La figura del jefe de Gabinete nació hace 32 años con una promesa ambiciosa: introducir una dosis de parlamentarismo en el hiperpresidencialismo argentino. La Constitución reformada en 1994 imaginó un funcionario con peso político propio, responsable ante el Congreso y sujeto, llegado el caso, a una herramienta excepcional: la moción de censura. Tres décadas después, ese mecanismo nunca fue utilizado. Ninguno de los más de veinte jefes de Gabinete que pasaron por el cargo desde 1995 llegó a estar tan cerca de enfrentarlo. Manuel Adorni podría ser el primero.

La paradoja es todavía más grande si se observa la otra cara del fenómeno. Nunca antes un ministro coordinador había sido jaqueado desde el Congreso y blindado al mismo tiempo por un presidente con la intensidad con la que Javier Milei decidió sostener a Adorni. Mientras la oposición explora caminos parlamentarios para desplazarlo, los aliados piden tomar distancia y una parte del propio oficialismo reconoce que el caso se volvió demasiado costoso, el Presidente y Karina Milei se mantienen inamovibles: lo consideran inocente. Incluso, en privado, algunos funcionarios deslizan una hipótesis tan extrema como reveladora del clima político actual: si el Congreso consiguiera removerlo, Milei podría volver a designarlo en el mismo cargo.

La escena condensa una contradicción que atraviesa toda la historia de la Jefatura de Gabinete. Con el impulso clave de Raúl Alfonsín, el cargo fue concebido como una suerte de primer ministro argentino, un primus inter pares capaz de asistir al Presidente en la administración general del país y rendir cuentas ante el Congreso. En el diseño de 1994, esa figura debía funcionar como una válvula institucional: una manera de ordenar la gestión, de repartir responsabilidades y de atenuar la concentración de poder presidencial. En la práctica, sin embargo, la política argentina terminó convirtiéndolo en un ministro de confianza del Presidente, expuesto al desgaste cotidiano, con responsabilidades transversales y una autonomía siempre condicionada por la voluntad del jefe del Ejecutivo.

20

Los números ayudan a dimensionar esa distancia entre el diseño constitucional y la práctica política. Desde la creación efectiva del cargo, en julio de 1995, hubo 20 jefes de Gabinete distintos. Algunos duraron años. Otros apenas días. El promedio histórico ronda los veinte meses, una cifra que revela hasta qué punto la volatilidad fue una marca de origen. El área nunca logró consolidarse como una institución con reglas propias. Dependió siempre de la personalidad del presidente de turno, de la fortaleza política del ministro coordinador y del espacio real que cada administración decidió otorgarle.

Carlos Menem inauguró la figura con Eduardo Bauzá y luego Jorge Rodríguez. Fernando de la Rúa tuvo a Rodolfo Terragno y Chrystian Colombo, pero la crisis de 2001 convirtió al cargo en una estación de paso: durante las presidencias interinas desfilaron Humberto Schiavoni, Jorge Obeid y Antonio Cafiero, algunos por apenas unas horas. Eduardo Duhalde designó primero a Jorge Capitanich y luego a Alfredo Atanasof. En 2003, Néstor Kirchner, en cambio, optó por una continuidad excepcional: Alberto Fernández fue su único jefe de Gabinete y siguió durante la primeta mitad del primer año de mandato de Cristina Kirchner, hasta que la “crisis del campo” lo empujó a dejar su puesto.

La expresidenta tuvo una relación mucho más cambiante con el cargo. Entre 2008 y 2015, pasaron por la Jefatura de Gabinete Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y otra vez Aníbal Fernández. Mauricio Macri eligió el camino opuesto, más en línea con el primer Kirchner: Marcos Peña permaneció durante los cuatro años de mandato y se convirtió en el segundo ministro coordinador que más duró de la historia, después justamente de Alberto Fernández, quien fuera el único jefe de Gabinete en llegar a ser presidente. A partir de 2019, una vez sentado en el Sillón de Rivadavia, Fernández volvió a la lógica de la rotación y acumuló tres nombres: Santiago Cafiero, Juan Manzur y Agustín Rossi.

Desde 2023, Javier Milei ya suma tres jefes de Gabinete en apenas dos años y medio de gestión: Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni. Es una secuencia que ilustra también la singularidad de su administración. Posse cayó abruptamente tras la primera gran crisis interna del Gobierno, en medio de acusaciones por supuesto espionaje interno. Francos ocupó el cargo como una figura de transición, respaldado por su experiencia política y su capacidad de negociación con gobernadores y opositores dialoguistas. Mientras que Adorni llegó como una apuesta completamente distinta, mucho más asociada a la construcción comunicacional que a la coordinación tradicional de la gestión.

Artículo 101

El artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno y que puede ser interpelado para el tratamiento de una moción de censura. También prevé que puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Pero como nunca fue utilizado, el mecanismo arrastra zonas grises. ¿Alcanza con que una sola cámara lo interpelle o deberían hacerlo ambas antes de votar la remoción? ¿Qué ocurre si una cámara avanza y la otra no? ¿Puede un Presidente volver a nombrar al mismo funcionario después de que el Congreso lo haya censurado? La Constitución no lo prohíbe expresamente. La política, hasta ahora, nunca necesitó responderlo.

Ese vacío práctico es parte del problema. La moción de censura fue pensada como una herramienta de control parlamentario, pero nació en un sistema que nunca dejó de ser presidencialista. En la Argentina, el jefe de Gabinete no gobierna como un primer ministro. No forma una mayoría parlamentaria propia, no cae cuando pierde apoyo legislativo ni conduce al resto de los ministros con autoridad autónoma. Es, en definitiva, un subordinado presidencial con obligaciones especiales ante el Congreso. Por eso la eventual remoción de Adorni no sólo pondría a prueba al funcionario. Pondría a prueba un mecanismo constitucional que lleva tres décadas dormido.

El caso expone, además, una anomalía política. La Jefatura de Gabinete fue creada para descargar responsabilidades del Presidente. En teoría, debía ser el cargo que absorbiera parte del desgaste de la gestión, ordenara los conflictos administrativos y funcionara como puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En la práctica actual ocurre casi lo contrario. Milei está destinando una porción creciente de su capital político a sostener a su jefe de Gabinete. Lo que debía proteger al Presidente terminó siendo protegido por el Presidente.

¿Por qué Milei invierte tanto en Adorni? La pregunta recorre la Casa Rosada desde hace semanas y nadie ofrece una respuesta única. Algunos lo explican por la confianza personal. Otros por la lealtad absoluta del funcionario hacia Javier y Karina Milei. Hay quienes agregan un componente ideológico: el Presidente no parece mirar con la misma gravedad que otros sectores políticos la existencia de ahorros no declarados, en la medida en que los interpreta como una defensa de los ciudadanos frente al Estado. Pero también aparece una razón más simple y más política: correr a Adorni ahora sería leído como una concesión ante la oposición, ante los aliados y ante incluso Patricia Bullrich, la dirigente oficialista que más viene empujando una salida.

La presión de la exministra de Seguridad es un dato central. La senadora no rompió con el Gobierno ni se plegó a la estrategia del kirchnerismo, pero dejó claro que considera el caso como una “omisión ética” y que el tema debe ser resuelto. Su incomodidad expresa algo más amplio: una parte de los aliados del oficialismo no quiere quedar pegada a una defensa cerrada del jefe de Gabinete. El PRO y sectores de la UCR buscan despegarse sin aparecer alineados con el kirchnerismo, mientras que los gobernadores observan el costo de involucrarse en una discusión que no controlan.

Adorni, mientras tanto, quedó en una zona extraña. Sigue blindado por el Presidente, pero perdió centralidad política. Conserva el cargo, pero su agenda quedó condicionada por su defensa. Esa es otra diferencia con sus antecesores. Adorni llegó al cargo desde la comunicación, como una de las caras más reconocibles del mileísmo, y ahora enfrenta una discusión que afecta justamente su principal activo: la capacidad de explicar. No parece casual, en ese contexto, que el Gobierno haya designado al economista y diputado libertario Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en un movimiento que busca aliviar parte de la exposición cotidiana que hasta ahora recaía sobre el jefe de Gabinete.

Si el Congreso avanza, Adorni podría convertirse en el primer ministro coordinador interpelado con riesgo real de censura. Si el Congreso no avanza, el Gobierno habrá ganado tiempo, pero no necesariamente habrá cerrado la crisis. Si Milei lo sostiene, reforzará su autoridad presidencial pero seguirá pagando el costo de una controversia prolongada. Si lo corre, concederá una victoria política a quienes vienen pidiendo su salida. Si lo removieran y lo volviera a nombrar, abriría una discusión constitucional todavía más delicada. El juego está en proceso y tiene final incierto.

PL/MG

Victoria Villarruel participó este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario pese a no haber recibido una invitación formal por parte de la Casa Rosada, en un nuevo capítulo de la tensión que mantiene con el presidente Javier Milei y su entorno político.

Horas antes de la ceremonia, Villarruel había confirmado a través de sus redes sociales que viajaría a la ciudad santafesina para participar de la conmemoración. En su mensaje sostuvo que Rosario es su “segunda casa” y destacó el vínculo familiar que mantiene con la ciudad. “Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, escribió.

Críticas por la exclusión y cuestionamientos a Adorni

Ya en Rosario, Villarruel cuestionó públicamente no haber sido convocada de manera formal al acto encabezado por el Gobierno nacional.

“No está bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada”, afirmó en declaraciones a la prensa. También sostuvo que la situación transmite “un mensaje pésimo” en una fecha que, según remarcó, debería representar a todos los argentinos.

La vicepresidenta intentó separar sus cuestionamientos políticos de la conmemoración patria. “No quiero hacer de esto un acto político. Hoy hay que hablar de la unión de los argentinos y de los valores del general Manuel Belgrano”, expresó.

Sin embargo, luego volvió a marcar diferencias con el oficialismo al referirse a la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la ceremonia.

“Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni”, sostuvo. Y agregó: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”.

Para Villarruel, la jornada debía estar centrada en la figura del creador de la bandera y no en respaldos políticos a funcionarios del Gobierno. “Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”, concluyó.

Una relación cada vez más distante

La participación de Villarruel en Rosario se produjo en medio de una relación cada vez más deteriorada con el Presidente. El año pasado ambos compartieron la ceremonia oficial por el Día de la Bandera, mientras que en 2025 encabezaron actividades separadas. En aquella ocasión, Milei realizó un acto en el Campo Argentino de Polo y la vicepresidenta eligió viajar a Rosario.

Durante la ceremonia de este sábado también quedaron expuestas algunas señales de la distancia entre ambos. Según consignaron cronistas presentes en el lugar, no hubo un saludo público entre Milei y Villarruel, una situación similar a la registrada durante el Tedeum del 25 de Mayo.

La disputa también se extiende a otros frentes políticos. En las últimas semanas, la vicepresidenta tomó distancia de la estrategia oficial respecto de Adorni y habilitó en el Senado iniciativas impulsadas por sectores opositores vinculadas a los cuestionamientos sobre la situación patrimonial del funcionario.

Aunque desde el Gobierno evitan referirse públicamente al conflicto, la decisión de Villarruel de asistir a Rosario pese a no haber sido incluida entre los invitados volvió a exponer las diferencias que atraviesan la conducción del oficialismo.

Con información de NA

A un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, una multitud de militantes se concentró este sábado en Parque Lezama en una movilización convocada por el kirchnerismo bajo la consigna “Banderazo por Argentina. Por Cristina”, en respaldo a la exmandataria, quien cumple arresto domiciliario en su domicilio de San José 1111.

El acto tuvo como único orador al diputado nacional Máximo Kirchner, quien desarrolló un extenso discurso centrado en la situación interna del peronismo, la estrategia política del espacio y la figura de Cristina Fernández de Kirchner como referencia central del movimiento.

