Dos días después del último golpe de Estado en la Argentina, el 26 de marzo de 1976 se inauguraba la fábrica de Scania en Colombres, a 20 minutos en auto del aeropuerto de San Miguel de Tucumán. En 1971, la dictadura militar de aquel tiempo había organizado una licitación internacional para que se instalara alguna fabrica de camiones pesados y eligió esta provincia norteña porque estaba afectada por el cierre de ingenios azucareros, la crisis de los talleres ferroviarios y el consiguiente ascenso del desempleo y la marginalidad. La ganó la marca sueca, la misma que fascinaba a Diego Maradona, que se compró uno en 1997 y lo estacionaba en su casa de Barrio Parque, en Palermo. En 1972 se puso la primera piedra de la planta, que se puso en marcha cuatro años después, en pleno Operativo Independencia del general Antonio Bussi contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La plana mayor de Scania en Latinoamérica, con su CEO, el brasileño Christopher Podgorski, a la cabeza, y la esperada presencia del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, celebrarán este jueves los 50 años de la única fábrica automotriz de la provincia. Hace 25, en la crisis de 2001, se dejaron de producir acá camiones y se concentraron en elaborar piezas. Ahora despachan 160 componentes para cajas de cambios y diferenciales (parte esencial en el tren motriz que transmite la fuerza del motor a las ruedas) que se exportan a las plantas de camiones de la misma empresa -propiedad a su vez del grupo alemán Volkswagen- en Brasil, Suecia y desde octubre pasado también en EE UU, según contó el director industrial de Scania Argentina, Dante Gonella. Es que el gobierno de Donald Trump le impuso menos aranceles al país de Javier Milei que a la Unión Europea y entonces a la firma nórdica le conviene exportar más desde Colombres. Sólo acá y allá fabrica estas partes.

Pero no todo es euforia en Scania. Pese al mensaje optimista que ofrecieron sus directivos en el aniversario, también se dejaron escuchar los reclamos por menos impuestos y menos tasas de interés. Es un contexto de crisis industrial -la Argentina es el segundo país con más caída, después de Hungría, según la consultora Audemus, de Matías Kulfas, y hasta el embajador alemán en Buenos Aires, Dieter Lambé, la señaló en una reunión la semana pasada con empresarios de su país-, en el que bajan las producciones de automotores y sus partes, incluido el cierre de la fabricante de neumáticos Fate.

“Se está tratando de avanzar con una reforma impositiva, si se pueden bajar ingresos brutos, tasas municipales, el impuesto al cheque”, se refirió el CEO de Scania Argentina, Sebastián Figueroa, a los gravámenes provincial, local y nacional que encarecen las ventas, aunque elDiarioAR también le preguntó por las retenciones que el gobierno de Milei le cobra a las exportaciones automotrices y al tipo de cambio bajo que desalientan la producción. Su jefe latinoamericano, Podgorski, reconoció: “No tengo conocimiento detallado de cuál es la política pública de desarrollo y fomento a la industria. Puedo ejemplificar lo que ha ocurrido en los últimos años en Brasil, donde se definieron políticas claras para la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías, el Programa Mover. Entiendo que el gobierno argentino también debe estar discutiendo un camino claro. La industria necesita siempre necesita capital, pero más de previsibilidad. Es un papel importante de los gobernantes indicar el norte a dónde se presentará la industria argentina con mayor competitividad'. El contraste con el socio mayor del Mercosur es evidente.

Figueroa celebró que en 2025 Scania batiera su récord de ventas en la Argentina, más de 3.200 unidades, el 28% del mercado local, después de años de envejecimiento del parque automotor por las restricciones a los productos importados y al giro de divisas para pagarlos. El CEO nacional espera que se repita en 2026, pero para ello auguró que haya más crédito. “Los clientes necesitan tasas más bajas”, reconoció. “Si baja la inflación, bajarán las tasas”, apuntó, aunque en los últimos días el Banco Central comenzó a relajar las tasas con la intención de reactivar la economía aun a costa de elevar los precios.

Este año, Scania ya no puede encomendarse a vender, como el año pasado, la mitad de los camiones al contado y el resto con préstamos de su propia financiera. “La caja de los clientes se termina y ahora buscan flujos financieros”, admitió Figueroa. Scania Credit presta en dólares, pero al 12%. De todos modos, confía. Por un lado, viene de una Expoagro en la que palpó el entusiasmo del campo, entre las bajas impositivas y la perspectiva de una buena cosecha. En la Argentina los camiones se renuevan cada diez años, en lugar de cinco, e incluso en el transporte de granos los hay de 40 o 50 años. Por otra aparte, el CEO apuesta a Vaca Muerta -se instalaron en el epicentro, Añelo- y a que la minería argentina se desarrolle tanto como la chilena. Acaba de firmar un acuerdo de provisión al yacimiento de cobre, oro y plata Vicuña, en San Juan. Así que enviará personal de la empresa a asistir a esa mina, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Es que Scania no sólo vende sus camiones sino que busca destacarse por sus servicios posventa. Y así es que espera enfrentar la creciente competencia de camiones chinos, como lo hacen en Chile, Perú o Uruguay. “Bienvenida la competencia, pero es importante la infraestructura”, desafió el CEO de la firma sueca en la Argentina, donde cuenta con 29 puntos de servicios propios y tercerizados con 1.078 empleados. En esa red invertirán este año US$12 millones, en parte para ampliar su local de San Juan y la mitad para relocalizarse en Córdoba.

Es bastante más que la inversión industrial. Después de terminar un plan de US$63 millones en los cinco años anteriores, en 2026 Scania desembolsará 7 millones en la planta de Tucumán. “Es para renovación de maquinaria, mantenimiento del edificio, protección contra incendios”, describió Gonella. En esta fábrica, donde 518 trabajadores elaboran piezas para 42.000 cajas y 31.000 diferenciales por año, se presentará este jueves una edición limitada de camiones con los colores celeste y blanco por el aniversario. Podgorski y Gonella esperan que con el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur se exporten más camiones brasileños de Scania, con piezas argentinas, a aquel mercado de 450 millones de consumidores de alto poder adquisitivo.

AR / NB

La última dictadura militar representó un quiebre en muchas dimensiones de la vida social en Argentina. La violación sistemática y planificada de los derechos humanos se dio en el marco de un proceso que llevó adelante fuertes transformaciones en la estructura económica del país. Esto implicó reformar un campo central para entender el presente que vivimos: el de la política fiscal y, muy especialmente, el impositivo. La gestión económica modificó el tablero de tal forma que se aumentó considerablemente la importancia de los impuestos que pagan proporcionalmente más los sectores de menores ingresos y debilitaron los tributos que afectan a las personas de mayor capacidad económica. 

El ejemplo más claro de este movimiento fue la importancia que adquirió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo que recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del 13% al 20%, amplió la cantidad de bienes y servicios alcanzados y movió del 0% al 5% la tasa de alimentos. Este sendero continuó en la transición democrática -en 1986 se unifican las tasas en 18%- y se consolidó en 1995, cuando la alícuota general se llevó al 21% vigente hoy. 

Como resultado, subió considerablemente la importancia de los impuestos al consumo de bienes y servicios en la recaudación total del Estado nacional, pasando de representar el 32% en el período 1973-1975 al 46% en 1976-1983. En las décadas siguientes, a pesar de la inestabilidad económica y los giros de la política, esa proporción nunca bajó del 40%. 

Este aumento se llevó adelante para “compensar” la pérdida de recursos que implicó otra medida muy importante que llevó adelante la gestión de Martinez de Hoz: la eliminación de las contribuciones patronales previsionales por parte de los empresarios. La misma se implementó con el argumento de reducir “impuestos al trabajo”, bajar la carga tributaria de las empresas y estimular la contratación. 

Durante el período se eliminó otro impuesto progresivo: el de la herencia (“Enriquecimiento patrimonial a título gratuito”), que aunque posteriormente reapareció en algunas provincias, sólo existe hoy en la de Buenos Aires. Como resultado, los impuestos patrimoniales (a la riqueza) pasaron de recaudar el equivalente a 0,3% del PBI en 1976 al 0% en 1983, según datos de AFIP. Al mismo tiempo, como parte de la política de apertura comercial, se redujeron inicialmente los tributos al comercio exterior, tanto a las importaciones como las retenciones a las exportaciones. 

Los cambios en el diseño impositivo también alcanzaron la forma en la que el Estado limitaba las prácticas de evasión y elusión impositiva de las grandes firmas. La dictadura alteró los criterios para la determinación de la ganancia de fuente argentina en el caso de las operaciones internacionales realizadas con partes vinculadas de un mismo grupo económico multinacional. Estos cambios habilitaron el uso de determinadas operaciones internacionales (por ejemplo, pago de intereses, regalías y servicios) para reducir artificialmente la ganancia declarada en Argentina, y así pagar menos impuestos. 

Las transformaciones tributarias fueron profundas y transformaron la matriz de recaudación del Estado nacional, volviéndola muy dependiente de los impuestos al consumo, y con menor participación de tributos a los ingresos y al patrimonio. Luego de la caída de los militares no se ha logrado revertir este problema, central para reducir los niveles de desigualdad: es una deuda que la democracia todavía no saldó. En este escenario, creemos que discutir los problemas estructurales de la política fiscal y diseñar alternativas que pongan en el centro los derechos humanos y la equidad es una tarea ineludible. No se trata solo de reparar los efectos de las políticas recientes, sino de transformar un sistema que, desde hace décadas, reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para garantizar bienestar y cumplir el amplio marco de derechos sociales que nuestra Constitución exige honrar. 

Los autores son integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

AR

Javier Milei reforzó este domingo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso su regreso al discurso agresivo, pero lo hizo contra una oposición peronista y contra un par de grandes empresarios industriales a los que pegarles le rinde en términos populares. Pero más allá del acierto político del Presidente, incurrió en diversas falsedades o medias verdades a la hora de describir lo que es la materia que en teoría más debería dominar, la economía.

“La tasa de desempleo cayó, aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta”, sostuvo Milei ante los diputados y senadores. Pero el Instituto de Estadística (Indec) informó hace pocos días que la desocupación alcanzó el 6,3% en el tercer trimestre de 2025, el último medido, es decir, casi un punto más que el 5,4% que en el mismo periodo de 2023. Si bien se recupera el empleo, lo que se crean son puestos de trabajo en la economía informal. Y eso que el jefe ultra promete que la reciente reforma laboral viene a solucionar el problema que dejó el gobierno anterior de que la mitad de los trabajadores se empleasen sin registro, sin derechos.

Milei también señaló que en la administración peronista los jóvenes se iban de la Argentina. Es cierto que eso ocurrió bajo la presidencia de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como vice y Sergio Massa como último ministro de Economía. Pero ocultó que bajo su gobierno también se emigra. No hay datos oficiales de argentinos en el exterior, pero España -principal destino- mide cuántos compatriotas viven allá: por la crisis de 2001 aumentaron 46% en tres años; en los 12 años de kirchnerismo, otro 41%; en el gobierno de Mauricio Macri, un 36%; en el de los Fernández saltaron 62% y en los primeros dos años de Milei se incrementaron otro 15%.

“Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal ni default en 100 años”, destacó el jefe de Estado que vino a destruirlo. Recordó que desde el primer mes de gobierno terminó con el rojo de las cuentas públicas y que lo hizo cortando 30% el gasto y sin subir impuestos sino bajándolos 2,5% del PBI. Se olvidó de señalar que la mayoría de esas rebajas tributarias se orientaron a los más ricos, desde la de Bienes Personales a la reciente de los autos de lujo, no al IVA que pagan por igual los que más y menos tienen.

Eso sí, insistió con que “los impuestos son un robo”. La pregunta es entonces por qué aún la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sigue cobrándolos. O con qué dinero se pagaría entonces a los acreedores de la deuda argentina, cómo se abonaría su sueldo de Presidente y los de los demás empleados públicos o cómo se financiaría las fuerzas de seguridad, las armadas o la Secretaría de Inteligencia, áreas a las que ha dado prioridad.

Inflación y crecimiento económico

“Hemos triplicado el salario en dólares”, fue otra de las afirmaciones polémicas del inquilino de la Casa Rosada. Lo que no aclaró es que el costo de vida en moneda norteamericana aumentó aún más que el sueldo y por eso el poder de compra está peor que lo mal que se encontraba en el gobierno anterior. El Presidente destacó que su equipo económico salvó a la Argentina de la hiperinflación, pero tampoco pudo referirse demasiado en el nivel actual del índice de precios al consumidor (IPC), que viene subiendo mes a mes desde mitad de 2025 y apunta a seguir haciéndolo en febrero último.

Milei sostuvo que la economía creció en sus primeros dos años de gobierno porque comparó sólo los meses de diciembre. Pero se olvidó de contar lo que pasó en los otros 11 meses de 2024 y 2025. En 2024 cayó 1,8% y el año pasado se recuperó 4,4%, después de dos de caída, y con evolución dispar de los sectores. Pero al Presidente le interesan sólo algunos, los que nombró este domingo, como minería, energía, las industrias pesadas que dependen de ella –aunque esté enfrentado con sus dueños–, el campo, la agroindustria y los data centers, a los que aspira atraer a la Patagonia más allá de su impacto ambiental.

“Hoy volvemos a mirar el futuro con esperanza. Estamos haciendo cosas que llevábamos décadas pendientes”, apuntó a la flexibilización laboral, aunque ni mencionó nada de una reforma tributaria integral. Sólo una vaga promesa de disminuir las retenciones al campo en la medida en que las cuentas públicas lo permitan. Calificó a la anterior ley de convenios colectivos de trabajo como un “delirio aprobado hace 50 años y dejo a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Según su opinión, ahora la norma quedó “en línea con la economia con la mayor transformación de la historia”. En eso no mintió, pues el giro del proteccionismo a la apertura es radical.

“No sorprende que haya personas siniestras que, en nombre de la industria nacional, defiendan el proteccionismo desmedido. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de perjudicar a los argentinos de bien”, disparó Milei después de semanas vapuleando a los dueños del grupo Techint, Paolo Rocca, y de la cerrada fabricante de neumáticos Fate y la de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Milei negó que haya una “apertura indiscriminada”, acusó a la oposición de defender a los empresarios que “cazaban en el zoológico” porque de ellos cobraban coimas. “Por eso defienden tanto a Piedrita, a Chatarrín de los Tubitos Caros”, volvió contra Rocca.

“¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero US$4.000, cuando se paga 1.400; y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios? No, ustedes son políticos corruptos que les venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos”, apuntó a Rocca y el peronismo, con el que también se enfrentó.  “¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle, mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, atacó a Madanes “¿O acaso les parece bien pagar una remera básica 50 dólares, cuando la importada cuesta 5?”, disparó a los textiles, que también cierran fábricas. Lo que está claro es que los millonarios seguirán siéndolo y los que más pierden son los obreros despedidos.

No puso fecha, pero Milei prometió que generalizará las rebajas de impuestos y aranceles a la importación que ya rigen para ciertos sectores del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La duda es si llegará a tiempo para evitar el colapso de los excluidos de esos beneficios. Y cómo se financiarán educación, salud y otras funciones básicas del Estado si cada vez se cobran menos gravámenes.

En su discurso mencionó algunos logros como el aumento de la asignación universal por hijo (AUH), la reversión del déficit de Aerolíneas y las inversiones por US$25.000 millones en marcha por el RIGI. Aseguró que para crecer se necesita del equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva –calificó a Luis Caputo como “mejor ministro de Economía del mundo” en otra de sus habituales exageraciones–, la desregulación de la economía –celebró a su ministro del área, Federico Sturzenegger, por sus 14.000 reformas, aunque muchas de ellas hayan tenido bajo impacto–, la inversión en capital humano –más allá del ajuste en educación– y la apertura comercial. “Restringir el comercio está mal”, sermoneó Milei, a pesar de su incondicionalidad con Donald Trump, el paladín del proteccionismo, sobre todo contra China, capaz de producir casi todo mejor y más barato en condiciones sindicales jamás vistas en países democráticos.

AR/MG

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

La Cámara de Diputados votó en la madrugada de este jueves en el recinto el primer presupuesto de Javier Milei, el de 2026, después de dos años de gobernar prorrogando el de 2023, el último del peronismo y aprobado por el Congreso, claro que modificado según el parecer de su motosierra para muchos y de sus rebajas tributarias para algunos. Pero “para obtener una perspectiva completa”, la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ) y otras otras organizaciones recomiendan comparar las erogaciones del año próximo con las de hace tres años y el resultado es una disminución del 24,6%, es decir, un cuarto menos que implica amputar directamente determinadas tareas que antes cumplía bien o mal el Estado.

“El proyecto establece un aumento interanual del gasto del 6,4% en términos reales en servicios sociales frente a 2025, pero este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9% entre 2023 y 2026”, continúa ACIJ. Las partidas que más se recuperan son la de Seguridad Social, es decir jubilaciones y pensiones, dado que aumentan por inflación, pero el bono para la mínima se mantiene congelado en $70.000, con lo que se reduce 2,8% respecto de hace tres años.

También las de salud suben fuerte, 26,5%, porque se expande 47% el programa de los 1.000 Días, para acompañar los primeros tres años de vida de los niños, y 22% la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, de modo de contrarrestar la expansión de sífilis del 71% entre 2020 y 2024. Aunque se hará con menos reparto de preservativos: 15 millones de unidades, en lugar de 54 millones, según observó la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y su Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), que asisten a los diputados de Unión por la Patria (UP) Itai Hagman y Natalia Zaracho.

