El licenciado Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del próximo jueves 18 de diciembre, en reemplazo de Juan Alberto Pazo, según se publicó en el Boletín Oficial.

El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto desde el 18 de diciembre.

En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como nuevo titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma agradece a los funcionarios renunciantes por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos. Vázquez venía desempeñándose como Director General de la DGI desde la creación de ARCA en reemplazo de la ex AFIP.

Vázquez y Pazo, con patrimonios en la mira

Vázquez es investigado por la Justicia desde fines del año pasado a raíz de la investigación periodística del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y que publicó elDiarioAR, en la que se reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.

Por su parte, Pazo, funcionario saliente, fue apuntado por casi duplicar su patrimonio desde su regreso a la función pública, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada que hizo meses atrás elDiarioAR. El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.

El saludo de Caputo a Pazo y la bienvenida a Vázquez

El ministro de Economía, Luis Caputo, despidió este martes a Juan Pazo, quien renunció a su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para volver al sector privado, y destacó su aporte clave al equipo económico.

Pazos dejó la función luego de dos años de gestión, período en el que ocupó primero la Secretaría de Producción y luego la conducción de ARCA, donde fue considerado una pieza fundamental del área económica.

“Su honestidad, su profesionalismo y su capacidad de ejecución son extraordinarias”, señaló Caputo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que agradeció “infinitamente” los servicios prestados durante su paso por la administración pública.

El ministro expresó además su deseo de poder convencerlo en el futuro de regresar al sector público y cerró su mensaje con una frase de despedida: “Te vamos a extrañar, Juan”.

Asimismo, Caputo le dio la bienvenida al reemplazante de Pazo: “Quiero anunciar que Andrés Vázquez será el nuevo titular de ARCA. Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA, desempeñándose como titular de la DGI, donde está realizando una gran gestión. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa!”, posteó el funcionario.

El titular del ARCA, Juan Pazo, se defendió de las críticas por la celeridad con la que las cerealeras completaron el cupo de exportaciones de granos con retenciones cero al afirmar que “cuando tomamos una medida, no la sabe nadie”.

Pazo dijo que las empresas exportadoras no tienen el volumen declarado para vender y que tendrán que comprárselo a los productores que allí tendrán la posibilidad de defender el precio.

El funcionario se presentó en el canal de streaming oficialista Carajo para defenderse de los cuestionamientos que llovieron de parte de los productores luego de que en sólo 72 horas se cerrara el cupo de exportación de cereales sin retenciones.

“En el tiempo para poder cumplir los cupos de las declaraciones juradas a los que se comprometieron las cerealeras van a tener que comprar alrededor de US$ 4.000 millones en los próximos 90 días a los productores”, señaló Pazo.

El jefe de ARCA afirmó que “es muy importante la transparencia en el manejo de la información y siempre que tomamos una medida de fondo, nunca nadie sabía”.

Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía, se sumó a la defensa del equipo que lidera Luis Caputo al afirmar que: “no hay ninguna complicidad”.

Insistió en que “nadie sabía de la medida, se tomó el domingo, lo sabíamos unos pocos y, como siempre en este equipo económico, no hacemos offs y nadie se entera de las medidas antes de que sucedan. Lo mismo pasó con el cepo. Entonces no hay ningún tema ahí, no hay ninguna complicidad”, añadió Núñez.

La medida se conoció el lunes por la noche y el miércoles ya se había completado el cupo de U$S 7.000 millones impuesto. Más tarde se conoció que una docena de cerealeras habían copado ese monto y que nada quedó en manos de los productores.

Desde ese momento se comenzaron a conocer las quejas de los dirigentes del sector.

El titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dijo “queremos ver si el productor realmente pudo aprovechar este beneficio. ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido en tan poco tiempo tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?”.

Andrea Sarnari de Federacion Agraria aseveró que “al productor pequeño y mediano no lo benefició, y ni siquiera cerca le pasó de la tranquera”.

“Es importante remarcar que el grueso de los productores no accedió de manera directa a la rebaja de retenciones que se implementó para lograrlo”, apuntó Carlos Castagnani de CRA.

Más críticas de ruralistas

Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, criticó este viernes la decisión del Gobierno de eliminar por unos días los derechos de exportación.

“En realidad no ha sido una medida para la producción, sino una medida económica financiera para subsanar una situación particular”, advirtió.

Sobre el cupo de US$7.000 millones, Aramendi señaló: “En tres días se cumplió. Realmente debió ser manejada de otra manera y si querían una medida para la producción, extenderla en el tiempo”.

Además, la líder de los ruralistas rosarinos apuntó contra las cerealeras al considerar que la exportación “declaró ventas sin retenciones y ahora que vuelven las retenciones el productor tiene un precio menor, como siempre pasa”, al tiempo que aseguró que, con estas medidas, el Gobierno “lo único que genera es malestar, porque en realidad se benefician unos pocos”.

En chats de productores rurales se viralizó la frase: “Nos sentimos estafados, burlados, el que crea que esto no es algo arreglado cree en Papá Noel”.

Con información de agencias.

IG

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, ha tenido un buen año económico desde su regreso a la función pública. El empresario casi duplicó su patrimonio en 2024, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada realizado por elDiarioAR.

El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.

Las declaraciones juradas de Pazo están en la mira de la Justicia, tras una investigación publicada por elDiarioAR en 2024. El juez federal Ariel Lijo analizará su patrimonio por presuntas irregularidades y omisiones en la declaración de sus bienes.

Durante el año pasado, Pazo cumplió dos funciones: fue el segundo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y luego jefe de ARCA. En su última declaración jurada, presentada en los últimos días, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ingresos anuales por más de $129 millones, de los cuales, $90 millones correspondieron en 2024 a renta de capitales.

Ante la OA declaró sólo una casa en Mar del Tuyú y un Ford F-150 Lariat Luxury. Además, informó que es propietario de una moto BMW modelo 2016, de un Volkswagen Golf del mismo año y de una embarcación, sobre los que no informó valores.

Tiene ahorros en el país, en bancos y en efectivo, y una cuenta en Estados Unidos. Pero su principal capital son sus empresas, cuyas acciones se fueron para arriba desde su llegada a la función pública.

El subidón de Invernea

La principal empresa de Pazo es Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. Tanto el grano como el ganado están asegurados por compañías de seguros.

Pazo fundó Invernea tras su paso por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del organismo que regula a las compañías de seguros. Se fue con ideas productivas. Las aseguradoras, a las que controlaba como funcionario, invirtieron al menos $1.800 millones en dos fideicomisos de Invernea en 2021, según informó el programa de televisión 100% Seguro, en una emisión que incluyó una entrevista con Pazo.

