No todo es tan lineal como la mentalidad polarizada intenta simplificar, ni en la Argentina actual ni en el resto del mundo. En el foro internacional antiwoke y libertario titulado Vientos de Libertad que este martes y miércoles se celebró en el hotel Sheraton de Retiro, y que cerró Javier Milei, los principales auspiciantes fueron un inversor de Sillicon Valley, Travis May; Chris Rufer, el dueño de un gigante procesador de tomates en California, The Morning Star; la Fundación Reynolds, que depende de un fondo de inversión norteamericano; Gerry Ohrstrom, un inversor de Nueva York con negocios en microscopía; y el colectivo internacional Gays for Capitalism and Freedom (GCF, por el capitalismo y la libertad). En el evento estaba anunciada la presencia de Peter Thiel, pero desapareció del cartel después de que un grupo de manifestantes vestidos de Gandalf protestaran hace dos semanas frente a la mansión de Barrio Parque que el dueño de la empresa de datos Palantir y su esposo adquirieron para instalarse, al menos un tiempo, con sus tres hijos.

En el foro no aclararon si Thiel está detrás de GCF pero adjudicaron el faltazo a sus negocios, que van desde la persecución de inmigrantes con la policía norteamericana ICE hasta el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Thiel no se va a amedrentar por unos disfrazados ni por los ecologistas de Basta de Falsas Soluciones que fueron el pasado sábado a su casona para protestar contra el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Igual, la iniciativa está ahora trabada: piden más cambios al Súper RIGI los senadores aliados del Gobierno como Carlos “Camau” Espínola, el medallista náutico que en política bornea tanto como el viento. Quieren que los proveedores nacionales puedan ganar las licitaciones de los centros de datos y demás inversiones aunque pidan hasta un 15% más de presupuesto. Fue un reclamo adicional después de que La Libertad Avanza aceptara que el 20% de compre local sea de bienes -no un global de manufacturas y servicios, como sí pasó con el RIGI, para perjuicio de la industria criolla- y que además concediera que los grandes proyectos se aseguren abastecimiento propio de energía, de modo tal de no afectar al resto de la sociedad. La preocupación por el suministro de agua, te la debo.

El foro organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el Instituto Archbridge y el portal Reason también recibió el financiamiento de otros filántropos del libre mercado internacional: Linda y Bryant Edwards, Henry y Jean Haller, Dave Lindbergh y Suzana Marusic, Norine Rink, Mark y Johari Wels, Harry y Vondell White, Debbi Gibbs, Nancey Trevanian Tsai, Greg Hamer y Kerry Walsh. Además, lo patrocinaron empresas: el guatemalteco BI Bank; IRSA, la desarrolladora inmobiliaria de Eduardo Elsztain; Roberts Investment Group (RIG), de los antiguos dueños del Banco Roberts, vendido en los 90 al HSBC, que a su vez le vendió su negocio argentino al Galicia al comienzo del gobierno de Milei; el agrícola Ceibos Group, de Ciro Echesortu; la fabricante de cocinas, calefactores, termotanques y calefones Longvie, de la familia Zinzer; Hilton Global Investigations, consultora estadounidense; iFlow Integrated Logistics, de capital argentino; la chilena Energyasset; Colonia Express, la empresas de los Dupetit que une la capital argentina con Colonia del Sacramento; la proveedores de paneles solares Sustentator, de Daniel Nofal; OneClick, distribuidor local de Apple; el grupo IHSA Emergencias y el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento. Otro Benegas Lynch, el bodeguero Federico, y Luis Jáuregui aportaron a título personal. Todo sea por defender sus ideas sobre inversiones, impuestos o educación.

A diferencia del festejo del Día de la Industria, al que no asistió ningún ministro de Milei, a los Vientos de Cambio fueron el de Desregulación, Federico Sturzenegger, que se vanaglorió de miles de reformas; el de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que abogó por más apertura comercial y defendió que se siga intercambiando con China, por más alineamiento que haya con EE.UU.; y el de Economía, Luis Caputo, que admitió lo que el presidente negó hace dos semanas, que la economía marche a dos velocidades. Es lo que le sucede a otros expositores del foro como Martín Brandi, presidente del grupo PCR, que crece con el petróleo y las energía renovables pero sufre por su industria cementera.

“Me agarra una ulcera cuando escucho a Milei, Toto y Sturze”, confesaba un empresario libertario que asistió al encuentro. “Las reformas que hizo Sturze no son importantes, la única importante es el equilibrio fiscal que lograron Milei y Toto, pero tampoco es creíble su sostenibilidad en el tiempo. Se evaporará si vuelve el populismo. Hoy estamos resignados a Milei porque enfrente está (Axel) Kicillof, porque no hay alternativa. Pero eso que dijo Milei en el foro de que crecimos 10% en los primeros dos años de su gobierno y que vamos a crecer 17% en los cuatro años es Wonderland. De 2023 a hoy creciste sólo 4%, muy poco. Y creciste eso sólo por minería, Vaca Muerta y porque en 2023 tuviste la seca del campo, pero el resto te da para abajo. Argentina debería crecer mucho más de lo que crece, pero está estancada y va a seguir así cuatro años más. El riesgo político está en lo económico, en que haya una corrida cambiaria. Falta mucha inversión: el RIGI es una cargada, y es lo menos liberal que puede haber porque el Estado eligió cuáles son los sectores ganadores”, lapida el mismo hombre de negocios desilusionado en el Sheraton.

Me agarra una ulcera cuando escucho a Milei, Toto y Sturze

El negocio con los morosos

Pero no sólo los sectores extractivos hacen buenos negocios. También los cobradores de morosos. Ante los préstamos impagos, problema tanto para las entidades financieras como para los endeudados, las primeras terminan vendiéndoles las carteras a empresas e individuos especializados en perseguir a los segundos hasta hacerlos abonar. En el balance de Naranja X, una de las firmas con más individuos morosos, un millón --sólo superada por los 1,1 millones de Mercado Libre-, figuran los nombres a los que le cedió parte de su cartera de créditos en situación irregular.

Comafi Fiduciario Financiero y la sociedad de bolsa Cohen son los más conocidos, aunque esta última no figura a título personal sino en su calidad de fiduciario del fideicomiso privado HR&C Recupero. Recupero de Activos también es grande en este nicho. También aparecen Bia, Creditia, Exi, Sociedad de Crédito, Axxia Lending, HR&C Recupero, TFIN, Latin American Trust, Rosario Administradora Sociedad Financiera, Compañía Fiduciaria Americana (CFA) y cobradores a título personal como Santiago Reyna Álvarez, Alfredo Pueyrredón, Raúl Vera Ocampo, Guillermo Clark, Alejandro Waldovino, María de los Ángeles Real, Lorena Mayor y Ezequiel Castro Nalu.

El diputado peronista Rodolfo Tailhade comentó en la red social X que una de estas cobradoras, Exi, tiene como dueño a Rubén Ward, el mismo que posee la empresa ATX, que en diciembre pasado había ganado una licitación del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para contratar un servicio de envío de 36 millones de mensajes SMS, 600 millones de correos electrónicos y 12 millones de llamada de voz en 2026. “¿Recuerdan este curro de Adorni para el envío masivo de mensajes ($3.650 millones para mandar no sabemos qué mensajes a no sabemos qué base de contactos)? Bueno, parece que la empresa que ganó la licitación está usando la base de datos que le dio el Estado para apretar a las familias endeudadas. Ya les conté que el dueño de ATX es también dueño de Exi Group, una financiera de esas que compran deudas para extorsionar. En enero ATX empezó a mandar los 650 millones de mails, SMS y llamadas de voz contratados por Adorni… y en febrero Exi Group compró $3.145 millones en deudas nominales de Naranja X (pagaron $134 millones). O sea, los mismos que te mandan mensajitos para contarte lo maravilloso que es el gobierno de Milei te mandan mensajitos para amenazarte por las deudas que no podés pagar por lo horrible que es el gobierno de Milei. Todo con la base de datos de vaya uno a saber qué organismo estatal”, denunció Tailhade.

Pero no sólo las personas están asfixiadas por deudas. También las empresas. Así lo expuso este miércoles el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que por fin se decidió adoptar un discurso más duro con un gobierno que descalifica a su sector. “La combinación de tasas extraordinariamente altas y caída de actividad dejó a muchas pymes con deudas fiscales y financieras difíciles de regularizar”, advirtió Rappallini. También reclamó “un puente que permita llegar desde la economía distorsionada que estamos dejando atrás hasta la economía competitiva que queremos construir, preservando empresas, empleo y capacidades productivas durante la transición”. En la campaña presidencial de 2023, Milei decía que iba a haber un “industricidio” si él abría la economía sin antes bajarle los impuestos a las fábricas. Pero finalmente dejó a las plantas expuestas a la competencia china, a contramano del resto del mundo, pero prácticamente no les cambió la presión tributaria.

Más fuerte que Rappallini estuvo uno de los vicepresidentes de la UIA, Guillermo Moretti, pero no al acto del Día de la Industria en Laboratorios Elea, de Hugo Sigman, porque está recuperándose de una neumonía. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, apuntó Moretti contra Caputo. “No conocen el país y no conocen lo que es la industria”, agregó después de que el ministro de Economía apuntara hace un mes de los “tarados que hablan de la industria”. El jefe del Palacio de Hacienda sólo envió al evento al secretario de Producción, Pablo Lavigne, y a la subsecretaria de Industria, Daniela Ramos, que ni se quedaron a almorzar y que fueron definidos como “la nada misma” por uno de los integrantes del comité ejecutivo de la UIA. “Rappallini levantó un poco el tono de las críticas, pero no hay escucha activa del otro lado”, continuó el industrial mordaz. Son funcionarios a los que les debe resultar inevitable enterarse de los cierres de fábricas y despidos que suceden a diario. En el relevamiento de noticias del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo en agosto se sumaron ajustes de personal de Granja Tres Arroyos, Mirgor, Peabody, Unilever y Will Der, la textil Santiago “Tati” Phelan, ex jugador de los Pumas.

Piensen la próxima vez que voten

Santiago "Tati" Phelan, ex-Puma y empresario textil.

“Piensen la próxima vez que voten”, les pidió Phelan a los 120 obreros cuando cerró la fábrica. Muchos operarios industriales prefirieron en 2023 a Milei antes que a un peronismo que les aumentaba el sueldo pero un mes después de que la inflación saltara 12% cada 30 días. Quizás hoy lo analizan distinto. Como les sucede a los jóvenes que encuesta el antropólogo y sociólogo Pablo Semán, que hace tres años percibió como nadie el aluvión libertario.

“En aquel momento una parte de los jóvenes tenía una esperanza. Luego de un período de hipereconomización de la vida cotidiana, se dio un período de hacer las cuentas y estas empezaron a ser negativas. Hasta llegar al momento actual en el que muchos de los jóvenes y las jóvenes que estaban en una dinámica de empleo por cuenta propia tienen lo que llamo una gran desazón porque ya no hay marcha atrás. E inclusive sus padres pueden apoyar mucho menos que antes. El futuro es al mismo tiempo oscuro y de muy corto plazo”, dice Semán, que completa: “Muchos de los que habían votado a Milei te empiezan a reconocer como nunca que no lo votarían o que se sienten mal con lo que él está haciendo. Yo había escuchado el año pasado distintas formas de dejar de ser mileísta, pero de no dejar de votarlo, eran como distintos grados de estar prendidos con alfileres. Esos alfileres se aflojaron muchísimo. Se pasó de evaluaciones negativas sobre el Gobierno que uno tenía que sacar con fórceps a distancias explícitas en las que los pibes toman la iniciativa de comunicarlas”.

El que había prometido asistir a la ¿celebración? de la UIA pero faltó fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Tampoco los industriales lo tenía como un hombre de palabra. Mientras, refuerzan contactos con Kicillof, que armó su propio acto por el día fabril, y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, que anduvo la semana pasada por Rosario. Igual, el gobernador bonaerense sólo ilusiona a ciertos empresarios pyme. Los grandes le desconfían, como quedó expuesto con el debut de Alejandro Gentile, director senior de relaciones institucionales del grupo Techint, como presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la semana pasada, con un reclamo centrado contra Ingresos Brutos.

El presidenciable exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner no sólo despierta desconfianza en ella, que prefiere soñar desde la prisión domiciliaria con su propia candidatura o con la de políticos ideológicamente en teoría menos afines como Sergio Massa, Gerardo Zamora o Sergio Uñac -estos últimos dos desconocidos para el gran público nacional-. También el establishment recela. ¿Buscará despejar las dudas de ese empresariado pero también de la clase media con un candidato a vicepresidente de centro, como hizo Lula en Brasil? ¿Un Horacio Rodríguez Larreta? Pero el exjefe de gobierno porteño y ahora legislador sueña con volver a aquel cargo. Claro que para eso deberá abrirse camino entre Jorge Macri, algún libertario que eventualmente rivalice, el peronismo que nunca gana pero tiene más votos que él y María Migliore, aquella que fue su ministra estrella encargada de la urbanización de barrios populares pero que se le ha abierto y quiere competirle con un nuevo partido que está juntando firmas para su inscripción, Renegeración.

