a la ley de Bases, o bien insistir en la redacción de la media sanción del 30 de abril. La Casa Rosada, y particularmente al Palacio de Hacienda, que conduce Luis Caputo, están especialmente interesados en el paquete fiscal porque la suerte que definan los diputados incidirá directamente en las arcas públicas, en un contexto en que plata no sobra y las variables macroeconómicas, así como los tipos de cambio “libres” y el riesgo país, están empeorando.

Además del proyecto de ley de Bases (privatizaciones, reforma laboral, facultades especiales para el Presidente, RIGI, etcétera), el dictamen del paquete fiscal tendrá en el recinto de la Cámara baja cuatro votaciones en total, empezando por el artículo 111, sobre gastos tributarios, que busca eliminar los regímenes especiales de provincias como Tierra del Fuego (aunque es casi imposible que se logre avanzar ya que este artículo fue rechazado en la Cámara alta con las dos terceras partes de los votos y Diputados debería insistir con la misma mayoría para restablecer la redacción original).

La segunda votación en particular será la del impuesto a las Ganancias y seguidamente se pondrá en votación Bienes Personales. La última votación será para el resto del articulado de la ley Fiscal en su conjunto.

Más allá de cuál sea el formato final que adopten las iniciativas de Bases y Fiscal, Javier Milei tendrá al cabo de la sesión su primer par de leyes aprobadas. Pero el contenido de ambas leyes —y especialmente del paquete fiscal— es algo a lo que se deberá prestar atención.

Ganancias

La restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, propuesta por el Gobierno, significa que volverán a pagar este impuesto los trabajadores asalariados cuyos ingresos mensuales sean de a partir de $1,8 millones en bruto en el caso de los solteros y de a partir de $2,2 millones en bruto para los casados con dos hijos.

Este es un punto clave en términos fiscales ya que, de concretarse, la recaudación se incrementaría en un 0,5% del PBI —y además es un impuesto coparticipable, por lo cual la mayoría de los gobernadores está especialmente interesada en que se apruebe, es decir que Diputados insista en su media sanción, ya que el Senado directamente rechazó esta parte del paquete fiscal—.

La base de apoyos que sustenta la expectativa oficial es similar a la conseguida en la media sanción de fines de abril, cuando se consiguieron 132 votos afirmativos.

Bienes Personales

A su vez, la disminución en las alícuotas de Bienes Personales y el aumento del piso tienen como objetivo principal incentivar el blanqueo de capitales aprobado en el Senado. En el proyecto original, el piso a partir del cual se debería pagar el impuesto a los Bienes Personales subía a $100 millones (desde los $27 millones) y se proponía una baja de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy llega al 1,75%).

También eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que hoy pagan una alícuota que llega al 2,25%, además de un programa de beneficios para pagos adelantados que aspiraba a sumar recaudación en el corto plazo. 

Nueva moratoria impositiva

El denominado Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social facilita el pago voluntario de deudas fiscales, aduaneras y de seguridad social, ofreciendo beneficios según el tipo de deuda y modalidad de adhesión. Los contribuyentes pueden acogerse al régimen para deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 2024.

Blanqueo de capitales

El Régimen de Regularización de Activos es un sistema que permite a los residentes fiscales en Argentina al 31 de diciembre de 2023 regularizar sus activos, incluyendo moneda, inmuebles, acciones, títulos, bienes muebles e intangibles, tanto en Argentina como en el exterior. El proceso se divide en tres etapas con diferentes plazos y alícuotas (5%, 10%, 15%) aplicables, y se establece un umbral de US$100.000, por debajo del cual no se aplica la alícuota. La adhesión implica presentar una declaración jurada con los bienes regularizados y pagar el impuesto especial correspondiente.

Cambios en el monotributo

El paquete fiscal establece modificación al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Introduce medidas para actualizar los importes máximos de facturación y otros parámetros del régimen simplificado, facilitando la reincorporación de pequeños contribuyentes excluidos desde enero de 2024.

Los nuevos montos de facturación van desde $6.450.000 para la categoría A hasta $68.000.000 para la categoría K, y los valores mensuales del impuesto integrado a ingresar varían desde $3.000 para la categoría A hasta $735.000 para la categoría K en prestaciones de servicios y $245.000 para la venta de cosas muebles. Además, se actualizan los parámetros de ingresos, superficie y consumo energético para cada categoría.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Obliga a los comerciantes a discriminar el IVA en las facturas a consumidores finales, a partir de enero de 2025. Se busca mejorar la claridad y transparencia en la aplicación del impuesto al valor agregado, facilitando al consumidor final la comprensión del componente impositivo de sus compras.

Otras Medidas Fiscales

Incluye disposiciones adicionales para la regulación de honorarios en deudas en discusión administrativa o judicial y mecanismos para solicitar el archivo de actuaciones judiciales una vez regularizada la deuda. También se establecen condiciones específicas para la apertura de cuentas especiales para la regularización de activos. Se busca ofrecer herramientas adicionales para la gestión y el pago de deudas fiscales, asegurando un marco normativo que facilite el cumplimiento y regularización de obligaciones por parte de los contribuyentes.

IV/JJD

El Gobierno se encamina a alzarse este jueves —en una sesión de la Cámara de Diputados que arrancó a las 12.16 con 131 diputados sentados en sus bancas, dos más que los necesarios para el quórum— con su ley fundacional tras seis meses de debate en los que el proyecto fue diezmado desde sus más de 600 artículos originales, aunque igualmente mantuvo algo de su espíritu disruptivo. 

También verá la luz el Paquete Fiscal, a pesar de que en los capítulos de Ganancias y Bienes Personales aún persisten ciertas dudas sobre las chances de La Libertad Avanza de rebatir las modificaciones hechas por el Senado. 

En una jornada que se promete extensa, la Cámara baja decidirá el destino final del proyecto de ley ómnibus, previo debate de algunas ‘cuestiones de privilegio que habitualmente utilizan los legisladores para poner el foco en otras cuestiones.

En este caso, promovido por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el tema será la represión policial, con gases lacrimógenos incluidos, contra diputados nacionales que se manifestaban contra la ley Bases hace 15 días durante su tratamiento en el Senado.

Agotado esa y otras cuestiones, la Cámara se abocaría al estudio de los dos proyectos recién pasadas las 16 o las 17, es decir cuatro o cinco horas después del mediodía, momento para el que fue convocada.

Dos horas antes, a las 10, en reunión de presidentes de bloque, se definirá la dinámica de la votación y el formato del debate.

De hecho ese aspecto fue clave porque el hecho de votar en paquetes o núcleos de capítulos le permitió al oficialismo la media sanción de Diputados en abril, tras el fracaso de enero-febrero cuando el hecho de abrir demasiado la votación terminó obligando al oficialismo a pedir el retorno del proyecto a comisión debido al masivo rechazo a varios artículos.

La paradoja de votar los proyectos en paquete, sin poder diseccionar, mostraría un escenario en el que diputados libertarios o del PRO, que auspician las privatizaciones de empresas públicas, terminarían avalando el texto del Senado que excluyó de esa posibilidad a Aerolíneas Argentinas.

Como contrapartida, los diputados de Unión por la Patria de provincias mineras, que colaborarían para que se apruebe el régimen de inversiones que beneficiaría a sus jurisdicciones, estarían votando en el mismo momento el artículo que habilita las sanciones a los trabajadores por bloqueos de fábricas-

En cuanto al clima en el Congreso en la previa de la sesión, en los principales despachos de las diferentes fuerzas circulaban borradores con ‘poroteos’ sobre los números con lo que se aprobarían o rechazarían los capítulos más polémicos.

 En Ganancias el oficialismo busca revertir las modificaciones realizadas por el Senado, que en su sanción eliminó el impuesto para la cuarta categoría. Lo hizo con los votos de Unión por la Patria y de los patagónicos de otros bloques movilizados por el fuerte impacto del tributo en sectores como el petrolero. 

Si Diputados logra insistir con su sanción se pasaría de los casi 200.000 trabajadores en relación de dependencia alcanzados hoy a casi 1.200.000, teniendo en cuenta que la iniciativa del gobierno contempla como mínimos imponibles 1,8 millones de pesos para solteros y 2,3 millones de pesos para casados.

