Los planes de ajuste y reformas del gobierno de Javier Milei avanzan y la oposición comienza a reagrupar sus filas y reorganizarse. Mientras el PRO evalúa la posibilidad de entablar una alianza con La Libertad Avanza, el Partido Justicialista (PJ) buscará empezar a coordinar, este fin de semana, una estrategia que le permita erigirse como la principal fuerza opositora a las políticas de desregulación económica del Presidente.

Hoy, dirigentes del peronismo se reunirán en la provincia y Ciudad de Buenos Aires para empezar a discutir los pasos a seguir y la renovación de la conducción partidaria podría ser una de las primeras medidas. La llegada del exmandatario Alberto Fernández a la Argentina, luego de que se mudara a España junto a su familia hace dos meses, podría ser la oportunidad perfecta para avanzar en esa dirección.

Y es que, desde que dejó la Casa Rosada, el expresidente y actual titular del PJ nacional se mantuvo alejado del ojo público lo que dejó al espacio sin una conducción firme frente al avance de Milei. Ahora, el peronismo baraja las alternativas posibles para salir de la pasividad de los últimos meses y, en el proceso, también podría caer Máximo Kirchner.

El diputado nacional lidera actualmente el PJ bonaerense, que se reunirá hoy a las 11 en el predio del establecimiento Museo Campo de Cañuelas con una “agenda abierta” que podría incluir el recambio de autoridades para desplazar a La Cámpora de la conducción.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, es uno de los principales dirigentes que aboga por esta renovación. “El PJ bonaerense está acéfalo porque es el principal partido opositor y está inmóvil ante los problemas que tiene la gente como el aumento del boleto y de los servicios. En estos meses, solo sacó 3 comunicados y nada más. El PJ bonaerense está paralizado”, expresó a Télam en favor de la renuncia de Máximo Kirchner, con quien mantiene una disputa judicial por la metodología y fecha de su asunción.

El legislador de Unión por la Patria también deberá enfrentar la resistencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien varios integrantes del partido consideran como el candidato ideal para dirigir al PJ e incluso para representarlo en los comicios nacionales del 2027.

Lo cierto es que en los últimos meses, el mandatario bonaerense se convirtió en la voz cantante de la oposición a las medidas de desregulación económica y recorte del gasto público impulsadas por la administración libertaria. A menos de dos semanas de iniciar su segundo mandato al frente de la provincia, convocó a dirigentes del peronismo en la ciudad de La Plata para coordinar la resistencia al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y la devaluación pautada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Tenemos el compromiso y la responsabilidad de representar a toda una provincia frente a este plan de ajuste, frente al apretón fiscal, monetario y una devaluación muy fuerte que descalibra los ingresos de los sectores populares”, había asegurado oportunamente Kicillof. Esta actitud, sumada a la rápida convocatoria, parecería alejar al gobernador de esa inacción que algunos dirigentes le atribuyen a Kirchner.

No es menor tampoco que, en septiembre del año pasado, el mandatario bonaerense haya llamado a “componer una nueva (canción)” en una metáfora que, sin dudas, apuntaba a un recambio en el liderazgo partidario. Esa declaración ya había sacado algunas chispas con el diputado, que rechazó de cuajo la insinuación de Kicillof.

Ahora, el exministro de Economía de Cristina Kirchner podría redoblar la apuesta y volver a presionar por un cambio. Esta semana, funcionarios cercanos al gobernador, intendentes del PJ tradicional y algunos representantes del kirchnerismo duro se reunieron en La Plata y se prevé que, de manera conjunta, pongan límites y condiciones a la conducción del hijo de la expresidenta.

Alejado de las internas bonaerenses, el PJ porteño se reunirá hoy a las 11 en un cabildo abierto para delinear el “plan de acción” en respuesta a las políticas de Javier Milei y Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad. Más temprano, sesionará el congreso metropolitano local para, entre otras cuestiones, acordar una fecha para las elecciones internas que definirán al sucesor del senador nacional y actual líder Mariano Recalde.

En tanto, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a las 10.30, el espacio “Peronismo de la Soberanía” conducirá una jornada de debate bajo la consigna “la soberanía argentina por encima de todas las diferencias”. El sindicalista de Camioneros y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, y el Secretario General de la UTEP, Alejandro Gramajo, estarán a cargo de la inauguración del plenario.

Un plan similar tiene La Cámpora: hoy y mañana, realizará jornadas solidarias a nivel nacional bajo el lema “Poner el pecho para levantar la Patria. Con coraje, con fuerza y con amor”, una frase del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

Sergio Massa demora su retorno a la política tras la derrota en el balotaje

El excandidato presidencial de Unión por la Patria debía encabezar una cumbre del Frente Renovador este sábado, pero debió postergarla por “cuestiones personales”. Así, su reaparición en el escenario político a tres meses de haber perdido el balotaje contra Milei llegará recién el próximo 2 de marzo.

El encuentro, que iba a desarrollarse en la ciudad de Roque Pérez, pretendía lanzar “una nueva etapa” para el partido massista en el que buscará renovar su identidad desde una posición más alejada del kirchnerismo duro. El Frente Renovador pretende ganar mayor independencia con sus críticas al Gobierno nacional sin terminar de romper la alianza de los últimos años con el PJ.

Quien también se mantuvo alejada en los primeros meses de la gestión libertaria es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La semana pasada, con motivo de San Valentín, reapareció en escena con la publicación de un documento de 33 páginas titulado “Argentina, en su tercera crisis de deuda” en el que cuestionó la política económica de Milei.

ACM/JJD

Con información de Télam.

A pocos días de que comience el ciclo lectivo 2024, sólo cinco provincias planificaron 190 días de clase para el nivel primario, el piso acordado a finales de 2021. Así lo indica el último informe de Argentinos por la Educación “Calendario Escolares 2024” que compara el tiempo de cursada previsto por cada provincia a la luz de lo establecido en la Ley de 180 días de clase (2003) y la 112° asamblea del Consejo Federal de Educación.

El documento revela que, este año, sólo Corrientes, con 192 días, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Salta y Entre Ríos ─todas, con 190 días─ diseñaron calendarios escolares que cumplen con la meta estipulada por el CFE en octubre de 2021. En aquella oportunidad, se acordó un piso mínimo de 190 jornadas de clase para recuperar la pérdida de aprendizajes derivada de la instrucción a distancia durante la pandemia de Covid-19.

Desde entonces fue aumentando el número de provincias que prevén 190 días de clase y, en 2023, se alcanzó un pico máximo con seis provincias. Como es evidente, pese a la reciente suba, todavía resta un largo camino que recorrer en esta dirección.

Ahora, si bien la mayoría de las provincias no cumplen con lo acordado por el CFE, todas ellas contemplaron el piso establecido en la Ley 25.864. Sancionada en 2003, la normativa fija un calendario escolar mínimo de 180 días de cursada a nivel nacional y recién este año se logró que la totalidad de las jurisdicciones adhieran a este compromiso.

“El cumplimiento de la Ley 25.864 de los 180 días de clase es una buena noticia para nuestras escuelas, si bien llama la atención los tiempos que requiere la concreción de este tipo de acuerdos en el sistema educativo. El establecimiento de pautas mínimas nacionales aporta a la garantía del derecho a la educación de nuestros chicos. El rol del Estado nacional y de organismos como el Consejo Federal de Educación es fundamental para que el carácter federal de la educación no derive en inequidades entre estudiantes de distintas provincias”, planteó Gustavo Romero, vicerrector del Colegio Nacional Buenos Aires.

En 2020, sólo diez provincias contaban con ciclos lectivos de al menos 180 días, cifra que fue incrementándose progresivamente. En 2021, ascendió a 14 jurisdicciones; luego a 21 en 2022, 23 el año pasado y, finalmente, 24 actualmente.

De igual modo, en los últimos años, se incrementó la cantidad de días promedio de clase planificados a nivel nacional. En 2020, la media no superaba el mínimo de la ley 25.864: era de 178,3 días. En 2021, creció a 180,3, y los dos años siguientes a 183,7 y 185,5 jornadas. Para 2024, el promedio se ubica en 187 días.

Solo ocho provincias permanecen por debajo de la media nacional: Jujuy y Tierra del Fuego planificaron 186 días de clase, Catamarca y Chubut, 185; y Santa Cruz, 183. En tanto, Río Negro y Santiago del Estero prevén calendarios con 182 jornadas de cursada, mientras que, en el caso de Neuquén, el número desciende a 181.

“El seguimiento de los calendarios de clases para la escuela primaria a lo largo de los últimos cinco años revela que, paulatinamente y con menos prisa de la que muchos quisiéramos, los gobiernos van tomando mayor conciencia de la importancia de que la cantidad de días efectivos de clases es el pilar sobre el que se puede construir una mejor educación”, señaló Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y coautor del informe junto a Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén.

Y agregó: “Todos somos en alguna medida responsables de que no se cumplan las leyes y normas educativas, pero quienes deben implementarlas no deberían transgredirlas a priori, sobre todo en un contexto en el cual se avecinan probablemente conflictos gremiales en numerosas jurisdicciones que provocarán que muchos estudiantes argentinos se vean una vez más imposibilitados de ejercer un derecho constitucional: el de educarse”.

Ante la falta de negociaciones paritarias para docentes, gremios de este sector que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) ya convocaron a un paro para el próximo lunes 26 de febrero. Reclaman por la desactualización de los salarios y la reciente eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

De concretarse, la medida de fuerza podría demorar el inicio del ciclo lectivo 2024 ya que, en algunas jurisdicciones, el comienzo de las clases estaba previsto para esa misma fecha.

ACM/JJD

A medida que la desregulación económica avanza, la conflictividad gremial y el malestar por la caída de los ingresos continúa aumentando. Hoy, líneas ferroviarias de todo el país paran durante toda la jornada en reclamo por la desactualización de los salarios del sector frente a la escalada de precios que, entre diciembre y enero, superó el 45%. “No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que perdimos por el aumento inflacionario, se trata de una actualización”, indicó Omar Maturano, secretario general del gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas de trenes nacionales.

Si bien la medida alcanza a los ferrocarriles de todo el país, algunas líneas de larga distancia continúan funcionando con normalidad, como es el caso de los trenes a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba. Desde el sindicato acordaron no suspender este servicio “para no perjudicar a la gente que ya sacó los boletos y, aunque le reembolsen, después no van a poder comprar el boleto por los aumentos”.