AR

Con fábricas que tienen buena parte de sus máquinas paradas, la UIA celebra este miércoles el Día de la Industria en un establecimiento farmacéutico de Malvinas Argentinas, desde las 10.

Hacia allí irán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, hombre de Luis Caputo, quienes escucharán al presidente de la UIA, Martín Rappallini, de Cerámicas Alberdi.

“Realizaremos un acto conmemorativo en la planta de Elea, que contará con la presencia de cerca de 200 representantes de todos los sectores industriales que conforman la entidad, autoridades nacionales y locales, y referentes del ámbito productivo. El encuentro busca poner en valor el rol central que ocupa la industria en la generación de empleo, en el desarrollo tecnológico y en el crecimiento económico del país”, anunciaron desde la UIA.

Además, para promocionar el evento y su día, los industriales postearon en su cuenta de X: “¿Qué Argentina queremos construir? Una Argentina que produzca, que invierta, que genere empleo y que desarrolle capacidades propias. La industria es parte de esa construcción. Está en cada fábrica, en cada proveedor, en cada trabajador y en cada innovación que transforma nuestro país”.

Crisis del sector

Los números del sector están en rojo, con una caída superior al 2 por ciento, y la desaparición de unas 3.000 fábricas. A esto se suma la preocupación por la apertura importadora en productos claves como siderurgia y textiles, con China cada vez más fuerte. Sectores como neumáticos y metalurgia están entre los más afectados.

La relación con el gobierno de Javier Milei es tensa, porque la administración libertaria los acusa de buscar prebendas para producir.

Las empresas enfrentan una caída de ventas, derivada de la pérdida del poder de compra de los salarios, y la merma del crédito para el consumo. Sobre ello se monta una mayor facilidad para las importaciones. El Gobierno ha ido desmantelando regulaciones que permitían demorar o frenar algunos importados.

Qué decía la UIA en su informe de julio

Los indicadores presentaron un comportamiento heterogéneo respecto al mes anterior:

La actividad vinculada a la construcción volvió a mostrar retrocesos. En términos mensuales, los despachos de cemento cayeron 4,6% y el Índice Construya —que releva la venta de insumos para la construcción— registró una baja de 0,8%. En el acumulado del año, ambos indicadores muestran descensos de 3% y 0,6% frente a 2025, y se ubican más de 20% por debajo de 2022. Dentro del sector, la demanda de cemento asociada a la construcción minorista u obras pequeñas exhibe una contracción aún mayor: –30% respecto de 2022.

El consumo de energía eléctrica de los Grandes Usuarios Industriales también retrocedió: cayó 3,5% frente a junio y se mantiene 6% por debajo de los niveles de 2022.

En la industria pesada, la producción de aluminio primario mostró una baja mensual de 1,8%, aunque conserva un desempeño positivo tanto frente a 2025 (+1%) como respecto de 2022 (+17%).

La industria metalmecánica se mantuvo prácticamente estable, con un leve avance de 0,1% mensual. La producción de acero, en cambio, creció 3% respecto de junio. Aun así, ambos sectores continúan por debajo de los niveles de 2022, con caídas de 17,4% y 10,9%, respectivamente.

Los segmentos de alimentos y bebidas mostraron un comportamiento heterogéneo. Tanto la producción de bebidas como la producción láctea crecieron 0,9% mensual. En contraste, la faena vacuna cayó 2,8% y acumula una baja de 6% frente al mismo período de 2025.

En el frente externo, las exportaciones a Brasil registraron una caída mensual de 12%, aunque en el acumulado de los primeros siete meses se mantienen 4% por encima de 2025. Por su parte, la liquidación de divisas agroindustriales descendió 15% respecto de junio y acumula un retroceso de 16,7% frente al año pasado.

La última reunión

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió el pasado 25 de agosto “para abordar la agenda industrial y analizar la coyuntura económica, con eje en la relación comercial con Estados Unidos, las propuestas presentadas en materia tributaria y la situación de los distintos sectores productivos”.

Las conclusiones

La Junta Directiva analizó la política arancelaria de EE.UU., donde “Argentina obtuvo una posición relativa favorable con una alícuota del 10% frente al 12,5% general y al 37,5% de Brasil, lo que brinda ventajas a un 22% de sus exportaciones bilaterales (que totalizaron USD 8.487 millones en 2025)”. No obstante, el sector industrial “enfrenta desafíos relevantes: sólo el 5,6% de los códigos negociados son exclusivos del país y el acuerdo previo con Estados Unidos aún no rige formalmente, lo que deja los beneficios sujetos a la discrecionalidad estadounidense ante un bajo incentivo comercial bilateral”. Por ello, sostuvieron que la agenda estratégica “debe priorizar la consolidación de certeza jurídica sobre los beneficios, la evaluación y monitoreo de los compromisos regulatorios y no arancelarios asumidos, y la gestión para ampliar las concesiones otorgadas por Washington”.

En este mismo ámbito, la UIA anunció “el lanzamiento de una innovadora plataforma digital de consulta sobre mercados de interés y negociaciones internacionales, una herramienta de vanguardia que centraliza datos clave sobre flujos comerciales globales, aranceles por posición NCM e indicadores macroeconómicos. Desarrollado para fortalecer la competitividad exportadora de las empresas socias y el trabajo conjunto con las cámaras sectoriales, este sistema permite relevar con agilidad las oportunidades y sensibilidades productivas locales, de manera de optimizar la toma de decisiones estratégicas, potenciar misiones y rondas de negocios a medida, y consolidar una representación técnica y sólida de la industria nacional en los frentes de negociación externa”.

Propuestas a ARCA

En el marco de una nueva reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la UIA y autoridades de ARCA, la entidad fabril centró sus planteos en “la necesidad de acompañar a las pymes industriales en un contexto de caída de la actividad y del empleo”. La UIA valoró “la reapertura del régimen de facilidades de pago (RG 5875/2026) -que incorpora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantiene la inclusión de las obligaciones aduaneras-”, pero solicitó “habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación, que no disminuyó para las pymes pese a la menor inflación reciente”. Asimismo, reclamó “la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes como medida transitoria frente a la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito”.

La UIA también propuso “reducir y automatizar los anticipos del Impuesto a las Ganancias para pymes de las solicitudes de opción de reducción, diferir por 180 días los vencimientos de IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales para las economías regionales”. En materia de saldos a favor, planteó “acortar los plazos de devolución en distintos impuestos cuyas demoras afectan el capital de trabajo, y flexibilizar el uso de los reintegros de exportación”.

ARCA señaló que varias de estas medidas dependen de definiciones del Ministerio de Economía, aunque se comprometió a analizar la ampliación del universo de contribuyentes habilitados a compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias. Ambas partes acordaron dar continuidad al espacio de diálogo con un próximo encuentro en 45 días.

Cada 2 de septiembre, Argentina conmemora el Día de la Industria, una fecha que tiene su origen en un episodio ocurrido durante el período colonial y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una jornada para reconocer el aporte de la actividad industrial al desarrollo económico del país.

La elección del día está relacionada con un hecho ocurrido el 2 de septiembre de 1587, cuando desde el puerto de Buenos Aires partió hacia Brasil una embarcación considerada protagonista de la primera exportación registrada oficialmente en la historia argentina.

El episodio suele ser señalado como un antecedente temprano del comercio exterior y de una actividad productiva que, siglos después, adquiriría una enorme importancia para la economía nacional.

¿Por qué se celebra el Día de la Industria el 2 de septiembre?

La fecha recuerda la partida del buque San Antonio, que transportó productos elaborados en el territorio del entonces Virreinato del Perú hacia Brasil.

La carga estaba compuesta principalmente por tejidos y productos textiles, elaborados en Santiago del Estero, una de las regiones que en aquella época desarrollaban actividades productivas vinculadas con la fabricación de bienes.

El envío tuvo como destino Brasil y es considerado tradicionalmente la primera exportación registrada desde el territorio argentino.

Por ese motivo, el 2 de septiembre quedó asociado al comienzo de una historia productiva que posteriormente atravesaría diferentes etapas, desde las actividades artesanales y manufactureras hasta el desarrollo de grandes industrias.

Una exportación que marcó un antecedente

En el siglo XVI, la economía del territorio estaba organizada alrededor de las necesidades del sistema colonial español.

La producción de bienes no tenía todavía las características de la industria moderna. Existían talleres, manufacturas y actividades artesanales que abastecían los mercados locales y regionales.

Los tejidos elaborados en Santiago del Estero formaban parte de esa producción.

La posibilidad de enviar esos productos hacia otros territorios representó un antecedente de la actividad exportadora y permite observar que, incluso en los primeros siglos de la historia argentina, existían capacidades productivas orientadas más allá del consumo local.

Del trabajo artesanal a la industria moderna

El concepto de industria fue cambiando radicalmente a lo largo de los siglos.

Durante buena parte del período colonial, la producción dependía principalmente del trabajo artesanal y de pequeñas unidades productivas.

Con la llegada de la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, el mundo comenzó a experimentar una transformación profunda: las máquinas, las fábricas y la producción en grandes cantidades modificaron las formas tradicionales de fabricar bienes.

Argentina atravesó ese proceso de manera particular. Durante el siglo XIX, la economía nacional estuvo fuertemente vinculada con la producción agropecuaria y la exportación de materias primas, aunque progresivamente comenzaron a desarrollarse actividades manufactureras destinadas a abastecer un mercado interno en crecimiento.

La llegada de nuevas industrias

A medida que crecieron las ciudades y aumentó la población, también se expandió la demanda de productos elaborados.

Alimentos, bebidas, textiles, calzado, productos metalúrgicos y otras actividades comenzaron a desarrollar estructuras industriales más importantes.

La inmigración europea también tuvo influencia en este proceso, ya que muchos inmigrantes llegaron al país con conocimientos técnicos y experiencias laborales que contribuyeron al desarrollo de talleres, comercios y emprendimientos productivos.

Buenos Aires y otras ciudades se convirtieron progresivamente en importantes centros de actividad manufacturera.

La industria y el crecimiento del mercado interno

Durante el siglo XX, la industria argentina adquirió un peso cada vez mayor.

El crecimiento del mercado interno favoreció la expansión de sectores vinculados con la alimentación, los textiles, la metalurgia, la química y la producción de bienes de consumo.

La industria también comenzó a generar una importante cantidad de puestos de trabajo y a transformar la estructura social de las ciudades.

El desarrollo industrial estuvo acompañado por la aparición de nuevas fábricas, barrios obreros y organizaciones sindicales.

De esta manera, la industria pasó a ocupar un lugar central no solamente en la economía, sino también en la vida social y laboral del país.

La industrialización por sustitución de importaciones

Uno de los períodos más importantes de la historia industrial argentina estuvo relacionado con el modelo conocido como industrialización por sustitución de importaciones.

La estrategia buscaba producir dentro del país bienes que anteriormente eran adquiridos en el exterior.

Las dificultades para importar productos durante diferentes períodos internacionales favorecieron la expansión de industrias nacionales.

Sectores como el automotor, la metalurgia, la industria química, los electrodomésticos y otros bienes de consumo adquirieron mayor relevancia.

El modelo permitió ampliar la capacidad productiva y generar empleo industrial, aunque también estuvo acompañado por dificultades relacionadas con la disponibilidad de tecnología, divisas y bienes de capital.

La industria automotriz y su importancia

La industria automotriz se convirtió en uno de los sectores emblemáticos de la producción argentina.

La instalación de fábricas y el desarrollo de proveedores locales generaron una extensa cadena productiva que incluye autopartes, transporte, servicios y logística.

La producción de vehículos también impulsó la formación de trabajadores especializados y contribuyó al desarrollo de diferentes regiones del país.

Con el paso de las décadas, el sector atravesó períodos de expansión y crisis, pero continúa siendo una actividad relevante dentro de la estructura industrial argentina.

Los desafíos de la industria argentina

La historia industrial del país también estuvo marcada por diferentes dificultades.

Inflación, crisis económicas, cambios en las políticas comerciales, restricciones externas, dificultades para acceder a financiamiento y modificaciones en los costos de producción fueron algunos de los factores que afectaron al sector en diferentes momentos.

A esto se sumó la transformación tecnológica mundial.

Las industrias tuvieron que incorporar nuevas máquinas, automatización y sistemas digitales para mantener su competitividad.

La adaptación tecnológica se convirtió así en una condición cada vez más importante para las empresas.

La industria en la era tecnológica

La industria actual es muy diferente de aquella que funcionaba hace un siglo.

La incorporación de robótica, inteligencia artificial, automatización, sensores y análisis de datos está modificando los procesos productivos.

Las fábricas modernas pueden monitorear máquinas en tiempo real, detectar fallas antes de que ocurran y optimizar el uso de materias primas y energía.

La llamada Industria 4.0 representa justamente esta nueva etapa, caracterizada por la integración entre tecnología digital y producción industrial.

Argentina también participa de este proceso, aunque enfrenta el desafío de ampliar las inversiones y la capacitación necesarias para que las empresas puedan incorporar estas herramientas.

