El crimen de un menor en una escuela de la provincia de Santa Fe por parte de un adolescente encendió las alarmas en las autoridades, que confirmaron, según se comunicó este miércoles, la existencia en Argentina de subculturas digitales asociadas a conductas violentas y alejadas de los casos tradicionales de bullying.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el hecho no puede ser interpretado como un episodio aislado. “Estamos frente a la presencia de culturas subdigitales en las que participan jóvenes, niños y adolescentes, vinculadas al análisis de asesinatos y tiroteos masivos”, explicó en conferencia de prensa.

Según detalló, estos grupos, conocidos como TCC, promueven conductas misantrópicas, con una lógica que tiende a la admiración de la violencia y, en algunos casos, a su reproducción.

Monteoliva indicó que, a partir de investigaciones realizadas por la Policía Federal con colaboración del FBI, se detectaron en los últimos dos años al menos 15 casos vinculados a este tipo de fenómenos, además de otros cuatro que continúan bajo análisis.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, explicó que en una primera instancia se evaluaron hipótesis como un brote psicótico o situaciones de acoso escolar, pero que la investigación judicial permitió descartar esas líneas.

“El Ministerio Público de la Acusación logró establecer, a partir del análisis de dispositivos digitales, que existían vínculos con estos grupos internacionales”, señaló el mandatario, quien subrayó que el fenómeno trasciende fronteras locales.

En ese sentido, remarcó que se trata de una problemática global: “Ya no tiene que ver únicamente con lo que ocurre en una escuela o una comunidad, sino con la pertenencia a una subcultura internacional”.

La investigación incluyó un análisis exhaustivo de redes sociales, allanamientos en el domicilio del principal sospechoso, reconstrucciones del hecho en el ámbito escolar y peritajes sobre el contenido de su teléfono.

Desde la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal señalaron que, a partir de ese trabajo, se identificó la vinculación del acusado con otro menor, quien fue detenido como presunto colaborador.

Los especialistas explicaron que este tipo de comunidades suelen estar integradas por jóvenes que estudian casos reales de ataques y desarrollan una fascinación por autores de masacres.

El origen de estas subculturas se remonta a hechos como la Masacre de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos, donde dos estudiantes asesinaron a compañeros y docentes antes de suicidarse.

Si bien las autoridades aclararon que el fenómeno viene siendo monitoreado desde hace al menos dos años, destacaron que el caso de Ian Cabrera marca un punto de inflexión por la gravedad de lo ocurrido y su posible conexión con estas redes.

Con información de la agencia NA

“Todo lo que haya para corregir o sancionar, soy la primera interesada. También es cierto que los agentes son hostigados siempre”. Con esa frase la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, avaló la represión de este jueves por la mañana en el Congreso que terminó con trabajadores de prensa agredidos y con un camarógrafo del canal A24 detenido.

La funcionaria que reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera se comunicó con el conductor de A24 Luis Novaresio, apenas minutos después de la represión. Confirmó que fue ella quien instruyó a la Policía Federal para avanzar en la custodia del Congreso.

El operativo policial se activó a partir de una protesta de Greenpeace contra la reforma de la Ley de Glaciares, que se vota esta tarde en el Senado. Esa acción sobre las escalinatas del Palacio Legislativo motivó una fuerte cobertura de prensa y de canales de noticias en vivo alrededor de las 8 de la mañana.

En ese contexto las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 manifestantes de la organización ambiental. Y posteriormente avanzó contra los trabajadores de prensa. Las imagenes de varios canales y periodistias registraron el momento exacto en que un policía agredió a un camarógrafo de A24, quien cayó al suelo. Luego fue detenido por un grupo de efectivos y posteriormente trasladado por el SAME al hospital Ramos Mejía, con custodia policial.

El camarógrafo Facundo Tedechini, de 50 años, fue llevado a una dependencia del Congreso por seis policías antes de ser trasladado al hospital, donde quedo fuera de peligro. También fue agredida la movilera de A24 Agustina Biloti, que fue asistida por el efecto del gas pimienta que tiró la policía.

MC

El Gobierno presentó una denuncia penal en la Justicia Federal en la que encuadra los disturbios ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso, durante la votación de la reforma laboral, como delitos agravados por finalidad terrorista y solicita la inmediata detención de los responsables. La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada sin que se hayan acompañado pruebas concretas ni se hayan identificado formalmente a los supuestos organizadores.

