La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó este viernes un aumento del 2,47% en las jubilaciones a partir de enero, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025.

Con este incremento, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $349.299,32. A ese monto se le suma el bono adicional de $70.000, que permanece congelado desde hace dos años, lo que lleva el ingreso total de bolsillo a $419.299,32. En tanto, el haber máximo fue fijado en $2.350.453,70.

Desde la cartera que conduce Capital Humano aclararon que las personas jubiladas que perciban ingresos superiores al haber mínimo recibirán el bono de manera proporcional, hasta alcanzar el tope de $419.299,32.

La resolución también actualizó otros valores del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $159.788,50, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $279.439,46.

Además, se definieron los nuevos límites de las bases imponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): la mínima quedó fijada en $117.643,93 y la máxima en $3.823.372,95. Estos montos regirán para las remuneraciones correspondientes al período devengado de enero de 2026.

Con información de la agencia NA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,88% en los haberes de octubre para jubilados y pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el décimo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de agosto, siendo formalizados mediante las Resoluciones 317 y 318/2025 publicadas en el Boletín Oficial. 

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2025, será de $326.298,38″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.195.679,22.

De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $320.277 a $326.298 y el haber máximo pase de $2.155.162 a $2.195.679. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $390.277 a $396.298.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $109.897,23 y $3.571.608,54, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $149.266,62. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $261.038,70. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $331.038.

Por otro lado, con la suba oficializada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, alcanzarán en octubre los $117.252 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de $152.428 para los que residen en la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).

En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $907.793, se cobrará por hijo $58.631, mientras que si el ingreso familiar es superior a $907.793 y de hasta $1.331.368, se cobrará por hijo $39.548. En tanto que si el ingreso familiar es superior a $1.331.368 y de hasta $1.537.111, se percibirá por hijo $23.920. Cuando el monto percibido en el hogar es mayor a $1.537.111 y de hasta $4.807.226, se cobrará por hijo $12.340.

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal. En tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los $907.793, cobran por hijo $190.902, mientras que si el ingreso familiar es superior a $907.793 y de hasta $1.331.368, cobrarán por hijo $135.050 y si están por encima de $1.331.368, recibirán $85.234 por hijo.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría:

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.403.613 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

No hubo aplausos, solo un silencio aplastante. Con una ayudita de último momento de los gobernadores, el Gobierno repitió el triunfo de hace un año: evitar que el Congreso le aprobase, a la fuerza, un aumento a los jubilados. Con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, la oposición fracasó en su intento de conseguir los dos tercios. Estuvo solo a seis votos, muchos de los cuales, en junio, habían acompañado originalmente la ley.

Después de los festejos por la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad, llegó la preocupación. Minutos después de haber logrado romper, por primera vez en la Cámara de Diputados, el tercio vetador de Javier Milei, la oposición empezó a prepararse, con temor, para el siguiente desafío: repetir el número para el aumento a los jubilados. No estaba fácil: el número de adhesiones era más chico que el de discapacidad y, además, el Gobierno había comenzado a llamar a los gobernadores.

“El número está fulero, dependemos de que algunos no se den vuelta”, deslizó una de las armadoras del peronismo mientras corría de un despacho a otro. Durante las más de cuatro horas que duró el debate, el recinto estuvo semi vacío: la mayoría de los diputados estaban en sus despachos o confiterías cercanas, teléfono en mano y en un reunionismo activo, buscando sumar los votos de los indecisos que permitieran torcer el resultado final en el recinto.

En la oposición tenían un listado de los nombres que el Gobierno podía dar vuelta, muchos de los cuales ya habían acompañado la ley en junio o habían habilitado, previamente, el tratamiento de tablas del proyecto. Ya habían conseguido los dos tercios para poder iniciar el debate, pero temían que hubiese sido una estrategia del oficialismo para habilitar la ley y, luego, voltearla. Los temores terminaron siendo fundados.

Uno de los primeros en advertir públicamente lo que estaba pasando fue el radical Pablo Juliano: “Si vos venís a transfugar tu voto acá y traicionás a los jubilados que no pueden llegar a fin de mes, no sos digno de estar sentado en estas bancas”, espetó, buscando poner el dedo en la llaga: “No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No lo podés hacer. No hay llamado del gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto”.

Las conversaciones continuaban y, a medida de que pasaba el tiempo, la oposición empezó a desconfiar hasta de los propios. Poco antes de que llegara el momento de la votación, el jefe del peronismo, Germán Martínez, interrumpió el debate y volvió a insistir en lo que ya era un secreto a voces: el Gobierno no solo había logrado torcer a los gobernadores, sino que estaba logrando dar vuelta a algunos radicales.

“¿Cuáles serían los fundamentos para que alguien que votó a favor la ley ahora cambie el voto? Quiero decir que parece que algunos ayudaron al emplazamiento del tema y están mirando para otro lado. Más que nunca hay que ser serios y responsables, los derechos de los argentinos no pueden estar encima de la mesa de negociación de los diputados”, denunció Martínez.

La UCR, que había votado a favor de la ley, intentó un último manotazo de ahogado: solicitar una votación parcial que permitiese acompañar el 7,2% de aumento a todos los haberes jubilatorios, pero rechazar el aumento del bono de los jubilados que cobran la mínima (que se encuentra congelado en $70 mil hace más de un año y la oposición quería elevar a $110 mil). Ya hace un año lo habían intentado, la primera vez que Milei vetó un aumento a los jubilados sancionado por el Congreso.

Y, como esa vez, Martín Menem rechazó el pedido. No lo necesitaba: estaba seguro de tener el número para sostener el veto.

“De Loredo, felpudeaste todo el año. Dejá de felpudear”, le gritó “Chipi” Castillo (FIT) al jefe de bancada de la UCR, luego de que este propusiera abrir la votación. El cordobés terminó votando a favor de la ley, pero no así sus principales aliados en el bloque: los mendocinos Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, el chaqueño Gerardo Cipolini y el entrerriano Atilio Benedetti terminaron votando en contra de la ley. En junio, en cambio, se habían abstenido.

Los votos que hicieron caer la ley

Con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, el Gobierno logró blindar el veto con el apoyo de los gobernadores. El entrerriano Rogelio Frigerio, el mendocino Alfredo Cornejo, el santacruceño Claudio Vidal, el chaqueño Leandro Zdero y el misionero Hugo Passalacqua habilitaron los votos negativos y abstenciones claves que permitieron que Milei pudiera, una vez más, vetar un aumento a los jubilados.

Muchos de esos votos, incluso, habían sido diferentes en junio, cuando la Cámara de Diputados le dio media sanción originalmente a la ley. Además de los radicales, cambiaron también su voto los misioneros que antes se habían ausentado y, ahora, habían definido abstenerse: una abstención que, aritméticamente, terminó favoreciendo al oficialismo.

La presiones llegaron, incluso, hasta las filas del peronismo, con dos ausencias sorpresivas. Una fue de la neuquina Tanya Bertoldi, cada vez más alineada con el gobernador Rolo Figueroa. Y el otro fue el del catamarqueño Dante López Rodríguez: en la última votación, el gobernador Raúl Jalil ya había ausentado a otro de sus diputados.

Con estos cambios y ausencias estratégicas fue Milei logró, con ayuda del PRO, los gobernadores y los radicales con peluca, sostener su tercio vetador.

MC/JJD

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a la carga contra el presidente Javier Milei y vaticinó que lo sacarán de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza”.

Así lo expresó la ex mandataria en su cuenta oficial de X: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA”.

“Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, agregó.

En esa línea, le pidió al libertario que deje “de mentir con la cantinela” esa de que en el Gobierno “no hay emisión monetaria” y siguió: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”, resaltó.

