El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió hoy a hablar de las “nuevas canciones” para la reconstrucción del peronismo y pidió “perder el menos tiempo posible en internas”, en un mensaje que tuvo como destinatario a La Cámpora y el kirchnerismo duro.

En tanto, recordó la fallida experiencia del Frente de Todos y señaló que “no puede volver a pasar que se logre una expresión electoral para ganar elecciones” y después tener “dificultades para gobernar”.

Así se expresó el mandatario bonaerense al encabezar un acto de presentación del espacio de Universidad y Ciencia de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el auditorio de Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires.

Entre otras intervenciones, el exministro de Economía cuestionó al Gobierno de Javier Milei por haber involucrado a la Argentina “en una guerra que no es nuestra” y que “además no tiene nada que ver con el sentir y el pensar de lo argentinos”.

“Muchas cosas que hace este Gobierno están reñidas con nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad. Cosas que estaban saldadas. Hay como un terraplanismo multidisciplinario. Esto de ir a una elección para gestionar un Estado que se quiere destruir. Es muy confuso todo eso”, aseveró.

Y agregó: “Uno podría remitirlo a la personalidad o a lo espantoso de algunas declaraciones que tiene Milei pero estamos viendo que forma parte de un club internacional de ultraderecha que tiene un comando y manejos y discursos que se van repitiendo”.

“Nos tocó al peor de todos esos, pero está en disputa ese lugar, hay varios candidatos”, dijo entre risas.

“La derecha argentina histórica era tirando a nacionalista. Además tiene exponentes cultos. A nosotros nos viene a tocar una derecha ignorante y cipaya”, fustigó.

Al caracterizar al Gobierno, dijo que más allá de que la novedad de Javier Milei, las políticas son las mismas del “Consenso de Washington”, al “neoliberalismo clásico”.

“Hoy me reuní con uno que me decía que el peronismo vendría a ser algo viejo. No, lo antiguo y fracasado es lo que están haciendo ellos”, afirmó, y recibió una ovación del auditorio.

Al referirse al modelo de gobierno que su gestión pone en práctica en la provincia de Buenos Aires desde 2019, Kicillof lo definió como un proceso de “planificación participativa”.

“No le puede pasar más a la Argentina que su sistema científico, universitario e intelectual resulte estar ajeno a la experiencia de Gobierno”, indicó.

“Nosotros hablamos de una planificación participativa y tratamos que los principales protagonistas de los procesos de discusión y evaluación sean los trabajadores y trabajadoras de cada uno de los ministerios y áreas de la administración provincial”, señaló.

Acto seguido, Kicillof asoció ese proceso de planificación participativa con las “nuevas canciones”, aquel concepto que tanto había irritado a Máximo Kirchner y a La Cámpora cuando lo pronunció por primera vez en el 2023.

“Es un ejercicio y a nivel provincial. Pero creo que es una enseñanza. A mi me gustaría decir y espero que nadie se se enoje…nuevas canciones, a nivel de modalidades y formatos de gestión”, explicó.

Sobre los desafíos para la construcción de una alternativa a Javier Milei a nivel nacional, el mandatario bonaerense dijo que “la tarea es inmensa y se aceleran los tiempos”.

“No nos puede volver a pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y que después tengamos dificultades para gobernar”, dijo sobre el modelo del Frente de Todos, con un presidente como Alberto Fernández que no asumió la autoridad que el pueblo le había conferido y que tuvo problemas para conducir y administrar a los distintos sectores de su alianza gubernamental.

En este marco, pidió “tratar de perder el menor tiempo posible en internas y en discusiones que no llevan a ningún lado”.

Por último, relativizó las herramientas del big data y las redes sociales para la construcción política.

“No digo que las redes sociales no tengan un flujo, pero a (María Eugenia) Vidal, que era invencible, le ganamos caminando con un autito, sin el big data, sin Durán Barba. Es una enseñanza importante porque es una experiencia que tuvimos”, finalizó.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias.

La decisión se conoció en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias.

“El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

“El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La CGT anunció que realizará una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador. La jornada no incluirá un paro general y estará acompañada por una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco.

La decisión fue adoptada tras una reunión del Consejo Directivo de la central obrera en su sede de la calle Azopardo. El encargado de comunicarla fue Jorge Sola, uno de los triunviros y referente del Sindicato del Seguro.

Según explicó el dirigente, la convocatoria buscará también visibilizar la situación actual del mundo del trabajo. “El Papa tuvo vínculo con los trabajadores y con la solidaridad como bandera. En esa conmemoración vamos a plantear el escenario de endeudamiento familiar y el aumento del desempleo”, sostuvo.

En ese contexto, Sola reiteró el reclamo por paritarias libres, con acuerdos que puedan negociarse y homologarse según cada actividad. “El Gobierno fijó un techo que está por debajo de la inflación promedio”, cuestionó. Durante el anuncio estuvo acompañado por los también dirigentes Octavio Arguello y Horacio Arreceygor.

Se espera que a la movilización se sumen sectores de la Iglesia críticos de la gestión de Javier Milei, así como organizaciones sociales agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Este espacio viene de protagonizar protestas en distintos puntos del país, con cortes de rutas y puentes, en rechazo al recorte de unos 900 mil programas de salarios sociales complementarios dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

Con información de la agencia NA

El Senado de la Nación avanzó este jueves con una agenda cargada que incluyó el ingreso formal de 78 pliegos judiciales, la aprobación de ascensos en las Fuerzas Armadas y el aval a la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá, en medio de cuestionamientos de la oposición.

Durante la sesión, los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores tomaron estado parlamentario tras su lectura en el recinto. Se trata de la primera tanda de postulaciones, en un contexto en el que el Poder Judicial acumula más de 300 vacantes.

A partir de ahora, se abrirá el proceso de publicación de antecedentes, presentación de impugnaciones y respaldos, y posteriormente los candidatos deberán asistir a audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos, que se realizarían en los primeros días de mayo. Luego, los pliegos deberán ser aprobados por mayoría simple en el recinto.

Entre los nombres incluidos aparecen figuras con vínculos relevantes dentro del ámbito judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para un tribunal federal en Santa Fe; María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso $LIBRA.

El avance de estos nombramientos forma parte de una estrategia del Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia, una deuda pendiente en los primeros años de gestión, y que ahora busca destrabar con un escenario más favorable en la Cámara alta.

En paralelo, el Senado aprobó con 45 votos a favor y 26 en contra el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. La designación generó fuertes críticas del peronismo, que la acusó de haber negociado el cargo a cambio de su voto favorable a la Ley Bases.

