La industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados desde la asunción del presidente, Javier Milei en diciembre de 2023, según estimaciones privadas.

Esta cifra sitúa a la industria como el principal foco de destrucción de empleo en el país durante los últimos meses, superando el impacto en otros sectores productivos, interpretaron desde Industriales Argentinos (IPA).

En el inicio de 2026, la tendencia de despidos se aceleró significativamente. De un total de 7.593 empleos registrados perdidos en toda la economía frente a diciembre de 2025, 7.336 corresponden exclusivamente al sector fabril.

Estos datos indican que la industria explica el 97% de las bajas laborales mensuales en el sector formal de la economía argentina.

Los datos surgen del último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

El reporte señala que esta dinámica responde a un proceso de primarización de la economía nacional que deja a una gran parte de los trabajadores sin el amparo del empleo registrado.

Daniel Rosato, presidente de IPA, afirmó que “la Argentina reconvirtió el modelo de país de empleo y desarrollo en uno extractivista y primario”.

Según el dirigente, este esquema garantiza estabilidad macroeconómica para pocos sectores, pero provoca que “miles de fábricas, comercios y servicios que estaban enlazados de manera directa e indirecta, y que generaban riquezas y las multiplicaban con empleo, ahora estén en procesos de cierres definitivos”.

La pérdida de puestos de trabajo está vinculada directamente con la desaparición de unidades productivas. Desde diciembre de 2023, el sector manufacturero acumula el cierre de 2.993 empresas que bajaron sus persianas de forma definitiva.

Actualmente, se contabilizan 46.728 firmas fabriles activas, lo que representa una caída de 1.812 establecimientos respecto al mismo mes del año anterior.

El informe técnico detalla que la actividad industrial registró en febrero una caída del 8,7% interanual y del 4% respecto al mes anterior. Con este resultado, el sector acumula ocho meses consecutivos de contracción.

Este retroceso se produce en un mercado interno donde el consumo bajó un 3,1% interanual, obligando al 60% de los consumidores a endeudarse para cubrir compras básicas en supermercados.

El Observatorio IPA advierte sobre un “efecto pinza” que quita competitividad a las fábricas locales. Según el estudio, “los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve”, lo que incrementa los precios en dólares de la producción nacional.

Esta situación se agrava por la competencia de productos importados que presionan sobre las empresas instaladas en el país.

Rosato concluyó que la industria es la última en reducir personal debido a la inversión en formación, pero advirtió que “este año ya estamos en la etapa final” de resistencia. Sostuvo que “sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente”, reclamando políticas que fomenten la producción local. 

PyMEs industriales reclamaron en el Senado medidas urgentes

Representantes de distintas entidades del sector productivo participaron la semana pasada de una reunión en el Senado de la Nación para exponer la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas industrias y acercar una propuesta de emergencia económica, social y productiva para el sector.

La comitiva fue recibida por los senadores Sergio Uñac, por San Juan, y Jorge Capitanich, por Chaco, en el marco de una agenda de diálogo institucional orientada a dar respuesta a las demandas del sector e incorporarlas a propuestas legislativas que permitan revertir la crisis que atraviesa el entramado productivo nacional.

En ese contexto, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió que la crisis industrial “se viene profundizando día a día” por la caída del poder adquisitivo, la retracción del mercado interno y la fuerte baja en las ventas. Además, alertó que más de 1.200 industrias manufactureras corren riesgo de desaparecer de aquí a junio si no se adoptan medidas urgentes para sostener la actividad.

Rosato cuestionó la falta de asistencia al sector manufacturero y sostuvo que hoy la industria nacional enfrenta una combinación cada vez más crítica de tasas de interés elevadas, altos costos en dólares, apertura importadora y ausencia de herramientas de apoyo, en un escenario que golpea tanto a las empresas como al empleo.

Durante el encuentro, Marco Meloni, vicepresidente de Pro Tejer, describió la gravedad de la crisis que atraviesa el sector textil, uno de los más afectados por la caída del consumo, la pérdida de competitividad y el avance de las importaciones. Señaló que la situación se agrava mes a mes y que muchas empresas encuentran crecientes dificultades para sostener la producción, el empleo y la continuidad de sus plantas.

Por su parte, Martín Pinto, del Centro de Industriales Panaderos del Norte, expuso el impacto de la recesión sobre una actividad esencial para el consumo diario y advirtió sobre el cierre constante de panaderías, como consecuencia directa de la caída de las ventas, la pérdida del poder de compra y el aumento de los costos.

A su vez, Roberto Ventimiglia, presidente del Polo Hudson, alertó sobre el incremento de las importaciones y su efecto sobre la producción nacional. Remarcó que, en un contexto de demanda deprimida y costos internos elevados, el ingreso de productos importados profundiza la asfixia sobre las PyMEs industriales y debilita aún más la capacidad de sostener empleo, inversión y actividad.

También Alejandro Bartalini, de la Unión Industrial de Berazategui, y Pablo Gaspari, de la Cámara de Industriales Fundidores, manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan las PyMEs industriales, afectadas por la caída de la actividad, la pérdida de rentabilidad y la falta de respuestas concretas frente al deterioro del sector.

En la misma línea, Santiago Quetglas, de la Cámara del Calzado, expuso la delicada situación que comparte su sector con la industria textil como consecuencia de la apertura de las importaciones, que agrava la pérdida de competitividad y pone en riesgo la continuidad de empresas nacionales.

En ese marco, el senador Sergio Uñac se refirió al proyecto de ley que presentó recientemente para declarar la emergencia económica, productiva, financiera y fiscal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas hasta el 1 de marzo de 2027, con el objetivo de recuperar el entramado productivo nacional y su cohesión territorial.

“La situación crítica que atraviesa este sector, reforzada por el ajuste fiscal y monetario, la caída de los salarios reales y la abrupta apertura de las importaciones, se traduce en un significativo aumento de la precariedad laboral y del cierre de unidades productivas; es por eso que necesitamos un gobierno que ponga los ojos en la producción argentina”, expresó Uñac.

El senador remarcó además que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99% del entramado empresarial nacional y emplean al 70% de los trabajadores del sector privado, por lo que consideró imprescindible avanzar con políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que permitan sostener el aparato productivo.

Durante la reunión, las entidades coincidieron en la necesidad de avanzar con medidas urgentes para reactivar la producción, defender el empleo y recuperar el mercado interno. En ese marco, remarcaron especialmente el pedido de declaración de la emergencia económica, social y productiva, como herramienta indispensable para atender la gravedad del cuadro que atraviesan las PyMEs industriales.

En ese sentido, Rosato remarcó que las PyMEs vienen “golpeando puertas permanentemente para ser escuchadas” y sostuvo que la defensa del entramado productivo nacional requiere respuestas concretas y una decisión política que ponga a la industria en el centro de la agenda.

En la reunión se acordó avanzar en propuestas comunes, con la intención de que puedan llegar al recinto, debatirse y sancionar una ley imprescindible para adoptar medidas estratégicas de reactivación productiva.

Participaron: Industriales Pymes Argentinos, Polo Hudson, Confederación Federal PyME, Centro de Industriales Panaderos del Norte, Pro Tejer, Unión Industrial de Berazategui, Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero, Cámara Económica Sanmartinense, Cámara Argentina del Calzado, Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina y otros representantes del sector productivo.

Con información de agencias y de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Los trabajadores llegaron a febrero de este año, dos años y dos meses después de la asunción presidencial de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda, con una economía que vuelve a achicarse en dos de las actividades que ordenan buena parte de la vida laboral cotidiana: la industria y el comercio.

El Estimador Mensual de Actividad Económica mostró una caída de 2,1% interanual y una baja de 2,6% respecto de enero en la serie desestacionalizada. En el acumulado del primer bimestre, la actividad quedó 0,2% por debajo de igual período de 2025.

El dato tiene una traducción directa sobre el mundo del trabajo porque la caída no aparece repartida de manera uniforme. Industria manufacturera y comercio mayorista, minorista y reparaciones fueron las ramas que más empujaron hacia abajo al indicador general. La industria cayó 8,7% interanual y el comercio 7%, y entre ambas le restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación del EMAE de febrero.

Ahí está el núcleo del resultado. El informe del INDEC muestra que hubo ocho sectores con subas y siete con caídas, pero las mejoras no alcanzaron para compensar el peso de los rubros en baja. Eso explica por qué una economía con varias actividades en alza termina igual con resultado negativo: no todas las ramas pesan lo mismo en el nivel general.

Del lado de las subas, el rebote vino sobre todo de actividades primarias y extractivas. Pesca creció 14,8% interanual, Explotación de minas y canteras avanzó 9,9% y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura subió 8,4%. La minería fue la actividad de mayor incidencia positiva y, junto con el agro, aportó 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

La foto sectorial del gráfico de incidencias muestra mejor el problema. En febrero, además de la baja de industria y comercio, también cayeron construcción (-6%), hoteles y restaurantes (-4,2%), intermediación financiera (-0,3%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,5%) y administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,5%).

En cambio, subieron electricidad, gas y agua (1%), transporte y comunicaciones (1%), enseñanza (0,9%), servicios sociales y de salud (0,1%) y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (6%).

