Karina Milei tomó el micrófono. No es una imagen habitual en la Casa Rosada, donde la secretaria general de la Presidencia construyó buena parte de su poder lejos de las cámaras y las declaraciones públicas. Esta vez eligió hacerlo en un lugar que conoce desde mucho antes de que su hermano llegara a la Presidencia: el barrio porteño de Villa Devoto, donde vivió durante gran parte de su vida.

El motivo fue el anuncio de la finalización de la primera etapa del traslado de los presos de la histórica cárcel al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. Pero la escena tuvo un componente político adicional: Karina habló por primera vez en un acto oficial, en medio de una serie de apariciones que empiezan a modificar su habitual perfil público. La exposición, de todos modos, tuvo sus límites: antes de que comenzara la conferencia, se informó a los periodistas que la hermanísima no respondería preguntas.

“Sé de los problemas que esta cárcel traía para el barrio”, afirmó la funcionaria, que estuvo acompañada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Su intervención fue breve, aunque incluyó una referencia personal poco frecuente en sus discursos. “Viví acá en Devoto. Significa muchísimo para el barrio y para todos los que viven en este lugar. Es un día de celebración porque esta era una promesa de muchos años y este Gobierno pudo hacerlo realidad”, sostuvo.

La aparición no pasó inadvertida. Karina Milei lleva años evitando las exposiciones públicas que no considera estrictamente necesarias, incluso cuando se trata de anuncios importantes para la gestión de su hermano. Su influencia sobre las decisiones del Gobierno y la estructura partidaria de La Libertad Avanza contrasta con la escasez de sus intervenciones ante los medios. Sin embargo, durante las últimas semanas comenzó a mostrarse con mayor frecuencia en actividades oficiales, aunque todavía con discursos breves y cuidadosamente delimitados. El acto en Devoto fue un nuevo paso en esa dirección.

La noticia que justificó la convocatoria fue el traslado de 1.400 internos, más del 90% de la población penitenciaria de Villa Devoto, al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El Gobierno dio por terminada así la primera fase de un operativo que se desarrolló durante cinco jornadas y que, según destacaron las autoridades, se concretó sin incidentes graves, motines ni fugas. La mudanza representa un avance decisivo hacia el cierre de la única cárcel federal que todavía funciona dentro de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la desocupación definitiva deberá esperar algunos meses.

Monteoliva se encargó de presentar los detalles técnicos y reivindicar la magnitud del despliegue. La ministra calificó la construcción del nuevo establecimiento como una “obra de infraestructura sin precedentes en Argentina y Latinoamérica” y destacó que permitió trasladar a los detenidos “en un tiempo récord”. También puso el acento en la coordinación entre las distintas jurisdicciones, un aspecto que el Gobierno buscó exhibir como parte central del resultado. “Es un hito que estamos celebrando, porque es la posibilidad de cambiar la vida de los vecinos del barrio y de la ciudad, además de modificar las condiciones de trabajo del Servicio Penitenciario Federal y las realidades sanitarias para los internos que aquí se encontraban”, señaló.

El operativo comenzó el domingo pasado, después de que la Resolución 1042/2026 habilitara formalmente el funcionamiento del complejo de Marcos Paz y dispusiera el cese de las actividades penitenciarias en Devoto. Durante la primera jornada fueron trasladados 326 detenidos. Cuatro días después, el número había ascendido a 1.193, equivalente al 79,5% de la población original. La cifra llegó finalmente a 1.400 internos, distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad del nuevo establecimiento, que cuenta con capacidad para alojar a 2.232 personas.

La logística estuvo a cargo de un Comando Unificado Federal creado especialmente por el Ministerio de Seguridad. Participaron alrededor de 1.000 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y otros 600 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cada preso recibió una pulsera identificatoria con un código QR para registrar su recorrido desde la salida de Devoto hasta el ingreso al nuevo penal. Los vehículos, por su parte, fueron monitoreados mediante sistemas de comunicación radial y seguimiento satelital.

Para el Gobierno, la velocidad de la mudanza se convirtió en uno de los principales argumentos para reivindicar la gestión. “Tantos años escuchamos que no se podía, que era imposible”, había señalado Monteoliva durante los primeros días del operativo. Santilli, por su parte, definió el resultado como “un cambio histórico, único” y destacó el trabajo conjunto con la administración porteña. El mensaje compartido por los funcionarios fue que una obra postergada durante años pudo finalmente ponerse en funcionamiento gracias a la coordinación política y operativa entre Nación y Ciudad.

Esa coordinación tiene una historia bastante más larga que el actual gobierno libertario. El cierre de la cárcel de Devoto había sido acordado el 12 de marzo de 2018, cuando Mauricio Macri ocupaba la Presidencia y Horacio Rodríguez Larreta gobernaba la Ciudad. El convenio establecía que los detenidos serían trasladados a un nuevo establecimiento en Marcos Paz, cuya construcción debía completarse para 2020. Sin embargo, las demoras en las obras y los sucesivos cambios de gestión fueron postergando el cronograma hasta convertir aquella fecha en una promesa incumplida. El proceso volvió a tomar impulso a principios de octubre, cuando Karina Milei, Santilli, Monteoliva y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del nuevo complejo.

Pero Devoto todavía no está vacío. Según explicó Monteoliva, entre 60 y 80 presos permanecerán alojados en el establecimiento hasta la visita del papa León XIV, prevista para la segunda semana de noviembre. El pontífice tiene programada una actividad en la cárcel durante su paso por la Argentina (hoy en duda por su estado de salud), por lo que las autoridades decidieron mantener una población reducida hasta entonces. Una vez concluida la visita, continuará el traslado de los últimos internos. Recién después podrá avanzar con el cierre definitivo de un establecimiento, para abrir una discusión completamente distinta: qué hacer con las tierras que dejará libres.