Para finalizar, la ex mandataria sintentizó: “P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

El presidente habló por Cadena nacional el viernes por la noche. En un mensaje grabado y con un discurso leído, anunció que presentará un proyecto de ley para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal” y acusó a la oposición de “promulgae leyes que irremediablemente llevan a la quiebra” y de provocar un “genocidio” de las generaciones futuras.

El mensaje duró 23 minutos y junto al presidente estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y su vice, José Luis Daza; el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y su número dos, Vladimir Werning.

MP con información de NA

Carlos Moia, sacerdote de la parroquia porteña de San Cayetano, santo patrono del trabajo, afirmó que lo que están padeciendo hoy los jubilados “es un genocidio” y dijo que “no puede ser que un país esté manejado por negocios financieros”, porque “es inmoral, no es ético”.

El sacerdote citó un reciente documento del Episcopado, en el que se señala que “no se puede tener una actitud indiferente frente a las necesidades de la gente”, y se destaca que “no puede haber ningún plan económico basado en despidos y en crear inseguridad a la gente”.

En la antesala de una nueva celebración del día de San Cayetano, en el que cada 7 de agosto los fieles peregrinan a Liniers a pedir por paz, pan y trabajo, Moia señaló que esa parroquia es nuevamente epicentro de reunión para “mucha gente que la está pasando mal”, dijo en declaraciones a Splendid AM 990.

“Me quedé impresionado este sábado cuando una señora me pidió ‘padre puede bendecirme la foto de mi madre porque se murió, porque no le dieron el remedio contra el cáncer’. Esos son gritos y pecados contra el cielo, contra los responsables de un plan económico, que creen que se puede hacer esas cosas. Eso es inmoral”, enfatizó.

El Congreso vuelve a ser este miércoles el epicentro del malestar social frente a la motosierra libertaria. Puertas adentro, en el Palacio, la oposición busca asestarle una nueva derrota legislativa a Javier Milei y sesiona para aprobar la emergencia en el Hospital Garrahan y una actualización presupuestaria para las universidades nacionales. No son los únicos temas: el peronismo y sus aliados prepararon un temario que incluye casi todo el arsenal opositor con el objetivo de preparar el terreno para buscar, en dos semanas, los votos para revertir los vetos del Presidente a los jubilados y la emergencia en discapacidad.

Mientras tanto, afuera, en las calles, los jubilados vuelven a movilizarse como todos los miércoles. Pero no lo hacen solos. Se le suman los médicos del Garrahan y los trabajadores estatales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Vialidad —dos organismos que fueron reestructurados por decreto por Mieli—, así como docentes de universidades nacionales. La sesión comenzó al mediodía con un quórum opositor de 135 diputados.

La lucha por el control del Congreso

Dos días después de que Milei firmase el veto al aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad, la oposición busca dar una demostración de fuerza en la Cámara de Diputados. Con el ariete social de los proyectos de emergencia pediátrica —que establece una recomposición de los salarios de los residentes y trabajadores del Garrahan— y de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, los bloques de la oposición retoman la ofensiva y pretenden marcarle la cancha al Gobierno en el Congreso: una arena hostil que, cada vez que abre sus puertas, pone en entredicho la fuerza política del Presidente.

La oposición juega con los tiempos electorales. La sesión fue convocada 24 horas antes de que venza el plazo para presentar las alianzas nacionales con un solo objetivo: aprovechar políticamente el tendal de heridos que, saben, dejarán los cierres electorales de Karina Milei. A los bloques opositores no les queda mucho tiempo hasta diciembre, cuando el oficialismo logre engrosar sus filas en el Congreso, y están decididos a aprovechar la campaña para avanzar con su agenda legislativa.

Este martes a la noche los pasillos del Congreso eran un polvorín. Germán Martinez, de Unión por la Patria, Carla Carrizo, de Democracia para Siempre, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, entraban y salían de reuniones con los números del poroteo en la cabeza. Junto a los socios de la Coalición Cívica y la izquierda, los diputados de la oposición contabilizaban que tendrían el número para el quórum —como finalmente sucedió con 135 presencias—, pero ninguno se terminaba de relajar: del otro lado, el Gobierno había empezado a llamar a gobernadores y radicales para intentar boicotear la sesión.

Era la danza previa de todas las sesiones: la oposición buscaba sumar porotos sueltos en los bloques aliados del Gobierno —como Julio Cobos o Natalia Sarapura en la UCR deloredista o Álvaro González en el PRO— mientras vigilaba los movimientos de los gobernadores más proclives a hacer desaparecer a sus diputados a último momento.

El cordobés Martín Llaryora había comprometido la presencia de los suyos, pero era el único: el resto de los gobernadores del “Grito federal”, que vienen de lanzar un espacio electoral de centro, preferían mantener, esta vez, un silencio elocuente. La santafesina Melina Giorgi, que responde a Maximiliano Pullaro, anticipó a sus compañeros de DPS que daría quórum, pero en las bancadas opositoras predominaba la desconfianza: el líder del espacio, el chubutense Ignacio Torres, había anticipado, en una reunión del PRO días antes, que ayudaría a blindar los vetos de Milei.

Lo mismo sucedía con el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz. Muchos gobernadores habían recibido el llamado de Casa Rosada en las últimas horas con el objetivo de convencerlos de boicotear la sesión. La oposición había incluido en el temario el emplazamiento de la comisión de Presupuesto para tratar los proyectos de los gobernadores como una zanahoria para atraer su presencia y lograr, así, aprobar los proyectos sociales.

Los gobernadores, sin embargo, aprovechaban, por esas horas, el apuro del Gobierno para negociar lo que le habían negado hasta entonces: fondos para sus provincias.

Temario XXL

Hay una segunda preocupación, sin embargo, en la oposición: el desafío de ordenar una sesión que tenía más de 10 iniciativas en el temario. Entre ellos un proyecto para reactivar la comisión investigadora por el caso $LIBRA: una iniciativa que, la última vez que intentó tratarse, se encontró con la resistencia de Martín Menem y, finalmente, una batalla campal entre el kirchnerismo y José Luis Espert que derivó en que la sesión se cayera por falta de quórum.

La estrategia de Menem ahora será apostar a que la sesión vuelva a desmadrarse. El riojano no quiere que la oposición logre avanzar con los proyectos sociales, pero, fundamentalmente, quiere evitar que se le de empuje a las iniciativas de los gobernadores y otro tema: la emergencia en Bahía Blanca, declarada por el Congreso luego del temporal que arrasó con la ciudad. La ley fue vetada por Milei pero el Senado, hace un mes, consiguió los dos tercios para insistir en su sanción. Si la Cámara de Diputados consigue también los dos tercios será la primera vez que el Congreso le voltee un veto a Milei: todo un mensaje político a dos días del veto a los jubilados y la emergencia en discapacidad.

En el temario, además, se incluye la derogación de varios decretos delegados de Milei que reestructuraron y disolvieron diferentes áreas del Estado. Entre ellos: el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional del Teatro, el INTA y la Dirección Nacional de Vialidad. Con presencia de los trabajadores en las calles, el peronismo buscará conseguir una mayoría simple para rechazar los decretos.

MC/JJD

Javier Milei encabezará este miércoles el relanzamiento formal de la campaña legislativa en el principal distrito electoral del país, Buenos Aires, con una foto con sus candidatos seccionales. Lo hará después de haber firmado este sábado el veto al aumento jubilatorio y la ley que declaraba la emergencia en discapacidad.

El Presidente dejó en claro desde un inicio que no cedería ante medidas que impliquen más gasto social. Pero también prometió en su campaña presidencial que al ajuste no lo iba a pagar la gente sino la casta política. Lo primero lo cumple a rajatabla, inclusive cobrando más impuestos a la población. Lo segundo no lo cumple para nada a juzgar por los salarios y haberes de miseria que cobra la gran mayoría de los ciudadanos en la Argentina; y en especial, los jubilados.

“Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”, proclamó en un comunicado oficial, en septiembre del año pasado. Aquel episodio marcó el tono de su gestión: el mandatario vetó el primer intento de la oposición de conseguir una mejora para los jubilados con una ley de movilidad jubilatoria que otorgaba un 8% adicional y celebró que la Cámara de Diputados no lograra los dos tercios para revertir su veto. Incluso organizó un asado en la Quinta de Olivos para homenajear a quienes definió como los “87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales”.

El 10 de julio pasado, la oposición consiguió aprobar por segunda vez en el Congreso un paquete de alivio social que incluye un aumento excepcional del 7,2% para todas las jubilaciones, llevar de $70.000 a $110.000 el bono para quienes cobran la mínima, una prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Milei anticipó que vetaría todas estas leyes por considerarlas una amenaza a su plan económico. “Un incremento de las pensiones conspira contra su objetivo de mantener el equilibrio fiscal”, argumentó. El sábado, cumplió su amenaza y firmó los vetos que hoy se publican en el Boletín Oficial.

Fiel a su estilo beligerante, acusó de “genocidas” a los legisladores que apoyaron las mejoras sociales. En declaraciones radiales, tildó de “hijos de puta” a los senadores opositores por votar lo que él calculó como un aumento del gasto “de casi tres puntos del PBI”. Simultáneamente, anunció un recorte de retenciones al agro que costará hasta 0,22% del PBI en recaudación, la mitad de lo que implicaría el aumento a jubilados.

Milei tenía plazo hasta este lunes 4 de agosto para firmar los vetos. En la Casa Rosada confían en reunir el número de diputados necesario para impedir que la oposición logre los dos tercios para rechazar los vetos presidenciales. La negociación política fue intensa en las últimas semanas: el oficialismo activó gestiones con gobernadores aliados, ofreció partidas extraordinarias y cerró pactos electorales locales a cambio de colaboración parlamentaria. Con la incorporación de los llamados “radicales con peluca” al interbloque de La Libertad Avanza, el bloque oficialista consolidó una base cercana a 46 votos propios. A ellos se sumarían diputados del PRO y otros aliados provinciales, con lo cual el Gobierno calcula acercarse a los 80 votos. Las ausencias serán clave: el oficialismo necesita alrededor de 86 votos presentes para garantizar el veto.

El trasfondo de esta disputa es eminentemente político-electoral. Milei apuesta a exhibirse como el Presidente que no se doblega ni siquiera en año electoral, confiando en que sus votantes premien su coherencia. Sin embargo, el costo político podría ser alto en sectores sensibles a la situación de jubilados y personas con discapacidad. No es casual que cinco gobernadores hayan lanzado un frente con críticas al ajuste libertario. Las imágenes de abuelos reprimidos y la retórica explosiva del Presidente generan ruidos en las alianzas que Milei teje rumbo a octubre.

Jubilaciones de miseria en una Argentina empobrecida

La determinación presidencial de frenar el aumento jubilatorio ocurre en un país donde gran parte de la población vive una emergencia económica silenciosa. La Argentina cuenta con unos 7,4 millones de jubilados, de los cuales 63,5% cobra la mínima. Esa jubilación mínima se ubicó en julio en $309.000, que gracias a un bono de refuerzo llega a $379.000. Al tipo de cambio vendedor de $1.375 por dólar (pizarra del Banco Nación del viernes), equivale a unos 278 dólares mensuales. Este ingreso apenas roza la línea de pobreza: según el último dato del Indec, una persona adulta necesita $358.048 mensuales para no ser pobre, monto que no contempla necesidades específicas de la tercera edad. La Defensoría de la Tercera Edad estima que un jubilado debería percibir más de $1,2 millones para cubrir una canasta básica adecuada.

En 2024, con la inflación aún fuera de control (y aunque ahora baja todavía persiste y, a diferencia de los ingresos de las personas, los precios suben todos los meses), el haber mínimo real perdió 4,4% de poder de compra desde el cambio de gobierno. En febrero de ese año, el haber real tocó su peor nivel en 15 años, ubicando a la mitad de los adultos mayores por debajo de la línea de pobreza. El proyecto aprobado por el Congreso implicaría llevar la jubilación mínima a alrededor de $441.200, un monto que, si bien seguiría siendo bajo, representaría un alivio concreto para quienes cobran menos.

Protestas y mano dura en las calles

Lejos de resignarse, los jubilados argentinos ganaron visibilidad con protestas semanales frente al Congreso. Desde el año pasado, cada miércoles se congregan para exigir una jubilación digna, y cada semana enfrentan un despliegue policial más intenso. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich convirtió estos reclamos en campo de pruebas para su protocolo antipiquetes. El operativo del 30 de julio fue particularmente violento: fuerzas federales triplicadas que usaron gas pimienta y balas de goma incluso contra jubilados de avanzada edad y periodistas. Hubo al menos cinco detenidos y decenas de heridos. Las imágenes de abuelos con bastones enfrentando escudos policiales son el símbolo de una nueva época amarga para los bosillos de los adultos mayores.

Bullrich reivindicó estas acciones como necesarias. “Demostramos que tenemos la posibilidad de sacar cosas importantes en el Congreso y el control de la calle. Cuando quieren destruir nuestro programa, lo defendemos”, dijo. Milei delegó en Bullrich la misión de poner reprimir mientras él pasa la motosierra contento, sin acusar recibo del sufrimiento de las personas, con la carcajada de payaso loco. “Las calles no se toman... si se toman, habrá consecuencias”, advirtió la ministra. Esa política se tradujo en operativos semanales de disuasión frente al Congreso, con gendarmes, detenciones preventivas y uso recurrente de gases.

La tensión en las calles va en aumento. Los jubilados que protestan cada miércoles ya son acompañados por sindicatos, movimientos sociales y sectores políticos decepcionados con sus propias dirigencias. “No vamos a salir de las calles”, advierten los manifestantes. La persistencia de estas marchas semanales, pese a la represión, generó comparaciones con las movilizaciones de los años noventa lideradas por Norma Plá. Su figura reaparece en pancartas que claman “todos seremos jubilados, es cuestión de tiempo”.

Milei juega al límite. Retrasar el veto de las leyes le dio tiempo para la rosca política y para intentar contener la presión social. Si su cálculo resulta correcto, se anotará otra victoria legislativa: impondrá nuevamente su ajuste, pero a costa de intensificar el desgaste de su imagen. La batalla final se dará en el recinto. Si Milei triunfa en sostener sus vetos, llegará a octubre con un ajuste invicto bajo el brazo, pero deberá cargar con las consecuencias: jubilados empobrecidos, personas con discapacidad desprotegidas y una sociedad que se debate entre apoyarlo en octubre, en su afán de “normalizar” la economía, o hacerle sentir el rigor de las urnas: la que sigue viviendo muy bien, pese al paso del tiempo y gracias a su propio gobierno, es justamente la casta, no la gente.

Los vetos en el Boletín Oficial

JJD

El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes que otorgan un aumento a las jubilaciones y declara la emergencia en discapacidad, aprobadas en el Congreso el pasado 10 de julio. A partir de ahora, la oposición tendrá que conseguir dos tercios en el Congreso para insistir en las leyes.

Los vetos recién serán oficiales el próximo lunes 4 de agosto cuando se publiquen en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes del Gobierno a Noticias Argentinas. Es es el último día que tenía el Presidente para firmarlos.

A partir de que los vetos sean publicados, la oposición puede insistir en el Congreso pero para ello necesita que los decretos sean recahzados por ambas cámaras con una mayoría especial de dos tercios. Sin embargo, el oficialismo apuesta a que la oposición no consiga los números necesarios para revertir la decisión en Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza tiene más margen de maniobra gracias a sus aliados circunstanciales.

