El presidente Javier Milei cumple agenda desde Davos, donde se reunió con ceo‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin, en la previa a su exposición en el Foro Económico. 

La delegación presidencial aterrizó el martes, pasado el mediodía, y se prepara para cumplir una serie de actividades que tendrá hasta el jueves, que emprenderá su retorno al país. 

Este miércoles, el mandatario saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial.

Asimismo, asistió a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales que contó con la participación de la directora Ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El jefe de Estado se mostró escoltado por el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

La agenda continúa este miércoles con la actividad central de la visita programada para las 11.45 (hora argentina) cuando pronuncie su discurso en el Foro Económico de Davos que se celebra del 19 al 23 bajo el lema “El espíritu del diálogo”. En Balcarce 50 saben que el evento tiene llegada global y aspiran a amplificar las palabras del libertario. 

Por su parte, el mandatario iniciará la mañana del jueves a las 10.30 con la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsada por su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos. Se trata de un organismo que apuesta a bregar por la paz en el mundo, con especial particularidad en la Franja de Gaza. 

En Casa Rosada se jactan de que la Argentina fue de los primeros países en ser invitados por el republicano que hizo extensiva la convocatoria al resto del mundo, incluso a China y a Rusia. 

Como actividades finales, Javier Milei deberá dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes. 

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva, que cuenta con agenda propia, emprenderá el regreso al país. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.

Con información de NA.

IG

El Gobierno de Suiza anunció este lunes que ha congelado los activos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de otras personas vinculadas a él durante los próximos cuatro años, a fin de evitar la transferencia de “bienes adquiridos ilícitamente” fuera del país, que se suman a las sanciones vigentes desde 2018.

El Consejo Federal informó que en caso de que se demuestre que dichos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano. Asimismo, sostuvo que la actual medida no afecta al resto de miembros que aún conforman el Gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro.

Las autoridades helvéticas explicaron que ante la “volátil situación”, donde “varios escenarios son posibles”, se optó por esta medida cautelar para evitar que “puedan transferirse fuera de Suiza bienes adquiridos ilícitamente”.

Suiza argumentó que la medida no se basa en el derrocamiento de Maduro y si esta maniobra se produjo violando el Derecho Internacional. “El factor decisivo”, sostiene, es que tras su caída, es posible que Venezuela inicie procedimientos legales en el futuro “con respecto a los activos adquiridos ilícitamente”.

“La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”, explicó el Consejo Federal suizo.

Europa Press.

Con talleres, proyecciones y conferencias gratuitas destinadas a niños y adolescentes, del 23 al 27 de julio tendrá lugar en Buenos Aires Suiza Pop. Se trata, según informaron los organizadores, de “una iniciativa interdisciplinaria que busca mostrar la capacidad para la innovación y vanguardia suiza a partir de la creación de un espacio de descubrimiento y encuentro, donde diferentes artes como la animación, los videojuegos, las artes visuales y la literatura infantil son el epicentro”.

En coincidencia con las vacaciones de invierno porteñas y con una programación diseñada “para sorprender, educar, disfrutar y formar un puente cultural”, el encuentro cultural promete la presencia de destacados artistas suizos de distintos rubros.

“Impulsado por la Embajada de Suiza en Argentina, Suiza Pop es un evento cultural gratuito para infancias y adolescencias que tendrá lugar durante las vacaciones de invierno porteñas. Se desarrollará principalmente en El Cultural San Martín (Paraná 310), con actividades adicionales en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) y la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946)”, detallaron desde la organización en un comunicado.

El evento contará con la participación de destacadas figuras de la cultura suiza. Entre los nombres anunciados se encuentra el de Clémence Pun, parte del estudio Hélium —nominado al Oscar por maravillas animadas como My Life as a Zucchini—, quien viene a estrenar Sauvages en Argentina y a realizar diferentes talleres (incluido uno de stop-motion junto a Moco), además de encuentros mano a mano con la industria local de la animación.

“La artista visual Myriam Gämperli se suma a Suiza Pop para llevar a cabo talleres dirigidos a niños y adolescentes, junto a figuras de la región como la artista colombiana Powerpaola, la creadora venezolana Titihoon y el humorista gráfico argentino Gustavo Sala”, adelantaron los organizadores.

“En el terreno de los videojuegos, Aditya Deshpande representará al Swiss Game Center mediante una serie de workshops gratuitos para aprender a crear videojuegos a lo largo de los cinco días del evento”, agregaron.

En total, durante los cinco días de Suiza Pop habrá 16 proyecciones, entre las que se encuentran “el estreno nacional de Sauvages, de Claude Barras, además del regreso a pantalla grande de My Life as a Zucchini y los cortometrajes del estudio Hélium”.

“También se incluyen funciones de cortos suizos y argentinos para las infancias, un cruce entre animadoras de ambos países, un programa para descubrir talentos emergentes de la animación suiza y una selección de cortos curados por el prestigioso festival de animación Fantoche. A modo de cierre, habrá una función especial: el estreno en Argentina de la remasterización realizada por la Cinémathèque Suisse de L'Histoire de Monsieur Vieux, un clásico de la animación suiza basado en la obra de Rodolphe Töpffer, considerado el padre de la historieta moderna, con musicalización en vivo a cargo de Axel Krygier”, señalaron desde Suiza Pop.

La programación también contará con diez talleres y laboratorios de videojuegos, además de charlas sobre animación y encuentros vinculados con la literatura infantil. Los detalles de días y horarios para cada actividad se darán a conocer en estos días a través de las redes de la embajada de Suiza en la Argentina.

AL/MG/JJD

El buen uso y funcionamiento de las predicciones y del sistema de alerta temprana permitió salvar la vida de los más de trescientos habitantes de Blatten, un pueblo suizo que quedó sepultado el miércoles por una avalancha de hielo, rocas y barro que se desprendió de un glaciar cercano, un desastre relacionado con el cambio climático.

“Los suizos hicieron todo como un ejemplo de manual de lo que se debe hacer: advirtieron a la población y evacuaron a las personas fuera de la zona de peligro. Ni el paisaje ni la aldea volverán a ser nunca los mismos, pero se mostró cómo podemos usar los pronósticos y las alertas para salvar vidas”, dijo la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Clare Nullis.

Las mediciones indican que en cinco de los últimos seis años ocurrió el retroceso más rápido de glaciares que se haya observado en el planeta y que entre 2022 y 2024 se perdió una masa récord de éstos.

Basándose en la compilación de datos a nivel global (disponibles desde 1975), el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares considera que han perdido en total más de 9 billones de toneladas.

“Esto equivale a una gigantesca masa de hielo del tamaño de Alemania y de un grosor de 25 metros”, comparó Nullis.

En Suiza únicamente, los glaciares alpinos perdieron un 10% de su volumen entre 2022 y 2023.

En la zona donde se erigía el pueblo de Blatten, en el cantón de Valais, la amenaza sigue presente, pero ya no proviene del glaciar Birch, que lo destruyó hace dos días, sino de un lago formado por las aguas del río Lonza y que han quedado bloqueadas por la masa volcada desde las alturas.

No obstante, en las últimas horas se ha observado que el agua ha comenzado a abrirse paso a través de esa masa, aunque persiste el riesgo de una crecida extrema, según ha reportado el Servicio de Peligros Naturales de Valais.

Por ello está abierta la posibilidad de que la evacuación, que hasta ahora ha afectado a 365 personas, se extienda a los pueblos situados aguas abajo, ya que un desbordamiento podría inundar la parte inferior del valle.

EFE.

IG

En abril, tras el histórico fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suiza por su inacción ante el cambio climático, Asti Roesle, director de campañas de la Alianza Suiza por el Clima –integrada por más de cien organizaciones de la sociedad civil–, se unió a una decena de activistas para bloquear el acceso al Banco Nacional Suizo. La Policía tomó los datos de todos los manifestantes y los remitió a la Fiscalía para abrir un expediente judicial.

Roesle es uno de los muchos activistas climáticos suizos que tienen causas abiertas por desobediencia civil ante la inacción climática de Estados y empresas. Ahora, los abogados que llevan años defendiendo a este colectivo han decidido unirse para invertir los roles en los juicios: que los ciudadanos sean los demandantes y los Gobiernos y compañías los que ocupen el banquillo de los acusados.

“Se trata de una red jurídica que invierta la actual dinámica. Es decir, que quienes alzan su voz a favor del clima dejen de estar del lado de los acusados y que ese lugar lo ocupen los verdaderos responsables de la crisis climática”, resume Tali Paschoud, abogada en Ginebra e integrante del comité de “Avocates pour le climat” (Abogados por el clima), el nombre de esta organización.

El grupo, formado en septiembre de 2021, ha superado este año los 300 miembros, entre abogados y profesionales que trabajan en el ámbito jurídico, como profesores universitarios y estudiantes de doctorado. La asociación tiene tres grandes metas: aglutinar a todos los abogados “sensibles” con la causa climática, reunir “recursos legales útiles” en esta cruzada y “tener una voz fuerte” en el debate público sobre la importancia de los litigios climáticos.

“La mayoría de los fundadores nos conocimos durante los juicios penales en defensa de los activistas climáticos. Sentimos la necesidad de invertir la dinámica repetida de ciudadanos acusados por las empresas contaminantes. Por eso, la asociación ofrece a los ciudadanos la posibilidad de emprender acciones contra el Estado o contra las empresas por la grave responsabilidad que tienen en la actual crisis climática. Queremos pasar de la defensa al ataque”, explica Paschoud.

La asociación, cuenta la abogada, está o ha estado activa en una decena de procedimientos. “Es una plataforma desde la que los abogados implicados preparamos y llevamos a cabo procedimientos judiciales. Es decir, el derecho se pone al servicio del clima y del medio ambiente. Los abogados tenemos que ser muy creativos y audaces para presentar estas cuestiones ante los tribunales”, subraya.

A su entender, los gobiernos, tanto en Suiza como en la mayoría de los países desarrollados, tienen “serias dificultades” para responder a la emergencia climática a pesar de “evidencias científicas cada vez más contundentes”. “Ante esta realidad, pretendemos recurrir a la justicia para dar forma concreta al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, detalla.

Los casos

En estos momentos, la asociación tiene a varios representados. Ente ellos hay un grupo de agricultores, viticultores, horticultores y arboricultores de varias regiones (Zúrich, Schwyz, Ginebra, Neuchâtel y Vaud) que ha demandado al Departamento Federal Suizo de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC) por “su inacción ante el cambio climático, que amenaza los rendimientos de las cosechas”.

El argumento de la demanda es que, por su “insuficiente política climática”, este organismo estatal compromete la “libertad económica y propiedad privada” de los agricultores. “De hecho, al no tomar medidas serias para proteger la población suiza contra el calentamiento global, DETEC está perjudicando la rentabilidad de estos terrenos”, asegura Paschoud.

En 2023, tras la difusión en la prensa de obras ilegales en el glaciar de Théodule, en los Alpes, donde se celebró la Copa del Mundo de Esquí, estos abogados presentaron una denuncia en nombre de varias organizaciones ecologistas ante la Comisión Cantonal de Construcción del Valais para arrojar luz sobre la legalidad de estas obras. El fallo judicial ordenó la paralización urgente de los trabajos y prohibió la utilización de todas las partes de la pista situadas fuera de la zona de esquí, es decir una superficie de 25.000m².

La FIFA también ha estado en la diana de la asociación. A finales de 2022 se presentó una denuncia ante la Comisión Suiza para la Lealtad Comercial “por lavado de imagen”. 

La institución futbolera que preside Gianni Infantino afirmó públicamente que el Mundial organizado por Qatar sería “neutro en carbono”. En junio de 2023, la FIFA fue declarada culpable por su ecopostureo. La comisión suiza instó a la FIFA a abstenerse en el futuro de formular estas afirmaciones en sus próximos eventos.

Asociación de utilidad pública

Paschoud aclara que los abogados miembros de la asociación son “voluntarios”, ninguno cobra por prestar estos servicios. No obstante, las acciones “requieren fondos para financiar los costes legales”. El grupo tiene abierto un formulario de donación en su página web.

Este año, las autoridades fiscales de Ginebra reconocieron a este colectivo “asociación de utilidad pública”, una distinción que confirma la importancia de “poner al derecho en primera línea del clima y el medio ambiente”.

“Tiene que quedar claro que los ciudadanos del mundo se enfrentan hoy a una crisis climática sin precedentes. Un motivo principal es que nuestras autoridades políticas no están cumpliendo la ley, por lo que muchas empresas nos están llevando por un camino totalmente incompatible con los objetivos climáticos firmados”, denuncia la abogada.

La “buena noticia”, dice, es que “ya estamos viendo cómo las autoridades alemanas, francesas y holandesas están siendo juzgadas por esta inacción”. Lo mismo ocurre con las compañías más contaminantes, todas ellas ligadas a la industria de los combustibles fósiles.

“Somos optimistas sobre la voluntad de los jueces de hacer un derecho respetuoso con los límites del planeta. Creemos que nuestro papel como auxiliar de la justicia es necesario para concretar una voluntad que, por lo general, sigue en el aire”, concluye.

DM

El presidente Javier Milei llegó hoy a Suiza para participar junto a una parte de su Gabinete en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, una pequeña ciudad de los Alpes que cuenta con 11 mil habitantes regulares durante el año y que es famosa por sus deportes de invierno, principalmente el esquí.

Milei llegó a Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza, con 1,3 millones de personas, tras una escala en Alemania, y viajó por carretera casi 150 kilómetros hacia Davos.

Actualmente es invierno en Europa, por lo que se registran días fríos y los turistas llevan mucho abrigo para moverse en ese pequeño pueblo enclavado en los Alpes suizos a unos 1.560 metros sobre el nivel del mar.

Durante enero, las temperaturas máximas apenas si llegan a los cero grados y durante la noche esa cifra puede llegar a bajar hasta los -10°C. El registro mínimo histórico se produjo en 2011 en Davos, con 27 grados bajo cero.

En esta ciudad, el promedio de horas de sol diarias es de 8,58 en esta época del año: amanece a las 8:01 de la mañana y anochece muy temprano: a las 16:59, por lo que los días pueden llegar a parecer cortos para la lógica que maneja un turista argentino.

Las bajas temperaturas provocan que los deportes de invierno sean los más importantes de Davos. El hockey sobre hielo es una de las disciplinas que tiene más adeptos y el club de la ciudad, HC Davos, es el más ganador en la historia de Suiza, con 31 ligas en su haber.

