El 2026 le sonríe a la pareja de Andrés Vázquez, el polémico jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) del gobierno de Javier Milei. El pasado 21 de enero, María Eugenia Fanelli fue ascendida dentro del organismo, apenas un mes después de que Vázquez asumiera como titular de la entidad. 

Fanelli pasó ahora de directora regional en CABA a subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI, tras una resolución firmada por Joaquin Perez Tripodi, el subdirector general de Administración. Quedó bajo la conducción directa de Mariano Mengochea, jefe de la DGI cuando Vázquez saltó a la jefatura de ARCA.

El nombramiento quedó oficializado en la disposición 6/2026 del Boletín Oficial, ya figura en el organigrama de la web oficial de ARCA y fue justificado a elDiarioAR de manera extraoficial: “Se trata de una funcionaria de carrera, con más de 20 años de experiencia”, explicó una fuente consultada, que evitó hacer referencia a la relación personal entre Fanelli y Vázquez.

La medida indica en su artículo 2 que Fanelli, de profesión abogada, tendrá “licencia sin sueldo en su respectivo cargo de Planta Permanente”. En su puesto anterior, la pareja de Vázquez gozaba de un sueldo bruto que oscilaba entre $12 millones y $13 millones por mes, según consignó el diario La Nación en septiembre pasado.

El ascenso de Fanelli ocurre casi un mes exacto de la consagración de Vázquez como número 1 de ARCA. El 16 de diciembre reemplazó a Juan Pazo, de la mano de Santiago Caputo, tras ser director de la DGI. 

Con más de veinte años en la exAFIP, Vázquez atravesó gobiernos, purgas y cambios de época sin perder centralidad y alimentando cierto misterio a su alrededor: cuando asumió al frente de la DGI no quiso que le tomaran fotos. En 2024, una pesquisa del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por elDiarioAR, reveló que Vázquez había comprado en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción. El 22 de diciembre el propio Milei lo defendió: “Causas abiertas puede tener cualquiera”.

A poco de asumir en la DGI bajo la administración libertaria, Vázquez desplazó a un funcionario al frente de la Dirección Regional Centro II en CABA para ubicar allí a Fanelli, pese a que ella no había transitado las categorías intermedias previas. Le otorgó un aumento remunerativo de casi 100%. 

En enero del año pasado diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente a Vázquez por incumplir la ley de Ética Pública. Maximiliano Ferraro y Mónica Frade señalaron que la decisión de Vázquez representó una falta de independencia y transparencia en la función pública. “Tener de jefe a la pareja es visiblemente un quebranto a la independencia y transparencia”, decía la denuncia, que agregaba: “Resulta competencia de Vázquez nombrar funcionarios, pero lo que está vedado y resulta excepción a la regla es nombrar a su pareja y/o cónyuge, por obvias razones”.

Ante el nuevo ascenso de Fanelli, la diputada Frade de la CC afirmó a elDiarioAR: “La mafia de Arca avanza. El ascenso de la Dra Maria Eugenia Fanelli a subdirectora general Metropolitana no es inocente ni neutro. Es la esposa de quien preside el organismo, denunciado penalmente por haber omitido información de bienes en su declaración jurada patrimonial. Pudo eludir exitosamente, una causa por enriquecimiento, gracias a los servicios que en su momento le ofreció el juez Lijo. Seguimos esperando en esta nueva causa, que la Justicia detenga un accionar continuo”.

MC/MG

La flamante designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no inaugura un ciclo: lo deja al descubierto. Blanquea un mando que ya existía y ordena, hacia adentro del Gobierno, una relación de fuerzas que en los últimos meses había quedado en suspenso. Vázquez no aterriza como un outsider ni como una apuesta técnica. Ya conducía la Dirección General Impositiva (DGI), el verdadero núcleo duro del organismo recaudador, donde se cruzan bases de datos, se deciden inspecciones y se administra una de las herramientas de control más poderosas del Estado argentino.

Desde ese lugar, Vázquez ya funcionaba como el hombre fuerte de la ARCA antes de que el cargo máximo llevara su nombre. En la lógica del poder estatal, la DGI siempre pesó más que la jefatura política formal del organismo, y el contador lo entendió mejor que nadie. Su ascenso fue silencioso, persistente y quirúrgico. Llegó con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei.

Durante los últimos meses, en la Casa Rosada se habló de un Caputo en retroceso, forzado a replegarse tras haber acumulado demasiado poder. La entronización de Vázquez —y la recomposición paralela en la SIDE, con Cristian Auguadra— le devuelve aire, como mensaje interno de que el esquema de control sigue en pie. Con su venia, hace tiempo que el ahora flamante titular de ARCA operaba como el verdadero mandamás del organismo, por encima incluso de la conducción formal de Juan Pazo, de estrecha confianza del ministro Luis Caputo. La referencia a “Toto” queda como telón de fondo: la disputa real es, fue y será con la hermana del Presidente.