A pesar de que el mismo día en que fueron aprobadas las leyes el Gobierno anunció que serían vetadas, el Ejecutivo estiró al máximo la firma del decreto por temor a que la oposición aprovechara el receso de invierno para conseguir los vots necesarios para insistir en las normas.

Para evitar otra derrota, el Gobierno arrancó una ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas. Desde la Casa Rosada buscan blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El argumento del Ejecutivo es que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, con el objetivo de alcanzar el déficit cero.

Las leyes vetados

Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

Con información de Noticias Argentinas

Mientras Javier Milei junta los votos para vetar el aumento a los jubilados, la oposición se prepara para asestarle una nueva derrota legislativa. Es una carrera contra el tiempo: el peronismo, así como sus socios en el pichettismo y el radicalismo de Democracia para Siempre, necesitan aprovechar la antipatía de los aliados con el Presidente antes de que comience la campaña electoral. El objetivo es sesionar el 6 de agosto y aprobar, días después de que Milei oficialice los vetos, dos nuevas leyes opositoras: la emergencia en el Hospital Garrahan y el aumento del presupuesto universitario.

Después de una semana de debate interno, los bloques de la oposición lograron acordar un temario y una fecha. No fue fácil. Hubo dos intentos previos, pero el receso invernal y las esquirlas internas del cierre de listas bonaerenses terminaron dilatando la convocatoria.

Será un temario extenso y cargado que tendrá varios ejes. El primero y más importante gira en torno a la declaración de la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan: es la zanahoria que se utilizará para presionar a los gobernadores a que den quórum, así como el ariete social con el cual se buscará incomodar a los aliados del Gobierno que, por estas horas, analizan ayudar a blindar el veto a las leyes previsionales y la emergencia en discapacidad.

La oposición sospecha que no tendrá el número para blindar los dos vetos, que Martín Menem y Guillermo Francos trabajan para tener blindados antes del lunes, y apuesta a hacérselo pagar caro al oficialismo y sus aliados. El radicalismo ansioso de pintarse de violeta, como Rodrigo de Loredo o los seis diputados de la Liga del Interior que pasaron a conformar un interbloque con La Libertad Avanza, son los principales apuntados. Así como también algunas fuerzas provinciales que no cerrarán acuerdo electorales con LLA y buscan vías para diferenciarse del oficialismo en sus provincias.

La otra pata de este ariete social será un proyecto que apunta a actualizar el presupuesto universitario. Una ley que Milei ya vetó el año pasado, así como el incremento a los jubilados, y que la oposición vuelve a poner en agenda.

Otro de los ejes del temario opositor lo constituyen los proyectos de los gobernadores, que tienen media sanción en el Senado y apuntan a fondear sus cuentas públicas. Son la iniciativa que propone coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y la que obliga al Ejecutivo a repartir, de manera automática, los Aportes del Tesoro Nacional (que todos los gobiernos nacionales han utilizado, históricamente, como un mecanismo de premios y castigos para con las provincias).

El objetivo de la oposición, en este caso, es emplazar a la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, para poder conseguir dictaminar los dos proyectos. El motivo no es solo que la oposición duda de si tendrá los dos tercios para tratar los proyectos “sobre tablas” –que es el mecanismo que se utiliza cuando los proyectos no tienen dictamen–, sino también pisar la sanción hasta cuando se busque insistir sobre las leyes que vetará Milei: el plan, en este caso, es convocar una sesión dos semanas después para tratar los vetos y los proyectos de los gobernadores.

El tercer eje del temario lo constituyen los proyectos de interés particular de cada bloque opositor. En el caso del bloque peronista, que preside Germán Martínez, se pujó para incluir el rechazo de tres decretos presidenciales que reestructuraron el Banco Nacional de Datos Genéticos, desmantelaron el Instituto Nacional del Teatro y desregularon la marina mercante. El radicalismo de la línea Facundo Manes, mientras tanto, incluyó un proyecto para promover la salud cerebral.

El cuarto eje, por último, pretende anotarse un triunfo inédito durante la gestión de Milei: la insistencia de una ley vetada por el presidente libertario. La oposición buscará conseguir los dos tercios para insistir en la declaración de la emergencia en Bahía Blanca, luego del temporal que arrasó la ciudad bonaerense. El Senado ya dio el primer paso y ahora es turno de la Cámara de Diputados: si consigue los dos tercios será la primera vez que el Congreso le voltee un veto a Milei.

MC/MG

El Gobierno oficializó este jueves el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en agosto, para jubilados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 523/2025, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante agosto serán de $384.305, ya que el haber inicial para el octavo mes del año fue fijado en $314.305,37, a partir del aumento del 1,6%, determinado en línea con la inflación de junio.

En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $314.305 pero queden por debajo de los $384.305, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $34.305. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $379.298 a $384.305, lo que implica una suba de apenas $5.000.

En los considerandos de la normativa, para justificar la medida, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $70.000.

Al respecto, el Decreto señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta julio de 2025, inclusive”.

Continuando esa línea, expresó que “a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de agosto 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional”.

El documento oficial, precisó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” y especificó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Asimismo, dispuso que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto”.

A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en agosto

El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a:

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, y la implementación de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban haberes de hasta $1.300.000 mensuales, como complemento adicional no contributivo.

Ambas medidas beneficiarán directamente a los jubilados provinciales que menos ganan y consolidan a Córdoba como una de las provincias con los haberes mínimos más altos del país.

Llaryora explicó que estas decisiones fueron posibles porque la Provincia comenzó a recibir de manera parcial los fondos que reclama a la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones. Aclaró que el refuerzo se mantendrá “mientras Córdoba siga recibiendo esos recursos”. El paquete de mejoras para el sistema previsional que beneficiará a más de 57.000 jubilados y pensionados.

“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Y vamos a continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con Córdoba”, señaló el mandatario.

El gobernador subrayó que “pelear por lo que le corresponde a Córdoba da resultados concretos” y aseguró que continuará “defendiendo los intereses de los cordobeses cada vez que sean vulnerados”.

Al cerrar su mensaje, Llaryora agradeció el acompañamiento de los cordobeses, de las instituciones y de los legisladores nacionales que respaldaron el reclamo. “Este logro demuestra que cuando en Córdoba trabajamos juntos, con firmeza y humildad, obtenemos resultados reales”, concluyó.

Con información de agencias.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró este lunes que el Poder Ejecutivo “va a vetar” las leyes de jubilaciones y discapacidad que aprobó el Congreso, y afirmó que “no se le puede pedir a un Gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros de la economía argentina”.

“Es muy fácil decir que vamos a aumentar las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, que se emita dinero sin problemas, eso es muy fácil. Pero inmediatamente replica en una inflación desbocada, como pasó en la última parte del Gobierno anterior y en distintos gobiernos de la Argentina”, subrayó.

Francos adelantó que también serán vetados los proyectos de distribución a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles, aprobadas en el Senado, “si llegan a ser convertidas en ley por la Cámara de Diputados”.

“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso las va a vetar” igual que toda iniciativa “que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno”, dijo Francos en declaraciones a Radio Splendid.

Agregó que la sociedad argentina está haciendo un enorme esfuerzo para salir de una situación caótica, como la que se encontraba el país cuando asumimos en diciembre del ‘23“, y expresó que ”el Gobierno viene llevando adelante una política que da resultados, porque además de la inflación, asumimos el Gobierno con más del 50% de pobreza y hoy la pobreza está en el 31%“.

“Más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante Gobierno”, aseveró Francos, y sostuvo que “si esta política seria se continúa en el tiempo y la lidera como lo está haciendo el presidente de la Nación, los resultados están a la vista”.