El papel de las pequeñas y medianas empresas

Las PyMEs industriales tienen un papel fundamental dentro de la economía argentina.

Muchas empresas familiares y emprendimientos pequeños y medianos participan de cadenas productivas que abastecen a compañías más grandes o directamente producen para el mercado interno y externo.

Su importancia no se limita al volumen de producción. También son una fuente significativa de empleo y actividad económica en distintas regiones.

Por eso, el futuro de la industria argentina no depende solamente de las grandes fábricas, sino también de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para invertir, innovar y sostenerse en el tiempo.

Industria, empleo y desarrollo

La industria tiene una característica que la diferencia de otras actividades económicas: genera cadenas productivas.

Una fábrica no solamente necesita trabajadores para producir. También requiere proveedores de materias primas, transporte, servicios, mantenimiento, logística, tecnología y diferentes actividades complementarias.

Por eso, el crecimiento de una industria puede tener efectos sobre numerosos sectores de la economía.

El desarrollo industrial también puede contribuir a diversificar la matriz productiva de un país y reducir la dependencia exclusiva de la exportación de materias primas.

Una fecha para mirar hacia el futuro

El Día de la Industria en Argentina, que se celebra cada 2 de septiembre, permite recuperar una historia que comenzó mucho antes de la existencia de las fábricas modernas.

Aquel envío de tejidos desde el territorio hacia Brasil en 1587 constituye un antecedente de una actividad productiva y comercial que atravesó siglos de transformaciones.

Desde los talleres artesanales hasta las plantas automatizadas, la industria argentina cambió sus tecnologías, sus formas de producción y los bienes que fabrica.

Sin embargo, mantiene un papel central en la economía: transformar materias primas, generar empleo, incorporar tecnología y agregar valor a la producción.

En un escenario global marcado por la innovación tecnológica, la transición energética y nuevas formas de comercio internacional, el desafío para la industria argentina es seguir adaptándose sin perder capacidad productiva.

Cada 2 de septiembre, entonces, no se conmemora solamente un episodio ocurrido hace más de cuatro siglos. También se reconoce una actividad que continúa siendo fundamental para pensar el desarrollo económico del país y su capacidad para producir, innovar y competir en el mundo.

NB

Javier Milei acumula negacionismo. El climático: niega que el ser humano sea responsable del calentamiento global. El del terrorismo de Estado: niega que la última dictadura haya orquestado un plan sistemático de secuestro, tortura y asesinato y dice que sólo hubo abusos. El de la desigualdad salarial de género: niega que las mujeres cobren menos que los varones por igual tarea. Ahora se suma el negacionismo de la actualidad económica. ¿Qué dirá del incipiente fenómeno de emigración de líneas de producción industrial a las tierras de su enemigo Lula da Silva, Brasil?

Este jueves, en la edición anual argentina del Council of the Americas, organización empresarial norteamericana, en el hotel Alvear, Milei negó que haya subido el desempleo, pese a que el Instituto de Estadísticas (Indec) demuestra que se elevó de 6,9% al 7,8% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2026 -última medición-, y pese que parte de los despedidos de la economía formal encontró salida, aunque con menos ingresos, en la precariedad de las apps y otros rebusques. También negó que hayan bajado los salarios, pese a que el Indec informó este jueves sobre los sueldos de junio y sus datos demuestran que están en el caso del sector privado formal 3,2% debajo del nivel de por sí bajo que dejó el anterior gobierno y en el del estatal, 16,6% inferior.

Pero Milei celebró el dato poco creíble del Indec de que mejoró 40% el salario informal. De ser así no bajaría año tras año el consumo. La consultor Scentia difundió este jueves que el consumo masivo cayó 2,6%, pese al efecto positivo del Mundial, y a pesar de que las ventas online de alimentos, bebidas y artículos de higiene subieron 39,9%. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reconoció al mismo tiempo que en el primer semestre su actividad disminuyó 5%, mal que le pese a Marcos Galperin, uno de los pocos empresarios que sigue fanático con Milei. Otro es Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y anfitrión del Council, que en su apertura dijo que el cierre de empresas -30.000 en la era Milei- y los despidos -411.000 en el sector privado formal- valen la pena: “Si es el precio para transformar nuestro país, para que nuestros hijos, nietos en mi caso, puedan vivir en un país normal”.

Milei se enojó con los que hablan de una economía dual, pero en el público empresario que lo recibió con fríos aplausos se percibe esa dicotomía. El canciller Pablo Quirno eran quien encabezaba la acotada claque de su discurso. En cambio, se retiraron sin oírlo Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Pan American Energy (PAE), que tenía un almuerzo programado y no pudo esperarlo, y Marín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se fue a tomar un café con su colega José Urtubey al lobby del hotel.

De un lado vuela el crecimiento de la minería y Vaca Muerta, pero por otro caen el comercio, la industria y la construcción y hasta el campo se queja de la rentabilidad y las retenciones. Por lo menos eso hace Marcos Pereda, que pasó por el Council en medio de su campaña para desplazar al oficialista Nicolás Pino de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina en las elecciones del 9 de septiembre. Votan 3.000 afiliados.

Por el estado del Council pasaron algunos ganadores del modelo libertario: Martín Pérez de Solay, CEO de la minera Glencore, una de las más favorecidas por la relajación de la ley de protección de glaciares; María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de la minera Newmont; Hugo Eurnekian, CEO de la petrolera CGC; y Rodolfo Freyre, su par de Southern Energy, el proyecto que llevará gas de Vaca Muerta al mar para exportar al mundo. Otra iniciativa, Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), hará lo propio con el crudo y así meterá ya en 2027 a Argentina entre los 20 principales exportadores mundiales. Superará así a Colombia y expertos como Nicolás Gadano no descartan que pronto se alcance también a potencias petroleras como México y la golpeada Venezuela.

Por eso no es extraño que en esta misma semana, en que los Gandalf marcharon a la residencia porteña de Peter Thiel, su fondo, Thiel Macro, anunció que compraba en bolsa 1% de Vista Oil & Gas, la petrolera de Miguel Galuccio que se centra 100% en el crudo de Vaca Muerta. Galuccio no lo negoció con Thiel: se enteró de la adquisición al mismo tiempo que Thiel Macro la informaba a las autoridades regulatorias de EE UU. Fue días antes de que uno de los pioneros del fracking en ese país, Harold Hamm, comprara con Continental Resources el 50% de Phoenix Global Resources, la petrolera de José Luis Manzano. Se nota que el empresario mendocino dueño de Edenor necesitaba hacerse de fondos tras adquirir recientemente la privatizada Metrogas y la refinería y las estaciones de servicio Shell. Además avanza como candidato para quedarse con la privatización de AySA en sociedad con Mauricio Filiberti, el señor de la producción de cloro. Juntos controlarían medio servicio de luz y todo el de gas y agua de la capital y sus alrededores. ¿Lo objetará la Comisión de Defensa de la Competencia, como a Telecom Clarín, que debió vender parte de la telefonía celular de Movistar a Metrotel?

Pero incluso los triunfadores del modelo tienen negocios que se ven afectados por la merma del consumo, la apertura importadora o el peso sobrevaluado. Y no hay perspectivas de que nada de esto cambie de acá a las elecciones presidenciales de octubre de 2027: ni por mayor empleo, ni mejor salario, ni reactivación del crédito ante la morosidad no sólo de individuos sino también de empresas. Es gracioso cuando funcionarios o empresarios adictos sostienen que el tipo de cambio es el que marca el mercado, cuando el Banco Central está desplegando una artillería de medidas, incluida la suba de la tasa de interés, para evitar que el dólar mayorista supere los $1.500 y se estire la inflación mensual del 2%.

Una de cada cuatro pymes deja de pagar impuestos por su crisis, según el Observatorio Pyme. Es lo primer oque dejan de abonar: la morosidad con bancos sube pero está aún en 3,5%, lejos del 12,8% de las familias (con las billeteras virtuales llega al 30,1%), según datos oficiales recopilados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La menor recaudación impositiva complica el superávit fiscal y es uno de los impulsores de la suba del riesgo país, que se elevó a 506 puntos básicos. También crece en la medida en que la economía y la corrupción -comidilla de los empresarios del Council, que la ven a diestra y siniestra- desgastan a Milei y refuezan al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. No por nada la presidenta del Council, Susan Segal, quiso reunirse a solas con Kicillof al finalizar su evento y antes de partir a EE.UU. El establishment duda de que pueda haber un tercer candidato pro mercado, más allá del revoleo de nombres de Jorge Brito, Daniel Hadad, Carlos Melconian o Hernán Lacunza. ¿Y Horacio Rodríguez Larreta? Por ahora juega en capital.

En ese contexto cada vez más empresas mudan líneas de producción a Brasil o Paraguay, o deciden que la próxima inversión se radicará allá para exportar al mercado ahora abierto de la Argentina. “Varios de nuestros clientes cerraron producción en Argentina para abastecer desde Brasil”, comenta un consultor. En una de las principales empresas de golosinas reconocen: “Firmas que operaban a fasón en nuestras plantas han llevado algunas producciones a Brasil”.

El consultor Diego Coatz también observa la emigración al socio mayor del Mercosur: “En los últimos años, Brasil viene consolidando un entorno relativamente más atractivo para la localización de inversiones industriales, a partir de una combinación de factores macroeconómicos, comerciales y de política productiva. Si bien en Argentina el mayor orden macro y el menor nivel de regulaciones son una buena noticia, cepo y brecha cambiaria fueron muy nocivos para producir en Argentina, la apreciación del peso vuelve menos competitiva la producción local frente a otros países en un contexto de un sistema tributario que presiona al sector formal y la ausencia de crédito a largo plazo. Además, Brasil lanzó políticas activas: la Nova Indústria Brasil articula financiamiento, innovación, digitalización, exportaciones y transición energética. A esto se le suman otros instrumentos como financiamiento para bienes de capital e innovación y márgenes de preferencia en las compras públicas para bienes producidos localmente.

“La industria automotriz es un ejemplo claro. El programa Mover otorga créditos financieros a las empresas a cambio de inversiones en investigación, desarrollo y producción tecnológica realizadas en Brasil”, cita Coatz. “Al mismo tiempo, Brasil mantiene una política comercial orientada a estimular la producción automotriz local: desde julio los vehículos eléctricos e híbridos importados enfrentan un arancel del 35%, que en 2025 había subido a 25%”, señala, mientras en la Argentina se redujo a 0%.

Hace una década y media, por cada dólar que las multinacionales automotrices invertían en Argentina, destinaban cinco a Brasil, una relación proporcional al mercado de cada país. Ahora la brecha es de uno a 20, según el presidente de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC), Juan Cantarella. “En los últimos 11 años, 55 empresas autopartistas cesaron su actividad en Argentina, 40 de ellas multinacionales y 15 locales. Once de ellas cesaron en los últimos dos años y medio”, aclara Cantarella. Es decir, el ritmo de cierres no se redujo con Milei: con él dejaron de producir TCCI, Faurecia, Clean Air, SKF, Dana San Luis, Fate, Sintermetal, Metrofund, Cabot, Adient y Cruccianelli.

“En el caso de las multinacionales, ahora proveen mayoritariamente desde Brasil, donde buscan optimizar las inversiones que realizaron allá”, comenta el presidente de AFAC. Son los casos de SKF y Adient. Moura dejó de fabricar baterías para camiones en Pilar y comenzó a traerlas desde su casa matriz en Brasil. Cantarella atribuye el éxodo al “desastre macroeconómico que debió afrontar Argentina, fuerte incertidumbre, gran inseguridad jurídica, falta de competitividad estructural, carga tributaria, esquemas laborales arcaicos que se intentan revertir, sumado a incentivos que se mantuvieron en Brasil”. Rescata el ordenamiento macroeconómico y advierte que “queda pendiente un mayor pragmatismo en la política sectorial”.

Citroën Berlingo y Peugeot Partner dejaron de producirse en El Palomar para importarse de Brasil, Uruguay y Europa. Los productos de cuidado personal Kenvue que se elaboraban en Pilar ahora se importan desde el gigante sudamericano o Colombia. La química Clariant cambió Zárate por Brasil. La fábrica de aisladores eléctricos de porcelana FAPA cerró en Monte Grande y ahora importará desde el socio mayor del Mercosur, Colombia y China. Whirlpool cambió los lavarropas de Pilar por los brasileños.

La fabricante de pinturas Sinteplast dejó de exportar desde la Argentina a mercados como Chile y comenzó a hacerlo desde sus fábricas en Brasil. “Hay un montón de cosas, no solamente la impositiva. También las cargas sociales. Argentina tiene salarios en dólares muy altos. Uno tiene salarios altos en dólares pero la gente no llega a fin de mes. El producto termina siendo más caro acá. En este contexto, los salarios en Argentina son los más caros de la región”, comentó Marysol Rodríguez, directora de Sinteplast, en Ahora Play.

“Hay cierres de líneas de producción de empresas que pasan a comercializar desde China y, en menor medida, desde Brasil”, comenta Roberto Nolazco Masson, director de la consultora brasileña Prospectiva. “Brasil tiene una industria muy potente y un mercado muy atractivo, pero aún así tiene temas impositivos y otros no tan atractivos”.