Desde el oficialismo rechazaron esas acusaciones y defendieron la trayectoria política de la neuquina. La votación contó con el respaldo de bloques aliados, mientras que sectores opositores mantuvieron su rechazo durante el debate en el recinto.

La sesión también incluyó la aprobación de los ascensos de los jefes militares Oscar Santiago Zarich, Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, así como el tratamiento de otras designaciones.

El clima político estuvo atravesado por fuertes cruces. Legisladores del peronismo impulsaron cuestiones de privilegio contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, en medio de críticas por la situación económica, los escándalos de Manuel Adorni y el caso $LIBRA. Incluso, desde ese espacio se deslizó la posibilidad de avanzar en un juicio político contra el Presidente. “No entiende nada, está pirado”, dijo José Mayans en pleno recinto.

CRM

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves nuevos elementos que profundizan el escrutinio sobre su situación patrimonial. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, y citó a declarar a cinco nuevos testigos. En paralelo, la Justicia recibió documentación que revela detalles del viaje del funcionario a Nueva York en el marco de la “Argentina Week 2026”: los pasajes de regreso superaron los 10.000 dólares y la reserva quedó registrada a nombre de una casilla oficial del Estado.

Los pasajes de Nueva York

Según informó Infobae, la Justicia recibió información sobre el vuelo de regreso del viaje desde Nueva York de Adorni y su esposa, luego de participar de la comitiva oficial en la denominada “Argentina Week 2026”.

El informe describe que el importe total de los tickets superó los 10.000 dólares: el pasaje del jefe de Gabinete se facturó en 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti en 5.154,55 dólares. En cuanto a la reserva, aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL”.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo JFK-EZE, DL 115, del 14 de marzo de 2026, con partida a las 22:25 desde Estados Unidos y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo y sin escalas.

La documentación que recibió la Justicia, a pedido de la fiscalía, parecería chocar con la versión pública que dio el jefe de Gabinete: que tanto él y su esposa habían pagado su pasaje de regreso, luego de que la ida la hicieran en el Tango-01 junto a Javier Milei. Adorni reconoció haber llevado a Angeletti en el avión oficial y lo consideró un “error y no un delito”, aunque viola el artículo 2 de la ley de Ética Pública, que impide a los funcionarios hacer uso de recursos del Estado para beneficio personal o de sus familiares.

Secreto bancario y nuevas citaciones

En el marco de la misma causa, el fiscal Pollicita solicitó también el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti. La medida apunta a permitir el acceso a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas de crédito y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.

El objetivo es cotejar la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control, para determinar si hubo enriquecimiento ilícito o si las adquisiciones registradas tienen respaldo suficiente en ingresos legítimos.

El fiscal también dispuso la citación de cinco nuevos testigos vinculados a las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. Entre ellos figura Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, que luego adquirió el funcionario.

Su nombre surgió a partir del allanamiento a la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad; deberá presentarse en los tribunales el 22 de abril. Feijoo visitó a Adorni en la Casa Rosada el 21 de octubre de 2025, un mes antes de que Adorni escriture el inmueble donde vive actualmente.

La investigación busca esclarecer cómo funcionó esa operación desde su origen. Según lo declarado ante la Justicia, Adorni habría adquirido el departamento abonando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin intereses.

Los otros cuatro convocados son: la dueña de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci, y su esposo Marcelo Trimarchi (citados para el 20 de abril); el encargado del edificio de la calle Miró (22 de abril); y Juan Ernesto Cosentino, quien le habría vendido al matrimonio Adorni la casa en Exaltación de la Cruz, dentro del country Indio Cuá (27 de abril).

MC

El gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante la Justicia federal para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, en una ofensiva que se da en paralelo con una demanda impulsada por organizaciones ambientalistas a nivel nacional contra la norma recientemente sancionada por el Congreso.

La acción pampeana fue promovida junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, y quedó radicada en el juzgado federal de Santa Rosa. La presentación, patrocinada por la fiscala de Estado Romina Schmidt y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, solicita la suspensión inmediata de la ley hasta que se resuelva su validez constitucional.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio y advirtió sobre el impacto directo que podría tener la norma en la provincia. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, afirmó.

Según el mandatario, la reforma vulnera derechos ambientales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, además de violar el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, el amparo pide declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley, así como la suspensión de cualquier acto administrativo derivado de su implementación.

El agua, en el centro del conflicto

La disputa por los recursos hídricos es estructural para La Pampa, que mantiene desde hace décadas un litigio con Mendoza por el río Atuel y reclama el cumplimiento de un fallo que garantiza un caudal mínimo. En ese contexto, el gobierno provincial sostiene que cualquier modificación en el manejo de cuencas aguas arriba impacta directamente en su territorio.

Ziliotto también subrayó la importancia estratégica del río Colorado, que abastece a cerca del 45% de la población pampeana. En la misma línea, Schmidt advirtió que el daño “no es abstracto, sino real”, ya que una eventual disminución en la cantidad o calidad del agua afectaría a toda la población.

El planteo judicial sostiene que la reforma de la ley, que modifica el régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental establecido por la norma 26.639, vulnera los artículos 41, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, además de la Ley General del Ambiente y tratados internacionales. Entre otros puntos, cuestiona que reduce el nivel de protección ambiental y configura un retroceso normativo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de distintos sectores. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, destacó el compromiso histórico de la institución con la defensa del agua. El diputado provincial Hernán Pérez Araujo advirtió, en tanto, sobre tensiones políticas en torno a un tema que consideró estratégico.

Desde las organizaciones sociales, el presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez, sostuvo que el río Colorado es “vital” para la provincia, mientras que Roberto Rodríguez alertó que la reforma podría priorizar la inversión minera por sobre el consumo humano de agua.

Demanda colectiva y rechazo ambiental

En paralelo, organizaciones ambientalistas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace lanzaron una demanda colectiva contra la reforma y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la presentación judicial.

Las entidades advirtieron que la modificación representa un “retroceso” en la protección de reservas estratégicas de agua dulce y cuestionaron el proceso de sanción parlamentaria. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron en un comunicado.

Entre los puntos más criticados, remarcaron que la nueva ley otorga a las provincias la potestad de definir las zonas periglaciales en las que se podrán habilitar actividades como la minería, lo que, según advirtieron, pone en riesgo ecosistemas clave y el acceso al agua de millones de personas.

También denunciaron que el tratamiento legislativo se realizó “a espaldas de la sociedad”, con limitaciones en las instancias de participación pública y sin incorporar aportes científicos y técnicos.

