Hace una semana almorzaron en el restaurante Piegari Carnes, en Retiro, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, que se maneja como si fuera un jefe de Gabinete; su exempleador Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América (Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) y Compañía General de Combustibles (CGC), entre otras empresas); los presidentes de las Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, y de la Bolsa de Comercio porteña, Adelmo Gabbi, y el asesor especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Cinosi. “Charla de amigos”, comentaron. Pero fue simbólica de la redefinición del poder a partir de que este domingo jure como presidente de la Nación Javier Milei, otro exempleado de Eurnekian que promete alineamiento con Estados Unidos e Israel y reemplazar la obra pública por la financiada por el sector privado.

Un lobista que no es Cinosi pero frecuenta a los empresarios del círculo rojo da por hecho que Eurnekian aportó a la campaña de Milei, por más que en Corporación América lo nieguen y que no figure en los registros declarados. También comenta que el empresario de 91 años y de origen armenio colocó a tres de los ocho ministros del nuevo gabinete, otra versión desmentida en sus filas. En la corporación se desentienden de que a la asunción de Milei venga el presidente de Armenia, Vahagn Jachaturian.

Antes de las primarias del 13 de agosto el economista libertario venía trabajando ya con Nicolás Posse, futuro jefe de Gabinete, que estrechó una amistad con el nuevo presidente cuando eran compañeros de trabajo en Corporación América. Pero Posse, que se desempeñó allí en un frustrado proyecto de corredor bioceánico de ruta y tren con Chile, después había quedado relegado a dirigir los aeropuertos patagónicos de AA2000 (lo que excluye los de Ushuaia, El Calafate y Trelew, en manos de London Supply). Pero tras la victoria sorpresiva de Milei en las primarias, Eurnekian habría intentado proveerle de un equipo.

Unos días después de aquel triunfo, Infobae informó que Guillermo Francos dejaba el gobierno de Alberto Fernández, al que representaba en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, y se sumaba al plantel de La Libertad Avanza (LLA). Tomás Eurnekian, sobrino del poderoso empresario, es dueño del 20% de Infobae América, controlado por Daniel Hadad. A su vez, la esposa de Hadad, Viviana Zocco, fue socia de la futura canciller Diana Mondino en una calificadora de riesgo, Risk Analysis, que después adquirió la norteamericana Standard & Poor's (S&P). Más tarde, Mondino fue directora de empresas como Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), el banco Supervielle, la cementera brasileña Loma Negra o Bodegas Bianchi.

Francos puso orden político al armado improvisado de Milei en la campaña. Le queda mucho más trabajo por delante cuando arranque el gobierno. Pero, además, llevó al gabinete al próximo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que había sino uno de los varios abogados de Corporación América. En un principio, el economista libertario confiaba esa área a Santiago Viola, pero cuando se alió con Mauricio Macri tras la derrota en primera vuelta del 22 de octubre el expresidente empezó a presionar por Germán Garavano y Bernardo Saravia Frías. Finalmente, el jefe de Estado electo optó por aquel abogado que se hizo mediático en los años 90 cuando defendió a Guillermo Coppola, el representante de Diego Maradona que había sido acusado por drogas.

El tercer supuesto ministro sugerido por Eurnekian es Guillermo Ferraro, en Infraestructura. Allí también Milei resistió el lobby de Macri por Guillermo Dietrich, quien había sido su ministro de Transporte y que como tal había discutido fuerte la renegociación contractual de AA2000. Ferraro, en cambio, estuvo durante 13 años al frente de la consultora KPMG y desde allí asesoró a Corporación América en dos proyectos que finalmente no se concretaron, el corredor bioceánico y la hidroeléctrica Chihuido. ¿Resucitarán esas iniciativas? ¿Se excluirá Ferraro de intervenir por eventual conflicto de interés? Vaya a saber. Su ministerio está loteado entre funcionarios que no son de su riñón, como el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que viene de ser consultor en España, y la eventual responsable de Minería, Flavia Royón, que quería volver a su Salta natal después de dirigir la política energética con Sergio Massa, pero el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, la está convenciendo de quedarse en Buenos Aires.

Los partidos provinciales que gobiernan Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén pueden ser claves para las leyes que quiere aprobar Milei. Y La Linda es el epicentro del boom del litio: es sólo cuestión de andar por las destrozadas rutas 17 y 27, entre ripio y arena, desde el límite con Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, pasando por el de Pocitos, y hasta San Antonio de los Cobres, el pueblo del Tren de las Nubes, para toparse con camiones y pick ups que van y vienen por los proyectos que comenzarán a producir pronto en este provincia. Royón, ex empleada de los Brito en un frigorífico, llega impulsada por uno de los inversores argentinos en litio, José Luis Manzano, que pasó rápido del apoyo a Massa a mostrar en una jornada de Econojournal su interés por las privatizaciones que planea Milei. ¿Le interesará comprar parte de YPF? Entre las petroleras extranjeras apuntan a otros dos interesados por la rival estatal: Eurnekian y los Bulgheroni, dueños del 20% de Pan American Energy (PAE), otros ilusionados con el nuevo gobierno.

No hay muchos empresarios que conozcan demasiado al economista que a los gritos se hizo famoso en televisión, se metió en política hace dos años como diputado y ahora llegará a la Casa Rosada. Varios de ellos lo conocieron en persona en 2023. Uno de ellos fue Eduardo Elsztain, que lo recibió en su hotel Llao Llao cuando en abril fue a exponer ante el foro de grandes hombres de negocios que lleva el nombre de ese establecimiento de Bariloche. El judaísmo y las ideas económicas liberales los unen. Desde hace 50 días que Milei está alojado en otro hotel de Elsztain, el Libertador, su búnker, primero para la campaña y después para la formación del gobierno. Hace 10 días visitaron juntos la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente del movimiento judío Jabad Lubavitch, en Nueva York.

Habrá que ver si el dueño de la desarrolladora inmobiliaria IRSA se muestra interesado por el nuevo modelo de iniciativa privada para las obras de infraestructura que plantean Milei y Ferraro: podría atraer a los financistas que conoce en EE.UU para proyectos que levanten las constructoras tradicionales que integran la Camarco. Otro que podría acercar capitales a esas obras es Mindlin. El presidente electo ha visitado varias veces el Museo del Holocausto, que preside el propietario de Pampa Energía y la constructora Sacde y que rinde homenaje a los 6 millones de víctimas de la Shoá, incluidas la tía abuela de este cronista, Henriette Deligdisch.

De la visita del sepulcro del rabino en Nueva York también participó, aunque en un segundo plano, Gerardo Werthein. Su nombramiento como embajador en Washington fue adelantado por el medio de su amigo Hadad. Werthein negó que él haya pagado los US$250.000 que costó el avión privado con el que viajó junto a Milei, su hermana Karina, el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, su sobrino y estratega de marketing político Santiago Caputo, Posse y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley.

Werthein se separó en 2020 de sus primos del grupo Los W, formó un fondo de inversión con el banquero brasileño Edmond Safra y se mudó a Uruguay -como tanto millonarios huidizos del impuesto de bienes personales-. Contó que cada pasajero del avión abonó su parte, es decir, US$41.000, salvo Stanley, a quien él invitó. Se supone que tampoco pagó por el almuerzo que Milei compartió con el ex presidente norteamericano Bill Clinton. Lo que es seguro es que Werthein también puede acercar inversores. Esperemos que esta vez sean más concretos que aquellos con los que el nuevo jefe de Estado supuestamente había pactado ya en campaña para financiar la frustrada dolarización. “Mientras nos atacan, difaman, operan, etc., nosotros estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía al valor del dólar de mercado”, chamullaba Milei en junio por la red social X. El designado embajador es nieto de Gregorio Werthein, que durante años presidió el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Milei fue este año al Cicyp -también asistió allí un conocido de él, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto-, al Foro Llao Llao, a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham, según sus siglas en inglés), pero no quiso visitar la Unión Industrial Argentina (UIA) o la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y descalificó a la Camarco con el mote de Cámara Argentina de la Corrupción. El presidente es selectivo a la hora de relacionarse con los hombres de negocios, supuestamente no les gustan aquellos cerrados a la competencia o corporativistas, pero ya su ministro del Interior dio muestras de ser más proclive a relacionarse con ellos, almorzó con Weiss y asistió a la reciente conferencia anual de la UIA.

El G6 -que agrupa a la UIA, Camarco, SRA, la Bolsa porteña, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC)- esperan una cita con Milei y Caputo, el hombre que a su vez le abrió contactos en el mundo financiero de Wall Street. Para eso lo sumó al gabinete: para conseguir préstamos para el inicio de su gestión y desarmar así lo que muchos economistas como Carlos Melconian consideran que no es urgente, la bola de deuda del Banco Central.

Quien elogia seguido a Milei por sus ideas es el dueño de X, el sudafricano Elon Musk, también de nacionalidades estadounidense y canadiense, propietario además de la fabricante aeroespacial SpaceX -que ha lanzado satélites hechos por el Estado argentino-, de la de autos eléctricos Tesla y de la firma de Internet satelital Starlink. Antiprogre como el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, Musk charló este miércoles por teléfono con Milei.

En el equipo que asesora al nuevo presidente reconocen que es difícil que el mayor millonario del mundo vaya a poner una fábrica de coches o baterías de litio en la Argentina, dado que se requerirían inversiones de miles de millones de dólares, para lo cual debería asegurarse que el proyecto político de LLA sea duradero y que el mercado regional se deshaga más rápido de lo pensado de los más baratos vehículos a petróleo. Pero admiten que, al igual que Toyota, General Motors (GM) o Stellantis, a Tesla también le puede interesar asegurarse la propiedad del litio, más allá del acuerdo que hoy en día tiene con la norteamericana Livent para proveerse del Salar del Hombre Muerto. La Argentina debería firmar un acuerdo con EE.UU para abaratar la exportación del mineral a ese país e incluso elevar así su procesamiento en el terreno local: dejar de enviar carbonato de litio y mandar hidróxido. Además, quizá Starlink llegue un día a la Argentina. En el equipo de Milei no se descarta su interés por la privatización de Arsat y su red de fibra óptica nacional. Sería un desafío para los proveedores locales de Internet. Uno es Telecom, de Héctor Magnetto, entusiasmado con el nuevo gobierno, pero inquieto para que no le vete su acuerdo de provisión de tecnología 5G con la china Huawei, objetada por EE.UU. Otro es Claro, del mexicano Carlos Slim, que mantuvo una videollamada con Milei tras su victoria. Por último está la española Telefónica en el letargo.

Hace dos semanas, en la última reunión de AEA, Magnetto elogió a Milei y el dueño del grupo Techint, el italiano Paolo Rocca, pidió a sus colegas empresarios que hablen con los diplomáticos extranjeros que conozcan para mejorar su imagen en el exterior. Entonces, el ítaloargentino Cristiano Rattazzi admitió que la prensa foránea había sido hostil con el próximo presidente, aunque empezaba a cambiar. Los socios de AEA respondieron destacando que Milei no es proteccionista como Donald Trump ni militarista como Jair Bolsonaro. Invitado, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo se sumó a ensalzarlo: “No es un economista sino un político que usa la economía para acumular poder”.

Rattazzi es de los pocos de AEA que apostaron por Milei desde el principio. Techint financió primero a Patricia Bullrich y sólo en la segunda vuelta, al libertario. El nuevo jefe de Estado le devolvió el gesto nombrando al CEO de su petrolera, Tecpetrol, Horacio Marín, al frente de YPF. No fue Rocca quien se lo impuso sino que Milei buscó a quien había encabezado la inversión privada más grande de Vaca Muerta y además valora el perfil exportador de Techint.

Mientras, buscan acercarse a Milei dos inversores preocupados por el futuro de la industria electrónica de Tierra del Fuego: Nicolás Caputo, primo de Luis y tío de Santiago, y Rubén Cherñajovsky. Galperin y muchos otros empresarios emigrados a Uruguay estarán atentos a ver si la ley ómnibus deroga Bienes Personales y terminan regresando a la Argentina, aunque algunos de ellos esperarán a ver que funciona el experimento libertario antes de empacar. ¿Al dueño de Mercado Libre le llamará la atención la privatización del Correo? Con el tiempo se irán resolviendo los misterios.

AR/DTC

En el barrio Las Mercedes, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, los vecinos denuncian que conviven desde hace décadas con el polvo de la empresa Klaukol, una fábrica de productos para la construcción denunciada hace casi 15 años ante la Justicia penal por presunta contaminación. Esta compañía, actualmente propiedad de la multinacional suiza Sika, protagoniza una disputa desigual con un grupo de ciudadanos que reclama por afecciones a su salud y al medioambiente, y un expediente que demuestra la inacción y largas demoras de los poderes del Estado, desde el municipio y la provincia de Buenos Aires hasta organismos nacionales y el propio Poder Judicial. Una pelea de 15 años sin respuestas que mantiene a los vecinos atrapados en un callejón sin salida: vivir con el polvo o vivir con el polvo. Dejar sus casas sin nada a cambio no es una opción en este barrio de clase trabajadora.

Durante los últimos dos años, elDiarioAR investigó el caso junto el medio suizo Das Lamm para corroborar las acusaciones de los habitantes de Las Mercedes contra la empresa suiza. La ONG suiza Iniciativa Empresarial Responsable también investigó las actividades de la fábrica y transmitió la información a un equipo editorial de Tamedia, en Suiza. Los resultados de las investigaciones se publican ahora simultáneamente. 

elDiarioAR y Das Lamm realizaron numerosas entrevistas, examinaron documentos judiciales, oficiales y registros audiovisuales tomados por los vecinos. Además llevaron a cabo solicitudes de acceso a la información pública y solicitaron exámenes médicos. El resultado es la historia de una empresa suiza que aprovecha las condiciones locales y los bajos estándares medioambientales de la provincia de Buenos Aires y altera la vida de los residentes locales. El caso también demuestra cómo la Justicia sólo actuó ante la presión pública. 

Del tambo al polvo

Los primeros vecinos ya estaban instalados en este barrio cuando un empresario italiano montó la primera versión de esta fábrica. En el predio, antes de Klaukol, había un tambo, recordó Guillermo Winke, vecino de la fábrica, durante una entrevista con elDiarioAR. A finales de la década de 1990, la empresa francesa Lafarge adquirió Klaukol y con la multinacional la producción escaló y los problemas ambientales aumentaron, aseguran los vecinos consultados. Comenzaron los peores años para el barrio, contaron los más antiguos en numerosas entrevistas a lo largo de estos dos años.

La fábrica quedó a nombre de Parex, escindida de la empresa francesa, y en 2019 se vendió a la multinacional suiza Sika.  

Jorge Sosa vive hace 28 años en el barrio Las Mercedes, donde construyó su casa con esfuerzo y orgullo, a 400 metros de la fábrica. De madrugada, documenta con su teléfono celular cada vez que la empresa prende las chimeneas y Jorge teme lo peor: más polvo.

El polvo, de un color gris y otras veces dorado, como la arena, es brillante y durante estos últimos dos años fue usual verlo en las calles, los charcos de agua, los techos, los autos y en fotos tomadas a la ropa que cuelgan en los patios. Sosa invita a subir a las habitaciones de la planta alta de su casa y pasa los dedos por los marcos de las ventanas. El polvo se le pega a las manos. Es tan fino como el mortero, uno de los productos de la fábrica.

“Este polvo nos enferma”, dijo Sosa. “Me doy cuenta enseguida cuando la fábrica está funcionando”, afirmó. Es cuando asegura que le arden los ojos, le cuesta respirar y le pica la piel. También tiene asma por “posible exposición ambiental a material particulado”, de acuerdo al diagnóstico de la neumóloga Vanina Martín, del Instituto Raúl Vaccarezza.

La médica ha detectado otros 27 casos de afecciones por exposición al polvo entre vecinos de las primeras tres manzanas del barrio. Su trabajo fue en el marco de un estudio que le solicitó Acumar (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo) recién en 2023 y presentado en septiembre último ante el juzgado federal número 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, que tiene el caso desde 2013. 

Los pacientes fueron derivados por Acumar, luego de que un toxicólogo hiciera un primer diagnóstico. Hay al menos 48 casos “sospechosos de potencial asociación a exposición a material particulado” en estas primeras tres manzanas, que evaluó el toxicólogo en una primera consulta y que deriva de a tandas a la neumonóloga para su evaluación específica, por lo que el número de confirmados por Martín podría aumentar eventualmente. Así consta en un informe analizado por elDiarioAR.

Winkel falleció en 2022. Vivía justo frente al paredón que separa a la fábrica del barrio y que se construyó tras varios años de quejas de los vecinos. Cuando aún no mostraba señales de estar enfermo, Winkel recibió a elDiarioAR en su casa. No sólo padecía el polvo, afirmó. Su casa vibraba entre las 6 de la mañana y la medianoche por el efecto de las maquinarias de la fábrica. Este medio pudo comprobarlo: entonces vibraban las ventanas, el piso, la puerta. “La vibración rajó las paredes y tengo un tímpano roto”, aseguró. El ruido era insoportable.

“Cuando voy a lavar el coche, le paso la mano y sale algo gris. Usted se da cuenta de que no es tierra. Es gris y pegajoso. Se pega al coche”, dijo Winkel en la entrevista. 

Puff

En el living de Susana Ardiles y Jorge Crespo las ventanas están cerradas a pesar del calor del verano. “Tenemos que limpiar la casa a menudo para que no haya tanto polvo”, dice Ardiles. La pareja tiene un almacen en el patio delantero de la casa. También refieren molestias constantes en los ojos, la piel y las vías respiratorias. Están especialmente preocupados por sus nietos, que tienen que usar regularmente un spray contra el asma.

El aerosol que utilizan es un broncodilatador, que normalmente se aplica en pacientes asmáticos y sirve para relajar los músculos bronquiales, lo que a su vez facilita la respiración. 

En las entrevistas con los vecinos, casi una de cada dos personas del barrio de Las Mercedes asegura que utiliza un inhalador. Los nietos de Crespo y Ardiles utilizan hasta tres al mes, mientras el precio del medicamento sube por las nubes. 

Alejarse de Klaukol es imposible para Ardiles y Crespo. Aquí tienen su casa. Es el barrio en el que crecieron sus hijos y ahora crecen sus nietos. 