A pesar de la intención del Gobierno de derogar las leyes que durante este año aprobó el Congreso para recuperar los presupuestos de discapacidad, universidades y hospitales pediátricos como el Garrahan, la votación en particular finalmente rechazó el Capítulo XI donde de incluían estos ítems, y que también planteaba acotar las zonas frías que reciben subsidios al gas y la electricidad, al tiempo que se prevén más aumentos de tarifas y del impuesto a los combustibles. En cambio, se establece un mecanismo de compensación para las distribuidoras eléctricas que se hayan visto perjudicadas por las leyes de emergencia económica, aquellas que congelaron tarifas tras la crisis de 2001.

En el proyecto, la asignación universal por hijo, que reciben desempleados y trabajadores informales, y las asignaciones familiares, que cobran los empleados formales, dejaban de actualizarse por inflación y aumentaban según el criterio y los tiempos que se le antojen al Gobierno.

En el presupuesto 2026 los gastos tributarios, es decir, las rebajas impositivas para algunos sectores, aumentan 2% en términos reales, lo que representa el 24,1% de toda la recaudación proyectada, según ACIJ. Es decir, de todo los impuestos que se recolectan, un cuarto se escurren para beneficiar a determinadas actividades. “Mientras el gasto total del Estado nacional cayó entre 2023 y 2026 casi un 25% y el gasto social lo hizo en un 16%, los gastos tributarios se redujeron apenas un 10%”, insiste la ACIJ.

Los beneficios impositivos representan el 3,4% del PBI. Más que todo lo recaudado por el IVA, equivalente al 3,2% de la economía. La rebaja de Ganancias a jueces y demás empleados del Poder Judicial suponen 0,09% del PBI; el descuento a la educación privada, 0,1%; a las prepagas, 0,05%; al impuesto a los bienes personales para quienes tienen depósitos bancarios, 0,01%; la minería, 0,06%; la electrónica de Tierra del Fuego, 0,17% y la economía del conocimiento, que beneficia a empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar, 0,5%. Estas últimas dos empresas y otras 19 fueron denunciadas por el sindicato informático ante el Ministerio de Economía por recibir el beneficio pese a presuntamente incumplir la contraprestación de mantener el personal.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) apuntó que el Gobierno determina, a su vez, un cupo fiscal o límite máximo de beneficios que el Estado puede otorgar en un período determinado. Y en este sentido señala que el cupo de la educación técnica se reduce 5,1%, el del fomento de las inversiones automotrices, 12,5%, pero el de la economía del conocimiento se eleva 39,1%, mientras se elimina el correspondiente a la promoción de energías renovables.

La ASAP, al igual que otras entidades, menciona que el presupuesto basa sus números en proyecciones macroeconómicas optimistas respecto a lo previsto por el consenso de los economistas de consultoras, bancos, universidades y think tanks relevados por el Banco Central. El proyecto prevé que la economía crezca 5,4% en 2025 y 5% en 2026, con la consiguiente expansión de la recaudación. Pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central marca un 4,4% para este año y un 3,4% para el próximo.

La inflación acabaría 2025 en 31,3% y 2026, en 18,2%, según el REM, lejos del 24,5% y del 10,1% soñados por el Gobierno para ambos periodos, respectivamente. Y el dólar mayorista ya está en $1.449 y el minorista, en $1.480. El presupuesto delira pensando que a fin de año bajará a $1.325 y para dentro de un año, a $1.423. El REM lo pronostica a 1.473 este 31 de diciembre y a 1.668 en noviembre próximo, y eso que esas predicciones se elaboraron antes de que esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, se rindiera ante la evidencia y ampliara la actualización de las bandas cambiarias del 1% mensual a un ritmo igual a la inflación, que el último mes fue del 2,5%.

En el presupuesto no se prevé rebajas tributarias. La reforma prometida a los empresarios deberá esperar a las sesiones ordinarias, que comienzan en marzo. Por ahora se mantienen las retenciones a la exportación, que representa el 7% de lo recaudado, y el impuesto a las transferencias financieras, que son el 18%. Nada se habla de crear un superIVA para reemplazar a los Ingresos Brutos de las provincias.

Por lo pronto, sólo habrá algunos recortes en el proyecto de flexibilización laboral: una merma de la alícuota de Ganancias para empresas, del 35% al 31,5% para las grandes y del 30% al 27% para las pymes; a las entradas de cine y el streaming, los objetos de lujos, los autos, las motos, los barcos y los aviones, los seguros y la telefonía, curiosas rebajas para supuestamente fomentar el empleo, teniendo en cuenta que varios de esos artículos son importados y de que ciertos gravámenes financian el trabajo local. En el presupuesto sí se elimina la exención tributaria a la compra de diarios y revistas.

El diputado de UP Guillermo Michel advirtió que las rebajas impositivas de la reforma laboral no están previstas en el presupuesto. Calculó que la merma de Ganancias para compañías supone el 0,3% del PBI. Nada se dice sobre cómo se compensarán estos jubileos tributarios para algunos.

ASAP señala el incremento del 5,5% del gasto en intereses de la deuda. Eso incluyo los vencimientos por más de US$4.000 millones en enero. Caputo ya dijo que cuenta para ello con 1.000 millones que obtuvo en la colocación de un bono local, otros 7.000 millones que le ofrecen bancos y los swaps (canjes de moneda) con EE UU y China, por 20.000 millones y 18.000 millones, respectivamente.

Pero para el resto del año, Caputo buscará volver a los mercados internacionales de deuda, para refinanciar los bonos de bajísimos intereses que había renegociado en 2020 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Teniendo en cuenta eso, el proyecto de presupuesto elimina un artículo de la ley de administración financiera que obliga a que los canjes o reestructuraciones de deuda cumplan con mejoras objetivas para el Estado en términos de baja del capital, extensión de plazos, o reducción de tasa de interés. Se nota que prevé empeorarlas.

El gasto de capital, o inversión pública, caerá 11,8% respecto de 2025, con lo que consolidará una poda del 74,7% en relación a 2023, según ASAP. Entre lo poco que se hará figuran la compra de cuatro helicópteros para la Base Naval Puerto Belgrano; la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero, la del sistema de provisión de agua potable en la de Tucumán, todas provincias peronistas pero que el gobierno libertario busca seducir; algunas obras de mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad -sólo se prevé privatizar un cuarto de la red vial y persisten las críticas opositoras al estado de las rutas- y otras en la Corte Suprema. En el proyecto de 2026 se registra un fuerte aumento (35%), aunque de todas formas la inversión pública sigue quedando en un nivel históricamente bajo, 76% inferior al de 2023, según ACIJ.

En relación a 2025 se ajustan algunas partidas en general: la de inteligencia, una de las pocas que había crecido con Milei, el 3,1%; la de acciones para fomentar el trabajo, 1,3; la de vivienda, 6,9%; la de agua potable, 0,9%; la de agro, que incluye desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hasta la agricultura familiar, el 6,2%; la de ecología, 5,4% y la de comercio y turismo, el 6,1%, ambas áreas bajo control del secretario de Turismo y Ambiente (le quitaron Deportes), Daniel Scioli.

Sin embargo, en comparación con 2023, todos los rubros caen. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico:

La ASAP señala que se ponen límites a la hora de incorporar empleados públicos en áreas como ciencia, orquestas, coros y ballet nacionales o Vialidad, pero hay una excepción: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Es la dependencia que privatizará la hidrovía del río Paraná. También se da de baja las normas que obligaban a invertir el 6% del PBI en educación, entre la Nación y las provincias; el 1% en ciencia a partir de 2032 y el 0,2% de los ingresos corrientes en escuelas técnicas.

En educación se prevé un aumento del 4% en comparación con 2025 empujado por el Plan Nacional de Alfabetización, pero la retracción contra 2023 es del 49%, destacándose la caída del gasto en universidades (-31%), las becas Progresar (-76%), infraestructura y equipamiento (-84%, incluía la construcción de jardines de infante) y formación tecnológica (-88%, contemplaba el plan de reparto de computadoras), según el OCEPP. Continúa el ajuste en el complejo científico y tecnológico al comparar con 2023: el Consejo de Investigaciones, Conicet (-38%), el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, clave para recuperar la identidad de los bebes robados por la última dictadura (-55%), el Instituto de Tecnología Industrial, INTI (-48%), el INTA (-46%), la Comisión de Energía Atómica, CNEA (-65%) o la de Actividades Espaciales, CONAE (-95%).

En salud el gobierno se derrumban versus 2023 la atención a consumos problemáticos de la Sedronar (-30%), el control de alimentos y remedios de la Anmat (-31%), el Garrahan (-6%) y otros hospitales como el Carrillo (-28%), el Posadas (-30%) o el Bonaparte (-43%), según la OCEPP. Se observa una reducción del 8% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el mismo organismo donde se cobraban coimas por la compra de medicamentos. El proyecto supone un 17% menos de pensiones por discapacidad.

La Tarjeta Alimentar dejó de mejorar en 2025 y junto con las partidas de niñez y adolescencia caen 44% respecto de 2023, al tiempo que se eliminó por completo el programa Economía Social. En infraestructura se quitaron partidas dirigidas a la preservación del medio ambiente; el desfinanciamiento casi total de asistencia a municipios y obras vinculadas al sistema de salud, educativas y de cuidado, se reducen lo destinado a infraestructura hídrica. Desaparecieron programas de vivienda como el Procrear y el Casa Propia, mientras que virtualmente corre la misma suerte de integración sociourbana, o urbanización de villas, así como el de mudanza de los vecinos afectados por la contaminación del Riachuelo. De las 1.365 obras registradas por la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), sólo el 37% se completó, mientras que el 63% restante se encuentra paralizado o suspendido. 

En Seguridad, “a pesar de la retórica del gobierno nacional, se destacan menor presupuesto dirigido a formación y capacitación de las fuerzas, con descensos de entre 37% y 43% respecto de 2023; una desinversión en patrullaje de fronteras o en la prevención de delitos complejos como el narcotráfico, que cae entre un 20% y un 40%”, advierte el OCEPP. Considerando el presupuesto de las cuatro principales partidas vinculadas a la prevención y atención de la violencia de género (Acompañar, Línea 144, Protección de Víctimas de Violencia y ESI), se registra una caída del 89 % entre 2023 y 2026, según ACIJ. La educación sexual integral (ESI) representa apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Se desfinancia la promoción de la salud mental. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se reduce 85% respecto a 2025, que ya había sido ínfimo, según ACIJ.

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El Senado de Brasil aprobó este miércoles una histórica reforma fiscal, considerada una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, que ya había pasado por la Cámara de Diputados en octubre, exime del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios más bajos y, para compensar, crea un tributo mínimo para los “ultrarricos”.

“Hoy es un día histórico. Dimos un paso decisivo para un país más justo”, celebró Lula en su cuenta de X (ex Twitter). El mandatario destacó que fue una “victoria de la democracia y de la justicia social” y agradeció al Congreso por la aprobación, que se dio por unanimidad en ambas cámaras. “El nombre de esto es justicia tributaria. Quien gana mucho va a contribuir con su justa parte”, agregó.

Exención para 25 millones de brasileños

La reforma, una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, establece:

Según el gobierno, esta medida beneficiará a unos 25 millones de brasileños.

“Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más”, declaró el senador Renan Calheiros, relator del proyecto.

El impuesto a los “ultrarricos”

Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para las grandes fortunas. Este impuesto afectará a quienes ganan más de 600.000 reales al año (113.000 dólares) y tendrá un máximo del 10% para aquellos con rentas superiores a 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares).

Este nuevo tributo mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos. Según el Ministerio de Hacienda, este incremento afectará apenas al 0,13% de los contribuyentes.

La reforma fue una de las “promesas estrella” de Lula en la campaña de 2022 y es considerada clave para sus aspiraciones de reelección en octubre de 2026. Ahora, el presidente deberá sancionar la ley para que entre en vigor el próximo año.

En la edición 2025 del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Chubut, Ignacio Torres, ambos de la tercera vía electoral que constituye Provincias Unidas, pronunciaron este jueves cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, pero apoyaron las rebajas de impuestos y la flexibilización laboral que planea el Ejecutivo y reclama el establishment. Ambos coincidieron en que la Nación concentra recursos, incumple compromisos con las provincias y mantiene un esquema impositivo que sofoca la producción y el empleo.

Llaryora sostuvo que no ve “desde el Gobierno una actitud clara y honesta en el debate” y afirmó: “Están recaudando mucho más y lo único que nos está pasando es que no cumplen con las obligaciones”. El mandatario del peronismo cordobés advirtió que esta situación afecta directamente al interior: “Ustedes habrán visto también el abandono de los jubilados del interior, se complicaron las prestaciones de salud”. Para el gobernador, el Gobierno debe propiciar una “discusión tributaria franca, equitativa y federal”, con un marco común de políticas productivas y fiscales. “Tiene que haber un modelo de país y sobre ese marco hacer la reforma tributaria y laboral”, propuso, planteando que las pymes hoy enfrentan “juicios laborales que te haen bajar la persiana”. Y agregó: “Todas las reformas tienen que tener una mirada a favor de la inversión y de la producción. Si el modelo no genera empleo, inversión y trabajo, a la larga en los países democráticos se cae”.

Torres, del PRO no libertario, reclamó “sinceridad” y un verdadero federalismo cooperativo. “El Gobierno no hace ahorro fiscal. Es subejecución presupuestaria”, denunció al señalar que las provincias cargan “con la seguridad, la educación, la justicia ordinaria y las rutas nacionales”. A su juicio, “muchas veces desde lo que se dice a lo que se hace hay contradicciones profundas”. El gobernador de Chubut pidió “no caer en la falsa grieta de los estados subnacionales versus el Estado nacional” y planteó que la Nación debe comprender que “no hay forma en que un país crezca si no hay una mirada específica sectorial a nichos que tenemos que cuidar”. Cuestionó además que “el presidente de la Nación se siente con el de Estados Unidos (Donald Trump) y no ponga en la agenda” temas productivos críticos como “los problemas con los limones y el aluminio”, y resumió: “Se trata de defender lo nuestro más allá de cualquier salvataje económico o financiero”.

Tras las críticas, ambos mandatarios y los empresarios presentes coincidieron en que la Argentina necesita una reforma integral que restablezca las condiciones de crecimiento. El Coloquio giró así sobre un mismo eje: cómo aliviar la carga fiscal y modernizar las normas laborales sin perder sostenibilidad social. Eso sí, nadie blanqueó la palabra “flexibilización” al mencionar la ley del trabajo ni aclaró qué gastos públicos deberían podarse para compensar las rebajas de gravámenes.

Torres relató medidas impulsadas en su provincia para favorecer la inversión. “Decidimos eximir de impuesto al sello a la capitalización y a la constitución de empresas para que puedan capitalizarse”, explicó, y destacó que también se lanzó “un esquema de alivio fiscal para nichos estratégicos como el turismo”, que derivó en “tres hoteles cinco estrellas en Chubut”. En la cuenca petrolera, “bajamos las regalías para las áreas marginales” y acordaron con los gremios una reducción del 30% en costos operativos. Con ese respaldo, la provincia propuso a la Nación “bajar retenciones con el compromiso de que ese ahorro fiscal se vuelque íntegramente a inversión”. Torres reclamó: “Cuando Toto (Luis) Caputo (ministro de Economía) dice 'hagamos patria, bajemos impuestos', hagámoslo juntos, pero sinceremos la realidad”.

En materia de empleo y productividad, el gobernador chubutense fue contundente: “Una reforma laboral es necesaria. Si no, no tendríamos la mitad del empleo prácticamente no registrado”. Calificó de “locura” la presión fiscal argentina, “de las más altas de la región”, y pidió avanzar hacia la “revolución de la normalidad”. “El equilibrio fiscal no hay que discutirlo más”, enfatizó. “Eso no es una premisa libertaria. Es discutir que el inodoro tiene que estar en el baño”. Torres planteó que la discusión debe servir para dotar al país de “previsibilidad, seguridad jurídica” y un esquema de “reglas básicas que no cambien cada cuatro años”.

Llaryora, por su parte, profundizó sobre el impacto de la estructura tributaria en las economías locales. “Que cada uno cobre o perciba los recursos necesarios para sostener las funciones que cada sector está sosteniendo”, pidió, ejemplificando que Córdoba cuenta con “leyes de promoción industrial donde los ingresos brutos son cero para una industria que aparece en Córdoba”. Reclamó, sin embargo, “una actitud nacional más sensata y cooperativa”. Resumió su visión: “Nosotros los cordobeses, imaginate cómo no vamos a querer la reforma fiscal. Imaginate lo que sería Córdoba sin retenciones. Imaginate qué sería Córdoba con la plata que pagamos en impuesto al cheque”.

Claro que nada dijo el cordobés de bajar sus propios tributos provinciales, como ingresos brutos, del que tanto se quejan los empresarios. Ellos recuerdan que las importaciones no cargan con este gravamen. Llaryora cerró con un mensaje de moderación: “Necesitamos empezar a llevar gente con sensatez de gestión y que empiece a encaminar un rumbo. No esto de irse a los extremos. Nosotros no somos dogmáticos”.

Evasión y costo impositivo

Antes de las exposiciones de los mandatarios provinciales, empresarios abordaron el debate de la competitividad y el costo impositivo. Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, la empresa anglobrasileña que refina y comercializa los combustibles Shell, advirtió: “Cuando hablamos de impuestos distorsivos en la industria, más allá de los debates técnicos, estamos hablando de cuánto le cuesta la vida al argentino”. Recordó que “casi 44 o 45% del precio en surtidor corresponde a una suba de impuestos” y que entre los tributos nacionales, provinciales y municipales “los municipales son un caso paradigmático” por su crecimiento “descontrolado en cantidad y monto”. Ejemplificó con que “una refinería, una estación de servicio y un distrito pueden llegar a pagar hasta ocho causas diferentes”. Cavallari valoró que “el abordaje del Gobierno para revisar todo el sistema es positivo”, y ratificó la voluntad de las empresas de “colaborar para tener un sistema impositivo competitivo, eficiente y que ponga al consumidor en el centro de la discusión”.