La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, modifica una norma considerada pionera en América Latina en materia de protección de glaciares. Ahora, con múltiples frentes judiciales abiertos, su implementación queda bajo revisión mientras crece la disputa por el alcance de la política ambiental en el

CRM

El presidente Javier Milei viajará este mes a Israel para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia, en una visita oficial que se extenderá entre el 19 y el 22 de abril.

La información fue difundida por la Agencia Judía de Noticias y luego replicada por el propio mandatario en sus redes sociales. Durante su estadía, Milei fue invitado a participar de la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, prevista para el 21 de abril.

Se tratará de la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, tras sus viajes de comienzos de 2024 y de junio de 2025. La gira se inscribe en el marco del fuerte alineamiento geopolítico de su gobierno con ese país y con Estados Unidos, una posición que el propio Milei ha enfatizado en reiteradas ocasiones.

En paralelo, medios israelíes señalaron que el Presidente podría aprovechar el viaje para avanzar con la inauguración de la embajada argentina en Jerusalén, aunque desde el gobierno local aclararon que el traslado de la sede diplomática aún no está confirmado.

En febrero pasado, el canciller israelí Gideon Sa'ar había destacado el vínculo bilateral y anticipado la visita del mandatario argentino. “Creo que 2025 fue el mejor año en las relaciones entre Israel y Argentina, y 2026 será aún mejor”, afirmó.

Para los actos oficiales también fue invitado el expresidente estadounidense Donald Trump, en el marco de las celebraciones que se realizarán tras el reciente alto el fuego con Irán.

Con información de la agencia NA

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ampliar las declaraciones indagatorias, avanzar con nuevas imputaciones y dictar medidas cautelares en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los principales implicados se encuentra su extitular, Diego Spagnuolo, quien volverá a ser citado a declarar en el marco de nuevos hechos incorporados al expediente.

El pedido, dirigido al juez Ariel Lijo, alcanza a más de una veintena de funcionarios y empresarios -27 indagatorias en total- y se produce tras la aparición de “nuevos hallazgos” que ampliaron la estructura delictiva bajo análisis. Entre los convocados también figura el empresario Miguel Ángel Calvete, considerado junto a Spagnuolo como una pieza central del esquema.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

Un entramado entre funcionarios y empresarios

De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.

El expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.

Simulación de competencia y sobreprecios

Los fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.

Además, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.

La causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.

Más imputados y avance sobre el patrimonio

Entre los nuevos citados a indagatoria figuran, además de Spagnuolo y Calvete, Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués, entre otros.

En paralelo, los fiscales solicitaron la inhibición general de bienes de personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, con el objetivo de evitar el movimiento de activos mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas, consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.

Con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.

CRM

El departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el que vivieron Manuel Adorni y su familia durante más de una década, se transformó en un comodín que multiplica su valor en el entramado de bienes del jefe de Gabinete.

Quien mostró el departamento de Parque Chacabuco “un par de veces” a interesados y se declara a cargo de la venta es Pablo Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las dos mujeres a las que Adorni y Bettina Angeletti compraron la vivienda en Miró 550, Caballito.

En diálogo con elDiarioAR, Feijoo se plegó a la versión de que las operaciones “están en regla” y “no hay nada raro”, tal como sostiene Adorni. El registro de ingresos a Casa Rosada constata que el desarrollador inmobiliario de 36 años visitó a Adorni en octubre de 2025, un mes antes de la operación de Miró.

Feijoo es el “Pablo” a quien el exfutbolista Hugo Morales mencionó como el comprador del departamento de Miró en mayo de 2025 a US$200.000, pese a que la inmobiliaria Rucci lo había publicado quince meses antes a US$340.000. Según declaró Morales en sede judicial y ratifican responsables de Rucci, en el momento de la escritura se presentó la madre del interesado, Viegas, y una allegada a ésta, Claudia Sbabo. Seis meses más tarde, las dos mujeres vendieron el departamento de Miró a Adorni y su esposa a US$230.000.

Si bien el amigo de Adorni prefirió no abundar sobre sus negocios y su papel, trascendió que es directivo de la desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL, y tiene como socio Leandro Miano, quien sería familiar de Sbabo.

Ante la inquietud generada por la concesión de una hipoteca de parte de Viegas y Sbabo por el 87% del valor del departamento de Miró, la versión de Adorni fue que se trataba de la madre de un amigo. La escribana Adriana Nechevenko confirmó la naturaleza de ese vínculo porque “los hijos (de Adorni y Feijoo) van al mismo colegio”.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá pagar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró

El departamento de Asamblea fue hipotecado en noviembre de 2024, y con esos fondos, el jefe de Gabinete y Angeletti compraron la casa en el barrio privado Indio Cua. La escritura fue anotada a nombre de la esposa del funcionario.

A su vez, la promesa de pago de la hipoteca de Viegas y Sbabo por Miró fue contra la venta de Asamblea, de tal manera que ese bien serviría para pagar una casa en un country que tiene expensas por $700.000 y un departamento con expensas por $1 millón. Como parámetro de valor, la vivienda de Asamblea registra expensas por $500.000. El contraste con el semipiso de Miró tanto por la categoría del edificio como por la cotización del barrio —Caballito—, es evidente.

Feijoo afirmó que el carácter de hipotecado del departamento de Asamblea no obstaculizará la venta y ello será constatado por el escribano que intervenga.

La escribana Nechevenko declaró ante la fiscalía de Franco Picardi que acercó las prestamistas de US$100.000 a Adorni y Angeletti —dos mujeres policías— para la compra de la casa de fin de semana en Indio Cua contra la hipoteca de Asamblea. El plazo de pago es dos años y paga un interés de 11% anual.

El intermediario se negó a responder más allá de las características del departamento de Asamblea, y afirmó que brindará las explicaciones requeridas por la fiscalía de Picardi.

Desde que fue publicada, sólo dos interesados visitaron la propiedad de Asamblea 1132.

Adorni necesita que la venta se concrete antes de noviembre, cuando deberá afrontar el capital de US$100.000 prestado para Indio Cua, más los US$200.000 que quedaron pendientes ante la madre y otra familiar de Feijoo por la hipoteca de Miró.  

slacunza@eldiarioar.com

SL / NB

La escribana de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración y dijo que está “tranquila” con respecto a la investigación que encabeza la Justicia federal. Además, contó que al jefe de Gabinete lo conoce hace más de dos décadas y dio detalles de las operaciones de compra de los departamentos de la avenida Asamblea y la calle Miró, además de confirmar, tal como contó horas atrás elDiarioAR, que el funcionario es amigo de un hijo de una de las vendedoras, quien lo visitó en la Casa Rosada en octubre pasado.