Entre los diputados de La Libertad Avanza circulaba un borrador que garantizaba entre 129 y 134 votos a favor de insistir con el texto de Diputados: Los 37 propios; 36 por el PRO, entre 22 y 26 de la UCR, 12 de Hacemos Coalición Federal, 2 de Buenos Libre (Carolina Pìparo y otra diputada), 3 del MID (liderados por Oscar Zago), 3 del Bloque Independencia –del gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo–, 1 de Creo (Paula Omodeo), 7 de Innovación Federal (gobiernos de Misiones, Salta), 2 de Producción y Trabajo (Gobierno de San Juan) y 4 de los 6 de la Coalición Cívica.

Además, se podría sumar cuatro catamarqueños que responden al gobernador de Catamarca Raúl Jalil ya que el diputado Sebastián Noblega votó a favor de la restitución de ganancias cuando se trató en la Cámara de Diputados y los legisladores Fernanda Avila, Silvana Ginocchio, y Dante López Rodríguez.

En cambio, la oposición solo llegaría a unos 115 votos ya que rechazarán ganancias 95 legisladores de Unión por la Patria, 5 de la izquierda, entre 8 y 12 radicales, 4 de Hacemos Coalición Federal –socialista y la cordobesa Natalia de la Sota–, 2 santacruceños, y uno de Innovación Federal (Rio Negro).

LF/MG

“La gente lo que nos pide es que les demos soluciones. Está esperando que esta ley salga, hasta nosotros estamos hartos de esto”, lanzó la vicepresidenta del bloque radical de Diputados, Karina Banfi, poniendo en palabras en el plenario de comisiones que dictaminó sobre los proyectos de Ley Bases y Paquete Fiscal lo que muchos de sus colegas sienten y expresan –más en privado que en público– desde hace un tiempo a esta parte.

“Los gobernadores quieren que se termine este tema y que se comience a hablar de otros como obras, coparticipación o economías regionales”, sentenció otro diputado de otro bloque dialoguista para dejar expuesto el hastío por el andar legislativo del megaproyecto que hoy cumple seis meses en el Parlamento y que se convertiría en ley el próximo jueves, en la sesión convocada para el mediodía.

Con el desgaste por el extenso trámite del originalmente ambicioso y finalmente diezmado proyecto de ley, las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto Hacienda dictaminaron a favor de aceptar las modificaciones realizadas por el Senado al texto aprobado originalmente por Diputados.

Con un acuerdo previo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, obtuvieron 66 firmas (sobre 115) para avanzar en ese sentido. Unión por la Patria y la Izquierda no firmaron ningún texto por estar en desacuerdo con el proyecto en sí mismo.

En pos de alcanzar la aprobación del proyecto, LLA se resignó a que no se puedan privatizar Aerolíneas Argentinas, RTA y el Correo, además de ver naufragar la posibilidad de que se elimine la moratoria previsional.

Con los mismos acuerdos, la comisión de Presupuesto decidió insistir con los capítulos originales sobre Bienes Personales y Ganancias y aceptar el resto de las modificaciones hechas por el Senado al Paquete Fiscal. 27 de 49 diputados rubricaron el texto.

Con estos números, el acuerdo parlamentario permitiría que en la noche del jueves los proyectos finalmente sean ley, en una sesión en la que no estará exenta la referencia a los hechos de violencia y el accionar de la policía en las inmediaciones del Congreso durante la sanción del proyecto en el Senado. 

Durante las dos reuniones, Unión por la Patria y la Izquierda cuestionaron la forma en que se dispuso el tratamiento de los proyectos, sobre todo en lo referido a la votación en paquete de cuestiones que, de resolverse por separado, representarían un posible resultado adverso para el gobierno en los temas mencionados.

“Es una ley absolutamente viciada y arbitraria, con visos de inconstitucionalidad; que se va a terminar definiendo, en gran parte de su contenido, en Tribunales”, resumió Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, al advertir sobre una posible situación en la que derivarían algunos artículos del texto, y que fue realizada también por diputados de otras bancadas.

El santafesino también dijo que “la Argentina no necesita ser fundada ni refundada, necesita ser gobernada” y a continuación marcó algunas situaciones que consideró “irregulares”: “Fueron al recinto y abrieron el debate sin conocerse lo que querían a aprobar; recurrieron a presiones de todo tipo; en el Senado entregaron embajadas para votar en contra y hubo senadores sentados en la escalera –cercana al recinto– mientras se votaba un artículo”, enumeró.

Las respuestas a las voces opositoras no llegaron desde La Libertad Avanza, sino que surgieron desde sus aliados del PRO. Con más énfasis que los propios libertarios, y con la pasión que la caracteriza, la bonaerense Silvia Lospennato: “Frenar estas leyes es frenar a un gobierno democráticamente elegido. Y hoy hubo un gran acuerdo político y el ‘Club del Helicóptero’ está a punto de fracasar”.

Si bien esa frase iba dirigida a los legisladores peronistas, la diputada republicana se encontró con la inesperada respuesta del radical Fernando Carbajal, quien le aclaró: “

“No soy K, ni del ‘Club del Helicóptero’, pero lo que dice es una falta de respeto político, con una carga de agresividad injustificada. Pedir hoy sentido común es demasiado; lo planteo con vehemencia, pero con respeto”, apuntó el formoseño dejando expuestas, nuevamente, sus diferencias con la conducción de su bloque y los acuerdos parlamentarios que alcanza el líder Rodrigo De Loredo

En su discurso Lospennato también destacó el orgullo de haber conseguido “una mayoría inédita –para aprobar la ley– para un gobierno con 38 diputados (sobre 257 totales)”. El peronista Sergio Palazzo no la dejo pasar: “No es verdad que sean 3. Ustedes –por el PRO– forman un cogobierno con La Libertad Avanza y tienen más de 80 diputados” 

“A los ciudadanos, no se sorprendan si, en una última maniobra, intentan la judicialización de la ley”, advirtió la vicepresidenta tercera de la Cámara en el cierre de su discurso.

La reunión no estuvo exenta de la clásica severidad del presidente de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), para encausar el debate. Esta vez estuvo apuró para que cierre y estuvo a punto de córtale al micrófono a Nicolás Del Caño, cuando el diputado de la Izquierda llevaba cinco minutos hablando de la “represión policial en las inmediaciones del Congreso” y no se enfocaba en el proyecto legislativo.

Agotada nuevamente la etapa del tratamiento en comisión –como en la frustrada sanción de febrero y la de abril–, la Cámara encarará la sesión del jueves en la que el Gobierno de la Libertad Avanza se alzaría con su primera ley.

“Ojalá el Gobierno sepa aplicar bien esta ley, que después de seis meses es la que pidió y supo conseguir, porque no le va a alcanzar con eso. Sino que le va a alcanzar con interpretar mejor lo que le pasa al país, mejor lo que pasa a la economía y mejor lo que le pasa en el día a día a cada uno de los argentinos”, resumió Juan Manuel López en su discurso, al exponer lo que sostienen muchos de sus colegas.

“Ya tienen las herramientas. Ahora ya no pueden responsabilizar a ‘la casta’ y al Congreso. Hay que ver que hacen”, señaló a eldiario.ar un veterano diputado autopercibido dialoguista con visible gesto de alivio por la inminente definición parlamentaria del tema. 

LF/MG

Tras intensas negociaciones, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo en el Congreso incluida, el oficialismo de la Cámara de Diputados se encamina a dictaminar esta tarde sobre los proyectos de ley Bases y Pacto Fiscal devueltos con modificaciones por el Senado. La intención es darles la aprobación definitiva en el recinto el jueves, un día antes de que se cumplan los seis meses del ingreso de la autodenominada ley fundacional al Congreso.

Diezmado, recortado y acotado en su andar parlamentario como pretencioso, ambicioso y abarcativo en su redacción original, el texto elaborado por el asesor gubernamental sin rango Federico Sturzenegger, con el aporte de los estudios jurídicos de las principales empresas del país, será ley. De todas maneras, el mega-DNU 70/2023, vigente desde fin de año, ya le allanó el camino el camino al gobierno de Javier Milei, en su afán desregulador, en la transición hasta contar con la legislación.

Desde lo formal, a las 15 un nuevo plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales dictaminará sobre la ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos con las modificaciones realizadas por el Senado, según surgió de las reuniones que mantuvieron en la tarde del lunes diputados oficialistas (del eje La Libertad Avanza-PRO) con los dialoguistas de Hacemos Coalición Federal y funcionarios del Ejecutivo.

A regañadientes, el oficialismo aceptó que se mantenga el texto modificado por el Senado, con la consecuente exclusión de la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA (Radio y Televisión Argentina), y la continuidad de la moratoria previsional.

Los bloques dialoguistas advirtieron que “hacer lo que pretende el Gobierno significaría terminar con el tema judicializado”, no solo en esos temas, sino en todo el texto del proyecto, incluyendo el Régimen de Inversiones (RIGI), a esta altura el punto que más le interesa al Ejecutivo.

