El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la desregulación de la marina mercante mediante un decreto que abre el transporte de carga y pasajeros en aguas argentinas a buques con bandera extranjera y tripulaciones no nacionales. La iniciativa, que lleva la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declara a la navegación marítima y fluvial como un “servicio esencial”, lo que impacta directamente sobre los derechos laborales del sector.

El nuevo marco normativo permite que, ante la falta de disponibilidad de personal argentino, se pueda contratar a tripulantes de cualquier nacionalidad. Además, autoriza a barcos extranjeros a operar libremente en rutas fluviales y marítimas nacionales.

A través de sus redes sociales, Sturzenegger defendió la decisión como una forma de reivindicar los principios constitucionales de “libertad de navegación y comercio” y criticó el “excesivo reglamentarismo” que, según él, distorsionaba el espíritu de la Constitución.

La respuesta del sector no tardó en llegar. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) rechazó la medida y recordó que ya en marzo había alertado sobre el “grave perjuicio” que implicaría para los trabajadores del rubro. En particular, el gremio remarcó que al declararse la actividad como esencial se restringe el derecho a huelga, y cuestionó la posibilidad de reemplazar mano de obra nacional por extranjera, lo que podría derivar en una caída de los salarios y en una pérdida masiva de empleos.

“El hecho de abrir la puerta a las navieras extranjeras, incluidas las chinas, que pagan sueldos de no más de 400 dólares, supone el fin de la marina mercante nacional en poco tiempo”, aseguraron fuentes del sector a la agencia EFE.

Asimismo, desde el Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la marina mercante convocaron a una asamblea este jueves a las 16 en su cede y reiteraron “la instrucción de no aceptar ni suscribir ningún cambio en las condiciones establecidas en los Convenios Colectivos y acuerdos vigentes”.

El decreto se inscribe en la lógica de reformas estructurales que el gobierno de Milei impulsa desde el inicio de su gestión, con el objetivo de desregular la economía, aunque sus efectos concretos sobre la soberanía marítima, el empleo y la industria nacional generan un creciente debate.

MM con información de la agencia EFE.

Mucho ruido y, por ahora, pocas nueces. Javier Milei había prometido, en su entrevista con LN+ la semana pasada, un “mega-DNU” que transformaría de raíz el aparato estatal. Con su habitual vehemencia, habló de eliminar decenas de organismos, fusionar áreas redundantes y derogar miles de normativas que, según él, solo existen para mantener los “privilegios” del “partido del Estado”. Pero cuando el decreto 70/2025 vio la luz este martes, quedó claro que el impacto no sería inmediato ni tan masivo como se había anticipado. Lo que debía ser un gran corte de motosierra resultó, en cambio, un ajuste más acotado.

El DNU firmado por el Presidente elimina las subsecretarías de Desarrollo Territorial y de Hábitat y Vivienda, ambas bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, mientras que coloca a la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana como dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. El armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, conservaría su lugar al frente de este área, en una decisión que le permite conservar su peso específico dentro del oficialismo.

Otra de las medidas incluidas es la eliminación formal del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), aunque esta movida tiene más de regularización administrativa que de revolución: el organismo había sido disuelto en noviembre de 2024, por lo que el decreto simplemente consolida su desaparición en términos legales. Por otro lado, el texto establece un régimen para el personal de las áreas afectadas, que podrán ser reubicados en otras dependencias o pasar a disponibilidad, según lo dispuesto en los artículos 10 y 11.

Si bien estas medidas van en línea con la promesa de reducir el tamaño del Estado, no alcanzan la magnitud de lo que Milei había adelantado en su discurso. Sin embargo, desde el Gobierno explican que el ajuste anunciado no quedó en el camino, sino que será implementado en etapas. Según fuentes oficiales, la idea es avanzar de forma progresiva para evitar conflictos internos y asegurar una ejecución más ordenada, una estrategia jurídica que está a cargo de la secretaria María Ibarzábal.

“La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, escribió esta mañana Federico Sturzenegger en su cuenta de X, como es habitual cuando se publica un decreto que lleva su sello. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado apuntó que, a través del 70/2025, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo “hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat”.

Los organismos en la mira

Antes de la publicación del decreto 70/2025, desde el Gobierno habían trascendido detalles sobre una lista más extensa de organismos que serían alcanzados por el ajuste bajo el concepto del “deep motosierra”. Entre las áreas más mencionadas estaba el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), encargado de establecer los precios de referencia para los productores yerbateros. Aunque este organismo parecía estar en la mira inicial del Ejecutivo, las últimas informaciones indican que habría quedado fuera del decreto, al menos por el momento.

Otro de los organismos señalados como posible blanco del ajuste era el Instituto Nacional del Agua (INA). Este ente, clave para la investigación y gestión de los recursos hídricos, jugó un rol crucial en la prevención de inundaciones y sequías, por lo que su posible disolución generó preocupación en sectores relacionados con el medio ambiente y la infraestructura. Sin embargo, hasta ahora no se incluyeron decisiones concretas en ese sentido.

En el ámbito agropecuario, también se habló de posibles ajustes en organismos de regulación vinculados al sector. Si bien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) logró quedar fuera de la intervención directa, la reducción de controles en otras áreas plantea interrogantes sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en términos comerciales, particularmente frente a las barreras sanitarias que socios internacionales podrían imponer si las regulaciones no cumplen con estándares internacionales.

A pesar de estas menciones, algunos sectores estratégicos parecen haber quedado blindados frente al ajuste anunciado por Milei. Universidades, así como organismos vinculados al Poder Legislativo y Judicial, no fueron alcanzados por las medidas actuales. Además, instituciones como el Conicet, la ANMAT, la CNV, el INTA, el INPI, el Incucai y otras quedaron protegidas tras ser excluidas explícitamente por el Congreso al momento de votar la ley Bases. Esta decisión refleja la necesidad de mantener el funcionamiento de áreas consideradas fundamentales para el desarrollo científico, la salud pública y la regulación económica.

El Decreto 70/2025, entonces, parece más una fase inicial que una transformación total. Esto no significa que el Gobierno haya renunciado a sus intenciones, pero sí evidencia que, mientras Milei avanza en su plan de ajuste, debe lidiar con un equilibrio delicado: cumplir con su promesa de achicar el aparato estatal sin sacrificar del todo servicios e instituciones clave. Por ahora, el “mega-DNU” prometido sigue siendo un primer paso en un proceso que, según aseguran desde Casa Rosada, se completará de manera paulatina en las semanas por venir.

PL/MG

Javier Milei no se anda con vueltas. Como si no bastara con anunciar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, su plan de ajuste sigue en marcha y, esta vez, tiene como principal objetivo la disolución o reestructuración de al menos 60 organismos del Estado. La orden es clara: achicar la estructura estatal sin pasar por el Congreso, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Lo que la administración libertaria denomina “deep motosierra” (en inglés, motosierra profunda) avanza sin anestesia, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el encargado manipularla.