Kirchner inició su intervención con un llamado a la unidad del espacio político y advirtió sobre los desafíos de una eventual vuelta al gobierno. “La única manera de que la patria recupere el sendero de crecimiento es con el peronismo en el camino”, sostuvo.

En esa línea, planteó críticas hacia la dinámica interna del partido y hacia la forma en que algunos dirigentes conciben al peronismo. “El problema es que, muchas veces, hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder, y no como un camino y una doctrina que defiende al pueblo y lo pone de pie”, afirmó.

También pidió un proceso de reflexión interna: “Nos debemos un momento de reflexión, de entender cuáles son los desafíos que nuestro pueblo manda”.

Críticas a la interna y defensa de Cristina

En otro tramo de su discurso, el diputado cuestionó a sectores del propio espacio que relativizan el liderazgo de la ex mandataria. “Si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes lo necesitan”, sostuvo.

Y agregó: “Escuchamos a dirigentes de nuestro partido que buscan negar la figura de Cristina, transformados en consultores y olvidando ser militantes”.

En ese marco, vinculó esas tensiones con la discusión electoral futura y la representación del espacio: “Si alguno piensa que esa mujer resta votos, quisiera que me expliquen si vamos a juntar los votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso Nacional”.

Kirchner también se refirió a la necesidad de una definición electoral clara dentro del peronismo, en un mensaje interpretado como parte de la interna con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Aboguemos por una candidata y no por un candidato por default”, afirmó.

Y cerró con una advertencia sobre el escenario político general: “Si no hay reacción consciente y racional, en nuestro pueblo solo habrá más tristeza y desamparo”.

Dirigentes presentes y movilización posterior

Del acto participaron intendentes y referentes de Unión por la Patria (UxP), entre ellos Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús) y Alejandro Granados (Ezeiza), además del senador nacional y ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el ex funcionario Guillermo Moreno, entre otros dirigentes y legisladores.

Si bien se esperaba un mensaje grabado de la ex presidenta, finalmente no hubo intervención pública.

El diputado nacional del MID Oscar Zago sostuvo que “el 99% de los argentinos” piensa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “es un mentiroso”, y consideró que el Gobierno de Javier Milei es “caprichoso” por sostenerlo en el cargo.

El legislador que supo ser jefe del bloque de La Libertad Avanza antes de su distanciamiento ratificó que el MID dará quórum en la sesión pedida por la oposición para el próximo martes, y que apoyará los planteos de interpelación.

Consultado sobre la moción de censura, el mecanismo constitucional para destituir al jefe de Gabinete, Zago no fue tan determinante aunque aclaró que ese instrumento “no es algo raro que inventó la oposición”.

“Lo que pasa es que después viene el discurso de que nosotros somos destituyentes. La moción de censura está dentro de la Constitución Nacional, al igual que el juicio político, no es que estamos inventando algo raro. Si cometiste una infracción, no podés tener excusas ni decir que queremos dar un golpe. Al tipo que tenés cuestionado, sacalo y se acabó la discusión. Y no es porque la oposición quiera, sino porque ellos son caprichosos”, expresó en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas. 

Y agregó: “El tipo nos mintió en la cara. No lo dice la oposición en el Congreso, lo dice el 99% de los argentinos. Ahora, si vas a seguir insistiendo con que es un buen tipo y que no es mentiroso, ya me parece que son más caprichosos que nenes de dos años”.

La entrevista completa

¿Por qué Milei sostiene a un funcionario que ya perdió la credibilidad? 

Primero están ganando tiempo, creo que no deben tener una decisión tomada definitivamente. En el día a día la Justicia avanza y complica cada vez más a la familia. --El hermano es el primero convocado por la Justicia. Lo único que hacen es demorar y ganar tiempo en el Congreso. El Senado ya fijó fecha para el jueves que viene. Podrán evitar el quórum en la sesión del martes, pero de la sesión del Senado el jueves no van a poder escaparse. Nosotros vamos a emplazar a las comisiones para dar los pedidos de informe y de interpelación.

¿El martes que viene el MID va a dar quórum?

Nos vamos a sentar.

¿Está justificada la interpelación para Adorni?

Está justificada para una persona que se demostró que nos mintió a todos cuando vino y que, encima, pidió no hablar de su situación personal porque podía perjudicar la causa.

¿Y cree que también el Congreso debería avanzar en la moción de censura? 

Lo que pasa es que después viene el discurso de que nosotros somos destituyentes. La moción de censura está dentro de la Constitución Nacional, al igual que el juicio político, no es que estamos inventando algo raro. Si cometiste una infracción, no podés tener excusas ni decir que queremos dar un golpe. Al tipo que tenés cuestionado, sacalo y se acabó la discusión. Y no es porque la oposición quiera, sino porque ellos son caprichosos. El tipo nos mintió en la cara. No lo dice la oposición en el Congreso, lo dice el 99% de los argentinos. Ahora, si vas a seguir insistiendo con que es un buen tipo y que no es mentiroso, ya me parece que son más caprichosos que nenes de dos años.

El emplazamiento de las comisiones supone un camino bastante largo, y mientras tanto Adorni se mantiene en su cargo

Es estirar la agonía. La sociedad ya lo sabe. Le preguntás a un nene de 4 años o a alguien de 80 y te dice que es un mentiroso. Si está bien o mal en la Justicia, no nos metemos. Lo que discute el 99% de la sociedad es que nos mintió mal; mintió ante la prensa y se sentó en el Congreso a mentirnos. Cuando mentís diciendo que encontraste un dinero que ni sabías que tenías, es medio complicado sacarse de encima ese lastre. Adorni cometió un error, mintió y evadió. Después la Justicia tiene que investigar que te prestó plata una jubilada, que te encontraste un pendrive, una billetera virtual o que te olvidaste de la sucesión de tu papá. Son muchas irregularidades graves. Cometió diez irregularidades y de las diez se olvidó totalmente. Eso lo hace un mentiroso serial.

¿Milei no se da cuenta de que este tema lo puede arrastrar a él también y que pega en la imagen general del gobierno? 

No lo entienden así. El Gobierno está convencido de que no le hace daño el tema Adorni. Juegan con que le va bien a la economía, con la inflación y con que bajaron el riesgo país, a pesar de que hay otros problemas económicos. Pero yo creo que eso es menospreciar al pueblo. 

El MID empezó siendo una parte importante de la alianza de La Libertad Avanza. Después hubo desencuentros, problemas y diferencias. ¿Hoy cómo se posicionan políticamente? 

En la Ciudad de Buenos Aires ya cerramos un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Estamos trabajando juntos en un mismo bloque con los seis legisladores que tenemos y vamos a ir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Larreta a la cabeza.

¿Y a nivel nacional?

A nivel nacional estamos charlando con distintos sectores: el radicalismo, Juntos por el Cambio en su conjunto, peronistas, desarrollistas, de derecha y de izquierda. La política en Argentina es muy dinámica, pero vamos a dialogar con todos porque queremos el bienestar de los argentinos. En mi primera gestión yo dije que teníamos que armar un gran interbloque entre todos, pero el gobierno nunca quiso.

Con información de Noticias Argentinas.

Sería muy fácil y muy inexacto afirmar que la historia de la movilización callejera en la Argentina comienza el 25 de mayo de 1810. La cantidad de convocados frente al Cabildo ese día no era demasiado importante, y la salida de Cisneros no la decidió la multitud, sino las negociaciones entre los notables y la amenaza militar de Saavedra. Es mucho más adecuado afirmar que la historia moderna argentina cambia bruscamente el 17 de octubre de 1945, cuando por primera vez la movilización de las masas obreras produce un efecto político. Un efecto doble, como ya es bien sabido: la liberación de Perón, por un lado, y la comprobación de que las masas en movimiento se constituían en un actor insoslayable, de allí en más. También es sabido que al impulso de sublevación le sigue el disciplinamiento: el peronismo ritualiza esa movilización inicial, para transformar en celebración lo que había sido impugnación. Fuera de ese corsé figura el acto del 22 de agosto de 1951, que rompe la ritualización: el diálogo de Eva Perón con las masas es un ejemplo único de que esa conversación podía existir, de que no era una ficción –la de “Perón escuchando al pueblo” – y que incluso intentó torcer una decisión que ya estaba tomada –el “renunciamiento” –. De todas maneras, en homenaje a la historia escolar, ese acto dio en llamarse “Cabildo Abierto”. Las masas también fueron buenos estudiantes de la escuela patria.

Hace más de una década, cuando ocurrieron las movilizaciones brasileñas coincidentes con la Copa de las Confederaciones de 2013, una antropóloga brasileña, la querida Simoni Guedes, afirmaba que esa ocupación de la calle era excepcional en el Brasil. En la Argentina, en cambio, el mito del 17 de octubre produjo una práctica invariable: la protesta ocupa la calle, y busca el centro simbólico de la política, la Casa Rosada o el Congreso (y lo mismo hace en las ciudades de las provincias, salvo cuando los gobernadores mudan esos centros a complejos burocráticos excéntricos). Sólo las dictaduras interrumpían esa práctica, para encontrarse con que las masas las retomaban apenas podían y como podían: el Cordobazo y sus derivas, o la primera movilización contra Videla en 1981, hacia San Cayetano. La dictadura comienza a caer el 30 de marzo de 1982, cuando la multitud regresó por primera vez a la Plaza de Mayo, para ser brutalmente reprimida. Volveríamos por revancha el 16 de diciembre de ese año, con el mismo resultado: la dictadura no podía tolerar esa provocación popular –veinte años después, los combates entre la policía y los manifestantes del 19 y 20 de diciembre de 2001 sólo buscaban evitar que el derrumbe de De la Rúa fuera interpretado como un triunfo de la movilización antes de que fuera, como en 1810, producto de la rosca de los nuevos notables.

Las calles han sido escenario de algunos de los mejores momentos de nuestra historia; y son los mejores justamente porque ponen en tensión la relación entre las multitudes y el poder (por eso, las movilizaciones de festejo por Malvinas, en abril de 1982, no son nuestro mayor orgullo). No se trata sólo de la protesta: hay momentos también inolvidables por la felicidad, como el 10 de diciembre de 1983, el 30 de junio de 1986 o el celebérrimo y excepcional 20 de diciembre de 2022. No he podido encontrar un solo antecedente en la historia de la galaxia de semejante movilización popular; apenas se le acercan algunos funerales, como los de Mahatma Gandhi en 1948 o Gamal Abdel Nasser en 1970, o la propia Eva Perón, a lo largo de 16 días (no dejen de leer el fantástico libro de Sandra Gayol, Una pérdida eterna).

Por todo eso, la acumulación de movilizaciones de los últimos dos meses no debería sorprender a nadie: el 24 de marzo, la Marcha Universitaria del 12 de mayo, el Ni Una Menos del 3 de junio, el funeral popular del Indio Solari el 7 de junio. Con entusiasmo, podríamos sumar la actuación del sacerdote portugués Guilherme Peixoto el 18 de abril ante más de cien mil personas en la Plaza de Mayo, aunque no me animo a poner en la misma lista un espectáculo musical –aún siendo tan original e inédito–. Por otro lado, el padre Peixoto fue un fenómeno estrictamente porteño, mientras que las restantes fueron nacionales –el funeral del Indio se verificó en Villa Dominico, pero el dolor recorrió los centros urbanos. Esa voluntad popular de ocupar la calle para el festejo, el dolor o la protesta es una memoria colectiva de gran potencia. Eso no significa que no pueda ser usada en sentidos contrarios. La Plaza del Sí que Neustadt le organizó a Menem en 1990, por ejemplo, no ponía ninguna tensión con el poder, sino que lo celebraba; las protestas conservadoras por Nisman o las movilizaciones de antivacunas o anti cuarentenas entre 2020 y 2021 señalan algo que desde el menemismo sabemos bien: la derecha también sabe ocupar la calle.