Eso sí, ni él ni ningún otro ejecutivo de compañías explica qué gastos deberían cortar la Nación, las provincias y los municipios para compensar el recorte de la recaudación que ellos ansían. Claudio Rodríguez, director de IDEA y socio de la empresa de pinturas Sinteplast, ilustró la pérdida de competitividad argentina con datos comparativos: “Agarramos tres países iguales: Uruguay, Paraguay, Bolivia. La materia prima en todos los países es la misma, la mano de obra cuesta lo mismo. Cuando agregamos impuestos, cambia todo radicalmente”. “Terminamos pagando en Argentina 152, 132 en Uruguay, 123 en Bolivia y 116 en Paraguay”. El resultado es un sobrecosto del “32% más caro que en Paraguay, 24% más caro que en Bolivia y 16% más caro que en Uruguay”. Lo que no contó Rodríguez es que ni el Estado boliviano ni el paraguayo ofrecen servicios de salud y educación, por ejemplo, del nivel del argentino.

Eso sí, Rodríguez fue directo: “Si queremos fomentar los grandes productores de trabajo, tenemos un problema”. Y concluyó que la salida pasa por “bajar el gasto público” y “reducir la evasión”, porque “si no logramos bajar la evasión no podemos bajar la pobreza”. Pese a que Milei elogia a los evasores, a los empresarios de IDEA se los escuchó mucho en este coloquio quejarse de la competencia que no paga tributos.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, llevó el foco a la presión sobre las firmas formales: “Tenemos comerciantes con 28% de carga fiscal sobre el PBI, ocho puntos más que la región. Si sacamos la evasión, los que están en blanco pagan 45%”. Dijo que “la presión que está puesta en el sector formal es increíble” y que en un contexto de baja inflación “la falta de competitividad que nos genera tanto para el mercado interno como para exportar es ilimitada”. Para graficar el problema, ironizó: “He conseguido un producto con una diferencia de 30 puntos. ¿Quién no cambia de marca de auto por diez o doce puntos?

Nicolás Braun, gerente general de los supermercados La Anónima y director de IDEA, sintetizó que “Argentina hace 15 años que no genera empleo” y reclamó, con una metáfora de hombre de campo, “reformas estructurales, las cuales estamos esperando con ansias para sacarle las riendas del caballo y que realmente corra”. Para el empresario, la distorsión fiscal es parte central de ese estancamiento. “El Estado se toma el 50% de la cerveza que compra el consumidor”, dijo Braun y Ticinese agregó: “Esto es el dos por uno”.

“No se vio reflejado en una baja importante en impuestos –se refirió el supermercadista a la motosierra fiscal de Milei–. Entonces es momento de que el Estado de alguna forma se ponga los pantalones y avance con una mejor fiscalización”, agregó otra vez contra la evasión. Braun planteó que una mayor eficiencia impositiva permitiría “ampliar la base tributaria, lograr equilibrio fiscal y tributario basado en impuestos menos distorsivos, que lo paguemos entre todos”.

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Ricardo López Murphy duró sólo dos semanas como ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa en la crisis de 2001 porque quiso aplicar un ajuste fiscal que incluía a las universidades públicas pero los radicales, sus entonces correligionarios se resistieron y lo desplazaron. Diputado del partido Republicanos Unidos, ahora este economista encabeza la lista para su reelección por la alianza Potencia en la ciudad de Buenos Aires. Para senador lleva al general retirado Juan Martín Paleo, que condujo las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior. En la provincia de Buenos Aires, la candidata a diputada de Potencia es María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF, de lucha contra el lavado de dinero) en el gobierno de Mauricio Macri.

—Javier Milei emprendió un ajuste que define como el más grande de la historia humana. Cuando usted fue ministro de Economía intentó hacer un ajuste, pero la resistencia interna lo impidió...

—Muy distinta envergadura y magnitud. Nosotros teníamos un pequeño desvío sobre el acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional, FMI). Era un ajuste de 0,6% del PBI. Ahora estamos hablando de un ajuste que es diez veces eso.

—¿Cómo califica el ajuste de Milei?

—Necesitábamos más que ajuste, consolidación fiscal, salir de desequilibrios imposibles de financiar porque no teníamos acceso al crédito y enfrentábamos una inflación demencial. La moneda estaba muy degradada. Los dos mecanismos que permiten financiar el déficit, la emisión monetaria y el crédito, estaban eliminados. No había alternativa, había que hacer una consolidación fiscal. Pero yo lo hubiera hecho de otra manera, con reformas estructurales, reglas más permanentes y no postergando la corrección estructural hasta después de las elecciones.

—¿Habría tocado los mismos gastos e ingresos?

—Lo que hubiera hecho es una reforma tributaria completa: reducción de impuestos al trabajo y aumento de impuestos de otra base que no sean evadibles. El gran problema argentino es la evasión, eso crea una realidad muy compleja. También hubiera hecho una reforma federal: no concentraría en el gobierno nacional tareas que en otros países cumplen las provincias, les transferiría el dinero y me evitaría el drama de administrar lo que el Estado federal no puede. Hubiera avanzado en reforma previsional y en la coparticipación. Todo eso, más la eliminación de subsidios, era imprescindible.

—En 2001 el ajuste que usted proponía era mucho menor. Sin embargo, ahora Milei hizo uno mucho mayor y al principio no hubo resistencia. Pero las elecciones bonaerenses parecen mostrar que finalmente sí hay resistencia. Antes había intolerancia, en 2023 y 2024 hubo tolerancia... ¿pero se terminó?

—No creo. En 2001 buena parte de nuestro liderazgo intelectual, político y económico ignoraba la gravedad de la crisis. Era una crisis extraordinariamente grave, causada por un shock externo brutal, producto de la crisis asiática, rusa y brasileña. Toda la región estuvo en crisis, no sólo nosotros. Ahora es distinto: la crisis surge de la incapacidad y la mala praxis del Gobierno para lidiar con problemas estructurales. No hubo programa adecuado. Lo que se hizo fue parcial, con una visión electoralista y sin hacer lo imprescindible: comprar dólares a más no poder. Vendieron dólares en vez de acumular, y así nos va.

—¿Hubo más tolerancia social al ajuste, pero ya se agotó?

—En 2001 era tan obvio lo que había que hacer. Lo único que hice fue aplicar el protocolo, como un cirujano cuando entra al quirófano. No había escapatoria. Ahora creo que hubo comprensión de las dificultades, que en 2001 no existía. Pero ahora la sociedad tampoco ignora los problemas: nadie quiere volver al pasado. Volver al kirchnerismo sería una locura colectiva. Pero la mala praxis del Gobierno genera resistencia, por lo que lo único que uno espera es que no se equivoquen.

—Queda el recuerdo de la resistencia radical a su intención del arancelamiento universitario.

—Nunca lo hubo.

–Ya sé, pero usted ahora se abstuvo en la Ley de Financiamiento Universitario, ¿por qué?

—El sistema educativo está muy mal. El 60% de los universitarios da una materia por año. Las carreras pueden durar 30 años. Tenemos casi el doble de estudiantes por habitante que Brasil y Chile, pero la mitad de graduados. En Chile se gradúa el 90%, aquí el 20%. Nadie estudia ingeniería o ciencias duras, todo el mundo elige ciencias sociales. Hay 35 facultades de Derecho en los alrededores de Retiro. Es un esquema mal pensado, en plena época de inteligencia artificial. Yo estudié siempre en colegios de gestión estatal, fui a la Universidad Nacional de La Plata y fui 35 años profesor. Creo en la universidad pública, pero el problema es hacer las cosas bien y que los fondos no vayan a alimentar a un grupo de vivillos.

—¿Cómo analiza la situación económica de acá a las elecciones y después?

—La situación es sumamente delicada. Hay una crisis de reservas aguda: menos de US$10.000 millones y se vendió a término entre dólar futuro y dólar alrededor de US$17.000 millones. Como hizo (Alejandro) Vanoli (presidente del Banco Central) antes de 2015, el último año de Cristina (Fernández de Kirchner como presidenta). Requiere después del 27 (de octubre, día posterior a las elecciones) un gran baño de humildad, primero reconocimiento de errores, segundo propósito de enmienda y después soportar el castigo por los errores.

—¿Qué hay que mantener y qué corregir dentro del rumbo económico?

—Hay que mantener y probablemente mejorar mucho. Argentina necesita superávit fiscal. Hay que dejar flotar la moneda y comprar dólares todos los días, unos 100-120 millones durante 200 días hábiles, es decir, llegar a US$25.000 millones anuales para pagar intereses, gastos de la deuda y acumular reservas. Se necesita un superávit comercial operativo de US$25/30.000 millones anuales y equilibrar la cuenta de servicios reales. Si no, no se van a poder recuperar reservas ni crédito. Nadie le presta a quien está en rojo profundo.

—¿Cuánto debería costar el dólar y qué impacto tendría?

—Eso no lo sabe nadie. Lo que hay que hacer es lo que hace el Banco Central chileno: todos los días hace una oferta de compra de dólares, cada media hora, sin preocuparse del precio. Compra siempre, con disciplina.

—Usted habló de castigo, ¿prevé un castigo electoral al Gobierno?

—No lo llamaría castigo, pero si no le fue bien, debe bajar sus ambiciones, reconocer errores y facilitar que el sistema político funcione. Vendrá otra gestión en 2027, es inevitable.

—¿Hay riesgo de una crisis como 2001, tanto económica como política?

—No, no enfrentamos circunstancias tan terribles. Al revés, ahora hay condiciones favorables. El dólar es moneda ancla, pero se devaluó brutalmente: cuando (Richard) Nixon (presidente de EE UU) terminó la convertibilidad oro en 1971, la onza valía US$35, ahora está a 4.050. Se devaluó 115 veces. Aunque nos parezca buena, es porque nosotros hicimos mal las cosas.

—¿Podrá gobernar Milei si pierde el 26?

—Sí, si todos somos sensatos, dialogamos y cooperamos, imponemos un principio de autolimitación y buen trato. Las sociedades que actúan así progresan rápido.

—Usted piensa que el Presidente hasta tendrá que hacer un giro personal, ¿deberá irse de retiro espiritual?

—Cuando se confiesa uno en la Iglesia Católica, primero reconoce la culpa, después propósito de enmienda y finalmente hace penitencia. Si uno se equivocó y quiere volver al ruedo, tiene que hacer cambios de fondo.

—Con boleta única, muchos votarán a Patricia Bullrich a senadora por La Libertad Avanza y a usted a diputado. ¿Cómo ve eso?

—Cuanto más me voten, mejor para el país. Lo espero de corazón.

—¿Las terceras vías tienen chances?

—Decir que no es un disparate. Esto no es una elección ejecutiva: en legislativas se elige el menos malo y se expresan las preferencias. María Eugenia y yo somos mejores que el actual gobierno; en nuestra lista no hay kirchneristas.

—En la capital quedó muy atomizada la tercera opción.

—Al romperse Juntos por el Cambio y suspender las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), todas las fracciones quedaron sueltas. Nosotros logramos una alianza con partidos afines; creo que otras fracciones hicieron lo mismo. Sin PASO, es difícil unificar la oferta electoral. Las PASO seguramente volverán en 2027 y habrá ofertas más claras.

—Al final, las PASO no eran tan malas, ¿no eran tan caras, ahora que se habla de reimprimir boletas por la declinación de la candidatura de José Luis Espert?

—El problema no es el costo, es no tenerlas. Como con la salud: se valora la libertad solo al perderla. Las PASO con boleta única facilitan la gobernabilidad. Ahora el Congreso es un gran desorden. La gobernabilidad es un problema muy serio en la Argentina. No solo para este gobierno, sino históricamente. De ahí patologías como los DNU (decretos de necesidad y urgencia), que son más fáciles de conseguir que una ley.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, hoy rebautizada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), intentó cobrar más impuestos a las grandes tecnológicas durante el gobierno de Alberto Fernández, pero en la mayoría de los casos no lo consiguió. El organismo apuntó por sus beneficios impositivos, con éxito dispar, contra Mercado Libre, Meta (Facebook), Uber y Netflix.

Las compañías tecnológicas son grandes jugadores en la economía global actual; sus ganancias son potenciadas con estrategias de elusión fiscal que, en muchos casos, son impulsadas por un lobby ante distintas instancias de poder y alimentadas por la cercanía entre empresarios y políticos, según pudo documentar la investigación transnacional La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Agencia Publica, con la participación de elDiarioAR en Argentina.

Mercado Libre, empresa emblemática de los “unicornios” argentinos que comenzó como una start-up en 1999, goza de exenciones impositivas del Estado desde 2007. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York desde ese mismo año y se convirtió en una de las más potentes tecnológicas de América Latina, con ingresos netos que superaron los 20.000 millones de dólares en 2024, según sus estados financieros.

La empresa todavía recibe ayuda pública, que despertó acusaciones de lobby supuestamente realizado por su fundador, Marcos Galperín. Mercado Libre recibió US$ 298 millones de dólares como beneficios por exenciones impositivas y descuentos en los aportes patronales desde 2022 hasta junio pasado, según consta en la información presentada por la compañía ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

En agosto de 2022, la AFIP —que se encarga de recaudar los impuestos en el país— presentó una denuncia administrativa interna contra Mercado Libre por presunta evasión de impuestos y de contribuciones patronales entre 2017 y 2019, al considerar que la compañía había obtenido los beneficios impositivos del Régimen de Promoción del Software sin cumplir con los requisitos para hacerlo, según confirmaron tres altas fuentes oficiales involucradas con el caso tanto en el Ministerio de Economía como en la agencia tributaria. Las fuentes mantuvieron la reserva de su identidad porque tanto la denuncia como otra información involucrada en esta investigación está protegida por el secreto fiscal. Aquel régimen del software fue reemplazado en 2019 por otro llamado Ley de Economía del Conocimiento, cuando la empresa fue acusada de hacer lobby para que se aprobara esa nueva normativa.

Para conseguir las exenciones impositivas de ese régimen (que estuvo vigente hasta 2019), las compañías debían demostrar que su actividad principal era la industria del software, lo que incluía la creación, el diseño, la producción y la implementación de sistemas informáticos. La denuncia argumentó que la mayor parte de la facturación de Mercado Libre provenía de las comisiones por las ventas de comercio electrónico, pero no de la generación de software que, además, la empresa destina a su propia actividad comercial. Finalmente, la autoridad de aplicación del régimen, la Secretaría de Economía del Conocimiento del gobierno de Alberto Fernández, dictaminó que la empresa estaba bien encuadrada dentro del beneficio porque consideraban que cumplían los requisitos.

¿Cómo impactaron los beneficios impositivos en los números de Mercado Libre? En 2019, el año que estuvo bajo investigación de AFIP, la compañía recibió descuentos del impuesto a las ganancias y de contribuciones patronales por US$19,9 millones, según consta en el balance que la compañía presentó ante la SEC de Estados Unidos.

La AFIP estaba encabezada en ese momento por Carlos Castagnetto, hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que la Dirección General Impositiva (DGI) era dirigida por la exsenadora santacruceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, el hijo de la entonces vicepresidenta. La denuncia contra Mercado Libre, llevaba la firma del entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Alejandro Otero, según pudo reconstruir esta investigación a través de distintas fuentes del organismo.

La denuncia administrativa fue elevada a la autoridad de aplicación del régimen, que era la Secretaría de Economía del Conocimiento, encabezada por Ariel Sujarchuk, quien reportaba al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sujarchuk consultó al área técnica y finalmente la directora nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira, que sigue en el cargo, firmó un dictamen rechazando la denuncia contra Mercado Libre con el argumento de que cumplía los requisitos para estar dentro del régimen, según funcionarios a cargo del asunto. Tres altos funcionarios involucrados en el caso confirmaron la información a este equipo.

Una de esas fuentes recordó que la compañía de Galperin, el hombre más rico de la Argentina, ya estaba inscripta en ese régimen desde 2007, autorizada entonces por el gobierno de Néstor Kirchner. Este equipo intentó contactar con los responsables de la AFIP en ese momento, así como con Sujarchuk y Ferreira, para conocer más detalles sobre esa resolución, pero los involucrados no respondieron la consulta. Se consultó a las autoridades de entonces y actuales de la Secretaría de Economía del Conocimiento, pero se ampararon en el secreto fiscal que resguarda la información tributaria de cualquier contribuyente, incluido Mercado Libre, para evitar comentarios.

No fue la primera vez que los técnicos de la agencia tributaria cuestionaron los beneficios fiscales que recibía Mercado Libre. Aunque con distinto color político, la AFIP también había intentado que la compañía pagara más impuestos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero tampoco lo logró.

En septiembre de 2017, el entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP, Juan Carlos Santos, había denunciado a la compañía con una premisa muy parecida a la que se intentó impulsar en 2022: que la mayoría de sus empleados no se dedicaban al desarrollo de software, sino al comercio electrónico.

La denuncia fue elevada al ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera. Dos meses más tarde, en diciembre de 2017, la demanda fue rechazada con el mismo argumento, según se pudo reconstruir con el testimonio off the record de dos de los altos funcionarios involucrados en la denuncia de 2022.

Mercado Libre estaba bien encuadrada en las ventajas impositivas y patronales que otorga el régimen, consideró el entonces ministro Cabrera. Alegó que la empresa se dedicaba a desarrollar software para quienes vendían por su plataforma y que cobraba comisiones por esas actividades, que a su vez representaban el 97% de sus ingresos. La denuncia de 2017 involucraba impuestos y contribuciones que la compañía había dejado de pagar por 500 millones de pesos argentinos, equivalentes entonces a US$28,5 millones, por los balances de años anteriores, según consta en la demanda de la AFIP.

