Argentina está por completar un menú de regímenes de inversión que, en la práctica, crea un sistema impositivo con cuatro velocidades. La más rápida (y la más barata) es para los proyectos más grandes. La más lenta es para las PyMEs. Vale la pena poner los números sobre la mesa.

Empecemos por Ganancias. El régimen general cobra una escala progresiva: 25% para ganancias de hasta $133,5 millones, 30% hasta $1.335 millones y 35% por encima de ese monto. La mayoría de las PyMEs queda en el tramo del 25% o del 30%. Si esa PyME se inscribe en el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), la alícuota no cambia: sigue pagando 25% o 30% según su ganancia. El RIMI no baja la tasa. Lo que ofrece es amortización acelerada —deducir la inversión en dos años en lugar de cinco o diez— y devolución anticipada de IVA. El alivio es financiero: el impuesto total a lo largo del tiempo es el mismo.

Un escalón más arriba, el RIGI fija Ganancias en 25% para inversiones mayores a USD 200 millones. A eso le suma exención de retenciones a la exportación desde el tercer año, disponibilidad progresiva de divisas de exportación (100% al cuarto año), estabilidad fiscal por 30 años, quebrantos sin límite temporal y acceso a arbitraje internacional. En la cima, el Súper RIGI, que acaba de obtener media sanción en Diputados, baja Ganancias al 15%, elimina retenciones y derechos de importación desde el primer día, reduce las contribuciones patronales del 24% al 10%, fija los dividendos en 3,5% a partir del cuarto año y acelera la libre disponibilidad de divisas de exportación al tercer año. Además, elimina por completo la obligación de liquidar los ingresos de capital y deuda externa: la inversión puede instalarse en Argentina sin volcar un dólar en el mercado local.

La asimetría se vuelve más nítida cuando se mira qué no cambia para las PyMEs bajo el RIMI. La alícuota de Ganancias es la misma. Los dividendos tributan igual: 7%. Las retenciones a la exportación siguen vigentes. La liquidación de divisas sigue siendo obligatoria. No hay estabilidad fiscal garantizada ni acceso a arbitraje internacional. El RIMI es, en definitiva, un adelanto de deducciones. Nada más.

Un ejemplo concreto: una PyME que gana USD 500.000 al año tributará Ganancias a una tasa efectiva cercana al 29%. En una década, habrá pagado alrededor de USD 1,4 millones. Un megaproyecto bajo el Súper RIGI que genere la misma ganancia pagará USD 750.000: casi la mitad. Y eso sin contar los beneficios aduaneros, cambiarios y laborales que la PyME no recibe.

Se podrá argumentar que sin incentivos generosos las grandes inversiones no vendrían. En algún caso puede ser. En otros no tanto. Pero la arquitectura del sistema revela una elección de prioridades. El RIMI exige que la PyME mantenga los bienes adquiridos en el marco del régimen en su patrimonio al menos dos años; si los vende antes, devuelve todo con intereses y multa. El Súper RIGI congela las reglas por tres décadas, no obliga a liquidar un solo dólar y, si bien reincorporó a último momento una meta del 20% de compras locales, el cupo puede cumplirse con servicios u obras que de todos modos se hacen en el país.

Otros países diseñaron la ecuación al revés. Brasil condiciona los beneficios de sus centros de datos a invertir en investigación local y reservar capacidad de cómputo para el mercado interno. Chile cobró más impuestos, no menos, a cambio de garantizar estabilidad fiscal. En ambos casos, el incentivo era generoso pero venía con contrapartidas concretas.

La discusión de fondo no es si hay que ofrecer incentivos (hay que hacerlo), sino si tiene sentido que quien más beneficios recibe sea también quien menos obligaciones asume. Hoy, en la Argentina de los cuatro regímenes, el esfuerzo es para los chicos y los beneficios para los grandes. Tal vez sea hora de preguntarse si no hay una forma más inteligente de repartir la torta.

Guido Zack es director de Economía en Fundar.

Que economistas peronistas y progresistas criticaran el Súper RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) no es novedad: ya lo habían hecho el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva, la fundación Fundar y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Pero sorprende que lo haga la Fundación Mediterránea, la entidad con sede en Córdoba que hace décadas sirvió de think tank para el exministro de Economía Domingo Cavallo y que le armó a Patricia Bullrich un plan económico en las últimas elecciones de la mano de Carlos Melconian. La misma que preside la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito (de la familia accionista del Banco Macro), Sergio Roggio (del grupo de construcción, el subte, el ferrocarril Urquiza y el negocio de la basura), Adriana y Roberto Urquía (dueños de Aceitera General Deheza, AGD) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio, de supermercados, hoteles, desarrollos inmobiliarios y parque solar), entre otros.

“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, arranca el texto. “Para lograrlo es imprescindible generar un ambiente más amigable para la producción eliminando el cúmulo de distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo. Establecer reglas generales que hagan más fácil cualquier tipo de emprendimiento es el camino para revertir el crónico déficit de inversión. Apelar a regímenes especiales con incentivos para determinados tipos de proyectos, como el caso del Súper RIGI, es una estrategia con limitaciones y puntos débiles que es recomendable ponderar. Mejorar el RIGI es una alternativa superadora a la de crear un nuevo régimen especial”, advirtió la Mediterránea.

La advertencia llegó justo un día antes de que este miércoles se busque firmar en comisión en Diputados el dictamen del Súper RIGI. Habrá que ver si el oficialismo, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca recapacitan ante la advertencia. Por ahora el Gobierno apenas negocia que el Súper RIGI incorpore una exigencia de que 20% de la inversión se haga con proveedores locales, pero analistas advierten que ese porcentaje en el RIGI no está funcionando para adquirir materiales nacionales, únicamente cubre la obra civil. Hasta un campamento entero se traerá de China para el mayor proyecto minero, Vicuña, en San Juan.

“El Súper RIGI supone un desvío respecto de la estrategia original”, señala la Mediterránea, en alusión a la promesa del presidente de Javier Milei de que los beneficios del RIGI se extenderían a toda la economía, llámese rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones a la exportación y fin del cepo cambiario para empresas. “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, arranca la fundación a enumerar inconvenientes.

“Otra desventaja importante de sumar regímenes especiales es que se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”, apunta. Temen que el resto de la economía quede sin ventajas, que sólo se favorezcan la minería y la energía con el RIGI y los centros de datos de inteligencia artificial con el Súper RIGI, mientras el campo, la industria, el comercio y la construcción siguen relegados.

“También merece considerar posibles impactos de estos grandes proyectos promovidos sobre el tipo de cambio”, señala el Ieral sobre el problema de que la lluvia de divisas que trae la producción de materias primas abarata el dólar y encarece la producción local de manufacturas y servicios. “La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas. Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”, señala hacia el final la Meditarránea, que concluye: “Este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales.”

AR/MC

Supongamos que Manuel Adorni esta vez haya dicho la verdad, que se encontró con un pendrive con medio millón de dólares y que cometió el delito de evasión, ahora perdonado por la ley de inocencia fiscal. Creámosle que se enriqueció, se implantó cabello, viajó y compró y remodeló inmuebles apostando a las criptomonedas y sin pagar los impuestos que en parte van a remedios oncológicos, salarios universitarios y jubilaciones, y no con sobresueldos de la Secretaría de Inteligencia o de la Fundación Faro ni con coimas por las compras de medicamentos para discapacidad.

Aún así sigue vigente la discusión sobre el intento de naturalización del fraude impositivo. Este fenómeno se combina con los reiterados blanqueos de capitales, ahora permanentes con la nueva ley, con la sobrecarga sobre los gravámenes que pagan todos por igual, y que por tanto pesan más a los pobres y la clase media que a los ricos, y con los descuentos tributarios a determinados sectores económicos privilegiados en detrimento de otros, llámese minería y energía frente al campo, la industria, el comercio y la construcción. Y la pregunta de fondo es quién sostendrá lo que queda del Estado rebajado por la motosierra.

En el informe 2026 sobre evasión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), que elaboró el experto uruguayo Fernando Peláez Longinotti con datos de 2021a 2023, previos al gobierno de Javier Milei, la Argentina es el país con más evasión del impuesto a las ganancias en Latinoamérica: se pierde el 69,6% del potencial recaudatorio, frente al 43% en Brasil, el 36% en Chile, el 44% en Colombia, el 41% en México, el 62% en Perú y el 45% en Uruguay. Habrá que ver qué impacto ha tenido el discurso y las políticas pro evasión del Presidente desde 2024 en adelante. Para él, el que evade es un “héroe” y el impuesto es un “robo”

A ese pelotón de evasores se debe sumar a Adorni, según él confesó. Recordemos que no todo el que evade comete un delito: para ello hay que evadir en forma, a razón de $100 millones por año (equivalente a US$69.000). Se supone que el jefe de Gabinete acumuló US$506.000 en cinco años y como máximo podría haber tributado hasta el 35%, unos US$177.000, más de $250 millones.

El impuesto a las ganancias es el más progresivo porque grava más a las personas y empresas que más tienen, salvo a aquellas a las que se les otorgan beneficios o a las que cuentan con la buena asesoría de bancos, escribanos, contadores y otros facilitadores de la elusión tributaria. Pero también se evaden otros gravámenes más regresivos, es decir, aquellos que consolidan la desigualdad natural del mercado. Es el caso del IVA, lo que a veces reporta en un descuento para el cliente y en otras, en una ventaja para el vendedor. Como en toda evasión, la perjudicada termina siendo la sociedad, pero no nos adelantemos.

La Argentina es la segunda nación con más evasión del IVA de Latinoamérica: se escurre el 43,7% del potencial recaudatorio, lo mismo que en República Dominicana, sólo menos que en México, con 54%, según el CIAT. Siempre son datos de cuando gobernaba Alberto Fernández, que le dejó este problema en herencia a Milei. Mejor están Brasil, con el 34% de fraude; Chile y Colombia, con el 21%; Perú con el 33% y Uruguay, con el 17%.

A la evasión se suma las exenciones fiscales a los sectores que hacen mejor lobby para conseguirlas. El informe del CIAT rescataba que al menos en este sentido hasta 2021/2023 la Argentina era el segundo país que menos recaudación resignaba por desgravaciones de Ganancias, sólo el 3,2% del potencial, únicamente superada por Perú, con 1,4%. A la cabeza de las excepciones figuraba Uruguay, con 18,8%; seguido por Costa Rica y Honduras, con 17%, y Brasil y El Salvador, con 16%. En el caso del IVA, por beneficios se pierde en la Argentina el 8,6%, la tercera nación con menos descuentos, frente al 4% de Bolivia y el 7% de Chile, contra el 39% de Colombia, el 28% de Honduras y el 27% de Nicaragua.

Los beneficios del RIGI y el Súper Rigi

Pero el Gobierno, con el apoyo del Congreso aliado, ya rebajó además el universo de contribuyentes y la alícuota del impuesto a los bienes personales, así como también la tasa de Ganancias del 35% al 25% a los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), de más de US$200 millones, que se concentran en minería y energía. Esta próxima semana se debatirá el comisión el Súper RIGI, para inversiones de más de US$1.000 millones, que tributarán sólo 15% y que apunta a centros de datos de inteligencia artificial, entre otros pocos sectores. Mientras, seguirán tributando al 35% la industria, el campo, el comercio y la construcción. Apenas se beneficiaron por rebajas de retenciones a la exportación el sector manufacturero y el agrícola. ¿Sectores más ineficientes deben sostener a los más eficientes?

El diputado peronista Guillermo Michel calculó que por cada US$100.000 millones de inversión del RIGI, el Estado dejará de recaudar el 1% del PBI por año, porque no sólo se les baja la alícuota de Ganancias sino que se desgravan los dividendos, se quitan retenciones, aranceles a la importación e impuesto a las transferencias y se devuelve todo el IVA. En el caso de aprobarse el Súper RIGI, que además rebaja las contribuciones patronales, se resignaría el 1,27% anual por el mismo monto invertido. En el presupuesto 2026 no figura el impacto del RIGI, pero sí el de la promoción de Tierra del Fuego (0,17% del PBI), la minería (0,06%), la economía del conocimiento, es decir, las empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar (0,05%) y un régimen a favor de las pymes (0,1%). Es decir, todos estos beneficios, los más onerosos que otorgaba el Estado antes del RIGI, suponen poco dinero comparado con este régimen impulsado por Milei. El RIGI y el Súper RIGI juntos implican desgravaciones 13 veces mayores al cuestionado régimen fueguino.

La energía y la minería tributarán menos con el RIGI y los data centers aún menos con el Súper RIGI mientras otros contribuyen por ellos. En la conferencia 2025 de la Unión Industrial Argentina (UIA), el entonces director ejecutivo de la entidad y actual consultor, Diego Coatz, presentó los últimos datos oficiales disponibles, de 2022 y 2023, que demostraban que el sector manufacturero aportaba entonces el 30% de la recaudación tributaria; el comercio, el 20%: y el agro, el 15%. Menos del 10% contribuían los bancos, la construcción, los servicios inmobiliarios y profesionales, la minería, el transporte, la electricidad y los hoteles y los restaurantes. Se adjunta el gráfico.

Con tanta evasión y tanta exención, ¿sobre quién recae el costo de mantener los servicios que aún ofrece el Estado? El 30,5% de los ingresos viene del IVA que pagamos todos, según los datos oficiales de 2025. El 18,4% proviene de Ganancias. Así como en la Argentina el tributo a los que ganan recauda poco más que la mitad que el IVA, en Alemania, Reino Unido, Italia o España la relación es al revés: el gravamen a la renta recaudan alrededor del doble que el del consumo. Así se construyen sociedades más justas.

Encima, en la Argentina el 40% del impuesto a las ganancias a los individuos sale del bolsillo de los 527.000 empleados de la llamada cuarta categoría, que tributan en total más dinero que los 117.000 de la primera categoría, los que tienen renta del suelo, los 49.000 de la segunda, los de renta del capital, y los 61.000 de la tercera, los de beneficios empresariales. Así lo advierte la economista María Julia Eliosoff, de la Fundación Friedrich Ebert, a partir de las estadísticas oficiales.