El nuevo DNU 70/2025, que según lo especificado por el vocero Manuel Adorni será publicado el próximo lunes en el Boletín Oficial, busca replicar el espíritu del megadecreto con el que Milei debutó en diciembre de 2023. En esa ocasión, el Gobierno se topó con límites institucionales y resistencia en la Justicia, pero lejos de recular, ahora redobla la apuesta. “Vamos a cerrar, fusionar o transformar 50 organismos”, lanzó el Presidente en LN+, como si se tratara de un trámite menor. Pero el número del recorte sería más grande.

El argumento oficial es conocido: eliminar estructuras burocráticas innecesarias, combatir el gasto público y dinamizar la economía. Pero el trasfondo es otro. El recorte no distingue entre organismos creados para la militancia política y entes con funciones estratégicas. Mientras el Gobierno habla de eliminar “cajas de la política”, en la lista aparecen instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu). No se trata solo de achicar el gasto sino de una poda que desarma áreas de cultura, ciencia y promoción económica.

El argumento oficial es conocido: eliminar estructuras burocráticas innecesarias, combatir el gasto público y dinamizar la economía. Pero el trasfondo es otro. El recorte no distingue entre organismos creados para la militancia política y entes con funciones estratégicas

El recorte se extiende a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Estos organismos son clave para la fiscalización y seguridad del transporte aéreo, pero ahora están en la mira del ajuste. La ANAC, por ejemplo, publicó recientemente en el Boletín Oficial la Resolución 86/2025, derogando el registro de personal de rampa y un cuadro tarifario para Intercargo, lo que podría impactar en el funcionamiento del sector aeroportuario.

En paralelo, el Gobierno también estudia el futuro de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, empresas estatales que han sido foco de críticas por su déficit financiero. Aunque Milei ha sido categórico en su intención de privatizarlas, la falta de interesados en adquirirlas y la resistencia sindical complican los planes.

Para definir qué organismos podrían ser eliminados o fusionados, Sturzenegger mantuvo reuniones con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, a lo largo del año pasado. Mogetta, alineado con la Casa Rosada, entregó todo el organigrama del área y propuso cuáles dependencias podrían reducirse. Una de las ideas que se barajó fue la unificación de ANAC y Orsna, pero no prosperó porque ambos cumplen funciones diferenciadas: la primera regula la aviación civil, mientras que la segunda fiscaliza los aeropuertos.

Entre los organismos que el Gobierno quiere cerrar o modificar también figurarían áreas que regulan el comercio y las relaciones internacionales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que establece precios de referencia para los productores yerbateros, fue señalado en un principio como un posible blanco del ajuste, aunque fuente oficiales aclararon a elDiarioAR que no estaría incluído en el DNU que se conocerá en los próximos días. La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) ya advirtió que la eliminación de ciertas regulaciones podría afectar la competitividad de ese sector.

Otro sector bajo la lupa es el de la producción agrícola y biotecnológica. Aunque el INTA logró quedar fuera de la intervención, otros organismos de regulación agropecuaria podrían verse afectados. Si bien el Gobierno asegura que el objetivo es reducir burocracia, la falta de controles podría derivar en problemas comerciales, como barreras sanitarias impuestas por socios internacionales. Ayer la Mesa de Enlace del campo le reclamó a Luis Caputo que la motosierra no toque el INTA.

Excepciones

La ofensiva de Milei replica el espíritu de la “Ley Hojarasca”, una iniciativa que nunca llegó al recinto pero que tenía el mismo objetivo: borrar del mapa regulaciones y estructuras estatales que considera innecesarias. Entre las normas a derogar figuran leyes de la dictadura y de gobiernos democráticos, sin demasiado criterio de selección más allá de la meta de achicar el Estado.

Sin embargo, no todo el Estado será alcanzado por la motosierra. El Gobierno no podrá tocar universidades, organismos del Poder Legislativo ni del Judicial. Además, el Congreso blindó instituciones estratégicas como el Conicet, Anmat, Anlis, INPI, Incaa, Enacom, ARN, Conae, CNEA, Coneau, CNV, Incucai, UIF e INTA. La oposición logró salvar estas estructuras en la Ley Bases, pero Milei dejó en claro que su intención es ir por más. “Si tuviera las manos libres, los eliminaría también”, sugieren fuentes oficiales.

El artículo 52 de la normativa aprobada en junio de 2024 establece además que los empleados públicos de los organismos disueltos permanecerán en disponibilidad por un año con goce de sueldo, a la espera de ser reubicados o capacitados para nuevas tareas. La pregunta es si hay intención real de absorber a estos trabajadores o si el objetivo es dejarlos fuera del sistema una vez que se agote ese plazo. En la práctica, esto significaría miles de despidos encubiertos.

En los últimos días, Milei dejó en claro que no tiene previsto frenar la motosierra. En la misma entrevista televisiva en la que confirmó el nuevo DNU, explicó su método de desregulación con una referencia a Elon Musk, a quien planea visitar en pocas semanas. “Vamos a pedirle a cada dependencia que haga un digesto de lo que usa, y todo lo demás lo eliminamos”, dijo, comparando el Estado argentino con la reestructuración de Twitter/X tras la compra del magnate sudafricano, que acaba de ser nombrado por Donald Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El problema es que la Argentina no es una empresa ni una red social, y cada organismo cumple una función específica dentro del entramado estatal. Sin un plan claro para reemplazar las funciones de los entes disueltos, el país podría enfrentar un vacío regulatorio que impacte en áreas sensibles como transporte, comercio exterior, seguridad alimentaria y cultura.

Si el primer DNU de Milei provocó una oleada de amparos judiciales y conflictos políticos, este nuevo decreto promete generar una reacción aún mayor. Sin embargo, en el horizonte, el Gobierno ya perfila otro paquete de reformas para marzo, con más poda regulatoria y ajuste en el empleo público. Lo que Milei llama “limpiar el Estado” es, para sus críticos, un proceso de desmantelamiento sin criterio. La pregunta es hasta dónde llegará la motosierra y quiénes quedarán en pie cuando el polvo se disipe.

PL/JJD

El Gobierno formalizó hoy una serie de medidas vinculadas al régimen de contrataciones en el sector público nacional. Entre las disposiciones se incluyen la prohibición de nuevas designaciones y contrataciones, la definición de una duración máxima para los contratos, y la obligatoriedad de aprobar un examen de idoneidad para acceder a empleos en el Estado.

Las medidas llevan la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger que a través de sus redes sociales explicó el alcance de los cambios. Ratificó que desde marzo no se podrán contratar en la Administración Pública empleados “sin haber aprobado” el examen de idoneidad y anticipó que se deberá aplicar un mecanismo similar en las empresas públicas.

