Fernando Cerimedo, el consultor político que supo ser una pieza clave del entorno de Javier Milei, se habría desprendido de su participación en el sitio libertario que publica fakenews La Derecha Diario. Según supo elDiarioAR, el ahora detenido en Bolivia habría firmado su desvinculación total de Madero Media Group —la empresa que comercializa ese medio— apenas días antes de enviar a dos sicarios para atacar a su pareja boliviana Nadia Beller.

La salida se habría formalizado “en buenos términos” la semana previa a su arresto, según reconstruyó este medio. Sin embargo, este jueves en su ficha de autor del propio sitio todavía figuraba como “socio” de La Derecha Diario.

Cerimedo fue detenido el martes en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo interno a La Paz. La noche anterior, su expareja, la abogada y activista política boliviana Nadia Beller, había recibido tres disparos de arma de fuego —con impacto en mama, brazo y cuello— cuando dos personas disfrazadas de repartidores de delivery la emboscaron a bordo de una moto robada, a la salida de un hotel en esa ciudad. Beller sobrevivió haciéndose la muerta y, desde el hospital, señaló a Cerimedo como quien la había convencido de asistir a la cita donde fue atacada.

La fiscal boliviana Yolanda Aguilera investiga a Cerimedo como presunto “autor intelectual” del ataque y le imputó el delito de tentativa de feminicidio, agravado porque la mujer está embarazada, además de pedir que continúe detenido por riesgo de fuga. El caso generó un rápido operativo de distanciamiento tanto del Gobierno boliviano como del argentino: el ministro de la Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo, negó que Cerimedo tuviera “vinculación laboral” ni “cargo” alguno pese a haber sido presentado como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, y el banco de desarrollo CAF también rechazó cualquier “vínculo contractual” con él. En Argentina, fuentes de Casa Rosada sostuvieron que la relación con Cerimedo estaba cortada desde 2023, aunque elDiarioAR reveló que tuvo al menos 13 ingresos a la sede de Balcarce 50 durante 2024.

Alejado del Gobierno, Cerimedo igual siguió dentro del entramado mediático a través de La Derecha Diario. Este jueves, en un descargo publicado en la red social X, Javier Negre —periodista español, socio de La Derecha Diario y dueño del Grupo Estado de Alarma— sostuvo que Cerimedo “no ocupa ningún cargo directivo, ni de gestión” en el medio.

Consultado por elDiarioAR, Negre evitió hacer declaraciones públicas. Sin embargo este medio supo que tuvo contacto con Cerimedo hasta la semana pasada, momento en que el ahora consultor detenido se habría distanciado definitivamente de La Derecha Diario. El contacto fue para “cerrar por escrito su salida de Madero Media Group”, que habría ocurrido “en buenos términos”, recogió este medio de una fuente al tanto de la relación.

Según la misma voz en off consultada, Cerimedo “no tenía incidencia en la gestión ni dirección del medio”, pese a que aún aparece como socio.

La Derecha Diario, fundado por Cerimedo en 2020, funciona a través de Madero Media Group, una firma creada en 2021 por Natalia Basil, esposa argentina de Cerimedo, con una estructura societaria en la que ella controlaba el 85% y otros tres socios —entre ellos Juan Pablo Carreira, actual funcionario nacional encargado de redes sociales— se repartían el resto. En agosto de 2024 Cerimedo vendió la mitad de la compañía a Negre.

El vínculo entre Cerimedo y Negre es innegable: en febrero pasado el ahora detenido fue sido distinguido como “consultor político del año” en la primera edición de la Hispanic Prosperity Gala, realizada en Mar-a-Lago y organizada por Latino Wall Street, una plataforma socia de La Derecha Diario. Milei fue el invitado de honor de esa primera edición y, según confirmaron distintos medios esta semana, ya está confirmado para participar de la segunda.

El 31 de mayo pasado Cerimedo publicó en LDD su única nota firmada, titulada “La izquierda perdió la calle y ahora quiere demonizar la estrategia de la nueva derecha”. Allí dice que “el avance de la nueva derecha latinoamericana no fue casual: surgió del hartazgo social, la batalla cultural y una estrategia que la izquierda intenta presentar como manipulación”. En su firma, aún pública al cierre de esta nota, LDD presenta a Cerimedo como “Consultor político, socio de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad”.

MC/CRM

La CGT, las dos CTA y movimientos sociales se movilizaron este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al creciente endeudamiento de las familias y las Pymes y exigieron al Gobierno de Javier Milei la implementación de un programa de refinanciación de deudas.

Las organizaciones entregaron en el Palacio de Hacienda un documento con una serie de propuestas para enfrentar la morosidad y cuestionaron el costo del financiamiento que deben afrontar trabajadores, familias y pequeñas y medianas empresas.

La movilización no tuvo un acto con discursos, ya que no se montó un escenario frente al Ministerio. Sin embargo, distintos dirigentes sindicales plantearon durante la jornada sus críticas a la política económica y reclamaron una intervención del Estado para limitar el impacto del endeudamiento.

Entre los principales pedidos incluidos en el documento figura que el Gobierno cumpla con la función de regulación del Banco Central respecto de los niveles de las tasas de interés aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos que puedan generar endeudamiento de personas físicas.

Las centrales también reclamaron analizar la situación de endeudamiento de las Pymes, al advertir que el deterioro de su capacidad financiera compromete el capital de trabajo, amenaza la continuidad de las actividades y pone en riesgo fuentes laborales. Además, pidieron poner en marcha un programa de refinanciación que permita atender el “alarmante nivel de morosidad”, con tasas acordes a la evolución de los ingresos.

Qué plantea el documento entregado en Economía

El escrito sostiene que el equilibrio macroeconómico no debería limitarse a las variables financieras, sino que también debería contemplar una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes, con el objetivo de reactivar el consumo y la producción.

Las organizaciones plantearon que la caída de los ingresos y el deterioro del consumo se combinan con el elevado costo del endeudamiento, una situación que, según señalaron, dificulta que las familias puedan afrontar las cuotas y llegar a fin de mes.

El documento también advierte sobre el crecimiento de la morosidad financiera formal, tanto en el sistema bancario como en otros canales de financiamiento. “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad”, señalaron las organizaciones en el escrito.

En esa línea, sostuvieron que la caída simultánea del consumo y la producción termina afectando también al empleo. Otro de los puntos destacados es la situación de las personas que, al quedar fuera de los canales formales de crédito, recurren a mecanismos informales de financiamiento para cubrir necesidades básicas.

El documento advierte que esas familias quedan expuestas a intereses que calificaron de “usurarios” y reclamó políticas públicas específicas para abordar esa problemática. Para las organizaciones, una alternativa sería refinanciar las deudas, extender los plazos y reducir transitoriamente la presión de las cuotas, de modo que las familias puedan recuperar capacidad de consumo y las empresas sostener sus niveles de producción.

Aguiar: “No hay que descartar un estallido social”

El secretario general de ATE y referente de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, cuestionó durante la movilización la situación de endeudamiento de los hogares y advirtió sobre sus posibles consecuencias sociales. “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”, sostuvo.

Aguiar reclamó que el Gobierno intervenga para limitar las tasas que consideró abusivas y propuso implementar un programa de desendeudamiento para las familias que, según planteó, tuvieron que recurrir al crédito para poder afrontar sus gastos cotidianos. El dirigente también apuntó contra el presidente Javier Milei y contra el exministro de Economía Luis Caputo por el rumbo de la política económica. “El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado”, afirmó Aguiar, quien sostuvo que el Ejecutivo cuenta con herramientas para intervenir frente al problema del endeudamiento.

También cuestionó los beneficios que, según su planteo, recibió Mercado Pago y contrapuso esa situación con las dificultades que atraviesan los hogares para llegar a fin de mes. “Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”, afirmó.

De la movilización participaron los integrantes del triunvirato de la CGT, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de otros dirigentes de la central, entre ellos Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

La CGT también difundió un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el nivel de endeudamiento de los hogares y afirmó que se trata de una consecuencia de las políticas económicas del Gobierno.

Según los datos citados de la situación financiera de los hogares, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó el 17,5% de los créditos personales.

El reclamo de las centrales sindicales apunta así a que el Gobierno incorpore el endeudamiento y la morosidad de las familias y las Pymes como parte de la agenda económica y avance con un esquema que permita aliviar el peso de las cuotas y recuperar capacidad de consumo y producción.

Fernando Cerimedo declaró ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia en el marco de la investigación por el ataque a tiros contra su expareja, la abogada Nadia Shirley Beller Delgadillo, ocurrido el lunes 17 de agosto en las inmediaciones del hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra.

El exconsultor político de Javier Milei negó haber tenido participación en el ataque y sostuvo que el vínculo con Beller había comenzado como una relación de amistad. Sin embargo, en el acta de su declaración incorporada al expediente, Cerimedo describió una relación sentimental con la mujer, con quien dijo haber mantenido un vínculo “con muchas idas y vueltas”.

Según el material incorporado a la investigación, Cerimedo afirmó que conoció a Beller a fines de 2025 a través de un amigo en común y que, luego de asesorarla sobre modificaciones vinculadas al decreto 5515, ella comenzó a quedarse en su departamento de La Paz.

En su declaración, relató además que el domingo 16 de agosto ambos estuvieron en la Clínica Las Américas porque Beller tenía malestar, náuseas y dolor de cabeza. Allí, según su versión, ella le habría informado que estaba embarazada de aproximadamente cuatro semanas.

Cerimedo sostuvo que el lunes 17 de agosto viajó temprano desde Santa Cruz hacia La Paz y que Beller permaneció en el hotel donde posteriormente fue atacada.

La versión de Cerimedo sobre el día del ataque

El acusado aseguró que vio a Beller por última vez el domingo 16 de agosto y que ella le había contado que permanecería en el hotel Swissôtel. De acuerdo con su declaración, Cerimedo tomó un vuelo hacia La Paz durante la mañana siguiente y negó cualquier participación en el atentado.

La investigación, sin embargo, reconstruye una secuencia diferente. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Cerimedo habría mantenido comunicaciones frecuentes con Beller desde los primeros días de agosto y habría insistido para que concurriera a encuentros con personas que supuestamente iban a proporcionarle información sobre un caso de abuso sexual atribuido al expresidente boliviano Evo Morales.