La caída de febrero corta el arranque de año que había mostrado enero, cuando el EMAE había registrado una suba interanual de 1,7%. Con el dato nuevo, el acumulado del primer bimestre pasa a terreno negativo, con -0,2% frente al mismo tramo de 2025. En la serie desestacionalizada, además, el salto entre diciembre y enero había sido de 0,4%, pero febrero borró esa mejora con una contracción de 2,6%.

La comparación con los últimos meses también marca un cambio de ritmo. Entre marzo y octubre de 2025, el EMAE había mostrado variaciones interanuales positivas mes tras mes, con picos de 7,8% en abril, 6,3% en junio y 4,8% en septiembre. Luego llegó un -0,2% en noviembre, una recuperación a 3,3% en diciembre, el 1,7% de enero y ahora el retroceso de febrero. El movimiento deja una secuencia más inestable y con menos sostén en las ramas ligadas al mercado interno.

Para los trabajadores, la señal de febrero es menos una discusión estadística que una foto de dónde se enfría la actividad. La caída se concentra en fábricas, talleres, comercios y servicios asociados a la circulación de bienes. El repunte, en cambio, aparece en ramas que no alcanzan por sí solas para compensar el peso de esos sectores en el total. El propio INDEC subraya en su gráfico final que las mayores incidencias positivas fueron minería y agro, mientras las mayores incidencias negativas fueron industria y comercio.

El informe no incluye datos de empleo, salarios ni ingresos de los hogares. Eso limita cualquier lectura cerrada sobre puestos de trabajo o poder adquisitivo. Pero sí deja un dato concreto: en febrero la economía retrocedió y lo hizo por el lado de dos actividades centrales para el movimiento diario del trabajo. Con un primer bimestre en rojo y una baja mensual fuerte en la serie desestacionalizada, la actividad vuelve a dar una señal de enfriamiento sobre ramas donde se juega una parte sustancial de la vida material de quienes viven de su trabajo.

Datos clave

JJD

Se suele esgrimir y con razón que en una economía cerrada los empresarios locales cazan en el zoológico, es decir, venden los productos que fabrican acá al precio que se les antoja porque total no hay competencia extranjera. Pero cuando se abre la economía, como está ocurriendo en estos dos años y medio de gobierno de Javier Milei, esos hombres de negocios cada vez más se reconvierten en importadores y cierran parcial o completamente su producción criolla. Es decir, ellos continúan haciendo negocios en un mercado que ya de por sí controlaban y los que dejan de ver un mango son sus empleados despedidos. Pero no sólo eso: además aprovechan esa posición dominante para vender los productos extranjeros hasta siete veces más caro de lo que los compran, es decir, con una alta rentabilidad, según un estudio del economista Gustavo García Zanotti y el sociólogo Martín Schorr en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

“Los ejemplos son contundentes”, citan los autores. “En Lumilagro, un termo con costo de importación de $8.178 se vende a $44.000 sin impuestos: 5,4 veces más. En Essen, una cacerola con costo de importación de $50.055 se ofrece a $384.000: 7,7 veces más. En Easy, una silla plegable con costo de importación de $4.230 se vende a $32.000: 7,6 veces más. Y en Adidas, una zapatilla con costo de importación cercano a $26.790 se comercializa a $100.000: 3,7 veces más”, advierten este economista de la Universidad de Rosario y el sociólogo que trabaja en la Universidad de San Martín, ambos investigadores del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet).

Los expertos tomaron los precios de cada importación, incluido el flete y el seguro para llegar a la Argentina, a partir de una base de datos que releva las transacciones registradas en la Aduana, les sumó el costo del arancel para bienes extranjeros y la tasa de estadística que abonan y ese resultado final fue comparado con el valor al que se ofrece en las páginas web oficiales de las empresas correspondientes menos el IVA, dado que eso no es parte de la ganancia. Relevaron productos bien diversos de marcas conocidas, como artículos de cocina, autos, electrodomésticos, calzado, muebles, celulares, alimentos e higiene, pero a la hora de la conclusión destacaron los casos de mayores rentabilidades entre costos de importación y precio final, como la bonaerense Lumilagro, que despidió a 170 empleados en este gobierno, aunque sigue fabricando acá la mitad de los termos; la santafesina Essen, que echó a 30, aunque asegura que sólo importa el 2% de las cacerolas; la chilena Easy, que más que cuadruplicó las cantidad de sillas y muebles importados entre 2023 y 2025, y la alemana Adidas, cuyo proveedor brasileño Dass cerró su planta en Coronel Suárez (sur de la provincia de Buenos Aires) y dejó en la calle a 360 personas.

Sólo Lumilagro respondió a la consulta de elDiarioAR. Lo hizo el propio dueño, Martín Nadler, el mismo que se hizo famoso hace unas semanas porque ante un usuario de redes sociales que reclamó por los despidos le contestó: “¿Ustedes qué opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100.000 de más para conseguir un termo de calidad?”. Después borró el mensaje.

“Así funciona el capitalismo”

“La importación está totalmente liberada. Si hubiera rentabilidades extraordinarias, todo el mundo importaría hasta llegar a un equilibrio de mercado. Así funciona el capitalismo”, respondió Nadler a este cronista. “Nuestra contribución marginal, al igual que la mayoría de los importadores, está entre el 10 y el 20%. Esto es una tasa normal en cualquier mercado del mundo. Del precio al que nosotros vendemos al mayorista, se multiplica por tres para llegar al público”, aseguró. Según él, hay que tener en cuenta el impuesto provincial a los “ingresos brutos, los costos logísticos internos, el almacenamiento, la distribución, la estructura comercial, los márgenes de mayoristas y minoristas, además de los costos fijos propios de operar en el país”.

Cuando se le aclara que no se toman en cuenta los precios ofrecidos en mayoristas o minoristas sino la propia web de Lumilagro, Nadler contesta: “La rentabilidad que tenemos vendiendo en Mercado Libre o en nuestro shop respecto de la que tenemos vendiendo a mayoristas es muy similar porque Mercado Libre tiene comisiones altísimas, porque ellos con lo que vos les pagás tienen que hacer la distribución hasta la ultima milla, más allá de la rentabilidad que ellos tienen. Además de los costos que te cobran por transacción, que son altos en comparación con la región. Nosotros tenemos que mandar las cosas al depósito de ellos, envolver uno por uno cada producto con un estuche especial, manejar la venta online con los costos que tiene... porque para que te compren por Mercado Libre vos tenés que hacer una publicidad”. En su página web, Lumilagro también contrata el servicio de cobro de Mercado Pago y el correo le cuesta parecido que en la empresa de Marcos Galperin.

Essen, Easy y Adidas no respondieron a este diario. García Zanotti y Schorr también analizaron los casos de las fabricantes de lavarropas Whirlpool –que cerró su fábrica en Pilar– y Siam –del grupo Newsan, que multiplicó por 39 la cantidad de unidades importadas entre 2023 y 2025–; los celulares de este grupo propiedad de Rubén Cherñajovsky –en el primer bimestre de 2026, ante la eliminación de aranceles decidida por Milei, despidió a 45 empleados y suspendió a 70 en Tierra del Fuego mientras importó 498.000 teléfonos, contra ninguno de 2023 y 2.000 de 2025–; la automotriz china BYD, la francesa Peugeot Citroën, las alimenticias Mondelez, de EE.UU., y Nestlé, de Suiza, y el supermercado Coto.

Cazar en el zoológico

“En todos los casos relevados aparece una misma tendencia: más importaciones de bienes finales, menos producción local y deterioro del empleo industrial”, señalan los autores. “Esta reconversión viene acompañada por despidos, suspensiones, cierres de plantas, levantamiento de líneas de producción y reemplazo de fabricación nacional por mercadería importada. Pero el dato decisivo es que esta estrategia no implica resignar rentabilidad. Por el contrario, los bienes importados llegan al consumidor final con precios muy por encima de sus costos de importación, lo que permite sostener márgenes brutos muy elevados”, añaden.

“Es decir, la apertura importadora no sólo acelera el desplazamiento de producción local, sino que además habilita un esquema en el que grandes firmas reemplazan actividad industrial por importación y comercialización con altos márgenes”, advierten los investigadores del IPyPP. “En ese marco, la desindustrialización no aparece como un efecto colateral, sino como parte de una reconfiguración empresaria que erosiona capacidades tecnoproductivas acumuladas durante décadas y debilita el mercado interno al destruir empleo e ingresos. En síntesis, la apertura importadora no sólo desplaza producción nacional, empleo y capacidades industriales: también consolida una forma de rentabilidad basada cada vez menos en producir y cada vez más en importar y comercializar con amplios márgenes”, completan.

Justo esta semana, al mismo tiempo en que se publicaba el estudio, el ministro de Economía, Luis Caputo, elogiaba a Lumilagro y contrastaba su caso con la fabricante de neumáticos Fate. Consideraba que ante la apertura importadora la empresa de Javier Madanes Quintanilla había cerrado su planta, mientras que la de Nadler había comenzado a importar parte de su oferta, pero mantenía otra parte en su fábrica de Tortuguitas. Y señaló que antes estos industriales como el resto cazaban en el zoológico, pero que ahora deben adaptarse a la competencia extranjera y eso favorece a los argentinos que pagan menos por los termos, las gomas y demás bienes.