Y es que, desde el Gobierno nacional, ya anunciaron incrementos de hasta 70% en los cuadros tarifarios de trenes locales, interurbanos y de larga distancia, que comenzarán a regir a partir del 1º de marzo. Con estas subas, algunos pasajes superarán los $10.000.

En un comunicado, La Fraternidad informó que las molestias que el público usuario sufre el día 21 “es única, total y absoluta responsabilidad del Gobierno Nacional”, que en desconocimiento de la Legislación vigente, no convocó a las partes a la conciliación obligatoria. Está legislación obliga a las partes en conflicto a debatir 15 días hábiles, más cinco días más, para arribar a solucionar el tema en cuestión, siendo el Estado moderador del debate. El Gobierno Nacional no puede desconocer la Ley que defiende a los usuarios y establece un método conciliador, por lo que su actitud viola la Paz Social, los Derechos Constitucionales y agravia a los usuarios y a los trabajadores ferroviarios en general“.

Refuerzan el servicio de colectivos

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) informó que se reforzó el servicio de colectivos, ante el paro de trenes a nivel nacional.

A través de un comunicado por redes sociales, la Asociación destacó que, a pesar de las limitaciones previas, se toman todos los recaudos posibles.

“Las empresas pertenecientes a AAETA están reforzando los servicios de las líneas afiliadas, que son aledañas a los servicios de FFCC”, indicaron.

Además, destacaron: “Esto es dentro del marco de limitaciones previas, sumado ahora a la demanda adicional, pero se están tomando todos los recaudos a nuestro alcance ante esta contingencia sobre los servicios ferroviarios suburbanos”.

El paro efectuado por La Fraternidad, sindicato de maquinistas de trenes, durará 24 horas y es llevado a cabo por la falta de avances en la discusión paritaria del sector.

En un comunicado, el gremio conducido por Omar Maturano subrayó que “las molestias que el público usuario sufre son única, total y absoluta responsabilidad del Gobierno nacional, que en desconocimiento de la Legisla

Seguidilla de reclamos

El paro de La Fraternidad podría abrir una nueva seguidilla de reclamos contra las medidas de ajuste y desregulación económica de la gestión libertaria. “Pretende que esa libertad de la que habla, que no sé si es liberalismo, neoliberalismo o libertarianismo, nos lleve a un 80% de pobres y un 20% de ricos como pasaba antes de 1943”, cuestionó Maturano, para quien la Confederación General del Trabajo (CGT) debería convocar a un nuevo paro general.

La central obrera se movilizó por última vez el pasado 24 de enero, a 45 días de la asunción presidencial de Javier Milei, en contra de la reforma laboral y el ajuste planteado por el economista en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Si bien aún no han confirmado una nueva medida de fuerza del mismo calibre, sus dirigentes evalúan la posibilidad de llevar a cabo una huelga general en los próximos días por los conflictos gremiales, la reciente desregulación de las obras sociales y la decisión del gobierno de fijar unilateralmente el salario mínimo vital y móvil ante la falta de acuerdo con representantes gremiales.

“La conflictividad está creciendo cada vez y está siendo por actividades, que seguramente terminará en una (medida de fuerza) general. Por ejemplo, esta semana está llamado a un paro por parte de conductores de trenes a mediados de semana. Esto va a empezar a suceder en muchos lados”, advirtió Jorge Sola, secretario de Prensa y Comunicación de la CGT.

Tal como señaló, a la protesta de esta semana de trabajadores ferroviarios, se suma ahora un paro nacional docente convocado para el próximo lunes 26 de febrero, día para el que estaba previsto el inicio del ciclo lectivo 2024 en varias jurisdicciones del país. La huelga fue acordada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) ante la falta de negociación paritaria para este sector.

Si el Gobierno nacional no llama a la discusión de un nuevo piso salarial antes del jueves 22, dichos gremios de la CGT llevarán adelante la medida de fuerza, a la que podrían plegarse también sus pares de CTERA.

En este contexto, lejos de buscar conciliar con los sindicatos docentes, desde la administración libertaria buscan redoblar la apuesta y frenar las protestas declarando la educación como servicio esencial. Se trata de una iniciativa que integraba el paquete de reformas propuesto en la ley ómnibus que el Gobierno decidió retirar del Congreso ante la falta de apoyo de algunos sectores de la oposición dialoguista durante la votación en particular.

Ahora, buscará reflotarla para evitar que se retrase el inicio de clases a nivel nacional, sin verse obligados a abandonar su tesitura respecto de la responsabilidad de los gobernadores en la actualización y el pago de los salarios de los maestros y la consecuente eliminación del Fondo de Incentivo Docentes (FONID).

Mientras continúa el conflicto docente, el Poder Ejecutivo Nacional ya convocó a otros sectores para negociar paritarias. Hoy, se reunirá con otros gremios ferroviarios a las 10 en la sede del ex Ministerio de Trabajo para discutir la actualización del salario. La Unión Ferroviaria (UF), la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) buscarán “continuar con las negociaciones pendientes, esperando allí poder concretar un acuerdo acorde que permita seguir sosteniendo el poder adquisitivo del salarial, en esta difícil situación económica que se está viviendo”.

ACM con información de agencias.

A casi seis meses de haber quedado afuera de la carrera presidencial ─tras la derrota ante la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las elecciones primarias (PASO)─, el exjefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta volvió al ruedo. Este martes, viajó a San Luis para reunirse con el gobernador, Claudio Poggi, e inició, así, una nueva gira por el país, ya no como candidato pero con planes de volver a serlo.

“Mi vocación por cambiar la Argentina no depende de un puesto o una elección. Por eso, visité San Luis para trabajar junto a Claudio Poggi y aportar mi experiencia en gestión, para que desde la gobernación se puedan hacer los cambios que la provincia necesita”, dijo el exalcalde de la Ciudad en su cuenta de X (ex Twitter).

Durante la reunión, Rodríguez Larreta dialogó con el gobernador puntano durante más de una hora sobre educación, seguridad y salud. Él las considera caballitos de batalla de su gestión (2015-2023): sigue resaltando que durante la pandemia de COVID-19 luchó por la lucha por la apertura de las escuelas en pleno el aislamiento y la campaña de vacunación.

Tras la foto con Poggi, este martes se reunió con Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza. El sobrino del exgobernador (2019-2023) y senador nacional Rodolfo Suárez fue uno de los pocos dirigentes mendocinos que se inclinó a favor del exjefe de Gobierno porteño en la interna que desgastó a Juntos por el Cambio durante la campaña electoral 2023.

El diálogo y el llamado a generar consensos sobre políticas para el desarrollo fueron las piedras angulares de la campaña del líder del ala moderada del PRO. Si bien esta narrativa no le permitió cultivar un gran porcentaje de votos ─obtuvo 11,11%─, Rodríguez Larreta no abandonó ese posicionamiento, que sigue siendo su eje discursivo.

Por el contrario, durante el primer mes de gobierno de Javier Milei, exigió un mayor grado de debate con los legisladores y gobernadores, aunque evitó criticar abiertamente al mandatario libertario. “Las reformas sólo van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen la solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción. Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo”, expresó el pasado 21 de diciembre tras la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la desregulación de la economía.

La conducción del partido

Su distanciamiento respecto del actual presidente de la Nación podría posicionarlo como una alternativa para la conducción del PRO. Tras asumir como ministra de Seguridad, Bullrich, actual titular del partido, anunció que convocaría a elecciones para definir a su sucesor. El nombre que más resuena hasta el momento para sustituirla es el del expresidente Mauricio Macri ─quien ya recibió el apoyo de dirigentes amarillos a nivel subnacional─ pero no se descarta que el exjefe de Gobierno se termine postulando en representación de las palomas. Sin embargo, aún no ha brindado definiciones públicas al respecto y permanece enfocado en compartir su experiencia de gestión con mandatarios locales.

Así, retoma la actividad política luego de unos últimos meses con baja exposición pública. Luego de coordinar el traspaso de mando con Jorge Macri y negociar algunas posiciones clave para sus aliados en el nuevo gabinete porteño, Rodríguez Larreta se mantuvo alejado de las cámaras y viajó a Punta del Este para vacacionar junto a su pareja, Milagros Maylin.

Ahora, reanudará sus recorridas por el país ─que continúan este jueves en la provincia de Santa Fe─ y parece dispuesto a rectificar uno de los puntos débiles de su campaña, según él mismo advirtió en una entrevista con Luis Novaresio para La Nación +: el poco tiempo que pudo compartir con los ciudadanos de algunas localidades del interior del país por la vorágine del período electoral.

En un video compartido a través de la red social Instagram, el exalcalde porteño explicó que, más allá de las reuniones con autoridades locales, sus recorridas también le permiten conversar con productores, emprendedores y Pymes de distintos puntos del país para conocer en mayor profundidad su trabajo y coyuntura.

Este es el caso, por ejemplo, de la Olivícola LAUR, una productora mendocina de aceite de oliva premiada a nivel mundial, que visitó este miércoles y le permitió sentar posición pública respecto del reciente debate en torno a las retenciones a las economías regionales. “En Argentina podemos generar producción con alto valor agregado, para eso necesitamos gestionar en beneficio de estos emprendimientos que son un orgullo para el país”, escribió en sus redes sociales.

ACM/JJD

Pese a los avances de los últimos años, la brecha de género persiste y es notoria. Entre 2016 y 2023, las mujeres ganaron en promedio entre un 22% y 27% menos que sus pares hombres, pese a haber cursado la misma carrera y desempeñarse en la misma disciplina. Los datos surgen del último informe del Observatorio Argentinos por la Educación “Brechas de género: desde la escuela al mercado laboral”, que toma datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), del Relevamiento Anual del Ministerio de Educación, de las pruebas Aprender y del Sistema Araucano (una base de datos de la Secretaría de Desarrollo Productivo)

En 13 de 15 áreas laborales analizadas en el documento —elaborado por Ivana Templado (FIEL), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén─ las egresadas mujeres ganan, en promedio, menos que los graduados varones. Las únicas dos excepciones a esta tendencia son las Ciencias de la Información y la Comunicación y la Química, donde las mujeres ganan 1% y 6,3% más que los hombres, respectivamente.

