En el valle del río Neuquén, en los alrededores de las localidades petroleras, el aire se puede “ver”. Lejos de toda metáfora, durante la madrugada es posible divisar una nube gris en el horizonte. No es un efecto óptico, sino la acumulación de gases emitidos a la atmósfera por la industria hidrocarburífera. Así, la población aledaña convive con una serie de contaminantes que ponen en riesgo su salud, mientras los Gobiernos Nacional y Provincial promueven con ahínco una actividad que, por sus impactos, busca erradicarse en todo el mundo. 

Esto es parte de lo que se vive en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, el epicentro de la industria fósil en la Argentina donde ciudades como Añelo crecen año a año por la llegada de familias que buscan mejores oportunidades, aumentando así la población expuesta a la contaminación.

En los yacimientos no convencionales, como Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica libera metano, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera. Cuando ese gas no puede captarse por falta de infraestructura, se puede recurrir a dos prácticas: el venteo (liberación directa) o la quema en antorchas (flaring). Ésta última práctica se considera “preferible”, ya que al combustionar el metano se transforma en dióxido de carbono, reduciendo su potencial de calentamiento inmediato. En la provincia Neuquén, el venteo directo está restringido por la Ley provincial N° 2175, salvo excepciones técnicas.

Gran parte de las emisiones, como el metano y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), son incoloras e inodoras, lo que dificulta su detección sin tecnología específica. Patricia Rodríguez es analista de Imágenes Ópticas de Gas (OGI en inglés) en la ONG estadounidense Earthworks y viajó a la Cuenca Neuquina en 2023 para documentar las emisiones de gas. Las imágenes se capturan con una cámara que tiene un filtro espectral y sensores que, al bajar a temperaturas criogénicas (menos 200°C o 300 C°), permiten visibilizar ciertos gases, incluyendo metano y otros 19 gases más como benceno y tolueno. “En muchos lugares donde se apunta la cámara no se ve nada a simple vista y de repente se ve (en la cámara) que se está quemando”, explica la analista a Climate Tracker.

De esa manera, Rodríguez detalló los hallazgos durante aquel viaje: “Vimos contaminación en toda la cadena de valor del petróleo y el gas: desde el proceso de upstream (exploración y producción), de midstream (transporte y procesamiento), y también visitamos algunas refinerías, es decir, el downstream (refinación y comercialización), que es el proceso donde se hace algo con el petróleo y el gas”.

Además de ser difícil de percibir para cualquier ciudadano, en Neuquén son las mismas empresas las que declaran sus niveles de quema o fuga ante el Estado. Este modelo de autodeclaración empresarial también está vigente en Estados Unidos. Según un estudio, las emisiones de metano por venteo o quema son hasta cinco veces superiores a lo esperado en el país norteamericano, por lo que advierte que los reportes de emisiones a través de este tipo de mecanismos tienden a subestimarse. La dificultad de cuantificar las emisiones, según el análisis, se debe a la intermitencia de estas actividades y a la falta de un monitoreo y reporte adecuados. Según la investigación publicada en la revista GeoHealth, “el uso exclusivo de los volúmenes de gas declarados por los propios productores podría conducir a una subestimación de las emisiones procedentes de la quema y la ventilación”.

El procedimiento de la quema tampoco garantiza una combustión completa. “Con la cámara podemos ver que esa quema muchas veces no está completa. Si la quema fuera eficiente, no veríamos los humos de gases subiendo a la atmósfera que deberían estar siendo quemados. Y eso nos dice que, posiblemente, todavía haya metano junto con los otros gases que vemos en las imágenes”, sostiene Rodríguez. 

Luego del último viaje, en el que además de analizar imágenes en Vaca Muerta midieron en refinerías y otros puntos de Dock Sud y Bahía Blanca, Earthworks reportó sus hallazgos: “Los estudios de imágenes ópticas de gases mostraron niveles de emisiones de medios a altos en tres lugares de fracturación hidráulica, seis instalaciones de compresión o almacenamiento, ocho plantas de procesamiento, cuatro centrales termoeléctricas y tres refinerías, muchas de las cuales estaban muy cerca de viviendas”.

El impacto en la salud, un hecho

Los efectos en la salud de la contaminación del aire por uso de combustibles fósiles están documentados en numerosos estudios científicos. Una investigación de 2023 publicada en la revista científica BMJ estimó que “5,13 millones de muertes adicionales anuales a nivel mundial son atribuibles a la contaminación del aire ambiente derivada del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, podrían evitarse eliminando gradualmente los combustibles fósiles. Esta cifra corresponde al 82% del número máximo de muertes por contaminación del aire que podrían evitarse controlando todas las emisiones antropogénicas”.

Una estimación similar reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando reconoce a la contaminación atmosférica como uno de los principales riesgos para la salud, responsable en 2019 de 6,7 millones de muertes prematuras, más de 380.000 ocurridas en América.

Por otro lado, un estudio de 2020 realizado en los yacimientos del sur de Texas asoció la exposición frecuente a eventos de quema nocturna con el aumento en un 50% de las probabilidades de partos prematuros, en comparación con poblaciones no expuestas.

Finalmente, otro estudio publicado en 2022 estableció el “vínculo causal” entre la quema de gas natural y la salud respiratoria en Dakota del Norte, también en Estados Unidos, entre 2007 y 2015. En él se demostró que un aumento del 1% en la quema de gas aumenta la tasa de hospitalización por problemas respiratorios en un 0,73% y que los efectos negativos en la salud se detectan hasta 60 millas (aproximadamente 96,5 km) de distancia de la fuente de quema. El estudio también revela que la quema de gases perjudica la salud de bebés lactantes y mayores de 65 años. 

En la Cuenca Neuquina, la Confederación Mapuche y el Observatorio Petrolero Sur vienen alertando sobre la prevalencia de afecciones respiratorias en niños y adultos. El escenario se complejiza en zonas donde el crecimiento demográfico se acelera por la actividad industrial y aumenta la cantidad de habitantes expuestos a la contaminación. Un ejemplo de esto es la localidad de Añelo que tuvo un aumento poblacional del 140% entre 2010 y 2022, pasando de 2.600 habitantes a 6.400, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Lefxaru Nawel es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, que viene planteando la problemática en distintos espacios de debate colectivo. En diálogo con Climate Tracker sostuvo que la contaminación del aire y sus efectos en la salud son una realidad que viven muchas familias de la comunidad en la meseta neuquina. “Lo que se ve en la zona es una gran afectación de la calidad del aire a partir de la explotación petrolera. La contaminación de ahí no es solamente por la infraestructura hidrocarburífera sino también por la presencia de las plantas de arena y por el gran tránsito que hay y la falta de los caminos”, afirma.

Respecto a la contaminación, Nawel explica cuándo se puede percibir: “Los mecheros por lo general queman más de noche. Es una estrategia que ellos tienen para invisibilizar más ese tipo de contaminación, que a la vista siempre es difícil de percibir. Entre Fortín de Piedra, Loma de la Lata, Tratayén, además del olor, en la madrugada, cuando amanece, se ve una nube de contaminación. Pese a que hay viento de manera persistente, acá en la zona se puede ver y, más que nada, se puede sentir el olor como a combustible”. 

La Dra. Marisa Cogliati, directora del laboratorio de climatología y calidad del aire de la Universidad Nacional del Comahue, explica el fenómeno: “Estamos en un ambiente árido con viento intenso en algunas épocas del año, con lo cual lo que emiten se dispersa rápidamente y no tenemos tantos problemas. Pero en invierno durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, la atmósfera se aquieta y todo lo que se emite queda desde los 2.000 metros hacia abajo. Entonces, eso genera una zona con mucha contaminación y todo eso se va a quedar hasta que la atmósfera se ponga en movimiento. Para eso se necesita calor, o sea, que hasta que no salga el sol o corra viento no va a ocurrir y el viento de la noche es mucho más bajo”.

En ese sentido, Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, aporta otra problemática derivada de la quema: las dioxinas, compuestos químicos que se liberan durante la combustión incompleta de hidrocarburos y que, al ser contaminantes orgánicos persistentes, no se degradan fácilmente. Sobre su comportamiento en el territorio, explica: “Toda la quema libera dioxinas que el viento transporta. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona de mucho viento y de cambio de dirección del mismo. En el valle entra todo eso y queda ahí, por debajo de las nubes. Ese traslado de las dioxinas tiene el agravante de que se fijan en los cuerpos de agua”.

Para las comunidades que conviven con los pozos, los efectos de la contaminación en la salud se viven en carne propia. Las afecciones respiratorias, según Nawel, son una constante que se agudizó en los últimos años. “Hay problemas respiratorios de todo tipo, de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), sobre todo en la infancia. Y hay una situación donde el Estado no provee la información, donde no se realizan tampoco informes epidemiológicos ni estadísticos relacionados al impacto acumulativo de la contaminación”. 

Nawel destaca, como un posible indicador a observar, la merma en la asistencia de los estudiantes en las escuelas y el aumento de demanda en las salitas de salud durante los meses más fríos: “Basta con ver las salitas de la meseta, la enorme cantidad de afecciones respiratorias a partir del otoño. En la escuela misma te dicen: ‘Hay un gran porcentaje de ausentismo a partir del descenso de la temperatura por la estación del año por las afectaciones respiratorias’, pero el Estado, los gobiernos, impiden que haya un informe estadístico, epidemiológico”.

Una característica de esta contaminación es el impacto acumulativo que tiene la salud. “Es estar de manera permanente recibiendo contaminación, no es que vos si el día de mañana venís acá y pasás al lado de un basurero, te vas a desmayar porque hay olor feo, sino que el estar de manera constante sometido a la contaminación es un impacto que termina horadando la capacidad vital con hipertensión pulmonar, por ejemplo, o la afectación al sistema nervioso y al sistema inmunológico y además del respiratorio y todo lo que tiene que ver con con la depuración de las toxinas como es el sistema urinario, hepático”, sostuvo Nawel.

“La perversidad de los gobiernos dice que (las afecciones a la salud) son porque se calefaccionan quemando cualquier cosa que pueden, cosa que no deja de ser cierta y que muestra también la desigualdad social. Mientras por un lado está la riqueza y la opulencia que en ciertos sectores se detenta en Neuquén, por otro lado, la población no tiene gas, no tiene luz y no tiene agua. Pero no es solamente esa situación, sino que también es la contaminación del aire que es permanente: hoy contrasta con que esa misma gente a la noche en el horizonte ve todo el gas que se ventea para que no explote el gasoducto”, dijo el integrante de la comunidad Mapuche de Neuquén.

Climate Tracker se contactó con tres empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta. Se les consultó por sus protocolos de medición de emisiones, estudios de calidad de aire y salud, y porcentajes de captura de gas. Desde Tecpetrol, del grupo Techint, respondieron no tener información al respecto. Shell alegó no poder responder por temas de corresponsalías. Por su parte, YPF se limitó a enviar el enlace a su reporte de sustentabilidad de 2024. 

Compromisos climáticos de Argentina y estimación de beneficios

Argentina adhirió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley nº. 27270. Y en diciembre de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la República Argentina en la que el país se comprometió a una meta aplicable a todos los sectores de la economía de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, representando una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007. 

Sin embargo, el camino para alcanzar el objetivo se estancó. A diferencia de lo que se pretendía en la COP30 de 2025, Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, no actualizó su NDC, manteniendo una política climática que Climate Action Tracker calificó como “críticamente insuficiente”. En su último reporte, la ONG dimensiona los efectos de la falta de compromiso de Argentina con la reducción de emisiones: “En 2022, las emisiones en Argentina repuntaron por encima de los niveles de 2019 tras una fuerte caída en 2020 debido a la COVID-19. Esto sitúa las proyecciones de emisiones de Argentina para 2030, bajo las políticas actuales, aproximadamente un 15 % por encima de su ya poco ambicioso objetivo para ese año”.

Un informe del Ministerio de Salud de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), obtenido por Fundación Ambiente y Recursos Naturales mediante un pedido de información pública de 2025, estimó los beneficios sanitarios de cumplir la NDC. Los resultados son contundentes: una ganancia de casi 36.000 años de vida por prevención de muertes prematuras. También se evitarían 2.350.000 días de actividad restringida (en todas las edades) y 600.000 días de trabajo perdidos (población en edad económicamente activa) anuales. Además, el número de asma en niños se reduciría en 280.000 casos anuales. El informe concluye: “Estas y otras ganancias en salud también resaltadas por la herramienta brindan un co-beneficio económico que implicaría un ahorro de US$ 1.860.000.000 anuales”.

Nawel coincide con que la contaminación tiene efectos en la sobrecarga al sistema de salud pública: “Si uno habla en términos presupuestarios, que son los que le gustan al Gobierno, la afectación también va a ser por ese lado y la salud pública es la que se resiente a partir de recibir cada vez más gente enferma por esta situación. Esto tiene un correlato directo, por ejemplo, con situaciones que se viven en el país hoy como el sistema de salud o el (hospital) Garrahan, que hay muchos niños y niñas de las comunidades mapuches que se han ido a atender ahí a partir de la contaminación que han padecido y las enfermedades que muchas veces son raras, como casos de malformación. El sistema de salud pública es el que recibe esa carga y es el que, justamente, estos gobiernos que son pro extractivismo están desmantelando”.

La comunidad mapuche organizada llevó adelante distintas medidas para visibilizar el daño a la salud por contaminación a lo largo de los años. “Hicimos numerosas gestiones para que eso se atienda, pero lo que hay es ese abandono de la obligación que tienen de cuidar la salud pública, como el caso del basurero petrolero que tiene ese impacto en la población. Pero, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no lo toman como una prioridad, solamente lo mencionan como si fuera algo al pasar y no como la huella que está dejando Vaca Muerta y que va a dejar en las futuras generaciones”, afirma Nawel.

Un marco regulatorio fragmentado

La regulación de las emisiones en Argentina está fragmentada entre las normativas nacionales y las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. La Ley Nacional Nro. 20284 de contaminación atmosférica es el marco vigente y data del año 1973. En ella se establecen las normas de calidad del aire y concentración de contaminantes y fija los deberes de las empresas, como asegurar que los parámetros de emisión no excedan los establecidos.

En 2023 se presentó la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 970/23 que buscaba implementar el Programa Nacional de Medición y Reducción de las Emisiones Fugitivas Derivadas de las Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la resolución nunca se reglamentó.

Entre las propuestas de reducción de emisiones de metano figura el proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos”, impulsado por el diputado Martín Maquieyra en 2024 con apoyo de otros bloques. A pesar de la urgencia sanitaria y ambiental, el proyecto, que busca proteger la salud humana, reduciendo emisiones en el sector hidrocarburífero, corre el riesgo de quedar en la nada. De perder estado parlamentario este año por falta de tratamiento, el Congreso renunciaría a establecer un marco regulatorio nacional que guíe a las provincias y proteja a las comunidades.

En Neuquén conviven leyes de 30 años de antigüedad con algunas más actuales. La Ley Nro. 2175 de 1996 prohíbe el venteo directo y fija una tasa ante la superación de las emisiones permitidas mientras que en 2024 se sancionó el “Régimen Provincial de acción climática” bajo la Ley Nro. 3454. Esta última dispone la creación de un Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero. Entre sus objetivos figura “establecer estrategias, políticas y medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como la mejora de su capacidad de absorción”. 

A partir de la última ley, y bajo la Resolución 258/2025 se creó el “Programa de Monitoreo en el Sector Hidrocarburífero”, de la Secretaría de Ambiente, que reglamenta estas acciones específicas para la industria del petróleo y gas. El último avance en ese sentido fue el pasado 10 de abril, cuando se publicó en el boletín oficial provincial el “Procedimiento de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al sector Upstream”.

Climate Tracker consultó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén si existían mecanismos de auditoría externa a las empresas para validar las declaraciones juradas de las operadoras. Asimismo, se le consultó si había estadísticas sobre la afectación de la salud por contaminación del aire. Al momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del organismo.

La postal de la contaminación invisible

La expansión de Vaca Muerta se proyecta sobre un territorio que ya evidencia efectos sobre la salud pública. Nawel pone el foco en la falta de estadísticas: “Como decimos, es la contaminación más difícil de percibir y la que menos se ha controlado, porque el gobierno provincial nunca ha invertido en controlar ese tipo de contaminación, pero la vez que hemos podido acceder a esa tecnología (las imágenes de Earthworks) ha sido concretamente muy impactante. Es una contaminación que, como decimos, no se ve, pero que está ahí de manera permanente”.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

Candela Lenzi Pra (31) llega primero a la entrevista virtual, vía Zoom. Le sigue M. Sol Brunello (38). Ya se encuentra también conectado su abogado, Hugo Tomei, quien las acompañará durante la entrevista con la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. Se muestran conmovidas, pero seguras. Hablarán sobre las repercusiones de la investigación que reveló las denuncias por abuso sexual contra el reconocido jinete e instructor Augusto Fraschina. Ellas son las denunciantes y detallarán cómo llevan adelante el proceso judicial, la indiferencia a sus causas dentro de la equitación y las repercusiones de la publicación de este medio. También, cómo se dan fuerzas mutuamente, a pesar de no haberse visto nunca personalmente. Lenzi Pra vive en la provincia de Buenos Aires y Brunello, en el interior del país.

El 1° de noviembre la UDI de elDiarioAR reveló que el reconocido jinete e instructor de equitación Augusto Fraschina fue denunciado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal. Lenzi Pra denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Brunello también denunció ante la Justicia a Fraschina: afirmó que fue abusada cuando tenía entre 17 y 20 años. Brunello denunció, además, a un segundo jinete, sindicado como presunto cómplice de Fraschina, su entregador, Javier Rawson. Así surge de los expedientes de la Justicia de San Isidro y testimonios consultados por la UDI de elDiarioAR durante los últimos meses.

La primera causa, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1, Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente, iniciado por Brunello, tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

—¿Cómo vivieron los días posteriores a la publicación de la investigación?

Lenzi Pra: —Es movilizante porque uno vuelve a recordar el pasado y se cruzan un montón de emociones, pero creo que fue tanto el esfuerzo que uno hace para seguir luchando contra esto, contra el sistema judicial, por la verdad, que no te queda otra que seguir. Por suerte estoy bastante contenida y tratando de aferrarme a que esto sirva, para que le llegue también a otras chicas, ya sea del ambiente de la equitación o no. Que por lo menos la gente sepa, que los padres se enteren lo que está pasando en el ambiente. Lamentablemente queda clarísimo que la gente que cometió estos hechos sigue libre y las que terminamos escondiéndonos somos nosotras, por cuidarnos. Estos tipos siguen sueltos y la Justicia sigue sin hacer nada. No somos solo dos mujeres, hay muchas más víctimas.

M. Sol Brunello: —Mi caso es similar, me está sosteniendo mi familia. Lo más fuerte es que tengo que sostenerme también para recibir un montón de comentarios y llamadas de otras mujeres que también vivieron casos de violencia en el ambiente. Hubo mucha gente comunicándose incluso con mi familia, con mi hermano -quien es jinete- que recibió mucho apoyo de sus colegas. Denunciar es mostrarlo todo, es desnudarse porque es algo que uno lleva con vergüenza y es sostener la palabra hasta el final, como dice Cande. 

Nosotras somos víctimas de estos tipos que nos arrebataron la inocencia, nos arrebataron el deporte y creo que nada va a repararlo, pero sí alivia un montón no taparlo sino ponerlo a circular porque te das cuenta de que hay un montón de mujeres afectadas.

—¿Qué esperan de la Justicia?

Lenzi Pra: —Espero que hagan bien su trabajo, que se ocupen, que no dejen pasar el tiempo. En mi caso ya van a ser siete años. Yo arranqué siendo mucho más chica, con la inocencia de que la Justicia iba a actuar bien y que me iba a cuidar. Y me encontré impulsando a la Justicia, yendo a buscarla, tocando las puertas del juzgado una vez por mes y que no me quisieran atender o que me atiendan mal, o que me dijeran: “Mirá, yo me voy a tomar el tiempo que quiera, que necesite”, a lo que he respondido: “Tomarte el tiempo que quieras también es una respuesta hacia mí, estás tomando una decisión”.

Brunello: —Yo empiezo ahora a sentir el cansancio que Cande me contaba que sentía las primeras veces que hablamos. La realidad es que una tiene que seguir con la vida, también te pasan otras cosas: el tema laboral, los hijos y de fondo está esto que es como estar arrastrando una piedra, ese esfuerzo tiene que ser de la Justicia.