Las contribuciones y aportes a la Seguridad Social de parte de empleados, patrones, autónomos y monotributistas, suman el 30,6% de la recaudación. El impuesto a las transferencias recauda el 6,9%. El de los combustibles, el 2,4%. Los internos, sobre todo el del tabaco, 1,5%. El de Bienes Personales, o la riqueza, quedó en sólo 0,9%.

A su vez, ese dinero recaudado va a sostener un Estado destruido desde dentro por el topo, como diría Milei. ¿Qué bancan los impuestos, que pesan sobre todo en el consumo y el trabajo? Según los datos de 2024, con motosierra incluida, en los gastos de la Nación, las provincias y los municipios, se distribuye así:

O sea, por cada 100 pesos que se evaden o se desgravan por regímenes especiales, los jubilados se quedan con 25 pesos menos, la salud con 17 abajo y la educación con 10 afuera.

AR/MG

La lectura del momento político se asemeja a aquellas imágenes lenticulares que adornaban los útiles de la escuela. Con un leve giro, la ilustración en la regla cambiaba radicalmente y, así, un leoncito inofensivo podía transformarse en una fiera al ataque.

Al compás de la vida cotidiana empeorada por bajos salarios o directamente el desempleo, servicios públicos caros e insufribles —con el transporte a la cabeza—, y una moral ramplona que signa toda acción del gobierno ultraderechista, la imagen de los Hermanos Milei cayó varios puntos en los últimos meses. Se respira en las calles y lo dicen las encuestas en forma unánime, más allá del leve repunte reportado en la última semana.

Desde un brinco espasmódico marcado por la victoria electoral de octubre, los sondeos señalan deterioro que excede la percepción de Milei: caída en intención de voto, pesimismo para lo que viene y creciente atribución de responsabilidad de la crisis a la ultraderecha gobernante. Todo ello, con la contracara de una mejora en los números de la oposición, con Axel Kicillof recortado sobre el resto, y apoyos cercanos a los dos dígitos, probablemente inéditos para la izquierda argentina, en la figura de Myriam Bregman. La consultora Tendencias, que fue la primera que reportó un ascenso de la abogada del Frente de Izquierda, luego ratificado por Atlas/Intel y otras, terminó un trabajo sobre intención de voto (4.730 casos en mayo, todavía no publicado) que ubica primero a Milei, con 36,5%, seguido por Kicillof, con 29,9%, y tercera Bregman, con 14,6%. Asoma una disputa por el voto opositor.

Es un combo inquietante para el oficialismo: más allá de sus notorias diferencias y de la pericia política para sostenerse —a comprobar—, Kicillof y Bregman representan voces nítidamente opositoras a los Hermanos. Podrá haber trasvases entre ambos, o cobrará vuelo otra opción tacticista, más pragmática, pero no parece que el oficialismo pueda pescar votos en ese mercado. Algunos encuestadores, como Juan Courel, de la firma Alaska, vaticinan que la derrota de Milei en 2027 es altamente probable.

La proyección de opositores duros es coherente con la composición del 60% que declara su rechazo al gobierno. Desde la llegada de La Libertad Avanza a Casa Rosada, el segmento adverso con una evaluación “muy mala” del Soez es claramente mayoritario sobre las opciones “mala” y “regular”. Sube o baja la marea, pero el voto antimileísta tiene un núcleo sólido, por lo que no sorprende que se destaquen políticos que se apartan de Milei en lo ideológico, en la práctica y en lo formal. Imitadores de estilo arrebatado desde el “peronismo de Perón”, gobernadores blandengues, candidatos formateados por consultoras de marketing y predicadores evangélicos, afuera.

No sorprende que se destaquen políticos que difieren del Soez en lo ideológico, lo procedimental y lo formal

La regla lenticular

Pero hay que prestar atención al componente lenticular de la regla que mide la realidad.

Existe una marcada confianza en el círculo de poder, con el mercado financiero como exponente principal, sobre la reelección de Milei en 2027.

Transformado en un profeta místico, Luis Caputo vaticinó dos cosas en las últimas semanas: que se vienen los mejores 18 meses en muchas décadas, y que la postulación del ultra será “un paseo”, con la oposición humillada. Sobre lo primero, nadie se anima a tomarlo en serio, entre otras cosas, porque lo anunció en marzo y ya los números de abril —industria, construcción y consumo— lo desmintieron. A la espera del milagro, serán en todo caso 17 meses de jolgorio, no 18.

Hay bastante endogamia en ese optimismo, propio de una elite que abreva en un acotado menú de análisis político y mediocre calidad informativa

En cambio, la confianza de que el Presidente contará con un segundo mandato prevalece entre empresarios y ejecutivos de las finanzas, Vaca Muerta y el agronegocio. La idea de que la elección de Milei es causa y efecto de un cambio de paradigma, que se metió en el seno de la mayoría de los hogares, dispuestos a “bancar” aunque sufran, es proclamada en los altavoces del poder real. A lo sumo, si no es Milei —porque sus groserías y idus terraplanistas abochornan hasta algunos convencidos—, será otro, pero el rumbo no está en duda.

Hay bastante endogamia en ese razonamiento, propio de una elite que abreva en un acotado menú de análisis político y mediocre calidad informativa. Ese hombre propenso a las fake news y el agravio amargo que se vislumbra detrás de la cuenta de Twitter de Marcos Galperín tiene una oferta generosa para alimentar sus prejuicios en los medios de mayor difusión.

Vigencia del Soez

Hay, sin embargo, factores sólidos para pensar que las urnas favorecerán a Milei el año que viene. Primero, las encuestas pueden fallar y la opinión pública se volvió bastante volátil.

Si Manuel Adorni indigna hoy, podrá ser un pasivo asumido mañana. Los medios encontrarían motivos para cambiar el prisma. Quizás la aprobación de la compra de Movistar Argentina por parte de Telecom-Clarín —un dominio de mercado clamoroso—, que se rumorea inminente, provoque una súbita desatención a Adorni, las jubiladas y la cascada en el prime time de la tele y los portales.

Segundo, el antecedente de las elecciones de medio término de 2025 es insoslayable. Tras una derrota abrumadora en la provincia de Buenos Aires en septiembre, La Libertad Avanza se acercó a las urnas nacionales de octubre con pronóstico reservado por razones económicas y la carita de José Luis Espert en la boleta de la provincia de Buenos Aires. Milei emergió con una mayoría legislativa que no consiguieron los tres presidentes que lo antecedieron. Un proceso particularísimo, liderado por una extorsión a cara descubierta de Donald Trump y Scott Bessent al votante de un país del fin del mundo, lejos de aumentar el rechazo dio resultado y sacó a muchos argentinos del sillón de su casa un domingo de octubre, para ratificar el rumbo de Milei y bloquear “un regreso al pasado”.

Un tercer elemento que fortalece la confianza de la elite está dado por un peronismo inmerso en melodías gastadas, sin abordajes entendibles sobre cuál es la respuesta ante la economía que formatea Milei con motosierra.

Con las maldades de Karina, los negocios de Santiago y los devaneos filosóficos de Federico, la propuesta ultraderechista está clara: un topo destruye el Estado, para dar paso a un sálvese quien pueda. Suena feo, pero en la mirada libertaria y en cierto sentido común, es el motor de la competencia y el crecimiento.

Con las maldades de Karina, los negocios de Santiago y los devaneos filosóficos de Federico, la propuesta ultraderechista está clara

Allí la cámara vuelve a Kicillof, único candidateable peronista que registran las encuestas.

Contra pronósticos casi unánimes, el gobernador bonaerense logró independizarse de la voluntad de Cristina como ningún dirigente supo hacerlo en veinte años. El eje Patria-Cámpora hoy luce a la defensiva, forzado a optar entre negociar espacios con Kicillof —en una pulseada en la que el gobernador puede imponer condiciones como no conoció el apellido Kirchner—, o volcarse a frustrar una candidatura del “traidor”, si no para consagrar a un reemplazante, que sirva para que pierdan todos. Esa página está abierta.

“Está plantado en la cancha. No es títere de nadie y confronta con Milei. Con eso se despegó del pelotón”, resume un influyente ministro bonaerense.

Kicillof marca un paso que genera disidencias y ansiedad entre sus heterogéneos aliados, que llegan a ver en él características procrastinadoras de impronta albertista, pero los resultados electorales conseguidos e indicios de que van cediendo ciertas resistencias en las provincias (por porteño, por bonaerense, por hijo político de Cristina, por su origen de izquierda) extienden el crédito. “Este año tiene que pasar a otro plano, es un desafío”, amplía la voz.

El entorno del gobernador relata diálogos con dirigentes de todas las provincias. En algunos casos, se dan en un cono del silencio, por razones de conveniencia mutua. La indiferencia/no agresión pactada con el gobernador Martín Llaryora en una reciente visita a Córdoba es un ejemplo bastante relatado.

El “pase a otro plano” alude a la construcción de un liderazgo y una estructura partidaria que sean vistos como un activo por los referentes provinciales. En otras palabras, que un cartel de un candidato a intendente en La Banda, Trelew u Oberá junto a la leyenda Kicillof Presidente sume en lugar de restar a ambos. “La ingeniería electoral no está en la mesa”, agrega el ministro bonaerense.

Las fuentes kicillofistas son unánimes en un punto. El conflicto con Máximo y Cristina se va a agravar hasta el momento de la definición de las listas y, muy probablemente, más allá. Hay cuestiones personales y políticas consideradas insalvables de uno y otro lado. Llegado el caso, un escenario de primarias es concebido cada vez más como un paso necesario para ordenar el tablero y consagrar un liderazgo.

Hasta allí, el activo político de Kicillof.

¿Y el económico?

El gobernador se movió poco de la estrategia de denunciar la política económica de Milei. “Escudo para proteger a los bonaerenses y red para sostener a los afectados por la motosierra”, fue la premisa electoral en 2025. Le sirvió para ganar la elección local de septiembre, no para evitar una ajustadísima derrota en octubre.

Caputo empezó a repartir RIGIs a diestra y siniestra

Milei disparó la inanición del Estado. Redujo el gasto nacional a 15 puntos del PBI, hundió a las jubilaciones, las universidades y la cobertura de salud. Paralizó la obra pública y se empeñó en bajar impuestos a los ricos. Se encuentra en plena implementación de esquemas de promoción de actividades hiperlucrativas, como la producción de gas y petróleo (RIGI), que representa un hachazo para los ingresos estatales con vigencia por treinta años. Enunciado en 2024 como un esquema de incentivo a inversiones estratégicas, con resultado real exiguo (porque parte de las adhesiones fueron sobre proyectos que se iban a hacer de cualquier manera, y las de minería están casi todas en veremos), Caputo empezó a repartir RIGIs a diestra y siniestra.

Ese Estado raquítico enfrenta a cualquier opositor que asuma la Presidencia a la imposibilidad de restaurar el poder adquisitivo de jubilados, docentes y empleados públicos, mientras saca a las universidades del subsuelo y retoma la construcción de cloacas. El próximo gobernante no tendrá con qué responder a todas las urgencias a la vez. El financiamiento externo no existirá, porque Milei se lo habrá consumido todo, como en 2019 lo había agotado el pulcro Mauricio Macri. Y si alguien se tienta con la receta burda de la emisión monetaria como recurso constante para solventar el déficit, disparará la inflación y su capital político se extinguirá en cuestión de semanas.

Queda una receta vieja como la Biblia: cobrarles impuestos a los que más tienen para rescatar a los desclasados.

NS/NC

Kicillof no comunica nada concreto al respecto, más allá de algún criterio general. Transmitió a su equipo que, dada la magnitud del desfinanciamiento premeditado del Estado, es imposible saber dónde estará parado quien asuma en diciembre de 2027.

El gobernador bonaerense no avanzó en el estudio de aumentar el impuesto a las personas físicas (conocido como Ganancias, que en Argentina afecta al 10% de la población, el decil de ingresos altos, muy por debajo de los países europeos e incluso vecinos), ni Bienes Personales (o riqueza, que Milei redujo al mínimo y se cobró cinco años por adelantado), ni a las ganancias extraordinarias (Galperín, ganadería), ni a las grandes herencias y fortunas, ni un esquema de retenciones a ciertas exportaciones. Kicillof fue uno de los pocos dirigentes que marcó críticas a los efectos nocivos del RIGI en la producción de gas y petróleo, pero tampoco dio indicios de qué hará con ese verdadero cepo a los ingresos estatales y al desarrollo de la industria local.

Esta semana, una opinión del periodista Diego Iglesias en la radio Futurock, sobre la necesidad de levantar la bandera de cobrar impuestos con criterio de justicia social, para doblegar el sentido común coronado por la derecha de que todo gravamen en “un robo del Estado”, disparó la furia de Milei, Caputo y Galperín. “Delirante”, “zurdo ignorante”, “envidioso”. Retórica conocida, pero el camino que ofrece el oficialismo, guste o no, está claro.

La contundente expresión “no tengo idea” es fidedigna de las respuestas de media docena de voces del entorno de Kicillof consultadas sobre eventuales modificaciones impositivas con alguna mínima precisión, lo que refleja más una voluntad política de no tratar el tema, que desconocimiento real.  

Uno de ellos se permite ir más allá al decir que “no hay dudas de que Galperín tiene que pagar más impuestos que el que vende medias en el tren, a quien hay que ayudar, más que cobrarle”. La fuente —clave en un hipotético gobierno de Kicillof— pone el acento en un sistema impositivo progresivo “sobre lo patrimonial y los ingresos”. En otras palabras, Bienes Personales, grandes fortunas y Ganancias.

“El mundo está pareciéndose a una película distópica y la mayoría somos zombies. Se acelera la hiperconcentración, el Estado no hace nada y carga el peso a los de abajo”, concluye.

El capítulo impositivo requiere calibración precisa y fortaleza política para responder el previsible bombardeo mediático que ve comunismo por todas partes. De allí a la ausencia casi absoluta de una explicación sobre cuáles son las medidas concretas que permitirán superar el agujero fiscal que dejará El Topo, hay un abismo.

En el discurso de Kicillof, gana visibilidad el reclamo por la desprotección comercial de ciertas industrias, como textiles y neumáticos, o la defensa de sistemas de subsidios absurdos, como la “zona fría” ampliada en 2021 a medio país, por iniciativa de Máximo Kirchner.