De multitudes y masas

(Esto me recuerda la famosa frase de Borges en 1944, cuando alaba las celebraciones porteñas por la liberación de París diciendo que “una emoción colectiva puede no ser innoble”. Una cosa son las multitudes, parece: otra son las masas. Las multitudes pueden no ser innobles; las masas lo son, irremediablemente. Cuando ocurrió la disputa por la inolvidable resolución 125, en 2008, se sucedían los actos callejeros; los convocados por la derecha pro-agraria se llenaban de “gente” que iba por su voluntad; los organizados por el peronismo eran vilipendiados como masas dependientes de la coca y el choripán. Esa alternancia se sigue y se seguirá reproduciendo mientras quede un solo gorila sobre la faz de la tierra, entendiendo “gorila” en su sentido más original: aquel que aborrece a las masas y las entiende, para seguir citando a Borges, como protagonistas de “oprobio y bobería”).

Estas cuatro movilizaciones multitudinarias en apenas setenta y seis días, según dice mi calculadora, agregan significados novedosos. No es nueva, como vengo argumentando, la pulsión callejera: nuestra tradición nos ordena que la ocupación de la calle es la norma y no la excepción. (Algunos colegas están en estos momentos trabajando sobre los aniversarios de las movilizaciones anti-menemistas de hace treinta años, que inventaron el “piquete”: simplemente, el corte de rutas como protesta –es decir, como ya dije, la tensión entre las masas y el poder–.) El mileísmo leyó esto rápidamente, y por eso propuso la “supresión del piquete” como práctica clave del nuevo disciplinamiento social. Afortunadamente, entre sus muchas ignorancias asomó un rayo de luz, y se dieron cuenta de que podían bloquear el Congreso ante pocos miles de manifestantes, pero nunca reprimir un millón de personas que ocuparan todas las Avenidas de Mayo de la Argentina. Las últimas movilizaciones reunieron esa condición, lo que evitó posibles batallas campales –a las que la derecha teme, por el fantasma del nuevo 17 (fusiles y machetes)–. Una prueba a favor de este argumento es lo que ocurrió con el dolor por la muerte del Indio Solari: la primera concentración en Plaza de Mayo, el viernes 5, fue atacada por la Policía Federal; una segunda en el Obelisco, el sábado 6, fue atacada por la Policía de la Ciudad; el funeral definitivo, el domingo 7, fue dirigido por los bomberos, lo que evitó cualquier incidente con una Bonaerense que nunca estará en sus cabales frente a tanto ricotero junto.

Lo que une a las cuatro movilizaciones no es un imposible carácter apolítico –las masas, por su mera presencia, no pueden ser apolíticas, ni siquiera prepolíticas–, sino la imposibilidad de su captura partidaria. Las cuatro mueven consignas transversales: memoria, verdad, justicia, educación pública gratuita y de calidad, ascenso social, justicia y derechos para las mujeres, dolor colectivo y amoroso por la muerte del artista popular. Justamente, esa transversalidad impide una captura partidaria o algún intento de acumulación personal (aunque esa transversalidad a la vez propone un programa político, algo a lo que nuestras dirigencias parecen escaparle como un adolescente a la ducha). 

Si a las cuatro le sumamos la movilización excepcional del 20 de diciembre de 2022, el momento alto de felicidad popular efímera que el fútbol pudo desatar, hay otro elemento que las une a todas: las masas se cuidan a sí mismas. Aunque esas mismas masas puedan reclamar mayor presencia del Estado –recordando siempre que la policía reprimiendo es también mayor presencia del Estado–, en el momento de ocupar la calle la movilización afirma una colectividad cuidadosa, la construcción corporal de una solidaridad popular (porque no es una ilusión, sino que son cuerpos concretos y en movimiento los que están allí cuidándose, reconociéndose, creándose como colectivo; incluso, aunque suene excesivo, amándose. El funeral del Indio Solari produjo eso: el amor colectivo unido en el dolor popular).

Perdón por este pliegue amoroso: apenas un homenaje a tantos romances que han nacido en las movilizaciones callejeras de la historia argentina. No me cabe duda de que en ellos pensaba Mario Benedetti cuando concluía un poema llamado “Te quiero” con esa frase infinitamente cursi: “en la calle codo a codo somos mucho más que dos”. Quizás, un buen programa de gobierno para echar a esta banda de perros asaltantes consista en, exactamente, bajar la cólera y renovar pactos amorosos. Pero populares y de masas. 

PA/MG

El Monumento a la Bandera amaneció este sábado con los preparativos de un fuerte dispositivo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei para la fecha patria en homenaje a Manuel Belgrano. Tres anillos de seguridad, más de 300 policías de Santa Fe y fuerzas federales blindaron al Presidente y el resto del gobierno nacional de posibles muestras de rechazo no solo a su presencia sino a la de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Al Presidente le llevó apenas unos 15 minutos leer su discurso –que no incluyó alusiones provocadoras, y menos anuncios–, que se centró en la figura de Manuel Belgrano, prócer al que intentó vincular con la prédica libertaria, y enseguida partió de Rosario como había llegado: en helicóptero. Sin contacto con la prensa ni declaraciones fuera de las que tenía escritas. Dejó, eso sí, las fotos de su persistente respaldo al jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito.

El Gobierno nacional llegó este sábado al Monumento a la Bandera en Rosario para encabezar el acto oficial del Día de la Bandera, una ceremonia que, lejos de funcionar como gesto de cohesión institucional, se desarrolló bajo una tensión política creciente: la crisis abierta por las causas judiciales que comprometen a Adorni, y la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de asistir al evento a pesar de no haber sido invitada por la Casa Rosada.

La interna con la vicepresidenta volvió a quedar en la escena. El Presidente evitó saludarla y ella le devolvió el desplante reforzando sus críticas al jefe de Gabinete: “Es una acto patrio, no es un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, dijo en declaraciones a la prensa. Desplazada de las ubicaciones reservadas para las autoridades nacionales, su lugar en el acto estuvo junto a las provinciales.

En el medio, sindicatos locales y otras organizaciones gremiales y sociales habían anunciado una marcha de rechazo a las visitas de Casa Rosada. Pero el fuerte operativo de seguridad los obligó a desistir de la movilización hasta el Monumento a la Bandera.

Durante su discurso Milei definió a Manuel Belgrano como “un gran promotor de la libertad política y económica” y sostuvo que la bandera fue “la representación visible de una causa: la causa de la libertad”.

En una mañana helada, la actividad estuvo encabezada por Javier Milei, acompañado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. El acto incluirá el izamiento de la bandera, la interpretación de Aurora y el Himno Nacional, y tendrá como oradores a Javkin, Pullaro y, en el cierre, al propio Presidente.

Adorni, el invitado incómodo que Milei insiste en sostener

La presencia de Manuel Adorni fue uno de los focos centrales del acto. El jefe de Gabinete atraviesa su peor momento político desde que asumió: enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se conocieran meses atrás propiedades no declaradas y un ahorro “en negro” de más de US$500.000, admitido por él mismo. La oposición impulsa una moción de censura en el Congreso tras la presentación de la DDJJ y sectores del propio oficialismo ya no ocultan su incomodidad.

Aun así, Milei decidió llevarlo a Rosario como gesto explícito de respaldo. El Presidente y su hermana Karina Milei consideran que Adorni debe permanecer en el cargo y buscan mostrarlo públicamente como parte del núcleo duro del Gobierno. Este viernes, el mandatario desayunó en Olivos con el jefe de Gabinete en una nueva muestra de respaldo incondicional. Al menos por ahora.

La insistencia presidencial choca con el clima político local: funcionarios de Santa Fe y Rosario expresaron su malestar ante la posibilidad de compartir la foto con un funcionario investigado. Incluso dirigentes aliados, como la concejala rosarina Anita Martínez, pidieron públicamente que Adorni no fuera parte del acto para evitar “empañar un ritual tan valioso”.

La funcionaria municipal que representa al PRO calificó de “imprudente” el accionar de Adorni en referencia a su situación actual con la Justicia, debido a que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y tardó más tiempo del correspondiente para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Asimismo, sostuvo que la situación política actual y las disputas personales que atraviesa públicamente, empañarían un acto institucional tan relevante como es el que se realizará el próximo sábado, especialmente para los estudiantes que realizan su promesa de “lealtad a la bandera”.

En el texto, escribió dejar “los egos y las mezquindades” de lado para mantener íntegramente el valor significativo del encuentro a llevarse a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera.

Villarruel desafía a la Casa Rosada

La otra protagonista del día fue Victoria Villarruel. Por segunda vez en un mes —ya había sido excluida del Tedeum del 25 de mayo—, la vicepresidenta quedó afuera de la lista oficial de invitados al acto patrio. Aun así, confirmó que viajará a Rosario “de todos modos”, reivindicando su derecho institucional a participar de las ceremonias nacionales.

“El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná” respondio en X la titular del Senado a una usuaria.

En su entorno aseguran que “ella siempre va a los actos patrios” y que no evitará cruzarse con Adorni, con quien mantiene una relación abiertamente hostil. La Provincia de Santa Fe aclaró que, por su investidura, se le hará un lugar aunque no haya sido convocada por Presidencia.

La decisión de Villarruel vuelve a exponer la fractura interna del Gobierno: mientras Milei la margina de los actos oficiales, la vice impulsa en el Senado el tratamiento de proyectos que podrían derivar en la interpelación e incluso la destitución de Adorni.

Un acto patrio atravesado por la política

El acto del Día de la Bandera suele ser una ceremonia institucional, con fuerte presencia escolar y un clima de celebración cívica. Pero este año, la escena estará marcada por:

Mientras tanto, el Gobierno intenta utilizar la fecha patria para mostrar orden interno y recuperar iniciativa política, en un contexto de desgaste acelerado y presiones crecientes desde el Congreso y desde dentro de su propia coalición.

Monumento a la Bandera restaurado

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguraron este jueves las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, tras más de una década de trabajos paralizados.

La obra demandó una inversión superior a los $4.000 millones por parte del Gobierno santafesino, luego de que la Nación desistiera de concluir las tareas. Según se informó, la Provincia asumió una deuda de $1.456 millones con la contratista y destinó otros $2.600 millones para finalizar la intervención.

“Hoy le devolvemos a la Argentina un Monumento Nacional a la Bandera con el esfuerzo de la provincia de Santa Fe y con el corazón de la ciudad de Rosario”, afirmó Javkin durante el acto.

Pullaro, por su parte, sostuvo que la decisión se tomó “con recursos de la provincia de Santa Fe” y remarcó: “Cuando los recursos públicos se administran con austeridad, y cuando no se roba, la plata alcanza en la República Argentina”.

La inauguración incluyó además la primera Promesa de Lealtad a la Bandera frente al monumento restaurado, protagonizada por más de 4.500 niñas y niños de cuarto grado de distintas provincias.

Los trabajos incluyeron la restauración del Propileo, la renovación del sistema eléctrico y de iluminación, la recuperación de esculturas y altorrelieves, la puesta en valor del mástil principal, mejoras en la Sala de las Banderas, la modernización del ascensor de la torre y la renovación de espacios interiores.

Con la finalización de las obras quedaron formalmente iniciadas las actividades oficiales por el Día de la Bandera, que culminarán el sábado con el acto central y los festejos populares en Rosario.

Con información de NA y El Ciudadano de Rosario

El desayuno estaba agendado desde hacía varios días. Pero, a esta altura, la agenda ya es parte del mensaje. Apenas terminó la reunión que mantuvo este viernes por la mañana con Javier Milei en la Quinta de Olivos, Manuel Adorni utilizó su cuenta de X para anunciar el nombre del nuevo vocero presidencial: Adrián Ravier, economista y diputado nacional de La Libertad Avanza. El movimiento oficializa un nombramiento sensible dentro del organigrama libertario, mientras deja al descubierto una reconfiguración silenciosa que la Casa Rosada comenzó a ensayar alrededor del jefe de Gabinete: mantener intacto su blindaje político mientras empieza a descargarlo de una de las tareas que más exposición pública le generaron desde el inicio de la gestión.

