El revuelo arrancó con una frase al pasar, pero con impacto directo en millones de trabajadores. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó en una entrevista que la reforma laboral impulsada por el Gobierno “aplica a cualquier relación laboral”, y no solo a las futuras contrataciones. De inmediato, la CGT respondió con dureza: acusó al Ejecutivo de querer avanzar con retroactividad y lo denunció como un intento de “quitar derechos individuales y colectivos”.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera, fue el primero en salir al cruce. “Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era solo para nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, declaró a Radio Mitre. Para la CGT, las palabras del ministro no fueron una confusión, sino la confirmación de una intención encubierta del oficialismo: afectar derechos vigentes sin discusión previa.

Frente a la reacción gremial, el Gobierno intentó apagar el incendio. En declaraciones en off a TN, una fuente oficial desmintió al propio Sturzenegger: “Está equivocada la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”. La aclaración buscó frenar un frente gremial cada vez más amplio, que ya incluyó el llamado a una movilización a Plaza de Mayo para el 18 de diciembre, sin paro general, pero con respaldo de la CTA, ATE y la UOM.

La tensión se enmarca en el proyecto de “modernización laboral” que impulsa el oficialismo. Según explicó Sturzenegger, se propone modificar 57 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y eliminar otros 9. Entre los cambios se destacan la posibilidad de fraccionar vacaciones por acuerdo, un nuevo esquema de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado parcialmente por el Estado. Todo bajo la premisa —repetida por el funcionario— de “dar más libertad a las partes”.

Desde el sindicalismo, sin embargo, advierten que la falta de consenso y el sesgo regresivo del proyecto son innegociables. Jerónimo sostuvo que la reforma “prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras” y acusó al Gobierno de negarse al diálogo: “Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”.

Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y representante de la CGT en el Consejo de Mayo —un espacio impulsado por el Gobierno para debatir reformas estructurales— fue más diplomático. “Sturzenegger es muy inteligente”, dijo, pero marcó un límite: “Aquí estamos tocando intereses. No son cuestiones caprichosas”. El propio Martínez se retiró de la mesa de negociación al considerar que se estaban planteando propuestas “ilógicas” que desconocen la realidad laboral argentina.

Con la aclaración oficial de que la reforma no será retroactiva, el Gobierno intenta contener el conflicto. Pero el malestar ya está instalado. Para los gremios, las declaraciones de Sturzenegger no fueron un error, sino un adelanto de la verdadera orientación del proyecto. Y la tensión se mantiene latente en cada artículo que modifica la legislación laboral.

El 18 de diciembre será una prueba de fuerza. Allí se verá si la CGT logra convocar una movilización masiva que frene el avance de la reforma. Pero sobre todo, se jugará un capítulo más del pulso entre el oficialismo y el movimiento obrero organizado, en una disputa central para el futuro de quienes viven de su trabajo.

JJD

El Gobierno anunció que entre las reformas para el tratamiento legislativo a partir del documento final del Consejo de Mayo se incluye la reforma de la Ley de Tierras.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de modificaciones legislativas para liberar la compra de tierras a los extranjeros, pero recién se trataría en el período legislativo 2026.

En el caso de la Ley de Tierras, el objetivo central es eliminar restricciones a la compra de tierras por privados extranjeros y destrabar los cambios de actividad en casos de incendios, entre otras cuestiones normativas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que en el proyecto “se libera la compra por parte de privados extranjeros” de tierras rurales. Sobre la Ley de Tierras, el consejo de mayo describió: “Desde el año 2011, la inversión internacional en este sector ha sido obstaculizada a través de la Ley N° 26.737. Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector”.

También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio. Esto es “una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta contra la producción”, aseguró el funcionario al presentar el documento.

La iniciativa avanza puntualmente sobre la Ley 26.815, de manejo del fuego. Plantea derogar las modificaciones introducidas en 2020, que impedían cambiar el destino productivo de un campo durante 30 a 60 años después de un incendio, incluso en casos accidentales.

MC

El Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias su ley de reforma laboral, una batería de medidas que modifica la vieja ley de Contratos de Trabajo buscando flexibilizar la normativa, de manera tal que baja los costos para empleadores y debilita la posición relativa de los trabajadores en la negociación colectiva.

Los gremios de la CGT y de las dos CTA se pusieron en guardia frente a una ofensiva que interpretan como lesiva de derechos adquiridos, e ineficaz a la hora de generar los supuestos beneficios que declama el Gobierno sobre un aumento de las inversiones y de la productividad. La reforma laboral se trataría inicialmente en el Senado: el oficialismo encabezado por Patricia Bullrich buscará apurarla desde este jueves para obtener rápido una media sanción antes de fin de año.

A partir del borrador del proyecto de la llamada “Modernización Laboral”, las modificaciones más importantes al régimen de trabajo son:

Presunción de existencia de contrato de trabajo

En la versión original vigente, “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”, mientras que con la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo esa presunción “no será de aplicación cuando mediaren contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios, o cualquier otra modalidad que comprendan prestaciones de servicios sin relación de dependencia, y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación”.

Responsabilidad solidaria en la contratación de terceros

Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal que contrata a una tercera empresa para la prestación de servicios.

“Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas”.

“Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, únicamente cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria que derivasen en insolvencia o falta de pago de la empresa empleadora.”

La versión original de la ley 20.744 señala que estas empresas serán “solidariamente responsables” de las obligaciones con sus trabajadores en todos los supuestos, y no únicamente cuando mediaran maniobras fraudulentas.

Pago en moneda local o extranjera

Se incorpora la posibilidad de que el empleador remunere al trabajador en moneda extranjera, al margen de la moneda nacional, especie, habitación o alimentos, modalidades ya comprendidas en el régimen actual.

Además, se establece que “las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el Banco Central de la República Argentina para tal actividad, o en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación autorice y considere apta”.

Vacaciones

“El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente”, más allá de excepciones que estén justificadas por las características de la actividad.

A su vez, “la fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad”.

Asimismo, “el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a siete (7) días”.

Banco de horas

“Se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable, ya sea, ley especial y/o convenio colectivo de trabajo”

Preaviso de extinción de contrato de trabajo

La ley actual establece que cuando la antigüedad fuera mayor a 10 años, el preaviso de despido a un trabajador debe ser de tres meses.

Con la reforma laboral proyectada por el Gobierno, el preaviso para cualquier trabajador con más de cinco años de antigüedad es de dos meses.

Se mantiene el mes de preaviso cuando la antigüedad sea inferior a los cinco años.

Indemnización por despido sin causa justa

Se mantiene el criterio de pago al trabajador de “una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

Sin embargo, se especifica que “no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera”.

Indemnización por despido injustificado antes del plazo

Según la reforma laboral del Gobierno, cuando un trabajador sea despedido injustificadamente antes del vencimiento del plazo convenido, solo podrá percibir la indemnización que corresponda por la extinción del contrato, pero ya no podrá reclamar sumas de dinero adicionales por daños y perjuicios, como establece la normativa vigente.

Fondo de cese laboral

“Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador”

Contribuciones patronales

Reducción de de tres puntos en contribuciones patronales para quienes cumplan con los aportes a los Fondos de Asistencia Laboral.

Prestación de servicios mínimos

Cobertura del 75% en el caso de los servicios esenciales, y del 50% en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental.

Período de prueba

“El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia”, permitiendo el despido sin indemnización durante ese lapso.

La Ley Bases ya había llevado el período de prueba de 3 a 6 meses como plazo general, con posibilidad de extensión a 8 o 12 meses por convenio colectivo, especialmente para PyMEs.

“El empleador no podrá contratar a un mismo empleado más de una (1) vez utilizando el período de prueba”.

Régimen de servicios de reparto por plataformas

Debe garantizar la “libertad de conexión del repartidor independiente de plataforma tecnológica del servicio de mensajería urbana”.

“El repartidor independiente será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas a través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios en las jornadas y durante el tiempo que estime convenientes y de aceptar y/o rechazar pedidos según su conveniencia. También será libre de definir el modo en que preste el servicio”.

Por su parte, el empleador tiene la obligación de “facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo”.

Limitación de la ultra actividad de convenios colectivos

Los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.

“Solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”, se aclara.