Ante la consulta de este equipo, el exministro Cabrera explicó la decisión tomada al considerar que existía un decreto reglamentario de esa ley que explicitaba que daba por válidos los desarrollos de software para el propio uso de la compañía si el beneficiario final era un usuario externo, “como es el caso de los vendedores y compradores de Mercado Libre”. Y agregó: “No es solo una opinión técnica local; es la forma en la que están hechos estos regímenes de promoción en muchos lugares del mundo”.

Tres meses después del caso, en marzo de 2018, el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, renunció a su cargo. La disputa por Mercado Libre fue una de las varias peleas internas que mantuvo durante el gobierno de Macri. Fue reemplazado por Leandro Cuccioli, que permaneció allí hasta 2019. Años después, en 2024, Cuccioli fue nombrado vicepresidente de Mercado Libre. La afinidad ideológica de Galperin con el macrismo es públicamente conocida, ya que durante su gestión el fundador de Mercado Libre volvió a vivir en Argentina tras 14 años instalado en Uruguay.

CLIP y elDiarioAR enviaron un cuestionario a Mercado Libre para preguntar por estas denuncias de AFIP y por la relación de Galperín con el gobierno de Macri, pero desde la compañía no respondieron las preguntas.

Los beneficios para Mercado Libre

El Régimen de Promoción del Software fue una iniciativa impulsada en 2004 por Néstor Kirchner para potenciar una industria conformada mayormente por pequeñas y medianas empresas argentinas con potencial de crecimiento. Aunque Mercado Libre ya destacaba en ese universo, todavía estaba lejos de convertirse en una de las empresas más valiosas de América Latina, como ocurriría años después.

El régimen tenía fecha de vencimiento a finales de 2019, y por eso el gobierno de Mauricio Macri promovió un marco normativo incluso más amplio llamado Economía del Conocimiento, que abarca también a la producción audiovisual, la biotecnología, los servicios geológicos, la nanotecnología y la industria aeroespacial, entre otras actividades. Para las empresas, el objetivo era mantener o, incluso, aumentar los beneficios impositivos que ya les otorgaba el Estado a través del régimen todavía vigente.

Macri presentó el proyecto de ley el 12 de marzo de aquel año, tras una reunión con este amplio sector. Allí estuvo junto a Galperín, entre otros empresarios. “Hoy presentamos el proyecto de ley para la Economía del Conocimiento. Es importante porque este sector es uno de los más dinámicos en el país: en 2018 generó US$ 5.300 millones en exportaciones y es nuestro tercer complejo exportador”, escribió el entonces presidente en su cuenta de Twitter.

Macri publicó este posteo junto a un video con el CEO de Mercado Libre: “Contento de estar enviando al Congreso este proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que va a ayudar muchísimo a generar empleo, a mantener a Argentina competitiva en una industria donde todos los países de la región están haciendo todo lo posible por atraer y retener el talento que nosotros tenemos. Esperamos que sea aprobado en el Congreso”, dijo Galperín ante la cámara.

A diferencia de la ley de software, el nuevo proyecto mencionaba explícitamente al comercio electrónico, principal actividad de Mercado Libre. Es decir, la compañía eludía de esta manera el cuestionamiento que le había hecho la AFIP (y que ya había rechazado el gobierno de Macri) por una interpretación sobre la creación de software. Altas fuentes del organismo tributario consultadas por esta alianza consideran que, de este modo, quedó zanjada la discusión de que Mercado Libre efectivamente estuviera encuadrada dentro del nuevo régimen de promoción impositiva.

La nueva ley también otorgaba beneficios: si el antiguo régimen reducía a las empresas beneficiarias el impuesto a las ganancias a una tasa efectiva del 12% y les recortaba el 70% de las contribuciones patronales, con la nueva norma pagarían 15% sobre sus ganancias y mantendrían la rebaja de aportes a la Seguridad Social del régimen anterior.

Poco más de un mes después de presentado el proyecto, el 24 de abril de 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 182 votos a favor y sólo dos en contra. Se logró un inusual consenso entre la coalición gobernante, Cambiemos, y la oposición peronista. Únicamente votaron en contra los dos diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), una alianza de partidos trotskistas.

Nicolás del Caño, diputado del FIT, cuestionó durante el debate parlamentario que con la nueva ley se beneficiaba “la apropiación privada de las grandes empresas del conocimiento” y mencionó a “Galperin, un empresario amigo de Macri, que cuando el presidente presentó este proyecto se lo veía muy feliz haciendo lobby para que este Congreso sancione esta norma”.

El día de la aprobación, el CEO de Mercado Libre celebró por Twitter el “rotundo apoyo de todas las bancadas”. Una persona le recordó en un intercambio por esa red social que la izquierda había votado en contra, entonces el empresario le respondió: “Mientras tanto, el comunismo en China se enfoca en hacer crecer su industria del conocimiento, a la cual ven como una de las principales áreas de innovación y creación de riqueza y empleo. #izquierdadecabotaje #sintonizanenblancoynegro”.

Días después de la media sanción de la ley, el dirigente social peronista Juan Grabois acusó a Mercado Libre por supuestos “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”, al tiempo que objetó que incluyera a esta empresa entre los beneficiarios de las leyes del software y de la economía del conocimiento.

Como ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado también hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios para aprobar por unanimidad (49 votos a favor, cero en contra) la Ley de Economía del Conocimiento. El senador peronista Mario Pais, cercano al kirchnerismo, había sido crítico de la nueva ley durante el debate parlamentario por los beneficios para Mercado Libre y hasta adelantó que votaría en contra, pero finalmente apoyó la iniciativa.

“Tal vez no quiero que este esfuerzo fiscal vaya a grandes empresas como Mercado Libre o los laboratorios concentrados internacionales. Es que lamentablemente, con dolor en el alma, quería fundar mi voto negativo a este proyecto por las falencias de orden económico y constitucional que estoy señalando”, había argumentado el senador peronista.

El oficialista Esteban Bullrich, cercano a Macri, le contestó: “En lugar de pensar que es una pena que estas empresas crezcan, hay que pensar que ese crecimiento genera empleo. No sintamos vergüenza de que las grandes empresas se conviertan en más grandes”. El senador Federico Pinedo, cercano a Macri, también defendió a Mercado Libre.

Pais volvió a cargar contra la compañía: “Pero ya es grande Mercado Libre. Cuando fue chica, bienvenida sea la promoción y el esfuerzo fiscal de todos los argentinos para promoverlas. Una vez que son grandes, cuando son multinacionales, como Bayer, Gador, Roche, Pfitzer, Glaxo, que pueden incorporar innovación tecnológica, no sé si podríamos precisarlo”.

Macri promulgó el 10 de junio de 2019 la Ley de Economía del Conocimiento (se publicó en el Boletín Oficial) y, ese mismo día, inauguró junto a Galperin un centro de desarrollo de Mercado Libre en Buenos Aires. “Hace muy poquito hemos logrado algo que también es muy bueno: dialogando, acordando con los emprendedores, el gobierno, senadores, diputados, hemos logrado casi por unanimidad una nueva ley para fomentar, para impulsar aún más la economía del conocimiento”, celebró el entonces presidente.

La simpatía pública entre Macri y Galperin quedó plasmada en el apoyo electoral del empresario, que pedía públicamente el voto para el entonces presidente durante la campaña. “Porque quiero que mis hij@s vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro”, escribió el empresario más rico del país en su cuenta de X junto a una foto del presidente con la inscripción “Yo lo voto”.

De hecho, Galperin se anotó como fiscal de PRO, el partido político creado por Macri, para garantizar sus votos en la provincia de Buenos Aires el día de la elección. Además, su hermano, Nicolás Galperin, hizo tres donaciones a título personal a la campaña electoral de Macri, que buscaba su reelección, por un total de $357.644 (equivalentes a 8000 dólares) el último día de julio de 2019, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral.

Una nueva ley

Pese a su aprobación casi unánime, la Ley de Economía del Conocimiento, que iba a comenzar a regir en 2020, comenzó a ser cada vez más cuestionada por el peronismo. Días después de que Alberto Fernández fuera electo presidente, en enero de 2020, el nuevo gobierno suspendió la aplicación del nuevo régimen y propuso una reforma que reducía los beneficios de las grandes empresas, como Mercado Libre.

Con la derrota de Macri consumada, Galperín fue recibido por Alberto Fernández pero después de ese encuentro, en febrero de 2020, comunicó que se volvía a radicar en Uruguay, una decisión que mantiene hasta la actualidad. El hombre más rico de Argentina, cuya fortuna es cercana a los US$ 10.000 millones (según el ránking de la revista Forbes), fue alcanzado por el aumento dispuesto por Fernández para el impuesto sobre los bienes personales.

En junio de 2020, en plena cuarentena, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento con el apoyo unánime del peronismo gobernante y de la oposición rebautizada como Juntos por el Cambio (JxC): 247 votos a favor y 2 en contra, del partido izquierdista FIT. “Desde Cambiemos dijeron que no aceptaban discutir ningún tema que no estuviese vinculado con la pandemia, pero ahora, llamativamente, estamos discutiendo el restablecimiento de la Ley macrista de Economía del Conocimiento que pidió nada más y nada menos que Marcos Galperin”, se refirió el diputado Del Caño al régimen aprobado en 2019, suspendido en 2020, y que iba a reformarse con la nueva norma.

Los lobbies sobre la reforma fueron motivos de debate. La peronista Lucía Corpacci pidió a los diputados de la oposición “que reflexionen y no antepongan intereses personales ni hagan lobby solamente para los grandes”. Jorge Vara, diputado de Juntos por el Cambio, le contestó: “Creo que la relación costo-beneficio no es un problema de lobby. Nos acusaron de lobistas. Yo no sé dónde están los lobbies”.

En octubre de 2020, el Senado convirtió en ley el proyecto por 41 votos a cero, pero introdujo cambios en la ley. Una de las modificaciones se implementó sobre los porcentajes que se cobran del impuesto a las ganancias, que cambiarían según el tamaño de las empresas. Así como la primera Ley de Economía del Conocimiento de 2019 rebajaba el impuesto a las ganancias al 15% (la alícuota para el resto de los sectores era 30% en aquel entonces), en la nueva norma de 2020 los beneficios fiscales pasaron a depender del tamaño de la empresa: la tasa efectiva de las pequeñas firmas se redujo al 12%, la de las medianas subió al 18% y la de las grandes, al 24%.

Además, la nueva ley impuso un límite a la cantidad de empleados sobre los que podían desgravar las contribuciones patronales. Por último, se creó un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento para apoyar a las pymes, financiado con el 4% de las ganancias de las grandes compañías, el 2% de las medianas y el 1% de las pequeñas.

Pese a la rebaja de beneficios a las grandes empresas en la segunda Ley de Economía del Conocimiento, gracias al boom del comercio electrónico por la pandemia, Mercado Libre logró en 2020 elevar su actividad y también la cantidad de millones de dólares desgravados de impuestos y contribuciones patronales, según los balances presentados ante la SEC de Estados Unidos. Pasó de obtener beneficios fiscales por US$19,9 millones en 2019 a US$23,3 millones al año siguiente.

La mira en las multinacionales

Mercado Libre no fue la única compañía tecnológica que quedó bajo la lupa por sus impuestos en Argentina. Las big tech se caracterizan a nivel global por elegir países de baja tributación para afincarse legalmente y, desde allí, prestar servicios en otros países y pagar allí la menor cantidad de impuestos posibles. En algunos casos, las autoridades argentinas fracasaron y en otros tuvieron éxito. Las compañías radicadas en países que firmaron convenios con Argentina para evitar la doble imposición tributaria salieron ganando, pero en caso contrario esas multinacionales quedaron expuestas ante los reclamos de AFIP.

Las big tech han comenzado a abonar desde 2024 un impuesto mínimo global del 15% en 55 países (sólo Brasil lo aplica en Latinoamérica) por un acuerdo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El presidente Javier Milei, que se autodefine como libertario, no lo implementó. En sintonía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo rechazó el pago de este tributo, sino que amenazó en un memorando con sancionar a los países que lo apliquen. La mayoría de las big tech son de capital estadounidense.

La AFIP dirigida por Cuccioli hizo consultas internas en 2018 para saber si debía cobrarle el Impuesto a las Ganancias a la filial de Facebook por los servicios publicitarios de esta empresa que eran contratados por clientes argentinos para captar público local. Pero el departamento legal del organismo rechazó esa posibilidad. “No se verifica la existencia de una actividad desarrollada por la empresa extranjera en el territorio de la Nación”, expresó la consulta vinculante 54/2018 de la AFIP, que es pública. La resolución no menciona a Facebook sino con la sigla “XX” para resguardar el secreto fiscal, pero dos altos funcionarios del organismo confirmaron a elDiarioAR que se trató de la fililal argentina de la compañía estadounidense creada por Mark Zuckerberg.

Pero tres años más tarde, la AFIP revirtió la resolución. Un agente de retención (se desconoce su identidad) preguntó al organismo “si los servicios de publicidad destinados al mercado argentino que se contratan desde el país a Facebook Ireland Limited resultan comprendidos” por el tributo a la renta.

“En tal sentido, cuando los sujetos del país procedan a realizar el correspondiente pago a la empresa del exterior por los servicios prestados, corresponderá que retengan e ingresen a la AFIP el tributo que recaiga sobre tales beneficios”, agregó en la misma resolución el organismo, en ese momento dirigido por Mercedes Marcó del Pont, una dirigente cercana a Alberto Fernández. La opinión fue respaldada por el Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Martín Guzmán.

Al año siguiente, Facebook Argentina tributó por impuesto a las ganancias $1.554 millones de pesos (US$8,7 millones al tipo de cambio oficial), es decir, el 5,4% de sus ventas, según consta en su balance. Pero en 2023, devaluación del peso mediante, pagó de $5.638 millones (US$6,9 millones) por impuesto a las ganancias, el 13,8% de sus ventas. Un aumento de más del doble que el año anterior, a pesar de que el valor en dólares es más bajo por la devaluación del peso argentino durante esos dos años. El aumento en los impuestos fue “significativo”, según los contadores consultados para esta investigación.

En su memoria, Facebook Argentina informa que su único cliente es Meta Platforms Ireland Limited, y que vende servicios, consultoría, asesoramiento y asistencia requeridos por la subsidiaria irlandesa “en relación con las actividades de soporte de marketing y ventas para el desarrollo, la expansión y el mantenimiento de las comunidades de usuarios, anunciantes y desarrolladores en Argentina”. La ley del Impuesto a las Ganancias establece que los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina.

Hubo otros casos. El Ministerio de Economía dictaminó sobre un caso de una plataforma online de reservas de hoteles y departamentos turísticos, según altas fuentes de AFIP. La cartera entendió que, más allá de que el impuesto a las ganancias no alude expresamente a los servicios digitales, no cabe duda de que las comisiones que cobra esta empresa del exterior por su prestación se encuentran alcanzadas por el tributo. Pero como esta compañía tiene residencia fiscal en Países Bajos, nación con la que Argentina tiene un convenio para evitar la doble imposición tributaria, y carece de un establecimiento permanente acá, el organismo resolvió que sólo debe abonar gravámenes en el país europeo.

Los funcionarios de la AFIP consultados aseguraron que lo mismo ocurrió con Netflix. El Ministerio de Economía -bajo la conducción de Guzmán- dictaminó que, aunque la actividad de la empresa de streaming se encontraría alcanzada por la presunción de ganancias de fuente local, como está radicada en Países Bajos y no tiene una sede argentina en la que se generen esos beneficios, entonces le toca tributar en el país europeo. Este equipo contactó a Netflix, pero desde la compañía no hicieron comentarios.

Uber también fijó su residencia fiscal en Países Bajos, pero el gobierno de Macri consideró que tenía establecimiento permanente en la Argentina, al entender que los choferes locales eran sus empleados.

Ante una consulta de la AFIP, que entonces dirigía Cuccioli, el Ministerio de Economía dictaminó en 2019 que Uber tenía presencia local. La agencia tributaria demandó a Uber el pago de impuestos y contribuciones patronales por 358,7 millones de pesos, equivalentes a US$7,7 millones. Altas fuentes de AFIP explicaron que en la Argentina hay dos sociedades similares llamadas Uber Argentina Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) y Uber International BV en Argentina, pero ninguna de las dos se hace cargo de pagar la deuda con el argumento de que carecen de establecimiento permanente y son entidades independientes de aquella que factura en Países Bajos.

Un vocero de Uber detalló ante la consulta de este equipo que el expediente “sigue en instancia administrativa” dentro de la AFIP, aún sin resolución.

Milei, el amigo de las Big Tech

Desde que asumió como presidente, Milei intentó acercarse a las Big Tech, una simpatía que fue también retribuida por estas compañías. Su relación con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y su política ultraliberal constituyen una esperanza de buenos negocios para estas multinacionales en Argentina. Una de las primeras giras de Milei como presidente, en junio de 2024, fue justamente una visita a Silicon Valley, California, la sede de muchas de estas Big Tech. Allí logró reunirse con los CEOs de varias empresas como Tim Cooke (Apple), Mark Zuckerberg (Meta) y Sundar Pichai (Google).

El interés fue recíproco desde el primer día en que asumió. Google fue la empresa más interesada en la Argentina dentro de este sector: ejecutivos locales, regionales y globales de la empresa ingresaron varias veces a los despachos oficiales desde la asunción del economista para hacer su presentación formal, pero también para conversar sobre posibles inversiones en el país. Fueron 14 reuniones oficiales entre empleados de Google y distintos funcionarios del gobierno argentino durante 2024, el primer año de Milei como presidente, según consta en el Registro Único de Audiencias.

Cuando todavía no se habían cumplido tres meses de haber llegado a la Casa Rosada, Cancillería y Google firmaron un acuerdo de cooperación “para el fortalecimiento tecnológico internacional”, según informaron en un comunicado. Pero más allá del anuncio, tanto el gobierno argentino como Google no volvieron a hacer públicas acciones conjuntas. Las relaciones entre las partes continuaron, con más reuniones.