Una historia opaca

Vázquez no es un funcionario neutro ni un técnico aséptico. Es un sobreviviente del Estado profundo. Con más de veinte años en la exAFIP, atravesó gobiernos, purgas y cambios de época sin perder centralidad. Su foja incluye episodios de alto voltaje político, como el megaoperativo fiscal de 2009 contra el Grupo Clarín, ejecutado con más de 200 agentes en plena guerra del kirchnerismo con Héctor Magnetto. Fue una inspección transmitida en directo por televisión, con impacto simbólico y mensaje político. Cerca de Ricardo Echegaray todavía sostienen que el entonces jefe de la AFIP se enteró del operativo por la pantalla. A Vázquez, en cambio, nadie lo tocó.

Pero su trayectoria no se explica solo por ese episodio. Vázquez construyó su poder mucho antes de que la exAFIP se transformara en ARCA. Lo hizo de la mano de Carlos García Lorea, otrora titular de la Dirección de Inteligencia Fiscal en tiempos del menemismo, un área clave donde la recaudación se mezcla con la investigación patrimonial y el seguimiento fino de contribuyentes estratégicos. Desde allí tejió vínculos duraderos con el poder político y, sobre todo, con el mundo del espionaje.

En ese recorrido aparecen nombres centrales del submundo de la inteligencia argentina, como el del número 2 de la SIDE kirchnerista, Francisco Larcher y, con mayor peso, el de Antonio “Jaime” Stiuso. No se trata de contactos ocasionales: quienes conocen esa etapa describen a Vázquez como un operador fiscal con lógica de inteligencia, formado en una cultura donde la información vale más que la exposición y donde el poder se ejerce sin dejar huella.

Ese rasgo se mantiene intacto hasta hoy. Cuando asumió al frente de la DGI, Vázquez no quiso que le tomaran fotos. No hubo imagen oficial de su desembarco, ni registro interno difundido. En un organismo acostumbrado a la liturgia burocrática, el gesto llamó la atención. No fue un descuido: fue una decisión. De hecho, no existen fotos suyas disponibles en internet ni en redes sociales, un dato inusual para un funcionario que maneja una de las palancas más sensibles del Estado. En tiempos de hiperexposición, el ahora titular de ARCA eligió el anonimato como método.

Polémicas abiertas

Ese entramado quedó expuesto también por las investigaciones periodísticas que rodean su figura. En 2024, una pesquisa del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por elDiarioAR, reveló que Vázquez había comprado en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción. La revelación derivó en una denuncia judicial que todavía sobrevuela su nombre, sin impacto visible en su carrera.

En ese mismo período se produjo otro episodio que en la Casa Rosada todavía se lee en clave política: la filtración de listas internas de funcionarios y contribuyentes de la exAFIP —de la que Juan Pazo aseguró no estar enterado— , con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo. El caso desató una tormenta mediática y obligó a abrir una auditoría interna en la ARCA. Puertas adentro del Gobierno, no faltaron quienes lo interpretaron como una maniobra deliberada de Santiago Caputo para correr el foco público de un tema que empezaba a incomodarlo: la concentración de poder de Vázquez en la DGI y, en particular, la designación de su pareja, María Eugenia Fanelli, en un cargo estratégico.

A través de un movimiento interno que generó malestar entre los empleados de carrera del organismo, Fanelli fue nombrada al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires apenas días después de que Vázquez asumiera como jefe de la DGI. Meses más tarde, el diario La Nación difundió una resolución interna del organismo que le asignaba —junto a otros funcionarios de extrema confianza— la categoría salarial más alta del escalafón, con ingresos que, según fuentes oficiales, oscilan entre los 12 y 13 millones de pesos brutos mensuales.

La retórica libertaria promete destruir el Estado y combatir a la casta. La práctica muestra algo distinto y más antiguo: usar los engranajes más profundos del aparato estatal para reordenar el mando. Andrés Vázquez no es una contradicción en ese esquema. Es su expresión más cruda. Un funcionario de bajísimo perfil, formado en la cultura de la inteligencia fiscal, con control sobre la base de datos más poderosa del país. En tiempos de poder inestable, no es un detalle menor quién mira, quién cruza información y quién decide cuándo apretar el botón.

PL/MC

El Gobierno redobló la embestida que mantiene contra Claudio “Chiqui” Tapia y este viernes la Dirección General Impositiva presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una cifra de más de $7.000 millones.

La denuncia fue presentada ante el fuero penal económico por la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal, y viene a sumar más presión contra el titular de la AFA quien ya está siendo investigado por la justicia por posible lavado de dineero.

El juez  Diego Amarante es quien deberá llevar adelante ahora esta nueva investigación para determinar si los reportes recibidos en ARCA muestran efectivamente “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones desde diciembre de 2024.

Según la denuncia de ARCA, la AFA actuó como agente de retención, es decir descontó dinero a terceros a terceros por impuestos o cargas sociales, sin embargo no se constató que luego hayan realizado los correspondientes depósitos en el fisco. Se trata de delitos previstos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.