Convenios por empresa con prioridad sobre acuerdos por actividad

“Los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor”.

Inmunidad o tutela sindical

La inmunidad ante eventuales despidos o suspensiones sin causa justa, o modificación de las condiciones de trabajo, corre desde “la notificación fehaciente al empleador de su postulación para un cargo de representación sindical”.

“Esta tutela regirá solamente para los delegados o representantes gremiales legalmente electos y que ocupen los cargos de titulares”, se aclara, ya que “aquellos designados suplentes y/o congresales mantendrán la protección de estabilidad relativa no siendo aplicables las disposiciones de estabilidad absoluta”.

Se le conceden “a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones un crédito de hasta 10 horas mensuales retribuidas, salvo que el convenio colectivo aplicable disponga una cantidad mayor”.

“El ejercicio de este derecho no podrá generar la interrupción de actividades en el área de trabajo”, se aclara.

Infracciones “muy graves”

Serán consideradas “infracciones muy graves” cuando se cumplieran alguna de las siguientes hipótesis

a. afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas;

b. provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;

c. ocasionar daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros, se encuentren o no en el establecimiento del empleador (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente.

Programa de Formación Laboral Básica

“Créase el Programa de Formación Laboral Básica para garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”

Con información de agencia NA

El Gobierno formalizó el envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral que propone una reestructuración profunda del sistema de relaciones laborales en Argentina. La iniciativa, anticipada este martes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se discutirá durante las sesiones extraordinarias y forma parte de los compromisos asumidos en el Consejo de Mayo. El texto final aún no fue difundido, pero el borrador que circula incluye cambios en el régimen de contratación, representación gremial, convenios colectivos, teletrabajo y nuevas formas de empleo.

Entre los puntos centrales del proyecto figura la eliminación de la Ley de Teletrabajo, sancionada en pandemia. De aprobarse, quienes trabajen de manera remota pasarán a estar regulados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), aunque con modificaciones que amplían el margen de decisión del empleador sobre la modalidad laboral.

Se limita también la ultraactividad de los convenios colectivos, permitiendo que al vencimiento de un acuerdo se mantengan solo las cláusulas referidas a condiciones de trabajo. Las cláusulas obligacionales o económicas perderán vigencia salvo acuerdo expreso entre las partes. Además, se establece la prelación de los convenios de empresa sobre los de actividad, lo que podría fragmentar la negociación colectiva y debilitar a los sindicatos de rama.

La iniciativa incluye un nuevo régimen para trabajadores de plataformas, como repartidores y mensajeros, que serán considerados “repartidores independientes”. Esta categoría los excluye de la LCT y los obliga a inscribirse como monotributistas, asumir sus propios aportes y contratar cobertura por accidentes. Las plataformas no asumirán responsabilidades como empleadores, y cualquier protección dependerá de acuerdos entre las partes.

El vínculo con los sindicatos también se redefine. Las asambleas gremiales en el lugar de trabajo requerirán autorización previa del empleador y no estarán contempladas como tiempo laboral pago. Se restringe la estabilidad sindical: solo los delegados titulares legalmente electos tendrán protección absoluta frente al despido, mientras que suplentes y congresales accederán a una tutela relativa.

En cuanto a las cuotas sindicales, los empleadores solo actuarán como agentes de retención si el trabajador expresa su conformidad por escrito, y cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el acuerdo con 30 días de preaviso. El proyecto también amplía la lista de prácticas desleales de las organizaciones sindicales, incluyendo los bloqueos, la afiliación compulsiva y el desconocimiento de conciliaciones obligatorias.

El Gobierno plantea esta reforma como parte de una modernización laboral orientada a “liberar el potencial productivo” y “reducir la carga fiscal”, según palabras de Adorni. Sin embargo, múltiples sectores advierten que el efecto inmediato será una pérdida de derechos históricos para los trabajadores, con mayor exposición a la precarización, especialmente en sectores no organizados o con baja cobertura gremial.

El Consejo de Mayo, órgano consultivo impulsado por el Ejecutivo, sirvió como base para delinear este y otros proyectos. Participaron representantes del oficialismo, legisladores de la oposición, empresarios y un sector de la CGT. Gerardo Martínez (UOCRA) estuvo ausente en la última reunión por motivos personales, según informó el Gobierno.

Mientras se aguarda la presentación formal del proyecto completo, sindicatos y organizaciones de trabajadores evalúan medidas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya convocó a una jornada de protesta, y otras centrales podrían sumarse si la iniciativa avanza sin modificaciones sustanciales.

Según anticiparon desde el oficialismo, muchas de estas medidas fueron impulsadas por referentes del PRO, como el diputado Cristian Ritondo.

Desde la CGT todavía no hubo un pronunciamiento formal, pero la ausencia del jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, en la última reunión del Consejo fue leída como una señal de desacuerdo. El Ejecutivo ya anticipó que otras reformas —como la previsional— quedarán para 2026.

Para millones de trabajadores, la discusión legislativa que se abrirá en las próximas semanas definirá el futuro de sus derechos laborales básicos: estabilidad, representación, cobertura, negociación colectiva. Y el impacto no será uniforme: los más vulnerables, como los repartidores o quienes teletrabajan sin contrato, serán los primeros afectados.

JJD

Sin presencia de la CGT, el Consejo de Mayo se reúne este mediodía para cerrar la reforma laboral que el Gobierno busca enviar hoy mismo al Senado. No será una sesión más: es el último encuentro del año, el que condensa semanas de tensiones internas, negociaciones paralelas y un operativo político acelerado por la Casa Rosada para exhibir músculo en la víspera del segundo aniversario de la gestión de Javier Milei. Desde las 13.30, en el Salón de los Escudos, se vuelven a sentar el conjunto de sus integrantes, pero con la ausencia de Gerardo Martínez. Ninguno de ellos ignora que la letra final ya está escrita fuera de la mesa.

Las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre funcionan como cuenta regresiva. Milei quiere abrir este miércoles la discusión legislativa sobre la reforma laboral en la Cámara alta, donde espera conseguir media sanción antes del cierre del año. El proyecto ingresaría hoy por el Senado y se convertirá en la piedra angular del paquete que el Gobierno intentará aprobar durante el verano: cambios en el Código Penal, Presupuesto 2026, modificación de la Ley de Glaciares y una iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal. En paralelo, dos puntos del Pacto de Mayo, como son la rediscusión de la coparticipación y la reforma previsional, quedaron en suspenso: no están las condiciones jurídicas ni políticas para empujarlos ahora.

En este esquema, la ingeniería política del oficialismo terminará de mostrarse esta tarde, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabece la conferencia en Casa Rosada para oficializar el envío del proyecto y presentar el informe final del Consejo. Será el momento en que el Gobierno busque transformar en potencia comunicacional lo que, en la práctica, fue un proceso desbordado por tratativas solapadas.

El Consejo llega a esta instancia con un desgaste evidente. Desde la salida de Guillermo Francos, la conducción quedó concentrada en Adorni, pero la mesa funciona más como escenografía que como usina real de acuerdos. Lo dijo sin eufemismos la senadora Carolina Losada hace dos semanas, antes de entrar a la última reunión: “A todos nos molestó que se filtren cosas porque perjudica nuestro trabajo. Cuando se empiezan a filtrar cosas que no están acordadas, es falso”.

No es una percepción aislada. El órgano opera sin estatuto, sin actas públicas y sin procedimientos formales. Todos sus miembros fueron designados por la Rosada y buena parte de las negociaciones decisivas se trasladan a oficinas donde confluyen Adorni, Karina Milei y el equipo económico.

Cumbre Caputo-Martínez

En este clima, la figura de Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, se volvió central. Aunque fue el Gobierno quien lo ubicó como representante sindical dentro del Consejo, hace semanas se transformó en el principal contrapunto interno del oficialismo. En el anteúltimo encuentro llevó una crítica frontal al modelo económico libertario. “La fábrica de ollas Essen ahora va a traer casi el 80% de sus productos desde China. Ese es el modelo real”, apuntó en la previa.

La frase retumbó dentro de Balcarce 50. Pero el punto de inflexión llegó después: terminado aquel encuentro del Consejo, Martínez fue convocado al despacho de Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro. Ese cónclave marcó el inicio de una negociación paralela entre el asesor presidencial y el jefe de los albañiles. Caputo buscó reencauzar la relación en un contexto donde el borrador de la reforma laboral ya estaba escrito.