Tras destacar que esta disminución de la pobreza “no es un tema menor”, la atribuyó además de a la política antiinflacionaria, a “las políticas sociales que implementó el Gobierno, eliminando el gasto de la intermediación parasitaria de quienes utilizaban a los más pobres como elemento para ganar dinero”.

Recalcó que hoy las ayudas a los sectores vulnerables“ llegan directamente a las personas carentes de recursos, como la Asignación Universal por Hijo que se ha incrementado fuertemente”.

Sin embargo, Francos advirtió que sin recursos “no se puede inventar ni se puede solucionar todo de un día para otro. Los gobernadores reclaman por infraestructura, pero el desastre de infraestructura del país no la generó este Gobierno, lleva mucho tiempo y no es lo único que está roto”.

“No hay de dónde sacar hoy los fondos, salvo hacer crecer la economía, entonces esto es un proceso, y no la solución, milagrosa, de emitir dinero”.

FInalmente Francos respondió al constitucionalista Eduardo Barcesat, quien lo calificó como “imbecil” por sus declaraciones sobre un “golpe institucional” del Senado al aprobar las leyes de jubilaciones y discapacidad, y señaló: “Los imbéciles ven a todos de su misma condición”.

Con información de NA.

IG

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó duramente la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley aprobada por el Congreso que contempla un aumento del 7,2% y la actualización del bono para jubilados. Además, consideró que “sería un error” y advirtió que existen recursos suficientes para afrontar esa mejora en los haberes.

“El argumento de que no hay dinero para financiar el 7,2% o el bono de 110.000 pesos es el mismo que se usó con el veto anterior y que también utilizaron otros gobiernos”, señaló. Según el defensor, esa justificación no se sostiene, ya que “los fundamentos del veto están cuestionados judicialmente en casi todo el país con buen éxito”.

Semino remarcó que el impacto de esta ley beneficiaría directamente a los sectores más vulnerables, especialmente a los jubilados de la mínima y a las personas con discapacidad. “Por todo concepto, lo que recibirían serían 60.000 pesos más. No varía su situación de fondo, pero es impagable no otorgarlo porque ese bolsillo ya no da para nada”, afirmó en diálogo con Rivadavia AM 630.

El especialista también recordó que hace un año ya ocurrió una situación similar, donde un proyecto aprobado fue luego vetado por el Poder Ejecutivo y muchos legisladores “avalaron el veto después de haber apoyado la ley”. Frente a la posibilidad de que esta historia se repita, señaló: “Esperemos que no pase lo mismo”.

Finalmente, se mostró cauto pero esperanzado respecto a lo que pueda suceder esta vez con el Congreso: “Me parece que el veto no la tiene fácil. A partir del problema que hay con los gobernadores, que no están recibiendo lo que les corresponde por coparticipación, es probable que se junten los dos tercios y se anule el veto”.

En un mensaje dirigido a toda la dirigencia política, Semino fue claro: “Esperemos que haya sensatez y que todos los actores políticos se dediquen a ver cómo modifican la situación del jubilado, porque se está muriendo de hambre directamente. Ni más ni menos”.

En una sesión motorizada por la oposición y a pesar de el anuncio del presidente Javier Milei de vetar todo lo que se aprobara en el recinto, el Senado convirtió en ley este 10 de julio la actualización a $110.000 del bono de los jubilados que cobran la mínima, que pasará a actualizarse mensualmente por IPC, y el incremento del 7,2% de todos los haberes jubilatorios.

Además, se sancionó también una prórroga de la moratoria previsional y convirtió en ley la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.

En el cierre de la agitada sesión, le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos. De qué se trata cada ley aprobada en el Senado este 10 de julio.

Aumento a jubilaciones

El Senado de Argentina aprobó este jueves y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

El proyecto que fue aprobado por el Senado este jueves, y que ya tenía media sanción en Diputados, implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273, un 16,4%.

En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.

Si se concretara el aumento, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real (es decir, considerando a la inflación) con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

La Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $265.274 con el aumento y $375.274 con el bono; en tanto, el haber promedio sería de $964.800 y la jubilación máxima se ubicaría en los $2.231.111, ambos sin bono.

Nueva moratoria

El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también calculó que esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

El proyecto de ley que sancionó el Senado fue aprobado en Diputados en junio y dispone la extensión por 2 años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La moratoria, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

El proyecto de ley que aprobó el Senado dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, extiende por 2 años los alcances la última moratoria, que establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

El trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de aprobarse la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria. Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria?

Actualmente, el sistema previsional está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que las moratorias “cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema de diseño del sistema previsional, que es la exigencia de 30 años de aportes, un requisito que implica excluir a la mayoría de la población”.

Para el especialista “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. Sin embargo, esto “genera muchos problemas”, agregó, y “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.

¿Qué cambió?

El texto aprobado en el Senado modifica el articulo 13 de la ley 27.260, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 13: Instituyese con alcance nacional la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de caracter vitalicio y no contributivo, para todas las mujeres de sesenta (60) anos de edad o mas y para todas las personas de cualquier otro genero de sesenta y cinco (65) anos de edad o mas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podran optar por ser beneficiarios de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites previstos en el presente articulo.

También modifica el articulo 16 de la ley 27.260, que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 16: El goce de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es compatible con el desempeno de cualquier modalidad de trabajo registrado, que no implique ingresos iguales o superiores a tres (3) salarios minimos vitales y moviles. Igualmente, la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sera compatible con el desempeno en caracter de trabajador autonomo o monotributista.

Emergencia en discapacidad

La norma aprobada declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

Podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social las personas con discapacidad que cumplan con los siguientes requisitos:

La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado al que hace referencia la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, y se actualiza de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

¿Qué contempla la ley 24.901 como prestaciones básicas?

Esta ley nacional, sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, contempla: acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas con discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Traspaso de recursos a las provincias

La oposición le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos.

Qué son los ATN, el eje de la disputa por fondos entre Milei y los gobernadores argentinos

La decisión de los gobernadores de las provincias de Argentina de impulsar un proyecto de ley para recibir más fondos de parte del Estado nacional ha desatado una fuerte puja política con el presidente Javier Milei.

La pelea se centra en los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Estas son las cinco claves para entender los alcances de la discusión que este jueves comenzó en el Senado argentino:

1. ¿Qué son los ATN?

Las normas de Argentina establecen que el 42,34 % de la recaudación por tributos federales queda en las arcas del Gobierno nacional.

Otro 56,66 % es “coparticipable”, es decir, debe ser repartido entre las 23 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires en forma automática y según porcentajes establecidos por una ley aprobada en 1988.

El 1 % restante se destina al denominado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo objetivo es atender a las situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y es administrado por el Gobierno nacional con un criterio de distribución discrecional y no automática -no hay porcentajes preestablecidos de distribución-.

Es decir: la conformación del fondo ATN es automático (todos los meses se incorporan fondos derivados de la masa coparticipable de recaudación) pero su distribución por parte de la Administración nacional de turno es discrecional.

El fondo ATN ha sido, además, subejecutado desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023 pues no se distribuyó el total de los recursos del fondo.

De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, en 2024 se ejecutó apenas el 7 % del fondo ATN, mientras que en los primeros cinco meses de este año la ejecución alcanzó el 22 %.

El reparto también ha sido desigual entre los distritos. Desde que Milei es presidente, ocho no recibieron transferencias -entre ellos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba-, mientras que el resto recibió giros con porcentajes muy diferentes.

2. ¿Qué cambio impulsan los gobernadores?

El proyecto de ley impulsado por todos los gobernadores y el alcalde de Buenos Aires -ninguno de ellos oficialista, aunque sí algunos han actuado como aliados del Ejecutivo- establece que la distribución de los ATN se haga en forma automática y con los porcentajes establecidos por el esquema de coparticipación.