El pedido del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, era que Diputados insistiera con la versión original sobre la ley Bases; pero como las tres empresas a privatizar y la suspensión de la moratoria previsional fueron retiradas del texto por senadores oficialistas antes de su sanción, desde el espacio liderado por Miguel Pichetto advirtieron que la Cámara baja no puede volver a incluir algo que no fue tratado por el Senado.

Una de cal y una de arena para el gobierno

El segundo asunto de importancia para la Casa Rosada, y para nada menor, es el paquete fiscal. Desde las 18, la comisión de Presupuesto en soledad, sin plenario, continuará trabajando para buscar darle dictamen; en este caso, con la casi segura aceptación por parte de los bloques dialoguistas para que se mantenga lo votado en abril por Diputados en relación con los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Salvo un par de puntos en los cuales la Cámara alta votó con la mayoría especial de los dos tercios de los presentes, en Diputados el oficialismo buscará insistir con la sanción original contabilizando los votos que tuvo en la sanción original. A ellos se sumaría el respaldo de algunos que responden a gobernaciones del norte del país, que ven con apetito los dividendos que le pueden dar a sus arcas la mayor recaudación por Ganancias aprobada originalmente.

Reunión entre diputados y gobernadores para ajustar criterios y definiciones

Para terminar de definir el tema, el bloque HCF, la UCR e Innovación Federal, que a la postre serán los árbitros de la contienda legislativa, recibirán al mediodía a los gobernadores de provincias que cuentan con representantes en sus espacios: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Sáenz, de Salta; y Hugo Passalacqua, de Misiones, darían el presente.

Entre esa reunión y la del plenario de comisiones, las autoridades de los bloques dialoguistas se volverán a reunir con los líderes legislativos de La Libertad Avanza y con los enviados del Poder Ejecutivo para buscar llegar con un dictamen de consenso que facilite el tratamiento en el recinto.

En medio de las intensas negociaciones, algunos diputados de los denominados bloques dialoguistas, e incluso un par del PRO, manifestaron hoy el malestar por los renovados dichos del presidente en contra de los legisladores.

Desde la República Checa, el presidente de la Nación volvió a apuntar contra los “diputados 'degenerados fiscales'” que votaron una modificación de la movilidad jubilatoria: “El intento desestabilizador golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición hizo que el precio de los bonos caiga”, sostuvo Milei.

Para el Presidente, “el dólar no saltó por un problema de índole monetaria o por un problema del mercado de cambios sino que el dólar saltó porque se contaminó el precio de los bonos con el accionar de estos diputados irresponsables”.

Desde los bloques que buscan incansablemente “darle esta herramienta al Ejecutivo en pos de la gobernabilidad” no ocultaron sus preocupaciones por el nuevo señalamiento y advirtieron que “una vez sancionada la ley Bases se abrirá una nueva etapa”, donde, prometen, “no se dejarán pasar tantos agravios”.

LF/JJD

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará entre este martes y el miércoles avanzar en un acuerdo con los bloques dialoguistas para conformar una mayoría que le permita restituir las reformas a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales que el Senado rechazó en el proyecto de ley del paquete fiscal, que tiene un fuerte impacto en las arcas del Estado nacional y de las provincias.

El Gobierno aspira a convertir en ley el próximo jueves 27 o, en su defecto, en la primera semana de julio los proyectos de ley de Bases y de Medidas Fiscales y Paliativas (así se llama el paquete fiscal), que se convertirán así en las primeras iniciativas aprobadas por el Poder Ejecutivo en los primeros seis meses de gobierno de Javier Milei.

Este martes también el Senado tiene que enviar los proyectos aprobados a la Cámara de Diputados, que deberán ser tratados en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales para determinar si avalan o rechazan los cambios introducidos por los senadores.

El Senado introdujo modificaciones en los textos de las dos iniciativas en lo relativo al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), a las privatizaciones, al monotributo y al blanqueo de capitales, pero las más importantes son el rechazo de los cambios en los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales debido al impacto que tendrán en el Estado nacional y las provincias.

El gobierno de Milei quiere restituir Ganancias para los trabajadores de altos ingresos y bajar Bienes Personales para los ricos. El oficialismo en la Cámara de Diputados podrá revertir con mayoría simple la anulación de los artículos sobre Ganancias y Bienes Personales, pero no podrá modificar los cambios introducidos en el blanqueo de capitales ya que estos fueron aprobados por unanimidad, dejando así firmes esas reformas.

Pero con Ganancias y Bienes Personales hay una dificultad extra, de índole constitucional. Más que una dificultad es una discusión sobre si es constitucional que Diputados insista sobre dos asuntos que el Senado directamente ha rechazado.

Algunos juristas, como Andrés Gil Domínguez, sostienen que el sistema es bicameral y que si Diputados insiste quedarían convertidos en ley dos temas aprobados sólo por una Cámara.

En cambio, otros especialistas, como Graciela Camaño, quien fue diputada nacional 28 años, señalan que la Cámara baja sí puede insistir en su propia redacción, sin perjuicio de que el Senado haya directamente rechazado algunas partes de los textos en revisión, y más tratándose de impuestos: no es casual, señaló Camaño al respecto —en diálogo con elDiarioAR, en esta nota— que la cámara que inicia los debates sobre impuestos sea Diputados.

El foco principal de las conversaciones que se llevarán a cabo entre este martes y el miércoles será alcanzar un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para obtener una mayoría superior a 129 votos, que es la mitad más uno de los integrantes del cuerpo y opera también como un número incuestionable desde lo político, para insistir en la sanción de los textos que la Cámara baja aprobó en la sesión del 29 y 30 de abril pasados.

En esa sesión, Diputados aprobó las reformas en el Impuesto a las Ganancias con 132 votos y, en el caso de Bienes Personales, con 142 votos. Es decir, tres votos más que los previstos, en el primer caso, y 13 más, en el segundo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron el jueves pasado con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo de Loredo; del PRO, Cristian Ritondo; de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; de Hacemos, Miguel Ángel Pichetto, y de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo: “Creo que se han hecho cambios muy interesantes en el Régimen de Promociones (RIGI), privatizaciones, monotributo y el blanqueo de capitales, que mejoran las propuestas originales de la Cámara de Diputados, pero sí insistiría con Ganancias y Bienes Personales, por el tema del blanqueo, y con privatizaciones”. El Senado eliminó de la lista de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, y Radio y Televisión Argentina, que es Radio Nacional y la Televisión Pública.

El Gobierno y la mayoría de los gobernadores, excepto los del kirchnerismo, desean reintegrar el impuesto a las Ganancias para que los empleados que ganan un sueldo bruto de $1.800.000, si son solteros, y de $2.400.000, si son casados, paguen este tributo.

El oficialismo también desea insistir con la restitución del título sobre Bienes Personales, que aumenta el mínimo no imponible y reduce las tasas como un incentivo para el blanqueo de capitales, precisamente a lo que aludió Menem.

En cambio, se mantendrían los cambios en el blanqueo de capitales, que permiten la entrada al sistema de bienes no declarados sin pagar impuestos hasta US$100,000; después de esa cifra y al momento de adherirse a este régimen, se aplicarán alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%.

JJD, con información de NA

“El mundo empresarial presiona por una infinidad de cosas”, reconocía un legislador de La Libertad Avanza 10 horas antes de la que la ley de Bases para la libertad y el paquete fiscal se aprobaran este miércoles un poco deshilachados y por el voto pírrico de Victoria Villarruel en el Senado. “Es todo para las empresas”, reconocía el interlocutor, mientras pensaba en las privatizaciones, el ajuste fiscal —incluida la reforma del Estado, la restauración del impuesto a las Ganancias para los empleados que más ganan, el aumento del monotributo para los que menos cobran y el fin de la moratoria previsional, todo para después cumplir la promesa de reducir los impuestos PAIS y al cheque y las retenciones, nada del IVA, que atañe al consumo—, el blanqueo impositivo y laboral, la moratoria tributaria, el alivio de Bienes Personales, la flexibilización del trabajo, la priorización de la exportación energética por sobre el abastecimiento interno y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Pero está difícil de convencer a los senadores opositores: primero se desconectan, hay que llamarlos, no atienden, se creen que su voto es el que más vale, pero si convencés a otros, puede que no valgan tanto. [El jefe de Gabinete, Guillermo] Francos es el que puede ofrecerles cosas”, reconocía el legislador en el fragor de una negociación que llegó a buen puerto para Javier Milei.