Posteriormente desde el ministerio de Seguridad Nacional hicieron circular un segundo documento con fotos, nombres, apellidos y DNI de una veintena de personas involucradas en los episodios de violencia. Ninguna de esas aparece como lanzando las bombas molotov a la valla policial.

El escrito de la denuncia fue firmado por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Acusa a los manifestantes involucrados de haber intentado “generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina”, con el objetivo de “inhibir el funcionamiento del Congreso” y vulnerar la integridad de las fuerzas federales.

En el escrito judicial, el funcionario sostiene que los hechos podrían configurar delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados. La denuncia invoca los artículos 91, 184, 226, 237 y 239 del Código Penal, junto con el artículo 41 quinquies, que agrava las penas cuando los delitos son cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o forzar decisiones de las autoridades públicas.

Según el texto, los disturbios no fueron episodios aislados sino parte de un accionar que buscó “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror”. La presentación judicial menciona también la figura de tentativa (art. 42) y concurso real de delitos (art. 55).

Tras ese escrito, elDiarioAR accedió a un PDF producido por Seguridad con la identificación de unos veinte sospechosos. Allí se identifican distintas personas a partir de capturas televisivas y material enviado por particulares. Entre los señalados figuran Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan, cuyas imágenes habrían sido extraídas de transmisiones en vivo de TN, C5N, LN+ y A24.

En la nómina también aparecen Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores y Manuel Edgardo Barrios. Según el documento oficial, parte de esas identificaciones provienen de imágenes aportadas por WhatsApp y de capturas de pantalla de videos que circularon durante la jornada de disturbios frente al Congreso.

El listado se completa con Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato. Hasta el momento, el Ministerio los menciona como personas “individualizadas” en el marco de la denuncia por supuesto terrorismo, aunque la Justicia Federal deberá determinar si corresponde formular imputaciones formales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la decisión de encuadrar los hechos como terrorismo y aseguró que no se trató de una protesta común sino de una acción organizada para desestabilizar el orden institucional. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, sostuvo la funcionaria en declaraciones públicas. Según detalló, durante los incidentes se secuestraron bombas molotov, bidones con combustible, bulones para gomeras y palos adaptados como armas.

Monteoliva afirmó que las personas identificadas se hizo mediante el análisis de cámaras de seguridad y sistemas biométricos, aunque no todos tendrían antecedentes penales. También rechazó versiones sobre presuntos infiltrados y defendió el accionar de las fuerzas federales durante la jornada.

Qué describe la denuncia

El documento sostiene que, durante la jornada legislativa, grupos de manifestantes portaban recipientes con combustible inflamable, artefactos incendiarios de fabricación casera, objetos contundentes y productos químicos que fueron lanzados contra efectivos federales. Esas imágenes pudieron verse en varios canales de televisión que transmitieron en vivo la manifestación.

La denuncia también afirma que se destruyeron bienes públicos para utilizarlos como proyectiles y que hubo agresiones directas contra miembros de las fuerzas de seguridad.

“El accionar ilícito tuvo por finalidad generar un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir u obturar la actividad legislativa”, señala el texto.

En el petitorio, el Ministerio solicita:

El escrito habla explícitamente de “atentados con rasgos terroristas” y pide que se investigue la eventual existencia de organizaciones detrás de los disturbios.

En el apartado de prueba, el Ministerio informa que se encuentra “en pleno proceso de análisis” de los acontecimientos para evaluar la incorporación de elementos de convicción durante la instrucción. Es decir, la denuncia fue presentada antes de acompañar formalmente la totalidad de la evidencia.

Ese aspecto podría convertirse en uno de los ejes del debate judicial, junto con la discusión sobre la aplicación del agravante por finalidad terrorista, una figura históricamente controvertida por su alcance interpretativo y por el margen que deja a la valoración política de los hechos.

MC

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei terminó con un duro saldo represivo, que incluyó detenciones arbitrarias, personas heridas y denuncias por violencia policial, mientras continúa el reclamo por la liberación de quienes siguen privados de su libertad, entre ellos un fotógrafo platense que cubría la protesta y un trabajdor del INDEC.