Sin embargo, el gran atractivo turístico de la ciudad es el esquí y el snowboard: Davos cuenta con 58 telesquíes, 300 kilómetros de pista de esquí, 100 km de pistas de esquí nórdico, más de 150 km de senderos para caminatas de nieve y dos pistas de hielo artificial en las que se puede jugar al hockey sobre hielo y realizar patinaje sobre hielo.

Cuánto cuesta alojarse en Davos

Los residentes regulares de la ciudad deben desembolsar 1.200 dólares mensuales por un monoambiente en el centro, mientras que por el mismo departamento en las afueras de la ciudad se paga solamente 100 dólares menos. Para vivir en un tres ambientes en el centro hay que desembolsar US$ 2.300 y US$ 1.900 en las afueras.

En lo que respecta al turismo hay distintas opciones: en la plataforma Airbnb se ofrece una habitación en una casa compartida por 93 dólares la noche, mientras que los precios para una pareja no bajan de los US$ 129 la noche y pueden llegar a trepar hasta los US$ 3.108 según el grado de lujo que se seleccione.

Davos tiene una gran oferta hotelera porque es un centro turístico importante de Suiza, pero se debe tener en cuenta que en invierno es temporada alta y los precios son casi prohibitivos: una estadía de dos noches para una pareja en un hotel de tres estrellas cotiza a 6.346 dólares, mientras que por el mismo período una estadía en un hotel de lujo puede trepar a los 15 mil dólares.

Cuánto cuesta comer en Davos

Davos no es una ciudad barata en lo que respecta a la gastronomía: una cena en un restorán de precios accesibles cuesta 26 dólares por persona, mientras que en un estableciendo de gama media un menú de tres platos para dos personas cuesta US$ 117.

Un combo en McDonald´s cuesta 15 dólares, mientras que una hamburguesa con queso sin ningún tipo de acompañamiento en un establecimiento de comida rápida cotiza en torno a los US$ 4,60.

Una gaseosa sabor cola de 0,33 litros de las dos marcas principales cuesta 4,80 dólares, mientras que un agua del mismo tamaño se comercializa en US$ 5,50.

Una pinta de cerveza tirada (medio litro) cuesta 7 dólares, mientras que los porrones de cerveza importada (0,33 litros) cotizan a US$ 7,60. Un café expreso simple cuesta US$ 3,30, mientras que un capuchino está a 4,70 dólares.

En el caso de que los turistas quieran ahorrar y evitar los restoranes, en los supermercados un litro de leche cuesta dos dólares, medio kilo de pan US$ 3,70, una docena de huevos 6,20 dólares, una cerveza local US$ 2,30, un kilo de manzanas US$ 4,70 y un kilo de pechugas de pollo 32 dólares, es decir, más de 36 mil pesos argentinos, tomando en cuenta el tipo de cambio libre de este martes en Buenos Aires.

NB con información de NA.

En el barrio Las Mercedes, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, los vecinos denuncian que conviven desde hace décadas con el polvo de la empresa Klaukol, una fábrica de productos para la construcción denunciada hace casi 15 años ante la Justicia penal por presunta contaminación. Esta compañía, actualmente propiedad de la multinacional suiza Sika, protagoniza una disputa desigual con un grupo de ciudadanos que reclama por afecciones a su salud y al medioambiente, y un expediente que demuestra la inacción y largas demoras de los poderes del Estado, desde el municipio y la provincia de Buenos Aires hasta organismos nacionales y el propio Poder Judicial. Una pelea de 15 años sin respuestas que mantiene a los vecinos atrapados en un callejón sin salida: vivir con el polvo o vivir con el polvo. Dejar sus casas sin nada a cambio no es una opción en este barrio de clase trabajadora.

Durante los últimos dos años, elDiarioAR investigó el caso junto el medio suizo Das Lamm para corroborar las acusaciones de los habitantes de Las Mercedes contra la empresa suiza. La ONG suiza Iniciativa Empresarial Responsable también investigó las actividades de la fábrica y transmitió la información a un equipo editorial de Tamedia, en Suiza. Los resultados de las investigaciones se publican ahora simultáneamente. 

elDiarioAR y Das Lamm realizaron numerosas entrevistas, examinaron documentos judiciales, oficiales y registros audiovisuales tomados por los vecinos. Además llevaron a cabo solicitudes de acceso a la información pública y solicitaron exámenes médicos. El resultado es la historia de una empresa suiza que aprovecha las condiciones locales y los bajos estándares medioambientales de la provincia de Buenos Aires y altera la vida de los residentes locales. El caso también demuestra cómo la Justicia sólo actuó ante la presión pública. 

Del tambo al polvo

Los primeros vecinos ya estaban instalados en este barrio cuando un empresario italiano montó la primera versión de esta fábrica. En el predio, antes de Klaukol, había un tambo, recordó Guillermo Winke, vecino de la fábrica, durante una entrevista con elDiarioAR. A finales de la década de 1990, la empresa francesa Lafarge adquirió Klaukol y con la multinacional la producción escaló y los problemas ambientales aumentaron, aseguran los vecinos consultados. Comenzaron los peores años para el barrio, contaron los más antiguos en numerosas entrevistas a lo largo de estos dos años.

La fábrica quedó a nombre de Parex, escindida de la empresa francesa, y en 2019 se vendió a la multinacional suiza Sika.  

Jorge Sosa vive hace 28 años en el barrio Las Mercedes, donde construyó su casa con esfuerzo y orgullo, a 400 metros de la fábrica. De madrugada, documenta con su teléfono celular cada vez que la empresa prende las chimeneas y Jorge teme lo peor: más polvo.

El polvo, de un color gris y otras veces dorado, como la arena, es brillante y durante estos últimos dos años fue usual verlo en las calles, los charcos de agua, los techos, los autos y en fotos tomadas a la ropa que cuelgan en los patios. Sosa invita a subir a las habitaciones de la planta alta de su casa y pasa los dedos por los marcos de las ventanas. El polvo se le pega a las manos. Es tan fino como el mortero, uno de los productos de la fábrica.

“Este polvo nos enferma”, dijo Sosa. “Me doy cuenta enseguida cuando la fábrica está funcionando”, afirmó. Es cuando asegura que le arden los ojos, le cuesta respirar y le pica la piel. También tiene asma por “posible exposición ambiental a material particulado”, de acuerdo al diagnóstico de la neumóloga Vanina Martín, del Instituto Raúl Vaccarezza.

La médica ha detectado otros 27 casos de afecciones por exposición al polvo entre vecinos de las primeras tres manzanas del barrio. Su trabajo fue en el marco de un estudio que le solicitó Acumar (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo) recién en 2023 y presentado en septiembre último ante el juzgado federal número 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, que tiene el caso desde 2013. 

Los pacientes fueron derivados por Acumar, luego de que un toxicólogo hiciera un primer diagnóstico. Hay al menos 48 casos “sospechosos de potencial asociación a exposición a material particulado” en estas primeras tres manzanas, que evaluó el toxicólogo en una primera consulta y que deriva de a tandas a la neumonóloga para su evaluación específica, por lo que el número de confirmados por Martín podría aumentar eventualmente. Así consta en un informe analizado por elDiarioAR.

Winkel falleció en 2022. Vivía justo frente al paredón que separa a la fábrica del barrio y que se construyó tras varios años de quejas de los vecinos. Cuando aún no mostraba señales de estar enfermo, Winkel recibió a elDiarioAR en su casa. No sólo padecía el polvo, afirmó. Su casa vibraba entre las 6 de la mañana y la medianoche por el efecto de las maquinarias de la fábrica. Este medio pudo comprobarlo: entonces vibraban las ventanas, el piso, la puerta. “La vibración rajó las paredes y tengo un tímpano roto”, aseguró. El ruido era insoportable.

“Cuando voy a lavar el coche, le paso la mano y sale algo gris. Usted se da cuenta de que no es tierra. Es gris y pegajoso. Se pega al coche”, dijo Winkel en la entrevista. 

Puff

En el living de Susana Ardiles y Jorge Crespo las ventanas están cerradas a pesar del calor del verano. “Tenemos que limpiar la casa a menudo para que no haya tanto polvo”, dice Ardiles. La pareja tiene un almacen en el patio delantero de la casa. También refieren molestias constantes en los ojos, la piel y las vías respiratorias. Están especialmente preocupados por sus nietos, que tienen que usar regularmente un spray contra el asma.

El aerosol que utilizan es un broncodilatador, que normalmente se aplica en pacientes asmáticos y sirve para relajar los músculos bronquiales, lo que a su vez facilita la respiración. 

En las entrevistas con los vecinos, casi una de cada dos personas del barrio de Las Mercedes asegura que utiliza un inhalador. Los nietos de Crespo y Ardiles utilizan hasta tres al mes, mientras el precio del medicamento sube por las nubes. 

Alejarse de Klaukol es imposible para Ardiles y Crespo. Aquí tienen su casa. Es el barrio en el que crecieron sus hijos y ahora crecen sus nietos. 

En noviembre de 2020, Nadia Carabajal acudió a urgencias. Se encontraba muy mal y apenas podía respirar. El diagnóstico: su riñón, implantado 23 años antes, ya no funcionaba. Tiene 28 años.

Carabajal vivía justo enfrente de la fábrica, a pocos metros de Winkel. Nació con un riñón defectuoso, que le sustituyeron a los tres años. A la espera de un nuevo riñón, Carabajal debía exponerse lo menos posible al polvo por prescripción médica. Un esfuerzo enorme para la familia, que tuvo que aislar completamente la habitación de la niña. Durante años fue imposible que Carabajal jugara en el jardín o en la calle con otros niños. 

Cuando Carabajal ingresó en urgencias, todo volvió a empezar para ella. Junto con unos abogados que trabajaron gratis para ellos, los padres demandaron a la fábrica. Fuera de los tribunales, acordaron que Sika pagaría los gastos de alquiler de una casa fuera del barrio y de la nube de polvo. Una victoria escénica para todos, que muchos en el barrio interpretan también como una “admisión de culpa” por parte de Sika. Sin embargo, la empresa respondió ante la consulta periodística que acordó pagar un alquiler a Carabajal por “razones humanitarias” y “totalmente ajenas a la operatoria de la empresa”. 

Después de que Carabajal se trasladara a un barrio alejado de la fábrica, su salud mejoró notablemente, asegura en una entrevista para esta investigación. Afirma que el nuevo aire ha mejorado su vida. Antes estaba casi todo el tiempo en la cama, enferma y sin energía. Se siente bien en la nueva casa, se mueve mucho más y ha podido retomar sus estudios, que tuvo que interrumpir poco después de su recaída. “Es como una nueva vida”, resumió. Pero la batalla aún no está ganada. Con cada aumento del alquiler su familia debe discutir con Sika sobre el subsidio. Es una lucha constante para vivir dignamente. Según la familia, Sika actualmente sólo paga una parte del alquiler. 

Derrotero

Los residentes afirman que soportaron el polvo, los picores en la piel y las dificultades respiratorias durante décadas. En 2009 sucedió lo inesperado: se produjo una explosión en las instalaciones, aseguran los vecinos. Ante la consulta de elDiarioAR, Sika dijo desconocer el episodio. Numerosos testimonios recogidos por este medio sostienen que esa mañana el barrio amaneció cubierto de un polvo blancuzco o gris y el fenómeno duró varios días. Entonces, afirman, la respiración se hizo aún más difícil. En los días siguientes, la empresa distribuyó productos de limpieza, aspiradoras industriales y dinero. A cambio, los vecinos debían firmar un contrato que evitaría cualquier acción legal contra la compañía, cuentan los vecinos. En la actualidad no queda ninguna copia de dicho contrato.

“Lo que hicimos las mujeres del barrio fue hacer la denuncia porque la fábrica nos quiso hacer firmar un consentimiento para que renunciáramos a nuestro derecho a hacer juicio por contaminación o por daños a la salud”, asegura Susana Aranda, una de las vecinas querellante. Así nació la causa penal.

A varios vecinos les pareció sospechosa la cláusula del contrato. Unieron sus fuerzas y protestaron frente a las instalaciones de la fábrica, de la embajada de Francia y del municipio de La Matanza. Entonces, la empresa aún pertenecía al fabricante de cemento francés Lafarge. Pero las protestas tuvieron poco efecto. Ninguna autoridad del Estado tomó una decisión de fondo. Los vecinos se quedaron con el polvo y la frustración, y desde 2009 un grupo responsabiliza a la fábrica de sus afecciones a la salud.

En 2014, en respuesta a las protestas, Acumar, junto con otras autoridades sanitarias, llevó a cabo un examen médico inicial de la población con el fin de establecer los vínculos entre los problemas de salud de los residentes locales y las posibles fuentes de contaminación. Sin embargo, aunque las autoridades ya habían establecido entonces que muchos residentes padecían enfermedades respiratorias, cutáneas o de mucosas, no se realizaron más pruebas ni se midió la contaminación atmosférica. 

En el informe anual de 2016, la misma autoridad medioambiental anunció que trabajaría para medir constantemente la calidad del aire en las chimeneas de la fábrica. Sin embargo, la fábrica siguió funcionando, de acuerdo a los vecinos. Tampoco se instalaron medidores de calidad de aire en las chimeneas, lo que hubiese permitido confirmar o descartar la responsabilidad directa de la fábrica en la contaminación.

Un año después, en 2017, otros 518 residentes fueron examinados por la autoridad medioambiental de la provincia de Buenos Aires. En 110 casos se diagnosticaron enfermedades respiratorias o cutáneas. Sin embargo, no se introdujeron medidas concretas para mejorar la calidad del aire. 

Ese mismo año se instaló un sistema de medición en las inmediaciones de la fábrica para medir los niveles de partículas. Las lecturas accesibles al público muestran niveles casi constantes de más de 30 µg/m3 de partículas con un tamaño inferior a diez milésimas de milímetro. Algunos días, los valores se elevan hasta casi 300 µg/m3. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la media anual no supere los 45 µg/m3. El problema es que, en Argentina, el nivel máximo permitido es de 150 µg/m³.

Según la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) de Suiza, donde opera la casa matriz de Sika, dueña de Klaukol, niveles tan altos y constantes de partículas son perjudiciales para la salud y pueden provocar enfermedades respiratorias, circulatorias y del sistema nervioso. La contaminación atmosférica acorta la esperanza de vida de las personas expuestas a ella, de acuerdo con la OFSP. 

Hubo obstaculización. Francamente, nos costó mucho poder cumplir con nuestra función porque cuando llegábamos a hacer las mediciones los hornos no estaban funcionando

Andrés Porta — Director del Centro de Investigaciones del Medioambiente de La Plata (del Conicet).