Adriana Nechevenko, quien validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, ya se había presentado este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita. Este jueves, volvió a los tribunales a presentar una documentación con “las fotocopias que tenía que dejar”.

“No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila”, dijo Nechevenko en declaraciones periodísticas a la salida de los tribunales, pero un rato después, fue entrevistada en los estudios de Infobae TV. 

Allí contó que hace 25 años conoce a Manuel Adorni a través de una empresa en la que el funcionario libertario trabajaba: “Para mí es Manu, no el jefe de Gabinete”.

En su relato, Nechevenko sostuvo que el funcionario hipotecó su departamento de la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, para comprar la casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz el 15 de noviembre de 2024. Además, detalló que quienes le prestaron a Adorni “US$100.000 a una tasa del 11% anual fueron dos mujeres, una policía retirada y su hija”, que les presentó ella misma y que el jefe de Gabinete cumple mensualmente con el pago de esos intereses.

La escribana dijo no saber “de dónde salió lo de las 12 cuotas” para la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito. “Esto es lo que se llama a hipoteca por saldo de precio”. Y aclaró: “Tiene un plazo de un año para pagar, incluso entre las partes pueden plantear una prórroga. Fue sin interés, lo que es bastante común”.

“¿Qué quiere decir? Que una persona quiere comprar un inmueble, entrega un monto de acuerdo entre comprador y vendedor, obviamente menor al total de la de la operación, y el resto queda a pagar”, explicó. 

Según Nechevenko, “nunca hubo cuota”, aunque sí había “un plazo de pago”, que era un año. Consideró también que “realmente fue sin interés”. “Después, incluso entre las partes, pueden acordar una prórroga y cambiar, si quieren, algunos términos”, agregó.

De acuerdo a Nechevenko, “no hubo dos personas que le prestaron plata, las vendedoras dicen 'en lugar de cobrar el total, cobro un porcentaje y el resto a un año'”. Además, reveló que a las vendedoras “las trajo él (por Adorni)”: “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni porque los chicos van al mismo colegio”, contó. Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de la prestamista Beatriz Viegas, tal como informó este miércoles elDiarioAR, quien fue a Balcarce 50 el 22 de octubre del 2025, menos de un mes antes de que se escriture el inmueble. Ingresó a las 10.16 y se retiró a las 21.34. El mismo día ingresó a la sede del Gobierno la mujer del funcionario, Bettina Angeletti.

Beatriz Alicia Viegas y Claudia Sbabo son las dos mujeres que le vendieron a Adorni el departamento de la calle Miró al 500, prestamistas de los US$200.000 que les dieron al funcionario a través de una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado.

Sobre las operaciones que están bajo la lupa, dijo que no le parecieron “sospechosas”: “Si algo me parece sospechoso, no lo hago”, aseguró, y contó que presentó las operaciones ante la UIF (Unidad de Información Financiera), como marca la ley. Asimismo, la escribana negó que pueda llegar a quedar imputada por falso testimonio: “¿Por qué?”, se preguntó.

“Las cosas fueron bien hechas. Por eso vine acá, para negar que hubo cuotas y aclarar bien todo para evitar suspicacias o malentendidos”, concluyó Nechevenko.

Nuevas citaciones de la Fiscalía: el hijo de una prestamista, los dueños de la inmobiliaria y el portero

Feijoo fue citado a declarar el miércoles 22 de abril por el fiscal Gerardo Pollicita para que explique su rol en las operaciones en torno a los departamentos que son propiedad de Adorni. Además, serán interrogados Natalia Rucci, dueña de la inmobiliaria que intervino en venta del inmueble de la calle Miró y cuyas sucursales fueron allanadas en las últimas horas; a su esposo, Marcelo Trimarchi (ambos deberán concurrir a Comodoro Py el lunes 20 de este mes); a Juan Ernesto Cosentino, exdueño de otra de las propiedades atribuidas a Adorni (la casa en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz), citado para el 27 de abril; y el encargado del edificio del departamento de Caballito.

Las visitas de Nechevenko a Balcarce 50

La escribana Nechevenko también justificó sus visitas a la Casa Rosada porque “había que hacer muchos trámites, poderes, cosas”. La profesional ingresó al menos siete veces a Balcarce 50 entre 2024 y 2025 para reunirse con el funcionario.

La primera visita fue el 30 de julio de 2024 y duró poco más de una hora; luego volvió el 19 de agosto y el 7 de octubre de ese año, en encuentros también registrados con horarios precisos de ingreso y egreso. En diciembre de 2024 se produjo una cuarta reunión, en un período en el que la escribana participaba en la operación de la casa en el country Indio Cuá.

Las visitas continuaron en 2025: el 27 de mayo se registró el encuentro más extenso —casi once horas dentro de la Casa Rosada— en paralelo a la escrituración del departamento de Caballito; luego hubo una reunión breve el 14 de julio y otra el 15 de septiembre, ambas de menos de media hora. Según los registros obtenidos vía acceso a la información pública, estos encuentros se produjeron en los mismos períodos en que se concretaron o avanzaron las operaciones inmobiliarias bajo investigación judicial, lo que puso el foco en el vínculo entre el funcionario y la profesional.

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la sede del Ejecutivo a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo detenido 448 días en Venezuela y, tras recuperar la libertad, regresó a su país el pasado 2 de marzo.

Según informaron fuentes oficiales, Gallo fue recibido por Milei en la Casa Rosada, donde compartieron un encuentro del que también participaron el canciller argentino, Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la senadora oficialista Patricia Bullrich, y el director nacional de Gendarmería (policía de frontera), Claudio Miguel Brilloni.

Gallo, de 34 años, fue detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre de 2024, acusado de supuestamente participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

El gendarme permaneció detenido en la cárcel Rodeo 1 hasta su liberación, el pasado 28 de febrero.

Gallo regresó a Buenos Aires el 2 de marzo en un vuelo privado junto a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organismo que medió en su liberación.

En una breve comparecencia ante la prensa el 4 de marzo, el gendarme dijo que Rodeo 1 era “un lugar de bastante tortura psicológica”.

“No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado”, agregó.