“El país que crece lento pero de manera sostenida en industria es Paraguay, con un régimen de maquila que obliga a exportar el 100%, con 3% de impuestos, autoabastecimiento energético con hidroelectricidad, lo que reduce la huella de carbono y les facilita el crédito”, destaca Nolazco. “Es un país mediterráneo pero va a exportar langostinos, los productos Peabody, las zapatillas Dass”, se refiere a las máquinas que dejaron de producir Nike y Adidas en Coronel Suárez y se trasladaron a Paraguay.

Cierres de industrias y comercios, mudanza a Brasil, caída del uso del transporte público, pero también de los accesos por autopistas, mayor descreimiento de la política… cualquier parecido con 2001 debe evitar suponer que la historia se repite. Como decía Heráclito, “nadie se baña dos veces en el mismo río”.

AR/CRM

La industria automotriz volvió a mostrar en julio una recuperación partida: vende más al exterior, pero produce menos, coloca muchos menos vehículos en el mercado interno y arrastra a una cadena autopartista que sigue ajustando empleo. El último informe de ADEFA registró una baja de 18% en la producción nacional acumulada en los primeros siete meses del año y una caída de 40,9% en las ventas a concesionarios de vehículos nacionales.

El dato de julio confirmó que la actividad fabril sigue lejos de los niveles de 2025. La producción nacional fue de 31.189 unidades, con una baja de 15,8% frente a junio y de 16,0% contra el mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-julio, las terminales produjeron 235.847 vehículos, contra 287.590 en igual período de 2025: son 51.743 unidades menos.

En enero y febrero, la producción ya había caído 30,1% interanual en cada mes. Marzo fue la única excepción, con una mejora mínima de 0,4%. Después volvieron los números negativos: abril cayó 17,5%, mayo 21,5%, junio 13,6% y julio 16,0%. La serie muestra un sector que no logró recomponer el ritmo productivo en lo que va del año.

El golpe es todavía más fuerte cuando se mira el mercado interno de vehículos fabricados en el país. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales fueron 9.461 unidades en julio, contra 18.484 en julio de 2025. La baja interanual fue de 48,8%. En siete meses, el retroceso acumulado llegó al 40,9%: 78.869 unidades en 2026 contra 133.408 en 2025.

Ese dato es el que acerca la estadística automotriz al mundo del trabajo. Menos vehículos nacionales vendidos implican menos presión de demanda sobre terminales, autopartistas, proveedores, logística y concesionarios. La industria automotriz no es sólo la fábrica que ensambla: alrededor de cada unidad producida hay piezas, turnos, transporte, mantenimiento, servicios técnicos y empleo industrial indirecto.

El informe de ADEFA no releva empleo, pero la señal laboral aparece en la cadena autopartista. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina citado por AFAC mostró que, en abril de 2026, el 48,9% de las empresas autopartistas redujo su dotación de personal respecto de marzo; el 40,4% la mantuvo y sólo el 10,6% la aumentó. Además, ante la baja de producción, el 9,4% de las firmas informó que aplicó o prevé aplicar reducción de turnos, el 9,1% adelanto de vacaciones y el 8,8% suspensiones.

La foto de 2026 aparece como continuidad de un retroceso previo. Según AFAC, el sector autopartista perdió 4.100 puestos de trabajo en 2025, una caída del 7,7% frente al año anterior. Ese antecedente no alcanza por sí solo para explicar lo que pasa este año, pero permite leer el dato de abril como parte de una misma secuencia: menos actividad, menos dotación y más medidas defensivas dentro de las fábricas.

El contraste con las exportaciones muestra el carácter incompleto de la mejora. En julio, las exportaciones automotrices subieron 4,5% frente a junio y 28,3% contra julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses, exportaron 150.270 unidades, apenas 1,6% más que en el mismo período del año pasado. Es una señal positiva, pero no compensa el deterioro productivo ni el desplome de las ventas nacionales.

De hecho, las exportaciones representaron en julio el 75% de la producción mensual y el 63,7% de la producción acumulada. La industria depende cada vez más de colocar unidades afuera mientras el mercado interno sigue debilitado. Esa combinación puede sostener una parte de la actividad, pero no necesariamente alcanza para recomponer turnos, proveedores y empleo en toda la cadena.

Las ventas totales a concesionarios también retrocedieron con fuerza. En julio fueron 34.178 unidades, 22,5% menos que en junio y 31,9% menos que en julio de 2025. En el acumulado anual, la caída fue de 24,9%. La baja abarca tanto automóviles como utilitarios y muestra que el problema no se limita a un segmento puntual.

El único rubro con expansión fuerte es el de vehículos electrificados, aunque todavía sobre una base baja. Las ventas a concesionarios de modelos electrificados de las marcas de ADEFA crecieron 281,5% interanual en julio y acumulan una suba de 1036,5% en siete meses. Pero ese dinamismo convive con una industria general que produce menos y con ventas nacionales en retroceso.

Para los trabajadores, el dato central no está en la sofisticación de un nicho, sino en el nivel general de actividad. La cadena automotriz sigue siendo una de las ramas industriales con mayor capacidad de arrastre: cuando baja la producción, no sólo se resiente la terminal. También sienten el golpe las autopartistas, talleres, transportistas, servicios tercerizados y comercios vinculados al sector.

Por eso el informe de ADEFA, leído junto con los datos de UIA y AFAC, deja una conclusión laboral más amplia que la foto mensual de julio. La industria automotriz no está frenada por completo, pero tampoco muestra una recuperación capaz de ordenar la cadena. Exporta un poco más, produce bastante menos y vende muchos menos vehículos nacionales. En el medio, las autopartistas recortan dotaciones, reducen turnos, adelantan vacaciones o suspenden personal.

La caída de autos nacionales funciona así como un indicador del deterioro industrial. No habla sólo de concesionarios con menos unidades o terminales con menor volumen. Habla de una cadena que venía perdiendo empleo, que en 2026 sigue ajustando personal y que todavía no encuentra en las exportaciones un motor suficiente para recomponer trabajo.

JJD

“Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”, declaró en primera personal del plural la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, el lunes pasado en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, antes de viajar al día siguiente a la nueva fuente de divisas del país, Vaca Muerta, con las que aspira cobrar las deudas del mayor acreedor del organismo. “Ver Vaca Muerta de primera mano permitió apreciar el talento, la innovación y el emprendimiento que las empresas públicas y privadas están desplegando para impulsar el brillante futuro energético de Argentina”, comentó en X tras su visita a Neuquén.

El gobierno de Javier Milei se ha jugado un pleno a las materias primas con la esperanza de que eso derrame sobre toda la economía. Al campo le ha rebajado las retenciones, aunque no las ha eliminado. A la minería y los hidrocarburos les concedió el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, el derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras que el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente, con su impacto en la salud humana, puede pasar de potencial a concreto.

Las inversiones en la economía argentina en general cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026, respecto del mismo periodo de 2025, según el estudio Ferreres. Las exportaciones crecieron 24%, más por mayores cantidades que por suba de precios, sostenida por estos tres sectores primarios. Las de hidrocarburos estuvieron influídas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán. Hay un consenso de economistas que consideran que la Argentina nadará en dólares y resolverá por fin su problema histórico de restricción externa, o escasez de divisas, pero no todos suscriben.

Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, lo advirtió en un reciente artículo en el diario Clarín: “Hoy es difícil prever una avalancha de dólares”. Primero, porque las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor de los casos, a US$3.500, muy por debajo de países verdaderamente ricos en naturaleza en relación a su población, como Noruega (US$29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según el paper publicado por los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak. Segundo, porque “de la cuenta de las exportaciones hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades que se van a girar al exterior y las importaciones que se necesitarán para explotar los recursos; el flujo neto de divisas será bastante menor que lo que sugieren las exportaciones brutas”. En este último sentido, las compras externas están ganándoles terrenos a las nacionales.

Y en tercer lugar, “el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas” y “en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares” la autoridad monetaria “necesita un alto nivel de reservas propias”, advierte Rapetti. Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. En su último reporte, el analista político Ignacio Labaqui plantea el reto en un contexto actual de caída de la popularidad del Gobierno: “El programa financiero del año que viene, presentado durante julio por el equipo económico, contempla que el Banco Central le venderá al Tesoro US$5.000 millones, un supuesto optimista (o desafiante) si pensamos que en años electorales crece de manera significativa la dolarización de carteras, es decir, la compra de dólares por parte de los particulares”.

El empleo privado tampoco se dispara. En los primeros dos años de gobierno de Milei se cayeron 193.000 puestos, un 2,8%. El campo, en cambio, contrató un 2%, 7.000 empleados más. Pero el rubro minería y petróleo, se contrajo en 8.000, de 99.000 a 91.000, un 8% menos, según datos de la Secretaría de Trabajo. La mayoría de la pérdida, unos 7.000 empleos, proviene de los hidrocarburos, sobre todo por la caída de los pozos convencionales en Chubut y Santa Cruz, según apunta Anastasia Daicich, directora ejecutiva de Qualy Consultora, pero también de los no convencionales, alerta el politólogo Mariano Novas, del Área Ambiente y Política de la Universidad de San Martīn, integrante a su vez del Observatorio del RIGI junto a otras cinco instituciones. En Añelo, la capital de Vaca Muerta, se perdieron 2.000 trabajos porque estos sectores son intensivos en el uso de capital, no de mano de obra, y a su vez crece el reemplazo de personas por tecnología, según observa Novas. En la minería sucedió lo mismo: se pasó de 41.000 a 40.000 en dos años.

No obstante, se espera que en la medida en que se pongan en marcha las inversiones del RIGI comience a recuperarse el empleo en minería y petróleo. “El total de puestos de trabajo generados por los proyectos RIGI ascendería a 54.984, lo que representa 60% del total de empleados actualmente en el sector”, calcula un informe de Qualy. “Sin embargo, estos números deben analizarse con cuidado. Se puede suponer que la mayoría de estos empleos se generarán durante el período de inversión, y no serán necesarios una vez que los proyectos entren en operación. De todas formas, el impacto, al menos de corto plazo, es positivo”, sopesa la consultora de Daicich.

Tampoco los proveedores locales consiguen mucho más trabajo. Fueron noticia este año el campamento hecho en China que se instalará en la que será la principal mina de la Argentina, Vicuña, en San Juan, de oro, plata y cobre; las estructuras metálicas también del gigante asiático para el yacimiento de litio Rincón, en Salta; los tubos indios para el futuro gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro para exportar gas natural licuado (GNL) por barco al mundo; o los 35 despedidos de la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor justo cuando los dispensaban de permanecer en la fábrica de Noetinger, Córdoba, durante un partido de la selección en el Mundial.

La industria metalmecánica, que podría ser una beneficiada por estos tres sectores primarios, cayó 5,3% este primer semestre en el rubro de proveedores del petróleo y el gas, 4,6% en los de la minería y 3,7% en los del área agrícola, según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). En maquinaria agrícola, en el primer trimestre bajaron 41% las unidades vendidas de tractores nacionales, aunque los importados mejoraron 23%, después de que en 2025 se habilitara traer equipos usados del exterior. Las automotrices con fabricación nacional sufrieron en el primer semestre una caída de sus ventas internas de utilitarios del 29,2%. Por algo Ford reducirá su ritmo de producción de la pick up Ranger en Pacheco a partir de octubre próximo.

El RIGI sólo obliga a contratar un 20% de la inversión en el ámbito local y los industriales temen que ese porcentaje se vaya casi todo en la construcción y no beneficie a las fábricas. Qualy calcula a partir de las presentaciones oficiales de las empresas ante el Gobierno que se alcanzará un 35% de compras locales, más de lo exigido por ley, pero advierte: “La evidencia internacional muestra que, si bien las exigencias de contenido local excesivas pueden afectar la competitividad de los proyectos, la ausencia de instrumentos específicos también puede limitar la generación de encadenamientos productivos y la captura de beneficios económicos por parte del país anfitrión”.

“Noruega representa uno de los ejemplos más desarrollados de utilización de recursos naturales como instrumento de construcción de capacidades productivas nacionales”, elogia Qualy. “Canadá y Australia se ubican en una posición intermedia: mantienen mercados relativamente abiertos, pero complementan esa apertura con programas destinados a fortalecer proveedores y empleo local. Chile también privilegia mecanismos de mercado, aunque incorpora políticas activas para desarrollar clusters (conglomerados) y proveedores especializados vinculados a la minería. Perú presenta una estrategia más explícita de promoción de empleo local y compras regionales”, resume la consultora de Daicich.

El impacto, en cambio, sí aparece en lo ambiental. Novas recuerda que ya en 2022, en el gobierno anterior, Río Negro modificó la ley que prohibía las actividades hidrocarburíferas en el Golfo San Matías, que ahora acogerá no sólo barcos regasificadores de GNL sino también un puerto petrolero. “Con su impacto en turismo y pesca”, apunta no sólo a los efectos ambientales sino también a los que atañen a otros sectores económicos, en una región donde se encuentran las playas de Las Grutas. También señala que proyectos mineros antes resistidos por la sociedad civil, como algunos de Mendoza, Catamarca y San Juan, fueron habilitados, mientras que el Congreso nacional echó por tierra la ley que protegía los glaciares para viabilizar yacimientos metalíferos. Además, cita el avance de la firma china Ganfeng en la explotación del litio sobre la Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes, en Salta.