El principal temor de los vecinos está relacionado con el sílice, un cancerígeno. 

“Se realizaron 9 fiscalizaciones a la firma Klaukol entre 2020 y 2023. Debido a que ciertas mediciones no se ajustaban a la normativa, se le impuso una multa y junto con Acumar se le exigió a la empresa un plan de adecuaciones conforme a las recomendaciones” de un equipo de expertos consultados, respondió el ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires ante la consulta periodística. “Algunas de las adecuaciones ya fueron efectuadas y otras están en proceso de implementación”, aseguró el organismo.

En una entrevista para esta investigación, Daniel Larrache, director ejecutivo de gestión en Acumar, defendió el proceder de la autoridad hasta el momento. Afirmó que en un primer momento, intentaron encontrar la causa de la contaminación atmosférica en el barrio mediante diversos estudios. Se partió de la base de que una parte considerable estaba causada por la autopista cercana, “la fábrica es otro factor”, dice Larrache. Sigue habiendo muchas fábricas en los alrededores, pero sólo una, según Larrache, trabaja con polvo fino de cuarzo y mortero, que se puede encontrar localmente en el barrio: la de Klaukol.

“En los últimos años hemos asistido a una mejora constante de las condiciones de producción”, afirma Larrache sobre las imposiciones a la fábrica. Salvo pequeños problemas, la fábrica cumple las normas medioambientales generales. Sin embargo, un informe encargado por la misma autoridad medioambiental en 2022 muestra lo contrario. 

Un informe clave

Entre marzo y abril de ese año, Acumar convocó a un equipo interdisciplinario del Conicet para estudiar las emisiones de la fábrica y la posible contaminación del aire que respiran los vecinos. “Del análisis químico del material particulado se observó una correlación entre las emisiones puntales de la empresa respecto a los valores de Silicio (Si) encontrados en el material particulado ambiental”, sostuvo el informe oficial. 

“El material particulado pueden estar presentes en la atmósfera como consecuencia de diversas fuentes de emisión”, respondieron desde Klaukol a elDiarioAR, desentendiéndose. También aseguraron que la fábrica cuenta “con Filtros Tomadoni y Camfil” que “retienen el material particulado para que no sea expulsado hacia la atmósfera”. 

El silicio es un elemento químico y la sílice es un compuesto formado por silicio y oxígeno. Se encuentra de forma natural y especialmente en la arena, una de las principales materias primas de Klaukol, según consta en el expediente judicial.

El centro del Conicet buscó medir el material particulado en el aire que respiraban trabajadores y vecinos. El material particulado es contaminación por partículas, una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire y que pueden contener, por ejemplo, silicio o sílice.  

Los elementos encontraron en el barrio fueron silicio, aluminio y hierro. El informe demuestra por primera vez que entre el 7% y el 17% de las emisiones de polvo de un tamaño inferior a diez milésimas de milímetro provienen de la fábrica. En el caso de las partículas de polvo más grandes, que se depositan en el aire sobre el suelo al cabo de cierto tiempo, la cifra asciende hasta el 60%. Las imágenes adjuntas al informe mostraban una fábrica con techos llenos de polvo endurecido por el paso del tiempo, tuberías que sólo han sido reparadas de forma improvisada y una gran cantidad de polvo en el interior de la nave de producción. 

Sika respondió ante la consulta que el informe de Conicet fue “refutado” por otro informe encargado por la empresa al “Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera (CIMA - institución certificada por el CONICET)”, que “consideró que las conclusiones del informe del CIM-ACUMAR no resultaban justificadas ni representativas desde el punto de vista científico”.

Piedras en el camino

No fue tarea fácil completar el estudio. “Hubo obstaculización. Francamente, nos costó mucho poder cumplir con nuestra función porque cuando llegábamos a hacer las mediciones los hornos no estaban funcionando. No caímos de sorpresa, la visita estaba ya pautada. Incluso encontramos obstaculizaciones por parte de empleados del municipio”, cuenta a elDiarioAR el químico Andrés Porta, director del Centro de Investigaciones del Medioambiente de La Plata (Conicet) y quien lideró el estudio.

elDiarioAR y Das Lamm se comunicaron con voceros y enviaron un cuestionario para conocer la versión de la Municipalidad de La Matanza, a cargo de Fernando Espinoza, pero no obtuvo respuestas.

“Lo que pudimos hacer fue sacar una serie de tres o cuatro fotos, pero no una película”, asegura sobre los resultados. “Nos llamó la atención que el mantenimiento no era bueno”, agregó Porta, quien junto a su equipo elevó una serie de recomendaciones para mejorar el estado de la fábrica y disminuir el impacto en el barrio. “Hay que profundizar y seguir estudiando el caso”, afirmó.

Su informe pidió que se aumente la altura de las chimeneas y se mejoren varios procesos de producción que generan cantidades innecesarias de polvo. Le gustaría exigir más, pero el problema, según Porta, es que “las normas argentinas están muy por debajo de lo que exige la OMS (Organización Mundial de la Salud)”. 

Suspensión suspendida

elDiarioAR, Das Lamm y la ONG Coalición por la Responsabilidad de las Empresas también se pusieron en contacto para esta investigación con la experta en enfermedades pulmonares Vanina Martín, quien trabaja en el Instituto Vacarezza, asociado a la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

En febrero último, Martín aceptó examinar a varios residentes. Tomó radiografías y tomografías de los pulmones de los residentes y analizó su capacidad pulmonar, poco antes de que el juzgado y la autoridad medioambiental Acumar encargara el mismo tipo de estudio a los vecinos de tres manzanas del barrio. 

Los problemas identificados por Martín van desde asma hasta afecciones pulmonares y oculares. En una entrevista, la doctora Martín se mostró aliviada de que no se detectara cáncer en ningún caso. Pero no quiso minimizar los síntomas. “Sufrir constantemente molestias en la piel, los ojos o los pulmones empeora enormemente la calidad de vida de las personas”, aseguró. “Es imperioso que cambien las condiciones ambientales del barrio, aconsejaría a los vecinos minimizar la exposición lo máximo posible”, afirmó.

El expediente judicial estaba archivado hasta que en marzo último, el juez Rodríguez decidió ordenar la realización de un nuevo estudio. El juez encargó a Acumar el análisis médico de los vecinos de las primera tres manzanas del barrio. El organismo ambiental trasladó durante varias semanas un hospital móvil para examinarlos. Luego, quienes presentaban síntomas respiratorios fueron derivados al Instituto Vaccarezza y a otros centros de salud. 

Tras analizar los resultados, el juez Rodríguez ordenó suspender la actividad de la fábrica hasta determinar si Klaukol es responsable directa de las afecciones respiratorias, cutáneas y oculares que se detectaron.

La suspensión duró apenas unas semanas. En noviembre último, Klaukol presentó un recurso y consiguió que se levantara la medida. “Carecía de fundamento jurídico”, escribió la empresa en su respuesta a elDiarioAR y Das Lamm. Otro capítulo más de medidas no definitivas, anuncios y recursos legales.

Nota: este artículo fue actualizado el 30 de noviembre a las 7:13.

ED/DTC

Sería un gran aporte a la cultura de la confusión poder comentar dos partidos de fútbol como si fueran uno. ¿Cuál es el problema? Donde hay dos personajes, se ponen cuatro y listo. En este caso, se podrían combinar los partidos de Marruecos-España y Portugal-Suiza, llave sudeste de Qatar 2022, para intentar entender qué pasó en las seis horas en las que se reveló cuáles son los dos últimos equipos en subir al podio de los ocho mejores.   

En la puerta del Cementerio de los Eliminados, España esperaba por el entierro de Marruecos, atrapada por su propia manija y una fatalidad en curso, que era la de haber empezado goleando al por mayor en la primera fecha. Aunque no haya sido esa la impresión, es del lado de la mala fortuna que hay que situar los debuts que se parecen a los sueños cumplidos. 

España empezó el Mundial por el techo, y Luis Enrique se engolosinó con la tenencia. Un gesto de arrogancia sin Plan B. Entonces, Marruecos, que tuvo su primer plan en la presión ondulante (ir y venir del espacio a la pelota como una marea) y el segundo en los contragolpes aceleradísimos y de no más de tres pases, lo llevó primero al alargue y luego a los penales, en los que la euforia española fue arrojada a la hoguera de la depresión. 

Con Amrabat manejando la cabina de la última línea sin prescindir de las excursiones de anticipo, se armó el contrapiso impenetrable de Marruecos. De la inteligencia en las transiciones y las pausas después de la recuperación se ocupó Ounahi. Y si Sabiri no ganó el partido en el alargue fue por una pierna de Unai Simón y por su manía de no soltar la pelota un femtosegundo antes.

Atrapada en el cuento de hadas de su 80% de tenencia que sólo pudo traducir en retórica (tengo la pelota porque tengo la pelota; tengo la pelota para tener la pelota), empezó y terminó la primera hora y media con Asensio, Olmos y Torres estrolándose contra un equipo que encontró solidez en una dinámica de cobertura a la altura de un arte bello. 

España, literalmente, se encaprichó con su falsa verticalidad, lo que se notó en su manera de negarse a jugar hacia atrás. Ese fue su tabú, y una de las causas de entregarse al sacrificio de tener la pelota gestionar el espacio. Mientras eso ocurría, Marruecos no pegó ni destruyó el juego aparentemente superior del rival con mañas o artilugios desleales. Su defensa fue creativa, limpia y de una eficacia a la que la suerte acompañó sólo un poco, y no más que a España.   

Si hay una lección que se aprende de los mundiales de fútbol es que el primer mandato táctico debe ser la desconfianza. Hay que desconfiar de la ilusión de superioridad, vía regia de acceso al check-in de regreso. Fue una pena, porque España utilizó armas nobles, intentó componer un juego de conexiones cortas y no mereció irse tan pronto. Pero el valor de las intenciones en estos eventos de exclusión sólo sirve para alimentar la melancolía.

Con la psiquis colectiva inundada de impotencia, España llegó a los penales en un estado de debilidad que se vio en la respiración de los ejecutores, todos con apnea. A Bono le sobró largo para quedarse con los tiritos de Sarabia, Soler y Busquets. Sobre esa debilidad, Hakimi recibió del cielo la alternativa de picarla para caer en cuartos de final.

Todo lo que hizo Marruecos para paralizar el juego de España, dejó de hacerlo Suiza para sobrevivir a Portugal, un equipo que trabaja con sagacidad el empleo de sus talentos. De hecho, el inexpresivo Costa Santos apartó a Cristiano por alto nivel de narcisismo sin nada a cambio, y acercó a Ramos, que le hizo trillizos a una defensa sin coordinación, sin sangre y sin un sentido siquiera instintivo del repliegue. Demasiadas facilidades, no sólo para Ramos sino, sobre todo, para el círculo lúcido de Portugal, integrado por Joao Félix, Bernardo Silva y Bruno Fernandes, que se mueven libres delante de Otavio y Carvalho, los elementos de compensación de un equipo cada vez más integrado. 

Y Suiza, bueno, todo bien con Suiza, con Heidi y con el abuelo de Heidi. Anda muy bien en el tema relojes y en la exportación de chocolates. Felicitaciones. Pero su indiferencia para revertir el crecimiento de Portugal en el partido no sé con qué podría ser comparado. ¿Con una reserva de pingüinos? ¿De osos polares? Nunca fueron a las pelotas divididas con algo, al menos algo de lo que se necesita para no regalarla. De la línea de fondo sólo diremos que más de fondo no se consigue. Un eje de metegol se mueve más. 

Marruecos y Portugal marchan hacia un choque de trenes tácticos, y con ellas sus mentores. Walid Regragui tiene para mostrar de Marruecos la planilla de un equipo invicto en este Mundial. Lo que no pueden decir Francia, ni Brasil ni Argentina. Pero tiene en Costa Santos su antagonista perfecto, aquel capaz de hacer jugar a su equipo tanto hacia adelante como hacia atrás. No quisiera ser el iPad de estos emergentes bilardistas.

El primer gol de Suiza en este mundial lo marcó el camerunés Breel ‘Donald’ Embolo, pero  no lo festejó.  ¿Un gol contra su tierra natal?  Difícil deschavarse y dejarse llevar por un frenesí como lo hizo su compatriota de nacimiento Vincent Aboukabar al marcar el último gol de Camerún en este mundial; sacándose la camiseta y festejando en cuero, risueño a pesar de la tarjeta roja que le costó, y que ya no tiene significado alguno en este torneo.

Que el futuro del fútbol en África es algo que escuchamos hace ya más de medio siglo. Pero es un futuro de futbolistas africanos desplegando su prodigio en países europeos; algunos nacidos en Europa, como Mbappé, Saliba, Koundé y Tchouameni, representan a su Francia natal.  Lo cual no quita que haya quienes en Camerún sueñan con una selección camerunesa que los incluya. Muchos africanos reprochan que sus mejores jugadores representen a países europeos, o incluso, a Estados Unidos, como es el caso de Timothy Weah, quien marcó el primer tanto de TeamUS en el primer partido y que sigue en competencia tras la fase de grupos. Sólo dos países africanos que sobrevivieron esta primera ronda. En el plantel de Marruecos 15 de sus 26 jugadores son nacidos fuera de Marruecos. 

Timothy Weah, jugador de la selección de los Estados Unidos,  es particularmente criticado en África porque su padre es el presidente de Liberia. George Weah, antes de ser presidente, fue uno de los muy buenos jugadores del mundo que nunca jugó un mundial (otro ejemplo es George Best).  Es entendible que el hijo del presidente cargue con una expectativa de representación de su país quizás mayor que el común de la gente. Pero también es lógico que un padre quiera estimular la participación profesional de su hijo. Timothy nació en Brooklyn y cumplió el sueño de su padre de jugar un Mundial.

La madre de Embolo lo dice de manera frontal: si Camerún quiere estos talentos desplegando su bandera, debería poner más orden en su casa.  Alega que el poder de decisión pasa por la empresa de marketing que representa la imagen de Samuel E’to, leyenda del Barcelona que ahora es el presidente de la federación camerunesa. Critica las internas del poder, y no se disculpa por haber emigrado a Suiza en busca de un futuro mejor para sus pequeños cuando Breel empezaba a dar sus primeros pasitos con una pelota enganchada al pie. “La mamá de Breel Embolo teniendo la conversación que África no está dispuesta a tener”, señala la periodista Katami Michelle.