Según la acusación, esos encuentros no se concretaron inicialmente y la mujer habría comenzado a desconfiar de la situación. Aun así, siempre según la Fiscalía, Cerimedo habría insistido en que concurriera a la cita y le habría garantizado que contaría con custodios para protegerla.

El expediente sostiene que el 17 de agosto Beller se dirigió al Swissôtel y que, mientras esperaba, habría recibido indicaciones para acercarse a la puerta del establecimiento. Allí fue atacada por dos hombres que, de acuerdo con la investigación, vestían prendas vinculadas a servicios de reparto. Los atacantes efectuaron varios disparos y luego le sustrajeron el teléfono celular y la cartera antes de escapar en motocicletas.

Tres impactos de bala y una cirugía de más de tres horas

La documentación médica incorporada al expediente establece que Beller sufrió heridas de arma de fuego en el cuello, el tórax y el brazo derecho. El certificado médico legal citado por la Fiscalía determinó un período de 30 días de incapacidad médico-legal. Además, la documentación clínica señala que la víctima sufrió una fractura conminuta del húmero derecho y debió ser intervenida quirúrgicamente.

La operación incluyó la reducción y osteosíntesis del húmero y tuvo una duración aproximada de tres horas y media. Posteriormente, Beller ingresó a una unidad de cuidados intensivos para su seguimiento posoperatorio. La historia clínica también registra un embarazo de aproximadamente cuatro semanas.

El expediente enumera una serie de elementos que los investigadores consideran relevantes para sostener la imputación contra Cerimedo.

Entre ellos figuran el registro del lugar del hecho, fotografías de la escena, secuestro de dos motocicletas, mochilas de empresas de reparto, proyectiles y fragmentos de proyectiles extraídos del cuerpo de Beller, además de prendas de vestir de la víctima. También se incorporaron informes policiales, declaraciones testimoniales y documentación médica.

La Fiscalía dispuso, además, pericias sobre teléfonos celulares y una computadora, estudios balísticos y análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del hotel. El expediente menciona específicamente una pericia destinada a establecer la trayectoria de los proyectiles y otra para desdoblar y fijar las imágenes de las cámaras del Swissôtel. Para los investigadores, esos elementos deben permitir establecer cómo ocurrió el ataque y determinar el grado de participación de las personas involucradas.

La hipótesis de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene como hipótesis que Cerimedo habría participado en la planificación del ataque y que habría utilizado las comunicaciones con Beller para llevarla hasta el lugar donde finalmente fue baleada.

Según esa reconstrucción, el supuesto encuentro con personas que iban a brindar información sobre un caso de abuso sexual vinculado a Evo Morales habría funcionado como mecanismo para llevar a la víctima hasta el hotel.

La acusación sostiene además que Cerimedo habría prometido que habría custodios para garantizar su seguridad. Sin embargo, de acuerdo con el relato incorporado al expediente, quienes finalmente aparecieron fueron los atacantes.

La Fiscalía considera que las comunicaciones telefónicas constituyen uno de los puntos centrales de la investigación y busca determinar qué intercambios existieron entre Cerimedo y Beller antes del ataque. También forman parte de la pesquisa las cámaras de seguridad del hotel, los registros del lugar y las pericias balísticas e informáticas.

La declaración de Beller y un antecedente de violencia

Otro elemento incorporado al expediente es una entrevista psicológica realizada a Beller mientras permanecía internada. En ese relato, la víctima contó que había recibido una propuesta para reunirse con personas que supuestamente tenían información sobre un caso de abuso sexual y que, luego de que la citaran en distintas oportunidades sin concretar el encuentro, había decidido no continuar.

Según su testimonio, Cerimedo le habría insistido para que concurriera. La mujer también habría referido discusiones con Cerimedo relacionadas con su embarazo y mencionado un episodio previo de violencia, elementos que ahora forman parte de la investigación.

La Fiscalía boliviana calificó provisoriamente el hecho como feminicidio en grado de tentativa, una figura contemplada en el Código Penal de ese país. Los fiscales solicitaron que Cerimedo permanezca detenido preventivamente y argumentaron que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

Entre los fundamentos expuestos figura la presunta falta de arraigo suficiente en Bolivia y la posibilidad de que pueda abandonar el país. La Fiscalía también pidió que, en caso de disponerse la prisión preventiva, sea cumplida en el centro penitenciario de San Pedro-Chonchocoro, en La Paz, y planteó como alternativa el plazo máximo de 180 días.

La audiencia en la que la Justicia boliviana debe resolver la situación procesal de Cerimedo fue suspendida y podría realizarse este viernes 21 de agosto.

Con información de la agencia NA y la Fiscalía

El presidente Javier Milei volvió a vincular la fuerte caída de la natalidad en la Argentina con la legalización del aborto y sostuvo nuevamente que la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tuvo consecuencias sobre la cantidad de nacimientos.

La afirmación ya había sido formulada por el mandatario en distintas oportunidades y fue cuestionada a partir de los datos oficiales y de análisis de especialistas en demografía y salud reproductiva, según recopiló Chequeado en su momento. El principal problema que presenta esa interpretación es temporal: la natalidad argentina comenzó a descender de manera sostenida varios años antes de que el Congreso sancionara la Ley 27.610, en diciembre de 2020.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, la cantidad de nacimientos comenzó a caer con fuerza a partir de 2014. Ese año se registraron 777.012 nacidos vivos, mientras que en 2020, cuando se aprobó la ley de IVE, fueron 533.299.

La tendencia continuó después de la sanción de la norma. En 2024, último dato disponible, se registraron 413.135 nacimientos. Es decir, hubo una reducción de alrededor del 22,5% respecto de 2020. Pero la caída había sido todavía mayor en el período anterior: entre 2014 y 2020 los nacimientos se redujeron un 31,4%.

El dato resulta central para analizar la afirmación presidencial: el descenso de los nacimientos no comenzó con la legalización del aborto, sino seis años antes.

Una tendencia que excede a la Argentina

La reducción de la natalidad tampoco es un fenómeno exclusivamente argentino. Los datos internacionales muestran una tendencia similar en buena parte del mundo y, particularmente, en América Latina.

Según datos del Banco Mundial, la tasa de natalidad mundial viene descendiendo desde hace años. En América Latina, la disminución se registra desde hace más de medio siglo y se hizo más pronunciada a partir de la década de 2010.

“En Latinoamérica las tasas de natalidad vienen bajando desde hace más de medio siglo. A partir de los 2010 este descenso se hace más pronunciado, en especial en países como Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. En Argentina se vuelve muy claro que se desploma a partir de 2014”, explicó María de las Nieves Puglia, directora de Género de Fundar.

La tendencia también alcanza a la tasa de fecundidad, que mide la cantidad de hijos por mujer. Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicado en 2026 señala que la fecundidad viene descendiendo a nivel mundial desde 1990.

En otras palabras, la disminución de los nacimientos forma parte de una transformación demográfica de alcance global y no comenzó con la legislación argentina sobre el aborto.

Qué factores explican la caída de los nacimientos

Los especialistas consultados para analizar el fenómeno coinciden en que no existe una única causa capaz de explicar la reducción de la natalidad.

Entre los factores aparecen los cambios sociales y culturales, el aumento de los niveles educativos, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, las dificultades para compatibilizar trabajo y crianza y una mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos.

Puglia señaló que el descenso de la natalidad responde a múltiples factores y sostuvo que resulta imposible atribuirlo directamente a la legalización de la IVE, precisamente porque la caída comenzó mucho antes de la aprobación de la ley.

Entre los cambios de las últimas décadas mencionó el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral, el crecimiento de los niveles de educación superior y la expansión de las políticas de salud sexual y reproductiva, que permiten tomar decisiones sobre si tener hijos, cuándo tenerlos y cuántos tener.

Un documento del UNFPA sobre las tendencias demográficas en Argentina también identifica transformaciones en las preferencias de las personas, cambios en la organización de las familias y modificaciones culturales vinculadas con las decisiones reproductivas.

A esto se suma el acceso creciente a métodos anticonceptivos y una mayor capacidad de las personas para planificar su vida reproductiva.

Dolores Dimier, docente del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, también definió la caída de la natalidad como un fenómeno multicausal. Entre los elementos que mencionó aparecen la incorporación de las mujeres al ámbito público y laboral, las dificultades para conciliar los tiempos de trabajo y crianza, el aumento de las vasectomías y ligaduras de trompas y los cambios en los valores y proyectos de vida de las generaciones más jóvenes.

La fuerte caída de la fecundidad adolescente

Otro dato relevante es la evolución de los nacimientos entre adolescentes. La tasa de fecundidad adolescente viene disminuyendo desde 2011 y lo hizo a un ritmo incluso mayor que la fecundidad general. En 2023, según los datos analizados por Chequeado, se ubicó en 11,5 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 10 y 19 años, una reducción del 64% respecto de 2005.

Desde Cippec señalaron que este descenso es especialmente relevante porque implica mayores oportunidades para que las adolescentes completen sus estudios y tengan una mejor inserción en el mercado laboral. La caída de los embarazos adolescentes se vincula, entre otros factores, con un mayor acceso a métodos anticonceptivos y a políticas de salud sexual y reproductiva. Por eso, tampoco puede utilizarse automáticamente como evidencia de que la reducción de los nacimientos responde a la legalización del aborto.

Qué establece la ley de aborto

La Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020 y promulgada en enero de 2021, establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. Después de ese plazo, la interrupción del embarazo es legal cuando se trata de un embarazo producto de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.

La existencia de la ley, por lo tanto, modificó el marco legal para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, pero los datos demográficos disponibles no permiten establecer que esa modificación sea la causa de la caída de la natalidad que se registra en la Argentina. El dato más contundente es cronológico: cuando la IVE fue aprobada, la Argentina ya llevaba seis años de descenso sostenido en la cantidad de nacimientos.

Una caída que se profundizó después de 2020

Los números más recientes muestran que la tendencia continuó después de la aprobación de la ley. En 2014 habían nacido 777.012 niños y en 2024 fueron 413.135: prácticamente la mitad en una década.