En esos puntos, el texto de los Hermanos Milei encuentra argumentos efectivos, que les sirven para luego perpetrar sus verdaderas intenciones. Si la protección a textiles, neumáticos o heladeras redunda en precios extraordinariamente altos para los trabajadores, es un tema a abordar desde una perspectiva progresista, de izquierda o peronista. No alcanza con enumerar los males que genera la economía libertaria, conocidos por todo aquel que reciba un sueldo y espere un tren que se demora, acorta sus horarios y cuesta más caro. Se impone explicar cómo no empeorar las cosas.

Si por la “zona fría” resulta que un maestro o un carpintero que vive en Merlo debe pagar un extra en su factura de gas, para solventar el subsidio que beneficia a un hacendado de Pergamino, a unos 200 kilómetros, la economía cruje, el Estado se queda sin fondos y la inflación se dispara.

Es, en definitiva, la ausencia de una explicación genuina, un texto político, sobre cómo se cocinó el caldo que permitió que un día desembarcara un topo con la promesa de destruir al Estado, y cosechara votos tanto en Merlo como en Pergamino.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Que a los ricos no les interese pagar impuestos puede llegar a resultar lógico. No salen a la calle y se topan con frecuencia con gente durmiendo en la calle, otros que los fuerzan a comprarles medias ni que les piden comprarles una leche en la entrada del supermercado. No van al hospital público ni pelean con la obra social ni la prepaga barata y sus copagos. No se educan en el ámbito público, aunque se nutren de los empleados que sí pasaron por sus aulas. No toman transporte público ni miran la agenda de espectáculos gratuitos. Y así es que se las ingenian para ser los que menos ingresos destinan a impuestos, a diferencia de las clases media y baja, que en menor o mayor medidas utilizan todos esos servicios del Estado.

En tiempos en que se discute que no haya fondos para las universidades, pero tampoco para remedios y prestaciones médicas, salarios de maestros y policías, frecuencias de colectivos y trenes o instalación de cloacas, esta semana el asesor senior del International Tax Observatory (ITO, las siglas en inglés del Observatorio Tributario Internacional) Vicente Silva, chileno residente en la ciudad sede de esta organización, París, presentó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un informe latinoamericano que especifica cuánto tributa cada segmento social. Los datos demuestran que el 1% más rico de los argentinos paga de impuestos sólo el 30% de sus ingresos, casi lo mismo que la clase media, que abona el 29% y menos que los pobres, que destinan el 37%. Incluso el 10% más rico tributa menos: el 25%. Es decir, los ultramillonarios pagan igual que las familias de ingresos medios, pero más que los apenas menos ricos, quizás por el impacto del ahora licuado impuesto a los bienes personales.

“El sistema argentino cobra mucho impuesto cuando la gente consume: cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte, paga el IVA”, comienza a explicar Silva. “Y como los hogares de menores ingresos gastan casi todo lo que ganan en consumo básico, una parte muy grande de sus ingresos se va en impuestos. Y con los más ricos pasa lo contrario: como consumen una parte mucho menor que su ingreso, el IVA les pesa muchísimo menos. Después pagan otros impuestos, pero no lo suficiente para compensar esa diferencia”, advierte el investigador con un posgrado en la London School of Economics, la escuela de economía de Londres.

“Pero el problema más fuerte se da en la cima: el 0,01% más rico de Brasil y Chile -en la Argentina no están los datos disponibles- pagan tasas efectivas de impuestos que son la mitad que el resto de la población”, advierte Silva. ¿Por qué? “Básicamente porque retienen utilidades dentro de sus empresas y mientras no las distribuyan, no generan ingresos que puedan gravarse. En ese tramo de la sociedad prácticamente no se cobra impuesto a la renta (ganancias)”, advierte el experto.

La Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, apoyó la investigación del ITO y su directora de asuntos económicos en la Argentina, María Julia Eliosoff, agrega que ha quedado comprobado que los grandes millonarios en el mundo usan las tarjetas corporativas para sus gastos personales y suelen usar la ingeniería financiera para evitar la tributación en los países donde más impuestos se pagan. Pero no sólo eso: en Latinoamérica el gravamen que más recauda es el IVA y en Europa, Ganancias. En la Argentina, el IVA supone el 40% de lo recolectado y Bienes Personales, el 1,3%, señala Eliosof, que también integra el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

“Esta es una discusión entre desigualdad y democracia: es un problema para la democracia que haya grandes mayorías que reclaman mientras se concentra el poder en pocas manos, grupos de ricos con más poder que los estados”, añade la experta de la Ebert. Politólogos como Vicente Palermo o Roberto Gargarella también aluden a los problemas que las desigualdades provocan en las democracias por esa misma concentración de poder.

“En la Argentina sólo seis personas, los milmillonarios, poseen más de US$20.000 millones e incrementan su fortuna a un ritmo que va alrededor del 8% anual y lo hacen gracias a las rutas, los puertos y el capital humano que se forma en las escuelas y las universidades públicas y que son pagadas con los impuestos de todo el resto”, advierte Silva. Esos seis son, según el informe, las de Marcos Galperin (de Mercado Libre, con US$ 7.200 millones), Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy, PAE, con 5.100 millones), Eduardo Eurnekian (de Corporación América, con 4.800 millones), Eduardo Costantini (de Consultatio, con 1.300 millones), Delfín Carballo (del Banco Macro, con 1.000 millones) y el italiano residente en Buenos Aires Paolo Rocca (de Techint, con 7.300 millones). Por cierto, ni Galperin ni Bulgheroni viven y tributan acá sino en Uruguay.

“Tras años de alta inflación, deterioro del poder adquisitivo y fuerte inestabilidad macroeconómica, el debate tributario en Argentina se ha reordenado en torno a la estabilización de las cuentas públicas y a la contención de los precios”, contextualiza el reporte. “Desde que asumió, el actual gobierno lo ha hecho principalmente mediante recortes en el gasto público, incluidos programas destinados a financiar políticas sociales. En paralelo, se ampliaron las exenciones y los alivios fiscales para los sectores de mayores ingresos”.

“Este giro ocurre en un país que combina una presión tributaria relativamente alta en comparación con los estándares regionales —27,8% del PBI—, pero por debajo del promedio de los países de la OCDE (34%)”, se refiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integran en general países ricos. “Argentina necesita una reforma fiscal que corrija las regresividades del sistema actual. La pregunta no es si Argentina debe abrir una discusión sobre cómo gravar mejor la riqueza extrema, sino cómo hacerlo con un diseño capaz de llegar donde los instrumentos tradicionales no llegan”.

“La evidencia muestra que los instrumentos convencionales tienen límites claros para gravar a los ultrarricos”, continúa. De ahí que surja la siguiente propuesta para toda Latinoamérica, el continente más desigual del mundo: un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a US$100 millones. “Se trata de un mecanismo diseñado para asegurar que las personas con grandes patrimonios paguen al menos un nivel mínimo de tributación sobre su riqueza total, independientemente de cómo estén estructurados sus activos o de cuánto logren reducir su carga tributaria mediante el impuesto sobre la renta. A diferencia de los impuestos patrimoniales tradicionales, el impuesto mínimo funciona como un piso: si los impuestos ya pagados sobre el ingreso y la riqueza no alcanzan ese umbral, se cobra la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el umbral, no se debe nada adicional”, expone el ITO.

Un debate que aún está fuera del radar en un país donde el presidente Javier Milei considera que los impuestos son robos, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alega que gasta su dinero pero oculta su origen, donde el jefe de la Agencia de Recaudación (ARCA), Manuel Vázquez, omite declarar su patrimonio real y donde uno de los varios legisladores libertarios que son empresarios, el jujeño Manuel Quintar, reivindica la batalla cultural en defensa de los ricos como él. Cada vez van quedando menos hombres de negocios como Víctor Fera, el dueño del mayorista Maxiconsumo, el único que defendió el impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la pandemia con el argumento de que el dinero que él destinaba impuestos no le pertenecía a él sino a la sociedad que consumió en sus locales y que, por tanto, debía retornar a ella.

AR/CRM

“Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, rechazó esta semana el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el reclamo multitudinario de que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. Pero no es tan así. La manta corta del presupuesto después de dos años y medio de motosierra más y más profunda ante una recaudación tributaria que cumple nueve meses en caída también es fruto de las políticas adoptadas por el experimento libertario de Javier Milei que vinieron a ver de cerca por unos meses, desde su mansión en Barrio Parque, el dueño de la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies, Peter Thiel, y su esposo, Matt Danzeisen.

Es que no todos los gastos se rebanaron, pero sí todos los ingresos, entre bajas de impuestos para ricos y sectores privilegiados y el impacto de una política que desalientan el consumo, la industria y la construcción con tal del noble objetivo de volver a bajar la inflación.

La sierra motorizada podó ya el 32% del gasto en términos reales (ajustados por el índice de precios al consumidor, IPC), si se compara el primer cuatrimestre de 2026 con el mismo periodo de 2023, cuando gobernaban Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Año tras año el topo que vino a destruir el Estado desde adentro, como se definió Milei, viene achicándolo más y más. Pero algunos rubros zafan del recorte, según comprueba un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en los datos oficiales de ejecución presupuestaria. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas gastó 33% más que hace tres años.

Además, el 10% de las privatizaciones de empresas públicas y de las concesiones al sector privado irá a reequipamiento militar. El resto, a cubrir los pagos de deuda pública y a evitar con ingresos extraordinarios que se pierda el déficit fiscal por la merma recaudatoria. También ahora le devolvieron a las Fuerzas Armadas las tareas de contrainteligencia que les había quitado el kirchnerismo.

La Procuración del Tesoro de la Nación elevó 1,5% sus erogaciones. Es el área que logró el fallo de segunda instancia de EE.UU. a favor de la nacionalización de YPF. Habrá que ver si el Estado logra revertir ahora la sentencia local a favor de Tecpetrol, la petrolera de Techint, por un reclamo de subsidios al gas. Esta semana, la abogada del Estado Karina De Matteo apeló el fallo en un texto tan escueto que no ofreció ningún argumento en defensa del erario público. Sorprende que pese a las diatribas de Milei contra el dueño de Techint, Paolo Rocca, su gobierno no argumente en este juicio con el mismo ímpetu que sostuvieron las dos administraciones antecesoras, la de Mauricio Macri y la peronista. Y eso que Rocca y el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, suman cada vez más empresarios al colectivo de los que buscan un candidato “normal”, alternativo a Milei y a Axel Kicillof.

Mucho mejor le va a la Secretaría de Inteligencia (SIDE): incrementó sus egresos un 25%. Queda por dilucidar si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios reciben sobresueldos de la SIDE, como ocurría en el gobierno de Carlos Menem, o si se reparten coimas de cajas como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como es la hipótesis de uno de sus denunciantes, el diputado socialista Esteban Paulón. Como gobiernos anteriores, el de Milei también mimó a los gobernadores aliados y castigó a los opositores. Así como secó por completo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, elevó 77% las transferencias del programa de relaciones con las provincias.

Sorprende que se más que duplique (+118%) el gasto del Instituto de Ablación e Implante (Incucai). Milei, que en la campaña presidencial había abogado por la compraventa de órganos, finalmente excluyó los trasplantes de la motosierra, a diferencia de otros gastos de salud. Mientras, las asignaciones familiares crecieron 12%, sobre todo por la universal por hijo (AUH), a la que apostó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para compensar la eliminación de las otras ayudas sociales que se canalizaban por las desarticuladas organizaciones sociales. Cada vez más se oyen dirigentes peronistas que se preguntan por qué les dieron tanto poder a los piqueteros.

Los ingresos tributarios, mientras tanto, cayeron 11% en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2023, según otro reporte del CEPA. No es casualidad sino consecuencia de la receta económica, que incluye hundimiento de ciertos sectores, privilegios para otros y elogios presidenciales de la evasión de impuestos tachados como robo. El IVA, el impuesto que más recauda y el más regresivo porque castiga por igual a todas las clases sociales, recaudó 17% menos. Y no es que el presidente libertario lo rebajó ni un ápice sino que es fruto del descenso del consumo de un subsuelo a otro más profundo.

El impuesto a las Ganancias recolectó 38% menos. Es lógico en un contexto de desaparición de 22.608 empresas, en el balance entre nuevas y cerradas. Entre las nacidas encabezan la lista las de servicios personales, actividades administrativas, minería e hidrocarburos. Entre las muertas, las de transporte, comercio, inmobiliarias, industrias, servicios profesionales y científicos y construcción. En este último sector se presentaron en concurso preventivo GCDI, el grupo de Marcelo Figoli que había comprado años atrás la constructora de Nicolás Caputo, y Esuco, la de Carlos Wagner, que presidió la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo.

Pero Ganancias seguirá recaudando menos en la medida en que los sectores más pujantes gocen de la rebaja de alícuota del 35% al 25% por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno ya aprobó 16 proyectos dentro de este esquema: en transporte de hidrocarburos (tres) -este año decretó que también se incluyera la extracción de petróleo y gas, pese a que cuando se aprobó la ley consideraba que no necesitaba de apoyo adicional y por tanto implicaría un costo fiscal innecesario-, en minería (nueve) -este jueves se sumó el de cobre Proyecto San Jorge, de la suiza Zonda Metals y del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini-, energías renovables (dos), un puerto y una industria siderúrgica.

El Gobierno que se jacta de carecer de una política industrial sí tiene una política energética y otra minera. Es decir, elige ganadores, pese a que en teoría debería dejar que el mercado los escoja. Lo que no hace es transparentar el costo fiscal del RIGI. Así como en el presupuesto 2026 se calcula que el régimen de electrónica de Tierra del Fuego (Newsan, Mirgor y BGH, entre sus mayores protagonistas) aún cuesta el 0,17% del PBI; el de minería (que ampara a Barrick, Rio Tinto, Ganfeng, José Luis Manzano, Posco, Zijin, AngloGold Ashanti, Newmont y Pan American Silver, entre otras), el 0,06% y el de economía del conocimiento (el que beneficia a Mercado Libre, Globant, Despegar y Accenture, entre otras firmas), el 0,05%, no se prevé nada del RIGI.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una serie de pedidos de acceso a la información pública reclamando datos sobre cuántos impuestos se resignarán para fomentar ciertas actividades con el RIGI, pero no hubo respuesta. “No sólo no tienen las estimaciones sobre el gasto tributario que genera el RIGI sino que lo que evidencian estos pedidos de acceso a la información pública es que se diseñan las medidas de política económica sin adecuados análisis previos del impacto fiscal y menos aún del impacto socioambiental”, advierte el coordinador del área de investigación de FARN, Ariel Slipak. Entre los beneficiarios están YPF, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, Golar, Rio Tinto, Sidersa, Galan Lithium, Acindar, PCR, McEwen Copper, Minas Argentinas -del español Juan José Retamero-, Barrick, Ganfeng y America Lithium, entre otros.