“Más del 50% de la hacienda que tenemos en stock está chipeada, es decir que tiene un chip que permite geolocalizar la tenencia de la hacienda. Cada animal que está chipeado baja directamente el costo de la póliza de seguro por mortandad o robo”, sostuvo Pazo en el programa televisivo 100% Seguro, en diciembre de 2021.

En enero de 2024, Pazo era el propietario del 90% de las acciones de Invernea, valuadas en más de $47 millones, según su última declaración jurada. Al final de 2024, sus tenencias en la compañía seguían siendo del 90% pero ahora valían $200 millones. Casi cuadruplicaron su valor desde su regreso a la función pública.

Lo mismo sucedió con otra de sus empresas del agro: Caracú Quemado SRL. A principios de 2024, Pazo tenía el 90% de las acciones de la compañía, valuadas en más de $24 millones. Un año después, casi duplicó su valor: la misma cantidad de acciones ahora valen $47 millones.

Su crecimiento patrimonial se debe en gran parte al aumento del valor de sus acciones en ambas compañías. elDiarioAR consultó a Pazo a través de sus voceros oficiales para preguntar a qué se debió el aumento del valor de las acciones de la compañía desde su llegada al Gobierno. Respondieron con una escueta explicación: “Es la valuación de la empresa”.

Antecedentes

Pazo fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras.

Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Con la llegada de Javier Milei al poder, Pazo regresó a la función pública y asumió un rol central en el Ministerio de Economía que dirige Caputo como secretario de Industria y Desarrollo Productivo, virtual número dos de la cartera económica. Eso lo convirtió en uno de los integrantes del Gobierno con potenciales conflictos de intereses y dudas sobre sus declaraciones juradas, de acuerdo a la información pública, documentos y consultas realizadas por elDiarioAR.

En diciembre de 2024, Pazo asumió como jefe de ARCA. Fue cuando surgieron nuevos datos sobre su patrimonio, en el marco de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero del diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago.

De acuerdo con la investigación publicada por este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora y miembro, fue adquirido en marzo de 2013 a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Ese departamento de Harbour House 1533 Corp. es lo que Pazo continúa sin aclarar en torno a su patrimonio. En 2024, este medio informó que el funcionario llegó al gobierno de Javier Milei rodeado de potenciales conflictos de intereses por sus empresas y su rol en torno a la industria y el agro, y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes: su declaración como dueño de esta compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami, que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.

Pazo sostiene que esa propiedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera. Sin embargo, él figura como accionista en los documentos revelados por este medio.

El Gobierno presentó hoy el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, destinado a fomentar el uso de “dólares del colchón” sin recibir penas ni multas.

Entre otras cosas, la iniciativa disminuirá de cinco a tres años los plazos de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, siempre que los ciudadanos o empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma.

El anuncio lo realizaron el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, y el titular de ARCA, Juan Pazo, en Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en la conferencia pero observó todo desde la primera fila, sin intervenir.

Los principales argumentos y detalles del proyecto fueron los siguientes:

Detalles del proyecto

MM con información de la agencia NA.

Fue mucho más que un anuncio económico. Este jueves, el gobierno de Javier Milei formalizó el envío al Congreso del proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una norma que busca blindar a quienes blanqueen sus ahorros no declarados, reducir la presión penal tributaria y transformar el enfoque del sistema impositivo argentino. Pero la presentación en Casa Rosada terminó convertida en una escena de campaña: José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y aspirante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, disparó contra Axel Kicillof, atacó al kirchnerismo, presionó a los gobernadores y se presentó como el candidato que encarna “el cambio conceptual” del mileísmo.

“Hoy en la provincia de Buenos Aires gobiernan los delincuentes”, dijo Espert en una conferencia que tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de la Casa de Gobierno. Y redobló: “Nos está reventando a impuestos. No esperamos nada de él porque tuvo un desastroso primer mandato y parte del segundo. Este mensaje es para el soviético Kicillof que arruinó la provincia”.

Desde el atril, flanqueado por Juan Pazo —director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y cerebro técnico del proyecto—, el diputado habló ante funcionarios y periodistas con Luis Caputo ubicado en primera fila, en silencio. El tono fue abiertamente electoral. “Este cambio comienza con un cambio conceptual: no es el argentino el que está en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos. El Estado les puso el arma y el gatillo en la cabeza. Eso se termina con nosotros”, afirmó.

Espert apuntó contra los legisladores que votaron el miércoles la suba de jubilaciones, a la que el oficialismo anticipó que vetará. “Fue una sesión bien de casta: mentir, hacer demagogia, hacerle creer a la gente que Papá Noel existe. A los jubilados les decimos la verdad: esta es la única forma de salir del pozo en el que nos dejó el kirchnerismo. Ellos les robaron los ahorros y ahora les vuelven a mentir”, dijo, en tono de mitin. Y agregó: “Milei tiene cojones como dos sandías para sostener el equilibrio fiscal”.

El proyecto, explicó, es la segunda etapa del paquete para legalizar y volcar a la economía los “dólares del colchón”. En ese sentido, endureció su mensaje a las provincias. “O los diputados y senadores apoyan este proyecto o se oponen y condenan a los argentinos a la evasión. No hay término medio. Queda en ustedes si quieren devolverle libertad a los ciudadanos o seguir con este sistema perverso que tanto daño le ha hecho al país”, dijo, tras agradecer a las 14 provincias que ya adhirieron al régimen simplificado de Ganancias.

Mientras Espert agitaba la bandera política, Pazo bajaba a tierra los aspectos técnicos. “Este proyecto implica un cambio de régimen. Vamos a abandonar el esquema persecutorio de la ex AFIP. A partir de ahora, todos son inocentes hasta que ARCA diga lo contrario”, afirmó. El funcionario detalló que el nuevo marco eleva los montos a partir de los cuales puede iniciarse una causa penal tributaria —lo que reducirá de 7.000 a 200 los expedientes en curso— y acorta de cinco a tres años el plazo de prescripción para la determinación tributaria, siempre que se hayan presentado las declaraciones juradas.

Además, explicó que quienes adhieran al régimen simplificado de Ganancias quedarán blindados ante futuras investigaciones sobre su patrimonio: “Van a pagar por lo facturado y nada más. No importa si aumentó su patrimonio o su consumo. Ningún gobierno del futuro podrá ir a buscarlos”. Y sintetizó el espíritu de la ley: “Buscamos que la gente ponga a producir sus ahorros. Los argentinos que durante años salvaron su plata de los políticos, ahora podrán usarla como quieran, sin tener que explicarle nada a nadie”.