En el escrito presentado, ARCA destaca que ese dinero que la AFA descontó a terceros “no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones de la sociedad”.

Hoy, por orden del juez federal Daniel Rafecas, quien luego fue apartado de la causa, se realizó un allanamiento en una mansión en Villa Rosa, en Pilar, que se atribuye a testaferros de Tapia. Allí, en un galpón propiedad de la firma “Real Central SRL” se secuestraron 45 autos de alta gama. Además, en otra causa que lleva adelante el juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, tambián vinculada al titular de la AFA.

La semana empezó con una maniobra que llevó la firma de un estratega en modo guerrilla digital. El blanco fue María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) en tiempos de Cambiemos, quien recibió un ataque directo por parte de la cuenta de X atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo. “Hola @eugetale. ¿Nos quieren contar para qué tenían armada esa lista de 'protección' en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”, lanzó, con ironía, @MileiEmperador, “John”, el avatar que utilizaría en redes sociales el hombre de mayor confianza de Javier Milei.

El trascendido acerca de la existencia de un mecanismo ideado por la AFIP de Mauricio Macri para proteger determinados nombres vinculados al kirchnerismo no solo marcó un capítulo más en la zaga de encuentros y desencuentros que cruzan la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. También mostró la repercusión pública que es capaz de alcanzar el joven Caputo desde el anonimato en X. Desde allí, agita su “propaganda” y “contrapropoganda” libertaria en tono provocador, como si no estuviese al mando, en las sombras, de dos áreas extremadamente sensibles del organigrama estatal: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —como rebautizó Milei al organismo encargado del cobro de impuestos— y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, el martes, pocas horas después de su cruce virtual con “John”. “Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema representa en este gobierno lo que pasa con Andrés Vázquez en la exAFIP, lo que pasa con Ernesto Kuider cruzando una frontera, el atraso de Ficha Limpia, la negociación con los distintos senadores”, enumeró.

La exfuncionaria, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. Sin embargo, el asesor estrella de Milei reniega de las voces que lo presentan como el culpable de todo. En los pasillos de Casa Rosada nadie parece advertir que su ambición puede llevarlo a guerras intestinas hasta el momento inexistentes: Vázquez, jefe de la Dirección General de Impositiva (DGI) y alfil suyo en la flamante ARCA, es mirado de reojo por Juan Pazo, el titular del ente recaudador, figura de extrema confianza de su tío, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según pudo saber elDiarioAR, Pazo, que al igual que Talerico fue funcionario del gobierno de Cambiemos, se enteró de la supuesta lista de la exAFIP recién después de que fue publicada por Clarín. Desde el Gobierno iniciaron una auditoría interna en ARCA para investigar qué objetivo tenía esa documentación con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo, como Lázaro Báez y Alejandro Vandenbroele, que hasta el momento no fue denunciado oficialmente ante la Justicia. A contramano de los dichos del propio Milei en una entrevista con El Obervardor, en Balcarce 50 reconocen que todavía no está claro si la gestión macrista utilizó esa información para proteger a los apuntados o, por el contrario, para “perseguirlos”.

“Una pantalla de humo”, definió al caso el senador del kirchnerismo Oscar Parrilli tras ser consultado en una entrevista con AM750. Es que no faltan los que creen que la filtración fue en realidad una estrategema ideada por Santiago Caputo con el fin de distraer la atención pública de un tema sensible para su protegido Vázquez: la designación de María Eugenia Fanelli, su pareja, al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, un área bajo la propia órbita de la DGI. “¿Por qué Martín Menem puede tener a su sobrino trabajando con él y Vázquez no puede tener a su esposa?”, justificaban, venenosos, cerca de Caputo, en alusión a Sharif Menem, flamante referente juvenil de La Libertad Avanza que se desempeña como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Al promover a Fanelli, Vázquez, de fluidos lazos con los servicios de inteligencia, llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. En tanto, el mes pasado, el controvertido funcionario ya había sido denunciado en la Justicia a raíz de otra investigación periodística de elDiarioAR, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA).

Con la venia de Caputo (Santiago), Vázquez se mueve como el verdadero mandamás de ARCA, un área clave del poder real en la Argentina. No es más que otro ejemplo de la ambición que caracteriza a uno los integrantes del “triángulo de hierro”, en quien los hermanos Milei delegaron facultades pese a no figurar en la planilla de funcionarios. “El trabajo de la política en la presente hora nacional es destruir el edificio corporativo del modelo empobrecedor de la casta, que nos ha legado un país con la mitad de los argentinos pobres. Y si hace falta usar las armas del enemigo para hacerlo, entonces eso es lo que hay que hacer”, escribió “John”, su alter-ego tuitero, en un extenso mensaje publicado el jueves en X.