El Gobierno que dice que no hará política industrial pretende volver a elegir ganadores con el Súper RIGI, que rebajará Ganancias al 15% para determinados sectores: la cadena de valor del litio y del uranio; la manufactura de baterías; el hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL (gas natural licuado) onshore (es decir, el que se comprime en plantas y no en barcos, como está proyectándose hasta ahora); los reactores nucleares pequeños y medianos; la producción de paneles solares y turbinas eólicas; los vehículos 100% eléctricos; los nuevos productos petroquímicos y los de la industria aeroespacial; los bienes industriales a partir de la pesca; los fertilizantes de potasio o fósforo, entre otros. También se menciona a la industria tecnomilitar de Palantir, Anthropic o Boeing.

Una pregunta es cómo se proveerá de energía a estas ideas del Súper RIGI si incluso hay dificultad para abastecer los proyectos del RIGI. Dos iniciativas aprobadas de minería en San Juan, Vicuña y Los Azules se enfrentarán el próximo 3 de junio en audiencia pública para definir cómo se reparte el escaso suministro eléctrico que pretenden ambos. La primera es de la canadiense Lundin y la australiana BHP y su rival, McEwen, también de Canadá. Después deberá resolver el ente regulador. “La oferta de energía va a tener que crecer junto con los proyectos. Hay varias compañías que quieren construir esa infraestructura. Nadia se va a quedar sin energía sino que compiten por mejores términos”, se ilusionan altas fuentes del Ministerio de Economía.

Otra duda radica en si se privilegiará a sectores inexistentes en Argentina, mientras otros que vienen de antaño se desmoronan pero pagan 35% de Ganancias y sostienen al Estado. Es lo que reclamó Rappallini en un artículo publicado por Infobae: un RIGI industrial. Los que en la UIA critican su anterior condescendencia con el Gobierno explican que este giro más duro responde a la presión de las bases ante derrumbes de la actividad. De todos modos, tampoco pierde las formas porque aspira a negociar la semana próxima cara a cara con el ministro de Economía, Luis Caputo. Claro que si a todos los sectores económicos les rebajas tributos, ¿quién pagará los impuestos que sostienen servicios básicos? ¿Las clases media y baja?

Porque además de Ganancias, el Estado mínimo de Milei resignó la recaudación de otros impuestos. La de bienes personales se derrumbó 81% por la baja de alícuotas y la elevación del nivel de patrimonio a partir del cual se tributa. Los ricos, felices de pagar menos impuestos, total ellos tienen seguridad propia, salud prepaga o educación privada -aunque claro que se sirven de la mano de obra formada en la pública-. No son de los que duermen en la calle ni de los que son mendigados por estos. Circulan por otras vidas. La recolección de impuestos internos también bajó 32%, en parte por las rebajas de los gravámenes a los consumos de lujo. Otra manito a los que más tienen.

La recaudación del gravamen de débitos y créditos cayó 8%, en otra señal de la fría actividad. Los aranceles a la importación, apertura mediante y ante el consumo retraído, recabaron 24% menos. Sólo mejoró lo recogido por las retenciones a la exportación, un 31%: pese a que el Gobierno benefició al campo con un recorte parcial de este impuesto -la Mesa de Enlace pide eliminarlas-, la comparación con 2023 resulta muy positiva porque aquel año la cosecha se derrumbó por una sequía histórica.

Ahora la seca pega a otros. A la salud, la ciencia, las jubilaciones, el desarrollo social, la educación, incluso las fuerzas armadas y de seguridad en su conjunto, la obra pública, las provincias y los municipios. Todos rubros recortados por la motosierra.

AR/MC

Después de 14 años del primer Foro Llao Llao de los empresarios más ricos de la Argentina, el encuentro ha vuelto en la era libertaria al secretismo de sus orígenes y ha desandado el camino de apertura que había iniciado a principios de esta década. “Nos une el deseo compartido de mejorar la Argentina, la convicción de que el cambio se construye mirando al futuro”, reza un comunicado de lo poco que se sabe de lo que ocurre puertas adentro del emblemático hotel de Bariloche, el Llao Llao, propiedad del empresario agrícola e inmobiliario Eduardo Elsztain, dueño de Cresud e IRSA. Eso sí, de puertas cerradas a la prensa, a diferencia de la mayoría de encuentros deliberativos del establishment.

“Nos une la voluntad de elevar la vara del empresariado argentino: competir, emprender, arriesgar capital, y generar impacto real desde la integridad”, alega este grupo de 150 empresarios, de los cuales menos de diez son mujeres.

Algunos son integrantes del Grupo Argentina Mejor, que formaron los hijos de los grandes millonarios del país cuando se creó el foro. Otros son de la Fundación Endeavor, por la que grandes empresarios fomentan a emprendedores que pretenden emularlos. En la foto de familia que no se difundió aparece Elsztain en primera fila, arrodillado junto a Martín Migoya, uno de los accionistas de la tecnológica Globant. Encima de ellos, en segunda línea, Guibert Englebienne, otro socio de Globant. Sentado en el pasto, Federico Braun, de los supermercados La Anónima y el Grupo Financiero Galicia, que fue el moderador de la charla de la reina Máxima de Países Bajos sobre salud financiera de los empleados. En el centro, Marcos Galperin, el millonario más rico de la Argentina por su invención, Mercado Libre.

Nos une la voluntad de elevar la vara del empresariado argentino: competir, emprender, arriesgar capital, y generar impacto real desde la integridad", alega este grupo de 150 empresarios, de los cuales menos de diez son mujeres

También posaron Eduardo Bastitta, fundador de Plaza Logística y uno de los impulsores de la dolarización que finalmente no adoptó Javier Milei; Luciano Nicora, de la agrotecnológica Pampa Start; Roberto Souviron, fundador de Despegar que después de venderla se fue a navegar por el mundo con su familia y ahora estudia para docente y encabeza la Fundación Estudiar Es Mejor, que pregona las evaluaciones a alumnos y maestros y sobre la que viajó a hablar en el foro; Alejandro Vázquez, fundador de Tiendanube, otro unicornio (empresa tecnológica valuada en más de US$1.000 millones) gracias al desarrollo de comercio electrónico que impulsó entre sus clientes pymes; Franco Mignacco, que no es dueño sino CEO de Minera Exar, una de las dos empresas que está explotando el litio jujeño y que pertenece a la china Ganfeng y a la suiza Lithium Argentina; Gustavo D'Alessandro, del fondo Finvest; Carlos Miguens Bemberg, accionista del grupo eléctrico Central Puerto, la critícola San Miguel e inversiones mineras; su socio Agustín Otero Monsegur; Karina Román, del fondo Puerto Asís Investments y con empresas logísticas; y las hermanas Verónica y Larisa Andreani, cuyo padre, Oscar, presentó esta semana a la prensa la inversión de US$30 millones que hizo en un hub en Pacheco para procesar 26.000 paquetes por día. Además, este año abrirá un depósito a medio camino en Miami y en 2027 otro en la propia China por el boom de importaciones. Cada vez trabaja más con ellas, menos con la industria bonaerense y más con Vaca Muerta y las provincias mineras. Datos de la nueva Argentina.

Algunos de ellos venían de la agitada jornada de Experiencia Endeavor Sub 20 este martes en el Movistar Arena, al que fueron obligados a asistir 12.000 alumnos del final de la secundaria porteña. Allí estuvieron Migoya, presidente de Endeavor, y Vázquez, de Tiendanube. Entre los estudiantes de escuelas públicas había varios que habían averiguado bien quiénes eran los expositores. Pasada la euforia juvenil por Milei, no les cayó bien descubrir las fotos del dueño de Globant con el Presidente, pero lo trataron con respeto al anfitrión del evento. Quizás no sabían que su empresa fue denunciada el año pasado ante el Ministerio de Economía por la Asociación Gremial de Computación (AGC) por presunto incumplimiento de los requisitos para recibir desgravaciones impositivas de la ley de economía del conocimiento por el supuesto despido de personal. Justo un día después el programador y periodista Maximiliano Firtman difundió que inversores de Globant demandaron a la empresa y sus directivos en Nueva York porque habrían ocultado cancelaciones de contratos y congelamientos salariales en la Argentina y México. “Rechazamos estas acusaciones y responderemos con firmeza en el momento apropiado”, respondió la compañía.

A quienes sí abuchearon los estudiantes fue primero a Juan Cereigido, fundador y CEO de Ato, no porque su empresa ayude con inteligencia artificial a adultos mayores, sino porque mostró en pantalla su admiración por EE.UU. y Elon Musk. Después llegó el turno de Ariel Sbdar, dueño de la financiera Cocos Capital: a él le corearon “vendepatria” apenas entró por su seguidilla de tweets celebrando el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. ¿Será que los jóvenes que hace una década eran camporistas y después se hicieron libertarios ahora dejaron de serlo? Sólo se sabrá en las urnas en 2027. Las encuestas, que ahora muestra un supuesto derrumbe de Milei, muchas veces han fallado.

El avance de la petroleras

Las que por ahora aprovechan al Presidente que considera robo los impuestos y que promete destruir el Estado son las petroleras. Cuando el Congreso votó en 2024 la ley Bases y su Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el propio Gobierno argumentó en contra de incluir entre sus beneficiarios los proyectos de extracción de petróleo y gas porque no necesitaban estímulos adicionales, ya tenían ecuaciones económicas viables de corto plazo y, por tanto, su incorporación implicaría un costo fiscal innecesario. Pero a principios de 2026, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, los terminó de sumar entre el lobby de las petroleras, de Neuquén y la desesperación del ministro de Economía, Luis Caputo, de recibir divisas para pagar la deuda. Es así que iniciativas que ya estaban en carpeta de las empresas de repente ahora se encuentran con que pagarán menos impuestos y aranceles a la importación, dispondrán de los dólares de exportación sin restricciones y podrán recurrir a tribunales internacionales en caso de que les cambien las reglas.

Se trata de un sector que viene subvencionado desde tiempos de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. De hecho, Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, acaba de conseguir esta semana un fallo del juez Lavié Pico a favor por una demanda contra el Estado por al menos US$30 millones porque la gestión Macri había recortado las subvenciones en plena crisis. Los abogados del sector público, que habían defendido aquella decisión durante las administraciones de Cambiemos y Frente de Todos, bajaron los brazos en la era libertaria. Pueden apelar. Pero llama la atención en tiempos en que Milei se burla del dueño de Techint, Paolo Rocca, “Don Chatarrín”, por proteccionista, mientras pierde las licitaciones para proveer caños y construir el nuevo gasoducto de Vaca Muerta para exportar su combustible por barco al mundo.

Habrá influido o no que semanas antes Rocca le pidiera en una reunión privada a Macri que arme una alternativa política a Milei. No es el único empresario interesado. El dueño del Banco Macro y expresidente de River, Jorge Brito, también impulsa un espacio de centroderecha para evitar la polarización en las elecciones presidenciales de 2027 entre el libertario y Axel Kicillof, de quien su fallecido padre decía que no entendía qué es el mercado.

El gobernador bonaerense, mientras tanto, navega entre quienes le recomiendan un giro al centro, como hizo Luiz Inácio Lula da Silva a su misma edad para llegar al poder en 2002, y algunos de sus más cercanos que consideran que en el mundo la salida a la ultraderecha pasa por seguir contrastando fuerte con un discurso de izquierda, como hizo el demócrata Zohran Mamdani para llegar a alcalde de Nueva York en 2025. Son los que se ven avalados por la nueva encuesta de Atlas Intel sobre líderes con imagen positiva que encabezan la trotskysta Myriam Bregman y Kicillof.

Los que siguen cosechando ventajas

Pero Rocca tiene revancha con Tecpetrol, que además se presentó al nuevo RIGI para extracción de hidrocarburos. Lo mismo hicieron Pluspetrol, de la familia Rey; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin; y Phoenix, de José Luis Manzano. También lo hará Vista, de Miguel Galuccio; Pan American Energy (PAE), de la británica BP y los Bulgheroni; YPF y Central Puerto, recién ingresada en el negocio.

Habrá que ver si se suman multinacionales, menos atraídas por invertir en la Argentina de Milei. Suenan los nombres de la angloholandesa Shell y la francesa Total. “Ya no pagan muchos impuestos y con el RIGI menos que menos”, advierte el economista Gustavo García Zanotti, que ha investigado los beneficios que a lo largo de los gobiernos han conseguido las petroleras en Vaca Muerta.

Las que también han logrado ventajas a través de las diversas administraciones son las grandes tecnológicas, como Mercado Libre, Globant o Despegar. Los montos de las desgravaciones tributarias de estas empresas no son difundidos por el Estado, pero la empresa de Galperin, por cotizar en el mercado Nasdaq de Nueva York, las debe transparentar: US$81 millones en 2025, un 42% más que en 2024. En 2029 finaliza el régimen de economía del conocimiento y la sociedad deberá discutir si seguir apoyando a gigantes o sólo a las pymes para que crezcan.

En la Argentina se beneficia a Mercado Libre, e incluso los gobiernos de Macri y Fernández desecharon denuncias de la agencia tributaria sobre supuesta evasión, pero en Brasil se le acumulan reclamos judiciales y administrativos del gobierno federal y varios estaduales por el impago de impuestos por US$897 millones, es decir, 11 veces más de lo que desgravó en su tierra natal. Así consta en su balance ante las autoridades de EE.UU. En la empresa destacan los US$1.600 millones que tributan por año en el socio mayor del Mercosur. Claro que los pleitos no son menores sino por la mitad de ese monto. Pero Brasil es el principal mercado de la empresa de Galperin y las demandas impositivas no la han espantado de sus negocios. Por ahora ya ha provisionado, es decir, mandado a pérdida US$129 millones por causas donde avizora una derrota.