La secuencia no parece casual. Milei decidió reforzar públicamente el respaldo sobre uno de sus funcionarios de mayor confianza en un momento especialmente delicado. El Presidente lo recibió a solas en Olivos para repasar asuntos de gestión y este sábado volverá a mostrarse junto a él en Rosario durante el acto oficial por el Día de la Bandera. Adorni ocupará un lugar destacado en la primera fila junto a Karina Milei, en una postal que reunirá a prácticamente todo el gabinete nacional y que buscará transmitir una idea de normalidad en medio de una controversia que ya lleva más de tres meses.

Sin embargo, la llegada de Ravier parece reconocer algo que hasta hace poco el oficialismo se resistía a admitir: el caso Adorni modificó el funcionamiento cotidiano del Gobierno. Javier y Karina Milei siguen considerándolo inocente y no tienen intenciones de desplazarlo, pero empiezan a ensayar una redistribución de responsabilidades destinada a reducir el desgaste que implica concentrar en una sola figura la vocería, la coordinación política y la defensa permanente frente a una controversia que no logra cerrarse.

La estrategia de blindaje tiene además una explicación política. En el Gobierno consideran que remover a Adorni en este contexto equivaldría a reconocer una derrota. Sería, según esa lectura, admitir que sus detractores consiguieron imponerle una decisión al Presidente. Milei no parece dispuesto a conceder ese terreno. Mucho menos alrededor de un funcionario que forma parte de su círculo más estrecho de confianza.

El problema es que esa determinación no alcanza para cerrar la discusión. La Casa Rosada logró postergar hasta el 25 de junio la sesión en el Senado que amenazaba con avanzar sobre el jefe de Gabinete, pero la controversia permanece intacta. La propia jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sigue siendo la dirigente que más empuja internamente para que los hermanos Milei encuentren una salida política.

En paralelo, Milei y Adorni intentan correr la discusión hacia otro terreno. Cerca del jefe de Gabinete hablan de una “agenda positiva”: una serie de anuncios y gestos de gestión pensados para romper el monopolio que el escándalo patrimonial ejerce sobre la conversación pública desde marzo. No hay, por ahora, un paquete de reformas ambiciosas ni una batería de proyectos de alto impacto. La apuesta es más simple y, al mismo tiempo, más defensiva: transmitir que el Gobierno sigue funcionando y evitar que la figura de Adorni continúe absorbiendo una parte desproporcionada de la energía política del oficialismo.

Los movimientos del jefe de Gabinete en las redes sociales responden a esa lógica. Desde la entrevista que brindó la semana pasada en LN+, donde intentó explicar el crecimiento de su patrimonio, multiplicó los anuncios vinculados a la gestión. Las publicaciones buscan transmitir actividad y evitar un silencio que, en el Gobierno, consideran políticamente riesgoso. El problema es que esa estrategia tiene un alcance limitado. Cada nuevo anuncio termina conviviendo con una discusión que vuelve una y otra vez al mismo lugar.

La dinámica cotidiana de Adorni también se alteró. El centro de gravedad de su trabajo se desplazó hace tiempo. Llega temprano a Balcarce 50, disminuyó sus apariciones públicas y quedó más corrido de las conversaciones políticas que atraviesan al oficialismo. En ese marco, los desayunos en Olivos dejaron de ser una escena administrativa para convertirse en una herramienta política. Ya no se leen como reuniones de trabajo sino como demostraciones de respaldo.

El anuncio del economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial forma parte de esa misma reconfiguración: además de exhibir que Adorni conserva capacidad de decisión, Milei necesita demostrar simultáneamente dos cosas: que el jefe de Gabinete sigue siendo una pieza central del esquema de poder y, al mismo tiempo, que ya no es necesario que sea él quien ocupe todos los días el centro de la escena pública. Si la llegada de Ravier busca correrlo parcialmente del desgaste de la vocería, también admite algo que hasta hace pocos meses parecía impensado: el Gobierno empezó a adaptar su funcionamiento a las consecuencias del caso Adorni.

PL/MG

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves, por mayoría con 36 votos positivos, una reforma clave al Código Contravencional propuesta por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que tiene como fin seguir estableciendo el orden público en las calles de Buenos Aires con fuertes penas; una de ellas es que establece días de detención de manera efectiva contra los trapitos (cuidacoches) y limpiavidrios.

“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, posteó en redes sociales el alcalde porteño junto a un video.

La nueva norma (6961) también prevé sanciones para los clubes u organizaciones que promuevan o participen de esta actividad.

Acordada con legisladores de otras fuerzas políticas, desde esta modificación se amplía la capacidad de los controles del Gobierno de la Ciudad y se extienden los horarios de prohibición en eventos masivos; además, se le brinda facultad a la policía porteña para detener a los trapitos que se apropian del espacio público y extorsionan a vecinos y turistas.

Además, se aprobaron leyes de financiamiento de la Línea F de Subte; el Programa de Desendeudamiento Familiar que establece una línea exclusiva de créditos a través del Banco Ciudad, orientada a la cancelación y refinanciación de deudas personales previas, bajo condiciones más favorables que las vigentes en el mercado; la desregulación de la VTV, que incluye talleres mecánicos privados y concesionarias para hacer el control vehicular y modifica los plazos para hacerlo; y la regulación del vapeo y productos emergentes de tabaco y/o nicotina, entre otras normativas.

Una promesa de campaña: “Los trapitos son una mafia”

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde el día de su asunción al cargo instruyó a la Policía de la Ciudad con el objetivo de intensificar los operativos contra trapitos tanto en los espectáculos como en los eventos deportivos.

Al respecto, Macri dijo: “Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”. Y agregó: “Ya no hay más advertencia, te meto preso”.

En este contexto, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 la Ciudad realizó un total de 13.149 contravenciones, pero fueron insuficientes. En tal sentido, Macri agregó luego de presentar el proyecto que la Legislatura convirtió hoy en ley: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”.

Por eso, lo que hasta ahora era cuidar coches o limpiar parabrisas de manera ilegal y que se penaba con multas que resultaban incobrables, desde ahora, con estos cambios, si bien seguirá siendo una contravención, tendrá penas más severas.

¿Qué dice la Ley “Anti Trapitos” sobre las sanciones?

Respecto de las sanciones, estas varían según el contexto y el nivel de organización. Por eso, tanto trapitos como limpiavidrios serán detenidos en el marco de eventos masivos o bien cuando se los encuentre en las calles de la Ciudad en lugares como, por ejemplo:

En eventos masivos

Cuidacoches en las calles

Jefes, organizadores o promotores

Contra los aprietes

Trabajo comunitario y multas

Quita de planes sociales

¿Cómo será el control sobre los eventos masivos?

Serán más rigurosos y tendrán estas características:

Alcance

Radio extendido

Mayor cobertura horaria

Sanciones para clubes e instituciones

Se duplican las multas

Clausuras prolongadas

La imagen difundida este miércoles por el Gobierno parecía, a primera vista, una postal protocolar más de una misión internacional. Pero en la Argentina de Javier Milei pocas fotografías son inocentes. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, apareció junto al juez federal Ariel Lijo en París, en el marco del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la coincidencia rápidamente despertó suspicacias políticas y judiciales.

No se trata solamente de que Lijo sea el magistrado que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Tampoco de que el viaje ocurra en medio de las negociaciones abiertas por los pliegos judiciales y la futura integración de la Corte Suprema. La escena condensa, además, varias de las tensiones que atraviesan simultáneamente al oficialismo: la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, la disputa por la conducción de Comodoro Py y la puja por los próximos nombramientos en el Poder Judicial.

La fotografía difundida por el Ministerio de Justicia muestra a ambos funcionarios compartiendo actividades en el encuentro internacional que se desarrolla esta semana en la capital francesa. No trascendió si mantuvieron conversaciones sobre la causa que involucra a Adorni ni hubo precisiones oficiales al respecto. Integrantes de la delegación insistieron en que se trata de una misión estrictamente técnica orientada a exhibir los avances argentinos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Pero hay otro dato que terminó alimentando las especulaciones. Aunque no compartieron el vuelo desde Buenos Aires, los principales integrantes de la delegación argentina decidieron alojarse en el mismo hotel, un elegante establecimiento ubicado sobre la avenida Marceau, una de las zonas más exclusivas de París. Allí conviven desde el domingo y hasta el viernes Mahiques, Lijo, el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Juan Tomás Rodríguez Ponte, y el juez federal Sebastián Casanello. Oficialmente, la explicación es sencilla: se trata de una misión técnica de cinco días. Extraoficialmente, la coincidencia volvió inevitable una pregunta en Buenos Aires: cuánto de la conversación gira alrededor del GAFI y cuánto alrededor del tablero judicial argentino.

La presencia de Rodríguez Ponte agrega otra capa de lectura política. Exsecretario del juzgado de Lijo, actual responsable de las escuchas judiciales y aspirante a ocupar un juzgado federal en Lomas de Zamora, integra uno de los expedientes más sensibles de las negociaciones abiertas por los futuros nombramientos judiciales.

La paradoja es que, mientras el oficialismo intenta mostrar una imagen de coordinación institucional ante la comunidad internacional, buena parte de sus protagonistas encarnan disputas abiertas en el plano doméstico. El ministro de Justicia responde políticamente al universo de Karina Milei. Lijo es señalado desde hace tiempo como uno de los magistrados con mejor diálogo con el entorno de Santiago Caputo.

La relación personal entre ellos, además, viene de mucho antes. Tanto Mahiques como su segundo, Santiago Viola, construyeron parte de su trayectoria profesional en el entorno del juzgado de Lijo. Son vínculos históricos que preceden a la llegada de Milei al poder y que hoy reaparecen bajo una nueva luz, atravesados por la creciente judicialización de algunos de los principales funcionarios del Gobierno.

Lijo, además, concentra varios expedientes sensibles para la administración libertaria. Además de la investigación patrimonial sobre Adorni, tiene a su cargo la causa por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se encuentra procesado quien fuera su titular, el abogado Diego Spagnuolo, entre otros.

El viaje también se produce en un momento particularmente relevante para el ministro de Justicia. Después de que el Senado aprobara cerca de 70 pliegos judiciales, Mahiques intenta avanzar en una negociación más ambiciosa: ocupar las vacantes pendientes en la Justicia federal y encarar la discusión, todavía inconclusa, sobre los dos lugares disponibles en la Corte Suprema. La situación de Lijo ocupa un lugar especial dentro de ese tablero. El magistrado fue uno de los nombres originalmente impulsados por Milei para integrar el máximo tribunal, donde fue designado por decreto, pero nunca consiguió reunir los votos necesarios en la Cámara alta.

Como si fuera poco, tanto Mahiques como Lijo aparecen mencionados en otra carrera silenciosa: la sucesión en la Procuración General de la Nación. Tanto el ministro como el juez son señalados en distintos sectores judiciales como posibles aspirantes a convertirse en jefe de los fiscales, un cargo vacante desde hace casi una década y que sigue siendo una de las piezas más codiciadas del tablero institucional argentino.

Acercamiento a la OCDE

La agenda formal, sin embargo, transitó por otros carriles. El GAFI, creado en 1989 por los países integrantes del G7, es el principal organismo internacional encargado de establecer estándares globales contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Sus cuarenta recomendaciones constituyen hoy la principal hoja de ruta que deben seguir los países para demostrar la solidez de sus sistemas de control.

Para la Argentina, la participación en este plenario tiene una importancia adicional. El país atraviesa un proceso de seguimiento luego de la evaluación aprobada en 2024 y busca consolidar los avances exhibidos en materia de prevención del lavado de dinero, un requisito clave dentro de su estrategia de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según informó el Gobierno, Mahiques mantuvo este jueves una reunión con el Secretario General de ese organismo, Mathias Cormann, que se sumó al que tuvo lugar el miércoles con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028. Allí abordaron, de acuerdo al comunicado difundido, “los desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”. Desde el Ejecutivo destacaron especialmente que Thomson valoró la participación de representantes del Poder Judicial en la delegación argentina.