Me parece que más allá de nosotras, también es una bomba de tiempo que estos tipos sigan dando vueltas y que sigan afectando a un montón de personas. Para nosotras también, porque queremos darle un cierre y seguir con nuestras vidas, que es lo que nos merecemos después de tanto.

Lenzi Pra: —Siento que no somos del todo cuidadas por la Justicia. Yo dejé de ir a los concursos, dejé de montar, directamente no me acerco a una pista cuando sé que tengo la posibilidad de cruzarme con alguien, y si pasa la que termina estando mal después de ese día soy yo. Por suerte ahora estoy mejor, pero tenía recaídas, volvía a vomitar, volvía a tener depresión. Yo intentaba seguir con mi vida, pero es imposible. Vos estás constantemente presentando escritos, sometiéndote a pericias, fui a una pericia ocular al lugar, me hicieron pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, fui al juzgado las veces que necesitaron y me presenté diciendo “lo que necesiten y lo que ayude para acelerar el proceso estoy disponible al juzgado y a la fiscalía, ya he hablado con el fiscal, con los jueces en reiteradas oportunidades.

—¿Pensaron alguna vez en abandonar el proceso judicial?¿Por qué decidieron seguir?

Lenzi Pra: —Mil veces tuve las dudas de dejarlo porque es agotador, porque decís ¿hasta cuándo voy a estar con esto? ¿Cuántos años voy a seguir perdiendo el tiempo y la energía? No es gratis, cada vez que hay algo nuevo para presentar o una resolución o la respuesta de un juez o de un fiscal, se vuelven a revivir un montón de cosas del pasado, no es que leo el escrito y no me genera nada. 

Sol Brunello: —Cuando pensé en no seguir avanzando fue por la enorme energía que requiere cada escrito, releer, abrir otra vez esos recuerdos de aquella época. Creo que es lo más duro. Las veces que me pasa que estoy por aflojar, me impulso a través de Cande. Por ejemplo, cuando me enteré que Cande también iba a hablar en la nota dije “Bueno, somos dos”, te sentís acompañada y entendida de alguna manera. Y también a través de mi hermano, todo el tiempo me dice: “No tengas miedo”. Porque tengo miles de miedos. Igualmente, desde el día uno yo tengo confianza en este proceso porque está Cande y porque está Hugo. No sé si podría convivir con la decisión de no haber hecho lo que tenía que hacer, lo que me iba a dejar tranquila.

Lenzi Pra: —A mí también me sirvió mucho que Sol se animara a hablar, una cosa es estar sola luchando contra todo y otra cosa es ser dos, que, lamentablemente, pasamos por lo mismo con la misma persona. No es coincidencia porque las historias tienen mucho en común y está super claro y la gente que realmente los conoce no duda de que es verdad.

—¿Qué repercusiones del ámbito ecuestre les llegaron después de la publicación de la investigación?

Lenzi Pra: —A mí me hablaron algunas personas del ambiente. Me contaron que en la Federación Ecuestre Argentina estaban todos revolucionados porque no les gusta que los nombren y que los expongan. Lo de la Federación Ecuestre Internacional, eso sí fue como el bombazo, llamó la atención de todos, como que dijeron, “Bueno, acá no es joda, esto no queda solo acá en Argentina”, sino que se empieza a expandir mucho más.

—Sol, comentó que le hablaron muchas mujeres para contarle sobre abusos. ¿Qué siente cuando le llegan todas esas historias?

Brunello: —Creo que todo cobra sentido, más allá de nuestros casos siento que esto nos atraviesa a nivel social y es una justicia que se da en el ámbito social, que es necesaria para poner cada cosa en su lugar. Y me parece que es desarmar esa idea de que es algo que se tiene que ocultar, callar, del “mejor no digas nada”. Nos fortalecemos entre nosotras para animarnos a hablar porque es re loco que la violación y los abusos son los delitos, quizás los únicos, en los que la vergüenza la llevamos nosotras, las víctimas.

—¿Qué les gustaría que se revea en la equitación y el deporte en general en cuanto a la violencia de género y los abusos? 

Lenzi Pra: —Siento que tiene que haber un cambio en la sociedad y en lo personal de cada uno de cuidarse más con estas cosas. Sí, obviamente, que la Federación Ecuestre tome las medidas necesarias para cuidar también a las personas que denuncian y no que esas personas se tengan que ir del deporte por eso.

Brunello: —Yo que estuve de los dos lados, alumna y profe, creo que sí hay muchas cosas que pueden cambiar. Concuerdo que la sociedad tiene que actuar también. Pero, por ejemplo, no hay formación pedagógica en la equitación, trabajan con chicos desde los tres años y no están formados pedagógicamente. Todo eso filtra a estos seres. No quiere decir que alguno no se escape, pero me parece que son todos filtros: para que puedas trabajar con niñas de 16 años, además de ser buen jinete tenés que ser buena persona y tenés que ser docente. 

Por otro lado, no hay un cupo femenino en la Federación Ecuestre, no hay mujeres en la [conducción de] Federación Ecuestre. Hay muy pocas y son secretarias o son ayudantes. No hay una renovación de las nóminas, o sea, siguen estando los mismos tipos. No hay cupo femenino en los torneos internacionales. Y esto de que nuestros casos hayan llegado a la Federación Ecuestre Internacional es también muy importante. Por último, el maltrato animal también es una forma de abuso y no está para nada regulado en las ligas menores. Vemos caballos enfermos, rengueando en la pista, caballos que saltan 25 veces al día. 

—¿Qué mensajes les darían a otras posibles víctimas de abuso?

Lenzi Pra: —Que se animen a hablar, que realmente es muy sanador sacar todo lo que uno tiene adentro, eso que te hace mal. Ya sea hacer una denuncia o hablar con sus conocidos, no guardárselo, no tener miedo más allá de que es lo primero que se siente, que es imposible no sentirlo, pero que después, cuando uno lo pone todo en palabras, es muy sanador.

Nosotras luchamos con nuestra verdad y eso no nos lo va a sacar nadie. Siempre se puede ayudar a alguien más, esa persona no está sola. Me sentí así con Sol cuando me escribió la primera vez y me dijo: “Cande, gracias a que vos te animaste a hablar yo pude hablar con mi familia”, eso para mí ya fue darle un sentido a todo esto que había arrancado. Antes, me sentía muy sola. En su momento cuando me animé a subir algo en mis redes, a mí también me escribieron desde mujeres mayores que han sido abusadas y que me dijeron “yo no me animo a hablar”, hasta personas que me escribieron por un Instagram falso y que me dijeron “te agradezco que hayas hablado, pero por ahora no me animo a hablar”.

Brunello: —Sí, que se escuchen a sí mismas. Si te escuchás en el momento en que lo estás viviendo, sentís eso que está en la nota: yo me fui de ahí [el lugar donde denunció haber sido abusada] diciendo… “esto es que te violen”. Cuando sientan que algo no corresponde o que las incomoda, que se animen a hablar primero con quien tengan a mano para que las ayude o con nosotras también, yo estoy ahí para escuchar. Es importante que aprendan a no naturalizar cualquier situación de incomodidad: “No se dio cuenta”, “fue un chiste”. Hay cosas que no corresponden en un vínculo de profesor-alumna o de compañeros de deporte.

ED/MC

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia por los presuntos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal, como informó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR el 1° de noviembre pasado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, que actualmente tiene 38 años, M. Sol Brunello, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses. Además, la Federación Ecuestre Internacional (FEI) dijo a partir de la consulta de este medio que se encuentra investigando los casos.

Apenas una hora luego de la publicación de la investigación en elDiarioAR, el buscador de Google fue colonizado por fake news que, copiando el estilo de titulación de la nota, afirmaba: “Reconocido jinete e instructor hípico Augusto Fraschina exonerado de todas las acusaciones de abuso sexual”. Los links estaban alojados en las páginas web de las universidades Nantés Université de Francia y la Universidade do Estado de Santa Catarina de Brasil. 

La supuesta noticia, fechadas el 27 de octubre de 2023 pero publicadas el 1° de noviembre por la madrugada, sostenían: “Las autoridades judiciales han concluido que no existen evidencias suficientes para sostener las acusaciones de abuso sexual presentadas contra Augusto Fraschina en marzo de 2025”. Sin embargo, las denuncias fueron presentadas por las mujeres en 2018 y 2024, según consta en los expedientes judiciales, y se encuentran en pleno trámite. No existe absolución ni condena por el momento. 

Envenenando la web

“Fraschina, reconocido por su trayectoria extensa en el turf y su labor como instructor, ha sido completamente exonerado, reafirmando su reputación en el ámbito ecuestre”, anunciaba la noticia falsa que buscaba desacreditar lo publicado por la UDI de elDiarioAR. Actualmente, ambas causas están en pleno proceso. La primera, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio presentados por parte de distintos fiscales. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

La falsa noticia afirmaba: “Por su parte, los abogados del instructor señalaron que esta resolución demuestra la importancia de la presunción de inocencia y el valor del debido proceso en la Justicia”. Además, las publicaciones resaltaron que las “acusaciones infundadas” no deben afectar “la carrera ni la vida personal de individuos que han dedicado su existencia a promover los valores y la excelencia en el deporte.” 

elDiarioAR consultó al abogado de Fraschina, pero la defensa rechazó hacer declaraciones sobre estas publicaciones. Solo dijo que no tenía información sobre ellas.

Este medio también consultó al abogado de ambas denunciantes, Hugo Tomei, sobre la publicación de las noticias falsas. “Me sorprendió. Estamos en un nivel de acciones que pueden ser ilícitas, que se dan en una escala económica superior, no es lo que se encuentra comúnmente”, y agregó: “Estamos hablando de hechos que se dan en un estado mayor de posibilidades económicas. Entonces, todo lo que pueda llegar a pasar lo voy comprendiendo desde ese lugar. Hay recursos de otros lugares que pueden intentar cancelar una nota (de elDiarioAR) y por qué no también un proceso (judicial)”, “Siento que fui elegido para ser el abogado de dos chicas con una fortaleza enorme, pero que esto va un poco más allá: es una causa”, aseguró el letrado.

Cómo funciona la maniobra

Mauro Eldritch, fundador de Birmingham Cyber Arms (BCA LTD), una empresa que ofrece soluciones de inteligencia de amenazas digitales y ayuda a las organizaciones a detectar riesgos y tomar decisiones de seguridad fundamentadas, dialogó con elDiarioAR sobre el caso de las fake news publicadas en las páginas web de Nantés Université de Francia y la Universidade do Estado de Santa Catarina de Brasil.

“Es un claro ejemplo de Black Hat SEO, y, más particularmente, una forma de SEO Poisoning, un conjunto de prácticas orientadas a desposicionar un contenido y posicionar otro en su lugar para ‘taparlo’, sepultándolo entre los resultados del buscador”, explicó Eldritch a este medio, y agregó: “En este caso abusaron de sitios de universidades que rankean muy bien y suelen aparecer primero, pero que tendrían alguna mala configuración o vulnerabilidad que aprovecharon para subir contenido. La noticia de elDiarioAR [publicada el sábado 1° de noviembre último] habla de una denuncia a un jinete, ellos usaron casi las mismas palabras del titular pero cambiando la historia para decir que fue exonerado”. 

El resultado de la operación mencionada por Eldritch se refleja en el buscador de Google, donde se exponen en una misma jerarquía visual dos informaciones que se contradicen. “Cuando un usuario busque el nombre (de Augusto Fraschina) o el titular de la nota de elDiarioAR, el buscador le va a ofrecer primero los sitios con mejor ranking: los de las universidades, aunque el contenido indexado por el buscador sea ficticio”, aclaró a este medio.

Consultado sobre la sofisticación que puede implicar este tipo de operaciones, el experto respondió: “Tiene su sofisticación pero no es demasiada. Identificaron servidores de entidades que rankearan bien en el buscador y que tuvieran vulnerabilidades. Coordinaron la explotación para subir las noticias falsas con cierta simultaneidad y esperaron a que el buscador las indexara”.

“El problema es que es un truco que se descubre fácil, dura hasta que un administrador [de las webs de las universidades] borre el contenido ilegítimo de la web y hasta que el indexador de los buscadores vuelva a pasar y ya no encuentre ese contenido; o incluso hasta que un sitio de noticias saque algo nuevo sobre el tema. En ese caso por ser más reciente probablemente rankee primero. De nuevo, todo depende del buscador”, agrega Eldritch.

Tal como explicó el experto, pocas horas después de la aparición de las fake news sobre la exoneración de Fraschina en los casos de presunto abuso sexual en su contra, las noticias falsas dejaron de figurar entre los primeros resultados en el buscador de Google. Pero sí llegaron a rankear en un primer momento. Este comportamiento se explica “porque el administrador de sistemas o quién esté a cargo de la web de la universidad se da cuenta de la anomalía y revierte el contenido, pero esa persona trabaja para el sitio de la universidad, no para Google. No se puede desindexar del buscador. Por eso al generar la búsqueda muchas veces el buscador sigue ofreciendo un resultado ‘fantasma’ por algún tiempo breve” concluyó el fundador de Birmingham Cyber Arms (BCA LTD).

La lectura del contenido de la noticia falsa presentaba una dificultad: al abrir el link, la página mostraba por muy pocos segundos el contenido de la nota en formato blog e inmediatamente redirigía a un sitio de apuestas online.

Qué dice eso de la operación principal, le preguntó este medio al experto. “Aunque hayan borrado el sitio, lo que permitió en primer lugar que subieran el contenido (una vulnerabilidad en la seguridad de la web de la universidad, por ejemplo) no fue corregido y fue aprovechado por otro actor para difundir su propio contenido. En este caso, sitios de apuestas, crypto-casinos, etcétera, que probablemente lo hayan descubierto y explotado de forma automatizada. Como dije antes es un truco que funciona (si lo hace) por muy poco tiempo”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con voceros de Google para solicitar información sobre estas publicaciones. La respuesta fue que es “difícil saber qué puede haber sucedido” y que existen caminos oficiales para denunciar contenidos fraudulentos. También comunicó sobre la maniobra a las universidades de Francia y Brasil, pero hasta el momento no obtuvo respuestas.

ED/MC

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal, como informó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, que actualmente tiene 38 años, M. Sol Brunello, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses. 

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio, como publicó la UDI de elDiarioAR este domingo. La primera causa tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, hoy a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción. 

En el ámbito internacional, la organización que representa a los jinetes es la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Tiene una “Política de Salvaguarda contra el Acoso y Abuso”. Las penas van desde los diez años hasta la suspensión de por vida del infractor. A través de aquel apartado, la organización se compromete a promover un entorno seguro para todos sus miembros, atletas, personal de apoyo, entrenadores, oficiales y voluntarios en todas las disciplinas ecuestres, prohibiendo explícitamente toda forma de acoso y abuso.

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para realizar preguntas por ambos casos nombrados en esta nota. La FEI acusó recibo y afirmó que “está investigando este asunto y no está en condiciones de ofrecer más comentarios en este momento”.

Las respuestas de la Federación Ecuestre Argentina

Lenzi Pra, la primera denunciante, notificó sobre su denuncia contra Fraschina a Campo Chico Country Club, el club al que representó cuando competía como jineta. El 8 de febrero de 2019 ingresó por mesa de entrada una carta dirigida a su presidente, que cerraba con el siguiente párrafo: “Ahora los pongo en conocimiento para que conjuntamente con la Federación Ecuestre Argentina (FEA), que tiene la responsabilidad de velar, cuidar y respetar, ética y moralmente a su comunidad, tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir actos semejantes con otras niñas, niños y adolescentes”. A Fraschina “le negaron la entrada al country”, recuerda Lenzi Pra en diálogo con elDiarioAR. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con Fraschina para hacer preguntas sobre las denuncias en su contra y dar lugar a su versión de los hechos. El jinete derivó a este medio con su abogado Diego Olmedo. El letrado respondió: “No damos reportajes mientras las causas estén en trámite”. Luego, agregó: “Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación, no nos parece prudente. Por esa razón hasta que estas causas no terminen, que insisto, están en pleno trámite, me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”. 

Tras la notificación a las autoridades ecuestres, Fraschina siguió concurriendo a otros espacios y competencias de la equitación. Un año y siete meses después de la carta de Lenzi Pra, en octubre de 2020, la denunciante notificó de su denuncia por correo electrónico a la Federación Ecuestre Argentina en una carta electrónica dirigida a su presidente de entonces, Gregorio Werthein, hijo de Gerardo, saliente canciller del gobierno de Javier Milei. También lo envió al secretario general de la FEA, César Lopardo Grana, a Marcelo Brandolino -actual presidente de la FEA- y a Julio Orma Carrasco, actualmente a cargo de la Secretaría Técnica de la Federación. 

En el correo, Lenzi Pra expuso las razones de la denuncia penal de 2018 y pidió que se tomaran medidas para “evitar que esos delitos volvieran a ocurrir”. Además, relató los “dolores, culpas y trastornos físicos y psíquicos” que los abusos le habrían ocasionado.

Lenzi Pra preguntó por qué la FEA no había suspendido a Fraschina, a pesar de haber sido notificada de la denuncia el 8 de febrero de 2019, cuando envió una carta al presidente de Campo Chico Country Club, que forma parte de la Asociación de Clubes de Campo de la Federación. 

La respuesta de la institución llegó dos días después, notificándole que el Comité Ejecutivo de la FEA había resuelto “suspender al jinete Augusto Carlos Fraschina” hasta tanto la Comisión Directiva de la institución, previa intervención de Oficial Sumariante designado al efecto, resolviera en forma definitiva sobre el caso. La respuesta fue firmada por Gregorio Werthein, Alejandro B. Cima, César Lopardo Grana, Ricardo Doldan, Leonardo Madcur y Marcelo Brandolino, actual presidente de la FEA. 

Según el artículo 47 del Estatuto de la FEA, la Comisión Directiva tiene la facultad de sancionar a los atletas federados, incluyendo la suspensión. Además, indica que se podrán aplicar las normas del Código Penal en materia de imputabilidad, responsabilidad, tentativa, participación, reincidencia y concurso de infracciones.

A pesar del aviso de la FEA sobre la suspensión del jinete, Lenzi Pra nunca recibió comunicación oficial sobre lo que decidieron después: su reincorporación. Fraschina seguía asistiendo a los concursos, asegura la denunciante: “Me di por enterada, pero no me avisaron nada, ni qué trataron, ni en qué quedó. Me fui enterando por conocidos, no porque me hayan notificado ni nada”, aclara la mujer.

Tras la denuncia, Lenzi Pra asegura: “Me lo cruzaba [a Fraschina] y él pasaba a propósito delante mío. Me acuerdo patente, pero a mí me salía del inconsciente bajar la cabeza y me acuerdo de mi hermano más chico diciéndome: 'Vos parate, vos [con] la frente en alto'. Pero es difícil, porque ver a la persona te genera muchas sensaciones”. Lenzi Pra sostiene que se vio expulsada del deporte que tanto quería, incluso dejó de ir a ver a su padre competir: “Es muy injusto. Llegó un momento en que tomé la decisión, aunque me duela, de dejar de ir porque no me hace bien”.  

La UDI de elDiarioAR se comunicó con la FEA a través de tres direcciones de correo electrónico para preguntar sobre la postura de la institución respecto a ambos casos. Al cierre de esta nota no había recibido respuestas. Tampoco respondió su apoderado, Alberto Hernán Méndez Canas.

El pasado 10 de mayo, Fraschina compitió en el Club Hípico Argentino contra otros 24 jinetes por el Gran Premio Internacional Sol de Mayo, uno de los más importantes del país. Este no es un torneo más, sino un torneo internacional de salto que integró el circuito de la Federación Ecuestre Internacional - FEI World Cup - CSI1-W* y sumó puntos para uno de los rankings, el Longines Ranking Group E.

Fraschina quedó en quinto lugar. En la foto de la entrega de premios publicada por la Federación Ecuestre Argentina, Fraschina aparece sonriente, con su característico pelo rubio cubierto por una gorra de Mercedes Benz, como el resto de los ganadores. Debajo del podio, acompañaban las autoridades de la FEA.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Augusto Fraschina, reconocio jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y por abuso sexual con acceso carnal, como reveló la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, M. Sol Brunello, que actualmente tiene 38 años, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho de abuso supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses.

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio. Ante la consulta de la UDI de elDiarioAR para conocer su versión de los hechos denunciados, el jinete e instructor derivó a este medio con su abogado, Diego Olmedo. El letrado respondió: “Como abogados no damos reportajes mientras las causas estén en trámite. Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación no nos parece prudente. Me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”.