“Son hijos de la diáspora”, dice el periodista británico Tim Vickery en un panel de la BBC en el que participamos con periodistas africanos.  En muchos casos sus padres ya eran parte de la fuerza trabajadora migratoria que es la industria del fútbol y los niños nacieron en tierras lejanas pudiendo de esta manera representar a sus nuevas naciones.

En una época, si un jugador había representado a un país en selección juvenil, quedaba atado a esa selección.  FIFA cambió las reglas de elegibilidad, a pedido de Argelia de hecho, para permitir que un jugador se adhiera a una selección siempre y cuando no haya tenido ninguna convocatoria a la selección mayor de otro país.  Y en el 2018, Marruecos pidió otro ajuste, que es la regla que perdura hoy en día: si un jugador tuvo menos de tres convocatorias y sólo jugó amistosos con otro país, aún puede representar a otro.

No es sólo en África que las nacionalidades, los suelos sobre los que nacimos, y las camisetas que terminamos luciendo juegan en un vaivén de corrientes migratorias.  Casos más cercanos y recientes son Gonzalo Higuaín, quien podría haber optado por representar a Francia, o David Trezeguet, quien jugó para Francia, pero podría haber sido argentino. En los tiempos de Trezeguet, para un delantero, era más fácil ser convocado para jugar para Francia que para la Argentina

En muchos casos, es una decisión profesional. Alfredo Di Stefano emigró a Colombia buscando mejor paga, y terminó con nacionalidad española, sin perder nunca la tonada porteña de su infancia en barracas. Tarareaba tangos, recordaba haber pasado por la Casa Amarilla camino a buscar las galletitas rotas “esas que quedaban en el fondo de la lata”,pero se proclamaba español. “Ino es un poquito de donde nace y mucho de donde le dan de comer” me dijo una vez en su última década de vida. 

El legendario Eusebio, “el mejor jugador de la historia de Portugal” según Galeano, sufrió toda la vida que se le acusara de dar la espalda a su Mozambique natal, a pesar de que en su infancia y Juventud el país era literalmente una colonia portuguesa. En Italia, en tiempos de guerra. regía el lema “si pueden luchar para Italia, pueden jugar para Italia”.  Así nacionalizaban atletas de otras tierras.

No son sólo los jugadores de élite quienes acarrean la experiencia vivida de múltiples nacionalidades.  Los hinchas también conocen los sentimientos encontrados. La identidad es algo estratificado, de muchas capas. Las Islas Británicas y el Reino Unido, con sus naciones cada una con un equipo que las representa, proveen sinfín de ejemplos. Gales conmovió al público de Qatar con la belleza de su himno cantado a toda voz en una breve aparición en el escenario mundialista por primera vez en más de 50 años. Su último partido fue contra Inglaterra.  Un clásico regional, que los medios denominaron la Batalla de Britain.

Inglaterra despierta antipatía tanto en Gales como en Escocia en materia deportiva. Archirrivales, los escoceses suelen vestir camisetas de Maradona cuando juega Inglaterra.  Un veterano periodista escoces apostaba todos los mundiales que ganaba Inglaterra. “Lo único que me puede ayudar a atravesar el mal rato de verlos triunfar es si yo también me beneficio un poco”, decía y se reía.

Otro escocés londinense contaba que el primer mundial de su niño le dieron la libertad de elegir equipo.  Madre inglesa, compañeritos ingleses… cuando Inglaterra quedó eliminada el niño lloró desconsoladamente. “Jodete, por elegir un equipo que no existe”, le decía el padre sonriente, usando expletivos un tanto más duros. Pobrecito el pequeño David, cuántos años tiene, preguntaban incrédulos los interlocutores. “Cinco”.

Este suelo tiene un nombre, y en el fútbol las nacionalidades pueden ser elegidas.  El tribalismo es aceptado, y la bandera es un símbolo de juego.  A veces. ¿Qué apoyamos cuando alentamos “un país”?  ¿Su gobierno, sus políticas, su gente, su juego? ¿Será hora de que FIFA incluya, como lo hacen los Juegos Olímpicos, una selección Sin Bandera? ¿Un equipo de atletas sin fronteras? ¿Despertaría el mismo fervor?

Mi propio hijo, de padre inglés, nacido en Inglaterra, tuvo su charla introductoria a la libertad de soñar en fútbol a los 6 años. Instruida por una terapeuta de pareja que señaló la importancia de explicarle que él podía elegir y que lo íbamos a seguir queriendo (parece mentira pero, nos lo tuvo que detallar así) le dije que la nacionalidad del fútbol no tiene nada que ver con el pasaporte o el territorio físico. Que uno podía ser lo que quisiera.  Vi sus hombritos descontracturarse en tiempo real, el alivio en su rostro cuando me dijo con mucha calma: “entonces soy de Brasil”.  Me quedé helada.  

-No mi amor, no me entendiste. De Brasil no.  

MMA

Brasil le ganó este lunes con lo justo a Suiza por 1 a 0, clasificándose a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en el encuentro de la segunda fecha del Grupo G. Fue un partido que se complicó más de lo esperado para los brasileños, en un contexto donde su máxima figura Neymar Jr. se encuentra lesionado.

El único gol del partido fue por Casemiro a los 38 minutos del segundo tiempo que se jugó en el Estadio 974 de Doha, que contó con el arbitraje del salvadoreño Ivan Barton. Con un potente remate, el mediocamista destrabó el duelo para el elenco de Tite, al que no le sobró nada pero cosechó su segunda victoria.

De esta manera, Brasil es el segundo equipo en clasificar anticipadamente a los octavos de final de la Copa del Mundo detrás de Francia, el actual campeón que lo logró el sábado pasado. El “scratch” se mantiene en la cima de su grupo con seis puntos, mientras que los suizos quedaron en el segundo lugar con tres puntos.

En un primer tiempo mucho más parejo que lo que se preveía, la primera situación de gol fue para Brasil a los 27 minutos, cuando Raphinha pegó un centro al segundo palo para Vinicius quien remató, pero el arquero Yann Sommer despejó. Así, se afianzó el seleccionado suizo jugando desde el fondo, sin poder ser frenados por la verdeamarela, quienes sufrieron en la defensa.

Sin embargo, la jerarquía brasileña apareció brevemente a los 19 minutos con el primer error de Suiza. En un mano a mano de Vinicius con Sommer, el delantero capitalizó mandando la pelota hacia la red, pero el tanto fue anulado por el VAR por posición adelantada.

Suiza, sin ser superado como se suponía en la previa al encuentro, jugó de igual a igual contra el gigante sudamericano, tranquilo y ordenado cuando no tuvo la pelota y con criterio cada vez que la recuperó, pero alejado del arco defendido por Alisson Becker y con pocas chances de gol.

Los sudamericanos, tuvieron la pelota sin brillar, adelantándose en el campo sin poder ser verticales y sin sorpresas para quebrar la resistencia defensiva de los suizos, lo cuál terminó en primera etapa sin goles. En lo que quedaba del partido, Brasil intentó sin la creatividad que lo caracteriza, sufriendo la baja de Neymar y lejos de volver a generar peligro hasta que apareció Casemiro con el gol que le dio el triunfo a su equipo.

Después del gol, el conjunto de Tite se soltó, se sacó un peso de encima con sus fuertes individualidades y consiguió su segunda victoria consecutiva para quedarse solo en la cima de su zona, clasificando a los octavos de final.

El segundo pasaje a la próxima fase se definirá en la última fecha del grupo G, que enfrentará a Suiza con Serbia y a Camerún con el líder.

A continuación, todos los detalles del partido:

LC con información de agencias

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

Odebrecht suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (existen registros de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó.

Odebrecht.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la compañía pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La empresa se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Odebrecht.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe, que forma parte de Noticias SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, Alianza Rebelde Investiga (ARI), que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatireque terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga el blanqueo de un fideicomiso en las Islas Caimán realizado por el empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, según pudo determinar el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación. 

En esta segunda etapa de la filtración Pandora Papers, ICIJ accedió a una nueva tanda de documentos de estudios radicados en paraísos fiscales, que permitieron establecer que Caputo abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. 

Ante la consulta del equipo argentino, una fuente del entorno de Caputo explicó que el empresario tributa por esta cuenta bancaria desde 2016 pero aclaró que está siendo objeto de una fiscalización de la AFIP.

Caputo aparece en la Pandora Papers relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (Nicky Worldwide Corporation, declarada desde el inicio y hoy en manos de su hermano José Antonio); un fideicomiso (The Newman Trust) en Islas Caimán y una segunda sociedad (Newman Ltd) en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas, bautizadas en homenaje al Instituto Cardenal Newman, controla la cuenta bancaria en Suiza. Caputo y Macri se conocieron en ese colegio.

La cuenta bancaria fue abierta en 2015 en el Julius Baer de Zurich, Suiza. Macri también tuvo una cuenta en el Julius Baer con más de $18 millones en la sucursal de Islas Bahamas y los repatrió en mayo de 2016. El banco quedó en la mira de las autoridades de Estados Unidos por su rol en el FIFA Gate. En diciembre de 2019, tras el cierre de la entidad, Caputo mudó sus activos al Pictet & Cie SA Banque, en Ginebra.

Fiscalización

En agosto de 2021, y tras recibir información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Dirección Microcentro de AFIP inició un proceso de fiscalización a Caputo.

La ley de sinceramiento fiscal impulsada por Macri en mayo de 2016 y luego sancionada por el Congreso, había permitido declarar este tipo de fideicomisos a un valor simbólico de $1. Por esa razón, la AFIP inició recientemente la fiscalización para conocer los activos totales de las estructuras armadas por argentinos en el exterior, entre ellos, Caputo, informó la fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

“La AFIP detectó una situación potencialmente anómala”, afirmó la fuente, porque los activos de The Newman Trust habían sido declarados en $1.

Caputo, quien divide sus días entre Buenos Aires y Estados Unidos y recientemente se ubicó del lado de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, puso a disposición de los inspectores de la AFIP los balances, resúmenes bancarios y documentos que acreditarían que el único activo del fideicomiso radicado en Caimán es la cuenta bancaria que abrió en 2015 en Suiza y que declaró en 2016 durante el blanqueo y por la que el empresario ya tributa, agregó la fuente cercana a Caputo. 

Como parte de otra filtración, Paradise Papers, en 2017, el equipo argentino de ICIJ reveló que el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, primo de Nicolás, había ocultad al asumir como secretario de Finanzas en 2015 que tenía acciones en dos compañías en Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

En 2018, el equipo argentino reveló durante la segunda entrega de Panamá Papers que Gianfranco Macri, empresario y hermano del entonces presidente, había declarado ante la AFIP que él era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation durante el blanqueo promovido por Macri y exteriorizó más $63,5 millones negros que mantenía en una cuenta en el extranjero a nombre de esa firma.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

El empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. Así surge de documentos inéditos del segundo capítulo de la filtración Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Caputo aparece en la filtración relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (declarada desde el inicio), un fideicomiso (trust, en inglés) en Islas Caimán y una segunda sociedad en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas controla una cuenta bancaria en Suiza que se abrió en 2015 y blanqueó recién en 2016, según reconoció una fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino* de ICIJ.

El fideicomiso en Islas Caimán es actualmente objeto de una investigación en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las revelaciones de la filtración se complementan con documentos del registro público de Panamá y otras bases abiertas, y la consulta a la fuente del entorno del empresario, que accedió a responder preguntas y mostrar sus declaraciones juradas ante la AFIP.

Caputo, a quien Macri definió como “su hermano de la vida”, forjó una amistad estrecha con el líder opositor desde el colegio y es uno de los hombres de mayor confianza del expresidente. Fue el responsable de pagar el rescate de su secuestro en 1991, su padrino de bodas y el recaudador de la campaña presidencial de 2015. 

En 2017, Macri nombró a su amigo cónsul honorario de Singapur en Argentina, un estatus prolífico para los negocios que el gobierno de Alberto Fernández le quitó.

En 2020, Caputo y su familia ocuparon el puesto 34 de los más ricos de Argentina, con una fortuna total de US$340 millones, según el ranking de la revista Forbes.

El empresario es dueño de Mirgor, la fabricantes de electrónica que fundó décadas atrás junto a Macri. También fue accionista del 20% de la empresa familiar, la constructora Caputo SAIC, y controló el 50% de SES SA (empresa de mantenimiento proveedora de la Ciudad de Buenos Aires), además de Central Puerto (energía), entre otras compañías. 

En las últimas semanas, Caputo fue eje de la exposición que realizó en redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para defenderse del alegato de los fiscales del juicio por Vialidad. 

La expresidenta expuso parte del contenido del teléfono celular de su ex secretario de Obras Públicas, José López, que en diversos mensajes telefónicos con Caputo hablaban de gestiones, reuniones, apoyo a una candidatura de López en Tucumán y de su amistad. 

La investigación de Pandora Papers fue publicada a finales de 2021 y provocó una filtración adicional de registros de bufetes dedicados a crear y gestionar sociedades offshore. Los nuevos archivos, creados en su mayoría entre principios de la década de 1990 y 2013, contienen información sobre contratos, acuerdos financieros y opiniones legales.

En el caso de las empresas de Caputo, los proveedores que asistieron al empresario en la gestión de las offshore fueron los estudios Cititrust, Amicorp y OMC.

Newman y Newman

Nicolás Martín Caputo aparece en la continuación de Pandora Papers como beneficiario final de una sociedad y de un fideicomiso offshore creados en las Islas Caimán, de acuerdo con los registros. El propósito de la estructura offshore, creada a principios de 2015, era controlar una cuenta bancaria en Suiza. 

Las gestiones de Caputo comenzaron en la sucursal Montevideo del banco suizo Julius Baer. La entidad acudió a un estudio intermediario, Cititrust, que se dedica a abrir y gestionar este tipo de sociedades y fideicomisos. A su vez, Cititrust acudió a Amicorp Curacao B.V. (con sede en la ciudad de Willemstad, Curazao) y lo contrató para manejar el fideicomiso desde Caimán.  

Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró.

Las dos firmas offshore fueron bautizadas en honor al Instituto Cardenal Newman, donde Caputo y Macri se conocieron. “Nicky -como lo llaman sus amigos- me cuidó durante aquellos años. Era el jefe de la banda del Newman”, contó el expresidente a la periodista Laura Di Marco en el libro Macri. Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder.

El 27 de febrero de 2015 se activó la sociedad Newman Ltd, según los documentos de la filtración. Tres días más tarde, se abrió The Newman Trust (fideicomiso, en inglés), activo desde el 2 de marzo de 2015. 

La sociedad es titular de la cuenta en Suiza y el fideicomiso administra los fondos depositados.