El Presidente consiguió que el Senado le aprobara sus primeros dos proyectos (ahora Diputados debe convertirlos definitivamente en leyes, o superleyes), aunque en el medio haya tenido que ceder en algunas ventas de compañías estatales, la reforma jubilatoria, la reactivación de obras públicas muy avanzadas y los condicionamientos del RIGI. También se tragó el sopapo de que no le votasen los cambios de los gravámenes a los trabajadores de altos ingresos y a los ricos.

Ya este jueves por la noche se reunieron diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para analizar si ratifican lo que ellos habían votado o aceptan las modificaciones del Senado. Se trata de un proceso que primero irá a comisión y después al recinto y que se cocinará entre fines de junio y principios de julio. Una de las espadas del bloque del PRO, Diego Santilli. aboga por aceptar los cambios de la ley Bases, pero rechazar los del paquete fiscal porque considera esenciales la reimposición de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales: “Es la solución para encolumnar a todos”. Pero entre los radicales hay quienes adhieren a esta posición, como Martín Tetaz, y otros que no. “Lo que más impactó de la votación del Senado es el rechazo a Ganancias”, admite uno de los consejeros económicos del presidente, el consultor Fausto Spotorno. “Hay que ver si Diputados lo sostiene porque implicaba recaudación adicional de casi 0,4% del PBI para la Nación y las provincias”, agrega.

Pero los senadores patagónicos, incluidos los del PRO, lo voltearon para defender a los trabajadores petroleros. Además, se votó a favor de mantener el monotributo social, que pagan los que menos tienen. “En Ganancias jugó mal [Ignacio] Torres”, apunta un diputado del PRO, que prefiere guardar el anonimato, contra el gobernador chubutense de su partido.

Claro que para un presidente que se enorgullece de haberse “sobregirado” en un ajuste de 7% del PBI sobre jubilados, obra pública y servicios esenciales, un 0,4% se puede compensar con otros recortes... Pero a este legislador del partido de Mauricio Macri también lo inquietan los pobres millonarios que tributan Bienes Personales: “Al cabo de pocos años, los tipos pierden un 27% de su patrimonio en el exterior con la alícuota actual del 2,25%”. En realidad no son tan pocos años: sólo en el irrisorio caso de que alguien mantuviera su patrimonio sin ningún rendimiento, pese a que los bonos de Estados Unidos ofrecen 4,26% anual, deberían pasar 14 años para que su activo se reduzca 27%. Pero el diputado insiste: “Es una locura que no pasa en ningún lugar del mundo. Así se nos van los Mercado Libre, los Globant”. No se refiere a las empresas sino a sus dueños, que se fueron a vivir a Uruguay para dejar de tributar por su riqueza en el exterior. Son Marcos Galperin, Martín Migoya, Guibert Englebienne y Martín Umaran.

Es verdad que pocos países desarrollados mantienen tributos como Bienes Personales, pero gravan tanto el patrimonio como la Argentina, con impuestos como el de la herencia o con mayores cargas del tributo inmobiliario y la patente. Con todo, el legislador amarillo celebra la aprobación de las primeras leyes de Milei: “Es bueno porque es un mensaje para los inversores del exterior. No te va a recuperar la economía en lo inmediato, los salarios no se van a recuperar, 2024 está jugado. Pero en 2025 en alianza con los libertarios vamos a ganar las [elecciones] legislativas y los nuestros (en referencia a lo que fue Juntos por el Cambio) que no se unan nos van a venir a chupar la pija (sic)”.

Un consultor de empresas coincide sólo en parte con el análisis del diputado, en lo referido a que el repunte económico quedará para otro año. “En lo inmediato, puede haber un veranito con los bonos, las acciones, el dólar, pero no es suficiente para motorizar la inversión real. Pensá que las leyes aprobadas no son tan ambiciosas como lo que se habían presentado en diciembre. Lo importante es que el Presidente no perdió la votación porque si no, hoy estaríamos en otro país”, advierte sobre la eventual debacle de los mercados que hubiese provocado una derrota legislativa.

Más allá del contenido de las leyes, un rechazo hubiese puesto en entredicho la gobernabilidad. “Al final, la ley Bases y el paquete fiscal salió a los codazos, no tienen un impacto directo sobre la vida de la gente y de las empresas, que dependerán de otros decretos que salgan por las facultades extraordinarias. Pero las empresas hoy están pensando si despiden personal o si no les conviene hacerlo por si hay repunte a fin de año, mientras que los empleados les piden adelantos de sueldo para sobrevivir”.

Un poderoso empresario de la Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que “hay mucha preocupación porque no se sabe cuándo se toca el piso” de la depresión económica. “No hay plata. El gobierno anterior volcaba plata con el gasto público y ahora eso ya no va más. El déficit cero es el nuevo Evangelio. El salario no se va a recuperar porque no podemos aumentar si nos caen las ventas y tenemos que bajar los precios. La agenda del Gobierno ahora es bajar la inflación y recién en 2025 será la inversión y el empleo, con proyectos de YPF y las mineras”.

El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, siempre repetía que necesitaba el RIGI para exportar gas natural licuado (GNL) con la malaya Petronas. Este miércoles, en una jornada del portal Econojournal, lo mismo dijeron los representantes de otras firmas locales: Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy (PAE), gestionada por los Bulgheroni aunque controlada por la británica BP; y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

Igualmente, en el sector energético hay dudas por la postergación del aumento de tarifas de distribución y transporte, que había prometido el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, pero que suspendió Caputo para bajar la inflación al 4,2% en mayo, el menor nivel en dos años, y mantenerla a raya en junio.

El citado dirigente de la UIA duda de que sea positivo para la industria que en el RIGI se haya incluido a último momento que los grandes inversores mineros, petroleros, tecnológicos, agroforestales y de infraestructura deban proveerse al menos en parte (20%) en la Argentina: “Tenemos que ver de qué es ese 20%, no puede ser sólo de obra civil, por ejemplo, galpones. Igualmente, la ley Bases es buena porque el Gobierno necesitaba mostrar gobernabilidad, que tenía capacidad de negociar y seducir a la oposición. No podía gobernar cuatro años por decreto”.

Un ejecutivo de uno de los grupos económicos más cercanos a Milei considera que las leyes aprobadas apuntan a uno de los tres ejes que, según él, requiere la economía argentina: el ordenamiento macroeconómico. Los otros dos son la baja de la inflación y la salida del cepo cambiario.

El índice de precios al consumidor (IPC) viene cayendo entre el “mayor ajuste fiscal de la historia humana”, en palabras del jefe de Estado, una recesión que devino depresión y las marchas atrás en la desregulación de las prepagas y del sendero de aumentos de tarifas. Para eliminar el cepo falta tiempo, sobre todo porque no quieren devaluar, pero ayuda la renovación del swap con China —“la dictadura comunista”, según Milei, que antes se preocupaba por su base espacial en Neuquén— mientras Caputo insistirá en rogarle un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ejecutivo citado advierte, igualmente, que la ley Bases y el paquete fiscal son condiciones necesarias pero insuficientes para el despegue económico. ¿De qué depende este último? “De seguir trabajando en los tres ejes”, responde. Como es de costumbre en estos reclamos empresariales, el arco se va corriendo cada vez que nos acercamos a él.

Entre los economistas de la City que más aciertan en sus pronósticos en los relevamientos del Banco Central y la consultora FocusEconomics, María Castiglione, de C&T Asesores Económicos, califica la aprobación de las leyes como “positiva” porque eran esperadas por los “inversores que miran la Argentina” para demostrar que, más allá de la victoria electoral de Milei, el apoyo popular en las encuestas y su ajuste sostenido, también logra consensos políticos sobre algunas reformas y recortes.

Sin embargo, a Castiglioni le preocupa que estén en duda los cambios de Ganancias y Bienes Personales porque no sólo le proveían al Gobierno de ingresos adicionales sino porque lo primero le permitiría cumplir su promesa de bajar la alícuota del PAÍS del 17% al 7% y lo segundo es la zanahoria para el blanqueo. Uno de los principales banqueros del país admite que la amnistía impositiva puede llegar a recaudar US$20.000 millones, no los US$117.000 millones que reunió Macri en 2016/2017. También descarta que el incipiente repunte del crédito motorice la reactivación sino que “puede ayudar si hay recuperación”.