La primera causa, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio presentados por parte de distintos fiscales. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

Candela Lenzi Pra declaró contra Fraschina en diciembre de 2018 ante la Fiscalía de Violencia de Género de Pilar. Después de casi siete años, continúa esperando una resolución de la causa, que correría peligro de prescribir. 

Durante estos casi siete años, el Ministerio Público Fiscal presentó cuatro requerimientos de elevación a juicio contra Fraschina, pero todos fueron rechazados por el juez de Garantías número 7 de Pilar, Walter Saettone.

En el último requerimiento de elevación a juicio, la anterior fiscal a cargo de la causa, Carolina Carballido Calatayud sostuvo en referencia a la demora: “Seguir dilatando este proceso con reiterados planteos que no hacen más que dificultar el progreso del mismo, implicaría no actuar con la debida diligencia reforzada, que exige sin excepción que quienes tienen la responsabilidad de juzgar este tipo de delitos donde se encuentran afectados derechos de las mujeres, donde existen situaciones de violencia de género adopten todas las precauciones y extremen todos los cuidados de la causa”. Y agregó: “También implicaría negarle a la víctima el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

El riesgo de prescripción se debe a una prueba, la ampliación de un peritaje psicológico que buscaba acreditar que los hechos le habían generado a la víctima un grave daño a la salud. Fue anulada por la Sala IV del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en mayo de 2023, que declaró su nulidad y todos los actos consecuentes. 

Tras la anulación, el juez de Garantías Saettone interpretó que esa prueba anulada tenía un efecto extensivo sobre la citación a prestar declaración del principal imputado en la causa, realizada en junio de 2021. Ante la Justicia, Fraschina sostuvo: “Quiero negar rotundamente todos los hechos”. El jinete se refirió a las situaciones de supuesto abuso enumeradas por Lenzi Pra y negó los hechos imputados en cada ocasión.

La causa llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que rechazó la queja de la fiscal María Laura D’ Gregorio por “improcedente”, argumentando que la resolución no era una sentencia definitiva. Sin embargo, en la respuesta dejó entrever que la nulidad no afectaba el llamado a prestar declaración indagatoria del imputado, que esa declaración de Fraschina no era nula, según interpreta el abogado de Lenzi Pra, Hugo Tomei, consultado por la UDI de elDiarioAR.

La causa estuvo bajo estudio de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, integrada por los jueces Oscar Quintana y Ernesto García Maañón, por los recursos de apelación que interpusieron el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Manuel Cayuela, y de la propia Lenzi Pra. Uno de los jueces que debía decidir sobre el futuro de la causa, García Maañón, fue denunciado en julio último por una secretaria letrada por presunto acoso sexual y laboral, lo cual llevó a una investigación de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En sus idas y vueltas, el expediente contra Fraschina volvió a ingresar a la Cámara de Apelaciones de San Isidro el 13 de junio de 2025. La Cámara debía resolver si era procedente extender la nulidad de la prueba al llamado a prestar declaración del imputado y a la citación a juicio. Eso podría haber herido de muerte a la causa. 

El pasado 2 de septiembre, y luego de la renuncia presentada por Maañón, la Sala I de la Cámara de Apelaciones declaró admisible el recurso de apelación del fiscal Cayuela, a pedido del fiscal departamental adjunto, Cosme Iribarren, y de Lenzi Pra y su abogado. 

Además, la Cámara revocó la decisión del juez Saettone, permitió que el proceso continúe su curso hacia el juicio oral y público y remitió el expediente a un nuevo juez. El fallo da cuenta de cómo afecta a la denunciante el paso del tiempo sin una resolución, afirmando que “la demora en el proceso vulnera los derechos de la víctima, especialmente considerando su condición de niña al momento de los hechos”.

Sin embargo, la defensa ha hecho una reserva para recurrir a Casación nuevamente. En un escrito del 4 de septiembre, el juez Saettone hizo lugar a ese pedido.

Sin embargo, uno de los últimos movimientos en la causa fue el 21 de octubre pasado, cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones resolvió denegar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Fraschina.

La UDI de elDiarioAR se comunicó en varias oportunidades con el juzgado de Garantías número 7 para consultar al juez Saettone. Se dejó constancia del motivo del contacto y un número telefónico. Al cierre de esta nota, no se había obtenido respuesta.

Este medio también se contactó con la Fiscalía número 1 de Juicio del departamento judicial de San Isidro, derivado por el Fiscal General de San Isidro, John Broyad, quien constató que la causa está actualmente en manos de la fiscal Marcela Semería. elDiarioAR envió preguntas sobre el caso, pero al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Denunciar y sus costos

La segunda denunciante de presunto abuso sexual cometido por Fraschina, M. Sol Brunello, evaluó las posibles repercusiones de emprender acciones legales, tanto para ella como para otros, antes de decidirse a denunciar. Al principio, dudó: “Era abrir y destapar una olla”, dijo a la UDI de elDiarioAR. Sin embargo, una vez que pudo hablar, todo comenzó a avanzar: “Desde que logré hablar, todo está yendo para adelante”. La denuncia fue presentada en agosto de 2024, luego de que la mujer hablara con sus familiares sobre la denuncia de Lenzi Pra, que salió publicada en un medio local, Pilar a diario, y después de que Brunello le contara a su familia lo que asegura haber vivido con Fraschina.

La fiscalía que lleva a cabo la investigación es la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en violencia de género, a cargo de María José Basiglio. Luego de tomarle declaración a la denunciante, a sus padres y su hermano, y de considerar lo relatado por Brunello en el espacio de contención del Centro de Atención a la Víctima, la fiscal determinó que la denunciante “no logró dar detalles de los hechos denunciados en autos”, que el material probatorio fue “contradictorio” y, como consecuencia, “insuficiente” para tomarle declaración al imputado según el Código Penal. Sin más, Basiglio dispuso archivar la causa.

Sin embargo, luego de reclamar por supuesta ineficiencia en la investigación y solicitar la revisión de archivo, la denunciante -con representación del mismo abogado de Lenzi Pra, Tomei-, logró una respuesta favorable de la Justicia, aunque no un cambio de fiscalía. 

El 18 de febrero pasado, Sebastián Cosme Iribarren, fiscal departamental adjunto de la Fiscalía General de San Isidro, resolvió revocar el archivo por considerar “que el criterio adoptado [por la fiscal] aparece -de momento- prematuro”.

La medida de desarchivo fue un nuevo impulso para Brunello: “En un momento, cuando tengo que firmar para desarchivar la causa, me hago la pregunta: ¿sigo con esto? Porque esto puede tardar un montón de años”, reflexiona la mujer en diálogo con elDiarioAR.

El 11 de marzo pasado, tras lo dispuesto por la Fiscalía General, la fiscal Basiglio dispuso librar varios oficios para solicitar medidas, como que se fije fecha para una pericia psicológica a los acusados y a la denunciante.

Las pericias serán recién dentro de casi un año: en septiembre de 2026. La fiscal también solicitó librar oficio al Presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA), Marcelo Luis Brandolino, a fin de que informe si Fraschina y su supuesto cómplice, el jinete Javier Rawson, estaban registrados como deportistas entre 2004 y 2008, fecha en la que la denunciante pudo encuadrar que habrían sucedido los abusos. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Delitos de Pilar para enviar preguntas sobre los avances en el caso el pasado 22 de octubre por la mañana. Ese mismo día, a las 15:55, siete meses después de aquel escrito, la fiscalía envió un oficio al titular de la comisaría de San Miguel para que realice una “inspección ocular en Campo de Mayo -sector equitación- y se constate los registros de ingreso y egreso de personas entre los años 2004-2009” para corroborar los dichos de Brunello.

Además, la fiscal requirió que se le informe quiénes cumplían funciones en el lugar durante dicho período y que se informen los datos de contactos de los mismos a fin de recibir declaración en la fiscalía. Al cierre de la nota, las preguntas enviadas por este medio a la fiscal no fueron respondidas.

La respuesta de la Federación Ecuestre Argentina llegó rápidamente, al día siguiente. El apoderado de la institución, Alberto Hernán Méndez Canas, confirmó mediante un informe: “Tanto Rawson Marcelo Javier Humberto como Fraschina Augusto Carlos estuvieron federados como jinetes en nuestra institución durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”. También informaron que Rawson es instructor de la FEA desde 1999.

La UDI de elDiarioAR se contactó con Javier Rawson para conocer su versión de los hechos sobre esta última causa en la que está imputado: “Tengo conocimiento de la causa, no estoy imputado en el hecho que figura ahí en la causa. Se me imputa por una participación que tampoco tengo nada que ver”. A continuación ofreció el contacto de su abogado, Trevor Jones.

El letrado contestó en diálogo con este medio: “Es una causa en la que mi cliente, en definitiva, no está imputado de abuso. No está imputado de nada porque no lo han llamado ni siquiera a indagatoria en la provincia de Buenos Aires. La imputación se hace con el llamado indagatoria y no lo han llamado indagatoria y la causa ya fue archivada una vez” y agregó: “La víctima apeló ese archivo y se ordenaron algunas medidas tendientes a determinar, supongo yo, la fecha del supuesto abuso”.

Además, Jones sostuvo: “Nosotros inclusive entendemos que la causa está prescrita, pero bueno, para dilucidar todo este tema nos sometimos a las pruebas y a las medidas que propuso la fiscalía y estamos a la espera de esas medidas”.

Rawson figura como “imputado” en esta segunda causa contra Fraschina, según un documento de la Fiscalía Descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género. En un acta de agosto de 2025, la fiscalía sostiene: “Siendo la primera oportunidad en que toma conocimiento de la causa precedente, es que se le hacen saber -a Rawson- los derechos contenidos en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y que se le confieren por tratarse de imputado en causa penal”.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia por los supuestos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el encargado de la educación y guarda y abuso sexual con acceso carnal. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Así surge del expediente de la Justicia de San Isidro y testimonios consultados por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR durante los últimos meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, M. Sol Brunello, quien actualmente tiene 38 años, denunció ante la Justicia a Fraschina por un hecho cometido supuestamente cuando tenía entre 17 y 20 años. 

La primera causa tramita en la fiscalía de Juicio número 1, Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

La equitación implica algunos requerimientos indispensables para practicarlo: tener un caballo, alimentarlo, domarlo, hacerle controles veterinarios, conseguirle un establo para que duerma. Y tener el dinero, los medios o los contactos para que todo eso suceda. Pero hay otro punto central para poder realizar este deporte: tener un instructor.

Augusto Fraschina es una figura reconocida en el ambiente hípico y un hombre conectado con el poder. En 2023, ganó una de las competencias más importantes del país con el caballo HT Felini. Se destacó en la competencia de 1,5 metros por su tiempo, 74 segundos, y ninguna falta. Al recibir el premio, el jinete mostró una sonrisa perfecta, la piel dorada, el cabello rubio y los lentes de cristales rectangulares. Sostenía la copa de cristal con su mano izquierda y con la derecha tomaba por el hombro a Marcelo Brandolino, presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA). Una banda azul lo condecoró como ganador del “Gran Premio Federación Ecuestre Argentina”.

En una entrevista publicada en las redes sociales de la FEA, en octubre de aquel año, el ganador dijo estar feliz por los resultados y por los dos caballos con los que compitió, propiedad de los hermanos Toviggino. Más adelante, agradeció a aquella familia: “Me siento afortunado de la calidad humana de todo el equipo de trabajo y ni hablar a la familia Toviggino que nos da la oportunidad de hoy darnos este gustito”. 

Pablo Ariel Toviggino es tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), además de presidente ejecutivo del Consejo Federal de la institución. También es un apasionado de los caballos. Sus tres hijos, jóvenes y destacados jinetes, fueron entrenados por Fraschina. Felini, el caballo con el que el jinete ganó en 2023, pertenecía al hijo mayor de Toviggino. elDiarioAR se comunicó con Pablo Toviggino para preguntarle si estaba al tanto de las denuncias contra Fraschina, pero al cierre de esta nota no había respondido.

Denuncias de abusos

Además de competir y ser instructor, Fraschina, de 50 años, es fundador del Centro Ecuestre “Las Casuarinas”, ubicado en el complejo Pilar del Este. Fue en este lugar donde comenzaron los abusos a su entonces alumna Candela Lenzi Pra, de acuerdo con la denuncia presentada por la joven ante la Justicia y su testimonio ante la UDI de elDiarioAR.

La primera vez que Lenzi Pra montó un caballo fue a los tres años. Su padre, Juan Lenzi, practicaba equitación amateur. Su instructor, Fraschina, abusó sexualmente de ella por primera vez cuando tenía 16 años y él, alrededor de 36, afirma en la denuncia ante la Justicia y ante elDiarioAR. Los abusos comenzaron en 2010 y se extendieron durante meses, según su declaración.

Lenzi Pra se destacó en las competencias de equitación desde pequeña y ganó concursos nacionales en la categoría juvenil. Llegó a representar al país a los 14 años, cuando fue invitada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) a través de su entrenador de entonces, anterior a Fraschina. La competencia fue en Santiago de Chile.  

Su deseo más grande era crecer en el deporte. “De chica siempre soñé con saltar en primera, era mi único sueño”, dice la mujer de 31 años, aunque admite: “Hoy es difícil decir si me hubiese dedicado porque de repente de un día para el otro se me vino el mundo abajo”. 

Su familia la acompañaba en cada competencia. “Todos los fines de semana mis papás me llevaban a los concursos y me acompañaban. Se movía toda la familia: si tocaba saltar en el (Club Hípico) Argentino, íbamos todos al Argentino y pasábamos todo el día ahí, aunque entrara a la pista por 30 segundos, un minuto como mucho”. Su familia la veía entusiasmada y con potencial, por lo que buscaron un jinete de primera categoría que pudiera enseñarle y entrenarla con mejores caballos.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, donde vivía la familia, había solo tres entrenadores de primera, explica Lenzi Pra. Por recomendación de un amigo de Juan Lenzi, su padre, llamaron a Fraschina. La primera reunión con el jinete fue en la confitería del barrio privado Campo Chico, en Pilar. Fraschina sacó una notebook y mostró videos de sus entrenamientos. Juan Lenzi recuerda aquel momento en diálogo con la UDI de elDiarioAR: “Me mostró cómo eran los videos, cómo laburaría, cuántos caballos tenía y cómo saltaba. El tipo ya estaba saltando en primera y como jinete es bueno”. Candela quedó contenta, ahora tenía un profesor de primera categoría.   

elDiarioAR contactó a Augusto Fraschina para hacer preguntas y dar lugar a su versión de los hechos y fue derivado con su abogado, Diego Olmedo. El letrado respondió: “Como abogados no damos reportajes mientras las causas estén en trámite. Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación no nos parece prudente. Me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar bajo alguna modalidad”.

Ante la Justicia, Fraschina sostuvo durante una declaración indagatoria en junio de 2021: “Quiero negar rotundamente todos los hechos”. Fraschina se refirió entonces a las situaciones de supuesto abuso nombradas por Lenzi Pra y negó los hechos imputados en cada ocasión.

Después de algunas clases en Campo Chico, Fraschina le propuso a la familia hacer las clases en su nuevo establecimiento ecuestre, Las Casuarinas, que manejaba con su socio y amigo Javier Rawson, también jinete. Allí la joven podría entrenar con mejores caballos.  

Los martes y jueves, al salir del colegio, y por la tarde, la adolescente de 16 años comenzó a asistir a Las Casuarinas. Fraschina filmaba a su alumna durante el entrenamiento para luego ver juntos el video y detectar cómo mejorar en los saltos. “Una tarde me dijo que fueramos a ver el video al lugar donde yo me cambiaba y ahí mientras estábamos en un sillón viéndolo, se empezó a acercar más, hasta que me agarró de la cintura y de la cara y a la fuerza me dio un beso en la boca”, relató Lenzi Pra en la denuncia que efectuó ante la Justicia. “Esa vez fue solo eso, yo le dije que no, me lo saqué de encima”, agregó en el descargo. Aquel fue el primer abuso de tantos que ejercería Fraschina, afirma la denunciante.

Los entrenamientos continuaron. “Cada vez que yo me cambiaba, él venía al lugar, entraba y me acorralaba y me tocaba, siempre con ropa”, detalla la joven y agrega: “Estaba confundida, no sabía qué hacer porque, por un lado, a mí me encantaban las clases, eran las mejores, era un gran profesor, para mí era muy importante tomar clases con él, lo admiraba mucho y me daba los mejores caballos. Pero, por otro lado, me hacía eso”. 

Lenzi Pra se quedaba paralizada, dice. Así lo relata a elDiarioAR: “De repente no entendía nada. No entendía qué era lo que estaba pasando, era mi profesor, era alguien que quería mucho y de repente me estaba haciendo algo que yo no quería y aunque le decía que no, él insistía. No es que insistió una vez, sino que ya había hecho varias cosas y me paralizaba, no sabía cómo manejar la situación, no la podía manejar, claramente”. 

Fraschina cambiaba de actitud de un minuto a otro, asegura la denunciante. Apenas salía del cuarto, fingía que nada había pasado, sostiene Lenzi Pra. La clase continuaba y la alumna era introducida en un esquema de premios y castigos. De acuerdo a ese esquema, la joven recibía su clase con los mejores caballos o una simple vuelta al trote.  

Así lo relata en la denuncia ante la Justicia: “Siempre me negaba y le decía que no, pero capaz me decía: 'Bueno, hoy te voy a prestar tal caballo', como para que yo tenga un buen entrenamiento y salte bien o quede contenta, y al otro día venía y me hacía lo del abuso y si decía que no, me decía: 'No, hoy no te doy clases, hoy me tengo que ir temprano'”. 

Engaños

Los abusos no solo sucedieron en “Las Casuarinas”, sostiene Lenzi Pra. Otro episodio ocurrió al regresar de un concurso, según la denuncia. Su padre le pidió a Fraschina que la llevara a su casa, ya que él estaba en el trabajo y no llegaría a buscarla. Fraschina accedió. “Yo no decía nada. No me animaba a decirle a mi papá: ‘No me dejes sola con este tipo'”. Ya en el vehículo con Lenzi Pra, el jinete se desvió del camino a la casa de la adolescente. Ella recuerda que su entrenador le dijo: “Antes tengo que pasar por mi casa”. Hoy la mujer imagina todas esas cosas que cree que debería haber hecho y no pudo: “En vez de tirarme del auto, de patalear, de lo que sea, me quedé en el auto”. 

Al llegar, Fraschina le dijo: “Bueno, bajá porque yo voy a tardar” y ella bajó, sostiene Lenzi Pra. En la denuncia, relató: “Yo estaba en la cocina de su casa hasta que me agarró de los brazos y me llevó a su cuarto. Él se acostó en la cama boca arriba y a la fuerza me tiró encima. Yo quedé acostada arriba de él, me empezó a tocar y nuestras partes íntimas quedaron una arriba de la otra. Me decía que así le gustaba a él. Me dio un beso y sentí un gusto amargo, su presencia me paralizaba. En un momento, como pude, me paré de la cama y salí de la casa, y después él me llevó a la mía, como si nada hubiese pasado”.

La última vez que Lenzi Pra recuerda que Fraschina abusó de ella, sostiene la denuncia, fue mediante un engaño. La mujer describió ante la Justicia esta situación como “lo peor que me hizo”. A finales de 2010, Fraschina le dijo que organizaría una fiesta de fin de año para la gente de Las Casuarinas. La fiesta sería de día, en una quinta con pileta y se suponía que con más gente. “En teoría nos juntaríamos con personas que montaban en Las Casuarinas, íbamos a ir a una quinta y yo estaba yendo con una chica que conocía del lugar, en su auto”, cuenta la mujer. 

Javier Rawson, socio de Fraschina, mantenía un vínculo en aquel momento con la amiga de Lenzi Pra, también menor de edad, de 17 años, según la denuncia. A mitad de camino, las adolescentes se cruzaron con Rawson y Fraschina, que iban en otro auto. Lenzi Pra dice en la denuncia: “Javier se bajó del auto en que iba con Augusto y me dijo que él quería ir con mi amiga y que yo fuera con mi profesor”. 

Lenzi Pra se sorprendió al ver que estacionaban en un lugar inesperado. “Cuando frenamos me di cuenta de que no estábamos en ninguna quinta”. Era un hotel ubicado cerca de la ruta 8, a la altura del kilómetro 64. El nombre del establecimiento se detalla en la denuncia. “Hasta que entramos no me di cuenta de que era un hotel. Cuando empezaron a hacer el check-in yo le dije a mi amiga que esto no era lo que habían dicho”, asegura a elDiarioAR. El nombre completo de su amiga, quien declaró para ratificar el testimonio de la denunciante ante la Justicia, figura en el expediente pero este medio resguardó su identidad.