Karan Bhatia, abogado estadounidense, ex representante comercial del gobierno de George W. Bush, se desempeña como vicepresidente de Asuntos de Gobierno de Google a nivel global. Bhatia estuvo en la Casa Rosada el 20 de mayo de 2024 para mantener reuniones de alto nivel, con la entonces canciller Diana Mondino y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los dirigentes de mayor confianza de Milei. Durante esta última reunión se habló sobre “sobre el proceso de modernización” de Argentina y “también se conversó sobre proyectos de Google Argentina vinculados a la Inteligencia Artificial, TICs y herramientas para fortalecer procesos de aprendizaje”, indica el registro público.

Tras esas reuniones, Milei anunció durante su viaje a Silicon Valley que pondría en marcha una reforma para hacer más eficiente al Estado a través de la inteligencia artificial que desarrollaría Google. “Tuvimos una charla con la gente de Google, ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial, así es que vamos a estar avanzando en eso”, dijo el presidente argentino en una conversación con periodistas en la Casa Rosada. Un proyecto que algunos medios de comunicación compararon en ese momento con el acuerdo entre esta compañía y El Salvador, con el aval de su presidente Nayib Bukele.

Eleonora Rabinovich, líder de Asuntos de Gobierno para América Latina de Google, mantuvo reuniones en junio, julio y agosto con el vicejefe de gabinete argentino, José Rolandi para tratar este asunto, según consta en el registro. Sin embargo, casi un año después de esos encuentros, no hubo novedades sobre el supuesto acuerdo para digitalizar el Estado propuesto por la compañía. “No se firmó nada por ahora”, dijo un alto directivo de Google Argentina ante la consulta para esta investigación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

En el hall de entrada del Centro de Convenciones de la Ciudad (CEC), al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dos jóvenes empresarios con start ups tecnológicas se lamentaban del dólar barato este martes en un intervalo de la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham, según sus siglas en inglés) en la Argentina. Uno advertía que los dólares que conseguía de financistas cada vez les alcanzaba para menos y el otro le respondía que ahora le convenía más contratar personal en Francia que por estas tierras.

Más allá, una consultora de comunicación reconocía que por todos lados hay despidos para bajar costos, que es la nueva obsesión de las empresas argentinas para ser competitivas en un contexto de consumo planchado, producción cara de bienes y servicios e incipiente competencia importadora. “Una Argentina competitiva” era el lema de la cumbre. Ese mismo día la prensa informaba de 235 despidos en la azucarera y papelera Ledesma en Jujuy y de un paro contra cesantías en la petrolera Aconcagua Energía -allí trabaja pero en el área renovable la futura presidenta de Amcham, Mariana Schoua-. Otra colega le respondía que cada vez más la contratan empresas que vienen a importar, mientras observa que las locales ofrecen a sus empleados retiros voluntarios. Admitía además que el plan del Gobierno para que los evasores blanqueen dólares ocultos incomoda a grandes empresas norteamericanas que deben manejarse en la formalidad, más allá de las piruetas contables que tienen para eludir el pago de tantos impuestos.

Es que el presidente Javier Milei, que califica a los evasores como “héroes” y a los contribuyentes cumplidores como carentes de “talento o agallas”, promueve un nuevo régimen de desinformación tributaria que beneficia a los primeros mientras sigue la presión a los segundos. Se permite que quienes no pagaron impuestos, pero también los políticos coimeros, los ladrones de cualquier color de guante -desde los de armas de fuego hasta los criptoestafadores-, los narcos, los tratantes de armas y personas o los contrabandistas, puedan usar de a poco sus fondos ocultos sin control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Aunque no lo llamen blanqueo, es uno más y no suele beneficiar al chiquitaje que gasta US$10.000 comprando un auto sin demasiados dramas. En las primeras dos de las tres etapas de la anterior amnistía fiscal que terminó a principios de abril, sólo 278.000 personas blanquearon -sobre un total de 36 millones de adultos en la Argentina- por un valor de US$112.000 per cápita. En el blanqueo más exitoso, el de 2016-2017, se registraron 254.000 individuos con un promedio de US$459.000 por cabeza. No son perejiles. En España, en el último blanqueo que hubo, en 2012, adhirieron 31.000 personas por una media de sólo 37.000 euros cada uno y encima en 2021 se votó una ley que prohíbe futuros jubileos tributarios, según apunta el investigador Alejandro Gaggero, del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

Pero mientras la ARCA se desentiende de los dólares ocultos, mientras reduce su personal con retiros voluntarios y desarticula áreas clave como la de grandes contribuyentes, el Gobierno recauda cada vez más con el IVA, un gravamen regresivo socialmente que pagan todos los consumidores por igual y que va del 10,5% para carne, harina, fruta y verdura al 21% al resto de los bienes -sólo zafa la leche-. Recolecta más con el impuesto a las Ganancias, que han vuelto a pagar los trabajadores que más cobran, en una medida justa pero que contrasta con la rebaja del tributo a la riqueza, o Bienes Personales. Recauda más con retenciones que gravan la exportación del campo, con las crecientes importaciones y con el impuesto a las transferencias bancarias. Porque Milei se define como el topo que vino a destruir el Estado, pero necesita impuestos para pagar la deuda a los acreedores y sostener algunas dependencias públicas que han zafado de la motosierra pese a que cuentan con ñoquis y corruptos como otras áreas ajustadas, llámese fuerzas militares y policiales.

Pese a que Milei consiguió que su aliado Donald Trump presionara al FMI a prestar otra vez a la Argentina y a pesar de que se transita el trimestre con más ingreso de dólares por exportaciones -por la cosecha de soja y maíz-, el Gobierno evidencia su debilidad para acumular reservas en el Banco Central al lanzarse a buscar nuevamente aquellas que se mantienen ocultas, más que en el colchón, en cajas de seguridad de bancos y en cuentas offshore. Necesita dólares para seguir sosteniendo el aumento de las importaciones de bienes y turismo, que tanto satisfacen al electorado. El atraso cambiario ha sido la tentación en la que han incurrido desde Carlos Menem -con Roque Fernández de ministro de Economía a fines de los 90- hasta Cristina Fernández de Kirchner -con Axel Kicillof en ese mismo cargo a mediados de la década pasada-.

Y al mismo tiempo en que el Presidente incentiva al consumo de quienes pudieron acumular dólares ocultos, desalienta el poder de compra de los trabajadores al poner un techo del 1% mensual a las paritarias cuando la inflación navega al 2,8%. El máximo responde a dos objetivos. El primero, explícito, evitar que los empresarios den aumentos de sueldo y después remarquen los precios. El segundo, implícito, impedir que se eleve aún más el sueldo en dólares y los hombres de negocios terminen reduciendo personal para bajar costos. La consecuencia es que entre alta presión impositiva sobre los asalariados y su baja remuneración el consumo masivo no se recupera. En contraste, crecen las ventas de inmuebles, autos y viajes al exterior. No por nada el vocero presidencial, Manuel Adorni, ganó en el norte de la ciudad de Buenos Aires y perdió en el sur, donde además cundió el ausentismo, porque tampoco el peronismo y sus fracasos recientes entusiasman.

Pero no es sólo que por el salario se paga menos sino que también no se paga. En una Argentina de menor inflación, las empresas ya no pueden aumentar los precios para corregir sus números sino que deben bajar gastos para competir o sobrevivir. Los sueldos son bajos, pero constituyen uno de los costos y por eso hay despidos, aunque también retiros voluntarios y prejubilaciones. También hay compañías que reclaman a sus empleados que vuelvan a la presencialidad, pero ellos, ante remuneraciones pauperizadas y creciente costo del transporte, prefieren renunciar. Por eso no hay tanta conflictividad. Mientras tanto, crece la uberización del trabajo. Pero algunos de los trabajadores de plataformas que ya venían en el rubro y que votaron a Milei en 2023 está arrepintiéndose. “Que lo saquen de la Quinta de Olivos con sus paredes acolchonadas, por favor... barato está el dolar”, comentó uno de ellos después que el presidente dijera en AmCham que “la Argentina está baratísima”.

En los pasillos de la cumbre de la cámara de comercio norteamericana, donde no había sólo ejecutivos de empresas de ese origen, contaban que la todas estaban ajustando gastos. Por ejemplo, en uno de los sectores más pujantes y que explican la recuperación económica y el superávit comercial aún superviviente, el de Vaca Muerta, están renegociando contratos con las firmas de perforación y fractura. En un negocio donde si es más conveniente extraer en otro país las multinacionales como ExxonMobil o Petronas se van, Vista Oil & Gas advirtió que el costo de producir en la Argentina supera en 30% o 40% al de EE.UU. Es decir, el tipo de cambio también está afectando a los hidrocarburos, no sólo al campo, la industria, el turismo o la exportación de la economía del conocimiento.

Uno de los diputados que le votó todo a Milei reconocía en el hall de entrada del CEC que ni el sector rural, ni el manufacturero ni el de la construcción estaban invirtiendo. Sólo el minero y el petrolero apuestan, pero también en ellos cunde la duda de si futuros gobiernos respetarán las condiciones del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). A unos y otros les preocupa el tipo de cambio que elevó los costos en dólares y la incertidumbre política. Esta últimas anida no sólo en el temor al regreso del kirchnerismo sino a los freaks que están liderando y ejecutando el programa que el mercado anhelaba. Milei y el Gordo Dan en su reciente emisión del streaming Carajo hacían recordar a Beavis y Butt-Head.

Un hombre del campo comentaba que algunos de su rubro estaban operando a pérdida, pero no iban a liquidar su cosecha de soja y maíz bajo amenaza de que en julio volverán a aumentar las retenciones. El productor vende sólo lo que necesita y no sabe de inversiones para subirse a la bicicleta financiera, como le sugirió el jefe de ARCA, Juan Pazo. Se sienta en su silobolsa y en el peor de los casos producirá menos en la próxima siembra. Coincide con los petroleros que los dólares les alcanzan para menos, pero no tienen otra que seguir exportando porque ahí radica su negocio.

Hay empresarios que no saben cómo hacer negocios en el nuevo contexto. Celebran que su agenda y la del Presidente estén alineadas, pero están apurados porque en 2026 se acometan rebajas de impuestos y aportes patronales, y se acote de una vez la litigiosidad laboral. En la apertura de la cumbre del martes, el presidente de AmCham y CEO de JP Morgan para el cono sur, Facundo Gómez Minujin, mencionó las reformas tributaria y laboral, pero también mencionó otros dos factores clave para la competitividad que no se resolverán de un año para el otro: la educación y la infraestructura. Con docentes mal pagos que pararon este jueves y nadie los escuchó, y con obra pública paralizada, la Argentina camina como el cangrejo.

Gómez Minujin no dijo nada de la desregulación y así se lo reprochó el ministro del área, Federico Sturzenegger, ocupado de anunciar de manera elocuente transformaciones que a veces parecen minucias o frutos de la ignorancia según la opinión de ciertos hombres de negocios. El empresario le admitió el error. En cambio, vinculó la competitividad a otros tres factores que Milei desdeña: la lucha contra la evasión tributaria, contra la desigualdad social y por instituciones sólidas.

Pero más allá de todos ítems que hacen a la competitividad, esta es difícil de alcanzar si el tipo de cambio se sobrevalúa, como quiere Milei. Como dice el economista brasileño Luiz Bresser-Pereira, “la metáfora para explicar el tipo de cambio es la del interruptor de luz porque conecta o desconecta a las empresas competitivas del país del mercado interno y del externo”.

AR/MC

El Gobierno nacional anunció este martes una reducción en los derechos de importación de productos electrónicos, una medida que busca generar una rebaja de 30% en los precios finales.

En el caso de la importación de celulares se realizará en dos tramos. En la primera etapa se reduce de 16 a 8% el impuesto desde su publicación en el Boletín Oficial que se realizará entre jueves y viernes. La segunda etapa será la reducción a 0% desde el 15 de enero de 2026.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa de Gobierno junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Adicionalmente se bajarán los impuestos internos para celulares televisores y aires acondicionados del 19, al 9,5% y para los productos fabricados en Tierra del Fuego de 9% a 0%.

También se reducen los aranceles para la importación de consolas como Playstation o Xbox, del 35% al 20%.

Adorni sostuvo que esta decisión generará una baja de precios de 30% y en ese sentido afirmó que los equiparará al resto de la región.

El vocero sostuvo que no esperan que estás medidas tengan impacto en lo que significa la estructura productiva de Tierra del Fuego.

También convocó a las provincias a que reduzcan el 5% de ingresos brutos que pesan sobre estos artículos.

Qué dijo Adorni

La preocupación del gobernador de Tierra del Fuego

Tras el anuncio de Manuel Adorni, encargado de dar la comunicación a días de la elección de legisladores porteños que tiene al vocero presidencial encabezando la lista de La Libertad Avanza, Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, salió al cruce de la decisión de la gestión libertaria.

“Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego. Lo veníamos advirtiendo: esta medida responde al acuerdo con el FMI, en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia. La industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país. Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate”, cerró Melella en la red social X.

Con información de agencias.

IG

Ante un auditorio adicto, el de una mayoría de empresarios judíos reunidos en el Latam Economic Forum, Javier Milei fue tan ovacionado en su discurso violento este jueves como una semana antes lo había sido en la Expo EFI, donde predominaban los inversores bursátiles. No fue el mismo recibimiento de cruces picantes que los representantes del establishment del campo, la industria, el comercio, la banca, la construcción y la bolsa, nucleados en la Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), le propinaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El Latam Economic Forum es organizado por el financista Darío Epstein, asesor de Milei en la campaña de 2023 y derrotado el año pasado en su intento por presidir la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). En el Golden Center, del sindicato de comercio que lidera Armando Cavalieri, Epstein recibió primero al ministro de Economía, Luis Caputo, y al finalizar su alocución le comentó que en el fondo del salón había unos comerciantes de Once que le decían que “eso de los US$100.000 sin factura les funcionó siempre” y le preguntó si en 2026 iban a poder cobrar en dólares “directamente”. “Sin ninguna duda, pero con factura”, aclaró Caputo, que arrancó esta semana abogando por otro blanqueo de capitales, pero ahora se da cuenta de que el perdón impositivo permanente le puede jugar en contra del superávit fiscal.

Después llegó Milei y volvió sobre la idea de la dolarización “endógena”. ¿Qué quiere decir? Quiere incentivar que la gente que acumuló dólares fuera del sistema legal los use para comprar bienes, sin tener que cambiarlos por pesos. La idea de que no los cambien a pesos tiene que ver con un intento de evitar que la apreciación de la moneda nacional no se pase de rosca y que a la vez se fomente el consumo y la por ahora inexistente acumulación de reservas del Banco Central, comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Presidente defendió a los evasores como héroes que les habían robado a los “ladrones” que gobernaron antes que él. ¿Qué interés tendrían los tenedores de moneda norteamericana de gastarlos cuando valen tan poco, sólo $1.130? Uno podría pensar que quizás los incentiva el perdón fiscal, pero, como dijo Epstein, muchos argentinos ya se manejan de por sí con dólares y en la informalidad tal vez porque saben que la agencia tributaria no los persigue.

En el público, algunos banqueros comentaban la movida que sospechan que hizo el Banco Central de intervenir en el mercado del dólar futuro este miércoles para bajarlo y, así, empujar también la caída del tipo de cambio. ¿El objetivo? Recuperar la senda de la desinflación, perdida en febrero y marzo, y bajar la tasa de interés. ¿El riesgo? Esos hombres de banca apuntaban a que al descenso abrupto del dólar ahora le suceda un ascenso repentino en el tercer trimestre del año, entre el fin de la cosecha gruesa (soja y maíz) y la campaña de las legislativas bonaerenses en septiembre y las nacionales en octubre. En principio, las porteñas del próximo día 18 no deberían provocar una disrupción en los mercados.

Fuera del ex Parque Norte, otros banqueros advierten que del atraso cambiario nunca se salió de manera ordenada, que está pulverizando el ahorro de los argentinos, que sólo conviene gastarlo en caso de necesidad y que está derivando en una sucesión de defaults corporativos como el nuevo de Celulosa. El dólar barato baja la inflación, pero sube el desempleo. Abarata la competencia importada y encarece la producción nacional. Pero Milei privilegia el capítulo inflacionario: la tranquilidad para el consumidor de que las remarcaciones no son permanentes y de que reaparece el crédito, aunque por ahora con pocas cuotas sin interés. La duda de algunos trabajadores es para qué sirve la menor suba de precios sin el ingreso alcanza para menos que antes, ya sea porque el salario no se recupera lo suficiente o porque el empleo se contrae.

Hay empresarios del Cicyp también preocupados por el tipo de cambio, por más que se entusiasmen con las reformas tributaria, laboral y jubilatoria comprometidas con el FMI. Por eso, el presidente saliente del consejo, el ruralista Marcos Pereda, reclamó contra las retenciones, que reducen aún más el dólar que efectivamente cobran los exportadores del campo. “Una parte significativa del superávit fiscal actual proviene de ingresos transitorios y distorsivos, como los derechos de exportación, en especial del sector agropecuario”. Pereda le había adelantado su discurso a Caputo, que entonces prefirió ni ir. Lo reemplazó Sturzenegger, que también se enojó: “Todos los impuestos son distorsivos. Marcos, hablás de retenciones pero si pregunto aquí qué impuestos hay que bajar seguramente habrá distintas propuestas. Se hablará del impuesto al cheque, por ejemplo. Lo relevante no es la baja de impuestos sino la baja del gasto y lo verdaderamente relevante es la motosierra. Están reclamando mal la baja de impuestos, primero hay que bajar el gasto”. Otro ministro en tensión entre el jubileo impositivo y la necesidad de recaudar para sostener el objetivo del superávit fiscal.