EFE

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, a las 2.30 de este jueves se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Además, acompañaron el proyecto libertario dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Predominó la lógica provincial por sobre la lógica partidaria. El interés de los gobernadores por reformar la ley de Glaciares sancionada en 2010 atravesó todo el debate, y el Gobierno aprovechó para posicionar a Javier Milei como un defensor del federalismo en un contexto de ahogo financiero a las provincias. “La reforma devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”, celebró, a través de un comunicado, la Oficina del Presidente.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

El debate, en medio de las protestas

Los primeros manifestantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Congreso desde temprano. “Diputados no traicionen a los argentinos”, rezaba la bandera que los activistas de Greenpeace colgaron en el Monumento a los Dos Congresos, antes de que la policía los detuviera. Con el correr de las horas, a medida que se desarrollaba el debate en el Palacio Legislativo, llegaron las primeras columnas de agrupaciones y personas sueltas. Llevaban carteles que decían “La ley de Glaciares no se toca” y predominaba un clima de resistencia que contrastaba con la resignación que se vivía en el recinto: la oposición sabía que el Gobierno tenía el número (consiguió el quórum con 129 diputados, la mitad más uno del recinto) y que, pese a los discursos, la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares era solo cuestión de tiempo. 

Lo primero que hizo José Peluc, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, cuando comenzó el debate fue pedir un aplauso por cómo se había llevado a cabo la audiencia pública. La oposición estalló a los gritos, recordándole que de 100 mil personas inscriptas solo se había permitido participar a 200: una irregularidad que la oposición ya archivó como causal para impugnar la ley luego de que se sancione. “Ustedes tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, les respondió el diputado libertario. 

El discurso oficialista, que contó con el respaldo de varios legisladores de provincias mineras, giró en torno a la necesidad de “aclarar conceptos” y de fortalecer el “federalismo” de la legislación vigente desde 2010.

“El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra”, se jactó Nicolás Mayoraz, aludiendo a la modificación clave que introduce el proyecto del oficialismo: dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica y merece, en consecuencia, formar parte del Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que garantiza la prohibición de la explotación productiva en la zona.

El argumento del Gobierno, así como el de los gobernadores, era que la reforma no venía a cambiar el objeto de la ley, es decir la protección hídrica de los glaciares. En efecto, la reforma no modifica el artículo primero, que hace referencia al objeto de la ley, pero sí los artículos que refieren a la operatividad del inventariado y la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares corresponde proteger. Un punto sobre el que la oposición insistió a lo largo de todo el debate. 

“Se pasa de un régimen que protege glaciares y periglaciares por su condición objetiva a uno que protege sólo después de que una autoridad provincial verifique determinadas funciones hídricas de esos glaciares”, señaló la radical jujeña, María Inés Zigarán, quien pese a responder a un gobernador aliado de Javier Milei, que además tiene interés en desarrollar la explotación de litio en la provincia, fue una de las voceras más críticas de la reforma. 

“El proyecto del oficialismo sobre esta reforma se presenta como respeto a las autonomías provinciales mientras descentraliza el costo político, económico, social y jurídico que tendrán que asumir las provincias”, agregó la diputada radical. 

“Los glaciares inventariados alimentan las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes. Y se están basando para defender esta ley datos que no son científicos, ¿cómo voy a creer que esas provincias, porque ya no va a haber una autoridad competente unificada y hegemónica, van a garantizar una transparencia de criterio cuando se utiliza una palabra que no es científicamente válida como ‘relevancia’?”, sumó la peronista Adriana Serquis, quien aprovechó para llevar una maqueta para explicar cómo funcionan los glaciares. 

Otro de los ejes de las impugnaciones opositoras giró en torno a lo que será la estrategia de las organizaciones ambientales luego de que la nueva ley se publique en el Boletín Oficial: la inconstitucionalidad de la reforma y su inevitable judicialización. “Son las reservas de agua dulce más significativas que tiene la Argentina, creo que vamos a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Están rompiendo la uniformidad establecida en nuestra Constitución. Están haciendo una modificación encubierta de la Constitución al romper el establecimiento de presupuestos mínimos”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro.

Ferraro, a su vez, apuntó contra el lobby minero y denunció que la reforma había sido redactada por las empresas mineras. “Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa. ¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso conflicto de intereses que se lleva adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica. 

Otras intervenciones, mientras tanto, aprovecharon para chicanear al oficialismo por el escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni. “Esta ley es tan mamarracho que solo le falta una jubilada que se presente para hipotecar el país”, ironizó el neuquino peronista Pablo Todero, aludiendo a las jubiladas que le prestaron 300 mil dólares al jefe de Gabinete para comprar la propiedad en Caballito y el country en Exaltación de la Cruz. 

“Me pregunto si esto lo redactó Adorni o algún genio por el estilo, porque dice una cosa que es distinta a lo que quiere decir el bloque oficialista”, agregó Eduardo Falcone, del MID, que pese a su discurso crítico adelantó que iba a votar a favor de la ley en general. 

Remató Juan Grabois, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”. “Piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei; quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo”, cuestionó el líder de Patria Grande.

MCM/MC

El 22 de octubre del 2025, menos de un mes antes de escriturar como propio el departamento en Caballito donde vive con su familia, Manuel Adorni tuvo en la Casa Rosada una reunión con un personaje clave en la trama sobre sus propiedades: recibió a Pablo Martín Feijoo, hijo de unas de las jubiladas que le vendió inmueble y que le dio una hipoteca por US$100.000. El mismo día también estuvo en la sede gubernamental la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Feijoo ingresó a Balcarce 50 a las 10.16 de ese día y se retiró a las 21.34, según pudo constatar elDiarioAR en los registros de visitas de la Casa Rosada. Adorni, que por entonces era vocero presidencial, fue el funcionario que le autorizó el ingreso. Feijoo estuvo acompañado por Gisela Kocsis, según la misma planilla. Angeletti ingresó a las 9.58 y se retiró a las 11.25.

Feijoo, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendió el departamento de la calle Miró al 500 a Adorni. La segunda vendedora y también prestamista de otros US$100.000 es Claudia Sbabo. Ambas le dieron a Adorni una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado, según declaró este miércoles en Comodoro Py la escribana Mónica Nechevenko.

La figura de Feijoo toma relevancia porque según el primer dueño del departamento de Adorni, el exfutbolista Hugo Morales, cuando él le vendió el inmueble a Viegas y Sbabo, las mujeres estaban acompañadas “por dos chicos”. Esa fue su declaración este martes ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el exdeportista profesional accedió a vender el departamento en mayo pasado a US$200.000 porque “quería sacárselo de encima”, pese a que el precio original de venta era por US$340.000. En varios ocaciones en su declaración testimonial indicó la presencia de “dos hombres”.