En la denuncia, Lenzi Pra sostuvo: “Yo sentía que no le podía decir que no [a Fraschina] y por eso no podía hacer mucho”. Su amiga dijo a la Justicia que los socios se adelantaron al mostrador del hotel para acreditarse y ellas quedaron detrás. Ellos pidieron dos habitaciones: una, supuestamente para ellas, donde se cambiaron, y otra para ellos. Los cuatro fueron a la pileta del hotel. “Ellos sacaron de una mochila un champagne con unas copas y nos quedamos un rato ahí”, recuerda la mujer, y agrega: “A nosotras no nos pidieron documentos ni nada [en el hotel]”.

Luego, según consta en el expediente, ella relató: “Nos metimos a la pileta hasta que mi amiga se fue con Javier y yo me quedé con Augusto. En un momento me dijo que fuéramos al cuarto a sacarnos el cloro. Yo nuevamente me sentí obligada”. Una vez en el cuarto, ella entró a la ducha y él se metió detrás de ella. Lenzi Pra fue abusada, sostiene. Cuando la joven salió de la ducha, se le tiró encima nuevamente, dijo. “Yo me asusté mucho y empecé a llorar y a gritar pidiéndole por favor que no, diciéndole que no quería, pidiéndole por favor que no me hiciera nada, hasta que él se vistió y se fue a otro cuarto”. 

Lenzi Pra fue al cuarto donde estaba su compañera y le dijo que quería irse de allí. Las jóvenes juntaron sus cosas y se fueron. En su declaración, su compañera contó que no hablaron del tema, pero que Lenzi Pra estaba visiblemente angustiada.  

Segunda denuncia

La segunda denunciante, M. Sol Brunello, acusa a Fraschina del presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. Su familia siempre estuvo cerca de los caballos. Durante los años 90, se fueron a pique en términos económicos y lo que era un hobby de su padre, la equitación, se convirtió en el negocio familiar que los sacó a flote con un establecimiento ecuestre. “Nosotros cuidábamos caballos, dábamos clases, ganamos el oficio laburando a la par de mi viejo”, asegura la mujer en diálogo con este medio.

Cuando su padre consideró que les había enseñado todo lo que sabía a ella y a su hermano, la única alternativa para conseguir un instructor fue un antiguo profesor, quien en su juventud fue un destacado jinete. A cambio, ella y su hermano mantenían la caballeriza del instructor ubicada en Campo de Mayo. Allí, la joven tomó clases entre 2004 y 2008. El hecho denunciado habría ocurrido cuando tenía entre 17 y 20 años.

En aquellos años, su regreso a casa desde Campo de Mayo solía ser en el colectivo 57 o a veces con su antiguo instructor. Otras pocas veces la llevó Javier Rawson, una persona conocida de la familia, hijo de un militar de Campo de Mayo que vivía cerca del lugar donde su familia tenía el establecimiento hípico. 

“La primera vez Rawson me ofreció llevarme a mi casa porque venía para estos lados, no hubo ninguna situación. La segunda vez me pidió hacer un pequeño desvío porque tenía que hablar con su socio, lo que me pareció normal, yo tenía tiempo. Bajó unos minutos de la camioneta gris en la que íbamos y tuvo una charla con alguien en un centro hípico”, dijo Brunello en su declaración ante la Justicia. 

Hubo una tercera y última vez. Ella estaba en la parada del 57 y Rawson salía de Campo de Mayo. Se ofreció a llevarla. “Me preguntó si podíamos pasar a buscar un pasaporte de un caballo, él transportaba caballos”, relató. Se dirigieron a un barrio cerrado sobre la calle Champagnat, camino a la Universidad del Salvador, mientras él hablaba con alguien por handie o Nextel. Llegaron a una casa desconocida para ella. “Me ofreció pasar a tomar un vaso de agua, hacía calor, era casi primavera o verano”, cuenta. Decidió bajar del vehículo. 

“Cuando entré estaba en la casa Augusto Fraschina, a quien no conocía [personalmente] pero sí sabía quién era por la revista Equestrian y el entorno de este deporte. Lo conocía de nombre y sabía quién era, pero nada más. Él bajó por la escalera, me tomó el cuerpo y me arrastró a la fuerza para llevarme a la habitación del primer piso. Me hizo subir la escalera, a lo que yo empecé a llamar a Javier Rawson pidiéndole ayuda. Vi que Javier se empezó a reir mientras tomaba agua, hizo un gesto burlón como saludando con su mano, como diciendo ‘qué va a ser’, y se fue, se metió para adentro de la cocina, pasó a través de una puerta creo que corrediza o vaivén”, relató Brunello en la denuncia penal que hizo en agosto de 2024.

“Fraschina me arrastró hacia arriba. Una vez en la habitación, comenzó a bajarme el pantalón, tenía su pene afuera, se colocó un preservativo que ya tenía sobre la cama. Yo le decía que no, que me deje, que no quería”, describió en la denuncia. “Me acuerdo que me miraba con cara de sacado, me decía: ‘Dale, dale’”, continuó la mujer en su exposición. Ella se vio atrapada en una habitación. Tenía que salir. Como pudo, logró bajar las escaleras. 

“No había nadie, ya Javier no estaba o si estaba, estaba metido adentro. Agarré mis cosas de la camioneta y me fui caminando”. Aquel recuerdo de cómo regresó a su casa fue para ella una de las más difíciles de recordar: “Sé que me fui caminando, es lo que más me costó recordar, cómo me fuí de ahí”, dice. “Recuerdo caminar pensando: ‘Bueno, esto es que te violen’”.

La UDI de elDiarioAR se contactó con Javier Rawson para conocer su versión de los hechos sobre esta última causa en la que es investigado: “Tengo conocimiento de la causa, no estoy imputado en el hecho que figura ahí en la causa. Se me imputa por una participación que tampoco tengo nada que ver”. A continuación ofreció el contacto de su abogado, Trevor Jones. El letrado contestó en diálogo con este medio: “Es una causa en la que mi cliente, en definitiva, no está imputado de abuso. No está imputado de nada porque no lo han llamado ni siquiera a indagatoria en la provincia de Buenos Aires. La imputación se hace con el llamado indagatoria y no lo han llamado indagatoria y la causa ya fue archivada una vez” y agregó: “La víctima apeló ese archivo y se ordenaron algunas medidas tendientes a determinar, supongo yo, la fecha del supuesto abuso”.

Además, Jones sostuvo: “Nosotros inclusive entendemos que la causa está prescrita, pero bueno, para dilucidar todo este tema nos sometimos a las pruebas y a las medidas que propuso la fiscalía y estamos a la espera de esas medidas”.

Rawson figura como “imputado” en esta segunda causa contra Fraschina, de acuerdo a un documento de la Fiscalía Descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género. En el acta de presentación de agosto de 2025, la fiscalía sostiene: “Siendo la primera oportunidad en que toma conocimiento de la causa precedente, es que se le hacen saber los derechos contenidos en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y que se le confieren por tratarse de imputado en causa penal”.

Aquel día, al llegar a su casa, la joven se encontró con su hermano menor. “Yo quería contarle, pero no me animé, me dio vergüenza”. Aquél fue el único intento por poner en palabras el abuso antes de reprimirlo durante años: “No lo pude contar y lo archivé automáticamente”. Si bien su hermano no pudo ayudarla en aquel momento, sí lo hizo cuando ella empezó a recordar. “A mí me costó mucho ubicar mi edad en torno a esa época porque por mucho tiempo lo negué, durante mucho tiempo lo reprimí, pero mi hermano me ayudó porque él tiene más recuerdos, porque él viajó más, compitió más y a través de los recuerdos fugaces míos y las fechas en las que mi hermano también participó de diferentes torneos fuimos llegando a una edad mía en donde viví esto”.

Después de tantos años de haber bloqueado los recuerdos de aquel día, asegura Brunello, aún no pudo establecer exactamente en qué año sucedió, según la denuncia. 

Lo que hubiera sido un proyecto de vida, tuvo un punto de quiebre, a pesar de su buen desempeño en las competencias, cuenta. “Fue entre los 17 y 20 años más o menos que a mí me pasa esto, y fueron los años que yo más me había comprometido con la equitación, sobretodo con la enseñanza, hice el curso de equinoterapia y le metí fuerte a entrenar, a aprender y a mi escuelita donde daba clases a chicos desde los tres años”, cuenta.

Luego, la joven siguió dando clases un tiempo más, incluso a sus 20 años llegó a tener 30 alumnos pequeños a quienes enseñaba a montar. Pero de un momento para otro, dejó todo, abandonó la equitación.

“Fue muy fuerte para mi familia, nadie terminó de entender bien por qué, tampoco qué era lo que me pasaba. Me frustré, me cansé, me enojé y ahora puedo decir que para mí yo no había podido digerir esto”, dice. “Vendí mis caballos, todas mis monturas. Regalé mi ropa de montar, mis botas, todas mis cosas”.

Después de un viaje largo, quiso retomar la equitación: “Luego intenté volver como profe en otro club, pero ya no fue lo mismo, los tiempos empezaron a apretar económicamente y el laburo no me rendía, había conocido a un chico, quedé embarazada y decidimos venirnos para acá después de que naciera mi hija. Y ahí se terminó la equitación para mí”, cuenta desde su hogar en el interior del país.

En 2023, Javier Rawson participó de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde coincidió con el hermano de Brunello, asegura la mujer. “En Santiago de Chile, fui a ver a mi hermano. Tenía que ir y ver a Rawson ahí. Él me vio, bajó la cabeza. Yo recién acababa de recordar”. 

El silencio

Tras el último abuso que consta en la denuncia, sostiene Lenzi Pra, Fraschina comunicó a su familia que no podría seguir entrenándola y la recomendó con una profesora. Pero ella no logró retomar el deporte y decidió alejarse. Fraschina continuó compitiendo y creciendo en su carrera: “En los concursos me lo he cruzado. Él hacía como si nada y yo también hacía como si nada”, recuerda la mujer. 

Pronto empezaron los vómitos, la depresión. “No se lo contaba a nadie, no se lo contaba a mis papás, amigas, hermanos, a nadie y la única forma que tenía de sacarlo era vomitando. Entonces, estuve muchos años sin poder hablar”. Los padres, preocupados, la llevaron a Aluba, una institución que aborda los trastornos alimenticios. El acompañamiento de una psicóloga y una nutricionista la ayudaron. 

El momento de hablar llegó después de un episodio específico. Su padre recibió un premio en una competencia amateur y se encontró con Fraschina en la pista. Al momento de la entrega de premios, Juan Lenzi se tomó una foto con el jinete y se la envió a su hija por WhatsApp: “Mirá con quién estoy”, le dijo. Al verla, la joven volvió a sentir náuseas. Vomitó. “A la noche tengo que hablar con ustedes”, le respondió. “Fue la primera vez que nos cuenta lo que había pasado”, recuerda su padre en diálogo con elDiarioAR durante una entrevista a mediados de 2025. 

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios. 

Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva. 

De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D. 

Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.

Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”

La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“. 

Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente. 

Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente

Nadia Martín — Docente de la escuela N° 50

Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra

Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia. 

En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.

El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias. 

Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.

En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable. 

Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable

Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce

Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino. 

La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.

Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.

Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.

El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. 

“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.

En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”. 

Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.

ED

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de abril de 2025 a las 13:55. En una referencia a Kopta en una cita destacada se le atribuyó erróneamente ser coautor del libro Veneno.

ED

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) junto a 2000 científicos y científicas firmaron la presentación frente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un documento que da cuenta del incumplimiento por parte del Estado de la ejecución de los fondos para financiar los proyectos científicos. Hoy científicos y científicas se movilizaron al Polo Científico de Conicet, en defensa de la ciencia pública y sus trabajadores. 

Valeria Levi, Vicedecana de la Facultad de Exactas de la UBA y miembro de RAICyT contó sobre la presentación al organismo multilateral: “Hemos tratado de hablar numerosas veces y hemos hecho llegar nuestros reclamos en numerosas instancias al gobierno nacional y no tuvimos respuesta, entonces apelamos al BID que es uno de los organismos financiadores” y agregó: “Pero hay interrogantes: ¿cuántos fondos quedan?, ¿en dónde están?, ¿se han girado al país y no se han usado?”.

Según Levi, el organismo respondió que “inmediatamente después de presentar la denuncia”, les llegó un email diciendo que se va a revisar todo el material y “que en caso de ser necesario nos van a contactar”. Y agregó que el envío de la documentación con la firma de los 2000 científicos, es un hecho sin precedentes en la historia del país: “hay gente de todo el arco político, gente hiper importante del ámbito científico. Creo que es la primera vez en la historia que al BID le llega un reclamo a la propia comunidad científica y eso nos parece también un hecho importante, que marca la crisis absoluta que estamos viviendo”.

Las 2000 avales que acompañaron el petitorio tienen firmas de científicos de renombre como el biólogo y divulgador científico argentino, especialista en cronobiología, Diego Golombek; la viróloga argentina, Andrea Gamarnik, científica conocida por sus investigaciones relacionadas con el VIH, la hepatitis B, y el virus del dengue y Jorge Geffner, doctor en Bioquímica, investigador superior del CONICET y director del Departamento de Microbiología de Facultad de Medicina de la UBA.

En septiembre pasado, una investigación de elDiarioAR reveló que la Agencia I+D+I que financia la ciencia argentina anunció a finales de agosto que no hay plata para los científicos pero retenía al menos US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. La investigación informó que por cada dólar ejecutado hasta ese momento durante 2024, US$3,93 permanecían en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde fines de diciembre de 2023. La situación desde entonces no hizo más que empeorar.

La investigación periodística desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, se expuso que si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico. Sin embargo, la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica (PICTs) de 2023, el instrumento que permitía recibir financiamiento para cada una de las investigaciones, se prorrogó por 5° vez. 

Levi sostiene que: “además del tema de la plata en sí, hay otras cosas que marcan que se está obstruyendo con la agenda de la financiación de las ciencias, en particular el no nombramiento de los miembros del directorio” y agregó que “eso en sí frena, paraliza un montón de tareas rutinarias que necesitan del directorio [de la Agencia I+D+I] para ser realizadas, que no se pueden realizar porque no está nombrado”.

Los becarios y becarias de la Agencia I+D+I organizados en asamblea, comenzaron hace algunas semanas una campaña focalizada en cuestionar “¿Dónde están los 53 millones de dólares?”. En un video que circuló por redes sociales plantearon la situación asfixiante que viven los investigadores: “Los salarios de los investigadores están congelados hace casi un año y ahora incluso suspenden becas ya otorgadas”, sostuvieron y agregaron: “Si los organismos internacionales ya enviaron la plata: ¿Dónde están los fondos?, ¿Se están usando para lo que corresponde?, ¿Por qué el gobierno nacional no da respuestas?”

En un comunicado de prensa con motivo de la marcha a realizarse hoy, los becarios y científicos apuntaron contra el Gobierno: “con la publicación de los resultados de la última convocatoria de becas de finalización en Conicet y como consecuencia de una escasez en los cupos otorgados, quedan en la calle al menos 166 investigadorxs en formación que venían desarrollando sus doctorados como becarixs de la Agencia I+D+i o distintas universidades nacionales y que normalmente los habrían concluido como becarixs de Conicet”. Además agregaron: “una decena de becarixs de la Agencia I+D+i fueron despedidxs por decisión burocrática de ese organismo, excusándose en criterios contradictorios en sus propios reglamentos internos”.

Ya a principios de diciembre, Raicyt había enviado un pedido de acceso a la información pública al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos para consultar, entre otras cosas, sobre la asignación y ejecución presupuestaria de la Agencia I+D+I y los programas y proyectos ejecutados por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según detalló Levi, las respuestas fueron insuficientes, por lo que el equipo de abogados de la Red, reafirmó el pedido de la información solicitada.

Este miércoles, científicos y científicas marcharon hacia el Polo Científico donde se encuentra el predio de Conicet y la Agencia I+D+I en el marco de la primera reunión de directorio de Conicet. 

Victoria García, delegada de ATE Conicet, sostuvo en diálogo con este medio que ya presentaron un pedido de reunión con el directorio de la institución: “tenemos una serie de problemáticas pendientes como la situación de las becas de finalización de doctorado donde los cupos resultaron totalmente insuficientes este año: Hay más de 50 becarios que quedaron afuera y que ya vienen desarrollando tareas como investigadores en formación”. Además, mencionó “la situación gravísima de los ingresos a la carrera de investigador y a la carrera del personal de apoyo, que son aproximadamente 1000 personas que están en un limbo total después de los concursos que aprobaron”.

La situación de la ciencia argentina se agrava mes a mes. Valeria Levi sostiene que, a pesar de los desafíos que enfrenta el sector científico, los grupos de investigación y desarrollo continúan haciendo “malabares para sobrevivir” y concluyó: “Igual lo vamos a seguir haciendo porque creemos en lo que hacemos y creemos que es importante para el desarrollo del país, pero ahora más que nada nos estamos respaldando en en la ayuda y colaboración de grupos que existen en el exterior, de colaboradores externos, pero ningún país del mundo vive de eso”.

El Instituto Nacional del Agua (INA) está descentralizado en cinco sedes a lo largo y ancho del país en las que trabajan poco menos de 300 personas. El rol que ocupa es clave en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y proyectos relacionados con el agua. Entre sus actividades más destacadas se encuentran el pronóstico y alerta de inundaciones y sequías, el diseño de grandes obras hidráulicas como las centrales hidroeléctricas nacionales e internacionales, la investigación de enfermedades vinculadas con el agua y la resolución de conflictos legales por contaminación. Pero el INA podría ser reemplazado por una empresa privada y su personal reducido a sólo 50 personas, según denuncian los trabajadores.

En un comunicado de prensa, los empleados del INA señalaron que el histórico instituto “enfrenta un futuro incierto tras una decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que amenaza con disolver este organismo, de más de cinco décadas de trayectoria”.

A pesar de estar explícitamente protegido por la Ley de Bases N°27.742 ya que fue incluido dentro del listado de organismos que no pueden disolverse, los trabajadores entienden que el ajuste presupuestario y los despidos pueden ser una forma de sortear el impedimento y dejar al INA sin cumplir los objetivos para los que fue creado. 

Según Melina Devercelli, directora del Centro Regional Litoral del INA, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “solicitó la disolución del INA, alegando que sus funciones podrían ser cubiertas por una empresa privada. Frente a la excepción de cierre por la propia Ley de Bases, se está pidiendo la elaboración de un plan de negocios autosustentable de dos de los laboratorios del Polo Hídrico de Ezeiza, equivalentes a una privatización, y el cierre de Centros Regionales”.  La científica advirtió, además, que se busca llevar al INA a un mínimo de 50 trabajadores.

En el comunicado de prensa, se destaca que “se ha solicitado al Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Dr. Andrés Rodríguez, comenzar con el achicamiento de la institución”. Rodríguez, a su vez, está a cargo del despacho de presidencia del Instituto, ya que el Gobierno no designó a una persona para el cargo, al igual que el gerente de proyectos, siendo estas dos las principales autoridades.

elDiarioAR intentó contactarse con Andrés Rodríguez en reiteradas ocasiones para consultar por el estado de situación del organismo, pero hasta el momento, no ha recibido respuestas.

Leandro Kazimierski, delegado gremial de ATE y jefe del programa de hidráulica fluvial del laboratorio de hidráulica de Ezeiza relató a este medio que la Ley de Bases sólo protege al instituto del cierre. Pero aclaró: “uno puede dejar dos personas, o lo mínimo indispensable y el resto, disponer de ello. Entonces, cerrar un organismo, como está pasando hoy, es matarlo de inanición: es no pagar los servicios, no pagar luz, gas, agua, internet, no pagar mantenimiento, no pagar distintos proveedores que uno tiene para el quehacer diario. Si no se paga eso, al INA lo van matando lentamente.

El ajuste se da en un contexto de avanzada contra los organismos de Ciencia y Tecnología, donde muchos de ellos, como la Agencia que financia al sistema científico argentino, dejó de pagar los proyectos de investigación, aún cuando sus fondos provenían de préstamos de organismos multilaterales. Recién el pasado 23 de enero, luego de cinco meses de demora, se dio aviso de la aprobación de fondos para pagar parte de la deuda de los servicios que no se abonaban desde agosto, incluso con amenazas de corte y otros servicios que ya se habían facturado.