Mahiques, a su vez, aseguró que las políticas impulsadas por el Ministerio de Justicia y el trabajo que desarrolla la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentran alineados con las prioridades de la próxima presidencia del organismo. La comitiva argentina mantuvo además un encuentro con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, quien felicitó al país por los avances registrados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024 y por la participación activa de la delegación en los distintos grupos de trabajo.

PL/MG

Diez días después de que el historiador israelí Yuval Harari cuestionó a Javier Milei por sus ideas de crear sociedades sin humanos, este jueves llegó la respuesta oficial por medio de un comunicado de la llamada “Oficina del Presidente” en el que el Gobierno argentino sostuvo que “otorgar personalidad jurídica a las compañías de IA no significa lanzar el Día del Juicio de Terminator”.

En el texto, Milei enfatizó que se trata de “ofrecer el refugio que James Watt necesitó hace 200 años, permitiendo que la imaginación se desarrolle y crezca con libertad”.

En un artículo publicado por Financial Times, Harari cuestionó la idea de Milei de habilitar la existencia legal de empresas que operan exclusivamente mediante algoritmos o inteligencia artificial, sin empleados ni gerentes humanos en otra columna en el mismo medio y firmada junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El historiador señaló que este proyecto podría convertir al país en un paraíso sin control para la IA. Según explicó, el reconocimiento legal de empresas creadas por algoritmos funcionaría como una especie de “llave maestra” que permitiría a sistemas de inteligencia artificial intervenir de manera autónoma en ámbitos financieros, económicos y políticos.

Hoy, el Presidente publicó un comunicado en el que señala: “Esto me recuerda a una historia de Isaac Asimov en Yo, Robot, escrita en 1950, en la que una campaña política se ve opacada por la sospecha de que el candidato favorito podría ser un robot. El debate resultante es fascinante. La conclusión: el robot trabaja sin parar, es escrupulosamente honesto y nunca pierde la compostura. ¿Por qué no probar con el político robot? Nadie lo sabe con certeza, pero considero probable que las empresas de IA serán más adversas al riesgo que los humanos”.

Según la mirada de Milei, “las preocupaciones de Harari son un argumento a favor de la personalidad jurídica, no lo contrario” y remarcó que la personalidad jurídica “lejos de facilitar abusos, es precisamente el mecanismo mediante el cual una sociedad canaliza su energía creativa dentro del marco de la ley, los derechos de propiedad y el principio de no agresión que forman los pilares del liberalismo”.

El 1 de junio, el Gobierno oficializó el envío al Senado de un proyecto de Ley General de Sociedades. Se trata de la reforma más profunda al derecho societario argentino desde 1972, cuando la dictadura de Lanusse sancionó la Ley 19.550 que aún rige. El proyecto define la Sociedad Automatizada como aquella que “desarrolla su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”. La sociedad responde con su patrimonio por los daños que causen esos sistemas. En términos concretos: un algoritmo que ofrece un servicio o producto de forma autónoma puede constituirse como empresa, negociar con terceros y limitar su responsabilidad al patrimonio societario. Un robot con personería jurídica.

En el artículo escrito para el Financial Times, titulado “Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse” (“Argentina invites AI to free itself”, en su título original en el inglés), Milei arranca con una analogía histórica: la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 como origen de la sociedad de responsabilidad limitada y motor del capitalismo industrial. “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribió.

En su respuesta, Harari –autor de los ya célebres Sapiens(2011), Nexus (2020) y Homo Deus (2015)– escribió: “Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, escribió en referencia a la capital de las antiguas colonias neerlandesas en Asia –hoy Yakarta, capital de Indonesia– asociada históricamente al poder de las grandes compañías comerciales.

En otro tramo advirtió que “Otorgar personalidad jurídica a las IA permitiría a los agentes de IA emprender numerosas iniciativas nuevas, generando potencialmente una enorme riqueza. Sin embargo, la personalidad jurídica es una llave de uso general que también les permitiría acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. Esto suscita muchas preocupaciones”.

Lo cierto es que las críticas del prestigioso historiador israelí generaron malestar en el Gobierno que no supo cómo responderle. De hecho, el mismo día que el Financial Times publicó el artículo de Harari, Milei escribió en su cuenta de X: “. ¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores sobre el camino que propuse la semana pasada!”.

Al Gobierno le tomó diez días elaborar la respuesta que llegó hoy: “Siempre es un placer y un honor que Noah Harari comente una de las ideas de uno. Sin embargo, la preocupación de Harari respecto de las sociedades de responsabilidad limitada operadas de manera autónoma por inteligencia artificial es, en todo caso, inesperada”, comenzó el Presidente.

“En primer lugar, porque probablemente ninguna persona en el mundo pueda prever el futuro tan bien como él; y otorgarles a las empresas gestionadas por IA un marco jurídico parece ser una característica necesaria de ese futuro. En segundo lugar, porque en Sapiens Harari elogia la responsabilidad limitada. De hecho, sostiene: ‘La idea detrás de tales compañías se encuentra entre las invenciones más ingeniosas de la humanidad’”, siguió.

Según precisa el comunicado de la Oficina del Presidente, Milei planteó sus “reparos respecto de su preocupación por la supuesta capacidad especial de la IA para encontrar vacíos legales o hacer trampas. No es que avalemos tales conductas. Sin embargo, incluso antes de preguntarnos por qué esos vacíos no pueden corregirse, deberíamos preguntarnos: ¿acaso los seres humanos no hacen lo mismo? Y aun así, eso no es motivo para abolir las estructuras corporativas, y no creo que nadie lo haya sugerido en el caso de empresas dirigidas por personas. Ni siquiera después de Enron. De hecho, preferiría tener un patrimonio contra el cual hacer valer un reclamo si una IA me perjudica, antes que no tener protección alguna. Huelga decir que, en nuestro esquema, las mismas penas y sanciones que se aplican a compañías cuyos directivos humanos cometen irregularidades se aplicarían a las firmas autónomas”.

CC

La Casa Rosada ganó aire, pero no encuentra una salida. Después de varias horas de negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, el oficialismo logró este miércoles postergar hasta el 25 de junio la sesión en el Senado que amenazaba con convertirse en la primera gran derrota parlamentaria del caso Manuel Adorni. La jugada le permitió al Gobierno desactivar, al menos por unos días, el riesgo de una interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. El problema es que la presión política alrededor del funcionario no sólo continúa intacta, sino que empieza a adquirir una dimensión que nadie en Balcarce 50 sabe muy bien cómo administrar.

En privado, el diagnóstico se volvió bastante más uniforme que semanas atrás. Nadie habla de una salida inminente, pero el consenso dentro del universo libertario es cada vez más amplio: el caso Adorni ya se extendió demasiado. Después de tres meses de explicaciones incoherentes, declaraciones juradas dilatadas y nuevas revelaciones patrimoniales, el oficialismo no logra encontrar un salvoconducto que le permita dar por terminada la discusión.

Por eso, la postergación conseguida en el Senado es leída como una victoria exclusivamente táctica. La Casa Rosada compró tiempo, pero no resolvió el problema. Y el interrogante que sobrevuela los despachos oficiales es el mismo desde hace varios días: ¿qué hacer si el desgaste sigue creciendo y ninguna de las estrategias defensivas logra modificar el escenario?

Las alternativas son pocas y todas resultan incómodas. La primera es que el propio Adorni dé un paso al costado. La segunda es que la oposición consiga avanzar con una moción de censura. Ninguna de las dos parece sencilla. La eventual renuncia supone una conversación extremadamente delicada que sólo una persona podría encarar: Karina Milei. Y antes de llegar a ese punto, la secretaria general de la Presidencia debería resolver un problema adicional que todavía no tiene respuesta: quién ocuparía su lugar.

La discusión sobre quién podría reemplazar a Adorni tiene un problema evidente: no hay un sucesor natural. Cada nombre que aparece trae consigo una dificultad distinta. Sandra Pettovello se resiste a abandonar un ministerio en el que construyó una dinámica propia y Pablo Quirno todavía no consigue atravesar todas las fronteras internas del oficialismo. Hasta resurgió una vieja idea que en su momento circuló en la intimidad del poder: que Karina Milei se hiciera cargo de la Jefatura de Gabinete, algo que, en realidad, nunca habría estado en sus planes.

Mientras tanto, Adorni transita un repliegue cada vez más visible. Llega temprano a la Casa Rosada, disminuyó notablemente su exposición pública y redujo su participación en las conversaciones políticas más sensibles. “Está concentrado en la gestión”, repiten cerca suyo. Pero incluso entre funcionarios aliados reconocen que su presencia en el día a día se volvió mucho menos frecuente.

Aun así, Milei está decidido a enviar una nueva señal de respaldo. El próximo sábado, en Rosario, volverá a mostrarse junto a Adorni durante el acto oficial por el Día de la Bandera, en una postal que, según prevén en la Casa Rosada, reunirá a prácticamente todo el gabinete nacional. La escena remite inevitablemente al 29 de abril, cuando el Presidente asistió junto a la plana mayor del Gobierno al Congreso para escuchar el informe de gestión del propio jefe de Gabinete, en un gesto que buscó transmitir unidad y blindarlo frente a las primeras críticas públicas. Dos meses después, la lógica es la misma, aunque el contexto es muy distinto. Ya no se trata de anticiparse a una controversia naciente, sino de exhibir respaldo en medio de una crisis política que no encuentra una vía de salida.

La foto tendrá, además, una tensión adicional. Patricia Bullrich, que participará del acto oficial, es hoy la dirigente que más presión interna ejerce para que Javier y Karina Milei tomen la decisión de desplazar a Adorni. Fue ella quien primero apuró la presentación de la declaración jurada, quien habló de una “omisión ética” y quien insiste, en privado, en que el desgaste del caso ya empezó a afectar al conjunto del Gobierno.

Victoria Villarruel, por su parte, también estará en el acto del Día de la Bandera, aunque por fuera de la comitiva presidencial. La vicepresidenta anunció su participación a través de las redes sociales con un mensaje cargado de simbolismo personal: “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna”. La escena promete condensar buena parte de las tensiones que atraviesan hoy al oficialismo. Mientras Milei redobla el blindaje sobre su jefe de Gabinete, Bullrich empuja una salida política y Villarruel continúa construyendo un perfil institucional propio, cada vez más autónomo respecto del núcleo duro libertario.

Cerca de Adorni rechazan de manera terminante que Karina Milei le esté buscando una salida elegante o evaluando una embajada en el exterior como destino alternativo. Pero tampoco ocultan el cansancio que produce una discusión que parece no tener final. Parte de la agenda del jefe de Gabinete sigue absorbida por las conversaciones con su abogado, el penalista Matías Ledesma, con quien preparó la presentación patrimonial que terminó desembocando en la polémica entrevista televisiva en LN+.

Hay una consecuencia adicional que ya nadie discute dentro del oficialismo. El proyecto político que alguna vez imaginó a Adorni como una de las figuras con mayor proyección dentro de La Libertad Avanza quedó suspendido permanentemente. El propio jefe de Gabinete intentó clausurar ese debate al negar que alguna vez hubiera querido ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo cierto es que esa discusión ya perdió relevancia. Nadie piensa hoy en futuras candidaturas.

La pregunta es otra. Y probablemente sea la misma que explica el estado de ánimo que atraviesa a buena parte del Gobierno: ¿cómo se sale de un caso que ya consumió tres meses de agenda pública y que sigue regresando una y otra vez al centro de la escena? La sensación que empieza a extenderse en Balcarce 50 es tan incómoda como evidente. El oficialismo logró ganar una semana más. Lo que todavía no consiguió es encontrar una manera de dejar atrás el problema Adorni. Ni siquiera la foto que Milei planea construir el sábado en Rosario parece suficiente para garantizarlo.