A la salida, Martínez admitió el “buen vínculo” con Caputo, aunque fue tajante. “La propuesta del Gobierno está en las antípodas de lo que busca la CGT. Y ninguno de los integrantes del Consejo sabe a ciencia cierta cuál será el texto final”, señaló.

En Azopardo las alarmas estaban encendidas desde el inicio. El Gobierno planea modificar las leyes 14.250 y 23.551, limitar asambleas en horario laboral, eliminar la ultraactividad, reordenar jerarquías en los convenios y, sobre todo, cortar los aportes solidarios que financian la estructura gremial. Un golpe económico y político directo.

La promesa compensatoria del oficialismo consiste en garantizar a la UOCRA el manejo del Fondo de Cese Laboral y apostar a que la bancarización masiva aumentará la cantidad de afiliados. En la CGT lo llaman, con ironía, “la teoría del derrame sindical”. Otra pieza de la negociación es la reducción de la cartera de prestaciones de las obras sociales, un alivio presupuestario que el Gobierno está dispuesto a conceder a cambio de que la central obrera no lidere un frente homogéneo contra la reforma.

Pese a los choques, en el Gobierno insisten en que llegarán a un entendimiento. Según pudo saber elDiarioAR, en el cónclave Caputo-Martínez se habló incluso de un “acuerdo” tácito para que la CGT eleve el tono sin bloquear la presentación del texto, mientras después podrá mostrar que logró suavizar algunos artículos. Desde Azopardo, en tanto, admiten que el Gobierno presentará un proyecto “ultra libertario” que luego será desmembrado durante la negociación legislativa, permitiendo que ambas partes construyan su propio relato de resistencia y triunfo.

El encuentro de este mediodía es, en los hechos, un trámite necesario para sostener la arquitectura política del proyecto. La definición ya no pasa por el Consejo sino por la decisión que Milei ejecutará en cuestión de horas: enviar el texto al Senado, abrir este miércoles el debate en extraordinarias y forzar una primera votación antes de fin de año. El reloj corre hacia el mismo punto: hoy la iniciativa saldrá de la Casa Rosada y quedará en manos del Congreso.

PL/MC

Este martes, el Consejo de Mayo formalizará ante el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que hasta ahora circulaba en borrador entre senadores y referentes técnicos. La iniciativa, que incluye 182 artículos, busca modificar de raíz la estructura legal del trabajo en la Argentina. Y aunque el Gobierno la promueve como una “modernización”, los gremios y sectores de la oposición la señalan como una estrategia de flexibilización regresiva, individualización del vínculo laboral y disciplinamiento sindical.

El texto que se oficializa hoy incluye propuestas como:

• Convenios colectivos por empresa, que romperían la negociación por rama de actividad, debilitando el sistema de paritarias.

• Salarios por productividad o “dinámicos”, con criterios definidos por cada empleador.

• Banco de horas, que permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas, a cambio de compensaciones futuras.

• Fondo de cese laboral, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnización por despido.

• Ampliación de los servicios esenciales, lo que en la práctica recortaría el derecho a huelga en más sectores productivos.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien participará hoy de una reunión con el bloque de La Libertad Avanza para explicar el contenido del proyecto, se anticipa que el texto refleja “la visión oficial” pero podrá tener disidencias dentro del Consejo de Mayo.

Bullrich quiere presidir la comisión y se calienta el debate político

Aunque aún no comenzó el tratamiento legislativo, el debate político ya escaló. Según trascendió, Patricia Bullrich está presionando para presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que tendrá a su cargo dictaminar sobre la reforma. La jugada generó tensión interna: “Bullrich se va a tener que adaptar a la salida del Ejecutivo. Los tiempos del Congreso no son iguales y sus compañeros de banca no son sus empleados”, deslizó una senadora, según el newsletter especializado Hecha la ley.

Bullrich fue una de las funcionarias más activas en la defensa pública del proyecto. En entrevistas recientes, aseguró que el sistema laboral argentino “expulsa trabajadores” y sostuvo que el salario por productividad “ya existe en muchos convenios”. También defendió la idea de avanzar con “servicios mínimos” más amplios para limitar las huelgas.

El Consejo de Mayo: apoyo empresarial, fisuras sindicales

El Consejo de Mayo, impulsado por el oficialismo como instancia multisectorial para dar respaldo a sus reformas estructurales, está integrado por figuras del empresariado, técnicos, legisladores y algunos dirigentes sindicales. Aunque no hubo una redacción consensuada, sus integrantes validaron la presentación del texto. Gerardo Martínez (Uocra) participó de las reuniones, pero ya advirtió que algunas propuestas no son compartidas por el sindicalismo dialoguista.

Del lado empresario, la UIA y otras cámaras apoyan con entusiasmo el paquete. Una de sus principales demandas es la baja del “costo laboral”, a través de una revisión de cargas patronales y del régimen de indemnizaciones.

Primer paro contra la reforma: ATE se moviliza el 9 de diciembre

El sindicato ATE, uno de los más activos en el rechazo al modelo laboral oficialista, convocó a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo lunes 9 de diciembre. La medida busca frenar el avance del proyecto y visibilizar el rechazo a una reforma “pro mercado”, según definió el secretario general Rodolfo Aguiar.

“No quieren mejorar la productividad ni hacer crecer la economía. Solo buscan disciplinar la fuerza de trabajo y debilitar los convenios colectivos”, advirtió el dirigente. ATE también denuncia que el proyecto excluye a trabajadores de plataformas y colaboraciones independientes de la Ley de Contrato de Trabajo, algo que se confirma en el borrador.

Un Congreso dividido y un escenario incierto

El tratamiento legislativo arrancará con reuniones informativas en el Senado, pero el oficialismo quiere aprobar la ley en sesiones extraordinarias durante el verano. Para eso necesita aliados. Gobernadores con bloques propios ya expresaron voluntad de diálogo, pero advirtieron que no convalidarán reformas “a libro cerrado”.

Mientras tanto, desde la CGT anticipan que toda modificación que afecte derechos adquiridos será judicializada. Incluso dentro del sindicalismo reformista hay dudas sobre puntos como el fondo de cese laboral, que puede convertirse en un impuesto al trabajo si no se financia adecuadamente, como advirtió el laboralista Julián de Diego en el programa A dos voces.

¿Modernización o ruptura del pacto laboral?

El oficialismo presenta su reforma como una actualización necesaria frente a “una legislación fosilizada” que no contempla el trabajo remoto, las plataformas o el multiempleo. Sin embargo, el texto va mucho más allá: reestructura el principio de favor en los juicios laborales, elimina artículos claves de la Ley de Contrato de Trabajo, deroga el Estatuto del Periodista Profesional y limita la responsabilidad solidaria entre contratistas.

Para el Gobierno, se trata de “salir de la cultura de la inflación y entrar en la de la eficiencia”. Para los gremios, se trata de una ofensiva antisindical, que atomiza a los trabajadores y los deja a merced de negociaciones desiguales con sus empleadores.

El Congreso tiene ahora la palabra. Y la calle, la primera respuesta.

JJD

El Consejo de Mayo se reunirá este martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior para ultimar los detalles de su informe final, que será enviado al Congreso Nacional. 

La reunión, prevista para las 13.30, estará coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Consejo de Mayo ha sesionado una vez por mes desde junio con el objetivo de convertir en proyectos de ley los diez puntos del Pacto de Mayo, firmado en Tucumán.

Aún no se ha definido el formato final con el que se presentará la síntesis del debate. Sin embargo, la administración libertaria busca concretar la oficialización de las conclusiones que contemplarán las posturas de todos los sectores, incluso las disidencias.

Dos puntos del Pacto de Mayo, la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional (ítems 5 y 9), debido a su complejidad, quedarán pospuestos para un tratamiento posterior.

Con la convocatoria oficial a sesiones extraordinarias (del 10 al 30 de diciembre), Casa Rosada acelera el ritmo para aprobar durante el verano:

No obstante, un funcionario cercano a la confección de los proyectos aclaró a NA que el contenido del informe del Consejo de Mayo no será “necesariamente” idéntico a lo que se incluya en las sesiones extraordinarias, aunque hay temas compartidos.