Una infraestructura única

El INA, como institución de ciencia y tecnología, cumple un rol que va más allá de las capacidades del sector privado. La institución cuenta con una infraestructura única, y un equipo interdisciplinario de expertos dedicado a la investigación y búsqueda de soluciones para problemas hídricos.

“Tenemos infraestructura que es única en Latinoamérica para estudiar este tipo de problemas, para hacer modelos físicos a escala, tenemos capacidad de cómputo específica para problemas hidráulicos: estamos bien equipados”, afirmó Mariano Re, jefe del programa de Hidráulica computacional del Laboratorio de Hidráulica de Ezeiza. 

Además de su infraestructura, el INA desarrolla investigaciones que van en beneficio de la sociedad: ofrece servicios de alta especialización y capacita recursos humanos en torno a la gestión del agua. A diferencia del sector privado, el INA no persigue fines de lucro, lo que garantiza la independencia de criterio y el compromiso con la comunidad.

Re destaca “el compromiso que tiene una institución como el INA es la del bienestar colectivo, fuera de intereses parciales y lucrativos”. El INA también participa en peritajes, ofrece consultas a nivel nacional e internacional y forma parte de organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), funciones que difícilmente podrían ser asumidas por una empresa privada.

Una de las características más importantes del INA es su estructura descentralizada en distintas zonas geográficas del país en la que se crearon los Centros Regionales: Litoral, en Santa Fe; Andino, en Mendoza; Región Semiárida, en Córdoba; Aguas Subterráneas, en San Juan y los tres laboratorios del predio de Ezeiza. 

Es por eso que la institución puede abordar problemáticas hídricas que trascienden las fronteras provinciales, como el manejo de cuencas hidrográficas compartidas o la gestión de recursos hídricos. Sin embargo, la idea de cerrar los centros regionales, atenta contra el carácter independiente en temas nacionales y una mirada integral del recurso hídrico.

Leandro Kazimierski ejemplificó lo que pasaría si se provincializara un centro regional como el de San Juan: “con el tema minería, como los sueldos son de las provincias, uno podría encontrar ciertas incompatibilidades, porque se estarían auditando a sí mismos. Hay que verlo caso por caso”, y agregó: “un organismo nacional tiene una visión federal e integral del todo”. 

Motosierra o bisturí

Si bien, las reuniones con el Ministerio de Desregulación con trabajadores y directivos se han dado en el ámbito privado, los trabajadores del INA destacan que el representante del Ministerio de Desregulación que encabeza las negociaciones y comunicaciones oficiales es Alejandro Tamer, cofundador de Despegar.com y actual subsecretario de Reforma Estatal de la Secretaría de Transformación del estado.

Una fuente allegada al organismo, confirmó a elDiarioAR que el 28 de noviembre pasado, agentes de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) se presentaron en el predio de Ezeiza del instituto para analizar y tasar al menos las 15 hectáreas que colindan con el Estadio de River. Asimismo, diversas fuentes allegadas a la sede, confirmaron la presencia del organismo.

elDiarioAR se contactó con el Ministerio de Desregulación del Estado para obtener una respuesta sobre la situación del INA, pero desde el organismo negaron que el instituto estuviera dentro de los temas de trabajo. Este medio también contactó a Alejandro Tamer, para consultarle sobre la posible disolución del INA, pero el funcionario respondió: “Yo no doy notas a nadie de ningún tema”.

Asimismo, el 22 de enero, los trabajadores del predio de Ezeiza recibieron la visita de funcionarios del Ministerio de Economía. El Secretario de Obras públicas, Luis Giovine y el Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Políticas de Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Felipe Berón recorrieron las instalaciones. Según relató Leandro Kazimierski, el mensaje que quedó después del recorrido fue que desde el Ministerio de Sturzenegger la motosierra es completa, mientras que los representantes del Ministerio de Economía describieron el ajuste como un “bisturí”.

Además, este medio pudo conocer que los trabajadores del INA alertaron a los empresarios, consultores y Pymes del ámbito privado sobre los recortes anunciados y éstos pidieron una reunión con Alejandro Tamer para explicarle la importancia del instituto para realizar sus propias actividades dentro del sector productivo.  

Para el 2025, el instituto, tiene un presupuesto de $8.357 millones proveniente del financiamiento del Tesoro Nacional. En el mismo presupuesto se detallan, también, los proyectos a desarrollar por el instituto durante este año. “Es un presupuesto que, comparándolo en dólares, desde los últimos 15 años se redujo a la mitad”, aportó Mariano Re.

Pese a su gran aporte, el INA tiene un presupuesto relativamente modesto. La mayoría de sus fondos se destinan al pago de salarios, y el resto se utiliza para el mantenimiento de sus instalaciones y equipamiento. El valor que el INA aporta al Estado y a la sociedad, en términos de prevención de desastres, gestión de recursos hídricos y apoyo al sector productivo, supera con creces el costo de mantener la institución funcionando.

Desde el conurbano al Canal de Panamá

La disolución o el desmantelamiento del INA tendría graves consecuencias para la sociedad y la economía. La institución cumple un rol fundamental en la prevención y mitigación de desastres hidrológicos, como inundaciones y sequías. Su sistema de alerta hidrológico, por ejemplo, permite pronosticar el comportamiento de los ríos y alertar a la población en riesgo.

“Estamos trabajando en un sistema de alerta para inundaciones junto con el servicio meteorológico nacional en el conurbano sur, pensando en cómo le llega a la población inundable a su teléfono celular la información de que se puede llegar a inundar. Es un hecho concreto e impacta sobre cientos de miles de personas en el conurbano sur”, comentó Mariano Re a este medio.

Además, el INA genera información hidrológica clave para la producción agropecuaria, la industria y el sector energético. Su labor permite optimizar obras de infraestructura hídrica, reducir costos y prevenir pérdidas económicas. 

Melina Devercelli destacó que la disolución del INA significaría la pérdida de personas expertas que trabajan interdisciplinariamente en temas del agua: “los problemas del agua necesitan ser abordados desde distintas miradas y en conjunto: una mirada ambiental, social y productiva conjunta” y agregó: “Sería una pérdida de este equipo de expertos que además ha llevado mucho tiempo en que se especializaran para poder abordar esas problemáticas”. 

En la misma línea, Mariano Re, habló de la pérdida que significaría desmantelar el organismo: “la gran pérdida acá es una acumulación de 50 años de conocimiento en temáticas muy específicas asociadas a lo energético, porque siempre hemos tenido fuerte incidencia en las grandes obras hidráulicas: las presas Yacyretá, Salto Grande, Alicurá y otros problemas asociados al agua en centrales térmicas o hasta nucleares”. 

El Instituto participó en el diseño de esclusas para el Canal de Panamá, un proyecto de gran dimensión que requirió de mano de obra altamente especializada. La incidencia del INA también abarca a las distintas zonas del país, interviniendo en actividades económicas como la minería, la agricultura, la vitivinicultura, y lo agroalimentario.

En este contexto de incertidumbre, los trabajadores del INA se encuentran en estado de alerta y están organizándose para defender la institución. Han generado propuestas de mejora del funcionamiento sin perder su esencia. Sin embargo, la postura del Ministerio de Desregulación parece inflexible, lo que hace aún más incierto el futuro del INA.

“Desde el INA se han generado propuestas de optimización y de adecuación frente a las nuevas políticas y que de alguna manera pretenden mejorar el funcionamiento de la institución sin perder de vista esta premisa y este principio: que como institución de ciencia y tecnología nuestra función es trabajar para generar propuestas frente a las problemáticas del agua, mejorar la calidad de vida y también preservar la vida de las personas”, sostuvo Devercelli.

elDiarioAR intentó obtener respuestas acerca de la situación del instituto de parte del Ministerio de Economía, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas. 

LG/MG

Para las casi 12 millones y medio de hectáreas que abarcan los Parques Nacionales en sus áreas terrestres hay alrededor de 2.000 trabajadores que se ocupan de su conservación. Al día de hoy, la mitad de ellos permanecen trabajando sin contrato: se trata de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos. Todos aportan desde sus especificidades a la tarea de conservación del patrimonio natural nacional de la Argentina. 

Incluso, en medio de los ya difundidos incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los trabajadores no solo colaboran desde la primera línea a combatir el fuego sino también desde la gestión de alimentos y carpas para los brigadistas. Además, trabajan en la elaboración de reportes con las condiciones climáticas, para que quienes combaten lo hagan de manera segura.

La última ola de despidos en el organismo se conoció el pasado 30 de diciembre: de las tres decenas de trabajadores a los que no se les renovó el contrato, solo algunos de ellos recibieron llamados de sus jefes, que les transmitieron, a modo de gesto, los argumentos de las desvinculaciones; en otros caso, ni siquiera eso.

Andrea Torres, comunicadora social, brigadista y trabajadora del Parque Nacional Los Glaciares desde hace 13 años, recibió un llamado del intendente del organismo, Horacio Pelozo, para avisarle de la baja de su contrato. 

“Me llamó por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijo que desde la Presidencia le habían pedido recortar personal y que él me eligió a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'”, dijo la rescatista y agregó: “Tuve que chequear mis redes sociales para ver qué puse. Tenía un posteo de una campaña de prevención para no perderse en el parque o para prevenir incendios; además, tenía una nota que había hecho un científico que trabajó en Arsat acerca de qué implicaba la liberación de internet de Elon Musk y después tenía un recordatorio de cuando la fui a ver a Cristina [Fernández de Kirchner] en 2015 a la Plaza de Mayo, no era mucho”.

Me llamaron por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijeron que desde la Presidencia les habían pedido recortar personal y que me habían elegido a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'

Andrea Torres — rescatista despedida del Parque Nacional Los Glaciares, donde trabajaba desde hacía 13 años

Según contó, el intendente empezó a cobrar entrada en el parque Los Glaciares desde octubre del año pasado. “Pusieron una casilla literalmente en la montaña, en medio del bosque donde no tenés electricidad. Entonces compraron un generador eléctrico y tienen la antena de Starlink y con eso cobran en el acceso”. Su oposición al cobro de entrada habría sido uno de los motivos para desvincularla, aunque hubo cuatro despidos más y dos de ellos fueron de trabajadores que ayudaron a unificar los caminos para construir la casilla de cobro, según Torres, lo que le hace pensar que no hay una razón clara para todos los despidos.  

En diálogo con elDiarioAR, Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN) dio el mismo argumento que dan los funcionarios del gobierno de Javier Milei cada vez que son consultados por despidos en un área del Estado: que no son despidos sino que se trata de la no renovación de contratos. Además, indicó que las causas para determinar las desvinculaciones pueden ser por incumplimientos laborales.

“Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas”. Además el funcionario agregó: “Tiene que ver con incumplimientos, con determinadas sanciones disciplinarias. Los intendentes de los parques nos pasan reportes de que el personal no cumple sus funciones o que no está a la altura de los desafíos. También hay casos de presentismo. Hemos administrado el caso por caso y obviamente ha sido una decisión que no ha sido general”, afirmó. 

Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas

Cristian Larsen — presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)

Al preguntarle si los puestos se pensaban reponer debido a las causas de los despidos, el funcionario sostuvo: “Hay que revisar si se necesita o no cubrir esos lugares. En 2019 había unos 1.800 trabajadores, en 2023 y a principios de 2024 había más de 2.400; se han incorporado más de 600 trabajadores”. Y agregó: “Nosotros decimos que en muchos casos no ha sido incorporación de personal teniendo en cuenta las necesidades de parques sino que va más por un tema de militancia política. Entonces lo que estamos haciendo es evaluar caso por caso: qué es lo que realmente Parques Nacionales necesita o no”.

Larsen agregó: “Si hay algo que creemos que es necesario es más presencia en territorio, más presencia de guardaparques y no tanto en los escritorios. O sea, no tanto en la parte de administración, hoy de las 2.200 personas que hay, sólo 550 son guardaparques”.

Luego del anuncio de los despidos, distintos gremios presentaron el reclamo de reincorporación de los trabajadores y se convocó a una mesa de diálogo de la que participó  ATE y miembros de Parques Nacionales. Según pudo conocer elDiarioAR de diversas fuentes, allí las autoridades de la APN hablaron de llevar el número de despidos a 600.

Marcelo Rojas, delegado de ATE-Bariloche, sostuvo en diálogo con este medio que el número de despidos anunciados se confirmó en aquel ámbito, que se suspendió por la salida de un nota de Página/12 acerca de los gastos por viáticos que presentó el presidente del organismo. Según Rojas: “En una especie de acto de infantilismo, levantaron la mesa de diálogo porque no les gustaba lo que se había difundido en una nota de un diario de tirada nacional respecto a los gastos del presidente”. 

El delegado gremial agregó: “Cabe aclarar que nosotros no hacemos operaciones políticas: estamos peleando por la recuperación de los trabajadores para que no haya más despidos y por las políticas de conservación, porque básicamente es nuestro trabajo”. Además, sostuvo: “Se nos acusa de manera falaz de algo y en represalia se levanta una mesa de diálogo que tenía como fin reincorporar a trabajadores que están despedidos. Y como para redoblar [la apuesta] dicen que quieren llegar a 600 despidos y que lo van a hacer junto con el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de [Federico] Sturzenegger”.

En diálogo con este medio, el presidente del organismo, Larsen, aclaró que las negociaciones no están finalizadas y que a fines de esta semana o principios de la próxima, se retomarán las conversaciones. 

Respecto de la posibilidad de continuar con la reducción de trabajadores, el funcionario de Milei sostuvo: “Vamos a ir viéndolo en el caso por caso, de acuerdo con el rediseño institucional y analizando si el desempeño de los trabajadores es correcto: si no pone palos en la rueda, si cumple básicamente su función, un trabajador no tiene por qué tener miedo”. Y concluyó: “Nosotros estamos creando un sistema de mérito: el que trabaja bien, va a tener su ascenso, el que trabaja mal, va a tener su sanción en el caso de planta permanente, y en el caso de quien esté bajo contrato, bueno, no se renovará su contrato de acuerdo al desempeño de cada trabajador”.

En juego, puestos de trabajo y una cosmovisión del rol de los Parques

Según Rojas, la medida de recorte, y el anuncio de trabajo en conjunto con el ministerio de desregulación del Estado busca flexibilizar la normativa para ampliar la explotación económica de los Parques Nacionales.

Para el delegado, la medida favorece el debilitamiento de la parte técnica de los parques, específicamente “de su análisis técnico para prevenir los impactos ambientales no deseados y para garantizar la conservación de las áreas protegidas, porque ellos entienden que la mayor generación de oportunidades de negocios mediante el uso público y la prestación de servicios es contraria a los análisis rigurosos técnico-ambientales”. Y aclaró: “Parques es un organismo de conservación, de uso sostenible y de aprovechamiento y disfrute sostenible. Nosotros queremos que la gente pueda disfrutar los parques. No estamos en contra de los privados ni de los prestadores de servicio, lo que queremos es que todo sea con rigurosidad técnica, que haya un análisis previo pertinente”.

En su visión como presidente de Parques Nacionales, Larsen sostuvo: “Parques Nacionales es un organismo de conservación y de Turismo, yo lo vengo diciendo desde que asumí. Perito Moreno, el prócer de los parques nacionales y la persona que donó tierras para que se constituya el primer parque nacional, el Parque Nacional Nahuel Huapi, decía que los parques nacionales tienen que ser para conservar esas tierras para el uso y goce de las presentes y las futuras generaciones”.

Asímismo apuntó contra la visión conservacionista: “Si solamente tenemos personas cuya idea es la conservación estricta y para quienes mientras menos personas ingresen a los parques es mejor, es porque la forma de conservación que conocen es prohibir. Bueno, esa no es nuestra forma”.

El rol de trabajadores de Parques Nacionales en el incendio de Nahuel Huapi

Ariel Datoli trabaja desde hace 12 años en la dirección de Lucha contra Incendios Forestales, que forma parte de Parques Nacionales a nivel nacional. Si bien antes se desempeñaba como brigadista en el Parque Nacional Nahuel Huapi, actualmente se encarga de la logística de los operativos de combate de incendios, como el que sucede actualmente. “Hacemos viandas, compramos mercadería y las trasladamos a los campamentos que están a 50 o 60 km de Bariloche, porque el incendio está lejos de la ciudad, dentro del Parque Nacional”, describió.

Datoli sostuvo que las jornadas de sus compañeros brigadistas son extenuantes, de alrededor de 10 o 12 horas de trabajo combatiendo el fuego: “Si bien cada tres o cuatro días hay un recambio de personal, a un incendio se entra alrededor de las 5 o 6 de la mañana para poder atacar el el fuego cuando hay baja temperatura y buena humedad, y se vuelve a las 7 de la tarde. Por eso es que en varios incendios se decide armar campamentos cerca, para no sumar las horas de traslado: hoy mis compañeros están acampando allá, se levantan a las 5 de la mañana, desayunan y ya empiezan a combatir”. Y agregó: “son cuatro días que se quedan sin ver a su familia, con desgaste físico, desgaste psicológico y pensando que todavía no tienen contratos para este año, y que el sueldo por ahí no alcanza”.

La búsqueda por mejores condiciones laborales, una constante

La lucha por la profesionalización de los trabajadores de Parques Nacionales y por mejores condiciones laborales lleva años, y en su historia, se han logrado algunos avances, como los contratos anuales, que hoy vuelven a ser trimestrales.

Sandro Leo Manríquez es brigadista en Parque Nacional Lanín desde 1996 y recuerda que como trabajador de Parques ha pasado por todos los formatos de contratación, incluyendo uno de los más precarios durante la década del 90. “Desde ese momento hasta hoy hemos logrado, en 2019, un reconocimiento gracias al convenio colectivo: el Estado reconoce a los brigadistas como una profesión, como un trabajo, como parte del Estado, pero no nos da la planta permanente sino que nos reconoce solamente en el sistema”. Dijo que “el gobierno anterior (el de Alberto Fernández, del Frente de Todos) iba a implementar una planta permanente y la carrera de brigadista, que también veníamos armando” y que “el convenio colectivo y la carrera es obra pura y exclusiva de los trabajadores”.

La profesionalización de la carrera de brigadistas, contó Manríquez, hizo que se pudieran dar herramientas a los trabajadores principiantes y se los acompañara para adquirir experiencia en abordaje de incendios de manera paulatina, hasta llegar a mayores responsabilidades y roles de liderazgo, como puede ser el jefe de cuadrilla. 

Los avances se han hecho por iniciativa de los trabajadores, que remarcan, casi como un mantra, que el trabajo que hacen lo realizan con un profundo compromiso por su profesión. “Lo hacemos porque nos gusta”, dicen.

Este miércoles a las 11 se realizará una conferencia de prensa y sirenazo convocada por ATE Parques Nacionales en la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, para informar “sobre la situación que atraviesa Parques Nacionales y sus trabajadores y trabajadoras”. Asímismo el sábado se realizará un abrazo simbólico al Parque Nacional Nahuel Huapi el sábado a las 19 en las letras de Bariloche, ubicadas frente al Centro Cívico en el puerto San Carlos. La convocatoria está abierta a toda la sociedad.

LG/JJD

La noticia se conoció el viernes pasado. Mediante una resolución, el Gobierno nacional anunciaba un nuevo recorte a la ciencia bajo una imprecisa medida que determinaba el cierre de los programas que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”. Esta resolución, dictada en plenas vacaciones de verano, es un paso más y encendió alarmas en la comunidad científica.

“Es como el blanqueo de una situación que ya veníamos sufriendo concretamente y ahora queda expresado y esbozado en una metodología concreta que van a llevar adelante como para poner el punto máximo a la política científica que este gobierno plantea”, señala Haydeé Pizarro, investigadora responsable del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, quien describió que la noticia causó una mezcla de “revuelo y desazón”.

Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, que integran más de 340 autoridades de institutos de Ciencia, se emitió un comunicado de repudio a la medida. Según la organización, la información publicada anticipa una profundización del ajuste en en el área. “Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país, ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores y la paralización y desarticulación de grupos de investigación que ha costado décadas desarrollar”.

Además, hicieron llegar una Declaración de Repudio la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlacti), argumentando que “la resolución plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras”.

Agregaron que la medida “representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional” y concluyeron: “Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”.

En la misma línea, la vicedirectora de la Facultad de Exactas de la UBA, Valeria Levi, señaló que la medida publicada en el Boletín Oficial expresa en un documento oficial un desmantelamiento de la ciencia que ya sucedía de hecho. “Se ve claramente que se le quiere dar un marco de legalidad, que todavía no sabemos si es tal, a algo que fue un hecho durante 2024: todos estos programas fueron suspendidos durante el año pasado, incluyendo los que tenían que ver con construcciones de institutos científicos, de laboratorios, compra de equipamiento, proyectos de vinculación científico-tecnológica con el sector productivo”.