La Ley de Principio de Inocencia Fiscal es, en el fondo, una pieza clave en el andamiaje que Milei empezó a construir con su “clase magistral” de la semana pasada ante sus diputados, en el mismo lugar donde se dio el anuncio de este jueves: una gran ley económica que blindará su plan sin avanzar por ahora en las reformas estructurales postergadas para 2026. Espert lo dijo sin rodeos: “Si esta ley fracasa, será la política la que tenga que dar explicaciones”. Su candidatura ya está lanzada. Su cruzada, también.

PL/MG

El Gobierno apuesta todas sus fichas al éxito del blanqueo de “dólares bajo el colchón”. Días después de que se oficialice una serie de decretos que relajaron los controles de ARCA y otros organismos para las compras con dinero no declarado, la presión oficial ahora está puesta en el derrotero de una ley que aún no envió al Congreso para “blindar” a quienes entren al nuevo régimen.

La situación la admitió este lunes el jefe de la agencia tributaria, Juan Pazo, al asegurar que el éxito del plan ideado por Javier Milei y Luis Caputo se deberá a la aprobación de una avanzada legislativa que modificará las leyes Penal Cambiaria y de Procedimiento Tributario. El funcionario reconoció que hasta tanto no se modifiquen esas normas, el nuevo régimen está supeditado a una investigación judicial por posible evasión fiscal.

“El blindaje va a estar dado por la ley”, aseguró Pazo esta mañana en declaraciones periodísticas. “Mientras estemos en el gobierno no vamos a perseguir lo que estamos fomentando. El blindaje será para evitar el extremo de que un juez se levante una mañana y diga que podés tener un incremento patrimonial injustificado fruto de un delito de evasión”, aclaró Pazo.

Según admitieron desde ARCA a elDiarioAR, aún ni siquiera está escrito el proyecto de ley del llamado “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. “Se está trabajando para enviarlo al Congreso en las próximas semanas”, apuntaron fuentes del organismo de recaudación.

Pazo apuntó públicamente que el espíritu de ese proyecto es “blindar” a los argentinos que se adhieran al nuevo régimen de Ganancias que comenzará a regir a partir del próximo 1 de junio. Eso abre una ventana de un año porque las declaraciones juradas de Ganancias se tendrían que presentar recién en junio de 2026.

“Estamos convencidos de que el proyecto de ley estará aprobado para ese entonces y el ciudadano blindado”, señaló Pazo, en referencia a qué garantías tendrán las personas para en ese plazo hacer compras abultadas sin declarar el origen de los fondos. El ministro Caputo dijo el viernes pasado que “por debajo de $50 millones por mes cada persona puede gastar sus ahorros sin problema”.

En el Gobierno están convencidos de que el relajamientos de los controles no necesariamente hace más permeable actividades ilícitas como lavado de dinero, terrorismo o narcotráfico. “Hoy probablemente el delito complejo no se escude en 50 millones de pesos”, dijo este lunes Pazo en A24, donde no fue consultado por la denuncia penal que tiene él mismo por omisión de bienes en Florida, Estados Unidos, en su DDJJ.

elDiarioAR dio a conocer el viernes pasado que Pazo sigue en la mira de la Justicia por no declarar, como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, la propiedad de una compañía creada para adquirir un departamento en Miami.

MC

La semana empezó con una maniobra que llevó la firma de un estratega en modo guerrilla digital. El blanco fue María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) en tiempos de Cambiemos, quien recibió un ataque directo por parte de la cuenta de X atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo. “Hola @eugetale. ¿Nos quieren contar para qué tenían armada esa lista de 'protección' en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”, lanzó, con ironía, @MileiEmperador, “John”, el avatar que utilizaría en redes sociales el hombre de mayor confianza de Javier Milei.

El trascendido acerca de la existencia de un mecanismo ideado por la AFIP de Mauricio Macri para proteger determinados nombres vinculados al kirchnerismo no solo marcó un capítulo más en la zaga de encuentros y desencuentros que cruzan la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. También mostró la repercusión pública que es capaz de alcanzar el joven Caputo desde el anonimato en X. Desde allí, agita su “propaganda” y “contrapropoganda” libertaria en tono provocador, como si no estuviese al mando, en las sombras, de dos áreas extremadamente sensibles del organigrama estatal: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —como rebautizó Milei al organismo encargado del cobro de impuestos— y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, el martes, pocas horas después de su cruce virtual con “John”. “Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema representa en este gobierno lo que pasa con Andrés Vázquez en la exAFIP, lo que pasa con Ernesto Kuider cruzando una frontera, el atraso de Ficha Limpia, la negociación con los distintos senadores”, enumeró.

La exfuncionaria, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. Sin embargo, el asesor estrella de Milei reniega de las voces que lo presentan como el culpable de todo. En los pasillos de Casa Rosada nadie parece advertir que su ambición puede llevarlo a guerras intestinas hasta el momento inexistentes: Vázquez, jefe de la Dirección General de Impositiva (DGI) y alfil suyo en la flamante ARCA, es mirado de reojo por Juan Pazo, el titular del ente recaudador, figura de extrema confianza de su tío, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según pudo saber elDiarioAR, Pazo, que al igual que Talerico fue funcionario del gobierno de Cambiemos, se enteró de la supuesta lista de la exAFIP recién después de que fue publicada por Clarín. Desde el Gobierno iniciaron una auditoría interna en ARCA para investigar qué objetivo tenía esa documentación con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Alejandro Vandenbroele, que hasta el momento no fue denunciado oficialmente ante la Justicia. A contramano de los dichos del propio Milei en una entrevista con El Obervardor, en Balcarce 50 reconocen que todavía no está claro si la gestión macrista utilizó esa información para proteger a los apuntados o, por el contrario, para “perseguirlos”.

“Una pantalla de humo”, definió al caso el senador del kirchnerismo Oscar Parrilli tras ser consultado en una entrevista con AM750. Es que no faltan los que creen que la filtración fue en realidad una estrategema ideada por Santiago Caputo con el fin de distraer la atención pública de un tema sensible para su protegido Vázquez: la designación de María Eugenia Fanelli, su pareja, al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, un área bajo la propia órbita de la DGI. “¿Por qué Martín Menem puede tener a su sobrino trabajando con él y Vázquez no puede tener a su esposa?”, justificaban, venenosos, cerca de Caputo, en alusión a Sharif Menem, flamante referente juvenil de La Libertad Avanza que se desempeña como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Al promover a Fanelli, Vázquez, de fluidos lazos con los servicios de inteligencia, llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. En tanto, el mes pasado, el controvertido funcionario ya había sido denunciado en la Justicia a raíz de otra investigación periodística de elDiarioAR, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA).