En noviembre de 2020, Nadia Carabajal acudió a urgencias. Se encontraba muy mal y apenas podía respirar. El diagnóstico: su riñón, implantado 23 años antes, ya no funcionaba. Tiene 28 años.

Carabajal vivía justo enfrente de la fábrica, a pocos metros de Winkel. Nació con un riñón defectuoso, que le sustituyeron a los tres años. A la espera de un nuevo riñón, Carabajal debía exponerse lo menos posible al polvo por prescripción médica. Un esfuerzo enorme para la familia, que tuvo que aislar completamente la habitación de la niña. Durante años fue imposible que Carabajal jugara en el jardín o en la calle con otros niños. 

Cuando Carabajal ingresó en urgencias, todo volvió a empezar para ella. Junto con unos abogados que trabajaron gratis para ellos, los padres demandaron a la fábrica. Fuera de los tribunales, acordaron que Sika pagaría los gastos de alquiler de una casa fuera del barrio y de la nube de polvo. Una victoria escénica para todos, que muchos en el barrio interpretan también como una “admisión de culpa” por parte de Sika. Sin embargo, la empresa respondió ante la consulta periodística que acordó pagar un alquiler a Carabajal por “razones humanitarias” y “totalmente ajenas a la operatoria de la empresa”. 

Después de que Carabajal se trasladara a un barrio alejado de la fábrica, su salud mejoró notablemente, asegura en una entrevista para esta investigación. Afirma que el nuevo aire ha mejorado su vida. Antes estaba casi todo el tiempo en la cama, enferma y sin energía. Se siente bien en la nueva casa, se mueve mucho más y ha podido retomar sus estudios, que tuvo que interrumpir poco después de su recaída. “Es como una nueva vida”, resumió. Pero la batalla aún no está ganada. Con cada aumento del alquiler su familia debe discutir con Sika sobre el subsidio. Es una lucha constante para vivir dignamente. Según la familia, Sika actualmente sólo paga una parte del alquiler. 

Derrotero

Los residentes afirman que soportaron el polvo, los picores en la piel y las dificultades respiratorias durante décadas. En 2009 sucedió lo inesperado: se produjo una explosión en las instalaciones, aseguran los vecinos. Ante la consulta de elDiarioAR, Sika dijo desconocer el episodio. Numerosos testimonios recogidos por este medio sostienen que esa mañana el barrio amaneció cubierto de un polvo blancuzco o gris y el fenómeno duró varios días. Entonces, afirman, la respiración se hizo aún más difícil. En los días siguientes, la empresa distribuyó productos de limpieza, aspiradoras industriales y dinero. A cambio, los vecinos debían firmar un contrato que evitaría cualquier acción legal contra la compañía, cuentan los vecinos. En la actualidad no queda ninguna copia de dicho contrato.

“Lo que hicimos las mujeres del barrio fue hacer la denuncia porque la fábrica nos quiso hacer firmar un consentimiento para que renunciáramos a nuestro derecho a hacer juicio por contaminación o por daños a la salud”, asegura Susana Aranda, una de las vecinas querellante. Así nació la causa penal.

A varios vecinos les pareció sospechosa la cláusula del contrato. Unieron sus fuerzas y protestaron frente a las instalaciones de la fábrica, de la embajada de Francia y del municipio de La Matanza. Entonces, la empresa aún pertenecía al fabricante de cemento francés Lafarge. Pero las protestas tuvieron poco efecto. Ninguna autoridad del Estado tomó una decisión de fondo. Los vecinos se quedaron con el polvo y la frustración, y desde 2009 un grupo responsabiliza a la fábrica de sus afecciones a la salud.

En 2014, en respuesta a las protestas, Acumar, junto con otras autoridades sanitarias, llevó a cabo un examen médico inicial de la población con el fin de establecer los vínculos entre los problemas de salud de los residentes locales y las posibles fuentes de contaminación. Sin embargo, aunque las autoridades ya habían establecido entonces que muchos residentes padecían enfermedades respiratorias, cutáneas o de mucosas, no se realizaron más pruebas ni se midió la contaminación atmosférica. 

En el informe anual de 2016, la misma autoridad medioambiental anunció que trabajaría para medir constantemente la calidad del aire en las chimeneas de la fábrica. Sin embargo, la fábrica siguió funcionando, de acuerdo a los vecinos. Tampoco se instalaron medidores de calidad de aire en las chimeneas, lo que hubiese permitido confirmar o descartar la responsabilidad directa de la fábrica en la contaminación.

Un año después, en 2017, otros 518 residentes fueron examinados por la autoridad medioambiental de la provincia de Buenos Aires. En 110 casos se diagnosticaron enfermedades respiratorias o cutáneas. Sin embargo, no se introdujeron medidas concretas para mejorar la calidad del aire. 

Ese mismo año se instaló un sistema de medición en las inmediaciones de la fábrica para medir los niveles de partículas. Las lecturas accesibles al público muestran niveles casi constantes de más de 30 µg/m3 de partículas con un tamaño inferior a diez milésimas de milímetro. Algunos días, los valores se elevan hasta casi 300 µg/m3. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la media anual no supere los 45 µg/m3. El problema es que, en Argentina, el nivel máximo permitido es de 150 µg/m³.

Según la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) de Suiza, donde opera la casa matriz de Sika, dueña de Klaukol, niveles tan altos y constantes de partículas son perjudiciales para la salud y pueden provocar enfermedades respiratorias, circulatorias y del sistema nervioso. La contaminación atmosférica acorta la esperanza de vida de las personas expuestas a ella, de acuerdo con la OFSP. 

Hubo obstaculización. Francamente, nos costó mucho poder cumplir con nuestra función porque cuando llegábamos a hacer las mediciones los hornos no estaban funcionando

Andrés Porta — Director del Centro de Investigaciones del Medioambiente de La Plata (del Conicet).

El principal temor de los vecinos está relacionado con el sílice, un cancerígeno. 

“Se realizaron 9 fiscalizaciones a la firma Klaukol entre 2020 y 2023. Debido a que ciertas mediciones no se ajustaban a la normativa, se le impuso una multa y junto con Acumar se le exigió a la empresa un plan de adecuaciones conforme a las recomendaciones” de un equipo de expertos consultados, respondió el ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires ante la consulta periodística. “Algunas de las adecuaciones ya fueron efectuadas y otras están en proceso de implementación”, aseguró el organismo.

En una entrevista para esta investigación, Daniel Larrache, director ejecutivo de gestión en Acumar, defendió el proceder de la autoridad hasta el momento. Afirmó que en un primer momento, intentaron encontrar la causa de la contaminación atmosférica en el barrio mediante diversos estudios. Se partió de la base de que una parte considerable estaba causada por la autopista cercana, “la fábrica es otro factor”, dice Larrache. Sigue habiendo muchas fábricas en los alrededores, pero sólo una, según Larrache, trabaja con polvo fino de cuarzo y mortero, que se puede encontrar localmente en el barrio: la de Klaukol.

“En los últimos años hemos asistido a una mejora constante de las condiciones de producción”, afirma Larrache sobre las imposiciones a la fábrica. Salvo pequeños problemas, la fábrica cumple las normas medioambientales generales. Sin embargo, un informe encargado por la misma autoridad medioambiental en 2022 muestra lo contrario. 

Un informe clave

Entre marzo y abril de ese año, Acumar convocó a un equipo interdisciplinario del Conicet para estudiar las emisiones de la fábrica y la posible contaminación del aire que respiran los vecinos. “Del análisis químico del material particulado se observó una correlación entre las emisiones puntales de la empresa respecto a los valores de Silicio (Si) encontrados en el material particulado ambiental”, sostuvo el informe oficial. 

“El material particulado pueden estar presentes en la atmósfera como consecuencia de diversas fuentes de emisión”, respondieron desde Klaukol a elDiarioAR, desentendiéndose. También aseguraron que la fábrica cuenta “con Filtros Tomadoni y Camfil” que “retienen el material particulado para que no sea expulsado hacia la atmósfera”. 

El silicio es un elemento químico y la sílice es un compuesto formado por silicio y oxígeno. Se encuentra de forma natural y especialmente en la arena, una de las principales materias primas de Klaukol, según consta en el expediente judicial.

El centro del Conicet buscó medir el material particulado en el aire que respiraban trabajadores y vecinos. El material particulado es contaminación por partículas, una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire y que pueden contener, por ejemplo, silicio o sílice.  

Los elementos encontraron en el barrio fueron silicio, aluminio y hierro. El informe demuestra por primera vez que entre el 7% y el 17% de las emisiones de polvo de un tamaño inferior a diez milésimas de milímetro provienen de la fábrica. En el caso de las partículas de polvo más grandes, que se depositan en el aire sobre el suelo al cabo de cierto tiempo, la cifra asciende hasta el 60%. Las imágenes adjuntas al informe mostraban una fábrica con techos llenos de polvo endurecido por el paso del tiempo, tuberías que sólo han sido reparadas de forma improvisada y una gran cantidad de polvo en el interior de la nave de producción. 

Sika respondió ante la consulta que el informe de Conicet fue “refutado” por otro informe encargado por la empresa al “Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera (CIMA - institución certificada por el CONICET)”, que “consideró que las conclusiones del informe del CIM-ACUMAR no resultaban justificadas ni representativas desde el punto de vista científico”.

Piedras en el camino

No fue tarea fácil completar el estudio. “Hubo obstaculización. Francamente, nos costó mucho poder cumplir con nuestra función porque cuando llegábamos a hacer las mediciones los hornos no estaban funcionando. No caímos de sorpresa, la visita estaba ya pautada. Incluso encontramos obstaculizaciones por parte de empleados del municipio”, cuenta a elDiarioAR el químico Andrés Porta, director del Centro de Investigaciones del Medioambiente de La Plata (Conicet) y quien lideró el estudio.

elDiarioAR y Das Lamm se comunicaron con voceros y enviaron un cuestionario para conocer la versión de la Municipalidad de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, pero no obtuvo respuestas.

“Lo que pudimos hacer fue sacar una serie de tres o cuatro fotos, pero no una película”, asegura sobre los resultados. “Nos llamó la atención que el mantenimiento no era bueno”, agregó Porta, quien junto a su equipo elevó una serie de recomendaciones para mejorar el estado de la fábrica y disminuir el impacto en el barrio. “Hay que profundizar y seguir estudiando el caso”, afirmó.

Su informe pidió que se aumente la altura de las chimeneas y se mejoren varios procesos de producción que generan cantidades innecesarias de polvo. Le gustaría exigir más, pero el problema, según Porta, es que “las normas argentinas están muy por debajo de lo que exige la OMS (Organización Mundial de la Salud)”. 

Suspensión suspendida

elDiarioAR, Das Lamm y la ONG Coalición por la Responsabilidad de las Empresas también se pusieron en contacto para esta investigación con la experta en enfermedades pulmonares Vanina Martín, quien trabaja en el Instituto Vacarezza, asociado a la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

En febrero último, Martín aceptó examinar a varios residentes. Tomó radiografías y tomografías de los pulmones de los residentes y analizó su capacidad pulmonar, poco antes de que el juzgado y la autoridad medioambiental Acumar encargara el mismo tipo de estudio a los vecinos de tres manzanas del barrio. 

Los problemas identificados por Martín van desde asma hasta afecciones pulmonares y oculares. En una entrevista, la doctora Martín se mostró aliviada de que no se detectara cáncer en ningún caso. Pero no quiso minimizar los síntomas. “Sufrir constantemente molestias en la piel, los ojos o los pulmones empeora enormemente la calidad de vida de las personas”, aseguró. “Es imperioso que cambien las condiciones ambientales del barrio, aconsejaría a los vecinos minimizar la exposición lo máximo posible”, afirmó.

El expediente judicial estaba archivado hasta que en marzo último, el juez Rodríguez decidió ordenar la realización de un nuevo estudio. El juez encargó a Acumar el análisis médico de los vecinos de las primera tres manzanas del barrio. El organismo ambiental trasladó durante varias semanas un hospital móvil para examinarlos. Luego, quienes presentaban síntomas respiratorios fueron derivados al Instituto Vaccarezza y a otros centros de salud. 

Tras analizar los resultados, el juez Rodríguez ordenó suspender la actividad de la fábrica hasta determinar si Klaukol es responsable directa de las afecciones respiratorias, cutáneas y oculares que se detectaron.

La suspensión duró apenas unas semanas. En noviembre último, Klaukol presentó un recurso y consiguió que se levantara la medida. “Carecía de fundamento jurídico”, escribió la empresa en su respuesta a elDiarioAR y Das Lamm. Otro capítulo más de medidas no definitivas, anuncios y recursos legales.

Nota: este artículo fue actualizado el 30 de noviembre a las 7:13.

ED/DTC

La competencia fiscal es la práctica que llevan a cabo los Estados soberanos para captar inversiones a través de reducciones de impuestos y otros incentivos fiscales. Algunos economistas liberales defienden este enfoque argumentando que la competencia es buena para mejorar la eficiencia de los países, ya que se ven obligados a mejorar la administración de los recursos y a reducir los gastos innecesarios. Si el país “A” baja los impuestos y concreta inversiones de empresas multinacionales, genera un incentivo para que el país vecino “B” reduzca “gastos innecesarios” e impuestos para aumentar también la Inversión Extranjera Directa (IED). De esta forma, ambos se vuelven más eficientes en el gasto y también más productivos. Sin embargo, diversos estudios académicos han señalado la ineficacia de este camino y las distintas consecuencias negativas que tiene para la población de los países que lo siguen.

¿Cuáles son las consecuencias de la competencia fiscal?

En realidad, la competencia fiscal lleva a una “carrera hacia el abismo”, ya que los países se ven obligados a superar las reducciones impositivas que realizan las naciones vecinas, desfinanciando el Estado en nombre de la captación de inversiones. En el caso de los países en desarrollo, suele derivar en una guerra de pobres contra pobres que lleva a los gobiernos a aceptar condiciones desfavorables y atentar contra la provisión de servicios públicos básicos, como salud y educación. Durante los últimos 40 años las tasas promedio del impuesto sobre las ganancias de sociedades (o los impuestos a las rentas, dependiendo el país que se trate) han caído abruptamente, pasando de alrededor del 44% al 24%, en parte debido a la competencia fiscal internacional. 

Se trata además de una carrera imposible de ganar ya que desde hace décadas hay países dispuestos a reducir las tasas impositivas prácticamente a cero para las empresas y las personas que no residen en ellos. Son los que comúnmente conocemos como guaridas fiscales. Una guarida es una jurisdicción –un Estado nacional o subnacional- que deliberadamente crea una legislación para facilitar que los no residentes en su territorio realicen transacciones con el fin de evitar el pago de impuestos o la aplicación de normas en sus países de origen. La creación de empresas offshore –firmas radicadas en guaridas que no cumplen funciones productivas reales- les permite a las grandes corporaciones minimizar el pago de impuesto, aumentando artificialmente las ganancias en distritos de baja tributación y disminuirlas en los países donde efectivamente producen. Las guaridas tienen un rol central en uno de los principales problemas de la economía latinoamericana: la fuga de capitales. Este fenómeno puede definirse como la salida de capitales de residentes de un país, originada en el intento de escapar de regulaciones estatales o de los efectos de políticas públicas. Las bajas tasas impositivas y el secretismo financiero de las guaridas fiscales derivan en una herramienta ideal para que los sectores más ricos fuguen capitales y no tributen por ellos.

¿Es efectiva la competencia fiscal para recibir inversiones de calidad? 

La mayor parte de la investigación académica muestra que una baja de tasas impositiva no está entre los factores más relevantes para determinar las inversiones de las empresas multinacionales. La inversión extranjera deseable –la de largo plazo y que genera eslabonamientos productivos locales- depende de factores como la infraestructura, la estabilidad económica y política, el tamaño y dinamismo del mercado, el nivel educativo de los trabajadores, y otros bienes públicos, cuya calidad depende, en buena medida, de los impuestos que recauda el Estado.  

Probablemente nadie lo haya expresado mejor que el empresario Paul O’Neill, quien se desempeñó como presidente de la compañía Alcoa durante más de una década. En 2001, cuando comparecía ante el senado norteamericano defendiendo su postulación para ser secretario del Tesoro, le preguntaron qué cambios específicos en los impuestos aplicaría para aumentar la inversión de las empresas. O’Neill respondió: “Como empresario, nunca tomé una decisión de inversión basada en los impuestos que debía pagar. Si estás regalando dinero, lo tomaré. Si quieres darme incentivos fiscales para algo que voy a hacer de todos modos, lo tomaré. Pero los buenos empresarios no hacen las cosas por incentivos fiscales”.

Los datos también relativizan la idea de que las tasas impositivas son las determinantes de la inversión. El siguiente gráfico compara una situación hipotética bajo el mito neoliberal versus la propia realidad. La teoría neoliberal cree que existe una relación inversa entre impuestos e inversiones, es decir, a mayores impuestos abonados, menores serán las inversiones realizadas dado que las empresas se querrán ir del país. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Para mostrar lo que verdaderamente ocurre utilizaremos datos de empresas norteamericanas invirtiendo en otros países a través de sus filiales de multinacionales. A partir de los datos provistos de filiales de empresas norteamericanas podemos concluir que:  

En primer lugar, a contramano de lo que expresa el mito neoliberal, las filiales con mayores inversiones se encuentran radicadas en países con altos impuestos. Para ello deberíamos diferenciar entre las filiales radicadas en países desarrollados de aquellas que se encuentran en países en desarrollo. En general las primeras poseen una tasa de inversión más baja que las segundas. Esto se debe a que las filiales en países desarrollados no necesitan seguir creciendo a través de la inversión productiva, dado que se trata de grandes empresas en mercados poco dinámicos. En cambio, las filiales en países en desarrollo suelen ser empresas con un elevado crecimiento en su nivel de actividad y necesitan mayores esfuerzos en inversiones productivas. Esta evidencia discute de lleno con la teoría neoliberal: no son las tasas impositivas las principales determinantes, sino más bien, las inversiones se mueven a razón del crecimiento económico propio de los mercados. De hecho, el gráfico muestra que los países en desarrollo con mayor crecimiento (China, Taiwán, Indonesia, Colombia) son los que atraen mayores inversiones, a pesar de tener tasas de impuestos relativamente más elevadas. 

