Se cumplen 5 años de la madrugada en la que el Senado argentino aprobó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, dejaba de criminalizar el aborto y legalizaba su acceso en toda la Argentina.

Llegamos a ese momento luego de un largo proceso en el que el movimiento de mujeres se propuso, entre otras demandas históricas por el reconocimiento de derechos básicos, descorrer el velo que pesaba sobre nosotras y nos sometía a una violencia ilógica e irracional. Porque la criminalización del aborto es un acto de violencia que estaba dictado y legitimado por las instituciones democráticas y era socialmente aceptado, por acción, distracción, omisión o complicidad. 

Cuesta pensar que, hasta comienzos del 2018, en los programas de televisión mainstream no se permitía pronunciar la palabra “aborto”. Solo lo hacían algunos medios gráficos y periodistas feministas, y en ese contexto adverso trabajaban la Campaña por el aborto, las socorristas y la abogadas feministas que lograron el fallo FAL de la Corte en el 2012. 

Pero en ese 2018 se revolucionaron amistades, familias, entornos sociales y laborales con mujeres que contaban por primera vez que habían abortado. Madres, abuelas a sus nietas, amigas. Mujeres que se animaban a contar experiencias dolorosas sin saber cómo iban a reaccionar sus entornos. Por necesidad, por decisión, espontáneos, terapéuticos, todos tratados con el mismo hostigamiento y maltrato institucional. El aborto siempre había estado ahí. De repente todo eso salía a la luz. 

Fue un camino largo. Es imposible pensar ese 2018 sin imágenes previas de lucha: la marcha del 8 de marzo de 1985, con unas pocas mujeres como Susana Rinaldi con carteles que decían: “Violación es tortura” y “Despenalizar el aborto”. O sin Dora Coledesky en 1991 en el IV Encuentro Nacional de Mujeres, sosteniendo aquel cartel de la Comisión por el derecho al aborto que decía: “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. O sin nuestras fabulosas cuatro Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Nina Brugo y Marta Alanis.

Hubiera sido difícil llegar a ese 2018 sin la marcha de Ni Una Menos que el 3 de junio de 2015 convocó millones de mujeres en todo el país pidiendo que dejaran de matarnos y violentarnos. Un gigantesco grito colectivo que significaba que no íbamos a callarnos más ante esas violencias. 

Ese grito colectivo le mostró también a las más jóvenes lo que se les venía si no arrancaban desde temprano a defender sus derechos. Y no hubiera habido 2018 sin esas mismas pibas saliendo con fuerza a decir que no iban a permitir que algún día a ellas las criminalizaran por abortar, las maltrataran en los hospitales, las dejadas en una camilla con una hemorragia como parte de una violencia obstétrica, el paso previo de la humillación, dolor evitable, clandestinidad, o cárcel, como le pasó a Belén. Ya llegaremos a Belén.

No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

¿Por qué hablo del 2018 si el aborto se legalizó en el 2020? Porque en ese año casi lo logramos. Nos ganaron mintiendo en el Senado, diciendo que en la Argentina nunca hubo mujeres presas por aborto. Porque estuvimos cerca de lograrlo, pero no pudimos con la decisión política de quien gobernaba y con los legisladores para los que pesaron más los aprietes por apoyo económico y político que evitar la tortura de un aborto clandestino.

El 2020 nos encontró en plena pandemia dejando todas nuestras fuerzas en los cuidados de personas que estuvieron al límite: niñas, niños, viejos, discapacitados. Y sin ánimos de ser postergadas una y otra vez. Con la convicción de que no iban a dejarnos encerradas también en la clandestinidad, y para siempre. Nos encontró con la decisión política de que esta vez sí nos iban a escuchar. Al menos en la legalización del aborto. Y fue ley.

Pasaron cinco años. Desde que asumió Milei que en cada conversación pública o privada sobre los derechos de las mujeres me preguntan si creo que está en riesgo esta ley. Mi respuesta es dual: afirmo que no van a poder, aunque quieran. Ya nadie puede dudar de que es un derecho nuestro que no nos torturen. A la vez, siento que está en riesgo todo. Sin salud, sin ciencia, sin educación, sin ningún tipo de control de daños, estamos a la intemperie como sociedad. No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

Cuando la ley se perdió en el Senado en el 2018 me quedé muy enojada porque, más allá de argumentos pueriles que se daban para oponerse a la ley, quienes pretendían argumentar con seriedad, mentían. Decían que en Argentina no había presas por aborto. Y en ese mismo recinto, Soledad Deza, entre otras, había estado relatando el caso de Belén, una chica que en el 2014 fue a un hospital público de Tucumán por un dolor de panza y amaneció presa. Estuvo casi tres años presa por un aborto espontáneo. Belén no es su nombre real, elige estar en la clandestinidad, por más que luego fue liberada y absuelta. Por más que el Estado debería darle una reparación por haberla encarcelado injustamente. Mi enojo tenía de donde agarrarse y decidí contar la historia de Belén, la real. Lo más difícil era que ella aceptara, luego de tanto maltrato sufrido y tantas desilusiones acumuladas. Pero Belén fue extremadamente generosa, aceptó contar su historia para que ninguna mujer volviera a pasar por lo mismo. Y así fue como escribí el libro “Somos Belén, la verdadera historia detrás de las máscaras”.

Un año después, en pleno debate por la ley IVE, el diputado por Tucumán Carlos Cisneros mostró el libro y convocó a leerlo, anticipando su voto positivo. Unos días después, la senadora Eugenia Catalfamo lo mostraba también en el Senado, también como preludio a su voto a favor. El primer objetivo, el de que la historia real de Belén contribuyera a tabicar la verdad en el Congreso, que nadie se animara a decir que la criminalización del aborto no traía consecuencias sin por lo menos quedar en ridículo, o que ya nadie se atreviera a decir que en la Argentina no había presas por aborto, de alguna manera se había logrado.

Pero las injusticias que se muestran en el caso de Belén continúan en cada causa en la que se acusa a una persona inocente, en un país en el que se quieren poner en duda las denuncias de violencia contra las mujeres en general. En una región y en tantos países en los que se limita o se cuestiona el acceso al aborto a las mujeres, en especial a las más pobres. En medio del camino que se transitaba con el libro, gracias a Blas Martínez conocí a Leticia Cristi, productora de K&S, que le propuso hacer la película a Javiera Balmaceda, de Amazon. El tiempo coincidió con una Dolores Fonzi que tomó la decisión de dirigir películas y quiso hacer “Belén”. Tuvimos esa suerte. Adaptó el guión junto a Laura Paredes y Carolina Santos, y convocó a Camila Plaate, Julieta Cardinali, Liliana Juárez, Luis Machín y otras gemas del cine argentino a ser parte del elenco. “Belén” se estrenó y muchos la amaron, otros aún no la vieron, pero está en la lista corta de los Oscars como película extranjera. Cuenta una historia que todo el mundo debería conocer, para que no se repita, como dice Belén -la de verdad, la que aún no quiere dar a conocer su identidad porque no se siente segura-. Pero a la vez es una gran película, hecha por un gran equipo que decidió correr riesgos, porque hacer cine hecho por mujeres y pretender que el mundo lo mire, en un país en el que el cine está castigado, y las mujeres también es arriesgar fuerte. 

El 22 de enero nos enteraremos si Belén quedó entre las cinco candidatas a mejor película extranjera para los Oscars. Hasta ahora Argentina ganó dos veces en esa categoría: La historia oficial dirigida por Luis Puenzo en 1986 y El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella en el 2010.  

El único antecedente de una película argentina candidata al Oscar dirigida por una mujer fue con “Camila”, dirigida por la enorme María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro en 1985. Es conocida la historia que termina con una frase que funcionaba como contraseña. Ladislao, ¿estás ahí? le preguntaba la protagonista antes de morir y él respondía “a tu lado, Camila”. Y era una forma de sentir que iban a vivir para siempre. 

En 2026 se cumplen 41 años de esta candidatura. Me ilusiono con la posibilidad de que otra película, titulada solo con un nombre de mujer y dirigida por una mujer, que relata parte de nuestra historia también, vuelva a ser candidata. Y me acordé de esos relatos antes de la legalización del aborto, de las preguntas que hacemos en ese momento para saber si alguien nos está acompañando, y me acordé de todas las historias, los relatos de los años del debate por la legalización, de esos meses frenéticos hasta conseguir que se apruebe la ley. De esa frase que hemos repetido hasta la desesperación y todavía repetimos: Amiga, ¿estás ahí? 

Ojalá Belén quede como candidata. Pero en cualquier caso, tenemos la respuesta: “A tu lado, Camila, Belén, Julieta, Antonia, Renata, Mercedes, etc etc. Estamos a tu lado, amiga. 

MC

Con el voto unánime de sus legisladores, Tierra del Fuego aprobó la “Ley Benicio”, una norma en homenaje a un niño fallecido durante el parto, en 2023, que permite inscribir con nombre y apellido a no nacidos sin importar su tiempo gestacional. Esto encendió las alarmas de distintas organizaciones feministas quienes consideran que la ley, además de tener varios grises, podría poner en peligro la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El proyecto fue impulsado por el legislador de Movimiento Popular Fueguino Pablo Villegas y establece con su sanción la creación de un “Registro de Defunciones Fetales” en el Registro Civil. Serán madres, padres y abuelos de los no nacidos los que podrán inscribirlos en los casos en que, por la razón que fuera, el embarazo no haya llegado a término y de él no haya habido nacimiento.

“Hoy Tierra del Fuego es mas justa. Logramos que a los niños que no tienen la dicha de nacer con vida, se le reconozca por ley, el derecho de ser identificados con el nombre y apellido con el que mamá y papá soñaron. Lo hicimos para que nunca mas los nombren como NN. El dolor de los papás de Benicio y su lucha, junto al personal de Neonatología del HRU se transformo en amor. Gracias a ellos y a los demas legisladores, lo hicimos realidad. Entre todos, conseguimos que el derecho - con un profundo sentido humanista - , triunfe sobre la ley”, explicó Villegas en redes sociales y ante las críticas negó que esto pueda tener un tono antiderecho.

“Parece que algunos se ven interpelados o molestos y por eso le piden al gobernador que vete la ley por la que reconocemos a los niños fallecidos en el vientre materno o al momento del parto, el derecho a ser identificados por sus padres con el nombre con el que soñaron y no como NN. Es dificil entenderlos. Más cuando traen argumentos relacionados al IVE o al ILE y/o se dicen defensores de los derechos de la mujer. Veo que no entendieron nada o que es peor, les molesta que hayamos intentado representar a una minoría silenciosa que viven un dolor al que muchos quieren invisibilizar”, disparó.

“El derecho que se reconoce tiene un claro sentido y contenido humanitario y que 'No hay ninguna contradicción con la ley nacional citada. Estamos ampliando derechos, no restringiéndolos'”, completó.

“”Es una ley general sobre el Registro Civil Provincial, y en ese boleo metieron esto como un apartado que regula y crea el Registro de Defunciones Fetales. Este registro, si bien parecería que se propone ofrecer herramientas para transitar los duelos perinatales, es decir la muerte en el marco de embarazos deseados, habla de de niños no nacidos. Además, el problema es que lo que señala uno de sus artículos es que no importa la edad gestacional de la pérdida“, explicó a elDiarioAR Betania Longhi, miembro de la Mesa del Parto Respetado.

“Esto nos alerta porque podría traer un escenario espantoso. Por ejemplo, que mientras una piba que decide interrumpir su embarazo a las 12 semanas como regula la ley de IVE haya otra persona que pueda ir al civil y hacer un registro con nombre y apellido”, profundizó.

Para Longhi “esto también resulta problemático porque sale del marco de funciones del registro para personas”. Y continuó: “El otro gran problema es que se habilita a que lo tramite otra persona que no sea la madre ni la persona gestante porque la regulación señala que es indistinto quien lo pida. Y acá, lo que nosotras señalamos es que esto viola directamente los derechos reproductivos y la centralidad de la persona gestante en los procesos de embarazos deseados. También señala que para personas que tienen tutela la decisión podría ser tomada por personas a cargo y ascendientes hasta primer grado”.

“En estos casos siempre hay que pensar en lo peor. En un caso terrorífico, por ejemplo, donde una piba decide abortar, el padre podría pedir que se registre con nombre y apellido como una pérdida. O, en una situación de una niña abusada podría su familia decidir hacer el registro”, ejemplificó Longhi.

Natalia de la Torre, docente de derecho de familia UBA/UNDAV, también advierte problemas graves: “El problema de la ley no es que se regule la manera de registrar las defunciones fetales sino que incluyan la posibilidad de asignar nombre a ese feto que no nació. Eso genera un problema serio de incoherencia normativa”, explicó.