PL / NB

El papa León XIV viajará a Perú la primera quincena de noviembre con etapas en Chiclayo -la diócesis de la que fue obispo- Lima, Piura y Pulcallpa, según le confirmó este jueves al presidente interino del país sudamericano, José María Balcázar, a quien recibió en audiencia en el Vaticano. La Santa Sede aún no confirmó si la gira papal incluirá a la Argentina.

“Ha sido una magnífica y amistosa reunión (…) Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica.

Y también visitará Cuzco“, dijo Balcázar a un pequeño grupo de medios a su salida del Vaticano.

Aunque el programa del viaje lo preparará el equipo del papa, el presidente interino explicó que Perú pondrá a disposición del pontífice helicópteros porque, según le dijo, León XIV “quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva”.

Estrecha relación del papa con Perú

El papa León XIV tiene una estrecha relación con Perú, donde vivió dos décadas y desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo. De hecho, Robert Prevost, nacido en Chicago (EE.UU.), obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

La confirmación de este viaje se produce cuando Perú está pendiente del cierre de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en las que la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el aspirante de la izquierda Roberto Sánchez, cuyo partido ha convocado una gran marcha para el viernes en defensa del voto popular y en rechazo a una supuesta falta de transparencia de los organismos electorales del país.

Preguntado si la situación política del país puede afectar al viaje, Balcázar aseguró que el papa es consciente de la situación y, de hecho durante las conversaciones, León XIV ha deseado que el tránsito de las elecciones sea lo más ordenado posible, que no hay mayores conflictos y que el perdedor reconozca al ganador.

Los temas que han tratado el papa y Balcázar

Además del viaje, el papa y el presidente peruano dialogaron de la inteligencia artificial y de migración.

No faltaron comentarios acerca de la gastronomía peruana y enumeraron los platos que más le gustan al pontífice: el cabrito, el “loche”, el arroz con pato … “y todas esas cosas que a él le encantan como chiclayano que prácticamente es”, dijo Balcázar.

La comitiva peruana obsequió a León XIV con una chalina de alpaca y un “king kong peruano”, uno de los más icónicos dulces del país “que sabemos que le agrada mucho”.

Reunión con Pietro Parolin

Tras la audiencia con el papa, Balcázar se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el titular para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, Paul Richard Gallagher, con quienes trató asuntos como la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo y el compromiso en favor de la cohesión social.

También intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional con especial atención al fenómeno de la migración, la delincuencia organizada y las repercusiones de los conflictos.

“Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más”, indicó el Vaticano en un boletín informativo.

La visita a la Argentina, aún sin confirmación

En mayo pasado, la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina este año cobró fuerza luego de una serie de mensajes publicados por el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei en redes sociales, que despertaron expectativas sobre un eventual anuncio oficial en las próximas semanas.

“Vine a reunirme con el Presidente para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Sólo resta definir la fecha… qué linda Primavera…”, escribió Quirno en su cuenta de X junto a una foto con Milei en la Quinta de Olivos. El mandatario respondió con emojis de leones y un breve mensaje: “Se viene”.

Las publicaciones aparecieron pocas horas después de que la Conferencia Episcopal de Uruguay informara que mantiene conversaciones con el Vaticano para concretar una visita del Papa a ese país en noviembre.

Las versiones comenzaron a circular luego de declaraciones del exembajador uruguayo en la Argentina y actual intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, quien aseguró que el viaje está previsto para “la primera quincena” de noviembre. “En la agenda de viajes del Papa de este año están Argentina, Uruguay y Perú”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

El viaje tendría una fuerte carga simbólica en un contexto político y social atravesado por tensiones internas y debates sobre el rol de la Iglesia.

El primer encuentro entre Milei y León XIV tuvo lugar en junio de 2025 en el Vaticano. Durante una audiencia privada que se extendió por unos 45 minutos, el Presidente le explicó al Pontífice detalles de su programa económico y de las políticas impulsadas por su gobierno. Luego participaron también Karina Milei, el entonces canciller Gerardo Werthein y el exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En aquel encuentro, el Papa le obsequió a Milei un mosaico con una imagen del Vaticano, mientras que el mandatario argentino le entregó un poncho catamarqueño y libros del economista español Jesús Huerta de Soto.

La invitación formal para visitar la Argentina había sido enviada meses antes, en febrero de este año, mediante una carta entregada personalmente por Quirno durante una audiencia en la Santa Sede.

Aunque aún falta la confirmación oficial del Vaticano, en el Gobierno ya celebran lo que consideran una señal positiva. Y mientras se esperan definiciones, los mensajes publicados este viernes alcanzaron para instalar la sensación de que la llegada de León XIV al país podría estar cada vez más cerca.

EFE

La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), avaló el cambio de domicilio de la entidad a la provincia de Buenos Aires y declaró nula la designación de veedores impulsada por el Ministerio de Justicia tras un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El tribunal también dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y consideró que el organismo nacional ya no tiene competencia para ejercer controles sobre la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, tras el traslado de la sede social a Pilar y su inscripción en la provincia de Buenos Aires, las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, señalaron los magistrados en la resolución.

La decisión representa un respaldo judicial para la conducción de Tapia, que había cuestionado la intervención de la IGJ y la designación de veedores por considerar que se trataba de medidas adoptadas sin competencia legal sobre la asociación.

La Cámara declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por 180 días hábiles.

El cambio de sede y la disputa por el control

La controversia se originó luego de que la Asamblea General de la AFA aprobara en octubre de 2024 la modificación de su estatuto para trasladar su domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar.

Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción y consolidó la radicación de la entidad en territorio bonaerense.

Frente a esa situación, la Cámara entendió que la IGJ carecía de facultades para revisar decisiones adoptadas por el organismo provincial o para cuestionar la validez del nuevo domicilio social.

Los jueces remarcaron que los actos administrativos emitidos por organismos provinciales poseen plena validez mientras no sean impugnados y que la IGJ no puede ejercer funciones revisoras sobre decisiones adoptadas dentro de otra jurisdicción.

Además, el fallo aclaró que el control sobre los estados contables de la AFA continuará bajo la autoridad competente en la provincia de Buenos Aires y que el cambio de jurisdicción no implica la desaparición de las obligaciones de fiscalización.

Las causas judiciales siguen abiertas

La resolución de la Cámara Civil no modifica el curso de las investigaciones penales que involucran a la AFA y a algunos de sus dirigentes.

Entre ellas figura una pesquisa por presunto lavado de dinero vinculada a propiedades ubicadas en Pilar, así como una causa en la que Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se encuentran procesados por presunta retención indebida de aportes.

De esta manera, la Justicia civil ratificó el traslado institucional de la AFA a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto los intentos de control impulsados desde la IGJ, aunque las investigaciones penales continuarán su trámite en los tribunales correspondientes.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

Es por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar si el legislador libertario bonaerense, al igual que lo que ocurre con el jefe de Gabinete, omitió información en su declaración jurada de bienes.

En su solicitud, Marijuan sostiene que el funcionario “omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.

En mayo, Francisco Adorni rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó, en la misma, una herencia de $21 millones, a pesar de que, en un principio, no se especificó públicamente el origen del dinero en la documentación.

Esta presentación se realizó luego de ser imputado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, situación que se suma a la investigación que está atravesando Manuel Adorni por el mismo motivo. 

En su nueva presentación, el legislador provincial corrigió datos de un crédito hipotecario con el Banco Provincia y declaró que el pasivo comenzó el año en $45 millones y cerró en $57 millones, debido a la actualización por inflación de los créditos UVA, hecho que contradijo la versión anterior que indicaba una cancelación de deuda por más de $70 millones.

Asimismo, registró la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade por un valor de $10.750.000.

La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano. 

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Francisco Adorni y ahora pidió su indagatoria, días después de que el juez Sebastián Casanello ordenara el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exfuncionario del ministerio de Defensa, mientras la Justicia investiga la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025, en relación con sus ingresos en la función pública.

Con información de agencias.

La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero y por la cual el año pasado debió bajarse de su candidatura a renovar su banca.

El dictamen judicial abarca también a un contador público y a la financiera Varianza S.A., vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado.

El foco principal de dicha investigación se centra en un ingreso de, al menos, US$200.000 emitidos desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado, hacia el dirigente libertario, mientras que, simultáneamente, se rastrea el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019.

Por su parte, Machado quien se encuentra recluido en Norteamérica, luego de haberse declarado culpable ante la Justicia de Texas por los delitos de fraude y lavado de activos, es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico. 

Hasta el momento, Espert justificó públicamente que esos dólares provenían de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía rechazó sus argumentos, tras constatar que el ex legislador nunca viajó a dicho país y que las minas citadas en el supuesto asesoramiento no avalan la operación. 

Finalmente, se difundió que junto al pedido de indagatoria enviado al juzgado, la Justicia dispuso la continuidad del bloqueo y congelamiento de los bienes del ex funcionario oficialista.

El hilo rojo que conecta a Espert y Machado

Un juez de Estados Unidos aceptó a fines de mayo la culpabilidad de Federico “Fred” Machado en los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico y la sombra alcanza a José Luis Espert, quien recibió del empresario financimiento para su campaña presidencial 2019 (un avión, una camioneta blindada y un contrato millonario), apenas años antes de saltar a lado de Javier Milei en La Libertad Avanza. 

La decisión judicial es un eslabón más de un caso que estalló en julio de 2025 con las revelaciones de elDiarioAR, derivó en la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional y abrió en los tribunales federal de San Isidro una causa por presunto lavado de activos que sigue en trámite.

La cita en el avión

Espert y Machado se conocieron en marzo de 2019, en el Golf Club de San Isidro, presentados por el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro y por Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae. Días después se reunieron a bordo del avión Bombardier Challenger N28FM, estacionado en el aeropuerto de San Fernando. 

Allí acudieron Nazareno Etchepare y Gonzalo Díaz Córdoba, armadores del Frente Despertar. La charla duró menos de una hora. Machado prometió un avión King Air con piloto, una Jeep Cherokee blindada y fondos en dólares. Espert pidió US$5 millones; el piso comprometido fue de US$ 2,5 millones.

Entre el 21 y el 24 de marzo de aquel año, Espert viajó a Miami invitado por Machado. El empresario le organizó reuniones con argentinos de Florida para sumar aportes. El 18 de abril presentó su libro La Sociedad Cómplice en el Hotel Austral de Viedma. Cerró el acto con un agradecimiento “a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.

El contrato y la transferencia

El 17 de junio de 2019, dos semanas antes del lanzamiento formal de su candidatura presidencial, Espert firmó con Machado un contrato por US$1.000.000 para asesorar a Minas del Pueblo, una empresa minera del empresario radicada en Guatemala. El acuerdo preveía pagos mensuales durante un año. Solo se supo que se concretó uno.

El 22 de enero de 2020, el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, vinculado a Machado y a su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin, transfirió US$200.000 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley. 

La operación quedó registrada en una contabilidad clandestina que se incorporó después al expediente de Texas. Dos meses más tarde, Espert compró un BMW 240i por más de US$90.000. En noviembre adquirió una casa en Beccar. Consignó ambas operaciones como fondos propios en su declaración jurada.

El arresto y el silencio

El 15 de abril de 2021, la policía detuvo a Machado en el aeropuerto de Neuquén a pedido de un tribunal del distrito Este de Texas. Lo acusaron de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por unos US$350 millones. 

Cumplió prisión domiciliaria durante cuatro años en una casa a veinte kilómetros de Viedma. En noviembre de 2023, Mercer-Erwin recibió en Texas una condena de 16 años. Espert minimizó el vínculo. Dijo que solo había compartido un vuelo a Viedma y denunció una “operación” en su contra.

El destape y la renuncia

Pasaron los años y el 27 de julio de 2025, Sebastián Lacunza publicó en elDiarioAR la reconstrucción de la cita en San Fernando. Comenzó a conocerse el préstamo del avión y los WhatsApps entre armadores de la campaña.