A través de un mensaje en la red social X, el funcionario también señaló que, desde marzo y como lo establece el Decreto 1149/24, cuando se concluya el período de evaluación “no serán posibles altas en el sector público sin aprobar el examen de idoneidad, los que también deberán instituirse en empresas con mayoría estatal”. 

Esa norma fija que “los representantes del Estado que integran órganos de decisión de las empresas, sociedades y organizaciones empresariales donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional deberán impulsar medidas de similar tenor a las previstas en el presente decreto”. 

Sturzenegger también precisó que se “estipula que en 2025 cualquier alta de personal en el Estado solo será posible si por cada una el área hubiera verificado 3 bajas previas. La motosierra continúa”.  También fija que las contrataciones del Sector Público Nacional, enmarcadas en el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, con fecha de inicio 1° de enero de 2025 o posterior, no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025“.  

En su publicación realizada hoy en la red social X, el funcionario también destacó haber “logrado catalizar desregulaciones y reformas que dan más libertad a los argentinos y buscan un Estado más austero” y añadió: “Gracias Presidente @JMilei por tu liderazgo en este desafío”. 

Una cosa notable del presidente @JMilei es el haber conformado un equipo de gobierno pequeño, eficaz, plenamente comprometido con el equilibrio fiscal, creyente en los beneficios de la libertad y con un deseo inclaudicable de dejarle una Argentina mejor a nuestros hijos“, agregó.  En el último tramo de su mensaje, el funcionario indicó: ”Nuestra tarea en el Ministerio de Desregulación, el de ser catalizadores de algunos cambios, no hubiera sido posible sin la ayuda permanente de nuestros colegas en el resto del Gobierno“. 

“Hoy que termina el año es el momento de agradecer. Por eso, aunque lo hago todos los días, no puedo sino empezar agradeciendo a los ministros y compañeros de gabinete que hacen que todo funcione”, concluyó.

Con información de agencias.

MM

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, festejó hoy las 200 áreas del Estado que logró cerrar en el primer año de gobierno del presidente Javier Milei.

“En esta semana donde vamos cerrando el año les dejo un listado de las más de 200 áreas del Estado que cerramos este año. Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”, lanzó Sturzenegger en su cuenta de X. 

En esa línea, profundizó en agradecimiento a Milei: “Gracias sobre todo a Javier Milei por la convicción y liderazgo en la necesidad de reducir el Estado”.

Entre las áreas eliminadas que formaron parte de la efusiva “celebración” de Sturzenegger hay una presencia muy elevada de dependencias relacionadas la presencia del Estado en temas de género, diversidad y derecho humanos, como la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia institucional, el Consejo Federal de Derechos Humanos y la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación sexual integral, entre muchas otras.

El tuit del ministro cita una publicación de Maxi Fariña, el segundo en la cartera que conduce el ex presidenta del Banco Central durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. 

En su texto, Fariña dijo: “A medida que vamos revisando las estructuras de cada Ministerio nos encontramos con excesos, duplicaciones y áreas totalmente innecesarias”. 

“Durante el 2024 ya eliminamos más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas y casi 100 Secretarías y Subsecretarías”, siguió. 

Y continuó: “Nos encontramos con áreas que cumplían funciones o tareas que puede hacer el sector privado o con otras que directamente cumplían funciones que le corresponden a las provincias o municipios rompiendo el federalismo”. 

DM con información de agencia NA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, dijo hoy que el Gobierno publicará una nueva normativa para permitir el autodespacho de combustible en estaciones de servicio.

En un evento este mediodía con empresarios del Club del Petróleo, el ministro afirmó que está escrito el decreto con el que se podrá habilitar el autodespacho de combustible.

“El decreto está escrito y está en proceso para el autoabastecimiento”, afirmó.

A partir de esa medida, que se oficializaría en las próximas semanas, los clientes podrían cargar nafta o gasoil con modalidad autoservicio, como ocurre en otros países del mundo.

Esta modalidad ya se implementa en Rosario en las estaciones de YPF, lo que podría extenderse a todo el país a partir de la medida.

MM con información de la agencia NA.

La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la derogación de la Decisión Administrativa 244/2013, que obligaba a las jurisdicciones y entidades del sector público a contratar exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para los traslados de sus funcionarios y terceros.

La normativa original formaba parte del marco regulatorio establecido por el Decreto 1191/2012, que buscaba priorizar la contratación con empresas en las que el Estado Nacional tuviera participación accionaria. No obstante, con el Decreto 70/2023 que declaró la emergencia pública en múltiples aspectos hasta 2025, se introdujo un programa de desregulación que limitó los beneficios otorgados a dichas compañías, y el posterior Decreto 747/2024 eliminó específicamente la obligatoriedad de dichas contrataciones.  

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a través de la medida publicada hoy en el Boletín Oficial bajo la Decisión Administrativa 1017/2024, argumentaron que la medida busca garantizar un régimen de contrataciones más equitativo, basado en licitaciones públicas y concursos que fomenten la transparencia y promuevan la concurrencia. La decisión entra en vigencia a partir de su publicación.  

Con información de NA.

IG

El Gobierno dispuso oficialmente la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en el término de un mes, “con el fin de garantizar una mejor utilización de los recursos del Estado y evitar la duplicación de funciones”.

La medida había sido anticipada a principios de octubre por el ministro de Economía, Luis Caputo, y fue ratificada este jueves mediante el Decreto 1020/2024 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el propio titular de la cartera económica.

En las consideraciones que argumentan la decisión, el Ejecutivo precisó que “en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos”.

Asimismo, recordó que “esta Administración ha tomado desde el inicio de su gestión distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan”.

En ese sentido, remarcó que “resulta prioritario para esta Administración optimizar los recursos del Estado, asegurando la eficacia, eficiencia, economía y sencillez en la implementación de los objetivos estratégicos de la gestión”.

El cierre del ente se da amparado en la Ley Bases, que en relación a los órganos u organismos de la órbita estatal, facultó al Gobierno para avanzar en “la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”.

Desde Economía, sostuvieron que “esta decisión permite consolidar una estructura única para la planificación y el control de todas las obras hídricas” y señalaron que “se busca otorgar mayor transparencia y control de los gastos, así como también optimizar los recursos humanos y materiales”.

Al adelantar la disolución del organismo, Caputo había asegurado que “es un antro de corrupción” precisando que “se creó en 1995 para, supuestamente, hacer una obra o dos. Pero claro, después le encontraron la vuelta. Existe una Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), ¿para qué necesitás el Enohsa?”,

En aquella oportunidad, el ministro aclaró en su cuenta de X que “las obras que estaban priorizadas para su conclusión en el Enhosa, serán completadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, donde siempre debieron haber estado”.

Al respecto, desde el Palacio de Hacienda, informaron que al momento de asumir la gestión el ENOHSA tenía 1.485 obras en ejecución, de las que actualmente solo quedan 122 priorizadas, y contaba con 358 empleados, que se redujeron a 234. 