En relación con el punto anterior, deberíamos diferenciar entre las filiales radicadas en guaridas fiscales -como Suiza, Bermudas, Irlanda- de los restantes países desarrollados -como son Noruega, Alemania y Francia-. El gráfico muestra que las filiales en los países del primer grupo, en general tienen bajos niveles de inversión productiva, evidenciando que en realidad las menores tasas impositivas no atraen necesariamente a las inversiones de capital fijo –léase, por ejemplo, maquinaria o infraestructura-. En todo caso los bajos impuestos podrían estimular el ingreso de grandes flujos de inversiones financieras –y la fuga de capitales de otros países- sin reflejarse en inversiones productivas de importancia. Por último, podríamos utilizar tales datos para observar la experiencia argentina durante los últimos años a través de la evolución de las inversiones productivas y los impuestos abonados por parte de las filiales norteamericanas radicadas en nuestro país. En este sentido, generalmente escuchamos a políticos hablar sobre lo elevada que resulta la presión tributaria y por tal razón no llegan las inversiones. Tales creencias tuvieron fuerza en los últimos años y se implementaron políticas en consecuencia. El gobierno de Cambiemos (2015-2019) realizó una reforma tributaria buscando beneficiar a las empresas. El argumento esgrimido consistía en que estas iban a derramar hacia toda la sociedad a través de mayores inversiones. Como resultado, las filiales norteamericanas radicadas en Argentina abonaron 882 millones de dólares en el año 2019 en impuestos, cuando en el año 2015 estas mismas habían pagado 2.538 millones de dólares (es decir, desembolsaron un 65% menos de lo que habían hecho). En tanto, las inversiones productivas de las mismas filiales ascendieron a 1.889 millones de dólares en 2019, cuando en 2015 estas habían alcanzado los 3.828 millones de dólares (un 50% menos). La explicación a tal derrumbe de inversiones se encuentra en la caída en el nivel de actividad general de la economía durante el gobierno de Cambiemos. En este contexto las inversiones de las filiales norteamericanas cayeron a pesar de haber sido estimuladas con menores tributos. Esta evidencia discute con la teoría neoliberal, la cual aboga por una reducción de impuestos con la finalidad de incrementar las inversiones.

La serie publicada por elDiarioAR está basada en el manual “Mitos Impuestos: una guía para disputar ideas sobre lo fiscal”, una iniciativa del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, con el apoyo de ACIJ y FES Argentina y la edición de Revista Anfibia. Los textos expresan exclusivamente la opinión de las personas autoras sin representar necesariamente las perspectivas de las personas y organizaciones que integran el Espacio.

Tres causas judiciales marcaron la campaña que llegó a su fin este jueves, 72 horas antes de la elección presidencial del domingo. Uno de los expedientes expuso la presunta corrupción en la recaudación de la política y el saqueo de fondos públicos. Un dirigente vinculado al candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, está relacionado directamente con la maniobra. 

El segundo expediente dejó en evidencia los lujos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, de paseo en yate por el Mediterráneo con su novia y vacaciones en Marbella. Mientras que el tercer legajo sacó a la luz los nexos de un hombre clave de La Cámpora con presuntos servicios de inteligencia ilegal para realizar operaciones políticas y que dejó a la organización por primera vez en el centro de un expediente de alto voltaje político.

Tanto el caso de las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau como las vacaciones de Insaurralde y las “carpetas” de Fabián “Conu” Rodríguez tienen sus particularidades pero también puntos en común: exhibieron lo que preliminarmente resume viejas y condenables prácticas de la clase política; en los tres casos quedaron expuestos sectores políticos del oficialismo -el peronismo, el massismo y el kirchnerismo-; y en principio no parecieron tener un impacto determinante en los resultados de la primera vuelta electoral.

Chocolate y el massismo 

Fue el primer caso que emergió durante la campaña y sin dudas, el que más vaivenes ha sufrido hasta el momento. Julio “Chocolate” Rigau trabajaba como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense pero oficiaba como puntero político. El 9 de septiembre último fue denunciado por un hombre que presenció cuando se encontraba en un cajero automático de un Banco Provincia, en pleno centro de la ciudad de La Plata, retirando gran cantidad de efectivo con numerosas tarjetas de débito. Cuando la policía lo requisó, Rigau tenía 49 tarjetas en su poder a nombre de otras personas. 

De la investigación surgió que los titulares de las mismas cobraban sueldos de unos $500.000 de la legislatura provincial. Había desde contratados del Frente de Todos, el Frente Renovador y Juntos por el Cambio, como informó elDiarioAR.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, dirigente de confianza de Insaurralde y quien ganó la intendencia de Lomas de Zamora en octubre último.

La fiscal Betina Lacky comenzó a investigar una presunta defraudación a la administración pública hasta que a mediados de septiembre último, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declaró nula la causa por un tecnicismo jurídico. Rigau, que había quedado detenido, recuperó su libertad.

Lacky sospechaba que estaba frente a algo mucho más grande: una asociación ilícita para defraudar al Estado y financiar de manera ilegal la política y en la que Rigau era un peón. Sospechaba también que la maniobra implicaba la contratación de empleados en la Legislatura que en realidad no cumplen tareas ni brindan servicios y que sus sueldos van a la caja de la política. Se basó en parte en los testimonios de algunos de los titulares de las tarjetas de débito secuestradas a Rigau, quienes declararon que desconocían quiénes los habían nombrado como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

Once días antes de la primera vuelta electoral, la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación y la fiscal solicitó la detención del puntero y el secuestro de su celular para un peritaje. 

Los chats y hallazgos en su teléfono condujeron a los investigadores directamente hacia dos hombres clave en la Legislatura bonaerense: el concejal platense Facundo Albini, del massista Frente Renovador (Unión por la Patria) y su padre, Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De los diálogos surge que Rigau cobraba $200.000 mensuales por sacar dinero de los cajeros y que respondería a dichos dirigentes políticos.

En la último semana, la fiscal y la querella, que representa Poder Ciudadano, solicitaron la prisión preventiva de Rigau, que ya está detenido en la causa. La ONG también solicitó la detención de los Albini. El juez debe decidir pero hasta momento no ha fallado sobre los pedidos. El tiempo es vital para la fiscalía: necesita recuperar el contenido de los teléfonos de los Albini para continuar la investigación hacia arriba en la cadena de responsabilidades.

Insaurralde en el Mediterráneo

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Costo del pasaje: US$8.139,30. Medio de pago: una tarjeta American Express de Estados Unidos.

Insaurralde iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje por el Mediterráneo en un yate alquilado para media jornada con tres botellas de champagne.

El caso salió a la luz a finales de septiembre, cuando Clerici posteó en la red social Instagram fotografías de su pareja a bordo de la embarcación, sirviendo dos copas a pleno sol.

El fiscal imputó a Insaurralde, Clerici y Jésica Cirio, ex esposa del funcionario, por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El primer juez de la causa, Federico Villena (Lomas de Zamora) debió apartarse tras la denuncia del fiscal Sergio Mola por una presunta amistad con el funcionario investigado. El expediente quedó entonces a cargo de Ernesto Kreplak, quien subroga uno de los juzgados federales del partido bonaerense.

La mujer dijo en declaraciones públicas que el yate “se lo prestó un amigo” de ella. Sin embargo, en el expediente consta que el alquiler del yate “Bandido” costó unos 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella costó unos 24.000 euros, de acuerdo a la información enviada por España. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. 

Insaurralde debió renunciar al cargo en el gobierno de Axel Kicillof en plena campaña hacia las elecciones generales de octubre pero no renunció a la intendencia de su municipio, aunque mantuvo la licencia. Su aliado, Otermín, ganaría la elección. Kicillof renovó mandato con amplia diferencia de votos con respecto a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza (LLA).

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak allanó siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici después de las elecciones de octubre. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos en la casa de Clerici, cuyo origen deberá explicar. El dinero fue encontrado en una unidad distinta a la que habitaba los días anteriores. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

Los policías secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Además de la reciente mudanza de Clerici de una vivienda a otra en el mismo barrio los días previos al allanamiento, los investigadores tienen otros datos sospechosos. Creen que el teléfono que entregó la mujer como su celular personal no es el real.

Tampoco se pudo dar con Insaurralde, su teléfono personal y su computadora personal durante los allanamientos a distintos domicilios. Se secuestraron igualmente algunos dispositivos en una de las viviendas. Tras ser intimado por el juzgado a declarar su domicilio real, el funcionario dijo que habita uno de los domicilios allanados, en la localidad de Banfield.

Tras la filtración de las fotos de los procedimientos, el juez Kreplak apartó a la Federal y encomendó las tareas de investigación a la Gendarmería, que la semana próxima comenzará con las pericias informáticas de todos los dispositivos secuestrados. 

Otra suspicacia en la investigación: en los últimos días, el juez ordenó a pedido del fiscal Mola procedimientos en el Casino Victoria, en la provincia de Entre Ríos, un empresa de Daniel Mautone, anunciante de un programa de televisión realizado por Cirio en el pasado. El fiscal sospecha que el pago de publicidad podría encubrir pagos ilegales a Insaurralde, quien tenía en su esfera bonaerense el control de los casinos y bingos. Cuando recibieron la documentación el resultado que observaron los investigadores fue que los pagos del casino anunciante eran de cero pesos. Se investiga a qué se debe esa circunstancia.

Los “partes” de Zanchetta

El expediente se centra en el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. Uno de los casos tiene como protagonista a Ariel Zanchetta, un expolicía, exagente de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, acusado de armar “partes” de inteligencia ilegales para al menos un funcionario público, Fabián “Conu” Rodríguez, número dos en la estructura de comunicación de La Cámpora y subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

La sospecha central de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces en las mismas fechas en las que las víctimas perdieron control de sus líneas de teléfono u otras líneas fueron creadas a su nombre.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que lo vinculan al “Conu” Rodríguez. 

También surgieron tres conversaciones entre Zanchetta y el diputado Rodolfo Tailhade, pero aún no surgió la posible comisión de delitos en su caso.

Rodríguez es un capítulo más delicado. El fiscal pidió su indagatoria y detención pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por el momento, sólo le prohibió salir del país. El funcionario se presentó a entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje, varios días después de los allanamientos en su casa y oficina en la AFIP. 

El nombre de Rodríguez surgió en el expediente porque Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, que estaban configurados para ser borrados. En la conversación, el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández dejaba trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

Esa prestación se pagó con fondos públicos, según la fiscalía. En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido. En total, cobró casi $2.000.000.

Zanchetta sostuvo durante su declaración indagatoria que ejercía como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

Entre las tareas que Zanchetta realizaba la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín. “Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

En la investigación de Pollicita se hallaron otros pagos a Zanchetta, como los de la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023, cuando ya no estaba publicando. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC

En un nuevo capítulo del espionaje ilegal, un expediente venía creciendo con bajo perfil en los tribunales federales de Comodoro Py. En dicha causa se investigan varios casos de hackeo, robo de líneas de teléfono celular y armado de operaciones de prensa contra jueces y funcionarios de la Corte y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

De fondo, resurgió un ecosistema integrado por seudoperiodistas, policías, hackers y agentes inorgánicos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) que trabajan al servicio del mejor postor.

Estas son diez respuestas sobre el caso que en el que se centró la agenda judicial de la semana y que abrió un nuevo frente para el kirchnerismo en los tribunales.

1. El caso

Es un expediente que forma parte de un conjunto de causas conectadas con el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. El caso contra Ariel Zanchetta fue iniciado de oficio por el fiscal Gerardo Pollicita el 15 de septiembre último, luego del análisis preliminar de algunos dispositivos electrónicos incautados en el domicilio particular del expolicía. Allí se hallaron los “partes” de inteligencia y los chats que comprometieron a Zanchetta en el presunto espionaje ilegal. 

La sospecha central de la fiscalía es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces que ese mismo día perdieron control de sus líneas de teléfono.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que salieron a la luz la semana última. Son los resultados preliminares.

2. Quién es Ariel Pedro Zanchetta

Expolicía federal, exagente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, de acuerdo con el curriculum vitae que se halló en su computadora. Se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la SIDE, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015.

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. 

La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Está acusado de delitos de violación de secreto y de la privacidad, además de presunta defraudación en tentativa. 

3. Para quién trabajaba Zanchetta

Hasta el momento, de los chat surge que Zanchetta “reportaba” -utiliza esa palabra en las conversaciones- a Néstor Fabián “Conu” Rodríguez. Sin embargo, la fiscalía no descarta otros vínculos con el poder político a lo largo de los últimos años. 

En la investigación de Pollicita se hallaron otros presuntos clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

4. Quién es Fabián “Conu” Rodríguez 

Número dos del área de comunicación de La Cámpora, después de Hernán Reibel, vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rodríguez es referente de la organización kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. El fiscal Pollicita lo acusó en la causa de violación de la Ley de Inteligencia al tratarse de un funcionario público que habría encargado tareas de espionaje ilegal. Este viernes se presentó ante la Justicia y dijo que no tiene “nada que ver”.

En julio de 2015 fue nombrado presidente de Télam, la agencia oficial de noticias y encargada de la distribución de la pauta oficial de la Nación, un cargo de alto nivel político y poder económico. En Télam se decide quién cobra la publicidad oficial y cuándo la cobra o no.

En diciembre de 2019 asumió como subsecretario de Coordinación de Medios de la provincia de Buenos Aires. De allí, donde manejó la publicidad oficial del gobierno de Axel Kicillof, desembarcó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando asumió su mando Carlos Castagneto, un aliado de Fernández de Kirchner. En una primera etapa quedó a cargo de la comunicación del organismo y luego fue nombrado subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

5. Cómo se financiaba

“Conu” Rodríguez cae en la mira de la Justicia en parte por este punto. Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, en los que el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández deja trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

Hasta el momento, la fiscalía sólo pudo recuperar la conversación fotografiada por Zanchetta, ya que que el chat entre él y Rodríguez estaba configurada para que se borraran automáticamente en un día. 

6. Qué hay sobre el diputado Rodolfo Tailhade en el expediente

Aparece manteniendo al menos tres chats con Zanchetta. Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade -como sí lo hicieron sobre Rodríguez- debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero.  Tailhade afirmó que los únicos chats que le respondió a Zanchetta son las tres conversaciones que se hicieron públicas. Sin embargo, “está siendo investigado”, aseguró una fuente directa de la causa a elDiarioAR.

En los chats, Zanchetta le ofrece información sobre las causas judiciales contra Elisa Carrió en un archivo que Tailhade afirmó que nunca abrió; información sobre Luis Juez, que el diputado dice que solicitó pero nunca recibió; y una tercera conversación en la que el expolicía le pasó el link público con los chats hackeados del caso Lago Escondido, que habían salido publicados ese domingo previamente, dijo el diputado. 

Tailhade afirma que Zanchetta se presentó como “periodista” y que se lo presentó alguien de su espacio político. Pidió ser querellante en la causa debido a que trascendió que está entre los políticos sobre los que Zanchetta reunió información sensible de las bases de datos que consultaba. La oposición solicitó su apartamiento de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante el proceso contra los jueces de la Corte.

7. Qué tiene que ver Zanchetta con el hackeo a los jueces y al exministro de Seguridad porteño

No está claro aún para los investigadores, pero se indaga sobre un nexo entre el expolicía y el misionero acusado. Ese hackeo se realizó en la provincia de Misiones y fue instrumentado a través de tarjetas SIM gemelas por el joven misionero Ezequiel Núñes Pinheiro, a quien se le adjudicó el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Otra línea de investigación es la que originó la denuncia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti: la creación de líneas de teléfono a su nombre. 

Núñes Pinheiro declaró ante la Justicia que realizó los hackeos a pedido de una persona que lo contactó por la aplicación de mensajería Telegram, al que dijo desconocer. Recibió un pago en criptomonedas pero aún no se conoce quién fue el autor del pago y del encargo.

Para realizar el hackeo en 2022, se necesitaban secuestrar las líneas de teléfono con tarjetas SIM gemelas que les permitieran ingresar al contenido de Whatsapp, Telegram y otras aplicaciones, tomar la información y desactivar el secuestro virtual. Para secuestrar las líneas necesitaban claves de acceso y para descifrarlas utilizaron bases de datos con información que se suele utilizar como clave: fechas de cumpleaños, por ejemplo, direcciones, nombres de los hijos, entre otros datos.

Zanchetta realizó unas 2.000 búsquedas en 2022. Una de ellas a Rosatti, pero también a otros jueces, políticos y sindicalistas en las fechas de los hackeos o procedimientos ilegales sobre las líneas. Se cree que podría haber sido el proveedor de datos esenciales para cumplir el objetivo descrito. En dicha base de datos se pueden obtener los números de teléfonos celulares. Zanchetta dijo que buscó los datos para su trabajo periodístico. 

8. Qué tipo de tareas de inteligencia realizaban

Entre las tareas que realizaba por encargo, la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín.

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

“Habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. 

9. A quiénes espiaban

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros-. 

Entre los jueces, se encuentran Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; Hornos y Borinsky; Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; Rodolfo Canicoba, Sebastián Casanello, Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone.

La lista sigue con Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Camaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky, entre otros políticos.

Además, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión, Nicolás Kreplak.

Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, Pablo Duggan, Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc.

Entre los artistas, Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“Dipy”) y entre los dirigentes sociales, Juan Grabois y Milagro Sala. También Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D’Onofrio, Claudio Tapia, Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

10. ¿Hay una organización detrás de Zanchetta y el hacker misionero?

El fiscal Pollicita, en sus dictámenes, habla de “la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso -en un supuesto- haciendo requerimientos de dinero a su nombre.

Sin embargo, esta línea de investigación está en proceso.

ED/DTC

El submundo del espionaje ilegal volvió a emerger a la superficie con el nuevo escándalo mediático de la semana y expuso, nuevamente, el funcionamiento de una “comunidad informativa” al servicio de funcionarios, candidatos y estudios jurídicos. Un submundo en donde proliferan seudoperiodistas, policías, hackers e inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Un ecosistema desordenado, desprolijo, sin un jefe que organice -como en otras épocas-, sin verticalidad. Armadores de “carpetas” al mejor postor. Fuego amigo o enemigo. Oficialismo y oposición. Nunca ajeno a las campañas electorales e internas políticas. Así lo explicaron a elDiarioAR fuentes y documentos judiciales, investigadores, víctimas y contactos de estos cuentapropistas del espionaje ilegal. 