“Todo el paquete de leyes y la política económica están orientados a la reprimarización de la economía”, opina el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, que incluye en ese concepto también a la futura instalación de data centers de la inteligencia artificial, demandantes de energía y agua, si es que se aprueba el proyecto de ley de Súper RIGI. “Todo esto está teniendo consecuencias muy concretas en los territorios, y tendrá muchas más: desde el avance sobre glaciares y ambientes periglaciales, que estaban protegidos antes, hasta la ampliación de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos, humedales y pastizales, o hasta la ampliación de la infraestructura petrolera sobre el Golfo San Matías”, agrega Viale. Por supuesto que mineras y petroleras, desde Vicuña hasta el consorcio del GNL Southern Energy, juran y perjuran que cuidarán la naturaleza.

Queda por verse qué impuestos derramarán esta actividades ganadoras para sostener los servicios básicos de un Estado cada vez más ajustado. De por sí los proyectos del RIGI pagarán menos tributos que el resto de las empresas e individuos. Daicich reconoce que sin este régimen muchos de estos proyectos no se hubieran concretado y, por tanto, no hubiera generado ni un ingreso al Estado. Pero la economista admite también que algunas iniciativas mineras ya estaban previstas antes del RIGI pero lo aprovecharon para contar con más beneficios, lo mismo que la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta, que cuando se votó la ley en 2024 el Gobierno consideró que era un subsector que ya tenía rentabilidad suficiente y no requería de ayudas, pero este año lo incluyó en la promoción. Este cambio fue lo que llevó a que los anuncios de inversión -anuncios no son concreciones- pasaran de US$68.000 a millones a más de 140.000 millones, contabiliza Novas.

AR/MG

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia pasaron 21.864 horas. En ese mismo período, la industria textil perdió 22.156 empleos registrados. Es decir que por cada hora de gobierno de La Libertad Avanza hay un puesto de trabajo menos en la fabricación de tela, la confección, el cuero y el calzado. El sector se convirtió en el que más empleo destruye de toda la economía argentina.

El dato surge del último Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer, correspondiente a mayo. Según el informe, el empleo registrado privado en la actividad textil, confecciones, cuero y calzado cayó un 18% respecto de diciembre de 2023 —cuando La Libertad Avanza llegó al poder—, lo que equivale a 22.156 puestos de trabajo menos.

La contracción supera incluso a la de la construcción, otro de los sectores más golpeados por la recesión. La pérdida en la industria textil asciende a 20.727 empleos en el relevamiento de enero y a 21.339 en el de febrero, una secuencia que da cuenta de que la sangría laboral continuó profundizándose durante los primeros meses del año.

La magnitud del deterioro se aprecia mejor al compararla con el resto de la economía. Según Pro Tejer, la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado encabeza la destrucción de empleo privado registrado desde diciembre de 2023. Ninguna otra actividad perdió una proporción tan alta de puestos de trabajo formales durante el mismo período.

En septiembre de 2025 la producción ya había registrado una caída interanual del 20%. Y la situación empeoró en el inicio de 2026, el tercer año de Milei en la Casa Rosada: en enero la actividad se desplomó 23,9%; en febrero, un 33,2%; y en marzo, un 23,3%.

La sucesión de caídas tan pronunciadas, de dos dígitos, evidencia la profundidad de la crisis textil. El derrumbe de febrero, superior al 33%, fue uno de los más pronunciados de toda la industria manufacturera.

La crisis no golpea solamente a las fábricas que producen telas. También alcanza a quienes transforman esas telas en prendas que llegan a las vidrieras. Pro Tejer distingue entre los “productos textiles” —fibras, hilados, tejidos y telas— y la fabricación de indumentaria, cuero y calzado. Ambos eslabones muestran números en rojo.

En el primer caso, la actividad se ubicó en marzo un 31,3% por debajo de los niveles de dos años atrás. En el segundo, la producción cayó 8,9% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 15,2% en el primer trimestre.

La comparación con 2023 permite dimensionar mejor la debacle: desde entonces, desapareció casi un tercio de la producción argentina de fibras, hilados, tejidos y telas, es decir, de los insumos que abastecen a buena parte de la industria de la indumentaria y el calzado.

Mirando directamente al interior de las fábricas, la consecuencia de esa caída productiva es el aumento de la capacidad ociosa: máquinas instaladas que permanecen apagadas porque no hay suficiente actividad para utilizarlas.

La Fundación Pro Tejer destacó que enero de 2026 fue el peor enero de la serie histórica para la industria textil en materia de utilización de capacidad instalada. Las fábricas trabajaron apenas al 23,7% de su potencial. O sea que casi tres de cada cuatro máquinas estuvieron paradas.

En febrero la situación mejoró, aunque continuó en niveles extremadamente bajos: el uso de la capacidad instalada alcanzó el 39,9%, el peor febrero de la serie histórica. En marzo llegó al 40,2%, lo que implica que el sector siguió operando con cerca de seis de cada diez máquinas sin utilizar.

El deterioro productivo coincide además con un fuerte crecimiento de las importaciones textiles e indumentarias. Según los relevamientos de Pro Tejer, las cantidades importadas llegaron a crecer cerca de un 90% interanual durante 2025, una tendencia que la entidad identifica como uno de los factores que presionan sobre la producción local.

La pérdida de 22.156 puestos de trabajo equivale al 18% del empleo registrado que tenía la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado a fines de 2023. Casi uno de cada cinco trabajadores formales del sector perdió su empleo durante los primeros dos años y medio del gobierno de Milei.

JJD

La cementera Loma Negra anunció que apaga uno de sus hornos principales en la planta L’Amalí de Olavarría hasta noviembre, debido al exceso de insumos que se combina con una menor demanda de la construcción y al encarecimiento del gas.

La mayor cementera del país decidió avanzar con una pausa en una parte sustancial de su capacidad instalada para ajustar la actividad al contexto actual de mayor costo energético y abundancia del material destinado a la elaboración del cemento.

En este sentido, la compañía tiene acumuladas más de 700.000 toneladas de clínker, el principal componente del cemento portland, por lo que la producción y el abastecimiento al mercado interno para los próximos meses está garantizado.

Además de la paralización durante seis meses de uno de los dos hornos principales que posee la planta, también estará inactivo el otro en mayo y junio, con la previsión que se reactive en julio.

Al analizar el parate alargado de uno de los hornos, el secretario general del sindicato minero AOMA de Olavarría, Alejandro Santillán, aseguró que la decisión “no tiene precedentes”, ya que “las interrupciones programadas por mantenimiento generalmente no duran más de 40 días”.

El factor energético, este año toma mayor relevancia a raíz del incremento de precios por la guerra en Medio Oriente, que elevó el costo de importación de Gas Natural Licuado (GNL) a US$20 por millón de BTU en promedio, frente a los US$12,3 del 2025.

De esta manera, las empresas enfrentan una mayor presión en los valores del suministro de gas que encarece el costo de producción y además también pueden ver afectada la normal provisión ante escasez por el aumento de la demanda en medio de las bajas temperaturas.

Estos condicionantes se dan en un contexto de baja actividad de la construcción. El despacho de cemento portland en abril descendió 134.200 toneladas respecto a marzo y 183.120 toneladas en relación al mismo mes de 2025, según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Asimismo, el Índice Construya (IC) reflejó que la venta de insumos para la construcción durante el primer cuatrimestre apenas supera en un 0,6% a las del año pasado, por lo que se mantiene en un nivel histórico bajo.

Este ajuste operativo coincide con el cambio de mando más importante de las últimas dos décadas para la firma. Tras la salida del Grupo Camargo Correa en las últimas semanas, la conducción quedó bajo la órbita de un grupo societario encabezado por Marcelo Mindlin.

Con información de agencias.

La industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados desde la asunción del presidente, Javier Milei en diciembre de 2023, según estimaciones privadas.

Esta cifra sitúa a la industria como el principal foco de destrucción de empleo en el país durante los últimos meses, superando el impacto en otros sectores productivos, interpretaron desde Industriales Argentinos (IPA).

En el inicio de 2026, la tendencia de despidos se aceleró significativamente. De un total de 7.593 empleos registrados perdidos en toda la economía frente a diciembre de 2025, 7.336 corresponden exclusivamente al sector fabril.

Estos datos indican que la industria explica el 97% de las bajas laborales mensuales en el sector formal de la economía argentina.

Los datos surgen del último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

El reporte señala que esta dinámica responde a un proceso de primarización de la economía nacional que deja a una gran parte de los trabajadores sin el amparo del empleo registrado.

Daniel Rosato, presidente de IPA, afirmó que “la Argentina reconvirtió el modelo de país de empleo y desarrollo en uno extractivista y primario”.

Según el dirigente, este esquema garantiza estabilidad macroeconómica para pocos sectores, pero provoca que “miles de fábricas, comercios y servicios que estaban enlazados de manera directa e indirecta, y que generaban riquezas y las multiplicaban con empleo, ahora estén en procesos de cierres definitivos”.

La pérdida de puestos de trabajo está vinculada directamente con la desaparición de unidades productivas. Desde diciembre de 2023, el sector manufacturero acumula el cierre de 2.993 empresas que bajaron sus persianas de forma definitiva.

Actualmente, se contabilizan 46.728 firmas fabriles activas, lo que representa una caída de 1.812 establecimientos respecto al mismo mes del año anterior.

El informe técnico detalla que la actividad industrial registró en febrero una caída del 8,7% interanual y del 4% respecto al mes anterior. Con este resultado, el sector acumula ocho meses consecutivos de contracción.

Este retroceso se produce en un mercado interno donde el consumo bajó un 3,1% interanual, obligando al 60% de los consumidores a endeudarse para cubrir compras básicas en supermercados.

El Observatorio IPA advierte sobre un “efecto pinza” que quita competitividad a las fábricas locales. Según el estudio, “los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve”, lo que incrementa los precios en dólares de la producción nacional.

Esta situación se agrava por la competencia de productos importados que presionan sobre las empresas instaladas en el país.

Rosato concluyó que la industria es la última en reducir personal debido a la inversión en formación, pero advirtió que “este año ya estamos en la etapa final” de resistencia. Sostuvo que “sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente”, reclamando políticas que fomenten la producción local. 

PyMEs industriales reclamaron en el Senado medidas urgentes

Representantes de distintas entidades del sector productivo participaron la semana pasada de una reunión en el Senado de la Nación para exponer la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas industrias y acercar una propuesta de emergencia económica, social y productiva para el sector.

La comitiva fue recibida por los senadores Sergio Uñac, por San Juan, y Jorge Capitanich, por Chaco, en el marco de una agenda de diálogo institucional orientada a dar respuesta a las demandas del sector e incorporarlas a propuestas legislativas que permitan revertir la crisis que atraviesa el entramado productivo nacional.

En ese contexto, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió que la crisis industrial “se viene profundizando día a día” por la caída del poder adquisitivo, la retracción del mercado interno y la fuerte baja en las ventas. Además, alertó que más de 1.200 industrias manufactureras corren riesgo de desaparecer de aquí a junio si no se adoptan medidas urgentes para sostener la actividad.

Rosato cuestionó la falta de asistencia al sector manufacturero y sostuvo que hoy la industria nacional enfrenta una combinación cada vez más crítica de tasas de interés elevadas, altos costos en dólares, apertura importadora y ausencia de herramientas de apoyo, en un escenario que golpea tanto a las empresas como al empleo.

Durante el encuentro, Marco Meloni, vicepresidente de Pro Tejer, describió la gravedad de la crisis que atraviesa el sector textil, uno de los más afectados por la caída del consumo, la pérdida de competitividad y el avance de las importaciones. Señaló que la situación se agrava mes a mes y que muchas empresas encuentran crecientes dificultades para sostener la producción, el empleo y la continuidad de sus plantas.

Por su parte, Martín Pinto, del Centro de Industriales Panaderos del Norte, expuso el impacto de la recesión sobre una actividad esencial para el consumo diario y advirtió sobre el cierre constante de panaderías, como consecuencia directa de la caída de las ventas, la pérdida del poder de compra y el aumento de los costos.

A su vez, Roberto Ventimiglia, presidente del Polo Hudson, alertó sobre el incremento de las importaciones y su efecto sobre la producción nacional. Remarcó que, en un contexto de demanda deprimida y costos internos elevados, el ingreso de productos importados profundiza la asfixia sobre las PyMEs industriales y debilita aún más la capacidad de sostener empleo, inversión y actividad.

También Alejandro Bartalini, de la Unión Industrial de Berazategui, y Pablo Gaspari, de la Cámara de Industriales Fundidores, manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan las PyMEs industriales, afectadas por la caída de la actividad, la pérdida de rentabilidad y la falta de respuestas concretas frente al deterioro del sector.

En la misma línea, Santiago Quetglas, de la Cámara del Calzado, expuso la delicada situación que comparte su sector con la industria textil como consecuencia de la apertura de las importaciones, que agrava la pérdida de competitividad y pone en riesgo la continuidad de empresas nacionales.