De esta manera, la norma determinó “instruir al Ministerio de Economía a los fines de que instrumente las medidas relativas al traspaso de los recursos materiales y financieros del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos”.

Al recordar las obras que supervisaba el ente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que “muchas eran de alcance municipal y provincial” y cuestionó que “la obra pública se había convertido en un gran pasamanos donde 'el que reparte se queda con la mejor parte'”.

En esa línea, precisó que “el Ministro Luis Caputo derivó las obras municipales y provinciales a esas jurisdicciones y solo retuvo 93 obras residuales”, relatando que “fue así que habiendo heredado el organismo con 358 personas hoy ya lo había adecuado a 133” y aclaró que “un grupo de estos supervisará la terminación de estas obras residuales”.

El funcionario destacó la medida y la vinculó irónicamente con la condena a Cristina Kirchner señalando que “la motosierra es un ingrediente esencial para poder bajarle la carga tributaria a todos los argentinos. Pero también es la mejor política anticorrupción, siendo éste un día especial para remarcar este punto”.

Sturzenegger: “El ENOHSA era un paraguas institucional para sostener un ejército de militantes rentados”

Como suele hacer cada vez que se toma una medida de cierre de alguna dependencia del Estado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida en redes sociales.

Para el funcionario, “el ENOHSA era uno de los tantos organismos que duplicaba tareas (en este caso con la Subsecretaría de Obras Hídricas) y que terminaron siendo un paraguas institucional para sostener un ejército de militantes rentados. Gracias a la Ley Bases el Decreto deroga la ley 24.583 con lo cual seguimos limpiando nuestro marco jurídico”.

“El ENOHSA se encarga de supervisar las obras de infraestructura hídricas. Pero muchas eran de alcance municipal y provincial. La obra publica se había convertido en un gran pasamanos donde el que reparte se queda con la mejor parte”, apuntó Sturzenegger.

Además, el ministro destacó que Luios Caputo, titular de Economía, “derivó las obras municipales y provinciales a esas jurisdicciones y solo retuvo 93 obras residuales. Fue así que habiendo heredado el organismo con 358 personas hoy ya lo había adecuado a 133. Un grupo de estos supervisará la terminación de estas obras residuales”, explicó.

Para Sturzenegger, “la motosierra es un ingrediente esencial para poder bajarle la carga tributaria a todos los argentinos. Pero también es la mejor política anticorrupción, siendo éste un día especial para remarcar este punto. El presidente Javier Milei ha conformado un programa económico con dos pilares: equilibrio fiscal logrado por baja del gasto público y libertad económica. El programa avanza todos los días con pasos como éste”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno se prepara para desregular fuertemente el transporte de larga distancia. Lo confirmó este martes desde el propio Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación, donde se trabaja en un borrador de decreto sobre el tema.

Como parte de la desregulación comercial dispuesta por decreto a fin de año, el ministro Federico Sturzenegger elabora un decreto para el transporte de larga distancia que tendría amplio alcance. Cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio, según consta en el borrador, que difundió el diario Ámbito. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son inferiores a los de vehículos livianos.

Es que con el decreto directamente se buscaría eliminar el concepto de transporte de larga distancia como servicio público. Esto dejaría un tendal de consecuencias para empresarios y especialmente para pasajeros, tanto a nivel tarifario como en rutas disponibles e incluso en seguridad vial.

Por un lado, se habilitaría una práctica que había sido casi desterrada décadas atrás: que los vehículos inicien el viaje y levanten pasajeros en cualquier parte. Por el otro, se eliminaría la velocidad máxima para ómnibus, que está fijada en 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas según la Ley Nacional de Tránsito. 

Ni siquiera los empresarios están de acuerdo con este cambio de velocidades máximas, no sólo por el gasto en combustible que implica sino sobre todo por la multiplicación de riesgos. En la Argentina mueren 12 personas por día en siniestros viales, según cifras de la Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la misma área, la conducción de vehículos a velocidades excesivas tiene “una influencia directa en la gravedad de las lesiones y probabilidad de muerte de las personas involucradas en ellos”. 

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio de larga distancia o un vuelo.

Se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. De reglamentarse el decreto tal como fue difundido en su versión borrador, esa cantidad de destinos podría reducirse considerablemente. 

Por ejemplo, el denominado servicio “lechero” que se detiene en cada pueblo no representa un buen negocio para la empresa, pero esta debe brindarlo igual porque hay gente que lo necesita y porque el transporte cumple un rol social. Lo mismo ocurre con las rutas fuera de temporada, o a localidades con menor demanda. ¿Qué pasará con ellas? ¿Cómo se conectarán los poblados más chicos? ¿Qué precio deberá pagar quien sí o sí deba viajar, por trabajo, urgencia de salud o cuidado de un familiar?

Incluso hay consecuencias particulares cuya resolución no queda clara. ¿Qué ocurre si el vehículo se rompe en la ruta y hay que reemplazarlo por otra unidad? ¿Y qué harían los pasajeros si quien opera el servicio no tiene otro micro de reserva, ya que no está obligado a contar con él? Tampoco se sabe qué ocurriría con las personas con discapacidad si el transporte de larga distancia deja de ser un servicio público. 

Pero lo que queda menos claro de todo es cuál es el objetivo de tamaña desregulación, ya que el servicio de transporte de larga distancia no está subsidiado, por lo que su operación no genera costos para el Estado. 

Todo se enmarca en una caída de la actividad del 30% con respecto a 2019, con la inflación y la recesión como los principales culpables, según distintas cámaras empresariales. Esto llevó a las empresas a ajustar su oferta. De hecho, de acuerdo con las mismas fuentes, un 25% de sus empleados están suspendidos por “falta o disminución de trabajo” vía artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La reacción de los empresarios

En la Secretaría de Transporte reina el silencio. También en intendencias y gobernaciones. Fuentes del sector sostienen que hay miedo a oponerse a esta nueva regulación tanto entre funcionarios como entre cuadros técnicos. Y asociaciones civiles que luchan contra la inseguridad vial como ACTIVVAS y Madres del Dolor aún no pudieron acceder al borrador, aunque lo solicitaron.

Las empresas de larga distancia aún están definiendo qué comunicarán oficialmente. Mientras tanto, adelantan su posición en diálogo con elDiarioAR. Una de las organizaciones que las agrupan es la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), cuyos miembros pidieron audiencia con Sturzenegger, por ahora sin éxito. 

Para Marcelo Gonzalvez, gerente de la asociación, “la apertura tiene que ser gradual, para que los nuevos ingresantes empiecen a probar servicios en baja escala, vayan creciendo en el sistema y puedan demostrar que prestan bien los servicios”. 