Para entonces, principios de 2015, gobernaba Fernández de Kirchner y Macri ya se perfilaba como el principal candidato opositor para las presidenciales de ese año. 

Ante el proveedor Cititrust, Caputo declaró que el dinero provenía de sus dividendos como accionista de distintas empresas que operan en Argentina. En los documentos internos, el empresario figura como  dueño de Caputo SAIC y accionista en las empresas Caputo SAICYF, Mirgor SA y Central Puerto. Caputo, además, informó sus datos personales y su correo electrónico corporativo.

Sin embargo, no figuran las cifras del dinero depositado en la cuenta suiza. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de Caputo declinaron dar esa información por razones de seguridad.

Blanqueo 2016

Macri impulsó una ley de sinceramiento fiscal en mayo de 2016 y Caputo aprovechó la oportunidad para declarar por primera vez ante la AFIP su cuenta en Suiza y las offshore detrás de las cuales había protegido su vínculo con la cuenta. De esta manera, pudo conservar la estructura creada en 2015, aunque a partir del blanqueo debió comenzar a tributar por sus activos en la cuenta.

“Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró”, indicó la fuente de su entorno. Ante la consulta sobre el origen de los fondos, la persona consultada dijo: “Desconozco el origen de los fondos depositados en esa cuenta, pero obviamente era dinero negro” porque entonces no estaba declarado. 

El dinero de la cuenta fue declarado en su totalidad, dijo la fuente. Estuvo radicada en Zurich, hasta diciembre de 2019, cuando Julius Baer cerró sus puertas y Caputo mudó la cuenta a otro banco en Ginebra, Pictet & Cie SA Banque.

Nicky Worldwide

La tercera sociedad vinculada a Caputo fue creada el 8 de octubre de 2009 en Panamá. Fue propiedad de Caputo hasta marzo de 2018, cuando el empresario le cedió las 10.000 acciones a su hermano José Antonio Caputo, de acuerdo con los documentos analizados.

A diferencia de las otras dos estructuras offshore, Nicky Worldwide fue declarada desde un principio ante la AFIP, afirmó una fuente del entorno del empresario.

La sociedad se creó para inscribir un departamento en la ciudad de Miami a nombre de la offshore y evitar así las elevadas alícuotas del impuesto a la herencia en Estados Unidos, en caso de que el empresario falleciera y sus herederos tuvieran que hacer la transferencia del bien inmueble, sostuvo la fuente del entorno de Caputo.

Poner un inmueble a nombre de una offshore también hace más “fácil y económica” la transferencia de la titularidad de la propiedad en caso de una venta, ya que permite que el vendedor haga un traspaso de las acciones de la sociedad al comprador sin tener que viajar a Estados Unidos.

En 7 de marzo de 2018, Caputo transfirió las acciones de Nicky Worldwide a su hermano Jorge Antonio, conocido como Tonio, quien es el actual dueño de la sociedad y, por tanto, del inmueble ubicado en Miami. 

La operación fue dos meses después de que los Caputo vendieran la constructora familiar Caputo SA, en la que ambos compartían directorio.

En el entorno del empresario aseguraron que el traspaso a su hermano fue una operación de venta y que Caputo no quiere hablar de valores de la propiedad ni sumas de dinero de la transacción. De acuerdo con el acta pública de la operación fue por un valor simbólico: US$10.000.

En un formulario de mayo de 2018 que aparece en la filtración, Jorge Antonio Caputo informó al estudio panameño OMC que la sociedad tenía como propósito ser propietaria de inmuebles en el estado de Florida por un valor de unos US$550.000.

En 2018, el empresario declaró al estudio panameño que le realizó los trámites que el origen de los fondos con los cuales adquirió a su hermano la offshore eran “ingresos por negocios”, provenientes de las compañías Central Puerto, Mirgor y Ecogas.

También le pidió al bufete que pusiera directores como cara visible de la compañía, pero Jorge Caputo luego asumió como presidente y director de la sociedad, según los registros de Open Corporates.

La offshore continúa activa, según el registro online, pero tiene tasas adeudadas al Estado panameño desde hace unos tres años, según la gaceta oficial de ese país.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Este jueves, un tribunal de Milán, en el norte de Italia, debía dar su veredicto en el caso judicial que más lejos ha llegado contra uno de los empresarios más poderosos de Argentina y una de las familias más influyentes y ricas de Italia: los Rocca, dueños del grupo Techint. Los accionistas y directivos Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti eran juzgados por el delito de corrupción internacional por el presunto pago de sobornos por unos 6,5 millones de euros a un exgerente de Petrobras para garantizarse contratos directos para vender caños de acero a la petrolera pública de Brasil.

Sin embargo, a más de dos años de que el expediente entrara en etapa de juicio y del desarrolló total del proceso oral y público, los tres jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán, presidida por la magistrada Ombretta Malatesta, dieron un giro inesperado: en lugar de emitir sentencia, determinaron que los hermanos Rocca y su primo Bonatti nunca debieron ser juzgados en Italia por estos hechos.

La decisión dejó al caso más firme contra los dueños de Techint al borde del abismo. El juicio incluyó la exhibición de innumerable prueba documental, bancaria, testigos y la admisión del exgerente presuntamente sobornado por la multinacional ítalo-argentina, Renato de Sousa Duque, quien confesó haber recibido los millones para favorecer . La fiscal Donata Costa solicitó cuatro años y medio de prisión para los tres acusados, además de una multa y un decomiso millonarios. Sin embargo, al evitar dictar sentencia sobre hechos que datan de 2009 y se extienden hasta 2013-2014, el caso asume el riesgo de la prescripción. En Techint, la decisión del tribunal milanés se festejó como una “absolución”, según un comunicado del grupo en Argentina.

La fiscalía de juicio tiene ahora dos vías posibles para mantener vivo el caso, explicó a elDiarioAR una fuente directa del proceso: apelar el fallo de los jueces ante el tribunal de Apelaciones de Milán o saltarse esta instancia local y recurrir con un per saltum ante la Corte Suprema Di Cassazione, con sede en Roma, máximo tribunal de Italia.

Si la fiscalía decide apelar ante el tribunal inmediato, pueden pasar dos cosas: que la corte de apelaciones de Milán confirme que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para juzgar estos hechos y que el Ministerio Público Fiscal apele nuevamente; o que el tribunal de apelaciones determine que los jueces italianos sí tienen jurisdicción para juzgar a los Rocca y Bonatti e incluso decida en su fallo sobre el mérito de los acusados: podría declararlos culpables o absolverlos.

Si en cambio, la fiscalía establece que el fallo de este jueves implica un grave error jurídico, puede saltar a la Corte Suprema di Cassazione, la segunda alternativa. El máximo tribunal italiano podrá ordenar a los jueces de Milán que dicten sentencia porque tienen jurisdicción o bien cerrar el caso definitivamente.

Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción.

Comunicado de Techint.

Si se agotan las vías de apelación y los tribunales superiores confirman la falta de jurisdicción italiana, la fiscalía se quedará con una última carta: enviar su investigación al país en donde los tribunales italianos hayan determinado que sucedieron los hechos: Argentina, Brasil, Suiza, Luxemburgo, Uruguay. 

Aún con este escenario posible, el caso quedó al borde de la extinción: los hechos se extienden hasta 2013 e incluso 2014, pero la prescripción por el paso del tiempo favorece a la defensa. El soborno transnacional en Argentina tiene un plazo de prescripción de seis años, por ejemplo. Habrá que evaluar eventualmente los plazos procesales. 

La decisión de la fiscalía sobre qué camino tomar dependerá de los fundamentos del tribunal, que tiene hasta 60 días para hacerlos públicos a partir de este jueves y explicar por qué los jueces de Milán tomaron la decisión de no dictar sentencia de mérito, es decir, por qué no sentenciaron si los acusados eran culpables o inocentes; si la fiscalía había demostrado la responsabilidad penal de los acusados o si debían ser absueltos. Pero además, también se espera que argumenten por qué tomaron esta decisión el día del veredicto y no al comienzo del proceso. 

En febrero de 2020, el juez Valerio Natale ordenó el inicio del juicio público en Milán. El proceso se demoró por la pandemia pero finalmente comenzó meses más tarde. Entonces, ¿por qué el tribunal dejó pasar más de dos años y decidió que no tenía jurisdicción el día que debía anunciar el veredicto?

Por qué Italia

En un comunicado de prensa, Techint sostuvo que la compañía recibió “con satisfacción” lo que consideró “la sentencia absolutoria” -aunque no existió una sentencia de mérito, es decir, culpabilidad o inocencia-, respecto de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la empresa San Faustin. “Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia, afirmó Techint.

El grupo de los Rocca concentra inversiones en puntos clave de la economía: energía y construcción. La familia que controla la multinacional ítalo-argentina es la segunda más rica del país y una de las doce con más fortuna en Italia.

La defensa de los Rocca y Bonatti ha sostenido esta tesis durante su alegato en el juicio italiano porque los hechos investigados “no ocurrieron” en Italia, pero la fiscalía defendió su investigación por varias razones: los Rocca y Bonatti son italianos -nacieron en Milán-; San Faustin, la sociedad madre del grupo Techint que manejó las cuentas bancarias y sociedades offshore investigadas, es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana; y, además, la ley italiana aplica a los italianos que cometieron supuestos delitos de corrupción en el extranjero.

 La causa italiana contra Techint nació en 2015 cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal Costa en su alegato.

La investigación sacó a la luz la documentación bancaria aportada por las autoridades de Suiza que probó, según la acusación, cómo se instrumentaron 20 pagos ilegales al exgerente de Petrobras a través de una red de empresas offshore y cuentas bancarias en Suiza, Uruguay y Brasil manejadas por ejecutivos y empresas de Techint. 

Durante su alegato, la fiscal Costa señaló a los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil.

La decisión del tribunal de Milán podría ser el tiro de gracia a la investigación por otros motivos, además del reloj contra el tiempo. Si eventualmente se confirma que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para investigar a los dueños de Techint y el caso es enviado a la Justicia de Brasil, por ejemplo, el pronóstico no es positivo. En ese país, ya existe una investigación sobre los mismos hechos que no incluye a los Rocca y Bonatti porque éstos no habrían operado desde Brasil.

En Argentina también existe un expediente por estos mismos hechos a cargo de la fiscalía federal de Eduardo Taiano, en los tribunales de Comodoro Py, en el que sí están denunciados Paolo Rocca y ejecutivos argentinos, pero el pronóstico es aún más incierto. La causa local se abrió en 2017 y no tiene indagados ni mayores avances desde entonces. El gigante del acero no ha conquistado la cumbre en vano.

ED

Para las grandes fortunas no hay territorio más seguro para esconder sus valores patrimoniales que EEUU. Este país es la jurisdicción que concede más esperanzas a las personas con más renta de que sus riquezas estén a buen recaudo. Así lo revela el ranking de Tax Justice Network, institución dedicada a la investigación de paraísos fiscales, centros offshore o naciones que favorecen el blanqueo de capitales, entre otras prácticas dañinas. En su último informe sitúa a la mayor economía del planeta a la cabeza de las jurisdicciones más condescendientes y con más garantías de preservación del secreto financiero. De hecho, es el país que más caudal monetario opaco almacenó desde 2020, hasta suponer casi la tercera parte del patrimonio oculto de todo el mundo, y alcanza la peor puntuación de la clasificación desde que empezó su edición en 2009.

Este barómetro calcula el nivel de permisividad del secreto financiero; es decir, establece la lista de jurisdicciones con mayor complicidad a la hora de ayudar a personas físicas o jurídicas a que encuentren escondites para sus finanzas o beneficios bajo el imperio de la ley. Con puntuaciones que van de 0 a 100 en función de si el ordenamiento jurídico impide totalmente o facilita la ocultación de la riquezas bajo estrictas normas de confidencialidad, ya sea con idea de convertirse en un arsenal monetario o de activos empleados para evasiones fiscales, blanqueo de capitales o actividades terroristas o vinculados con el narcotráfico.

Ian Gary, director ejecutivo de Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), una organización hermanada con Tax Justice Network y que colabora en la elaboración de este índice de secreto financiero, considera que este estudio “muestra cuán corruptas son las naciones y la weaponización (o militarización) que nuestro sistema financiero ejerce sobre las democracias”. Antes de advertir que la Casa Blanca “debe realizar muchos más esfuerzos bilaterales, recíprocos y automáticos de intercambio de información bancaria y fiscal con otros países” si quiere lograr el galardón de mercado transparente.

Los datos que arroja el informe son contundentes. Los expertos de Tax Justice conceden a EEUU un valor FSI (Financial Secrecy Index) de 1,951 billones de dólares, cantidad similar al PIB italiano, con una valoración de 67 sobre 100; además de darle un 25,8% de Peso de Escala Global (GSW) o porcentaje del total de servicios financieros globales a no residentes y una cuota (share) del 5,74% del arsenal patrimonial que actúa bajo reglas de secreto bancario. El segundo peldaño de este escalafón lo ocupa Suiza, tradicional enclave financiero y fiscal offshore: con un FSI de 1,167 billones -casi el tamaño de la economía de Indonesia- una puntuación de 70 sobre 100, un peso del 3,9% y una cuota del 3,43%. Singapur cierra el pódium con la misma cantidad acumulada, un 67 sobre 100, un 5,6% de patrimonio de no residentes respecto al circuito financiero internacional y una porción similar a la de Suiza, del 3,43%, de toda la riqueza bajo secreto bancario en el planeta.

El Financial Secrecy Index 2022 también denuncia regulaciones que cierran los ojos antes este tipo de prácticas dañinas entre las potencias industrializadas. Cinco de los socios del G-7 -EEUU, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia- recortaron a la mitad sus progresos en transparencia. El gobierno germano, que acogió estos días la reunión de ministros de Finanzas del G-7, tuvo la séptima peor evaluación global por su pobre inclusión de leyes de aportación de datos fiscales y de revelación de información en su acervo legal, explica el estudio.

El estudio estima en 10 billones de dólares la riqueza que atesoran los centros offshore, más de 2,5 veces el valor de todos los dólares y euros que circulan actualmente por el mundo. España se encuentra en el vigésimo noveno lugar, por detrás de Canadá y por delante de Francia, las dos naciones del G-7 menos conniventes con el secreto bancario. Con una puntuación de 57, pero con 346.000 millones de dólares, el 0,7% del patrimonio de no residentes en todo el planeta y el 1,02% de activos totales sin declarar.