Es que cada uno de los movimientos de Caputo está dirigido a consolidar un sistema donde el concepto de “calidad institucional” debe estar subordinado a la causa de la defensa “la vida, la libertad y la propiedad”, según su propia visión. Pero el asesor presidencial va más allá: su influencia abarca desde la SIDE hasta el Ministerio de Justicia, con presiones constantes hacia la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló este viernes elDiarioAR. También ámbitos como YPF o la estrategia comunicacional en su conjunto. Una compleja botonera que da recursos, pero también extremas responsabilidades.

PL/MC

Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro denunciaron penalmente al contador Andrés Edgardo Vázquez, designado jefe de la Dirección General Impositiva por haber desplazado en el cargo de jefe de la Dirección Regional Centro II de CABA a Luciano Botto Rostom, para nombrar en su lugar a su propia pareja, la abogada María Eugenia Fanelli.

Hasta entonces, Fanelli ocupaba el cargo de jefa de una sección técnico jurídica. Botto Rostom fue desplazado a Mercedes, provincia de Buenos Aires.

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Vázquez promovió bajo su propia órbita a Fanelli, quien cobra desde entonces un sueldo de unos $7 millones, según publicó este lunes el diario La Nación.

Según el escrito presentado por Frade y Ferraro, “el denunciado fue nombrado en el cargo de referencia, el pasado mes de Octubre del año 2024, con la firma del Presidente de la Nación y su Ministra de Seguridad. Según obra en información periodística del día 6 de enero en la web de La Nación, en una nota autoría del periodista Dr Hugo Alconada Mon, el día 1 de Noviembre del pasado año (a unos días de asumido), el denunciado rubricó la Disposición N° 182/2024, mediante la que desplaza en el cargo de Jefe de la Dirección Regional Centro II de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Dr. Luciano Botto Rostom (desplazado a Mercedes, Pcia de Bs As), para nombrar a su propia pareja, la abogada Maria Eugenia Fanelli, quien hasta entonces ocupaba el cargo de jefa de una sección técnico jurídica”, reseñan los legisladores.

Y agregan: “El nombramiento interino en ese cargo, le permitió a la nombrada acceder sin haber habitado las categorías intermedias que la separaban del actual cargo, implicando -además de una ubicación estratégica para la pareja- un incremento remuneratorio de casi un ciento por ciento. Tener de jefe a la pareja, es visiblemente un quebranto a la independencia y transparencia”, denuncian.

Además, aclaran que es “competencia de Vázquez, nombrar funcionarios; lo que le está vedado y resulta excepción a la regla, es nombrar a su pareja y/o cónyuge, por obvias razones”.

Asimismo, Frade y Ferraro recuerdan que Vázquez “fue denunciado penalmente junto a su ex esposa por los suscriptos, hace apenas unos días, por la adquisición de inmuebles no declarados en la Oficina anticorrpción -off shore mediante- en Estados Unidos (CFP 5364/2024, por ante el Juzgado Criminal Correccional Federal N’3, denunciados: Vazquez Andres Edgardo/ Rodriguez Silvia Ivone). Es visible que comparte con sus sucesivas parejas, los beneficios y prerrogativas que le viene proporcionando, la función pública”, sostienen.

De acuerdo a los denunciantes, Vázquez “violó el Código de Etica de ARCA, Disposición N° 272/2022, en cuyo Capítulo VI alude a ”PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO“. Y detallan los puntos en los que el funcionario nacional presenta ”conflicto de interes e incompatibilidades laborales“:

Al respecto, argumentan, “cabe señalar que en materia de conflicto de intereses y de incompatibilidades rigen además las previsiones de las normas vigentes en el orden nacional que regulan la materia, las que deben ser conocidas por todos los y las agentes de la (ex) AFIP y que deben ser interpretadas de forma extensiva, en virtud de la finalidad tuitiva del interés público y del comportamiento ético de los funcionarios y de las funcionarias que las mismas persiguen”.

También agregan que el jefe de la DGI “violó la Ley 25.188 'ETICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA' que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado”.

En ese punto aclaran que se entiende por función pública “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Y detallan que los sujetos comprendidos en esta ley “se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

Para Frade y Ferraro, hay un conflicto de intereses ya que, citando al Código de Ética de la Función Pública, “a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo...” y “debe excusarse en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse conflicto de intereses”.

Los legisladores de la Coalición Cívica sostienen en la presentación que los funcionarios deben tener “independencia e imparcialidad” y no pueden “utilizar las prerrogativas de su cargo para beneficios personales. En una comunidad conyugal/ de pareja, esto aplica, sin posibilidad de interpretación en contrario”, sentencian.

En tanto, aseguran que Vázquez, “a sabiendas de la normativa que impedía ejecutar el acto administrativo, decidió llevarlo adelante, infringiendo las normas citadas”, por lo que “queda incurso como autor de los tipos penales citados (artículo 248 del Código Penal -será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere- y artículo 253 - será reprimido con multa e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales-.

En el final del escrito, solicitan a la Justica “se provea la presente investigación, produciéndose la prueba conducente a la constatación de los hechos publicados en la nota de referencia”.