Para ser más precisa, De la Torre apuntó que “el Código Civil y Comercial de la Nación que este año cumple 10 años de vigencia dice claramente: 1) Nacimiento con vida: Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió (art. 21), 2) Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden (art. 62). El nombre y apellido son atributo SOLO de las personas humanas, si no nace con vida no es persona humana, ergo no puede tener nombre y apellido, 3) Si bien el derecho a la IVE se reconoce hasta la semana 14 de gestación, no hay que olvidarse que la ILE (sistema de causales -violación y salud de la madre-) no tienen plazo de semanas”.

En este sentido, la especialista en derecho de familia sentenció: “Afirmar que los fetos tienen derecho al nombre y apellido es problemático, máxime si se consideran las resistencias de implementación que aun persisten respecto de la IVE y en particular, la ILE. Por eso cuando se discutió en el Congreso de la Nación la Ley de Procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal (Ley 27.733, año 2023) no se introdujo el derecho a poner un nombre a un feto no nacido”.

Según de la Torre, “la mejor manera de mostrar humanidad frente a la muerte perinatal es asegurar que el sistema de salud cumpla con los deberes que emenana de esa ley, entre otros, recordar que las mujeres y personas gestantes, frente a la muerte perinatal tienen una serie de derechos”.

Es por todo esto que distintas organizaciones feministas fueguinas le pidieron al gobernador Gustavo Melella que vete parcialmente la ley, que se saque el articulado que genera ruidos y que se planteé una normativa “acorde y específica con perspectiva de género y derechos humanos”.

Ahora será el Ejecutivo provincial el que deberá definir si promulga la norma tal como está, la veta parcialmente o la devuelve a la Legislatura para su revisión, en un debate público que seguirá abierto.

Cuáles son los derechos de las mujeres y otras personas gestantes frente a la situación de muerte perinatal

a) A recibir información suficiente y adecuada sobre las distintas intervenciones médicas y terapéuticas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existieren diferentes alternativas;

b) A un trato respetuoso, individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga en consideración sus pautas culturales;

c) A tomar contacto con el cuerpo sin vida, durante el tiempo que la madre demande en acuerdo con el equipo que la asiste, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un/a psicólogo/a;

d) A designar un/a acompañante en cualquier momento del proceso, y deberá ser respetada la decisión de no ser acompañadas;

e) A tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, si se las conociese, y a solicitar la realización de la autopsia y/o estudio anatomopatológico del cuerpo y/o asesoramiento genético en caso que lo requieran;

f) A ser internadas en un servicio que garantice un espacio individualizado y adecuado para la persona y su entorno familiar y/o afectivo;

g) A recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de esta;

h) A recibir tratamientos médicos y psicológicos postinternación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y al debido seguimiento de estos, contemplando el abordaje desde la especificidad de la salud mental perinatal;

i) A no ser sometidas a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.

MM/JJD

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que en 2025 el bloque oficialista de La Libertad Avanza intentará presentar un proyecto para derogar o modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Yo soy pro vida. Pañuelo celeste, de acá a la China”, dijo el legislador libertario en diálogo con el periodista Alejandro Fantino en Neura Media. “Se puede hacer. Puede haber una ley para derogar la anterior o cambiar la que está. Podría ser un proyecto para el año que viene”, añadió.

El riojano reconoció que “no cree que el oficialismo tenga los números” dado a la baja cantidad de legisladores propios con los que cuenta en ambas cámaras del Congreso, pero reiteró que “le gustaría la idea” de reformar la ley sancionada en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Menem subrayó que las Elecciones Legislativas de 2025 serán importantes para avanzar con esta iniciativa. “La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos”, aseguró, dado que si el oficialismo logra una mayoría parlamentaria podría aprobar un proyecto en ese sentido.

El presidente Javier Milei ya se pronunció en varias ocasiones en contra del aborto legal y lo describió como “un asesinato agravado por el vínculo”.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Rocío Bonacci, de hecho, presentó en febrero un proyecto para derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero este no prosperó.

Desde que supo que estaba embarazada, Chiara Mancini no había tenido dudas. No quería seguir adelante. Llamó a una amiga y le pidió consejo sobre los pasos a dar. Fue al centro público de planificación familiar próximo a su casa y allí descubrió que el hospital más cercano que practicaba el aborto era el de un pueblo de montaña a 45 minutos en coche, dos horas en transporte público. Un lugar al que tendría que acudir dos veces para los exámenes previos y una más el día de la intervención. En el nosocomio de su ciudad, Chieti, en los Abruzos, no era posible. Allí, como en otras provincias de esta región del centro de Italia, el 90% del personal es objetor de conciencia.

“En el centro fueron muy formales, diría que casi fríos, pero por una parte lo agradecí. Fue todo bien hasta que llegó la visita con la anestesista. Empezó por preguntarme la edad. Yo tenía entonces 36. Siguió preguntando: '¿Tienes otros hijos? ¿No? ¿Y entonces por qué quieres abortar? Le expliqué que no quería hijos. 'Bueno, pero te lo tienes que pensar bien'. Y allí empezó una larga explicación sobre la sacralidad de la vida... Yo la interrumpí de una manera algo brusca, diciéndole que eran asuntos míos, que la decisión era mía y que ya estaba tomada”, recuerda Mancini, mientras repasa los documentos de su historial médico, que saca con calma de una carpeta de cartón apoyada sobre la mesa de la cocina de su casa de Chieti.

“Fue una intrusión, aunque a mí en ese momento me daba igual su juicio. Yo había elegido y sabía lo que estaba haciendo, pero otra persona en mi lugar, quizá sin tanta convicción, más frágil, lo habría pasado muy mal. Fue algo verdaderamente fuerte. No es fácil escuchar estas cosas en esas circunstancias”, añade, mientras un velo de tristeza nubla sus brillantes ojos verde oscuro.

Sin embargo, echando la vista atrás y tras haber conocido las historias de otras mujeres que han vivido una odisea para interrumpir su embarazo, lo primero que le viene a la cabeza es que “podría haber sido mucho peor”, en un país en el que los colectivos feministas y amplios sectores de la sociedad civil denuncian la progresiva pero sistemática erosión del derecho al aborto. Una erosión que, lamentan, está sufriendo un acelerón desde la llegada al Gobierno de Giorgia Meloni.

La líder ultraderechista hizo campaña electoral hace dos años, ante las legislativas que la encumbraron al poder, prometiendo que no iba a “tocar la 194”, la ley que desde 1978 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Después de haber contado en su biografía la decisión de su madre de no abortar, como se había planteado cuando se quedó embarazada de ella, siempre ha repetido en más de una ocasión que no quiere modificar esa norma sino “aplicarla en su totalidad”, en la parte que habla de “prevención” y de “tutela social de la maternidad”. Para las asociaciones en defensa del derecho de elección y de los derechos de las mujeres, esto se traduce en la realidad en una manipulación de la ley a través de las “zonas grises” que el texto contiene desde su aprobación hace 46 años, fruto del compromiso al que se llegó tras dos años de debate parlamentario.

Las “zonas grises” de la ley

“Era una ley que no nos gustaba porque es una ley del aborto de Estado, en la que es el Estado el que decide. No hay de hecho plena libertad”, comenta Tiziana Antonucci, operadora social en un centro de Ascoli Piceno, en la región de Las Marcas, abierto en 1974 por la Asociación Italiana para a la Educación Demográfica (AIED). La organización fue fundada, entre otros, por el partigiano antifascista y uno de los padres de la Constitución italiana, Piero Calamandrei, inicialmente para pedir la abrogación de un artículo del código penal, heredado de la época fascista, en la que se punía con la reclusión la distribución de métodos anticonceptivos.

“La 194 obliga a las mujeres a obtener un certificado para abortar y a esperar a una semana para pensárselo, porque igual eres tonta y no sabes qué estás haciendo...”, comenta Antonucci en una larga conversación telefónica en la que explica cómo por esas “zonas grises” se ha ido minando el derecho, empezando por su propria región, Las Marcas, una de las primeras conquistadas por Hermanos de Italia y que se ha convertido en un “modelo” de las restricciones al acceso al aborto y en un “laboratorio” del partido de Meloni.

En la región, el 71% de los ginecólogos es objetor, superando la ya muy alta media nacional (63,4%), según los últimos datos del Ministerio de la Salud italiano, recogidos en un informe publicado a mediados de septiembre por la sección italiana de la ONG Médicos del Mundo. “La situación [en las Marcas] no es sin embargo homogénea, y hay lugares donde la objeción alcanza el 100%”, se lee en el documento. “Y en esas situaciones, la región no interviene aunque sea de su competencia supervisar el cumplimiento de la ley”, dice Antonucci.

Una de las primeras medidas aprobadas por la nueva administración ultra en este territorio del centro de Italia fue, cuenta, abrogar la convención que el centro de AIED tenía con un hospital para que, ante las dificultades de acceso al aborto en otros centros hospitalarios, facilitara un contacto y un acompañamiento de las mujeres que lo requiriesen. “Nos llegó una notificación el 29 de diciembre de 2022, en la que se decía que se ponía fin a la convención y que teníamos tiempo hasta febrero para gestionar las citas pendientes”, recuerda Antonucci.

Limitaciones al aborto farmacológico

Por aquel entonces la región llevaba ya tiempo haciendo oídos sordos a un decreto ministerial de 2020 que ella había contribuido a impulsar junto a ginecólogos de la región, teniendo en cuenta las restricciones de acceso a los hospitales durante la pandemia: el decreto permitía el aborto farmacológico, con la píldora abortiva conocida por el nombre de RU486, también en los centros de salud y no solo en los hospitales, y ampliaba el plazo para su suministración de siete a nueve semanas. Cuatro años después, las nuevas líneas dictadas por el Ministerio siguen sin ser aplicadas en Las Marcas, así como en otras regiones gobernadas en su mayoría por la derecha.

“En la práctica esto se traduce en que muchas mujeres no pueden acceder al aborto farmacológico, porque, teniendo en cuenta la semana de reflexión impuesta por la ley y la necesidad de un certificado, algunas ya llegan demasiado tarde”, explica la ginecóloga Cristina Conti, que opera en la región y lamenta cómo, a los largo de los años, se han ido depauperando los recursos para los consultorios familiares, como se llaman en Italia los centros de salud dedicados a la prevención y a la salud de las mujeres, a la planificación familiar y al asesoramiento sobre los métodos contraceptivos.

“Hay que luchar cada día para la aplicación de una ley que es de 1978 y debería ser algo ya asumido. Se trabaja en un entorno de tal polarización que, de alguna manera, acabas casi obligada a ser activista”, reflexiona Conti, quien reconoce que, en muchos casos, sobre todo cuando los plazos son muy apurados, el acceso al derecho al aborto se fía al conocimiento del territorio por parte de profesionales como ellas. “Saber dónde hay personal non objetor, poder dar indicaciones precisas, saber que la mujer que acude a ese hospital no se va a encontrar con alguien que la obliga a la enésima ecografía innecesaria o le proponga escuchar el latido... Estamos obligados a tratar de esquivar estos golpes bajos, evitar que las mujeres sufran violencia por su derecho a elegir”, añade.

Mientras la administración regional se ha resistido hasta ahora a aplicar las directrices sobre el aborto farmacológico, si ha ido abonando el terreno para un mayor protagonismo de las organizaciones confesionales y provida. Los datos obtenidos tras una petición de transparencia, presentada por la diputada regional del Partido Democrático, Manuela Bora, y el activista de la red Pro-Choice, Marte Manca, relevan que el gobierno regional concedió en 2021 63.000 euros a la federación regional de consultorio de inspiración cristiana.

Asociaciones antiabortistas en los centros sanitarios

Ahora, la región se prepara para adoptar la medida aprobada por el Gobierno de Meloni el pasado abril, con una enmienda a la ley para la actuación del Plan de resiliencia y recuperación para el uso de los fondos europeos postpandemia: prever en los centros sanitarios públicos la presencia de asociaciones antiabortistas, definidas como organizaciones con “experiencia calificada en el apoyo a la maternidad”.

La norma se apoya en el artículo 2 de la misma ley 194 que preveía los centros podían contar con “la colaboración voluntaria de formaciones sociales de base idóneas y asociaciones de voluntariado, que pueden ayudar a la maternidad difícil después del parto”.

El informe de Médicos del Mundo señala que, precisamente gracias a este artículo, los movimientos abortistas habían ya entrado, en varias formas, en los centro de planificación familiar y también en los hospitales, como ha ocurrido recientemente en un nosocomio de Turín, en el norte de Italia, con la firma de una convención, impulsada por el asesor regional a las Políticas Sociales, de Hermanos de Italia, con la sección local del Movimento per la Vita, una asociación antiabortista de inspiración católica.

“Que las asociaciones provida puedan entrar en los consultorios familiares es una ofensa a la profesionalidad de quienes trabajamos allí”, comenta Conti.