Con la venia de Caputo (Santiago), Vázquez se mueve como el verdadero mandamás de ARCA, un área clave del poder real en la Argentina. No es más que otro ejemplo de la ambición que caracteriza a uno los integrantes del “triángulo de hierro”, en quien los hermanos Milei delegaron facultades pese a no figurar en la planilla de funcionarios. “El trabajo de la política en la presente hora nacional es destruir el edificio corporativo del modelo empobrecedor de la casta, que nos ha legado un país con la mitad de los argentinos pobres. Y si hace falta usar las armas del enemigo para hacerlo, entonces eso es lo que hay que hacer”, escribió “John”, su alter-ego tuitero, en un extenso mensaje publicado el jueves en X.

Es que cada uno de los movimientos de Caputo está dirigido a consolidar un sistema donde el concepto de “calidad institucional” debe estar subordinado a la causa de la defensa “la vida, la libertad y la propiedad”, según su propia visión. Pero el asesor presidencial va más allá: su influencia abarca desde la SIDE hasta el Ministerio de Justicia, con presiones constantes hacia la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló este viernes elDiarioAR. También ámbitos como YPF o la estrategia comunicacional en su conjunto. Una compleja botonera que da recursos, pero también extremas responsabilidades.

PL/MC

Tres de las offshores y sociedades ocultas a nombre de la esposa de Cristian Ritondo se llaman Sunstar Point, Ilustre y Goformore. Traducida al castellano, esta última significa “Vamos por más”, homónima del bloque del PRO en la Legislatura porteña. Los Ritondo confiaron en Islas Vírgenes para ocultar sus propiedades miamenses, al igual que Daniel Muñoz, fallecido secretario de los Kirchner, y su esposa, Carolina Pochetti. En ese minúsculo territorio de ultramar británico, los Muñoz montaron Black Gold y Old Wolf, con las que, casualmente, camuflaron departamentos en Miami.

Panamá y otros paraísos fiscales del Caribe son tan familiares como Barrio Parque para el apellido Macri. Por ejemplo, Franco, Mauricio y Mariano anotaron a Fleg Trading en Bahamas, mientras Alicia Blanco Villegas, exesposa de Franco y madre del expresidente, inscribió en Islas Vírgenes a Reata Pacific, controlada por el fideicomiso Quiñel Trust, alojado en el microestado europeo de Liechtenstein.

Gianfranco Macri, otro de los hijos de Franco y Blanco Villegas, y beneficiario final de Quiñel, tenía a su nombre la empresa fantasma BF Corporation, radicada en Panamá con cuentas en Alemania, que fue finalmente desmontada para legalizar los fondos gracias al blanqueo organizado por su hermano Mauricio, en 2016. La preferencia de Gianfranco por las plazas europeas se vio reflejada por la conformación de Lares Corporation en Luxemburgo, especialmente creada para el hiperlucrativo negocio de los parques eólicos. Mariano Macri, el hermano enemistado, tuvo su propio emprendimiento offshore, TNB Investments, anclado en Belice. Jorge Macri, el primo de Gianfranco, Mauricio y Mariano, eligió Florida para constituir una LLC con inversiones en Miami.

En suma, las firmas offshore de los Macri son decenas. Muchas de ellas estaban en desuso, como quien compra mamushkas de adorno y las deja hibernar en el armario.

Belice también atrajo a la familia de Lázaro Báez, el amigo y socio de Néstor Kirchner. Allí apostilló Teegan Inc. En Panamá, los Báez anotaron Marketing & Logistics Management y Cono Sur Properties and Real State Corp, entre varias firmas con terminales en Suiza.

Las firmas offshore de los Macri son decenas. Muchas de ellas estaban en desuso, como quien compra mamushkas de adorno y las deja hibernar en el armario

En cambio, Edgardo Cenzón, histórico recaudador de fondos del PRO, fue accionista del fondo Global Multi-Strategy, registrado en Bermudas, y administró la empresa NuVerse, anclada en el estado de Delaware, EE.UU..

Norberto, Alicia y Karina Milei utilizaron un esquema similar al de Jorge Macri para la compraventa de departamentos de lujo en Miami. Crearon una LLC en Florida, a la que denominaron Alkary Investments, que a su vez fue controlante de otros sellos.

Ralsen Properties, Menfield Holdings, Berclair y Nustal Enterprises fueron las cuatro empresas que Zulemita Menem inscribió en Islas Vírgenes, plaza considerada por la ONG británica Tax Justice Network como una de las más opacas entre los paraísos fiscales.

Las offshores conocidas de Antonio y Fernando “Aito” de la Rúa, hijos del expresidente radical, fueron Furia Investments Holdings y Bonds Cay Development, ambas en Bahamas.

La evasión al poder

El Gobierno de Mauricio Macri aportó la novedad de coronar a cierto funcionariado que entendía la evasión fiscal como un derecho humano para resistir “la voracidad estatal”. Se trata de un viejo precepto liberal argentino que los funcionarios de esa alcurnia no repetían en público por pudor. El límite de lo decible cambió.

“La decisión de muchos ahorristas argentinos, en años recientes, de proteger su riqueza, de proteger sus ahorros en leyes más seguras o en monedas más estables termina siendo una decisión, en nuestro contexto, entendible. Una decisión razonable, tanto desde el punto de vista legal como económico”, llegó a afirmar en 2016 el entonces titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, en un seminario en la Universidad de Belgrano.

Federici —él mismo, inversor en la offshore Castlerigg International, anotada en Islas Vírgenes— y su segunda, María Eugenia Talerico, desembarcaron en la función pública antilavado gracias a su currículum como asesores del mundo corporativo. Terminada la experiencia de Federici y Talerico en el Estado, en la que su legado más sonoro fue exonerar a la cúpula del HSBC pese a no haber reportado movimientos bancarios sospechosos del narco Henry de Jesús López Londoño, “Mi Sangre”, los dos expertos retornaron a sus servicios profesionales en el sector privado.

La anuencia con la evasión para resistir la pretensión recaudatoria del Estado explicitada por funcionarios del Gobierno de Macri se tradujo ocho años después en la elección de un propagandista de la economía en negro como Presidente.

Para Javier Milei, los empresarios que envían su dinero al exterior son “héroes”, no como los jubilados-casta, verdaderos succionadores del presupuesto estatal que ganan $400.000 y recibían medicamentos gratis hasta hace poco. No hay por qué pensar que Milei, quien cobraba US$25.000 cada charla de una hora ante inversores y declaró un patrimonio por un valor total de US$125.000, haya utilizado instrumentos offshore para esconder su fortuna como consultor. Y si lo hizo, fue un héroe.