Tras los tres países con legislación más dócil, completan en top-ten del ranking de Tax Justice Hong Kong, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y dos sospechosos habituales: las Islas Vírgenes británicas y Guernsey; ambos, territorios bajo control británico. En opinión de Alex Cobham, ejecutivo jefe de este think-tank, “de forma global, hemos empezado a perseguir el secreto financiero que usaron los oligarcas rusos, pero también es el momento de ampliar estos derroteros a evasores fiscales, políticos corruptos, organizaciones criminales y a cualquier persona o entidad que trate de blanquear capitales”. Una acción combinada del G-7, como la que acaba de imponer para exigir el 15% de fiscalidad a las multinacionales en todo el planeta, reduciría más de la mitad el secreto financiero.

El G-7, un club selecto y permisivo

“Un pequeño club de países ricos que impulsan las reglas de la globalización, de la arquitectura global y las normas tributarias transnacionales son precisamente los mayores responsables de los delitos fiscales y del secreto financiero que conduce con demasiada frecuencia al blanqueo de capitales”, avisa Moran Harari, responsable de investigación en Tax Justice Network. Durante décadas -aclara- los poderosos socios del G-7 “cortejaron a milmillonarios, oligarcas y gigantes corporativos con el señuelo del secreto financiero y cerrando los ojos a regulaciones y controles de supervisión específicos”.

En este sentido, recoge una crítica rotunda contra Reino Unido y sus vastos enclaves soberanos que aún dependen de la Corona británica, desde las Islas Vírgenes hasta Jersey, paraísos fiscales que en conjunto son responsables del 8,9% de la opacidad bancaria del planeta. En estos territorios recalan activos sin declarar que suponen más de la décima parte del volumen patrimonial global si se incluye a la City de Londres.

También hay otro mensaje para Joe Biden: si EEUU cumpliera con el intercambio de información fiscal y financiera como hacen otras grandes economías, la confidencialidad bancaria se reduciría en un 40%. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya admitió que EEUU “podría ser el mejor lugar para esconder y lavar dinero negro e ilícito”; todo un alegato a favor de nuevas normas y esfuerzos que erradiquen la corrupción.

La radiografía de situación de 2022 deja varios calificativos para EEUU, Suiza y Singapur de áreas fiscalmente dañinas e, incluso, menciona al mayor mercado mundial como territorio con varios paraísos fiscales que “socavan la cruzada de la Administración Biden contra las finanzas ilícitas”. En alusión a su primera intervención en el Congreso, con motivo de los 100 primeros días de su gestión, en la que aseguró sin tapujos que “numerosas compañías eluden impuestos a través de paraísos fiscales como Suiza, las Islas Caimán o Bermudas”. Aunque su condescendencia con el secreto bancario ocasiona pérdidas de ingresos tributarios de 20.000 millones de dólares al resto del planeta.

La Casa Blanca adoptó en 2021, en las primeras semanas de Biden como su inquilino, una ley de transparencia que fue calificada de histórica porque requería la identificación y el registro de los propietarios y empresas. Sin embargo, su pobre definición delictiva y la leve frontera entre actos legales e ilícitos dejó una serie de excepciones que han aprovechado trusts y firmas de inversión colectiva para reincidir en la opacidad bancaria.

IJD

Los datos de unas 15 mil sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore de la filtración Pandora Pandora ya pueden consultarse gracias a la primera apertura de la información obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

A través del buscador online Offshore Leaks, que se puede consultar en esta nota, cualquiera tendrá acceso a los accionistas y beneficiarios finales que acudieron a dos de los proveedores offshore de la investigación global: el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede central en Panamá; y Fidelity. Los datos se sumaron así desde finales de noviembre último a la publicación de las bases de otras grandes filtraciones que también pueden consultarse en el buscador y que el ICIJ empezó a publicar en 2013.

Estas compañías y estructuras radicadas en paraísos del Caribe o en jurisdicciones europeas, de los Estados Unidos (como Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Wyoming) o incluso en Oceanía, como Nueva Zelanda, son utilizadas por funcionarios, empresarios y empresas, monarcas, delincuentes y ciudadanos anónimos para bajar o anular el pago de impuestos en sus países. 

Utilizar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside, pero eso no siempre sucede, y que sea utilizada además con fines lícitos. Pero estas estructuras garantizan el anonimato y la ausencia de registros de cuentas bancarias y propiedades, y ocultan la identidad de los beneficiarios reales de sociedades sin ninguna actividad real.

El sitio que elaboró ICIJ y que puede consultarse online incluye los datos de otras investigaciones como Papeles de Panamá, Offshore Leaks, Bahamas Leaks o Paradise Papers, y permite cruzar la información entre todas las filtraciones. Juntas acumulan y conectan información sobre más de 800.000 sociedades en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación, desde Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Belice; hasta Luxemburgo, Suiza y la Isla de Man; y desde Hong Kong a Uruguay.

Los argentinos

Pandora Papers se basa en casi 12 millones de documentos, que comenzaron a ser revelados el 3 de octubre último. El equipo mundial está compuesto por más de 600 periodistas y más de 150 medios. elDiarioAR, que integra el equipo argentino de ICIJ junto a La Nación e Infobae, ha publicado 45 casos de los más poderosos de Argentina. La data que está abierta en el buscador público ahora permite acceder a datos de cientos de sociedades vinculadas a argentinos. 

Las historias publicadas por este medio incluyeron las estructuras offshore de nueve de las familias y empresarios más ricos del país y dueños de medios de comunicación, pasando por futbolistas y polistas exportadores de caballos, y exfuncionarios del kirchnerismo y el macrismo. 

Algunos de los artículos de elDiarioAR revelaron estructuras, propiedades y cuentas bancarias de Elena Francisca Bonatti Rocca, una de las accionistas de Techint, fallecida; José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Edenor; los hermanos Garbarino; y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

Este domingo se publicó un nuevo caso: Carlos Herminio y Santiago Blaquier, accionistas y directivos de Ledesma; y mañana se sumará otro más.

Qué se hace público y qué no

La base de datos de Pandora Papers a la que tienen acceso los periodistas de ICIJ se encuentra en una plataforma encriptada, que incluye correos electrónicos, hojas de registros mercantiles, cuentas de empresas o pasaportes, entre otros. Estos documentos incluyen información de carácter personal de clientes que acudieron a los paraísos fiscales, pero también de sus familiares y empresas.

ICIJ no hace públicos los documentos de creación o de administración de las compañías, pero sí los datos sobre sus accionistas, los intermediarios que ayudaron a crearlas y los beneficiarios finales detrás de cada una, siempre y cuando exista esta información. Por ejemplo, no se hallarán los documentos que acreditan movimientos de dinero, los formularios bancarios ni otros datos personales como números de DNI, cuentas bancarias, direcciones y teléfonos.

Tampoco habrá resultados para la búsqueda de personas cuya información no estaba estructurada en la base de datos, pero sí aparecía en los documentos. 

Además, al publicarse sólo la información de dos despachos tampoco aparecerán los clientes de las otras doce firmas, como quienes acudieron a los servicios del proveedor  Trident Trust, uno de los favoritos de los argentinos en Pandora. El Consorcio irá haciendo públicos los datos de los otros doce proveedores a lo largo de 2022.

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ED

Tras las revelaciones de Pandora Papers, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó vía exhorto a las autoridades de Suiza y de Islas Vírgenes Británicas información y movimientos bancarios de una sociedad offshore de Manuel Vázquez, ex asesor del secretario de Transporte Ricardo Jaime, que surgió de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reveló elDiarioAR junto con La Nación e Infobae el 23 de octubre último.

Vázquez, sus hijos y su esposa son investigados junto a Jaime y otros exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presuntos sobornos del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra obtenida en 2008 por las constructoras Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas niegan haber pagado coimas para ganar la licitación. Hasta el momento, Vázquez tiene un procesamiento por presuntas dádivas y el juez aún no ha decidido sobre la situación de su familia, indagada por última vez en 2019.

Vázquez, acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos de Jaime, fue beneficiario final de la offshore Walsh Partners Corp., con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers. 

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la compañía, radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

En uno de los exhortos ordenados por el juez este lunes, Martínez De Giorgi solicitó a las autoridades de la Confederación Suiza que solicite información sobre la firma offshore al banco Merrill Lynch Bank Suisse para que indique si Walsh Partners Corp. “posee cuentas registradas en esa entidad, ya sea en el carácter de titular o beneficiario, durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009, y en su caso se remita información relativa a sus titulares, beneficiarios y apoderados, números de cuenta y movimientos durante el mencionado lapso temporal”, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

En el exhorto a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas, el magistrado requirió que se arbitren los medios para solicitar a la firma Trident Trust Company “ información relativa a la conformación de la firma Walsh Partners Corp. durante el período comprendido entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009”. Trident es el proveedor offshore que actuó como agente de la offshore en el archipiélago de bandera británica y ante el que Julián Vázquez solicitó los trámites de la compañía. El equipo argentino de ICIJ publicó el 23 de octubre los correos electrónicos y documentos oficiales obtenidos en Pandora Papers.

“En su caso deberá aportarse toda información con la que cuente relacionada a sus titulares, beneficiarios, apoderados, papeles de trabajo, intercambio de correos con sus responsables, e indicación acerca de si en ese período se llevó a cabo la apertura de cuentas bancarias a nombre de esa firma y, en su caso, en qué entidades y con qué números de identificación”, ordenó el juez del caso Soterramiento.  

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte, pero Pandora Papers reveló documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos mientras Jaime aún era funcionario. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco, aunque esta sociedad no es mencionada en los exhortos del juez hasta el momento.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

ED

Miembros de nueve de las diez familias más ricas de Argentina participaron en sociedades offshore para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Reino Unido, administrar herencias, invertir en negocios energéticos, integrar empresas extranjeras o comprar un avión, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino de Pandora Papers, que integra elDiarioAR. 

Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los diez más ricos de Argentina, según publicó la Revista Forbes en 2020. Todos recurrieron a compañías, fundaciones y fideicomisos radicados en Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Bahamas y Nueva Zelanda. El equipo argentino consultó a los involucrados durante las últimas cuatro semanas y les solicitó documentación sobre sus estructuras radicadas en paraísos fiscales.

Algunos aseguran que declararon sus activos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore ante las autoridades. De las nueve familias consultadas, sólo Hugo Sigman y Silvia Gold, los sextos más ricos según el ranking de Forbes de 2020, accedieron a mostrar las declaraciones juradas ante la AFIP y el fisco español para confirmar que sus estructuras están declaradas ante los organismos.

Algunos de los consultados, además, respondieron que decidieron radicar sus sociedades en paraísos fiscales por recomendación de sus asesores financieros y de los grandes bancos globales con los que operan.

Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni y su familia encabezan el ranking de los más ricos de Argentina en 2020, según Forbes, con una fortuna de US$5.400 millones. Junto a su hermano Carlos, fallecido en 2016, lideraron la empresa Pan American Energy (PAE), la principal compañía privada de petróleo y gas del país.

Ambos hermanos figuran como beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, una firma de Islas Vírgenes Británicas, según un formulario de la firma Trident Trust Company, que actuó como agente registrado en el archipiélago del mar Caribe.

“Starcross Assets Limited era una compañía incorporada y administrada por JP Morgan Chase”, respondieron desde PAE ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. De hecho, según el formulario que surge de Pandora Papers, la firma operó con JP Morgan Trust Company de Bahamas.

La offshore se creó en 2008 y sus accionistas son otras dos compañías offshore creadas en Bahamas, que, según explicaron en PAE ante la consulta, son “compañías del JP Morgan”. “Posteriormente al fallecimiento de Carlos Bulgheroni, en septiembre de 2016, JP Morgan disolvió Starcross Assets Limited”, agregaron en la petrolera. La firma fue dada de baja en 2017.

Para esa misma época es que los Bulgheroni aparecen mencionados en el formulario como los verdaderos dueños de la compañía de Islas Vírgenes Británicas en un formulario datado en junio de 2017.  

A pesar de que ambos hermanos figuran en el documento como los dueños de la compañía, en PAE afirmaron que “Starcross Assets Limited actuó como fideicomiso en beneficio de Carlos Bulgheroni”, quien, según PAE, buscaba obtener un crédito de US$10 millones para invertir en negocios en Europa.

“El mencionado crédito sólo se efectivizaría en la medida que fuera necesario, conforme al devenir de los nuevos desarrollos de negocio vinculados al trading de gas natural y la construcción de infraestructura en Europa. JP Morgan Chase participó en el financiamiento de los citados emprendimientos”.

De acuerdo con el formulario de Pandora Papers, los fondos de la compañía offshore provenían de “combustibles y gas natural”. Los activos fueron valuados en U$12,6 millones, pero PAE dice que la firma no tuvo cuentas bancarias.

“El crédito nunca se efectivizó y consecuentemente Carlos Bulgheroni nunca recibió nada del fideicomiso”, agregó la compañía. “Alejandro Bulgheroni y Pan American Energy no tienen vinculación alguna con la consulta realizada”, concluyeron.

En el formulario, Alejandro y Carlos Bulgheroni figuran con domicilios en Buenos Aires. Ante la consulta sobre si Alejandro y Carlos Bulgheroni declararon ser los beneficiarios finales de Starcross, PAE respondió: “Carlos Bulgheroni se había radicado en Italia a principios de los 2000 y fue allí donde realizó los emprendimientos de negocio mencionados. Argentina no tiene vinculación alguna con Starcross Assets Limited ni tampoco con el desarrollo de los mencionados proyectos en Europa”.

Galperin

En 2020, el fundador de Mercado Libre era el empresario más rico de Argentina en patrimonio individual: US$4.200 millones. También es el más joven de la lista de Forbes. Marcos Galperin fue designado en 2010 director de Mail.ru Group Limited, una sociedad creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos que surgen de las bases del proveedor offshore Trident Trust Company.

Mail.ru Group, es una empresa rusa de Internet. Se inició en la década de 1990 como un servicio de correo electrónico y a partir de 2013, según comScore, los sitios web propiedad de Mail.ru colectivamente tenían la audiencia más grande en Rusia.

En la lista de directores de Mail.ru Group Limited, Galperin comparte directorio con diez personas radicadas en distintos países, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Hong Kong y Corea del Sur. Galperin renunció como director de la sociedad el 24 de octubre de 2013.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Galperin respondió a través de voceros de Mercado Libre que nunca fue accionista de Mail.ru y que sólo ofició de “director independiente”, es decir, como ejecutivo. “Tuvo interés en conocer más sobre una empresa de tecnología líder en Rusia, un mercado emergente importante donde Mercado Libre no tiene ninguna participación ni presencia. También conocía a los fundadores a través de un accionista común, Tiger Global”, respondieron en Mercado Libre.