Los gobernadores también pretenden la eliminación de fideicomisos financiados a través de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

Esa eliminación de los fideicomisos permitirá que los fondos que reciben las provincias por lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos se incremente del actual 10,4 % a un 58,36 %.

3. ¿Cuál es el trasfondo del proyecto?

La puja entre los gobernadores y Milei tiene como trasfondo el severo ajuste fiscal que el jefe de Estado puso en marcha a finales de 2023.

Como parte de ese ajuste, las transferencias del Tesoro nacional a las provincias cayeron en forma drástica, incluyendo los giros de los ATN, pero también otras partidas, una situación que ha afectado severamente las arcas provinciales.

La caída en los envío de ATN es evidente: mientras que en 2023 se giraron 173.000 millones de pesos, el Gobierno de Milei transfirió apenas 49.800 millones de pesos en 2024 y 84.000 millones en lo que va de 2025, un desplome que en términos reales se agrava por el efecto de la inflación acumulada, que ronda el 200 % desde que Milei llegó al Ejecutivo.

4. ¿Por qué el Gobierno de opone?

El Ejecutivo argentino se opone al proyecto porque alega que conspira contra el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno.

Si bien el Ejecutivo nacional no puede destinar los recursos del fondo ATN a otros fines, los recursos no distribuidos disminuyen el gasto público nacional y, por lo tanto, pasan a formar parte del resultado fiscal.

5. ¿Cuál es el impacto fiscal?

Según los gobernadores, su iniciativa no afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales pues, de acuerdo a sus cálculos, implicaría un costo total para la Nación de 0,11 puntos del PIB.

De esta manera, el Gobierno nacional pasaría de tener este año un superávit fiscal primario del 1,60 % del PIB proyectado como objetivo por el Ejecutivo al 1,49 % del PIB, resultado que estaría de todos modos por encima del 1,30 % del PIB que el Fondo Monetario Internacional fijó como meta para 2025.

Otros cálculos, como el realizado por la Fundación Mediterránea, sitúan el coste fiscal del proyecto en 0,05 puntos del PIB.

Con información de agencias y Chequeado

IG

El Gobierno ya prepara su contraofensiva luego de la serie de derrotas que sufrió este jueves en el Senado: las sanciones de un aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, así como la media sanción de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Javier Milei vetará las tres primeras iniciativas y podría intentar abrir una negociación con los gobernadores para que el segundo paquete de leyes no logre la aprobación por parte de Diputados.

El foco entonces se posará en los próximos días sobre la Cámara baja. Allí la Casa Rosada necesitará hacer un juego de doble pinza. Por un lado, abroquelar un tercio de “héroes” para bloquear el intento opositor de ratificar la sanción de las leyes de carácter social. Por otro, buscar que las provincias dialoguistas cedan bancas para que no se modifique parte del esquema impositivo y de coparticipación nacional.

El panorama podría complejizarse porque en Diputados además están a la espera de votarse la emergencia en pediatría a partir del reclamo de los trabajadores del hospital Garrahan y la ley de financiamiento universitario. ¿Se aventura una “super-sesión” con un temario tan variado contra el Gobierno? “Lo ideal sería meter sesión semana que viene con todos los temas”, aventuró un diputado opositor que pasillea distintas bancadas del Palacio Legislativo. “Se sesionará el 30”, apuntó, en cambio, un operador parlamentario. “Estamos viendo si sesionar en julio o agosto”, señaló otro legislador de la oposición.

Un dato no menor es que está pronto a comenzar el receso invernal, que además está atado al calendario electoral, por lo que hace imprevisible cualquier pronóstico sobre fechas y cantidad de bancas disponibles para un juego u otro.

En el Gobierno ya admiten una cancha inclinada. “Trataremos de que no se aprueben. Será dificultoso”, dijo este viernes por la mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en radio Mitre, reconociendo el magro poder de fuego que tiene el oficialismo libertario en el recinto de la Cámara baja. Atrás quedó la denuncia de “golpe institucional” que ayer todo el aparato institucional se encargó de propalar.

Aunque son iniciativas legislativas muy distintas, el ministro coordinador entendió que la votación de este jueves estuvo atada a la cuestión electoral: los gobernadores necesitan fondos para encarar la campaña –señaló– y la oposición no puede hacer caso omiso a los reclamos callejeros que crecen semana tras semana. Los comicios están a la vuelta de la esquina: el 7 de septiembre son los bonaerenses; el 26 de octubre, los nacionales.

Los vetos

Francos confirmó que Milei vetará las leyes previsionales y de emergencia en discapacidad, habilitando así su ratificación legislativa por parte del Congreso. Recién después, el Gobierno está dispuesto a abrir una batalla judicial: primero, porque entiende que la sesión de ayer fue nula –aunque si juega el veto presidencial es que se veta algo que existió–; segundo, por acusa a la oposición de no cumplir la ley de Administración Financiera que señala que todo proyecto que insuma partidas públicas debe contemplar de dónde sacar esos recursos.

Para defender el veto el oficialismo necesita conseguir un tercio de los votos, lo que el año pasado se tradujo en “87 héroes”, a los que Milei invitó a comer un asado en Olivos: los libertarios, los amarillos del PRO y los radicales “con peluca”. Pero esa masa aparece a priori menos firme que el año pasado, porque algunos diputados que responden, por ejemplo, a los gobernadores de San Juan –Marcelo Orrego– y Tucumán –Osvaldo Jaldo– en su momento acompañaron el veto pero en esta oportunidad apoyaron parcialmente el nuevo aumento jubilatorio.

“No son viables esas tres leyes, esperamos convencer a un tercio para que los legisladores no ratifiquen”, dijo Francos esta mañana sobre el paquete jubilatorio-discapacidad.

Los gobernadores

La discusión siguiente es la de los reclamos exclusivos de las provincias por la coparticipación de los ATN y el impuesto al combustible, que sí o sí tiene que ir a Diputados para su sanción definitiva. Francos aventuró ya una nueva derrota oficialista, pero fiel a su cintura política buscó abrir el paraguas: “No creo que esté todo roto”, dijo sobre la relación con los mandatarios provinciales. “Con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales”, recordó, aunque ese justamente es un punto que en las provincias ven con desconfianza porque Karina Milei y Lule Menem ya son considerados “malos pagadores” en las alianzas.

Se descuenta que el Gobierno buscará habilitar con los dialoguistas la conversación de siempre: nuevas promesas de reparto de algunos pocos fondos de cara a las elecciones para, si no es acompañar al oficialismo con su voto, al menos vaciar de quórum las sesiones que se vengan en Diputados.

Por ahora la liga de gobernadores –que ahora abraza desde Axel Kicillof (Buenos Aires, peronista) a Jorge Macri (CABA-PRO), desde Gustavo Valdés (Corrientes-UCR) a Martín Llaryora (Córdoba, peronista no-K)– jugará al tiempismo. “Está todo verde”, apuntalaron desde un despacho ligado a un gobernador dialoguista, aunque señalaron que seguramente haya próximamente una nueva convocatoria en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el mismo lugar donde se redactó el proyecto para coparticipar el impuesto al combustible y los ATN.

El después

En Diputados, una “súper-sesión” que incluya en un mismo temario la ratificación de las leyes sociales vetadas, los proyectos de las provincias y la sanción de la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario no se ve imposible pero sí tiene sus complejidades. “El escenario más probable es que convoquemos a sesión la semana próxima por Garrahan y Universidades”, dijo un diputado.