El terreno ocupa más de 48.000 metros cuadrados y continúa bajo propiedad del Estado nacional. Su destino dependerá de una negociación política, administrativa e inmobiliaria que todavía no está resuelta. El convenio original contempla destinar el 65% del predio a espacio público y el 35% a viviendas, además de reservar un sector para un espacio de memoria dedicado a la masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en 1978, cuando decenas de detenidos murieron durante un incendio en la cárcel. La intervención sobre el terreno deberá pasar también por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que tendrá participación en la definición del esquema económico e inmobiliario. Por ahora, los detalles de ese mecanismo permanecen abiertos.

PL / NB

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada, horas antes de que Javier Milei y buena parte de su gabinete partan rumbo a París, y sumó esta vez un asunto que comenzó a ganar espacio dentro de las preocupaciones oficiales: la situación de la seguridad en los principales centros urbanos. La discusión convivió con los dos frentes legislativos que la Casa Rosada busca destrabar durante las próximas semanas: la reforma electoral y el proyecto sobre Malvinas.

La novedad de la reunión fue la participación de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, convocada para exponer sobre lo que el Gobierno definió como una “escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos”. El asunto fue analizado por el núcleo político de la administración libertaria en momentos en que la Casa Rosada viene reforzando además los dispositivos destinados a proteger al Presidente y a funcionarios de primera línea.

Durante el encuentro se puso sobre la mesa, en particular, el episodio ocurrido este mismo martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en un brazo durante un intento de asalto. El caso fue utilizado dentro de la reunión como parte del diagnóstico que Monteoliva compartió con los funcionarios.

La seguridad viene ocupando un espacio creciente dentro de las discusiones del Gobierno. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier reveló que los cambios dispuestos recientemente en la Quinta de Olivos respondieron, entre otras razones, a “amenazas a funcionarios de primer nivel” recibidas por la administración libertaria. La Casa Rosada resolvió que Casa Militar asuma progresivamente la protección integral de las residencias en las que se encuentre Milei.

El otro factor que aceleró la revisión de los dispositivos es la llegada del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La visita también formó parte de la conversación con Monteoliva: la mesa repasó los procedimientos, las medidas preventivas y la coordinación entre las distintas fuerzas que participarán del operativo durante la estadía del Sumo Pontífice.

Pero el encuentro tuvo también un componente estrictamente político. Con buena parte de la primera línea del Gobierno a punto de trasladarse a Francia, la mesa volvió a discutir cómo destrabar una agenda legislativa que todavía presenta dificultades, particularmente en el Senado.

Uno de los principales asuntos fue la reforma electoral. El Gobierno pretende avanzar con la eliminación de las PASO, aunque todavía no consiguió reunir los apoyos necesarios en la Cámara alta. Dentro del oficialismo admiten que, si no consiguen avanzar con la reforma completa, el objetivo mínimo será suspender las primarias del próximo turno electoral. La discusión permanece empantanada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y persisten diferencias con sectores aliados sobre el modelo a adoptar.

El tema tendrá continuidad a miles de kilómetros del Congreso. Milei viajará a París acompañado, entre otros, por Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, y allí coincidirá con un grupo de gobernadores que participará de la Argentina Week. La presencia de los mandatarios provinciales ofrece al Gobierno otra instancia para conversar sobre la reforma electoral y el Presupuesto 2027, dos discusiones para las que necesita de los legisladores que responden a las provincias.

La negociación no parte de una posición homogénea. Entre los gobernadores que viajarán existen dirigentes dispuestos a acompañar la eliminación de las PASO y otros cuyos espacios prefieren conservar las primarias, aunque bajo un esquema optativo. La Casa Rosada pretende aprovechar los encuentros en París para acercar posiciones y trasladar luego esos entendimientos al Congreso.

El segundo capítulo legislativo abordado este martes fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto impulsado por Milei para endurecer las consecuencias sobre las compañías que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa enviada al Congreso establece como objetivos sancionar la explotación considerada ilegítima de recursos naturales, generar incentivos para que las empresas abandonen esas actividades y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas.

La evolución del proyecto en Diputados fue repasada durante la reunión, en línea con la decisión de la Casa Rosada de mantener a la cuestión Malvinas entre sus prioridades parlamentarias y de política exterior. Su tratamiento había formado parte también de encuentros anteriores de la mesa, con la participación de funcionarios de las áreas involucradas.

PL/MG

Desconoce el rango del efectivo. Y luego tiene un blanco mental sobre el arma empleada. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dio su explicación este lunes sobre el comisario de la Policía Federal que protagonizó al represión del jueves pasado ante el Congreso por empuñar una escopeta en línea recta y estar de civil y sin identificación a la vista. “Era un perdigón de estruendo; sale ruido”, dijo la funcionaria en una conversión en la Bolsa de Comercio de Córdona.

La ministra evitó explicitar el nombre del policía, identificado como Gustavo Antonio Gauna, con rango de comisario de la Policía Federal y hombre de confianza de Patricia Bullrich, pero no pudo esquivar la controversia por la que ya fue denunciada penalmente. “La gente de Investigaciones está de civil. Deben colgar la placa. Generalmente el jefe de Investigaciones están de civil con su placa. No tengo claro si comisario o subcomisario. Es probable que haya tenido su placa colgada...”, dijo la ministra ante una consulta periodística.

Luego abundó: “Frente al uso del arma, es una escopeta de perdigón de estruendo. Hace ruido”, se limitó a decir aunque con dudas, por lo que pidió ayuda a un asesor por no recordar el arma.

Luego de esas explicaciones, la ministra buscó rápidamente correr la atención en otro punto: “Quiero que expliquen los que rompen, los que destruyen, los que le escupen a los gendarmes, que les tiran agua caliente todos los miércoles. Tengo personas con lesiones de columna irrecuperables”, señaló.

Antes también había cargado contra la responsabilidad de los manifestantes como instigadores de la represión: “Quisiera entender el momento en que un manifestante va con una masa y un martillo. No creo que venga de laburar”.

Y luego también habló ante la posibilidad de que crezca la conflictividad social: “Siempre nos preparamos para tomar las decisiones. Proyectar un escenario el año que viene electoral lo sabremos cuando se acerca, ahí se podrá identificar si sube o baja la espuma”.