Quiénes participan en la última reunión del año

La reunión de este martes será la última de 2025 y contará con la presencia de representantes de los distintos poderes y sectores sociales:

El Consejo de Mayo tendrá este miércoles su última reunión, en medio de expectativas por el texto final de la reforma laboral y tensiones acumuladas tras la filtración de borradores. El encuentro marcará el debut de Manuel Adorni como coordinador político del espacio, tras la salida de Guillermo Francos, y se dará en simultáneo con la búsqueda de votos para el Presupuesto 2026, que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli.

El objetivo oficial es cerrar la etapa técnica antes del 15 de diciembre, fecha límite que se impuso la Casa Rosada para presentar el paquete de reformas en el Congreso. La sesión será en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con los siete integrantes habituales del Consejo: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada y Cristian Ritondo (Poder Legislativo), Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA), por el sindicalismo.

“Hasta ahora solo hay esquemas generales sin precisión técnica”, advierten desde la CGT, que aún no recibió el texto preliminar. El Ejecutivo promete una versión consolidada para los próximos días, pero se reserva el contenido definitivo, que responderá a la línea política del presidente Javier Milei.

Entre los temas en discusión figuran la descentralización de convenios, el banco de horas, la ultraactividad, las cuotas solidarias y modalidades de contratación, algunos de los cuales ya estaban en el DNU 70/2023, invalidado por la Justicia en su capítulo laboral.

La CGT sigue en alerta, mientras espera una convocatoria formal de Santilli. El ala dialoguista busca negociar límites sin romper el canal de diálogo, pero sectores más duros acusan al oficialismo de intentar desarticular la organización sindical. La conducción central mantiene un equilibrio precario: abrir el juego sin ceder en lo que consideran derechos adquiridos.

Gerardo Martínez expondrá esa postura en la reunión del Consejo, mientras Santilli se posiciona como interlocutor clave del Gobierno. A su cargo está la doble tarea de asegurar los votos del Presupuesto y abrir un puente con los gremios, en un contexto donde la reforma laboral aparece como una de las apuestas estratégicas del oficialismo.

La última reunión del Consejo de Mayo también incluye en su temario las reformas tributaria y previsional, aunque el núcleo del debate será el capítulo laboral. La Casa Rosada quiere evitar nuevas filtraciones, pero la indefinición sobre qué puntos quedarán dentro del proyecto genera malestar entre los consejeros.

En el Gobierno reconocen que el cierre del Consejo no implicará consenso pleno, sino una base para avanzar en el diseño final del proyecto. El contenido específico se definirá en la Casa Rosada, con margen para ajustes políticos hasta febrero, cuando el oficialismo buscará tratarlo en sesiones extraordinarias.

Los gobernadores aliados se mostraron dispuestos a discutir, pero advirtieron que no avalarán cambios sin conocer los detalles. Por eso, el Gobierno necesita tiempo, acuerdos y precisión técnica para sostener su estrategia de reformas, sin agravar la conflictividad con los gremios ni perder apoyos legislativos.

JJD

El Gobierno enviará el próximo 9 de diciembre al Congreso el proyecto de Reforma Laboral, según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes al tanto de la reunión del Consejo de Mayo, que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con los representantes de otros instituciones, entre ellas, la CGT. 

No obstante, la acción se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos, el titular de la UOCRA y representante de la central obrera, Gerardo Martínez, indicaron a esta agencia voceros al tanto del encuentro. 

En los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei que, dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo. Sin embargo, la base central del proyecto será la que impongan desde Balcarce 50. Aunque, aclararon, que no buscarán romper lazos con la CGT. 

Otro de los temas que se trató en el cónclave, que inició pasadas las 11.30 en el Salón de los Escudos, de la Casa de Gobierno, fue que quedarán fuera de los 10 puntos del Pacto de Mayo -que será remitido como informe-, la Reforma Previsional y de la Ley de Coparticipación. En principio, serían temas que Milei pondría más adelante sobre la mesa. 

Se dieron cita alrededor de la mesa ubicada en la planta baja de Casa Rosada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.vuU4FQ

Noticia en desarrollo

El Consejo de Mayo se reunirá este miércoles a las 11.30 por última vez en el año para avanzar en la presentación de los proyectos legislativos que surgieron del Pacto de Mayo firmado en la provincia de Tucumán, y en medio de las negociaciones encaradas con el Gobierno por el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impoitiva.

El espacio se reunirá antes de la fecha límite establecida para presentar los proyectos de ley que contemplen los 10 puntos del Pacto de Mayo, y que fue fijada el 15 de diciembre, pero hasta el momento los consejeros no recibieron el borrador de la reforma laboral que busca ser tratada en el período de sesiones extraordinarias.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo se cuida de evitar filtraciones del contenido de la “modernización laboral”, como la definen, por lo que se apuesta a demorar el envío de los textos en los que trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Nos prometieron enviarla el fin de semana largo. No ocurrió, pero ahora nos dicen entre el martes y el miércoles. Veremos”, confesó una fuente en tema a este medio.

Este miércoles se celebrará el último intercambio en Casa Rosada, el primero sin Guillermo Francos como coordinador, para pulir los detalles finales antes del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso.

En traje de jefe de Gabinete, Manuel Adorni hará su debut en la coordinación de la instancia que culminará este mes y que tiene por objetivo el envío de una seria de proyectos al Congreso.

En los proyectos trabajan cada mes los seis consejeros: Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, en nombre del Poder Legislativo; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la voz de los sindicatos y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Pese a que la instancia de discusión incluye los 10 puntos acordados por una veintena de gobernadores y el presidente Javier Milei, la reforma laboral ocupa un gran lugar en el temario de debates. Este punto generó además tensión entre los equipos técnicos luego de que el mandatario rechazara la filtración de algunos puntos.

Las reuniones al respecto fueron suspendidas, pero las tareas continúan en el diseño del proyecto que se enviará el 15 de diciembre.

Este mismo miércoles, en tanto, Adorni convocará al Gabinete en un seguimiento pormenorizado de las carteras tras los intercambios mano a mano con los funcionarios para aceitar el diálogo interministerial.

Se espera que lo haga junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sin la presencia de Milei.

Con información de la agencia NA

El Gobierno acelerará este mes la presentación de las conclusiones del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial creado para enmarcar las reformas estructurales que Javier Milei quiere enviar al Congreso antes de fin de año. El documento final, previsto para el 15 de diciembre, incluirá el capítulo laboral, el más sensible del paquete. Pero, detrás del formato de “mesa ampliada”, quienes participan admiten que el Consejo funciona como una instancia política del Ejecutivo y que las definiciones clave se redactan por fuera del Salón de los Escudos. “Después de la presentación final vienen los proyectos, aunque no veo viable que se trate tan de inmediato”, anticipó a este medio una fuente parlamentaria involucrada en el proceso.

La foto multisectorial no altera el diseño original: todos sus integrantes fueron designados por la Casa Rosada y el órgano no tiene estatuto, ni actas públicas, ni procedimientos claros. Federico Sturzenegger participa en nombre del área de Desregulación y Transformación del Estado; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo representa a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada y el presidente de Diputados, Martín Menem, lo hacen por el Congreso; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, completa la pata empresaria.

La CGT tiene una presencia singular: su único delegado, Gerardo Martínez (UOCRA), fue elegido por el propio oficialismo y no por la central obrera, que recién después de la convocatoria avaló su participación. Esos seis nombres constituyen, en los hechos, una mesa donde el Gobierno define la agenda y el resto acompaña con márgenes acotados.

Es que, pese a que La Libertad Avanza insiste en presentarlo como un espacio de “consensos”, la dinámica interna tiene otro sello: todas las reuniones se realizan bajo estricta confidencialidad, sin constancia pública de lo debatido. Ese hermetismo refuerza la percepción, incluso entre algunos de sus participantes, de que el Consejo funciona más como una herramienta de prelegitimación que como una mesa real de negociación.