García Zanotti pone en duda su afirmación. “Antes cazaban en el zoológico porque había proteccionismo y podían vender al precio que quería, ¿pero eso cambió en parte con las importaciones? Puede ser que algo cambió, pero tampoco cambió mucho en el sentido de que estas empresas siguen formando precios porque son grandes y controlan los canales de comercialización”, comenta el economista rosarino.

El otro punto es que “todas estas empresas dependen del mercado interno –una de las pocas excepciones es Essen, que exporta el 30% al resto de Latinoamérica– y hay una paradoja porque tienen un techo en su crecimiento porque al despedir el conjunto de las firmas industriales están atentando contra la demanda local, hay menos empleos, menos ingresos y, por tanto, las compañías van a ganar menos en un futuro”. “Si bien importar barato y vender caro es un beneficio de corto plazo, en el largo se les puede venir en contra”, concluye.

El Presidente y su gente repiten que es mejor que entre un producto importado más barato, aunque destruya algunos empleos, porque la mayoría de la población podrá gastar menos y destinar el sobrante a otros consumos. Efectivamente, hay un efecto sustitución por el bien más económico y un efecto ingreso, es decir, que el mismo salario mejora su poder de compra. Pero uno de los padres de la economía, François Quesnay, en el siglo XVIII elaboró la teoría del flujo circular de la renta, que consiste en que el gasto de uno es el ingreso de otro. Vale decir que si los trabajadores despedidos de Fate, Lumilagro, Essen, Newsan y de tantas otras empresas dejan de contar con ingresos, gastarán menos y otros también contarán con menos entradas. Es decir, los bienes costarán más baratos –de hecho, la ropa está a un tercio del valor que en 2023 y los electrodomésticos, a la mitad–, pero los argentinos en conjunto tendrán menos plata para comprarlos. Los que ganan: los empresarios importadores y las compañías y los trabajadores sobre todo de China, la fábrica del mundo con la que casi nadie puede competir y que opera con un capitalismo de fuerte intervención estatal.

AR/MG

La dinámica económica actual, a primera vista, parece contradictoria: la economía crece, pero la mayoría de la gente vive cada vez peor. La actividad repunta, pero el empleo cae, los salarios pierden poder adquisitivo y las familias tienen más dificultades para llegar a fin de mes. 

Lejos de ser algo raro o transitorio, este desacople entre los indicadores macroeconómicos y la percepción cotidiana expresa un patrón de funcionamiento cada vez más estructural.

La explicación principal radica en la reconfiguración productiva que impulsa el actual modelo económico: apreciación cambiaria, apertura comercial indiscriminada, reducción del gasto público y una presión sostenida para bajar los salarios. Este esquema castiga especialmente a los sectores dependientes del mercado interno, mientras que los que logran expandirse son aquellos que cuentan con ventajas comparativas naturales, como el agro, la minería y el petróleo.

Entre 2023 y 2025, el PBI creció un 3%. Sin embargo, ese avance se concentró casi exclusivamente en el sector agropecuario (impulsado por la recuperación tras la histórica sequía), con aportes más acotados de la minería y la intermediación financiera. Si se excluye al agro, el resto de la economía prácticamente no creció en relación con 2023.

El impacto sobre el empleo es directo. Mientras los sectores “perdedores” (industria, comercio y construcción) explican cerca del 45% del empleo privado formal, los sectores “ganadores” (agro, minería e intermediación financiera) representan menos del 9%. Pero incluso dentro de estos últimos se registran caídas en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos dos años.

Desde noviembre de 2023 se destruyeron 283.000 empleos asalariados formales (206.000 en el sector privado y 77.000 en el público) y cerraron más de 24.000 empresas con trabajadores registrados. La creación de aproximadamente 158.000 monotributistas no alcanza a compensar esa pérdida y, en muchos casos, refleja un proceso de creciente precarización laboral.

En definitiva, la primarización de la estructura productiva genera un desacople entre la evolución de la actividad y el empleo. El año 2025 se convirtió en el primero del que se tenga registro en el que la economía creció (4,4%) mientras el empleo cayó (–0,5%). 

Más allá del arrastre estadístico, el problema de fondo es que los sectores más dinámicos no tienen capacidad para absorber el empleo que se destruye en las actividades más afectadas por el esquema económico vigente. El resultado es un patrón de crecimiento que, por su propia composición, tiende a generar mayores niveles de desempleo estructural y de informalidad.

Al aumento del desempleo se suma el deterioro de ingresos. Desde noviembre de 2023 los salarios de trabajadores registrados cayeron un -7,9% (-2,3% en el sector privado y -17,9% en el público). Dicha caída se da sobre salarios que ya se encontraban sumamente deprimidos tras la caída de los años 2018 y 2019, que no se recuperó en los años siguientes. Así los salarios de trabajadores se ubican un 28,6% por debajo de agosto de 2017 (-23,3% en el sector privado y -37,7% en el público). 

Además, estos datos están subestimados: la medición oficial de la inflación sigue usando una canasta de consumo de hace más de dos décadas (del año 2004), poco representativa de lo que hoy gastan los hogares argentinos. Si usamos la nueva canasta relevada en 2017, la caída del salario real de los trabajadores del sector privado pasa del 2,3% al 8,6% y para los trabajadoras/es del sector público empeora del 17,9% al 23,2%. 

Por eso las familias deben desprenderse de ahorros o tomar deuda para llegar a fin de mes. La mora en el crédito bancario llegó al 11,2% en febrero, multiplicándose más de cuatro veces en poco más de un año y alcanzando su mayor nivel desde 2004. 

Una oportunidad histórica: ¿extractivismo o desarrollo?

El proceso de desindustrialización no es nuevo y, de hecho, forma parte de una tendencia global que también afecta a países desarrollados. Sin embargo, la caída reciente en Argentina es particularmente intensa. La participación de la industria en el PBI se encuentra en mínimos de las últimas décadas y la utilización de la capacidad instalada permanece en niveles muy bajos, incluso por debajo de los registrados durante la pandemia.

El impacto de este proceso excede el mercado laboral. La industria sigue siendo un sector estratégico por múltiples razones: sus rendimientos crecientes a escala, la generación de encadenamientos productivos, el dinamismo de su frontera tecnológica (concentra buena parte de la innovación), su capacidad para generar y ahorrar divisas (clave en una economía bimonetaria como la argentina) y su rol en la estructuración territorial de los centros urbanos, entre otros.

Este diagnóstico cobra aún más relevancia en un contexto global que abre una ventana de oportunidad excepcional para la Argentina. El mundo avanza en un proceso de transición energética que demanda los recursos que nuestro país posee en abundancia. A las reservas de gas y petróleo se suman condiciones privilegiadas para el desarrollo de energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, etc.) en todo el país. A esto se agrega una ventaja menos frecuente: una trayectoria consolidada en el desarrollo nuclear, con capacidades propias para diseñar reactores, producir combustible y exportar tecnología. En un mundo que busca diversificar su matriz energética, estos activos adquieren un valor estratégico.

El potencial no se agota en la energía. Argentina también cuenta con recursos minerales estratégicos para la economía del siglo XXI: litio, cobre, oro, plata y tierras raras, fundamentales para baterías, electromovilidad, electrónica y tecnologías avanzadas. 

La pregunta central es qué hacer con esa dotación de recursos. Existen dos caminos posibles. Uno es utilizar estos recursos como plataforma para el desarrollo, promoviendo encadenamientos productivos, agregando valor local y fortaleciendo capacidades tecnológicas. El otro es consolidar un modelo extractivo, en el que la explotación queda en manos de grandes empresas multinacionales con escasa articulación con el resto de la economía. 

La experiencia histórica es clara. Todos los países hoy desarrollados tomaron el primer camino e impulsaron su industrialización mediante políticas activas: protección comercial inteligente, subsidios focalizados, inversión pública en infraestructura y en tecnología. En definitiva, llevaron adelante una planificación estratégica que puso objetivos claros y bien coordinados con el sector privado. Solo una vez alcanzado el desarrollo promovieron e impusieron la apertura y el libre mercado como regla general. 

Esta conducta de los países ya desarrollados fue conceptualizada como “patear la escalera”: utilizar herramientas de desarrollo y luego limitar la capacidad de otros países de aplicar esas mismas medidas. Sin embargo, en los últimos años ese paradigma comenzó a resquebrajarse. El ascenso de China como potencia industrial y tecnológica obligó a las economías avanzadas a volver a aplicar las medidas intervencionistas del pasado, pasando por encima de los organismos internacionales que ellos mismos habían creado para prohibir esas políticas, como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esto también implica una ventana de oportunidad para países como la Argentina, porque los espacios para proteger e impulsar sectores estratégicos son mayores que en el pasado. Pero el país va totalmente a contramano del mundo. Mientras los países centrales (o algunos de la región como Brasil) vuelven a implementar aranceles, subsidios y programas de inversión en ciencia y tecnología para reconstruir capacidades productivas, la Argentina se abre de manera indiscriminada al comercio exterior, paraliza la inversión en infraestructura, desfinancia el sistema científico tecnológico, desmantela los programas de incentivo productivo e industrial y avanza en un proceso de privatización y/o apertura al capital privado (en muchos casos extranjero) de empresas públicas en sectores estratégicos, como Nucleoeléctrica (energía nuclear), Enarsa (energía), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (carbón), AySA (servicios públicos de agua y saneamiento), IMPSA (ingeniería energética y metalúrgica), entre otras. 