La reducción fue particularmente pronunciada durante la última década, pero no se inició en 2020. De hecho, más de la mitad del descenso registrado entre 2014 y 2024 se produjo antes de la sanción de la IVE.

La evidencia disponible, entonces, permite afirmar que la natalidad argentina atraviesa una transformación profunda, pero no que esa transformación pueda atribuirse de manera directa a la legalización del aborto.

Con información de Chequeado

Javier Milei volvió a elegir como blanco al movimiento feminista y a la legalización del aborto durante su exposición ante el Council of the Americas. El Presidente vinculó la caída de la natalidad en la Argentina con lo que definió como “la locura de los pañuelitos verdes” y sostuvo que sus consecuencias no se limitan, según su mirada, al terreno “moral” o “cultural”, sino que alcanzan también al crecimiento económico y a la sustentabilidad del sistema previsional.

“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó Milei al desarrollar su argumento sobre la importancia de la población y el mercado de trabajo para el crecimiento. El mandatario señaló que la Argentina ya no alcanza una tasa de natalidad que permita garantizar el reemplazo generacional y atribuyó parte de ese fenómeno a lo que llamó “esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre”. “También nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional”, completó.

En medio de una defensa cerrada de su modelo económico, Milei también dedicó parte de su exposición a cuestionar los temores alrededor del avance tecnológico y su impacto sobre el mercado de trabajo. El Presidente rechazó lo que denominó los “escenarios distópicos” que anticipan una destrucción masiva de puestos de trabajo y sostuvo que la propia experiencia histórica posterior a la Revolución Industrial desmiente esa hipótesis. Para argumentarlo, señaló que desde comienzos del siglo XIX la población mundial se multiplicó por diez, mientras que el producto lo hizo, según las cifras que mencionó, “unas 150 veces y la productividad aumentó quince veces”.

“Si fuera cierto que el progreso tecnológico destruye trabajo, la tasa de desempleo debería ser 90%, porque no podría haber creado ni un solo empleo nuevo”, planteó Milei, quien apeló a Jorge Luis Borges para defender su razonamiento: “Si como argentinos admiramos tanto a Borges, ¿por qué no tratamos de pensar como Borges, de llevar estas ideas al extremo a ver qué dan?”. Y extendió esa crítica a otras afirmaciones que, a su juicio, se repiten sin suficiente sustento. Entre ellas incluyó incluso la frase “la gente no llega a fin de mes”, a la que colocó junto con la idea de que la tecnología destruye empleos como ejemplos de lo que calificó como “estupideces que se repiten todos los días”.

Contra el feminismo

La referencia a los “pañuelitos verdes” no resultó novedosa dentro del discurso de Milei. El Presidente mantiene desde hace años una posición abiertamente contraria a la legalización del aborto y convirtió el tema en uno de los componentes recurrentes de su batalla cultural. Hace apenas unos meses volvió sobre esa discusión para atacar a la periodista Débora Plager, a quien calificó como “cómplice de asesinato” por haber defendido la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el debate que terminó con su aprobación en el Congreso.

El episodio ocurrió a partir de sus declaraciones sobre el hallazgo de fetos en una clínica de Villa Ballester. Milei cuestionó la formación de Plager para haber participado del debate legislativo y terminó extendiendo la acusación al conjunto del movimiento que impulsó la legalización. “Ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos”, afirmó entonces. En aquella oportunidad, además, sustentó parte de sus críticas a la periodista en datos erróneos y en una interpretación fuera de contexto de sus declaraciones.

La posición había quedado expuesta con particular claridad ya en mayo de 2024, durante el acto que Milei encabezó en el Luna Park para presentar su libro. Allí sostuvo que el aborto forma parte de una estrategia de control de la natalidad y de la población que, según afirmó, puede rastrearse “desde el imperio egipcio hasta la actualidad”. El Presidente vinculó además su legalización con una supuesta agenda internacional promovida durante la segunda mitad del siglo XX para contener el crecimiento demográfico.

“Lo que está inspirando la agenda asesina de hoy es el Club de Roma”, aseguró entonces, antes de afirmar que documentos desclasificados de la administración de Richard Nixon demostraban que existió un plan para “impulsar la agenda del aborto para el año 2000” ante el temor de un eventual caos social. “Es una agenda que tiene más de 3000 años y es una agenda asesina, por un par de salames que hicieron mal las cuentas”, agregó.

PL/MC

Javier Milei utilizó su cuenta de X para republicar, en las últimas horas, una serie de mensajes que ponen en duda la versión de Nadia Beller, la abogada y activista boliviana que denunció haber sido baleada tres veces por sicarios el lunes 18 de agosto en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, y que acusa a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, de haber ordenado el ataque. Cerimedo, exresponsable de la estrategia de comunicación digital de la campaña presidencial de Milei en 2023, permanece detenido en Bolivia, donde la fiscalía lo investiga como “presunto autor intelectual” de un intento de femicidio.

Beller, que trabajaba como asesora del presidente boliviano Rodrigo Paz, fue internada con heridas de bala en el pecho, el costado y el brazo, fue operada y, según trascendió, cursaba un embarazo de cinco semanas al momento del ataque. La fiscalía avanza sobre la hipótesis de que Cerimedo “habría enviado a los hombres” que la atacaron.

En ese contexto, uno de los mensajes que reposteó Milei —de la cuenta @jlsantana, con más de 154 mil visualizaciones— cuestiona la compatibilidad de las heridas exhibidas con un ataque a los tiros: “Te dan con un perdigón DE GOMA y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta. Te encajan tres tiros en el pecho ¿Y te ponen curitas sin mertheolate ni nada y no se ve ningún daño? ¿Alguien que sepa de ciencia forense?”, escribió el usuario, acompañando el posteo con imágenes comparativas.

Un segundo repost, de la cuenta “Hayek Milei — Team Toto”, insiste en la misma línea de sospecha: “No opino sobre el caso porque desconozco y menos sobre los implicados a quienes tampoco conozco. Aclarado esto, 3 balazos de 9mm en el pecho se tapan con 2 curitas, no necesitás oxígeno, hablás con vos firme, no hay sangre en el piso y no te llevan al hospital más cercano?”, planteó, en un mensaje que superó las 15 mil visualizaciones.

El tercer mensaje amplificado por el Presidente pertenece a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. En su posteo, Lemoine ironizó sobre la investigación periodística del caso y sobre distintos nombres vinculados a la cobertura, y cerró con una frase dirigida directamente contra la denunciante: “Se me llenó de kukas 'decí algo de Cerimedo'... qué se yo. No sé nada de Cerimedo hace bocha. Pero veo a la mina y muero de risa”. El mensaje respondía a un hilo sobre el estado de salud de Beller tras una declaración que la abogada dio en un canal de televisión.

Los repost del Presidente se dan en paralelo a otro gesto dentro del propio oficialismo que también apunta a Cerimedo, aunque en sentido inverso: la vicepresidenta Victoria Villarruel retuiteó un posteo de 2024 en el que Cerimedo la había criticado y respaldado a Karina Milei en la interna libertaria, y lo comentó con ironía: “Qué mal que envejeció todo”. El contraste expone una fractura dentro de La Libertad Avanza —Milei y su círculo más cercano relativizando la denuncia contra un extitular de la comunicación digital de campaña, Villarruel usando el escándalo para saldar una vieja disputa personal— más que una posición unificada de gobierno frente al caso.

Beller, por su parte, amplió sus acusaciones contra Cerimedo más allá del ataque: dijo tener pruebas de “cajones llenos de billetes” vinculados a negociados con combustibles y oro en Bolivia, denunció que un grupo policial “de élite” respondería a él y no al gobierno de Rodrigo Paz, y afirmó haber tenido acceso a conversaciones de Cerimedo con operadores de narcotráfico, además de vincularlo con la filtración de los audios del caso ANDIS. Cerimedo no declaró ante la Justicia boliviana; su defensa niega cualquier responsabilidad y sostiene que se probará su inocencia.

El salón Versalles del Hotel Alvear volvió a reunir esta mañana, por 23° año consecutivo, al establishment económico en el Council of the Americas y ya el primer discurso funcionó como un respaldo explícito al gobierno de Javier Milei. Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y anfitrión del encuentro, dijo que “vale la pena para transformar el país” que se hayan “cerrado empresas y perdido puestos de trabajo”.

Grinman se inclinó por el mileísmo desde el comienzo: dijo que “la libertad aun siendo un valor, tiene costos” y enumeró los sectores que, a su juicio, se benefician de esa mayor libertad económica: los yacimientos de hidrocarburos de la Patagonia, que dijo que “aumentan exponencialmente su producción”; los recursos minerales de la cordillera, que Argentina miraba “con envidia” hacia Chile y que hoy empiezan a explotarse; el interés de la inteligencia artificial en el país como destino de inversión; y la reconversión de actividades productivas en distintas regiones, entre ellas el agro.

Grinman defendió el Gobierno más allá del costo social del ajuste. “Estamos pasando por un momento heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo”, admitió ante los presentes, en referencia al sector de comercio y servicios que representa la cámara y que, según sus propios datos, aporta cerca del 65% del PBI y una porción significativa del empleo formal del país. Completó la idea con la frase que quedó como definición del foro: “Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos puedan vivir en un país normal y creíble, yo creo que vale la pena”.

El empresario también reclamó una articulación público-privada más activa —“no todo se le puede dejar al gobierno”, dijo— y, sin mencionar nombres, aludió a declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que propuso días atrás eventuales nacionalizaciones y expropiaciones si el peronismo llega al poder. “No quiero vivir en ese país”, dijo. Contrapuso ese escenario al rumbo oficial actual, al que calificó como “no exento de sacrificio”, pero capaz de derivar en “un país espectacular” si se consolida. Cerró pidiendo a los presentes que definieran “de qué lado” quieren estar, y dejó en claro cuál es el suyo.