El 28 de septiembre, un hallazgo del equipo de Juan Grabois sumó al expediente la transferencia de US$200.000. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, lo contradijo en público: “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba”. Un documento del Bank of America ratificó la operación.

El 5 de octubre, Espert renunció a la candidatura. Dos días después, la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado. En un allanamiento a la casa del empresario en Viedma, la Policía Federal encontró el contrato por US$ 1.000.000 roto y abollado en un tacho de basura. El 11 de octubre, la Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza.

La culpabilidad por lavado y fraude

El 5 de noviembre de 2025, Machado partió extraditado desde Ezeiza en un vuelo de United Airlines, escoltado por agentes de US Marshals. Declaró su inocencia ante el juez federal Bill Davis. Pero el 12 de mayo de 2026 cambió de estrategia: firmó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de lavado y fraude. El convenio excluyó los cargos por narcotráfico, los más graves del expediente.

En mayo pasado, el juez de instrucción de Texas Don D. Bush aceptó el acuerdo. La trama que armó Machado supone una sofisticada estafa a nivel internacional montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. En esa cadena de operaciones Espert sería un eslabón más, con pata en la Argentina, por lo que se lo sigue investigando.

Con información de agencias.

“Humo blanco, humo blanco”, anunció, irónico, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, apenas salió del despacho del bloque radical donde Patricia Bullrich llevaba reunida casi dos horas negociando con los aliados para suspender la sesión del jueves, en la que se iba a tratar la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR querían dar el tema por terminado: Adorni se tenía que ir y no tenía sentido dilatar el tema. Pero la senadora libertaria logró convencerlos de darle una semana de sobrevida.

El acuerdo fue patear la sesión para el 25 de junio y debatir ahí todos los proyectos en carpeta. El desafío no era solo dilatar el tratamiento de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que Bullrich sospecha que tiene ya los votos garantizados, sino también ganar tiempo para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Una iniciativa impulsada por Federico Sturzennegger cuyo capítulo más polémico, la modificación de la Ley de Tierras, no tiene los votos garantizados para ser aprobado en el recinto. 

El acuerdo sellado en la reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque opositores, que se llevó a cabo en el despacho de Victoria Villarruel, fue sesionar el 25 y, si el proyecto conseguía los 37 votos necesarios, el 2 de julio se avanzaría con la interpelación y, luego, la moción de censura. Es decir, la propuesta de expulsión de Adorni. “Como coincide con el hecho de que el jefe de Gabinete viene el 2 a dar el informe de gestión se planteó hacerlo el mismo día”, explicó Bullrich, a la salida del encuentro. 

La senadora libertaria selló, a su vez, una discusión técnica que el oficialismo venía planteando desde los pasillos de la Cámara de Diputados. Martín Menem está exigiendo a la oposición que, en la Cámara baja, primero avancen con un dictamen antes de avanzar con el pedido de remoción. Bullrich, en cambio, acordó con la versión del jefe del interbloque peronista, José Mayans, de que con una mayoría absoluta de 37 votos se puede aprobar la moción de censura. “Es un artículo operativo”, precisó, aludiendo al artículo 101 de la Constitución Nacional. 

Fue por este motivo que, pese a los deseos del peronismo de sesionar el jueves, Bullrich no tuvo mucha resistencia para dilatar una semana la sesión: tanto el oficialismo como la oposición saben que Adorni tiene los días contados. Al menos en el poroteo del Senado, en donde el peronismo calcula que cuenta con unos 42 votos para aprobar la remoción de Adorni. La Cámara de Diputados, que deberá tratar luego el pedido de remoción, es otta historia. 

“Tiene el boleto picado”, aseguró el jefe de bloque PRO, Martín Goerling, antes de abandonar el Senado. 

Negociar para ganar tiempo

Bullrich llegó al despacho de Villarruel, pasadas las 6 de la tarde, con el tema casi cocinado. Hace 48 horas que venía negociando con los aliados del “Grupo de los 44” –la mayoría de paraoficialistas que la ex ministra construyó en el verano, compuesta por macristas, radicales y fuerzas provinciales, para aprobar las leyes del Ejecutivo– con el objetivo de suspender la sesión convocada para el jueves, en la cual el peronismo quería avanzar con la moción de censura contra el jefe de Gabinete. 

La previa no había sido fácil. Temprano a la mañana, Martín Goerling y el vocero de Mauricio Macri en Diputados, Fernando de Andreis, habían salido, en simultáneo, a pedir la cabeza de Adorni. “Si llega a esa instancia (la sesión) el PRO va a acompañar el pedido de remoción. Si el presidente quiere evitar eso lo tiene que correr”, amenazó Goerling en el streaming de Infobae, en línea con lo que ya le había advertido a Bullrich y a los voceros del Gobierno más temprano.

El radicalismo había hecho lo mismo. Puertas adentro, el jefe de bloque, Eduardo Vischi, había transmitido que esta vez se acompañaría la moción de censura impulsada por el peronismo. “Hay unanimidad de que no debe seguir en el Gobierno”, aseguró el senador Maximiliano Abad, horas antes de que se llevara a cabo la reunión de labor parlamentaria que definiría el futuro de Adorni. 

La rebelión de los dos principales aliados del Gobierno, el PRO y la UCR, iba en la misma línea que la de Bullrich, que fue la primera en salir a diferenciarse: contener el voto propio “republicano”. Es decir, aprovechar el escándalo de Adorni para diferenciarse del Gobierno y reperfilarse como una fuerza autónoma a LLA. La senadora libertaria, sin embargo, no tiene espacio para votar en contra del jefe de Gabinete como sus ex compañeros del PRO: si quiere ser candidata de LLA en 2027, Bullrich no puede arriesgarse a enemistarse abiertamente con los Milei, como Villarruel. Prefiere serles útil y diferenciarse en ocasiones especiales. 

Por este motivo es que, pese a la animadversión que siente por el jefe de Gabinete, se encargó de negociar con los aliados para suspender la sesión del jueves. Bullrich sabía que, si el jefe del interbloque peronista, José Mayans, conseguía abrir el recinto, la moción de censura sería un trámite. Este mecanismo, que fue incluido en la reforma constitucional del 93’, nunca se había aplicado en la historia, pero Adorni llevaba todas las de perder. 

Bullrich se reunió con los jefes de bloque aliados antes de la reunión de labor parlamentaria. Durante más de dos horas, la senadora negoció con Goerling, Eduardo Vischi (UCR), “Camau” Espínola (Corrientes), Fernanda Ávila (Salta), Natalia Gadano (Santa Cruz) y Carolina Moises (Jujuy) para llegar a un acuerdo. para el 2 de julio, pero sí una semana. Era suficiente.

“El Gobierno tiene una semana para resolver esta situación”, advirtieron en las filas bullrichistas.

MCM/MG

La Casa Rosada entró en modo contención. Por primera vez desde que estalló la controversia patrimonial alrededor de Manuel Adorni, el Gobierno activó a toda su estructura política para evitar que el jefe de Gabinete quede expuesto a una derrota en el Congreso. Los miembros de la mesa política libertaria recibieron en las últimas horas una misión concreta: persuadir a los aliados históricos del oficialismo de que no acompañen los pedidos de interpelación y moción de censura impulsados por la oposición.

El objetivo inmediato es uno solo: impedir que el caso Adorni se transforme en una crisis institucional de dimensiones inéditas. El primer desafío aparece este jueves en el Senado. La convocatoria deberá terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel, una de las dirigentes más críticas del jefe de Gabinete dentro del universo que rodea al mundo libertario. Allí, el peronismo intentará avanzar con aquella herramienta incorporada a la Constitución durante la reforma de 1994 y que nunca fue utilizada en la historia reciente del país.

La respuesta oficial llegó incluso antes de que la discusión escalara. El martes por la noche, la Jefatura de Gabinete envió una nota a la Cámara alta confirmando que Adorni se presentará el próximo 2 de julio a brindar su informe de gestión. En Balcarce 50 la decisión es presentada como una obligación institucional. Pero también funciona como una estrategia de fuga hacia adelante: exponer al funcionario en el terreno donde el oficialismo se siente más cómodo y evitar que la oposición imponga sus propios tiempos.

La línea argumental que el Gobierno está desplegando con sus socios parlamentarios es sencilla y busca correr la discusión del patrimonio de Adorni para trasladarla al terreno de la institucionalidad. El mensaje que hacen llegar a gobernadores, radicales y dirigentes del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, es que acompañar la moción de censura implicaría abrir un precedente que podría alterar el equilibrio entre poderes. El problema es que, a diferencia de otras discusiones legislativas, esta vez el oficialismo no encuentra un bloque naturalmente dispuesto a salir a defender a Adorni.

El argumento no termina de convencer a todos. Los aliados atraviesan una situación incómoda. Por un lado, no quieren aparecer alineados con una ofensiva liderada por el kirchnerismo, una bancada a la que acusan de incurrir en una evidente contradicción al cuestionar la ética pública de un funcionario mientras Cristina Kirchner cumple una condena por corrupción. Por otro, tampoco están dispuestos a quedar pegados a la defensa irrestricta de un jefe de Gabinete cuya imagen viene sufriendo un desgaste sostenido desde marzo.

El mensaje que comenzó a circular en las últimas horas va en esa dirección. “Presidente: los que estamos apoyando el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el PRO en un breve comunicado dirigido directamente a Milei. La UCR, en tanto, explora salidas intermedias que le permitan tomar distancia del funcionario sin quedar absorbida por una avanzada encabezada por Unión por la Patria. El escenario es tan delicado que, más que conseguir respaldos explícitos, el Gobierno ya considera un éxito lograr que muchos de sus socios simplemente no se sienten en sus bancas cuando llegue el momento de votar.

La situación produjo una paradoja difícil de ignorar. Patricia Bullrich, probablemente la principal crítica interna de Adorni, se convirtió al mismo tiempo en una de las dirigentes encargadas de evitar que el Congreso avance sobre él. Lo mismo sucede con otros referentes oficialistas que, en privado, admiten reparos sobre la estrategia de defensa adoptada por el funcionario, pero no quieren prestarse a una ofensiva que pueda terminar fortaleciendo a la oposición.

Por eso, el verdadero objetivo del Gobierno no es ganar una votación sino evitar que esa votación exista. En algunos despachos consideran que la salida más elegante para los aliados consiste directamente en no dar quórum. Otros exploran fórmulas intermedias que les permitan tomar distancia del caso Adorni sin aparecer acompañando una iniciativa impulsada por Unión por la Patria.

La preocupación de la Casa Rosada no termina en el Senado. Si logra atravesar esa instancia, el siguiente frente se abrirá en Diputados. Allí el panorama es más complejo porque la iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete ya no está impulsada únicamente por el kirchnerismo, sino por un conjunto mucho más amplio de bancadas opositoras que aspiran a llevar el tema a comisión el próximo 23 de junio y, posteriormente, al recinto.

Mientras tanto, en Balcarce 50 intentan transmitir calma. Repiten que la economía “va viento en popa”, que la discusión alrededor del patrimonio de Adorni no modifica el rumbo general del Gobierno y que los argentinos están preocupados por otros asuntos. El problema es que la política parece estar empezando a pensar distinto. Después de tres meses, el caso hace tiempo que dejó de ser un asunto exclusivamente judicial y pasó a poner en jaque el capital simbólico y político del oficialismo. Aun así, Milei no tiene previsto alterar su agenda ni tomar distancia de su jefe de Gabinete. De hecho, el próximo sábado Adorni lo acompañará a Rosario en el acto por el Día de la Bandera, un gesto que en la Casa Rosada interpretan como una nueva señal de respaldo presidencial en medio de la tormenta.

Hasta hace poco, la pregunta era cómo defender a Adorni. Ahora el desafío consiste en evitar que el Congreso obligue a La Libertad Avanza a tomar una decisión que, por el momento, Javier Milei sigue decidido a postergar. El Presidente y su hermana ya tomaron partido: consideran al jefe de Gabinete inocente y amenazan, en caso de que la oposición avance en su moción de censura, con volverlo a nombrar en su cargo. La incógnita es si el resto del sistema político tiene la suficiente fuerza como para torcerle el brazo.