Los profesionales también lamentan las distorsiones causadas por los altos porcentajes de objeción. Como en los Abruzos, la segunda región, tras Sicilia, por número de médicos objetores, el 84%. “Ahora somos tres. Ha habido momentos, antes de que suspendieran el servicio por cuestiones organizativas, en los que estaba yo sola”, explica Carolina Iannantuono, ginecóloga del hospital de Lanciano, donde desde junio pasado se ha vuelto a practicar la interrupción del embarazo, dos veces a la semana. “Todos mis turnos estaban dedicados a esto. También a nivel profesional se convierte en una carga muy pesada, te quita motivación porque nosotros como ginecólogos hacemos muchas cosas y, en cambio, siendo el único profesional no objetor no tienes más opciones. Hay compañeros que a veces eligen ser objetor no por razones ideológicas sino por la carga que no serlo supone en la situación actual”.

“Rabia y frustración”

En un contexto de creciente presión, Tiziana Antonucci no duda en decir que “en Italia en el tema del aborto se ejerce una violencia institucional”. Para protestar contra esta situación, y con ocasión del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, este sábado hay convocadas varias manifestaciones en distintas ciudades italianas.

“Yo lo que siento ahora cuando leo lo que ocurre es rabia y frustración. De verdad no entiendo la necesidad de cosas como el acceso de las asociaciones provida en los centros hospitalarios públicos”, comenta Chiara Mancini. “Y estoy enfadada pensando en tantas mujeres que pueden encontrarse en situaciones más difíciles que la mía. Cuando la anestesista me estuvo dando ese sermón de 15 minutos, lo metabolicé porque mi objetivo era acabar con aquello cuanto antes. Pero no deja de ser una forma de violencia”. 

Piensa unos segundos, mira hacia arriba como haciendo un repaso en el tiempo, inspira y dice: “Sin dudas, lo que más cambió es la carga emocional con la que llegan a la consulta”. Desde el Centro de Salud Municipal N°67 de la ciudad de Córdoba, Soledad Santa, médica de familia, pondera uno de los cambios más significativos derivado de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre sus pacientes. La ley está vigente, las personas se acercan a ejercer el derecho. Pero en los últimos meses, han aparecido nuevas trabas. Son los profesionales de la salud quienes siguen garantizando que los nuevos desafíos no interfieran en la atención médica. 

En el extremo norte de la capital provincial, allí donde las calles dejaron de ser pavimentadas varias cuadras atrás, se emplaza este espacio de atención primaria de la salud, al lado del centro vecinal y de la escuela René Favaloro. El reloj marca las 14 de un frío martes de mayo. Mimí lleva una década trabajando en el área de limpieza. Arroja los últimos baldes de agua sobre el ingreso para aplacar la tierra y cierra la puerta de entrada. Las paredes de la sala de espera hablan, pues son el lienzo sobre el cual se despliegan cartulinas y afiches con información útil sobre nutrición, prevención de enfermedades respiratorias, dengue, y derechos sexuales y reproductivos.

“Ya no vemos que lleguen personas con experimentos caseros para interrumpir la gestación, antes era muy frecuente, o incluso llegaban con procedimientos inconclusos y no se animaban a decir qué habían intentado hacer”, asegura Soledad. En el corazón del barrio 16 de noviembre el panorama es otro desde la legalización: “Antes venían al consultorio con una altísima carga de angustia y de culpa, mientras que ahora vienen más plantadas, sabiendo que no están haciendo nada clandestino y que tienen el derecho a decidir”, resume la profesional que tiene más de 16 años de trabajo en salud pública.

“Saber que están actuando dentro de la ley y encontrar el soporte profesional y emocional sin lugar a dudas reduce la culpa”, agrega Ana Morillo, trabajadora social a cargo del Centro de Salud e integrante de la Comisión de Salud Sexual de la Municipalidad y de Católicas por el Derecho a Decidir.

Sin envíos de insumos de la Nación

Sobre la modalidad de atención de los pedidos de aborto, la coordinadora del Programa de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de Córdoba, Betiana Olearo Barrera cuenta que habían logrado manejarse con un stock de medicación en los centros de salud, lo que permitía agilizar la resolución. “Contando con stock podíamos, en una misma consulta, resolver la atención y la entrega de medicación para la interrupción del embarazo”.

Sin embargo, la última partida de insumos para IVE enviada por la Nación fue en diciembre pasado, previo al cambio de Gobierno. Desde que asumió la Presidencia Javier Milei, Córdoba no ha vuelto a recibir insumos. Ante la escasez de stock, el Gobierno provincial empezó a adquirir las drogas necesarias. “Lo bueno es que la Provincia está comprando, lo malo es que no tenemos stock en los centros de salud sino que tenemos que ir a buscar ante cada pedido”, apunta.

“Igualmente estamos pudiendo resolver la demanda, si alguien viene a pedir una IVE tiene que esperar unos días para que busquemos las drogas en farmacia central, y en una consulta posterior se le entrega a la usuaria”, describe Olearo.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron a elDiarioAR que están proveyendo la medicación desde enero de 2024, ante la falta de envíos de la Nación, y que lo adquirido se distribuye en todos los centros de salud pública de la provincia. Para la atención de interrupciones de embarazos han adquirido Misoprostol, Mifepristona, y el Mifekit (Misoprostol y Mifepristona).

“La Provincia se está haciendo cargo de la compra de medicamentos en los casos en los que Nación discontinuó su suministro”, precisaron desde el Ministerio, y aclararon que esto rige tambien para otras drogas que no están siendo provistas por el Gobierno Nacional, además de las requeridas para interrupciones de embarazos.

La combinación medicamentosa óptima para abortos en el primer trimestre incluye la utilización de Misoprostol y Mifepristona, ya que en conjunto actúan de manera más efectiva, rápida y menos dolorosa para la paciente. Existen también otras técnicas que se utilizan en el segundo nivel de atención, como la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), aunque su práctica requiere mayor complejidad.

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el uso combinado de Misoprostol y Mifepristona, y desde 2005 está incluido en la Lista de Medicamentos Esenciales, dado que aumenta la eficacia y disminuye los efectos adversos.

“Lo último que nos han informado es que la Mifepristona se va a priorizar para los casos de Interrupción Legal del Embarazo durante el segundo trimestre, se dejaría de utilizar para atención primaria”, describe Olearo Barrera.

“La mayor tecnología es con el uso combinado, si bien el Misoprostol tiene alta eficacia, esa eficacia es aún más alta con el uso conjunto de Misoprostol y Mifepristona, al tiempo que produce menos síntomas”, afirma.

Después de la ley

La Ley 27.610 que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020, y promulgada el 14 de enero de 2021, establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación sin aludir causales, lo que se conoce como Interrupción Voluntaria del Embarazo. Asimismo, reconoce el derecho a interrumpir legalmente un embarazo (ILE) en los casos en los que el mismo sea producto de una violación, o corra riesgo la vida o salud de la persona gestante, en este caso sin plazos -situación que antes era conocida como aborto no punible-.

En todos los casos, el tiempo estipulado para que se concrete la interrupción no puede superar los 10 días, el acceso debe ser gratuito, y rige tanto en los centros de salud del sistema público como para obras sociales y prepagas. La práctica requiere la firma de un consentimiento informado, y la norma contempla también la atención post aborto y el acceso a métodos anticonceptivos.

En los tres años y medio de vigencia de la ley, los centros de atención primaria de la salud han sido clave para garantizar este derecho. El 72 por ciento de los profesionales que atienden en estos centros municipales resuelven pedidos de interrupción voluntaria e interrupción legal de embarazos (ILE). “En la mayoría de los centros, quienes garantizan la IVE e ILE son médicos generalistas, y es de destacar que pese a los brotes de enfermedades como el dengue o de respiratorias que implican mucho trabajo y esfuerzo, no dejan de garantizar el acceso, son profesiones muy comprometidos”, cuenta Olearo Barrera.

La profesional resalta el trabajo de los equipos de atención primaria: “Al salir de la clandestinidad pudieron empezar a blanquear el motivo de la consulta, mientras que antes se acercaban con un papelito, o nos esperaban en la puerta del consultorio con miedo o vergüenza, ahora pueden decir que vienen por una interrupción”.

El aborto en números

Desde la aprobación de la Ley hasta octubre de 2023 hubo 245 mil personas que accedieron a una interrupción de embarazo segura y gratuita en centros de salud pública del país, según el último informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

En Córdoba, durante 2023, el 95 por ciento de las interrupciones de embarazos se resolvió de manera ambulatoria con tratamiento medicamentoso, y el 86 por ciento de los pedidos de interrupción ocurrieron durante el primer trimestre de la gestación.

En el mismo periodo, 303 llamados al 0800 de Salud Sexual fueron derivados a los centros de salud municipales: de ellos, el 96 por ciento fue por interrupciones de embarazos. En tanto, en los primeros cinco meses de 2024 se receptaron 160 llamados, según un relevamiento de la Comisión de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.

El porcentaje es un poco más bajo cuando se refiere a las consultas post IVE: sólo un 67 por ciento de las personas que accedieron a un aborto se presentó a la consulta posterior durante el 2023, un cinco por ciento menos que el año anterior, 2022.

Desfinanciamiento y desigualdad

Teresa Bosio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) levanta el alerta: “Desfinanciar la política y dejar todo en manos de las provincias genera inequidad, porque habrá provincias que sí compren los insumos pero va a haber otras en las que eso no suceda... y al no tener una rectoría a nivel nacional desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), que se comprometía con el seguimiento de la política pública, abre la puerta a las inequidades y diferencias”, advierte Bosio. El 24 de abril pasado fue designada Marisa Celina Picollo como autoridad a cargo de la DNSSR.

Según el monitoreo que está realizando Católicas por el Derecho a Decidir, la mayoría de las provincias está comprando las medicaciones para no discontinuar el acceso a la IVE, tal como ocurre en Córdoba.

Asimismo, Bosio se muestra preocupada por la calidad de la atención, ya que la Mifepristona es más cara que el Misoprostol, pero la recomendación es el uso combinado de ambas drogas. “El Misoprostol es más accesible, y hay de fabricación nacional, pero no todas las provincias van a comprar Mifepristona, y esas van a ser las situaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar ahora”, advierte.

“Hoy por hoy no vemos amenazada la norma por más que el Presidente se exprese en contra del aborto, no creemos que vaya a disputar la legitimidad de esa ley, pero sí preocupa la destrucción del Estado y de políticas públicas clave como era el Plan Enia, un programa de alta efectividad e incidencia que logró disminuir el embarazo en edades tempranas”, valora.

Anticonceptivos en la mira

Recién en mayo llegaron a los centros de salud municipales algunos botiquines Remediar, enviados por la Nación, con métodos anticonceptivos. El último envío había sido también en diciembre.

“Llegaron algunos botiquines, pero con menos cantidad (de medicamentos) que antes, y oficialmente no tenemos ninguna comunicación. Desde diciembre es la primera vez que recibimos el programa Remediar, y a cuentagotas”, apunta Olearo.

En el caso de métodos anticonceptivos (MAC) también la Provincia está adquiriendo un complemento, ante la disminución de los envíos por parte de la Nación. “Esto ha implicado la necesidad de incorporar la compra de estos insumos por parte de la Provincia, así como la logística de distribución de los mismos a los centros de salud de todo el territorio provincial”, indicaron desde el Ministerio de Salud, y aclararon que si bien la Nación informó que seguirá proveyendo, “no se presenta planificación de envío ni fechas sistemáticas” para su entrega.

En resumen, la Nación no ha enviado desde diciembre insumos para interrumpir embarazos al tiempo que ha disminuido el envío de anticonceptivos. “Es un contrasentido que, si se proclaman en contra del aborto, tampoco garanticen la anticoncepción”, cierra Morillo.

Un grupo de personas promovió una acción de amparo contra el Estado Nacional, para que se declarara la inconstitucionalidad de la ley 27.610, que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo.

La acción fue rechazada en primera instancia y, tras la presentación de un recurso de apelación, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ese pronunciamiento.

Se trata de los casos “Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN - M Salud de la Nación s/ amparo ley 16.986″ y ”Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN - Poder Ejecutivo s/ amparo ley 16.986″. Ambos fueron rechazados en primera instancia y, tras la presentación de un recurso de apelación, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ese pronunciamiento.

Los recursos reclamaban a la Justicia la inconstitucionalidad de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en diciembre de 2020 por el Senado y que entró en vigencia el 24 de enero de 2021.

La Sala remitió a su precedente “Sueldo”, causa en la que ya había rechazado la legitimación activa del peticionario, pues no había demostrado tener un perjuicio distinto al que podrían tener otros ciudadanos y tampoco demostraba representar el interés general de la sociedad. 

Además, agregó allí que la legitimación activa debía rechazarse cuando se pretendía un pronunciamiento judicial con efectos sobre bienes o intereses sobre los que otras personas ajenas al proceso tenían derechos individuales y exclusivos, sin que existiera un procedimiento apto para resguardar su derecho de defensa. 

También recordó que un pronunciamiento judicial atinente a un debate que no esté referido a una causa, quebraría límites normativos, además de jurisprudenciales. Los actores interpusieron un recurso extraordinario, que fue parcialmente concedido por estar en juego la interpretación de normas federales.

MM

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, presentó esta semana un proyecto para derogar la legalización del aborto, anulando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020.