La segunda intervención de la mañana estuvo a cargo de Susan Segal, titular de Americas Society/Council of the Americas, quien planteó una lectura afín sobre el momento argentino. Segal habló de una “convergencia” entre lo que necesita el mundo y lo que puede ofrecer América Latina, con foco en las reformas y el control fiscal como condiciones centrales para atraer inversión. Puso el acento en los minerales críticos como uno de los activos estratégicos de la región y sostuvo que, por primera vez, existe una política que impulsa las relaciones con América Latina de un modo que —dijo— recuerda lo que ocurrió con Asia en las últimas décadas.

La directiva norteamericana insistió en que el desafío no pasa solo por explotar los recursos naturales, sino por conectarlos con el resto del mundo, y mencionó como ejemplo la posibilidad de instalar centros de datos en el país. Para Segal, Argentina puede convertirse en “uno de los grandes motores” de la región, siempre que se mantenga el rumbo actual, con reglas claras y seguridad jurídica como condiciones no negociables para sostener el interés de los inversores extranjeros.

El foro empresarial continuará durante la mañana con paneles sobre la coyuntura económica y política del país, y cerrará al mediodía con la presencia del propio Milei, que llegará al Alvear a capitalizar el clima de respaldo que empresarios locales y extranjeros.

El hermano del ahora exjefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, y diputado de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Francisco Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, se atribuyó un error en su declaración jurada del año 2024, argumentando que sumó de más un cero en una deuda, lo que derivó en que el fiscal Guillermo Marijuán hiciera una lectura errónea de la misma y pidiera su indagatoria.

La aseveración tuvo lugar en un escrito que el legislador bonaerense dio a conocer en la causa que tiene el juez Daniel Rafecas y que debe resolver si lo cita a declaración indagatoria, según informa la Agencia Noticias Argentinas.

La explicación de Adorni sobre su declaración jurada

Adorni asegura que, en su declaración jurada anual del año 2024, expuso una deuda de $130 millones inicial, más otra en el periodo de cierre por $60 millones. Sobre esto, el fiscal Marijuán fue quien concluyó de tales cifras que el exfuncionario redujo su deuda en $70 millones. El monto no estaba explicado.

Sin embargo, en la explicación que llevó al expediente, asevera Adorni que los $130 millones en realidad eran $13 millones, por lo que la baja de la deuda no existió, siendo este uno de los puntos del caso. Para ello, el diputado se apoyó en la declaración jurada del inicio del período, donde sí había consignado la deuda de $13 millones.

Asimismo, dijo que “la explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez”. “También es coherente con la falta de lógica económica del resultado. Si el propósito fuera mejorar artificialmente el patrimonio”, expresó.

Y siguió diciendo que “la denuncia fue precisamente el acontecimiento que permitió advertir la inconsistencia más visible: una deuda inicial de $130.000.000 frente a los $13.000.000 informados en la declaración inicial. La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene”.

El antecedente de los cambios en las declaraciones juradas

En la declaración jurada del año 2025, Adorni sumó en una enmienda $24.500.000 en efectivo. De ese monto, $21.000.000, según dijo, eran de una herencia.

En ese sentido, Francisco Adorni, en el gobierno libertario, ocupó el cargo titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, en junio del año 2025, llegó al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Su hermano, quien se desempeñó como vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también tuvo que cambiar y ampliar sus declaraciones juradas. Fue en el marco de una investigación relacionada con el crecimiento de su patrimonio. En el mes de junio debió corregir sus declaraciones juradas de 2023 y 2024. Allí, sumó activos que no había dado a conocer en la declaración original, por un monto cercano a los $500.000 dólares.

Por eso, fue el fiscal Gerardo Pollicita quien le solicitó que dé explicaciones de tales cifras en un requerimiento de instrucción.

La CGT, junto con las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), marcharán este jueves hacia la puerta del Ministerio de Economía contra el endeudamiento familiar y la morosidad récord.

La convocatoria se llevará a cabo por el “sobreendeudamiento familiar y morosidad récord que afecta a casi 6 millones de personas en Argentina”, de acuerdo a las declaraciones de las centrales obreras.

“Esta movilización es parte del plan de acción que venimos realizando las centrales en conjunto para denunciar el impacto de las políticas económicas del gobierno de (Javier) Milei. Entre otras cosas, denunciamos que la mayoría de los créditos no se tomaron para compra de bienes ni inversión, sino para cubrir costos básicos cotidianos, como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, a tasas de interés altísimas en bancos y billeteras virtuales”, manifestaron.

Este martes por la mañana, en la conferencia de prensa que se realizó en la sede de la CGT, los miembros de las organizaciones sindicales y sociales, reafirmaron la importancia de continuar con la unidad en estas medidas de fuerza y los planes de lucha que trazan desde junio de este año.

Cristian Jerónimo, uno de los miembros del triunvirato de la CGT afirmó que “cuando la deuda se contrae para poder comer es un problema social”, además de ser parte de una problemática económica y del Gobierno.

“Acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de Economía. Llevan una política totalmente de ajuste, regresiva y que pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo”, sostuvo.

Octavio Argüello, otro de los cosecretarios generales de la CGT, señaló que “está a las claras y a la vista de todos” la situación que está viviendo el país y que no impacta, solamente, en aquellos ciudadanos que tienen la “bendición” de tener un trabajo formal, a pesar de que “no les alcanza para llegar al día 15”, sino a todos aquellos argentinos que “lamentablemente” no tienen la posibilidad de tener trabajo registrado y “la luchan todos los días para poder llevar un plato de comida a su casa”.

“Esta movilización no apunta sólo a denunciar los más atroces desastres que está realizando la política económica que llevan adelante Milei y (Luis) Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”, aseguró Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A.

Por su parte, Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, resaltó el valor de las mujeres trabajadoras y su rol de “cuidadoras comunitarias”: “¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?, cuestionó.

“La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”, expresó.

Asimismo, el secretario adjunto de la CTA-T, Roberto Baradel, destacó que el endeudamiento del país es uno de los existentes en estos momentos, pero también está “el problema del endeudamiento de las familias”, o del pequeño y mediano empresariado, que le deben dinero a los bancos o a las billeteras virtuales.

El Gobierno convoca a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X y la resolución se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, escribió Caputo.

Agregó que “la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”.

Caputo puntualizó que “durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces”.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó el ministro.

Y concluye el texto señalando que “el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

El llamado a licitación

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, avanza con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) mediante el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, según informaron esta tarde desde la Secretaría de Transporte.

Apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.

Remarcaron que el objetivo es incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, pese a los crecientes recursos destinados por el Estado Nacional.

Al inicio de la actual gestión, BCyL presentaba una situación operativa y financiera crítica. Los informes técnicos señalaron significativas pérdidas económicas de la empresa, sumado a un deterioro importante de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.

Frente a esta situación, el nuevo modelo busca que sea el sector privado quien aporte el capital y la experiencia, y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar el sistema, mientras el Estado Nacional mantiene sus funciones de regulación, fiscalización y control.

El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, contempla Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.

El plazo de 50 años posibilitará generar las condiciones necesarias para realizar inversiones ferroviarias de gran escala y largo período de recuperación, otorgando previsibilidad para el desarrollo de nueva infraestructura y la incorporación de capital privado. A su vez, el horizonte de largo plazo permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y garantizará que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.

Entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.

La licitación también contempla la posibilidad de que los concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos provenientes de la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias, permitiendo que los activos existentes del sistema contribuyan a financiar su propia recuperación.

Con este llamado a licitación, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sistema ferroviario de cargas y en el programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases, dejando atrás un modelo deficitario y avanzando hacia un sistema con mayor inversión privada, mayor eficiencia y mejores condiciones logísticas para la producción y las exportaciones argentinas.

Entre 2024 y 2025, el Gobierno invirtió al menos US$1,2 millones en tecnologías de vigilancia. Contrató a Clearview AI, empresa de reconocimiento facial cuestionada en distintos países por construir su base de datos con millones de fotografías extraídas de internet sin consentimiento. También se hizo de una licencia de Maltego, plataforma de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) que permite cruzar información de redes sociales, la dark web y datos personales. Adquirió drones con cámaras térmicas y estaciones terrestres de seguimiento en tiempo real.

La profundización del aparato de videovigilancia de la gestión de Javier Milei fue revelado por Amnistía Internacional, que presentó este miércoles en su capítulo local el informe "Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno argentino". El documento reconstruye cómo la administración libertaria, junto con el gobierno porteño de Jorge Macri, ampliaron en los últimos años las herramientas de vigilancia estatal sin debate legislativo previo ni mecanismos de control externo.

“Hay prácticas tecnoautoritarias en la Argentina”, resumió Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, durante la presentación a la que accedió elDiarioAR.

El informe fue elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública, del análisis de los portales de compras estatales ComprAR y BA Compras, y de entrevistas a 21 personas —periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos— sobre cómo perciben y viven la vigilancia estatal. Según la organización, ese conjunto de reformas normativas, nuevas estructuras operativas y contratos con empresas privadas configura “un nuevo paradigma” de seguridad que multiplica la capacidad del Estado para identificar, perfilar y monitorear a la población sin las garantías que exige el derecho internacional de los derechos humanos.

El informe describe un conjunto de reformas institucionales impulsadas por decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso: el DNU 945, que modificó el sistema de inteligencia nacional y amplió las definiciones de “amenaza” bajo un régimen de mayor reserva; la reforma del estatuto de la Policía Federal, que formalizó el monitoreo de redes sociales sin autorización judicial bajo la figura del “ciberpatrullaje” y habilitó el uso de identidades digitales ficticias por parte de agentes encubiertos; la creación de la Agencia Federal de Ciberinteligencia; el Protocolo Antipiquetes, que habilita la intervención de fuerzas federales en manifestaciones sin orden judicial y promueve la identificación y el registro de manifestantes; y la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), dependiente del Ministerio de Seguridad, con funciones de reconocimiento facial, monitoreo digital y predicción del delito, sin mecanismos específicos de control externo.

“Esto avanza sin debate legislativo, sin impacto en los derechos humanos, sin controles ni monitoreo. Hay un oscurantismo impresionante sobre esta agenda”, planteó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. La activista señaló que no existe información pública sobre la cantidad de cámaras desplegadas ni sobre la trazabilidad de las imágenes que capturan, y recordó que la Policía Federal ya reconoció que utiliza sistemas de reconocimiento facial ex post, es decir, para identificar personas a partir de imágenes ya registradas. “Está judicializado el DNU de la SIDE y aún estamos peleando qué jurisdicción lo agarra. También el protocolo antipiquete, pero sigue apelado. No dejaremos de insistir en el rol independiente del Poder Judicial”, agregó.