Ahora bien, la diferencia de ingresos no sólo se da entre hombres y mujeres de una misma área laboral, sino que, además, se mantiene incluso siendo las mujeres quienes terminan en mayor proporción la universidad. Es decir, la brecha a favor de los varones permanece vigente incluso cuando son las mujeres quienes cuentan con mayor cantidad de años de formación. Esto refleja, como bien advierte María Edo, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, que la diferencia salarial ya no puede ser atribuida a cuestiones relativas al nivel educativo alcanzado por ambos géneros.

“Hace medio siglo las brechas de género en el mercado laboral se explicaban fundamentalmente por menores niveles educativos de las mujeres y discriminación entre los empleadores. Hoy en día, la mayor parte de la diferencia se debe a cuestiones relativas a la maternidad. ¿Revela esto una verdadera preferencia de las mujeres o es el reflejo de un estereotipo cultural? Responder a esta pregunta resulta crucial tanto en términos de equidad como de eficiencia”, planteó.

Por otro lado, si bien, como se mencionó anteriormente, hay mayor cantidad de graduadas universitarias mujeres, el número de estudiantes que llega al final de la secundaria en tiempo y forma es superior en el caso de los hombres que de sus compañeras. En promedio, de cada 100 varones que comenzaron primer grado en 2011, 14 de ellos llegaron al último año sin haber repetido o abandonado la escuela. En las mujeres, esa proporción cae al 12%.

Esto se debe a desigualdades en los niveles de aprendizaje de ambos géneros que pueden rastrearse desde la primaria. Según los resultados de las pruebas Aprender 2021, las mujeres suelen destacarse más en Lengua que sus pares hombres: tienen en promedio un puntaje 0,9% más elevado que el de los varones en todas las provincias a excepción de Santiago del Estero (-0,2%) y Chaco (-0,4%).

Como contrapartida, exhiben peores resultados que sus compañeros en Matemática: el promedio nacional muestra que las estudiantes mujeres obtienen puntajes 2,4% más bajos que los hombres, una proporción que se vuelve incluso más alta en algunas provincias como San Luis (3,2%) y La Pampa (3,1%).

Estas tendencias perduran y se profundizan en la secundaria. La diferencia en el desempeño en Lengua se amplía al 2,7% a favor de las mujeres, mientras que en el caso de Matemática, la brecha en los resultados entre hombres y mujeres alcanza 3,8% y son los primeros quienes obtienen mejores puntajes en todas las provincias del país.

Matemática es una de las materias troncales para finalizar los estudios obligatorios en tiempo y forma. Así, al ser las mujeres quienes tienen mayores dificultades en esta asignatura, son ellas las que enfrentan mayores obstáculos para egresar de la escuela media en tiempo teórico. El problema, como señalan desde Argentinos por la Educación, es que se ha normalizado aquella brecha de conocimiento por lo que no se están diseñando iniciativas educativas que permitan sortear estos obstáculos.

“A las mujeres les va mejor en Lengua y a los varones en Matemática. Este es un hecho, un dato ampliamente aceptado. La pregunta es, ¿por qué lo naturalizamos? Hoy sabemos que biológicamente no hay diferencias cognitivas de partida asignables al hecho de haber nacido varón o mujer. Pensar en políticas educativas que reviertan dicho sesgo es una forma de reducir a futuro esta y otras fuentes de desigualdad, que a su vez redundaría en un uso más eficiente de los recursos humanos del país”, advirtió Ivana Templado, coautora del informe.

Lejos de diseñar herramientas para cerrar esta disparidad, se ha asentado en la sociedad la idea de que las mujeres son más aptas para materias sociales o ciencias “blandas” mientras que los hombres tienen mayor talento para las ciencias exactas. Este estereotipo se refleja luego en las carreras elegidas mayormente por cada uno de los géneros y, en el largo plazo, podría impactar también en sus respectivos ingresos.

Así, el 83,4% de los graduados en Psicología hoy son mujeres y en las carreras de Letras e Idiomas, dicha proporción es del 82,9%. Por el contrario, en Ingeniería o carreras vinculadas a la Industria, existe una mayoría de graduados hombres: 74,7% y 64,8%, respectivamente. Considerando que, en la actualidad, hay una alta demanda de estudiantes de estas dos últimas áreas, cabe preguntarse si esta disparidad en la elección de carrera no impacta también en la brecha salarial.

Y resulta igualmente importante indagar también acerca de si la elección de la carrera de parte de las mujeres se debe a una preferencia personal o a un estereotipo social que ha ido internalizando con los años por la falta de políticas que contribuyan a su desarrollo en el área de las ciencias exactas. Sobre esto, Miguel Aguirre, Director de Ingeniería Electrónica del ITBA, explica que “si bien los estudios indican que hay una cierta tendencia de las mujeres a prevalecer en materias 'blandas', mientras que los varones suelen destacarse en matemáticas, debe considerarse que esas cifras son promedios, que no implican que las mujeres deban evitar carreras científicas como Ingeniería”.

“Como sociedad debemos alentar a que cada individuo, independientemente de su género, pueda realizar su sueño y desarrollar una vocación. Además, considerando que las carreras tecnológicas son muy necesarias para el desarrollo de nuestro país, es imprescindible llegar a una paridad de oportunidades y recompensas, lo que lentamente se va logrando”, señaló.

En este sentido, Aguirre celebró los nuevos programas que han adoptado algunas instituciones y empresas para alentar a las mujeres a involucrarse en carreras STEM. Más allá de estas iniciativas, aún queda un largo camino por recorrer para cerrar las brechas de género que aún siguen vigentes en materia educativa, salarial y laboral.

ACM/JJD

El aumento de la pobreza se ve reflejado en la situación de los comedores escolares, donde cada vez más chicos asisten para recibir el almuerzo: en ocho años, el número de alumnos que toma una de las comidas en la escuela creció 21%, una cifra que es mucho más dramática en los sectores más pobres, donde más del 45% de los estudiantes recurre al colegio para poder almorzar.

En 2022, un total de 1.860.000 alumnos de todo el país recibieron un almuerzo gratuito en sus escuelas públicas, según datos del último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Programas de alimentación en escuelas de gestión estatal”. La cifra es mucho más elevada de lo que era hace 8 años: en 2014, 323.000 alumnos utilizaban el programa de comedores escolares, lo que representa un incremento del 21% en menos de una década. Se trata de una suba que supera ampliamente el aumento de la matrícula que, para el mismo período, fue de sólo el 6%.

En el caso de los chicos que desayuna en la escuela también se registra un alza. En el plazo bajo análisis, subió un 21,3% de modo que, para 2022, ya había 2.843.000 de menores de edad que completaban su primera comida del día gracias a la escuela.

“Hemos observado que este refrigerio ha tenido un impacto positivo en los estudiantes, ya que es un factor importante en el desarrollo de los procesos cognitivos y en su rendimiento académico. Además, es una buena iniciativa para despertar en los jóvenes el interés por las prácticas de alimentación saludable y, en muchos casos, la generación o profundización de buenos hábitos”, explicaron desde la Fundación Agrupar, que ofrece becas en Goya, Corrientes.

El documento de Argentinos por la Educación ─también elaborado por Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén─ deja de manifiesto la importancia de los comedores escolares para el pleno desarrollo de los niños de sectores más vulnerables. Del total de estudiantes de entre 5 y 11 años que pertenecen al quintil con menor nivel de ingreso a nivel nacional, un 45,1% utiliza este servicio para almorzar en el establecimiento educativo o retirar una vianda de manera gratuita. En el caso del quintil más rico, esa proporción se reduce al 16,1%.

Si se analiza la situación de los adolescentes de entre 12 y 17 años, la brecha persiste. El 26,5% de los chicos más vulnerables asiste a un comedor escolar mientras que, para quienes cuentan con mayores recursos, el porcentaje cae al 7,7%.

“Los comedores escolares en contextos socioeconómicos difíciles cumplen un rol fundamental. Tienen en sus manos la oportunidad de alimentar saludablemente a las nuevas generaciones de argentinos, quienes en muchos casos se ven privados de ello en sus hogares. La alimentación sana contribuye también a los aprendizajes”, afirmó Cecilia Adrogué, coautora del informe.

Formosa y Córdoba, las provincias con más alumnos en comedores escolares

En un país federal como la Argentina, los programas de alimentación escolar dependen de las disposiciones de los gobernadores de modo que el nivel de inversión en este servicio y su cobertura varía de una provincia a otra. De hecho, el informe de Argentinos por la Educación revela que no existe un marco legal que permita unificar a nivel nacional las metas de ingesta de energía y nutrientes para que los estudiantes puedan lograr un aprendizaje adecuado.

Según datos del 2022, Formosa, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son las jurisdicciones con mayor proporción de beneficiarios de comedores escolares, con un alcance del 45%, 44% y 37% de su matrícula, respectivamente. Le siguen Entre Ríos (37%), Corrientes (36%) y Santa Fe (32%).

En el extremo opuesto, Misiones (10%), San Luis (9%), La Pampa (8%), Mendoza (7%) y Neuquén (7%) destacan como las provincias con menor cobertura. Santa Cruz es un caso incluso más extremo dado que ningún estudiante accede a este programa nutricional.

Las provincias deben trabajar para garantizar la disponibilidad de comedores escolares, especialmente en parajes rurales donde el derecho a la alimentación a veces encuentra obstáculos para su plena satisfacción.

“En la ruralidad, el acceso a una alimentación nutritiva y saludable se dificulta por cuestiones económicas o de aislamiento. Muchas veces, las infancias que habitan estos entornos se alimentan exclusivamente de las comidas que pueden ofrecer las instituciones educativas. En este sentido, los servicios de alimentación escolar son un facilitador para alcanzar una alimentación adecuada. Este es un aspecto más en el que las escuelas se encuentran invisibilizadas, y por el cual es necesario continuar trabajando para que las infancias accedan a su derecho”, planteó Sofía Moggia, secretaria de Grupo Tateti, una asociación civil de madrinas y padrinos de colegios rurales.