Entre los reclamos que están judicializados está la disputa más importante, por US$528 millones, porque Brasil sostiene que los pagos que la filial de allí Mercado Livre hace a la de Argentina por servicios tecnológicos y de gestión deben pagar el impuesto a las ganancias allá, el grupo argumenta que el convenio para evitar la doble imposición la ampara, pero la Justicia viene fallando por ahora en su contra.

También falta definición de los tribunales por quejas de los estados (provincias) por diferencias de US$9 millones en el impuesto estadual sobre ventas. El gobierno federal pide también en la Justicia que Mercado Libre tribute US$144 millones por ingresos por subsidios que le da el estado de Minas Gerais y otros 73 millones porque incluye un gravamen municipal en la base imponible de contribuciones federales a la Seguridad Social. Además, hay dos procesos administrativos pendientes: el fisco no le acepta como deducibles pagos a otras empresas del grupo en la Argentina, Uruguay y EE.UU. por servicios tecnológicos y reclama US$38 millones, mientras que la acusa de subdeclarar ingresos por US$105 millones. Pero pese a todas disputas originadas entre 2014 y 2022, en los gobiernos de diversa ideología, de Dilma Rousseff, Michel Temer y Jair Bolsonaro, Galperin, cada vez más radicalizado en su X (ver abajo) nunca dejó de invertir en Brasil y lo sigue haciendo ahora con Lula.

AR/MG

Dos días después del último golpe de Estado en la Argentina, el 26 de marzo de 1976 se inauguraba la fábrica de Scania en Colombres, a 20 minutos en auto del aeropuerto de San Miguel de Tucumán. En 1971, la dictadura militar de aquel tiempo había organizado una licitación internacional para que se instalara alguna fabrica de camiones pesados y eligió esta provincia norteña porque estaba afectada por el cierre de ingenios azucareros, la crisis de los talleres ferroviarios y el consiguiente ascenso del desempleo y la marginalidad. La ganó la marca sueca, la misma que fascinaba a Diego Maradona, que se compró uno en 1997 y lo estacionaba en su casa de Barrio Parque, en Palermo. En 1972 se puso la primera piedra de la planta, que se puso en marcha cuatro años después, en pleno Operativo Independencia del general Antonio Bussi contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La plana mayor de Scania en Latinoamérica, con su CEO, el brasileño Christopher Podgorski, a la cabeza, y la esperada presencia del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, celebrarán este jueves los 50 años de la única fábrica automotriz de la provincia. Hace 25, en la crisis de 2001, se dejaron de producir acá camiones y se concentraron en elaborar piezas. Ahora despachan 160 componentes para cajas de cambios y diferenciales (parte esencial en el tren motriz que transmite la fuerza del motor a las ruedas) que se exportan a las plantas de camiones de la misma empresa -propiedad a su vez del grupo alemán Volkswagen- en Brasil, Suecia y desde octubre pasado también en EE UU, según contó el director industrial de Scania Argentina, Dante Gonella. Es que el gobierno de Donald Trump le impuso menos aranceles al país de Javier Milei que a la Unión Europea y entonces a la firma nórdica le conviene exportar más desde Colombres. Sólo acá y allá fabrica estas partes.

Pero no todo es euforia en Scania. Pese al mensaje optimista que ofrecieron sus directivos en el aniversario, también se dejaron escuchar los reclamos por menos impuestos y menos tasas de interés. Es un contexto de crisis industrial -la Argentina es el segundo país con más caída, después de Hungría, según la consultora Audemus, de Matías Kulfas, y hasta el embajador alemán en Buenos Aires, Dieter Lambé, la señaló en una reunión la semana pasada con empresarios de su país-, en el que bajan las producciones de automotores y sus partes, incluido el cierre de la fabricante de neumáticos Fate.

“Se está tratando de avanzar con una reforma impositiva, si se pueden bajar ingresos brutos, tasas municipales, el impuesto al cheque”, se refirió el CEO de Scania Argentina, Sebastián Figueroa, a los gravámenes provincial, local y nacional que encarecen las ventas, aunque elDiarioAR también le preguntó por las retenciones que el gobierno de Milei le cobra a las exportaciones automotrices y al tipo de cambio bajo que desalientan la producción. Su jefe latinoamericano, Podgorski, reconoció: “No tengo conocimiento detallado de cuál es la política pública de desarrollo y fomento a la industria. Puedo ejemplificar lo que ha ocurrido en los últimos años en Brasil, donde se definieron políticas claras para la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías, el Programa Mover. Entiendo que el gobierno argentino también debe estar discutiendo un camino claro. La industria necesita siempre necesita capital, pero más de previsibilidad. Es un papel importante de los gobernantes indicar el norte a dónde se presentará la industria argentina con mayor competitividad'. El contraste con el socio mayor del Mercosur es evidente.

Figueroa celebró que en 2025 Scania batiera su récord de ventas en la Argentina, más de 3.200 unidades, el 28% del mercado local, después de años de envejecimiento del parque automotor por las restricciones a los productos importados y al giro de divisas para pagarlos. El CEO nacional espera que se repita en 2026, pero para ello auguró que haya más crédito. “Los clientes necesitan tasas más bajas”, reconoció. “Si baja la inflación, bajarán las tasas”, apuntó, aunque en los últimos días el Banco Central comenzó a relajar las tasas con la intención de reactivar la economía aun a costa de elevar los precios.

Este año, Scania ya no puede encomendarse a vender, como el año pasado, la mitad de los camiones al contado y el resto con préstamos de su propia financiera. “La caja de los clientes se termina y ahora buscan flujos financieros”, admitió Figueroa. Scania Credit presta en dólares, pero al 12%. De todos modos, confía. Por un lado, viene de una Expoagro en la que palpó el entusiasmo del campo, entre las bajas impositivas y la perspectiva de una buena cosecha. En la Argentina los camiones se renuevan cada diez años, en lugar de cinco, e incluso en el transporte de granos los hay de 40 o 50 años. Por otra aparte, el CEO apuesta a Vaca Muerta -se instalaron en el epicentro, Añelo- y a que la minería argentina se desarrolle tanto como la chilena. Acaba de firmar un acuerdo de provisión al yacimiento de cobre, oro y plata Vicuña, en San Juan. Así que enviará personal de la empresa a asistir a esa mina, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Es que Scania no sólo vende sus camiones sino que busca destacarse por sus servicios posventa. Y así es que espera enfrentar la creciente competencia de camiones chinos, como lo hacen en Chile, Perú o Uruguay. “Bienvenida la competencia, pero es importante la infraestructura”, desafió el CEO de la firma sueca en la Argentina, donde cuenta con 29 puntos de servicios propios y tercerizados con 1.078 empleados. En esa red invertirán este año US$12 millones, en parte para ampliar su local de San Juan y la mitad para relocalizarse en Córdoba.

Es bastante más que la inversión industrial. Después de terminar un plan de US$63 millones en los cinco años anteriores, en 2026 Scania desembolsará 7 millones en la planta de Tucumán. “Es para renovación de maquinaria, mantenimiento del edificio, protección contra incendios”, describió Gonella. En esta fábrica, donde 518 trabajadores elaboran piezas para 42.000 cajas y 31.000 diferenciales por año, se presentará este jueves una edición limitada de camiones con los colores celeste y blanco por el aniversario. Podgorski y Gonella esperan que con el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur se exporten más camiones brasileños de Scania, con piezas argentinas, a aquel mercado de 450 millones de consumidores de alto poder adquisitivo.

AR / NB

La última dictadura militar representó un quiebre en muchas dimensiones de la vida social en Argentina. La violación sistemática y planificada de los derechos humanos se dio en el marco de un proceso que llevó adelante fuertes transformaciones en la estructura económica del país. Esto implicó reformar un campo central para entender el presente que vivimos: el de la política fiscal y, muy especialmente, el impositivo. La gestión económica modificó el tablero de tal forma que se aumentó considerablemente la importancia de los impuestos que pagan proporcionalmente más los sectores de menores ingresos y debilitaron los tributos que afectan a las personas de mayor capacidad económica. 

El ejemplo más claro de este movimiento fue la importancia que adquirió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo que recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del 13% al 20%, amplió la cantidad de bienes y servicios alcanzados y movió del 0% al 5% la tasa de alimentos. Este sendero continuó en la transición democrática -en 1986 se unifican las tasas en 18%- y se consolidó en 1995, cuando la alícuota general se llevó al 21% vigente hoy. 

Como resultado, subió considerablemente la importancia de los impuestos al consumo de bienes y servicios en la recaudación total del Estado nacional, pasando de representar el 32% en el período 1973-1975 al 46% en 1976-1983. En las décadas siguientes, a pesar de la inestabilidad económica y los giros de la política, esa proporción nunca bajó del 40%. 

Este aumento se llevó adelante para “compensar” la pérdida de recursos que implicó otra medida muy importante que llevó adelante la gestión de Martinez de Hoz: la eliminación de las contribuciones patronales previsionales por parte de los empresarios. La misma se implementó con el argumento de reducir “impuestos al trabajo”, bajar la carga tributaria de las empresas y estimular la contratación. 

Durante el período se eliminó otro impuesto progresivo: el de la herencia (“Enriquecimiento patrimonial a título gratuito”), que aunque posteriormente reapareció en algunas provincias, sólo existe hoy en la de Buenos Aires. Como resultado, los impuestos patrimoniales (a la riqueza) pasaron de recaudar el equivalente a 0,3% del PBI en 1976 al 0% en 1983, según datos de AFIP. Al mismo tiempo, como parte de la política de apertura comercial, se redujeron inicialmente los tributos al comercio exterior, tanto a las importaciones como las retenciones a las exportaciones. 

Los cambios en el diseño impositivo también alcanzaron la forma en la que el Estado limitaba las prácticas de evasión y elusión impositiva de las grandes firmas. La dictadura alteró los criterios para la determinación de la ganancia de fuente argentina en el caso de las operaciones internacionales realizadas con partes vinculadas de un mismo grupo económico multinacional. Estos cambios habilitaron el uso de determinadas operaciones internacionales (por ejemplo, pago de intereses, regalías y servicios) para reducir artificialmente la ganancia declarada en Argentina, y así pagar menos impuestos. 

Las transformaciones tributarias fueron profundas y transformaron la matriz de recaudación del Estado nacional, volviéndola muy dependiente de los impuestos al consumo, y con menor participación de tributos a los ingresos y al patrimonio. Luego de la caída de los militares no se ha logrado revertir este problema, central para reducir los niveles de desigualdad: es una deuda que la democracia todavía no saldó. En este escenario, creemos que discutir los problemas estructurales de la política fiscal y diseñar alternativas que pongan en el centro los derechos humanos y la equidad es una tarea ineludible. No se trata solo de reparar los efectos de las políticas recientes, sino de transformar un sistema que, desde hace décadas, reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para garantizar bienestar y cumplir el amplio marco de derechos sociales que nuestra Constitución exige honrar. 

Los autores son integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

AR

Javier Milei reforzó este domingo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso su regreso al discurso agresivo, pero lo hizo contra una oposición peronista y contra un par de grandes empresarios industriales a los que pegarles le rinde en términos populares. Pero más allá del acierto político del Presidente, incurrió en diversas falsedades o medias verdades a la hora de describir lo que es la materia que en teoría más debería dominar, la economía.

“La tasa de desempleo cayó, aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta”, sostuvo Milei ante los diputados y senadores. Pero el Instituto de Estadística (Indec) informó hace pocos días que la desocupación alcanzó el 6,3% en el tercer trimestre de 2025, el último medido, es decir, casi un punto más que el 5,4% que en el mismo periodo de 2023. Si bien se recupera el empleo, lo que se crean son puestos de trabajo en la economía informal. Y eso que el jefe ultra promete que la reciente reforma laboral viene a solucionar el problema que dejó el gobierno anterior de que la mitad de los trabajadores se empleasen sin registro, sin derechos.

Milei también señaló que en la administración peronista los jóvenes se iban de la Argentina. Es cierto que eso ocurrió bajo la presidencia de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como vice y Sergio Massa como último ministro de Economía. Pero ocultó que bajo su gobierno también se emigra. No hay datos oficiales de argentinos en el exterior, pero España -principal destino- mide cuántos compatriotas viven allá: por la crisis de 2001 aumentaron 46% en tres años; en los 12 años de kirchnerismo, otro 41%; en el gobierno de Mauricio Macri, un 36%; en el de los Fernández saltaron 62% y en los primeros dos años de Milei se incrementaron otro 15%.

“Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal ni default en 100 años”, destacó el jefe de Estado que vino a destruirlo. Recordó que desde el primer mes de gobierno terminó con el rojo de las cuentas públicas y que lo hizo cortando 30% el gasto y sin subir impuestos sino bajándolos 2,5% del PBI. Se olvidó de señalar que la mayoría de esas rebajas tributarias se orientaron a los más ricos, desde la de Bienes Personales a la reciente de los autos de lujo, no al IVA que pagan por igual los que más y menos tienen.

Eso sí, insistió con que “los impuestos son un robo”. La pregunta es entonces por qué aún la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sigue cobrándolos. O con qué dinero se pagaría entonces a los acreedores de la deuda argentina, cómo se abonaría su sueldo de Presidente y los de los demás empleados públicos o cómo se financiaría las fuerzas de seguridad, las armadas o la Secretaría de Inteligencia, áreas a las que ha dado prioridad.

Inflación y crecimiento económico

“Hemos triplicado el salario en dólares”, fue otra de las afirmaciones polémicas del inquilino de la Casa Rosada. Lo que no aclaró es que el costo de vida en moneda norteamericana aumentó aún más que el sueldo y por eso el poder de compra está peor que lo mal que se encontraba en el gobierno anterior. El Presidente destacó que su equipo económico salvó a la Argentina de la hiperinflación, pero tampoco pudo referirse demasiado en el nivel actual del índice de precios al consumidor (IPC), que viene subiendo mes a mes desde mitad de 2025 y apunta a seguir haciéndolo en febrero último.