Una de esas redes quedó en evidencia esta semana en un caso que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita y que expuso el funcionamiento y los contactos de Ariel Zanchetta, un ex policía federal. Zanchetta -quien asegura ser periodista, escribe en sitios web y cobraba pauta oficial- entregaba información sobre personalidades públicas al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, actual subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y previamente encargado del área de prensa de Carlos Castagneto, titular de AFIP.

El funcionario es uno de los referentes de comunicación de La Cámpora, espacio que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y encargado durante años de la asignación de pauta oficial, confirmó una fuente del kirchnerismo a elDiarioAR. Este lunes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en su domicilio y su oficina en la AFIP. En la casa de Rodríguez se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. 

En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien aún no presentó abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que hubo intercambio de dinero público entre el funcionario y el supuesto periodista a cambio de tareas de supuesto espionaje. El funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por $200.000 mensuales a cambio de que el expolicía armara “partes” y luego publicara “notas”. El dinero público fue asignado por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El caso que más compromete a Rodríguez es el encargo que le hizo a Zanchetta para investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web, EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. El “operador” cumplió con ambas tareas, según determinó el fiscal Pollicita en uno de sus dictámenes. 

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

¿Cómo funciona el negocio de los seudoperiodistas y el espionaje ilegal? elDiarioAR consultó a un exfuncionario que los padeció y quien explica que hay distintos servicios y métodos. La mayoría de las veces, en los casos más sofisticados, requieren ser parte de la “comunidad informativa”.

“Comunidad informativa”

Ariel Zanchetta se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), luego AFI, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015, de acuerdo a la información reunida por la fiscalía.

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— y habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado este lunes, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, que dejó de actualizar su página tras la detención del expolicía.

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos. Hay decenas de portales de seudonoticias como el que se le atribuye.

Algunos trabajan por encargo, como en el caso del “parte Tolosa Paz”; otros son más emprendedores y generan sus potenciales clientes. Arman los “partes” o “carpetas” e intentan “venderlas” a los investigados. “Primero te publican una operación de poca monta en su sitio web, por ejemplo, algo sobre la vida personal. Después te hacen llegar o te comunican que tienen otra cosa más importante o que puede generar mayores problemas y ahí es cuando te piden plata, en negro o en forma de pauta oficial”, explicó un exfuncionario a este medio.

No se trata de grandes espías sino personas del sistema con red de contactos personales: alguien en la Dirección de Migraciones con clave de acceso; o en el Registro de la Propiedad Inmueble; o en el Registro Automotor. Eso es lo que se llama formar parte de la “comunidad informativa”, explican en la Policía Federal, que permite el intercambio de información de bases de datos oficiales y confidenciales. Pero en lugar de ser al servicio de un fin oficial, es para un fin privado y de lucro. Los estudios jurídicos también los utilizan como fuente de información, explicó la fuente.

“La AFIP siempre fue el fuerte de la comunidad informativa de estos tipos porque ahí sí conseguían data más sofisticada”, explica el exfuncionario. Desde consumo de tarjetas de crédito hasta deudas y declaraciones patrimoniales.

“Son servicios al mejor postor. Antes este tipo de espionaje lo hacía el propio Estado a través de la exSIDE, ahora se terceriza”, explicó uno de los investigadores. “El caso de Tolosa Paz es el que mejor demuestra cómo trabajan. Es la punta del ovillo de una operación política, en el marco de una interna dentro del oficialismo”, agregó la fuente consultada.

“El policía es el eslabón más débil, el primero que cae cuando estas redes salen a la luz”, asegura una fuente en la fuerza. El nivel, además, deja que desear, dice el bien entendido. “Espían mal y dejan los dedos pegados”. Zanchetta tenía en sus dispositivos capturas de los chats que lo comprometían.

Efecto Tailhade

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) aparece en los chats de Zanchetta. Conocido por su rol de alto perfil en el juicio político contra la Corte Suprema, las denuncias contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se convirtió esta semana en blanco de las críticas de la oposición y de un sector de los medios. Rápidamente, Juntos por el Cambio (JxC) capitalizó una serie de datos publicados en crónicas periodísticas en las que exponían conversaciones entre un expolicía detenido y procesado en el caso y el diputado. 

Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade del mismo modo en que lo hicieron con Rodríguez, debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero. 

Sin embargo, en conferencia de prensa, Juntos por el Cambio solicitó que Tailhade sea investigado en la comisión bicameral de Inteligencia. Durante la tarde de este lunes trascendió que pedirían el desafuero del legislador pero el diputado no tiene orden judicial de allanamientos ni detención en su contra. Tampoco fue citado a declarar, ni como testigo ni como imputado. Está siendo investigado, informó una fuente con acceso directo a la causa.

Tailhade dijo en una entrevista en la radio AM750: “Esto es una operación de la mafia”. Aseguró que se trata de una “operación” de “(Silvio) Robles y (Horacio) Rosatti”. “Ese es el verdadero origen de todo esto. Ya sea judicial o mediático. Ellos armaron esta operación berreta”, afirmó Tailhade. Se refiere al juez Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y a su mano derecha y vocero, Robles, a quien Tailhade interrogó en la comisión de Juicio Político, en el marco del proceso contra los jueces del máximo tribunal. 

La causa contra Zanchetta tiene a otro procesado y detenido, el misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, a quien se le adjudica en la Justicia el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Robles también fue blanco de un intento de hackeo de Pinheiro y pidió ser querellante en el expediente.

Zanchetta “obtuvo y almacenó datos personales” sobre decenas de personalidades públicas, entre ellos, Rosatti y sus colegas de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; de Hornos y Borinsky; de los también jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También de Silvio Robles, dice uno de los dictámenes del fiscal Pollicita.

“No sé quién es (Zanchetta) -respondió Tailhade-. Nunca lo vi. Tengo tres mensajes de él. Dos contestados con un ‘gracias’ y otro sin contestar. Y después en WhatsApp tenía un montón de notas que me iba mandando. Pero no tenía una relación ni por qué sospechar”. “Se presentaba como periodista. Verifiqué el medio, era de Junín. Nunca me pareció demasiado serio y por eso no le presté atención. Pero tengo cero miedo a la mafia de Comodoro Py. Voy a seguir adelante con esto. Todas las conversaciones que me mandaba supongo que se pueden rescatar desde la nube o algún lugar”.

“Hace 17 días le pedí a Martínez de Giorgi que si consideraba que me tenía que citar, me cite de inédito. Nunca me llamó. No sé si querrá que pasen seis años, como pasó en Parques Eólicos, como le pasó a Macri”, se quejó contra el juez de la causa.

ED/DTC

En un documento de once páginas, la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dejó asentado que se encargó de gestionar la modificación de la ley que protegía hasta septiembre de 2022 una de las áreas naturales más valiosas de la provincia de Río Negro, el Golfo San Matías. Su objetivo es construir el oleoducto Vaca Muerta Sur, que busca transportar crudo de la cuenca neuquina hasta el océano Atlántico para su exportación al mundo a partir de 2025. 

Así surge de una presentación realizada por personal de la empresa ante diputados rionegrinos y otros actores políticos en agosto de 2022, previo a las sesiones legislativas en las que los legisladores accedieron a modificar la legislación para votar una nueva normativa hecha a medida del oleoducto, según pudo reconstruir elDiarioAR junto a Climate Tracker, en un trabajo conjunto sobre quiénes retrasan la transición energética justa en Argentina.

El Golfo San Matías estaba protegido desde 1999 por la Ley Provincial 3.308, que prohibía la explotación y el transporte de hidrocarburos en la zona. Sin embargo, la mayoría de los legisladores de Río Negro sancionó una nueva ley entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, que derogó la norma de 1999 y anuló, así, la prohibición de transporte de crudo y gas en esta área protegida.

El documento en el que YPF admite que gestionó la caída de la ley ambiental es una presentación de Power Point —al que tuvo acceso este medio— y fue creado por un ingeniero que lideraba el equipo de planificación de Midstream de la petrolera y modificado por última vez el 23 de agosto de 2022 a las 14:03. Contiene información técnica sobre el proyecto petrolero, mapas y proyecciones para el transporte de crudo desde Vaca Muerta. No hay mención al impacto ambiental de la obra y del transporte de crudo en el área hasta entonces protegida.

“La Terminal marítima —que se emplazará en Punta Colorada, a la altura de la localidad de Sierra Grande— será el mayor puerto exportador de crudo de Argentina, con escala comparable a la de los principales exportadores de crudo de la región”, agrega la presentación de YPF. La inversión estimada en agosto de 2022 era de $us 1.260 millones, de acuerdo al documento ($us 660 millones para el oleoducto y otros $us 600 millones para la terminal portuaria).

La compañía también invitó a los diputados de Río Negro y a los legisladores y concejales electos en mayo último a conocer Vaca Muerta en un viaje que quedó registrado en medios y sitios oficiales locales.

elDiarioAR y Climate Tracker enviaron el 18 de septiembre un cuestionario a YPF para conocer su versión de los hechos, pero la petrolera nunca respondió porque su agenda está muy ocupada, dijo un vocero de la compañía. Se ofreció extender el plazo de entrega de las respuestas, pero no accedieron.

Cuestión de costos

“Temas a considerar: adecuación legislación vigente para habilitar instalaciones petroleras (Ley M NN°3308)” (sic), dice en su página 6 el documento de YPF presentado ante los legisladores, que luego defendieron el proyecto en el recinto de la legislatura.

¿Por qué YPF decidió realizar esta obra en un área protegida? “Porque Punta Colorada es la menor distancia de Vaca Muerta (al océano) y porque cuenta con mayores profundidades marinas” necesarias para que puedan amarrar los enormes buques petroleros VLCC (Very Large Crude Carrier), que pueden medir más de 300 metros de largo y 60 metros de ancho, además de cargar 2 millones de barriles de petróleo, explicó Leandro Loguzzo, en nombre de la petrolera durante la audiencia pública del 17 de agosto.

En abril último, Pablo Iuliano, CEO de YPF, fue más directo en la explicación durante un encuentro con empresarios del sector energético, IDEA Energía 2023: a pesar de otras alternativas que barajó la petrolera para la exportación del crudo de Vaca Muerta, el oleoducto se hará en un área protegida por cuestión de “costos”. “Vaca Muerta Sur es más competitivo, porque permite utilizar VLCC, barcos que pueden cargar el doble de lo que carga un Panamax o un Suez-max, y eso baja muchísimo los costos”, explicó entonces Iuliano.

El oleoducto es uno de los proyectos principales en torno a Vaca Muerta, el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más importantes del mundo. Ambientalistas afirman que su crecimiento va en detrimento con los compromisos asumidos por Argentina para mitigar la crisis climática actual, relacionados a avanzar con procesos como la transición energética, como sostienen organizaciones ambientalistas como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que resalta, además, las falsas promesas económicas de Vaca Muerta.

Rehacer la ley

El lunes 22 de agosto de 2022, a primeras horas de la noche, los diputados de la Legislatura de Río Negro recibieron un proyecto de ley vía Whatsapp y una orden: firmarlo como autores para que ingrese al trámite legislativo cuanto antes, explicaron testigos directos consultados por este medio. El documento ya estaba redactado y contenía el texto de la futura ley 5594 de 2022. El objetivo: eliminar el artículo 1° de otra ley: la 3.308 de 1999 y así borrar la prohibición de transportar hidrocarburos en el Golfo San Matías. Esa noche, sólo dos legisladores que recibieron el mensaje no firmaron el proyecto de ley, dijo a elDiarioAR uno de ellos, Luis Ángel Noale. 

El tratamiento del proyecto fue exprés y a puertas cerradas. Tras el raid de firmas del lunes 22 de agosto por la noche, al día siguiente fue tratado y aprobado en un plenario de comisiones de apenas tres horas (pasó por Planificación, asuntos económicos y turismo; Asuntos constitucionales y legislación general; y Presupuesto y Hacienda). Dos días más tarde, se trató por primera vez en el recinto de la Legislatura y se votó en primera vuelta.

La sesión del 25 de agosto de 2022 fue a puertas cerradas y no se comunicó a los ciudadanos o medios de comunicación. Los pocos vecinos que llegaron hasta la puerta de la Legislatura de Río Negro aquella mañana se enteraron por el diputado Noale (entonces integraba el Frente de Todos). 

Noale es oriundo de San Antonio Oeste, una de las localidades del Golfo San Matías más movilizadas contra el oleoducto por los riesgos ambientales y el peligro de derrames y tránsito de buques en la zona, rodeada de cuatro áreas naturales protegidas, entre ellas, Península Valdés, Chubut.

El vicegobernador Alejandro Palmieri, quien presidió la sesión legislativa, prohibió la entrada de las seis personas que intentaron ingresar al recinto para presenciar el debate, como se observa en el video de la misma. Eran vecinos, la mayoría mujeres y menores. Ellas integran las Asambleas del Curru Leufú, críticas al proyecto petrolero. Noale pidió que se dejara ingresar a las personas de su localidad, pero el vicegobernador le dijo que la sesión para votar el proyecto de ley sería a puertas cerradas. Todo quedó grabado en un video que puede verse por el sitio oficial de la legislatura. 

De los 43 diputados provinciales presentes, 42 votaron la modificación de la ley. No hubo grietas: desde Juntos Somos Río Negro hasta el Frente de Todos y Frente Renovar, entre otros, votaron por el sí.

“Con esta rapidez con la que se desarrolló todo, la verdad, nos ha costado a muchos ver qué nos dicen los vecinos. Con este proyecto no tuvimos debate, no tuvimos discusión. Con una hora y media salió con la autoría de los legisladores y dictamen a favor en la plenaria”, se quejó el diputado Noale en el recinto de la Legislatura. A pesar de sus reparos, Noale terminó votando a favor de modificar la ley por mandato de su bloque, dijo en la sesión.

Un año más tarde, el diputado dijo a elDiarioAR y Climate Tracker que la ley no fue tratada entre gallos y medianoche. “No fue exprés, el tratamiento cumplió con la normativa”, respondió. “Hay que aggiornarse (actualizarse) a los tiempos que corren”, afirmó. 

En agosto de 2023, en la audiencia pública de Sierra Grande celebrada el 17 de agosto último, el vicegobernador Palmieri dijo ante el auditorio: “Esta obra se podía hacer tranquilamente en cualquiera de las otras provincias que tienen salida al Mar Argentino (...) En esas provincias (Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) está permitido todo y acá estaba prohibido todo proyecto de hidrocarburos. Nos teníamos que sentar a analizar si nosotros estamos a contramano o el resto de las provincias. Aprobamos la flexibilización de la ley”, dijo durante su exposición.

“Si este proyecto no se hace en Río Negro se va a hacer igual”, afirmó Palmieri ante el auditorio. “No hacer nada no puede ser una opción (...) El miedo (a un desastre ambiental) no puede ser una alternativa”, aseguró el vicegobernador. “En el mundo hay 193 países, lo googleé —NdeR: en realidad la ONU da un número de 195—. No todos tienen la suerte de producir petróleo y gas, pero sí todos necesitan y usan petróleo y gas”, afirmó Palmieri.   

“Es el futuro”

El diputado Noale fue uno de los legisladores de Río Negro invitados por YPF a conocer las instalaciones de la petrolera en Loma Campana, Vaca Muerta, ese inmenso universo de campos de fracking en la provincia de Neuquén. Junto a sus colegas de la legislatura y concejales electos viajaron al yacimiento, en las semanas previas a la audiencia pública en Sierra Grande. Otros grupos de legisladores incluso viajaron los días previos.

“Antes de la recorrida por el predio, los anfitriones presentaron a los parlamentarios la iniciativa que consiste en la construcción de un oleoducto de 570 kilómetros, que conectará el yacimiento de Vaca Muerta con una terminal de exportación de crudo en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande”, informaron medios locales.

Días más tarde, Noale y otros legisladores expusieron en la audiencia pública de Sierra Grande, invitados por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para defender el oleoducto.

La modificación de la ley en 2022 fue diseñada a medida del proyecto de YPF: se mantuvo la prohibición de explotación de hidrocarburos en el golfo y se habilitó únicamente el transporte de combustibles fósiles, lo necesario para construir el oleoducto.

“Cuando salió la (ley) 3.308 no existía Vaca Muerta”, dijo Noale ante la consulta sobre por qué finalmente votó a favor de modificar la normativa, a pesar de sus críticas al proyecto y al tratamiento exprés que se le dio en la legislatura. “Es el futuro -agregó Noale-, las actividades del turismo, la pesca y el petróleo pueden convivir”, afirmó el diputado ante las críticas de los vecinos de San Antonio Oeste y Las Grutas, que se oponen al proyecto petrolero. Noale renovó su banca en las elecciones locales de este año, pero integrando otra fuerza política, Unidad Ciudadana. 

Pablo Barreno fue el único legislador de Río Negro que votó en contra de la ley que hizo posible el oleoducto. Barreno integra el Bloque Frente de Todos y pertenece al sindicato de trabajadores judiciales de la provincia. Él no renovó su banca porque no integró la lista de candidatos de su partido, Unidad Ciudadana (ex Frente de Todos).

Segunda vuelta

Por reglamento, el proyecto se sometió a una segunda vuelta de votación en la legislatura el 9 de septiembre, fecha en la que los legisladores debían haber consultado a los interesados a favor y en contra del proyecto para sumar observaciones y modificaciones a la ley. Sin embargo, no se modificó ningún punto del proyecto ni se incorporaron ninguna de las observaciones y modificaciones sugeridas por las asambleas ambientalistas y ciudadanas que habitan el golfo. 

“Eran lesivas con el espíritu principal del proyecto, que era la modificación de la ley”, justificó Noale ante la consulta.

La modificación de la ley tiene una máscara. El proyecto fue presentado como una normativa para establecer las facultades de control sobre el transporte de hidrocarburos a la provincia. Pero en el artículo 15 del texto se modifica la ley de 1999 para permitir el transporte de hidrocarburos en el Golfo San Matías.

“Nuestra provincia no está preparada para fiscalizar este oleoducto. Es una irresponsabilidad porque Río Negro no puede ni fiscalizar las cloacas de Viedma, como ha quedado demostrado en la crisis que atraviesa la ciudad en ese aspecto”, dijo el legislador Barreno a elDiarioAR y Climate Tracker.