ACM/MG

“Un atraco a mano armada, un robo generacional que deja sin amparo a los jóvenes”. Así califica el economista José Ignacio Conde Ruiz al rumbo que está adquiriendo la política en España conforme avanza el envejecimiento poblacional. En su libro La Juventud Atracada, el autor revela cómo los adultos mayores continúan moldeando la agenda y el gasto público, relegando a un segundo plano las políticas de largo plazo para fortalecer el sistema educativo, la inversión en I+D, mitigar los efectos del cambio climático o terminar con la pobreza infantil. ¿Por qué estos temas de la agenda joven no reciben atención de los dirigentes políticos? ¿Qué consecuencias trae para el desarrollo sostenible de la sociedad? El autor habló con elDiarioAR sobre los cambios en la demografía política en España y la marginalidad de las nuevas generaciones en el debate público.

–¿Cómo surge la idea de escribir La Juventud Atracada?

–La motivación de este libro surge de ver que, concretamente en España, de donde soy yo, hay muy pocas cosas que se estaban haciendo para favorecer a los jóvenes. Y esto lo tengo muy claro porque tengo hijas que son jóvenes ahora y doy clases en la universidad. Yo veía que, de alguna manera, los jóvenes lo tenían peor que cuando yo era joven. Pero, al mismo tiempo, en España, hay una percepción contraria entre la gente de mi edad: decían “es que los jóvenes se quejan sin motivo”, “son una generación de cristal”, “no se esfuerzan”. Esta disyuntiva entre estos dos mundos paralelos me hizo empezar a hacer presentaciones, empezando a ver más los datos en profundidad, un poco para mostrar que efectivamente casi nada de lo que se hace favorece a los jóvenes.

–Recién mencionabas algunos prejuicios sobre los jóvenes. Se cree también que como colectivo son más apáticos políticamente. ¿Cuánto hay de cierto en eso y cómo se vincula con la falta de políticas que los favorezcan?

–No tengo tan claro los datos de Argentina como sí en Europa, pero yo lo que veo es que los jóvenes siempre votan menos. Su participación electoral siempre es inferior y esto también ocurría cuando yo era joven. Es una cuestión generalizada en todos los países del mundo. De hecho hay teorías que dicen que los jóvenes no tienen todavía el hábito del voto y que les cuesta saber más sobre política. Esto es algo que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora realmente los jóvenes son pocos. En los ‘80 o ‘90, al menos en España, los menores de 34 años eran el 35% del electorado. Ahora, aproximadamente, no llegan ni al 20%; son pocos con respecto a los más mayores. Y, además, tienen una agenda muy heterogénea. Los mayores lo que piden es que las pensiones suban todo lo que puedan y que no toques los impuestos, mientras que los jóvenes tienen una agenda mucho más diversa porque son mucho más heterogéneos: unos están empezando a estudiar, otros están terminando, otro se quiere independizar, otro tener un hijo. Ha pasado algo importante también que es que es bastante fácil llegar a los mayores porque se informan en los medios tradicionales como la radio, la tele, los periódicos, etc. Pero los jóvenes ahora se están informando a través de las redes sociales y los político no acaban todavía de entender. Entonces te encuentras un colectivo como son los jóvenes, que son pocos, que votan menos, que tienen unas demandas muy variadas y que encima te cuesta llegar a ellos porque no sabes manejar todavía bien las redes sociales. Todo eso hace que los políticos ─que según la literatura de los años ‘90 sólo quieren ganar las elecciones─ se centren más en los mayores que en los jóvenes.

–Hay muchas cuestiones que me interesan de lo que acabas de decir, pero me quiero enfocar en lo primero que resaltaste que es la baja participación electoral de los jóvenes. ¿Qué rol podría cumplir la educación cívica en las escuelas para fomentar el hábito de ir a votar?

–En España, hay una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía. Hay todo un debate en torno a ella sobre si te adoctrina, etc., no quiero entrar en detalle. Pero sí estaría bien una asignatura que te enseñara cómo funciona el país, cómo funciona la economía sin meterse en cuestiones ideológicas. Yo creo que esto sería útil hacerlo en los colegios, hacerlo neutro, no tratar de influir en los niños, pero sí hacer que entiendan el mundo. Hay países que han optado por incentivar el voto o hacerlo obligatorio, pero yo creo que esto también ayudaría. También es cierto que como ellos ven que no son determinantes en las elecciones porque no les hacen caso, eso ayuda a que no vayan a votar. Pero hay que trabajar para que los jóvenes se enganchen porque eso le da también legitimidad al proceso democrático que es el mejor sistema que conocemos al día de hoy.

–Comentabas recién que hay países que buscaron incentivar el voto. En Argentina, por ejemplo, los jóvenes están habilitados a votar a partir de los 16 años, pero en España pueden hacerlo a partir de los 18. ¿Cuánto crees que ayudaría una medida como esta?

–Es verdad que no vas a conseguir contrarrestar toda la demografía política de envejecimiento, pero sí que ayudaría pues que se pudiera votar a los 16 años. Es verdad que a esa edad en España se puede trabajar, tomar decisiones importantes, pero no los dejan votar. Para mí, es una cosa absurda. Nadie se plantea que una persona de 103 años, pueda votar, pero sí que un joven de 16 años pueda hacerlo. Sé que otros países de Europa ya lo han hecho y es un debate que tiene que entrar porque hay que hacer algo para intentar contrarrestar esa demografía política.

–¿Esa demografía política también se refleja en un envejecimiento de la dirigencia política?

–No he hecho un análisis de edad de los políticos, pero hay grupos como Podemos o Sumar que en principio representan a los jóvenes, pero luego las propuestas que hacen son más para los mayores: gasto hacia pensiones, muy orientado hacia la edad, no hacia las necesidades. Ellos aunque son jóvenes y son un partido que se preocupa por los jóvenes, saben que para ganar tienen que mantener contentos a los mayores. Entonces, al final, pues siempre hay dinero para los mayores y para los jóvenes siempre son partidas en las que se gasta poco. Nunca hay dinero para la educación, para luchar contra la pobreza infantil, nunca hay dinero para mejorar la emancipación, para ayudar a la vivienda para que puedan desarrollarse los jóvenes. Las políticas que afectan a los jóvenes siempre son residuales porque primero hay que satisfacer a los mayores.

–¿Esta situación también se daba cuando vos eras joven?

–Cuando yo era joven, en los ‘80, la política me estaba ayudando porque éramos un grupo muy mayoritario, pero ahora que soy mayor también me ayuda la política porque seguimos siendo muchos. Incluso la economía me ha acompañado toda la vida porque cuando estás en una fase de transición democrática, si las cohortes más grandes son las que están en edad de trabajar, la renta per cápita crece muy rápidamente. Financiar los servicios públicos es más fácil porque se hace con menos impuestos dado que son más los que están contribuyendo que los que no. Ahora estamos en una situación inversa en la que los jóvenes cuentan con que las cohortes más grandes se están jubilando con lo que ahora aumentar la renta per cápita es más complicado. Lo tienes que hacer aumentando la productividad, que todos sabemos que en España no crece, y las medidas que hacen que crezca la productividad son las que favorecen a los jóvenes. Es un poco la trampa de la productividad de los que votan: votan cosas para los mayores porque no se dan cuenta que haciendo cosas para los jóvenes se mejorará también la vida ellos, porque mejora la productividad.

–Esa trampa de la que hablas, ¿podrá romperse con la incorporación de jóvenes a la dirigencia política?

–Si lo hacen, pero luego sólo buscan el voto mayor, no se soluciona. No sé cómo es en Argentina, pero acá en España, faltan instituciones de jóvenes. En España todas las leyes tienen que tener un impacto de género, pero yo creo que en determinadas políticas que afectan a los jóvenes, tiene que haber un análisis de impacto joven o de justicia generacional. Hay que explicar muy bien qué impacto van a tener sobre los jóvenes o crear organizaciones que puedan dar la visión de este grupo. Estás hablando, por ejemplo, de cambios en las pensiones: bueno, pues, las pensiones las van a pagar los jóvenes. O cuando estás emitiendo deuda pública, eso es factura que tú no pagas ahora y que le pasas a los jóvenes. O problemas como el cambio climático. Yo creo que instituciones juveniles podrían al menos visibilizar el problema. Lo importante sería que los votantes mayores como yo puedan votar pensando en los jóvenes. Hay que empoderarlos, al igual que a las mujeres, porque son dos cimientos que están ahí y son importantes.

–Recién mencionaste cambio climático, que es uno de los temas centrales de la agenda joven a nivel mundial. ¿Qué otras banderas de este grupo destacarías?

–Yo creo que los jóvenes, como se informan en redes sociales, son una generación más global, es nativa digital. Está completamente conectada en todo el mundo. Entonces los jóvenes son muy militantes y participativos en cuestiones que importan a nivel global. Aquí, por ejemplo, a los jóvenes les llama mucho la igualdad de género, todo lo que son temas del colectivo LGBTI. Se ha avanzado mucho en temas de salud mental que era algo que en mi época no se podía casi ni citar. Hoy en día se ha normalizado gracias a ellos. Los jóvenes esta batalla la han ganado, lograron visibilizar este problema que estaba totalmente estigmatizado. Es que hay que gastar dinero para solucionarlo y es ahí otra vez donde vamos a ver si hay dinero para la agenda joven. Pero, si te das cuenta, son todos temas transversales y globales. En cambio, la política local les cuesta más, los políticos tampoco están donde ellos están.

–Traigo a colación un fenómeno global que se fue consolidando en los últimos años que es el avance de la ultraderecha en política. En general muchos de estos partidos o líderes no le dan atención o incluso niegan muchos de estos temas de la agenda joven. Me pregunto entonces si hay algún tipo de vínculo entre el envejecimiento del electorado y el éxito que está teniendo la ultraderecha.

–Yo creo que tiene que ver indirectamente. El envejecimiento te genera nuevos problemas en la economía, porque, como te digo, es más difícil crecer, más difícil que la gente note que está mejorando. Y la ultraderecha aprovecha el populismo para hacerle creer a la gente que los problemas se solucionan de maneras que sabemos que no se van a solucionar. Al electorado le cuentan una historia y entonces van ganando peso, van ganando fuerza porque hay problemas muy difíciles de solucionar que, además, los partidos tradicionales no se atreven a solucionar porque tienen que satisfacer al voto mayor. Entonces, como no se solucionan, la ultraderecha culpa a los políticos y se inventa recetas falsas que la gente cree porque la está pasando mal. El malestar, no lo había pensado así antes, pero puede ser que sea debido a que como tú te guías por los mayores no hay dinero para solucionar los problemas de largo plazo que al final son los mejores.