La denuncia

Qué dice la información publicada

La investigación periodística la realizaron el periodista Hugo Alconada Mon y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y da cuenta de que Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

Según el diario La Nación, la designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre, y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

El mes pasado Vázquez fue denunciado en la Justicia a raíz de la investigación periodística, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.

IG

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió bajo su propia órbita a su pareja. Cobra desde entonces al menos $7 millones, publicó hoy el diario La Nación.

La investigación periodística la realiza el periodista Hugo Alconada Mon y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y da cuenta de que Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

Según el diario, la designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre, y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

El mes pasado Vázquez fue denunciado en la Justicia a raíz de la investigación periodística, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.

JJD

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade presentaron este jueves una denuncia penal contra el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su Declaración Jurada patrimonial.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, ya inició el lunes un expediente contra Vázquez, quien en carácter de jefe de la DGI debe controlar la evasión impositiva y, sin embargo, compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El expediente iniciado a partir de esta denuncia de los diputados del partido que lidera Elisa Carrió será tramitado por el fiscal federal Carlos Rívolo, en coordinación con la PIA, a cargo de Sergio Rodríguez.

El miércoles, Carrió había cuestionado con dureza a Vázquez, de quien dijo que es “mafia pura” y dijo que su “padrino político”, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, Javier Milei, que no tiene cargo formal en el Gobierno, al que le factura como monotributista, “está fascinado con esos vínculos y con la fama”.

Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, ya fue investigado por sus supuestos vínculos con cuentas bancarias offshore pero la última información revelada demostró un entramado distinto y desconocido.

Los tres departamentos en Estados Unidos que el jefe de la DGI compró a través de sociedades en el exterior totalizaron un monto superior a los US$2 millones. Vázquez administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante una compleja red de sociedades offshore que continúa activa e incluye una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

JJD

Elisa Carrió cuestionó con dureza este miércoles al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, de quien dijo que es “mafia pura” y dijo que su “padrino político”, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, Javier Milei, que no tiene cargo formal en el Gobierno, al que le factura como monotributista, “está fascinado con esos vínculos y con la fama”.

“[Vázquez] es quien hizo todas las operaciones sucias para Clarín y además estaba en la zona sur, donde puso sus empresas el propio Lazaro Báez. Yo no sé si está vinculado con [el exjefe del Ejército del kirchnerismo, César] Milani, el servicio de inteligencia. Es un hombre de lo más pesado, es mafia pura”, dijo la líder de la Coalición Cívica.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició el lunes un expediente contra Vázquez, quien en carácter de jefe de la DGI debe controlar la evasión impositiva y, sin embargo, compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

En declaraciones al programa de la periodista María O'Donnell, en la FM Urbana Play, la exdiputada nacional también cuestionó con dureza a Santiago Caputo, a quien se le atribuye la designación de Vázquez en la DGI, que es una de las direcciones estratégicas de la ex-AFIP, que Milei rebautizó como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo también, ¿no? Pero es un hombre para operaciones sucias, para persecución de periodistas, de políticos. Lo sobreseyó [el juez Ariel] Lijo, que no tendría que ser nunca juez de la Corte”, afirmó Carrió.

Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo y es un hombre para operaciones sucias y persecución de periodistas y políticos

Elisa Carrió — líder de la Coalición Cívica

La referente opositora señaló que “en el Sheraton Pilar se reunían Lijo, algunas de estas personas, el conocido dueño del Banco Macro, Jorge Brito (en alusión al padre del actual banquero, fallecido hace cuatro años en un accidente aéreo), y se reían de las causas que tenía Lijo”, dando a entender que se trataba de expedientes sobre casos de corrupción que quedarían en la nada.

“Santiago Caputo se está vinculando con el sector del poder más mafioso de la Argentina. Eso pone en riesgo a la Aduana y pone en riesgo a la DGI. Es como decirle a la gente de la AFIP: 'Miren, ahora están para los negocios'”, aseveró Carrió.

En tal sentido, dijo que “puede haber un pacto de impunidad” y al respecto sostuvo que “ya está negociando Wado de Pedro y este chico, que es muy joven”, en alusión a Santiago Caputo, quien “está fascinado con esos vínculos (en alusión a los sectores mafiosos que mencionó) y con la fama”. “No sé si [Santiago Caputo] es corrupto pero ya está en vías de una nueva matriz de corrupción”, sostuvo Carrió y vaticinó que, como consecuencia de esos vínculos, al mano derecha de Milei “se lo van a llevar puesto”.

Señaló también que “lo increíble de todo esto es que no es responsable porque tiene un contrato de servicios con el Estado”, lo cual “es una irregularidad que estaría casi vinculada a un gobernante de hecho, que es lo que prohíbe el artículo 36” de la Constitución nacional. Dicho artículo establece sanciones para quienes “usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias” y que “responderán civil y penalmente de sus actos”.