Ese 9 de septiembre de 2022, los diputados volvieron a votar y sancionaron la ley. Nuevamente, la sesión fue a puertas cerradas y los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste —quienes ya alertados se habían movilizado a la ciudad de Viedma— no pudieron ingresar a la legislatura. Nuevamente sólo el diputado Barreno votó en contra del proyecto. Esta vez, la diputada María Inés Grandoso se abstuvo; otros dos legisladores se ausentaron; y dos más se retiraron del recinto. Los 40 diputados restantes votaron a favor.  

A finales de septiembre, la nueva ley fue promulgada por el Ejecutivo provincial, entonces a cargo de Arabela Carreras. Su sucesor, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), también es un defensor del oleoducto Vaca Muerta Sur. 

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

Nota: se corrigió un error de tipeo detectado el 25 de octubre en el apellido Iuliano. Se corrigieron errores de tipeo el 18 de febrero de 2024.

ED/DTC

Dos oficiales de la policía de Río Negro, en la patagonia argentina, tomaron de los brazos a Cecilia Salcedo mientras la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Dina Migani, ordenaba expulsar a la docente de la audiencia pública que acababa de comenzar. Era el jueves 17 de agosto de 2023 por la mañana, en el gimnasio Vuta Mahuida de una lluviosa Sierra Grande. Esta localidad rionegrina tiene más de 12.000 habitantes y se ubica a unos 30 kilómetros de la costa atlántica. Aquí, oponerse al oleoducto Vaca Muerta Sur tiene consecuencias.

El auditorio estaba colmado por unas 400 personas, la mayoría vecinos de Sierra Grande, pero también dirigentes políticos y personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la principal petrolera del país. Una multitud le gritaba a Salcedo, la abucheaba, le silbaba, aplaudía para tapar su reclamo. En el escenario, se encontraban Migani; Alejandro Palmieri, vicegobernador de Río Negro; Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande; y Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de la petrolera en la provincia.

Salcedo es integrante de las Asambleas del Curru Leufú y vecina de Las Grutas, localidad costera de Río Negro. Las oficiales de policía la retiraron por la fuerza, antes de que pudiera terminar de explicar su reclamo: afuera del gimnasio, bajo la lluvia torrencial, ciudadanos de su localidad y de la vecina San Antonio Oeste, quienes estaban inscriptos para exponer como oradores en la audiencia pública, no podían ingresar. La policía se los impedía, alegando que el gimnasio había sobrepasado su capacidad. Sin embargo, había sillas vacías y una de las organizadoras en la entrada admitió ante elDiarioAR que había 15 lugares disponibles. Aún así, muchos asambleístas no ingresaron. Había una orden, aunque la policía no informó de quién.

La secuencia que tuvo a Salcedo como protagonista resume en un hecho concreto lo que se preparó durante más de un año, periodo durante el cual YPF realizó actividades de lobby en pos del oleoducto Vaca Muerta Sur, que incluyeron viajes, exposiciones, charlas, reuniones a puertas cerradas con legisladores para lograr barrer con la ley que impedía la construcción del oleoducto y su terminal portuaria en la zona elegida por la petrolera: el Golfo San Matías. Las “charlas informativas” también se realizaron con vecinos de Sierra Grande para convencerlos de que apoyen el proyecto. Así lo confirmaron vecinos, legisladores y otras fuentes consultadas por elDiarioAR y Climate Tracker. 

La secretaria Migani participó también en charlas en paralelo, de acuerdo a las publicaciones locales. Además, la Secretaría de Ambiente de Río Negro contrató a la empresa Vinco Consultora para que diera un curso de capacitación en oratoria a los vecinos de Sierra Grande que expondrían a favor del oleoducto, según admitió una de sus ejecutivas, Orieta Lillo Arenas, en una entrevista con este medio.

Roles confusos

Al inicio de la audiencia pública del 17 de agosto, Suyhay Quilapan, también docente, integrante de la Pastoral Social de Viedma —capital de Río Negro— y de Asambleas del Curru Leufú, había intentado acercarse a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático para advertirle que los oradores que venían a oponerse al oleoducto de YPF no podían ingresar. Fue en vano. Por eso, Salcedo reaccionó de una manera que nunca esperó. Interrumpió la presentación de la audiencia pública cuando escuchó una palabra que vino desde el escenario: “Democracia”. “Esto no es democracia”, dijo a viva voz. Fue cuando Migani tomó el micrófono y ordenó echar a la docente de la audiencia.

Después de que la policía sacó a Salcedo, Migani bajó del escenario y se acercó a las asambleístas en el hall, quienes le mostraron que la gente no sólo no podía ingresar. Afuera, había llegado un grupo de hombres con carteles del sindicato de la construcción (Uocra), bombos y cantos con agresiones al pueblo originario mapuche y a los asambleístas que se manifestaban contra el oleoducto. Los manifestantes, ante la presencia del jefe de Gabinete de Sierra Grande, José María Clemant, impedían que los asambleístas se acercaran al gimnasio.

Migani se asomó para visualizar la escena, pero antes de que pudiera decir algo, personal de seguridad la escoltó hasta el escenario. Los asambleístas que habían logrado ingresar decidieron retirarse ante la imposibilidad de todos los inscriptos para exponer su posición y ante el temor de una escalada de violencia que ya se palpaba.

La audiencia pública fue organizada y convocada por la Secretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de las leyes ambientales y del control ambiental sobre la actividad petrolera en Río Negro. Duró unas 10 horas, durante las cuales no se manifestó una sola voz en contra del oleoducto Vaca Muerta Sur. El gobierno de Río Negro no convocó a ninguno de los científicos que alertan sobre los riesgos de esta obra. Sólo invitó a quienes están a favor.

El ducto y su terminal portuaria son apoyados por los sindicatos locales —desde los médicos y los maestros hasta la construcción, pesqueros y petroleros— y también por sectores empresarios, como la asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores (CERA). Todos ellos se expresaron en la audiencia pública del 17 de agosto último. 

A nivel político, el proyecto es motorizado tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio, los principales partidos políticos. En todo el país es impulsado por el Ministerio de Economía que encabeza el también candidato presidencial Sergio Massa.

“Celebro que las audiencias públicas no sean vinculantes porque en las audiencias públicas que me ha tocado participar la mayoría de las personas son las que se anotan para exponer y para expresarse generalmente en contra del proyecto”, dijo Migani al cerrar la audiencia en Sierra Grande. “Eso no es lo que ha pasado hoy. Realmente estoy sorprendida porque todos los ciudadanos rionegrinos, los vecinos de Sierra Grande se han expresado a favor del proyecto”, dijo, cuando la interrumpieron aplausos del auditorio. “Si las audiencias públicas fueran vinculantes, yo diría ‘está aprobado el Estudio de Impacto Ambiental’”, agregó Migani.

elDiarioAR y Climate Tracker enviaron a la funcionaria el lunes 18 de septiembre un cuestionario para conocer su versión y su posición sobre los hechos que se describen en este reportaje. Ante la falta de respuesta, un vocero de Migani respondió una semana más tarde que la secretaria estaba “con una agenda muy cargada”. Ese mismo día, se envió también un cuestionario a YPF para conocer su versión de los hechos, pero la petrolera nunca respondió porque su agenda está muy ocupada, dijo un vocero de la compañía. Se ofreció a la petrolera y a la funcionaria extender el plazo de entrega de las respuestas, pero no accedieron. Tampoco respondió las consultas el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini.

Los riesgos

¿Por qué es cuestionado el oleoducto y su terminal marítima? Porque en el golfo San Matías, donde se realizará gran parte de la obra, el transporte de hidrocarburos estaba prohibido por ley en pos de la protección de esta área natural, que los científicos consultados para esta investigación —desde biólogos hasta oceanólogos— consideran invaluable.

Punta Colorada, adonde llegarán los buques petroleros a cargar el crudo que traerá el oleoducto desde Vaca Muerta (Neuquén), está rodeada de al menos cuatro áreas naturales protegidas por su alto valor en biodiversidad: Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad; el Parque Nacional Islote Lobos; la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros; y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio. 

“Esta biorregión (el Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico en un comunicado.

Alertaron también sobre las posibles consecuencias de esta infraestructura. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del foro.

Una de las funciones de Migani es analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del oleoducto y su terminal portuaria en Punta Colorada, ubicada a unos 30 kilómetros de Sierra Grande, una postergada localidad donde la mayoría de la población apoya el oleoducto ante la promesa de fuentes de trabajo y prosperidad económica. 

Los estudios fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF, que expusieron sus resultados durante la audiencia y en torno a los cuales debían realizarse las exposiciones de los oradores en dicho encuentro. Francisco Pinilla —representante de ERM Consultora, una de las tres empresas contratadas por YPF para realizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)— expuso en la audiencia del 17 de agosto último: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. Pinilla afirmó que los impactos ambientales del oleoducto y su terminal portuaria serían “entre bajos y moderados”. 

Leandro Loguzzo, de YPF, aseguró al auditorio que las medidas de seguridad del oleoducto y su terminal portuaria —que contará con dos monoboyas desde las cuales los buques cargarán el crudo— garantizan que no hay posibilidad de derrames en el golfo San Matías. Sin embargo, ese sistema ya ha fallado, como en diciembre de 2007, cuando las playas y los pingüinos de Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, Chubut, amanecieron cubiertos de petróleo. De eso no se habló en la audiencia pública, a pesar de que se invitó a exponer al superintendente marítimo de la empresa Termap sobre las bondades del sistema y de su compañía, ya que la empresa tiene altas chances de operar las monoboyas en el golfo San Matías. Ésta también operaba la monoboya durante el desastre ambiental provocado por el derrame de 2007. El derrame fue objetivo de un juicio que terminó con todos los acusados absueltos, como informó el Observatorio Petrolero Sur (OPSur).

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una de las organizaciones ambientalistas que sostienen que el avance de Vaca Muerta para exportar crudo no solo implica riesgos de derrames en una zona de naturaleza invaluable para Argentina, sino que los ambientalistas afirman que también va en sentido contrario a los compromisos asumidos por el país para mitigar la crisis climática actual, como la transición energética a la que se comprometió Argentina a nivel internacional.

“Hay que contemplar los riesgos potenciales a futuro, asociados a la industria petroquímica y sus derivados como, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, que contribuyen al cambio climático”, explicaron el biólogo Cristian De Haro y otros científicos en un trabajo realizado para el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. 

Capacitación selectiva

La capacitación en oratoria pagada por el gobierno de Río Negro se realizó únicamente en el lugar que apoya el proyecto de YPF y se obviaron localidades como Las Grutas y San Antonio Oeste, ciudades en las que las asambleas vecinales se oponen ante los riesgos ambientales y económicos que el oleoducto significa para el Golfo San Matías. Muchos de sus habitantes se dedican al turismo y a la pesca artesanal y buscan proteger sus anchas y hermosas playas y aguas azules. 

Ante la consulta, Orieta Lillo Arenas, co-fundadora junto a Fabiana Alonso de Vinco Consultora, la empresa encargada de la actividad, admitió que no se hizo ningún esfuerzo por contactar a los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste para la capacitación. 

“Se hizo una convocatoria a través de los canales formales de la Secretaría de Ambiente y medios del municipio de Sierra Grande, pero no teníamos el contacto de las asambleas de Las Grutas o San Antonio Oeste”, respondió Lillo Arenas.

Lillo Arenas afirmó que su empresa ha sido contratada en diferentes oportunidades por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para organizar audiencias públicas. Para la capacitación de los vecinos de Sierra Grande, sus fundadoras se trasladaron hasta el municipio a finales de julio y dieron un taller sobre oratoria. Ante la pregunta de cuáles fueron sus honorarios, la abogada dijo que no lo sabía.

Sobre las exposiciones de políticos, académicos, empresarios y vecinos que únicamente apoyaron el oleoducto, Lillo Arenas afirmó: “Debería haber estado el contrapunto, faltó esa parte. Les pedimos a los integrantes de las asambleas que se quedaran” luego del incidente y la expulsión de Salcedo. También admitió que durante el taller de capacitación comprobó que los vecinos de Sierra Grande tenían temores sobre los riesgos ambientales de un oleoducto y terminal portuaria en el Golfo San Matías. 

Los temores de los vecinos de Sierra Grande no fueron mencionados en sus exposiciones en la audiencia. Estos apoyaron casi sin cuestionamientos el proyecto petrolero y dejaron en claro que su localidad ha sido postergada por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales tras el cierre de una mina de hierro de la que vivía la localidad. El oleoducto es para ellos la posibilidad de recuperar trabajo, evitar que los más jóvenes dejen el pueblo y reunir nuevamente a las familias divididas por la falta de empleo.

El oleoducto dará 700 puestos directos de mano de obra, según expuso Leandro Loguzzo, de YPF, en la audiencia pública. “Un porcentaje muy importante será de mano de obra menos especializada”, prometió a los habitantes de Sierra Grande, que esperan con ansias que el proyecto petrolero les traiga prosperidad económica, aunque sea transitoria. “Los vecinos han puesto demasiadas expectativas en el oleoducto”, concluyó Lillo Arenas.   

Amedrentamiento

En Sierra Grande no hay margen para díscolos. En septiembre de 2022, docentes del Instituto de Formación Docente organizaron un debate sobre el oleoducto en el marco de un trabajo de investigación de los alumnos de las cátedras de Artes Plásticas y Música y Ciencias Naturales. Invitaron a exponer sus argumentos al presidente del Concejo Deliberante de Sierra Grande, Mauro Tamburrini, a favor del proyecto petrolero y hermano del intendente; a un profesor en química independiente, Gaspar Siguero; al guardaparques del Parque Nacional Islote Lobos, Leonardo Juber; y a Fabricio Di Giácomo y otros integrantes de las asambleas de Las Grutas y San Antonio Oeste, críticos al proyecto. 

Las autoridades del instituto —según testigos directos— intentaron disuadirlos y sostuvieron que el debate “no era necesario”, porque la información sobre el proyecto estaría a cargo de YPF, cuyos representantes se trasladarían a la localidad para informar a la población. Aún así, los docentes continuaron con los preparativos de la charla, cuyo espíritu era el debate, según pudo reconstruir este medio.

El día de la charla abierta a la comunidad, el sindicato de la construcción también realizó un despliegue a favor del oleoducto en las inmediaciones de la sala. Los asambleístas vivieron el mismo escenario de tensión que se replicaría en la audiencia pública. No era la primera vez que el sindicato amedrentaba a los asambleístas. Ya había sucedido en la puerta de la legislatura de Río Negro, días antes, cuando las asambleas se trasladaron para la segunda sesión que confirmó la derogación de la ley que protegía al Golfo San Matías. Así lo relataron cuatro testigos directos. 

Pocos meses después de la charla, algunos de los docentes que habían organizado el debate debieron dejar Sierra Grande ante presiones, castigos administrativos y acoso por parte de las autoridades del instituto para el que trabajaban, según los testimonios obtenidos por elDiarioAR y Climate Tracker.

Carlos Olmedo, profesor, licenciado y director del Instituto de Formación Docente de Sierra Grande, respondió a elDiarioAR y Climate Tracker que la charla fue “una instancia de información para estudiantes que no sabían de qué se trataba este fantástico proyecto”, dijo en relación al oleoducto. “Creo que todos estaban de acuerdo con el posicionamiento de sí a la obra. Ninguna voz fue acallada”, aseguró Olmedo. “Hay muy pocos que discrepan y esto está relacionado a la necesidad de fuentes de trabajo, aunque siempre se sostiene una preocupación por el cuidado al medioambiente y esto se trata en el Instituto en el área de Ciencias Naturales”, agregó.

Visitas a Vaca Muerta

El objetivo de las actividades de YPF con legisladores de la provincia, funcionarios y vecinos de Sierra Grande fue garantizarse el apoyo incondicional al oleoducto en la legislatura de Río Negro y en la audiencia pública. Así surge de un documento de la compañía (se detallará en la segunda entrega de este reportaje), publicaciones en redes sociales y testimonios en on the record y en reserva de parte de testigos directos. Todo estuvo desde el inicio bajo el control de la petrolera y de las autoridades que apoyan el proyecto hidrocarburífero. 

El 20 de julio, cuatro semanas antes de la audiencia pública, Tamburrini, intendente de Sierra Grande, encabezó una comitiva que viajó desde la localidad rionegrina hasta las instalaciones de YPF en Vaca Muerta, invitados por la petrolera. “El jefe comunal arribó a la capital neuquina acompañado por Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo (municipal), integrantes de la mayoría de los bloques del Concejo Municipal, referentes sindicales y gremiales, integrantes de las Juntas Vecinales y medios de comunicación”, también locales, según publicó la intendencia en su cuenta de Facebook. 

“Sierra Grande ha adoptado este proyecto como propio. Lo va a defender desde el debate porque la gente se ha informado”, aseguró Tamburrini a este medio el día de la audiencia pública. El oleoducto “implica desarrollo y crecimiento. Sierra Grande es una comunidad que estuvo 30 años postergada en desarrollo y crecimiento”, afirmó el intendente. “El riesgo ambiental existe, pero es improbable”, estimó Tamburrini.

Para que el oleoducto sea posible, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Dina Migani, debe aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de las obras. En septiembre, la funcionaria fue denunciada ante la Justicia penal por haber supuestamente obstruido la participación de habitantes de Río Negro que estaban inscritos en la audiencia pública para manifestar sus críticas al proyecto petrolero. 

Nota: este artículo se corrigió el 14 de octubre de 2023 a las 11:38. Donde decía “Curru Leufús” debió decir “Curru Leufú” y donde decía “San Antonio Este” debió decir “San Antonio Oeste”. También se corrigieron errores de tipeo el 18 de febrero de 2024.

ED/DTC

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

En esta campaña electoral, pareciera que “la anti-corrupción se volvió de derecha”. Los discursos que buscan sintonizar con el descontento hacia el sistema político logran anudar el malestar de amplios sectores de la población con la captura del Estado, las autoridades públicas y el desvío de fondos. Pero se enfocan exclusivamente en la ética de las y los funcionarios. Esta simplificación oculta tanto el rol empresario en los actos de corrupción como sus consecuencias en el desfinanciamiento de los recursos públicos que deberían destinarse a garantizar derechos. 