Este miércoles el diario La Nación reveló la identidad de Feijoo como uno de esos hombres. El otro se trata de Leandro Miano. Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. Así como Feijoo es hijo de Viegas, Sbabo está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora. Tanto Feijoo como Miano serían citados a declarar como testigos por el fiscal Gerardo Pollicita. Las jubiladas lo iban a hacer este jueves, pero se postergó para la semana próxima.

Adorni, según pudo saber elDiarioAR, relató puertas adentro de la Casa Rosada que una de las mujeres que le vendió el departamento “es madre de un amigo”. Así cobraría sentido la visita de Feijoo en Balcarce 50 menos de un mes antes de la escritura del departamento, que fue el 14 de noviembre. El del 22 de octubre es el único ingreso de Feijoo a la Casa Rosada en 2025.

La escriba Nechevenko también tuvo llamativos ingresos a la Casa Rosada para verse con Adorni en los últimos dos años. La profesional, que intervino en las distintas operaciones inmobiliarias de Adorni, ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada entre 2024 y 2025 para reunirse con el funcionario.

La primera visita fue el 30 de julio de 2024 y duró poco más de una hora; luego volvió el 19 de agosto y el 7 de octubre de ese año, en encuentros también registrados con horarios precisos de ingreso y egreso. En diciembre de 2024 se produjo una cuarta reunión, en un período en el que la escribana participaba en la operación de la casa en el country Indio Cuá.

Las visitas continuaron en 2025: el 27 de mayo se registró el encuentro más extenso —casi once horas dentro de la Casa Rosada— en paralelo a la escrituración del departamento de Caballito; luego hubo una reunión breve el 14 de julio y otra el 15 de septiembre, ambas de menos de media hora. Según los registros obtenidos vía acceso a la información pública, estos encuentros se produjeron en los mismos períodos en que se concretaron o avanzaron las operaciones inmobiliarias bajo investigación judicial, lo que puso el foco en el vínculo entre el funcionario y la profesional.

MC

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a verse afectado por un nuevo conflicto, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara un paro de colectivos que impacta en varias líneas. La medida se suma a un escenario ya complicado para los usuarios, marcado por una reducción del 30% en la frecuencia de los servicios.

La decisión del gremio fue comunicada a través de un documento en el que se informó que la retención de tareas rige desde las 00 de este jueves 9 de abril y alcanza a aquellas empresas que no hayan abonado la totalidad de los salarios correspondientes al mes de marzo. Según indicaron, el Gobierno había realizado pagos solo a algunas compañías, lo que derivó en un esquema desigual en el cumplimiento de los haberes.

Desde la UTA justificaron la medida al señalar que la falta de pago y la disminución de frecuencias generaron un fuerte malestar entre los usuarios, lo que derivó en situaciones de tensión y episodios de violencia contra los choferes. En ese contexto, remarcaron que la decisión apunta a garantizar el cobro de salarios y la defensa de los puestos de trabajo.

El conflicto también expone las dificultades estructurales del sistema de transporte, ya que, según el gremio, las empresas argumentan no haber recibido los subsidios correspondientes, tanto a nivel nacional como provincial. Esta situación impacta directamente en la prestación del servicio y en la regularidad de los pagos a los trabajadores.

En medio del paro, algunas líneas lograron mantener su funcionamiento habitual en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la 64, 65 y 151, lo que permitió atenuar parcialmente el impacto de la medida en determinados corredores.

Por otro lado, se espera que a partir del jueves varias líneas comiencen a normalizar el servicio de manera progresiva, tanto en el ámbito nacional como provincial. Sin embargo, la incertidumbre persiste y los usuarios continúan enfrentando dificultades para trasladarse en un contexto de creciente conflictividad en el sistema de transporte público.

JIB

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras convocó a una nueva protesta para este jueves, desde las 14, frente a uno de los inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La jornada se realizará bajo la consigna “No hay plata para comer. No hay plata para cursar”, y será una continuidad de una serie de acciones que vienen desarrollando en rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

La movilización tendrá lugar a escasas cuadras de la facultad, donde los estudiantes planean formar una fila en la puerta del edificio donde reside el funcionario. Según indicaron desde la organización, la modalidad busca visibilizar el malestar del sector estudiantil y reforzar el reclamo por la situación económica que atraviesan.

Entre las principales demandas, el Centro de Estudiantes apunta al congelamiento de la Beca Progresar y a lo que consideran arbitrariedades en su asignación durante los últimos dos años. En ese sentido, sostienen que el acceso al beneficio se volvió más restrictivo en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo.

Como parte de la jornada, también se llevará adelante una olla popular destinada a estudiantes, docentes, nodocentes y vecinos del barrio. El objetivo es poner en evidencia las dificultades económicas que, según denuncian, afectan a amplios sectores de la comunidad, en particular en lo que respecta al acceso a la alimentación.

Desde la organización señalaron que este tipo de iniciativas se realizan de manera semanal, especialmente los días miércoles, cuando reparten comida a personas en situación de calle. No obstante, en esta ocasión decidieron sumar una nueva jornada para fortalecer la convocatoria y ampliar el alcance del reclamo.

La protesta contará además con un cierre cultural: a las 19 se presentará el músico y cantautor Juan Quintero frente al domicilio de Adorni, ubicado en la calle Miró al 500. De esta manera, la jornada combinará reclamos políticos, acciones solidarias y expresiones artísticas en un mismo espacio.

La previa de la sesión de la reforma de la Ley de Glaciares, que consiguió quórum con facilidad, estuvo marcada por un monotema: el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, que comenzó con el viaje privado a Punta del Este y continúa, hace más de un mes, con el desfile de testigos ante el despacho del fiscal Gerardo Pollicita. La oposición agarró el tema y machacó durante toda la sesión, sumando el caso $LIBRA, la persecución contra periodistas y la guerra contra Irán en la mezcla. Perdió todas las votaciones, pero esgrimió una mayoría sorpresiva que despertó las alarmas oficialistas. 

“Es un papelón, no pueden explicar nada de todas estas propiedades, nada de todos estos viajes y lo más paradojal que parece que el gobierno de La Libertad Avanza, que tenía un vocero, ahora tiene que esconderlo y son los funcionarios los que se transformaron en los voceros de Adorni”, provocó la camporista Paula Penacca comenzada la sesión. La diputada de Unión por la Patria fue la primera en presentar un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni para que diera explicaciones sobre sus viajes y propiedades, que tienen envuelto al Gobierno en una crisis hace un mes.