“La gente no quiere a los violentos”, dijo también para justificar la represión. Y señaló: “Cuando hay violencia, son grupos minúsculos movidos por alguien para que haya desmanes, son focos específicos que tienen algún incentivo de desestabilizar”.

MC

El diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón solicitó que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se presente en Diputados y dé las explicaciones correspondientes sobre el accionar de las fuerzas federales, el pasado jueves 6, durante el debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo.

Este pedido formal remarca las múltiples agresiones registradas, y resaltó el caso de una reportera gráfica que sufrió una fractura de cráneo, luego de recibir un “palazo” por parte de un efectivo policial.

En el documento presentado, Paulón busca saber si existe alguna investigación acerca de la “represión injustificada desatada por más de dos horas hacia las y los manifestantes”, que hasta ese momento se encontraban “en total tranquilidad y sin generar disturbios”.

En la misma línea, preguntó “si se ha procedido a la identificación de las o los agentes de las fuerzas de seguridad” que efectuaron “disparos directos” hacia trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

Para finalizar, indicó que pretendía saber “cuál fue el motivo por el cual la represión con camiones hidrantes se extendió a más de 500 metros del Palacio Legislativo, mientras se producía la desconcentración de la manifestación en total calma y sin incidentes” hasta la intervención de las fuerzas de seguridad a su cargo.

“Agentes armados sin identificación ni uniforme. Brutalidad con carros hidrantes generando disturbios donde no los había. Gas pimienta y persecución a más de 600 mts de los supuestos ”incidentes“. Servicios dispersos por todos lados. La ministra Monteoliva debe dar explicaciones en Diputados y renunciar!”, concluyó Paulón, desde sus redes sociales.

El policía sin uniforme que disparó en las inmediaciones del Congreso

El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna habría sido el policía sin uniforme que disparó durante la manifestación que se realizó el jueves pasado, mientras transcurría el debate sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Gauna formaría parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina.

Esta información fue publicada en la cuenta de X del ex candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Luca Bonfante: “El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna y el policía que fue identificado disparando de civil se parecen bastante, ¿no?”, ironizó desde sus redes sociales.

Durante las protestas, donde sucedieron graves incidentes, se difundieron fotos y videos que mostraban a un efectivo de civil, armado y sin identificación visible, que integraba el operativo policial comandado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El episodio generó un fuerte repudio y pedidos de explicaciones formales en el ámbito legislativo e, incluso, el diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón presentó una solicitud para citar de urgencia a Monteoliva, con el objetivo de brindar detalles sobre la presencia de agentes sin uniforme.

Desde diversos sectores y partidos políticos señalaon que la presencia de personal armado sin identificar “infringe” los protocolos de la Ley de Seguridad Interior y agregaron que esa práctica “formó parte de una época oscura”, en referencia a la última dictadura militar.

Por su parte, referentes oficialistas y de bloques aliados a La Libertad Avanza (LLA) respaldaron el accionar del operativo desplegado durante la jornada.

Modificar por decreto una ley migratoria ya era, de por sí, una decisión destinada a generar controversia. Hacerlo apenas un mes después de que la Cámara Nacional Electoral declarara inconstitucional otra reforma impulsada por Javier Milei sobre la misma norma elevó todavía más la apuesta política de la Casa Rosada. El Gobierno sabía que volvería a enfrentar cuestionamientos constitucionales, que el texto sería examinado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y que probablemente terminaría otra vez en los tribunales. Aun así, decidió avanzar.

La explicación no aparece en un cambio repentino de la política migratoria ni en una situación de emergencia en las fronteras. Tampoco en un informe elaborado por la Dirección Nacional de Migraciones o por las fuerzas de seguridad sobre un aumento de delitos vinculados con extranjeros. Según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, el impulso para modificar la Ley de Migraciones surgió por otro carril: la convicción, instalada en el círculo más cercano al Presidente durante las semanas posteriores al Mundial, de que la Argentina estaba siendo blanco de una ofensiva internacional organizada para desacreditarla.

Esa lectura comenzó a tomar forma en el despacho que Santiago Caputo ocupa en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. Desde allí, el asesor presidencial impulsó durante las últimas semanas la necesidad de que el Gobierno respondiera con herramientas institucionales a lo que definía como una “campaña antiargentina”. La idea fue ganando terreno al ritmo de las críticas que distintos artistas, periodistas y figuras públicas formularon contra la Argentina tras la final que la Selección perdió contra España y de la escalada diplomática que el propio Milei alimentó al denunciar, sin presentar pruebas, que detrás de esos cuestionamientos se encontraban los gobiernos de Brasil y México.

Ese clima de confrontación también estuvo atravesado por fuertes polémicas protagonizadas por referentes del propio oficialismo. Mientras el Gobierno denunciaba una campaña internacional que buscaba instalar la idea de que la Argentina era un país racista, algunas de las figuras más cercanas al Presidente quedaron envueltas en controversias por publicaciones en redes sociales.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó a la selección francesa tras el partido frente a Paraguay al referirse a ella como un “equipo africano” y lanzar descalificaciones contra Kylian Mbappé, comentarios que despertaron acusaciones de discriminación. Un día más tarde, el propio Caputo escribió en su cuenta de X: “Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”, un mensaje publicado inmediatamente después de la derrota de Brasil frente a Noruega que también generó una fuerte repercusión.

Lejos de retroceder, en el entorno presidencial interpretaron que esos episodios confirmaban la existencia de una disputa cultural de alcance internacional. En la Casa Rosada comenzó a consolidarse la idea de que las campañas de desinformación y desprestigio impulsadas desde el exterior debían ser consideradas una amenaza para los intereses nacionales y que el Estado debía desarrollar herramientas para responder a ese tipo de acciones. El decreto migratorio terminó convirtiéndose en la primera traducción normativa de ese diagnóstico.