La corrupción impacta en nuestra democracia. Produce mayor desigualdad en múltiples sentidos (económica, social, política, de género) y distorsiona fuertemente los fines colectivos del gasto público. Pero el daño no es solo distributivo, afecta seriamente la legitimidad del accionar del Estado ya que disminuye la confianza en la democracia y el Estado de Derecho. Por eso no sorprende que resurjan discursos que asocian la corrupción y los privilegios de la política con la propuesta de reducir al mínimo las capacidades y funciones de los Estados.

El Estado –a través de sucesivos gobiernos– no hace esfuerzos suficientes para prevenirla, detectarla, sancionarla y evitar que se vean afectados los recursos públicos que se precisan para satisfacer los derechos del conjunto de la población. Los déficits estructurales de los mecanismos de prevención de este fenómeno y de nuestro sistema tributario y fiscal –cuya matriz favorece la concentración de la riqueza y la profundización de la desigualdad– son parte central de la grave crisis social y económica que atraviesa la Argentina. Corrupción pública y evasión fiscal son convergentes pero rara vez se asocian cuando se identifica el déficit de recursos estatales para afrontar la efectivización de derechos. 

Defender la democracia y creer que el Estado tiene una responsabilidad central en reducir las desigualdades y garantizar los derechos, obliga a repudiar la corrupción. Un mal que es necesario eliminar pero que no debe confundirse con eliminar áreas enteras del Estado. Esas iniciativas antiestatales suelen desconocer las significativas formas de corrupción que se originan en la captura corporativa de lo común y que tienen aún más capacidad de ocultarse al escrutinio público. Es necesario abordar esta problemática de forma amplia, tanto desde la responsabilidad que recae sobre las y los efectores públicos como de aquella que incumbe a la parte del sector privado que corrompe. 

El yin yang de la corrupción

Según datos del Observatorio de Causas de Corrupción, una plataforma construida para saber qué pasa con la investigación de la corrupción en Argentina, en los últimos 10 años se iniciaron un total de 1499 causas judiciales que corresponden a hechos en los que participaron funcionarios/as públicos, afectaron un interés público y/o tenían una vinculación con la actividad de una repartición pública (esto incluye delitos como el abuso de autoridad y la violación a los deberes de funcionarios públicos, la defraudación en perjuicio de la administración pública, y la malversación de fondos públicos, entre otros). Lamentablemente, no es posible conocer cuántas personas fueron condenadas porque no hay estadísticas judiciales de estos casos, ni de ningún otro.

Tampoco existen estadísticas precisas sobre los recursos que se pierden a causa del fraude fiscal en Argentina, si bien al contrastar las estimaciones y los datos disponibles se advierte que una buena porción de activos en el exterior de propiedad de residentes argentinos no está declarada. Las estimaciones son muy dispares según la metodología que se utilice. Por un lado, se calcula que en 2020 se perdió el 0.7% del PBI por el abuso tributario corporativo y a la evasión fiscal de riqueza financiera colocada en guaridas fiscales. Por otro lado, se estima que debido al desvío de ganancias de empresas multinacionales se pierde el 4.4% del PBI por año. 

Argentina aparece tercera en el ranking global de países con dueños de empresas en guaridas fiscales, publicado en la investigación periodística conocida como Pandora Papers. Esta investigación puso en evidencia que las riquezas acumuladas mediante la elusión y la evasión en cuentas offshore no son sólo el reflejo de un sistema económico y tributario injusto. También son herramientas de impunidad para el delito y la corrupción que quitan recursos al Estado y siembran inestabilidad económica. Muchos de los recursos públicos que son apropiados mediante hechos de corrupción por agentes del sector público y/o privado, encuentran en estas guaridas el refugio ideal para esconderse y evitar el accionar de la justicia.

Captura del Estado 

La tendencia a la captura del Estado por el poder corporativo y la consecuente profundización de las desigualdades de poder existentes son preocupantes. Los mecanismos de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades son múltiples: campañas mediáticas, puerta giratoria, ruptura de mecanismos ordinarios regulados para la toma de decisiones, lobby y control de conocimiento, entre otros. En Argentina uno de los factores que facilita esta captura, es la casi nula existencia de canales institucionales de participación de la ciudadanía en las discusiones acerca de las políticas que afectan su acceso a derechos. Esto produce un desbalance inmenso en la posibilidad de influir en la toma de decisiones, según el poder económico de los diferentes sectores de la sociedad. Un ejemplo de este desequilibrio son las políticas de gastos tributarios: las exenciones, tasas diferenciadas u otros tratamientos especiales que el Estado otorga a ciertos sectores a través del marco tributario. Este tipo de gastos reducen alrededor de un 15% la recaudación de impuestos y suelen ser aprobados mediante procesos de toma de decisiones cerrados y opacos.

La falta de participación, de previsión de objetivos claros y de justificaciones en la definición de esos beneficios, así como la ausencia de mecanismos de evaluación adecuados sobre sus ventajas y desventajas, dan lugar a la implementación de privilegios fiscales. En nuestro país se comprobó que, como consecuencia del marco de opacidad en el que se aprueban e implementan, generaron un sistema proclive a la evasión y a la corrupción, y tuvieron un impacto negativo en la igualdad al beneficiar mayoritariamente a sectores con altas rentas y forzar la compensación de los gastos tributarios con impuestos regresivos (como el IVA).

La definición del régimen de promoción de la minería regulado en los años 90 por la Ley 24.196, por ejemplo, es una muestra de los déficits de este tipo de políticas. Se aprobó con menos de cuatro meses de discusión parlamentaria y sólo participaron representantes de intereses de las empresas mineras, sin el involucramiento de las comunidades o habitantes de las zonas en las que se encontraban los proyectos mineros. Se consolidaron beneficios a las compañías sin razones expresas sobre su necesidad ni metas concretas para evaluar sus impactos. A tres décadas de su aprobación, sigue pendiente una evaluación integral de los impactos fiscales de tal régimen que permita vislumbrar recursos capturados.

El caso de la minería no es la excepción y, lamentablemente, la casi nula justificación de este tipo de políticas es moneda corriente en Argentina y en el mundo. La OCDE comprobó que muchos de estos beneficios fiscales han sido considerados la onceava razón entre doce mencionadas por empresas para definir sus inversiones y que, en la mayoría de los casos, la inversión hubiera tenido lugar igualmente sin ellos.

Un asunto de derechos

Es necesario retomar de forma urgente el compromiso por una agenda intersectorial de lucha contra la corrupción, desde una perspectiva que se enfoque en sus impactos sobre los derechos humanos, la calidad de la democracia y la igualdad. Es fundamental hablar del rol de los poderes judiciales, del financiamiento de la política, de los sistemas de compras y contrataciones, las leyes de ética pública, los organismos de control y la participación del sector privado. En 2019, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y especialistas de Argentina elaboró el Acuerdo Social Anticorrupción, una propuesta de abordaje integral de los desafíos que tiene el Estado argentino en esta materia. Entre sus ejes prioritarios se incluye la investigación y sanción de la corrupción pública y privada.

En tiempos en que el poder económico se concentra más en algunas grandes corporaciones que en los Estados deben fortalecerse las herramientas destinadas a luchar contra la corrupción en un sentido amplio. Esto implica reafirmar los mecanismos de control, participación ciudadana, transparencia, recaudación y lucha contra la criminalidad económica. 

Se necesitan marcos normativos e institucionales eficaces que puedan atacar este fenómeno en el nivel político y que al mismo tiempo permitan reducir la captura del Estado por los sectores concentrados de la economía. Hay que revertir la corrupción para consolidar la calidad de nuestra democracia, limitar a los poderes económicos corporativos, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y destinar el máximo de los recursos disponibles a hacer efectivos los derechos.

La serie publicada por elDiarioAR está basada en el manual “Mitos Impuestos: una guía para disputar ideas sobre lo fiscal”, una iniciativa del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, con el apoyo de ACIJ y FES Argentina y la edición de Revista Anfibia. Los textos expresan exclusivamente la opinión de las personas autoras sin representar necesariamente las perspectivas de las personas y organizaciones que integran el Espacio.

La Dirección Nacional de Aduanas encabezó este jueves 51 allanamientos en bancos y empresas en el marco de una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por un valor del orden de los US$400 millones a través de SIMIs apócrifas.

Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.

Las SIMIs son el trámite por el cual se pide la autorización para compras en el exterior y su pago a través del mercado cambiario oficial.

“Se investiga la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas”, indicó la Aduana en un comunicado.

El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola.

La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.

Según informó la Aduana “la investigación surge de un cruce sistémico comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras”.

“Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución – fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos”, añadió la dependencia a cargo de Guillermo Michel.

Siempre de acuerdo a la versión oficial “Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país”.

El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.

“En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas”, indicó la Aduana.

La dependencia remarcó “que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita”.

La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.

La Aduana agregó que en un domicilio en Belgrano, ante la llegada de agentes del organismo y de la Policía Federal, “las personas presentes en el lugar se fugaron por la terraza”. “Al ingresar, la Aduana encontró cajas fuertes vacías y una máquina de contar billetes. Todo indica que además vendían celulares de alta gama y accesorios de telefonía en forma irregular”, se informó oficialmente.

En algunos casos los CUITs utilizados para las maniobras ilícitas correspondían a personas fallecidas, completó la Aduana.

Con información de NA.

IG/JJD

Hecha la ley, hecha la trampa. Las empresas de alimentos fabricaron trucos para evitar que sus productos lleven los rótulos de advertencia de la ley de etiquetado frontal que alertan acerca de los productos con exceso de calorías, sodio, azúcares y grasas. Algunos encontraron vericuetos legales (e ilegales) para no mostrar los octógonos en los envases, otros modificaron sus productos para evitar la sanción. 

Advertir sobre las cantidades excesivas de estos nutrientes críticos, asociados al sobrepeso y la obesidad, favorece la prevención de las enfermedades no transmisibles (ENT) -como la diabetes, algunos tipos de cáncer o la hipertensión arterial- que causan el 73% de las muertes en la Argentina. Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio son determinados por los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos márgenes son más laxos durante los dos primeros años de aplicación de la ley, es decir hasta noviembre de 2023. 

Una de las maneras que las empresas encontraron para esquivar los octógonos negros es la modificación de sus productos. Como explica la nutricionista y docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Valentina Martínez, a veces estos cambios no hacen más saludables a los productos, como alienta la normativa, sino todo lo contrario. 

“La ley establece como límite que sólo el 30% del total de energía del alimento puede provenir de las grasas totales. Por eso lo que ocurre con algunos productos que tienen la imagen de ser light es que les aumentaron las calorías sin bajar las grasas totales. El resultado es que son más calóricos, pero sin los octógonos en el envase”, sostiene Martínez 

El queso crema Finlandia en su versión roja no tiene octógonos como sí los tiene en su versión verde o light. El motivo es que en su versión roja aumentó las calorías sin bajar grasas totales. Es decir que es menos saludable que su versión verde, pero no tiene advertencias. Este medio se comunicó con la empresa fabricante, Mastellone Hermanos, que no respondió las consultas. 

Otro truco: para evitar el etiquetado en una de sus golosinas, la empresa Arcor modificó la rotulación de su turrón de maní y lo inscribió como un “suplemento dietario a base de vitaminas C y A en oblea rellena con pasta de turrón de maní”. De este modo, el producto queda fuera de la regulación porque la ley de etiquetado frontal no alcanza a los alimentos para propósitos médicos específicos o los suplementos dietarios. Consultada por este cambio, la empresa no hizo comentarios.

Las marcas que más sufren el efecto del etiquetado son aquellas que tienen productos que aparentan ser saludables y, tras la entrada en vigencia de la ley, quedaron expuestas. En las redes sociales se multiplican los mensajes de sorpresa de los usuarios que gracias a los octógonos descubrieron que las Chocoarroz, de la empresa Molinos, tienen exceso de calorías, grasas totales, grasas saturadas y azúcar. 

La publicidad negativa de los octógonos de advertencia también afecta a los productos que se comercializan para los niños. La ley establece que aquellos que tengan al menos un sello no pueden incorporar en el envase personajes infantiles, animaciones, celebridades, regalos o hacer concursos. Tampoco pueden tener información nutricional complementaria, logos o frases con el patrocinio de sociedad científica o asociaciones civiles. Esto llevó a que algunas empresas cambiaran sus productos para continuar con la publicidad. 

“Un ejemplo es el de las patitas de pollo: hay una empresa que sacó el prefrito y lo reemplazó por un horno a muy alta temperatura que consigue el mismo dorado pero sin agregado de grasas, además le bajaron la cantidad de sal y entonces no tiene el sello”, explicaron desde el Ministerio de Salud a este medio. 

Otras compañías buscaron soluciones apelando a los avances de la tecnología en alimentos. “Con yogures y postres lácteos se comenzó a utilizar la enzima lactasa para desdoblar la lactosa en los dos azúcares simples que lo componen (galactosa y glucosa) en busca de obtener mayor sabor dulce. De esta forma se puede bajar la cantidad de azúcar añadida y no resignar sabor. Algunos productos logran así evitar el sello de 'exceso en azúcar', aunque siguen siendo un ultraprocesado”, explica la nutricionista Andrea Graciano.

Danonino se publicita como un producto “100% libre de sellos” y resalta en la góndola por su packaging colorido con princesas de Disney y personajes de Peppa Pig. Consultados por elDiarioAR, en Danone no dieron detalles respecto de la reformulación aplicada. Explicaron que se puede modificar el “perfil nutricional de un producto a través del reemplazo de un ingrediente por otro o bien la reducción/ eliminación de un ingrediente específico que deriva a que el producto tenga menos azúcar, grasas y/o calorías”.  

Puntualmente sobre el Danonino, trabajado por el marketing como un producto que ayuda a crecer a los niños, señalaron: “Como marca líder en nutrición infantil, ha logrado alcanzar objetivos nutricionales muy ambiciosos y de manera gradual contribuyendo a la aceptación de bajo umbral de dulzor y también a aceptar sabores naturales por parte de los más pequeños. Para ello desde el año 2010 viene evolucionando su perfil nutricional reduciendo el contenido de azúcar agregada y balanceando los sabores”.

La francesa Mélissa Mialon, ingeniera en alimentos y doctora en nutrición, explicó a elDiarioAR que los cambios son mayormente para que los entes reguladores no identifiquen los excesos. “La gente empezó a comer más edulcorantes y la Organización Mundial de la Salud tiene claro que no es una opción segura, por lo que podemos decir que la gente realmente no empezó a comer de forma más saludable. Se está realizando un experimento a nivel poblacional. La industria está utilizando otros aditivos y lo que debería ocurrir es que los alimentos ultraprocesados son los que deberían regularse”, afirmó Mialon. 

A nivel mundial, las cosas no son tan diferentes. Las empresas de alimentos que más venden en la Argentina son multinacionales que han combatido la ley de etiquetado en México, Chile y Ecuador. Una buena parte de ellas, como Coca Cola, decidieron no modificar sus productos para evitar el etiquetado porque consideran que, tal como existen, son muy populares. Un firma señaló incluso que registraron una reacción negativa de los consumidores cuando decidieron retirarle azúcar a su gaseosa emblema.  

Algunos productos en la Argentina como los bizcochos de grasa Don Satur no tienen octógonos en sus paquetes no porque sean especialmente saludables, sino porque las pymes tienen una prórroga hasta noviembre de 2023 para adecuarse a la ley.

Envases ilegales

La guerra por la publicidad se libra en la imagen. El Ministerio de Salud detalló a este medio al menos nueve formas irregulares que utilizaron las empresas para evitar que los mensajes de advertencia aparezcan visibles en sus productos. En esto la ley es clara: los octógonos deben ir en el frente, tienen que ser negros y no pueden ocultarse con publicidad. 

No solo el Ministerio de Salud relevó irregularidades. La  Fundación Interamericana del Corazón (FIC) alertó en un informe que  “en el 83% de los supermercados se detectó incumplimiento respecto a la disposición de productos en la góndola”. Además advirtieron que “en el 67% de los supermercados se encontraron promociones asociadas al precio -como 15% de descuento y 50% de descuento en la segunda unidad- en productos con sellos, lo cual también evidencia un incumplimiento a lo dispuesto en la ley”.  La fundación además advirtió que el 19% de los productos no cumplía con el tamaño correspondiente de los octógonos. 

Sólo siete provincias adhirieron a la ley y ninguna sancionó normas complementarias

Siete provincias adhirieron a la ley con variado avance de aplicación: Chaco (aplica el 65% de los artículos), Salta (67%), La Rioja (65%), Neuquén (75%), Río Negro (70%), Chubut (63%) y Tierra del Fuego (67%). Esto no quiere decir que el etiquetado no se aplique, debido a que la ley nacional rige en todo el territorio, pero impide el correcto control. 

Ninguna provincia sancionó leyes que complementen la ley nacional como ocurrió en otros países como algunos estados de Brasil que limitaron que las compras públicas sean de productos con advertencias. 

GV/DTC

Unos 80 audios revelados en parte esta semana dejaron expuesto un circuito de corrupción en la Armada que tuvo lugar al menos durante el primer trimestre de 2011. Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz presentaron las pruebas, que nunca habían sido analizadas, durante su alegato en un juicio oral y público contra dos capitanes de Corbeta, en el que describieron un explícito circuito de corrupción en la compra de alimentos para la Escuela Naval Militar.

Los acusados son los militares Ceferino Luis Rivero y Guillermo Ariel Ferner, quienes presenciaron el alegato de los fiscales conectados de manera virtual y vistiendo sus uniformes militares. Están imputados como coautores del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública calculado en más de $13.000.000.

Uno de los acusados admite en los audios que “recaudaba para la corona” y proponía ser parte del negocio a su interlocutor. “No entendemos por qué (esta investigación) no avanzó sobre mandos mayores”, dijo el fiscal Luciani al comienzo de la audiencia ante el Tribunal Oral Federal número 2, con sede en Comodoro Py 2002 e integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Los fiscales solicitaron al tribunal que ordene la investigación de otros involucrados nombrados, entre ellos los proveedores y otros jefes de la fuerza armada, además de otros hechos descriptos en los audios.