Esa asociación presentó en diciembre tres propuestas de cambio de normativa, una de ellas para permitir que los operadores existentes pudieran ofrecer un nuevo servicio de tráfico libre en cualquier ruta, en el marco de una apertura gradual. 

“Pensábamos que la desburocratización iba a apuntar a achicar el peso del Estado en los controles que habían ido creciendo de forma innecesaria. No sabemos cómo va a terminar el proyecto, pero la versión en off que tenemos es de una velocidad de cambio muy abrupta –advierte Gonzalvez–. A veces se produce un efecto que se llama overshooting, una sobreoferta que termina afectando el mercado”.

Desde otras cámaras destacan que, si cualquier persona puede ofrecer servicios de transporte, aumentaría la competencia en algunas rutas rentables, pero quedarían desatendidas otras no tan lucrativas. Y muestran preocupación por los efectos del posible decreto en la seguridad vial, así como por la posibilidad de competencia desleal.

La ley actual

Hasta el momento, la actividad está regulada por el decreto 958/92, modificado y complementado, entre otros, por el 808/95 y el DNU 2407/02. El reglamento establecía un sistema de transporte federal dual, en el que convivían dos sistemas: uno regulado y compuesto por servicios de transporte público, y otro con menos regulaciones conformado por servicios de tráfico libre y ejecutivos (a demanda). 

Ambos sistemas convivieron poco tiempo, ya que la competencia entre ellos generó fuertes desequilibrios. Los servicios de tráfico libre podían operar en las mismas trazas que los públicos. Por eso, en 1998 se suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de tráficos libres y ejecutivos, a fin de no sumar competencia que fuera en desmedro de los públicos. Fue con la Resolución 307 de la Secretaría de Transporte, que fue prorrogándose hasta ahora.

Entre las tantas diferencias entre la regulación de 1992 y la propuesta actual, la principal es que la primera permitió la entrada de nuevos actores sin eliminar el servicio público, mientras que con el decreto en elaboración el sistema público desaparecería y todo el transporte de larga distancia operaría como tráfico libre.

KN/JJD

En la cumbre del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Mendoza, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo fuertes declaraciones contra Aerolíneas Argentinas el mismo día del paro aeronáutico que afectó vuelos en varias terminales del país. “¡Qué locura tener una aerolínea del Estado!”, exclamó Sturzenegger, en alusión directa a la empresa que, desde su reestatización en 2008, fue motivo de controversia política y financiera.

Sturzenegger, conocido por su perfil liberal y defensor de la desregulación económica, aprovechó su intervención para repasar las medidas de liberalización que el gobierno de Javier Milei implementó en los últimos meses. La desregulación de internet satelital, la eliminación de restricciones a las conexiones aéreas, la liberalización de alquileres y la apertura a la importación de autopartes fueron algunos de los logros destacados por el funcionario.

El ministro también criticó duramente la administración de Aerolíneas Argentinas bajo gestiones anteriores. “Durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, el 80% de la sociedad apoyaba esta locura, pero hoy es evidente que mantener una empresa aérea estatal es un despropósito”, afirmó. Las declaraciones de Sturzenegger ocurren en un momento en el que el gobierno de Milei está revisando el rol del Estado en sectores estratégicos, y la privatización de Aerolíneas Argentinas parece ser una posibilidad en discusión.

Federico Sturzenegger es un economista de perfil marcadamente liberal, reconocido por su paso como presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, donde aplicó políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación, objetivo que no cumplió. Su incorporación al gobierno de Milei como ministro de Desregulación y Transformación del Estado responde a la misión de reducir la intervención estatal en la economía, con el objetivo de fomentar la inversión privada y aumentar la eficiencia del sector público.

Sturzenegger enfatizó que “el Presidente y su equipo cohesionado están cambiando la situación” y celebró la obtención de un superávit fiscal en los primeros nueve meses de gestión. Además, anticipó que la próxima semana se reglamentará la Ley Bases de la reforma laboral, que permitirá a los empresarios diseñar su propia estructura de contratación, en coordinación con los sindicatos.

En ese sentido, hizo hincapié en el apartado de “sistema de cese, que es lo más importante porque les va a permitir a ustedes junto a los trabajadores, porque no lo va a hacer el Gobierno, será su propia reforma laboral, diseñar con el sindicato cómo es la relación laboral en términos de despidos y permanencia”.

JJD, con información de NA

El Gobierno reglamentó este lunes el primer tramo de la Ley Bases que se refiere al Título II de Reforma del Estado, que avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público.

Para explicar el decreto 694/24, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, utilizó la red social X para explicar de qué se trata lo publicado este lunes en el boletín Oficial. Según el funcionario clave en la elaboración de la ley Bases, se trata “en particular de aquellos aspectos que persiguen tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas”.

De acuerdo al ministro, “la explicación requiere detallar los cambios registrados en tres instrumentos: las facultades delegadas, la ley de empleo público y la ley de procedimientos administrativos” y le dedica un posteo a cada ámbito que toca la desregulación del Estado, con “los cambios e implicancias fundamentales en cada uno”.

Para fundamentar los artículos reglamentados, Sturzenegger consideró la ley Bases “constituye la respuesta del Presidente Javier Milei al mandato que recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso Nacional”. Y detalla punto por punto:

MOTOSIERRA

“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos. Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70/23. Autoriza también la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la ley 23.696. Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados. El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación”.

ANTI-COIMAS.

“La Ley Bases implementa una serie de cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. Los cambios apuntan primordialmente a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano. Veamos:

ANTI-ÑOQUIS

“Se modifica la Ley de Empleo Público 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado.

Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo.

Para ello se incorpora un examen objetivo de competencias. El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte.

De esta manera se evita repetir la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de “minar” al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas. La clave es que la nota del examen es objetiva, es decir, sin interferencia humana.

El régimen disciplinario se endurece al brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados. A su vez se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro.

Las adscripciones por fuera del Poder Ejecutivo dejarán de ser remuneradas por el Gobierno Nacional. Se termina el dislate de las adscripciones a otros poderes a costa del contribuyente.

Se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses.

Durante este periodo podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores“.

Y cierra Sturzenegger su explicación: “Lo reglamentado hoy se focaliza primordialmente en los aspectos de la Ley Bases que versan sobre la reforma del Estado. En las sucesivas semanas se completará la reglamentación del resto de los capítulos”.

IG

Con su admirado Federico Sturzenegger sentado a la mesa, Javier Milei encabezó la primera reunión de gabinete en la que participó su flamante funcionario al frente de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. Desde el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, en un encuentro que comenzó a las 9.10, el Presidente contó con la asistencia perfecta de sus ministros y colaboradores, que no se veían las caras hace dos semanas. Únicamente estuvieron ausentes dos figuras que no dejan de ser claves: la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con un batallón de decretos en carpeta a la espera de ser anunciados y en medio de la incertidumbre cambiaria, el equipo presidencial trabaja en su plan de desregulación del Estado. Es una tarea que ataña a Sturzenegger, que llegó primero a Balcarce 50 cuando los relojes daban las 8.24, con una bolsa de panadería para desayunar junto a sus pares. El desembarco formal a las filas libertarias de una figura con tanto peso propio generó demasiadas dudas en el entorno de Milei, consciente de la característica voracidad del mentor del DNU 70/23, que ahora llega con su “Ley de Hojarascas” debajo del brazo.