Caputo fue uno de los principales impulsores de esa narrativa. “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”, escribió días atrás en sus redes sociales. Horas después compartió un mensaje de Agustín Laje, quien sostuvo que la “campaña anti-Argentina” constituía “la última manifestación ideológica de la agenda woke” y que “nunca se trató de fútbol, sino de una agresión cultural y política contra lo que hoy representa Argentina en el mundo”. Apenas una semana después, esa interpretación política terminaría convertida en uno de los fundamentos centrales del DNU 681/2026, cuya confección estuvo a cargo de los equipos de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

La instrumentación quedó ahora en manos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Distintas fuentes oficiales señalaron que fue ella quien se ocupó de contactar personalmente a los distintos ministros para explicar el alcance de la iniciativa y coordinar la firma del decreto. La elección tampoco fue casual. Desde fines de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones depende del Ministerio de Seguridad, luego de haber sido transferida desde la órbita del Ministerio del Interior. La cartera que conduce Monteoliva será ahora la encargada de aplicar una norma que amplía de manera significativa las facultades del Estado para impedir ingresos o cancelar residencias.

De la “batalla cultural” a la ley

El cambio no es menor. Históricamente, las restricciones migratorias estuvieron vinculadas a cuestiones relativamente objetivas, como antecedentes penales, terrorismo, narcotráfico, documentación irregular o amenazas concretas para la seguridad pública. El nuevo decreto incorpora una lógica diferente: habilita consecuencias migratorias por expresiones públicas realizadas por extranjeros. A partir de ahora, quienes “inciten mensajes de odio” contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad o “ultrajen” los símbolos patrios podrán ver rechazado su ingreso al país o incluso perder la residencia.

Ese corrimiento explica buena parte de la controversia que rodea al decreto. El texto no define qué constituye exactamente un “mensaje de odio”, tampoco fija parámetros objetivos para diferenciarlo de una opinión política, una crítica periodística o una manifestación artística, ni establece un procedimiento específico para determinar cuándo una conducta encuadra dentro de esa categoría. En los hechos, esa valoración quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá interpretar conceptos deliberadamente amplios sin intervención judicial previa.

A esa discusión se suma otra todavía más delicada: la constitucional. Apenas un mes atrás, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del DNU 366/2025, mediante el cual el Gobierno había intentado modificar la misma Ley de Migraciones para transferir a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina. En aquella resolución, los jueces concluyeron que el Poder Ejecutivo no había acreditado circunstancias excepcionales que justificaran apartarse del procedimiento legislativo previsto por la Constitución. El nuevo decreto vuelve a apoyarse en el mismo artículo 99 inciso 3 y reabre un debate que parecía recién saldado.

Más allá de cuál sea finalmente su suerte en el Congreso o en la Justicia, el DNU 681/2026 constituye un nuevo paso en una estrategia que el mileísmo viene profundizando desde su llegada al poder: convertir diagnósticos nacidos en el terreno de la batalla cultural en políticas públicas con efectos jurídicos concretos. Si hasta ahora la denominada “campaña antiargentina” era una explicación política frente a las críticas internacionales, desde este jueves pasó a formar parte del propio ordenamiento migratorio argentino.

PL/MC

El pasado 14 de julio, el debut de Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia dejó un pedido de informes que, detrás de una aparente cuestión administrativa, derivó en una pregunta mucho más política: quién controla realmente el Ministerio de Seguridad desde la salida de Patricia Bullrich y su desembarco en el Senado.

Entre los distintos requerimientos aprobados durante la reunión, los diputados de Unión por la Patria solicitaron información acerca de la situación del politólogo Miguel Gómez Goldin, quien se desempeñaría como flamante director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), sin todavía no haber sido formalizado en el Boletín Oficial.

Fuentes inobjetables aseguraron a elDiarioAR que Gómez Goldin ya ocupa de hecho el cargo que lo convierte en el número 2 del organismo. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún acto administrativo que oficialice su nombramiento. Este medio se intentó comunicar con el Ministerio de Seguridad y con el propio Gómez Goldin, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que la Bicameral decidió solicitar explicaciones formales a la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

La observación excede el plano burocrático. Detrás de la designación aparece uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, lo que vuelve a abrir interrogantes sobre el margen de influencia que la exministra conserva dentro de un área que formalmente ya no conduce. Gómez Goldin mantiene una relación de pareja con Damián Arabia, uno de los principales armadores políticos de Bullrich y, probablemente, el dirigente de mayor confianza que conserva la actual senadora dentro del Congreso. El diputado nacional del PRO tampoco respondió la consulta de elDiarioAR.

Conocido por el apodo de “Tiki”, Gómez Goldin construyó un perfil eminentemente técnico. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Salvador y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral. También obtuvo una doble maestría en Asuntos Públicos y en Asuntos Internacionales y Europeos en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne. A lo largo de su carrera fue becario de los programas Fulbright, Eiffel y de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), además de desempeñarse tanto en el sector público como en la consultoría especializada en reformas institucionales y asuntos internacionales.

Un enclave estratégico

El cargo que ocupa Gómez Goldin está lejos de ser una oficina menor. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituye el principal organismo civil encargado de producir inteligencia estratégica para combatir el crimen organizado. Desde allí se coordina el intercambio de información entre las cuatro fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal, organismos provinciales y agencias internacionales, además de elaborar análisis vinculados al narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el lavado de activos y otras formas de criminalidad compleja.

La dependencia también ocupa un lugar central dentro del nuevo esquema de inteligencia diseñado por el Gobierno tras la reforma impulsada por el polémico DNU 941/2025, que redefinió la arquitectura del Sistema Nacional de Inteligencia y modificó, entre otros aspectos, el funcionamiento de la inteligencia criminal y militar.

Al frente de la DNIC continúa Ramiro Anzit Guerrero, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich. Designado en marzo de 2025 por decisión de la entonces ministra, Anzit había llegado desde Lyon, donde se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de Interpol.

Su vínculo con el área, sin embargo, viene de mucho antes. Durante el gobierno de Mauricio Macri ocupó la Dirección de Análisis de la propia DNIC, uno de los cargos más relevantes de la segunda línea del organismo, de la mano de Gerardo Milman, entonces secretario de Seguridad Interior y uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich.