Reforma laboral

La salida de Guillermo Francos del Gobierno profundizó ese esquema. El exjefe de Gabinete —coordinador formal del Consejo y articulador natural con gobernadores y sectores productivos— dejó vacante un rol que ahora pasó a ocupar Diego Santilli, pero bajo otras condiciones: el ministro del Interior opera bajo la tutela directa de Manuel Adorni, convertido en jefe de Gabinete y en el nuevo nodo de poder interno tras la consolidación de Karina Milei. El tándem Adorni–Santilli busca reemplazar la lógica personalista que construyó Francos por una conducción más vertical y alineada al corazón del mileísmo.

Ese recambio político ya tuvo su primera postal. En pleno debate sobre la reforma laboral, Santilli protagonizó este jueves un cruce fugaz con la nueva conducción de la CGT —conformada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— en un salón vip del Centro de Convenciones de Buenos Aires, durante el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). No fue una reunión formal, pero sí un gesto: el exdiputado inició un vínculo que deberá sostener en un terreno en el que la central obrera plantea sus dudas. En Casa Rosada lo leyeron como un anticipo: Santilli ya empezó a ocupar el espacio que Francos dejó vacío.

Sin embargo, lo cierto es que el Consejo de Mayo no volvió a reunirse desde la salida del exjefe de Gabinete y la reforma laboral avanza por carriles propios en los despachos de Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Según trascendió, el borrador incluye cambios sobre la Ley de Contrato de Trabajo, un fondo de cese para reemplazar indemnizaciones, reducción de cargas patronales, recortes en las deducciones de Ganancias, un régimen de nuevo empleo y regulaciones para plataformas digitales. En versiones preliminares figura incluso la obligatoriedad de pedir autorización para realizar asambleas en los lugares de trabajo, un punto que la CGT considera “intolerable”.

La central obrera ya dejó claro que el Consejo no debería ser el ámbito donde se discute esa agenda. “No hubo consenso, no se discutió nada”, insistió Gerardo Martínez en una entrevista a comienzo de mes. La CGT inició contactos con gobernadores para frenar cualquier norma “antisindical” y advierte que usará “todas las herramientas” si el Gobierno avanza sin garantías. En paralelo, Martínez cuestiona el enfoque “teórico y caprichoso” de Sturzenegger y la falta de escucha del Consejo.

Rosca legislativa

La tensión sindical se combina con una jugada legislativa acelerada. Patricia Bullrich, futura jefa del bloque oficialista en el Senado, ya les confirmó a sus pares que la reforma laboral ingresará por la Cámara Alta y buscará media sanción entre el 10 y el 31 de diciembre, en un mes recortado por las fiestas y con Diputados discutiendo al mismo tiempo el Presupuesto 2026. Para eso, el Gobierno necesita una coordinación milimétrica: Santilli en la interlocución con mandatarios, Martín Menem ordenando la Cámara baja y Bullrich en la ingeniería del Senado, donde deberá conseguir al menos 17 votos extra.

Las provincias son el factor decisivo. Los gobernadores condicionan cualquier apoyo a la negociación de la “ley de leyes”, las transferencias retenidas y los fondos de obra pública paralizados. Por eso, el verdadero debate no se juega en el Consejo de Mayo sino en despachos provinciales y reuniones informales.

El desafío para Santilli será transformar esa estructura más vertical en resultados concretos. Sin Francos en la mesa, el Consejo de Mayo debe convertir la foto multisectorial en votos reales para un paquete que enfrenta resistencia en varios planos. Pero lo que ocurra afuera de esa instancia tendrá más peso que lo que suceda adentro. Y ahí aparece la funcionalidad real del órgano: no como un espacio de acuerdos, sino como la puesta en escena que acompaña una negociación que se define en otro lado.

PL/CRM

El Consejo de Mayo protagonizó este lunes su segunda reunión con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para avanzar en la reforma laboral que busca implementar Javier Milei.

La excepcionalidad en torno a la asistencia de Cordero da la pauta del temario que abordó este segundo encuentro, que contó también con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, lo que revela la venía de la CGT a la iniciativa mileísta. La reforma en el régimen laboral está contemplada en uno de los puntos firmados en el Pacto de Mayo, aquel 9 de julio de 2024.

Corderó integró el intercambio focalizado en discutir el punto ocho de la nómina de 10 ítems que firmaron 18 gobernadores y el Poder Ejecutivo, pese a que la intención sea tratar el potencial proyecto pasadas las elecciones de octubre.

Minutos antes de la 9, horario estimado de inicio, la primera en llegar a Casa Rosada fue la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada detrás del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenneger, quien anticipó que su idea es ir hacia nuevo sistema “moderno” y que resuelva el problema de la informalidad laboral.

Martínez se topó en el salón de los Bustos con el diputado del PRO Cristian Ritondo, uno de los protagonistas del fin de semana tras el cierre de listas. Hicieron su ingreso por el Patio de Palmeras.

Otro de los cruces en la antesala a la reunión que se desarrolló en el salón de los Escudos de la Secretaría del Interior fue el del secretario de Trabajo, quien al bajar de una camioneta blanca se encontró con el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Completó la nómina el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de los mandatarios provinciales de mejor sintonía con el Gobierno. Luego de unificar los comicios locales con los nacionales que se realizará el próximo 26 de octubre, el radical negocia con La Libertad Avanza la posibilidad de cerrar un acuerdo electoral como el que protagonizó Leandro Zdero en la provincia de Chaco.

Al término de la reunión, Ritondo, el único interlocutor designado, evitó revelar detalles de lo conversado. “La síntesis va a salir el 15 de diciembre. Los temas que estamos abordando son los que ya están acordados en el Pacto de Mayo”, sostuvo ante la prensa acreditada. “Vamos avanzando en cada uno de los temas y a veces vienen especialistas. Cada reunioncita es la disparadora, donde seguimos trabajando durante el mes que nos vemos acá, con asesores, con otros diputados, con otros proyectos”, detalló desde el Patio de las Palmeras.

El legislador del PRO reveló que durante el intercambio que duró casi dos horas los representantes de la UIA y de la CGT dieron su mirada ante el secretario de Trabajo respecto a la reforma laboral que apuesta a avanzar en una mayor formalidad en el empleo. “Son todos los disparadores que están en el pacto. En cada una de las reuniones le repasamos alguno”, insistió, y aclaró: “No va a haber mucha información, le diría que casi nada porque la idea es trabajar y el 15 hacer una presentación formal”.

Con información de agencia NA

MC

El Consejo de Mayo tendrá su segunda reunión el próximo lunes en la Casa Rosada, donde volverán a encontrarse el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los representantes del Poder Legislativo, de los gobernadores, del sindicalismo y el empresariado.

La reunión tendrá lugar por la mañana y será otra vez en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, donde a fines de junio se realizó el primer encuentro a casi un año de la creación del Consejo, que tiene por objetivo concretar una serie de propuestas legislativas y reformas contenidas en los puntos acordados en el Pacto de Mayo.

Del primer encuentro participaron el ministro de Desarrollo y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, el gobernador mendocino que integra la mesa política en representación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la radical Carolina Losada por el Senado; el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados, Gerardo Martínez, de la CGT, por las organizaciones sindicales; y Martín Rappallini, de la UIA, en representación de las entidades empresariales.

“El producto final de este consejo lo vamos a tener en diciembre, y tiene que ver justamente con los 10 temas que se propusieron y que firmaron todos los gobernadores con el Presidente. La idea es consensuar entre todos”, comentó Losada tras el primer encuentro.

Los asistentes retomarán el debate el próximo lunes para las reformas que a las que la gestión de Javier Milei apuesta para fin de año, luego del recambio del Congreso tras las elecciones de 26 de octubre.

Entre los puntos acordados en el Pacto de Mayo figuran “la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI; el compromiso de potenciar la educación inicial, primaria y secundaria, con alfabetización plena y sin abandono escolar; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; una laboral que promueva el trabajo formal; y una previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron”.

Con información de la agencia NA

El Gobierno puso en marcha este martes el Consejo de Mayo, el órgano multisectorial con el que busca tejer consensos políticos en torno a las reformas estructurales planteadas en el Pacto de Mayo. La primera reunión se realizó en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, con presencia de los seis consejeros designados por decreto y bajo la conducción del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que ofició como presidente del Consejo. El clima fue institucional, sin anuncios de impacto inmediato, pero con un objetivo claro: elaborar un informe con propuestas legislativas antes de fin de año, que sirva como insumo para la agenda parlamentaria a partir del 10 de diciembre.