Más optimista, Castiglione evalúa que, aunque no se puedan privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo y la Radio y Televisión Pública, el Gobierno podrá meterles motosierra para en un futuro intentar otra vez venderlas. Y se ilusiona con que el proyectado Pacto de Mayo, ese que busca podar el gasto público del 40% al 25% del PBI, de un nivel de país desarrollado a otro de naciones pobres salvo Irlanda, pueda materializarse en Pacto de Julio.

Otro colega suyo, Orlando Ferreres, en cuya consultora trabaja el asesor oficial Spotorno, coincide en que “desde el punto de vista político” la votación del Senado “es una buena noticia para el Gobierno, que tendrá una amplia variedad de leyes aprobadas, aunque para la macroeconomía de corto plazo hay riesgo de perder algunos puntos de ingresos fiscales claves”. “En líneas generales, se espera una compresión del riesgo país y repunte de los activos, aunque esto puede verse moderado por la limitación del paquete fiscal”, advierte Ferreres, exviceministro de Economía de Carlos Menem, el “mejor presidente desde el retorno de la democracia”, según Milei.

“Es un paso importante, aun cuando no sea la propuesta original del Gobierno o lo que salió de Diputados”, se suma Juan Miguel Massot, investigador de la Universidad del Salvador, a los optimistas. “Es importante por algunas cuestiones económicas, como monotributo —esta reforma evita que las categorías más altas salten al oneroso régimen autónomo—, el RIGI y las facultades extraordinarias, y desde lo político, porque era una señal muy esperada por los inversores, trayendo también un poco de tranquilidad al ciudadano de a pie al afianzar cierto nivel de confianza con su impacto en el dólar, la inflación, la actividad económica”, completa Massot. El consultor Hernán Hirsch, en cambio, rescata que “el mayor impacto es político” porque, de haber sido rechazadas las leyes, hubiera escalado el conflicto entre Milei y la oposición y porque ocurre en simultáneo con la renovación del swap chino, que evitó una fuerte caída de las reservas del Banco Central. Es decir, la casta política y los rojos de Beijjing le salvaron los papeles al autopercibido “primer presidente liberal libertario de la historia humana”. “Los opositores nos dicen: ya les dimos lo que querían, ahora nos toca a nosotros gobernar”, admite el legislador de La Libertad Avanza citado al inicio.

AR/JJD

La aprobación de la ley bases trajo euforia política en el oficialismo y fuerte optimismo en los mercados. Sin embargo, algunos capítulos del paquete fiscal le impidieron al Gobierno asegurarse una victoria total. La no restitución de ganancias y no modificar Bienes Personales estarán en el centro del debate cuando el proyecto vuelva a Diputados.

A la espera de una posible modificación en la Cámara de Diputados, el capítulo fiscal de la Ley Bases –aprobada el miércoles por la noche por el Senado–, presupone un triunfo en particular más moderado para el oficialismo, en comparación con la aprobación del proyecto en general. La no aprobación de la restitución del impuesto a las ganancias –algo esperado– para la cuarta categoría, si bien no destiñe la victoria política, sí disminuye la recaudación potencial futura necesaria para seguir sosteniendo el equilibrio fiscal.

Por su parte, la no elevación del piso para el pago de Bienes Personales y el mantenimiento de la alícuota –2,25%– para los bienes declarados en el exterior sí generaron sorpresa en el oficialismo. Este es un punto controversial ya que si bien, Bienes Personales es un impuesto progresivo, el Gobierno argumenta que, una reducción en este tributo, incentivará el blanqueo de activos externos e internos no declarados. 

Por otro lado, el hecho de que la ley se haya aprobado recién a mitad de año –cuando el objetivo inicial era aprobarla en enero– le supone una pérdida tal de recursos fiscales al Gobierno por el lado de los ingresos que lo obliga a ser mucho más agresivo fiscalmente que en su plan original. 

Nadin Argañaraz, economista del IARAF argumentó que “el análisis de impacto fiscal del Paquete fiscal aprobado en el Senado debe hacerse integralmente y comparando la situación con aprobación versus la situación sin aprobación. Con la aprobación, el obierno obtiene la posibilidad de la moratoria y de la regularización de activos, lo que seguramente va a generar, entre otros objetivos, un ingreso fiscal neto, tanto para la Nación como para las provincias. Con la sanción de anoche, el Gobierno nacional y las provincias resignarían la posibilidad de tener un aumento anual de ingresos del orden de 0,4% del PBI, un 0,24% para provincias y CABA y un 0,16% para Nación”.

“Desde el punto de vista de los ingresos fiscales potenciales, lo ideal para Nación y Provincias era que el paquete fiscal se apruebe completo. La realidad es que tuvo una aprobación parcial, con menores ingresos potenciales. Dado que en mayo la recaudación de ganancias, debido al aumento de ingresos de capital originados en la devaluación del peso de diciembre, tuvo un salto extraordinario del orden del 0,4% del PBI, el impacto de esta sanción del Senado llega en una situación muy distinta a la que se tendría sin esta recaudación extra. Se podría decir que la Nación y las provincias resignan por ahora, un ingreso anual extra de 0,4% del PBI, prácticamente igual al ingreso extra que tuvo este año mayo por la liquidación de ganancias de balances de empresas que cerraron el 31 de diciembre”, concluyó el especialista.

Roberto Arias, director ejecutivo del Centro de Asuntos Fiscales, ponderó el resultado fiscal alcanzado hasta ahora por el oficialismo y dijo que “el Gobierno del lado fiscal está bastante cómodo ya que durante el primer cuatrimestre tuvo un resultado muy positivo y, durante mayo, tuvieron una recaudación por encima de la inflación, lo cual seguirá impactando de manera positiva en el resultado fiscal. Sosteniendo este nivel de ajuste en jubilaciones, salarios públicos, obra pública y subsidios, creo que van a estar muy bien en lo que resta del año, en términos fiscales. Por estos motivos no me parece que sea un tema grave que no se apruebe lo de ganancias ni lo de bienes personales, de hecho, el ministro Caputo había dicho que si se aprobaban estas modificaciones iban a bajar el impuesto país, que es un impuesto muy distorsivo y que, al igual que derechos de exportaciones, deberían ser los dos primeros a bajar”.

Para finalizar agregó que “un punto específico es lo de bienes personales ya que eso afectaría al blanqueo porque nadie va a traer dinero para pagar las alícuotas vigentes. Igualmente, imagino, que diputados va a insistir con estas modificaciones, con lo cual deberían quedar vigentes. Me sorprende que, tanto ganancias como bienes personales no se hayan aprobado porque es algo que beneficia mucho a las provincias porque son impuestos coparticipables”.

Ganancias y Bienes Personales: Dos impuestos progresivos.

Ambos impuestos tienen la característica –en su espíritu– de gravar a las personas de mayores recursos e ir aumentando las alícuotas a medida que los ingresos –en el caso del impuesto a las ganancias– y los activos patrimoniales -en el caso de los bienes personales- van incrementándose. Esta cualidad hace que dichos impuestos estén catalogados como progresivos ya que paga más el que más tiene. 

La iniciativa aprobada por Diputados -que no fue aprobada en el Senado- respecto a la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría establecía un piso de $1.800.000 a partir del cual, el porcentaje de pago mínimo alcanzaba el 5%. En el caso de los casados con dos hijos, el impuesto comenzaría a correr a partir de los $2.400.000. 

En un momento de crisis socioeconómica tan fuerte, además del impacto en términos fiscales de la restitución del impuesto a las ganancias, se encuentra el impacto distributivo. Si bien, un piso de $1.800.000 no parece ser un alto ingreso en términos históricos y/o comparativos con otros países de ingreso similar al de Argentina, hoy sí está por encima de la gran mayoría de los ingresos de la población en general. Si el equilibrio fiscal es la regla, es importante diseñar esquemas que permitan llegar a dicho equilibrio minimizando, lo máximo posible, el sufrimiento de la población en general y, de los que menos tienen en particular.

IC/MG

El senador entrerriano Edgardo Kueider fue duramente cuestionado por su voto a favor de la ley de Bases, tanto por la cúpula del Partido Justicialista provincial como por figuras del peronismo. También recibió críticas de organismos de derechos humanos y de la asamblea de mujeres y disidencias. Su voto fue visto como “una traición a las bases del partido” y se sospecha que negoció a cambio de controlar la designación de delegados de la empresa hidroeléctrica Salto Grande, algo publicado en el Boletín Oficial tras la sesión de la Cámara alta. En cambio, referentes del PRO respaldaron su decisión de acompañar el proyecto de la Casa Rosada.