Mahmoudi, por su parte, distinguió tres tipos de tecnología que integran ese entramado: la inteligencia de fuentes abiertas para monitorear redes sociales y la deep web, que permite reconstruir de forma automática y sin control judicial los movimientos y vínculos de una persona; el reconocimiento facial y la vigilancia biométrica masiva, que a diferencia de la verificación “uno a uno” de un teléfono celular compara una imagen contra bases de datos con millones de rostros y puede operar en vivo o de manera retrospectiva; y las prácticas de policiamiento predictivo, que usan datos históricos para estimar dónde puede cometerse un delito.

“El reconocimiento facial no es legal, y se usa de manera innecesaria y desproporcionada”, afirmó. Sobre los sesgos de esas herramientas, sostuvo que las prácticas policiales basadas en estos sistemas “reproducen e institucionalizan sesgos bajo la apariencia de neutralidad técnica, pero eso son excusas, porque profundizan la discriminación de comunidades ya racioalizadas”, en referencia al despliegue desigual de cámaras y patrullajes sobre zonas y comunidades ya sobrerrepresentadas en los registros policiales.

El informe también repasa los pedidos de información que Amnistía envió a la Secretaría de la Presidencia y a la Cancillería, que no fueron respondidos de forma sustantiva. Uno apuntaba a conocer el contenido de la reunión que altos funcionarios del Gobierno mantuvieron con el empresario Peter Thiel, fundador de Palantir, cuya compañía en Estados Unidos provee herramientas de identificación facial para operativos migratorios. “Las respuestas del Gobierno son vagas. No hay certezas sobre contrataciones o servicios de Palantir hacia el Gobierno”, dijo Mahmoudi. Otro pedido indagó sobre el acuerdo de swap de monedas firmado con Estados Unidos en 2025, uno de cuyos puntos habilita la transferencia de datos con fines de identificación; según la organización, la respuesta de Cancillería también fue imprecisa.

No hay forma de utilizar la tecnovigilancia a favor de los derechos humanos. Esto se basa en imágenes de personas sin consentimiento. La tecnología no puede funcionar sin vigilancia masiva

Matt Mahmoudi — Asesor de Amnistía Internacional

Un capítulo central del informe está dedicado a lo que Amnistía denomina “efecto inhibidor” o chilling effect: el modo en que la sola percepción de estar siendo vigilado modifica el comportamiento de las personas, incluso sin que medie una represalia concreta. A partir de las 21 entrevistas realizadas, la organización relevó una reducción en la participación en manifestaciones, cambios en las estrategias organizativas de activistas y de la sociedad civil, migración hacia plataformas de comunicación consideradas más seguras y autocensura en redes sociales, con impactos particulares sobre trabajadores de prensa, activistas y personas migrantes. “No hay forma de utilizar la tecnovigilancia a favor de los derechos humanos. Esto se basa en imágenes de personas sin consentimiento. La tecnología no puede funcionar sin vigilancia masiva”, sintetizó Mahmoudi.

Amnistía Internacional le escribió además a Clearview AI para trasladarle sus hallazgos y pedirle una respuesta, pero al momento de la publicación del informe no había recibido contestación de la empresa. La organización sostiene que Clearview debería suspender el desarrollo, la venta y la exportación de tecnologías de reconocimiento facial en la Argentina mientras no realice una evaluación pública de impacto en los derechos humanos. Entre sus recomendaciones, Amnistía le pide al Gobierno y al de la Ciudad que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías biométricas de vigilancia masiva y discriminatoria; que suspendan de inmediato las herramientas ya desplegadas sin base jurídica específica ni evaluación de impacto; que se transparente la estructura y el presupuesto de la UIAAS; y que el Congreso ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, hoy inactiva. “Tenemos un espacio cada vez más chico para ejercer nuestros derechos. Tenemos que hacer sonar la alarma”, cerró García Rey.

MC

Diego Santilli sentó a Luis Caputo en la mesa de negociaciones y destrabó el acuerdo con los gobernadores del Norte para avanzar con la reforma del régimen de zonas frías. El ministro de Economía se comprometió a avanzar con lo prometido hace tres meses, cuando el Gobierno aprobó en Diputados el proyecto que reduce los subsidios al gas gracias al apoyo de los gobernadores norteños. Es decir: avanzar con una resolución que aumente los topes para los subsidios a la electricidad en las provincias del Norte.

La cumbre de los gobernadores con Caputo, Santilli y los cuadros técnicos de Energía se extendió hasta entrada la noche del martes en el Ministerio de Economía. A la salida, el jefe de Gabinete celebró haber cerrado un “acuerdo histórico” sin fecha concreta de implementación, pero que resultó suficiente para apaciguar las ansiedades de los gobernadores norteños. Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) se mostraron conformes: si Caputo se comprometía a cumplir con su parte del trato, ellos estaban dispuestos a sancionar el nuevo régimen de zonas frías.

El acuerdo es el mismo que Santilli cerró en mayo, luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a una ley que reduce los subsidios al gas para más de 3 millones de hogares. La iniciativa limita el subsidio del 30% para las zonas frías ampliadas –que incluyen varios municipios de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, entre otras– para que solo se aplique a los hogares que superan las 3 canastas básicas totales de ingresos. Pero también limita el subsidio para la Patagonia, la Puna y Malargüe, en donde pasará a deducirse sólo sobre la mitad de la boleta (lo que implica, en la práctica, un aumento en las facturas de gas en todos los hogares).

El Gobierno había ofrecido un toma y daca: una resolución para aumentar los topes de consumo eléctrico subsidiado a las provincias norteñas durante el verano a cambio de disminuir los subsidios al consumo de gas en las zonas frías. En los cálculos que hacía el Ministerio de Economía, esta reforma le permitiría ahorrarse unos $272.000 millones. Pese a la promesa de Santilli, sin embargo, el Ejecutivo no publicó nunca la resolución en el Boletín Oficial y los senadores se sublevaron: hasta que no se avanzara con lo prometido, el Senado no sancionaría la reforma.

El proyecto de zonas frías estuvo congelado en el Senado durante dos meses. Pero el martes, con Caputo sentado como garantía de cumplimiento, Santilli logró destrabar la negociación. El Gobierno aumentará los topes de consumo eléctrico de 300 a 550 kWh durante el verano para las zonas “muy cálidas” y de 150 kWh a 300 kWh para las zonas “cálidas”. El nuevo régimen de subsidios, que se aplicará entre los meses de noviembre y abril, se presentará una vez que el Senado apruebe los cambios en el régimen de zonas frías.

Senado empantanado

El objetivo del Gobierno es llevar la discusión al recinto a finales de septiembre, cuando el invierno empiece a amainar y los gobernadores aliados más renuentes a pagar el costo político de aumentar el gas con bajas temperaturas, como el mendocino Alfredo Cornejo, acepten dar sus votos. Durante los últimos meses, hasta los gobernadores más cercanos al Gobierno se negaron a acompañar la iniciativa. O a darle dictamen, siquiera. Ninguno quería ser el responsable de aumentar las boletas de gas en medio del invierno.

Blindado el acuerdo con los gobernadores del Norte, el oficialismo confía en que tendrá el número para aprobar el nuevo esquema de zonas frías. Con el apoyo de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, los votos del PRO y LLA y algunos del radicalismo, el oficialismo podría acercarse a los 36-37 votos propios. Estará ajustado, pero en LLA pretenden avanzar sobre algunos díscolos radicales en lo que queda del mes.

Pero el mayor problema del Gobierno es político. Desde el desguace de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que Patricia Bullrich no logra convencer a los aliados de avanzar con una nueva sesión en el Senado. Bullrich necesita una victoria para combatir los pases de factura del karinismo, que la responsabilizan por la caída del capítulo de extranjerización de la tierra, pero no logra acordar un temario con los aliados provinciales y radicales. Intentó avanzar en una sesión para esta semana, solo acotada a los pliegos judiciales enviados por Juan Bautista Mahiques, pero los senadores le rechazaron la propuesta.

Bullrich, además, es crítica de la estrategia del Gobierno de cerrar con los gobernadores del Norte a costa de enfurecer a los aliados radicales, muchos de los cuales no quieren saber nada con canjear zona fría por zona cálida, La jefa del oficialismo del Senado está convencida de que las negociaciones no tienen que ser “ley a ley”, sino organizar un esquema de mayorías macro, que pueda aplicarse a diferentes iniciativas.

Donde el Gobierno ve una victoria, Bullrich, en cambio, anticipa derrotas futuras.

MCM/CRM

La denuncia presentada contra Lisandro Catalán y el diputado nacional Federico Pelli por presuntas irregularidades en los domicilios declarados para competir en las elecciones de 2027 provocó un cimbronazo que excede ampliamente la discusión sobre los requisitos electorales en Tucumán. El conflicto abrió una pelea a cielo abierto entre La Libertad Avanza y dirigentes que hasta hace poco orbitaban alrededor del oficialismo nacional, justo cuando en Buenos Aires la Casa Rosada intenta ordenar la relación con sus aliados y evitar que la fragmentación de la derecha complique la estrategia electoral del próximo año.

Catalán decidió este miércoles responder públicamente y lo hizo sin demasiados matices. Durante una conferencia de prensa en Tucumán, el exministro del Interior apuntó contra el concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró, autor de la presentación judicial, pero dirigió buena parte de sus críticas hacia el diputado nacional Mariano Campero, exintendente de ese municipio y uno de los dirigentes que durante los últimos años buscó acercarse al universo libertario.

“Se vendían como ‘los buenos’, como la esperanza blanca, diciendo: ‘Yo soy la oposición, yo puedo’. Pero ayer demostraron lo que son: esbirros del oficialismo de turno, serviles al oficialismo de turno”, disparó Catalán. Y fue todavía más lejos: sugirió que detrás de la denuncia podría existir “algún incentivo” o “alguna mano negra” destinada a perjudicar a los referentes de La Libertad Avanza.