“El ánimo de diálogo fue muy conductivo, con miradas diversas y mucha vocación de trabajar para llegar a consensos de acá a diciembre”, dijo tras el encuentro el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representante del Poder Ejecutivo en la mesa. El tono de la cita fue más fundacional que resolutivo. Participaron también el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en nombre de los mandatarios firmantes del Pacto; la senadora Carolina Losada por el Senado; el diputado Cristian Ritondo por Diputados; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación de los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresario. Completó la mesa la secretaria técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca.

La presencia de Cornejo, como representante de los mandatarios provinciales firmantes del Pacto de Mayo, no fue solo protocolar. El gobernador de Mendoza llegó a Casa Rosada con el eco todavía fresco de la reunión que ayer juntó a 22 gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para reclamar mayor participación en la distribución de recursos nacionales. Aunque el Consejo de Mayo no fue planteado como un espacio para discutir coparticipación ni ATN, el trasfondo fiscal tensiona la mesa. Varios de los temas que se abordarán —reforma tributaria, rediscusión del federalismo fiscal, racionalización del gasto— cruzan de lleno las demandas de las provincias, que vienen advirtiendo que el ajuste nacional impacta de manera asimétrica sobre sus administraciones.

Aunque los 10 puntos del Pacto de Mayo incluyen compromisos ambiciosos —desde el equilibrio fiscal y la inviolabilidad de la propiedad privada hasta reformas laboral, previsional, política y tributaria—, el eje más sensible y prioritario para el Ejecutivo es la reforma laboral. En paralelo a la reunión, el Gobierno ya activó el primer paso concreto en esa dirección con la puesta en marcha del Sistema de Cese Laboral, un régimen voluntario para reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un esquema de aportes previsionales anticipados, canalizados a través de fondos de inversión o fideicomisos. El mecanismo, que deberá implementarse mediante convenios colectivos, será uno de los puntos en disputa con el sindicalismo en las próximas sesiones del Consejo.

Es que la participación de Gerardo Martínez, confirmada a último momento, se dio en medio de internas dentro de la CGT. El titular de la UOCRA aclaró que su presencia no implicaba un aval automático y que la central obrera aún debía debatir institucionalmente su rol dentro del proceso: “No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT”, dijo el lunes.

En lo inmediato, la apuesta del Gobierno es que el Consejo se reúna una vez por mes, de aquí a fin de año, para elaborar un documento de síntesis con propuestas legislativas sobre cada uno de los puntos del Pacto firmado en Tucumán. La expectativa oficial es que ese informe pueda transformarse en una hoja de ruta para la nueva etapa parlamentaria que se abrirá tras las elecciones generales. En palabras de un funcionario de Casa Rosada: “Queremos sembrar acuerdos ahora para cosechar leyes después”.

Además de su dimensión técnica, el Consejo tiene una función política: ofrecerle al Gobierno un canal de negociación más flexible y controlado que el Congreso. El órgano no tiene aún estatuto público ni reglamento formalizado, y sus miembros fueron designados por decreto, sin convocatoria abierta a otros actores sociales. Aun así, el oficialismo logró incorporar a representantes clave y, sobre todo, consolidar una narrativa de institucionalidad en medio de un escenario legislativo fragmentado.

PL/MC

A casi un año de su firma simbólica en Tucumán, el Consejo de Mayo tiene este martes su primera reunión formal en la Casa Rosada. El encuentro, que se desarrolla desde las 9 en el Salón de los Escudos, está presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien también oficia como coordinador del órgano. La reunión marca el inicio de una instancia que el Gobierno busca instalar como mesa de negociación multisectorial para avanzar con reformas estructurales, con la reforma laboral como primer eje de discusión.

Francos está acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, representa a los mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo; mientras que el diputado Cristian Ritondo y la senadora Carolina Losada lo hacen por las dos cámaras del Congreso. En nombre del empresariado participa Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La presencia sindical, en cambio, llegó envuelta en dudas. Gerardo Martínez, titular de la Uocra, fue designado por el Ejecutivo como representante del sector gremial, pero en la CGT recien este lunes avalaron su participación. “Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT”, había advertido Martínez este fin de semana, en diálogo con Infobae.

Ritondo, además, llega al Consejo antes de participar en otro cónclave clave para el oficialismo: este mismo martes está previsto que se reúna en Balcarce 50 con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, y con Diego Santilli, para cerrar los términos del frente electoral entre el PRO y el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Su doble rol —como operador legislativo y electoral— sintetiza la lógica de poder del Gobierno: avanzar en reformas institucionales mientras consolida una nueva arquitectura política.

El Consejo de Mayo se lanza en un contexto de alta tensión fiscal. Este lunes, 22 gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para volver a reclamar una redistribución más equitativa de los recursos nacionales. A través de un comunicado conjunto, propusieron eliminar los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles y coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según la ley vigente. “Su sanción no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales”, señalaron, y defendieron la medida por su potencial para “generar más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva”.

La Casa Rosada respondió con una primera contrapropuesta, presentada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Francos, que había prometido una respuesta, no asistió por compromisos en Córdoba. Pero la oferta fue considerada insuficiente por las provincias, aunque se acordó abrir una mesa técnica de diálogo. En el entorno del Gobierno admiten que los reclamos por fondos, obras y programas nacionales paralizados seguirán en agenda: los gobernadores no piden gestos, piden plata.

En ese tablero se inscribe el Consejo de Mayo, que además de buscar consensos intersectoriales, tiene un objetivo político de fondo: funcionar como una vía paralela al Congreso, donde el oficialismo todavía no tiene fuerza propia para sacar sus reformas. “El Congreso todavía no está conformado de manera tal que los proyectos que nos interesan salgan”, admiten cerca de Francos. Por eso, el Consejo busca sembrar acuerdos ahora para cosechar leyes después. No hay reglamento público, ni estatuto publicado, ni normas claras de funcionamiento. El diseño, más informal que institucional, responde a la lógica del mileísmo: intervenir el sistema sin depender de sus reglas.

El formato elegido refuerza esa apuesta: el Consejo fue descripto en Casa Rosada como una instancia “más política que técnica, y más horizontal que jerárquica”. En la práctica, el Gobierno eligió a todos los representantes por decreto, sin que haya mediado una convocatoria formal a los sectores involucrados. Aun así, la jugada ya tiene un efecto: varios gobernadores que no firmaron el Pacto de Mayo —como Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella o Ricardo Quintela— están hoy involucrados en las negociaciones abiertas. El Gobierno logró imponer su marco de discusión incluso a los que formalmente lo rechazaron, lo que considera una victoria política parcial.

Reforma laboral

La reforma laboral es el primer punto en discusión. La semana pasada, la Comisión Nacional de Valores reglamentó el Sistema de Cese Laboral, un régimen alternativo al actual modelo de indemnización por despido. La propuesta permite que empleadores y trabajadores acuerden aportes anticipados a Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), que funcionarán como reserva para cubrir los costos de la desvinculación. El mecanismo será voluntario y deberá instrumentarse vía convenios colectivos, lo que abre una negociación gremial sector por sector.

Desde el oficialismo lo presentan como una medida de previsibilidad y desburocratización del mercado laboral. En el sindicalismo, en cambio, temen que se use como punta de lanza para desarmar el régimen vigente. Martínez, con respaldo parcial de la CGT, ya planteó que cualquier reforma debe surgir de un acuerdo tripartito. Por eso, la participación sindical en el Consejo es aún frágil, y será uno de los puntos clave para monitorear en el arranque.

El trasfondo económico es igual de tenso. Según un informe de la consultora Empiria, 21 de las 24 provincias cerraron 2024 con superávit primario, gracias a un ajuste del 15% del gasto real. Pero en mayo la recaudación nacional cayó 18% interanual y los impuestos coparticipables se hundieron 23%. La contracción de los recursos, sumada a la paralización de programas y obras públicas, presiona a las provincias.