Milei, en tanto, llegó a las 8.34 en medio de un fuerte operativo de seguridad que lo escoltó incluso hasta sus despachos presidenciales. De traje, el libertario cruzó el Salón de los Bustos no sin antes saludar a los efectivos de las fuerzas que aguardaban su llegada. El Presidente tiene en sus manos la potestad de crear el llamado Consejo de Mayo. Según pudo saber elDiarioAR, el decreto está listo para ser publicado y será cuestión de voluntades del mandatario para su difusión en el Boletín Oficial. 

De la reunión de este martes, además del mandatario y su flamante ministro Sturzenegger, estuvieron presentes el jefe y el viceje de Gabinete, Guillermo Francos, y José Rolandi. Los ministros Luis Caputo (Economía); Diana Mondino (Relaciones Exteriores); Mario Russo (Salud); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); Patricia Bullrich (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); y Luis Petri (Defensa). 

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también dio el presente en el intercambio que cuenta con la asistencia de los secretarios de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; de Prensa, Eduardo Serenellini; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Es un día especial para el ladero de Milei: anoche se oficializó el organigrama de la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

PL/JJD

Los gremios que nuclean a los pilotos y a los Aeronavegantes respondieron a la decisión del Gobierno nacional de desregular el espacio aéreo y anticiparon que podrán implementar medidas de fuerzas que puede provocar problemas con los servicios en el inicio de las vacaciones de invierno.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció hoy medidas de “acción directa” para el próximo viernes y advirtió la posible “cancelación de vuelos” en el inicio de las vacaciones, luego de que las empresas del sector decidieron no llevar a cabo reuniones paritarias por recomposición salarial.

Por su parte el líder de los Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, explicó que “estamos un 60% abajo de la inflación desde que asumió este gobierno y además ahora se nos suman los descuentos por Ganancias”.

“Por eso ahora ya avisamos a la empresa que esta semana vamos a empezar con asambleas en los sectores de trabajo que van a afectar el servicio”, agregó.

Desde APLA anunciaron mediante un comunicado que “están confirmadas las asambleas el viernes a la mañana en Aeroparque y a la noche en Ezeiza, que posiblemente terminen con cancelación de vuelos”, aseguró el vocero y secretario de prensa de APLA, Juan Pablo Mazzieri.

APLA denunció que la empresa canceló la reunión en el marco de las negociaciones paritarias que tenían pautadas ayer con el objetivo de tratar la recomposición salarial. 

“Lamentablemente y de manera irresponsable eluden la problemática salarial que enfrentamos, generando un conflicto que tendrá impacto en el inicio de las vacaciones de invierno”, señalaron desde el gremio aeronáutico que conduce Pablo Biró.

De esta manera, el sindicato reclama que se reanuden las negociaciones salariales, al tiempo que crece el descontento por la reinstalación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, ya que el tributo alcanza a gran parte del sector.

Vale recordar que Aerolíneas Argentinas era una de las apuntadas por el presidente Javier Milei para regresar a manos privadas, pero la iniciativa fue retirada de la Ley Bases luego de su paso por la Cámara Alta. 

Por otra parte, el Gobierno nacional reformó el funcionamiento del sector aerocomercial al reglamentar las medidas incluidas en el DNU 70 de diciembre de 2023 para impulsar una mayor conectividad en el país, especialmente en ciudades intermedias, y en respuesta gremios aeronáuticos lanzaron un paro para este viernes.

Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 599/2024 donde establece las reglas para las distintas operaciones que involucran.

Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), integrante del Frente Sindical Aeronáutico, señaló que “los abogados de Latam, Delta y American Airlines participaron de la redacción” del decreto de desregulación del mercado aerocomercial, y advirtió que es “salvaje y destructivo”.

“Con la desregulación del Transporte Aéreo van a quedar incomunicadas varias ciudades como sucedió con Marsans”, dijo. “La desregulación del transporte aéreo apunta a la desaparición de Aerolíneas Argentinas”.

A partir de ahora se habilita el ingreso al mercado a nuevos operadores, define el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y optimiza los servicios en los aeropuertos.

Según detalló la Secretaría de Transporte en un comunicado, las reformas también permiten digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas.

También habilita a quienes tengan pequeñas aeronaves a ejercer una industria lícita sin la burocracia actual que les exige los mismos requisitos de una gran línea aérea.

“Esto permitirá que ciudades intermedias del interior del país, que hoy no tienen vuelos directos, accedan a una mayor conectividad”, aseguró la Secretaría.

Por su parte, la reforma del código aeronáutico reglamenta los acuerdos entre empresas en los que deciden cooperar para conectar sus operaciones, compartir horarios de vuelo, rutas, recursos, conexión de vuelos, entre otros puntos.

La Secretaría de Transporte indicó que “se liberan trabas innecesarias, se impulsa la conectividad regional y global del país y las provincias y se consolidan los principios de libre acceso a los mercados, la lealtad comercial, la desregulación tarifaria, el resguardo de la seguridad operacional, entre otros.

“El objetivo final del paquete de reformas es que el país tenga mayor conectividad, más frecuencias y nuevas empresas aéreas. Esto generará un mayor flujo de turismo en las provincias argentinas, con tarifas más competitivas para que más personas puedan volar”, sostuvo la dependencia.

Siempre de acuerdo a la versión oficial “al mismo tiempo se promueven las inversiones necesarias para el sector y para fortalecer la seguridad operacional”.

Transporte señaló que “las normas que rigen el sector aéreo argentino no se renuevan desde hace más de 70 años” y que “para transformar el transporte, el trabajo aéreo y la aviación civil es necesario actualizarlas”.

En consecuencia, adelantó que “están previstos más decretos para la reforma del Código Aeronáutico, la derogación de leyes que provocan monopolios, la implementación de política de cielos abiertos y cambios de funciones de los organismos públicos”.

Todas estas medidas fueron impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que ahora conduce Federico Sturzenegger, en articulación con la Secretaría de Transporte.

De acuerdo al parte oficial para diseñar este conjunto de medidas “trabajaron en conjunto con empresas del sector, universidades, equipos técnicos públicos y privados, incluyendo a más de 80 actores de la industria”.

Por otra parte, indicó que “el Gobierno nacional viene desarrollando una política de liberalización de vuelos mediante acuerdos bilaterales que promueven la apertura de cielos con Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Uruguay; también con Panamá y Canadá, a los que se sumarán más países en los próximos meses”.