En referencia a Vázquez y a funcionarios a quienes calificó de corruptos, Carrió dijo que “este grupo de gente no tiene dueño” y que “es la verdadera mafia de la Argentina”. “Son las segundas y terceras líneas [de los organismos públicos, como la ARCA]. Las mafias no se han ido [del Estado]. Las han corrido en determinadas etapas. Por ejemplo, Alberto Abad (exjefe de la AFIP de Mauricio Macri y, anteriormente, de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo echó para poner en su lugar a Ricardo Echegaray), las corrió a esas mafias. Pero después vuelven”, dijo Carrió.

También denunció un vaciamiento de parte del gobierno de Milei de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero y anticipó que su espacio va a denunciar estas maniobras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental que establece normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Atribuyó esas presiones sobre la UIF al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al tiempo que lo desligó a Sebastián Amerio, viceministro de esa cartera ministerial, a quien definió como “una persona decente”, que “en todo caso recibe órdenes” y que “no estaría nunca de acuerdo con la designación de Lijo” como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

JJD

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició este lunes un expediente contra Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI). El funcionario que debe controlar la evasión impositiva compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La PIA, a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, tiene la potestad de iniciar una investigación de oficio y luego presentarla ante la Justicia para iniciar un expediente penal. Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, ya fue investigado por sus supuestos vínculos con cuentas bancarias offshore pero la información revelada este lunes demostró un entramado distinto y desconocido.

El funcionario compró a través de sociedades en el exterior tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones. Vázquez fue recientemente promovido como jefe de la DGI pero es funcionario del organismo desde hace décadas. 

La investigación reveló que Vázquez administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Esta alianza periodística buscó a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre con mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial mediante un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió el cuestionario. 

Quién es Vázquez

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

La trama offshore

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó esta investigación periodística. 

Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, ahora difundida por el CLIP. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligado por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

MC

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó este martes las acusaciones contra el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, por la compra de propiedades en Miami por el equivalente a US$2 millones que no declaró ante la Oficina Anticorrupción, como le corresponde por su rol de funcionario público. Aseguró que se trata de “un tema del pasado” y que el funcionario “fue sobreseído”. Sin embargo, el vocero presidencial se refiere a causas previas por propiedades y sociedades distintas a las que fueron reveladas por la investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicadas en elDiarioAR, en la que surge información que nunca fue judicializada previamente.

“Es un tema del pasado y está sobreseído. No hay nada que se tenga que explicar más allá de eso”, sentenció Adorni, en conferencia de prensa, luego de se supiera que Vázquez compró propiedades en Miami a través de sociedades offshore que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción, como reveló una investigación publicada en elDiarioAR junto con La Nación.

Vázquez, flamante jefe de la DGI mileísta compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información publicada por elDiarioAR se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

“[La investigación periodística] se refiere a denuncias que datan de una década atrás por las cuales siempre Vázquez se puso a disposición de la Justicia y fue sobreseído”, detalló dijo el vocero presidencial. Y agregó: “Hay una parte en la que falta a la verdad, cuando menciona que una de las causas debió cerrarse por falta de respuestas de los bancos del exterior a los exhortos que hacía la justicia argentina”. 

En la misma línea, amplió: “Se enviaron cuatro exhortos al exterior, a dos bancos, que respondieron que no existía ninguna cuenta que fuera propiedad de Vázquez. Es un tema del pasado y está sobreseído”.

Consultado por la posibilidad de sancionar al titular de la DGI, Adorni descartó la opción, y aclaró: “Si surge algo lo explicará el propio Vázquez”. Sin embargo, Adorni no se refirió a las mismas sociedades que aparecen en la denuncia.

Las denuncias contra el funcionario

El jefe de la DGI de Javier Milei figura como titular de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas radicadas en Panamá. Estas sociedades realizaron las siguientes compras:

Posteriormente, y tras la exposición de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó a la sociedad Galanthus Capital Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como controlante de Alcorta y Pompeya. La investigación también reveló que Galanthus sigue siendo titular de las sociedades offshore panameñas y, por lo tanto, de dos departamentos en Miami, cuyo valor actual asciende a US$ 1.690.000.

La investigación publicada por elDiarioAR incluye copias de la documentación que vincula directamente a Andrés Vázquez con las propiedades, incluyendo registros de la empresa Trident Trust, donde se categoriza al funcionario como “Persona Políticamente Expuesta”. El documento incluye una copia del pasaporte de Vázquez, con los mismos datos de contacto que figuran en los registros oficiales.

La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas que incluyan la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, en su última declaración presentada en octubre del año pasado ante la Oficina Anticorrupción, Vázquez informó la titularidad de diez inmuebles en Argentina, pero omitió cualquier referencia a las sociedades offshore y las propiedades en Miami.

Los antecedentes

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

MC

El diputado nacional de la Libertad Avanza Carlos D'Alessandro afirmó hoy, tras la denuncia sobre el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, acerca de haber comprado y no haber declarado inmuebles en Miami, que este funcionario “debería dar un paso al costado”.