Es que todavía no está claro el alcance del recorte. De los 70 programas que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología analizará para su cierre o eventual ajuste, el organismo solo dio a conocer algunos que ha definido cerrar, mientras el resto permanecen en evaluación. Según publicó el diario La Nación, son cinco las bajas confirmadas hasta el momento, entre los que se encuentran, Programa Juventudes y Ciencia, Programa Ciencia por contar, Programa de Subsidios institucionales, Programa de Subsidios extraordinarios y Proyectos de Cultura Científica.

El Gobierno hizo el anuncio mediante la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves. Allí se estableció la evaluación y posible cierre de programas científicos creados bajo el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT). La medida se fundamenta en la necesidad de reducir el gasto público en el marco de la emergencia económica y financiera que atraviesa Argentina y asigna como responsable de la evaluación a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que dirige Darío Genua. Sin embargo, el contexto de emergencia se remonta a principios de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei decidió frenar los desembolsos de los programas de financiamiento científico.

En diálogo con elDiarioAR, desde el organismo aseguraron que quedará a salvo del cierre el Programa Federal Equipar Ciencia, destinado a la compra de equipamiento científico, que obtuvo una prórroga de los convenios para el uso de fondos el pasado 29 de noviembre y en la que se habilita al uso de los mismos hasta el próximo 30 de junio de 2025.

Asímismo, se consultó a la Secretaría por los programas de desarrollo científico paralizados: los PICT 2022, que deberían haberse desarrollado durante 2024 y la convocatoria prorrogada por 4º vez a los PICT 2023. El organismo aclaró que los programas permanecen bajo el ala de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I) y que se debe conformar el Directorio (vacante desde marzo de 2024) para tomar decisiones al respecto. También, se confirmó que los convenios de desarrollo científico con países y embajadas permanecerán vigentes.

Este medio se contactó con Conicet para consultar por el impacto de las medidas anunciadas sobre los científicos de la institución, pero respondieron que por el momento no habrá una declaración oficial al respecto y agregaron que es un tema correspondiente a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Levi pone en duda la legalidad de la medida: “Lo que entendemos de esta resolución es que Jefatura de Gabinete quiere poner en papeles que los proyectos que estaban suspendidos se den de baja. Lo que no sabemos es la legalidad de esta medida porque en muchos de los casos hay contratos firmados y de un día para el otro no se puede decir ”damos de baja todos estos contratos“.

Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país, ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores

Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología

Críticas al enfoque productivista de la ciencia e incertidumbre sobre el alcance de los recortes

El discurso de “poner la ciencia al servicio del desarrollo productivo”, circula desde que asumió la gestión del gobierno Javier Milei, incluso como argumento para explicar la parálisis de financiamiento o la subejecución de programas.

El texto publicado en el Boletín Oficial lo transparenta: “Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”.

La investigadora Pizarro reflexionó sobre el modelo de ciencia que plantea la gestión libertaria ligado a la producción: “Lo que a mí me da tristeza es cuando veo a las personas de la sociedad, no toda, pero una gran parte que van de la mano con decir ‘hay que hacer a la ciencia eficiente’, ‘hay que hacerla laburar para algo que sirva’. Y la verdad es que lo han logrado, en ese sentido. Esa bendita batalla cultural la han ganado por el momento. Es una batalla, no es la guerra, así que vamos a seguir”.

Lo que a mí me da tristeza es cuando veo a las personas de la sociedad, no toda, pero una gran parte que dicen ‘hay que hacer a la ciencia eficiente’, ‘hay que hacerla laburar para algo que sirva’. Esa batalla cultura la han ganado. Pero es una batalla, no la guerra. Vamos a seguir

Haydeé Pizarro — investigadora responsable del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA

Las áreas prioritarias quedaron definidas en la resolución, dejando por fuera temáticas como medio ambiente, el cambio climático y las Ciencias Sociales. Pizarro entiende que este tipo de medidas de recorte en la ciencia “traen realmente límites al conocimiento. Yo me pregunto qué va a pasar con líneas vinculadas con la historia con líneas vinculadas con los derechos humanos, ¿cómo podemos encorsetar determinada generación de conocimiento porque supuestamente no va con el desarrollo económico del país?”.

Beatriz Bragoni, Historiadora del Conicet Y UNCuyo y Directora del Incihusa, Mendoza, analizó la medida y comentó que “no parece estar dirigida solo a revisar o suspender programas o subsidios ejecutados por la anterior gestión del ex MinCyT para reducir el gasto o auditar recursos públicos”.

La investigadora entiende que es una estrategia que permitirá aplicar la “motosierra” prometida en el sector Ciencia y Tecnología con una triple estrategia: El agravio al personal científico y la descalificación de temas y problemas que nutren la agenda de investigación básica y aplicada en los principales centros académicos mundiales. Y por último, el “radical desfinanciamiento de grupos o equipos de trabajo consolidados o de más reciente formación, distribuidos en la desigual geografía del país cuyas contribuciones a los diferentes campos de conocimiento y la excelencia de recursos humanos capacitados en institutos y laboratorios suelen ser reconocidos en el país y más allá de sus fronteras”. 

Por su parte, a Pizarro le preocupa el futuro de las generaciones de sus alumnos, jóvenes científicos, que dejan de encontrar posibilidades de trabajo y desarrollo de carrera dentro del país: “¿Qué nos queda? Cuando empiece el primer cuatrimestre, ¿qué le voy a decir a los estudiantes que están ya se están recibiendo? ¿Qué les digo, cuando me vengan a pedir que por favor les haga una nota de recomendación para irse afuera? ¿Les digo que no? No, les hago la nota”, reflexionó la científica.

El Plan Estratégico 2024-2025: un tuit como única referencia

La resolución menciona un Plan Estratégico 2024-2025 como guía para la evaluación de los programas. Sin embargo, la única referencia pública del programa, lanzado el 14 de noviembre del 2024 es un tuit de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y su correspondiente publicación en Instagram.

Allí se plantean cuatro puntos estratégicos seguidos de un párrafo explicativo: Política científico-tecnológica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Servicios Digitales del Estado y Organismos Descentralizados. A casi dos meses de su lanzamiento, este medio se contactó con la Secretaría de Innovación Ciencia y Técnica para pedir el desglose del plan, pero el organismo contestó que esa información formará parte de un anuncio que se hará en breve. Distintas organizaciones de la comunidad científica manifestaron la necesidad de acceder al plan completo, ya que la información presentada en el tuit no da cuenta de las bases y estudios previos que determinan a las áreas posicionadas como estratégicas, ni se muestra un diagnóstico de cómo se posiciona la ciencia argentina frente a esas áreas de conocimiento.

La situación de la ciencia argentina no hace más que agravarse a lo largo de los meses. El anuncio, dado en un contexto de receso vacacional de las universidades y otros centros de investigación, vuelve a poner en alerta a los científicos que se preguntan cuánto más se puede investigar sin plata.

LG/JJD

Atravesada por el sentimiento de derrota de ambientalistas, científicos y vecinos que se oponen al proyecto, la localidad de San Antonio Este celebró este miércoles una audiencia pública para avanzar en la instalación de un buque de licuefacción en el golfo San Matías. En esta área del Atlántico, que baña las costas de la provincia de Río Negro, la comunidad costera se pudo expresar a favor y en contra del desarrollo encabezado por la petrolera Pan American Energy (PAE). Un proyecto que durante la mañana del miércoles parecía estar ya aprobado, aunque no se había cumplido la exigencia legal de realizar la audiencia. 

Hasta septiembre de 2022, el golfo San Matías era un área protegida por ley. Pero en dicha fecha, los legisladores de Río Negro barrieron con la legislación histórica de la provincia para habilitar el transporte de hidrocarburos y de esa manera, posibilitar el desarrollo de al menos tres proyectos hidrocarburíferos en estas aguas y sus costas. Ahora, el buque de licuefacción de gas natural plantea posibles riesgos para la fauna marina y el ecosistema local –como la coalisión de las embarcaciones con las ballenas francas australes y sus crías–, además de amenazar al turismo de la zona. El proyecto generan profundas divisiones en la sociedad costera rionegrina.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a cargo de Judith Jiménez, deberá tener en cuenta los planteos de la comunidad, de científicos y expertos acerca de la presencia futura del buque en esta zona rodeada de áreas naturales protegidas y que coinciden con la ruta migratoria de la ballena franca austral y sus crías. Si bien, las expresiones que se escucharon en la audiencia no son vinculantes, la funcionaria deberá atenderlas antes de dictaminar si aprueba o no el Estadio de Impacto Ambiental (EIA) del buque. 

Desde esta localidad vecina a la turística Las Grutas, elDiarioAR cubrió la audiencia y habló con los principales impulsores del proyecto: el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Rio Negro, Judith Jimenez; Marcos Porteau, gerente de proyectos de la empresa Southern Energy, que integran PAE y la noruega Golar; y la empresa consultora que realizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

La audiencia contó con 220 oradores y se extendió por más de 12 horas. A las 7.30 de la mañana, cuando comenzaba la acreditación de oradores, prensa y público espectador, el gimnasio municipal de San Antonio Este estaba vallado, con presencia policial y de Gendarmería, que rodeaba toda la manzana. Miembros de las fuerzas de seguridad durmiendo en tiendas de campaña o copando el hotel Calafken y buses estacionados afuera del gimnasio pintaron la imagen de la mañana.

Roxana Roccatagliatta, profesora de historia y participante de la Fundación Inalafquen, contó a elDiarioAR: “Esto se ha transformado en una audiencia pública cuasi formal, demagógica y con un clima de militarización. Yo nunca vi tanta policía y tanta gente armada afuera de un espacio de participación pública y ciudadana”.

Poco a poco, militantes del sindicato de la construcción, la UOCRA, bajaron de micros de larga distancia con bombos, redoblantes y banderas, y comenzaron a sentarse en las afueras del gimnasio. El ingreso al lugar siempre estuvo custodiado por personal policial, que fue dejando entrar a las personas de a grupos de cuatro. La mayoría de oradores, funcionarios y miembros de prensa logró entrar con normalidad. 

Sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana, un grupo de unas 20 personas comenzó a aplaudir ya que no les permitían el acceso. Entre ellos había varios mayores que habían viajado desde Viedma para poder escuchar acerca del proyecto, y también asesores de prensa de legisladores que no pudieron ingresar. La respuesta de los organizadores de la audiencia así como de la policía fue que, a pesar de haber espacio físico y sillas vacías, debían garantizarse sólo para las personas inscriptas y acreditadas. A medida que el salón del gimnasio fue vaciándose, el público logró ingresar. 

El primer orador en contra del proyecto por la instalación del buque licuefactor fue el coordinador de legales de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Cristian Fernandez. Y fue el discurso que dio pie al sonido de fondo que intentó tapar a todas las voces opositoras de la jornada: el ruido ensordecedor de militantes de UOCRA con bombos y redoblantes que comenzaban a retumbar en el interior del gimnasio municipal. 

Cuando Fernández alertó sobre los impactos acumulativos para el ecosistema marítimo del resto de las actividades hidrocarburíferas proyectadas dentro del golfo San Matías, que no fueron tenidos en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la UOCRA se hizo sentir. Fernández se refería al oleoducto Vaca Muerta Sur y al gasoducto de Punta Colorada, los otros dos proyectos que se desarrollarán en la zona del golfo. Los expertos plantean que las autoridades ambientales de la provincia no pueden analizar los impactos de estos tres proyectos de forma aislada sino conjunta, ya que se desarrollarán al mismo tiempo, afectando al ecosistema marítimo y las actividades económicas de la zona, como el turismo en Las Grutas, como informó este miércoles elDiarioAR.

Al consultarle sobre el tema de los impactos acumulativos, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático sostuvo ante elDiarioAR: “Lo pedimos en las primeras observaciones que le hicimos al Estudio de Impacto cuando lo recibimos. Todas esas cuestiones de cambio climático, variables de cambio climático, cuestión acumulativa, lo pedimos. No sé, la verdad que el estudio, digamos, no es que lo haya leído, sino que no sé si está o no, pero sí lo pedimos y lo pedimos anteriormente también, así que es una variable que la vamos a incorporar”.

–¿Y quiénes lo leyeron entonces?-, preguntó este medio.

–El área técnica. Yo lo he leído, pero los que minuciosamente leen los estudios es un equipo de la Secretaría de Ambiente con diferentes responsables y diferentes profesionales.

Sólo para rionegrinos

Uno de los puntos más polémicos de las audiencias públicas en Río Negro es que la ley local sólo habilita a ciudadanos de la provincia a expresarse con este mecanismo sobre proyectos que requieren de la participación y control ciudadano. Sin embargo, los distintos proyectos hidrocarburíferos que se están llevando adelante en el golfo San Matías son criticados por sectores económicos y ambientalistas de la vecina provincia de Chubut, ya que la zona es lindera con Península Valdés, área natural protegida y Patrimonio de la Unesco. “Cualquiera puede venir a la audiencia pública, puede venir a escuchar,de hecho puede hacer preguntas después, hay un bloque de preguntas escritas” y concluyó “lo que no puede hacer quien no viva en Río negro es hacer el uso de la palabra, pero no es por nosotros, es porque está establecido en la ley”, sostuvo la secretaria de Ambiente y Cambio Climático ante la consulta. 

El buque

Uno de los impulsores del proyecto de las petroleras es el Intendente oficialista de San Antonio Oeste, Adrián Casadei (Juntos Somos Río Negro), quien lidera el municipio que comprende a la localidad de San Antonio Este, entre otras. El funcionario explicó lo que para él implicaría poder instalar el proyecto del buque de licuefacción: “Es una inversión muy grande, con la generación de empleo” y porque “el haber sido elegidos por las empresas genera para nosotros una expectativa económica y laboral, sin perder en cuenta lo que es el ambiente”, afirmó.

Respecto de las expectativas de ingresos y la repartición de las ganancias de las exportaciones en caso de que se instalara el buque de licuefacción en el golfo, el intendente respondió que aún no están pensando en ese tópico: “Estamos en los pasos previos, de aprobación del proyecto. Una vez aprobado el proyecto, veremos cuáles son los beneficios impositivos, pero la verdad es que lo que nosotros buscamos son los beneficios para la sociedad, que haya más trabajo para nuestros jóvenes, que tanto les cuesta conseguir trabajo”. “Creo que esos son los principales beneficios. Después, si hay algún beneficio impositivo, bueno, bienvenido sea”, concluyó ante la consulta de elDiarioAR.

Uno de los puntos neurálgicos del debate fue la generación de empleos locales, que se espera lleguen a 600 en la etapa de construcción y a 850 en la etapa de funcionamiento del buque. elDiarioAR consultó al intendente si ese número era suficiente, a lo que Casadei respondió: “Es el número que dice la empresa, pero aparte de eso, vos tenés que sumar todo lo que eso genera en forma indirecta, todo el movimiento económico, esos 600 se multiplican por tres o por cuatro”. 

Una de las dudas que sobrevolaron en la audiencia es la continuidad de esos puestos de trabajo una vez que acabe la etapa primaria del proyecto, como informó este medio. El gerente de Southern Energy sostuvo que los puestos de construcción, durante la primera etapa, durarán entre 18 y 22 meses. Al respecto el intendente sostuvo que “nuestra tarea ahora es capacitar a toda nuestra sociedad en la tarea que se requieren para esta empresa, para la instalación”. “Vamos a empezar un curso de oficio el año que viene, la escuela técnica, un colegio de oficios, y vamos a ir dando todas las herramientas necesarias para que sean nuestros vecinos los que obtengan ese trabajo”.

Cómo sigue

A partir de la celebración de la audiencia pública, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático deberá emitir un dictamen en el que debe informar si aprueba o no el Estadio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por las petroleras. “No tenemos fecha pensada. Creo que todavía quedan muchos intercambios para hacer, muchas consideraciones para hacer, así que no te puedo decir exactamente. Estamos en la mitad del proceso”, informó la funcionaria.

A las 19 horas, ya habían expuesto 130 de los 220 oradores inscriptos. Roxana Roccatagliatta había presenciado a los oradores que se expresaron tanto a favor como en contra del proyecto. “A mí me queda una sensación de desazón y de profunda tristeza porque la verdad es que veo como la gente ha sido manipulada y engañada con falsas promesas de trabajo y progreso”, sostuvo. “Vienen a expresar su adhesión a un proyecto que les promete espejitos de colores, y no va a ser así”.

elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Nota: se corrigió el 5 de diciembre de 2024 a las 10:50 el nombre del intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei.

ED

San Antonio Este fue el escenario de una audiencia pública que marcó un nuevo capítulo en el debate sobre la explotación hidrocarburífera en el golfo San Matías, una zona de gran valor ambiental y turístico. En el centro de la discusión: el proyecto de Pan American Energy (PAE) para instalar un buque de licuefacción de gas natural en sus aguas, cuyas implicancias para la fauna marina y el ecosistema local ya generan profundas divisiones.

La audiencia pública comenzó alrededor de las 9 de la mañana con la apertura a cargo de la secretaria de Ambiente y Energía de la Provincia de Río Negro, Andrea Confini; la de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez, y el intendente de San Antonio Oeste, Adrian Casadei, del partido Juntos Somos Río Negro, el espacio que gobierna la provincia y que lidera el gobernador Alberto Weretilneck. El evento se realizó en el gimnasio municipal de San Antonio Este que amaneció vallado y con gran despliegue policial. La lista de oradores superaba las 220 personas. 

El primer bloque de la jornada contó con la presentación del proyecto a cargo de Marcos Porteau, gerente de proyectos de la empresa Southern Energy, que integran PAE y la noruega Golar. Porteau fue subsecretario de Hidrocarburos de la gestión de Javier Iguacel como ministro de Energía de la presidencia de Mauricio Macri. En ese primer bloque también se realizó la exposición del Estudio de Impacto Ambiental a cargo de la Consultora Serman y Asociados.

En diálogo con elDiarioAR, Porteau prometió que durante la etapa se generarían 600 puestos de trabajo local que tienen que ver con la construcción del gasoducto que saldrá desde Cerro Fuerte Argentino hasta un buque licuefactor a 7 kilómetros mar adentro. Al preguntar sobre la duración de estos puestos de trabajo durante esa etapa, el directivo y exfuncionario macrista afirmó que será de 18 a 22  meses. Además, el representante de Southern sostuvo que “durante la etapa operativa son 850 puestos de trabajo directo e indirecto”, porque “viene el barco”, que “va a tener asociadas a la operación en buque 168 personas aproximadamente”.

“Es un proyecto que es por ahí distinto de otros, que tienen una construcción más pequeña y una operación más importante. Por eso se suma más gente durante la etapa operativa, cuando nosotros esperamos que eventualmente toda la gente sea local. La pregunta es cuándo eso ocurre. Nosotros vamos a empezar una parte del personal local y de a poco se va a ir calificando a la gente para que vayan tomando esos puestos de trabajo y en un horizonte que es muy difícil hoy hasta que armemos los planes de capacitación y de certificación, que veamos qué gente podemos conseguir”, dijo Porteau y reconició que es “difícil anticipar exactamente”, pero que cree que será “de tres a cinco años”.

Después, la gerente de estudios ambientales de la consultora Serman y Asociados, Maria Sol García Cabrera, estuvo encargada de presentar el Estudio de Impacto Ambiental que le encomendó Southern Energy. elDiarioAR consultó acerca de una de las mayores preocupaciones de organizaciones proteccionistas de la fauna marina y ambientalistas: la posibilidad del aumento de colisiones con mamíferos como las ballenas. Cabrera respondió: “Una de las cuestiones que vieron los especialistas del grupo de megafauna marina fue esa. Primero, lo que se analiza es la frecuencia de movimiento de buques. En este caso, en particular, por una cuestión de operación del propio buque licuefactor no es posible que sea mayor a dos o eventualmente tres (las llegadas de los buques metaneros)”.

En este sentido, sostuvo que “sabiendo que uno de los posibles efectos era una potencial colisión, hay medidas de gestión”, y al respecto indicó que “cuando ingresen las embarcaciones”, que se prevea que “reduzcan la velocidad, que el personal esté capacitado y preparado” para advertir la presencia de mamíferos en las inmediaciones “y puedan disminuir la velocidad”. Añadió que “en caso de una colisión hay todo un programa de aviso a la autoridad de aplicación para ver cómo gestionar esa situación con el animal que en ese momento tuvo el incidente”.