La cosmovisión de Milei queda explicada por la designación días atrás de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). Cercano al ministro Luis Caputo, Pazo fue encargado de comunicación institucional de la UIF durante la gestión de Federici y Talerico entre 2016 y 2017. Pazo figura como secretario de varias filiales offshore de Rapsodia, la marca de indumentaria de mujer creada por Francisco de Narváez y socias en 1999.

Según documentos publicados por el diputado kirchnerista Rodolfo Taihlade, en 2010, Pazo y su esposa, Josefina Helguera Zuberbuhler, conformaron una LLC en Florida, Harbour House 1533, para adquirir propiedades en Miami. Una de ellas fue vendida en 2013, por US$580.000, a Goformore, la firma de la esposa de Ritondo. La participación de Pazo en Harbour House no habría sido declarada en las presentaciones juradas que deben hacer los funcionarios públicos, por lo que Taihlade lo denunció penalmente por presunta “omisión maliciosa”.

Un signo político

El dato es elocuente. Desde Menem en adelante, todos los presidentes electos por voto popular tuvieron cuentas o empresas offshore a nombre de ellos mismos, allegados de máxima confianza o herederos. La lista de propietarios de offshores incluye, por supuesto, a grandes empresarios, que no suelen salir a la luz, no sólo por su capacidad de condicionar la publicación mediante su peso económico, sino porque entre los hombres de negocios con firmas en paraísos fiscales se encuentran los Saguier, accionistas principales de La Nación, y Héctor Magnetto y José Antonio Aranda, de Clarín.

Una característica habitual de las offshores de argentinos ha sido su creación a través de estudios jurídicos de Uruguay y Panamá. Un enjambre de sellos que se superponen cuenta con directivos prestanombres que distraen la atención de los verdaderos propietarios. La creación de una sociedad en Panamá o Islas Vírgenes no significa que los depósitos se asienten allí. Suiza, Luxemburgo o Estados Unidos brindan más seguridad jurídica para alojar el dinero.

Semejante galimatías requiere de estudios contables y jurídicos que actúan en connivencia con funcionarios públicos y se valen de legislaciones nacionales creadas ad hoc. El pacto de silencio se quiebra cada tanto gracias al trabajo metódico de periodistas como Emilia Delfino en elDiarioAR, grandes filtraciones canalizadas por consorcios internacionales de investigadores, algún delator y, rara vez, la acción de jueces y fiscales federales.

El vandalismo de José López y Edgardo Kueider acota la posibilidad de la doble vara

El sistema político argentino navega con comodidad entre offshores, pero se alborota cuando un exsecretario de Obras Públicas como José López trata de esconder de madrugada unos US$ 9 millones en un convento, o un senador cooptado por los hermanos Milei, Edgardo Kueider, intenta traficar US$ 211.000 hacia Paraguay.

El vandalismo de ambas acciones —López y Kueider— acota la posibilidad de la doble vara. Por norma, los cristinistas hablan de las empresas y cuentas fantasma de los Macri, pero omiten decir una palabra sobre Báez y el secretario Muñoz, y los macristas, radicales y ultras, a la inversa. Como Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, cada uno a su modo, han posado de honestistas, gracias a la inagotable colaboración del sistema mediático, su indignación selectiva ante hechos de corrupción rompe el barómetro de la hipocresía.

El peronismo se movió rápido para arrinconar al oficialismo y la oposición amigable ante el elefante en medio de la sala en que se había transformado el senador por Entre Ríos detenido en la Triple Frontera. La sospecha de la compra del pase del senador desde el peronismo a las filas libertarias se volvió palmaria, y obligó a guardar silencio a los diputados y senadores que vociferaban días antes sobre la “ficha limpia”, con un único afán proscriptivo.

La expulsión de Kueider de la cámara alta fue fulminante. No se lo escuchó ni se aguardó a que los tribunales de Paraguay o Argentina adoptaran medidas procesales indubitables sobre su culpabilidad.

Más allá de lo que parezca —un claro intento de fuga de dinero negro con indicios de que hubo unos cuantos más—, Kueider tenía derecho a la defensa. El principio es universal y corresponde tanto a tribunales como a procesos políticos. No es un dato menor en un país con un mandatario que desprecia el Estado de derecho y la democracia como Milei. El antecedente de procesos exprés que se saltean garantías podría volverse un búmeran mucho más gravoso si los hermanos Milei y sus aliados logran dar un salto parlamentario en 2025.

El paso doble de Cristina

Con un desplome generalizado de los ingresos, aumento de la desigualdad y la pobreza, y una economía que no reacciona con fuerza más allá de agro, energía y el lucro financiero, una perspectiva posible es que el escenario es adverso a los hermanos Milei. La otra cara de la moneda muestra un cierre de año con una drástica reducción del déficit fiscal, la asunción del amigo ultra Donald Trump en la Casa Blanca y una inflación mucho menor a la prevista por la mayoría de los economistas, lo que brinda oxígeno al proyecto libertario.

Con la moneda en el aire, una clave pasa por cómo se organiza y qué tiene para ofrecer la oposición.

Cristina se postuló al Partido Justicialista como una herramienta unificadora, para “ordenar lo que se desordenó”. Asumió el jueves ante un auditorio que orbita en el Instituto Patria y La Cámpora, con un notorio vacío de los gobernadores y responsables de geografías alejadas de la Capital Federal.

Sin nada nuevo para decir, la expresidenta insistió con la estafa intelectual que supone desentenderse de su responsabilidad en el Gobierno de Alberto Fernández y, con una tapa de Clarín en la mano, rememoró la supuesta panacea que fueron sus períodos de gobierno y defendió la figura de su hijo y, novedosamente, la de Amado Boudou.

El paso de Cristina fue doble esta semana, porque el lunes, asistió a una foto en Moreno orquestada por Máximo Kirchner.

Una voz del gabinete bonaerense grafica la conclusión que generó el encuentro en Moreno, que sentó a la cabeza de una mesa a Cristina, Sergio Massa, Máximo, Mariel Fernández (intendenta local), Kicillof y Verónica Magario: “Para generar malas señales para todos lados y mostrar al PJ Bonaerense como un chiquero en un solo golpe, hace la foto de Moreno. El objetivo fue ver cómo se emparrillaba a la figura de Axel para después salir a dar la versión de que le marcó la cancha”.