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es, quizás, la expresión más clara del abandono de impulsar un plan de desarrollo autónomo. Argentina necesita de la inversión extranjera directa (IED) como complemento para potenciar los sectores en los que tiene alto potencial, pero no en la forma en que la promueve el RIGI. El régimen otorga excesivos beneficios impositivos y facilidades cambiarias, con escasos requerimientos de integración productiva local, transferencia tecnológica o generación de empleo de calidad.

Por el momento, hay proyectos aprobados por unos USD 16.000 millones y otros USD 17.000 millones se encuentran en evaluación, en su inmensa mayoría vinculados a la minería y la energía. Las inversiones que lleguen en el marco de este régimen tendrán, previsiblemente, un marcado perfil extractivista sin siquiera garantizar el alivio en materia de divisas. 

En el plano comercial, las empresas adheridas al RIGI cuentan con un régimen cambiario especial que les permite flexibilizar la obligación de liquidar divisas provenientes de exportaciones, al tiempo que pueden importar bienes vinculados a sus proyectos con arancel cero. En el plano financiero, disponen de amplias facilidades para acceder al mercado de cambios. En este marco, el ingreso inicial de divisas asociado a las inversiones podría verse, en el tiempo, compensado por la remisión de utilidades y la salida de capitales sin fines específicos. A esto se suma la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, para dirimir controversias con el Estado, lo que limita los márgenes de acción de la política económica y traslada eventuales disputas fuera del ámbito judicial local.

Como señalaba Aldo Ferrer, “cada país tiene la globalización que se merece”, en función de cómo responde a sus desafíos y oportunidades. Argentina enfrenta hoy una disyuntiva clara. Cuenta con recursos, capacidades y una ventana de oportunidad para impulsar el desarrollo. Pero también corre el riesgo de profundizar un patrón de especialización basado en la exportación de recursos naturales, con escaso impacto en el empleo y en las condiciones de vida de la población.

La disociación entre crecimiento económico y bienestar social, al igual que la dependencia externa, tenderán a profundizarse si se mantiene este rumbo. Aún estamos a tiempo de corregirlo: tomar las riendas de nuestro propio destino y aprovechar los recursos disponibles para impulsar un salto productivo que no solo haga crecer la economía, sino que mejore efectivamente la vida de la mayoría.

El autor es economista. Miembro del Grupo Paternal. 

AR

La reconocida firma familiar Viamo, fabricante de calzados, con 38 años en el mercado argentino, acumuló 64 cheques rechazados por más de $85 millones, afronta 30 juicios por despidos y se presentó en concurso de acreedores con un pasivo que, al 31 de enero de 2026, ascendía a la suma de $4.240 millones.

El Juzgado Comercial N° 4, Secretaría N° 8 calificó el proceso como de gran magnitud (“Proceso A”) debido a la complejidad de sus obligaciones.

Los acreedores de la firma tendrán plazo hasta el 3 de agosto para solicitar la verificación de sus créditos ante la sindicatura. 

En cambio, la empresa, debe presentar una propuesta de acuerdo que evite la quiebra, la que finalizará el 17 de mayo de 2027.

La sindicatura Tabasco & Estevez reveló que no existe una deuda salarial inmediata para “pronto pago” y los juicios laborales se encuentran en diversas etapas procesales e incluyen hasta recursos de apelación en la Cámara Nacional del Trabajo.

Zapato con taco

Viamo se inspiró en una sociedad que formaron la italiana María Rosa Parini y el argentino Damián Fernando Chiodini, quienes se conocieron como compañeros de trabajo en una zapatería hace 55 años.

Más tarde decidieron emprender un proyecto independiente con su propia fábrica, llamada Artecal, especializado en el zapato con taco llamado Luis XV. 

En ese entorno, criaron a sus tres hijos, Alfredo, Pablo y Rodolfo, quienes asistían a la madre a doblar los cortes de cuero y a armar los zapatos. Posteriormente, empezaron a colaborar con su padre en la planta.

Los hermanos precisamente registraron el lunes 8 de agosto de 1988 la denominación social Lannot, bajo la cual funciona la zapatería Viamo. En 2004 inauguró su primer local, donde emitió la primera factura.

Actualmente, la empresa tiene un total de 77 empleados en relación de dependencia y posee una red de seis locales propios, incluyendo el Unicenter Shopping, Plaza Oeste, Munro y el polo comercial de la calle Aguirre, en la ciudad de Buenos Aires, además de su planta industrial en el barrio porteño de Villa Lugano y un centro logístico en Lomas del Mirador.

Antes del recambio de gobierno en 2023 habían contrató por primera vez a un CEO externo a la familia, un exNike, y en ese momento, la firma contaba con más de 300 empleados y 25 locales, entre propios y franquicias.

Ya con Javier Milei en la Presidencia, los empresarios señalan a la fuerte presencia de productos importados en el mercado local como causante del cierre de locales y la reducción de personal.

Crisis: 22.000 empresas caídas en 2 años

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 (último mes del gobierno del Frente de Todos) e igual mes de 2025 (último dato disponible) se cayeron 21.938 empresas, pasando de 512.357 a 490.419, y se perdieron casi 300 mil empleos registrados. 

Afectó a sectores industriales clave como el textil, el metalúrgico, la construcción y el automotor, así como el químico y petroquímico.

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) indicó que en lo que va de la gestión Milei cerraron 523 empresas (-8,6%) en toda la cadena textil-indumentaria y afines, mientras que en el subsector de confección hay unas 225 compañías menos (-8%). 

En el período se perdieron 17.658 puestos de trabajo registrados (-15%), con fuertes caídas en rubros como ropa interior (-21%), indumentaria deportiva (-21%) y tejidos de punto (-20%).

Las ventas de indumentaria en la Argentina cayeron en promedio un 8,4% interanual durante el primer bimestre del año, consolidando una tendencia negativa que afectó a casi todos los períodos relevados desde 2024.

El dato se desprende del último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), donde se reflejó que, en el bimestre enero-febrero, la falta de demanda se consolida como la principal preocupación, afectando a 8 de cada 10 empresas, mientras crece la tensión financiera y los despidos en el sector.

El relevamiento detalla que el 63% de las empresas sufrió una disminución en sus ventas, mientras que apenas un 30% logró incrementos durante los primeros dos meses de 2026. Esta situación quedó reflejada por los comerciantes al señalar la falta de demanda como el mayor obstáculo operativo.

Ante la falta de mercado evidenciada, la CIAI remarcó que “se agrava la imposibilidad de trasladar costos a precios”, precisando que “la mitad de las empresas no pudo trasladar aumentos y un 43% apenas pudo trasladar menos de la mitad”.

Como consecuencia directa de las bajas ventas, el reporte arrojó que los stocks volvieron a acumularse, alcanzando un nivel “excesivo” en el 50% de las empresas, la cifra más alta registrada en un año y medio.

La crisis también se trasladó con fuerza a la cadena de pagos y al empleo. Las dificultades para cumplir con los compromisos financieros afectan a 8 de cada 10 empresas, mientras que los atrasos ocasionales en los pagos se duplicaron en el último bimestre, afectando al 60% de las firmas.

Al mismo tiempo, el informe expuso que el grupo de empresas de indumentaria sin atrasos significativos se desplomó del 40% al 21% en solo un bimestre.

En el plano laboral, el ajuste en las plantillas de personal se intensificó. Los despidos ya representan el 21% de las medidas laborales adoptadas por las empresas, lo que significa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto al bimestre anterior. Además, un 25% de las empresas optó por no reemplazar las vacantes generadas por renuncias.

Expectativas pesimistas para el corto plazo

El panorama hacia el futuro no muestra señales de alivio. Las expectativas económicas generales volvieron a deteriorarse, con un aumento de las perspectivas calificadas como “malas” (+2 puntos porcentuales) y “muy malas” (+5 puntos porcentuales).

Respecto a la evolución de las ventas para el próximo trimestre, el 60% de los empresarios cree que la situación se mantendrá igual, mientras que solo un 16% mantiene la esperanza de una mejoría.

Con información de NA.

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual durante febrero y del 1,9% con relación a enero, según datos del sector.

De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde ADIMRA.

La caída fue generalizada en todos los subsectores estratégicos de la industria. Los rubros con mayores retrocesos fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento médico: -11,6%

Equipo eléctrico: -10,2%

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Asimismo, Del Re señaló que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

En cuanto al mercado laboral, el nivel de empleo en el sector registró una disminución interanual del 1,8%. No obstante, en la comparación con el mes de enero, la cantidad de trabajadores no presentó variaciones.