Las críticas aumentaron al conocerse el resultado de la votación y la publicación del decreto que permite a Entre Ríos designar los tres integrantes de la Delegación Argentina de Salto Grande. José Cáceres, presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, expresó su descontento y calificó la acción de Kueider como dañina para el partido y la política. Cáceres recordó que en 2019, cuando Kueider fue elegido senador, nunca imaginaron esta situación.

El Partido Justicialista provincial, incluyendo a la diputada Carolina Gaillard y el diputado Tomás Ledesma, había advertido previamente sobre la posible desafiliación de Kueider. Tras su voto afirmativo, el partido emitió un comunicado señalando que sus decisiones son motivadas por oportunismo político y no por intereses partidarios ni ideológicos. Criticaron la justificación de Kueider sobre beneficios para la provincia como falta de solidaridad con el país y sugirieron una posible alianza con el gobernador Rogelio Frigerio. “Una decisión más cercana a la complicidad del gobernador Frigerio, que salió a buscar los votos para la aprobación, que a los verdaderos intereses de las y los entrerriano”, dice el duro comunicado partidario.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, del PRO, respaldó a Kueider, mientras que la diputada nacional Blanca Osuna lo acusó de cómplice de varias políticas dañinas del gobierno. Héctor Maya, exlegislador nacional, consideró que Kueider cometió un error estratégico al votar en contra de los sectores populares que lo apoyaron.

Kueider se defendió en X

El senador mismo recurrió hoy a la red social X para justificarse. “Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo”, señaló. “Ninguno de los temas que componían las consignas de un sector que desde hace años alimenta la lógica de amigo-enemigo fueron incluidos en el texto. Y los que quedaron, los voté en contra”.

“Voté en contra del RIGI, de ganancias y bienes personales. Evitamos el cierre de los organismos de ciencia, tecnología y la cultura, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos. Eliminamos el capítulo previsional, y modificamos muchos otros artículos que consideré nocivos”, añadió, a lo que cientos de usuarios respondieron con insultos.

Una caja con historia

La administración del complejo hidroeléctrico Salto Grande, que genera alrededor de US$10.000 millones mensuales, ha sido ambicionada por muchas gestiones. La represa, que produce 8.639 GWh anuales, está entre los primeros 10 grupos económicos de generación eléctrica del país. Los sueldos administrativos, que oscilan entre $4 y $6 millones de pesos, han sido motivo de controversia, con algunos reportes indicando salarios de hasta US$10.000 mensuales.

Esto sin considerar que quienes ocupan estos lugares, tienen otros montos en función de gastos de representación y viáticos. Un pedido de acceso a la información pública, solicitado por el periodista Sebastián Lacunza, confirma que en junio de 2018, el sueldo de quien era presidente de la delegación en ese momento, Roberto Niez, eran unos $305.000 pesos, lo que a la tasa de cambio de ese año representaban unos US$16.000.

La hidroeléctrica enfrenta una etapa de recambio de infraestructura que requiere una inversión de más de US$300 millones y podría durar 30 años, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Especialistas sugieren mantener la potencia de la represa y ajustar las tarifas.

Derechos humanos, mujeres y disidencias

Organizaciones de derechos humanos y la Asamblea de Mujeres y Disidencias también repudiaron a Kueider. Le recordaron su deber de defender derechos y no quitarlos, criticando cualquier negociación con el gobierno de Javier Milei. La Asamblea de Mujeres y Disidencias expresó que apoyar la ley de Bases desmantela estructuras estatales de apoyo y asistencia a mujeres en situación de violencia, coincidiendo con un aumento de femicidios en lo que va del año.

“Señor senador, usted se postuló para defender derechos, no para quitarlos”, escribieron desde la Asamblea Permanente, donde indicaron que “negociar gobernabilidad con un gobierno que en estos seis meses ha demostrado que sus políticas se basan en la entrega de la soberanía del país y los atropellos a derechos del pueblo es contradecir los principios básicos de la plataforma electoral del partido” que lo puso en este lugar“.

SM/JJD

—Algún día usted y yo deberíamos hablar.

—Sí, y será más sencillo de lo que cree.

—Nada es sencillo. Soy maestra de ballet y nada es sencillo.

El diálogo es entre Katerina Bilova (Geraldine Chaplin) y Marco Zuluaga (Darío Grandinetti) en el final de la película Hable con ella, de Pedro Almodóvar. Así, como en el ballet, en el Congreso argentino tampoco nada es sencillo. Y una prueba de ello será la discusión sobre cómo seguirá el trámite en la Cámara de Diputados del paquete fiscal revisado esta semana en el Senado.

La Constitución, en su artículo 81, dice textualmente que “si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora (el Senado), deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes”.

La mayoría de las votaciones del Senado sobre ambas iniciativas fueron por mayoría simple (o bien mayoría absoluta de los presentes en la sesión). Es decir que con esa misma mayoría Diputados podría aceptar las modificaciones o insistir en la redacción original (la media sanción).

Dice el mismo artículo constitucional que “la Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”. Esto significa que Diputados sólo podrá aceptar los cambios o insistir en el texto aprobado inicialmente. “No puede incorporar una tercera variante o cambios de los cambios. Es votación binaria: se vota por la 'versión iniciadora' o por la 'versión revisora' del proyecto”, aclara el abogado Gustavo Arballo, en este hilo de Twitter (X).

El problema es que la Constitución nada dice sobre los artículos o capítulos que hayan sido rechazados por el Senado, como es el caso de la restitución del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de mayores ingresos ni la baja en el impuesto a los Bienes Personales para los ricos, que forman parte de un proyecto: el paquete fiscal. Este proyecto fue aprobado pero esas dos propuestas tributarias que lo integran fueron rechazadas por mayoría simple.

“Nadie sabe qué pasa con los cambios que no se aprueban con ninguna mayoría (por ejemplo, porque se rechazaron o porque quedaron afuera del dictamen y ni siquiera llegaron al recinto). Va a ser todo un tema en Diputados”, advirtió el abogado Sebastián Guidi, habitual columnista de elDiarioAR, también en Twitter.

Diputados aliados del oficialismo sostienen que los rechazos “se leen como modificaciones al proyecto” porque “no hay cosa tal como rechazar un artículo” y que, por lo tanto, al momento de aceptar cambios o insistir en la redacción original “corre la misma lógica que a cualquier modificación”.

Sin embargo, otros razonan que “si Diputados pudiera insistir con la redacción original y sancionar definitivamente la restitución Ganancias, tendríamos un impuesto que fue aprobado por una sola cámara”.

En el radicalismo un diputado señaló que tanto el paquete fiscal —que incluye Ganancias y Bienes Personales— como el proyecto de ley de Bases “fueron aprobados en general” en el Senado y que “los rechazos en particular son modificaciones” sobre las cuales la Cámara de Diputados “puede insistir, salvo aquellos artículos que fueron aprobados o rechazados por dos tercios (los últimos del paquete fiscal)”. “El resto (inclusive los retirados del dictamen, que hace el miembro informante del despacho de mayoría) se insisten por mayoría absoluta de los presentes”, sostuvo.

Sin embargo, Fernando Carbajal, otro diputado de bloque UCR pero del sector de Facundo Manes, opositor al gobierno de Javier Milei, sostuvo en Twitter que “la Cámara de Diputados no puede insistir con moratoria previsional, Ganancias ni Bienes Personales”, porque a su criterio “lo que el Senado rechazó quedó afuera” y que “el sistema es bicameral”. “La insistencia sólo opera cuando hay una aprobación con cambios, no cuando el Senado rechaza en forma expresa”, dijo el diputado del radicalismo opositor.

Más largo se explayó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien señaló, también en Twitter, que ambos proyectos de ley fueron “en parte con adiciones o correcciones y en parte rechazados (como sucedió con la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y todo el capítulo que elevaba el piso del impuesto a los Bienes Personales) por la Cámara de Senadores, que ejerció el rol de Cámara revisora”. “La aprobación con adiciones o correcciones fue concretada mediante la mayoría absoluta de los presentes. En la última etapa del trámite legislativo, la Cámara de Diputados puede aceptar el proyecto de ley tal como fue sancionado por la Cámara de Senadores o bien insistir con la mayoría absoluta de los presentes con la redacción originaria respecto de la totalidad o de algunas de las adiciones o correcciones realizadas por la Cámara de Senadores. No puede volver a tratar los títulos (con sus respectivos artículos) que fueron rechazados por la Cámara de Senadores hasta el año que viene”, sostuvo.

Respecto de esto último que dice Gil Domínguez, el artículo 81 de la Constitución empieza diciendo que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. Esto significa, suponiendo que Diputados no pueda insistir en su redacción original, que el gobierno de Milei no podría ahora restituir Ganancias ni bajar Bienes Personales, como pretende, y recién podrá volver a intentarlo en 2025.