Sin nada nuevo para decir, Cristina insistió con la estafa intelectual que supone desentenderse de su responsabilidad en el Gobierno de Alberto Fernández y, con una tapa de Clarín en la mano, rememoró la supuesta panacea que fueron sus períodos de gobierno

Todos —camporistas y kicillofistas— hablan de la unidad como prioridad, pero acto seguido, esa aspiración es puesta en caja por los mismos que la enuncian.

Resta correr mucha agua y el año par suele servir para tensionar la cuerda, pero no hay indicios que orienten a un probable acuerdo entre los Kirchner y Kicillof, en la medida en que, para los primeros, ello pasaría por el encuadramiento absoluto del gobernador a la estrategia que emane desde el Patria, y para el mandatario bonaerense, la apertura a una lógica de conducción totalmente distinta a la que primó en la última década, y que llevó a varias derrotas electorales y al fallido Gobierno del Frente de Todos.  

“Si lo que quieren es arrinconar a Axel, eso no va a pasar. En 2017 lo hicieron con (Florencio) Randazzo y les salió, pero si creen que lo pueden hacer con el gobernador, con lo que representa Axel, es una estrategia suicida. Creo que se dan cuenta, porque entendieron que pegarle al gobernador tiene un costo, como se vio en los últimos episodios”, resume el integrante del gabinete antes citado.

Otro dirigente no cristinista del peronismo bonaerense está convencido de que los Kirchner dan por perdidas las elecciones de 2025 y 2027,

La posibilidad de anticipar la confrontación a 2025 gana terreno en el Gobierno de Kicillof, pese al escepticismo que genera la hipótesis de que el peronismo sepa conducir internas civilizadas.

Como dejó claro Cristina en sus dos discursos de la semana (“lo puse a Kicillof cuando medio gabinete me puteaba” y “no hay que creerse que la historia empieza cuando uno llega y termina cuando uno se va”), su prioridad pasa por despejar el desafío de Kicillof y reafirmar su centralidad.

Otro dirigente no cristinista del peronismo bonaerense está convencido de que los Kirchner dan por perdidas las elecciones de 2025 y 2027, y apuntan a una estrategia de reducción de daños. La misma fuente explicita lo que ya es una convicción en el kicillofismo: Cristina, Máximo y Massa están jugando para el mismo equipo, no por amor, sino por táctica, y el plan apuntaría a ubicar al exministro de Economía a la cabeza de la lista de diputados nacionales bonaerenses. Para Kicillof, esa ecuación es inconcebible, no sólo por el nombre de Massa, sino por lo que supondría que todo se decida, una vez más, en una negociación entre tres personas, dos de ellas apellidadas Kirchner.

Mientras tanto, Massa alarga la espera de su regreso a la esfera pública hasta extremos que siembran dudas sobre si es otra demostración del tiempismo inteligente que lo caracteriza, o imposibilidad de encontrar su lugar en el mapa político.

Kicillof y los suyos hablan de un frente amplio, con nuevo nombre, renovación de rostros, mayor peso a funcionarios, militantes, sindicalistas, intendentes y dirigentes sociales cuyo norte sea enfrentar a Milei. “Se puede discutir armado, diseño, roles, tareas y hasta si hay que desdoblar o no la elección, pero no puede ocurrir que se confundan de rival. Hay que ganarle a un proyecto excluyente, contra las mayorías, que destruye el trabajo y la obra pública como el de esta derecha y ultraderecha, y no al gobernador de su propio partido”, se afirma el integrante del gabinete.

En el kicillofismo, nadie habla de un pacto explícito entre Cristina y Milei, aunque sugieren una acción de mutuo beneficio. “El Gobierno busca confrontar con Cristina para diluir a Axel y encolumnar al espacio gorila, y a Cristina también le sirve, para conducir y entregarle la nominación a Massa”, analiza la segunda fuente bonaerense.

Kicilof delimitó su intención negro sobre blanco en un acto que organizó Gabriel Katopodis en San Martín sobre “el daño de Milei”, el lunes, horas después del encuentro que sacó chispas en Moreno: “El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no les va a soltar la mano a quienes más nos necesitan… El año que viene vamos a convocar a todos y a todas para construir un inmenso frente con todos los sectores: la provincia de Buenos Aires va a estar resistiendo, pero también construyendo una alternativa de futuro”.

No parece ser la intención de los Kirchner.

“Nosotros vamos por ese camino, esperemos que el resto ayude y, si no, se verá”, advierte el segundo dirigente peronista bonaerense mencionado. 

SL

El diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade presentó una denuncia contra Juan Alberto Pazo, nuevo director de ARCA (exAFIP), tras conocerse su vínculo con una serie de propiedades y movimientos inmobiliarios en los que está involucrado Romina Diago, esposa del diputado nacional Cristian Ritondo, en un caso que fue revelado por elDiarioAR.

La denuncia de Tailhade tiene como objetivo que se investigue una serie de hechos cometidos por el actual funcionario público nacional, que podrían configurar delitos de acción pública. Según el escrito presentado, se trata de “delitos previstos en el art. 268 ter, último párrafo, que reprime con prisión de hasta 6 años al funcionario público que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

De acuerdo con la investigación publicada en este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora, fue adquirido en marzo de 2013 a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Pazo fue nombrado el 7 de diciembre al mando de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, el organismo encargado del control tributario y la recaudación de impuestos.

“Juan Alberto Pazo es un empresario argentino, vinculado estrechamente como ejecutivo desde hace muchos años al grupo económico que comanda Francisco De Nárvaez, habiendo sido presidente del holding de empresas textiles del grupo, y presidente de numerosas sociedades subsidiarias constituidas en su gran mayoría en guaridas fiscales, es decir aquellos países o jurisdicciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, afirma el texto firmado por el diputado peronista.

“El 25 de octubre de 2010 Juan Alberto Pazo y su esposa Josefina Helguera Zuberbuhler constituyeron la sociedad Harbour House 1533 Corp, con sede en la unidad 1533 del complejo ubicado en el 10275 de Collins Avenue, Miami, Florida”, comienza el anexo dedicado a la información concreta del caso. “Esta sociedad continúa siendo propiedad de Pazo y su esposa, y, según veremos, nunca fue incorporada a las declaraciones juradas presentadas por Pazo en su condición de funcionario público durante los períodos mencionados. Según los registros públicos del condado de Miami, la unidad 1533 era propiedad de Harbour House 1533 Corp y fue vendida el 14 de marzo de 2013 a Goformore LLC, que de acuerdo a la investigación periodística de Emilia Delfino en elDiarioAR, es una sociedad constituida en Florida el 4 de junio de 2012 por Romina Diago, esposa del diputado nacional Cristian Ritondo. Según Delfino el precio de venta fue de us$580.000”.