El PRO y la UCR, así como los gobernadores de Tucumán, San Juan y Salta, salieron en defensa del jefe de Gabinete y frustraron la avanzada opositora. La votación salió 124 votos y 118 en contra: dado que la propuesta, al ser un apartamiento del reglamento, necesitaba de tres cuartos de los presentes para ser aprobada, se rechazó. Pero dejó un mensaje. La oposición había fracasado en sostener una mayoría especial, pero no una mayoría simple. Hubo aliados del Gobierno que, al momento de votar, decidieron ausentarse y dejaron expuesto al jefe de Gabinete.

Fue el caso, por ejemplo, de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro (que 24 horas antes había cerrado un acuerdo por la deuda previsional con Nación y se preparaban para acompañar la reforma de la ley de Glaciares). También de los ex libertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, y de Marcela Pagano. Todos ausentes al momento de la votación que, sin embargo, estaban presentes en otros pasillos del Congreso. 

Una situación similar se vivió cuando Maximiliano Ferraro pidió un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni y a Karina Milei por el caso $LIBRA, que sumó novedades sobre la participación de los funcionarios en el lanzamiento de la criptomoneda a raíz de las filtraciones periodísticas del celular de Mauricio Novelli. La oposición consiguió 125 votos a favor y 116 en contra. Una vez más, perdió la votación pero demostró fuerza. Con una novedad: la salteña Yolanda Vega acompañó el proyecto pese al alineamiento de su gobernador, Gustavo Sáenz, con Javier Milei.

El jefe de Gabinete tendrá que pisar la Cámara de Diputados el 29 de abril en un escenario hostil. Existe una mayoría incipiente que está dispuesta a llevarlo por la fuerza a dar explicaciones y, en la vereda de enfrente, un oficialismo que no termina de convencer a todos sus aliados para que salgan en su defensa. “Lo van a destruir”, coincidió un aliado del Gobierno, poco después de la sesión.

La oposición apunta a utilizar esta mayoría incipiente en una futura sesión. El objetivo de la bancada peronista, que preside Germán Martínez, es convocar dentro de unas semanas una sesión especial con un temario que incluya todos los temas rechazados –incluido el “No a la Guerra”, un proyecto de ampliación de licencias parentales y otro destinado a las PYMES– para que puedan ser emplazados y tratados en comisión. Una maniobra que, por discusiones técnicas, la oposición no pudo implementar en el recinto y planea, ahora, utilizarlo como insumo para pasar a la ofensiva en el Congreso. 

No será el único tema. La oposición tiene planeado volver a la ofensiva en el Congreso y buscará hacerlo de la mano del escándalo Adorni, por un lado, y del rechazo del DNU 941 que reestructuró la SIDE. 

El PRO y la UCR apoyan la censura a periodistas

Otro de los temas que se incluyó al comienzo de la sesión fue el repudio a la decisión del gobierno nacional de quitar la acreditación en Casa Rosada a periodistas y medios de comunicación vinculados a una supuesta red de espionaje ruso. Hubo dos proyectos de resolución presentados, uno por Romina del Plá (PO) y otro por Lorena Pokoik (UxP), y ambos fueron rechazados. 

Votaron en contra LLA, pero también el PRO y la UCR. Los gobernadores, en esta ocasión, decidieron ausentarse. Sí acompañaron el rechazo a la censura, en cambio, el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. 

Una situación similar se vivió con el proyecto de resolución de No a la Guerra de Eduardo Valdés y Juan Marino (UxP). “Paz, paz, paz, esto es lo que quiero escuchar de este recinto”, pidió Valdés, pero con 121 votos a favor y 117 en contra no logró conseguir conseguir los tres cuartos del recinto.

MCM/CRM

La Justicia ordenó allanamientos en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci que intervinieron en la compra de un departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida se dispuso luego de la declaración como testigo de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar quiénes participaron en la intermediación de la operación y establecer el valor real de la transacción.

La investigación se enfoca en el financiamiento de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500, adquirida mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores. Según se analiza en el expediente, sus ingresos, en algunos casos como jubiladas o empleadas públicas,no serían compatibles con los montos prestados al funcionario.

Durante su declaración, Nechevenko sostuvo que no tiene injerencia en el origen de los fondos y aseguró que, desde su rol profesional, las operaciones fueron “normales”, motivo por el cual certificó las escrituras.

En paralelo, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto bancario para profundizar la investigación sobre otros movimientos financieros de Adorni, entre ellos gastos vinculados a vuelos privados al exterior, como viajes a Nueva York y Punta del Este.

Con información de la agencia NA

Los incidentes marcaron la jornada de protesta frente al Congreso mientras se debatía la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. En un clima de alta tensión, manifestantes ambientalistas y militantes de partidos de izquierda protagonizaron enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en pleno centro porteño.

El episodio más grave se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde las fuerzas de seguridad intentaron despejar la calzada para evitar cortes totales de tránsito. Según fuentes policiales, los uniformados avanzaron para obligar a los manifestantes a subir a la vereda, lo que derivó en empujones, corridas y momentos de desorden.

Como resultado de los disturbios, al menos una persona fue detenida acusada de participar en los desmanes. La situación se dio en simultáneo con el debate legislativo, lo que sumó presión a una jornada ya atravesada por fuertes cruces políticos dentro del recinto.

La tensión no fue un hecho aislado. Durante la mañana, otro foco de conflicto se produjo cuando activistas de Greenpeace escalaron el Monumento a los Dos Congresos y desplegaron banderas con consignas contra la reforma. Tras la intervención policial, siete manifestantes fueron demorados por contravenciones.

A lo largo del día, la protesta se mantuvo activa en las inmediaciones del Congreso, con una importante presencia policial destinada a contener posibles cortes y evitar que la movilización avanzara sobre arterias clave. La combinación de un debate sensible y la movilización en la calle derivó en un escenario de creciente conflictividad, con episodios que expusieron la tensión social en torno al tratamiento de la iniciativa.

Con información de agencias y medios

JIB

En medio de los cimbronazos por el caso Adorni y el debate de la Ley de Glaciares en el Congreso, la agenda del Gobierno se reordenó este miércoles alrededor de una serie de reuniones que, más allá de su carácter formal, concentran el núcleo de una crisis que dejó de ser silenciosa. El punto más sensible tuvo lugar esta tarde en el Palacio de Hacienda, donde el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió con su par de Economía, Luis Caputo, en un intento por destrabar la falta de financiamiento que mantiene al PAMI en una situación cada vez más delicada, con un resultado que, por ahora, se resumió en referencias generales a “avances” entre los equipos técnicos.