A diferencia de Gil Domínguez, la exdiputada nacional Graciela Camaño, que fue integrante de la Cámara baja 28 años, dijo a elDiarioAR: “Todos los cambios de la revisora se vuelven a considerar en la iniciadora. El rechazo es el resultado de la revisión. Los diputados tienen que considerarlo. El capítulo está en el contexto de una ley que está en revisión”.

La exlegisladora, del peronismo federal, dijo que con el criterio de no poder insistir en un texto rechazado por la cámara revisora “todas las leyes estarían flojas de papeles y eso no es así”. Y sostuvo que “no es casual” que en la materia específica de los impuestos “la cámara iniciadora sea Diputados”, que a su criterio en este caso “tiene la última palabra”.

Por su parte, el abogado Miguel Nathan Licht se preguntó en Twitter “por qué un proyecto de ley rechazado vuelve a la cámara de origen” y si “rechazar es adicionar o corregir”, como dice el texto constitucional.

“¿Cómo va imponerse entonces la voluntad de Diputados sin el acuerdo del Senado? ¿El bicamericalismo desapareció? ¿Cuando se habla de proyecto de ley es por el todo? ¿O cada artículo en un acto legislativo en sí? Si Diputados aprobase en el futuro una ley con 10.000 artículos y se aprueba en general en ambas cámaras, ¿significa entonces que una ley puede ser aprobada con una cámara? El único caso donde una ley se puede mantener con la voluntad de una sola cámara es la ley 26.122 que es una ley especial (sobre los DNU). Si alguien me corrije o me desasna, le agradeceré, confieso que puedo estar equivocadísimo, pero no lo advierto”, planteó.

Así estamos todos.

JJD

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Senado y anticipó su deseo de que el Pacto de Mayo finalmente se concrete el próximo 9 de julio en la provincia de Tucumán.

“Si me preguntaran lo haría el 9 de julio en Tucumán, el Día de la Independencia”, sostuvo el ministro coordinador.

“El Pacto de Mayo nació para ser en mayo, pero como advirtió el Presidente, podemos esperar a junio o a julio”, aclaró, y agregó: “Con estas leyes nos hemos independizado de un grupúsculo político que ha generado un impacto en la economía, en la sociedad y en la Argentina durante los últimos años que queremos dejar atrás”.

Asimismo, reveló que “cuando uno habla de independencia se habla de libertad” y explicó que la elección de la provincia de Tucumán responde a gesto de retribución al gobernador peronista Osvaldo Jaldo, a quien destacó por haber colaborado con el oficialismo “a pesar de ser de otro color político”.

Además, el jefe de Gabinete opinó sobre los discursos de los senadores de Unión por la Patria y aseguró no poder “creer lo que decían, como si ellos no hubieran hecho nada, como si no fueran responsables de nada de lo que pasó en la Argentina”.

Asimismo, Francos se definió como “una persona de diálogo” que busca “construir”. “Para poder construir en conjunto, hay que desatarse de estas posiciones ideológicas y de estas ganas de destruir a todo lo que no piensen como ellos”, remarcó en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, con respecto a la exclusión en la ley Bases que aprobó el Senado del Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina de la lista de las empresas a privatizar, anticipó que el Gobierno presentará nuevos proyectos “sobre propuestas de concesión o privatización sobre las empresas que aquí no están incluidas”.

Con respecto a la exclusión de los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, el funcionario se mostró optimista: “Sabemos que las vamos a recuperar en la Cámara de Diputados cuando el proyecto vuelva allí”.

Por último, consideró que el ministerio de Seguridad “está comenzando a identificar” a los manifestantes que estuvieron involucrados en los incidentes en las afueras del Congreso, “para ponerlos a disposición de la Justicia”. “Quienes esperan que se pueda generar un golpe de Estado, van a tener que esperar sentados”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno de Javier Milei aceptó una serie de modificaciones fundamentales en relación al texto aprobado de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.

El proyecto se quedó sin la derogación de la moratoria previsional y la creación la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

A su vez, aplicó cambios sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y retiró de la lista de “privatizables” a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Modificaciones en la Ley Bases

NB

El Senado de la Nación aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos e inició la votación en particular en la madrugada de este jueves, con varias modificaciones en marcha propuestas por el oficialismo y el foco, que estaba puesto sobre el futuro de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, fue derrota para la gestión Milei, ya que ese capítulo, al igual que el de Bienes Personales, fue rechazado por mayoría.

En la votación en particular, la sorpresa la dio Bienes Personales. Tras aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de Bienes Personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos.

El texto que la Cámara alta había aprobado en general pasadas las 3 de la madrugada, proponía subir el límite para el pago del impuesto a los Bienes Personales de $27 millones a $100 millones, además de una baja de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy llega al 1,75%). También eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que hoy pagan una alícuota que llega al 2,25%, además de un programa de beneficios para pagos adelantados que aspiraba a sumar recaudación en el corto plazo. Fue rechazado en la votación en particular todo el capítulo.

Qué se proponía para Bienes Personales

Bienes Personales es considerada la zanahoria para que los ricos saquen los dólares de abajo del colchón –o de las cajas de seguridad–: El texto de Diputados, reducía las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales: no sólo no abonarían nada si depositan los dólares en el banco, sino que anualmente pagarían por esa tenencia cada vez menos.

Actualmente, al impuesto a los Bienes Personales lo pagan solamente algo más de 400.000 contribuyentes, menos del 1% de la población total del país, con alícuotas que van de 0,5% a 1,75% para bienes en Argentina, con una penalidad de 0,5 puntos porcentuales extra para los bienes radicados en el exterior. Por ahora, con el rechazo en Senadores, esto queda así.

Según los datos provistos por el secretario de Hacienda, sólo 125.000 contribuyentes pagan la alícuota máxima de 2,25%. Sin embargo, en el nuevo esquema propuesto, era a este sector al que más se lo beneficiaba: para 2023 la alícuota máxima bajaba a 1,5% (0,75 puntos porcentuales menos que lo vigente), con reducciones graduales hasta llegar al año 2027 con una alícuota única de 0,25%. 

El proyecto rechazado por la Cámara alta preveía un Régimen de “pago anticipado” del impuesto por 5 períodos fiscales: se pagaba por el patrimonio actual (y no por lo que vaya a aumentar en los próximos años), sólo se tributaba 0,45% por año, es decir, 2,25% total. También les ofrececían estabilidad fiscal hasta 2038: el Estado no podía cobrar una alícuota superior al 0,25%, limitando así la capacidad de futuros gobiernos de gravar el patrimonio. Todo ello sin beneficio aparente: no se resignaba recaudación para impulsar algún sector económico, una inversión productiva o una región determinada, era solamente una transferencia de ingresos a un reducido grupo de mayores ingresos.

Se intentaba modificar el mínimo no imponible a $100.000.000; se unificaba la alícuota para bienes en el país y en el exterior, eliminando el tratamiento diferencial, y se establecía un beneficio para contribuyentes cumplidores con una reducción del 0,25% en la alícuota. Ahora resta saber, ante este rechazo, qué hace Diputados.

El rechazo a los cambios en Ganancias

Por su parte, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias ya tenía como destino la derrota. Fue por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22% dispuesta para las provincias de la Patagonia. El proyecto original de Milei proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a $1,8 millones para los solteros y de $2,2 millones para los casados, y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio. Y buscaba aumentar a $3.091.035 el concepto de ganancias no imponibles, también las cargas de familia.

En este capítulo, el Gobierno proponía originalmente aumentar la recaudación en 0,5% del PBI e incrementar la coparticipación a las provincias. Ya en Diputados, el texto que finalmente aprobó Diputados lo reducía a 0,43%, pero hubo un nuevo cambio posterior y llegó al Senado con la propuesta del 0,41%, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ese era el objetivo del oficialismo para recomponer los ingresos fiscales y dejar de depender de tributos de emergencia o del Impuesto PAIS en busca de alcanzar y mantener el equilibrio fiscal.

En el texto que había sido aprobado en Diputados, se restablecía el impuesto para la cuarta categoría, con un nuevo piso de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos. Con esta modificación, quienes cobran más de $1,8 millones bruto por mes volverían a tributar el impuesto, que fue eliminado para los trabajadores de mejores ingresos (una medida que pedía la CGT) en septiembre de 2023, gracias a una reforma del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, que estaba en plena campaña electoral presidencial.