El secretario general de APLA, Pablo Biró, señaló hoy que “este gobierno está rifando absolutamente toda nuestra soberanía” y que la política de Cielos Abiertos que se está implementando “es una desregulación total del sistema aerocomercial que no funciona en ningún lugar del mundo”.

En declaraciones formuladas esta mañana a la radio El Destape, Biró indicó que “si no controlan los aeródromos eso es la apertura a un Estado narco” y remarcó que “se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, hacerte quebrar y después que lo logran los suben”.

En ese sentido recordó que “el avión que llevó a Chapecoense y se cayó por no cargar nafta tenía los papeles al día. Pero transformaron los controles en un sello de goma” e insistió en que “con Cielos Abiertos te dicen que hay reciprocidad pero si no tenés la capacidad esa reciprocidad no existe”.

Puntualizó que “están desregulando todo” y advirtió que “entre los riesgos está la seguridad”. Puso como ejemplo a los Estados Unidos, uno de los países con un movimiento aerocomercial del mundo, donde “no está desregulado el sistema aerocomercial. Cualquier cosa es un trámite engorroso porque se garantizan que sea serio”.

Apuntó que “el negocio aerocomercial ya se transformó en un negocio financiero” y reclamó que “donde hay desregulación le venden el mismo pasaje a 10 personas distintas. Laburan la guita y le cobraron a todos”.

Al respecto afirmó que “las grandes empresas te venden pasajes haciendo dumping, te quiebran y ellos se quedan con el monopolio”, y aclaró que “cuando se quedan con el monopolio después empiezan a extorsionar a las provincias y municipios. Cuando se quedan con los monopolios de las rutas después aprietan. Por ejemplo, le dicen a la Cámara hotelera que si no les pagan levantan la ruta”.

En cuanto a la situación actual de los pilotos, señaló que les “pararon la paritaria” y que están “60 puntos abajo de inflación” y les “restituyeron ganancias”, explico que “los pilotos de Aerolíneas se están yendo, estamos muy por debajo del mercado” y aclaró que hoy sus salarios “están 80 puntos por debajo de la inflación”.

Ratificó que “desde el viernes habrá asambleas que van a demorar vuelos”, pero especificó que “no habrá paro que cancele todos los vuelos pero sí muchos se van a ver demorados salvo que nos hagan una propuesta superadora”.

Posteriormente recordó que “cuando hubo que ir a buscar vacunas lo hicimos con convicción, con el rol social que tiene la línea aérea de bandera. Lo haríamos de nuevo” y advirtió que “esto va a terminar desconectando el país, rompiendo las economías provinciales, y en el medio va a haber accidentes y Sturzenegger no va a ir en cana”.

“Estos extranjeros dudosos que quieren traer no van a ir a buscar vacunas, ni argentinos que estaban en medio de una guerra, ni nada”, manifestó y anticipó que “vamos a judicializar ganancias en sintonía con la CGT, la CATT e individualmente. Pero no queremos hacer una presentación apurados sino que nos salga bien”.

IG/CRM con información de agencias e Infogremiales

El presidente Javier Milei le tomó juramento esta tarde al flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. “¡Qué lujo me estoy dando!”, exclamó el mandatario, justo antes de comenzar a leer el texto previo a la jura. Luego de oficializarse su designación en el Boletín Oficial de este viernes, la plana mayor del Gobierno se reunió esta tarde para presenciar el ingreso formal al gabinete del expresidente del Banco Central, tras meses de orbitar alrededor del poder.

“Está esa famosa frase que dice que cuantas más leyes, menos justicia. Creo que Argentina está un poco sobrecargada de normas y de regulaciones y el Presidente me ha pedido que avancemos en sacarle ese pie de encima a la actividad productiva”, declaró, una vez finalizada la ceremonia, el nuevo funcionario ante las consultas de la prensa. En las que fueron sus primeras palabras como ministro, indicó que esa misión que le encomendó Milei “es una de las maneras más eficaces de promover la actividad económica, el empleo y el crecimiento”.

Sturzenegger también aprovechó la ocasión para adelantar que “la semana que viene, o quizás la otra” el Gobierno enviará al Congreso la denominada Ley de Hojarasca. “Hojarasca se refiere a un compendio de leyes que hemos encontrado que han quedado obsoletas, que afectan los derechos de propiedad”, especificó el economista al referirse al virtual proyecto que ya anunciara Milei semanas atrás y que consistirá en eliminar “una decena” de normas que, a criterio del Gobierno, obstruyen el libre funcionamiento de la economía.

En la ceremonia estuvieron presentes la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. También estaban el secretario Daniel Scioli, la diputada nacional Lilia Lemoine, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, entre otros.

CRM con información de la agencia NA

Las fichas no dejan acomodarse puertas adentro del gobierno de La Libertad Avanza. Luego de más de un mes de especulaciones, la oficialización de Federico Sturzenegger al frente del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado parece abrir definitivamente la “fase 2” del plan anunciado por Javier Milei tras la sanción definitiva de la ley Bases en el Congreso. Luego de siete meses de orbitar el poder sin un rol definido, el economista ultraliberal pudo terminar de asegurarse un lugar en el gabinete libertario reestructurado tras la caída en desgracia del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Hace semanas que Sturzenegger venía reuniéndose con distintos funcionarios del oficialismo para terminar de definir las bases y condiciones para su tercera aventura al frente de un cargo público en más de 20 años. Sin embargo, el final de la novela llegó recién después del cara a cara de más de tres horas que mantuvo con el Presidente el jueves pasado en la Quinta de Olivos. A partir de ese momento, quedó estipulado que el extitular del Banco Central contaría con tres áreas bajo su ala, que hasta el momento se encontraban dentro de la Jefatura de Gabinete: Transformación del Estado, Simplificación del Estado y Empleo Público.

“Se tardó más tiempo para delimitar bien todas las funciones y objetivos”, justificaban este viernes en Casa Rosada acerca de las demoras en la designación de Sturzenegger, que había sido anunciado a finales de mayo. Es que el desembarco formal a las filas libertarias de una figura con tanto peso propio generó demasiadas dudas en el entorno de Milei, consciente de la característica voracidad del mentor del DNU 70/23, que ahora llega con su “Ley de Hojarascas” debajo del brazo.

El rango y las atribuciones del área que tendrá a cargo Sturzenegger fue uno de los principales desvelos de Santiago Caputo. En la mesa chica del Gobierno veían como una jugada arriesgada, por ejemplo, otorgarle al economista la potestad para delinear la política de privatizaciones. Por eso, fue el ascendente asesor presidencial quien se encargó especialmente de ocupar con un hombre de su confianza la estratégica Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado. Allí designó al abogado mendocino Diego Chaher, que tendrá la responsabilidad de definir un plan para las empresas públicas.