JJD

Un grupo de empresarios y representantes de cámaras de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) realizará este jueves a las 11 un encuentro frente al Congreso de la Nación para exponer ante legisladores la situación que atraviesa la industria nacional y advertir sobre el impacto de la actual coyuntura económica en el sector.

La convocatoria surgió tras una reunión virtual entre referentes de distintas PyMEs, en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades que enfrentan las empresas para sostener los niveles de producción.

Durante ese intercambio también se abordaron problemas vinculados al acceso al financiamiento, el aumento de los costos productivos y las consecuencias que estas variables tienen sobre las pequeñas y medianas empresas manufactureras.

De acuerdo con las entidades organizadoras, del encuentro participarán representantes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la Unión Industrial de San Martín (UIGSM), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.

En paralelo, los empresarios trabajan en la elaboración de un documento que será entregado a los legisladores y que incluirá un diagnóstico del sector junto con propuestas orientadas a preservar el entramado productivo y los puestos de trabajo industriales. “Las pymes industriales necesitamos ser escuchadas. Representamos producción, inversión y miles de puestos de trabajo en todo el país”, señalaron referentes del sector.

Con la actividad, los organizadores buscan que legisladores de distintas bancadas conozcan de primera mano el impacto de la situación económica sobre la industria y abrir un canal de diálogo institucional para discutir medidas que permitan fortalecer la producción nacional.

Con información de la agencia NA

Trabajadores del neumático realizaron este miércoles a un abrazo simbólico a la planta de Fate en San Fernando para defender los puestos de trabajo frente al cierre de la fábrica y el despido de más de 900 operarios. La protesta se realizó mientras continúa el conflicto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en un escenario que sumó una nueva decisión del Gobierno nacional: el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la firma por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria.

La movilización se realizó desde las 11 en la puerta del establecimiento, con el objetivo de rodear la planta y visibilizar el reclamo por la continuidad laboral. El cierre anunciado por la empresa implicó el despido de más de 900 trabajadores, lo que convirtió el conflicto en uno de los más relevantes del sector industrial en lo que va del año.

Desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo una conducta irregular durante el proceso de conciliación dictado por el Estado. El Ministerio de Capital Humano informó que inició un sumario contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, una obligación que debía respetar mientras se encontraba vigente la instancia conciliatoria.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener la negociación entre la empresa y el gremio y evitar que el conflicto escale aún más. La medida debía vencer este miércoles, pero el Gobierno resolvió prorrogarla para mantener abiertas las instancias de diálogo.

El conflicto se agravó tras el anuncio empresarial de cerrar la histórica planta de neumáticos ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La decisión dejó en riesgo el sustento de más de 900 familias que dependían de la actividad productiva del establecimiento, según los datos difundidos durante el conflicto.

En paralelo, el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato derivó en un proceso judicial por la presencia de trabajadores dentro del establecimiento. La empresa había solicitado el desalojo del predio, pero la Justicia revocó esa medida. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal, lo que dejó sin efecto la orden de expulsar a los trabajadores que permanecen en la planta.

El tribunal sostuvo que la ocupación del establecimiento formó parte de una medida de acción sindical vinculada a la defensa de los puestos de trabajo. El fallo recordó que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que la protesta debía analizarse en ese marco jurídico.

Para el Sutna, la resolución judicial representó un respaldo a la estrategia adoptada por los trabajadores frente al cierre de la fábrica. Desde el gremio sostuvieron que la permanencia en el establecimiento buscó evitar un eventual vaciamiento de la planta mientras se desarrolla el conflicto.

La convocatoria al abrazo simbólico también apuntó a sumar apoyo de otros sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La protesta buscó ampliar la visibilidad de la disputa laboral y reforzar la presión para que se preserve la actividad productiva y los puestos de trabajo, en un contexto donde el cierre de la planta ya fue anunciado por la empresa.

El conflicto de Fate se produjo además en un momento de alta tensión en el mundo del trabajo industrial. El cierre de plantas y los despidos masivos se convirtieron en una de las principales preocupaciones de distintos gremios, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan cambios en la producción y el mercado interno.

La conciliación obligatoria extendida por el Gobierno mantiene formalmente suspendidas las medidas de fuerza más duras mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva.

JJD

La crisis en la empresa de lácteos Verónica se profundiza con suspensiones, jornada reducida y salarios impagos frente a lo que el gremio del sector presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

La compañía láctea les comunicó a sus empleados, mediante una nota, la necesidad de reconfigurar la jornada laboral a raíz de la baja productividad y la falta de insumos esenciales para garantizar el proceso industrial.

Al respecto, el escrito expuso que “atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad”.

Al fundamentar esta decisión, la empresa expuso que se toma en base a “los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”.

En este marco, puntualizó que “por lo expuesto y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”.

La medida está prevista que se extienda hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) presentó una denuncia por presunto lockout en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo.

En la presentación, el sindicato precisó que lácteos Verónica adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, sumado a la segunda cuota del aguinaldo pautada para diciembre pasado, y que incurre en retención indebida de aportes.

En este marco, trabajadores de la firma realizaron una presentación judicial en la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos.

La empresa registra hace un año problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que derivó en la delicada situación actual.

Con información de NA.

IG

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores y redujo su plantilla de 355 a 135 empleados en sus plantas del partido bonaerense de San Martín y de la provincia de San Luis. El recorte representó una reducción superior al 60% de la dotación laboral y dejó a cientos de familias sin ingresos en medio de un deterioro más amplio del empleo industrial.

El ajuste se produjo en un contexto de caída del consumo y retracción de distintos sectores productivos que afectan a las líneas de negocio de la compañía. Además de preservativos, Kopelco fabrica insumos derivados del látex como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales, segmentos que también registraron una baja en la demanda.

El gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz, reconoció la gravedad de la situación. “Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, afirmó, y explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

El impacto laboral del recorte es significativo. Las plantas de San Martín y San Luis concentran buena parte de la producción de la empresa, que durante décadas se consolidó como uno de los principales fabricantes de preservativos del país. Con la reducción de personal, la estructura productiva quedó fuertemente reconfigurada y el número de trabajadores se redujo a poco más de un tercio de la plantilla original.

A pesar del ajuste, la marca Tulipán continúa siendo una de las más fuertes del mercado local. Según datos del sector citados por la empresa, mantiene una participación cercana al 40% en la venta de preservativos en la Argentina. Sin embargo, la posición dominante en ese segmento no alcanzó para compensar la caída de otras unidades de negocio vinculadas al látex industrial.

La crisis en Kopelco se inscribe en un deterioro más amplio de la industria argentina, donde suspensiones, despidos y cierres de plantas se multiplicaron en distintos sectores manufactureros. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires señaló que la actividad industrial cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Ese retroceso equivale a un promedio de 160 empleos industriales menos por día.

El deterioro del empleo se combinó con un proceso de reestructuración empresarial que incluyó cierres de plantas, repliegues productivos y retiros de compañías del país en distintas ramas fabriles. Investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la UBA identificaron movimientos de ese tipo en sectores que van desde la metalurgia hasta los electrodomésticos, con impactos directos sobre la producción y el empleo.

En paralelo, el debilitamiento del consumo interno redujo la demanda de bienes producidos localmente, lo que afectó la actividad de empresas que dependen del mercado doméstico. Ese proceso se reflejó en conflictos laborales, concursos de acreedores, suspensiones de personal y despidos en diferentes ramas industriales.

La situación de Kopelco también muestra cómo la diversificación productiva, que durante años funcionó como un factor de crecimiento para muchas empresas industriales, puede transformarse en una vulnerabilidad cuando la caída del consumo afecta simultáneamente a distintos sectores. En el caso de la firma, el retroceso no se limitó a los preservativos, sino que alcanzó a otras líneas de productos vinculadas al látex que abastecen tanto al consumo masivo como a distintos segmentos industriales.

El gerente de la compañía definió el momento que atraviesa la empresa como un “jaque total”, una expresión que sintetiza la magnitud del ajuste en curso. La reducción de más del 60% de la plantilla dejó expuesta la fragilidad de la actividad industrial frente a la caída del mercado interno, un factor que se repite en distintos sectores productivos del país.

En ese escenario, los 220 trabajadores despedidos pasan a engrosar una estadística que se repite en distintos puntos del país: la pérdida de puestos de trabajo en la industria, uno de los sectores históricamente más vinculados al empleo formal y a la producción de bienes con valor agregado.

JJD, con información de NA

La empresa textil Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre en su planta de Mar del Plata debido a la caída de las ventas y al stock acumulado de mercadería. Los operarios debían reincorporarse el 1 de abril, pero advierten que la falta de demanda podría extender las suspensiones y profundizar la incertidumbre sobre la continuidad laboral.

El conflicto afecta a la mayor parte de la plantilla productiva de la compañía. La firma tiene menos de 300 trabajadores en total, entre operarios y personal administrativo, lo que implica que más de la mitad de la planta quedó sin tareas. En la fábrica solo continúan trabajando alrededor de 65 operarios mientras se mantiene paralizada gran parte de la producción.