En ese marco, el senador Sergio Uñac se refirió al proyecto de ley que presentó recientemente para declarar la emergencia económica, productiva, financiera y fiscal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas hasta el 1 de marzo de 2027, con el objetivo de recuperar el entramado productivo nacional y su cohesión territorial.

“La situación crítica que atraviesa este sector, reforzada por el ajuste fiscal y monetario, la caída de los salarios reales y la abrupta apertura de las importaciones, se traduce en un significativo aumento de la precariedad laboral y del cierre de unidades productivas; es por eso que necesitamos un gobierno que ponga los ojos en la producción argentina”, expresó Uñac.

El senador remarcó además que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99% del entramado empresarial nacional y emplean al 70% de los trabajadores del sector privado, por lo que consideró imprescindible avanzar con políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que permitan sostener el aparato productivo.

Durante la reunión, las entidades coincidieron en la necesidad de avanzar con medidas urgentes para reactivar la producción, defender el empleo y recuperar el mercado interno. En ese marco, remarcaron especialmente el pedido de declaración de la emergencia económica, social y productiva, como herramienta indispensable para atender la gravedad del cuadro que atraviesan las PyMEs industriales.

En ese sentido, Rosato remarcó que las PyMEs vienen “golpeando puertas permanentemente para ser escuchadas” y sostuvo que la defensa del entramado productivo nacional requiere respuestas concretas y una decisión política que ponga a la industria en el centro de la agenda.

En la reunión se acordó avanzar en propuestas comunes, con la intención de que puedan llegar al recinto, debatirse y sancionar una ley imprescindible para adoptar medidas estratégicas de reactivación productiva.

Participaron: Industriales Pymes Argentinos, Polo Hudson, Confederación Federal PyME, Centro de Industriales Panaderos del Norte, Pro Tejer, Unión Industrial de Berazategui, Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero, Cámara Económica Sanmartinense, Cámara Argentina del Calzado, Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina y otros representantes del sector productivo.

Con información de agencias y de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Los trabajadores llegaron a febrero de este año, dos años y dos meses después de la asunción presidencial de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda, con una economía que vuelve a achicarse en dos de las actividades que ordenan buena parte de la vida laboral cotidiana: la industria y el comercio.

El Estimador Mensual de Actividad Económica mostró una caída de 2,1% interanual y una baja de 2,6% respecto de enero en la serie desestacionalizada. En el acumulado del primer bimestre, la actividad quedó 0,2% por debajo de igual período de 2025.

El dato tiene una traducción directa sobre el mundo del trabajo porque la caída no aparece repartida de manera uniforme. Industria manufacturera y comercio mayorista, minorista y reparaciones fueron las ramas que más empujaron hacia abajo al indicador general. La industria cayó 8,7% interanual y el comercio 7%, y entre ambas le restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación del EMAE de febrero.

Ahí está el núcleo del resultado. El informe del INDEC muestra que hubo ocho sectores con subas y siete con caídas, pero las mejoras no alcanzaron para compensar el peso de los rubros en baja. Eso explica por qué una economía con varias actividades en alza termina igual con resultado negativo: no todas las ramas pesan lo mismo en el nivel general.

Del lado de las subas, el rebote vino sobre todo de actividades primarias y extractivas. Pesca creció 14,8% interanual, Explotación de minas y canteras avanzó 9,9% y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura subió 8,4%. La minería fue la actividad de mayor incidencia positiva y, junto con el agro, aportó 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

La foto sectorial del gráfico de incidencias muestra mejor el problema. En febrero, además de la baja de industria y comercio, también cayeron construcción (-6%), hoteles y restaurantes (-4,2%), intermediación financiera (-0,3%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,5%) y administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,5%).

En cambio, subieron electricidad, gas y agua (1%), transporte y comunicaciones (1%), enseñanza (0,9%), servicios sociales y de salud (0,1%) y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (6%).

La caída de febrero corta el arranque de año que había mostrado enero, cuando el EMAE había registrado una suba interanual de 1,7%. Con el dato nuevo, el acumulado del primer bimestre pasa a terreno negativo, con -0,2% frente al mismo tramo de 2025. En la serie desestacionalizada, además, el salto entre diciembre y enero había sido de 0,4%, pero febrero borró esa mejora con una contracción de 2,6%.

La comparación con los últimos meses también marca un cambio de ritmo. Entre marzo y octubre de 2025, el EMAE había mostrado variaciones interanuales positivas mes tras mes, con picos de 7,8% en abril, 6,3% en junio y 4,8% en septiembre. Luego llegó un -0,2% en noviembre, una recuperación a 3,3% en diciembre, el 1,7% de enero y ahora el retroceso de febrero. El movimiento deja una secuencia más inestable y con menos sostén en las ramas ligadas al mercado interno.

Para los trabajadores, la señal de febrero es menos una discusión estadística que una foto de dónde se enfría la actividad. La caída se concentra en fábricas, talleres, comercios y servicios asociados a la circulación de bienes. El repunte, en cambio, aparece en ramas que no alcanzan por sí solas para compensar el peso de esos sectores en el total. El propio INDEC subraya en su gráfico final que las mayores incidencias positivas fueron minería y agro, mientras las mayores incidencias negativas fueron industria y comercio.

El informe no incluye datos de empleo, salarios ni ingresos de los hogares. Eso limita cualquier lectura cerrada sobre puestos de trabajo o poder adquisitivo. Pero sí deja un dato concreto: en febrero la economía retrocedió y lo hizo por el lado de dos actividades centrales para el movimiento diario del trabajo. Con un primer bimestre en rojo y una baja mensual fuerte en la serie desestacionalizada, la actividad vuelve a dar una señal de enfriamiento sobre ramas donde se juega una parte sustancial de la vida material de quienes viven de su trabajo.

Datos clave

JJD

Se suele esgrimir y con razón que en una economía cerrada los empresarios locales cazan en el zoológico, es decir, venden los productos que fabrican acá al precio que se les antoja porque total no hay competencia extranjera. Pero cuando se abre la economía, como está ocurriendo en estos dos años y medio de gobierno de Javier Milei, esos hombres de negocios cada vez más se reconvierten en importadores y cierran parcial o completamente su producción criolla. Es decir, ellos continúan haciendo negocios en un mercado que ya de por sí controlaban y los que dejan de ver un mango son sus empleados despedidos. Pero no sólo eso: además aprovechan esa posición dominante para vender los productos extranjeros hasta siete veces más caro de lo que los compran, es decir, con una alta rentabilidad, según un estudio del economista Gustavo García Zanotti y el sociólogo Martín Schorr en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

“Los ejemplos son contundentes”, citan los autores. “En Lumilagro, un termo con costo de importación de $8.178 se vende a $44.000 sin impuestos: 5,4 veces más. En Essen, una cacerola con costo de importación de $50.055 se ofrece a $384.000: 7,7 veces más. En Easy, una silla plegable con costo de importación de $4.230 se vende a $32.000: 7,6 veces más. Y en Adidas, una zapatilla con costo de importación cercano a $26.790 se comercializa a $100.000: 3,7 veces más”, advierten este economista de la Universidad de Rosario y el sociólogo que trabaja en la Universidad de San Martín, ambos investigadores del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet).

Los expertos tomaron los precios de cada importación, incluido el flete y el seguro para llegar a la Argentina, a partir de una base de datos que releva las transacciones registradas en la Aduana, les sumó el costo del arancel para bienes extranjeros y la tasa de estadística que abonan y ese resultado final fue comparado con el valor al que se ofrece en las páginas web oficiales de las empresas correspondientes menos el IVA, dado que eso no es parte de la ganancia. Relevaron productos bien diversos de marcas conocidas, como artículos de cocina, autos, electrodomésticos, calzado, muebles, celulares, alimentos e higiene, pero a la hora de la conclusión destacaron los casos de mayores rentabilidades entre costos de importación y precio final, como la bonaerense Lumilagro, que despidió a 170 empleados en este gobierno, aunque sigue fabricando acá la mitad de los termos; la santafesina Essen, que echó a 30, aunque asegura que sólo importa el 2% de las cacerolas; la chilena Easy, que más que cuadruplicó las cantidad de sillas y muebles importados entre 2023 y 2025, y la alemana Adidas, cuyo proveedor brasileño Dass cerró su planta en Coronel Suárez (sur de la provincia de Buenos Aires) y dejó en la calle a 360 personas.

Sólo Lumilagro respondió a la consulta de elDiarioAR. Lo hizo el propio dueño, Martín Nadler, el mismo que se hizo famoso hace unas semanas porque ante un usuario de redes sociales que reclamó por los despidos le contestó: “¿Ustedes qué opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100.000 de más para conseguir un termo de calidad?”. Después borró el mensaje.

“Así funciona el capitalismo”

“La importación está totalmente liberada. Si hubiera rentabilidades extraordinarias, todo el mundo importaría hasta llegar a un equilibrio de mercado. Así funciona el capitalismo”, respondió Nadler a este cronista. “Nuestra contribución marginal, al igual que la mayoría de los importadores, está entre el 10 y el 20%. Esto es una tasa normal en cualquier mercado del mundo. Del precio al que nosotros vendemos al mayorista, se multiplica por tres para llegar al público”, aseguró. Según él, hay que tener en cuenta el impuesto provincial a los “ingresos brutos, los costos logísticos internos, el almacenamiento, la distribución, la estructura comercial, los márgenes de mayoristas y minoristas, además de los costos fijos propios de operar en el país”.

Cuando se le aclara que no se toman en cuenta los precios ofrecidos en mayoristas o minoristas sino la propia web de Lumilagro, Nadler contesta: “La rentabilidad que tenemos vendiendo en Mercado Libre o en nuestro shop respecto de la que tenemos vendiendo a mayoristas es muy similar porque Mercado Libre tiene comisiones altísimas, porque ellos con lo que vos les pagás tienen que hacer la distribución hasta la ultima milla, más allá de la rentabilidad que ellos tienen. Además de los costos que te cobran por transacción, que son altos en comparación con la región. Nosotros tenemos que mandar las cosas al depósito de ellos, envolver uno por uno cada producto con un estuche especial, manejar la venta online con los costos que tiene... porque para que te compren por Mercado Libre vos tenés que hacer una publicidad”. En su página web, Lumilagro también contrata el servicio de cobro de Mercado Pago y el correo le cuesta parecido que en la empresa de Marcos Galperin.

Essen, Easy y Adidas no respondieron a este diario. García Zanotti y Schorr también analizaron los casos de las fabricantes de lavarropas Whirlpool –que cerró su fábrica en Pilar– y Siam –del grupo Newsan, que multiplicó por 39 la cantidad de unidades importadas entre 2023 y 2025–; los celulares de este grupo propiedad de Rubén Cherñajovsky –en el primer bimestre de 2026, ante la eliminación de aranceles decidida por Milei, despidió a 45 empleados y suspendió a 70 en Tierra del Fuego mientras importó 498.000 teléfonos, contra ninguno de 2023 y 2.000 de 2025–; la automotriz china BYD, la francesa Peugeot Citroën, las alimenticias Mondelez, de EE.UU., y Nestlé, de Suiza, y el supermercado Coto.

Cazar en el zoológico

“En todos los casos relevados aparece una misma tendencia: más importaciones de bienes finales, menos producción local y deterioro del empleo industrial”, señalan los autores. “Esta reconversión viene acompañada por despidos, suspensiones, cierres de plantas, levantamiento de líneas de producción y reemplazo de fabricación nacional por mercadería importada. Pero el dato decisivo es que esta estrategia no implica resignar rentabilidad. Por el contrario, los bienes importados llegan al consumidor final con precios muy por encima de sus costos de importación, lo que permite sostener márgenes brutos muy elevados”, añaden.

“Es decir, la apertura importadora no sólo acelera el desplazamiento de producción local, sino que además habilita un esquema en el que grandes firmas reemplazan actividad industrial por importación y comercialización con altos márgenes”, advierten los investigadores del IPyPP. “En ese marco, la desindustrialización no aparece como un efecto colateral, sino como parte de una reconfiguración empresaria que erosiona capacidades tecnoproductivas acumuladas durante décadas y debilita el mercado interno al destruir empleo e ingresos. En síntesis, la apertura importadora no sólo desplaza producción nacional, empleo y capacidades industriales: también consolida una forma de rentabilidad basada cada vez menos en producir y cada vez más en importar y comercializar con amplios márgenes”, completan.

Justo esta semana, al mismo tiempo en que se publicaba el estudio, el ministro de Economía, Luis Caputo, elogiaba a Lumilagro y contrastaba su caso con la fabricante de neumáticos Fate. Consideraba que ante la apertura importadora la empresa de Javier Madanes Quintanilla había cerrado su planta, mientras que la de Nadler había comenzado a importar parte de su oferta, pero mantenía otra parte en su fábrica de Tortuguitas. Y señaló que antes estos industriales como el resto cazaban en el zoológico, pero que ahora deben adaptarse a la competencia extranjera y eso favorece a los argentinos que pagan menos por los termos, las gomas y demás bienes.