La jornada se desarrolló frente al Congreso Nacional, en el marco de la marcha convocada por la CGT contra el proyecto oficial que avanza sobre derechos laborales y busca flexibilizar indemnizaciones, jornadas y otras garantías históricas. Miles de trabajadores, jubilados, organizaciones sociales y partidos políticos se concentraron desde horas del mediodía. Sin embargo, la movilización quedó rápidamente eclipsada por episodios de violencia y enfrentamientos en los alrededores del vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

Tras esos incidentes, se desató un operativo represivo de gran magnitud, con gases lacrimógenos, balas de goma y el avance de motos de la Policía Federal sobre manifestantes. Según un conteo de la CORREPI, al menos hubo 22 personas detenidas. Desde las fuerzas se informó 20 personas detenidas por parte de la Policía de la Ciudad y dos por parte de las fuerzas nacionales, en paralelo a decenas de demorados.

Entre quienes fueron arrestados y a quienes se les imputan cargos como “atentado”, “resistencia y lesiones”, “incendio” u “otros” figuran: Julián Catalano, Francisco Masilla, Tripolli, Marcelo Olvera, Nicolás Viña (el fotógrafo), Adrián Jorge Montiel, Carlos Agusto Ruiz, Juan Manuel Reichenbach, Maximiliano Javier Melgar, Gastón Ezequiel Reyes, Raúl Alberto Bande, Jorge Euclides Nieto, Lila Amanto, Claudio Garro, Ayelén Portale, Sabina Neuman, Leonidas Orquera, Corina González, Félix Américo Maldonado y Agustín Sánchez Tomás.

Desde las organizaciones sociales, como UTEP, denunciaron que al menos diez personas continuaban presas “sin causa” en una comisaría del barrio de Barracas, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria elevó un reclamo al indicar que hay alrededor de 60 detenidos relevados tras los enfrentamientos. Una de las personas detenidas fue Emilio Salgado, trabajador del INDEC, “cazado” mientras estaba sobre un árbol en la plaza.

La detención de Nicolás Viña, el joven fotógrafo de La Plata, generó un fuerte repudio de sindicatos de prensa y colectivos de periodistas, que exigieron su liberación inmediata y denunciaron un ataque al derecho a la información y a la libertad de expresión. Se trata de un estudiante de fotografía en la Facultad de Artes de la UNLP y afiliado al SiPreBo.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió públicamente el accionar policial. En sus redes sociales confirmó que dos personas fueron detenidas por agredir al personal policial, además de mencionar que varios efectivos, incluidos tres de Gendarmería y uno de la Policía Federal, resultaron heridos durante los enfrentamientos. La ministra insistió en que las manifestaciones “deben desarrollarse de manera pacífica” y advirtió que “quienes atacan a las fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”.

Monteoliva: “Hay tres grandes grupos de violencia significativa”

Este miércoles, la funcionaria detalló que en la jornada hubo 71 detenidos: 27 detenidos en las estaciones terminales a medidas que iban llegando; 20 por Policía de Ciudad en la zona de Congreso; y 24 por las fuerzas federales por resistencia a la autoridad y violencia.

De acuerdo a la Ministra, “Hay tres grandes grupos de violencia significativa: los de la izquierda combativa, los que se autodenominan Antisistema y los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que tenían las bombas Molotov, exactamente. Los veníamos identificando ya con las cámaras, en los accesos, en las columnas”, detalló.

Además, Monteoliva pidió a la Justicia “ponerse cada vez más firme. Si bien nosotros venimos insistiendo muchísimo en esta articulación siempre entre Seguridad y Justicia, esto no puede ser que el esfuerzo que hacemos con la evidencia que habla por sí sola y que al rato, en la noche o pasado un par de horas estén afuera como si nada”, explicó en una entrevista con A24.

“Nuestra intención es que esto no puede quedar así, esto realmente es gravísimo y puedo asegurar que estos no son manifestantes contra ninguna reforma, hay mucho menos que tenga que ver con laburar, porque de eso, si hay algo que no saben, es de trabajar”, concluyó.

MC

Represión, criminalización de la protesta, mano dura con los migrantes, defensa irrestricta de los agentes de seguridad. La “doctrina Bullrich” que el Gobierno anunció esta semana se reforzará en el segundo tramo de la gestión de Javier Milei. Por eso, aunque cambió de ministra, el Presidente ensayó con Patricia Bullrich y su sucesora, Alejandra Monteoliva, una postal de continuidad: terminó abrazado a ambas en el acto de jura el lunes pasado.