ACM

El próximo 10 de diciembre se cumplen 40 años del retorno al régimen constitucional y del famoso discurso del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el que aseguró que “con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Su frase, sin embargo, está lejos de ser una realidad hoy en día en tanto son cada vez más las personas que caen por debajo de la línea de pobreza e indigencia y se ven privadas de todo acceso a una educación y alimentación adecuada. Y, en aquellos hogares con niños, esta vulnerabilidad es incluso mayor.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) puso de manifiesto esta deuda al indicar que “desde el regreso democrático, no se pudo nunca reducir la pobreza infantil por debajo del 30%”. Lo cierto es que no sólo no se logró reducir esta proporción, sino que llegó a casi duplicarse: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el primer semestre de 2023, el 57% de los niños, niñas y adolescentes vivía en situación de pobreza.

Como subrayan especialistas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la situación es crítica, pero podría ser incluso más aguda sin la intervención estatal mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Programa Alimentar y las asignaciones familiares. En ausencia de políticas de transferencia de ingresos, la pobreza entre este grupo sería incluso 3 puntos más alta, y la indigencia ─que hoy afecta al 14,3% de los menores─ 10 puntos más elevada.

Pese a este rol central, las medidas de protección social hoy son insuficientes. “En pandemia, se expandió mucho más la asistencia a primera infancia y eso después se consolidó con la crisis, pero todavía no alcanza a cubrir todo el universo de niños, niñas y adolescentes”, explicó Celeste Fernández, docente y abogada de ACIJ. Según estimaciones de la organización, hoy en día más de un millón de menores se encuentran excluidos de toda prestación de asistencia. En algunos casos, esto se debe a cuestiones normativas como puede ser la falta de documentación en el caso de familias migrantes. En otros, se deriva de una falla del Estado en materia de información: muchos menores no están identificados en los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La situación tampoco es sencilla para aquellos jóvenes identificados de entre 15 y 17 años. Este grupo etario sólo está alcanzado por la AUH, cuya efectividad para satisfacer necesidades alimentarias se fue restringiendo en los últimos tres años. En 2021, el monto de la prestación alcanzaba para cubrir un 47% de una canasta básica alimentaria (CBA), proporción que cayó a 43,6% en 2022 y a sólo un 37,5% en los primeros seis meses de 2023.

Los menores de 14 años cuentan con mayor protección, aunque la insuficiencia de los programas persiste. Este sector percibe tanto AUH como el Programa Alimentar, que de manera conjunta, permitieron durante el primer semestre de este año, cubrir el 77% de la CBA. En 2022, ese porcentaje era del 85,6% y en 2021, llegaba al 94,7%.

La brecha entre los menores de 14 años que reciben ambas transferencias y los adolescentes beneficiarios únicamente de las AUH deja de manifiesto la importancia del Programa Alimentar en los esfuerzos por garantizar los derechos contemplados en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero, a pesar de su importancia, la prestación no está amparada por ninguna ley.

Actualmente, la prestación está regulada por resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo cual suscita sospechas respecto a cuál sería su destino ante una eventual eliminación de la cartera, una de las propuestas que surgió en el marco de la campaña electoral por los comicios generales del 22 de octubre. “Es muy grave; hoy no sabemos qué va a pasar con la política”, advirtió Bárbara Zanino, abogada especializada en niñez de la ACIJ. La pregunta que subyace detrás de esta preocupación más inmediata es cómo la continuidad y vigencia de una política que ayuda a cubrir alrededor del 40% de la CBA puede depender de la decisión discrecional del partido político en ejercicio.

En este marco, ACIJ a aboga por la jerarquización y ampliación de la cobertura del Programa Alimentar. Se trata de una iniciativa que busca regular la asistencia mediante una ley que estipule una fórmula trimestral de actualización ─tal como sucede con las asignaciones familiares─ e incluya a los adolescentes de entre 15 y 17 años, que hoy en día están muy lejos de poder acceder a la CBA. Según sus estimaciones, adoptar una política de estas características representaría apenas un costo equivalente al 0,15% del PBI a valores del 2023.

Esta propuesta podría erigirse como un primer avance en materia social a fin de mitigar los efectos de la inflación en la infancia. Sin embargo, para la organización también resulta de vital importancia garantizar que la AUH alcance a cubrir la totalidad del valor de la CBA para prevenir la indigencia a tan corta edad y que la prestación se extienda hacia aquellos beneficiarios de primer tramo de las asignaciones familiares. Estas reformas implicarían una inversión del 0.74% del PBI, un monto inferior al dinero que deja de recaudar el Estado por la quita del impuesto a las ganancias a los sectores de mayores ingresos (0.83% del PBI).

ACM

Con 46% de los chicos de tercer grado que no comprende lo que lee y sólo un 13% de los estudiantes que termina su instrucción secundaria a tiempo y con los conocimientos adecuados, la calidad de los aprendizajes de los alumnos argentinos cae cada año un poco más. Y aunque el retroceso afecta a todos, en algunos casos, golpea más fuerte que otros: la brecha entre quienes tienen mejores y peores desempeños se amplió en la última década y convirtió a la Argentina en uno de los países con mayor desigualdad educativa de Latinoamérica.

Así lo muestran los resultados de las evaluaciones TERCE 2013 y 2019 de la UNESCO relevadas por el Observatorio de Argentinos por la Educación en su informe “Desigualdad y aprendizajes. Comparaciones entre Argentina y América Latina”. El estudio se realizó en función de las evaluaciones de Lengua y Matemática que tomó la Unesco en 14 países de la región a los alumnos de tercer grado a lo largo de esos seis años, es decir que no incluyó el facto de la pandemia. A partir de esos datos, se midió la calidad de los aprendizajes en dos competencias básicas para la correcta inserción laboral y desarrollo de los estudiantes como Lengua y Matemática mientras que, a través del coeficiente de Gini, se mide la dispersión de los puntajes obtenidos en las pruebas estandarizadas. Y, para ambas asignaturas, la brecha de aprendizajes entre los alumnos debería activar alarmas entre los dirigentes nacionales.

Lengua encierra las mayores desigualdades: de un total de 14 países bajo análisis, en 2019, Argentina se encuentra en el puesto 13°, un retroceso de 2 posiciones respecto de la evaluación llevada a cabo en 2013. Sólo Paraguay presenta una brecha más amplia en materia de comprensión lectora y prácticas del lenguaje. Sin embargo, a la situación a nivel nacional ─como si no fuera lo suficientemente preocupante ya─ debe sumarse el hecho de que el promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes en esta asignatura se redujo.

Una situación similar puede observarse en lo que respecta a Matemática. Si bien la ampliación de las desigualdades no fue tan drástica como en el caso de Lengua ─en tanto Argentina pasó de ocupar el puesto 10° en 2013 al 11° en 2019─, el desempeño promedio en esta asignatura también disminuyó. De este modo, no sólo aumentó la dispersión para ambas materias, sino que, además, el rendimiento general de los estudiantes cayó.

Y es esperable que la situación haya empeorado en los últimos años. El documento de Argentinos por la Educación, con autoría de Montserrat Serio (Universidad Nacional de Cuyo), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén, sólo contempla los resultados educativos pre pandemia. El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y la instrucción a distancia derivadas del COVID-19 obligaron a padres a adoptar roles docentes para los que no necesariamente están preparados. La diferencia en la calidad de las enseñanzas que pudo impartir cada familia ciertamente podría contribuir a ampliar la brecha entre el alumnado.

“En la medida en que una mayor desigualdad e aprendizajes se convierte en mayor desigualdad en la distribución del stock de capital humano, las perspectivas de desarrollo dejan de ser muy optimistas”, advirtió Gustavo Maradona, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo.

Lo cierto es que Argentina hoy es uno de los países con menores desigualdades en términos de ingreso en toda la región: se encuentra en el 4° puesto del total de 14 países incluidos en el estudio. Sin embargo, dado que la educación está fuertemente asociada a los ingresos de una persona en su vida laboral, es posible que la brecha actual se traduzca en una mayor dispersión de los ingresos en los años por venir.

“La educación es la herramienta de política social más eficaz para superar la pobreza y lograr una efectiva movilidad social. Sin embargo, sus efectos transformadores pueden ser fuertemente condicionados o aun neutralizados en presencia de resultados educativos bajos, junto a niveles altos y crecientes de desigualdad de los aprendizajes”, agregó Maradona.

En la misma línea se expresó David Jaume, afiliado al Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata. “El acceso universal a una educación de calidad es uno de los principales factores para que los individuos puedan desarrollar todo su potencial, mejorando sus ingresos, accediendo a mayores oportunidades y participando de una sociedad más cohesionada e igualitaria”, subrayó antes de poner el foco en las crecientes dificultades que atravesará el país.

“Argentina se ubica entre los países más desiguales de América Latina en términos de resultados educativos y, además, con mayor deterioro en su nivel promedio. Si bien el país todavía se ubica entre los de menor desigualdad de ingresos de la región, resulta preocupante que las desigualdades educativas de hoy se traduzcan en una mayor desigualdad de ingresos (y oportunidades) en el futuro”, planteó.

“Que las desigualdades educativas se hayan profundizado entre 2013 y 2019 debe ponernos en alerta: la desigualdad en los aprendizajes refleja inequidad en las oportunidades y refuerza la brecha de ingresos futura, dándonos una idea de qué esperar. En efecto, cuanto más dispares sean los conocimientos y las habilidades con las que se van los chicos del sistema educativo, mayores serán las desigualdades en los ingresos que obtendrán luego en el mercado laboral y más fragmentada se encontrará la sociedad en el futuro”, sumó Emmanuel Vázquez, investigador senior del CEDLAS.

"En la medida en que una mayor desigualdad e aprendizajes se convierte en mayor desigualdad en la distribución del stock de capital humano, las perspectivas de desarrollo dejan de ser muy optimistas

Gustavo Maradona

ACM/MG

“Tu problema es que no te interesa gobernar CABA, te interesa tener seguidores en las redes sociales”. Así cuestionaba Leandro Santoro al legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra durante el Debate Ciudad. Esta no fue la única chicana que se escuchó este miércoles por la noche. Por el contrario, en el encuentro de los cuatro candidatos a jefe de gobierno de CABA abundaron las acusaciones cruzadas y, en algunos casos, brillaron por su ausencia las propuestas concretas para resolver los principales desafíos que mantienen en vilo a la ciudadanía porteña.