Milei sostuvo que la economía creció en sus primeros dos años de gobierno porque comparó sólo los meses de diciembre. Pero se olvidó de contar lo que pasó en los otros 11 meses de 2024 y 2025. En 2024 cayó 1,8% y el año pasado se recuperó 4,4%, después de dos de caída, y con evolución dispar de los sectores. Pero al Presidente le interesan sólo algunos, los que nombró este domingo, como minería, energía, las industrias pesadas que dependen de ella –aunque esté enfrentado con sus dueños–, el campo, la agroindustria y los data centers, a los que aspira atraer a la Patagonia más allá de su impacto ambiental.

“Hoy volvemos a mirar el futuro con esperanza. Estamos haciendo cosas que llevábamos décadas pendientes”, apuntó a la flexibilización laboral, aunque ni mencionó nada de una reforma tributaria integral. Sólo una vaga promesa de disminuir las retenciones al campo en la medida en que las cuentas públicas lo permitan. Calificó a la anterior ley de convenios colectivos de trabajo como un “delirio aprobado hace 50 años y dejo a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Según su opinión, ahora la norma quedó “en línea con la economia con la mayor transformación de la historia”. En eso no mintió, pues el giro del proteccionismo a la apertura es radical.

“No sorprende que haya personas siniestras que, en nombre de la industria nacional, defiendan el proteccionismo desmedido. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de perjudicar a los argentinos de bien”, disparó Milei después de semanas vapuleando a los dueños del grupo Techint, Paolo Rocca, y de la cerrada fabricante de neumáticos Fate y la de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Milei negó que haya una “apertura indiscriminada”, acusó a la oposición de defender a los empresarios que “cazaban en el zoológico” porque de ellos cobraban coimas. “Por eso defienden tanto a Piedrita, a Chatarrín de los Tubitos Caros”, volvió contra Rocca.

“¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero US$4.000, cuando se paga 1.400; y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios? No, ustedes son políticos corruptos que les venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos”, apuntó a Rocca y el peronismo, con el que también se enfrentó.  “¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle, mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, atacó a Madanes “¿O acaso les parece bien pagar una remera básica 50 dólares, cuando la importada cuesta 5?”, disparó a los textiles, que también cierran fábricas. Lo que está claro es que los millonarios seguirán siéndolo y los que más pierden son los obreros despedidos.

No puso fecha, pero Milei prometió que generalizará las rebajas de impuestos y aranceles a la importación que ya rigen para ciertos sectores del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La duda es si llegará a tiempo para evitar el colapso de los excluidos de esos beneficios. Y cómo se financiarán educación, salud y otras funciones básicas del Estado si cada vez se cobran menos gravámenes.

En su discurso mencionó algunos logros como el aumento de la asignación universal por hijo (AUH), la reversión del déficit de Aerolíneas y las inversiones por US$25.000 millones en marcha por el RIGI. Aseguró que para crecer se necesita del equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva –calificó a Luis Caputo como “mejor ministro de Economía del mundo” en otra de sus habituales exageraciones–, la desregulación de la economía –celebró a su ministro del área, Federico Sturzenegger, por sus 14.000 reformas, aunque muchas de ellas hayan tenido bajo impacto–, la inversión en capital humano –más allá del ajuste en educación– y la apertura comercial. “Restringir el comercio está mal”, sermoneó Milei, a pesar de su incondicionalidad con Donald Trump, el paladín del proteccionismo, sobre todo contra China, capaz de producir casi todo mejor y más barato en condiciones sindicales jamás vistas en países democráticos.

AR/MG

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

La Cámara de Diputados votó en la madrugada de este jueves en el recinto el primer presupuesto de Javier Milei, el de 2026, después de dos años de gobernar prorrogando el de 2023, el último del peronismo y aprobado por el Congreso, claro que modificado según el parecer de su motosierra para muchos y de sus rebajas tributarias para algunos. Pero “para obtener una perspectiva completa”, la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ) y otras otras organizaciones recomiendan comparar las erogaciones del año próximo con las de hace tres años y el resultado es una disminución del 24,6%, es decir, un cuarto menos que implica amputar directamente determinadas tareas que antes cumplía bien o mal el Estado.

“El proyecto establece un aumento interanual del gasto del 6,4% en términos reales en servicios sociales frente a 2025, pero este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9% entre 2023 y 2026”, continúa ACIJ. Las partidas que más se recuperan son la de Seguridad Social, es decir jubilaciones y pensiones, dado que aumentan por inflación, pero el bono para la mínima se mantiene congelado en $70.000, con lo que se reduce 2,8% respecto de hace tres años.

También las de salud suben fuerte, 26,5%, porque se expande 47% el programa de los 1.000 Días, para acompañar los primeros tres años de vida de los niños, y 22% la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, de modo de contrarrestar la expansión de sífilis del 71% entre 2020 y 2024. Aunque se hará con menos reparto de preservativos: 15 millones de unidades, en lugar de 54 millones, según observó la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y su Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), que asisten a los diputados de Unión por la Patria (UP) Itai Hagman y Natalia Zaracho.

A pesar de la intención del Gobierno de derogar las leyes que durante este año aprobó el Congreso para recuperar los presupuestos de discapacidad, universidades y hospitales pediátricos como el Garrahan, la votación en particular finalmente rechazó el Capítulo XI donde de incluían estos ítems, y que también planteaba acotar las zonas frías que reciben subsidios al gas y la electricidad, al tiempo que se prevén más aumentos de tarifas y del impuesto a los combustibles. En cambio, se establece un mecanismo de compensación para las distribuidoras eléctricas que se hayan visto perjudicadas por las leyes de emergencia económica, aquellas que congelaron tarifas tras la crisis de 2001.

En el proyecto, la asignación universal por hijo, que reciben desempleados y trabajadores informales, y las asignaciones familiares, que cobran los empleados formales, dejaban de actualizarse por inflación y aumentaban según el criterio y los tiempos que se le antojen al Gobierno.

En el presupuesto 2026 los gastos tributarios, es decir, las rebajas impositivas para algunos sectores, aumentan 2% en términos reales, lo que representa el 24,1% de toda la recaudación proyectada, según ACIJ. Es decir, de todo los impuestos que se recolectan, un cuarto se escurren para beneficiar a determinadas actividades. “Mientras el gasto total del Estado nacional cayó entre 2023 y 2026 casi un 25% y el gasto social lo hizo en un 16%, los gastos tributarios se redujeron apenas un 10%”, insiste la ACIJ.

Los beneficios impositivos representan el 3,4% del PBI. Más que todo lo recaudado por el IVA, equivalente al 3,2% de la economía. La rebaja de Ganancias a jueces y demás empleados del Poder Judicial suponen 0,09% del PBI; el descuento a la educación privada, 0,1%; a las prepagas, 0,05%; al impuesto a los bienes personales para quienes tienen depósitos bancarios, 0,01%; la minería, 0,06%; la electrónica de Tierra del Fuego, 0,17% y la economía del conocimiento, que beneficia a empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar, 0,5%. Estas últimas dos empresas y otras 19 fueron denunciadas por el sindicato informático ante el Ministerio de Economía por recibir el beneficio pese a presuntamente incumplir la contraprestación de mantener el personal.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) apuntó que el Gobierno determina, a su vez, un cupo fiscal o límite máximo de beneficios que el Estado puede otorgar en un período determinado. Y en este sentido señala que el cupo de la educación técnica se reduce 5,1%, el del fomento de las inversiones automotrices, 12,5%, pero el de la economía del conocimiento se eleva 39,1%, mientras se elimina el correspondiente a la promoción de energías renovables.

La ASAP, al igual que otras entidades, menciona que el presupuesto basa sus números en proyecciones macroeconómicas optimistas respecto a lo previsto por el consenso de los economistas de consultoras, bancos, universidades y think tanks relevados por el Banco Central. El proyecto prevé que la economía crezca 5,4% en 2025 y 5% en 2026, con la consiguiente expansión de la recaudación. Pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central marca un 4,4% para este año y un 3,4% para el próximo.

La inflación acabaría 2025 en 31,3% y 2026, en 18,2%, según el REM, lejos del 24,5% y del 10,1% soñados por el Gobierno para ambos periodos, respectivamente. Y el dólar mayorista ya está en $1.449 y el minorista, en $1.480. El presupuesto delira pensando que a fin de año bajará a $1.325 y para dentro de un año, a $1.423. El REM lo pronostica a 1.473 este 31 de diciembre y a 1.668 en noviembre próximo, y eso que esas predicciones se elaboraron antes de que esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, se rindiera ante la evidencia y ampliara la actualización de las bandas cambiarias del 1% mensual a un ritmo igual a la inflación, que el último mes fue del 2,5%.

En el presupuesto no se prevé rebajas tributarias. La reforma prometida a los empresarios deberá esperar a las sesiones ordinarias, que comienzan en marzo. Por ahora se mantienen las retenciones a la exportación, que representa el 7% de lo recaudado, y el impuesto a las transferencias financieras, que son el 18%. Nada se habla de crear un superIVA para reemplazar a los Ingresos Brutos de las provincias.

Por lo pronto, sólo habrá algunos recortes en el proyecto de flexibilización laboral: una merma de la alícuota de Ganancias para empresas, del 35% al 31,5% para las grandes y del 30% al 27% para las pymes; a las entradas de cine y el streaming, los objetos de lujos, los autos, las motos, los barcos y los aviones, los seguros y la telefonía, curiosas rebajas para supuestamente fomentar el empleo, teniendo en cuenta que varios de esos artículos son importados y de que ciertos gravámenes financian el trabajo local. En el presupuesto sí se elimina la exención tributaria a la compra de diarios y revistas.

El diputado de UP Guillermo Michel advirtió que las rebajas impositivas de la reforma laboral no están previstas en el presupuesto. Calculó que la merma de Ganancias para compañías supone el 0,3% del PBI. Nada se dice sobre cómo se compensarán estos jubileos tributarios para algunos.

ASAP señala el incremento del 5,5% del gasto en intereses de la deuda. Eso incluyo los vencimientos por más de US$4.000 millones en enero. Caputo ya dijo que cuenta para ello con 1.000 millones que obtuvo en la colocación de un bono local, otros 7.000 millones que le ofrecen bancos y los swaps (canjes de moneda) con EE UU y China, por 20.000 millones y 18.000 millones, respectivamente.

Pero para el resto del año, Caputo buscará volver a los mercados internacionales de deuda, para refinanciar los bonos de bajísimos intereses que había renegociado en 2020 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Teniendo en cuenta eso, el proyecto de presupuesto elimina un artículo de la ley de administración financiera que obliga a que los canjes o reestructuraciones de deuda cumplan con mejoras objetivas para el Estado en términos de baja del capital, extensión de plazos, o reducción de tasa de interés. Se nota que prevé empeorarlas.

El gasto de capital, o inversión pública, caerá 11,8% respecto de 2025, con lo que consolidará una poda del 74,7% en relación a 2023, según ASAP. Entre lo poco que se hará figuran la compra de cuatro helicópteros para la Base Naval Puerto Belgrano; la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero, la del sistema de provisión de agua potable en la de Tucumán, todas provincias peronistas pero que el gobierno libertario busca seducir; algunas obras de mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad -sólo se prevé privatizar un cuarto de la red vial y persisten las críticas opositoras al estado de las rutas- y otras en la Corte Suprema. En el proyecto de 2026 se registra un fuerte aumento (35%), aunque de todas formas la inversión pública sigue quedando en un nivel históricamente bajo, 76% inferior al de 2023, según ACIJ.

En relación a 2025 se ajustan algunas partidas en general: la de inteligencia, una de las pocas que había crecido con Milei, el 3,1%; la de acciones para fomentar el trabajo, 1,3; la de vivienda, 6,9%; la de agua potable, 0,9%; la de agro, que incluye desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hasta la agricultura familiar, el 6,2%; la de ecología, 5,4% y la de comercio y turismo, el 6,1%, ambas áreas bajo control del secretario de Turismo y Ambiente (le quitaron Deportes), Daniel Scioli.

Sin embargo, en comparación con 2023, todos los rubros caen. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico:

La ASAP señala que se ponen límites a la hora de incorporar empleados públicos en áreas como ciencia, orquestas, coros y ballet nacionales o Vialidad, pero hay una excepción: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Es la dependencia que privatizará la hidrovía del río Paraná. También se da de baja las normas que obligaban a invertir el 6% del PBI en educación, entre la Nación y las provincias; el 1% en ciencia a partir de 2032 y el 0,2% de los ingresos corrientes en escuelas técnicas.

En educación se prevé un aumento del 4% en comparación con 2025 empujado por el Plan Nacional de Alfabetización, pero la retracción contra 2023 es del 49%, destacándose la caída del gasto en universidades (-31%), las becas Progresar (-76%), infraestructura y equipamiento (-84%, incluía la construcción de jardines de infante) y formación tecnológica (-88%, contemplaba el plan de reparto de computadoras), según el OCEPP. Continúa el ajuste en el complejo científico y tecnológico al comparar con 2023: el Consejo de Investigaciones, Conicet (-38%), el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, clave para recuperar la identidad de los bebes robados por la última dictadura (-55%), el Instituto de Tecnología Industrial, INTI (-48%), el INTA (-46%), la Comisión de Energía Atómica, CNEA (-65%) o la de Actividades Espaciales, CONAE (-95%).

En salud el gobierno se derrumban versus 2023 la atención a consumos problemáticos de la Sedronar (-30%), el control de alimentos y remedios de la Anmat (-31%), el Garrahan (-6%) y otros hospitales como el Carrillo (-28%), el Posadas (-30%) o el Bonaparte (-43%), según la OCEPP. Se observa una reducción del 8% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el mismo organismo donde se cobraban coimas por la compra de medicamentos. El proyecto supone un 17% menos de pensiones por discapacidad.

La Tarjeta Alimentar dejó de mejorar en 2025 y junto con las partidas de niñez y adolescencia caen 44% respecto de 2023, al tiempo que se eliminó por completo el programa Economía Social. En infraestructura se quitaron partidas dirigidas a la preservación del medio ambiente; el desfinanciamiento casi total de asistencia a municipios y obras vinculadas al sistema de salud, educativas y de cuidado, se reducen lo destinado a infraestructura hídrica. Desaparecieron programas de vivienda como el Procrear y el Casa Propia, mientras que virtualmente corre la misma suerte de integración sociourbana, o urbanización de villas, así como el de mudanza de los vecinos afectados por la contaminación del Riachuelo. De las 1.365 obras registradas por la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), sólo el 37% se completó, mientras que el 63% restante se encuentra paralizado o suspendido. 