Sobre la compensación que recibió por oficiar de director independiente entre el 5 de noviembre de 2010 y el 25 de octubre de 2013, respondieron que “Marcos Galperin declara sus ingresos” y que “durante el período que se desempeñó como director independiente en Mail.ru Galperin, no residía en Argentina”.

El empresario se radicó en Uruguay entre 2002 y 2016, volvió a fijar domicilio fiscal en Argentina tras la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia y regresó a Uruguay a principios de 2020.

Rocca

La familia dueña de la multinacional ítalo-argentina Techint, cuyo fuerte es el mercado global de caños de acero para la industria petrolera y gasífera, es la tercera fortuna más grande de Argentina, con US$3.400 millones. Los negocios que lidera Paolo Rocca incluyen a Ternium y Tenaris; Tecpetrol y Tenova (energía); Techint Ingeniería & Construcción; y Humanitas (servicios de salud). A partir de 2020, Forbes sólo tuvo en cuenta parte del patrimonio de los herederos de Techint, aunque no informó las razones.

En Pandora Papers, Elena Francisca Bonatti Rocca, integrante de la gran familia de Techint, figura como principal beneficiaria de un fideicomiso creado en Nueva Zelanda, Margot Trust, según los documentos del proveedor Asiaciti Trust. La estructura se armó en marzo de 2013 para adquirir a su nombre un departamento ubicado en la calle Onslow Square, en Londres, valuado, según uno de los documentos, en 2.950.000 de libras esterlinas (otro documento eleva el valor de la propiedad a casi 4 millones de libras).

El origen de los fondos que se utilizaron para adquirir el departamento en Londres es la participación de Elena en el imperio de su familia: Techint. La mujer es hija de Roberto Bonatti, también director de Tenaris, principal compañía de la multinacional.

El protector del fideicomiso es el abogado de Techint Fernando Mantilla. En caso de fallecimiento de Elena, los beneficiarios de Margot Trust pasarían a ser otros dos miembros de la familia; y en caso de sus fallecimientos, dos fundaciones de la familia Rocca: Fondazione Hercanos Agustín y Enrique Rocca; y Fundación Hospitalaria.

En agosto de 2013, Elena y Mantilla instruyeron que se abra una cuenta bancaria en el BSI (Banca della Svizzera Italiana), en Ginebra, Suiza, a nombre del fideicomiso.

La estructura del fideicomiso offshore es compleja. El administrador del fideicomiso es la compañía Auckland Sourcing Trust Limited, de Nueva Zelanda. El fideicomitente es BSI Trust Corp Limited, una compañía del banco suizo en la isla de Malta. A su vez, esta compañía de Malta es la propietaria/fideicomisaria de otra estructura: Agomar Settlement, cuya beneficiaria principal también es Elena Bonatti y el abogado Mantilla, su protector.

El 30 de junio de 2017, los administradores del fideicomiso deciden alquilar la propiedad en Londres. También aplicaron ante las autoridades del Reino Unido para poder recibir renta por la propiedad y no pagar impuestos en ese país, según el formulario que surge de Pandora Papers.

Techint rechazó responder las consultas del equipo argentino de ICIJ sobre el fideicomiso de Bonatti, si el departamento en Londres había sido declarado ante la AFIP y si Bonatti había o no ingresado al blanqueo de capitales de 2016, como publicaron algunos medios. En cambio, se limitaron a afirmar que Elena Bonatti era residente italiana -aunque en los documentos figura con un domicilio sobre avenida Las Heras- y que falleció en febrero de 2021, “después de una larga lucha contra el cáncer”.

Techint sostuvo que “motivada por esta lucha contra la enfermedad, a fines de 2019 Elena Bonatti donó a la provincia de Corrientes el Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, con una inversión de US$15 millones”. El centro médico se radicó en Curuzú Cuatiá “con profesionales médicos capacitados en Europa y tecnología de última generación para pacientes con y sin cobertura médica”.

La obra, afirmaron en Techint, tiene 2.150 metros cuadrados y “emplea 30 colaboradores entre profesionales médicos, técnicos en diagnóstico por imágenes, psicólogos, asistentes sociales, además de enfermeros y personal administrativa”, “con equipamiento médico de última generación, también donación de la señora Elena Bonatti”.

Pérez Companc

La cuarta familia más rica de Argentina, con un patrimonio de US$2.700 millones, también aparece en los documentos de Pandora Papers. Los siete hijos de Jorge Gregorio “Goyo” Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por U$28 millones. La compañía se destinó a desarrollar inversiones en Sunny Isles, en Miami. Jorge, Rosario, Pilar, Luis, Cecilia, Catalina y Pablo figuran como los beneficiarios finales de la sociedad: Leariver Finance Limited.

Los fondos, según registraron los dueños de la compañía de alimentos, provienen de Santa Margarita LLC, la offshore dueña de las acciones de Molinos y el resto del grupo de Pérez Companc, según un formulario del proveedor de servicio offshore Trident.

Voceros de la familia respondieron al equipo argentino de ICIJ que las inversiones se canalizaron a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas por “recomendaciones de los asesores en los Estados Unidos para una inversión inmobiliaria en dicho país” y aseguraron que todos los hermanos declararon ante la AFIP “su tenencia indirecta en la sociedad Leariver Finance Limited”, desde su constitución en 2014.

Un segundo formulario de Trident aportó información más completa, incluso con anotaciones a mano. Allí se señaló que la compañía sería un “vehículo de inversiones” y un “portfolio de acciones” en otras dos sociedades, “SM La Playa Holding #1 Inc” y “SM La Playa Holding #2 Inc”, que han invertido en Miami en condominios en Sunny Isles.

“Las 3 sociedades sólo tienen cuentas bancarias y se utilizaron para invertir en la sociedad La Playa Beach Associates”, dueña del terreno en Miami donde se construyeron los condominios. Actualmente, tanto Leariver Finance Limited como SM La Plata Holding #1 y #2 continúan activas.

Gregorio Pérez Companc anunció en 2009 en la Bolsa de Buenos Aires que había cedido gran parte de su patrimonio en vida y de manera directa a sus siete hijos. Para completar la transferencia, la familia creó la sociedad Santa Margarita LLC, con sede en Delaware, un territorio considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Esa estructura estuvo bajo la lupa de la AFIP durante siete años porque les habría permitido a los Pérez Companc no tributar impuesto a las ganancias por sus inversiones en el extranjero, como reveló elDiarioAR en diciembre de 2020.

Roemmers

Con un patrimonio de US$2.400 millones, Alberto Roemmers ocupa el quinto lugar del ranking de los más ricos de Argentina, según Forbes. La familia del empresario tiene el 44% del laboratorio Gador y es propietaria de Investi Farma y Rofina, una de las mayores distribuidoras del mercado farmacéutico.

Uno de sus tres hijos, el empresario y escritor Alejandro Roemmers, adquirió un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por US$15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos de Pandora Papers. Alejandro cobró notoriedad en febrero 2018, cuando festejó sus 60 años con una fiesta de tres días para 600 invitados en Marruecos, que incluyó un concierto privado del cantante Ricky Martin. 

Meses antes de la megafiesta, el empresario creó el 3 de abril de 2017 la compañía Air 31 Holding Corp, en Islas Vírgenes Británicas, que lo tuvo como único accionista. Los formularios de Trident Trust Company, el proveedor de servicios offshore, detallaron que el objetivo de la compañía era controlar a otra firma offshore de Delaware, Air 31, que sería, a su vez, la controlante directa del avión.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, representantes de los Roemmers afirmaron “Alejandro Guillermo Roemmers no es residente fiscal en Argentina desde 2016. Es residente panameño” por lo que no debió informar la adquisición del avión a la AFIP.

Su hermano Alfredo Pablo Roemmers también aparece en los documentos de la nueva filtración. Fue accionista, beneficiario final y director de Black Stone Group Ltd., una sociedad de Belice inscripta en septiembre de 2015. El propósito de la compañía era “llevar a cabo el negocio de una sociedad de inversión”, según el acta de inscripción.

Voceros de la familia respondieron que la firma de Belice fue creada a los efectos de optimizar las inversiones financieras y que fue declarada por el empresario ante la AFIP. “Sus activos y ganancias tributaron los impuestos correspondientes (ganancias, bienes personales y aporte solidario), oportunamente”, aclararon. ¿Por qué eligió un compañía de Belice? “Esta estructura es aconsejada por los bancos para administrar más eficientemente las inversiones en distintas plazas financieras”, explicaron.

Sigman y Gold

El matrimonio era en 2020 dueña de la sexta fortuna más importante del país, con US$2.000 millones. Ese año, cedieron en vida sus acciones en el Grupo Insud a sus hijos, según informaron ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. La multinacional tiene acciones en las farmacéuticas Elea-Phoenix, Biogénesis Bagó, mAbxience, principales activos del grupo. También invierten en cine con K&S; libros (Capital Intelectual y Siglo XXI); y revistas (El Diplo). Sus operaciones centrales están en Argentina y España.

A través del laboratorio mAbxience, fabrican el principio activo de la vacuna AstraZeneza contra el Covid-19, que se envasa en México. Además, Biogénesis Bagó está en negociaciones con China para producir la vacuna Sinopharm en el país.

Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH, según los documentos que surge de Pandora Papers. La compañía manejó al menos US$120 millones de su nave insignia durante tres años, explicó un vocero ante la consulta.

Además, el matrimonio formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015.

Ambas estructuras fueron declaradas por el matrimonio ante la AFIP y el fisco español, lo que avalaron con documentación fiscal ante el pedido del equipo argentino de ICIJ. La historia completa fue publicada el 7 de octubre último.

Werthein

En Pandora Papers hay cuatro sociedades ligadas a distintos integrantes de la familia Werthein, la séptima fortuna argentina, con US$1.900 millones. Participan en el mercado de seguros (fueron dueños de La Caja), inversiones agropecuarias y la marca Cachamai. Vendieron sus activos en Telecom y Standard Bank a ICBC, según publicó Forbes. En julio último, el grupo alcanzó un acuerdo con AT&T para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., dueña de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go.

En Pandora Papers, Darío Werthein, quien estuvo involucrado activamente en la adquisición de Vrio Corp., figura como miembro del directorio de Ducal Investments Limited. La sociedad se creó en Islas Vírgenes Británicas el 12 de mayo de 1998 y fue gestionada por el estudio panameño Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Al menos hasta enero de 2011, Darío Werthein recibía las facturas del estudio panameño que gestionaba los trámites de la sociedad, Alcogal.

La compañía tuvo distintos cambios de directorio entre 1998 y 2005 y allí asumieron, alternadamente, Dario Werthein; su esposa, Jacqueline Parisier de Werthein; y Marcelo Wegbrait (ejecutivo del Grupo W).

Carnold Overseas Limited fue creada en Islas Vírgenes Británicas, en abril de 1998. La firma Whitepine SA fue su accionista. Asumieron como directores en distintos momentos, entre 1998 y 2013, Leo Werthein, Darío Werthein, Cynthia Werthein, Alberto Martín Iribarne y Norma Gold de Werthein. Un documento de diciembre de 2010 señala que el beneficiario es Darío Werthein; que el origen de los fondos es “la herencia de su padre Leo Werthein”; y que el propósito de la compañía es hacer “inversiones financieras”. 

Hinslet Overseas Ltd. fue creada en noviembre de 1997, también en archipiélago de bandera británica. De acuerdo con un borrador elaborado por los asesores de la sociedad, Norma Gold Werthein, madre de los empresarios, es la beneficiaria final y el origen de los fondos de la compañía es una “herencia”. La firma tuvo como objetivo hacer “inversiones financieras”. Como apoderados de hecho figuran los hijos de Norma, Darío, Judith y Cynthia Werthein.

La cuarta offshore vinculada a la familia es Chai 18 Limited, creada en Islas Vírgenes Británicas. Isaías Werthein (padre de los empresarios) es su beneficiario final. El propósito de la compañía es “inversiones inmobiliarias” y controla un inmueble en Fisher Island, “el barrio más rico de Estados Unidos”, según un artículo de El País.

Fuentes allegadas al Grupo Werthein se limitaron a señalan que las firmas Ducal Investments Limited y Carnold Overseas Limited “fueron creadas para oportunidades de negocios en el exterior que finalmente no se concretaron” y que “ninguna tuvo ningún movimiento”. Sobre la sociedad Hinslet Overseas Ltd. afirmaron que “fue creada para una cuestión sucesoria de Norma Gold Werthein con sus hijos, que ella es la beneficiaria y sus hijos, únicamente apoderados”. Respecto a Chai 18 Limited, fue creada por Isaías Werthein (padre de los empresarios), quien ha fallecido y que la familia “desconoce qué destino tuvo”.

Eurnekian

En 2020, Eduardo Eurnekian ocupó el novelo puesto del ranking de Forbes, con una fortuna de US$1.100 millones. El holding se extendió por distintos rubros, como medios de comunicación, gas y petróleo, construcción, financiero y real estate, pero su principal compañía es Corporación América, que opera 52 aeropuertos en siete países.

En los Pandora Papers figura uno de sus herederos y colaboradores en el holding, su sobrino Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Según los documentos, el empresario figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, “dedicada a la inversión financiera y el real estate”.

Los directores de la offshore son ejecutivos de Corporación América y su accionista controlante es otra sociedad, Southern Cone Foundation (de Liechtenstein). Esta sociedad radicada en Europa, en un territorio considerado paraíso fiscal, es a su vez la controlante última de CGC, la compañía de petróleo y gas de Eurnekian.

“Mayville Capital Corporation fue constituida por Martin Eurnekian en 2005, período durante el cual no era residente fiscal en Argentina”, se limitaron a informar voceros de Corporación América ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

Martin Eurnekian también figura como uno de los accionistas de otra firma, Viskert Enterprises, una compañía de Islas Vírgenes Británicas administrada por el estudio panameño Alcogal. Esta compañía fue creada el 12 de julio de 2012. El apoderado de esa firma es Carlos Lecueder, empresario y contador público uruguayo, quien dirige un estudio que presta servicios a argentinos, según surge de Pandora Papers.

Lecueder impulsó la construcción de las torres del World Trade Center (WTC) en Montevideo, emplazada en el Complejo del Buceo. Corporación América había presentado proyectos para ampliar y modernizar el Puerto del Buceo. La compañía opera el aeropuerto de Carrasco.