El legado de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a más de 1.300 manifestantes heridos desde que se implementó el protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023. Bullrich se ensañó especialmente contra la marcha de los jubilados de los miércoles, avanzando sobre abuelos pero también sobre periodistas y reporteros gráficos, trabajadores, personas con discapacidad. La ferocidad de la represión quedó ejemplificada en el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año, cuando recibió en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal por un gendarme.

Pero la segunda gestión de Bullrich en Seguridad dejó hechos menos visibles e igual de preocupantes. Modificó o derogó leyes orgánicas y realizó reformas sustanciales al borde de la constitucionalidad en todas las fuerzas federales –Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario–. Difundió noticias falsas o exageradas sobre operativos antidrogas y de control callejero. Permitió trasladar a represores a una cárcel con control militar. Logró hacerse de Migraciones –un área históricamente bajo la tutela del Ministerio del Interior– para endurecer la llegada de personas de otros países. Relajó los controles para que cualquier persona pueda poseer armas. Y hacia futuro, con el nuevo Código Penal, busca bajar la edad de imputabilidad.

La “represión Bullrich”

Desde diciembre de 2023 a noviembre pasado, el protocolo antipiquetes dejó al menos 1.393 personas heridas en las represiones, según registró el CELS en una estadística que compartió con elDiarioAR. De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante el primer semestre de este año se contabilizaron al menos 1.251 personas heridas, 36 más que en todo el 2024.

La gravedad de la represión dista mucho de un contraargumento que dio la propia Bullrich en la Cámara de Diputados en una discusión con legisladores: “Para usted los 200 policías que fueron heridos no valen”. El dato contradice al archivo de comunicados del ministerio: solo aparecen dos referencias a efectivos de seguridad heridos en distintas manifestaciones, un total de 20 efectivos federales lesionados.

El fotógrafo Grillo cumplió 36 años el domingo pasado y aún sigue internado. Su atacante, el gendarme Héctor Guerrero, está procesado, como el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que en esa misma represión –al otro lado de la plaza del Congreso– atacó con un balazo de goma en el ojo al manifestante Jonathan Navarro. Ambos agentes tienen como abogados a expertos en defender a policías acusados de gatillo fácil. Antes, en febrero de 2024, durante la votación de la primera versión de la ley Bases, la represión que dejó 280 heridos y una bala de goma policial le quitó la visión de un ojo al abogado en causas de derechos humanos Matías Aufieri.

La Federal de Bullrich

En julio de este año se publicó el Decreto 383/2025, que deroga la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) vigente desde 1958 y aprueba un nuevo estatuto para esta fuerza, llegando a crear un “FBI argentino”: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Desde entonces la fuerza puede detener personas sin orden judicial por un máximo de 10 horas, realizar ciberpatrullaje sin control judicial e iniciar investigaciones y recabar pruebas por su cuenta antes de que intervenga la Justicia. Además, el nuevo estatuto amplía sus funciones y le permite realizar tareas de análisis operativo que quedan excluidas del control de la Ley de Inteligencia Nacional.

“Ya no se trata de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, sino de resguardar un orden político que puede identificar como enemigo a quien lo cuestione”, cuestionó en su momento el CELS. “En lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, alertaron en la Correpi.

Bullrich acompañó el reordenamiento organizacional con narrativa. Antes de irse repuso el nombre de Ramón Falcón a la Escuela de Cadetes y el de Alberto Villar, a la de suboficiales. Falcón fue el jefe de la policía en la represión a la huelga de inquilinas de 1907, en la que murió asesinado el adolescente Miguelito Pepe, y como responsable de la masacre en Plaza Lorea, conocida como la Semana Roja. Villar fue el impulsor de la Triple A y responsable de los primeros crímenes de lesa humanidad en la década de 1970. 

Narrativa Bullrich

La gestión de la ministra estuvo marcada por un discurso exagerado y que a veces directamente falso, llegando a justificar operativos sorprendentes. Apenas comenzó el Gobierno, en enero 2024, festejó la detención de una supuesta “célula terrorista”: un peluquero y un profesor de tenis de mesa de origen sirio. Finalmente fueron liberados porque el caso incluía contradicciones y pistas más sospechosas que algunos de los sospechados.