Luego del almuerzo, se dio paso a las expresiones de integrantes de la comunidad y distintas organizaciones como sindicatos, organismos estatales y ciudadanos que se expresaron a favor y en contra del megaproyecto.

Posiciones a favor

Las posiciones a favor fueron mayoritarias y contaron con el apoyo de legisladores de la provincia y sindicatos. Los argumentos giraron principalmente en torno del posible desarrollo económico, de la generación de empleo, aunque también se preocuparon por expresarse sobre el cuidado ambiental, planteando que no debía ser a cualquier costo la aprobación de las obras, al tiempo que exigieron a las autoridades que tengan especial atención sobre el impacto ambiental.

Alejandro Monteiro, de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, se manifestó a favor del proyecto, argumentando que traerá la estabilidad macroeconómica que argentina no pudo lograr para desarrollarse en el país. “Rechazar o demorar esta iniciativa seria perder la posibilidad de diversificar nuestra economía. El gas natural no es una oportunidad económica, es también una herramienta para el desarrollo del país”.

Nicolás Carasalle, secretario de Turismo de San Antonio, reclamó enfáticamente: “Dejen de generar miedo, es una oportunidad única, no nos podemos perder el tren y debemos pensar en el desarrollo de nuestra provincia y nuestros chicos”. Y agregó: “Esto va a tener derrame, esto va a generar empleo”.

Posiciones en contra, a los gritos, entre redoblantes de la Uocra

Cabe destacar que casi la totalidad de quienes se posicionaron en contra del proyecto tuvieron que exponer con el repentino toque de bombos y redoblantes de personas con banderas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Los planteos en contra del proyecto giraron en torno del daño al territorio, de desmentir la promesa de la generación de puestos de trabajo local y de la necesidad de protección del medio ambiente, así como la falta de distribución actual de los recursos.

Natalia Contrera de la Multisectorial Comarca Marítima argumentó: “Como parte de este plan de entrega para 'salvarnos', el gobierno de Weretilneck entregó nuestra agua, nuestro bien más preciado, a la empresa israelí Mekorot cediéndole la propiedad intelectual, toda la información hídrica de nuestra provincia para que construya, diseñe y elabore el manejo el agua. Una empresa que usa el agua como arma de guerra, que niega el agua  a cientos de miles de palestinos. Y su rol en nuestra provincia será saquear y garantizar el agua para las grandes mineras y petroleras. Además está escrito que en caso de que la empresa nos demande se resolverá en tribunales internacionales”. 

Y agregó: “Nos hablan de proyectos que van a traer trabajo, mientras la empresa rionegrina NRG empresa clave en el suministro de arena en vaca muerta, acaba de despedir a 181 trabajadores, y nos quieren endulzar con 200 puestos de trabajo solo por 22 meses, ni siquiera dos años”.

La bióloga Raquel Perier planteó, a su turno, que la promesa de puestos de trabajo para los locales es engañosa, por el grado de peligrosidad que tiene la actividad hidrocarburífera que se propone y la necesidad de mano de obra calificada que trae aparejada por ejemplo, el manejo de materiales altamente inflamables como el gas metano.

En diálogo con elDiarioAR sostuvo: “Un barco de esas características prácticamente no tiene personal que no esté especializado. Se necesitan ingenieros mecánicos, electricistas, tienen que saber de termodinámica, tienen que manejar toda la cuestión de sistemas criogénicos, es decir, altísima presión y bajísimas temperaturas. Entonces, es toda una cuestión de que los puestos de la tripulación que el gobernador dice que va a tener 200 o 250 personas, por más que las prepararan, como Panamerican Energy dice que las va a preparar durante estos dos años que falten hasta que venga el barco, es imposible: se requiere de 5 años como mínimo”, sostuvo y añadió: “Son especializaciones difíciles de realizar; sobre todo, tenés que tener incluso la secundaria realizada y ya tenés que tener alguna que otra capacitación o por lo menos una facilidad en las ciencias físicas y químicas porque realmente requiere de mucho conocimiento”, concluyó la científica.

Además, desde las mismas fuentes de la petrolera PAE, aseguraron que habrá “mayor actividad económica y transición energética” argumentando que “el buque de licuefacción posibilitará la llegada de un producto de valor agregado (GNL) a nuevas regiones, generando actividad económica local, aumentando las exportaciones y generando divisas, en un marco de transición energética global en la que el gas natural es considerado el combustible 'puente' que contribuirá a la descarbonización de la matriz energética mundial”.

En la misma línea, en entrevista con este medio, el ambientalista Perez Orsi se posicionó en contra del proyecto: “Es apostar hoy en día a la cortita ventana que tiene Vaca Muerta haciéndonos pagar a los argentinos”, planteó. Afirmó, además, que “acá hay dinero del Estado involucrado en el proceso de autorización, hay capital público puesto al servicio de la aprobación de estos proyectos que tendría que estar craneando soluciones reales para el futuro de la provincia, de la región, etcétera. Y están ahora militando este proyecto, que va a beneficiar a cuatro o cinco durante un corto tiempo y después se irán, como pasó con la Mina de Sierra Grande”.

A pesar de las intensas críticas y las preocupaciones ambientales que persisten en la comunidad, el futuro del proyecto parece encaminado hacia la aprobación, al igual que iniciativas anteriores en la región. Así, se alza la pregunta de si será posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de uno de los ecosistemas más importantes de la Patagonia.

elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

LG/JJD

El nuevo proyecto de explotación hidrocarburífera en el golfo San Matías se debatirá este miércoles en una audiencia pública en la localidad de San Antonio Este, provincia de Rio Negro. Se trata de un buque de licuefacción que se ubicará frente a las costas del golfo, una zona protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando se habilitó el transporte de hidrocarburos en la zona. El golfo es, además, zona de cuatro áreas protegidas y de la Península Valdés, en Chubut, Patrimonio de la Unesco.

El proyecto está a cargo de la petrolera Pan American Energy (PAE) junto con la noruega Golar y que contará con la participación de Pampa Energía y Harbour Energy. YPF también se podría sumar próximamente“.

Raquel Perier, bióloga y una de las impulsoras de la ley que protegió al golfo San Matías del transporte de gas y petróleo hasta 2022, conversó con elDiarioAR sobre este tercer proyecto de explotación petrolera que impulsa el gobierno de Rio Negro sobre la misma zona desde la modificación de la ley, luego del oleoducto Vaca Muerta Sury un gasoducto en Punta Colorada, también ubicada en el golfo San Matías.

La científica alertó sobre el impacto que tiene asociado este modo de producción de Gas Natural Licuado (GNL): es transportado desde tierra en estado gaseoso y en el buque se licúa para poder exportarlo en su versión líquida y por tanto, con menor volumen. “Van a usar agua del mar para enfriar el gas: primero la desalinizan y después la utilizan. Ese agua que utilizan para enfriar el gas absorbe el calor que están sacándole para poder enfriarlo. Vuelven a tirar el agua al mar una vez usada, con mayor temperatura que la que fue extraída”, explicó Perier.

La bióloga afirmó que “la salmuera que se produce (al desalinizar el agua) también se tira al ma Además, por las características del golfo, sus aguas profundas y de un recambio lento entre septiembre y marzo, hacen que las probabilidades de disolución y renovación sean bajas”. 

Perier también alertó sobre los buques llamados “metaneros” que vendrán cargados con agua para equiparar el peso y deberán liberarla en el golfo: “Van a entrar tres barcos metaneros por mes, porque tardan unos 11 días más o menos en cargar. Esos barcos metaneros vienen para llevarse metros cúbicos de gas, pero vienen vacíos. Vienen cargados con agua para poder mantener el equilibrio en el viaje. Y ese agua, ¿dónde va? Al golfo, al mar. Eso se llama ‘agua de lastre’”, concluyó la científica.

Qué se discute

PAE y sus socias contrataron a la consultora Serman & Asociados para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la actividad que le espera al golfo San Matías a partir del proyecto. El estudio tiene 8 cuerpos y alrededor de 3.200 hojas que fueron escaneadas como fotos por la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Rio Negro. Una de las quejas de los ciudadanos de Las Grutas, vecina de San Antonio Este, es que ello impidió utilizar motores de búsqueda para procesar la información. 

En PAE destacaron que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “fue elaborado conforme a la legislación nacional y provincial vigente y siguiendo los estándares internacionales y mejores prácticas reconocidas en materia de evaluación y gestión socio ambiental, avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial”. Otra de las críticas de los conservacionistas, ambientalistas y vecinos de la zona es que este tipo de estudios, clave para determinar qué impacto tendrán las actividades en el ecosistema, la flora, fauna y los humanos que habitan la región afectada, es que son realizados justamente por empresas contratadas por petroleras y mineras. 

PAE sostiene que “el EIA concluye que el proyecto es viable” y que los impactos serán “bajos”.

Cuestión de citas

Otro punto que causó controversia fue el uso que se le dio a la bibliografía citada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según Perier, se citan estudios que ella misma realizó, pero de manera meramente expositiva, sin tomar dimensión de lo investigado y tampoco condicionando el resultado del estudio.

Perier contó a elDiarioAR un ejemplo específico con respecto a su investigación sobre la merluza en la zona. Sus estudios demuestran que el golfo San Matías alberga una población única de merluza que completa todo su ciclo de vida dentro de esas aguas. Sin embargo, el EIA de la consultora Serman no aborda este hallazgo al evaluar los riesgos del proyecto para esta población de merluza, sostuvo la bióloga. 

La investigadora criticó el estudio por usar su trabajo y el de otros científicos como “una fachada de credibilidad sin comprometerse realmente con sus hallazgos”. Esta práctica, aseguró, distorsiona la evaluación real de los impactos del proyecto en el golfo San Matías.

“No hay en realidad una información clara sobre las cuestiones relevantes del ecosistema, lo que son las zonas de reproducción, lo que son las zonas de desove, o la crianza de juveniles, las zonas larvarias, las zonas de alimentación, cómo son las corrientes, es decir, cosas que a vos te permiten hacer una evaluación de los riesgos que puede tener un proyecto de estas características dentro del golfo”, afirmó Perier.

Buques de agua 

Fuentes de PAE explicaron a elDiarioAR que el estudio realizado en la zona incluyó análisis de la calidad de agua, sedimentos, suelos y aire. Además, la petrolera encargó mediciones de ruido ambiente, estudios hídricos y geológicos; y un relevamientos de flora y fauna terrestre, acuática y marina en 2 temporadas contrastantes.

La empresa sostiene que se realizaron prospecciones arqueológicas y paleontológicas, relevamientos de usos del suelo, la costa y las aguas del golfo; además de estudio de impacto acústico aéreo y subacuático; y análisis de posibles contingencias durante la operación del buque. Se estudiaron emisiones, impacto paisajístico para la zona y s relaizó una identificación y mapeo de partes interesadas.

Científicos de la organización ELAW realizaron un análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y advirtieron sobre distintos puntos que no fueron tenidos en cuenta. Entre ellos, destacaron el impacto sobre la temperatura del agua que implicará el enfriamiento del gas para licuarlo: “Este volumen de agua equivale a la descarga de casi 16 piscinas olímpicas por hora de manera continua durante toda la fase de operación del proyecto, a una temperatura hasta 7°C superior a la del agua de mar”. Los resultados, afirmaron, no son representativos de lo que ocurriría en la realidad.

Además, los expertos de ELAW adviertieron: “Se descargarían aguas con altas concentraciones de sales y otros contaminantes al ambiente marino de manera continua durante la operación del proyecto, con un efecto acumulativo en la Bahía”. 

Áreas protegidas

Otros puntos que destaca el informe son las particularidades de las áreas naturales protegidas del Golfo y la Península Valdés, que se verían afectadas por la contaminación del proceso productivo, de acuerdo a los expertos. 

Una de esta zonas protegidas es la Bahía de San Antonio, donde está presente una población endémica de caballito de mar Hippocampus patagonicus y la ballena franca, de presencia estacional, junto con las aves y mamíferos, que han permitido el desarrollo de turismo de avistamiento de fauna marina.

Otro ejemplo es el Área Natural Protegida Península Valdés, que además de ser la zona predilecta de las ballenas francas para tener sus crías, alberga a la colonia reproductiva más importante del sector continental del pingüino de Magallanes.

Posibles riesgos para la fauna

“En el golfo San Matías, la ballena franca hace un uso muy intenso del área costera. Entonces va a interferir con las operaciones del barco, va a encontrar agua caliente, va a encontrar ruido, va a encontrar un montón de cosas que van a desalentar que ese linaje, que esa línea matriarcal que hace uso de ese lugar continúe con la repoblación de ese espacio”, explicó a elDiarioAR Hernán Pérez Orsi, investigador ambientalista.

Roxana Schteinbarg, cofundadora del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), sostuvo en diálogo con éste medio: “Lo cierto es que las ballenas no distinguen de fronteras ni de límites jurisdiccionales, ni dónde termina una provincia y la otra. La población de ballena utiliza las aguas de los golfos norpatagónicos: el golfo San Matías, el golfo Nuevo y el San José”. “Nosotros desde hace 54 años hacemos la fotoidentificación y muchas ballenas que observamos en el golfo Nuevo también están en San Matías. Además de hacer un uso indistinto de los golfos, tienen una gran fidelidad a los sitios”, sostuvo la científica.

“Nos preocupa muchísimo justamente por la alteración que producen el hábitat. Estamos hablando de mayor tráfico marítimo y el riesgo a mayor cantidad de colisiones: imaginate lo que son estas grandes embarcaciones, la posibilidad de maniobrar es imposible”, explicó Schteinbarg. “Van a generar un tráfico marítimo mucho más intenso en una zona de altísima concentración, no solamente de ballenas, sino de orcas, de delfines, de pingüinos, de lobos y elefantes”, agregó en referencia a los buques que transitarán por el golfo de realizarse los tres proyectos pendientes en la zona.

El futuro del golfo

Perez Orsi cree que el destino del proyecto es que se apruebe más allá de la opinión disidente de los vecinos, tal como sucedió con el proyecto del oleoducto de Vaca Muerta Sur: “La experiencia nos ha dictado que definitivamente por más cosas buenas que aportemos, no va a cambiar una coma de actuación ambiental, no se va a modificar el destino que esto tenga. Así que es definitivamente una obligación de las partes estar ahí, decir, ‘yo no quiero este proyecto por esto, van a provocar esto’. Será para atestiguar la voluntad de cada uno de los vecinos y la firmeza en la postura, pero definitivamente hay poca esperanza puesta en el resultado final que esta audiencia pública pueda llegar a tener”, concluyó.

*elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

LG/ED/JJD

Un nuevo proyecto de explotación hidrocarburífera en el golfo San Matías se debatirá este miércoles en una audiencia pública en la localidad de San Antonio Este, provincia de Rio Negro. El desarrollo consiste en la instalación de un buque de licuefacción llamado Hilli Episeyo, que se ubicará a una distancia de entre 4,5 y 7 km frente a las costas del golfo, y a 35 km en línea recta de la ciudad turística de Las Grutas.

El golfo San Matías era una zona protegida por ley hasta septiembre de 2022. Hasta esa fecha, el transporte de hidrocarburos se encontraba prohibido, pero los legisladores de Río Negro modificaron a puertas cerradas y en tiempo exprés la legislación vigente, autorizando así el desarrollo de un primer proyecto en la zona, el oleoducta Vaca Muerta Sur, a cargo de YPF. Ahora, se suma el proyecto del buque de Pan American Energy (PAE) y sus socias.

Para este proyecto, PAE firmó un acuerdo con la empresa noruega Golar para que ésta última se ocupe del servicio de licuefacción del gas que le suministrará. Juntas conforma la empresa Southern Energy. Fuentes de PAE afirmaron a este medio que “PAE y Golar vienen conversando con otras productoras de gas para que se sumen al proyecto”. Además, relataron que “recientemente, Pampa Energía y Harbour Energy se sumaron con un 20% y 15% de participación respectivamente en Southern Energy. YPF se podría sumar próximamente”.

La audiencia pública se desarrollará a partir de las 9 de este miércoles en el Gimnasio Municipal de San Antonio Este, que ya está vallado y con un gran despliegue policial y de Gendarmería. 

Tiempo de debate

El encuentro de este miércoles es paso legal obligatorio para que pueda llevarse a cabo el proyecto de las petroleras. La audiencia se dividirá en bloques y comenzará con una exposición de las autoridades locales y provinciales, según informó la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Rio Negro en un comunicado. Luego vendrá la presentación formal del proyecto por parte de representantes de Southern Energy y la consultora ambiental, quienes describirán los aspectos técnicos y ambientales en una hora de exposición. 

Entre los expositores, habrá expertos y universidades, Prefectura Naval Argentina, INVAP, la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG). Además, hablarán funcionarios y legisladores provinciales. La lista de oradores alcanza el número de 220 personas. 

Luego de ese bloque, la comunidad costera podrá expedirse a favor y en contra de la iniciativa, aunque sólo quienes residan en la provincia de Rio Negro podrán expresar sus posiciones. Así, quedan excluidos los ciudadanos chubutenses de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, principales destinos de avistaje de ballenas franco australes, que colindan con el golfo San Matías.

Sólo para rionegrinos

Al igual que el oleoducto Vaca Muerta Sur, la posible presencia del buque de licuefacción en las aguas del golfo San Matías despertó las alertas de los conservacionistas de Chubut. Tanto Puerto Pirámides como Puerto Madryn son Patrimonio de la Humanidad debido a la presencia de ballenas que llegan a sus aguas para tener a sus crías. Las ballenas también viajan con sus crías por el golfo San Matías, de acuerdo a los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Las colisiones con buques es la principal causa de muerte de estos mamíferos.

“Las audiencias como instancia de participación ciudadana, más allá de que sean no vinculantes, deberían tener ciertas características, por ejemplo, permitir que participe la población que va a ser afectada, además de las consultas previas. Todo esto no sucede”, sostuvo Fabricio Di Giácomo, miembro de la Multisectorial por el Golfo de San Matías en diálogo con elDiarioAR.

La página oficial de PAE ya da por confirmada la ejecución del proyecto, aunque aún no pasó por la audiencia pública, donde las voces disidentes deben ser tenidas en cuenta por el gobierno de Rio Negro a la hora de emitir una resolución que apruebe o rechace el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se presentará este miércoles en la audiencia. 

“Los mismos funcionarios hablan del proyecto como si ya estuviese aprobado, cuando en realidad según la ley de ambiente también es necesaria la audiencia y es necesario lo que determine la autoridad competente luego de la audiencia para ver si el proyecto finalmente es aprobado o no”, sostuvo Di Giacomo, y agregó: “Todas las autoridades, tanto el gobernador de la provincia como el intendente de San Antonio Este y diferentes autoridades o legisladores y legisladoras de la provincia hablan del proyecto como una realidad que ya es, cuando deberían hablar de un proyecto que todavía no está aprobado formalmente según las instancias que corresponden: la audiencia y luego la aprobación por el órgano competente”, concluyó. La aprobación deberá ser realizada por la autoridad ambiental de Río Negro.

El proyecto

Según la petrolera PAE, el buque tendría una capacidad nominal de 2,4 millones de toneladas por año de Gas Natural Licuado (GNL). El gas natural sería transportado desde la estación de bombeo a través de un gasoducto desde Cerro Fuerte Argentino hasta un buque licuefactor que será operado por la empresa noruega Golar para su posterior exportación. Se espera que comience en 2027.

El proyecto busca también ingresar en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), informó la empresa en un comunicado. PAE destacó que el negocio “posicionará a la Argentina como un nuevo proveedor en un mercado global en donde nuestro país aún no tiene participación y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación”.

Fuentes de PAE aseguraron que se generarían nuevos puestos de trabajo local, con la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto durante la fase de construcción. Además, agregaron que en la etapa de operación, se generarán aproximadamente 850 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. “Habrá una importante participación de proveedores locales, que aportarán más del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto. También se desarrollará una activa tarea para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado a la provincia de Río Negro y el país,” afirmaron desde la petrolera.

Borrar la ley

Un dato clave que posibilita este tipo de explotación hidrocarburífera en una zona con diversas áreas naturales protegidas y hasta una reserva de la biósfera por la Unesco fue la modificación de la ley provincial 3308 en 2022, que protegía al golfo de esta actividad desde 1995. 