Textilana es una de las empresas textiles más importantes de Mar del Plata y una de las pocas que conserva un proceso productivo integrado, desde el hilado y tejido hasta la comercialización de los suéters. La marca Mauro Sergio llegó a producir hasta dos millones de prendas en sus años de mayor actividad, cuando la empresa tenía cerca de 1.000 trabajadores y una red de más de veinte locales.

La situación actual es muy diferente. La empresa redujo su plantilla a menos de un tercio de la que tuvo en su etapa de mayor expansión, en un contexto de caída del consumo interno y aumento de las importaciones que afectó a buena parte del sector textil. Según explicó el delegado Mauro Galván, la compañía acumuló un volumen de stock que no logra vender, lo que llevó a detener gran parte de la producción.

La crisis que atraviesa Textilana se inscribe en una crisis que afecta a la industria argentina, en general, y en ese marco a todo el sector textil, que opera actualmente con niveles muy bajos de utilización de su capacidad productiva. Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires señaló que la industria textil funciona apenas al 40% de su capacidad instalada.

Ese retroceso productivo tuvo consecuencias directas sobre el empleo. El mismo estudio registró que la actividad textil perdió al menos 11.500 puestos de trabajo en los últimos dos años, en una de las ramas industriales históricamente más intensivas en mano de obra.

El deterioro del sector se vinculó a varios factores simultáneos. Por un lado, la caída del consumo interno redujo las ventas de indumentaria y productos textiles en el mercado doméstico. Por otro, el aumento de las importaciones de prendas desplazó parte de la producción local en los comercios y presionó sobre la actividad de las empresas que abastecen el mercado interno.

Mar del Plata fue una de las ciudades donde ese proceso se volvió más visible. La localidad fue conocida durante décadas como la “capital del pulóver”, con una red de fabricantes y talleres que abastecían buena parte del mercado nacional. En la década de 1970 existían alrededor de 500 empresas dedicadas a la producción de suéters; hoy quedan menos de 100 entre fábricas y talleres.

El caso de Textilana refleja con claridad ese retroceso. La empresa llegó a contratar personal a comienzos del gobierno de Javier Milei con la expectativa de una recuperación de la actividad. Sin embargo, la demanda no se recuperó y los primeros trabajadores en quedar fuera de la planta fueron los 50 operarios incorporados en esa etapa, cuyos contratos no fueron renovados.

En la industria argentina en general, de acuero con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se perdieron 100.000 empleos desde noviembre de 2023, lo que equivale a un promedio de 160 puestos de trabajo menos por día.

Ese retroceso se expresó en distintos sectores manufactureros, con cierres de plantas, repliegues productivos y reestructuraciones empresariales que afectaron desde la metalurgia hasta la fabricación de electrodomésticos. Investigadores de la misma universidad identificaron una serie de compañías que atravesaron procesos de ajuste o retiro de producción en el país.

Por eso, la paralización parcial de la planta de Textilana es uno más dentro de la serie de conflictos laborales que atraviesan distintas ramas industriales. En los últimos meses se registraron cierres de fábricas, suspensiones y despidos en sectores como el neumático, la alimentación, los frigoríficos y la metalurgia, con efectos directos sobre el empleo y las condiciones laborales.

Para los trabajadores de la empresa marplatense, la incertidumbre inmediata gira en torno a la posibilidad de retomar la producción en abril. Si las ventas no se recuperan y el stock acumulado no logra colocarse en el mercado, las suspensiones podrían extenderse, lo que pondría en riesgo la continuidad laboral de buena parte de la planta.

JJD

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA alertó sobre “síntomas alarmantes” de crisis en el sector industrial argentino, con caída de la producción, pérdida de empleo y menor peso del sector en la economía.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), y analiza la evolución del sector entre 2023 y 2025.

El dato que preocupa a la industria

Uno de los datos más importantes del informe es la fuerte reducción del peso de la industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Según el informe, la participación industrial pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que se asemeja al que tenía la Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 80 años.

Además, el relevamiento señala que 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025, lo que refleja una crisis extendida dentro de la estructura productiva.

Creció la economía pero bajó fuerte la industria

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria registró una caída del 8,3%.

El informe también identifica otros sectores que sufrieron retrocesos:

En contraste, algunas actividades mostraron un fuerte crecimiento:

Menos empleo: el dato que preocupa a todos

Otro indicador crítico es el nivel de utilización de las fábricas. Durante 2024 y 2025, el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó por debajo del 60%, lo que implica más de 40% de capacidad ociosa.

En paralelo, el informe advierte sobre una fuerte destrucción de empleo industrial. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día en el sector.

Cuáles son los sectores más golpeados

Entre las ramas industriales que registraron las mayores caídas —entre 20% y 25%— se encuentran:

En tanto, algunos sectores mostraron mayor resistencia, aunque también registraron retrocesos menores, como la industria alimenticia, las tabacaleras y la industria del transporte.

Menos exportaciones industriales y más commodities

El estudio también detecta un proceso de simplificación exportadora. Las exportaciones industriales de mayor valor agregado —conocidas como MOI— cayeron al 28% del total exportado por la industria, cuando en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Esto implica que la canasta exportadora del sector se concentra cada vez más en alimentos y commodities, con menor contenido tecnológico y menor generación de empleo.

Según el informe, el sector industrial también enfrenta un recorte en el apoyo estatal. En el Presupuesto 2026, los recursos y exenciones destinados a la industria registraron una reducción del 40%.

Los investigadores señalan que el apoyo público se concentró principalmente en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a grandes proyectos de capital extranjero vinculados a energía, minería y siderurgia.

Estado de alerta

El documento advierte además sobre la situación del sector de bienes de capital, considerado estratégico para el desarrollo industrial. Entre 2023 y 2025, la producción local cayó casi 25%, mientras que las importaciones crecieron 77%.

A esto se suma el impacto del Decreto 273/2025, que flexibilizó la importación de maquinaria agrícola usada. Entre mayo y octubre de 2025, estas importaciones se multiplicaron por ocho respecto al mismo período de 2024.

Los autores del informe advierten que esta tendencia podría afectar el desempeño del complejo nacional de fabricantes de maquinaria agrícola.

Retroceso de cuatro décadas

Finalmente, el estudio concluye que el PBI industrial per cápita registró un fuerte deterioro: el nivel actual es similar al de 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente 40 años en términos de producción industrial por habitante.

Los investigadores advierten que estos indicadores reflejan un proceso de desindustrialización que, de profundizarse, podría tener impactos estructurales en el empleo, la producción y el perfil exportador de la economía argentina.

El retroceso reciente de la industria argentina no solo se expresó en la caída de la producción y el empleo. También se manifestó en una serie de cierres de plantas, retiros de compañías internacionales y reestructuraciones empresariales que impactaron directamente en la actividad fabril. Así lo señaló un informe sobre coyuntura industrial elaborado por investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El documento relevó una serie de movimientos empresariales recientes que atravesaron distintas ramas industriales, desde la metalurgia hasta los electrodomésticos. Entre los casos mencionados aparecen Whirlpool, Electrolux, Mabe, Eskabe, Lumilagro, Acindar, Ferrum, Mirgor, Essen, Acerbrag y Vassalli, compañías que enfrentaron cierres de plantas, repliegues productivos o procesos de reorganización en sus operaciones.

Uno de los casos más significativos fue el de Whirlpool, que anunció el retiro de la producción local en la Argentina. La empresa había inaugurado en 2022 una planta en Pilar para fabricar lavarropas destinados al mercado interno y a la exportación regional. Según el informe, la filial regional comunicó luego su decisión de abandonar la producción local, argumentando cambios en su estrategia de eficiencia operativa y asignación de recursos.

El estudio también menciona dificultades y repliegues en otras firmas vinculadas al mercado interno de electrodomésticos y equipamiento del hogar. Electrolux, Mabe, Eskabe y Lumilagro aparecen entre las compañías que enfrentaron problemas para sostener su producción local en un contexto de caída del consumo y deterioro de la actividad industrial.

El informe identificó además procesos de ajuste o reorganización en empresas industriales de otros rubros, entre ellas Acindar, Ferrum, Mirgor —con impacto en sus unidades IATEC, Famar y Brightstar—, Essen, Acerbrag y Vassalli. En estos casos, el documento menciona reducciones de actividad, reorganizaciones empresariales o cambios en las estrategias productivas.

Para los investigadores del CEHEAL, estos movimientos empresariales suelen aparecer en períodos de recesión industrial. En esos contextos, la caída de la rentabilidad y la contracción del mercado interno pueden derivar en quiebras de empresas locales, cierre de plantas o retiro de compañías internacionales, fenómenos que terminan debilitando el entramado productivo.

El informe ubica estos procesos dentro de un deterioro más amplio de la industria argentina. Entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera registró una contracción significativa y la participación de la industria en la economía se redujo del 16,5% al 13,7%, uno de los niveles más bajos en décadas, según el estudio.

En ese escenario también se produjo el cierre de Fate, histórica fabricante de neumáticos fundada en 1939. La empresa cesó este año su producción en la Argentina y dejó al país sin fabricación local de neumáticos después de 86 años de actividad. El cierre implicó la pérdida de cientos de puestos de trabajo y trasladó la producción del mercado local a las filiales de las multinacionales Firestone y Pirelli.