Los audios describen cómo los militares habían realizado un acuerdo con los proveedores de alimentos para los cadetes de la escuela que implicaba que los privados sólo entregaban entre el 20% y 25% de la comida contratada o incluso menos. El 75% o 80% de los alimentos restantes volvían a manos de los proveedores y el dinero, de los militares. Les daban espinazo a los cadetes pero ingresaban al sistema que habían comprado roast beef, literal. “Se simulaban ingresos con remitos falsos”, explicó Luciani, quien pidió tres años y seis meses de cárcel para los acusados.

Hablan de “peajes”, “protección”, “evitar salir en los diarios”, “aparecer en una zanja”, “negocios” y apuntan hacia arriba, aunque la causa nunca avanzó más allá. “Hay que participar a todo el mundo” y “no hay que ser demasiado ambicioso en los negocios” porque “no hay una fortuna para repartir”, dice uno de los capitanes involucrados. Los fiscales de juicio solicitaron este viernes al Tribunal Oral Federal número 2 que se investigue a todos los responsables en la cadena de mando. En los audios también hablan de otros negocios en otras áreas de la Armada de entonces en los que habrían recaudado el equivalente a un millón de dólares.

“Si el jefe se va al tacho, no se va solo. Si yo me voy al tacho, no me voy solo”, se escucha al capitán Rivero en uno de los audios.

Los audios habían sido aportados por un oficial de la Armada que grabó las conversaciones con los involucrados y las presentó ante la Justicia. Sin embargo, Luciani detalló que nunca habían sido analizados en la instrucción de la causa, entonces a cargo del fiscal Patricio Evers y fueron desestimados por la propia Armada. 

La causa se inició el 29 marzo de 2011 por una denuncia del capitán de navío y director de la Escuela Naval Militar, Juan José Iglesias, ante una serie de irregularidades en el suministro de alimentos para la institución.

En la denuncia, “Iglesias señaló la existencia de remitos de recepción de mercaderías -emitidos por Ferner y suscriptos por Rivero-, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2011, de los que surgía que se habían recibido grandes cantidades de alimentos que excedían la cantidad de consumos habituales, y cuyo ingreso y almacenamiento en la institución no pudo verificarse”, informó la fiscalía.

Rivero era entonces responsable de la División Servicios y Pañoles de la Escuela Naval Militar, un lugar descripto en los audios por el capitán Rivero como “un lugar donde podemos hacer unos pesitos”. Ferner oficiaba como jefe de la División Sistema de Aprovisionamiento Único (S.A.U.).

Rivero también sostiene en uno de los audios que si él cae, se “lleva puesto al jefe de Departamento. El jefe de Departamento se lleva puesto al director y algún lado se corta la cadena”. “Yo pago por estar acá”, afirmó Rivero en un audio.

El acusado aseguró en un audio que si las ganancias espurias no se repartían: “Me ponen un voleo en el orto”. “Cuando me lleven puesto a mí, yo lamentablemente me llevó puesto a la DIAB -por la Dirección de Abastecimiento Naval- y alguno termina en una zanja”, dijo el capitán de Corbeta después de pedir “protección” al suboficial que lo estaba grabando en secreto y que cumplía parte de las tareas en la recepción de los alimentos. El suboficial denunció la amenazas pero éstas fueron desestimadas por la Armada y la Justicia de instrucción, sostuvo Luciani.

La DIAB tenía a su cargo la confección del menú para toda la Armada y elaboraba los pedidos de víveres para que se labraran los pliegos para las licitaciones, sostuvo la fiscalía ante el tribunal. Luego, la División S.A.U. podía recibir la mercadería en los depósitos de la Armada o directamente en los destinos asignados.

ED/JJD

El Mercado de Hacienda de Liniers, emblema del sector ganadero en Argentina, abandonó en mayo de 2022 el predio que ocupaba en Lisandro de la Torre 2406, en el barrio porteño de Mataderos, para reubicarse en la localidad de Cañuelas. De acuerdo a un informe judicial, dejó un pasivo ambiental del que nadie se hace cargo y sobre el que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Administración de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) no ordenaron ninguna sanción hasta el momento. Así surge de un documento y consultas hechas por elDiarioAR a fuentes judiciales, a la empresa involucrada y a los organismos responsables.

El juez federal Sebastián Casanello elevó en agosto último un informe sobre el estado del predio donde se trasladaba el ganado antes de la faena. El escrito fue dirigido a distintas autoridades de la Ciudad y Nación con el objetivo de que tomen cartas en el asunto, luego de una investigación que el juzgado viene realizando sobre la presunta contaminación del arroyo Cildañez -que desemboca en el Riachuelo- y que se debería al vuelco de los desechos del ganado por parte de la empresa que administraba el predio. 

La ganadería es una de las principales actividades apuntadas por los ambientalistas ante el avance de la deforestación de bosques nativos para la extensión de los campos de cría de ganado y la plantación de soja y otras fuente de alimentación de los animales que terminan siendo llevados, en parte, al Mercado de Liniers y a los frigoríficos del país y el exterior para el consumo de carne vacuna.

Desde 2017, las autoridades del Mercado de Liniers vienen siendo investigadas y procesadas por volcar al arroyo Cildañez los “efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno generados a su vez por el lavado de camiones y escurrido de agua en el sector de corrales y atracaderos de esa empresa, sin el permiso correspondiente y en infracción a la normativa ambiental”, según uno de los fallos analizados. El arroyo desemboca en parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el sur de la Ciudad.

El predio fue propiedad del Estado Nacional, luego transferido al Estado porteño, pero era explotado por la empresa privada Mercado de Liniers SA. En mayo de 2022, tras las denuncias e investigaciones por contaminación del agua y suelo con los desperdicios del ganado, la compañía trasladó su actividad a un predio en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, pero dejó el predio de Mataderos sin remediar el pasivo ambiental. Las autoridades, según determinó el juez, no hicieron nada. 

elDiarioAR se comunicó con la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APRA) y con la Administración de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) para conocer sus versiones de los hechos. Ambos organismos deslindaron responsabilidades. Acumar apuntó a APRA y APRA no acusó recibo.

El informe que recibieron de parte del juzgado constata, en base a inspecciones y una pericia, que entre 2019 y 2020 se detectaron sustancias contaminantes en el suelo y aguas subterráneas del predio, entre ellas, hidrocarburos, nitritos, cobre y plomo. Aún así, la empresa siguió funcionando.

Cuatro años más tarde, “APRA no ha aprobado un Plan de Remediación”, sostiene el juzgado. “Existen informes relevados por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de Acumar que sugieren que se evite el contacto de la población con el agua subterránea, en atención a los parámetros advertidos en exceso (de sustancias contaminantes), y a la fecha no se ha determinado el impacto ambiental y en la salud”, afirma el escrito consultado.

¿Cuánto pagaron como sanción económica la compañía y sus responsables por la contaminación? Apenas $3.000.000 a nivel nacional y otros $15.000 en la Justicia Contravencional de la Ciudad, donde incluso admitieron haber contaminado el arroyo Cildañez.

¿Tuvieron los responsables de la empresa consecuencias penales? Si bien Casanello procesó dos veces al ex presidente de Mercado Central SA, Roberto Juan Arancedo, por contaminación del arroyo Cildañez, el caso no sólo no llegó al juicio sino que terminó en una probation. En agosto último, el juez también procesó al actual presidente de la compañía, Oscar Alberto Subarroca, por otros vuelcos posteriores, ocurridos en 2020, pero la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento en los últimos días por considerar que el fiscal Carlos Stornelli debe revisar si los hechos de la acusación son o no los mismos investigados en la Justicia porteña, a pesar de que se trata de diferentes acusados.

Ante la consulta de elDiarioAR para conocer su versión de los hechos, Subarroca respondió que esta nota es “extemporánea” y motivada, según su parecer, “a no tener nada que hacer o hacer alguna maldad innecesaria”. Para la Justicia federal, el pasivo ambiental que dejó a su pasó la empresa que dirige no tiene nada de extemporáneo. En su descargo ante el juzgado, Subarroca dijo que la muestras tomadas para analizar el vuelco al arroyo habían sido tomadas de manera errónea y que no se habían seguido los protocolos. 

¿Qué responde APRA ante el escrito que le envió el juzgado? El organismo a cargo de Renzo Morosi se desentendió del tema. “La causa es de carácter reservado y la Agencia no es parte en ella, por lo que no es posible dar ninguna precisión al respecto”. elDiarioAR había preguntado qué medidas tomarían ante el oficio sobre el pasivo ambiental dejado por la empresa que envió el juzgado a APRA.

En Acumar, a cargo de Martín Sabbatella, respondieron que el organismo “viene trabajando en eso desde diferentes áreas” y que “en julio de 2023 se solicitó información ampliatoria en relación al Expediente que se tramita ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA)”, pero agregó que aún no ha recibido información de la Ciudad. Por otro lado, solicitó un nuevo informe sobre el pasivo ambiental, a pesar de que el ya existente no generó ninguna medida que resolviera el problema. El organismo “se está ocupando de instar a resolver la situación”, agregaron desde Acumar, donde explicaron que las solicitudes a la Ciudad son medidas tomadas en el caso si bien no son sanciones a los investigados.

Este medio también preguntó cuál fue el destino que se le dio a los $3.000.000 que recibió Acumar de Mercado de Liniers SA y sus pasadas autoridades como parte de la pena por contaminar el arroyo. El dinero ingresó efectivamente al organismo el 17 de julio último y fue destinado al Fondo de Compensación Ambiental, “a través del cual el organismo recauda los fondos provenientes de las distintas sanciones que se imponen a las empresas ante los incumplimientos de la normativa ambiental vigente”, dijo Acumar. “Este Fondo es destinado, según lo indica la ley, prioritariamente a la protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”. El organismo no especificó si lo destinará a solucionar la contaminación del Cildañez.

Casanello también envió copia del informe sobre el pasivo ambiental al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié; y a la Secretaría de Ambiente porteña, que dirige Inés Gorbea. Aysa también recibió el informe, pero en la empresa estatal de agua dijeron a elDiarioAR que el agua presuntamente contaminada no está conectada a la red de consumo de la Ciudad.

Nota: este artículo se modificó el 15 de septiembre de 2023 para agregar una réplica solicitada por Acumar en la que el organismo explicó que ha tomados medidas al solicitar información a la APRA, aunque no sean medidas sancionatorias, y que “se está ocupando de instar a resolver la situación”.

ED/DTC

Analizar cuánto recibe la Ciudad de Buenos Aires por el alquiler de sus inmuebles puede parecer un viaje al pasado, cuando el país registraba otro índice de inflación, muy lejos del 113% interanual actual. Desde las propiedades más pequeñas a los predios de casi 50.000 metros cuadrados, el Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, mantiene un sistema de cánones cuestionado, que sería buen negocio sólo para sus inquilinos: los costosos restaurantes en la Costanera Norte y polos gastronómicos, boliches, inmobiliarias, depósitos de comercios, playas de estacionamiento privadas, canchas de tenis y fútbol y hasta Artear, la sociedad de Canal 13, del Grupo Clarín. Todos ellos pagan sumas muy alejadas de los precios del mercado, de acuerdo con la información oficial a la que accedió elDiarioAR. 

En julio último, Felipe Miguel, jefe de Gabinete del gobierno de Rodríguez Larreta, respondió un pedido de informe del legislador opositor Juan Manuel Valdés (Grupo Bicentenario, peronismo porteño) con la lista de valores actualizados por un total de 108 concesiones de la Ciudad. El Ejecutivo porteño percibe poco más $92.000.000 por mes por 89 de estas propiedades concesionadas. Los plazos de los contratos son de entre 5 y 30 años.

Otras doce concesionarios tienen cánones “variables”, cuyos montos no se dieron a conocer o no pagan canon a la Ciudad porque “compensan con obras”. Otras propiedades se abonan a la Secretaría de Cultura porteña —tampoco se informó cuánto pagan— o sus cánones se abonan en paquete con otra propiedad concesionada por el gobierno porteño. Hay dos concesiones, entre ellas Paseo Gigena, en las que aún no comenzó la explotación comercial y por ende el concesionario no está abonando canon. 

elDiarioAR informó el 6 de agosto que Luis Caputo y Santiago Bausili, ex funcionarios de Mauricio Macri, están detrás del millonario negocio inmobiliario de Paseo Gigena, ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo, que es terreno público. Ambos consultores organizaron el fideicomiso para financiar una megaobra. Mientras los privados negocian alquileres en dólares, el gobierno de Rodríguez Larreta cobrará un canon en pesos que, en el mejor de los casos, corresponderá al 15% de la facturación de los privados.

Valores 

Los cánones mensuales que actualmente se están pagando incluyen valores que van desde los $21.119,32 por un depósito debajo de una autopista hasta los $13.700.000 por Punta Carrasco, en la Costanera Norte. En algunos pocos casos las concesiones están a nombre de particulares y no de empresas, pero no hay registro público que ayude a identificarlos y localizarlos, ya que en las adjudicaciones no figuran sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI). 

El predio que explota Punta Carrasco SA es el canon más alto. Sin embargo, se trata de 48.000 metros cuadrados y el metro cuadrado se concesiona a apenas $285. El canon, considerado muy bajo en comparación a los valores del mercado, ha sido actualizado porque era aún más bajo, ya que en 2017 el concesionario pagaba $400.000 por mes. elDiarioAR intentó comunicarse con la sede de la sociedad que explota el predio pero no fue posible comunicarse con el número de teléfono publicado en el sitio oficial.

Otro canon informado es el del centro de exposiciones Costa Salguero, explotado por la concesionada a Telemetrix SA con plazo hasta el 31 de diciembre próximo. La restitución será parcial, informó Miguel, y ya se ha procedido a la restitución de algunos de esos espacios. El canon actual es de $1.074.865,60. Este medio se comunicó con la sede de la compañía a cargo de la concesión pero aún no recibió respuesta.

Costa Salguero es el predio usualmente elegido por el gobierno de Rodríguez Larreta para su búnker electoral. Además, el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad contrató a la firma que explota el predio por $128.384.000 para la “Provisión de un Espacio para emplazar el Centro de Cómputo y Monitoreo de las elecciones de la Ciudad donde se llevará a cabo el Escrutinio Definitivo del Distrito”, informó Tiempo Argentino.

En el caso del edificio de Artear SA, en Lima 1261, barrio porteño de Constitución, donde funcionan Canal 13 y Todo Noticias (TN), el multimedios del Grupo Clarín abona un canon de $784.424,73. El predio tiene 8.750 metros cuadrados, informó el multimedios ante la consulta, lo que arroja un valor de $90 el metro cuadrado, entre 20 y casi 30 veces menos que el valor dle mercado, de acuerdo al sitio inmobiliario Zonaprop. Los precios de alquileres en Constitución oscilan entre $1.871 el metro cuadrado y $2.685 el metro cuadrado. “El precio del canon inicial fue establecido por la Ciudad”, respondió Artear ante la consulta.

En la compañía respondieron que “el proceso de adjudicación del predio se llevó a cabo a través de una licitación pública y forma parte de un plan de urbanización e integración al tejido urbano de los bajos de autopistas de toda la Ciudad”. “Para formalizar el resultado de la licitación, el 21 de diciembre de 2020, Artear y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebraron un acuerdo de concesión de uso y explotación de carácter oneroso por el inmueble en Lima 1261 bajo la traza de la autopista 25 de Mayo por un período de hasta 30 años”, agregó el multimedios, que ocupa el predio desde su privatización, en 1989. Antes, Canal 13 era del Estado y también ocupaba el predio desde la dictadura militar.

Artear aseguró que “presentó y logró la aprobación por parte de la Ciudad de un plan de mejoras y equipamiento por $170.809.000 que incluye la refacción del predio, parquización, iluminación junto a la construcción de una plaza interactiva y tres locales comerciales destinados a ONGs (UNICEF, Hospital Garraham y Fundación Huésped). Además, se construyó un espacio multiuso destinado al Ministerio de Educación de la Ciudad sobre la calle San Juan”. Se destina el 10% del frente y contrafrente del predio para obras de la Ciudad, dijo la compañía de medios.

Un sistema cuestionado

En general, las concesiones de los inmuebles de la Ciudad se licitan o se subastan. En la mayoría de los casos se trata de contratos por periodos largos, de 15 o 20 años. “En todos los contratos, se utiliza una tasación del Banco Ciudad para establecer el canon inicial. En el contexto económico inflacionario del país, con el transcurso del tiempo, se han modificado las metodologías de actualización del canon. Actualmente, se actualizan cada seis meses, tomando como punto de partida la fecha de presentación de ofertas y utilizando un promedio de índices del IPC de la Ciudad”, informó el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a cargo del área de concesiones.

Los cuestionamientos al sistema de cánones y concesiones ya habían quedado plasmados en un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en el que se da cuenta de un “perjuicio económico y legal para la Ciudad”.

“Es un sistema obsoleto —dijo el legislador Valdés en diálogo con elDiarioAR— y tenemos que votar un nuevo sistema en la Legislatura. Creo que uno de los puntos que deben cambiar es que las concesiones deben contar con la aprobación de los legisladores”. “La Ciudad está perdiendo recursos. Los fondos que ingresan por cánones podrían destinarse a solucionar la crisis habitacional en vez de favorecer con cifras módicas a los amigos del poder que terminan siendo inquilinos VIP”, afirmó el legislador porteño.

Las concesiones dependen del ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de José Luis Giusti, un funcionario del espacio radical porteño, quien apoyó a Martín Lousteau para jefe de Gobierno porteño. elDiarioAR envió la semana última una serie de preguntas sobre el sistema de concesiones: si en el ministerio creen que el sistema de concesiones debería ser modificado para que la Ciudad pueda percibir más ingresos por cánones; cómo debería modificarse el sistema; y cuántas de las concesiones en la Ciudad están vencidas y siguen en manos de los concesionarios sin nueva licitación.

“Todas las concesiones vencidas se encuentran en alguna etapa del proceso licitatorio correspondiente. En el caso del predio de Costa Salguero, cuyo nuevo proyecto urbanístico fue sancionado por la Legislatura porteña, el proceso se encuentra interrumpido por un amparo judicial”, respondió la cartera a cargo de Giusti.