“Fue una sociedad holding, accionista de un centro comercial en Uruguay. La participación de Martin Eurnekian en dicha sociedad fue minoritaria y a título personal. La misma fue adecuadamente informada a las autoridades impositivas correspondientes. Se desconoce cualquier vínculo con el complejo del Buceo en Montevideo”, respondieron voceros de Corporación América ante la consulta.

Sobre si el director ejecutivo de Corporación América había declarado ante la AFIP ambas sociedades, voceros de la compañía respondieron que “Martin Eurnekian reside en Uruguay desde 2004”, por lo que “no es residente fiscal argentino” desde ese año. El empresario regresó temporalmente al país sólo en 2018 y 2019 “por cuestiones personales”, período en el que “declaró sus activos e ingresos ante la AFIP de conformidad con la normativa impositiva”.

Viskert Enterprises tuvo a Eurnekian entre otros 16 accionistas, todos con domicilio en Uruguay. La sociedad se disolvió el 28 de marzo de 2018, pero Corporación América sostuvo que para ese año, el empresario ya no era accionista de la sociedad.

De Narváez

El empresario Francisco De Narváez y su familia tenían una fortuna valuada en 2020 en US$920 millones, ocupando el puesto número diez del ranking de los más ricos. Conformaron un conglomerado de al menos cinco fideicomisos, creados en diciembre de 2004, y por los que el empresario y su familia tuvo denuncias de la AFIP por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2006, pero la Justicia falló a favor de los particulares en al menos tres casos entre 2015 y 2016, según los fallos aportados por los De Narváez.

La familia es heredera de la cadena de tiendas Casa Tía, que a fines de los 90 se vendió por US$630 millones, según informó su abogado. En 2020, Francisco De Narváez adquirió los supermercados Waltmart. El empresario había incursionado en política durante el kirchnerismo, espacio al que se opuso. Llegó a ganarle una elección legislativa a Néstor Kirchner y fue electo diputado. Recientemente, se acercó al presidente Alberto Fernández con quien tuvo una reunión en Casa Rosada. 

Los trusts (fideicomisos, en inglés) llevan los nombres Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, según los documentos de Pandora Papers y hay decenas de resoluciones donde se autorizan distintos movimientos de dinero (que oscilan entre los US$200.000 y los US$10 millones). Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares.

A través de estas estructuras movilizaron fondos millonarios a favor de sus beneficiarios. Los documentos surgen de los proveedores Treuco Trust Company (de Nueva Zelanda) y CitiTrust o Asiaciti como agentes registrados. Eran gestionados desde Suiza, donde también se registraron cuentas bancarias. En los Pandora Papers, además, figura una sociedad llamada Flint Investments Pte. Ltd., radicada en Singapur.

“Todos esos trust están debidamente declarados y vienen de una tradición familiar que viene de la época de mis abuelos. Sus beneficiarios son mis hijos y los hijos de mis hijos”, respondió Francisco De Narváez ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Los fideicomisos, agregó el empresario, “obedecen a la administración de la fortuna familiar”.

Todos los fideicomisos fueron constituidos en 2004 y con bienes de Doris Steuer, madre de Francisco, Carlos, María y Juanita De Narváez, informó el abogado de Francisco De Narváez. Ese año, la hija del fundador de Casa Tía había fallecido. 

Los beneficiarios de cuatro de estos fideicomisos, los hijos y descendientes de Doris, fueron recibiendo dinero de los fideicomisos a partir de esa fecha, agregó el abogado. “Las percepciones de dinero fueron declaradas ante la autoridad fiscal argentina por parte de los beneficiarios”, aseguró. “Al recibir estos fondos, sus beneficiarios fueron cuestionados por la AFIP”, ya que la familia De Narváez entendía que no estaban alcanzados por impuestos, lo que originó reclamos y procesos tanto administrativos como penales.

El abogado aclaró que los procesos judiciales y fiscales fueron concluidos, sin sanciones de ningún tipo para la familia y adjuntó copia de las resoluciones judiciales a favor de los De Narváez.

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ED

Manuel Vázquez, ex asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos, fue beneficiario final de una offshore con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la offshore Walsh Partners Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte. Pandora Papers revela ahora los documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a varias compañías multinacionales y brasileñas.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Actualmente, Vázquez padre se encuentra con prisión domiciliaria y está siendo juzgado junto a Jaime -preso en la cárcel de Ezeiza- por la compra de material rodante inservible para el ferrocarril Belgrano Cargas entre 2005 y 2012. Tanto Manuel como su hijo Julián también son juzgados por el mismo tribunal oral y público como presuntos prestanombres de Jaime en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, una acusación que niegan. 

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ya era un funcionario cuestionado.

Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Tras recibir el correo de Julián Vázquez, una administradora del área Corporativa de Trident derivó el elocuente mail a otros miembros de la firma para pedir instrucciones y recibió la siguiente respuesta: “Por favor, ¿podrías confirmarle que su correo electrónico ha sido recibido y le daremos asesoramiento?”.

Al día siguiente, la ejecutiva de Trident cumplió y respondió a Julián Vázquez: “Estamos revisando los documentos de la compañía y le estaremos mandando un email con las instrucciones que hay que seguir para realizar los cambios requeridos”.

En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp, los Vázquez y Marta Margarita Domínguez fijaron domicilio en una dirección de la calle Arroyo, en General Pueyrredón, Acassuso, Buenos Aires. El trámite les costó US$1.700.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

Los documentos bancarios dejan claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners son los Vázquez. En el formulario que surge de los documentos obtenidos por ICIJ, aparece el nombre de Enrique Fahrion certificando de puño y letra las copias de los pasaportes de los tres dueños de la compañía.

No hay más rastros de esta compañía ni de la cuenta bancaria suiza en Pandora Papers. Pero siete meses después de solicitar la activación de la sociedad, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez habían abandonado la offshore. Ricardo Jaime había renunciado cinco semanas antes al gobierno de Fernández de Kirchner. En otro correo de ese día, la ejecutivo Patrizia Zuppinger instruyó a una colega que debía proceder con la liquidación de la sociedad en cuestión y le ordenó cortar vínculo con esa compañía: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”. 

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

De Islas Vírgenes a La Plata

Walsh Partners tuvo una hermana en la ciudad de las diagonales. Julián Vázquez y su hermano Mariano, también investigado por la Justicia como supuesto colaborador de su padre, fundaron el 18 de mayo de 2009 Walsh Partners Holdings SA, una compañía creada para el “comercio aéreo en general y transporte terrestre”; “fabricación y comercialización de aeronaves, motores y/o repuestos de los mismos”; “servicios y operaciones inmobiliarias”; y “explotación de medios de radiodifusión”; además de “financiera”. Y prepararon el terreno para un fideicomiso: “La sociedad podrá ser fiduciante, fiduciaria o beneficiaria”.

“La sociedad radicada en la ciudad de La Plata jamás tuvo actividad, ni cuenta bancaria, ni adquisición de activos de ningún tipo. Se conformó, pero nunca se utilizó y tampoco se reempadronó”, respondió su abogado. “La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades”, agregó.

Mónaco

La sociedad Cantbury Overseas SA se creó el 2 de junio de 2010 y se inscribió al día siguiente en el registro mercantil de Panamá, según consta en los documentos públicos de ese país, consultados por el equipo argentino de ICIJ. 

En los registros abiertos no hay rastros de los Vázquez, pero en la documentación privada que revela Pandora Papers existe un poder otorgado por la compañía offshore a Julián y Mariano Vázquez (hijos de Manuel) y su madre, Marta Margarita Domínguez. Los tres, al igual que su padre, son investigados en la Justicia por el caso soterramiento (Odebrecht).

El 21 de julio de 2010, el estudio panameño Alcogal, gestionó un poder para que la familia Vázquez pueda abrir, mantener y operar una cuenta bancaria en el CDM Mónaco, una entidad bancaria dedicada a clientes extranjeros en el principado europeo. También intervino, como corresponsal, el estudio David Mulchi & Asociados, con sede en Madrid, y dedicado a la asesoría y consultoría jurídico-tributaria, económica y comercial.

Ante la consulta, los Vázquez se limitaron a responder que Cantbury Overseas SA “no tuvo ningún movimiento de fondos, ni adquisición de activos, ni operatividad”.

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Arrepentido de arrepentirse

En febrero de 2019, Manuel Vázquez había declarado como arrepentido en la causa por supuestos sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, publicó Perfil. Dijo entonces ante el fiscal Franco Picardi que el empresario Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, habría sido el encargado de negociar los supuestos pagos ilegales con el entonces secretario de Transporte por la obra que lideró la constructora brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra. El empresario negó la acusación ante la Justicia. 

Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos.

Alcogal.

Vázquez dijo entonces al fiscal Picardi que los empresarios habrían pagado US$20 millones en sobornos por la obra del Sarmiento. Sin embargo, tres meses más tarde Vázquez padre se desdijo de sus propias palabras ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Qué pasó entre febrero y mayo de 2019? En abril, Martínez de Giorgi procesó a Vázquez por presuntas dádivas en el caso Odebrecht pero sobreseyó a los miembros de su familia: sus dos hijos y su esposa, quienes formaban parte de una consultora “ficticia”, denominada Caesa, que según la Justicia fue utilizada para blanquear coimas. Los tres se declaran inocentes. 

Todos los clientes de la consultora de Vázquez eran contratistas del Estado en el área de Jaime, mientras Vázquez era su asesor. Por eso, el fiscal sostiene que la consultora podría haber sido una pantalla para las coimas destinadas al entonces funcionario.

Vázquez dijo ante la Justicia que su esposa e hijos no tenían nada que ver con la empresa. El fiscal estableció que sí y pidió que se los procese como cómplices. 

Antes de que el abogado Gramajo asuma la defensa, Vázquez se encontraba asesorado por otra abogada, quien asistió al ex asesor de Jaime durante su declaración como colaborador en la causa del Sarmiento. Según su abogado actual, esa abogada “representaba intereses contrapuestos en la misma investigación, defendiendo al señor Soba Roja” (otro imputado, actualmente fallecido). “Por ese motivo, interpuse una nulidad (de la declaración ante el fiscal). La Cámara Federal hizo lugar y ordenó recibirle declaración indagatoria nuevamente al señor Vázquez”, dijo su actual defensor, Gramajo.

Entre diciembre de 2005 y, al menos, enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, según consta en el expediente del soterramiento. Iecsa estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra. Le pago unos $600 mil a la consultora de Vázquez mientras que la española Comsa, otra socia de Iecsa y Odebrecht en la obra del soterramiento, también le facturó a la empresa “ficticia” de Vázquez $263.097. Las empresas sostienen que pagaron por servicios de consultoría.

La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer.

Andrés Gramajo. — Abogado de los Vázquez.

El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo del encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo “adquisição de propiedades” desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, utilizada para el pago de coimas de la empresa brasileña, según la investigación del Lava Jato.

Cerca de un veredicto

Jaime y Vázquez enfrentan actualmente un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. El proceso ingresó en los últimos días en la etapa de alegatos y se espera un veredicto cerca de fin de año. En 2015, ambos firmaron un juicio abreviado en los tribunales, en el que admitieron haber recibido dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, casualmente, explotaba el servicio del Sarmiento, como publicó Infobae.

El juicio actual se centra en otras dos causas judiciales contra Jaime y Vázquez: el presunto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte -en el que su exasesor está acusado de supuesto testaferro-; y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, transacción en la que intervino el español Vázquez y que el juez de instrucción, Julián Ercolini, consideró una estafa al Estado argentino.

Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto,

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Entre los bienes adjudicados por la Justicia a Jaime que vinculan a los Vázquez hay un avión Learjet de alrededor de US$4 millones, adquirido en 2008 con un “préstamo” de otra sociedad offshore (Elkrest) de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el expediente judicial. 

“La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer”, dijo el abogado de Vázquez. Cupeiro, un célebre automovilista de carretera que fue socio de Zulemita Menem en la concesionaria Toyota de Nuñez, falleció en febrero último. Su familia no respondió las consultas del equipo de ICIJ en las últimas semanas.

“La adquisición de la aeronave constituía un negocio en sí mismo, puesto que a través de su explotación comercial, la inversión se vería recuperada en un mediano plazo. Fue ese el motivo por el cual Manuel Vázquez decidió, con fondos propios, ingresar en este negocio y solicitó la colaboración de su hijo Julián para cuestiones administrativas”, agregó el letrado, quien sostuvo que la compra del avión fue una inversión entre empresarios.

“Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto, en razón de la disputa suscitada entre distintas empresas para su explotación, una de ellas, MacAir Jet. Finalmente, fue la empresa Aerorutas quien se hizo cargo de la explotación de la aeronave”, concluyó el abogado.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Suiza adoptó este domingo el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras un referéndum en el que el 64% ha votado a favor de estas uniones, además de que puedan adoptar y, en el caso de las mujeres, tener acceso a las técnicas de reproducción asistida y los bancos de esperma.

Este país se convierte así en el trigésimo del mundo en aceptar esta figura matrimonial, tras ocho años de debates políticos y parlamentarios sobre la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y deberes que a las heterosexuales.

La decisión, ratificada en referéndum, llega también tras varios meses de campaña en contra del partido ultraconservador UDC, que tras la aprobación del matrimonio igualitario por el Parlamento suizo en diciembre, recogió firmas para que se celebrara la votación de este domingo. En Suiza, todas las decisiones del Parlamento pueden llevarse a referéndum si lo piden, al menos, 50.000 personas.

Con la excepción del partido de derecha radical UDC, de ciertos grupos religiosos y otros que defendían que el matrimonio debía estar reservado a una pareja formada por un hombre y una mujer, el resto de formaciones políticas apoyaban la iniciativa, de la que el Partido Verde fue el portaestandarte. Suiza sale así del pequeño grupo de países de Europa occidental que todavía no han legalizado el matrimonio homosexual y en el que han quedado Italia, Grecia y Liechtenstein.

Hasta ahora, en Suiza regía la unión de dos personas del mismo sexo a través de las “alianzas registradas”, una figura aprobada en 2007 y que les ha garantizado desde entonces los mismos derechos que los esposos heterosexuales, como elegir un apellido en común, acceder a la herencia del cónyuge o a rentas de viudez, entre otros, y desde 2018 también les permitía adoptar al hijo o hija de la pareja.

En adelante, las parejas de mujeres casadas podrán acceder a una donación de esperma en Suiza, donde las donaciones anónimas están prohibidas, por lo cual el niño podrá conocer la identidad del donante al cumplir los 18 años, aunque las dos mujeres serán reconocidas como madres desde el nacimiento.