En la previa del debut del Consejo de Mayo, Francos intentó bajarle el tono a la tensión fiscal con los mandatarios. “Nosotros siempre tenemos actitud positiva, lo que no dan a veces son los números”, dijo Francos en declaraciones a Cadena 3. “Por supuesto hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes, otros que no dicen nada. Nosotros hemos hecho muchos ajustes. Hemos bajado muchos impuestos, muchos impuestos que afectan no a los impuestos coparticipables, sino impuestos que van directamente al tesoro nacional”, agregó.

El jefe de Gabinete también planteó su expectativa de que “la actitud sea recíproca” por parte de las provincias, en un intento por justificar el freno a las transferencias no automáticas y encuadrar los reclamos en la lógica del equilibrio fiscal que promueve el Gobierno. En ese sentido, se verá si el Consejo de Mayo se convertirá en un espacio real de negociación o si queda en una puesta en escena. La respuesta dependerá más que de su reglamento, de la voluntad de poder de los actores que se sienten a la mesa.

PL/JJD

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 382/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, a más de 300 días de su anuncio, concretó la designación de los integrantes del Consejo de Mayo, “órgano clave para la implementación del Pacto de Mayo, firmado por el Presidente Javier Milei junto a gobernadores y referentes institucionales del país”, de acuerdo a la comunicación del Ejecutivo.

La presidencia del órgano que el mandatario dio a conocer el 9 de julio de 2024, junto a 18 gobernadores, tras su frustrada intención de hacerlo el 25 de mayo, estará a cargo del Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. En tanto, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, ya había sido designado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En cuanto al resto de los consejeros, por las provincias firmantes del “Pacto de Mayo” y de la CABA, fue designado el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; en representación del Senado, el lugar quedó en manos de la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada; por la Cámara de Diputados, se nombró al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo; por las organizaciones sindicales, la silla será ocupada por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; Mientras que por las entidades gremiales empresarias, estará el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

La medida modifica el Decreto 617/2024 y “permite finalmente la operatividad del Consejo, creado para debatir y elaborar propuestas legislativas y administrativas que materialicen los lineamientos del Pacto, tras la sanción de las leyes de Bases (N° 27.742) y del paquete fiscal (N° 27.743)”, que el propio Presidente había definido como condiciones necesarias para su entrada en vigencia.

El Gobierno explicó que se iniciaron “instancias de diálogo con integrantes de los diferentes sectores implicados y se resolvió propiciar la designación de los Consejeros faltantes con el fin de poner en funcionamiento el ”Consejo de Mayo“ y, en consecuencia, posibilitar la generación de acuerdos intersectoriales que propendan a la reconstrucción económica y social de la República Argentina”.

De esta manera, “el Consejo de Mayo está conformado por seis consejeros y un presidente, que será el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Los seis consejeros representarán al Poder Ejecutivo Nacional, las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Honorable Senado de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados, las organizaciones sindicales de tercer grado y las entidades gremiales empresarias de tercer orden”. Además, se resolvió “la creación de una Secretaría Técnica, cuyo titular será designado por el Poder Ejecutivo, con carácter 'ad honorem', la cual tendrá por finalidad la organización y convocatoria de reuniones, así como la realización de tareas de asistencia al Presidente del citado Consejo”. Para este cargo se nombró a María Cecilia Domínguez Diacoluca, coordinadora de planes de Transformación del Estado en el Gobierno de la Ciudad y parte de los equipos de Sturzenegger.

Tanto los consejeros como los cargos técnicos del Consejo desempeñarán sus funciones sin percepción de honorarios ni remuneración alguna, garantizando así el cumplimiento de los objetivos sin generar erogaciones para el Estado Nacional.

Con esta decisión, “el Gobierno reafirma su compromiso con el diálogo institucional y la construcción de consensos intersectoriales, en pos de consolidar un camino de transformación estructural, estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible para todos los argentino”, asegura la comunicación oficial.

Qué funciones tendrá el Consejo de Mayo

El “Consejo de Mayo” tendrá las siguientes facultades:

El decálogo del Pacto de Mayo

El Pacto de Mayo se firmó el 9 de julio de 2024 en Tucumán con la presencia de, además del presidente Javier Milei, el dueño de casa, Osvaldo Jaldo; Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); Gustavo Valdés (Corrientes); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy); Leandro Zdero (Chaco); Rolando Figueroa (Neuquén); Hugo Passalacqua (Misiones); Alberto Weretilneck (Río Negro); Claudio Vidal (Santa Cruz); Raúl Jalil (Catamarca); Gustavo Sáenz (Salta); de Martín Llaryora (Córdoba); y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Los ausentes fueron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Los 10 puntos

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.

2. El equilibrio fiscal innegociable.

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio.

6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias.

7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Con información de agencias.

IG

Después de meses de fricción con las provincias, Javier Milei busca reactivar el vínculo político con los gobernadores. Un virtual relanzamiento del Consejo de Mayo aparece como el nuevo paraguas institucional para dar forma a esa estrategia, según pudo saber elDiarioAR. El objetivo: blindar los próximos proyectos legislativos de la Casa Rosada —reformas tributarias, laborales y previsionales— con una narrativa de consenso federal. Pero también preparar el terreno para lo que el propio Milei llamó, tras la victoria porteña de Manuel Adorni, “la expansión violeta en todo el país”.

El martes pasado, como gesto inicial, el ministro de Economía, Luis Caputo mantuvo dos reuniones por Zoom con 17 gobernadores para explicar los detalles del “Plan de Reparación Histórica del Ahorro”, el eufemismo con que el Gobierno denomina a su intención de modificar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para legalizar la tenencia de dólares sin declarar. La Casa Rosada busca evitar que las provincias impongan trabas, impuestos o restricciones. La reacción pública más dura vino del bonaerense Axel Kicillof, que anunció que mantendrá controles impositivos y calificó la medida como una “estrategia para legalizar fondos sin origen claro”.

Es que la jugada no es solo técnica. También es política. Este jueves, la Casa Rosada anunció que firmó el primer “convenio de intercambio de información” con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Se trata de uno de los mandatarios provinciales que se sumaron a la reunión virtual del martes y que forman parte del lote dialoguista, un grupo que, sin romper con sus espacios de origen, elige colaborar con Milei para no aislarse frente a la crisis fiscal. Lo conforman, entre otros, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

El Gobierno busca, en un futuro no tan lejano, replicar una foto similar a la del 9 de julio de 2024 en Tucumán, cuando Milei logró reunir a una docena de mandatarios detrás de su Pacto de Mayo. Esta vez, el acto podría repetirse con tono más ejecutivo y presencia del “círculo rojo”, incluyendo empresarios y gremialistas afines. Por lo pronto, los gobernadores de tinte peronista convocaron para la semana próxima una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el telón de fondo de la caída de la recaudación y la merma en la coparticipación. Así y todo, el mensaje implícito es claro: no hay plata, pero sí hay política.

“Somos dialoguistas por naturaleza, pero tampoco podemos quedar como tibios”, advirtieron a elDiarioAR desde una de las provincias del norte. Más allá del enunciado institucional, los líderes locales saben que la ofensiva libertaria es también una operación de reposicionamiento: después de una primera etapa de poder concentrado en la Casa Rosada, el Presidente ensaya ahora una arquitectura de poder más abierta pero no menos vertical. Mientras el Congreso permanece fragmentado, Milei apuesta a sumar por fuera: gobernadores, sindicatos, empresas, y luego presionar para que los diputados y senadores refrenden lo ya acordado en otro lado.

La paradoja es que el Consejo de Mayo, concebido como una herramienta de “acuerdo federal”, opera como eje de una gobernabilidad cada vez más centralizada. La consigna de Milei de reducir el Estado choca con la necesidad de institucionalizar el apoyo de las provincias sin entregar recursos. Así, el “federalismo libertario” empieza a tomar forma como una mezcla de austeridad forzada, negociación directa y alianzas tácticas.

Algunos gobernadores —como Leandro Zdero en Chaco, que recientemente logró una victoria electoral en su provincia, o Alfredo Cornejo en Mendoza— avanzan hacia acuerdos más estructurales con La Libertad Avanza. Otros, como Llaryora o Pullaro, optan por acompañar de manera condicionada. Durante el evento de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, ambos coincidieron en reclamar por la reactivación de la obra pública y una reforma del esquema impositivo. “No podés seguir sin obra pública”, sostuvo Llaryora. “Cada $100 que aportamos ahora vuelven $49”, remarcó Pullaro. Son frases que resumen el malestar fiscal en las provincias y que tensionan la promesa de “orden macroeconómico” del Gobierno nacional.