La medida es más regresiva respecto a la legislación anterior y haría retroceder dos siglos de avances de un plumazo, ya que penaliza a las mujeres –con uno o tres años de prisión– incluso en caso de violación. El Código Penal argentino, de 1921, permitía el acceso al aborto frente a la violencia sexual y el fallo F.A.L., emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2012, respaldaba el aborto legal por determinadas causas: si había riesgo de muerte, perjuicio para la salud física o emocional y violación.

La abogada Edurne Cárdenas, especialista en derechos humanos, sexuales y reproductivos, alerta: “Es un espanto el proyecto porque retrotrae los derechos de las mujeres a antes de 1921, sin tener en cuenta ni el acceso al aborto de las mujeres violadas”.

Argentina pasaría de ser el país con la legislación más avanzada en la región –Uruguay permite la intervención hasta las 12 semanas y Argentina hasta las 14, y después por causas determinadas; en Colombia y México está despenalizado pero por vía judicial– a formar parte de las naciones más restrictivas de América Latina.

¿El proyecto solitario de una diputada?

La propuesta antiderechos, de la diputada Rocío Belén Bonacci, se conoció este miércoles, después del fracaso del presidente Javier Milei para lograr la aprobación de la Ley Ómnibus, que buscaba otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo, privatizar empresas claves en la soberanía nacional, reducir las pensiones y desregular derechos laborales y ambientales, entre otras medidas de austeridad económica y criminalización de la protesta social.

La iniciativa más importante de Milei ha vuelto para ser discutida en las comisiones parlamentarias, con el enojo del líder libertario con los integrantes del Congreso, a los que tilda de “casta”. La pelea interna de un partido compuesto por sectores liberales misóginos y conservadores clásicos es que se busca poner al feminismo como un enemigo del Gobierno.

Por otro lado, la contención social que busca el Gobierno, en alianza con sectores religiosos, para aplicar un fuerte ajuste económico sin un estallido social aumenta las presiones de los sectores antiderechos por derogar los sexuales, en los que Argentina ocupa un lugar de vanguardia. Algunos ejemplos son el pacto con Cáritas para tercerizar la ayuda a los sectores populares; la visita de Milei al Papa Francisco el 12 de febrero (después de denominarlo “el maligno”); y el acuerdo con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) para que reparta alimentos, en una estrategia similar a la del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, también fanático antiaborto.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello –a cargo de las áreas derivadas del destituido Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad–, también firmó un convenio con Abel Albino, presidente de la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN). Albino es miembro del Opus Dei y, durante el debate del aborto en el Senado, aseguró que “el profiláctico no protege de nada porque el virus del sida atraviesa la porcelana”. Otras de sus polémicas frases son “la homosexualidad es un problema” y “la masturbación es una adicción”.

Por su parte, Milei se pronunció en contra del aborto cuando ganó las elecciones primarias de Argentina, el 13 de agosto de 2023, en una entrevista donde propuso realizar una consulta popular. En su paso por el Foro Económico Mundial en Davos, el 17 de enero de 2024, atacó a “las feministas radicales” y arremetió contra “la agenda sangrienta del aborto”.

El 25 de enero, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo en una rueda de prensa: “Es un tema que en algún momento se debatirá”. Adorni suele terminar sus tuits con la palabra “Fin”; pero, en este caso, la nueva pelea política del Gobierno no fue el fin, sino el comienzo. Este jueves, Adorni aseguró que el proyecto de ley “no es parte de la agenda, no es decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.

Si bien Milei habla en contra del aborto internacionalmente, el proyecto no habría contado con su aval directo, según la periodista parlamentaria Noe Barral Grigera. “Todo indica que sería una decisión en soledad de Bonacci porque preguntamos a diputadas/os y no sabían nada, incluso lo desmintió Lilia Lemoine [una de las diputadas que firmaron el proyecto] y en el Poder Ejecutivo dicen que no es el momento. La Libertad Avanza (LLA) no tiene disciplina partidaria. Pero no es a contramano de lo que piensa Milei”.

La diputada dio a conocer su proyecto en la red social X (antes Twitter), donde mostró mensajes de WhatsApp para demostrar que tenía aval interno de su partido, pero con un gran desconocimiento de los trámites legislativos y sin convalidar el consenso entre los diputados que aparecen como firmantes del proyecto y que ahora se han esfumado.

Un 90% menos de muertes por aborto tras la legalización

Más allá del derrotero oficialista y de que se especula que el proyecto de ley no podría avanzar, la amenaza no es menor. Un presidente que habla en contra del aborto y una diputada que propone derogar ese derecho no son vídeos de TikTok, sino iniciativas institucionales. Por eso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el opositor Nicolás Kreplak, ha defendido que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha reducido la muerte de mujeres por el gatillo de la clandestinidad, en la que éstas tenían miedo de ir al hospital y se desangraban solas o eran atendidas –pagando– en consultorios sin habilitaciones ni condiciones sanitarias.

“Antes de la ley se dijo que iba a reducir la muerte materna producida por abortos y sucedió. En la provincia de Buenos Aires tenemos una reducción del 90% por causas de aborto, que era la principal causa de muerte de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Es innegable que ha salvado muchas vidas”, dice a elDiario.es.

Entre 2010 y 2020 murieron una media de 17 mujeres por año (con un pico de 32 muertes en 2011), debido a las condiciones insalubres en las que se realizaban los abortos en la clandestinidad. Tras la aprobación de la ley del IVE a finales de 2020, en 2021 se redujo la cantidad de fallecimientos a tres y en 2022 se registró una sola muerte, y fue por un aborto espontáneo y no voluntario. La legalización del aborto redujo un 90% las muertes entre 2019 y 2022. “Entre los años 2021 y 2023, la provincia de Buenos Aires evitó 45 muertes por aborto”, sostiene un informe del Ministerio de Salud bonaerense del 23 de enero de 2024.

“El proyecto no plantea que la ley de aborto legal no haya cumplido su objetivo de terminar con los abortos clandestinos, que han generado tanto daño y muerte a muchas mujeres”, resalta Daniel Lipovetzky, exdiputado de Juntos por el Cambio, la alianza que responde al expresidente Mauricio Macri.

Lipovetzky fue clave en la transversalidad política que logró la sanción en el Parlamento del aborto legal, seguro y gratuito, en 2018. En ese momento, la IVE no logró aprobarse en el Senado, pero despertó la participación de un millón de jóvenes en el Congreso con la marea verde. El entonces diputado subraya: “Es un retroceso volver a debatir un tema que ya fue zanjado con un tratamiento parlamentario muy intenso en ambas cámaras y en dos períodos legislativos”. Vaticina que “no van a poder conseguir los votos necesarios para aprobar la derogación. Pero los votos se cuentan de a uno y será clave la participación del movimiento de mujeres”.

“Una herramienta para distraer” de la crisis económica

“No tiene ninguna posibilidad de salir” adelante, sentencia la diputada Silvia Lospennato (PRO), secretaria del interbloque Juntos por el Cambio. “Las mujeres reivindicamos nuestro derecho a elegir nuestro proyecto de vida. El acceso a la IVE es un tema de acceso a la salud pública, la penalización del aborto no evita el aborto pero sí aumenta el riesgo sanitario. Esta discusión, que fue la más importante desde el retorno a la democracia, ya se saldó”, afirma.

A pesar de que muchos subestiman la iniciativa de derogación, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical en Juntos por el Cambio) advierte: “No hay que descuidarnos porque hoy los números y la transversalidad son más acotados y limitados adentro y afuera del Congreso. Y, por un lado, dicen que el presidente no impulsa el proyecto, pero lleva la firma del diputado (Oscar) Zago que es el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso”. Por otro lado, alerta: “En este contexto de cuasi hiper inflación y profundo ajuste que está pagando la clase media, los jubilados y niños/as, instalar estos temas de debate ideológico es una herramienta para distraer, neutralizar e invisibilizar”.

Desde la oposición, la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria, extiende su mirada del feminismo a la compleja realidad argentina: “Después de la derrota política de la Ley Ómnibus quieren utilizar un tema que genera muchas pasiones para correr el eje de discusión. Pero Milei tiene la intención de ir a por todo. No solo se pone en juego bajar la inflación con recesión, sino que tiene un componente ideológico muy marcado en contra de la libertad de las mujeres”. Y agrega: “Vamos a defender el derecho al aborto. Y mucho más porque tienen la intención de cambiar la cultura argentina y volver a una sociedad conservadora y violenta donde los varones están por encima de las mujeres”.

El proyecto oficialista para derogar la ley del aborto que presentó esta semana un grupo de diputados de La Libertad Avanza “no está impulsado” por el presidente Javier Milei, dijo este jueves su portavoz.

“(Este proyecto) no es parte de la agenda del presidente. No ha sido una decisión del presidente. No está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, enfatizó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada.

El proyecto de ley que ingresó a la Cámara baja el lunes pasado pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención.

El texto no presenta eximente en los casos de violación, aunque deja a criterio del juez que disponga la excepción de la pena para la mujer “en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

La mujer sería sancionada con cárcel de uno a tres años. En tanto, habría penas de 3 a 10 años para quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento -que podrían llegar a 15 en caso de fallecimiento de la madre-. Y en el caso de que haya consentimiento, las penas serían de 1 a 4 años, que podrían aumentar a 6 si la mujer fallece.

El portavoz presidencial dijo este jueves que “es una discusión estrictamente legislativa” y que el Ejecutivo está “trabajando y abocado” en “otros temas muchísimo más urgentes y relevantes”.

De hecho, el proyecto ingresó el día anterior a que el Ejecutivo sufriera un revés en Diputados para aprobar su proyecto de 'ley ómnibus', con el que Milei pensaba sentar las bases, desregulando y disminuyendo el peso del Estado, de su programa de gobierno.

La derogación de la ley del aborto -que permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita; y más allá de ese plazo, cuando corra peligro la vida de la mujer o en caso de violación- es parte del programa de gobierno de la formación que lidera Milei, pero ya en campaña había dicho que no era una iniciativa de corto plazo.

De hecho, el proyecto de ley va encabezado por el lema que el Ejecutivo de Milei publicó recientemente en el Boletín Oficial: la declaración de 2024 como 'Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad'.

Y durante su discurso en el Foro Económico Mundial, celebrado en enero en Davos (Suiza), Milei atacó las agendas del feminismo y del medioambiente que, según dijo, el socialismo ha conseguido colar en los organismos internacionales y advirtió sobre “la agenda sangrienta del aborto”.

MM

Con información de la agencia EFE.

Diputados opositores expresaron hoy su rechazo al proyecto de ley presentado por diputados de La Libertad Avanza (LLA) que busca derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La diputada nacional Margarita Stolbizer (partido GEN) consideró hoy una “provocación” el proyecto y añadió que desde el oficialismo “buscan pudrir cada vez más” la situación política y social.

En el mismo sentido, añadió que “esta escalada de los discursos violentos es acompañada por una provocación como esta porque entendamos que la ley IVE fue una conquista y un derecho”.

“Los derechos humanos no pueden ser regresivos, todos estos proyectos que tienen y ni que hablar este nuevo (derogación del IVE) implican una regresión en materia de protección de derechos fundamentales y no estamos dispuestos a tolerarlos”, advirtió.

Desde el Frente de Todos, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Carolina Gaillard se pronunció en el mismo sentido y expresó: “No daremos un solo paso atrás en materia de derechos de las mujeres”.

Desde su cuenta su cuenta personal de la plataforma X, Gaillard indicó que las mujeres están “más firmes que nunca para defender una ley que se construyó a fuerza de militancia, participación activa del feminismo organismos de derechos humanos y el cuerpo de miles de mujeres que murieron por la clandestinidad”.

En tanto, destacó que la ley que contempla la interrupción voluntaria del embarazo “vino a dar una respuesta a un problema de salud pública”; y concluyó con la consigna: “Ni un paso atrás con aborto legal”.

Del mismo modo, la parlamentaria del Parlasur Victoria Donda publicó en X: “Así sacamos la ley/ así la defendemos”, junto a una foto donde se observa la multitud con pañuelo verde tomada desde un dron al momento de la sanción de la norma que intenta ahora ser derogada.

Por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda) manifestó que con la iniciativa contra el aborto legal “se ve a diputados de La Libertad Avanza desesperados por volver a usar a la reacción patriarcal como elemento aglutinador, ahora, siendo gobierno y en medio de tarifazos, ajustes y una inflación desatada”.

El proyecto fue presentado el lunes, con la autoría de la diputada Rocío Belén Bonacci, y pide la derogación de la “Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.

La iniciativa fue acompañada por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada a fines del 2020 y en el proyecto de Bonacci se solicita la derogación de la norma además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley modificaba.

En un posteo que realizó en X en las últimas horas, Bonacci aclaró que el proyecto para derogar la ley IVE es una iniciativa propia y “no del Poder Ejecutivo” que encabeza Javier Milei.

“El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, publicó la diputada esta madrugada en su cuenta de la plataforma X.