La presentación de Argiró quedó radicada ante la Justicia Federal con competencia electoral y apunta directamente contra Catalán y Pelli. El concejal sostiene que ambos habrían declarado domicilios que no se corresponderían con sus lugares efectivos de residencia para cumplir con las exigencias legales necesarias para eventuales candidaturas en 2027.

En el caso de Pelli, la denuncia sostiene que habría realizado dos modificaciones de domicilio en menos de 72 horas durante julio hasta terminar registrando una dirección ubicada en una galería comercial de Yerba Buena. Sobre Catalán, en tanto, cuestiona el domicilio declarado en San Miguel de Tucumán, donde funciona una sede partidaria.

La presentación también alcanza a funcionarios o agentes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y solicita preservar registros digitales, auditorías y cámaras de seguridad para reconstruir las circunstancias en las que se realizaron los trámites cuestionados.

Pero el enfrentamiento venía escalando desde antes. Campero ya había acusado públicamente a los dos dirigentes libertarios y había puesto especialmente el foco sobre Pelli. “Pelli está mintiendo; no vive en Yerba Buena, no tiene la residencia”, aseguró en declaraciones a La Gaceta. El exintendente afirmó además que su espacio se encontraba reuniendo documentación sobre los cambios de domicilio y sostuvo que el diputado había realizado dos modificaciones durante una misma semana.

La respuesta de Catalán terminó de convertir una controversia electoral en una disputa política mucho más profunda. Para el dirigente libertario, detrás del episodio se encuentra una oposición provincial que durante años se presentó como alternativa al peronismo tucumano pero que, llegado el momento de disputar realmente el poder, termina jugando a favor del oficialismo.

“Los tucumanos se van a dar cuenta de quién es quién”, advirtió. Y trazó una división en tres espacios de cara a 2027: “De un lado va a estar el oficialismo, que hace su juego desde hace 43 años. En el medio va a estar la oposición servil y funcional a ese oficialismo. Y de este lado está La Libertad Avanza”.

¿Aliados y opositores?

La definición no resulta inocua para el armado electoral. Campero fue uno de los dirigentes tucumanos que más buscó identificarse con el Gobierno nacional y su enfrentamiento abierto con Catalán y Pelli expone las dificultades que puede encontrar en las provincias el intento de reunir bajo una misma arquitectura electoral a libertarios y antiguos integrantes de Juntos por el Cambio.

Este miércoles, Catalán incluso utilizó ese pasado reciente para cuestionar a sus adversarios. “Hay actores políticos que hace meses se pasaban al bloque de La Libertad Avanza, haciéndose los libertarios, incluso mandando a su gente a decir que eran más libertarios que Milei, y hoy salen con esto”, sostuvo. Y dejó una frase que parece reducir todavía más el margen para una reconciliación: “Esos actores ya le hicieron todo el bien y todo el mal que le pueden hacer a Tucumán. No tienen más para dar”.

El choque tucumano aparece en un momento particularmente incómodo para la estrategia nacional de La Libertad Avanza. Mientras la conducción libertaria busca recomponer vínculos con sectores del PRO y otros antiguos aliados de Juntos por el Cambio para evitar una dispersión del electorado en 2027, en Tucumán ocurre el movimiento contrario: dirigentes que durante los últimos años buscaron aproximarse al oficialismo nacional comenzaron a disputarse entre sí quién puede representar ese espacio.

Catalán intentó transformar incluso la denuncia en una demostración de esa disputa. “Están nerviosos porque en Tucumán se está generando una esperanza que representa La Libertad Avanza”, afirmó este miércoles. Y contrapuso su espacio a quienes, según él, buscan contratos o favores del poder provincial.

La Justicia deberá determinar ahora si existen elementos detrás de las irregularidades denunciadas por Argiró. Pero la consecuencia política llegó antes que cualquier resolución. La pelea puso sobre la mesa una pregunta que la estrategia nacional de alianzas de La Libertad Avanza todavía no terminó de resolver: hasta dónde alcanza la categoría de aliado cuando llega el momento de repartir candidaturas. Tucumán será una de las primeras provincias en elegir autoridades en 2027, con elecciones el 9 de mayo, separadas de la elección nacional.

PL/MG

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra presentó la imputación formal contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo y solicitó que permanezca 180 días en prisión preventiva por su presunta participación como autor intelectual del ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

El pedido fue confirmado por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien explicó que la decisión final quedará en manos de un juez durante la audiencia cautelar. El Ministerio Público solicitará además que Cerimedo sea trasladado a la cárcel de Palmasola.

“Tenemos a un presunto autor aprehendido, en calidad intelectual. La comisión fiscal está elaborando la imputación formal y con seguridad se solicitará la detención preventiva”, señaló Zeballos.

Cerimedo fue detenido el martes de madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. El exasesor de Javier Milei y actual colaborador personal del presidente boliviano Rodrigo Paz es investigado como presunto autor intelectual del ataque ocurrido el lunes por la noche.

La Justicia busca determinar qué grado de participación tuvo el consultor y quiénes fueron los responsables materiales de la agresión. También intenta establecer si existió una planificación previa y si otras personas participaron en la organización o el financiamiento del ataque.

Beller fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos hombres que llevaban ropa similar a la utilizada por repartidores de comida. Según la investigación, uno de ellos se acercó a la mujer y le efectuó tres disparos a corta distancia, mientras que el segundo le sustrajo el teléfono celular y la cartera. Los agresores huyeron en una motocicleta y todavía no fueron identificados.

La víctima fue trasladada a la Clínica Las Américas, donde fue operada. Desde el hospital contó que todavía conserva restos de proyectiles en el cuerpo y que uno de los disparos le provocó una lesión en el hueso del brazo. Beller responsabilizó públicamente a Cerimedo y sostuvo que fue él quien la convenció de acudir al lugar donde finalmente fue atacada.

Según su relato, el consultor le había dicho que allí podría obtener una prueba relacionada con una denuncia de abuso sexual contra el expresidente boliviano Evo Morales. También habría asegurado que el hotel contaba con cámaras de seguridad y que enviaría personas para custodiarla.

“Él me indujo a ir al lugar donde me citaron, supuestamente para conseguir una prueba contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales”, relató la mujer. Beller afirmó además que Cerimedo le había prometido que tendría escoltas en el lugar, pero que “nunca aparecieron”.

La víctima también declaró que hablaba por teléfono con el consultor cuando recibió los disparos y que logró sobrevivir porque simuló estar muerta para evitar que el atacante volviera a dispararle.

Peritan el celular y la computadora

Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó realizar peritajes sobre el teléfono celular y la computadora de Cerimedo, que fueron secuestrados al momento de su detención.

La fiscal Yolanda Aguilera dispuso analizar la información almacenada en los dispositivos para buscar comunicaciones, archivos u otros elementos que puedan vincular al consultor con el ataque.

De acuerdo con fuentes judiciales, el acceso al teléfono no requerirá vulnerar ninguna medida de seguridad, ya que Cerimedo habría entregado voluntariamente la contraseña cuando fue detenido.

El acusado, sin embargo, se negó a declarar ante la Justicia el martes por recomendación de sus abogados, quienes pretenden conocer primero las pruebas reunidas en el expediente.

Los chats sobre supuestos episodios de violencia

La investigación también incorporó conversaciones que Beller difundió públicamente y en las que atribuyó a Cerimedo episodios anteriores de violencia física. En uno de esos intercambios, la mujer sostuvo que el consultor la había ahorcado, arrojado al piso y golpeado. En la respuesta atribuida a Cerimedo no aparece una admisión explícita de esos hechos, aunque se lee: “Te pedí disculpas de mil formas”.

Beller también difundió capturas fechadas semanas antes del ataque en las que mostró lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cuello, el codo, la rodilla y el pómulo. La Justicia deberá determinar la autenticidad de esas conversaciones y establecer qué valor probatorio pueden tener dentro de la investigación.

Mientras Cerimedo permanece detenido, la Policía boliviana continúa buscando a los dos hombres que ejecutaron el ataque. Las cámaras de seguridad permitieron identificar que ambos llegaron en una motocicleta vestidos como repartidores. Uno de ellos fue quien disparó contra Beller, mientras que el otro le sustrajo sus pertenencias.

Los investigadores encontraron la motocicleta que habría sido utilizada para la fuga y continúan analizando las imágenes de las cámaras del hotel y de los alrededores para intentar identificar a los responsables. La Fiscalía también recolectó casquillos y otras evidencias en el lugar del ataque.

Allanamientos y una segunda investigación

La detención de Cerimedo derivó además en allanamientos en al menos dos domicilios, entre ellos el departamento que ocupaba en La Paz.

Según informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, durante los procedimientos se encontraron importantes sumas de dinero, compartimentos ocultos con objetos de valor, un teléfono satelital y una camiseta de la Policía boliviana.

También fueron secuestradas valijas, una motocicleta con las llaves colocadas y un automóvil con características similares a las de un vehículo oficial. Los investigadores encontraron además tarjetas personales en las que Cerimedo figuraba como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que ese cargo no forma parte de la estructura oficial del Gobierno y que las tarjetas no fueron emitidas por el Estado. Sin embargo, reconoció que Cerimedo mantuvo una asesoría personal con Paz luego de la campaña electoral. A partir de los elementos encontrados, la Fiscalía abrió una segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo, Beller difundió una conversación que atribuyó a Cerimedo en la que el consultor se refería a su supuesto vínculo con el presidente Paz. “Por suerte Rodrigo me empezó a hacer caso con el cambio de ministros y mano dura”, sostiene uno de los mensajes difundidos. En otro tramo agrega: “La semana pasada lo entendió. Y está saliendo bien”.

La captura no demuestra que Paz haya tomado decisiones en función de las recomendaciones de Cerimedo, pero expone que el consultor se atribuía influencia sobre determinadas decisiones del mandatario.

El Gobierno boliviano, en tanto, anunció una investigación sobre el caso. Paz ordenó que el episodio sea esclarecido y Gálvez aseguró que las autoridades prestarán “absoluta colaboración” a la Justicia y que Cerimedo no contará con protección política.