En Seguridad, “a pesar de la retórica del gobierno nacional, se destacan menor presupuesto dirigido a formación y capacitación de las fuerzas, con descensos de entre 37% y 43% respecto de 2023; una desinversión en patrullaje de fronteras o en la prevención de delitos complejos como el narcotráfico, que cae entre un 20% y un 40%”, advierte el OCEPP. Considerando el presupuesto de las cuatro principales partidas vinculadas a la prevención y atención de la violencia de género (Acompañar, Línea 144, Protección de Víctimas de Violencia y ESI), se registra una caída del 89 % entre 2023 y 2026, según ACIJ. La educación sexual integral (ESI) representa apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Se desfinancia la promoción de la salud mental. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se reduce 85% respecto a 2025, que ya había sido ínfimo, según ACIJ.

AR/MG

El Senado de Brasil aprobó este miércoles una histórica reforma fiscal, considerada una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, que ya había pasado por la Cámara de Diputados en octubre, exime del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios más bajos y, para compensar, crea un tributo mínimo para los “ultrarricos”.

“Hoy es un día histórico. Dimos un paso decisivo para un país más justo”, celebró Lula en su cuenta de X (ex Twitter). El mandatario destacó que fue una “victoria de la democracia y de la justicia social” y agradeció al Congreso por la aprobación, que se dio por unanimidad en ambas cámaras. “El nombre de esto es justicia tributaria. Quien gana mucho va a contribuir con su justa parte”, agregó.

Exención para 25 millones de brasileños

La reforma, una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, establece:

Según el gobierno, esta medida beneficiará a unos 25 millones de brasileños.

“Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más”, declaró el senador Renan Calheiros, relator del proyecto.

El impuesto a los “ultrarricos”

Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para las grandes fortunas. Este impuesto afectará a quienes ganan más de 600.000 reales al año (113.000 dólares) y tendrá un máximo del 10% para aquellos con rentas superiores a 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares).

Este nuevo tributo mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos. Según el Ministerio de Hacienda, este incremento afectará apenas al 0,13% de los contribuyentes.

La reforma fue una de las “promesas estrella” de Lula en la campaña de 2022 y es considerada clave para sus aspiraciones de reelección en octubre de 2026. Ahora, el presidente deberá sancionar la ley para que entre en vigor el próximo año.

En la edición 2025 del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Chubut, Ignacio Torres, ambos de la tercera vía electoral que constituye Provincias Unidas, pronunciaron este jueves cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, pero apoyaron las rebajas de impuestos y la flexibilización laboral que planea el Ejecutivo y reclama el establishment. Ambos coincidieron en que la Nación concentra recursos, incumple compromisos con las provincias y mantiene un esquema impositivo que sofoca la producción y el empleo.

Llaryora sostuvo que no ve “desde el Gobierno una actitud clara y honesta en el debate” y afirmó: “Están recaudando mucho más y lo único que nos está pasando es que no cumplen con las obligaciones”. El mandatario del peronismo cordobés advirtió que esta situación afecta directamente al interior: “Ustedes habrán visto también el abandono de los jubilados del interior, se complicaron las prestaciones de salud”. Para el gobernador, el Gobierno debe propiciar una “discusión tributaria franca, equitativa y federal”, con un marco común de políticas productivas y fiscales. “Tiene que haber un modelo de país y sobre ese marco hacer la reforma tributaria y laboral”, propuso, planteando que las pymes hoy enfrentan “juicios laborales que te haen bajar la persiana”. Y agregó: “Todas las reformas tienen que tener una mirada a favor de la inversión y de la producción. Si el modelo no genera empleo, inversión y trabajo, a la larga en los países democráticos se cae”.

Torres, del PRO no libertario, reclamó “sinceridad” y un verdadero federalismo cooperativo. “El Gobierno no hace ahorro fiscal. Es subejecución presupuestaria”, denunció al señalar que las provincias cargan “con la seguridad, la educación, la justicia ordinaria y las rutas nacionales”. A su juicio, “muchas veces desde lo que se dice a lo que se hace hay contradicciones profundas”. El gobernador de Chubut pidió “no caer en la falsa grieta de los estados subnacionales versus el Estado nacional” y planteó que la Nación debe comprender que “no hay forma en que un país crezca si no hay una mirada específica sectorial a nichos que tenemos que cuidar”. Cuestionó además que “el presidente de la Nación se siente con el de Estados Unidos (Donald Trump) y no ponga en la agenda” temas productivos críticos como “los problemas con los limones y el aluminio”, y resumió: “Se trata de defender lo nuestro más allá de cualquier salvataje económico o financiero”.

Tras las críticas, ambos mandatarios y los empresarios presentes coincidieron en que la Argentina necesita una reforma integral que restablezca las condiciones de crecimiento. El Coloquio giró así sobre un mismo eje: cómo aliviar la carga fiscal y modernizar las normas laborales sin perder sostenibilidad social. Eso sí, nadie blanqueó la palabra “flexibilización” al mencionar la ley del trabajo ni aclaró qué gastos públicos deberían podarse para compensar las rebajas de gravámenes.

Torres relató medidas impulsadas en su provincia para favorecer la inversión. “Decidimos eximir de impuesto al sello a la capitalización y a la constitución de empresas para que puedan capitalizarse”, explicó, y destacó que también se lanzó “un esquema de alivio fiscal para nichos estratégicos como el turismo”, que derivó en “tres hoteles cinco estrellas en Chubut”. En la cuenca petrolera, “bajamos las regalías para las áreas marginales” y acordaron con los gremios una reducción del 30% en costos operativos. Con ese respaldo, la provincia propuso a la Nación “bajar retenciones con el compromiso de que ese ahorro fiscal se vuelque íntegramente a inversión”. Torres reclamó: “Cuando Toto (Luis) Caputo (ministro de Economía) dice 'hagamos patria, bajemos impuestos', hagámoslo juntos, pero sinceremos la realidad”.

En materia de empleo y productividad, el gobernador chubutense fue contundente: “Una reforma laboral es necesaria. Si no, no tendríamos la mitad del empleo prácticamente no registrado”. Calificó de “locura” la presión fiscal argentina, “de las más altas de la región”, y pidió avanzar hacia la “revolución de la normalidad”. “El equilibrio fiscal no hay que discutirlo más”, enfatizó. “Eso no es una premisa libertaria. Es discutir que el inodoro tiene que estar en el baño”. Torres planteó que la discusión debe servir para dotar al país de “previsibilidad, seguridad jurídica” y un esquema de “reglas básicas que no cambien cada cuatro años”.

Llaryora, por su parte, profundizó sobre el impacto de la estructura tributaria en las economías locales. “Que cada uno cobre o perciba los recursos necesarios para sostener las funciones que cada sector está sosteniendo”, pidió, ejemplificando que Córdoba cuenta con “leyes de promoción industrial donde los ingresos brutos son cero para una industria que aparece en Córdoba”. Reclamó, sin embargo, “una actitud nacional más sensata y cooperativa”. Resumió su visión: “Nosotros los cordobeses, imaginate cómo no vamos a querer la reforma fiscal. Imaginate lo que sería Córdoba sin retenciones. Imaginate qué sería Córdoba con la plata que pagamos en impuesto al cheque”.

Claro que nada dijo el cordobés de bajar sus propios tributos provinciales, como ingresos brutos, del que tanto se quejan los empresarios. Ellos recuerdan que las importaciones no cargan con este gravamen. Llaryora cerró con un mensaje de moderación: “Necesitamos empezar a llevar gente con sensatez de gestión y que empiece a encaminar un rumbo. No esto de irse a los extremos. Nosotros no somos dogmáticos”.

Evasión y costo impositivo

Antes de las exposiciones de los mandatarios provinciales, empresarios abordaron el debate de la competitividad y el costo impositivo. Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, la empresa anglobrasileña que refina y comercializa los combustibles Shell, advirtió: “Cuando hablamos de impuestos distorsivos en la industria, más allá de los debates técnicos, estamos hablando de cuánto le cuesta la vida al argentino”. Recordó que “casi 44 o 45% del precio en surtidor corresponde a una suba de impuestos” y que entre los tributos nacionales, provinciales y municipales “los municipales son un caso paradigmático” por su crecimiento “descontrolado en cantidad y monto”. Ejemplificó con que “una refinería, una estación de servicio y un distrito pueden llegar a pagar hasta ocho causas diferentes”. Cavallari valoró que “el abordaje del Gobierno para revisar todo el sistema es positivo”, y ratificó la voluntad de las empresas de “colaborar para tener un sistema impositivo competitivo, eficiente y que ponga al consumidor en el centro de la discusión”.

Eso sí, ni él ni ningún otro ejecutivo de compañías explica qué gastos deberían cortar la Nación, las provincias y los municipios para compensar el recorte de la recaudación que ellos ansían. Claudio Rodríguez, director de IDEA y socio de la empresa de pinturas Sinteplast, ilustró la pérdida de competitividad argentina con datos comparativos: “Agarramos tres países iguales: Uruguay, Paraguay, Bolivia. La materia prima en todos los países es la misma, la mano de obra cuesta lo mismo. Cuando agregamos impuestos, cambia todo radicalmente”. “Terminamos pagando en Argentina 152, 132 en Uruguay, 123 en Bolivia y 116 en Paraguay”. El resultado es un sobrecosto del “32% más caro que en Paraguay, 24% más caro que en Bolivia y 16% más caro que en Uruguay”. Lo que no contó Rodríguez es que ni el Estado boliviano ni el paraguayo ofrecen servicios de salud y educación, por ejemplo, del nivel del argentino.

Eso sí, Rodríguez fue directo: “Si queremos fomentar los grandes productores de trabajo, tenemos un problema”. Y concluyó que la salida pasa por “bajar el gasto público” y “reducir la evasión”, porque “si no logramos bajar la evasión no podemos bajar la pobreza”. Pese a que Milei elogia a los evasores, a los empresarios de IDEA se los escuchó mucho en este coloquio quejarse de la competencia que no paga tributos.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, llevó el foco a la presión sobre las firmas formales: “Tenemos comerciantes con 28% de carga fiscal sobre el PBI, ocho puntos más que la región. Si sacamos la evasión, los que están en blanco pagan 45%”. Dijo que “la presión que está puesta en el sector formal es increíble” y que en un contexto de baja inflación “la falta de competitividad que nos genera tanto para el mercado interno como para exportar es ilimitada”. Para graficar el problema, ironizó: “He conseguido un producto con una diferencia de 30 puntos. ¿Quién no cambia de marca de auto por diez o doce puntos?

Nicolás Braun, gerente general de los supermercados La Anónima y director de IDEA, sintetizó que “Argentina hace 15 años que no genera empleo” y reclamó, con una metáfora de hombre de campo, “reformas estructurales, las cuales estamos esperando con ansias para sacarle las riendas del caballo y que realmente corra”. Para el empresario, la distorsión fiscal es parte central de ese estancamiento. “El Estado se toma el 50% de la cerveza que compra el consumidor”, dijo Braun y Ticinese agregó: “Esto es el dos por uno”.

“No se vio reflejado en una baja importante en impuestos –se refirió el supermercadista a la motosierra fiscal de Milei–. Entonces es momento de que el Estado de alguna forma se ponga los pantalones y avance con una mejor fiscalización”, agregó otra vez contra la evasión. Braun planteó que una mayor eficiencia impositiva permitiría “ampliar la base tributaria, lograr equilibrio fiscal y tributario basado en impuestos menos distorsivos, que lo paguemos entre todos”.

AR/MG

Ricardo López Murphy duró sólo dos semanas como ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa en la crisis de 2001 porque quiso aplicar un ajuste fiscal que incluía a las universidades públicas pero los radicales, sus entonces correligionarios se resistieron y lo desplazaron. Diputado del partido Republicanos Unidos, ahora este economista encabeza la lista para su reelección por la alianza Potencia en la ciudad de Buenos Aires. Para senador lleva al general retirado Juan Martín Paleo, que condujo las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior. En la provincia de Buenos Aires, la candidata a diputada de Potencia es María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF, de lucha contra el lavado de dinero) en el gobierno de Mauricio Macri.

—Javier Milei emprendió un ajuste que define como el más grande de la historia humana. Cuando usted fue ministro de Economía intentó hacer un ajuste, pero la resistencia interna lo impidió...

—Muy distinta envergadura y magnitud. Nosotros teníamos un pequeño desvío sobre el acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional, FMI). Era un ajuste de 0,6% del PBI. Ahora estamos hablando de un ajuste que es diez veces eso.

—¿Cómo califica el ajuste de Milei?

—Necesitábamos más que ajuste, consolidación fiscal, salir de desequilibrios imposibles de financiar porque no teníamos acceso al crédito y enfrentábamos una inflación demencial. La moneda estaba muy degradada. Los dos mecanismos que permiten financiar el déficit, la emisión monetaria y el crédito, estaban eliminados. No había alternativa, había que hacer una consolidación fiscal. Pero yo lo hubiera hecho de otra manera, con reformas estructurales, reglas más permanentes y no postergando la corrección estructural hasta después de las elecciones.

—¿Habría tocado los mismos gastos e ingresos?

—Lo que hubiera hecho es una reforma tributaria completa: reducción de impuestos al trabajo y aumento de impuestos de otra base que no sean evadibles. El gran problema argentino es la evasión, eso crea una realidad muy compleja. También hubiera hecho una reforma federal: no concentraría en el gobierno nacional tareas que en otros países cumplen las provincias, les transferiría el dinero y me evitaría el drama de administrar lo que el Estado federal no puede. Hubiera avanzado en reforma previsional y en la coparticipación. Todo eso, más la eliminación de subsidios, era imprescindible.

—En 2001 el ajuste que usted proponía era mucho menor. Sin embargo, ahora Milei hizo uno mucho mayor y al principio no hubo resistencia. Pero las elecciones bonaerenses parecen mostrar que finalmente sí hay resistencia. Antes había intolerancia, en 2023 y 2024 hubo tolerancia... ¿pero se terminó?