Aquel primer paso por Inteligencia Criminal terminó envuelto en controversias. Sobre Anzit recayó un sumario administrativo cuyo trámite quedó abierto al finalizar la gestión de Cambiemos. Dentro del ministerio todavía recuerdan que al menos dos de los funcionarios que habían intervenido en ese expediente fueron desplazados tras el regreso del bullrichismo al Gobierno, una coincidencia que alimentó suspicacias internas acerca de una eventual revisión de viejas disputas dentro del área.

La sombra de Bullrich

Cuando Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad para asumir su banca en el Senado impulsó personalmente a Monteoliva como su sucesora. En aquel momento, dentro del oficialismo muchos interpretaron esa decisión como una manera de preservar influencia sobre una cartera que la exministra había convertido en uno de los principales pilares de su construcción política.

Con el correr de los meses, sin embargo, el escenario comenzó a modificarse. Monteoliva fue construyendo un vínculo cada vez más estrecho con Karina Milei, que encontró en la ministra una interlocutora propia y una forma de limitar el protagonismo que Bullrich seguía conservando dentro del Gobierno. Ese acercamiento coincidió con una sucesión de cortocircuitos entre la secretaria general de la Presidencia y la actual senadora.

En la Casa Rosada incomodó, por un lado, la autonomía con la que Bullrich comenzó a moverse desde el Senado, donde buscó construir una agenda política propia. Y, más recientemente, también generó malestar el posicionamiento que adoptó durante la crisis que terminó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno, un episodio que volvió a exhibir diferencias de criterio en la mesa política libertaria.

En lo que respecta a Seguridad, hay quienes sostienen que el diálogo político continúa pasando, en buena medida, por Bullrich, mientras que Monteoliva concentra su gestión en los aspectos operativos de la cartera. Esa percepción también se refleja en distintos sectores del propio ministerio, donde la exministra sigue siendo vista como la principal referencia política del área.

En ese contexto, la llegada de Gómez Goldin a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal adquiere una lectura que trasciende su situación administrativa. Más allá de que su nombramiento todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, su desembarco en una estructura que ya conduce otro dirigente de confianza de Bullrich vuelve a alimentar una pregunta que atraviesa desde hace meses los pasillos oficiales: cuánto poder conserva realmente la exministra sobre un ministerio que formalmente quedó bajo la conducción de Monteoliva, pero que todavía exhibe fuertes señales de continuidad con la gestión anterior.

PL/MG

El crimen de un menor en una escuela de la provincia de Santa Fe por parte de un adolescente encendió las alarmas en las autoridades, que confirmaron, según se comunicó este miércoles, la existencia en Argentina de subculturas digitales asociadas a conductas violentas y alejadas de los casos tradicionales de bullying.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el hecho no puede ser interpretado como un episodio aislado. “Estamos frente a la presencia de culturas subdigitales en las que participan jóvenes, niños y adolescentes, vinculadas al análisis de asesinatos y tiroteos masivos”, explicó en conferencia de prensa.

Según detalló, estos grupos, conocidos como TCC, promueven conductas misantrópicas, con una lógica que tiende a la admiración de la violencia y, en algunos casos, a su reproducción.

Monteoliva indicó que, a partir de investigaciones realizadas por la Policía Federal con colaboración del FBI, se detectaron en los últimos dos años al menos 15 casos vinculados a este tipo de fenómenos, además de otros cuatro que continúan bajo análisis.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, explicó que en una primera instancia se evaluaron hipótesis como un brote psicótico o situaciones de acoso escolar, pero que la investigación judicial permitió descartar esas líneas.

“El Ministerio Público de la Acusación logró establecer, a partir del análisis de dispositivos digitales, que existían vínculos con estos grupos internacionales”, señaló el mandatario, quien subrayó que el fenómeno trasciende fronteras locales.

En ese sentido, remarcó que se trata de una problemática global: “Ya no tiene que ver únicamente con lo que ocurre en una escuela o una comunidad, sino con la pertenencia a una subcultura internacional”.

La investigación incluyó un análisis exhaustivo de redes sociales, allanamientos en el domicilio del principal sospechoso, reconstrucciones del hecho en el ámbito escolar y peritajes sobre el contenido de su teléfono.

Desde la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal señalaron que, a partir de ese trabajo, se identificó la vinculación del acusado con otro menor, quien fue detenido como presunto colaborador.

Los especialistas explicaron que este tipo de comunidades suelen estar integradas por jóvenes que estudian casos reales de ataques y desarrollan una fascinación por autores de masacres.

El origen de estas subculturas se remonta a hechos como la Masacre de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos, donde dos estudiantes asesinaron a compañeros y docentes antes de suicidarse.

Si bien las autoridades aclararon que el fenómeno viene siendo monitoreado desde hace al menos dos años, destacaron que el caso de Ian Cabrera marca un punto de inflexión por la gravedad de lo ocurrido y su posible conexión con estas redes.

Con información de la agencia NA

“Todo lo que haya para corregir o sancionar, soy la primera interesada. También es cierto que los agentes son hostigados siempre”. Con esa frase la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, avaló la represión de este jueves por la mañana en el Congreso que terminó con trabajadores de prensa agredidos y con un camarógrafo del canal A24 detenido.

La funcionaria que reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera se comunicó con el conductor de A24 Luis Novaresio, apenas minutos después de la represión. Confirmó que fue ella quien instruyó a la Policía Federal para avanzar en la custodia del Congreso.

El operativo policial se activó a partir de una protesta de Greenpeace contra la reforma de la Ley de Glaciares, que se vota esta tarde en el Senado. Esa acción sobre las escalinatas del Palacio Legislativo motivó una fuerte cobertura de prensa y de canales de noticias en vivo alrededor de las 8 de la mañana.