García Zanotti pone en duda su afirmación. “Antes cazaban en el zoológico porque había proteccionismo y podían vender al precio que quería, ¿pero eso cambió en parte con las importaciones? Puede ser que algo cambió, pero tampoco cambió mucho en el sentido de que estas empresas siguen formando precios porque son grandes y controlan los canales de comercialización”, comenta el economista rosarino.

El otro punto es que “todas estas empresas dependen del mercado interno –una de las pocas excepciones es Essen, que exporta el 30% al resto de Latinoamérica– y hay una paradoja porque tienen un techo en su crecimiento porque al despedir el conjunto de las firmas industriales están atentando contra la demanda local, hay menos empleos, menos ingresos y, por tanto, las compañías van a ganar menos en un futuro”. “Si bien importar barato y vender caro es un beneficio de corto plazo, en el largo se les puede venir en contra”, concluye.

El Presidente y su gente repiten que es mejor que entre un producto importado más barato, aunque destruya algunos empleos, porque la mayoría de la población podrá gastar menos y destinar el sobrante a otros consumos. Efectivamente, hay un efecto sustitución por el bien más económico y un efecto ingreso, es decir, que el mismo salario mejora su poder de compra. Pero uno de los padres de la economía, François Quesnay, en el siglo XVIII elaboró la teoría del flujo circular de la renta, que consiste en que el gasto de uno es el ingreso de otro. Vale decir que si los trabajadores despedidos de Fate, Lumilagro, Essen, Newsan y de tantas otras empresas dejan de contar con ingresos, gastarán menos y otros también contarán con menos entradas. Es decir, los bienes costarán más baratos –de hecho, la ropa está a un tercio del valor que en 2023 y los electrodomésticos, a la mitad–, pero los argentinos en conjunto tendrán menos plata para comprarlos. Los que ganan: los empresarios importadores y las compañías y los trabajadores sobre todo de China, la fábrica del mundo con la que casi nadie puede competir y que opera con un capitalismo de fuerte intervención estatal.

AR/MG

La dinámica económica actual, a primera vista, parece contradictoria: la economía crece, pero la mayoría de la gente vive cada vez peor. La actividad repunta, pero el empleo cae, los salarios pierden poder adquisitivo y las familias tienen más dificultades para llegar a fin de mes. 

Lejos de ser algo raro o transitorio, este desacople entre los indicadores macroeconómicos y la percepción cotidiana expresa un patrón de funcionamiento cada vez más estructural.

La explicación principal radica en la reconfiguración productiva que impulsa el actual modelo económico: apreciación cambiaria, apertura comercial indiscriminada, reducción del gasto público y una presión sostenida para bajar los salarios. Este esquema castiga especialmente a los sectores dependientes del mercado interno, mientras que los que logran expandirse son aquellos que cuentan con ventajas comparativas naturales, como el agro, la minería y el petróleo.

Entre 2023 y 2025, el PBI creció un 3%. Sin embargo, ese avance se concentró casi exclusivamente en el sector agropecuario (impulsado por la recuperación tras la histórica sequía), con aportes más acotados de la minería y la intermediación financiera. Si se excluye al agro, el resto de la economía prácticamente no creció en relación con 2023.

El impacto sobre el empleo es directo. Mientras los sectores “perdedores” (industria, comercio y construcción) explican cerca del 45% del empleo privado formal, los sectores “ganadores” (agro, minería e intermediación financiera) representan menos del 9%. Pero incluso dentro de estos últimos se registran caídas en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos dos años.

Desde noviembre de 2023 se destruyeron 283.000 empleos asalariados formales (206.000 en el sector privado y 77.000 en el público) y cerraron más de 24.000 empresas con trabajadores registrados. La creación de aproximadamente 158.000 monotributistas no alcanza a compensar esa pérdida y, en muchos casos, refleja un proceso de creciente precarización laboral.

En definitiva, la primarización de la estructura productiva genera un desacople entre la evolución de la actividad y el empleo. El año 2025 se convirtió en el primero del que se tenga registro en el que la economía creció (4,4%) mientras el empleo cayó (–0,5%). 

Más allá del arrastre estadístico, el problema de fondo es que los sectores más dinámicos no tienen capacidad para absorber el empleo que se destruye en las actividades más afectadas por el esquema económico vigente. El resultado es un patrón de crecimiento que, por su propia composición, tiende a generar mayores niveles de desempleo estructural y de informalidad.

Al aumento del desempleo se suma el deterioro de ingresos. Desde noviembre de 2023 los salarios de trabajadores registrados cayeron un -7,9% (-2,3% en el sector privado y -17,9% en el público). Dicha caída se da sobre salarios que ya se encontraban sumamente deprimidos tras la caída de los años 2018 y 2019, que no se recuperó en los años siguientes. Así los salarios de trabajadores se ubican un 28,6% por debajo de agosto de 2017 (-23,3% en el sector privado y -37,7% en el público). 

Además, estos datos están subestimados: la medición oficial de la inflación sigue usando una canasta de consumo de hace más de dos décadas (del año 2004), poco representativa de lo que hoy gastan los hogares argentinos. Si usamos la nueva canasta relevada en 2017, la caída del salario real de los trabajadores del sector privado pasa del 2,3% al 8,6% y para los trabajadoras/es del sector público empeora del 17,9% al 23,2%. 

Por eso las familias deben desprenderse de ahorros o tomar deuda para llegar a fin de mes. La mora en el crédito bancario llegó al 11,2% en febrero, multiplicándose más de cuatro veces en poco más de un año y alcanzando su mayor nivel desde 2004. 

Una oportunidad histórica: ¿extractivismo o desarrollo?

El proceso de desindustrialización no es nuevo y, de hecho, forma parte de una tendencia global que también afecta a países desarrollados. Sin embargo, la caída reciente en Argentina es particularmente intensa. La participación de la industria en el PBI se encuentra en mínimos de las últimas décadas y la utilización de la capacidad instalada permanece en niveles muy bajos, incluso por debajo de los registrados durante la pandemia.

El impacto de este proceso excede el mercado laboral. La industria sigue siendo un sector estratégico por múltiples razones: sus rendimientos crecientes a escala, la generación de encadenamientos productivos, el dinamismo de su frontera tecnológica (concentra buena parte de la innovación), su capacidad para generar y ahorrar divisas (clave en una economía bimonetaria como la argentina) y su rol en la estructuración territorial de los centros urbanos, entre otros.

Este diagnóstico cobra aún más relevancia en un contexto global que abre una ventana de oportunidad excepcional para la Argentina. El mundo avanza en un proceso de transición energética que demanda los recursos que nuestro país posee en abundancia. A las reservas de gas y petróleo se suman condiciones privilegiadas para el desarrollo de energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.) en todo el país. A esto se agrega una ventaja menos frecuente: una trayectoria consolidada en el desarrollo nuclear, con capacidades propias para diseñar reactores, producir combustible y exportar tecnología. En un mundo que busca diversificar su matriz energética, estos activos adquieren un valor estratégico.

El potencial no se agota en la energía. Argentina también cuenta con recursos minerales estratégicos para la economía del siglo XXI: litio, cobre, oro, plata y tierras raras, fundamentales para baterías, electromovilidad, electrónica y tecnologías avanzadas. 

La pregunta central es qué hacer con esa dotación de recursos. Existen dos caminos posibles. Uno es utilizar estos recursos como plataforma para el desarrollo, promoviendo encadenamientos productivos, agregando valor local y fortaleciendo capacidades tecnológicas. El otro es consolidar un modelo extractivo, en el que la explotación queda en manos de grandes empresas multinacionales con escasa articulación con el resto de la economía. 

La experiencia histórica es clara. Todos los países hoy desarrollados tomaron el primer camino e impulsaron su industrialización mediante políticas activas: protección comercial inteligente, subsidios focalizados, inversión pública en infraestructura y en tecnología. En definitiva, llevaron adelante una planificación estratégica que puso objetivos claros y bien coordinados con el sector privado. Solo una vez alcanzado el desarrollo promovieron e impusieron la apertura y el libre mercado como regla general. 

Esta conducta de los países ya desarrollados fue conceptualizada como “patear la escalera”: utilizar herramientas de desarrollo y luego limitar la capacidad de otros países de aplicar esas mismas medidas. Sin embargo, en los últimos años ese paradigma comenzó a resquebrajarse. El ascenso de China como potencia industrial y tecnológica obligó a las economías avanzadas a volver a aplicar las medidas intervencionistas del pasado, pasando por encima de los organismos internacionales que ellos mismos habían creado para prohibir esas políticas, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esto también implica una ventana de oportunidad para países como la Argentina, porque los espacios para proteger e impulsar sectores estratégicos son mayores que en el pasado. Pero el país va totalmente a contramano del mundo. Mientras los países centrales (o algunos de la región como Brasil) vuelven a implementar aranceles, subsidios y programas de inversión en ciencia y tecnología para reconstruir capacidades productivas, la Argentina se abre de manera indiscriminada al comercio exterior, paraliza la inversión en infraestructura, desfinancia el sistema científico tecnológico, desmantela los programas de incentivo productivo e industrial y avanza en un proceso de privatización y/o apertura al capital privado (en muchos casos extranjero) de empresas públicas en sectores estratégicos, como Nucleoeléctrica (energía nuclear), Enarsa (energía), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (carbón), AySA (servicios públicos de agua y saneamiento), IMPSA (ingeniería energética y metalúrgica), entre otras. 

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es, quizás, la expresión más clara del abandono de impulsar un plan de desarrollo autónomo. Argentina necesita de la inversión extranjera directa (IED) como complemento para potenciar los sectores en los que tiene alto potencial, pero no en la forma en que la promueve el RIGI. El régimen otorga excesivos beneficios impositivos y facilidades cambiarias, con escasos requerimientos de integración productiva local, transferencia tecnológica o generación de empleo de calidad.

Por el momento, hay proyectos aprobados por unos USD 16.000 millones y otros USD 17.000 millones se encuentran en evaluación, en su inmensa mayoría vinculados a la minería y la energía. Las inversiones que lleguen en el marco de este régimen tendrán, previsiblemente, un marcado perfil extractivista sin siquiera garantizar el alivio en materia de divisas. 

En el plano comercial, las empresas adheridas al RIGI cuentan con un régimen cambiario especial que les permite flexibilizar la obligación de liquidar divisas provenientes de exportaciones, al tiempo que pueden importar bienes vinculados a sus proyectos con arancel cero. En el plano financiero, disponen de amplias facilidades para acceder al mercado de cambios. En este marco, el ingreso inicial de divisas asociado a las inversiones podría verse, en el tiempo, compensado por la remisión de utilidades y la salida de capitales sin fines específicos. A esto se suma la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, para dirimir controversias con el Estado, lo que limita los márgenes de acción de la política económica y traslada eventuales disputas fuera del ámbito judicial local.

Como señalaba Aldo Ferrer, “cada país tiene la globalización que se merece”, en función de cómo responde a sus desafíos y oportunidades. Argentina enfrenta hoy una disyuntiva clara. Cuenta con recursos, capacidades y una ventana de oportunidad para impulsar el desarrollo. Pero también corre el riesgo de profundizar un patrón de especialización basado en la exportación de recursos naturales, con escaso impacto en el empleo y en las condiciones de vida de la población.

La disociación entre crecimiento económico y bienestar social, al igual que la dependencia externa, tenderán a profundizarse si se mantiene este rumbo. Aún estamos a tiempo de corregirlo: tomar las riendas de nuestro propio destino y aprovechar los recursos disponibles para impulsar un salto productivo que no solo haga crecer la economía, sino que mejore efectivamente la vida de la mayoría.

El autor es economista. Miembro del Grupo Paternal. 

AR

La reconocida firma familiar Viamo, fabricante de calzados, con 38 años en el mercado argentino, acumuló 64 cheques rechazados por más de $85 millones, afronta 30 juicios por despidos y se presentó en concurso de acreedores con un pasivo que, al 31 de enero de 2026, ascendía a la suma de $4.240 millones.

El Juzgado Comercial N° 4, Secretaría N° 8 calificó el proceso como de gran magnitud (“Proceso A”) debido a la complejidad de sus obligaciones.

Los acreedores de la firma tendrán plazo hasta el 3 de agosto para solicitar la verificación de sus créditos ante la sindicatura. 

En cambio, la empresa, debe presentar una propuesta de acuerdo que evite la quiebra, la que finalizará el 17 de mayo de 2027.

La sindicatura Tabasco & Estevez reveló que no existe una deuda salarial inmediata para “pronto pago” y los juicios laborales se encuentran en diversas etapas procesales e incluyen hasta recursos de apelación en la Cámara Nacional del Trabajo.

Zapato con taco

Viamo se inspiró en una sociedad que formaron la italiana María Rosa Parini y el argentino Damián Fernando Chiodini, quienes se conocieron como compañeros de trabajo en una zapatería hace 55 años.

Más tarde decidieron emprender un proyecto independiente con su propia fábrica, llamada Artecal, especializado en el zapato con taco llamado Luis XV. 