La semana próxima Pereda dejará su cargo en el Cicyp porque a la Sociedad Rural le toca cederle la presidencia a la Cámara Argentina de Comercio, que preside Mario Grinman. Se trata de un empresario por demás oficalista, pese a los reclamos de comerciantes en crisis. Una opción es que él asuma la conducción del consejo o que lo haga Bettina Bulgheroni, esposa del presidente de Pan American Energy (PAE) y amiga de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La hermana del presidente está encargada de otra recaudación que interesa, según comentan más y más en el mundo empresarial. Ella y sus asesores como el subsecretario Eduardo Menem, alias Lule, pedirían hasta US$50.000 a los empresarios interesados en reunirse con el jefe de Estado, según comentan al menos dos lobbistas y tal como vienen publicando diversos medios nacionales e internacionales a partir del caso $Libra. Los consultores aclaran que los pagos no aseguran ninguna otra contraprestación, como ser la adopción de alguna medida favorable a determinado interés, y apuntan a reforzar sueldos que públicamente se reivindican como bajos pero resultan insuficientes para sostener el nivel de gastos de funcionarios acostumbrados al buen vivir. No es plata para la campaña.

Para ese fin, los hombres de negocios pueden aportar en blanco a la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje y para la que recauda Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial estrella Santiago Caputo, o a las colectas menos iluminadas que organizan el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, que ahora se quedó sin fondo fiduciario para ejecutar su política, y el vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, dos alfiles de Karina Milei. Pareja arma en provincia de Buenos Aires y Wasserman, en la capital que disputa el vocero Manuel Adorni. Al final de cuentas, son todos métodos de recaucación para la política que siempre existieron y que los continúan los renegados de la casta.

El ministro Caputo, alias Toto, también está en contacto permanente con los empresarios por estos días, pero para disciplinar sus precios. Además de utilizar la receta ortodoxa de bajar la inflación eliminando el déficit fiscal y su financiamiento monetario, también recurre a la herramienta ortodoxa de reclamar que no remarquen bajo la amenaza de usar “herramientas para defender a los consumidores”. Ya lo hizo el año pasado, cuando denunció a las principales prepagas por presunta cartelización mientras los trolls libertarios como el médico Daniel Parisini, alias Gordo Dan, escrachaban en redes sociales al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. A partir de entonces, reina el temor empresario a criticar en público. Tras la salida del cepo cambiario el mes último, el propio Caputo escrachó en redes a las aceiteras y la fabricante de alimentos y productos de higiene Unilever, así como a la automotriz Stellantis. Sobre las telecomunicaciones y la energía también hay presión por los precios.

En el mundillo empresarial advierten de que al mismo tiempo que el ministro reclama contra las remarcaciones, a veces la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dirge Juan Pazo, alfil de Toto, activa alguna consulta contra los remarcadores. Se preguntan por la casualidad. Comparan su estilo con el de Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio que negociaba con una pistola sobre el escritorio pero que fracasó tanto en su cometido que terminó manipulando las estadísticas públicas con la venia de sus presidentes, Néstor y Cristina Kirchner.

Caputo no sólo aprieta los precios sino todavía más los sueldos. Mientras los primeros corren al 3,7% el último mes medido (marzo), no quiere que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, homologue paritarias por encima del 1% mensual. Por eso se indignó con el aumento del 5,4% trimestral que pactaron Grinman y Cavalieri para los empleados de comercio.

Toto ejerce presión, pero también la padece. De manos del gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, para que cancele el swap con China (canje de monedas) que refuerzan las reservas del Banco Central. Ya con Joe Biden, Milei inspeccionó la estación china de observación espacial en Neuquén, sin hallar ningún rastro de uso militar, y excluyó a las empresas estatales como la china CCCC Shanghai Dredging del negocio de la hidrovía del río Paraná. Al gobierno de Xi Jinping le preocupa la presión norteamericana para hacer retroceder a China en el financiamiento y la construción de infraestructura en la región.

Por lo pronto, Caputo no piensa cancelar el swap. Y su subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina Cuenca, recibió este miércoles a una misión comercial de 30 empresarios chinos que visitó la Argentina para comprar aquí los alimentos, la energía y los minerales que ya no pueden adquirir en EE.UU. Es que Beijing le impuso un arancel del 125% a los productos estadounidenses como represalia al 145% que primero les propinó Washington. Aunque China no lo quiera admitir, también busca colocar en otros mercados como la Argentina el 16% de sus exportaciones que iban a EE.UU., sobre todo manufacturas, tanto terminadas como insumos. Pese a que tampoco lo puede reconocer, sigue enviando productos a territorio norteamericano, pero triangulándolo por otras naciones como Vietnam o México.

Los negocios chinoargentinos continúan, mientras el gobierno de Milei negocio con su aliado Trump rebajas arancelarias a 50 productos argentinos a cambio de levantar 16 barreras a bienes estadounidenses, desde la maquinaria usada hasta la ropa de marca que enfrenta la falsificación no sólo en La Salada. Lo que quedó congelado a partir de la asunción de Trump es el viaje del presidente argentino a China. Puede que Milei haya dejado de atacar a China por dictadura comunista, pero tampoco quiere ofender a su amigo. En Beijing no desesperan. Pacientes por tradición, repiten su refrán: “Con prisa no se puede comer el tofu caliente”.

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La tercera y última fase del blanqueo de capitales 2024/2025 finaliza este miércoles, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, planea prorrogarlo. En las primeras dos etapas se registraron US$31.252 millones que habían evadido 278.000 contribuyentes, a razón de US$112.000 por cabeza, en un país con 45 millones de habitantes.

El blanqueo permitió registrar sin pagar impuestos hasta US$100.000 y abonar por el excedente de esa cifra 5% en la primera etapa finalizada en noviembre, 10% en la segunda que duró hasta febrero y 15% en la que cierra ahora. Sólo se pudo declarar efectivo en la primera fase.

Caputo dijo este lunes que quiere apuntar a los “dólares encanutados en el colchón, en cajas de seguridad o donde sea”, sin explicitar las cuentas offshore, como aquellas por las que fue investigado en el gobierno de Mauricio Macri. Y abogó por que se usen “sin dar explicaciones” a las autoridades. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, declaró el ministro, aunque en los países desarrollados y aquellos que pretenden serlo tanto las autoridades tributarias como la de lucha contra el lavado de dinero sí exigen esclarecer el origen de los fondos.

No está claro cómo se instrumentará el nuevo blanqueo que propone Caputo, pero el que se votó por ley en el Congreso el año pasado establece que el Ejecutivo puede prorrogar cualquiera de las fechas de las tres etapas hasta el 31 de julio. Por eso no se descarta un decreto que reabra el fase 1, que permitía el blanqueo de efectivo.

El Gobierno busca prorrogar la amnistía fiscal o impulsar una nueva para impulsar el consumo y el ingreso de dólares, en tiempos en que necesita acumular reservas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en que pretende seguir apreciando el peso para bajar la inflación. Pero la medida despierta críticas de expertos que defienden la lucha contra la evasión y la injusticia tributarias y contra el lavado de activos de ese origen o del crimen organizado, ya sea el narco, la trata de personas o el tráfico de armas.

La economista experta en tributación internacional Verónica Grondona señala que la Unidad de Información Financiera (UIF) debería modificar los umbrales de montos a partir de los cuales se exigen explicaciones. “Es un manotazo de ahogado que erosiona aún más la confianza en el sistema. Con tantos blanqueos y moratorias, todos los contribuyentes saben que cualquier delito que cometan no tiene punibilidad. Esto contribuye más a eso y los efectos son desastrosos. Después está la evaluación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) respecto del cumplimiento de Argentina de las normas contra el lavado de activos el financiamiento del terrorismo”, advierte Grondona, integrante de la Comisión Independiente por la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT, según sus siglas en inglés).

María Julia Eliosoff, de la Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, opina que la nueva iniciativa de Caputo va “muy a contramano del mundo”. Ya tenemos récord de blanqueos, pero dos en menos de un año desafía todos los sentidos comunes. Tiene mucho sentido en su lógica. Si el Gobierno considera que pagar impuestos es un robo, esto contribuye a seguir erosionando la poca o mucha cultura fiscal que tenemos. Además de que es una nueva puerta de entrada a los flujos financieros ilícitos“, alerta Eliosoff.

“Si se sancionara un nuevo blanqueo, se trataría de una situación inédita, porque sería la primera vez que un gobierno anuncia una nueva amnistía antes de que termine una que ya implementó”, apunta Alejandro Gaggero, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Argentina llevó adelante ocho amnistías desde el retorno de la democracia. La realización periódica de esta medida contradice las recomendaciones de los expertos sobre el tema, incluso los del FMI, que coinciden en que, por las perjuicios que genera en una cultura fiscal democrática, tiene que ser una medida excepcional. Argentina también incumple otra de las recomendaciones, que es que las amnistías deben hacerse como parte de un paquete de medidas, que incluyan reformas que hagan a la política fiscal más equitativa y eficaz, que al mismo tiempo establezca mayores controles para reducir la evasión. En nuestro país la implementación de blanqueos tuvo una lógica cortoplacista, principalmente para enfrentar la restricción externa. El perjuicio de esto es que se tiende a degradar todavía más la cultura fiscal, incentivando el incumplimiento. Por otro lado, agrava la injusticia fiscal, porque la evasión que se perdona es la de los impuestos más progresivos, por ejemplo Ganancias y Bienes Personales. Además, los datos de las amnistías anteriores muestran que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, los que blanquean son los sectores más ricos de la población. Por ejemplo, en el blanqueo que se realizó durante el gobierno de (Mauricio) Macri participó sólo el 0,6% de la población y el monto promedio fue de casi US$450.000”, completa Gaggero.

“Huele a desesperación y va contra cualquier estatuto de control de lavado de activos”, opina Francisco Cantamutto, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional del Sur. "Algo de éxito puede tener, aún quedan dólares dando vueltas fuera del sistema, y estirar el veranito, pero acaba de pasar otro blanqueo el año pasado, no sé cuánto más exista realmente dispuesto a reingresar. Por otro lado, el Gobierno sigue relegando fuentes de recaudación afectando al resultado fiscal”, agrega Cantamutto.

El contador Arnaud Iribarne comparte el rechazo. “Todo blanqueo erosiona la relación fisco contribuyente. Si sabés que va a haber blanqueo, hoy no facturás. No podés hacer blanqueos todo los años. Es gravísimo a nivel UIF, GAFI, abriéndote al narco, la trata, las armas. Muestra la desesperación por seguir captando dólares por cualquier lado, es grave, serio. No creo que se pueda hacer sin el Congreso”, evalúa la posibilidad de que se extienda más allá de julio.

En cambio, el economista y diputado radical Martín Tetaz apoya la iniciativa gubernamental, como en su momento votó el blanqueo. “Estoy en contra de hacer un blanqueo por decreto, no se puede hacer, pero generar un mecanismo para que la gente se ponga al día y use la plata que tiene en el canuto me parece perfecto. Por decreto no se pueden condonar impuestos, pero sí multas e intereses punitorios. El Gobierno busca más ofertas de dólares para tener el dólar planchado para las elecciones, bajar la inflación y que los precios de los productos aspiracionales de la clase media, que están en dólares, como electrodomésticos, motos y autos, estén más accesibles. Es la más fórmula más vieja que la Coca-Cola para ganar una elección”, analiza Tetaz.

El diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo opina que, por lo que dijo Caputo, parece “un nuevo blanqueo encubierto para eludir su paso por el Congreso, con el fin de conseguir dólares a cómo dé lugar y ver si puede generar algún repunte del consumo que viene planchado”. “Obvio que va a favorecer a todos los negocios de plata negra, incluyendo el narco. Agrego que conseguir esos dólares tiene el fin de sostener la bicicleta financiera”, concluye Castillo.

Su colega peronista Rodolfo Tailhade se suma a la crítica: “Es una barbaridad ilegal y en contra de los estándares internacionales fijados básicamente por GAFI. Los que entren a sabiendas de que un decreto o resolución conjunta no es una herramienta legal válida, pueden ser denunciados por violación a la ley penal tributaria y a la ley de lavado”, señala Tailhade.

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El papa Francisco iba a inaugurar el pasado 13 de febrero en el Vaticano una jornada titulada “Justicia fiscal y solidaridad: hacia un hogar común inclusivo y sostenible” para discutir el papel de la tributación de las multinacionales y los súperricos para reducir la desigualdad, combatir el cambio climático y financiar el desarrollo sostenible. Es decir, esos que cada vez pagan menos impuestos en el mundo y también la Argentina de Javier Milei. Pero ese día ya se sentía mal y le escribió una carta a uno de sus organizadores, el exministro de Economía Martín Guzmán, explicándole que no podría asistir pero que apoyaba la iniciativa. Al día siguiente, fue internado.

En el congreso hablaron por videoconferencia los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de España, Pedro Sánchez, y en vivo lo hicieron los exlíderes africanos Thabo Mbeki, de Sudáfrica, y Amina Touré, de Senegal. También el Nobel de economía Joseph Stiglitz y dos de sus discípulos y exministros de Economía: Guzmán —que cultivó una estrecha relación con el pontífice— y José Antonio Ocampo, de Colombia. Participaron además el director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, Gabriel Zucman y Abigail Disney, heredera de la familia del gigante audiovisual e integrantes del colectivo Patriotic Millionaires que abogan por abonar más gravámenes; entre otros referentes de la materia.

Muerto Jorge Bergoglio, queda la pregunta de quiénes liderarán movidas semejantes en un mundo que baila al compás del presidente de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, y su secretario de Eficiencia Gubernamental y mayor multimillonario del orbe, Elon Musk. Guzmán lo reconoce como un “líder único” que promovía el “la economía de mercado pero con regulaciones para la gente, como los impuestos”, según confían quienes los frecuentan.

“Hay una movida internacional para promover activamente la elusión impositiva de las grandes corporaciones multinacionales, que incluye a referentes que se beneficiaron de las innovaciones financiadas por los Estados, como, por ejemplo, Musk con Tesla”, apuntó entonces Guzmán, integrante de las dos entidades que organizaron aquel evento, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, según sus siglas en inglés) y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. “A esta movida, Trump le da más vuelo. En nuestro país, Milei se dedica a hacer los coros de los estribillos que están escribiendo otros con poder internacional rea. El sistema tributario internacional toca el núcleo de la capacidad de las sociedades para el desarrollo de la educación, la salud, la ciencia y las infraestructuras. El desarrollo de una verdadera libertad y de una verdadera meritocracia. En lugar de apuntar a tener más países parecidos a Suecia, que está entre las sociedades más desarrolladas del mundo, estos grupos están trabajando para sociedades más desiguales, con más poder para quienes ya son poderosos, y un mayor desempoderamiento de los pueblos. Nosotros trabajamos en contra de eso y a favor del desarrollo de los pueblos”, concluyó el exministro.

El fenómeno es global y argentino. En enero, en paralelo al Foro de Davos, la organización Oxfam advirtió que en 2024 la riqueza de Trump y los otros nueve hombres más ricos del mundo creció en promedio 100 millones de dólares diarios, mientras la pobreza global se ha mantenido casi sin cambios desde 1990, según el Banco Mundial. Por eso, llamó a reducir la desigualdad, cortar la transferencia de riqueza de los países subdesarrollados a los desarrollados y “aumentar los impuestos a los más ricos para poner fin a la riqueza extrema”. “El diseño del sistema fiscal internacional debería acordarse en las Naciones Unidas para lograr que tanto las grandes fortunas como las empresas más poderosas paguen realmente lo que justamente les corresponde. Es vital también acabar con el funcionamiento de los paraísos fiscales. Oxfam estima que la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países que no aplican ningún tipo de impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones, en el legado de su riqueza a sus descendientes directos”, advirtió Oxfam. El 68% de los que tienen más de US$1.000 millones en el mundo viven en los países desarrollados, donde habita el 21% de la población mundial, y el 60 % de la riqueza de los milmillonarios es heredada, está marcada por el clientelismo o vinculada al poder de monopolio, según la organización fundada en Reino Unido y con sede central en Kenia.

En la Argentina, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), que integran nueve ONG de derechos humanos, medio ambiente, economía y otros asuntos públicos, advirtió este mes en un mensaje de la red X, la de Musk: “¿Quién está pagando más impuestos en Argentina hoy? Spoiler: no son los más ricos”. En un trabajo coordinado por la economista Malena Vivanco, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se analizó que el 7% de aumento real (ajustado por inflación) de la recaudación tributaria de febrero pasado había obedecido a un alza del 44% de lo recolectado por el impuesto a las ganancias, un 7% del IVA —es decir, al consumo—, un 304% del gravamen a los combustibles, mientras bajó 47% lo recogido por Bienes Personales, también llamado tributo a la riqueza; y se eliminó el impuesto PAIS.

“El sistema tributario argentino es estructuralmente regresivo: al cobrar impuestos, el Estado profundiza la desigualdad”, planteó ETFE. “¿Por qué? Porque la mitad de lo recaudado a nivel nacional proviene del IVA, un impuesto que afecta más a quienes menos tienen. Mientras tanto, los impuestos a la riqueza nunca superaron el 3% en los últimos 20 años. ¿Y esto mejoró últimamente? No. Todo lo contrario. El paquete fiscal de 2024 benefició a los que más tienen bajando al mínimo el impuesto a los Bienes Personales. ¿Cómo? Subió el mínimo no imponible: menos gente lo paga; bajaron las alícuotas; y se eliminó la sobrealícuota a bienes en el exterior. Resultado: el aporte de los más ricos cayó a la mitad. Bienes Personales pasó de representar el 1,34% al 0,67% de la recaudación total entre febrero de 2024 y el mismo mes de 2025. Un desplome que favorece al 1% más rico”.