Con alocuciones vacías de contenido programático, Marra siguió la línea de su líder a nivel nacional, Javier Milei, y buscó polarizar fundamentalmente con el candidato de Unión por la Patria. Entre cruces con Santoro y la postulante del Frente de Izquierda, Vanina Biasi ─y confiado en un eventual balotaje contra Jorge Macri─ evitó confrontar con el ex intendente de Vicente López y actual ministro de Gobierno de la Ciudad, quien sí fue señalado con mayor vehemencia por los otros dos dirigentes presentes.

Una de las principales críticas al primo del ex presidente de Juntos por el Cambio llegó de la mano de los recientes negocios inmobiliarios y grandes construcciones emplazadas en la zona norte y el sector de la costanera. “El macrismo le entregó la ciudad a Calcaterra, Caputo y Elsztain. Esta es una ciudad de especuladores inmobiliarios”, indicó Biasi al momento de exponer en el bloque sobre Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo.

Este fue solo uno de los cuatro ejes que se discutieron este miércoles por la noche. Los postulantes a la jefatura de gobierno de CABA también abordaron Infraestructura, Gestión urbana y código urbanístico; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo humano, Género y diversidad; y Autonomía, sistema político, Justicia y Seguridad. Y entre tantas chicanas y ataque personales, lograron ver la luz algunos diagnósticos y políticas de consenso para estas cuestiones.

Un código urbanístico con los días contados

Tic tac. El tiempo para que se derogue el código urbanístico de la Ciudad, aprobado en 2018, es cada vez menor. Con excepción de Marra ─que guardó silencio respecto al tema─ todos los candidatos señalaron la necesidad de modificar la normativa que regula los usos del suelo del espacio público y privado en el distrito y, al día de hoy, genera más perjuicios que beneficios.

Para Jorge Macri, el código urbanístico trajo graves consecuencias para varios sectores residenciales como Villa Devoto, Villa Urquiza y Belgrano R y llamó a cuidar el perfil de cada uno de los barrios con sus respectivos rasgos identitarios. Otra de sus banderas de campaña en materia de infraestructura plantea “dirigir el desarrollo al sur de la Ciudad de Buenos Aires”. Con este objetivo, y mechando con parte de su proyecto educativo, presentó su plan de construcción de un polo de oficios en el autódromo y la villa olímpica de la Comuna 8.

El ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta también anunció obras para mejorar la circulación y el tránsito. En particular, se centró en el tendido ferroviario y aseguró que, en caso de ganar las elecciones del 22 de octubre, pondrá en marcha la construcción de un viaducto para el tren Sarmiento.

Otro de los candidatos que puso énfasis en el transporte fue Leandro Santoro quien puso sobre la mesa una alternativa que desde hace años se está evaluando: la extensión de la red de subtes para maximizar la conexión. “Mi propuesta es llevar el subte a todos los barrios, accesible para las personas con discapacidad, sin asbesto y que funcione las 24 horas”, detalló.

Y, por supuesto, la odisea de conseguir un techo llegó a los estudios del Canal de la Ciudad. Mientras Marra abogaba por una eliminación total de la Ley de Alquileres, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria presentaron una política que bien podrían haber diseñado en conjunto, pese a otorgarle nombres diferentes: el establecimiento de un “plan de viviendas sociales” o un “parque público de viviendas”. De manera similar, defendieron la regulación de los arrendamientos temporales mediante plataformas como AirBnB y la necesidad de acabar con las viviendas “ociosas”.

Un primer acercamiento a la agenda joven: salud mental

Un reclamo que resuena entre la juventud es la necesidad de adoptar un enfoque sanitario integral que contemple la salud mental. Y en el Debate Ciudad, los candidatos se expresaron a favor de esa bandera por unanimidad. Biasi, fue, sin embargo, la que más énfasis puso sobre esta cuestión y relató la realidad del sistema público: hoy, los hospitales cuenta con “psicólogos concurrentes”, lo que, según explicó, implica que muchos de ellos trabajan ─para ponerlo en buenos términos─ ad honorem.

Su situación laboral no es la única que debería revisarse: la candidata del Frente de Izquierda subrayó, además, la necesidad de profesionalizar la enfermería para mejorar el salario de aquellas personas que optan por esta carrera. Se trata de una manera de, apelando al lenguaje de Santoro, “dignificar el sistema de salud”.

Para que esto último ocurra, Macri levantó su plan para crear un sistema de atención paralela y complementaria. Bajo la lógica de dejar a los hospitales las urgencias y descomprimir las guardias que hoy están colapsadas, el postulante de Juntos por el Cambio explicó a la ciudadanía que abrirá un centro de diagnóstico de alta complejidad y otros 6 institutos de mediana complejidad distribuidos por distintas comunas.

Déficit educativo y el debate sobre cómo invertir el dinero

El consenso entre los candidatos se limitó a los dos ejes anteriores, para luego dejar lugar a amplias disidencias. Educación fue uno de los principales ámbitos donde estos chispazos se hicieron sentir.

Esta sección del debate revitalizó una disputa de larga data sobre la primera infancia y el acceso a la instrucción en la Ciudad de Buenos Aires. “Hoy garantizamos la escolaridad desde salita de tres y hay vacantes para los chicos”, sostuvo el ex intendente de Vicente López, al ser increpado por Biasi sobre la falta de jardines maternales en el distrito.

Este último punto tampoco pasó desapercibido para el postulante de Unión por la Patria quien llamó a “invertir fuertemente en infraestructura escolar” y fortalecer bachilleratos y escuelas técnicas. Se trata de un plan poco atractivo para Marra. “¡Cómo si crear escuelas fuera fácil!”, comentó antes de redirigir el debate hacia lo que, para él, debe ser la prioridad en términos de inversión educativa: mejorar el salario del cuerpo docente. Salvo una mención efímera, no tocó en absoluto el sistema de vouchers propuesto oportunamente por Javier Milei.

Lucas González, presente

La seguridad no podía estar ausente en este debate. Lo curioso fue, tal vez, el amplio consenso que mostraron los tres candidatos masculinos sobre el rol preponderante que deben tener las fuerzas policiales en la protección de los vecinos. “Para resolver el problema de la inseguridad no es contra la policía, sino controlándola y respaldándola”, afirmó Santoro.

De igual modo, Jorge Macri explicitó que es necesario equiparlos con pistolas táser y complementar su labor con la instalación de “puntos seguros” ─una política que aplicó durante su gestión en Vicente López─ y la identificación del rostro de los delincuentes mediante cámaras de seguridad. “Basta de puerta giratoria”, concluyó.

El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad enfrentó una mayor reticencia por parte de Biasi, quien recordó el homicidio de Lucas González, al que catalogó como un crimen con fuerte arraigo en el racismo del cuerpo policial.

ACM

Recibir una educación de calidad a cualquier edad es un derecho de todos los argentinos. Así lo establece, al menos, la Ley Nacional de Educación N° 26.206 sancionada hace ya 17 años. Son cada vez más los ciudadanos que deciden ejercer este derecho y se incorporan al sistema de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) para terminar sus estudios. De hecho, en los últimos 20 años, la cantidad de egresados bajo esta modalidad creció 129%.

Así lo indica el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Terminalidad extendida: secundaria de jóvenes y adultos”, que revela que, en 2022, 1 de cada 5 egresados completaba su formación media bajo esta modalidad. El documento ─con autoría de Romina De Luca (CONICET y coordinadora del área de Educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales - CEICS), Martín Nistal y Eugenia Orlicki─ también señala que desde el 2001 la matrícula aumentó un 12%.

Dicha expansión ─que sería del 26% si se excluyera el período de pandemia y aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)─ se corresponde, a su vez, con una mayor matriculación en la escuela secundaria común para aquellos menores de 18 años. Sin embargo, no todos los jóvenes que se inscriben en la escuela media en tiempo teórico llegan a completar sus estudios para el momento en que alcanzan la mayoría de edad. De hecho, en 2022, el 24% de los jóvenes de 17 años había abandonado la secundaria. Es precisamente de este sector que se nutre la EPJA.

“Es clave orientar y guiar al adulto que decidió volver a la escuela, es una forma de intentar acortar la brecha de abandonos reiterados. En Uniendo Caminos, desde el 2018 a través de ”Mentorías Educativas“ acompañamos a más de 7.000 jóvenes y adultos de todo el país que quieren terminar sus estudios primarios o secundarios”, contó Agustina Persoglia, Directora Ejecutiva de la Fundación Uniendo Caminos.

Hasta 2019, los desertores recientes de la secundaria común ─es decir, menores de 19 años─ representaban entre el 37% y 30% de la matrícula. Si se extiende el límite hasta los 29 años, este grupo etario constituía más del 70% de los estudiantes de la secundaria para jóvenes y adultos. El pico se registró en 2017, cuando llegaron a representar el 83% de la matrícula, y desde entonces, la proporción oscila entre un 74% y 71%.

La modalidad educativa en cuestión no sólo está más ampliamente difundida entre los adultos jóvenes, sino también entre las mujeres, quienes deciden completar sus estudios para ayudar a sus hijos con sus propios procesos de escolarización o para mejorar su situación laboral, entre otros motivos.

En 2001, las mujeres representaban un 49,3% de la matrícula a nivel nacional, y, en 2022, la proporción ascendió a 53%. Esta cifra es incluso más elevada en algunas provincias como La Pampa (57%), Santa Fe (56%), Buenos Aires (56%), Chaco (55%) y Córdoba (55%).

No solo aumentó la cantidad de mujeres que se inscriben en este tipo de instituciones, sino también el número de graduadas bajo esta modalidad. Acompañan, así, una tendencia global de crecimiento de los egresos que, entre 2001 y 2022, pasaron de 47.707 estudiantes a 109.225.

“Creo que es un buen aporte poder dimensionar el crecimiento en el egreso. Esto nos lleva a realizarnos preguntas tanto al interior de las instituciones como para las políticas públicas, que inviten a movilizar acciones para la mejora en la enseñanza y los aprendizajes de nuestros destinatarios”, sostuvo Ramiro Rojas, docente del sistema EPJA.

A pesar del incremento generalizado en los egresos a nivel nacional del 129%, algunas provincias evidenciaron una suba más marcada. Este fue el caso de Chaco (960,9%), Jujuy (857,6%), San Luis (383,6%), Corrientes (357,9%) y Salta (291,1%). En el extremo contrario, Río Negro experimentó una tendencia inversa: la cantidad de graduados cayó un 18,7% en los últimos 20 años.