MM

Con información de la agencia Télam.

El procurador del Tesoro del gobierno de Javier Milei, Rodolfo Barra, publicó este jueves una nota de opinión en la que manifiesta su “fundada esperanza” de que este año se de marcha atrás con la ley que legalizó el aborto a fines de 2020. Por otra parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo en su habitual conferencia en Casa Rosada que la revisión de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es algo que “en algún momento” el oficialismo instalará y abrió la puerta para una eventual derogación. Días atrás, en Davos, el propio presidente apuntó contra “la agenda sangrienta del aborto”.

El artículo de Barra está firmado junto a Eduardo Menem, exsenador y padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la exdiputada Cristina Guzmán. La excusa para la proclamación es que por medio del decreto 55/2024, el Presidente de la Nación declaró al 2024 como el Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad.

“Conforme con información suministrada por las autoridades de salud, 'en la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.610', eufemísticamente denominada 'de interrupción voluntaria del embarazo', cuando lo que en realidad se interrumpe es la vida de un ser humano durante el embarazo de la madre”, dice la publicación.

Según los autores, “como ex convencionales constituyentes” destacan su “apoyo a la declaración del Año de Defensa de la Vida” que se recordará el próximo 25 de marzo, “instituido como Día del Niño Por Nacer por decreto 1406 de 1998”. Para Barra, Menem y Guzmán, esto les da “una fundada esperanza en que en este Año de la Vida, sea derogada la también inhumana ley 27.610”.

Rodolfo Barra es el el procurador del Tesoro, lo que significa que representa al Estado argentino en cuestiones legales. Fue ministro de Justicia del gabinete de Carlos Menem, pero renunció a su cargo el 10 de julio de 1996 acorralado por las denuncias sobre su pasado nazi. Envuelto en una fuerte pelea con el hombre fuerte de aquel gobierno, Domingo Cavallo, se había descubierto que en su juventud era un militante de la organización nacionalista y fascista Tacuara y se lo acusaba de haber participado del ataque a una sinagoga. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo al explicar los motivos de su renuncia y recluirse en la actividad privada donde recaló como asesor de Aeropuertos 2000 Eduardo Eurnekian.

Manuel Adorni sobre la ley IVE: “Será un tema que en algún momento se debatirá”

Manuel Adorni, vocero presidencial, respondió hoy en su habitual conferencia en Casa Rosada una pregunta acerca de qué hará el Gobierno con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Dijo al respecto que es algo que “en algún momento” el oficialismo instalará y abrió la puerta al tratamiento de una eventual derogación.

“Podemos sospechar que, efectivamente, será un tema que en algún momento se debatirá”, respondió Adorni ante una consulta puntual, en torno a dichos sobre esa problemática que el presidente Javier Milei formuló cuando expuso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde habló de “la agenda sangrienta del aborto”.

En 2005 se formó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, un colectivo de organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos. Aseguraban que la legalización del aborto era “la deuda de la democracia”. Se estimaba entonces que los abortos clandestinos llegaban a 500 mil por año. 

La Campaña presentó distintos proyectos que nunca llegaron a debatirse, hasta 2018. Ese año hubo un debate que duró meses e incluyó audiencias públicas en las que participaron más de 800 voces a favor y en contra. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. En el Senado la situación fue inversa: 31 votaron a favor y 38 en contra. 

En 2020 se volvió a plantear el tema, con un proyecto presentado desde el Poder Ejecutivo. El debate fue breve, porque se había logrado el consenso político necesario. Así, el 30 de diciembre se aprobó la ley 27.610 que garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional sin dar ninguna explicación. Luego es legal por causales: violación o peligro de vida o la salud de la persona gestante, como ya regía en el país desde 1921.

A pesar de que Milei se ha declarado antiabortista al igual que su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y muchos integrantes del espacio de ambos, como el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, el Gobierno no puede drogar por decreto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La legalización del aborto supuso esencialmente una modificación del Código Penal y por lo tanto, para ser nuevamente modificado, necesariamente se debe discutir en el Congreso y, eventualmente, ese cambio ser sancionado por las dos cámaras.

MM/DTC

Manuel Adorni, vocero presidencial, respondió hoy en su habitual conferencia en Casa Rosada una pregunta acerca de qué hará el Gobierno con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Dijo al respecto que es algo que “en algún momento” el oficialismo instalará y abrió la puerta al tratamiento de una eventual derogación.

“Podemos sospechar que, efectivamente, será un tema que en algún momento se debatirá”, respondió Adorni ante una consulta puntual, en torno a dichos sobre esa problemática que el presidente Javier Milei formuló cuando expuso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde habló de “la agenda sangrienta del aborto”.

En 2005 se formó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, un colectivo de organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos. Aseguraban que la legalización del aborto era “la deuda de la democracia”. Se estimaba entonces que los abortos clandestinos llegaban a 500 mil por año. 

La Campaña presentó distintos proyectos que nunca llegaron a debatirse, hasta 2018. Ese año hubo un debate que duró meses e incluyó audiencias públicas en las que participaron más de 800 voces a favor y en contra. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. En el Senado la situación fue inversa: 31 votaron a favor y 38 en contra. 

En 2020 se volvió a plantear el tema, con un proyecto presentado desde el Poder Ejecutivo. El debate fue breve, porque se había logrado el consenso político necesario. Así, el 30 de diciembre se aprobó la ley 27.610 que garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional sin dar ninguna explicación. Luego es legal por causales: violación o peligro de vida o la salud de la persona gestante, como ya regía en el país desde 1921.

MM

El proyecto de ley ómnibus presentado por el presidente Javier Milei ha generado la reacción de gran parte de las organizaciones sociales defensoras de los derechos de mujeres, de las identidades diversas y de las niñas, los niños y los adolescentes. A 48 horas de su ingreso al Congreso, sus referentes siguen sosprendidos por los alcances del megaproyecto y los retrocesos en la conquista de derechos, pero confían en la capacidad del Poder Legislativo para frenarlos.

elDiarioAR consultó a referentes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Aralma, y a abogadas e historiadoras, quienes coincidieron en que la reforma impulsada por Milei borra rotundamente las conquistas de los últimos años.

“Estamos totalmente preocupadas por la negación de la desigualdad de géneros que intenta imponer el nuevo gobierno”, señaló Sonia Almada, psicóloga fundadora de Aralma, una organización que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes, para quien “la degradación del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación a subsecretaría es un nueva forma de disciplinamiento hacia las mujeres, las infancias y las diversidades”. Almada vaticinó que “la feminización de la pobreza se profundizará y aumentarán los actos de violencia hacia las mujeres, las diversidades y los niños y niñas porque se intenta cambiar la narrativa”. 

Sobre las nuevas reglamentaciones acerca de las jornadas laborales, flexibilización laboral y licencias, dijo: “Nos dejan, una vez más, empobrecidas, precarizadas y sin redes de contención”. Señaló que la pretensión del cambio con relación a licencias hasta de hijas e hijos prematuros y con discapacidades también dejará a los niños y niñas sin amparo, y que perjudica a las mujeres, que están en su gran mayoría a cargo de las tareas de cuidado.

“No se han querido meter con la legalización del aborto porque hubiera sido un escándalo internacional”

En referencia la legalización del aborto, que fue sancionada hace tres años, y la ley de los Mil Días, que también rige desde el mismo momento y que se propone fortalecer el cuidado de la salud en la primera infancia, la ley ómnibus de Milei deja de lado conceptos claves, como el de persona gestante, para pasar a mencionar solo a “madres embarazadas”, “mujeres y sus hijos por nacer”.

La historiadora y socióloga Dora Barrancos afirmó que “no se han querido meter de lleno con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y lo han hecho con la Ley de los Mil Días” porque de otro modo hubiera significado “un escándalo de alcance internacional”. Dijo que el cambio propuesto a la ley de los Mil Días “es una forma para controlar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para que abandonen cualquier tentativa de aborto”. “Es un dispositivo por sobre la Ley IVE, un control estricto sobre embarazadas vulnerables para que desistan de cualquier idea de aborto voluntario” afirmó.

Agustina Ramón Michel, abogada integrante del CEDES, por su parte, dijo que “aunque no afecten la legalidad del aborto, las propuestas dan cuenta de la nula intención de este gobierno de distribuir y garantizar insumos para la interrupción segura del embarazo entre hospitales y centros de salud, y podrían generar un contexto donde legisladores locales propongan medidas desorbitadas y profesionales de la salud se sientan autorizados para actuar de forma arbitraria o violenta, limitando opciones para las pacientes”.

La activista Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, afirmó que “en lo que tiene que ver con la ley de los Mil Días, las personas gestantes no están, las mujeres sólo son consideradas en su rol materno y las infancias se extienden al momento de la concepción. En el cruce de la ‘detección’ y el ‘niño por nacer’, encontramos un rol proactivo del Estado, que puede avasallar en nombre del ‘niño por nacer’, la voluntad de la persona gestante”.

De la Vega advierte que la figura del “niño por nacer” no tiene una definición en nuestro cuerpo legal. “No es una figura legal y su definición es brumosa. Por otra parte, si la intención es proteger la vida en gestación, a través de la gestante, ya lo hace la Asignación Universal por Hijo (AUH) para personas embarazadas en el marco de las asignaciones familiares. Entonces, una ley que viene a cuidar las infancias como la de los Mil Días, ampliamente debatida por representantes de distintos partidos, se encuentra con modificaciones que cambian su objetivo, sus sujetos de protección y el rol de las y les usuaries ante ese derecho”, sostuvo.

Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH hizo hincapié en lo que suponen estas modificaciones que incorporan el concepto de la vida desde la concepción, “algo que estaba superado”, por lo cual para el abogado “implica el cuestionamiento a la IVE”.

Existen varios temas que se desprenden de la ley ómnibus, como por ejemplo en relación a la red que constituía la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la producción de medicamentos. “El cierre de este organismo y la modificación de la ley de fabricación estatal de medicamentos sin dudas afectará la producción de misoprostol y desfinanciará políticas públicas”, dijo Soledad Deza, abogada especialista en Género, Sociedad y Políticas y directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad San Pablo.

Qué pasará con el cumplimiento de la Ley Micaela

Micaela García fue asesinada por una persona que no conocía, Sebastián Wagner, luego de atacarla sexualmente. Tras ese femicidio, el Congreso sancionó por unanimidad una ley que lleva su nombre y que obliga a las y los trabajadores de los tres poderes del Estado a capacitarse con perspectiva de género. A esta ley adhirieron las provincias. El gobierno de Milei planteó una restricción en su aplicación.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, señaló que se trata de un “retroceso” y una “falta de respeto” a la memoria de las víctimas de femicidio. Deza subrayó que al sacar de la Ley Micaela la palabra “género” y circunscribirla sólo a la violencia familiar “se despolitiza el conflicto y nos retrotrae décadas”.

“Otro tanto ocurre con las referencias normativas a ‘madres’ e ‘hijos por nacer’ de la modificación de la 27611, que es mucho más que semántico: es reconocer una personalidad jurídica fetal que no existe con la cual imponer maternidades forzadas. El giro biologicista también es innegable cuando sacan ‘persona gestante’”, explicó la abogada.

Por su parte, Lucía de la Vega aseguró que las modificaciones en torno de la Ley Micaela son contrarias a su objetivo. “Las capacitaciones se reducen a la violencia familiar y sólo van a recibir formación las autoridades estatales ‘competentes’ y no todas las personas en función pública de los tres poderes del Estado. La decisión de reemplazar la noción de violencia de género por ‘violencia familiar y contra la mujer’ invisibiliza las violencias contra las personas LGTBIQ+. También desanda años de desarrollo teórico y legal, y diluye responsabilidades estatales. Por otra parte, naturaliza una desigualdad estructural y las jerarquías sociales ordenadas en razón del género de las personas. Esto último deriva de confundir ‘igualdad ante la ley’, como escuchamos en toda la campaña, con la igualdad real y la equidad”, indicó.

Los cambios al sistema electoral son otro eje que preocupa a las organizaciones por la reducida representación que pudieran tener las mujeres. Ahora resta ahora ver el rol que cumplirá el Congreso respecto de este megaproyecto.

SM/JJD

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la producción y venta en farmacias de mifepristona, el medicamento que junto al misoprostol constituye el procedimiento más eficaz recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), el cual podrá utilizarse en el sistema de salud público, obras sociales y prepagas.

La decisión fue oficializada mediante la disposición 1470/2023, como parte del cumplimiento de la Ley 27.610 de acceso a la ley de IVE/ILE, informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Así, la ANMAT autorizó al Laboratorio Domínguez a comercializar la píldora, y con ello permite su distribución y venta de en farmacias.

Hasta ahora, el tratamiento combinado estaba garantizado por el sistema público de salud, que compraba la mifepristona en el exterior. Con la resolución, habrá ahora mifepristona elaborada en el país.