A su manera, Milei ofrece a los gobernadores algo más que plata: ofrece viabilidad política en un país en crisis. En esa lógica se inscribe su llamado a “pintar de violeta todo el país”, que no es solo un slogan de campaña sino una consigna de poder. El trasfondo es más profundo: el intento de construir una nueva coalición de gobernabilidad por fuera de las estructuras tradicionales. Ya no se trata de coaliciones partidarias sino de alineamientos pragmáticos en torno a un proyecto de reforma estructural del Estado.

Ese proceso tiene también un calendario: el 8 de junio se celebrarán elecciones provinciales en Misiones, el primer test electoral después del triunfo libertario en la ciudad de Buenos Aires. La provincia gobernada hace más de 20 años por el Frente Renovador de la Concordia que lidera Carlos Rovira pondrá en juego su hegemonía en la Legislatura local, mientras La Libertad Avanza busca medir fuerzas y ampliar su anclaje en un territorio donde la boleta de Milei arrasó en 2023.

Otro dato que comparten la Nación y las gobernaciones es la baja participación electoral en las provincias. Con votantes desmotivados y crisis fiscal, los gobernadores se ven empujados a jugar en simultáneo en dos tableros: el institucional y el electoral. A cambio de apoyo legislativo, buscan recomponer su poder territorial. A cambio de orden, Milei busca respaldo para un nuevo relato refundacional.

El resultado está abierto. Pero si algo muestra esta nueva etapa es que el Presidente que llegó al poder denostando la “casta” hoy ensaya un pacto con parte de ella, sin perder su discurso virulento. Una alquimia difícil, pero no imposible, y profundamente pragmática. El Consejo de Mayo, en este contexto, no es solo una mesa: es el laboratorio donde se prueba, una vez más, el modelo de gobernabilidad de Milei.

PL/DTC

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue designado este viernes como el representante del Ejecutivo en el Consejo de Mayo, órgano creado para llevar adelante el decálogo conocido como Pacto de Mayo y firmado por el presidente, Javier Milei, y la mayoría de los gobernadores provinciales el 9 de julio pasado.

Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, Milei designó a Sturzenegger, con carácter 'ad honorem', como consejero representante del Ejecutivo en el Consejo de Mayo.

El decreto recuerda que ese cuerpo fue creado como “un órgano colegiado consultivo de debate y elaboración de proyectos de leyes y demás actos administrativos necesarios para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo”.

Tras la publicación del decreto que lo designa, Sturzenegger agradeció al mandatario en sus redes sociales: “Agradezco al Presidente Javier Milei el honor de haberme designado como Consejero representante del Poder Ejecutivo en el ”Consejo de Mayo“. Trabajaré en pos del objetivo de que Argentina sea el país más libre del mundo. VLLC!”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Aquel pacto, que contiene compromisos en diez políticas “refundacionales” para el país, fue rubricado por Milei, buena parte de los gobernadores de provincias y otros líderes políticos el pasado 9 de julio en la norteña provincia de Tucumán.

En marzo pasado, en la apertura de año legislativo, Milei había lanzado su propuesta para firmar el Pacto de Mayo con diez políticas “refundacionales y fundamentales para devolverle la grandeza a la nación”.

Su idea era que se rubricara el 25 de mayo, una fecha de celebración patria en Argentina, pero no se logró porque, para la firma, había puesto como condición la aprobación parlamentaria de su ambicioso paquete de reformas económicas, conocido como 'ley bases', que finalmente logró el aval del Parlamento el 28 de junio.

Los cinco primeros puntos de pacto son: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25 % del producto bruto interno; una educación inicial, primaria y secundaria “útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”; y una reforma tributaria “que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”.

Asimismo, se establecieron como puntos “la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias” y “el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.

El pacto se completa con el compromiso de hacer una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma del sistema de jubilaciones “que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”; y la apertura al comercio internacional “de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”.

Sturzenegger asumió el 5 de julio pasado como ministro de Desregulación y Transformación del Estado y es señalado por el propio Milei como el diseñador de las amplias medidas de desregulación económica impulsadas por su Gobierno.

Con información de EFE.

IG

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a los representantes del sector empresarial a una reunión que tendrá lugar este miércoles a las 12 en la sede de la cartera, ubicada en Leandro Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta forma, el Gobierno busca avanzar en la conformación de una mesa tripartita, que contemple a todos los representantes, y prosperar en el “diálogo social” para la conformación del Consejo de Mayo, el ámbito destinado a traducir en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado por el presidente Javier Milei con 18 gobernadores de distintos sectores en la provincia de Tucumán.

Según detallaron, en el intercambio, que será a “agenda abierta”, esperan la presencia de los titulares de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Mario Grinman; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; y de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, el llamado Grupo de los 6 (G6).

Tras escuchar a los empresarios, Corderó buscará reunirlos en una mesa técnica con la CGT con el fin de consensuar el decreto reglamentario de la reforma laboral, sobre el que los sindicalistas hablaron con el funcionario la semana pasada.

Los empresarios no están de acuerdo con las objeciones de los sindicalistas. De hecho, consideraban “más abarcativa y profunda” la versión original de la reforma laboral que la sancionada con la ley Bases, a la que se le recortaron 42 artículos por presión de la CGT.

Tras la reunión con el triunviro de la CGT la semana pasada, Cordero apuesta a conformar “una mesa tripartita donde está representado el sector gremial sindical, el sector gremial empresario y el gobierno, mirando, escuchando y participando”, tal y como anticipó semanas atrás el funcionario en declaraciones al programa Si Pasa Pasa para Radio Rivadavia. 

El secretario definió que el órgano será “a contenido abierto”, y tratará con especial énfasis los temas que tienen que ver “con el contenido laboral”. “Esto en el marco del diálogo. La ley tardó un montón, pero se generó un diálogo, un consenso, sucedió que fue al Congreso. Esto genera un debate nacional que es fantástico”, remarcó.

Los jefes sindicales del ala “dialoguista” se llevaron del Gobierno la semana pasada la promesa de revisar el piso del Impuesto a las Ganancias y de desistir en la presentación oficial ante la Corte Suprema para reponer las reformas laborales que se habían caído del célebre DNU 70/2023.

Así se desprendió de la reunión que se celebró el martes con la dirigencia de la central obrera como parte del diálogo lanzado con distintos sectores por el Pacto de Mayo. Los popes sindicales habían pedido una audiencia con Cordero como un modo de ganar tiempo ante el reclamo de las bases –y del sector más combativo– para la adopción de nuevas medidas de fuerza.

Aunque la ley Bases ya está reglamentada, la conducción sindical dice haber conseguido también la revisión de los artículos laborales de esa normativa. Esa instancia se pondrá en marcha en la reunión que el Gobierno hará esta semana con el sector empresario.

“Va a haber una ‘mesa técnica’ para definir la reglamentación de estos artículos que tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral, y que salieron del capítulo laboral de la ley Bases”, declaró, tras salir de la cita, el cosecretario general Héctor Daer.

El dirigente sostuvo que la CGT espera ahora “respuestas” a los dos temas principales: la modificación del piso de Ganancias, que el Gobierno restituyó y ubicó a partir de los salarios de 1,8 millón de pesos, y la marcha atrás en la presentación de la Procuraduría General a la Corte Suprema para defender el capítulo laboral del decreto 70/2023, que los abogados de la central habían logrado tumbar en los tribunales durante el verano.

Daer fue acompañado por Carlos Acuña, otro de los triunviros y cercano a Luis Barrionuevo, y por sindicalistas que componen el sector “dialoguista” como Gerardo Martínez (UOCRA); Andrés Rodríguez (UPCN); Armando Cavalieri (Comercio); José Luis Lingeri (Aysa) y Nora Ruiz (Modelos), entre otros.

Si bien también estuvo Abel Furlán, el jefe de la UOM de buena sintonía con Máximo Kirchner, la nota de la jornada la dio el camionero Pablo Moyano, referente del ala combativa de la central, quien faltó a la cita.

CRM con información de la agencia NA