“Si es verdad (la denuncia) y no declaró esas propiedades, y más en el cargo en que está Vázquez, debería dar un paso al costado”, dijo D´Alessandro en declaraciones al programa “Todo en off” de Radio Splendid tras la investigación publicada por elDiarioAR.

El legislador de La Libertad Avanza aseguró que él está “en una lucha constante contra la corrupción”, y enfatizó: “Para mí no es un discurso, es un modo de vida”.

Según la denuncia contra Vázquez, el funcionario que asumió su cargo en octubre último habría comprado a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de US$2.000.000 que nunca incluyó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

 “Un funcionario que asume un cargo tiene que saber que está bajo la lupa, y si es funcionario de este Gobierno tiene que estar limpio, porque si no somos más de lo mismo”, sentenció.

Advirtió, además, que “se viene un proceso electoral en 2025 y es un buen momento para que La Libertad Avanza llene sus listas con personas que no tengan que dar explicaciones después que sean designados candidatos”.

“La Justicia tiene que investigar, un fiscal tiene que intervenir de hecho en esto. Lamentablemente en la Argentina la justicia es lenta, tarda mucho, pero el manto de sospecha no puede estar sobre integrantes de La Libertad Avanza”, concluyó.

Con información de la agencia NA

Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas. 

Este funcionario recientemente promovido como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo que tiene la obligación de controlar que todos los argentinos paguen sus impuestos, administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. 

La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Esta alianza periodística buscó a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre con mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial mediante un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió el cuestionario. 

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

Dos inspectoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en ese momento el máximo organismo recaudador, se encontraron en 2007 con una sorpresa durante una revisión al casino de Buenos Aires, propiedad de un empresario amigo de Néstor Kirchner. Cuando las funcionarias fueron a requerir la documentación del casino se encontraron con Vázquez, su propio compañero. Él las acompañó por las oficinas, pidió los datos, esperó que las atendieran y las llevó hacia la salida, según reveló el diario La Nación de Argentina. Esa intervención le costó un sumario interno.

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó esta alianza periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Vázquez maneja una red offshore desde una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), que controla otras dos compañías de papel montadas en Panamá

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligados por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De “cuevas” y omisiones

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

DTC

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes un cambio profundo en la estructura fiscal del país con la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este nuevo organismo, según el anuncio, tendrá una “estructura más simple, eficiente, menos costosa y menos burocrática”. La medida forma parte de la reconfiguración del aparato estatal, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la gestión de los recursos fiscales.

Al frente de la ARCA estará Florencia Misrahi, quien ya lideraba la AFIP y estará acompañada por dos nuevos directores generales, quienes se encargarán de las áreas más cruciales del organismo: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

El nuevo titular de la DGI, excolaborador de el recaudador K, Ricardo Echegaray

Andrés Edgardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, asumirá como director de este organismo. Vázquez es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, y su extenso currículum incluye una trayectoria de más de 30 años en la DGI, donde ha trabajado en distintos niveles de responsabilidad.

También se destaca por haber sido colaborador de Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP durante siete de los ocho años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública por el delito de defraudación al Estado.

La condena se relaciona con el otorgamiento irregular de planes de pago a la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Echegaray fue considerado autor penalmente responsable de administración fraudulenta agravada por haber sido en perjuicio de la administración pública. Aunque López y De Sousa fueron absueltos, la Justicia corroboró que gracias al delito cometido por Echegaray, el Grupo Indalo, al que pertenecía Oil Combustibles, pudo expandir sus negocios. El exfuncionario de Cristina sigue en libertad mientras se resuelven los recursos presentados por su defensa.

José Andrés Velis: experto en aduanas al mando de la DGA

Por su parte, José Andrés Velis, quien también cuenta con una sólida carrera en la administración pública, tomará las riendas de la Dirección General de Aduanas. Velis ha sido clave en el desarrollo de sistemas informáticos fundamentales para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que es un pilar en el control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El Gobierno entiende que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis será vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador.

La reestructuración de la AFIP también trae consigo importantes recortes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue el encargado de este relevante anuncio sobre el cambio en el área impositiva, innformó que se reducirá un 45% de los cargos superiores de la actual AFIP en la futura ARCA, así como un 31% de los niveles inferiores, lo que implica una eliminación del 34% de la estructura total del organismo. Además, alrededor de 3.155 empleados que fueron contratados en el último año, durante el gobierno anterior, serán desvinculados por haber ingresado de manera irregular, lo que representa el 15% del personal actual.

El ahorro estimado por estos recortes se calcula en $6.400 millones anuales.

Otra de las medidas anunciadas incluye la eliminación de la Cuenta de Jerarquización, un beneficio que permitía a los altos cargos de la AFIP recibir salarios notablemente superiores al promedio estatal. Con esta reforma, por ejemplo, la jefa de AFIP y de la futura ARCA, Misrahi, verá reducido su sueldo, que hasta hace poco rondaba los $30 millones mensuales, a aproximadamente $5 millones, equiparándose con el salario de un ministro. Los nuevos directores de la DGI y la DGA también recibirán remuneraciones acordes a este nuevo esquema salarial, según se informó.