“Mucho talco, poco Eficient-e”, festejó la funcionaria en su cuenta de X cuando Gendarmería detuvo a un hombre en Mendoza por llevar, supuestamente, más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. El hombre pasó 21 días preso, hasta que fue liberado por efectivamente era talco lo que transportaba.

Bullrich también festejó en redes la detención en el ingreso a un estadio en Rosario de un presunto prófugo acusado por difundir imágenes de explotación sexual infantil. En realidad se trataba de un periodista deportivo que fue demorado cuando llegó a retirar su credencial de prensa para ingresar a la cancha. La orden de captura era para un homónimo.

Otros hitos de la gestión Bullrich fueron la falsa acusación contra una madre y una menor por haber sido gaseadas por un policía, así como llamar “señora patotera” a una jubilada que fue agredida por un agente. Y el anuncio de un “muro” de apenas 200 metros para evitar el paso ilegal en la frontera entre la ciudad salteña de Aguas Blancas y Bolivia. Ella misma enterró el primer pilote de la obra.

Más armas y penas

Entre sus últimas medidas Bullrich autorizó la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas (fusiles, carabinas, armas de asalto calibre superior a .22 LR), mediante un régimen especial que sustituye la prohibición previa. 

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, advirtió que esta flexibilización normativa incrementa riesgos concretos de desvío de armas al mercado ilegal. En su más reciente informe, denunciaron un aumento del fenómeno de “testaferros” o “compradores ficticios”: personas que, siendo “usuarios legítimos” habilitados, compran armas legalmente para luego transferirlas de forma ilícita a terceros no autorizados –posiblemente vinculados a redes criminales–. 

Y ya como senadora Bullrich buscará en el Congreso que se sancione el nuevo Código Penal. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad penal, una medida que implicaría que jóvenes de 13 años puedan ser juzgados con penas de cumplimiento efectivo por delitos graves. Además se extenderá la mano dura: el 82% de los delitos van a tener prisión efectiva. El proyecto sí mantendrá, pese a amenazas de cambio, la figura del femicidio –mantendrá la pena de reclusión perpetua– y no se revertirá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

MC

Alejandra Monteoliva se convirtió este martes en la nueva ministra de Seguridad. La funcionaria juró ante el presidente Javier Milei y quedó al frente de la cartera que conducía Patricia Bullrich, que ahora será la jefa del bloque libertario en el Senado.

La ceremonia fue breve y terminó con un abrazo triple entre Milei, Bullrich y Monteoliva, pero tuvo un condimento destacado: el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, apareció en primera fila entre los invitados destacados. Hacía minutos nomás habia estado reunido con Diego Santilli, ministro del Interior.

Monteoliva y Lamelas se habían reunido ayer junto con Bullrich. El Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento para la incorporación de un representante de la Policía Federal en El Dorado Task Force en Nueva York, que investiga organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos.

“Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, dijo Monteoliva en sus redes sociales antes de la jura. Para la funcionaria, la doctrina de mano dura de Bullrich se trata de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”. “Marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”, anunció sobre su antecesora.

Hasta ahora Monteoliva era la secretaria de Seguridad, con un bajísimo perfil mediático. Llegó a ese cargo en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura, y tuvo un debut muy cuestionado. El día en que un policía gaseó a una menor junto a su madre frente al Congreso, Monteoliva fue quien comandó la narrativa que desplegó el ministerio para exculpar al agente a través de un video fake que hizo circular por los principales canales de televisión. Eduardo Feinmann llegó a pedir en LN+ que Milei les pidiera las renuncias a Bullrich, su secretaria y hasta el vocero del Ministerio.

Monteoliva se conoce con Bullrich desde hace diez años y se espera que como mínimo profundice la política de represión del protocolo antipiquetes.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales. En los años 90 trabajó en Medellín para el criticado Plan Colombia, que lejos estuvo de terminar con el narcotráfico. También asesoró y colaboró con Nayib Bukele en El Salvador.

Fue ministra de Seguridad de Córdoba hasta que fue despedida en 2013 por no prevenir una rebelión policial. Pero su relación con Bullrich le permitió llegar a ser jefa nacional de Operaciones de Seguridad en la gestión macrista, entre 2015 y 2019. Durante el gobierno de Alberto Fernández quedó a cargo de una secretaría administrativa en el ministerio, hasta que el regreso de Bullrich la volvió a poner en la primera fila de Seguridad.

MC