En su denuncia, Tailhade detalla que, en su carácter de funcionario público, Pazo debió haber declarado estas propiedades, en cumplimiento de la Ley de Ética Pública. “En ninguna de las presentaciones que hizo durante aquel período informó que era socio de una sociedad constituida en Miami bajo la denominación Harbour House 1533 Corp ni mucho menos que era dueño de un inmueble en aquella ciudad”, sostiene la presentación del diputado de UxP.

“En este período debió haber denunciado que eran propietarios de la unidad 309 del complejo ubicado en el 10275 de la Avenida Collins, ya que lo compraron en 2013 y lo vendieron en 2021, es decir estuvo en su patrimonio durante toda la primera etapa de su trabajo en la gestión pública, y sin embargo lo omitió, lo ocultó, evidentemente de manera deliberada. O sea, una clara falsedad maliciosa de su declaración jurada”, concluye Tailhade.

Tras detallar y adjuntar las pruebas que respaldan las acusaciones, el diputado kirchnerista cierra su presentación solicitando que se le de intervención al Agente Fiscal en turno “a efectos que promueva la investigación correspondiente contra Juan Alberto Pazo”.  

DM

El ministro Luis Caputo consolida su poder al interior del Ministerio de Economía. La eyección de Fernando Vilella de su cargo al frente de la ahora ex Secretaría de Bioeconomía, área que volverá a su tradicional denominación de Agricultura, Ganadería y Pesca, tuvo como principal finalidad estrechar todavía más el vínculo de la cartera económica con el campo, en tiempos en que los dólares lejos están de sobrar. Su reemplazante será Sergio Iraeta, hasta ayer subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, un hombre de plena confianza de quien ejerce en la práctica el rol de “viceministro” de “Toto”: su actual secretario Coordinador de Producción, Juan Pazo.

El ascenso de Iraeta en el esquema ministerial implica el final de un proceso que comenzó en febrero pasado, cuando Caputo decidió intervenir a través de Pazo el área que rige el ida y vuelta del gobierno de Javier Milei con el sector agropecuario. Lo designó en ese momento como secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, una cartera que en diciembre había comenzado llamándose Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Pazo está rodeado de conflictos de intereses, tal como reveló una investigación de elDiarioAR. Fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras, y fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. No es un dato menor que mantenga lazos familiares con el flamante secretario Iraeta, que también se desempeña como productor ganadero. Domingo Iraeta, hermano del funcionario, está casado con Dolores Helguera, hermana de Josefina Helguera, la esposa de Pazo y reconocida empresaria del rubro textil, cofundadora de la marca Rapsodia.

No es la primera vez que Pazo ostenta un cargo en la función pública. Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Mauricio Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Pazo es del entorno de Caputo y tiene vínculos directos con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, y con Mariano Federici, ex titular de la UIF de Macri. Su empresa Invernea está muy bien conectada con el actual gabinete: Bausili fue su asesor financiero y un hijo de Caputo es el encargado de Administración y Finanzas. Además, como si eso fuera poco, un hijo del ahora secretario Iraeta, Estanislao, figura como el encargado de Operaciones Ganaderas de la empresa.

Final anunciado

Vilella había regresado de un viaje por China, Japón y Corea esta semana, pero de inmediato fue desplazado de su puesto. La decisión estaba tomada hace días. Se postergó para evitar el papelón de suspender la gira asiática del ahora malhadado exsecretario, que había llegado al Gobierno de la mano del exjefe de Gabinete Nicolás Posse. “Tal vez Fernando no podía alinear algunos objetivos con los que tenía el ministerio, y simplemente se busca eso: que cada funcionario esté alineado con los objetivos centrales que tenemos”, justificó este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina, en la que también indicó que “lo que se busca” con la elección de Iraeta “es tener más cercanía todavía con los productores”.

Desde principios de año que Caputo delegó en Pazo la coordinación del área con el objetivo de controlar lo máximo posible su dinámica, clave en la relación con el sector de la economía que mayor cantidad de dólares genera. Ahora, el ingreso de Iraeta marca el definitivo alineamiento con el programa económico de “Toto” y despeja cualquier atisbo de autonomía que podía persistir. Pese a que Vilella hace tiempo que había resignado tener mayor injerencia en las decisiones cotidianas, a partir de ahora ya no quedan riesgos de que dentro de la cartera haya voces disidentes de lo que pueda definir el ministro.

En los últimos tiempos, fueron las propias entidades agropecuarias las que incluso comenzaron a ver de reojo a Vilella. Según pudo saber elDiarioAR, durante una reunión que mantuvo Caputo con dirigentes de la Sociedad Rural la semana pasada en el Ministerio de Economía, el titular de la entidad, Nicolás Pino, le deslizó al ministro Caputo su malestar con la noción de bioeconomía, la misma que rigió hasta este miércoles los principales lineamientos de la secretaría que ahora encabezará Iraeta. El pedido de Pino fue, básicamente, que el área recuperara su nombre original.

Pero la relación con el campo no fue el único problema con el que debió lidiar Vilella. Hace meses que el ejército de trolls que tiene base en el Salón de los Próceres en Casa Rosada lo había puesto como blanco de sus ataques virtuales. Sin ir más lejos, Daniel Parisini, mejor conocido como @GordoDan, comenzó a hostigarlo luego de que el ahora exfuncionario le diera “me gusta” a un posteo del senador radical Martín Lousteau en el que criticaba la falta de acción del Gobierno ante la epidemia de dengue. “@vilellafer a partir de mañana no te quiero ver más en tu puesto de trabajo”, fue el mensaje enviado en marzo, que luego se replicó en otras publicaciones. Luego se supo que el propio Vilella se comunicó con el vocero Manuel Adorni para disculparse por lo sucedido, en un intento por evitar una eventual represalia.

Fueron varios movimientos en la estructura del Ministerio de Economía que paulatinamente le restaron capacidad de maniobra a Vilella. De hecho, el primero en degradar el otrora Ministerio de Agricultura a secretaría fue el Frente de Todos, en septiembre de 2022, por decisión del exministro de Economía Sergio Massa. Una vez en el poder, Milei fue un paso más allá y decidió modificarle el nombre a Bioeconomía. En febrero, Caputo designó a Pazo como virtual “interventor” del área y preparó el terreno para, cinco meses más tarde, colocar a un Iraeta al frente de la secretaría que hasta este miércoles encabezaba Vilella, ya completamente subordinada a los lineamientos de la cúpula ministerial.