Ministerio “chiquitito”

La nominación de Sturzenegger se hizo efectiva a través del decreto 586/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial, que le otorgó a su novel cartera 27 funciones. Sin embargo, en Casa Rosada le bajaban el precio a su nuevo rol al aducir que el ministerio que comandará es “chiquitito”, ya que contará con apenas dos secretarías. Una definición que es leída por muchos como un intento más de no atizar el fuego de la discordia entre el ideólogo de la ley Bases y el actual ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el principio, todos los esfuerzos de quienes rodean a Milei estuvieron puestos en lograr que el cargo asignado a Sturzenegger no invadiera el terreno del titular de la cartera económica. Los resquemores entre ambos son conocidos y fueron tema de conversación pública a lo largo de las últimas semanas. Fue “Toto” quien reemplazó al flamante ministro en 2018 cuando el expresidente Mauricio Macri lo expulsó del Banco Central. Para el hasta hoy asesor económico del Presidente, Caputo fue uno de los responsables de haber modificado las metas inflacionarias, en diciembre de 2017, que muchos identifican como el comienzo del fin del plan económico de Cambiemos. Dato de color: Milei fue otro de los mayores críticos de esa jugada.

Lo cierto es que exsecretario de Política Económica de Fernando De la Rúa llega al Gobierno en uno de los momentos más delicados de la gestión económica de Caputo. Igual que hace seis años, cuando sucedió a Sturzenegger en su cargo al frente del Banco Central, el hoy ministro de Economía niega que sea necesaria una devaluación, pero el mercado vuelve a insistir en que sí y la incertidumbre en torno al tipo de cambio se acrecienta. Todo el oficialismo está alineado detrás de la premisa de no alarmarse y confiar en los designios del “Messi de las finanzas”.

Con la inclusión de Sturzenegger, el gabinete vuelve a tener ocho ministerios después de que la cartera de Interior quedara degradada a una secretaría. Pero el nuevo organigrama se terminará de configurar recién la semana que viene, cuando se publique un decreto que no solo confirmaría que Guillermo Francos seguirá manteniendo bajo su órbita la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología. También se dará a conocer, finalmente, la mentada reestructuración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ahora bajo el mando del técnico mecánico Sergio Neiffert. Un gobierno en plena ebullición.

PL/MG

El Gobierno confirmó este viernes la designación del economista Federico Sturzenegger, quien estará al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La nominación de Sturzenegger se hizo efectiva a través del decreto 586/2024 publicado este viernes en el Boletín oficial con la firma de los titulares de los siete ministerios y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En tanto, este viernes a las 18 el presidente Javier Milei pondrá formalmente en funciones a Sturzenegger, quien desembarca en el Gabinete al frente del nuevo Ministerio, que tendrá como misión central continuar con iniciativas tendientes a desregular el Estado.

En parte esto ya se puso en marcha con el mega DNU y la Ley de Bases, ambos de su autoría.

El economista, de 57 años, ocupó distintos cargos en la función pública, ya que se desempeñó como secretario de Política Económica en el gobierno de Fernando De la Rúa, fue titular del Banco Ciudad durante el mandato de Mauricio Macro como jefe de gobierno porteño y también estuvo al frente del Banco Central con Macri como presidente de la Nación.

Además, Sturzenegger fue diputado nacional del PRO en representación de la Ciudad, entre 2013 y 2015.

Funciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado

En el decreto 585/2024 publicado este viernes y que modifica la ley de Ministerios para ubicar la nueva cartera que conduce Sturzenegger y que está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete a cargo de Guillermo Francos, se detallan las funciones que le compete al organismo que desde ahora se ocupa de la desregulación y transformación del Estado y que cuyo objetivo primordial es “asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a los cursos de acción para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

3. Entender, junto con las áreas competentes, en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado.

4. Entender en la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas, con la intervención de las áreas competentes.

5. Entender en la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

6. Impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

7. Participar, junto con las áreas con competencia en la materia, en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía.

8. Impulsar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, reformas estructurales que impulsen la creación de empleo privado, el desarrollo económico, la equiparación de las estructuras tributarias y la eliminación de los privilegios.

9. Entender en la elaboración de propuestas para la reorganización del Sector Público Nacional con el objeto de lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.

10. Proponer a las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional la implementación de medidas encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión y el gasto público.

11. Entender en el diseño de políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y propender a una administración pública moderna y eficiente.

12. Coordinar y controlar las acciones relativas a la reforma, transformación y modernización del Estado que se desarrollen en todos los Ministerios, Secretarías de Presidencia de la Nación y organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional.

13. Entender en la definición y monitoreo de los temas vinculados a la simplificación de trámites y procesos de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y organismos desconcentrados, con especial foco en aquellos concernientes al sector productivo nacional en coordinación con las áreas sustanciales en la materia.

14. Impulsar los principios de calidad regulatoria y la aplicación de estándares internacionales en materia de simplificación y desburocratización de trámites y procesos del Sector Público Nacional.

15. Promover, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional, en coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas.

16. Proponer el dictado de reglamentos para modificar y/o eliminar trámites y normativas que establezcan una carga administrativa excesiva o que incumplan con la política de calidad regulatoria vigente.

17. Entender en la transformación, modernización y desarrollo de la política de gestión del empleo público tendiendo a la optimización y fortalecimiento de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, junto con las áreas competentes en la materia.

18. Diseñar e implementar el régimen de ingresos del personal, a través de parámetros para el diseño de una carrera pública conforme las negociaciones colectivas de trabajo.

19. Entender en la implementación de las políticas relativas a la mejora estratégica de los recursos humanos y su capacitación, la política salarial del sector público, la promoción y el desarrollo de carrera de los agentes de la Administración Pública Nacional y en la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.

20. Entender en la formulación de políticas nacionales en materia de recursos humanos, procedimiento de selección e ingreso, gestión del empleo público, evaluaciones de desempeño y compensaciones, en el ámbito de su competencia.

21. Colaborar con las áreas competentes de cada Ministerio en la sistematización de los procesos de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, como la liquidación de salarios, justificación de inasistencias, otorgamiento y convalidación de licencias y protección de la salud en el trabajo.

22. Intervenir en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas de fortalecimiento institucional y en la promoción de políticas de integridad en la función pública, en coordinación con los organismos del ESTADO NACIONAL con competencias en la materia.

23. Coordinar junto con las áreas competentes, la estrategia y los estándares sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración Pública Nacional.

24. Impulsar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del Sector Público Nacional.

25. Promover, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, la implementación de los canales y plataformas digitales a fin de alcanzar un gobierno digital y tecnológico al servicio del ciudadano y del sector productivo.

26. Participar en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público, su interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del ESTADO NACIONAL.

27. Promover acuerdos con organismos provinciales y locales, en el ámbito de su competencia.“

Con información de agencias.

IG