En ese contexto las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 manifestantes de la organización ambiental. Y posteriormente avanzó contra los trabajadores de prensa. Las imagenes de varios canales y periodistias registraron el momento exacto en que un policía agredió a un camarógrafo de A24, quien cayó al suelo. Luego fue detenido por un grupo de efectivos y posteriormente trasladado por el SAME al hospital Ramos Mejía, con custodia policial.

El camarógrafo Facundo Tedechini, de 50 años, fue llevado a una dependencia del Congreso por seis policías antes de ser trasladado al hospital, donde quedo fuera de peligro. También fue agredida la movilera de A24 Agustina Biloti, que fue asistida por el efecto del gas pimienta que tiró la policía.

MC

El Gobierno presentó una denuncia penal en la Justicia Federal en la que encuadra los disturbios ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso, durante la votación de la reforma laboral, como delitos agravados por finalidad terrorista y solicita la inmediata detención de los responsables. La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada sin que se hayan acompañado pruebas concretas ni se hayan identificado formalmente a los supuestos organizadores.

Posteriormente desde el ministerio de Seguridad Nacional hicieron circular un segundo documento con fotos, nombres, apellidos y DNI de una veintena de personas involucradas en los episodios de violencia. Ninguna de esas aparece como lanzando las bombas molotov a la valla policial.

El escrito de la denuncia fue firmado por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Acusa a los manifestantes involucrados de haber intentado “generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina”, con el objetivo de “inhibir el funcionamiento del Congreso” y vulnerar la integridad de las fuerzas federales.

En el escrito judicial, el funcionario sostiene que los hechos podrían configurar delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados. La denuncia invoca los artículos 91, 184, 226, 237 y 239 del Código Penal, junto con el artículo 41 quinquies, que agrava las penas cuando los delitos son cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o forzar decisiones de las autoridades públicas.

Según el texto, los disturbios no fueron episodios aislados sino parte de un accionar que buscó “subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror”. La presentación judicial menciona también la figura de tentativa (art. 42) y concurso real de delitos (art. 55).

Tras ese escrito, elDiarioAR accedió a un PDF producido por Seguridad con la identificación de unos veinte sospechosos. Allí se identifican distintas personas a partir de capturas televisivas y material enviado por particulares. Entre los señalados figuran Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan, cuyas imágenes habrían sido extraídas de transmisiones en vivo de TN, C5N, LN+ y A24.

En la nómina también aparecen Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores y Manuel Edgardo Barrios. Según el documento oficial, parte de esas identificaciones provienen de imágenes aportadas por WhatsApp y de capturas de pantalla de videos que circularon durante la jornada de disturbios frente al Congreso.

El listado se completa con Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato. Hasta el momento, el Ministerio los menciona como personas “individualizadas” en el marco de la denuncia por supuesto terrorismo, aunque la Justicia Federal deberá determinar si corresponde formular imputaciones formales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la decisión de encuadrar los hechos como terrorismo y aseguró que no se trató de una protesta común sino de una acción organizada para desestabilizar el orden institucional. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, sostuvo la funcionaria en declaraciones públicas. Según detalló, durante los incidentes se secuestraron bombas molotov, bidones con combustible, bulones para gomeras y palos adaptados como armas.

Monteoliva afirmó que las personas identificadas se hizo mediante el análisis de cámaras de seguridad y sistemas biométricos, aunque no todos tendrían antecedentes penales. También rechazó versiones sobre presuntos infiltrados y defendió el accionar de las fuerzas federales durante la jornada.

Qué describe la denuncia

El documento sostiene que, durante la jornada legislativa, grupos de manifestantes portaban recipientes con combustible inflamable, artefactos incendiarios de fabricación casera, objetos contundentes y productos químicos que fueron lanzados contra efectivos federales. Esas imágenes pudieron verse en varios canales de televisión que transmitieron en vivo la manifestación.

La denuncia también afirma que se destruyeron bienes públicos para utilizarlos como proyectiles y que hubo agresiones directas contra miembros de las fuerzas de seguridad.

“El accionar ilícito tuvo por finalidad generar un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir u obturar la actividad legislativa”, señala el texto.

En el petitorio, el Ministerio solicita:

El escrito habla explícitamente de “atentados con rasgos terroristas” y pide que se investigue la eventual existencia de organizaciones detrás de los disturbios.

En el apartado de prueba, el Ministerio informa que se encuentra “en pleno proceso de análisis” de los acontecimientos para evaluar la incorporación de elementos de convicción durante la instrucción. Es decir, la denuncia fue presentada antes de acompañar formalmente la totalidad de la evidencia.

Ese aspecto podría convertirse en uno de los ejes del debate judicial, junto con la discusión sobre la aplicación del agravante por finalidad terrorista, una figura históricamente controvertida por su alcance interpretativo y por el margen que deja a la valoración política de los hechos.

MC

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei terminó con un duro saldo represivo, que incluyó detenciones arbitrarias, personas heridas y denuncias por violencia policial, mientras continúa el reclamo por la liberación de quienes siguen privados de su libertad, entre ellos un fotógrafo platense que cubría la protesta y un trabajdor del INDEC.

La jornada se desarrolló frente al Congreso Nacional, en el marco de la marcha convocada por la CGT contra el proyecto oficial que avanza sobre derechos laborales y busca flexibilizar indemnizaciones, jornadas y otras garantías históricas. Miles de trabajadores, jubilados, organizaciones sociales y partidos políticos se concentraron desde horas del mediodía. Sin embargo, la movilización quedó rápidamente eclipsada por episodios de violencia y enfrentamientos en los alrededores del vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

Tras esos incidentes, se desató un operativo represivo de gran magnitud, con gases lacrimógenos, balas de goma y el avance de motos de la Policía Federal sobre manifestantes. Según un conteo de la CORREPI, al menos hubo 22 personas detenidas. Desde las fuerzas se informó 20 personas detenidas por parte de la Policía de la Ciudad y dos por parte de las fuerzas nacionales, en paralelo a decenas de demorados.