PL/MG

El secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo, Juan Alberto Pazo, avanza en la primera privatización del gobierno de Javier Milei: la de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), que fabrica desde turbinas hidroeléctricas hasta molinos eólicos. La empresa que era de Enrique Pescarmona había caído en una crisis tras varios malos negocios en Venezuela y Brasil y había quedado en manos del Estado, cuando le inyectó capital en 2021. Ahora el Ejecutivo quiere privatizarla sin licitación, pero por otro mecanismo legal después de que un grupo norteamericano cuyo nombre se mantiene en secreto se haya mostrado interesado en comprarla.

“Un interesado presenta una carta de intención y en los próximos 30 días se hará un due diligence (contrato previo), no exclusivo para este interesado, y cuando se presente la oferta, se abre un periodo de 60 días de mejoramiento de la oferta”, explican en el entorno de Pazo. Es decir, otras empresas podrán competir con la que primero manifestó su deseo de quedarse con la firma mendocina.

En la secretaría de Pazo, viceministro de Economía a las órdenes de Luis Caputo, aducen que Impsa es una sociedad anónima y por tanto no se requiere ni una ley ni una licitación para venderla. “No es una empresa del Estado sino una empresa en la que el Estado había comprado acciones. Además, se abre a otras ofertas. Es como una licitación”, adujeron en el entorno de Pazo, que fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons y tiene inversiones en Invernea, un fondo de inversión en ganado vacuno y agro, y otras dos firmas del sector, Caracú y Juan y Juan SRL.

AR/MG

Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Económico, virtual viceministro de Economía, continúa sin aclarar las dudas sobre su patrimonio. El domingo, elDiarioAR informó que el funcionario asumió rodeado de potenciales conflictos de intereses y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes. 

Pazo viene del sector privado. Fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

Sin embargo, esta no es su primera incursión como funcionario. Pazo fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Hay un punto central que Pazo debe aclarar: su declaración como dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri.

elDiarioAR accedió a un documento publicado en el registro público de propiedades de Miami, gracias a la colaboración del equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación.

Harbour House 1533 Corp. es una sociedad radicada en Florida. Un documento fechado el 24 de agosto de 2018 relata una resolución del board de directores y accionistas de la compañía. “Juan Pazo” figura en dicha acta, no sólo como director de la compañía, sino también como accionista, es decir, como dueño de una parte de la sociedad.

En el documento, “Juan Pazo” figura sin número de pasaporte ni nombre completo, al igual que “Josefina Helguera”, quien también figura como directora y accionista de la compañía. Josefina Helguera es el nombre de la esposa de Juan Alberto Pazo. 

El escrito está sellado por un notario de Florida, quien certificó la identidad de “Juan Pazo” a través de la presentación de su “pasaporte argentino”, dice el acta, pero no incluyó el número de identidad en el documento público. 

Si en 2018 Pazo era accionista de la sociedad y funcionario público, ¿por qué no figuran estas acciones entre sus bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción? elDiarioAR consultó a Pazo por segunda vez a través de una persona de su entorno, quien respondió que el departamento en Miami y la sociedad son de su esposa, Helguera. Sin embargo, Pazo no explicó por qué figura en el registro público de Miami como accionista de la compañía y por qué no declaró esas acciones en 2018. 

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado. El propio Luis Caputo, ministro de Economía y jefe de Pazo, está imputado desde finales de 2017 por ese mismo delito por no haber declarado sus acciones en sociedades offshore cuando era funcionario de Macri. Caputo niega haber cometido un ilícito.

Los departamentos

La sociedad Harbour House 1533 Corp. era, en 2018, titular de un departamento en el condominio ubicado en Collins Avenue 10275. En Florida, una práctica usual y legal es que las propiedades inmuebles estén a nombre de sociedades y no de las personas que las adquirieron. Es una forma utilizada por la mayoría de los argentinos por cuestiones legales e impositivas.

Harbour House 1533 Corp. adquirió el departamento en 2013. Antes tenía otra propiedad en el mismo condominio. La propiedad adquirida en 2013 tiene dos dormitorios, dos baños y un living en la zona de Bal Harbour, frente al mar. Si bien tenía una hipoteca por US$400.000, cuando se vendió, tres años más tarde, en 2021, el valor de mercado y el de tasación era de casi un millón de dólares (US$996.100).

Ese año, la sociedad vendió el departamento y adquirió otra propiedad. Esta vez, compró una unidad en el condominio Beach Club Apts Condo, ubicado en la misma avenida, Collins, pero al 9940. El nuevo departamento fue tasado en US$376.530, de acuerdo a los registros públicos de Miami.

Al menos hasta mayo de 2023, Helguera y Juan Pazo figuraban como directores de la compañía dueña del departamento.

Público y privado

Ahora que regresó a la función pública, Pazo debe volver a presentar declaraciones juradas ante la OA. El funcionario debió presentar su primera declaración jurada dentro de los 30 días después de su asunción, pero no lo hizo hasta el momento, confirmó el organismo de control ante la consulta de elDiarioAR. 

Este medio se comunicó con la OA, a cargo de Alejandro Melik, para preguntar si el funcionario fue intimado ante el incumplimiento. El organismo, que depende del ministerio de Justicia que dirige Mariano Cuneo Libarona, respondió que el 10 de abril, es decir hace apenas siete días, intimó a Pazo y a otros funcionarios. La intimación llegó horas después de que el diputado Rodolfo Tailhade afirmara en un video que Pazo no había presentado su primera declaración jurada, correspondiente a 2023.

Pazo proviene del sector privado. Fue CEO del conglomerado textil propiedad de Francisco De Narváez y deberá también aclarar en su nueva declaración jurada si sigue ejerciendo como ejecutivo de firmas offshore de Rapsodia, una marca cofundada por su esposa, Helguera, quien también es una alta ejecutiva de la empresa.

Durante sus años de funcionario de Macri, Pazo ejerció como secretario de una serie de compañías radicadas en Panamá. Se trata de Rapsodia Licensing y Rapsodia México. Esta última con un capital de US$1.000.000, según un acta de 2017 publicada en el registro mercantil panameño. También tuvo acciones en Rapsodia Chile SA, de acuerdo a su declaración jurada de 2016.

Pazo fundó y dirigió la empresa Invernea para formar fideicomisos que inviertan en ganadería y agronegocios. “Renunció al cargo de director”, explicaron en su entorno. La secretaría a cargo de Pazo, Industria, no tiene injerencia en el sector ganadero, pero sí la tiene Pazo, quien ya empezó a participar en reuniones y conversaciones con los ganaderos, a medida que gana terreno en el gabinete económico, como explicó Alejandro Bercovich en este medio. Otro punto que la OA deberá seguir de cerca.

ED/DTC