El ministerio de Desarrollo Económico también afirmó que “todas las concesiones pagan el canon correspondiente. Para establecer el canon al momento de la tasación, el Banco Ciudad tiene en cuenta el nivel de inversión en infraestructura y espacio público exigido por el pliego, que pasan a ser propiedad de la Ciudad”. 

La Auditoría de la Ciudad realizó al menos dos informes sobre concesiones: uno sobre el período 2013-2016 y otro sólo 2017-2018. En ambos informes las conclusiones son las mismas, pero las irregularidades señaladas no se corrigieron. Los auditores plantearon que los cánones fijados son tan bajos o quedan desactualizados que generan perjuicio económico para la Ciudad.

También sostienen que se renovaron concesiones a empresas que tenían deudas impositivas con el Gobierno de la Ciudad, que incumplían supuestamente con la Constitución porteña y con la Ley de Compras y Contrataciones o que no estaban habilitadas para desarrollar la actividad que realizaban en las propiedades inmuebles de la Ciudad.

Nota: este artículo se actualizó el 24 de agosto a las 13:37 tras la confirmación de Artear sobre los metros cuadrados del predio concesionado por la Ciudad en Constitución.

ED/JJD

Cinco pisos, oficinas y locales, 250 cocheras, restaurantes, espacios públicos y privados en una azotea y vista al Rosedal, el Hipódromo de Palermo y el Campo de Polo conformarán el Paseo Gigena, un emprendimiento inmobiliario multimillonario que construye un grupo privado en un espacio público concesionado por la Ciudad de Buenos Aires: el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, sobre avenida Dorrego y Libertador. 

Paseo Gigena es definida por sus ideólogos como “un legado arquitectónico para la Ciudad”, pero implica también un jugoso negocio para las empresas involucradas en la obra. Se invertirán más de US$46 millones, según los privados, cuyos selectos inversores podrán recuperar en unos siete años. Una de las seis empresas que intervienen es la consultora Anker Latinoamérica SA, de acuerdo a los anuncios en la Comisión Nacional de Valores (CVN). También lo confirmó a elDiarioAR del grupo ganador de la licitación pública, BSD Grupo Asesor SA (BSD Investments), y la propia Anker.

Anker fue fundada en 2020 por Luis “Toto” Caputo, ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri y primo de Nicolás “Nicky” Caputo, “amigo del alma” del expresidente y hombre cercano al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de quien se inclinó en la interna de Juntos por el Cambio.

En 2020, su principal socio fue su hermano Flavio, director de Caputo Hermanos, constructora y desarrolladora inmobiliaria. Actualmente, el principal socio de Toto Caputo en la consultora Anker es Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas, su segundo en el ministerio durante el gobierno de Cambiemos. Ambos provienen de la banca internacional.

Alquileres en dólares, recaudación del Estado en pesos

Los alquileres de las oficinas y cocheras de Paseo Gigena ya se anuncian en dólares y cotizan en US$30 el metro cuadrado. El gobierno de Rodríguez Larreta cobrará un canon en pesos, que en el mejor de los casos corresponderá a alrededor del 15% de la ganancia de los privados por explotar el terreno público. La Ciudad no puede cobrar en dólares, según explicaron fuentes del Ejecutivo porteño.

“Las oficinas en Buenos Aires se alquilan actualmente en pesos atados al dólar”, explicaron en Anker. En la práctica, esos alquileres se están pagando en pesos atados al dólar blue, el más caro del mercado e ilegal. Sin embargo, en Anker aseguran que en Paseo Gigena se computarán al valor del dólar oficial.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial planea la inauguración parcial del proyecto en septiembre, informaron en la Ciudad a este medio. Será en plena campaña electoral -si le gana las PASO del 13 de agosto a Patricia Bullrich-, pero la obra estará finalizada recién en 2024, explicaron los privados a cargo de la construcción y diseño.

Anker Latinoamérica SA es la organizadora del fideicomiso y su función es juntar inversores. Hasta el momento convocaron a alrededor de 40, provenientes del sector inmobiliario e individuos de altos patrimonios, cuyas identidades están protegidas por el secreto bursátil, ya que invirtieron en pesos a través de la compra de bonos atados al dólar oficial (bonos dólar linked), explicaron en la compañía. “Anker llegó al proyecto en 2021, cuando BSD Grupo Asesor SA, el desarrollador y concesionario, ya había ganado la licitación en la Ciudad en 2019 pero se había quedado sin inversor. La inversión iba a ser de WeWork, que buscaba desarrollar un complejo de oficinas en el predio. Tras el colapso de WeWork -empresa inmobiliaria estadounidense-, BSD nos buscó para conseguir el capital. Propusimos un proceso de oferta pública, transparente y pensando en cumplir con los intereses de los inversores. Además, a diferencia de cómo funciona el mercado inmobiliario, aquí se hace todo en blanco”, explicaron en Anker a elDiarioAR.

Coinsa es la constructora del proyecto y es dirigida por Martín Maccarone, también allegado a Toto Caputo. La empresa financiera que Caputo dirigía antes de ingresar a la función pública, Axis Inversiones, alquilaba oficinas en el edificio de Coinsa, en la calle Godoy Cruz, en el barrio de Palermo. En la sede de Coinsa, no respondieron los reiterados llamados de este medio.

Más de medio millón de dólares de ganancia por mes en alquileres

Paseo Gigena tiene unos 40.000 metros cuadrados totales, de los cuales habrá unos 27.000 cubiertos y 6.500 descubiertos, informó la desarrolladora BSD a elDiarioAR. Otros 4.000 metros cuadrados, el 10%, será para un “parque público elevado” sobre una de las terrazas del complejo inmobiliario, informó el gobierno de la Ciudad.

La constructora Coinsa publicó en su sitio web que se dedicarán 15.000 metros cuadrados a oficinas de alquiler y otros 1.700 a locales comerciales, confirmaron en BSD, el desarrollador del proyecto. BSD se especializada en torres y edificios de condominios residenciales, especialmente de lujo y privados. Tienen proyectos en Buenos Aires pero también en Nueva York, Atlanta y Georgia, Estados Unidos.

A 30 dólares el metro cuadrado, arroja una facturación equivalente a más de US$556.000 al mes y unos US$6.680.000 al año. “Son datos aproximados”, aclaró BSD ante la consulta. “Entre el 15% y 20% de los ingresos de Paseo Gigena serán aportados por los alquileres de los restaurantes, atados a porcentaje de ventas. De esta forma, se podrán recaudar los pesos para pagar a la Ciudad”, afirmaron en Anker.

El proyecto aún no está terminado y, a marzo último y en sólo un año, la consultora de Caputo y Bausili recaudó más de US$45,8 millones y $495.254.145, informaron en BSD ante la consulta. ¿En cuánto recuperará el desarrollador la inversión? “Primero, BSD debe cobrar los alquileres para pagar a los inversores”. Ese proceso finalizará en unos siete años. Luego, una vez que los inversores recuperan sus inversiones, BSD percibirá el 30% de los alquileres y el 70% restante será para los inversores“. La concesión es a 15 años y posibilidad de prorrogar por cinco más.

¿Cuánto cobra la Ciudad?

¿Cuánto recibe la Ciudad de este negocio construido sobre su propiedad? Por Paseo Gigena la Ciudad aceptó en la licitación pública un canon de 200.892,34 unidades de compra que se convierten “en moneda de curso legal”, es decir, pesos. Estas unidades de compra se establecen en la Ley de Presupuesto y actualmente cada una vale 120 pesos. No se actualiza desde enero de 2023, a pesar de la inflación, según la respuesta de la cartera de Hacienda de la Ciudad. Es decir que si el canon comenzara a pagarse hoy, sería de poco más de $24,1 millones mensuales. Otros cánones que han sido cuestionados, como el canon que pagan los privados que explotan el centro de eventos Punta Carrasco, en la Costanera Norte de la Ciudad es de $13.700.000, según la información obtenida por el legislador opositor Juan Manuel Valdés en un pedido de informes al Ejecutivo porteño.

Si se toma el valor del dólar oficial actual, el canon por Paseo Gigena equivaldría a unos US$87.600 dólares, el 15,7% de la facturación mensual de los privados por los alquileres.

Los cánones por las concesiones en terreno porteño son uno de los puntos más criticados a la gestión de Larreta por las sumas irrisorias que termina recibiendo la Ciudad de las empresas que hacen negocios millonarios con propiedad pública y contratos vencidos a destajo. El caso de las grúas de tránsito ha sido uno de los más graves. 

El rol de Caputo y Bausili

¿Cómo es la intervención de la empresa de Caputo y Bausili en el negocio inmobiliario? Se encargaron de armar el “Fideicomiso Dorrego y Libertador”, es decir, de buscar a los inversores, pero “no manejaron los fondos”, informaron en Anker, ya que esa tarea fue realizada por un colocador de bonos de oferta pública atados al dólar oficial. Comenzaron en marzo de 2022 y anunciaron los primeros resultados en marzo último. La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó a Anker a emitir deuda por un valor total de hasta US$60.000.000 para luego utilizar ese dinero para la inversión. Aún buscan recaudar unos US$10 millones más.

¿Cuánto ganó la empresa de Caputo y Bausili por el Paseo Gigena? El encargado de un fideicomiso inmobiliario cobra honorarios que se fijan en los acuerdos privados. Anker dividió las tareas del “encargado” de un fideicomiso con otras dos empresas financieras. En sus balances y memorias presentadas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) no hay datos de 2022. Aún resta que Anker presente su ganancia de este último periodo, en cuyo balance deberá informar cuánto ganó la consultora por el negocio inmobiliario en la Ciudad. En Anker respondieron que sus honorarios fueron pagados por el colocador de bonos, PPI, y que entre ambas empresas se llevaron el 1% de la colocación. Es decir que cobrarán un equivalente a unos US$600.000, si se cumplen sus expectativas de recaudar US$60.000.000.

“Anker participó como organizador en el financiamiento. Su rol fue el de ayudarnos con la estructuración del financiamiento, el diseño de los instrumentos financieros para poder realizar la financiación en el mercado de capitales. Ellos establecieron el vínculo o la traducción entre lo que necesitábamos los desarrolladores y lo que requieren los inversores para poder invertir en un proyecto como este”, explicaron a elDiarioAR desde BSD, uno de los ganadores de la licitación pública. 

El “Fideicomiso Dorrego y Libertador” no es un fideicomiso estándar. “Es el primer fideicomiso financiero inmobiliario constituido y colocado de conformidad con el régimen establecido por la CNV (Comisión Nacional de Valores) para productos de inversión colectiva para el desarrollo inmobiliario”, publicó el estudio asesor del fideicomiso. En la Comisión Nacional de Valores (CNV) no fue posible hallar documentos que detallen los honorarios de los organizadores y hay links caducos.

Anker

En los balances y memorias de 2020, año de su creación, Anker declaró ante la IGJ una ganancia de $1.461.416, de acuerdo con los documentos consultados por elDiarioAR. Al año siguiente, el ejercicio 2021 arrojó ganancias por más del quíntuple del primer año de la consultora: $8.377.827. Los accionistas de Anker resaltaron sus expectativas en el negocio con Paseo Gigena y lo dejaron asentado en un acta de directorio en abril de 2022.

“Este proyecto no es un proyecto tradicional ya que, al estar basado en un contrato de concesión, se aparta de lo que la mayoría de los desarrolladores más conocemos, que son los casos donde un comprador obtiene un título de propiedad sobre un inmueble”, explicó la compañía BSD. 

“Ellos —por Anker— no son inversores ni participan en el proyecto de otra manera más que en la estructuración del financiamiento para contribuir a generar la confianza que los inversores necesitan por no estar familiarizados con el desarrollador”, agregó la empresa a cargo del proyecto. Es decir, sin Anker, no hubiesen tenido los fondos para construir la megaobra. “Esta es la primera vez que el desarrollador ejecuta un financiamiento de un proyecto a través del mercado de capitales”, añadió la compañía.

“La obra en ejecución, que incluye todas las construcciones, instalaciones, mejoras edilicias y tecnológicas, y cuyo costo estimado a la fecha de presentación del proyecto ascendía a una suma superior a los US$31.000.000, quedará en su totalidad en favor del Gobierno de la Ciudad al finalizar el plazo de la concesión”, aseguraron a elDiarioAR desde el Ministro de Desarrollo Económico y Producción, a cargo de José Luis Giusti, y responsable de las concesiones en la Ciudad.

¿Qué dijo la Ciudad ante la consulta por la participación de dos aliados políticos en el proyecto? “Según la nómina de accionistas y participantes presentada al momento de la oferta, no existe persona alguna con el apellido Caputo, ni con posterioridad ha sido informado al GCBA ningún cambio en la composición accionaria que implique la participación de alguna persona con ese apellido”.

Claro que cuando se conformó Anker, en agosto de 2020, la licitación ya había sido adjudicada a BSD en junio de 2019, que luego se asoció a la empresa de Caputo para buscar las inversiones necesarias para encarar el proyecto. “Para Anker no hay ningún conflicto de interés. Paseo Gigena se adjudicó a mediados de 2019. Caputo y Bausili dejaron la función pública en diciembre de 2019 y el proyecto apareció para ellos en 2021. Fue un trabajo muy independiente y sin contacto con el Gobierno de la Ciudad”, respondieron en Anker ante la consulta.

“No hay ilegalidad alguna ni conflicto de intereses”, aseguran en la Ciudad. Es cierto que la participación de Anker Latinoamérica se dio en el marco de un acuerdo entre privados. Lo que resulta extraño es que el Ejecutivo porteño sostenga que no conoce de la participación que tiene desde 2021 la empresa de Toto Caputo y Bausili en el proyecto.

En cuanto al plazo de la concesión, el mismo es de 15 años con prórroga de 5 porque se encuentra expresamente así previsto en la ley que autoriza la concesión (art. 4° de la ley 6086). El canon ofertado por el concesionario, y que formó parte de la oferta en función de la cual resultó adjudicatario, asciende al equivalente mensual a doscientas mil ochocientas noventa y dos con treinta y cuatro centésimas (200.892,34) de Unidades de Compra. A los fines del cálculo del pago en pesos, se tomará el valor vigente de la Unidad al momento de la conversión.

Un negocio diseñado desde 2018

La licitación se tramitó en 2018 y terminó de adjudicarse en junio de 2019, bajo el Régimen de Concesión de Obra Pública. Las obras y mejoras de infraestructura edilicia e instalaciones del inmueble quedaron a cargo del concesionario. La desafectación del predio del exestacionamiento del Hipódromo (el terreno en el que se construye Paseo Gigena) se aprobó en la Legislatura en diciembre de 2018.

Según la nómina de accionistas y participantes presentada al momento de la oferta, no existe persona alguna con el apellido Caputo, ni con posterioridad ha sido informado al GCBA ningún cambio en la composición accionaria.

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad.

El plazo de la concesión se fijó en 15 años, prorrogables por única vez por el plazo máximo de cinco 5 años, a partir de la entrega del inmueble por parte de la Ciudad.

Exfuncionarios

Los límites entre los negocios privados y las relaciones con el poder público le han traído dolores de cabeza y frentes judiciales a Toto Caputo. En la fiscalía de Carlos Rívolo fue investigado por haber ocultado al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. El caso salió a la luz en 2017 gracias a la filtración de los Paradise Papers, publicados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En 2017, también, el fiscal de la seguridad social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que formaba parte el ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. Ese fondo era Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Además, Toto Caputo integra la lista de imputados en la causa penal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado por el gobierno de Macri en 2018 y que implicó un endeudamiento por US$45.000 millones.

Bausili fue procesado en 2021 por el juez federal Sebastián Casanello por supuestas negociaciones incompatibles cuando ejerció como secretario de Finanzas. El magistrado ordenó trabar un embargo de sus bienes personales hasta cubrir los $10 millones. La causa contra el exfuncionario se centra en la elección del Deutsche Bank, exempleador de Bausili, para colocar deuda en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelación porteña le revocó el procesamiento.

Ambos exfuncionarios siempre negaron haber cometido delitos o faltas éticas en la función pública.

Flavio Caputo y otra empresa

Los socios fundadores de Anker fueron Toto y Flavio Caputo, su hermano, empresario. Ambos poseían acciones por 5.000.000 cada uno, según el boletín oficial. Bausili se sumó al directorio en enero de 2021, como vicepresidente y director titular. Toto Caputo mantuvo el cargo de presidente y Flavio, asumió como director suplente, aunque según un allegado al empresario, Flavio se habría desvinculado de Anker.

Flavio, hermano de Toto, es director de Caputo Hermanos, una constructora con negocios inmobiliarios en la Ciudad. El empresario quedó involucrado en la causa contra el grupo Revolución Federal, cuyos miembros están procesados por supuestamente llevar adelante un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, a través de escraches a funcionarios del Gobierno, como el ministro de Economía, Sergio Massa, e instalar una guillotina en Plaza de Mayo. 

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga si la desarrolladora inmobiliaria de Flavio Caputo financió al grupo sospechado a través de la contratación de una maderera del líder de la organización, Jonathan Morel, que no hace muebles sino que tercerizó la producción. Su abogado, Matías Cuneo Libarona, presentó ante el juzgado documentación sobre la transacción con la carpintería de Morel para afirman que fue un acuerdo comercial y no de financiamiento político, y la misma está siendo analizada. Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner creen que Revolución Federal podría haber estado vinculada al atentado que casi le cuesta la vida en septiembre último. No hay indicios directos de eso en el expediente, por el momento, aseguró una fuente directa del caso.

En abril de 2022, un mes después de comenzar con el fideicomiso financiero inmobiliario para Paseo Gigena, Caputo y Bausili adquirieron una nueva empresa como representantes de Anker: Gestión Agente Asesor Global de Inversiones SA. Declararon activos por unos US$2.000.000 y $8,6 millones ante la CNV.

Nota: este artículo se modificó el 6 de agosto a las 7 AM para corregir los metros cuadrados de Punta Carrasco. De las distintas notas de prensa e información oficial surgieron números contradictorios por lo que se decidió extraer el dato. También se corrigió el siguiente párrafo: “El proyecto no pasó por la Legislatura de la Ciudad porque el Ejecutivo sólo necesita la aprobación de los legisladores en los casos en que las concesiones son por más de 20 años”. La desafectación del predio del estacionamiento se aprobó en la Legislatura en diciembre de 2018.

ED/JJD