Entre quienes fueron arrestados y a quienes se les imputan cargos como “atentado”, “resistencia y lesiones”, “incendio” u “otros” figuran: Julián Catalano, Francisco Masilla, Tripolli, Marcelo Olvera, Nicolás Viña (el fotógrafo), Adrián Jorge Montiel, Carlos Agusto Ruiz, Juan Manuel Reichenbach, Maximiliano Javier Melgar, Gastón Ezequiel Reyes, Raúl Alberto Bande, Jorge Euclides Nieto, Lila Amanto, Claudio Garro, Ayelén Portale, Sabina Neuman, Leonidas Orquera, Corina González, Félix Américo Maldonado y Agustín Sánchez Tomás.

Desde las organizaciones sociales, como UTEP, denunciaron que al menos diez personas continuaban presas “sin causa” en una comisaría del barrio de Barracas, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria elevó un reclamo al indicar que hay alrededor de 60 detenidos relevados tras los enfrentamientos. Una de las personas detenidas fue Emilio Salgado, trabajador del INDEC, “cazado” mientras estaba sobre un árbol en la plaza.

La detención de Nicolás Viña, el joven fotógrafo de La Plata, generó un fuerte repudio de sindicatos de prensa y colectivos de periodistas, que exigieron su liberación inmediata y denunciaron un ataque al derecho a la información y a la libertad de expresión. Se trata de un estudiante de fotografía en la Facultad de Artes de la UNLP y afiliado al SiPreBo.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió públicamente el accionar policial. En sus redes sociales confirmó que dos personas fueron detenidas por agredir al personal policial, además de mencionar que varios efectivos, incluidos tres de Gendarmería y uno de la Policía Federal, resultaron heridos durante los enfrentamientos. La ministra insistió en que las manifestaciones “deben desarrollarse de manera pacífica” y advirtió que “quienes atacan a las fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”.

Monteoliva: “Hay tres grandes grupos de violencia significativa”

Este miércoles, la funcionaria detalló que en la jornada hubo 71 detenidos: 27 detenidos en las estaciones terminales a medidas que iban llegando; 20 por Policía de Ciudad en la zona de Congreso; y 24 por las fuerzas federales por resistencia a la autoridad y violencia.

De acuerdo a la Ministra, “Hay tres grandes grupos de violencia significativa: los de la izquierda combativa, los que se autodenominan Antisistema y los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que tenían las bombas Molotov, exactamente. Los veníamos identificando ya con las cámaras, en los accesos, en las columnas”, detalló.

Además, Monteoliva pidió a la Justicia “ponerse cada vez más firme. Si bien nosotros venimos insistiendo muchísimo en esta articulación siempre entre Seguridad y Justicia, esto no puede ser que el esfuerzo que hacemos con la evidencia que habla por sí sola y que al rato, en la noche o pasado un par de horas estén afuera como si nada”, explicó en una entrevista con A24.

“Nuestra intención es que esto no puede quedar así, esto realmente es gravísimo y puedo asegurar que estos no son manifestantes contra ninguna reforma, hay mucho menos que tenga que ver con laburar, porque de eso, si hay algo que no saben, es de trabajar”, concluyó.

MC

Represión, criminalización de la protesta, mano dura con los migrantes, defensa irrestricta de los agentes de seguridad. La “doctrina Bullrich” que el Gobierno anunció esta semana se reforzará en el segundo tramo de la gestión de Javier Milei. Por eso, aunque cambió de ministra, el Presidente ensayó con Patricia Bullrich y su sucesora, Alejandra Monteoliva, una postal de continuidad: terminó abrazado a ambas en el acto de jura el lunes pasado.

El legado de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a más de 1.300 manifestantes heridos desde que se implementó el protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023. Bullrich se ensañó especialmente contra la marcha de los jubilados de los miércoles, avanzando sobre abuelos pero también sobre periodistas y reporteros gráficos, trabajadores, personas con discapacidad. La ferocidad de la represión quedó ejemplificada en el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año, cuando recibió en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal por un gendarme.

Pero la segunda gestión de Bullrich en Seguridad dejó hechos menos visibles e igual de preocupantes. Modificó o derogó leyes orgánicas y realizó reformas sustanciales al borde de la constitucionalidad en todas las fuerzas federales –Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario–. Difundió noticias falsas o exageradas sobre operativos antidrogas y de control callejero. Permitió trasladar a represores a una cárcel con control militar. Logró hacerse de Migraciones –un área históricamente bajo la tutela del Ministerio del Interior– para endurecer la llegada de personas de otros países. Relajó los controles para que cualquier persona pueda poseer armas. Y hacia futuro, con el nuevo Código Penal, busca bajar la edad de imputabilidad.

La “represión Bullrich”

Desde diciembre de 2023 a noviembre pasado, el protocolo antipiquetes dejó al menos 1.393 personas heridas en las represiones, según registró el CELS en una estadística que compartió con elDiarioAR. De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante el primer semestre de este año se contabilizaron al menos 1.251 personas heridas, 36 más que en todo el 2024.

La gravedad de la represión dista mucho de un contraargumento que dio la propia Bullrich en la Cámara de Diputados en una discusión con legisladores: “Para usted los 200 policías que fueron heridos no valen”. El dato contradice al archivo de comunicados del ministerio: solo aparecen dos referencias a efectivos de seguridad heridos en distintas manifestaciones, un total de 20 efectivos federales lesionados.

El fotógrafo Grillo cumplió 36 años el domingo pasado y aún sigue internado. Su atacante, el gendarme Héctor Guerrero, está procesado, como el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que en esa misma represión –al otro lado de la plaza del Congreso– atacó con un balazo de goma en el ojo al manifestante Jonathan Navarro. Ambos agentes tienen como abogados a expertos en defender a policías acusados de gatillo fácil. Antes, en febrero de 2024, durante la votación de la primera versión de la ley Bases, la represión que dejó 280 heridos y una bala de goma policial le quitó la visión de un ojo al abogado en causas de derechos humanos Matías Aufieri.