El legislador explicó que como los proyectos de los gobernadores no fueron girados aún a comisión para un debate preliminar, lo lógico sería que recinto emplace para su tratamiento a la comisión de Presupuesto. Eso obligaría al libertario José Luis Espert a abrir la discusión. Todo, a menos que la relación Nación-provincias se complique más y los gobernadores se la jueguen a juntar dos tercios para aprobar sus iniciativas sobre tablas.

“Tema de los gobernadores estamos cuando quieran si sus diputados firman el pedido y dan quórum”, dijo otra voz legislativa que conoce el pensar de los mandatarios.

El tema de cuándo se buscará ratificar las leyes sobre jubilaciones y la emergencia en discapacidad está atado a Milei. “Las insurgencias dependerán de cuando las veten”, apuntó otro diputado. Sí podría sumarse, eventualmente, la ratificación de la emergencia y entrega de ayuda a Bahía Blanca, que fue vetada por Milei y ayer el Senado insistió con su aprobación.

MC

El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, trazó un crudo diagnóstico sobre la situación que atraviesan millones de jubilados y pensionados en Argentina. “El deterioro del ingreso del jubilado lo coloca en una situación crítica. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria y sanitaria para las personas mayores”, advirtió.

Según detalló, los haberes se licúan mes a mes. “El reajuste de este mes fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que cobran el bono -congelado desde hace 11 meses- en realidad recibieron apenas un 0,8%. Eso es menos que la inflación mensual. El resultado: un aumento real de apenas 4.000 pesos, que no alcanza ni para un café”, denunció.

Semino fue contundente al describir el drama cotidiano: “Estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa. Como se dice en geriatría: a menor temperatura, mayor riesgo de enfermedad. Y eso está pasando ya”.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, los jubilados con la mínima perdieron 13 puntos frente a la inflación, según cifras del INDEC. “Durante 2024, la inflación fue del 118% y los haberes aumentaron apenas un 105%”, explicó el defensor. “Pero la pérdida de poder adquisitivo viene de arrastre desde 2013”, agregó en declaraciones a Rivadavia AM 630.

Frente a este panorama, Semino reclamó una asistencia estatal urgente: “El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia”.

Al cierre de la entrevista, volvió a subrayar la gravedad de la situación: “Los jubilados no solo sufren, se mueren así. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores”.

Con información de NA.

IG

El Gobierno oficializó este martes el otorgamiento de un nuevo bono de $70.000 en julio, para jubilados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 444/2025, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante este mes serán de $379.298, ya que el haber inicial para el séptimo mes del año fue fijado en $309.298,16, a partir del aumento del 1,5%, determinado en línea con la inflación de mayo.

En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $309.298,16 pero queden por debajo de los $379.298, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $49.121. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $374.723 a $379.298.

En los considerandos de la normativa, para justificar la medida, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $70.000.

Al respecto, el Decreto señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta junio de 2025, inclusive”.

Continuando esa línea, expresó que “a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de julio 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional”.

El documento oficial, precisó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” y especificó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Asimismo, dispuso que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto”.

A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en julio

El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a:

Claves

Cuánto cobran los jubilados en julio 2025

Con la actualización de haberes basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2025, que fue del 1,5%, los nuevos montos vigentes a partir de julio son los siguientes:

El bono se acredita de manera automática junto al pago mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo consultar si se cobra el bono

Las personas que reciben haberes previsionales pueden consultar la fecha y el lugar de cobro desde la página oficial de ANSES:

Cuándo se paga el bono de julio

El bono se liquida junto con los haberes mensuales según el calendario de pagos que ANSES actualiza periódicamente. El cobro está garantizado únicamente si el beneficio está vigente en el mes de julio.

¿Quiénes cobran el bono extraordinario?

El bono extraordinario alcanza a:

El beneficio será de hasta $70.000 para quienes cobren la jubilación mínima o prestaciones de monto equivalente. Aquellos cuyos haberes superen ese umbral recibirán un bono proporcional hasta alcanzar un tope combinado entre el haber mínimo y el monto total del bono.

Con información de NA.

IG

Después de la sesión fallida, después del veto presidencial del año pasado, después de 16 convocatorias de jubilados que, todos los miércoles de 2025, se movilizaron en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó un aumento para las jubilaciones. Fueron 142 votos a favor: una mayoría contundente que, sin embargo, no llega a los dos tercios que la oposición necesitará conseguir cuando Javier Milei lo vete. La iniciativa pasará, ahora, al Senado para su sanción, y la oposición tendrá hasta entonces para conseguir el número que falta.

Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, la oposición aprobó un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y un aumento del bono para los jubilados que cobran la mínima, que pasará a ser de $110 mil y se actualizará por inflación. Acompañaron el peronismo, el pichettismo, la Coalición Cívica, la izquierda y el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre.

Fue el propio presidente Javier Milei quien dejó en claro que nada de lo aprobado hoy pasará su filtro. En su cuenta de X escribió lo que ya había anticipado a lo largo del día su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que vetará cualquier iniciativa que ponga en riesgo el delicado equilibrio fiscal.

El PRO, que está preparando su fusión con LLA, salió en defensa del Gobierno, pero hubo algunos rebeldes. Silvia Lospennato, que reapareció por primera vez desde la derrota porteña, se abstuvo, así como también el resto de la tropa macrista: María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, entre otros. La UCR de Rodrigo de Loredo, mientras tanto, también se abstuvo.

La verdadera sorpresa, sin embargo, fue la aprobación de la moratoria previsional: con 111 votos a favor y 100 en contra, el peronismo logró darle media sanción a una nueva moratoria para los próximos dos años.

El palacio y la calle

La oposición había logrado construir una sesión que era una síntesis, la contracara, del malestar social que había ido intensificándose en los últimos días y llegó a su clímax este mismo miércoles, cuando los feminismos, los jubilados, los médicos del Garrahan, los científicos del CONICET y las personas con discapacidad se convocaron en las afueras del Congreso. Una postal de unidad de la calle y el palacio que la oposición utilizó como ariete durante toda la sesión.

“No podemos vivir en un país en donde los jubilados y pensionados se mueren de hambre todos los días”, comenzó Victoria Tolosa Paz (UxP), que se encargó de defender el 7,2% de incremento para todas las jubilaciones, que fue el incremento que Milei pisó al no incluir la inflación de enero de 2024 cuando modificó la fórmula jubilatoria. “La calle nos lo exige y no hay Patria pegándole a los jubilados, hay Patria poniéndole en los bolsillos los que ustedes le sacaron”, insistió, y apuntó contra los partidos que no habían dado quórum: “4.700.000 están mirándonos y quieren saber quiénes son los diputados que hacen cuentas para decir que no hay plata”.

UxP impulsaba, además de la actualización del bono jubilatorio y el incremento para todas las jubilaciones, una moratoria previsional por dos años que permitiera incorporar al sistema a todas las personas en edad de jubilarse que no tenían la cantidad de años de aportes. Sospechaban que no tendrían el número, pero insistieron hasta el final y, finalmente, se aprobó.

“Con la situación actual 7 de cada 10 personas no se van a poder jubilar. Es de sentido común que lo justo es que la gente se pueda jubilar. ¿Qué es lo justo y que lo injusto? Para el Gobierno es justo que los que evadieron impuestos puedan blanquear. Y para los trabajadores nada. Los ricos que fugan son héroes, los pobres que están en la informalidad son villanos”, afirmó Itai Hagman (UxP), quien insistió en corregir una frase que se repitió durante el debate. Es decir, que las jubilaciones a la baja eran responsabilidad de las constantes moratorias. “Es falso porque el sistema previsional se financia más con impuestos regulares que por los aportes y contribuciones”, explicó.

La libertaria Juliana Santillán, que había asegurado en televisión que una familia podía vivir con $360 mil mientras se peleaba con una médica del Garrahan, no tomó la palabra en el debate, pero fue una protagonista del debate. “Parece que los funcionarios del Gobierno viven en una nube, no van al supermercado o no pagan un alquiler. No tienen idea de lo que cuesta vivir”, la cruzó Nicolás del Caño (FIT), en un reclamo que repetirían varios de los diputados de la oposición.