Desde el Ministerio de Economía, el balance fue escueto. Se limitaron a señalar que fue “una reunión muy productiva”, y agregaron que “se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda”. “Misma sintonía”, agregaron, por su parte, fuentes de la cartera sanitaria consultadas por elDiarioAR. Ambas orillas evitaron dar precisiones acerca de definiciones concretas sobre la asistencia financiera que reclama Salud.

No se trató de un encuentro más. A diferencia de otras reuniones de coordinación entre ministerios, esta vez la expectativa no estaba puesta en el diagnóstico sino en la decisión. El sistema de salud arrastra una deuda con prestadores que supera los 500 mil millones de pesos, con clínicas y sanatorios que advierten que no pueden sostener la atención en estas condiciones. En ese marco, la mesa que tuvo lugar esta tarde se perfilaba como el momento en el que el Gobierno debía dar una solución real a la cuestión. No pasó.

La reunión llegó además después de varios días de tensión política en torno a la continuidad de Lugones, que la Oficina de Respuesta Oficial salió a desmentir de manera enfática tras la nota de elDiarioAR, pero que no logró disipar del todo las dudas hacia adentro. El ministro fue ratificado en su cargo, pero el problema que puso en discusión su permanencia sigue intacto: la imposibilidad de sostener el funcionamiento del sistema sin asistencia financiera. Aunque algunos ya, por lo bajo, no dudan en definirlo como un liso y llano “vaciamiento”.

Presión

El planteo de Lugones a Economía es directo. Desde hace semanas reclama una ampliación de partidas para el PAMI que, según distintas fuentes, ronda en realidad el equivalente a mil millones de dólares. Del otro lado, el ministro Caputo había evitado hasta ahora involucrarse de lleno en el conflicto, en una dinámica que dejó a Salud administrando en soledad una crisis que excede largamente sus capacidades presupuestarias. Esa distancia empezó a tensarse en los últimos días, cuando la presión del sistema privado dejó de ser preventiva y empezó a traducirse en advertencias concretas.

El conflicto, en ese sentido, ya no es solo sanitario. Dejó de ser un problema del Ministerio de Salud para convertirse en un problema del Gobierno. Es que medidas que hasta hace poco parecían excepcionales entraron en evaluación por parte de clínicas, sanatorios y laboratorios, mientras distintas instituciones ajustan su funcionamiento para sostener la atención en un contexto cada vez más crítico.

Según pudo saber elDiarioAR, ya se registran recortes en la oferta de turnos y demoras en prácticas no urgentes, mientras que el cobro de copagos aparece como una salida de emergencia que el organismo intenta frenar sin demasiado éxito. En el sector advierten que, sin una señal concreta en los próximos días, el margen para sostener la atención se agota y el impacto podría trasladarse de lleno a los afiliados. “En 20 años nunca vivimos una situación así”, deslizan.

Este miércoles, además del cónclave Lugones-Caputo, las autoridades del PAMI, con su titular Esteban Leguizamo a la cabeza, abrieron una mesa de negociación con las principales cámaras del sector para intentar acordar un cronograma de pagos que evite una interrupción de servicios. Los prestadores reclaman una deuda acumulada que supera el mes de prestaciones, a lo que se suma la falta de actualización de aranceles frente al aumento de costos.

Ruidos internos

El nivel de tensión es tal que incluso dentro del gabinete comenzaron a marcar límites. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió a despegar públicamente su cartera de la crisis con un mensaje explícito. “El Ministerio de Capital Humano no tiene competencia sobre el PAMI ni sobre el área de Discapacidad”, señalaron desde esa cartera, para luego subrayar que ambos ámbitos “dependen del Ministerio de Salud”. La aclaración, difundida en medio de la escalada del conflicto, fue leída como algo más que un ordenamiento administrativo. En un contexto de responsabilidades difusas, implicó también una forma de delimitar costos políticos.

Todo ocurre después de una secuencia de gestos que buscaron sostener a Lugones en su cargo tras el temblor de los últimos días. El lunes fue recibido por Santiago Caputo, su principal respaldo dentro del esquema oficial, en un encuentro que sirvió para ratificarlo en medio del ruido, aunque no terminó de disipar del todo algunas fricciones que comenzaron a asomar en ese vínculo. El martes volvió a la Casa Rosada para reunirse con Manuel Adorni en el marco del seguimiento de gestión.

Pero la ratificación del ministro convive con una contradicción difícil de disimular. El Gobierno decidió respaldar a Lugones, pero todavía no resolvió el problema que puso en duda su continuidad. Lo sostiene en público, pero lo expone en la gestión. En ese punto, la discusión deja de ser únicamente política y pasa a ser operativa.

Por eso, la reunión de esta tarde con Luis Caputo condensó algo más que una negociación presupuestaria. Más allá de los “avances” informados oficialmente, el encuentro dejó abierta la incógnita central sobre la asistencia que necesita el sistema. En ese punto, lo que está en juego no es solo una partida, sino el margen real de la gestión sanitaria, en un equilibrio que sigue tensándose. Y que, en un esquema que ya muestra signos de agotamiento, puede volverse insostenible mucho más rápido de lo previsto.

PL/CRM

La conducción de la CGT se reunirá este jueves en la sede de Azopardo para delinear los próximos pasos frente a la judicialización de la reforma laboral y avanzar en la organización de las actividades por el Día del Trabajador, entre las que se evalúa una movilización el 30 de abril.

El encuentro del Consejo Directivo, integrado por más de 50 dirigentes, comenzará a las 14:30 y estará encabezado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello, según confirmaron fuentes sindicales.

Entre los principales temas a tratar figura el informe sobre las acciones judiciales contra la Ley de Modernización Laboral, así como la definición de una posible marcha hacia Plaza de Mayo en la víspera del 1° de Mayo.

La central obrera también analizará la situación de las obras sociales sindicales y distintos aspectos administrativos internos, en un contexto marcado por el conflicto con el Gobierno en materia laboral.

En relación con la reforma, la CGT viene de obtener un fallo favorable en primera instancia: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 dispuso la suspensión provisoria de cerca de 80 artículos de la normativa. Ante este escenario, el Gobierno prepara la apelación, mientras que la dirigencia sindical evalúa junto a sus asesores legales cómo sostener la estrategia en los tribunales.

En la previa del encuentro, Sola destacó que “más de 80 artículos vinculados a derechos individuales y colectivos se encuentran actualmente frenados por decisión judicial”, y subrayó que, mientras tanto, las indemnizaciones deben calcularse bajo el régimen anterior.

Con información de la agencia NA