PL/MG

Una sociedad secreta fundada por Peter Thiel, ahora radicado en Argentina para seguir el “experimento” de Javier Milei, quedó expuesta por descuido propio. La revista especializada WIRED reveló este lunes que los registros internos de Dialog —una organización privada fundada en 2006 por el dueño de Palantir— estuvieron accesibles en línea para cualquier persona que supiera dónde mirar.

El directorio de miembros estaba incrustado en el código fuente de su página web, visible sin ningún tipo de contraseña ni restricción. La hacktivista suiza maia arson crimew (escribe su nombre en minúscula), conocida por haber expuesto la Lista de Exclusión Aérea del gobierno estadounidense, fue quien lo detectó primero a partir de una denuncia anónima.

Los documentos filtrados revelan que Dialog no es un think tank más. La lista de inscriptos para el retiro anual de 2026 —programado para agosto en las afueras de Dublín, con un costo de más de US$16.000 por persona— incluye al secretario del Tesoro Scott Bessent, al secretario del Ejército, Dan Driscoll, y al general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa. También aparecen el senador Ted Cruz, el cofundador de Palantir Joe Lonsdale, el exdirector ejecutivo de Google Eric Schmidt, el cofundador de OpenAI Greg Brockman y Elon Musk. Ninguno utilizó una dirección de correo electrónico gubernamental para inscribirse, lo que coloca su participación fuera del alcance de las leyes de acceso a la información pública.

Lo que hace singular a Dialog no es solo quiénes están, sino cómo convergen. Auren Hoffman, presidente de la organización, fundó SafeGraph y LiveRamp, dos de los principales intermediarios de datos de consumo de Estados Unidos. Aparece en la misma lista que el senador Cruz, quien preside el comité del Senado que supervisa a la Comisión Federal de Comercio —el regulador de privacidad de datos—, y que Bessent, cuyo ministerio redacta las normas sobre datos financieros. Lonsdale, cuya empresa Palantir gestiona los sistemas de datos del Pentágono y del Servicio de Inmigración, comparte organización con el congresista Jim Himes, principal opositor en el Comité de Inteligencia de la Cámara que supervisa esos contratos.

Entre los 222 inscriptos figuraría también Marcos Galperin, cofundador y CEO de MercadoLibre. Su nombre aparece en una lista que circuló en redes sociales a partir de la información publicada por WIRED, aunque la revista no lo menciona en el cuerpo de su nota. Sería el único latinoamericano destacado en un círculo que convoca simultáneamente a reguladores financieros, ejecutivos de inteligencia artificial y funcionarios de seguridad nacional: no un foro de ideas, sino un espacio donde el poder económico y el político se encuentran sin registro ni atribución.

La agenda del retiro de 2026 termina de dibujar el espíritu del grupo. Entre las sesiones previstas figuran “Navegando la Tercera Guerra Mundial”, “Tecnologías de campo de batalla”, “Construye un culto” y “¿Cómo va tu vida sexual?”. Los datos también revelan que Dialog opera un servicio de citas para sus miembros —con un formulario que pregunta sobre orientación política y estado civil— y que esa información también quedó expuesta en la filtración, junto con los tokens de acceso personales de cada participante.

Dialog operó durante dos décadas bajo una regla estricta: todo lo dicho en sus encuentros es off the record y nada puede atribuirse a nadie. La filtración no provino de un espía ni de un hackeo sofisticado: bastó con ver el código fuente de una página web casi vacía. La organización no respondió a los pedidos de comentario de WIRED, según la publicación especializada. Su director ejecutivo, Raffi Grinberg —autor de un libro de autoayuda llamado How to Be a Grown-Up— tampoco.

En el juicio por la verdad histórica sobre los fusilamientos de José León Suárez de 1956 que comenzó este miércoles en San Martín, declaró como testigo Juan Carlos Livraga, “el fusilado que vive”, el hombre que le reveló la historia a Rodolfo Walsh y desencadenó la escritura de la emblemática investigación periodística Operación Masacre. Tiene 94 años —los cumplió el 14 de junio— y envió un texto desde California, Estados Unidos donde reside desde hace año. El escrito fue leído ante el tribunal a cargo de la jueza Alicia Vence.

El juicio —el primero en el fuero federal por los hechos de la noche del 9 al 10 de junio de 1956— busca la reparación histórica de las familias de las cinco víctimas fatales y acusa al Estado —en aquel entonces representado por la Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas— de haber cometido delitos de lesa humanidad. Cinco hombres fueron asesinados: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron, entre ellos Livraga, que aún está vivo.

Otro responsable clave de entonces fue el jefe de la Policía bonaerense, el teniente coronel (R) Desiderio Fernández Suárez, quien ordenó la detención de los hombres en una casa en Florida y luego exigió su ejecución en un descampado. Como informó elDiarioAR, el nieto del jefe policial que ordenó los fusilamientos es actualmente embajador de Milei en México: se trata de Leandro Fernández Suárez.

El proceso se desarrolla en el Auditorio Hugo del Carril, emplazado en el mismo lugar donde estuvo el basural de José León Suárez. Las audiencias continuarán este jueves y viernes, cuando se espera la condena.

El testimonio de Livraga

En su declaración, Livraga narró los momentos del fusilamiento con una precisión estremecedora. Describió cómo lo tiraron al suelo, vio un charco de agua que se movía desde la pared, escuchó a Rodríguez gritar “hijos de puta, mátenme” mientras le disparaban, y recordó que una voz dijo “ese respira, tírenle”. “Siento un disparo pasar por mi nariz, otro más en mi nariz y cara, duermo, abro los ojos, dolor siento en mi cara”, escribió. Así sobrevivió a la masacre ordenada por Fernández Suárez en la madrugada del 10 de junio de 1956.

En su relato también contó cómo lo llevaron en un Jeep al hospital —“a menos de una yarda ven la van que nos trajo, gente tirada, el ayudante va y viene con el informe: 'muertos, nada más'”— y cómo se identificó en la enfermería: “Como te llamas, Juan Carlos Livraga”. Allí llamaron a su padre. Pero la internación fue breve: la policía llegó y lo sacó en camilla. Un hombre bien vestido le ofreció “píldoras calmantes” antes de subirlo a otro Jeep. Estuvo detenido varios días.

Livraga también evocó su paso por la cárcel de Olmos, con un tono que chocó con la crudeza de lo anterior: recordó el día en que salió tras su detención, la emoción de sus padres emocionados, y la gente cantando su nombre. “Gracias a la vida por este momento”, escribió al final de ese pasaje.

Luego del testimonio por escrito de Livraga, expusieron ante el tribunal familiares de las víctimas, como Berta Carranza y Delia Garibotti. “Quiero que se haga justicia. Que a pesar de que no estén los asesinos, que esto se conozca. Que sean declarados crímenes de lesa humanidad. Porque por más que hayan pasado 70 años, queremos que sea ley. Y que se pueda tratar en las escuelas, en diferentes espacios. Que la historia, como ellos dicen hoy, en este gobierno negacionista... que la del movimiento la cuenten completa”, cerró Berta su exposición antes de un cuarto intermedio para la audiencia de este jueves, antes de la jornada final del viernes.

MC

El oficialismo busca que la Cámara de Diputados dictamine este miércoles el llamado Súper RIGI (Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), el proyecto estrella del Gobierno para atraer inversiones en sectores tecnológicos poco desarrollados en el país a cambio de fuertes beneficios impositivos. La apuesta libertaria para avanzar con su iniciativa está en dos modificaciones clave que no estaban en el texto original: una exigencia de 20% de compre nacional y beneficios específicos para inversión en investigación y desarrollo (I+D) local, confirmaron fuentes parlamentarias a elDiarioAR.

Los cambios surgieron de las negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y los representantes de gobernadores provinciales, que venían reclamando desde hace semanas que el régimen contemplara más eslabones de la cadena productiva local. Con esas modificaciones incorporadas, La Libertad Avanza cree tener asegurado el dictamen en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, que arranca a las 15. El objetivo es llevar el proyecto al recinto el próximo 24 de junio en una sesión especial que el oficialismo pedirá con el aval de sus socios.

El régimen también es un guiño a los tecnoempresarios atraídos por el experimento libertario, como Peter Thiel, dueño de Palantir, que vive en el país hace unos meses. Para el magnate también es de interés la ley de reforma societaria del Gobierno, actualmente en el Senado, que permitiría crear empresas sin personas y que funcionen a través de algoritmos.

Qué es el Súper RIGI

El Súper RIGI es una versión más ambiciosa y restrictiva del RIGI original, orientada a sectores que estaban excluidos de ese primer régimen: industrialización de minerales críticos como litio y uranio, baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial.

La principal diferencia con su predecesor es el umbral de inversión mínima, que sube de 200 a 1.000 millones de dólares, y la extensión de la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, que pasa a 30 años. También cambia el plazo de adhesión: mientras el RIGI original tenía dos años más una prórroga, el Súper RIGI establece cinco años con uno adicional de prórroga.

En cuanto a los beneficios concretos, el régimen propone una alícuota reducida del 15% en Ganancias, amortización acelerada del 60% en el primer año, exención de derechos de importación, eliminación de retenciones a la exportación y disponibilidad progresiva de divisas hasta el 100% a partir del tercer año. Los dividendos tributarán 7%, con una reducción al 3,5% después de cuatro años de adhesión —ese punto es uno de los que los bloques aliados buscan ajustar.

El texto que ingresó al Congreso generó reparos en varios frentes. Gobernadores y representantes provinciales reclamaron que el esquema, tal como estaba redactado, no garantizaba encadenamiento productivo local. Ese fue el origen de la exigencia de compre nacional del 20% y de los incentivos para I+D que ahora se incorporarán al dictamen, según las fuentes consultadas.

La semana pasada, durante el plenario informativo, cámaras empresarias también marcaron observaciones, pero el oficialismo tenía claro que necesitaba cerrar el acuerdo con sus aliados antes de ir a la firma. A diferencia de otros proyectos de la agenda del Gobierno —como la ley de lobby, que tiene un camino más sinuoso—, el Súper RIGI contó desde el principio con el apoyo de los bloques dialoguistas, lo que facilitó la negociación.

Otros proyectos del oficialismo

Antes del plenario del Súper RIGI, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Justicia se reúnen para dictaminar el proyecto que autoriza el pago de US$171 millones a dos fondos buitre que nunca ingresaron a los canjes de deuda. Se trata de Bainbridge Ltd. (67 millones) y Attestor Value Master Fund LP (104 millones), con quienes el Gobierno alcanzó un acuerdo de conciliación en la Justicia norteamericana que incluye una quita de cerca del 30% sobre lo adeudado. El proyecto ya tiene media sanción del Senado desde el 5 de junio y debe aprobarse antes del 30 de este mes, fecha límite fijada en el entendimiento. Con él, el Gobierno busca cerrar definitivamente el capítulo del default de 2001.

A las 17, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General retoma el debate del proyecto de regulación del lobby o gestión de intereses, aunque su suerte es más incierta que la de los otros dos. La semana pasada, un arco amplio de organizaciones —desde cámaras empresarias hasta el CELS— advirtió que la redacción oficial tiene problemas de definición: las categorías son tan amplias que no distinguen entre el lobbismo corporativo y simples pedidos ciudadanos de audiencia o acceso a la información. Desde el oficialismo reconocen que hay ajustes por hacer, y el dictamen podría postergarse.

Por último, también está en agenda cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que busca establecer la presunción de inocencia en materia tributaria frente a la AFIP. El proyecto tiene conexión con la tormenta política de Manuel Adorni, que se acogió al régimen actual para justificar unos US$300.000 que supuestamente ganó en inversiones en criptomonedas y luego utilizó para comprar inmuebles. Hoy el funcionario stá siendo investigado por enriquecimiento ilícito.