La conexión con la causa ANDIS

El caso también generó repercusiones en la Argentina a partir de las declaraciones de Beller sobre la supuesta participación de Cerimedo en la filtración de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

La mujer afirmó que el consultor le había hablado de presuntos hechos de corrupción en la Argentina y sostuvo que fue quien difundió las grabaciones que dieron origen a una investigación por supuestas coimas en el organismo.

El consultor ya declaró como testigo en esa causa y aseguró ante la Justicia que Spagnuolo le había hablado durante 2024 sobre un supuesto circuito de retornos en la compra de medicamentos que involucraba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

Cerimedo no ocupa actualmente un cargo oficial en el Gobierno argentino. Fue uno de los principales colaboradores de Milei durante la campaña presidencial, participó en la estructura digital y formó parte de su círculo de confianza. Según fuentes de la Casa Rosada, se encontraba distanciado del Presidente desde hacía tiempo.

La jueza federal María Servini elevó a juicio oral y público la causa contra Sebastián Emanuel Martínez, el efectivo de la Prefectura Naval Argentina acusado de disparar y herir gravemente a un manifestante durante la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, frente al Congreso de la Nación.

La resolución, dictada este miércoles por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 en la causa CCC 13238/2025, dispone la clausura de la instrucción y la elevación total del expediente al fuero oral, en línea con los pedidos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella. El expediente pasa ahora a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá sortear el Tribunal Oral en lo Criminal Federal que juzgará el caso.

Martínez, de 33 años, oriundo de Diamante (Entre Ríos), es oficial auxiliar de la Agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. Está acusado de haberle disparado a Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, con una lanzadora neumática marca Byrna, modelo TCR, cargada con proyectiles químicos de gas pimienta. El disparo, realizado a corta distancia y dirigido a la cara, le hizo perder a Navarro la visión del ojo izquierdo pese a las cirugías a las que fue sometido.

El hecho ocurrió en el marco de la represión de una protesta de jubilados contra el ajuste del Gobierno, la misma jornada en que el fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad por el disparo de un gendarme a pocas cuadras del lugar.

En la resolución, la jueza rechazó el pedido de la querella de elevar la causa de forma parcial y ratificó la prohibición de salida del país que pesa sobre Martínez desde agosto de 2025, que quedará ahora a disposición del tribunal que resulte sorteado.

El fallo también ordena remitir al Banco Nacional de Materiales Controlados (BaNMaC) los elementos secuestrados durante la investigación: la lanzadora Byrna TCR utilizada en el hecho, dos cargadores, proyectiles y fragmentos de gas pimienta, dos garrafas de CO2 vacías y un bolso, entre otros objetos, que quedarán reservados a disposición del tribunal oral.

El ex diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert presentó este miércoles un extenso descargo ante la Justicia y solicitó su sobreseimiento en la causa que investiga un presunto caso de lavado de dinero vinculado con el empresario Federico “Fred” Machado.

Espert entregó un escrito de 141 páginas ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, quien deberá definir su situación procesal en el marco de la investigación por el pago de US$200.000 que el ex legislador recibió en 2020 y que estaría relacionado con Machado.

Luego de presentar el escrito, Espert publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que defendió su versión de los hechos y cuestionó las acusaciones en su contra.

“¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos”, sostuvo.

El ex legislador afirmó que el dinero fue transferido a una cuenta bancaria a su nombre y destacó que la operación quedó registrada. “Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, argumentó.

La defensa del contrato

Espert también rechazó que el acuerdo de consultoría haya sido simulado y aseguró que existen elementos incorporados a la investigación que respaldan su existencia. “Su gestación está escrita en correos de 2019, incorporados a la causa con extracción forense y certificación notarial”, afirmó. Según explicó, el contrato surgió de una reunión personal que posteriormente fue agradecida por escrito por la empresa involucrada y que todos esos hechos ocurrieron antes de que se concretara el pago.

El ex diputado también señaló que tres testigos ya declararon en relación con ese contrato y que, según su interpretación, sus testimonios respaldan su versión. “¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? Cero. Ni uno”, afirmó.

Uno de los principales argumentos de su defensa está relacionado con el supuesto desconocimiento que tenía sobre las actividades ilícitas atribuidas posteriormente a Machado.

Espert sostuvo que en 2019 no conocía las acusaciones por fraude, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico que recaerían sobre el empresario y que esas cuestiones se hicieron públicas después de su detención, en 2021.

“¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía nadie? Ni los bancos de EE. UU. con los controles antilavado más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. Yo no tengo la bola de cristal”, manifestó.

El argumento sobre su patrimonio

Espert también respondió a las acusaciones relacionadas con un supuesto “enriquecimiento extraordinario”. “Antes del contrato yo tenía una casa y un auto. Hoy tengo una casa y un auto. Dos tercios del ‘aumento’ (la mayor parte) son inflación y ajustes de valuaciones fiscales”, explicó.

En esa línea, cuestionó que se considere que el dinero recibido haya tenido como objetivo beneficiar a Machado mediante una operación de lavado. “Dicen que ‘lavé’ para Machado. ¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar”, aseguró.

Según Espert, el dinero permaneció en una cuenta bancaria a su nombre y los impuestos correspondientes fueron abonados. “Un ‘lavado’ donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago. ¿Entonces ‘lavé’ para mí?”, planteó.

El ex diputado también utilizó un argumento vinculado con la trazabilidad de la operación para cuestionar la hipótesis de una maniobra deliberada. “¿Planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me ‘descuidé’ en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor”, escribió.

Además, consideró improbable que Machado necesitara utilizarlo para mover dinero debido a la magnitud de las operaciones que se le atribuían. “Un empresario que movía muchos millones por empresas y cuentas del exterior, ¿me necesitaba a mí —un economista conocido candidato a presidente— para mover 200 mil dólares por una cuenta con mi nombre? Una vía tan evidente y trazable sería el peor plan de lavado de la historia”, sostuvo.

“Un delito que no ocurrió”

En otro tramo de su descargo, Espert insistió en que una operación de lavado requiere la existencia de un beneficiario y afirmó que ninguno de esos supuestos se verifica en su caso. “Todo lavado tiene un beneficiario: o el dueño recupera su plata ‘limpia’, o uno disfraza plata propia”, señaló. Y agregó: “En mi caso no pasó ni una cosa ni la otra”.

A partir de ese argumento, concluyó: “Un delito sin objeto probado y sin beneficiario no es un delito difícil de probar: es un delito que no ocurrió”.

Por último, Espert afirmó que una vez que tomó conocimiento de quién era Machado lo hizo público y que posteriormente corrigió sus declaraciones impositivas. “Cuando supe quién era Machado lo dije por radio, en vivo, con todas las letras. Y rectifiqué mis impuestos y pagué, antes de que el fisco me reclamara un peso. Esa es mi ‘maniobra de ocultamiento’”, concluyó.

Ahora, el juez Lino Mirabelli deberá evaluar el descargo presentado por Espert y los demás elementos reunidos en la investigación antes de resolver su situación procesal.

Con información de la agencia NA

El proyecto del denominado Súper RIGI entra en la etapa decisiva de su tratamiento en el Senado. Luego de las exposiciones de funcionarios del Gobierno realizadas la semana pasada, este miércoles se llevará a cabo la última reunión informativa del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, antes de avanzar hacia la firma del dictamen y su eventual tratamiento en el recinto.

El encuentro comenzará a las 16 en el Salón Azul de la Cámara alta y marcará el cierre de la etapa de debate en comisiones. Las reuniones son encabezadas por Agustín Monteverde, en Presupuesto y Hacienda; Martín Goerling Lara, en Economía Nacional e Inversión; y Nadia Márquez, en Legislación General.

Durante la jornada de la semana pasada expusieron funcionarios vinculados al área económica y productiva, entre ellos el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. Los representantes del Gobierno defendieron la iniciativa y respondieron las consultas planteadas por los distintos bloques.

¿Qué diferencia al Súper RIGI del régimen original?

El nuevo esquema que busca atraer inversiones como las del magnate Peter Thiel toma como antecedente al RIGI incluido en la Ley Bases de 2024, pero apunta a un universo de inversiones diferente.

Mientras el régimen original estuvo orientado principalmente a proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales, el Súper RIGI busca atraer mega inversiones en actividades consideradas estratégicas y de frontera tecnológica, entre ellas la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables.

El proyecto contempla además actividades que todavía no se encuentran desarrolladas en la Argentina o que atraviesan etapas de experimentación.

Para acceder al régimen se establece un requisito de inversión mínima de US$1.000 millones, una cifra considerablemente superior al piso de US$200 millones establecido por el RIGI original.

A cambio, las empresas que ingresen al esquema tendrán acceso a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un período de estabilidad de 30 años en esas materias.

Otra de las diferencias está vinculada con el período para adherir al régimen. El RIGI original contemplaba una vigencia de dos años, con la posibilidad de extenderla por un año adicional, mientras que el Súper RIGI establece un plazo de cinco años, con una prórroga de un año.

El nuevo régimen también resulta más restrictivo respecto de las actividades alcanzadas: quedan afuera los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, así como los emprendimientos preexistentes que busquen ampliar sus instalaciones.

Durante la exposición ante los senadores, González Casartelli definió al Súper RIGI como un programa diseñado para generar condiciones para proyectos estratégicos que actualmente “todavía no están en el mapa”.

Lavigne, en tanto, sostuvo que el objetivo de la iniciativa está relacionado con la industrialización de los recursos naturales y con la posibilidad de que la Argentina pueda ingresar a sectores tecnológicos de vanguardia en los que, según explicó, sería difícil competir sin un esquema de incentivos.

Los beneficios fiscales y cambiarios

El proyecto establece una serie de ventajas para las empresas que cumplan con los requisitos para ingresar al régimen.

Entre ellas se encuentra una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, junto con un sistema de amortización acelerada de las inversiones: se podrá computar el 60% durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.

También se contempla la utilización de certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.

En cuanto a los quebrantos, podrán deducirse sin límite temporal. Los dividendos, por su parte, tributarán inicialmente al 7%, aunque esa tasa se reducirá al 3,5% después de cuatro años de permanencia en el régimen.