No es para nada menor que, en cuatro provincias anteriormente mencionadas, el aumento de los egresos estuvo acompañado de un importante alza de la matriculación. Se trata de las provincias de Chaco, Jujuy, San Luis y Corrientes, donde la inscripción a la secundaria para jóvenes y adultos varió en un 259%, 652%, 444% y 554%, respectivamente.

ACM/MG

“Un pueblo educado es un pueblo libre”. Así abría una de sus alocuciones Claudio Poggi, gobernador electo de la provincia de San Luis, en el marco de La Noche de la Educación, un evento que trascendió grietas políticas y reunió a dirigentes de distintos espacios políticos bajo la misma meta: consolidar la alfabetización que inició Sarmiento en 1860. Ninguno de los presentes lo contradijo; la importancia de la instrucción para la democracia, la autonomía y el desarrollo de una sociedad parece ser un consenso político indiscutible.

Que los precandidatos presidenciales ─Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Juan Grabois, Javier Milei y Juan Schiaretti─ hayan firmado el compromiso por la alfabetización impulsado por Argentinos por la Educación, pareciera ratificar aquello. Sin embargo, detrás de ese compromiso y las promesas de campaña de poner la enseñanza en el centro de las próximas gestiones, hay una realidad que golpea fuerte en las aulas: casi la mitad de los chicos de tercer grado no comprenden lo que leen y sólo 13% de los estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo teórico y con conocimientos adecuados en asignaturas troncales como Lengua y Matemática.

No cabe duda que los desafíos de la enseñanza argentina son demasiados y abordarlos requiere de una política de estado que integre de manera coordinada a los distintos niveles de gobierno frente a una competencia concurrente como lo es la educación. Tal vez, dicho acuerdo pueda partir del debate sobre los dos obstáculos que más resonaron entre los dirigentes que se reunieron en el museo MALBA este martes por la noche: la falta de sistemas de información y seguimiento adecuados y la desactualización de los modelos de enseñanza.

“Un problema del panorama educativo es que no tenemos números para verlo. Es como si le preguntaras a un ciego cómo ve la situación. Entonces, el primer problema del sistema educativo es que no medimos y, como no medimos, no podemos gestionar”, expresó el diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz a elDiarioAR. “¿Tenemos que medir? Sí. Para identificar al último de la fila y ayudarlo, por los que se desengancharon y creen que no van a volver a progresar”, sostuvo Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social del CAF, en la Noche de la Educación.

Medir no implica solamente generar rankings que, como explicó Bartol, sí pueden llegar a tener efectos estigmatizantes y contraproducentes dado que solo buscan ordenar a los alumnos y felicitar a los mejores. “Los rankings pueden estar bien en el mundo del deporte o las empresas, pero en la educación no. Quizá, para quienes están en la mitad superior de la tabla, un ranking puede servir para generar un esfuerzo adicional. Pero de la mitad para abajo, el ranking solo genera desánimo”, detalló.

Pero medir y generar información sobre el desempeño de los estudiantes no se reduce a eso. Permite identificar a quienes presentan mayores dificultades y deficiencias para acompañarlos de manera adecuada y garantizar que todos los que están sentados detrás del pupitre efectivamente aprendan. Después de todo, como explicó el director de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial, Jaime Saavedra, “la obligación del docente no es enseñar, sino asegurarse que todos los chicos entiendan”.

Al robustecer los sistemas de información y seguimiento de los estudiantes, se puede potenciar la eficiencia en la distribución de los recursos destinados a educación. “No podemos invertir lo mismo en todos: tiene que haber una inversión diferencial en los chicos a los que les va mal. El último de la fila es el que más nos importa, no podemos dejar que se quede atrás”, agregó Bartol.

Para Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba, la mejor manera de medir es descentralizar la responsabilidad entre los dirigentes que están más cerca de las familias. Según explicó durante el evento organizado por Argentinos por la Educación, en su gestión, tiene previsto que los intendentes y jefes comunales se encarguen de la medición de las trayectorias educativas en la provincia de modo tal de lograr mayor capilaridad y un seguimiento más personalizado de los estudiantes.

Esto no es, sin embargo, el único desafío que tendrán que afrontar las gestiones que asuman el 10 de diciembre. No sólo es fundamental contar con información sobre los aprendizajes de los niños, sino también garantizar que esas enseñanzas se adapten a los avances tecnológicos y nuevas realidades que supone el siglo XXI. Como destacó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, es necesario revisar qué, para qué y cómo se enseña.

“Pretender seguir educando con un sistema de hace 40 años es algo que tenemos que discutir en la era digital. No es un problema de presupuesto, sino un problema de eficiencia del gasto. ¿Vamos a seguir enseñando con la tiza y el pizarrón?”, planteó, en la misma línea, su par rionegrino, Alberto Weretilneck.

La reforma de los modelos y métodos de enseñanza es un pilar clave, así como también lo es la actualización de los contenidos para un mundo que demanda cada vez más emprendedores y ciudadanos con capacidad de innovación. Sobre este aspecto Llaryora ya tiene un plan esbozado: incorporar el pensamiento computacional en el jardín de infantes y potenciar las escuelas ProA de su provincia. Se trata de establecimientos que forman a jóvenes en Software y Biotecnología, dos saberes centrales para el desarrollo productivo en la actualidad.

Así, si algo dejó expuesto la Noche de la Educación es que el diagnóstico está claro. Resta ver si, luego del 10 de diciembre, el gobierno nacional y los mandatarios provinciales comienzan a trabajar en comunión para abordar los obstáculos que son palpables desde hace tiempo. Quizá la falta de políticas y reformas para superarlos tenga que ver con el hecho de que, como bien señaló Llaryora, al día de hoy “nadie gana o pierde una elección por un tema educativo”.

ACM/DTC

A cuatro días de un nuevo aniversario del fallecimiento del padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, se reveló un dato alentador sobre la situación de los estudiantes en el país: en los últimos cuatro años, el abandono escolar se redujo 9,3 puntos porcentuales en el nivel secundario. En 2018, la proporción de estudiantes de 17 años que había dejado sus estudios era del 24,4%, mientras que, para 2022, esa cifra cayó a 15,1%.

Así lo indica el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Trayectorias escolares: ¿Cuántos estudiantes abandonan la secundaria en Argentina” que utiliza datos del Relevamiento Anual del Ministerio de Educación para analizar la evolución de las distintas cohortes que arrancaron y finalizaron la secundaria entre 2012 y 2022.

El documento, con autoría de Paz Míguez (Fundación ÉFORO), Samanta Bonelli y Martín Nistal (Argentinos por la Educación) además, exhibe que, si bien esta baja se dio en todas las provincias, la magnitud de dicha reducción varía sustancialmente a nivel nacional. En la región norte, La Rioja, Chaco y Misiones destacan como las jurisdicciones que menos progresaron en materia de deserción en el nivel secundario: redujeron la tasa de abandono escolar en un 4,5%, 5,5% y 5,7%, respectivamente.

En el extremo opuesto, San Luis (14,3%) Mendoza (13,3%) y Jujuy (11,1%) son las provincias que lograron mayores mejoras. A pesar de los progresos, ninguna de las tres presenta las tasas más bajas de deserción en el país. El podio lo ocupan La Pampa, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con una proporción de tan solo 3,6%, 6,9% y 9% de alumnos que no completan sus estudios medios.

“Seguramente, con más chicos y jóvenes alojados en el sistema, tendremos más oportunidades de revertir otras cifras preocupantes para lograr una mejora general de los aprendizajes”, sostuvo María de los Ángeles Centurión, Directora de colegio secundario.

En la misma línea, Esteban Torre, director del programa de Educación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), celebró los avances y advirtió la necesidad de continuar trabajando para mitigar las causas de deserción. “La caída generalizada del abandono en el nivel secundario es una buena noticia que da cuenta de los esfuerzos individuales de los estudiantes, de sus familias, de los equipos escolares y del Estado por hacer de la escuela un lugar de pertenencia de los jóvenes. Sin embargo, persisten altos niveles de exclusión y esto requiere de estrategias que permitan anticipar situaciones de riesgo de abandono y promover intervenciones oportunas”, expresó.

El nivel socioeconómico de los estudiantes constituye un factor que puede poner en jaque su continuidad en el sistema educativo en tanto los menores pueden verse obligados a insertarse en el mercado laboral de manera prematura para complementar los ingresos familiares. Una situación similar ocurre cuando deben permanecer en sus hogares al cuidado de hermanos más chicos en lugar de asistir al establecimiento educativo.

La falta de herramientas para continuar con la educación, sumada a formatos escolares que desincentivan las permanencia en el sistema, también representa un factor de riesgo. Por tal motivo, con la pandemia y la irrupción de nuevos desafíos planteados por la escolarización a distancia, se reformaron los regímenes de promoción para evitar que estudiantes se atrasaran y optaran por abandonar los estudios.

Para Bruno Videla, docente de escuela secundaria, esta decisión, si bien permitió que más chicos continuaran en el sistema educativo, trajo aparejada una consecuencia indeseada: la disminución en la calidad de los aprendizajes por una creciente laxitud a la hora de evaluar a los alumnos.

“Hoy los regímenes académicos son más flexibles y otorgan más oportunidades para que los alumnos puedan acreditar materias pendientes. Además, la escuela tiene la obligación de adaptarse a las distintas situaciones que pueden llevar a un alumno a no poder sostener la regularidad de la cursada, sin que eso pierda la chance de ir acreditando materias y finalmente terminar el secundario. En este contexto, podemos deducir que la disminución del abandono escolar no es un resultado que podamos festejar con demasiado entusiasmo, porque pareciera que la causa es que se bajó la vara”, explicó.

Los nuevos regímenes de promoción parece haber contribuido también con un aumento en la cantidad de estudiantes que llegan al último año en edad teórica. Para la cohorte 2012-2018, dicha proporción es de 46,6%, mientras que para aquellos que transitaron la secundaria entre 2016 y 2022, el porcentaje asciende a 59,5%.

Sin embargo, este incremento no se traduce en un mayor número de egresados con conocimientos adecuados en materias básicas como Lengua y Matemática, tal como dejó de manifiesto Argentinos por la Educación en una investigación anterior, según la cual sólo 13% de los estudiantes termina su educación media a tiempo y con desempeño satisfactorio en ambas asignaturas.