Para los autores del informe, la combinación de recesión económica, caída del consumo interno, menor inversión y cambios en las estrategias empresariales está configurando un proceso de reconfiguración del mapa industrial argentino, caracterizado por cierres de plantas, repliegues productivos y mayor dependencia de importaciones.

Ese proceso no solo afecta a las empresas. También impacta directamente sobre el empleo industrial y sobre la capacidad productiva del país, al reducir la cantidad de plantas fabriles activas y debilitar las cadenas de valor locales que sostienen la actividad manufacturera.

El informe también advierte que la crisis industrial reciente tiene una magnitud histórica. En 2024 la industria argentina registró una contracción del 8,8% en términos reales respecto de 2023, la caída más pronunciada de las últimas décadas y superior incluso a la registrada durante la pandemia de 2020. Como resultado de ese retroceso, el nivel de actividad fabril quedó 18,5% por debajo del máximo alcanzado en 2011, lo que refleja la profundidad del deterioro productivo que atraviesa el sector manufacturero.

El documento también subraya un cambio estructural en la economía argentina. Entre 2023 y 2025 la participación de la industria manufacturera en el producto interno bruto se redujo del 16,5% al 13,7%, una caída que llevó al sector a niveles de incidencia económica comparables con los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial. Para los investigadores, esta pérdida de peso relativo del sector fabril constituye uno de los indicadores más claros del proceso de desindustrialización que atraviesa el país.

El deterioro industrial también se reflejó en el empleo. Durante 2024 la industria perdió alrededor de 21.600 puestos de trabajo registrados, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial citados en el informe. En el período más reciente, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la actividad manufacturera eliminó en promedio 77 empleos formales por día, lo que convirtió al sector en uno de los principales focos de destrucción de empleo privado en la economía argentina. Si se incluye el trabajo no registrado, la pérdida asciende a unos 160 puestos diarios, según estimaciones del propio informe.

JJD

La industria textil argentina atraviesa uno de los retrocesos más profundos dentro del entramado manufacturero, en un contexto marcado por la caída del consumo interno, la pérdida de actividad industrial y el aumento de las importaciones. El sector opera apenas al 40% de su capacidad instalada, según un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ese nivel de utilización refleja el fuerte deterioro de la actividad en una rama industrial históricamente vinculada al mercado interno y al empleo intensivo.

El estudio señaló que los cambios más pronunciados en el mapa industrial reciente se observaron en la actividad textil, donde se registraron quiebras, cierres de empresas y retiro de firmas. Según el documento, ese proceso redujo la utilización de las plantas fabriles hasta niveles mínimos dentro de la industria nacional y dejó amplios segmentos de capacidad productiva ociosos.

La crisis se reflejó también en el empleo. Más de 11.500 puestos de trabajo registrados se perdieron en la cadena textil, indumentaria, calzado y cuero entre diciembre de 2023 y junio de 2025, según un informe de la Fundación Pro Tejer. Esa reducción implicó aproximadamente una caída cercana al 10% del empleo del sector, uno de los más intensivos en mano de obra dentro del aparato industrial argentino.

Otros relevamientos indicaron un deterioro todavía mayor. Más de 16.000 puestos laborales desaparecieron en la cadena textil desde fines de 2023, según un informe sectorial citado por la revista Forbes Argentina. La contracción impactó principalmente en pequeñas y medianas empresas vinculadas a la confección de indumentaria y en talleres que integran la cadena productiva.

El retroceso del sector también se expresó en la producción industrial. La producción textil cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025, mientras que la contracción alcanzó 47,6% si se comparó con dos años antes, según un informe del Observatorio de la Cadena Textil e Indumentaria de la Fundación Pro Tejer. En el acumulado anual, la producción del sector registró una caída cercana al 6,4% durante 2025, lo que reflejó el deterioro sostenido de la actividad.

Ese retroceso productivo se tradujo en niveles muy bajos de utilización de la capacidad instalada. Las fábricas textiles utilizaron apenas el 32,5% de su capacidad en octubre de 2025, según datos industriales citados por el portal Infobae. Otros relevamientos sectoriales indicaron niveles aún más bajos: 29,2% de utilización en noviembre de ese mismo año, según el mismo documento citado por analistas industriales.

Los informes coinciden en que la industria textil funciona actualmente con niveles de utilización que se ubican entre el 30% y el 40% de su capacidad, lo que implica que más de la mitad del potencial productivo permanece sin utilizar en las plantas fabriles del sector.

La presión de las importaciones apareció como otro factor clave en el deterioro del sector. Las importaciones de prendas de vestir crecieron 91% en volumen, según un relevamiento del sector citado por Forbes Argentina. Ese aumento desplazó parte de la producción local en el mercado interno y redujo la actividad de las empresas que abastecen el consumo doméstico.

El impacto también se reflejó en la estructura empresarial. Más de 500 pequeñas y medianas empresas textiles cerraron durante el período reciente, según un informe sectorial citado por el diario El País en su cobertura sobre la crisis de la industria argentina. La mayoría de esas firmas dependía del mercado interno y operaba con márgenes muy ajustados, lo que las volvió particularmente vulnerables frente a la caída del consumo y la mayor competencia de productos importados.

Para los investigadores del CEHEAL, el deterioro de la industria textil forma parte de un proceso más amplio de retroceso manufacturero. El informe señaló que la combinación de recesión económica, menor inversión productiva y debilitamiento del mercado interno redujo la actividad de distintas ramas industriales, entre ellas las vinculadas a la producción textil.

En ese escenario, la elevada capacidad ociosa se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la crisis. Más de la mitad de la capacidad productiva del sector permanece sin utilizar, una situación que impacta directamente en el empleo industrial, en la continuidad de las empresas y en la estabilidad de una cadena productiva que históricamente generó puestos de trabajo formales en la industria argentina.

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La industria argentina perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que equivale a 160 empleos menos por día, según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El estudio identificó una caída del 8,3% en la actividad industrial durante el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) y advirtió que la contracción impactó de manera directa en el empleo y en la capacidad productiva del sector.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL). Los investigadores señalaron que los datos reflejan un deterioro simultáneo de producción, empleo y estructura industrial, con efectos directos sobre las condiciones laborales en el sector manufacturero.

La destrucción de puestos de trabajo aparece como uno de los indicadores más contundentes del proceso. El informe precisó que el sector industrial registró una pérdida acumulada de 100.000 empleos desde noviembre de 2023. En términos diarios, esa reducción se tradujo en un promedio de 160 trabajadores que dejaron de tener empleo en la industria cada día.

La caída del empleo se produjo en un contexto de retracción de la actividad. El trabajo académico indicó que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025 la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria retrocedió 8,3%. Otros sectores productivos también registraron descensos en ese período, entre ellos el comercio (-5,2%), la construcción (-14,1%) y la pesca (-24,6%).

El deterioro de la actividad industrial también se expresó en el uso de la capacidad instalada. El estudio señaló que durante 2024 y 2025 el nivel promedio de utilización de la capacidad productiva se mantuvo por debajo del 60%, lo que implicó una capacidad ociosa superior al 40% en el sector manufacturero.

Para los trabajadores industriales, ese escenario suele traducirse en suspensiones, reducción de turnos o pérdida de puestos de trabajo. La disminución de la actividad reduce la necesidad de mano de obra en las plantas y debilita la estabilidad laboral en los distintos segmentos de la cadena productiva.

El informe también registró un cambio estructural en el peso de la industria dentro de la economía argentina. Según los datos relevados por los investigadores, la participación del sector industrial en el producto total cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel de participación se ubica en valores similares a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que para los autores del estudio refleja un proceso de desindustrialización que reconfigura la estructura económica del país.

La contracción no se limitó a algunos segmentos específicos. El trabajo indicó que 22 de los 24 sectores que integran la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025.

Entre los sectores más afectados aparecieron la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción, con descensos estimados entre 20% y 25%.

En contraste, algunos rubros mostraron una mayor resistencia a la caída generalizada. El informe mencionó entre ellos a la industria alimenticia, las tabacaleras y el sector vinculado al transporte, aunque todos registraron igualmente retrocesos en su actividad.

El deterioro productivo también se reflejó en el comercio exterior industrial. El estudio señaló que las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado —con mayor contenido tecnológico y generación de empleo— redujeron su participación dentro del total exportado por el sector.

Según el relevamiento, las llamadas Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron 28% de las exportaciones industriales, mientras que en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Ese cambio en la composición exportadora implicó una mayor presencia relativa de productos primarios o vinculados a recursos naturales dentro del comercio exterior del sector manufacturero.

El informe también analizó la situación de la industria de bienes de capital, un segmento clave para el desarrollo productivo porque provee maquinaria y equipamiento al resto de la economía.

En ese rubro, los investigadores detectaron una caída cercana al 25% en la producción local entre 2023 y 2025, mientras que las importaciones de bienes de capital aumentaron 77% en el mismo período.

Ese desplazamiento entre producción nacional e importaciones se tradujo en una menor actividad para las empresas que fabrican maquinaria en el país, con impacto directo en el empleo industrial asociado a ese segmento.