Ese medicamento figura en la lista de esenciales de la OMS desde el 2005 y conforma junto con el misoprostol el régimen “más eficaz y seguro de aborto con medicamentos”, según la cartera de salud que conduce Carla Vizzotti.

Y agregó que “las estadísticas muestran que entre los años 2020 y el 2021 se logró un descenso del 40% de la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Las muertes maternas ligadas al 'aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto' cayeron de 13 en 2020 a 9 en 2021. Si se consideran todas las defunciones por aborto, se observa que la disminución fue de 23 en 2020 a 15 en 2021”.

El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que es de gestión estatal, por otro lado, también espera conseguir la autorización para comercializar mifepristona.

MB

D.G. tiene 36 años y está presa por abortar en Argentina. Pasaron casi dos años de la sanción de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo pero aún así una fiscal de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, la acusa de homicidio agravado por el vínculo, con la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua. 

D.G. vive en una situación de vulnerabilidad económica, social y mental, una de las causales por las que el aborto es no punible por fuera del plazo de 14 semanas. Tiene cinco hijos a los que no puede ver por problemas de consumo. El 30 de octubre tomó pastillas de misoprostol y le avisó a una amiga. Ella la denunció. La policía llegó a su casa, se la llevó puérpera y secuestró dos fetos que encontró en el patio. D.G. quedó detenida en una comisaría junto con un vecino acusado de ayudarla. 

El 2 de noviembre fue la audiencia imputativa. “La fiscal Gabriela Lescano describió un aborto pero a la hora de pedir la imputación lo hizo por homicidio agravado por el vínculo. Sin pruebas pidió la imputación más grave”, explica Daiana Araya de La Colectiva de Abogadas Transfeministas de Rosario. Desde la organización enviaron un pedido a la Fiscalía regional para que se sancione a la fiscal por desconocimiento de derecho.

El embarazo de D.G. no está registrado en el sistema de salud. Es decir, todavía no hay ninguna prueba que determine de cuántos meses estaba embarazada. A pesar de eso, los medios difundieron información falsa sobre la cantidad de semanas de gestación, los fetos y la vida de ella. La fiscal usó la palabra gemelas, dijo que su equipo se largó a llorar y profundizó en detalles que sumaron al estigma y la criminalización de D.G. 

En la ley 27.610 el aborto es legal sin restricciones hasta la semana 14. Por fuera de ese período lo es por causales que incluyen la violación y el riesgo de salud integral: física, económica, mental y social. Sin esas causales la pena para quien aborta es de tres meses a un año. La cárcel no es una opción. Con la acusación de homicidio agravado, el juez Álvaro Campos dictó una prisión preventiva de 45 días. 

En la audiencia la fiscal dijo que D.G. podría haber ido al centro de salud a tres cuadras de la casa porque “ahora hay una ley”.  

“¿Qué pasa que la gente no se entera de que ahora hay una ley? ¿Qué está haciendo el Estado para que acceda al derecho? ¿Alguien pensaba que se aprobaba la ley y se terminaba el estigma? ¿Cuán accesibles son los centros de salud?”. La que se hace estas preguntas es Lucrecia Aranda, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario. Desde la organización reclaman una mirada integral de la Justicia y que se revise la prisión preventiva cuando existe un problema de salud. 

A D.G. le tomó declaración un policía que la custodiaba en el hospital. Fue sin testigos ni defensa, en puerperio y en la camilla. “Eso en un Estado de derecho no está bien y no pasa con otros detenidos. Acá pesan dos estigmas: el del aborto y el de la adicción. No se la ve como persona que tiene un problema de salud, se la ve como un delincuente”, agrega Aranda.

Hoy no hay datos sobre cuántas son las víctimas de la Justicia Penal. En muchas causas se repite la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es decir, la condena esperada para estas mujeres es de prisión perpetua.

El caso de D.G. muestra cómo en Argentina hay personas gestantes criminalizadas por aborto y emergencias obstétricas. Antes de la legalización del aborto, había 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hoy no hay datos sobre cuántas son las víctimas de la Justicia Penal pero abogadas de distintos lugares del país siguen los casos y buscan sacarlas de la cárcel. En muchas causas se repite la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es decir,  la condena esperada para estas mujeres es de prisión perpetua. 

Ni lavarse las manos 

La China no sabía que estaba embarazada. Tampoco lo supo las dos veces que fue madre y las otras dos que tuvo abortos expontáneos. Tiene ovario poliquístico, un síndrome que le provoca dolores fuertes y hace que la menstruación no se interrumpa con el embarazo. El 15 de diciembre de 2020 sintió esos dolores y expulsó lo que ella pensaba eran coágulos. 

Lo que tuvo ese día fue un parto en avalancha. Tiró las sábanas a la basura, un cartonero las encontró y llamó a la policía. A los pocos días la detuvieron a ella y al marido. Los primeros días estuvo presa en Tribunales, puérpera y con una hemorragia por el parto sin atención médica. No le dieron nada para limpiarse, no pudo cambiarse la ropa interior por tres días, ni siquiera la dejaron lavarse las manos. 

La China está presa desde hace casi dos años. Este lunes llegó a juicio por homicidio agravado por el vínculo. 

Indiana Guereño forma parte de la Asociación de Pensamiento Penal y del equipo que la representa. Ve en La China los patrones comunes que se repiten en otras causas y que ya habían registrado con Belén, quien estuvo presa tres años por un aborto espontáneo. Primero, los malos tratos en el hospital. Médicos que denuncian a mujeres con emergencias obstétricas, que las maltratan en vez de atenderlas ante un problema de salud. Mujeres que entran a un hospital y salen esposadas a la cárcel. Después, las investigaciones negligentes donde la primera y única hipótesis es que ellas son culpables. “No se verifica el ADN, no se investigan otras hipótesis, otros responsables. En el caso de La China está probado que tuvo un problema en la placenta, no hizo nada”, explica.  Por último, las sentencias arbitrarias con prisiones preventivas prolongadas y condenas a perpetua. 

Uno de los casos que mostró todos estos patrones fue el de Ana Clara, en Corrientes. Estuvo 13 años presa y era inocente. “Tuvo un parto en la casa y tenía doble vuelta de cordón. En el momento no se hicieron los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte. Ella le había puesto la mejor ropita que tenía y la enterró. La estaba esperando y la trataron de criminal. Estuvo presa 13 años por perder un hijo”, dice Guereño. En 2014, gracias a la intervención de abogadas feministas, fue absuelta. 

Desde la Asociación de Pensamiento Penal siguen al menos diez causas de mujeres y personas gestantes criminalizadas por abortar o por emergencias obstétricas en Argentina. Entre abogadas de todas las provincias se pasan la información y se activa la red que integran con el Cels, Católicas por el Derecho a Decidir, Inecip, Mujeres por Mujeres y otras organizaciones. No hay certezas de cuántas son las presas en todo el país porque las carátulas no son siempre iguales. “A veces imputan por lesiones graves, otras por homicidio, otras por aborto”, agrega Guereño. 

Para la abogada en la Justicia falta lo que se repite desde hace años: perspectiva de género. “Ponerse en las zapatillas de esa mujer y lo que vivió en ese momento, poner en contexto. Correr los prejuicios y no juzgar el embarazo como una lo vivió, como una lo imagina porque cada cuerpo es diferente, al igual que cada casa y cada historia”. También hay desconocimiento y formación en relación a las legislaciones y tratados internacionales que dicen claramente que una mujer que sufrió una emergencia obstétrica no puede ser criminalizada. 

Esta semana distintas organizaciones lanzaron la campaña #AbsoluciónParaLaChina. Los alegatos empezaron este viernes y queda definir la fecha de la sentencia. 

Inconstitucional 

“Imputar por homicidio agravado por el vínculo a una persona que está atravesando el puerperio es inconstitucional. Si encima hubo una emergencia obstétrica más aún”, dice la abogada Luli Sánchéz. Representa a Juana, el nombre ficticio de una mujer de entre 20 y 30 años de Moreno, provincia de Buenos Aires, que está presa desde agosto de 2020.

Juana tuvo una emergencia obstétrica en pleno aislamiento estricto por la pandemia. No sabía que estaba embarazada. Llamó al Same para buscar ayuda y los médicos del servicio de urgencias y del hospital la denunciaron. 

Sánchez explica que es necesario hablar de la inconstitucionalidad de las acusaciones de homicidio agravado por el vínculo contra mujeres puérperas. Ese es el pedido que elevó en la causa de Juana. La abogada explica que la Justicia no consideró en la acusación el contexto de emergencia obstétrica y el puerperio que Juana atravesaba, como cualquier persona que tiene un parto o aborto. “Es una condición médica y física que no hay que probar. No se puede condenar a perpetua a una mujer puérpera. Es desproporcionado. No hay ministerios públicos que respeten la Constitución cuando persiguen a estas mujeres y piden penas perpetuas”, explica Sánchez.  

Antes de la reforma del Código Penal de 1994 la pena para homicidios en estado puerperal pasó de 3 años a perpetua. El retroceso venía en sintonía con una serie de cambios legislativos que tiraron para atrás derechos sexuales en todo el mundo. Se seguía una política del Vaticano como reacción a las conquistas de años anteriores. Mientras en Estados Unidos Bush prohibía la cooperación internacional que financiara cualquiera política pro aborto en el mundo y en Perú Fujimori ordenaba esterilizaciones masivas, en Argentina el menemismo fue el brazo ejecutor de distintos retrocesos. Aumentó la criminalidad por aborto, se eliminó el infanticidio, se prohibió el misoprostol y la pastilla del dia después. 

El otro argumento por el que Sánchez pide la inconstitucionalidad de la causa contra Juana es la violación de confidencialidad y el secreto médico, algo que se repite en todos los procesos contra mujeres criminalizadas por gestar. “No está permitido a los fiscales usar información obtenida ilegalmente. A Juana le tomaron declaración sin abogado, la familia fue interrogada  sin avisarles”, agrega.   

Un factor que se suma es que la emergencia obstétrica fue en plena pandemia, cuando el acceso a los derechos y al sistema de salud estaban restringidos. Las consecuencias en la salud sexual de mujeres y personas gestantes fueron advertidas en 2020 por organismos internacionales y por el Estado. En Rosario, por ejemplo, en el primer semestre de 2020 hubo un 60 por ciento menos de abortos legales que en el mismo período de 2019. Una caída que ya mostraba cómo el acceso a los derechos se veía restringido. 

“En el Amba regía la cuarentena estricta, no había vacunas, todos teníamos miedo a morir. Había un retroceso en el acceso a la salud porque el Covid ocupaba toda la escena. No se miden las consecuencias que ese aislamiento tuvo en la salud sexual de las personas”, dice Sánchez. 

Para la abogada es importante hablar de que no saber que estás embarazada es algo común y que pasa con frecuencia: “Sobre todo en pandemia sin acceso a la salud. Ese no saber puede tener que ver con muchas razones pero el abordaje debe ser sanitario, no criminal”. 

Juana primero estuvo detenida en una comisaría y ahora está con domiciliaria. Tiene el apoyo de su familia, estudia y espera ser escuchada. Recién en los últimos meses pudo volver a los controles de salud y está en tratamiento de salud mental. La causa fue elevada a juicio. Sánchez espera que no se llegue a esa instancia y que sea declarada inconstitucional antes. 

AB/MG

El acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la línea telefónica que asesora sobre derechos sexuales y reproductivos, el trabajo en red de profesionales de la salud en las provincias y el monitoreo de la implementación de la ley de aborto legal son parte de los logros que definen los 20 años de la aplicación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) en la Argentina.

La Ley 25.673, sancionada el 31 de octubre de 2002, reconoció la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y convirtió en responsabilidad del Estado el desarrollo de políticas públicas para garantizarlo.

A modo de balance, se realiza en Buenos Aires hoy y mañana un encuentro federal, con participación de referentes de todo el país para analizar los avances y desafíos del acceso al derecho.

“Las conquistas en la salud sexual y reproductiva son el resultado de la incidencia de los feminismos y movimientos de mujeres de todo el país, los primeros programas y leyes sobre este derecho fueron provinciales”, dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de SSyR.

En la Argentina, la historia de las políticas públicas sobre este derecho se inicia con el retorno de la democracia en 1983.

En 1986 se crea el Programa de Procreación Responsable de la ciudad de Buenos Aires, en 1987 el de Río Negro, y entre 1991 y 2001, 14 provincias sancionan regulaciones propias.

Con la sanción de la ley nacional de SSyR, en 2002 se inicia un proceso donde se destacan -entre otros y en base a un informe oficial al que tuvo acceso Télam- hitos como la primera compra nacional de métodos anticonceptivos en 2002, la sanción de las leyes de Anticoncepción Quirúrgica y de Educación Sexual Integral en 2006, la creación del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia en 2007 y la sanción de la ley 25.485 que reconoce las violencias obstétrica, contra la libertad reproductiva e institucional, y el lanzamiento de la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 en 2010.