Esta situación parecería demostrar que, tal como señala Videla, pese al avance que representa la reducción del abandono escolar, la Argentina todavía presenta un importante desafío: lograr que ese creciente número de alumnos que optan por permanecer en el sistema educativo finalice sus estudios con buenos aprendizajes para desarrollarse personal y profesionalmente.

ACM/JJD

El acceso a Internet en los colegios constituye una herramienta fundamental para la educación de los niños y jóvenes a nivel nacional. En la última década, se han realizado importantes avances en esta área, lo que permitió que, en 2021, el 89,9% de la matrícula asistiera a escuelas con conectividad.

Así lo indica el informe “Conectividad y sistemas de gestión escolar” del Observatorio de Argentinos por la Educación, que recopila la información disponible en los Relevamientos Anuales elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación. El documento, con autoría de Nancy Montes, Martín Nistal y Eugenia Orlicki, también revela que ─pese a la reducción de la proporción de estudiantes sin conectividad, que pasó del 28,6% en 2013 al 10,1% en 2021─todavía persisten grandes heterogeneidades a nivel regional que alimentan la brecha digital.

De acuerdo con las estadísticas correspondientes al 2021, todavía cinco provincias contaban con menos del 80% de su matrícula con acceso a Internet. Se trata de Santiago del Estero (64,9%), Tucumán (70,9%), Chaco (75%), Catamarca (75,9%) y Jujuy (76,7%). En el extremo opuesto, en Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis, casi la totalidad de las escuelas tienen conectividad: 99,8%, 99,6% y 99,4%, respectivamente. Le siguen Río Negro (98,5%), Tierra del Fuego (98%), Córdoba (97,7%), La Pampa (97,6%) y Neuquén (97,1%).

No resulta para nada menor que, en aquellas provincias con menor porcentaje de establecimientos conectados, suelen concentrarse las escuelas rurales. En este tipo de instituciones, la proporción de alumnos que carecen de acceso a Internet en 2021 asciende al 31%. En las áreas urbanas, por el contrario, ya en 2013, dicho porcentaje rondaba el 26,3% y, para 2021, bajó al 8,2%, lo que exhibe una profundización de las desigualdades preexistentes.

La diversidad no sólo se manifiesta a nivel geográfico, sino también entre aquellos estudiantes que asisten a escuelas estatales y aquellos de instituciones privadas. Si bien, entre el período de 8 años analizado, ambos sectores mostraron progresos respecto del nivel de cobertura del servicio, las diferencias no han desaparecido. En 2013, el sector privado tenía más instituciones conectadas (88,2%) que el sector público en 2021 (86,2%). Si se tiene en cuenta únicamente la situación de hace dos años, la brecha puede verse con mayor claridad: mientras que sólo el 1,9% de las escuelas privadas carecía de acceso a Internet, el porcentaje ascendía al 13,2% en el caso de los colegios estatales.

Contar con conectividad en la escuela es fundamental, entre otras finalidades, para aumentar la disponibilidad y uso de los sistemas informatizados de gestión en los establecimientos educativos. Se trata de recursos electrónicos de conservación y empleo de la totalidad o una parte de la información institucional de estudiantes ─como legajos, asistencia a las clases y calificaciones─ y docentes ─sus legajos, asistencia, altas y bajas de personal.

Estas herramientas, según el especialista en información educativa, Martín Scasso, permiten reducir el tiempo que se dedica a trabajo administrativo de modo tal de poder destinar más horas de tareas de acompañamiento pedagógico. “Los sistemas de gestión constituyen recursos valiosos para una mirada institucional pedagógica en temas clave como las trayectorias escolares o la inclusión, y el modo de trabajar con ellos en las escuelas debe considerarse como un tema relevante de agenda”, aseguró.

Entre los 8 años estudiados en el informe de la organización, Argentina mostró avances en esta dirección en tanto la proporción de escuelas que cuentan con acceso a Internet y disponibilidad de sistemas de gestión informatizados creció del 48,7% en 2013 al 63% en 2021. Pese a este progreso, todavía resta extender más la utilización de esta herramienta en el sistema educativo en un contexto en el que existe un 26,9% de estudiantes cuyas escuelas, aunque tienen conectividad, carecen de estos sistemas de información.

“Es necesario profundizar la estrategia de implementación de estos sistemas, incluso apoyados en herramientas offline, que permitan dotar a las instituciones educativas de información útil para su gestión cotidiana al mismo tiempo que continuar construyendo y consolidando una base federal homologada con cobertura nacional con información normalizada”, afirmó Samanta Bonelli, del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Al igual que el acceso a Internet, la disponibilidad de los sistemas de gestión escolar también presenta heterogeneidad a nivel regional. En 2021, Catamarca, Tucumán y Chaco destacaban como las provincias con menor porcentaje de la matrícula con ambos recursos: 13,8%, 27,8% y 33%, respectivamente. Las dos primeras ─junto a Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires y Salta─ cuentan con una alta proporción de estudiantes que asisten a escuelas con conectividad, pero sin sistemas de gestión, por lo que cuentan con una gran ventana de oportunidad para avanzar en la implementación del recurso de recopilación de información.

En el extremo opuesto, se encontraban Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Tierra del Fuego, Río Negro y Mendoza con una proporción superior el 90% de la matrícula con que gozan de ambas herramientas.

Las disparidades también se reflejan entre las instituciones privadas y públicas. Tal como sucedía con la conectividad, en el primer caso el porcentaje de estudiantes que asiste a escuelas que no cuentan con ninguno de los dos recursos es sensiblemente inferior a aquellos del sector estatal: 1,6% y 8,9%, respectivamente, para el 2021. Hacia el 2013, la brecha era incluso más amplia en tanto sólo el 9,4% de los alumnos de establecimientos pagos carecía de Internet y sistema de gestión, mientras que la cifra ascendía al 24,9% en el sector público.

Hace una década, además, el sistema educativo privado contaba con un 60,6% de su matrícula con ambas herramientas, una proporción similar a la que presentaban las escuelas estatales en 2021 (60,2%). Esto evidencia que, si bien se han hecho avances en todos los sectores y regiones, dichos progresos todavía no han logrado saldar las desigualdades entre los diversos alumnos a nivel nacional.

ACM

La situación educativa en Argentina es crítica. En 2019, el país obtuvo el peor desempeño de su historia en las evaluaciones internacionales de aprendizaje (ERCE) de la UNESCO y, según las estadísticas resultantes, el 46% de los alumnos de tercer grado carece de competencias básicas de comprensión lectora. Sin embargo, la inversión en educación está lejos de ser una prioridad para los dirigentes nacionales y provinciales: 12 de 24 provincias redujeron la proporción de su presupuesto destinada a gastos educativos entre 2004 y 2021.

¿Cuántas provincias redujeron su inversión en educación entre 2004 y 2021?

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza son las que mas lo hicieron en ese período de 17 años: 8,8% y 7,3% respectivamente es el porcentaje en redujeron el dinero destinado a educación. En el extremo opuesto, Salta y Neuquén se erigieron como las provincias que más aumentaron la participación de esta área en su presupuesto: 8,1% en la provincia del Noroeste Argentino (NOA) y 6,6% en la patagónica.

Salta, además, se destaca como la segunda provincia que más porcentaje de sus recursos totales destinó a gastos para enseñanza en 2021, detrás de la Provincia de Buenos Aires, con 28,8% y 30,8%, respectivamente. CABA, por su lado, no sólo presentó una variación negativa entre 2004 y 2021, sino que también destacó como la jurisdicción que menor proporción de su presupuesto asignó a educación con un 16,7%. Le sigue Santa Cruz que invirtió en esta área el 17,6% de sus recursos provinciales.

La Ley de Educación Nacional, aprobada en 2006, establece que la inversión en esta área no puede ser menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, hasta el 2021, esta meta sólo se alcanzó en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2015. Así lo indica el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Financiamiento educativo provincial”, que trabaja sobre los presupuestos de las jurisdicciones subnacionales dado que ─luego de la descentralización de competencias que se dio entre las décadas de 1970 y 1990─ de ellas depende el 75% del financiamiento educativo.

“La descentralización educativa dispuesta en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional”, señaló Javier Curcio, autor del informe.

El documento fue elaborado con participación también de Martín Nistal y Víctor Volman.

“Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, agregó Curcio en relación a la deuda de múltiples provincias con los aprendizajes.

¿Cuál es la proporción de gastos en salarios y en inversión en infraestructura para la educación?

El informe de Argentinos por la Educación expone, además, que la mayor parte del dinero asignado a educación es destinado al pago de sueldos. Para el 2021, a nivel nacional, el 90% del gasto se utilizó para financiar al personal docente y no docente de los establecimientos educativos: 78% corresponde a salarios del sector público, mientras que el 12% restante fue dirigido al sector privado.

Sin embargo, a nivel subnacional, pese a que en todos los casos supera el 65%, la inversión en salarios exhibe mayores brechas. Chubut y Neuquén son las dos provincias con proporción del presupuesto destinada al financiamiento de personal más elevada: el porcentaje asciende al 91% y 86% respectivamente. En el extremo contrario, se destacan San Luis ─con inversión del 66%─ y Formosa y CABA ─ambas con 69%.

La magnitud del gasto en salarios docentes deja poco margen para la inversión en capital que permita mejorar las instalaciones y, en consecuencia, las condiciones de aprendizaje de los alumnos, especialmente de aquellos que asisten a escuelas públicas. “Es muy notoria la baja participación de gasto destinada a la inversión en infraestructura. Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento”, explicó Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación.

El docente e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Juan Doberti, ratificó la excesiva participación del componente salarial en los gastos para enseñanza y subrayó la importancia de una mejor coordinación y comunicación entre Nación y provincias para la asignación del presupuesto. “En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país”, expresó.

En este contexto, y dado el bajo rendimiento de los alumnos locales y la calidad de sus aprendizajes, el informe de Argentinos por la Educación reafirma la necesidad de resarcir la deuda educativa del estado con los estudiantes. No se trata solo de invertir una elevada proporción del presupuesto en enseñanza, sino de hacerlo de manera eficiente y equitativa a fin de potenciar los aprendizajes de todos los chicos a nivel nacional.

ACM/MG