“También se eliminó el impuesto PAÍS, que se cobraba sobre operaciones en dólares y financiaba al PAMI y la ANSES”, apunta a los organismos que sostiene la salud de los adultos mayores y las jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo. “Esto puede traducirse en recortes a jubilados y pensionados”, agreg ETFE. “¿Y Ganancias? Se revirtió la medida de 2023 que eximía del pago a asalariados de ingresos medios y altos. Si bien es justo que los altos ingresos paguen más impuestos, esto se hizo en un contexto de fuerte deterioro del salario de los trabajadores. El retorno del impuesto a las ganancias afectó en la práctica a la clase media y media alta. Mientras tanto, los más ricos de los ricos fueron beneficiados con la reducción del impuesto sobre los bienes personales. El Gobierno asumió con la consigna de bajar los impuestos, pero en los hechos solo redujo lo que pagan los más ricos”.

“Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de US$200.000 millones bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país”, planteó esta semana la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que antes se codeaba con el papa y el entonces ministro Guzmán y ahora, en cambio, se congracia con Trump, Milei y su jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Pero lo cierto es que la cifra es mucho mayor y se sabe dónde está.

Magdalena Rua, integrante de ETFE, contador, magister en economía política y docente, calculó por última vez en 2019, con una metodología distinta de la del Instituto de Estadística (Indec), que había US$431.000 millones fuera del sistema financiero argentino, frente a 300.000 millones de la estimación oficial. Es decir, un 43% más. Ahora el Indec habla de 400.000 millones, de los cuales 246.000 millones son inversiones líquidas, desde efectivo y cuentas bancarias, a las que se refiere Georgieva; 102.000 millones son de cartera (acciones, bonos); y 51.000 millones, activos como empresas o inmuebles. Pero si la cifra está subestimada, quizá en realidad sean en total US$572.000 millones. Y no están escondidos bajo el colchón sino que tienen como primer destino Estados Unidos, según Rua.

Otra economista de ETFE, Verónica Grondona, exfuncionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y actual asesora de ICRICT, apunta que los ricos del mundo, incluida la Argentina, resguardan sobre todo su patrimonio en los países con mayor secreto fiscal. Según la organización Tax Justice Network, esos son Estados Unidos, Suiza, Singapur, Hong Kong —que guarda un status especial dentro de China—, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes, las Islas Vírgenes Británicas —por fin, unas del Caribe— y la compatriota Guernsey, en el Canal de la Mancha. ¿Cómo se esconden ahí? “Las estructuras jurídicas usadas son los fideicomisos o trusts, las fundaciones privadas y las limited companies en el caso de Estados Unidos”, explica Grondona. Estas sociedades funcionan como mamushkas: una es dueña de otra, que a su vez es de otra y sólo al final aparecen los nombres de los verdaderos dueños.

“La información de cuentas en el exterior se recibe en la ex AFIP, hoy ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) gracias al intercambio automático de cuentas financieras, pero la información que llega de Estados Unidos a la Argentina, al igual que el resto de los países con acuerdos similares, es muy limitada... Estados Unidos es una gran guarida fiscal”, alerta Grondona. “En el resto de los países, ARCA recibe la información, la ve, la audita, pero si esta detrás de un trust, no puede hacer nada. Sobre esto hay ya algunos fallos locales”.

Para tomar una dimensión de dónde está el dinero negro se puede recordar lo blanqueado tanto en el gobierno de Mauricio Macri en 2016/2017 y ahora con Milei. En aquella amnistía fiscal se registraron US$116.000 millones. En las primeras dos etapas de las tres del blanqueo actual, US$32.000 millones, es decir, un cuarto de lo que se regularizó hace ocho años. No fue récord, como alardeó el autocandidateado a Nobel de economía. Aquel “sinceramiento fiscal”, como le llamó Macri, apuntó sobre todo a los bienes en el extranjero. El actual buscó el efectivo que se encanuta en cajas de seguridad en bancos o se esconden en las casas.

De los US$116.000 millones, casi la mitad eran inversiones en sociedades extranjeras, que a su vez tienen activos. Son como las que tenían sin declarar el diputado del PRO Cristian Ritondo o el mismísimo jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, justo el que se supone que debe luchar contra la evasión. De esas sociedades, la mayoría de las blanqueadas eran de Estados Unidos, Suiza e Islas Vírgenes Británicas.

Poco más de un cuarto de lo registrado eran cuentas bancarias. A su vez, un cuarto de ese cuarto eran en la propia Argentina. Acaso estaban a nombre de testaferros. La inmensa mayoría, del exterior, con Estados Unidos, Suiza y Uruguay picando en punta.

En tercer lugar, se blanquearon inmuebles. Dos tercios, en el propio país, inscriptas antes a nombre de terceros quizás. Un tercio, en Uruguay, Estados Unidos y Brasil.

En la actual amnistía tributaria —ese nombre se le da en otros países y es el más apropiado porque se perdona un incumplimiento que pasada cierta cifra constituye delito encarcelable, es un robo peor que el que cometen los violentos ladrones del conurbano, por ejemplo— dos tercios provinieron del cash y debieron depositarse en bancos. Ya más de un quinto de lo ingresado fue después retirado. El otro tercio blanqueado fueron inmuebles, vehículos, participaciones societarias, criptomonedas y cuentas bancarias en el exterior, empezando por Estados Unidos, Uruguay, España y Suiza.

Si quedan admiradores de Francisco o soñadores de la justicia tributaria, deberán apuntar por aquellos lados. Pero en el mundo hay un Trump que quiere bajar impuestos a los ricos, archivó la idea de un impuesto mundial a las empresas tecnológicas —las que más ganan y las que menos tributan porque se radican en países de baja imposición—, mientras que en la Argentina Milei elogia a los evasores, sus diputados y sus opositores aliados le votaron la rebaja de Bienes Personales y el alza del monotributo para los que menos ganan, los trabajadores de ARCA denuncian el cierre de receptorías y distritos y la intención gubernamental de reemplazarlos por inteligencia artificial, mientras Vázquez permanece inmune en la DGI.

AR/JJD

Primero intentaron conducir un programa de streaming del Ministerio de Economía y duraron tres ediciones, una por mes, de agosto a octubre pasados. Ahora, Federico Furiase, director del Banco Central, Martín Vauthier y Felipe Núñez, directores del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), volverán a probar suerte pero en el canal youtubero facho Carajo, propiedad del médico santiagueño Daniel Parisini, alias Gordo Dan (30%), el multifacético Cale Group, de Augusto Marini, (55%) y la consultora MediaHub, de Patricio Lessa, Sebastián Tabakman y Sebastián Fernández Spedale (15%). Son casi los mismos accionistas del canal progre Blender: 70% de Cale, 25% de MediaHub y 5% de Iván Liska, director creativo del streaming. Pero más allá de las experiencias audiovisuales de los tres asesores del ministro de Economía, Luis Caputo, los tres viajarán este viernes acompañados por el jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, para un acto simbólico en la Bolsa de Comercio de Rosario, el remate del primer lote de soja de la cosecha, pero tratarán con los principales ejecutivos de las cerealeras una cuestión que les interesa sobremanera: el bajo ritmo de liquidación de exportaciones.

Javier Milei y Caputo necesitan de esos dólares del campo para seguir domando el tipo de cambio semilibre —el cepo se levantó para personas, no para empresas— y, por ende, la inflación. Antes de que la semana pasada se eliminara parcialmente el control cambiario, los exportadores recibían un dólar blend, de $1.128 en su última cotización. Ahora cobran al mayorista, de $1.174, más cerca de la franja inferior de la nueva banda cambiaria que de los $1.400 del tope. Esta semana llegó a descender a $1.060, con celebración incluida de parte del ministro, pero en ese momento se tiraron de cabeza a comprar dólares los importadores y lo hicieron rebotar, sin volver tampoco a los $1.200 de los dos días posteriores a la apertura del cepo. Se puso de moda sobrestockearse de productos importados por las dudas de qué sucederá tras las elecciones legislativas de octubre. Por ejemplo, una autopartista ya adquirió todo lo que necesitará hasta los comicios.

Se puso de moda sobrestockearse de productos importados por las dudas de qué sucederá tras las elecciones legislativas de octubre. Por ejemplo, una autopartista ya adquirió todo lo que necesitará hasta los comicios

Si bien la liquidación de marzo último fue 20% mayor que en el mismo mes de 2024 por la baja temporaria de retenciones, es 58% menor al de 2022 y 47% inferior al de 2021. No tomemos en cuenta marzo de 2023 por la sequía histórica. Así como el tipo de cambio atrae a los importadores, espanta a los exportadores. Así como desalienta la inflación y apunta a bajar del 3,7% del mes pasado al 1% mensual para las elecciones nacionales, también destruye el empleo de quienes producen bienes o servicios que compiten con el exterior porque los precios de sus productos aumentan en pesos pero aún más en dólares.

En la actualidad, los exportadores de granos tienen 90 días de plazo para ingresar las divisas. El Gobierno quiere que lo hagan en 15 para adelantar la entrada y seguir en su rol de domador. Las cerealeras retienen cereales en sus silos de metal como refugio de valor, como así también los agricultores en sus silobolsas, aunque los más pequeños no tienen espaldas y deben vender rápido lo que cosechan para pagar insumos (fertilizantes, semillas y agroquímicos, que aumentaron 5% tras la salida parcial del cepo) y alquileres —el 75% de la soja se cultiva en campos arrendados—.

Tres cerealeras concentran casi el 40% de las ventas externas de cereales, oleaginosas y sus subproductos, harinas y aceites: la neerlandesa Viterra, la estadounidense Cargill y la china Cofco. Detrás aparecen la norteamericana Bunge, Aceitera General de Deheza (AGD, de los Urquía), la neerlandesa Louis Dreyfus Company (LDC), la estadounidense ADM, Asociación Cooperativa Argentina (ACA) y Molinos Agro (de los Perez Companc).

Ya no aparece la concursada Vicentin, de la familia homónima, los Buyatti, los Padoán, los Nardelli y los Boschi, cuyo directorio fue intervenido y su acuerdo con los acreedores fue rechazado esta semana por la Justicia. Sus 1.500 empleados esperan cobrar sus sueldos. Dos de sus exdirectivos están presos desde hace un mes, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, mientras otro está prófugo, Omar Scarel. En cambio, no avanzó la causa contra el expresidente del Banco Nación Javier González Fraga y de su exvice Lucas Llach por el crédito que la entidad estatal le dio a Vicentin en 2019, pocos meses antes de presentarse en convocatoria de acreedores en 2020.

Las exportadoras son también aceiteras y están también en conflicto con el Gobierno por la remarcación del aceite en el mercado interno tras el levantamiento parcial del control cambiario. Sólo Molinos dio marcha atrás con la suba.

En cuanto a los productores agropecuarios, que estaban muy entusiasmados con el discurso libertario de Milei en la campaña electoral de 2023, ahora cobijan una mezcla de sensaciones, según uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace.

Por un lado, apoyo a la motosierra fiscal, el combate a la inflación, la liberalización de mercados, la quita de aranceles y burocracia, la unificación cambiaria y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otro, mantienen esperanzas de rebaja definitiva de retenciones, como deja entrever el pacto con el FMI, pero no antes de los comicios. Pero también sienten desazón porque esta no se concreta y encima el presidente les advirtió que volverá a subirlas en julio, como modo de apurarlos a liquidar ahora. Los sojeros sostienen que ya no pueden bajar más sus costos, que algunos ganaron pocos y otros perderán, depende de la región del país y del tamaño de su campo.

Que Milei y Caputo levanten la bandera del dólar bajo para castigar a los que especulaban con devaluaciones, que el Banco Central compre dólares a $1.000, se abaraten importaciones y se controle la inflación preocupa a los técnicos del FMI que negociaron con ellos el reciente acuerdo.

Ellos están inquietos por que se incumplan las normas de intervención cambiaria del Banco Central que se pactaron hace apenas semanas. “El BCRA garantizará el cumplimiento de la banda mediante la compra de divisas ofrecidas en su mínimo y la venta de divisas en su máximo. Dentro de la banda, el BCRA comprará divisas a su discreción, incluso ante grandes liquidaciones de divisas, y de acuerdo con los objetivos del programa, incluyendo las metas de acumulación de reservas. No se prevén ventas de divisas dentro de la banda”, reza el convenio.

Más turbados estarían los técnicos del Fondo si escucharan lo que algunos funcionarios de Economía comentan con inversionistas: que ahora que recibieron todo lo que pretendían, unos US$12.000 millones del primer desembolso del nuevo endeudamiento, harán lo que se les cantan. Saben que para cumplir la meta de acumulación de reservas al 30 de junio deben juntar US$4.500 millones, pero creen que 3.000 millones serán aportados por los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID). Por tanto, sólo tendrían que comprar 1.500 millones en el mercado. Fuentes cercanas al FMI interpretan distinto el acuerdo y advierten que los fondos del Banco Mundial y del BID no pueden computarse en la meta de reservas.

Algunos funcionarios de Economía comentan con inversionistas que ahora que los funcionarios del gobierno del tándime Javier Milei-Luis Caputo recibieron todo lo que pretendían, unos US$12.000 millones del primer desembolso del nuevo endeudamiento con el FMI, harán lo que se les cantan

La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, no se inmuta como sus funcionarios. Ella es economista, pero también política y así como antes coqueteaba con Joe Biden y el papa Francisco, ahora lo hace con Donald Trump y su baja de línea política en el organismo donde Estados Unidos más pesa. Por algo, en plena reunión semestral del Fondo y tras verse con Caputo, Georgieva se metió en política interna de la Argentina: “El país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice. Pero yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo”. Sus palabras coinciden con un momento en que Trump amenaza con salirse del FMI y del Banco Mundial, como se fue hace poco de la Organización Mundial de la Salud o el Acuerdo de París contra el cambio climático. En este caso, con el argumento de que no le sirven a Estados Unidos y financian políticas de género y contra el negado calentamiento global.

Ahora es el tiempo de la cosecha de soja y maíz y es posible que logren el objetivo, por más que el tipo de cambio sea bajo para los exportadores, el menos atractivo desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero en tiempos de banda cambiaria, cuando pase la recolección de granos, habrá que ver cómo hace el Gobierno para domar el dólar antes de las elecciones de octubre. Siempre hay volatilidad preelectoral. Sobre todo, si el 18 de mayo en los comicios locales de la ciudad de Buenos Aires vence Leandro Santoro y el PRO relega a La Libertad Avanza (LLA) al tercer puesto. Ya los libertarios se comieron un tercer lugar en la constituyente de Santa Fe.

Siempre hay volatilidad preelectoral. Sobre todo, si el 18 de mayo en los comicios locales de la ciudad de Buenos Aires vence Leandro Santoro y el PRO relega a La Libertad Avanza (LLA) al tercer puesto

Uno de los dueños de las mayores fortunas de la Argentina está disgustado con las formas de Milei y su silenciamiento de toda crítica empresaria bajo apercibimiento de escrache en las redes sociales, pero espera que LLA logre una elección “digna” para emprender en 2026 las tres reformas comprometidas con el FMI: rebaja tributaria, retraso de la edad jubilatoria de los 65 a los 70 años y reforma laboral para disminuir las contribuciones patronales. “El empresario apoya las ideas de la libertad, que te saquen la pata del Estado de encima. [Milei] logró un superávit fiscal que nadie había logrado; eso es condición necesaria, pero no suficiente. Está buenísimo el acuerdo con el Fondo, que hayan sacado el cepo, pero todos esperaban el dólar a $1.300, no a 1.000, que te deja un problema de competitividad tremendo. Punta del Este estaba más barato este verano que Buenos Aires, y eso que Uruguay es un país caro. Ahora fuerzan a bajar los precios, ponen techo a las paritarias, pero en julio, cuando termine la cosecha, ¿saltará el dólar?”, se pregunta el empresario en modo de advertencia.

“Hoy se sienten fuertes, con la inflación volteada para llegar a las elecciones, aunque la economía no va a volar, pero las tasas de interés que van a empezar a bajar en 60 días. El problema es si esto no resulta bien”, continúa el magnate. “Se vendría un quilombo fenomenal. Es el abismo”, alerta. ¿Por qué puede salir mal? “El Gobierno está jugado al superávit fiscal, pero esa es la base para sostener otras reformas el año próximo. Tenés que bajar costo argentino. Porque si no, podés bajar la inflación, pero, como en el final del gobierno de [Carlos] Menem y en el de [Fernando] de la Rúa vas a tener un cementerio. Necesitás seguir ajustando el Estado para bajar impuestos: por ejemplo, las legislaturas provinciales están llenas de ñoquis. Los que tenemos empleados en blanco aportamos mucho porque otros muchos no aportan. Y así no es posible bancar las jubilaciones ni el sistema de salud. Pese a las reformas, siguen los juicios laborales y de accidentes de trabajo.

Podés bajar la inflación, pero, como en el final del gobierno de [Carlos] Menem y en el de [Fernando] de la Rúa vas a tener un cementerio

Un importante empresario consultado por elDiarioAR

Otros millonarios de la Argentina no opinan muy distinto, pero cada uno atiende su juego. Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, sigue dominando la Unión Industrial Argentina (UIA) y promovió que el próximo martes asuma como presidente un industrial con fábricas propias, Martín Rappallini, que sabe lo que es la competencia china, pero no atendió los reclamos de jóvenes ni de mujeres por más espacios en el comité ejecutivo.