Otros hitos son la incorporación del implante subdérmico y el SIU (sistema intrauterino) a la canasta de métodos anticonceptivos gratuitos en 2013, la creación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) en 2017, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 y la primera distribución en el sistema público de salud de tratamientos combinados para aborto con medicamentos en 2022.

Isla destacó como “un logro enorme” la primera compra y distribución de anticonceptivos en 2002, y en 2010 “llegar a 5.600 centros de salud con el botiquín de salud sexual” ya que “esto mejoró muchísimo la disponibilidad gratuita de los métodos anticonceptivos gratuitos, proceso que continúa y se optimiza hasta hoy”.

Según cifras oficiales, en 2021 se distribuyen botiquines en 5.769 efectores de salud en 39 depósitos jurisdiccionales.

Al mismo tiempo que se daban estas políticas públicas en salud, en estos 20 años en el país hubo construcciones desde la sociedad civil que acompañaron el proceso como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y la primera línea que informó sobre aborto “Más información menos riegos” de la colectiva Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto.

También se creó la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas), las Socorristas en Red comenzaron el acompañamiento a personas que abortan, se produjo el movimiento Ni Una Menos y surgió la Red de Cátedras en Universidades Públicas nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto (RUDA).

Legislaciones sancionadas en estos años marcaron asimismo la adecuación de las políticas en SSyR, como la de identidad de género.

Fallos judiciales favorables que sentaron precedentes ante situaciones de jóvenes a las que se les negó el acceso al aborto a pesar de estar en condiciones de acceder al derecho, como LMR en provincia de Buenos Aires o el de FAL, incidieron también en la construcción de estrategias públicas en SSyR.

Además, cuando en 2015 se actualizó el Código Civil y Comercial de la Nación incorporando las reglas de capacidad y consentimiento para personas menores de edad y para personas con discapacidad, el programa de salud se adecuó a esta nueva norma.

Isla resaltó que la línea 0800 222 3444 “fue clave para el vínculo directo con la población para remover barreras de acceso y brindar información”.

Las estadísticas estatales indicaron que la línea recibió en el primer año de funcionamiento (2010) un total de 2.437 llamadas, y para 2021, fueron 30.041 consultas, el 93% relacionadas con acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo.

Con la ley de ILE/IVE vigente, en 2021 se concretaron 73.487 intervenciones en el sistema público de salud, de acuerdo al informe oficial.

En cuando a los desafíos, la directora nacional de SSyR destacó “seguir mejorando el acceso gratuito a método anticonceptivos, fortaleciendo las decisiones autónomas de la población y poder realizar una encuesta nacional sobre salud sexual y reproductiva”.

Por Silvina Molina, agencia Télam.

Los estados de Michigan, California y Vermont votaron a favor de establecer la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como derecho constitucional, mientras que en Kentucky rechazaron una enmienda que la hubiese prohibido en la constitución estatal, en referendos realizados junto con las elecciones de mitad de mandato de ayer en Estados Unidos.

Con esta medida, Michigan, California y Vermont se convierten en los primeros en validar el aborto luego de que la Corte Suprema revocara un fallo judicial de 1973 que protegía ese derecho de las mujeres en todo el país, lo que dejó el tema en manos de los estados.

En Michigan, la aprobación de la propuesta invalida una ley estatal de 1931 que establecía la prohibición del aborto sin excepción, incluso en casos de violación o incesto.

Los votantes de California y Vermont aprobaron sendos referendos para consagrar el derecho al aborto en sus constituciones estatales, informó la agencia de noticias Europa Press.

A partir de la propuesta aprobada, se agregará un texto a la constitución estatal que afirma que el estado “no debe negar o interferir con la libertad reproductiva de un individuo”, incluyendo el derecho a la IVE.

Si bien en California y Vermont estos derechos ya estaban avalados por la ley estatal, agregarlos al texto constitucional evita que puedan ser eliminados por las Legislaturas estatales.

En Kentucky, un histórico bastión republicano, los electores rechazaron incorporar una enmienda para vedar el aborto en su constitución, reportó la cadena CNN.

Este sorpresivo triunfo emuló lo ocurrido el pasado agosto en el estado conservador de Kansas, donde con un nivel de participación histórico los votantes también descartaron cambiar la Carta Magna estatal para restringir el derecho a la IVE.

No obstante, este resultado no revertirá automáticamente la legislación actual de Kentucky, donde el Congreso estatal -controlado por los republicanos- ya aprobó una prohibición casi total del aborto, pero sí permitirá a sus defensores “seguir luchando” en los tribunales para revertirla, afirmaron desde Planned Parenthood (PPFA).

“Kentucky, Michigan, Vermont y California demostraron que cuando la libertad reproductiva está en la boleta electoral, los votantes eligen siempre el control sobre sus cuerpos, vidas y futuros. El derecho al aborto gana”, expresó Alexis McGill Johnson, presidenta de PPFA, el mayor prestador de servicios de IVE del país.

A fines de junio, la Corte Suprema puso fin a décadas de protección federal del derecho al aborto, dejando en manos de cada estado la posibilidad de establecer sus propias normas.

Desde entonces, varios estados liderados por republicanos han prohibido o restringido severamente el acceso al procedimiento.

Sondeos a boca de urna mostraron ayer que el aborto fue la segunda cuestión que más guió el voto de los estadounidenses en los comicios, detrás de la inflación.

Aproximadamente un 27% dijo que el aborto fue el factor decisivo de su voto, mientras que un poco más, el 30%, dijo que fue la inflación.

En las últimas horas, la Justicia bloqueó leyes que restringían el derecho al aborto en Arizona y Ohio.

El Tribunal federal de Apelaciones de Arizona decidió suspender ayer la decisión de una corte de primera instancia que permitía la aplicación de una prohibición casi total del aborto que databa del siglo XIX, por lo que regirá la ley aprobada este año, que autoriza la IVE hasta las 15 semanas.

A la vez, en Ohio, la Corte de Causas Comunes del Condado de Hamilton anunció ayer que concederá la solicitud de los proveedores y defensores del aborto de una orden judicial preliminar contra una ley que prohíbe la IVE después de aproximadamente seis semanas de embarazo.

Como resultado de esta decisión, el aborto hasta las 22 semanas de embarazo seguirá siendo legal en Ohio mientras continúe el litigio.

Con información de Télam.

IG

Los datos estadísticos muestran un avance en la implementación, no sin dificultades. Así por ejemplo en el año 2021, la tasa nacional de IVE/ILE por mil mujeres en edad fértil creció y fue del 5,59, pero la aplicación en las provincias es desigual. Las oscilaciones van de un 1,69 en provincias como Formosa, a un 12,18 en La Pampa.

Así por ejemplo de acuerdo a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, al 31 de julio de 2021 las jurisdicciones con mayor cantidad de prestaciones son la provincia de Buenos Aires donde se realizaron 33.147,  CABA  8.847, o Santa Fe con 4.383, mientras que las de menor cobertura en estas prácticas son Formosa con un registro de 273, Santa Cruz con 278 o Tierra del Fuego con 343.

Estos datos permiten establecer la tasa de ILE/IVE que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por cada mil mujeres, y posibilita un análisis exhaustivo sobre las causas de estas diferencias, generalmente atribuidas a múltiples factores, como la disponibilidad de recursos humanos y económicos, el acceso en centros de salud y hospitales que garanticen el servicio, o incluso contar con personal capacitado para el registro de  datos, entre otros aspectos.

De esta manera, la tasa IVE/ILE de la provincia de Jujuy en 2021 fue 8.32, lo que la ubicó como la cuarta provincia del país, por detrás de Tucumán (9,39), Caba (11,71) y La Pampa (12,18). En el otro extremo, se ubica Formosa con una tasa de 1,69. Estos datos permiten mostrar las brechas en todo el sistema de salud a escala nacional, en donde si bien las jurisdicciones se encuentran en proceso de ampliación de sus servicios, existen desigualdades de toda índole que pueden ser analizadas y corregidas a la luz de los datos.

A julio de 2022 el registro de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva indica que se practicaron 73.487 abortos en el país, pero es la segregación por provincia, donde se hacen visibles las dificultades en el acceso, debido a, por ejemplo, la distribución geográfica de servicios habilitados, mayormente concentrados en las ciudades más importantes. El servicio de salud pública cuenta con más de 6,5 mil hospitales y centros de salud distribuidos en todo el país; solo 1.327 garantizan estas prácticas, apenas un 20 por ciento, hasta el momento. 

En 2021, la tasa nacional de IVE/ILE por mil mujeres en edad fértil fue del 5,59, pero la aplicación en las provincias es desigual. Las oscilaciones van de un 1,69 en provincias como Formosa, a un 12,18 en La Pampa.

Aborto legal, seguro y gratuito

Los datos ponen en debate la necesidad de sostener un trabajo de fuerte articulación, para potenciar las acciones y garantizar el acceso a la ILE-IVE en todo el país. 

Una alianza estratégica entre el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) ha generado encuentros en las provincias de Neuquén, Jujuy y Entre Ríos. Allí se dieron a conocer estadísticas que proyectan una realidad dispar.  Las conclusiones de estos encuentros marcan que la sanción de la Ley ha sido un gran paso, pero aún quedan múltiples obstáculos que resolver para hacer efectiva la normativa. En cada jurisdicción existe distintos factores que afectan la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva.

Bajo la denominación “Construyendo una nueva agenda. Diálogos para fortalecer la plena implementación de la Ley 27.610 sobre Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto” las jornadas en cada provincia sirvieron para analizar las dificultades imperantes, los avances y desafíos para garantizar el acceso al aborto.

Con datos e indicadores de salud sexual y reproductiva, los informes de UNFPA Y CEDES permitieron tener un relevamiento de lo que ocurre en el país. El monitoreo muestra entre otros datos que en 2020, seis de cada diez mujeres que fueron asistidas durante el parto en los hospitales públicos, manifestó no haber planificado su embarazo. 

El servicio de salud pública cuenta con más de 6,5 mil hospitales y centros de salud distribuidos en todo el país; solo 1.327 garantizan estas prácticas, apenas un 20 por ciento, hasta el momento.

“Una vez sancionada la ley se abrió una nueva etapa, marcada por la necesidad de fortalecer la política pública de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo” explicó Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA Argentina, al abrir el primer encuentro provincial que se realizó en Neuquén. A esta primera experiencia, se sumaron luego los encuentros en Jujuy y para cerrar el año, el de Entre Ríos que sirvieron para dar a conocer los datos del relevamiento realizado a través del Proyecto Mirar, orientado a la investigación aplicada al debate público, las políticas públicas y las estrategias de incidencia en el campo de la salud.

La fragmentación del sistema de salud, las brechas en el acceso a servicios fundamentales, los obstáculos que representan para el sistema quienes se definen objetores de conciencia, o las inequidades en el acceso frente a derechos conquistados fueron algunos de los aspectos que surgieron del análisis compartido entre periodistas comunicadoras y comunicadores, junto a organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el socorrismo y acompañamientos de situaciones de violencia, abortos, organizaciones territoriales de base, comunitarias y de pueblos originarios. 

La idea es que de estos encuentros puedan surgir acciones estratégicas en el territorio para la implementación de esta ley que marcó el inicio de una nueva etapa en la política pública de acceso al aborto legal y seguro.

“Compartimos información sobre rasgos centrales de la política nacional de acceso al aborto y sobre la situación de la provincia para contribuir a la construcción conjunta de un diagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la ley a nivel local y potenciar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar” explicó la socióloga Silvina Ramos, investigadora titular del CEDES e integrante del Proyecto Mirar.

Tres provincias, una fotografía

Las conclusiones del trabajo realizado en Neuquén, Jujuy y Entre Ríos muestran que, si bien se registra un cambio sociocultural en torno al género y la autonomía reproductiva, producto del debate y la movilización previos a la promulgación de la ley, todavía existen grandes dificultades en el acceso a estas prácticas, sobre todo en territorios alejados de las grandes ciudades. 

Uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud en nuestro país es la fragmentación, no solo porque cada provincia tiene un sistema propio, sino porque además existen brechas hacia adentro de cada uno de estos sistemas, que dificultan el acceso, la calidad y la atención de los servicios, tanto en relación a los recursos financieros como humanos. 

Los datos muestran lo que sucede a escala nacional. Jujuy es una de las provincias con mayor proporción de embarazos no intencionales, con 75,8, al igual que La Rioja, que registra un 88, por su parte Neuquén se encuentra por debajo de la media nacional con un 52,7 por ciento de casos de este tipo de embarazos, datos que son gráficos de esas variaciones. 

Otro dato representativo que surge del relevamiento es que, al igual que otras provincias, en Entre Ríos apenas un poco más del diez por ciento de los efectores públicos -hospitales y centros de salud provinciales- brindaron atención en ILE/IVE en el 2021, lo que marca el proceso que aún resta realizar para que la cobertura esté garantizada en todos los servicios públicos, como establece la Ley.

Carolina Comaleras. obstétrica del Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná, destacó que la atención de la IVE e ILE en la provincia “viene siendo desde hace algunos años un construcción colectiva, compleja y creciente”, entre profesionales y organizaciones de la sociedad civil, que se fortaleció con la sanción de la ley.