JJD

El Gobierno anunció hoy que se disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “un organismo con estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática”.

La medida implicará, según los cálculos oficiales, una reducción del 45% del personal para las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Además, el Gobierno procederá a la desvinculación de 3.155 empleados que ingresaron, según su opinión, de “manera irregular” durante el último gobierno kirchnerista, lo que representa el 15% del personal actual de la AFIP.

La nueva ARCA también eliminará la Cuenta de Jerarquización para altos cargos, lo que reducirá el salario de su titular a unos 4 millones de pesos, equiparándolo con el de un ministro. Los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema. Hasta ahora, el jefe de AFIP cobraba hasta $30 millones.

La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, hasta ahora encargada de la AFIP, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez en la DGI y José Andrés Velis en la DGA, quienes liderarán el proceso de reorganización y profesionalización del nuevo organismo. En medio de esta movida. el abogado corporativo Eduardo Mallea fue desplazado del cargo al frente de la Aduana.

El sueldo de Misrahi es uno de los que pasará por la motosierra. La funcionara, que hoy cobra unos $32 millones comenzará a ganar lo mismo que un ministro, unos $4 millones. Lo mismo ocurrirá con el personal de cargos jerarquicos cuyos sueldos se estiman en más de $17 millones mensuales. Sus salarios serán equiparados a los de un secretario de Estado, con sueldos inferiores a los $4 millones.

Vázquez, que reemplazará a su vez a Gabriel Ramírez, cuenta con un pasado polémico. Fue encargado de inteligencia de la AFIP en la gestión del kirchnerista Ricardo Echegaray. Como tal, envió un día 200 inspectores al Grupo Clarín y fue acusado de proteger a empresarios K como Cristóbal López y Lázaro Báez y de girar US$500.000 a una cueva del banco francés BNP Paribas en el exterior. La Justicia nunca lo halló culpable de nada de esto.

De acuerdo al argumento oficial, estas medidas se toman “en el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes”, comunicó la Oficina del Presidente. “La creación de ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos, y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el contjol aduanero, eliminando los privilegios del pasado y optimizando la gestión pública”, añade el texto.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo encargado de la recaudación de impuestos y la administración de los recursos públicos. Fue creada en 1996, durante la segunda presidencia de Carlos Menem (PJ), a partir de la fusión de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Administración Nacional de Aduanas, mediante el Decreto 1156/961. La AFIP tiene el carácter de entidad autárquica y opera bajo el ámbito del Ministerio de Economía.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien realizó el anuncio esta tarde en Casa Rosada. Allí, repitió los argumentos que viene utilizando el Gobierno cada vez que cierra un organismo: “Como reza el principio que el Presidente anunció el 10 de diciembre en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin Inadi y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien”, dijo Adorni.

CRM

El Gobierno dispuso una reestructuración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la mira puesta en el control de la moratoria y el blanqueo de capitales tras la aprobación del Paquete Fiscal en el Congreso.

La decisión del Ejecutivo se conoció este miércoles a través de la publicación del Decreto 559/2024 en el Boletín Oficial en el que se consideró que “por razones operativas resulta necesario modificar la estructura organizativa” de la AFIP.

La normativa determinó concentrar en las dependencias de la Dirección General Impositiva (DGI) la fiscalización en materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano, por lo que unos 700 agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) pasarán a estar bajo su órbita.

Además, los cambios en el organigrama del organismo incluyen la eliminación de ocho direcciones y tres subdirecciones, lo que implicaría una reducción de 44 cargos jerárquicos. Sin embargo, desde AFIP aclararon que esto significa “una reducción de estructura, pero no de personal con la finalidad de modernizar los controles de fiscalización en miras a la moratoria y blanqueo”.

Asimismo, explicaron que la unificación de las actividades de control tributario y previsional está orientada sobre el propósito de que “esta ‘ventanilla única’ va a facilitar el cumplimiento del contribuyente porque queda toda en un solo canal y ya no habrá doble fiscalización”, por lo que “desde ahora habrá un solo control”.

Continuando en esa línea, precisaron que “las modificaciones en la estructura también aseguran la aplicación uniforme de criterios y mejores prácticas operativas, circunstancia que resultará de utilidad en el proceso de exteriorización de activos y de deudas, próximo a implementarse”.

En el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que “la presente medida propenderá a la complementación e interrelación entre la materia impositiva y la de los tributos del sistema de la Seguridad Social, en miras de lograr sinergia en las actividades operativas de la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

Al mismo tiempo, aseguró que “ello contribuirá a constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, prioridad del Estado Nacional”.

Desde el organismo que dirige Florencia Misrahi aclararon que en la DGRSS “permanecerán la distribución de los fondos con destino a los subsistemas de seguridad social, el contacto con las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad social, así como la investigación y denuncia en caso de trata de personas”.

Funciones de la Subdirección General de Planificación y Coordinación Institucional

Funciones de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones

Con información de NA

IG