Además, las deducciones personales y las escalas de alícuotas se actualizarían semestralmente. Y se eliminaba la exención de horas extras y de bonos por productividad.

Ahora hay que ver si Diputados vuelve con su planteo y cómo queda finalmente Ganancias.

Eliminaron la prórroga del Monotributo Social

El Senado votó en contra del artículo 100 del paquete fiscal que preveía la prórroga del denominado Monotributo Social. Esa norma, que no estaba incluida en el proyecto original y había sido agregada durante la discusión en Diputados, promovía la continuidad de beneficios para sectores de la economía popular que podían facturar por sus actividades comerciales abonando una mensualidad menor que el resto de los monotributistas.

El texto que había sido aprobado por Diputados eliminaba el monotributo social. Esta categoría fue creada para promover la formalización de los sectores de menores ingresos permitiéndoles facturar y acceder a ciertos derechos afrontando un pago mínimo de $3.200. Son algo más de 600.000 trabajadores que facturan menos de $175.000 mensuales. Si este proyecto era aprobado, pasarían a abonar $26.600: 8 veces más. Un incremento muy oneroso para un sector vulnerable que lo condenaría a recurrir a la informalidad. 

Para el resto de los monotributistas, se incrementaban las escalas de facturación, pero también los importes a pagar por mes: para la categoría A, el aumento del impuesto integrado sería de 119%.

Además, se incrementaban los topes de facturación hasta un 300%; se agregaban tres nuevas categorías para prestadores de servicios, permitiendo facturar hasta $68 millones anualmente, y se eliminaba la excepción de ingresar el impuesto integrado para las categorías A y B.

Qué pasó con el blanqueo, el monotributo y la moratoria

Con información de agencias.

IG

Con lo justo, sin sobrarle nada y resignando gran parte del ya diezmado contenido original, La Libertad Avanza consiguió la aprobación en el Senado de la Ley de Bases, que ahora regresa a la Cámara baja para que los diputados acepten o rechacen las modificaciones que sufrió. Además, el paquete fiscal también pasó la prueba del Senado, con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos, pero el oficialismo perdió los capítulos de Ganancias y Bienes Personales, que fueron rechazados por mayoría. 

Con respecto a la ley Bases, la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo que desempatar la igualdad en 36 que marco el tablero del Senado, tras un breve discurso en el que marcó que “la Argentina violenta le gana a la de los violentos que hoy se vieron en las calles”.

Los senadores libertarios y algunos del aliado PRO festejaron este segundo paso en el camino de la sanción de la que denominan ley fundacional. “Estamos venciendo a la casta, ahora se van a empezar a ver los resultados”, repetían con algarabía en las filas oficialistas al término del tratamiento del proyecto. Su primera victoria legislativa en seis meses de gobierno, una victoria en la que, además, fue clave la figura de la vicepresidenta, bastante relegada del círculo íntimo de Javier Milei.

“Si nos dan la ley, esto empieza a mejorar y ustedes se empiezan a asustar”, resumió el presidente del bloque libertario Ezequiel Atauche, dirigiéndose a las bancas peronistas.

Como contrapartida, en sectores opositores, sobre todo en Unión por la Patria, consideraron que se trató de “una victoria pírrica”, donde en pos de ganar la votación el oficialismo hizo demasiadas concesiones.

“Se venden por chirolitas”, dijo el presidente del interbloque peronista José Mayans en referencia a sus colegas de bloques provinciales y de la UCR, que en el marco de las negociaciones de los últimos días obtuvieron beneficios para sus intereses regionales.

Habilitación de obras públicas para Córdoba, la administración para las provincia de algunas represas en Entre Ríos y la Patagonia, la eliminación de empresas de la lista de privatizables, los montos para pagar ganancias, una planta de Gas Natural Licuado y una rotonda en la rionegrina Choele Choel, integran esa lista, que con malicia fueron motivo de conversación en los pasillos del Senado.

Pero, sin dudas, el comentario principal se lo llevó el posible destino como embajadora en París (Unesco) de la neuquina (bloque propio) Lucila Crexell, que incluso se hizo acreedora de cuestionamientos de sus pares dentro del recinto, de una denuncia penal de UxP por presunta aceptación de dádivas y del pedido de su comprovinciano Oscar Parrilli (UxP) para que se abstenga de votar los proyectos.

Nada distinto a la política del “toma y daca” o del “látigo y chequera” tan meneada y cuestionada por los libertarios en su carrera electoral hacía la presidencia. “Métodos de casta para ir contra la casta”, reflexionó un senador peronista del interior.

En el debate en particular, iniciado poco antes de la medianoche, el oficialismo estuvo a punto de perder la votación sobre las facultades delegadas al Ejecutivo, que tras un 35-35 nuevamente debió desempatar Villarruel, tras la sugestiva retirada del recinto de los dos senadores referenciados en el gobernador de Santa Cruz.

Justamente, los dos patagónicos, Natalia Gadano y José Carambia, le habían hecho pasar ayer al gobierno un momento de zozobra cuando llamaron a no dar quórum y expresaron su rechazo a la ley.

De hecho hoy no estuvieron en el inicio de la sesión, y el quórum se alcanzó con los apoyos fundamentales de los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad y de los peronistas disidentes Edgar Kueider y Carlos Espínola. 

Para la aprobación de la ley La Libertad Avanza resignó algunas privatizaciones, alcances del Régimen de Inversiones, montos y topes del Impuesto a las Ganancias y la eliminación de la moratoria jubilatoria, que planteaba el texto enviado por el Senado.

Tras la definición del análisis en particular y del debate sobre el Paquete Fiscal, ambas iniciativas pasarán a ser consideradas nuevamente por el Diputados, que debe ratificar o rechazar los cambios hecho por el Senado.

La sesión se desarrolló en el marco de movilizaciones y protestas en las inmediaciones del Congreso, con corridas y gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en cumplimiento del protocolo impuesto por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Avanza el paquete fiscal

El Senado de la Nación aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos e inició la votación en particular con varias modificaciones en marcha propuestas por el oficialismo y el foco puesto sobre el futuro de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias.

Su debate inició a las 3 de la madrugada de este jueves con el anuncio del dictamen de mayoría por parte del senador oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), miembro informante de La Libertad Avanza y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

A diferencia de la Ley de Bases que ya obtuvo la luz verde antes, la mayoría en favor del proyecto en general fue con el apoyo del senador Martín Lousteau (CABA), mientras que los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano votaron de manera negativa y se plegaron a los 33 kirchneristas.

Si bien Lousteau aportó su voto positivo, aclaró que fue por pedido de los gobernadores correligionarios y fustigó: “Este Gobierno elige la austeridad y responsabilidad fiscal cuando mira a los jubilados, pero después opta por ser populista y degenerado fiscal con los más privilegiados”.

Uno de los defensores férreos que tuvo el proyecto en la ronda de disertantes fue el senador y líder de Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta), quien sostuvo que el paquete fiscal puede “brindar” estabilidad a la Argentina y, en su criterio, “ver si definitivamente” se termina “con la decadencia argentina”.

En esa misma línea fue el senador Francisco Paoltroni (Formosa), de La Libertad Avanza, que fue optimista con las acciones que podría ejecutar el presidente Javier Milei de concretarse la aprobación en particular de todo el proyecto. Para Paoltroni, Milei podría bajar impuestos y cerró con una frase llamativa: “Seremos potencia”.

LF/MG

La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las Ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular de estas dos iniciativas claves para el Gobierno Nacional.

El Senado debate desde este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzará a las 10, y la discusión en particular promete ser álgida ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.

Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.

De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.

También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones  (RIGI) de US$200 a 900 millones y está destinado a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.

La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI al disponer que una empresa extranjera que está encarando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.

También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y tendrá que calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.

Pero estos cambios aun no dejaron conformes a muchos legisladores dialoguistas que insisten que se debe limitar aún más el RIGI para no perjudicar a las empresas nacionales.

Otro aspecto clave de la ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar las empresas públicas, pero ahí, ante el problema que se le planteaba a la gestión libertaria porque legisladores dialoguistas rechazaban la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentina (RTA), el oficialismo anunció en plena sesión de este miércoles que sacaba del listado a las tres empresas.

Entonces, las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son Intercargo y Energía Argentina (EnArSA). En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Otro punto clave es la reforma del impuesto a las Ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban $1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y $2,3 millones de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22% en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi $2.2 millones brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de $2.8 millones de sueldos brutos.

El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos 10 años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos. 

Uno por uno, los puntos clave de los proyectos clave para Milei

Con información de agencias.

IG