En ese entorno, criaron a sus tres hijos, Alfredo, Pablo y Rodolfo, quienes asistían a la madre a doblar los cortes de cuero y a armar los zapatos. Posteriormente, empezaron a colaborar con su padre en la planta.

Los hermanos precisamente registraron el lunes 8 de agosto de 1988 la denominación social Lannot, bajo la cual funciona la zapatería Viamo. En 2004 inauguró su primer local, donde emitió la primera factura.

Actualmente, la empresa tiene un total de 77 empleados en relación de dependencia y posee una red de seis locales propios, incluyendo el Unicenter Shopping, Plaza Oeste, Munro y el polo comercial de la calle Aguirre, en la ciudad de Buenos Aires, además de su planta industrial en el barrio porteño de Villa Lugano y un centro logístico en Lomas del Mirador.

Antes del recambio de gobierno en 2023 habían contrató por primera vez a un CEO externo a la familia, un exNike, y en ese momento, la firma contaba con más de 300 empleados y 25 locales, entre propios y franquicias.

Ya con Javier Milei en la Presidencia, los empresarios señalan a la fuerte presencia de productos importados en el mercado local como causante del cierre de locales y la reducción de personal.

Crisis: 22.000 empresas caídas en 2 años

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 (último mes del gobierno del Frente de Todos) e igual mes de 2025 (último dato disponible) se cayeron 21.938 empresas, pasando de 512.357 a 490.419, y se perdieron casi 300 mil empleos registrados. 

Afectó a sectores industriales clave como el textil, el metalúrgico, la construcción y el automotor, así como el químico y petroquímico.

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) indicó que en lo que va de la gestión Milei cerraron 523 empresas (-8,6%) en toda la cadena textil-indumentaria y afines, mientras que en el subsector de confección hay unas 225 compañías menos (-8%). 

En el período se perdieron 17.658 puestos de trabajo registrados (-15%), con fuertes caídas en rubros como ropa interior (-21%), indumentaria deportiva (-21%) y tejidos de punto (-20%).

Las ventas de indumentaria en la Argentina cayeron en promedio un 8,4% interanual durante el primer bimestre del año, consolidando una tendencia negativa que afectó a casi todos los períodos relevados desde 2024.

El dato se desprende del último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), donde se reflejó que, en el bimestre enero-febrero, la falta de demanda se consolida como la principal preocupación, afectando a 8 de cada 10 empresas, mientras crece la tensión financiera y los despidos en el sector.

El relevamiento detalla que el 63% de las empresas sufrió una disminución en sus ventas, mientras que apenas un 30% logró incrementos durante los primeros dos meses de 2026. Esta situación quedó reflejada por los comerciantes al señalar la falta de demanda como el mayor obstáculo operativo.

Ante la falta de mercado evidenciada, la CIAI remarcó que “se agrava la imposibilidad de trasladar costos a precios”, precisando que “la mitad de las empresas no pudo trasladar aumentos y un 43% apenas pudo trasladar menos de la mitad”.

Como consecuencia directa de las bajas ventas, el reporte arrojó que los stocks volvieron a acumularse, alcanzando un nivel “excesivo” en el 50% de las empresas, la cifra más alta registrada en un año y medio.

La crisis también se trasladó con fuerza a la cadena de pagos y al empleo. Las dificultades para cumplir con los compromisos financieros afectan a 8 de cada 10 empresas, mientras que los atrasos ocasionales en los pagos se duplicaron en el último bimestre, afectando al 60% de las firmas.

Al mismo tiempo, el informe expuso que el grupo de empresas de indumentaria sin atrasos significativos se desplomó del 40% al 21% en solo un bimestre.

En el plano laboral, el ajuste en las plantillas de personal se intensificó. Los despidos ya representan el 21% de las medidas laborales adoptadas por las empresas, lo que significa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto al bimestre anterior. Además, un 25% de las empresas optó por no reemplazar las vacantes generadas por renuncias.

Expectativas pesimistas para el corto plazo

El panorama hacia el futuro no muestra señales de alivio. Las expectativas económicas generales volvieron a deteriorarse, con un aumento de las perspectivas calificadas como “malas” (+2 puntos porcentuales) y “muy malas” (+5 puntos porcentuales).

Respecto a la evolución de las ventas para el próximo trimestre, el 60% de los empresarios cree que la situación se mantendrá igual, mientras que solo un 16% mantiene la esperanza de una mejoría.

Con información de NA.

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual durante febrero y del 1,9% con relación a enero, según datos del sector.

De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde ADIMRA.

La caída fue generalizada en todos los subsectores estratégicos de la industria. Los rubros con mayores retrocesos fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento médico: -11,6%

Equipo eléctrico: -10,2%

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Asimismo, Del Re señaló que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

En cuanto al mercado laboral, el nivel de empleo en el sector registró una disminución interanual del 1,8%. No obstante, en la comparación con el mes de enero, la cantidad de trabajadores no presentó variaciones.

JJD

Un grupo de empresarios y representantes de cámaras de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) realizará este jueves a las 11 un encuentro frente al Congreso de la Nación para exponer ante legisladores la situación que atraviesa la industria nacional y advertir sobre el impacto de la actual coyuntura económica en el sector.

La convocatoria surgió tras una reunión virtual entre referentes de distintas PyMEs, en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades que enfrentan las empresas para sostener los niveles de producción.

Durante ese intercambio también se abordaron problemas vinculados al acceso al financiamiento, el aumento de los costos productivos y las consecuencias que estas variables tienen sobre las pequeñas y medianas empresas manufactureras.

De acuerdo con las entidades organizadoras, del encuentro participarán representantes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la Unión Industrial de San Martín (UIGSM), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.

En paralelo, los empresarios trabajan en la elaboración de un documento que será entregado a los legisladores y que incluirá un diagnóstico del sector junto con propuestas orientadas a preservar el entramado productivo y los puestos de trabajo industriales. “Las pymes industriales necesitamos ser escuchadas. Representamos producción, inversión y miles de puestos de trabajo en todo el país”, señalaron referentes del sector.

Con la actividad, los organizadores buscan que legisladores de distintas bancadas conozcan de primera mano el impacto de la situación económica sobre la industria y abrir un canal de diálogo institucional para discutir medidas que permitan fortalecer la producción nacional.

Con información de la agencia NA

Trabajadores del neumático realizaron este miércoles a un abrazo simbólico a la planta de Fate en San Fernando para defender los puestos de trabajo frente al cierre de la fábrica y el despido de más de 900 operarios. La protesta se realizó mientras continúa el conflicto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en un escenario que sumó una nueva decisión del Gobierno nacional: el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la firma por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria.

La movilización se realizó desde las 11 en la puerta del establecimiento, con el objetivo de rodear la planta y visibilizar el reclamo por la continuidad laboral. El cierre anunciado por la empresa implicó el despido de más de 900 trabajadores, lo que convirtió el conflicto en uno de los más relevantes del sector industrial en lo que va del año.

Desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo una conducta irregular durante el proceso de conciliación dictado por el Estado. El Ministerio de Capital Humano informó que inició un sumario contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, una obligación que debía respetar mientras se encontraba vigente la instancia conciliatoria.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener la negociación entre la empresa y el gremio y evitar que el conflicto escale aún más. La medida debía vencer este miércoles, pero el Gobierno resolvió prorrogarla para mantener abiertas las instancias de diálogo.

El conflicto se agravó tras el anuncio empresarial de cerrar la histórica planta de neumáticos ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La decisión dejó en riesgo el sustento de más de 900 familias que dependían de la actividad productiva del establecimiento, según los datos difundidos durante el conflicto.

En paralelo, el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato derivó en un proceso judicial por la presencia de trabajadores dentro del establecimiento. La empresa había solicitado el desalojo del predio, pero la Justicia revocó esa medida. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal, lo que dejó sin efecto la orden de expulsar a los trabajadores que permanecen en la planta.

El tribunal sostuvo que la ocupación del establecimiento formó parte de una medida de acción sindical vinculada a la defensa de los puestos de trabajo. El fallo recordó que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que la protesta debía analizarse en ese marco jurídico.

Para el Sutna, la resolución judicial representó un respaldo a la estrategia adoptada por los trabajadores frente al cierre de la fábrica. Desde el gremio sostuvieron que la permanencia en el establecimiento buscó evitar un eventual vaciamiento de la planta mientras se desarrolla el conflicto.

La convocatoria al abrazo simbólico también apuntó a sumar apoyo de otros sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La protesta buscó ampliar la visibilidad de la disputa laboral y reforzar la presión para que se preserve la actividad productiva y los puestos de trabajo, en un contexto donde el cierre de la planta ya fue anunciado por la empresa.

El conflicto de Fate se produjo además en un momento de alta tensión en el mundo del trabajo industrial. El cierre de plantas y los despidos masivos se convirtieron en una de las principales preocupaciones de distintos gremios, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan cambios en la producción y el mercado interno.

La conciliación obligatoria extendida por el Gobierno mantiene formalmente suspendidas las medidas de fuerza más duras mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva.

JJD

La crisis en la empresa de lácteos Verónica se profundiza con suspensiones, jornada reducida y salarios impagos frente a lo que el gremio del sector presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

La compañía láctea les comunicó a sus empleados, mediante una nota, la necesidad de reconfigurar la jornada laboral a raíz de la baja productividad y la falta de insumos esenciales para garantizar el proceso industrial.

Al respecto, el escrito expuso que “atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad”.

Al fundamentar esta decisión, la empresa expuso que se toma en base a “los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”.

En este marco, puntualizó que “por lo expuesto y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”.

La medida está prevista que se extienda hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) presentó una denuncia por presunto lockout en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo.

En la presentación, el sindicato precisó que lácteos Verónica adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, sumado a la segunda cuota del aguinaldo pautada para diciembre pasado, y que incurre en retención indebida de aportes.

En este marco, trabajadores de la firma realizaron una presentación judicial en la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos.

La empresa registra hace un año problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que derivó en la delicada situación actual.

Con información de NA.

IG

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores y redujo su plantilla de 355 a 135 empleados en sus plantas del partido bonaerense de San Martín y de la provincia de San Luis. El recorte representó una reducción superior al 60% de la dotación laboral y dejó a cientos de familias sin ingresos en medio de un deterioro más amplio del empleo industrial.

El ajuste se produjo en un contexto de caída del consumo y retracción de distintos sectores productivos que afectan a las líneas de negocio de la compañía. Además de preservativos, Kopelco fabrica insumos derivados del látex como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales, segmentos que también registraron una baja en la demanda.

El gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz, reconoció la gravedad de la situación. “Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, afirmó, y explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

El impacto laboral del recorte es significativo. Las plantas de San Martín y San Luis concentran buena parte de la producción de la empresa, que durante décadas se consolidó como uno de los principales fabricantes de preservativos del país. Con la reducción de personal, la estructura productiva quedó fuertemente reconfigurada y el número de trabajadores se redujo a poco más de un tercio de la plantilla original.

A pesar del ajuste, la marca Tulipán continúa siendo una de las más fuertes del mercado local. Según datos del sector citados por la empresa, mantiene una participación cercana al 40% en la venta de preservativos en la Argentina. Sin embargo, la posición dominante en ese segmento no alcanzó para compensar la caída de otras unidades de negocio vinculadas al látex industrial.

La crisis en Kopelco se inscribe en un deterioro más amplio de la industria argentina, donde suspensiones, despidos y cierres de plantas se multiplicaron en distintos sectores manufactureros. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires señaló que la actividad industrial cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Ese retroceso equivale a un promedio de 160 empleos industriales menos por día.

El deterioro del empleo se combinó con un proceso de reestructuración empresarial que incluyó cierres de plantas, repliegues productivos y retiros de compañías del país en distintas ramas fabriles. Investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la UBA identificaron movimientos de ese tipo en sectores que van desde la metalurgia hasta los electrodomésticos, con impactos directos sobre la producción y el empleo.

En paralelo, el debilitamiento del consumo interno redujo la demanda de bienes producidos localmente, lo que afectó la actividad de empresas que dependen del mercado doméstico. Ese proceso se reflejó en conflictos laborales, concursos de acreedores, suspensiones de personal y despidos en diferentes ramas industriales.

La situación de Kopelco también muestra cómo la diversificación productiva, que durante años funcionó como un factor de crecimiento para muchas empresas industriales, puede transformarse en una vulnerabilidad cuando la caída del consumo afecta simultáneamente a distintos sectores. En el caso de la firma, el retroceso no se limitó a los preservativos, sino que alcanzó a otras líneas de productos vinculadas al látex que abastecen tanto al consumo masivo como a distintos segmentos industriales.

El gerente de la compañía definió el momento que atraviesa la empresa como un “jaque total”, una expresión que sintetiza la magnitud del ajuste en curso. La reducción de más del 60% de la plantilla dejó expuesta la fragilidad de la actividad industrial frente a la caída del mercado interno, un factor que se repite en distintos sectores productivos del país.

En ese escenario, los 220 trabajadores despedidos pasan a engrosar una estadística que se repite en distintos puntos del país: la pérdida de puestos de trabajo en la industria, uno de los sectores históricamente más vinculados al empleo formal y a la producción de bienes con valor agregado.

JJD, con información de NA