Menos diplomático que el jefe saliente de la UIA, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, Rappallini es igualmente un componedor, pero que ante el actual retroceso industrial buscará imponer la agenda de reformas tributaria y laboral, entre otras. No es sólo el representante de Techint sino de muchos sectores y regiones. De los que andan bien como los proveedores de Vaca Muerta o el campo, que igual también temen por la habilitación de importaciones de maquinaria usada, y también de los muchos que andan mal y están despidiendo personal a cuentagotas para evitar polémicas sindicales. De todos modos, también hay jóvenes operarios a los que echan y que ni reclaman al gremio sino que se van ilusionados de que con la indemnización podrán armar su emprendimiento propio... ilusiones de la era libertaria... ya ocurrió con Menem en los 90, fueron remiseros y terminaron piqueteros.

En los supermercados, mientras tanto, cunde la desesperación por la caída de ventas. Milei dice que es porque los argentinos ahora compran más por Mercado Libre, pero ahí no hay comida fresca, ni leche, ni carne, ni verduras, ni frutas, sino marcas, mayoristas y revendedores que venden cada vez más, es cierto, artículos de limpieza, higiene y productos del hogar, bebidas y alimentos secos. Pero mientras Marcos Galperin se relame, Francisco de Narváez, dueño de Changomás, le robó toda la plana gerencial a Alfredo Coto a ver si así levanta la facturación y la ganancia.

En el sector energético, en cambio, están de parabienes. Por ejemplo, Jaime Barba, de Camuzzi, acaba de ser reelecto presidente de la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) en las vísperas de una revisión quinquenal de tarifas que fijaría ingresos y obligaciones de inversión para los próximos cinco años. “Sería la normalización total del sector después de décadas”, festejan en el rubro.

Quien, en cambio, no está para celebrar es Eduardo Eurnekian, pese a que le va bien con Aeropuertos Argentina 2000 y la petrolera CGC. Es que era uno de los empresarios más cercanos al papa Francisco. Lo veía cuatro o cinco veces por año, cada vez que viajaba Italia a ver sus aeropuertos de allá. No voló esta vez para el funeral. Queda vigente su mensaje a los empresarios: “Cuando pienso en los líderes empresariales, la primera palabra que me viene a la mente es el bien común. Pero los empresarios son actores clave del desarrollo y el bienestar. Son un motor esencial de riqueza, prosperidad y felicidad pública. Cada nuevo puesto de trabajo creado es riqueza compartida, que no acaba en los bancos para generar intereses financieros, sino que se invierte para que nuevas personas puedan trabajar y hacer su vida más digna”.

AR/JJD

Ya era mucho. El gobierno de Javier Milei, que por ahora bajó impuestos pero sobre todo a los que más tienen –a los Bienes Personales, a los autos de lujo y las retenciones al campo, la excepción es la eliminación del PAIS–, publicó este martes que reducía los subsidios eléctricos en febrero, pero la poda era mayor para los hogares pobres, los más subvencionados, con consiguientes alzas tarifarias del 12,3%, y menor para los más ricos, que casi no tienen ayudas y pasarían a pagar 2,1% más. Los clientes de clase media abonarían un 8,4% más. Estos incrementos por quita de subsidios se sumaban a una suba del 1,5% en la tarifa. Pero la decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que dirige Osvaldo Rolando y depende del Ministerio de Economía, cayó mal en la población. Era otra señal de que este gobierno ayuda a los más pudientes y castiga a los que menos tienen, más allá de que el índice de pobreza –que no mide el impacto tarifario– esté igual que en el gobierno anterior. Entonces la Casa Rosada dejó trascender su malestar en el portal Infobae y echó atrás la medida.

En realidad, la quita de subsidios, mayor para los más pobres que para los más ricos, se concretará pero no toda en febrero sino de forma gradual a lo largo de 2025, según explicaron altas fuentes del Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, a elDiarioAR. “Fue un error y mañana lo arreglamos”, prometieron una nueva resolución del ENRE. Negaron que el cambio responda al impacto social y mediático negativo de la medida publicada este martes: “Fue un error de comunicación interna. Nada grave”.

Cuando este diario preguntó si la gradualidad buscaba evitar un efecto inflacionario, en el Palacio de Hacienda justificaron la decisión de que la merma de subvenciones y el consiguiente aumento tarifario sea paulatino y no este mes: “En 2024 se había hecho una reducción importante de subsidios. No se necesita ese mismo ritmo este año”.

Hasta ahora, el Gobierno viene pisando varios precios de la economía con tal de seguir en la senda de la desinflación. Por caso, las tarifas de luz y gas suben por debajo del 2%, el dólar oficial a partir de este mes se eleva al 1% mensual y ya no al 2%, mientras que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, impone en las paritarias del sector privado y hará lo propio en la estatal y la docente un alza salarial del 1% mensual. La moderación de sueldos busca no sólo evitar que los patrones trasladen a precios el mayor costo sino también que no echen empleados ante el encaramiento de las remuneraciones medidas en dólares en el segundo país más caro del mundo, según el índice Big Mac de la revista The Economist. El problema radica en que cuando se pisan precios importantes de la economía como dólar, tarifa y salario con tal de bajar la inflación, se corre el riesgo de que algún día esos valores salten. Veremos si Milei y Caputo logran impedirlo.

Mientras tanto, ralentizan la quita de subsidios, sin abandonar la consiga de recortar más a los pobres que a los ricos, y sin dejar de dar prioridad a las rebajas impositivas que favorecen a estos últimos. Se trata de medidas que profundizan la desigualdad social, un problema que el Presidente no considera como tal. Se supone que a futuro el Gobierno convertirá en permanente la merma temporaria de retenciones y después disminuirá el impuesto a las transferencias financieras, pero no habla del IVA, que pagan todos los consumidores por igual. Eso sí, les pide a las provincias que reduzcan Ingresos Brutos y a los municipios que aminoren las tasas, gravámenes donde una poda podría ser más progresiva que las adoptadas por la Nación.

AR/MG

Tras más de un año de políticas económicas marcadas por un ajuste severo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en un tuit que el gobierno de Javier Milei reducirá impuestos, pero con una condición: mantener un superávit fiscal. El mensaje llega en un momento en el que el costo de vida para la mayoría de los argentinos se disparó, con una inflación que, aunque desacelerada, sigue siendo altísima en términos internacionales, y un salario real que no logra recuperarse.

“Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año. La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas”, dijo Caputo.

El mensaje pareció estar dirigido no tanto a los sectores populares, que esperan una baja en una gran cantidad de impuestos, sino a los empresarios del campo, que pide a gritos que el gobierno de Milei, a quien apoyaron en las elecciones y siguen apoyando, elimine las retenciones a las exportaciones, en momentos en que el dólar sigue bajo y se volvió para el sector menos competitivo que, inclusive, durante el último gobierno del peronismo. 

“Desde que asumimos, ya hemos bajado mas impuestos que cualquier otro gobierno, entre ellos el más importante, el impuesto inflacionario. Ese que tiene correlación directa con el nivel de pobreza. No es una casualidad que la pobreza haya caído casi 20 puntos al mismo tiempo que bajamos la inflación abruptamente”, dijo Caputo. Sin embargo, tal caída de la pobreza no ha sido confirmada por las estadísticas públicas ni por los estudiosos de los indicadores sociales. Es más: el propio gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, indicó que al tercer trimestre de 2024 la pobreza se ubica en casi el 39%, apenas por encima de lo “heredado” de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, pero no 20 puntos abajo.

“También terminamos con el impuesto PAIS, otro impuesto tremendamente distorsivo”, dijo también Caputo, en otra frase que carece de rigor, porque el dicho impuesto perdía vigencia a finales de 2024. El gobierno de Caputo y Milei no terminó con el impuesto PAIS, el impuesto PAIS se terminó por sí solo.

En cambio, en su tuit Caputo no mencionó que el paquete fiscal que aprobó el Congreso a mediados de 2024 restituyó el pago del impuesto a las Ganancias para los trabajadores. La eliminación de este tributo había sido impulsada en campaña electoral por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y fue apoyada por Milei, que entonces era diputado nacional y también hacía proselitismo para llegar a la Presidencia.

“Sepan que todos los días analizamos la situación financiera del país, para ver si podemos seguir bajando impuestos. No necesitamos a nadie que nos lo venga a recordar, porque a eso hemos venido”, dijo Caputo. Un impuesto sí ha bajado el Gobierno nacional: a los Bienes Personales para las personas más acaudaladas del país. 

Caputo insistió: “Vamos a hacer siempre el mayor esfuerzo posible por bajar impuestos, pero sin comprometer la estabilidad macroeconómica”.

Un mensaje a los gobernadores

El ministro de Milei invitó a las provincias a “reducir Ingresos Brutos”, que según dijo es “sin lugar a dudas el peor impuesto que una economía puede tener”. Dijo que “muchas lo han subido, y algunas a niveles aberrantes” y que “algunos municipios están directamente estafando a sus vecinos con tasas municipales que no tienen ninguna correlación con las prestaciones que brindan, es decir, contrariamente a lo que dice la ley”. “El país lo construimos entre todos, Nación, Provincias y Municipios”, dijo el funcionario nacional.

Pese a las palabras del jefe del Palacio de Hacienda de la gestión libertaria, el gobierno de Milei aplicó medidas que, en nombre de la “estabilidad macroeconómica”, golpearon duramente a los sectores populares.

La eliminación de subsidios energéticos; el salto del dólar dispuesto por Caputo hace trece meses, de $400 a $800, que contribuyó a uno de los índices de inflación más altos de las últimas décadas, el 25,5% de diciembre de 2023; y la reducción drástica del gasto público fueron presentados como pasos necesarios para evitar una hiperinflación. Sin embargo, el impacto de estas políticas ha sido devastador para las familias trabajadoras y las pequeñas empresas.

La baja de lo que denominó “el impuesto inflacionario” pierde peso cuando se considera que la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo, y los precios de alimentos y servicios esenciales no dejaron de subir. El propio Caputo admitió en Twitter la semana pasada que hay electrodomésticos que cuestan en Europa la mitad de lo que cuestan en la Argentina, al anunciar una reforma antidumping. Lo que se “ahorran” en inflación las familias lo terminan pagando en otros frentes.

JJD

Aunque todavía no hay acuerdo para un nuevo préstamo que permita levantar el cepo cambiario, una de las promesas hasta ahora incumplidas de Javier Milei, la relación entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno libertario —el mejor de sus alumnos argentinos de todos los tiempos, por el brutal ajuste sobre los ciudadanos, no sobre la casta— es puro amor. Tanto es así que a los ferovorosos elogios de la directora gerenta del organismo, Kristalina Georgieva, ahora se sumó una invitación al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Coloso, como lo llama el Presidente, a integrar un comité de expertos donde se dedicará a explicar cómo achicar el Estado.

El propio funcionario lo comentó en un tuit, en el que también se refirió a otra invitación que le cursó la Universidad de Princeton para hablar sobre “Motosierra y desregulación: el primer año de la presidencia de Javier Milei”. Es el título del seminario web que brindará el jueves a las 12:30 del mediodía de la Costa Este de Estados Unidos, que en la Argentina serían las 14.30.

“Es innegable que las reformas del presidente Javier Milei han generado interés a nivel global. El jueves las estaremos explicando en el webinar de Markus Brunnermeier (profesor de la Universidad de Princeton e investigador en Macroeconomía, Dinero y Finanzas)”, tuiteó Sturzenegger. Y agregó: “Otra muestra es la invitación que me cursara Kristalina Georgieva para participar en un comité de expertos sobre la próxima agenda del FMI: nada menos que productividad y desregulación. ¡VLLC (Viva La Libertad Carajo)!”.

Sturzenegger integrará el flamante “Consejo asesor sobre emprendimiento y crecimiento” del Fondo para que vuelque su experiencia en reforma del Estado. En una columna publicada la semana pasada en el diario estadounidense The Washington Post, titulada To restore global growth, ease barriers for entrepreneurs (“Para restaurar el crecimiento global, aliviar las barreras para los empresarios”), Georgieva destacó la necesidad de promover reformas acordes a la realidad de los diferentes países que conforman el organismo.

“El mundo está expectante ante la Argentina, donde las reformas favorables al mercado están revitalizando la economía de un modo que antes se creía imposible”, destacó la jefa del FMI.

La contracara del interés exterior por Milei y Sturzenneger

Aunque las reformas económicas del presidente Milei son elogiadas por figuras internacionales como Georgieva, los costos sociales de estas políticas no pueden ser ignorados.

La reducción de la inflación vino acompañada de un aumento significativo en los índices de pobreza: al término del primer semestre del año era del 55,5% de la población y la indigencia (es decir gente a la que no le alcanza la plata ni para comer), del 17,5% en el mismo período, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Hace un mes, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandre Pettovello, amiga del Presidente, sostuvo la pobreza bajó en el tercer trimestre de 2024 al 38,9%, apenas 0,3 punto porcentual más que el nivel en que la dejó el gobierno de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Lo tendrá que confirmar el Indec.

Además, la mayoría de los jubilados cobran apenas US$300 por mes, en una economía que atraviesa un momento difícil de entender para los extranjeros que visitan el país y para los propios argentinos, que la viven: que las cosas salen más baratas en Europa que aquí (lo admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo) pero los salarios son significativamente menores a los de cualquier país de Europa.

Asimismo, la eliminación de subsidios al transporte y la energía que dispuso el gobierno de Milei y Sturzenegger incrementó los costos de vida, afectando especialmente a las familias de menores ingresos.

En este contexto, y para que haya superávit, la gestión libertaria pisó los ingresos de los jubilados, retaceó el financiamiento a las universidades públicas y está desmantelando, según denuncian los propios investigadores, el sistema de ciencia y tecnología. Organismos como el Conicet, el INTA y la CNEA sufrieron recortes drásticos en sus presupuestos.

Para que Sturzenegger pueda dar charlas en el exterior sobre el éxito del achicamiento del Estado y de cómo Milei logró el superávit fiscal por primera vez desde el gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina sacrifica la educación universitaria pública y gratuita y su tradición de excelencia científica. El cepo cambiario, mientras tanto, sigue vigente y pese a las promesas de campaña los impuestos no bajaron. El modelo libertario que elogia el FMI tiene un costo que no se menciona en los seminarios internacionales: el bienestar de millones de argentinos.

JJD

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que “menos impuestos y menor burocracia” se traduce en “más tiempo siga y más oportunidades para los vecinos que generan empleo” al anunciar este martes medidas para eliminar y reducir impuestos a más de 530.000 comerciantes, monotributistas y jubilados que vivan o trabajen en la Ciudad de Buenos Aires.

El programa abarca la devolución exprés de saldos a favor (SAF) de Ingresos Brutos, y la exención del 100% del ABL a jubilados, pensionados y personas con discapacidad, entre otras medidas.

“Menos impuestos y menos burocracia significa más tiempo, más plata y más oportunidades para los vecinos que generan empleo. Es liberar las energías del desarrollo local y acompañar el esfuerzo de los que invierten, generan empleo y hacen crecer nuestra Ciudad. Por eso tomamos la decisión de reducir la carga tributaria en 305 mil millones de pesos”, afirmó Jorge Macri.

“El trámite será 100% online, se resolverá en 96 horas hábiles, y beneficiará a 221 mil contribuyentes, comercios, PyMEs, trabajadores independientes y prestadores de servicios con saldo a favor, menor o igual a $2 millones”, detalló el alcalde porteño.

“Iniciamos este año de gestión con nuestro primer Presupuesto, equilibrado, sin déficit, que nos permite bajar impuestos sin afectar la calidad de los servicios que los porteños se merecen. Sabemos del enorme esfuerzo que ustedes están haciendo en el día a día. Bajar impuestos no es solo un compromiso con el esfuerzo, es parte de nuestra visión de un Estado que alivia y no asfixia. Con medidas concretas, sin verso”, sostuvo el jefe de Gobierno.

Junto a Jorge Macri estuvieron el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, el presidente de FECOBA y secretario de Relaciones Institucionales de CAME, Fabián Xavier Castillo, y la vocera institucional de la Ciudad, Laura Alonso.

Una por una, las medidas que anunció Macri

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei prorrogó, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, que implica un impuesto del 7% sobre los pasajes aéreos y marítimos al exterior, genera una recaudación exclusiva para la Secretaría de Turismo, actualmente dirigida por Daniel Scioli.

La decisión no pasó desapercibida, en especial porque Milei construyó la narrativa política que lo llevó a la Presidencia de la Nación en torno de la eliminación de impuestos y la reducción del Estado. Sin embargo, este DNU no solo preserva un tributo sino que también otorga continuidad a un mecanismo centralizado de recaudación que contradice su prédica libertaria.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue uno de los primeros en cuestionar la medida. “Cajota para la casta: Scioli festeja, más impuestos para los argentinos”, ironizó en redes sociales, señalando que esta extensión golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos y convierte el turismo en un lujo reservado para pocos.

Ferraro fue más allá al advertir que el decreto podría ser inconstitucional. “La Constitución prohíbe la emisión de DNU en materia tributaria. Este acto viola el artículo 99, inciso 3, y debería ser declarado nulo de nulidad absoluta e insanable”, afirmó.

Desde el oficialismo, la decisión se justificó como una necesidad para garantizar recursos que impulsen la promoción turística. Sin embargo, las críticas apuntan a que la medida beneficia únicamente a quienes manejan esos fondos, perpetuando un esquema de privilegios ajeno al ciudadano común.

Entre los considerandos del decreto, el Gobierno destacó la importancia del turismo para el desarrollo económico y social del país. Además, se señaló que la extensión del Fondo Nacional de Turismo permitirá continuar con las políticas de apoyo al sector, que se vio afectado por la pandemia de COVID-19 en los últimos años.

El decreto también establece que se debe informar a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación sobre la prórroga del Fondo Nacional de Turismo.

El Fondo Nacional de Turismo, creado originalmente por la Ley 25.997, debía perder vigencia a partir de este lunes. Sin embargo, el DNU 4/2025 lo resucitó hasta 2027, generando cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno libertario, la prédica anarcocapitalista de Milei y el verdadero alcance de sus promesas de cambio.

IG/JJD