El oficialismo y sus aliados en el PRO y el radicalismo optaron por utilizar el argumento del equilibrio fiscal para justificar su rechazo a los proyectos. “Aquí la oposición se propone volver a un déficit y darle de lleno al plan de estabilización. No engañemos a la sociedad: este proyecto es un parche”, acusó la bullrichista Silvana Giudici, una de las más vehementes defensoras del Gobierno en el recinto.

“Estamos cansados del falso debate. Es posible tener un equilibrio fiscal con sentido social”, los cruzó la radical jujeña Natalia Sarapura, una de las tres radicales que dio quórum a contramano de lo que definió el resto del bloque que preside de Loredo. Solo ella, Fabio Quetglas y Julio Cobos habilitaron la sesión, el resto de la UCR apostó a boicotearla.

“Dejemos de decir que no hay plata, porque hubo para bajar impuestos a los más ricos y financiar a la SIDE. Los héroes del Presidente que no pagan aportes y contribuciones ahora van a acceder de manera gratuita a consagrar esa evasión mientras los jubilados tienen que elegir en la farmacia qué medicamento compran”, sumó Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que propuso revisar el gasto tributario para costear el costo fiscal de las medidas.

Santiago Santurio, uno de los integrantes de la agrupación de las Fuerzas del Cielo, apostó a una defensa política, apuntando todos los cañones contra el kirchnerismo. “Hablar de empatía es una caradurez. ¿No es que esto fue un paraíso durante 20 años del kirchnerismo? Ustedes gobernaron”, los cruzó, y agregó: “No vamos a permitir que volvamos al pasado de aumentar la pobreza y de perjudicar a los argentinos de bien”.

El fantasma de un futuro veto presidencial, sin embargo, sobrevoló toda la sesión. La oposición había logrado sortear las presiones del Gobierno, había conseguido el quórum y había aprobado un incremento para los jubilados. La multipartidaria opositora estaba de fiesta, pero la experiencia del año pasado, cuando también sancionó un incremento jubilatorio que fue vetado por Milei, los hacía moverse con cuidado. La pelea recién había empezado.

MC/MG

Organizaciones de jubilados realizarán este miércoles una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso para reclamar un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector. Mientras tanto, en Diputados, tal como quería el Gobierno, no hubo quórum y cayó la sesión que, en su última parte, debía tratar diferentes proyectos que buscan una reforma previsional que aumente el poder adquisitivo de los jubilados.

Los jubilados se darán cita como todos los miércoles a las 15 en las cercanías del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad suele desplegar el operativo de las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.  

La semana última se registraron una serie de incidentes entre la Policía Federal y los manifestantes cuando los efectivos intentaron evitar que la protesta interrumpiera el tránsito en la intersección de Callao y la Avenida Rivadavia.  

Como producto de la represión, los agentes de la Policía Federal agredieron al padre Francisco “Paco” Olveira, que se encontraba en la movilización, así como también a otros manifestantes que resultaron heridos.

Los proyectos en Diputados

En Diputados se iban a plantear dos tipos de reformas, hasta que se cayó la sesión por falta de quórum. La primera apunta a incrementar el bono jubilatorio de $70 mil y actualizarlo por inflación. UxP propone subirlo, como base, a $115 mil y el pichettismo a $100 mil: si bien todavía no hay acuerdo, la oposición buscará consensuar un monto intermedio entre ambos valores antes de la votación. Se incrementará, a su vez, todas las jubilaciones en un 7,2%.

El otro tipo de reforma consiste en aprobar algún mecanismo que resuelva el vacío que dejó el vencimiento de la última moratoria previsional. UxP y la izquierda proponen prorrogar el Plan de Pagos de Deuda Previsional durante dos años más, de modo de incluir al inmenso porcentaje de hombres y mujeres que llegaron a la edad de jubilarse pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de aportes. 

El radicalismo y el pichettismo, en cambio, proponen una reforma que establezca una prestación proporcional por vejez. El objetivo es eliminar la obligatoriedad de los 30 años de aportes y reemplazarlo por un mecanismo que incremente el valor de la jubilación percibida en proporción a la cantidad de años aportados. La base mínima, en este caso, sería la PUAM (que representa el 80% de la jubilación mínima) 

La oposición sospecha que este último será el dictamen que consiga la aprobación de Diputados, ya que la moratoria no cuenta con más avales que los del peronismo y la izquierda. Pero hay otro motivo, y es que la oposición sabe que tiene que aprobar una ley que, luego, necesitará ser ratificada con dos tercios de los votos. Ya que el veto de Milei es inevitable. 

Es ahí cuando entra a jugar el PRO, que tuvo una dura reunión de bloque el martes por la noche. Después de un largo debate, las espadas macristas, que amagaban con acompañar el proyecto de prestación proporcional, aceptaron rechazarlo o, los más díscolos, abstenerse. La oposición, sin embargo, piensa en el día después. Y fantasea con que la guerra del PRO con LLA les permita sumar, cuando llegue el momento, algunas adhesiones macristas a resistir el veto presidencial.

Eugenio Semino, defensor de la tercera Edad, sobre los proyectos de Diputados: “No mueven la aguja”

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que con las reformas previsionales que se tratarán esta tarde en la Cámara de Diputados “se sigue hablando de miseria”, sostuvo que es necesario “hacer un sistema nuevo”, y destacó que hoy una canasta básica para un jubilado está “en 1.200.000 pesos mensuales”.

“La última canasta básica, con metodología del INDEC, pero incorporando gastos de vivienda, estaba en 1.200.000 pesos mensuales”, afirmó Semino y minimizó los proyectos de Diputados, porque tratarán “un ajuste del 7% para cinco millones de jubilados de la mínima y son apenas 25.000 pesos, esto no mueve la aguja”.

El funcionario reclamó que se implemente “inmediatamente una recomposición del haber jubilatorio, porque la gente se está muriendo de hambre, no pueden comprar medicamentos, no puede pagar expensas, ni alquiler, ni una pensión”.

Recalcó que el bono que perciben los jubilados que cobran la remuneración mínima y que está congelado desde hace más de un año “tiene que ser parte integrante del haber”, mientras que cuestionó que el Gobierno “hace cualquier cosa” ya que “lo sube, lo baja o lo congela, es un disparate, vale hoy la mitad de lo que debiera valer”.

“Hablamos de una reforma, que es tardía, porque es necesario un sistema nuevo y una recomposición del haber jubilatorio ya. El sistema no tiene plata, hay que sacarla del presupuesto nacional, tienen que poner plata el Estado para que la gente no se muera de hambre”, enfatizó en declaraciones a Radio Splendid.

Para Semino el sistema previsional no funciona “porque siguen vigentes las leyes de (domingo) Cavallo” que se sancionaron en los ´90 cuando este estaba al frente del Ministerio de Economía.

Mencionó como ejemplo que en esa década “se perdieron aportes patronales” y en el año 95 “se quitaron 8 puntos de aportes patronales, un desquicio”.

El funcionario puso como ejemplo a seguir las reformas de Noruega y Finlandia, que percibieron un envejecimiento de la población y hoy financian su sistema previsional con aportes surgidos de la actividad petrolera y de la minería.

“Hoy esos dos países encabezan el índice de sustentabilidad actual y futuro de los sistemas de Seguridad social”, dijo y puntualizó que en la Argentina “nadie habla de que las mineras y las petroleras se llevan todo con una simple declaración jurada, y no dejan ni un ´mango´ para el país y mucho menos para la Seguridad Social”.

Con información de agencias.

IG