La Federal de Bullrich

En julio de este año se publicó el Decreto 383/2025, que deroga la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) vigente desde 1958 y aprueba un nuevo estatuto para esta fuerza, llegando a crear un “FBI argentino”: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Desde entonces la fuerza puede detener personas sin orden judicial por un máximo de 10 horas, realizar ciberpatrullaje sin control judicial e iniciar investigaciones y recabar pruebas por su cuenta antes de que intervenga la Justicia. Además, el nuevo estatuto amplía sus funciones y le permite realizar tareas de análisis operativo que quedan excluidas del control de la Ley de Inteligencia Nacional.

“Ya no se trata de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, sino de resguardar un orden político que puede identificar como enemigo a quien lo cuestione”, cuestionó en su momento el CELS. “En lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, alertaron en la Correpi.

Bullrich acompañó el reordenamiento organizacional con narrativa. Antes de irse repuso el nombre de Ramón Falcón a la Escuela de Cadetes y el de Alberto Villar, a la de suboficiales. Falcón fue el jefe de la policía en la represión a la huelga de inquilinas de 1907, en la que murió asesinado el adolescente Miguelito Pepe, y como responsable de la masacre en Plaza Lorea, conocida como la Semana Roja. Villar fue el impulsor de la Triple A y responsable de los primeros crímenes de lesa humanidad en la década de 1970. 

Narrativa Bullrich

La gestión de la ministra estuvo marcada por un discurso exagerado y que a veces directamente falso, llegando a justificar operativos sorprendentes. Apenas comenzó el Gobierno, en enero 2024, festejó la detención de una supuesta “célula terrorista”: un peluquero y un profesor de tenis de mesa de origen sirio. Finalmente fueron liberados porque el caso incluía contradicciones y pistas más sospechosas que algunos de los sospechados.

“Mucho talco, poco Eficient-e”, festejó la funcionaria en su cuenta de X cuando Gendarmería detuvo a un hombre en Mendoza por llevar, supuestamente, más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. El hombre pasó 21 días preso, hasta que fue liberado por efectivamente era talco lo que transportaba.

Bullrich también festejó en redes la detención en el ingreso a un estadio en Rosario de un presunto prófugo acusado por difundir imágenes de explotación sexual infantil. En realidad se trataba de un periodista deportivo que fue demorado cuando llegó a retirar su credencial de prensa para ingresar a la cancha. La orden de captura era para un homónimo.

Otros hitos de la gestión Bullrich fueron la falsa acusación contra una madre y una menor por haber sido gaseadas por un policía, así como llamar “señora patotera” a una jubilada que fue agredida por un agente. Y el anuncio de un “muro” de apenas 200 metros para evitar el paso ilegal en la frontera entre la ciudad salteña de Aguas Blancas y Bolivia. Ella misma enterró el primer pilote de la obra.

Más armas y penas

Entre sus últimas medidas Bullrich autorizó la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas (fusiles, carabinas, armas de asalto calibre superior a .22 LR), mediante un régimen especial que sustituye la prohibición previa. 

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, advirtió que esta flexibilización normativa incrementa riesgos concretos de desvío de armas al mercado ilegal. En su más reciente informe, denunciaron un aumento del fenómeno de “testaferros” o “compradores ficticios”: personas que, siendo “usuarios legítimos” habilitados, compran armas legalmente para luego transferirlas de forma ilícita a terceros no autorizados –posiblemente vinculados a redes criminales–. 

Y ya como senadora Bullrich buscará en el Congreso que se sancione el nuevo Código Penal. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad penal, una medida que implicaría que jóvenes de 13 años puedan ser juzgados con penas de cumplimiento efectivo por delitos graves. Además se extenderá la mano dura: el 82% de los delitos van a tener prisión efectiva. El proyecto sí mantendrá, pese a amenazas de cambio, la figura del femicidio –mantendrá la pena de reclusión perpetua– y no se revertirá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

MC

Alejandra Monteoliva se convirtió este martes en la nueva ministra de Seguridad. La funcionaria juró ante el presidente Javier Milei y quedó al frente de la cartera que conducía Patricia Bullrich, que ahora será la jefa del bloque libertario en el Senado.

La ceremonia fue breve y terminó con un abrazo triple entre Milei, Bullrich y Monteoliva, pero tuvo un condimento destacado: el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, apareció en primera fila entre los invitados destacados. Hacía minutos nomás habia estado reunido con Diego Santilli, ministro del Interior.

Monteoliva y Lamelas se habían reunido ayer junto con Bullrich. El Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento para la incorporación de un representante de la Policía Federal en El Dorado Task Force en Nueva York, que investiga organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos.

“Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, dijo Monteoliva en sus redes sociales antes de la jura. Para la funcionaria, la doctrina de mano dura de Bullrich se trata de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”. “Marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”, anunció sobre su antecesora.

Hasta ahora Monteoliva era la secretaria de Seguridad, con un bajísimo perfil mediático. Llegó a ese cargo en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura, y tuvo un debut muy cuestionado. El día en que un policía gaseó a una menor junto a su madre frente al Congreso, Monteoliva fue quien comandó la narrativa que desplegó el ministerio para exculpar al agente a través de un video fake que hizo circular por los principales canales de televisión. Eduardo Feinmann llegó a pedir en LN+ que Milei les pidiera las renuncias a Bullrich, su secretaria y hasta el vocero del Ministerio.

Monteoliva se conoce con Bullrich desde hace diez años y se espera que como mínimo profundice la política de represión del protocolo antipiquetes.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales. En los años 90 trabajó en Medellín para el criticado Plan Colombia, que lejos estuvo de terminar con el narcotráfico. También asesoró y colaboró con Nayib Bukele en El Salvador.

Fue ministra de Seguridad de Córdoba hasta que fue despedida en 2013 por no prevenir una rebelión policial. Pero su relación con Bullrich le permitió llegar a ser jefa nacional de Operaciones de Seguridad en la gestión macrista, entre 2015 y 2019. Durante el gobierno de Alberto Fernández quedó a cargo de una secretaría administrativa en el ministerio, hasta que el regreso de Bullrich la volvió a poner en la primera fila de Seguridad.

MC