Dentro de los obstáculos también se hizo referencia a la falta de perspectiva de derechos situada intercultural y socialmente, en y desde el territorio que impiden un abordaje integral de la salud sexual, que consideren diferentes realidades de las comunidades de base o de los pueblos originarios. 

La necesidad de resguardar la confidencialidad, sobre todo en pequeñas localidades donde persisten ciertos estigmas en relación al aborto, fue otro de los puntos tratados, así como la falta de implementación la educación sexual integral, o la ausencia de una política de comunicación que promueva la difusión de los lugares de atención para recibir información precisa y oportuna. De allí la importancia que se asignó en estos encuentros a comunicadoras, comunicadores y periodistas, para poder hacer visible el proceso y transmitir información clara, desde un enfoque de derechos, sobre esta ley que significa un hito en la historia de los derechos sexuales y reproductivos.

“Buscamos conocer los avances y desafíos en las distintas provincias en las cuales hemos realizado estos encuentros para diseñar estrategias y potenciar la promoción de esos derechos, junto a los medios de comunicación”, señaló Celeste Leonardi, del equipo de UNFPA. 

María Elena Ale, integrante de Socorristas de Entre Ríos, destacó que los encuentros sirven para volver a tomar la iniciativa política y darle impulso a la lucha por la implementación de la ley.

Para Mariana Caballero, médica de Jujuy, la participación de referentes de la provincia,  permitió conocer a gran cantidad de gente y a organizaciones que están trabajando en toda la provincia. “Hay una diversidad de miradas, de saberes; cada organización está trabajando desde su lugar y esto significa poder fortalecer las redes” sostuvo, para añadir que trabajar de manera articulada entre las instituciones y las organizaciones, le da robustez al sistema de atención y asistencia. 

“Necesitamos que esta ley que es muy nueva tenga su acompañamiento desde la sociedad, y con las organizaciones” dijo Pablo Russo, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. 

También se remarcó la necesidad de contar con información oportuna, transparente, clara y accesible para toda la sociedad, revitalizar la comunicación en función de este derecho fundamental y amplificar las voces de quienes trabajan para garantizar el aborto desde un enfoque humano, respetuoso y sin sesgos.  

SM/MG

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta tarde una reunión con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, mandatario del Estado anfitrión de la IX Cumbre de las Américas, junto a quien analizó la agenda común entre América Latina y los Estados Unidos y “la necesidad construir puentes entre los gobiernos del continente”.

El gobernador de California destacó el discurso de ayer de Fernández en la Reunión Plenaria de la Cumbre y ambos coincidieron en la importancia de que estuvieran todos los países representados en el encuentro multilateral.

Fernández y Newsom dialogaron sobre la agenda de igualdad de género y ampliación de derechos, informaron fuentes de Presidencia. En este sentido, el gobernador reconoció el trabajo impulsado por el Presidente para lograr la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

También conversaron sobre la cuestión climática y los desafíos que enfrentan tanto Argentina como California. El Presidente invitó al gobernador de California a visitar la Argentina.

DA

A las 8.30  del viernes 3 de septiembre del 2021, tres policías entraron al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta para llevarse detenida a Miranda Ruíz. El día anterior, la médica de 33 años había armado un bolso con un libro y muda de ropa: sabía que un fiscal de la zona pedía por su detención. ¿El delito? Asistir una interrupción voluntaria y legal de embarazo en el marco de la Ley N° 27.610 diez días atrás.

“Siguen sin explicarme cómo habría cometido el delito”, cuenta Ruíz, que hace un año asistió -junto con otros profesionales médicos- a una joven de 21 años que llegó al hospital solicitando la interrupción legal de su embarazo. Dos días después, la familia de la joven la acusó de forzar a la paciente a abortar. “El tratamiento de Misoprostol es autosuministrado. Es imposible que alguien pueda obligar a una mujer a abortar con un procedimiento que consiste en ubicar dos pastillas debajo de la lengua durante media hora, cada tres horas”, explicó Miranda a elDiarioAR. Hoy, la médica lucha contra su imputación apelando a una justicia que no parece -o quiere- escucharla.

Miranda Ruíz s la única médica a cargo del consultorio de IVE del establecimiento, espacio que funciona a demanda espontánea todos los lunes y que recibe el 90% de las consultas en la zona. El lunes 23 de agosto del 2021, 8 meses después de que el Congreso Nacional sancionara la ley que lo habilita, una mujer de 21 años (L*) acudió al consultorio manifestando su voluntad de interrumpir un embarazo. Si bien el embarazo excedía las catorce semanas de gestación establecidas por la Ley No. 27.610 para acceder a la IVE, la situación de L. fue valorada por el equipo multidisciplinario de médicos debido a la causal de salud. “La dejamos internada en el servicio de Ginecología y Obstetricia y al día siguiente fue evaluada por la psicóloga y la trabajadora social”, contó Ruíz. “Discutimos el caso con el supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Salta, con el jefe de Ginecología y Obstetricia, con el gerente de nuestro hospital y entre todos determinamos y validamos la legalidad de la IVE bajo la causal de salud física, psíquica y sexual”.

El protocolo nacional que los médicos establecieron para cumplir con la voluntad de L. de interrumpir su embarazo fue el de Misoprostol. La médica -que lleva asistiendo más de 500 abortos desde que está en el hospital- no se encontraba presente al momento de la expulsión del feto, pero se quedó tranquila: el derecho de la paciente a acceder a la IVE se había cumplido.

Mientras L pasaba lo que quedaba del día en la sala de Ginecología y Obstetricia del hospital, su tío policía contactaba a una conocida concejal antiaborto para manifestarle su desacuerdo con el procedimiento. “Desde el minuto cero, la concejala Claudia Subelza empezó a hablar del caso en los medios de comunicación, exponiendo a la paciente, mintiendo sobre la historia clínica y llamando a los médicos, a L. y a mí para que no continuemos con la práctica”. 10 días después, a Miranda Ruiz la llevaron detenida.

Incomunicada, en un calabozo de dos metros por tres, mantuvo la calma: “Sabía que un movimiento de mujeres a nivel nacional luchaba, allá afuera, por mi liberación”. Cuatro horas más tarde, fue liberada. “El fiscal fue presionado para detenerme – considera hoy, mirando en retrospectiva–; no solo la familia presenta la denuncia a los dos días de la IVE, sino que la campaña mediática iniciada por la concejala fue en aumento. Las mentiras y calumnias que se hicieron, como que el feto lloró cuando se produjo la expulsión, surgieron también de políticos, curas antiaborto y del abogado de un ginecólogo que denuncié en el 2020 por abuso sexual a una menor”.

Miranda Ruíz busca explicaciones y no puede dejar de recordar que hace dos años denunció el de un presunto abuso sexual por parte de un médico. “Una menor de edad le solicitó un aborto de forma privada: el médico Marcelo Cornejo le habría propuesto sexo a cambio de la práctica”, explicó Ruíz. El profesional trabaja en el mismo hospital que ella y estaba de guardia el día que L. expulsó el feto. “El actualmente se encuentra imputado por presunta falsificación del documento público que establece que el feto nació con vida: Detalle que no figura en ningún testimonio de la causa”, siempre según Ruíz. Hoy, el abogado de Cornejo defiende a la familia de L.

“¿Por qué me están haciendo esto?, – se pregunta Miranda Ruíz a elDiarioAR–. Por un lado, ”creo que se trataría de la venganza de él por haberme animado a denunciarlo penalmente. Por el otro, si dejo de atender en el consultorio ambulatorio, el 90% de las demandas por el acceso a la IVE en la zona quedan desatendidas. Hay un oportunismo de los sectores políticos antiaborto, que utilizan el caso para militar su oposición contra la ley“. 

La causa hoy

La causa, que se alarga cada vez más, mantiene a Miranda Ruíz como imputada: “En el delito penal uno debe describir el móvil, el delito y el damnificado. Pasan los meses y le sigo preguntando al fiscal cuál es el móvil por el cual yo obligaría a una mujer a abortar, o cómo es que lo hago”.

El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia. Junto con sus abogadas presentó una apelación, que se encuentra radicada en un tribunal de impugnación salteño. “Mi inocencia está probada en el expediente”, sostuvo. La carga de prueba requerida por la fiscalía, que consiste en que una junta médica evalúe la historia clínica de la paciente, va en contra del fallo FAL y de las reglamentaciones vigentes. “Los protocolos nacionales de acción médica establecen que las causales no se judicializan –explicó Miranda–, en palabras más sencillas: no pueden venir tres médicos del poder judicial a determinar si la causal estaba bien o mal justificada mirando una historia clínica cuando una paciente fue valorada por todo un equipo multidisciplinario de salud previamente”.

La médica se siente apoyada por el movimiento de mujeres y de derechos humanos. Y también, por algunos políticos: “Si hay una ley nacional, Tartagal la tiene que cumplir. Esto se volvió un problema político desde el minuto en que la justicia local decidió imputar a una persona por cumplir con la ley”. La médica asegura que no tiene miedo a ir presa y duerme tranquila por las noches: “No cometí ningún delito. La Ley de IVE no tiene fallas, la falla la tiene la justicia”. 

*La inicial es ficticia y fue utilizada para proteger la identidad de la paciente.

LR

Organizaciones feministas celebraron este jueves con un “Pañuelazo Federal” el primer año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en distintas provincias donde hubo manifestaciones a las que se sumaron artistas y músicos, bajo el reclamo de liberar trabas que impiden la completa vigencia de la ley en todo el país.

En la Plaza Independencia de Mendoza, Coti Fosch, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, destacó que en la provincia particularmente “la lucha ha sido doble porque acá no solo el acceso al aborto estaba restringido como en el resto del país, sino también el acceso al Misoprostol”.

Fosch aseguró que “hasta ahora no hemos tenido situaciones muy complejas en Mendoza en el acceso a este derecho humano fundamental, como sí lo han tenido en otras provincias”.

Claudia Anzorena, integrante de La Malona colectiva feminista, destacó que “hay sectores donde el acceso es más ágil, y otros sobre todo en las localidades más alejadas, que son más difíciles, que se producen derivaciones que retrasan el acceso”.

En Tucumán, se realizó un “Festival Verde” en la Plaza San Martín ubicada en el barrio Sur de la capital provincial, con la actuación de bandas locales, al tiempo que se realizaron intervenciones, se montó una “Femiferia”, un club de ajedrez y luego hubo un “Pañuelazo”.

“Organizamos este festival como una forma de mostrar a la sociedad que seguimos organizadas, atentas y trabajando para terminar con los obstáculos que aun prevalecen para aquellas personas que deciden practicarse un aborto”, dijo a Télam Agustina Vilte, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en Tucumán.

“Hemos notado una falta de información por parte del Sistema de Salud Público Provincial (Siprosa), vemos que sigue pesando un estigma sobre el aborto y está alejando a personas que deciden hacerlo en la salud pública”, manifestó.

En Neuquén organizaciones feministas marcharon por el centro de la capital en un encuentro organizado por la Colectiva Feminista “La Revuelta”, en el Espacio “Graciela Alonso” del Parque Central de la ciudad de Neuquén.

Ruth Zurbriggen, referente de la organización, dijo a Télam que “la ley 27.610 es la más colectivamente luchada, es un salto simbólico y material enorme para la cultura, para la vida social, para los reclamos de los movimientos feministas y todos aquellos que se sumaron a la fuerza de la marea verde”.

Sin embargo, dijo que “hay que seguir planteando las deudas que la propia ley va generando” y puso como ejemplo “la desigualdad que existe con relación al acceso porque no es universal y depende en gran medida de esas y esos profesionales amigables de la causa que van a atender de manera integral y van a garantizar el derecho”.

En San Luis, las organizaciones feministas se congregaron en la plaza central de la capital puntana para realizar un pañuelazo y conmemorar el primer aniversario de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Fernanda Panes, referente del Frente de Mujeres de La Cámpora en San Luis, destacó la importancia de “la ley que ha permitido salvar muchas vidas en este primer año” y remarcó que “la falta de educación e información sobre esta normativa lleva muchas veces a no ser universal”.

En Salta, el pañuelazo se realizó en la plaza de la Legislatura de la capital salteña y Mónica Rodríguez, referente local de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó que “lo que buscamos son más medidas que garanticen la aplicación efectiva de la ley en todo el territorio de la provincia”.

Por su parte, la activista Sofía Fernández, que también forma parte de la Campaña , aseguró que la aplicación de la ley en la provincia “es desigual y está centralizada en la ciudad capital”, por lo que pidió que la implementación “sea igualitaria en todo el país y en todo el territorio salteño”.

Al mismo tiempo, explicó que esta convocatoria “es también para defender esta conquista”, y es “de lucha” para pedir que “se tomen médicos no objetores, que se garantice la práctica en todas las localidades de la provincia y que no se judicialicen más a las compañeras médicas que garantizan derechos”.

FS con información de Télam