El esquema incluye además la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.

Uno de los principales beneficios cambiarios está relacionado con la disponibilidad de las divisas generadas por las exportaciones. El proyecto establece un esquema progresivo: a partir del tercer año, los inversores podrán disponer del 100% de los dólares provenientes de sus exportaciones.

Qué pasa con el “Compre Nacional”

Uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos durante el debate fue la modificación de las condiciones de contratación de proveedores locales. A diferencia del RIGI original, el proyecto aprobado por Diputados flexibiliza la obligación de destinar un 20% de las compras a proveedores nacionales.

El texto establece que las empresas podrán ser obligadas a contratar firmas locales únicamente cuando estas puedan ofrecer condiciones de precio y calidad equivalentes a las existentes en el mercado internacional. La modificación había sido incorporada a partir de una propuesta del bloque MID y despertó dudas entre senadores de la UCR y de distintos bloques provinciales.

Desde la oposición también se cuestionaron los alcances de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y su posible impacto sobre las empresas locales y la capacidad regulatoria del Estado.

El senador justicialista Jorge Capitanich puso el foco, particularmente, en la falta de precisión sobre cuáles serán las “nuevas actividades económicas” que podrán quedar comprendidas dentro del régimen.

El ex gobernador de Chaco y ex jefe de Gabinete advirtió que el proyecto contempla beneficios para inversiones multimillonarias vinculadas con actividades que todavía no aparecen identificadas de manera concreta en el texto.

Incentivos para investigación y desarrollo

El proyecto también incorpora un mecanismo destinado a promover la investigación y el desarrollo tecnológico.

Las empresas que destinen recursos a actividades de I+D o a programas de becas locales, como las Manuel Belgrano, podrán computar esos desembolsos por el doble de su valor real a la hora de alcanzar el monto mínimo de inversión requerido para ingresar al régimen.

El objetivo declarado es incentivar la transferencia de tecnología y generar algún tipo de vinculación entre las grandes inversiones y el sistema científico y educativo local.

La propuesta recibió media sanción en la Cámara de Diputados el 24 de junio, con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones.

El rechazo de investigadores y universidades

La iniciativa también generó cuestionamientos en sectores vinculados con el sistema científico y universitario.

Un grupo de docentes, investigadores y representantes de universidades nacionales y organismos científicos de distintas partes del país difundió una carta abierta dirigida a los senadores en la que expresó su preocupación por los alcances del Súper RIGI.

Los firmantes consideran que el proyecto establece un esquema de beneficios fiscales y estabilidad regulatoria durante varias décadas, acompañado por mecanismos de protección jurídica para grandes corporaciones tecnológicas internacionales.

Según plantearon, el régimen no establece como contrapartida obligaciones suficientes en materia de generación de empleo local, transferencia tecnológica o aportes concretos al desarrollo nacional.

En ese sentido, sostuvieron que la iniciativa implica una cesión de capacidad regulatoria sobre sectores estratégicos durante un período que puede alcanzar a varias generaciones.

La carta reclama que el debate parlamentario tenga en cuenta los efectos de largo plazo que el régimen podría generar sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado para definir políticas de desarrollo.

Los investigadores reconocen la necesidad de atraer inversiones y promover nuevas tecnologías, pero plantean que ese objetivo debería alcanzarse sin resignar de manera permanente herramientas regulatorias ni limitar la capacidad de decisión de las futuras generaciones.

Con información de la agencia NA

Después del escrache de los “Gandalfs del Sur” frente a la mansión de Peter Thiel y del boicot de 24 horas contra Mercado Pago que impulsó Libres del Sur, esta semana circulan dos nuevas convocatorias: una marcha sindical y social contra el sobreendeudamiento familiar, bautizada “Mercado Lacra” en alusión a la fintech de Marcos Galperín, y una movilización a la casa de Thiel bajo la consigna “Peter Thiel go home”.

La marcha contra el endeudamiento

Con el logo de Mercado Pago parodiado como “Mercado Lacra”, convocan para este jueves 20 de agosto a una “Marcha contra el endeudamiento”, con concentración a las 14 en Paseo Colón e Independencia y llegada prevista a las 14.30 al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250. La convocan de manera conjunta la UTEP, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, pero también organizaciones como el colectivo Ni Una Menos.

El reclamo apunta a la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o en mora grave, contraídos en su mayoría para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos, en un contexto de tasas de incumplimiento del 33% en fintech y billeteras virtuales. El flyer ilustra el reclamo con la imagen de una app que ofrece “un crédito impagable con tasas de interés del 700%” y la frase “no fue un revólver en la cabeza, fue una motosierra en los salarios”.

El lunes pasado Libres del Sur convocó a un boicot de 24 horas contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito. El movimiento, conducido por Silvia Saravia, sostuvo que el Gobierno “habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar las tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 1300%”, y apuntó directamente contra el dueño de la compañía: “Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron encadenando con intereses usureros a los que menos tienen. No es 'algo entre privados', como dicen Milei y Caputo. Es un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen”.

La marcha a la casa de Thiel

Otro flyer convoca para el sábado 29 a las 15.30 a una movilización que saldrá desde la Flor de Figueroa Alcorta hasta la casa de Peter Thiel, el magnate cofundador de Palantir y ahora accionista de Vista Energy. Bajo el título “Peter Thiel go home”, la consigna central es “No al Super RIGI” y “la tierra y el agua no se venden”, en línea con el reclamo ambiental y contra la extranjerización de recursos.

El flyer pide expresamente “traé tu máscara o disfraz” y la convocatoria corre por cuenta de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, un colectivo de organizaciones sociales y ambientales.

La consigna retoma la movida de “los Gandalfs del Sur”, que el lunes se plantaron frente a la casa de Thiel en Dardo Rocha al 2900, Barrio Parque —una propiedad de más de 1.600 m² y seis dormitorios que el magnate compró en abril de este año por unos US$12 millones—, disfrazados con túnicas grises, barbas postizas y sombreros de mago, y desplegaron una bandera con la frase “You shall not pass” tomada de El señor de los anillos. Cantaron contra Palantir, la empresa de vigilancia de datos que Thiel cofundó, y contra su inversión de US$76 millones en Vista Energy, la petrolera que opera en Vaca Muerta.

MC

Peter Thiel ya se bajó del primer evento con público en el que iba a participar en la Argentina. En las últimas horas se confirmó que el tecnofascista, dueño de Palantir, no estará en un evento en el que iba a compartir espacio junto a Javier Milei. La decisión del mangate se conoció después de que un grupo de manifestantes reclamaran frente a su mansión en Barrio Parque disfrazados de Gandalfs, protagonista de El Señor de los Anillos, saga de la cual Thiel es fanático.

Thiel iba a ser una de las figuras centrales del evento —tenía previsto un diálogo con el comentarista chileno Axel Kaiser— pero, según el comunicado de la organización Libertad y Progreso, “por razones de agenda y logística completamente ajenas a la organización del evento, Peter Thiel finalmente no podrá viajar a Buenos Aires”. El texto agrega que “Thiel y su equipo realizaron importantes esfuerzos para compatibilizar su participación con compromisos previamente asumidos, pero las dificultades de traslado hicieron imposible concretar su presencia en esta oportunidad”, y cierra agradeciendo “su predisposición” con la expectativa de “poder contar con Peter Thiel en una próxima visita a la Argentina”.

La baja se conoció apenas días después de un episodio insólito. El lunes el grupo de magos Gandalf se plantó frente a la mansión de Thiel en Dardo Rocha al 2900, en pleno Barrio Parque, con una bandera que citaba la frase del personaje: “You shall not pass”. La propiedad, de más de 1.600 m² y seis dormitorios, fue comprada por el magnate en abril de 2026 por unos US$12 millones y queda frente a la casa de Susana Giménez. Los manifestantes cuestionaban tanto la creciente presencia de Thiel en el país como su inversión de US$76 millones en acciones de Vista Energy, la petrolera que opera en Vaca Muerta, y apuntaron también contra Palantir, la empresa de vigilancia de datos que Thiel cofundó.

Thiel había pasado varios meses instalado en Buenos Aires y mantiene un vínculo cercano con el Gobierno, con visitas registradas a la Casa Rosada y un rol atribuido en el diseño de incentivos para inversión tecnológica como el llamado “Super RIGI”. Su ausencia le resta peso al evento donde estarán Milei, el economista y Nobel James Heckman, el cofundador de Jane Street Capital Tim Reynolds, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, la senadora Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno y el viceministro de Economía José Luis Daza.

Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo, publicó una serie de fotos en sus redes sociales en las que se ven fajos de dinero guardados en un cajón y una condecoración que la policía de Bolivia le otorgó al ex asesor del presidente Javier Milei.

También dio a conocer imágenes de su cuerpo con moretones y chats en los que ella y Cerimedo hablan de violencia física.

En las fotografías se ven muchísimos fajos de dinero y una placa con la frase: “Curso de seguridad y protección de personas. Reconocimiento a Licenciado Fernando Cerimedo”.

Junto a estas fotos, la abogada de 33 años advirtió: “La policía lo va a encubrir” y marcó: “Miren cómo lo condecoraban” en referencia al reconocimiento que recibió el actual colaborador del mandatario boliviano, Rodrigo Paz.

La mujer, que recibió tres tiros el lunes por la noche, dejó en claro que “no quiere que el caso sea declarado en reserva” y subrayó: “Tengo derecho de conocer las investigaciones”.

Luego, en otra publicación de Facebook, dio a conocer imágenes con moretones en diferentes partes de su cuerpo y adjuntó capturas de chats que mantuvo con el consultor político.

“Ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos”, le dice Beller y añade: “Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas, nunca fueron de arrepentimiento. Igual ya me di cuenta por la forma en la que actuaste”.

Cerimedo le contesta: “Te pedí disculpas de mil formas, pero vos solo querés seguir castigándome, vengándote. Y te entiendo. Pero no tenés límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue”.

“Se me está haciendo moretón en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo”, le retruca ella a lo que el consultor político responde: “Tenés que ponerte frío amor”. “No tengo que alejarme de vos”, le deja en claro la abogada.