“Tanto el buque de licuefacción de gas como cualquiera de los otros proyectos hidrocarburíferos que amenazan nuestras comunidades, nuestros territorios, sean el golfo San Matías o Península Valdés, parten de la base de la modificación ilegal de la ley 3308, una ley que nos defendió durante más de 20 años”, sostuvo Di Giácomo. 

La modificación de la legislación en 2022 tuvo detrás la participación de YPF, como reveló elDiarioAR. “Es por ello que consideramos que cualquier proyecto, al basarse en esta modificación legal se sustenta en una modificación inconstitucional de una ley que fue producto de luchas populares y de articulaciones entre diferentes sectores de la comunidad, incluído también el sector político en ese momento”.

*elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

LG/ED/JJD

Esta semana se conoció que Invap, el instituto que desarrolla y fabrica tecnología nuclear, espacial y médica dejó de ser una sociedad del Estado rionegrino para convertirse en  una sociedad anónima. Esto se interpretó como un paso previo a la privatización ya que habilitaría la entrada de nuevos accionistas. Por este motivo, y según pudo saber elDiarioAR, su directorio trabaja en un nuevo estatuto para “minimizar” el impacto que podría tener la nueva forma jurídica. 

Este cambio en la forma societaria, aclaran fuentes cercanas a la empresa, fue realizado para adaptarse a lo dispuesto en el DNU Nº70/2023, que elimina la figura jurífica de “Sociedades del Estado”. No implica, en principio, una privatización ni un cambio en su propiedad. La provincia de Río Negro continuaría siendo el único accionista de Invap, manteniendo así el control total.

Según publicó el Diario Rio Negro, un portavoz de la empresa dijo que lo que hacen es Wadaptar su forma societaria por obligación del DNU 70/2023 pero no cambia ni la propiedad ni la gobernanza compartida con Comisión Nacional de Energía Atómica“.

De todos modos, el cambio a Sociedad Anónima Unipersonal podría facilitar la entrada de nuevos accionistas, por lo que en Invap están trabajando en un nuevo estatuto que blinde a la empresa de ciertos efectos. Está previsto que el directorio de Invap emita un comunicado oficial en los próximos días para aclarar la situación y disipar las dudas generadas en torno a la transformación jurídica.

Las especulaciones surgieron a raíz de una presentación de un “hecho relevante” en la Comisión Nacional de Valores (CNV) referido a la asamblea del pasado 28 de octubre en referencia a la transformación de la empresa provincial en S.A.U. “El gobierno de @JMilei y sus aliados locales que sostienen el DNU 70/23, permiten que hoy el @invapargentina se convierta en Sociedad Anónima con el fin de privatizarla”, publicó en X el senador rionegrino Martín Doñate. 

“En la Asamblea General Extraordinaria del 28 de octubre de 2024 (la ”Asamblea“), la Sociedad ha resuelto transformarse en sociedad anónima unipersonal con efectos legales, contables y fiscales, a partir de que se apruebe el nuevo estatuto social, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el DNU N° 70/2023”, informaba la carta rubricada por la responsable de relaciones con el mercado, Ana Cabrera.

Asimismo, en el documento se agrega que “la Asamblea ha resuelto pasar a un cuarto intermedio a reanudarse el 20 de noviembre de 2024 a las 14:00, a fin de considerar la consecuente reforma de estatuto y el balance especial de transformación”.

Invap es una empresa argentina líder en el desarrollo de tecnología de alta complejidad, con una trayectoria de 48 años y más de 1.700 empleados. La empresa desarrolla y fabrica una amplia gama de productos, incluyendo reactores nucleares, satélites, radares y centros de medicina nuclear, y tiene clientes en los cinco continentes. Debido a su éxito y sus ingresos multimillonarios, Invap nunca necesitó aportes estatales.

LG/DTC

Ante el desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei, Argentina incumple acuerdos de cooperación científica con Francia. Así pudo determinarlo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR tras las consultas a fuentes directamente vinculadas a la problemática. 

Los acuerdos en tensión se enmarcan en un programa denominado ECOS-Sud, que funciona ininterrumpidamente desde hace más de 25 años y permitió avances científicos, patentamiento de hallazgos, el intercambio de más de 3.800 investigadores y la formación de jóvenes científicos. 

La continuidad del programa, en riesgo ante la falta de desembolsos del Estado argentino, depende directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua. El incumplimiento argentino se da en un contexto de desfinanciamiento de la ciencia, como viene informando este medio, que reveló que la Agencia I+D+I, principal organismo de financiamiento de los científicos en el país, retiene al menos US$53 millones de préstamos internacionales. Tras la investigación de elDiarioAR, la entonces presidenta de la Agencia, Alicia Caballero, presentó su renuncia. 

El programa ECOS-Sud se financia gracias al aporte de los ministerios de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) y de Educación Superior, Investigación e Innovación (MESRI) de Francia; mientras que del lado argentino, depende del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT), ahora Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El incumplimiento de los acuerdos por parte de Argentina dejó a muchos científicos sin financiamiento para continuar las investigaciones en conjunto, lo que los obligó a cancelar sus viajes y puso en riesgo la finalización de tesis doctorales de estudiantes de ambos países. Como paliativo, surgió una iniciativa de algunos investigadores franceses, quienes propusieron resignar uno de los dos intercambios de cada proyecto para que al menos un argentino pudiera viajar.

Antoine Rabatel es científico francés de la Universidad Grenoble Alpes y del Instituto de Geociencias del Ambiente y está de intercambio en Mendoza, en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales de Conicet. Allí, fue recibido por Lucas Ruiz, glaciólogo e investigador adjunto del Conicet para desarrollar un proyecto que busca comprender el impacto del cambio climático sobre los glaciares y el funcionamiento hídrico de la cuenca del río Santa Cruz.

Los directores de los proyectos del programa ECOS-Sud contactaron al embajador francés en Buenos Aires, Romain Nadal: “Le pedimos que intercediera con las autoridades en la Argentina, en este caso con el secretario del área, Geuna”, explicó a la UDI de elDiarioAR el científico Eduardo Barrio, director de un proyecto y miembro de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT).

Este año, dos científicos franceses debían trabajar en Argentina y dos argentinos debían viajar a Francia a avanzar con las investigaciones. “Era un viaje de 15 días para un investigador del grupo y otro viaje de un mes para un estudiante de doctorado”, explicó el investigador argentino a elDiarioAR. Sin embargo, Ruiz aclaró que “como no hay financiamiento del lado argentino, los viajes no se podían realizar”. Por eso, explicó, la contraparte francesa ofreció una alternativa: que uno de los viajes de los franceses sea realizado por uno de los científicos argentinos.

Ante la consulta, el investigador francés reconoció que la falta de fondos para el programa es “una limitación muy importante porque efectivamente el hecho de que los colegas de Argentina no se puedan beneficiar de estos financiamientos obviamente limita los intercambios que podemos tener y va a tener impacto sobre los resultados esperados en este proyecto”.

Cuestión de números

Barrio, doctor en filosofía e investigador del Conicet, dirige un proyecto del programa ECOS-Sud basado en lógica matemática que busca avanzar en el desarrollo de sistemas de pruebas automáticos para fórmulas y teoremas. El científico relató a este medio que a pesar de haber presentado las rendiciones de cuentas y tener la aprobación del proyecto, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología no desembolsó los fondos correspondientes. 

“Mi proyecto se aprobó en 2022 y empezamos a trabajar en 2023. Durante 2023 tuvimos diversas expediciones de argentinos a París. Mi proyecto es con un centro de investigación que está en París y nosotros viajamos. Yo estuve un mes trabajando allá con la gente en Francia y vino gente de Francia a trabajar a mi instituto”, dijo.

Este año el proyecto debía continuar con el intercambio de investigadores de ambos países, pero Argentina estuvo en falta. Así lo describe Barrio: “En este momento, el segundo año, nosotros tenemos a un investigador trabajando en nuestro instituto con dinero francés, porque Francia sigue sus compromisos y sus contratos, pero lamentablemente no tenemos a ninguno de nuestros científicos trabajando en París, ya que el gobierno argentino decidió no cumplir el contrato firmado con Francia”, sostuvo el científico.

Según fuentes con conocimiento del programa ECOS-Sud, el monto de los proyectos del programa ECOS-Sud iban entre los €6.000 y €12.000 dependiendo de las áreas de trabajo y el tipo de insumos necesarios, y abarcaban desde inteligencia artificial y matemática hasta lógica y humanidades.

Se seleccionaban diez proyectos por año que recibían €10.000 para solventar gastos de traslado y estadía. Al durar cuatro años cada proyecto, en 2023 existían cuatro cohortes vigentes, por lo que el aporte de Argentina para sostener el proyecto ECOS-Sud, ascendía a €400.000. 

Barrio sostiene que la decisión de discontinuar la colaboración con el país europeo es política: “Si Argentina no tiene €400.000 para mantener cooperación con Francia, es que no les interesa políticamente hacerlo”.

La incertidumbre

Por primera vez en 25 años el incumplimiento del acuerdo bilateral por parte de Argentina obligó a los investigadores de ambos países a buscar estrategias para mantener la continuidad del programa. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro y el agotamiento de recursos obligan a los científicos a hacerse la pregunta: ¿Cuánto más se puede sostener?

Rabatel intentó una respuesta: “Si la situación continúa de esta forma, veremos para 2025 si hacemos el mismo pedido del lado francés para tratar de financiar un viaje de un colega de Argentina o no. Y veremos si Francia sigue aceptando esto”, agregó. 

El secretario Genua asumió el 6 de junio pasado con un recorrido como jefe de gabinete del Enacom durante la gestión de Mauricio Macri y como Secretario de Economía y Hacienda en el municipio de Pilar durante 2023, bajo la gestión del intendente del PJ Federico Achaval. El licenciado en Administración de Empresas desembarcó en la Secretaría luego de la salida de Alejandro Cosentino, quien estuvo al frente del organismo por cinco meses hasta la renuncia temprana del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, quien lo había designado.

Barrio relató que durante este año los directores de los proyectos seleccionados comenzaron a contactarse cuando empezaron los recortes. El científico rescató que durante la gestión de Cosentino recibían respuesta a sus preguntas de por qué no se ejecutaban las partidas, aunque dilatorias, como la ya conocida “vamos a hacer una auditoría” o “vamos a ver cómo se rindieron los proyectos”. 

El científico sostiene que la auditoría sobre los proyectos no podría haber durado más de una semana: “Tenían que revisar las facturas y ver que se correspondían a los euros que se habían adjudicado, si es que no creía lo que habían hecho las anteriores autoridades. En el caso de estos proyectos con Francia hay ocho proyectos por año. La magnitud de la revisión es bastante pequeña porque tenía que revisar alrededor de 32 proyectos”.

Laurence Vignollet, agregada a la cooperación científica, tecnológica y descentralizada del Institut français d’Argentine respondió a elDiarioAR que en una reunión con el Embajador francés y el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, mostraron la voluntad de Francia de continuar con el programa ECOS-Sud. Según la funcionaria, la respuesta de los representantes de Argentina fue que la ciencia, la tecnología y la innovación son muy importantes y que están reflexionando sobre cómo van a financiar las acciones. Asímismo, la representante francesa aseguró que para Francia fue importante escuchar aquella afirmación y que es optimista al respecto. Sin embargo, aseguró: “Pero por el momento, esa es toda la información que tengo”.

Vignollet confirmó estar al tanto de la decisión de algunos grupos franceses de resignar uno de los dos viajes de un científico francés en pos de que la contraparte argentina pueda cumplir con el intercambio, aunque aclaró que no es sistemática la decisión de la parte francesa y que no está escrito en el programa. Según Vignollet, la decisión se aceptó para ayudar a algunos proyectos a que pudieran viajar en ciertos momentos importantes, como eventos particulares en Francia o algunas experimentaciones ya pautadas. Asimismo manifestó incertidumbre sobre la devolución de esos aportes por parte de Argentina en el momento en que se reactiven los desembolsos correspondientes. La justificación de este aporte se debe a que desde Francia están intentando que los programas avancen: “Estamos siendo ágiles, flexibles”, agregó la funcionaria.

Al preguntarle sobre cómo evaluaban el incumplimiento por parte de Argentina, Vignollet respondió que se mantiene optimista y que considera que el país va a apoyar los proyectos de 2022 y 2023 aunque admitió que es difícil de evaluar.  

La funcionaria sostuvo que sabe que los científicos argentinos atraviesan un período en el que no pueden saber si van a recibir financiamiento o no, pero que continúan trabajando en todos sus proyectos. Además, agregó que cree que con el apoyo puntual que los franceses hacen a los argentinos, los proyectos están desarrollándose. “Es lo que importa para nosotros, es lo que miramos, es que la ciencia pueda continuar, es que el trabajo pueda continuar aunque con más dificultades”.

Habló, además, de las expectativas para las próximas convocatorias del programa: “Esperamos mucho de la próxima respuesta del secretario para decir que en el 2025 podremos lanzar la próxima convocatoria para 2026”, dijo. “Pero no podemos decir nada porque es decisión de la Argentina. Pero Francia está lista”, concluyó.

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para consultar por el estado del programa ECOS-Sud. Desde el organismo confirmaron que hay 37 proyectos bajo auditoría. Se están observando “gastos que no tendrían que haber salido” y “determinadas rendiciones que no se cumplieron”.

Barrio sostuvo que luego del desembarco de Genua la poca información oficial que recibían los científicos por parte de la institución se terminó: “En la actualidad no tenemos respuestas, la política comunicacional de las autoridades cambió”.

Es lo que importa para nosotros, es lo que miramos, es que la ciencia pueda continuar, es que el trabajo pueda continuar aunque con más dificultades

Laurence Vignollet — Agregada a la cooperación científica, tecnológica y descentralizada del Institut français d’Argentine.

Entre los científicos empezaron a crecer las dudas sobre la continuidad del programa: “Nosotros presentamos notas formales por TAD (Sistema de Trámites A Distancia) y diversos reclamos. En ninguno de los casos los reclamos fueron respondidos”, afirmó Barrio.

Sin insumos

Mauricio Sica es investigador adjunto de Conicet y está a cargo del laboratorio de inmunología molecular en el Centro Atómico de Bariloche. El científico explicó a este medio el estudio que realizan con su equipo: “Nosotros estudiamos unas proteínas que se llaman receptores de factores de necrosis tumoral que regulan la función del sistema inmune en relación con otras células en procesos que pueden ir desde el cáncer hasta la inflamación”.

El laboratorio tiene adjudicados dos proyectos cuyos fondos están frizados, por lo que también se ven afectados por la falta de insumos que no se pueden comprar para avanzar en las construcciones genéticas necesarias. “Ya se nos están acabando los reactivos y no tenemos dinero para comprarlos y reemplazarlos” sostuvo Sica. Además comentó que la contraparte francesa, entendiendo la situación económica, mandó a hacer la construcción genética a Europa, lo que les hubiera llevado meses hacerlo de manera artesanal en el laboratorio, aún teniendo los reactivos: “Ellos saben la situación en la que nos encontramos nosotros y dijeron ‘No te preocupes, Mauricio, yo te la mando a hacer, y ya en dos o tres días de trabajo nos mandan a hacer cinco construcciones genéticas. Es una suerte tenerlos”, sostuvo el investigador.

Mientras los centros de investigación y laboratorios se quedan sin insumos y recortan expectativas en los proyectos, desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología respondieron a este medio que existiría voluntad para reactivar el programa ECOS-Sud: “Se le dio la palabra al embajador (de Francia) de continuar con eso y se va a activar”, sostuvieron.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Este martes fue otro día agitado en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), principal organismo de financiamiento de la ciencia. Tras el desembarco de Natalia Avendaño, alfil del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, unos 1.200 becarios de posgrado vieron retrasado el cobro de sus estipendios y la Directora de Financiamiento Internacional de la Agencia, Silvia Oliver, fue desplazada de su cargo. 

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló que, a pesar de la crisis financiera que vive el organismo y del discurso oficial de “no hay plata”, la Agencia retiene al menos US$53 millones de préstamos multilaterales. Horas después de la publicación de la investigación, la presidenta del organismo, Alicia Caballero, renunció a su cargo, dejando como saldo 80 despidos y un directorio sin conformar, tras la renuncia en masa de los directores del organismo en marzo.

Luego de la renuncia de Caballero, la alfil de Francos que manejaba “la caja” de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, desembarcó en el organismo. elDiarioAR contó este lunes que los investigadores creen que la subordinada del jefe de Gabinete llega a la Agencia para aplicar de lleno el modelo libertario, tras casi diez meses de parálisis y fondos millonarios pisados por el poder político. Durante la tarde del lunes, se conocieron los primeros efectos de la nueva presidencia en el organismo: alrededor de 1.200 becarios vieron paralizado el cobro de sus estipendios.

“La verdad es que ya no tenemos ninguna certidumbre, sinceramente han sido muchos los ataques a la Agencia. Desde los no aumentos a las becas, la parálisis de subsidios, los cambios de autoridades, es muy difícil tener alguna garantía de que haya alguna solución pronta”, sostuvo Francisco Gelman Constantin, becario de postdoctorado de Agencia y delegado de ATE-Conicet.

El delegado relató que los más de mil afectados no reciben actualización salarial desde mayo, por lo que quedaron debajo de los becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). En su mayoría, los afectados recibían una beca inicial para concretar un doctorado y debían cobrar el pasado 5 de octubre $786.000 mientras que los postdoctorales debían recibir $950.000.

Las áreas que abarcan los becarios de la Agencia van desde ingeniería, ciencias médicas, naturales y sociales, hasta humanidades. Según Gelman Constantin, “son becas que se aplican en todas las universidades y los centros propios del Conicet y también en el Instituto Antártico y en hospitales”.

Los cobros debían realizarse el día 5 de cada mes, con posibilidad de corrimiento de uno o dos días máximo. Al ver que pasaban las horas y los pagos no se concretaban, los becarios se contactaron con la presidencia de la Agencia y con FONCyT, el fondo de la Agencia que financia las becas. 

Según Gelman Constantín, la primera respuesta que recibieron los becarios el día lunes fueron dilatorias: “Al principio lo que decían era ‘escríbanle a tal sector de agencia’ o ‘escriban a las instituciones que gestionan las becas dentro de cada universidad’, como buscando otros destinatarios”, y agregó: “Al final del día, a las 7 de la tarde, nos responden desde la Unidad de Becas que estaban al tanto de la demora y que era por el cambio de autoridades en la Agencia”.

Durante el mediodía del martes, una comitiva de becarios y referentes de ATE-Conicet entregaron una carta formal en las puertas de la Agencia, pidiendo el pago inmediato de los estipendios que se paralizaron. “Exigimos el pago de nuestros estipendios en tiempo y forma, debiendo ser este el día 5 (cinco) de cada mes, como lo anuncia la web oficial de Agencia”, sostuvieron en el escrito.

Asimismo, pidieron por la “actualización de los estipendios de acuerdo a los aumentos establecidos para la Administración Pública Nacional, en iguales condiciones” que a los becarios del Conicet, “que realizan el mismo trabajo y tienen las mismas obligaciones”.  

Por último, los becarios sostienen en el escrito que “resulta insuficiente una respuesta compuesta sólo de expresiones de buenas intenciones”. “Necesitamos acciones comprometidas a respetar los acuerdos y normas establecidos que nos vinculan mutuamente”.

Cerca del mediodía del martes los becarios comenzaron a recibir sus estipendios, aunque sin la actualización solicitada. Mientras tanto, los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICTs) que debían comenzar este año siguen sin recibir financiamiento. 

La UDI de elDiarioAR pudo establecer que por cada dólar que la Agencia I+D+I ejecutó durante 2024, hay US$3,93 que retiene en las cuentas bancarias.

Un rol clave, sin firma

Este martes elDiarioAR se comunicó con la Secretaría de Ciencia y Tecnología para consultar la situación de Silvia Oliver, quien tiene más de 25 años de trabajo en la Agencia a cargo de la Dirección de Financiamiento Internacional. Oliver era la encargada de firmar los pagos a los becarios. La respuesta de la Secretaría fue que Oliver está en planta permanente, pero que “no tiene más el cargo ahora”. 

La dirección que tenía a cargo Oliver cumple con el objetivo de combinar diversos reglamentos de aplicación de fondos, fuentes de financiamiento y su distribución a más de 100 instituciones. En síntesis, es la columna vertebral de la gestión financiera y operativa de cobros y pagos.

Una fuente con conocimiento del organismo sostuvo que Oliver era el último eslabón en la cadena de firmas, motor y cuidadora del cumplimiento sistemático con los becarios. 

ED