El estudio también advirtió sobre cambios en la política económica que afectan al sector. Los investigadores señalaron que el Presupuesto 2026 registró un recorte del 40% en los recursos destinados a la industria, mientras que el apoyo estatal se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según el análisis, ese esquema priorizó proyectos vinculados a energía, minería y siderurgia orientados al capital extranjero, en detrimento de políticas de financiamiento destinadas al entramado industrial local.

Los investigadores también compararon el nivel actual de producción industrial con series históricas y señalaron que el PBI industrial per cápita retrocedió a valores similares a los registrados en 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente cuatro décadas en la capacidad productiva por habitante.

Ese indicador sintetiza el deterioro acumulado de la actividad manufacturera y su impacto sobre el empleo, ya que el sector industrial se caracterizó históricamente por generar puestos de trabajo formales, con mayor nivel de protección laboral y mejores salarios relativos dentro de la economía.

La pérdida de puestos industriales, la caída de la producción y la reducción del peso del sector en la economía configuran un escenario que impacta directamente en quienes trabajan en la actividad manufacturera. El informe concluyó que los datos relevados reflejan una crisis industrial extendida, con efectos simultáneos sobre empleo, inversión y estructura productiva en Argentina.

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Los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate se movilizan este miércoles a la Secretaría de Trabajo en una jornada que puede definir el futuro de la planta y de los puestos laborales. La protesta acompaña una audiencia entre la empresa, el sindicato del neumático y funcionarios del Gobierno en medio de un conflicto por el cierre de la fábrica y los despidos.

La convocatoria se realizó para las 11 en la sede laboral ubicada en Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires. Participan los trabajadores junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), con apoyo de organizaciones sindicales de la CGT y de las dos CTA.

El eje de la movilización es el reclamo de “reincorporación inmediata” y la defensa de la continuidad productiva de la planta, que permanece paralizada tras la decisión empresaria de frenar la producción. En esa audiencia podría resolverse una prórroga de la conciliación obligatoria o cerrarse definitivamente la posibilidad de reactivar la fábrica.

Los trabajadores buscan evitar ese escenario. En la convocatoria pública afirmaron: “Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias”, y llamaron a organizaciones sindicales y sociales a sumarse a la protesta frente a la Secretaría de Trabajo.

El conflicto escaló en los últimos días después de que el gremio resolviera profundizar el plan de lucha. La asamblea de trabajadores definió convocar a un paro nacional de 24 horas en todas las fábricas de neumáticos y realizar una presentación judicial para exigir la puesta en marcha de la planta con todo el personal.

Entre los puntos de esa acción judicial, el sindicato planteó que la empresa incumplió un acuerdo firmado en mayo de 2025 con la Secretaría de Trabajo y el gremio, que le otorgaba beneficios de no pago de aportes hasta julio de 2026 a cambio de mantener los puestos laborales.

Además, la organización sindical evalúa solicitar la figura de “ocupación temporánea” para que el Estado intervenga la empresa en caso de que el accionista decida abandonar la producción. El objetivo del reclamo es sostener la continuidad industrial y evitar la pérdida de empleos en el sector.

En paralelo a la audiencia, los trabajadores organizan actividades en la calle durante la jornada de protesta. Entre ellas se anunció un festival frente al edificio laboral con la participación de músicos y organizaciones que acompañan el conflicto.

Empresas en crisis y cierres

Mientras el conflicto de Fate continúa abierto, otras empresas atraviesan situaciones críticas que impactan en el empleo.

La compañía Goldmund S.A., responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un proceso de concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. La empresa comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una “etapa de reestructuración” orientada a ordenar sus compromisos financieros y sostener su continuidad operativa.

La decisión se produce en un contexto de dificultades para varias firmas del sector de electrodomésticos. Según la comunicación enviada por la compañía, el proceso judicial busca reorganizar su situación económica y fortalecer la estructura empresarial para continuar operando.

En el sector cárnico, el frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta ubicada en Morón y despidió a 140 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo interno y al aumento de importaciones de carne para el mercado local.

El establecimiento dejó de operar el 27 de febrero y las desvinculaciones se encuadraron en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Mientras tanto, los trabajadores participan de audiencias en el Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones de las indemnizaciones.

La crisis también alcanzó al sector textil en Tierra del Fuego. La empresa Sueño Fueguino, fabricante de marcas de ropa de cama como Danubio y Cannon, suspendió a 70 trabajadores de su planta de Río Grande durante tres meses.

El acuerdo alcanzado con sindicatos prevé que los trabajadores cobren el 70% del salario bruto y el 100% de los conceptos no remunerativos, lo que representa aproximadamente el 90% del ingreso neto durante el período de suspensión.

La empresa ya había despedido previamente a 35 trabajadores en octubre en la misma planta.

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El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

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La Argentina cerró 2025 con un superávit comercial de US$11.286 millones, resultado de exportaciones por US$87.077 millones e importaciones por US$75.791 millones, según el informe preliminar de comercio exterior del INDEC. El dato mostró un desempeño macroeconómico positivo, pero no tuvo impacto directo en la vida cotidiana de quienes trabajan, cuyos ingresos volvieron a perder contra la inflación durante el año.

Aunque el país vendió más de lo que compró y acumuló dólares, eso no significó una mejora automática para los trabajadores. El comercio exterior cerró con números en verde, pero el mercado laboral siguió tensionado y los salarios reales continuaron en retroceso.

El superávit se explicó por un patrón exportador muy concentrado, basado principalmente en productos primarios, agroindustriales y energía. En 2025, las exportaciones se concentraron en productos vegetales (23%), alimentos y bebidas (15%), productos minerales (12%) y grasas y aceites (11%), de acuerdo con la clasificación oficial por secciones del Sistema Armonizado.

Dicho de manera sencilla: Argentina exportó sobre todo granos, aceites, minerales y energía, bienes que se producen con grandes máquinas y relativamente pocas personas. Por eso, aunque las exportaciones crecieron, ese aumento no generó muchos puestos de trabajo nuevos ni impulsó mejoras salariales generalizadas.

El crecimiento de las exportaciones fue real, con una suba interanual del 9,3%, y ubicó a 2025 como el segundo mejor año de la década en términos de ventas externas. Pero el informe del INDEC no registró una expansión del empleo asociada a ese desempeño, porque los sectores que más aportaron divisas no son intensivos en mano de obra.

En otras palabras, al país le entraron más dólares, pero no porque se haya incorporado más gente a trabajar, sino porque los mismos sectores produjeron más o vendieron a mejores precios.

Del lado de las importaciones, el crecimiento fue aún mayor, con una suba del 24,7% interanual. Las compras externas se concentraron en maquinaria, equipos de transporte, insumos químicos y metales, bienes que funcionan como condición necesaria para que la industria local pueda producir.

Esto significa que para que las fábricas argentinas siguieran funcionando —y para sostener los puestos de trabajo existentes— fue necesario comprar más cosas en el exterior. No se trató de un reemplazo del trabajo local, sino de una dependencia estructural de insumos importados.

La combinación fue paradojal: el país exportó bienes que no crean mucho empleo, e importó bienes sin los cuales la industria no puede sostener los puestos que ya tiene. Ese equilibrio dejó poco margen para mejorar salarios sin afectar costos productivos.

El contraste se volvió más evidente al mirar los ingresos laborales. Según datos oficiales, los salarios registrados del sector privado aumentaron 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue de 27,9%. Eso implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso entre trabajadores con empleo formal y cobertura sindical.

Dicho de forma directa: aunque el país tuvo superávit comercial, los salarios no alcanzaron para empatarle a los precios. La mejora en las cuentas externas no se tradujo en una recomposición del poder adquisitivo.

El desacople entre el “éxito” externo y el deterioro interno no fue casual. Los principales destinos de exportación —Brasil, China, Estados Unidos, Chile e India— absorbieron ventas ligadas mayormente a complejos primarios y energéticos. La inserción internacional se apoyó en ventajas naturales, no en cadenas de valor con alta densidad de empleo.

En términos simples, la Argentina vendió lo que tiene, no lo que más trabajo genera. Y eso marcó un límite claro para cualquier mejora automática en las condiciones laborales.

El propio informe del INDEC mostró otro dato clave: la industria manufacturera con mayor valor agregado tuvo un peso acotado en las exportaciones, mientras que las importaciones industriales crecieron para sostener la actividad. El empleo quedó atrapado entre esos dos extremos, sin una política que vincule comercio exterior con mejora salarial.

No hubo “derrame” hacia el trabajo, no como consigna ideológica, sino como resultado observable. El superávit no cambió la trayectoria del salario real, ni generó un shock de empleo. Las negociaciones paritarias siguieron rezagadas, y el ingreso de quienes trabajan no recuperó lo perdido durante el año.

Al cierre de 2025, el balance fue claro: el comercio exterior explicó divisas, pero no explicó mejoras en el trabajo. Los salarios registrados siguieron por debajo de la inflación, y no se verificó una expansión del empleo asociada al crecimiento exportador. El modelo que sostuvo el superávit dejó al trabajo afuera de sus beneficios inmediatos, una distancia que los números oficiales volvieron a dejar expuesta.

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