—No creo. En 2001 buena parte de nuestro liderazgo intelectual, político y económico ignoraba la gravedad de la crisis. Era una crisis extraordinariamente grave, causada por un shock externo brutal, producto de la crisis asiática, rusa y brasileña. Toda la región estuvo en crisis, no sólo nosotros. Ahora es distinto: la crisis surge de la incapacidad y la mala praxis del Gobierno para lidiar con problemas estructurales. No hubo programa adecuado. Lo que se hizo fue parcial, con una visión electoralista y sin hacer lo imprescindible: comprar dólares a más no poder. Vendieron dólares en vez de acumular, y así nos va.

—¿Hubo más tolerancia social al ajuste, pero ya se agotó?

—En 2001 era tan obvio lo que había que hacer. Lo único que hice fue aplicar el protocolo, como un cirujano cuando entra al quirófano. No había escapatoria. Ahora creo que hubo comprensión de las dificultades, que en 2001 no existía. Pero ahora la sociedad tampoco ignora los problemas: nadie quiere volver al pasado. Volver al kirchnerismo sería una locura colectiva. Pero la mala praxis del Gobierno genera resistencia, por lo que lo único que uno espera es que no se equivoquen.

—Queda el recuerdo de la resistencia radical a su intención del arancelamiento universitario.

—Nunca lo hubo.

–Ya sé, pero usted ahora se abstuvo en la Ley de Financiamiento Universitario, ¿por qué?

—El sistema educativo está muy mal. El 60% de los universitarios da una materia por año. Las carreras pueden durar 30 años. Tenemos casi el doble de estudiantes por habitante que Brasil y Chile, pero la mitad de graduados. En Chile se gradúa el 90%, aquí el 20%. Nadie estudia ingeniería o ciencias duras, todo el mundo elige ciencias sociales. Hay 35 facultades de Derecho en los alrededores de Retiro. Es un esquema mal pensado, en plena época de inteligencia artificial. Yo estudié siempre en colegios de gestión estatal, fui a la Universidad Nacional de La Plata y fui 35 años profesor. Creo en la universidad pública, pero el problema es hacer las cosas bien y que los fondos no vayan a alimentar a un grupo de vivillos.

—¿Cómo analiza la situación económica de acá a las elecciones y después?

—La situación es sumamente delicada. Hay una crisis de reservas aguda: menos de US$10.000 millones y se vendió a término entre dólar futuro y dólar alrededor de US$17.000 millones. Como hizo (Alejandro) Vanoli (presidente del Banco Central) antes de 2015, el último año de Cristina (Fernández de Kirchner como presidenta). Requiere después del 27 (de octubre, día posterior a las elecciones) un gran baño de humildad, primero reconocimiento de errores, segundo propósito de enmienda y después soportar el castigo por los errores.

—¿Qué hay que mantener y qué corregir dentro del rumbo económico?

—Hay que mantener y probablemente mejorar mucho. Argentina necesita superávit fiscal. Hay que dejar flotar la moneda y comprar dólares todos los días, unos 100-120 millones durante 200 días hábiles, es decir, llegar a US$25.000 millones anuales para pagar intereses, gastos de la deuda y acumular reservas. Se necesita un superávit comercial operativo de US$25/30.000 millones anuales y equilibrar la cuenta de servicios reales. Si no, no se van a poder recuperar reservas ni crédito. Nadie le presta a quien está en rojo profundo.

—¿Cuánto debería costar el dólar y qué impacto tendría?

—Eso no lo sabe nadie. Lo que hay que hacer es lo que hace el Banco Central chileno: todos los días hace una oferta de compra de dólares, cada media hora, sin preocuparse del precio. Compra siempre, con disciplina.

—Usted habló de castigo, ¿prevé un castigo electoral al Gobierno?

—No lo llamaría castigo, pero si no le fue bien, debe bajar sus ambiciones, reconocer errores y facilitar que el sistema político funcione. Vendrá otra gestión en 2027, es inevitable.

—¿Hay riesgo de una crisis como 2001, tanto económica como política?

—No, no enfrentamos circunstancias tan terribles. Al revés, ahora hay condiciones favorables. El dólar es moneda ancla, pero se devaluó brutalmente: cuando (Richard) Nixon (presidente de EE UU) terminó la convertibilidad oro en 1971, la onza valía US$35, ahora está a 4.050. Se devaluó 115 veces. Aunque nos parezca buena, es porque nosotros hicimos mal las cosas.

—¿Podrá gobernar Milei si pierde el 26?

—Sí, si todos somos sensatos, dialogamos y cooperamos, imponemos un principio de autolimitación y buen trato. Las sociedades que actúan así progresan rápido.

—Usted piensa que el Presidente hasta tendrá que hacer un giro personal, ¿deberá irse de retiro espiritual?

—Cuando se confiesa uno en la Iglesia Católica, primero reconoce la culpa, después propósito de enmienda y finalmente hace penitencia. Si uno se equivocó y quiere volver al ruedo, tiene que hacer cambios de fondo.

—Con boleta única, muchos votarán a Patricia Bullrich a senadora por La Libertad Avanza y a usted a diputado. ¿Cómo ve eso?

—Cuanto más me voten, mejor para el país. Lo espero de corazón.

—¿Las terceras vías tienen chances?

—Decir que no es un disparate. Esto no es una elección ejecutiva: en legislativas se elige el menos malo y se expresan las preferencias. María Eugenia y yo somos mejores que el actual gobierno; en nuestra lista no hay kirchneristas.

—En la capital quedó muy atomizada la tercera opción.

—Al romperse Juntos por el Cambio y suspender las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), todas las fracciones quedaron sueltas. Nosotros logramos una alianza con partidos afines; creo que otras fracciones hicieron lo mismo. Sin PASO, es difícil unificar la oferta electoral. Las PASO seguramente volverán en 2027 y habrá ofertas más claras.

—Al final, las PASO no eran tan malas, ¿no eran tan caras, ahora que se habla de reimprimir boletas por la declinación de la candidatura de José Luis Espert?

—El problema no es el costo, es no tenerlas. Como con la salud: se valora la libertad solo al perderla. Las PASO con boleta única facilitan la gobernabilidad. Ahora el Congreso es un gran desorden. La gobernabilidad es un problema muy serio en la Argentina. No solo para este gobierno, sino históricamente. De ahí patologías como los DNU (decretos de necesidad y urgencia), que son más fáciles de conseguir que una ley.

AR/MG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, hoy rebautizada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), intentó cobrar más impuestos a las grandes tecnológicas durante el gobierno de Alberto Fernández, pero en la mayoría de los casos no lo consiguió. El organismo apuntó por sus beneficios impositivos, con éxito dispar, contra Mercado Libre, Meta (Facebook), Uber y Netflix.

Las compañías tecnológicas son grandes jugadores en la economía global actual; sus ganancias son potenciadas con estrategias de elusión fiscal que, en muchos casos, son impulsadas por un lobby ante distintas instancias de poder y alimentadas por la cercanía entre empresarios y políticos, según pudo documentar la investigación transnacional La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Agencia Publica, con la participación de elDiarioAR en Argentina.

Mercado Libre, empresa emblemática de los “unicornios” argentinos que comenzó como una start-up en 1999, goza de exenciones impositivas del Estado desde 2007. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York desde ese mismo año y se convirtió en una de las más potentes tecnológicas de América Latina, con ingresos netos que superaron los 20.000 millones de dólares en 2024, según sus estados financieros.

La empresa todavía recibe ayuda pública, que despertó acusaciones de lobby supuestamente realizado por su fundador, Marcos Galperín. Mercado Libre recibió US$ 298 millones de dólares como beneficios por exenciones impositivas y descuentos en los aportes patronales desde 2022 hasta junio pasado, según consta en la información presentada por la compañía ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

En agosto de 2022, la AFIP —que se encarga de recaudar los impuestos en el país— presentó una denuncia administrativa interna contra Mercado Libre por presunta evasión de impuestos y de contribuciones patronales entre 2017 y 2019, al considerar que la compañía había obtenido los beneficios impositivos del Régimen de Promoción del Software sin cumplir con los requisitos para hacerlo, según confirmaron tres altas fuentes oficiales involucradas con el caso tanto en el Ministerio de Economía como en la agencia tributaria. Las fuentes mantuvieron la reserva de su identidad porque tanto la denuncia como otra información involucrada en esta investigación está protegida por el secreto fiscal. Aquel régimen del software fue reemplazado en 2019 por otro llamado Ley de Economía del Conocimiento, cuando la empresa fue acusada de hacer lobby para que se aprobara esa nueva normativa.

Para conseguir las exenciones impositivas de ese régimen (que estuvo vigente hasta 2019), las compañías debían demostrar que su actividad principal era la industria del software, lo que incluía la creación, el diseño, la producción y la implementación de sistemas informáticos. La denuncia argumentó que la mayor parte de la facturación de Mercado Libre provenía de las comisiones por las ventas de comercio electrónico, pero no de la generación de software que, además, la empresa destina a su propia actividad comercial. Finalmente, la autoridad de aplicación del régimen, la Secretaría de Economía del Conocimiento del gobierno de Alberto Fernández, dictaminó que la empresa estaba bien encuadrada dentro del beneficio porque consideraban que cumplían los requisitos.

¿Cómo impactaron los beneficios impositivos en los números de Mercado Libre? En 2019, el año que estuvo bajo investigación de AFIP, la compañía recibió descuentos del impuesto a las ganancias y de contribuciones patronales por US$19,9 millones, según consta en el balance que la compañía presentó ante la SEC de Estados Unidos.

La AFIP estaba encabezada en ese momento por Carlos Castagnetto, hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que la Dirección General Impositiva (DGI) era dirigida por la exsenadora santacruceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, el hijo de la entonces vicepresidenta. La denuncia contra Mercado Libre, llevaba la firma del entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Alejandro Otero, según pudo reconstruir esta investigación a través de distintas fuentes del organismo.

La denuncia administrativa fue elevada a la autoridad de aplicación del régimen, que era la Secretaría de Economía del Conocimiento, encabezada por Ariel Sujarchuk, quien reportaba al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sujarchuk consultó al área técnica y finalmente la directora nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira, que sigue en el cargo, firmó un dictamen rechazando la denuncia contra Mercado Libre con el argumento de que cumplía los requisitos para estar dentro del régimen, según funcionarios a cargo del asunto. Tres altos funcionarios involucrados en el caso confirmaron la información a este equipo.

Una de esas fuentes recordó que la compañía de Galperin, el hombre más rico de la Argentina, ya estaba inscripta en ese régimen desde 2007, autorizada entonces por el gobierno de Néstor Kirchner. Este equipo intentó contactar con los responsables de la AFIP en ese momento, así como con Sujarchuk y Ferreira, para conocer más detalles sobre esa resolución, pero los involucrados no respondieron la consulta. Se consultó a las autoridades de entonces y actuales de la Secretaría de Economía del Conocimiento, pero se ampararon en el secreto fiscal que resguarda la información tributaria de cualquier contribuyente, incluido Mercado Libre, para evitar comentarios.

No fue la primera vez que los técnicos de la agencia tributaria cuestionaron los beneficios fiscales que recibía Mercado Libre. Aunque con distinto color político, la AFIP también había intentado que la compañía pagara más impuestos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero tampoco lo logró.

En septiembre de 2017, el entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP, Juan Carlos Santos, había denunciado a la compañía con una premisa muy parecida a la que se intentó impulsar en 2022: que la mayoría de sus empleados no se dedicaban al desarrollo de software, sino al comercio electrónico.

La denuncia fue elevada al ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera. Dos meses más tarde, en diciembre de 2017, la demanda fue rechazada con el mismo argumento, según se pudo reconstruir con el testimonio off the record de dos de los altos funcionarios involucrados en la denuncia de 2022.

Mercado Libre estaba bien encuadrada en las ventajas impositivas y patronales que otorga el régimen, consideró el entonces ministro Cabrera. Alegó que la empresa se dedicaba a desarrollar software para quienes vendían por su plataforma y que cobraba comisiones por esas actividades, que a su vez representaban el 97% de sus ingresos. La denuncia de 2017 involucraba impuestos y contribuciones que la compañía había dejado de pagar por 500 millones de pesos argentinos, equivalentes entonces a US$28,5 millones, por los balances de años anteriores, según consta en la demanda de la AFIP.

Ante la consulta de este equipo, el exministro Cabrera explicó la decisión tomada al considerar que existía un decreto reglamentario de esa ley que explicitaba que daba por válidos los desarrollos de software para el propio uso de la compañía si el beneficiario final era un usuario externo, “como es el caso de los vendedores y compradores de Mercado Libre”. Y agregó: “No es solo una opinión técnica local; es la forma en la que están hechos estos regímenes de promoción en muchos lugares del mundo”.

Tres meses después del caso, en marzo de 2018, el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, renunció a su cargo. La disputa por Mercado Libre fue una de las varias peleas internas que mantuvo durante el gobierno de Macri. Fue reemplazado por Leandro Cuccioli, que permaneció allí hasta 2019. Años después, en 2024, Cuccioli fue nombrado vicepresidente de Mercado Libre. La afinidad ideológica de Galperin con el macrismo es públicamente conocida, ya que durante su gestión el fundador de Mercado Libre volvió a vivir en Argentina tras 14 años instalado en Uruguay.

CLIP y elDiarioAR enviaron un cuestionario a Mercado Libre para preguntar por estas denuncias de AFIP y por la relación de Galperín con el gobierno de Macri, pero desde la compañía no respondieron las preguntas.

Los beneficios para Mercado Libre

El Régimen de Promoción del Software fue una iniciativa impulsada en 2004 por Néstor Kirchner para potenciar una industria conformada mayormente por pequeñas y medianas empresas argentinas con potencial de crecimiento. Aunque Mercado Libre ya destacaba en ese universo, todavía estaba lejos de convertirse en una de las empresas más valiosas de América Latina, como ocurriría años después.

El régimen tenía fecha de vencimiento a finales de 2019, y por eso el gobierno de Mauricio Macri promovió un marco normativo incluso más amplio llamado Economía del Conocimiento, que abarca también a la producción audiovisual, la biotecnología, los servicios geológicos, la nanotecnología y la industria aeroespacial, entre otras actividades. Para las empresas, el objetivo era mantener o, incluso, aumentar los beneficios impositivos que ya les otorgaba el Estado a través del régimen todavía vigente.

Macri presentó el proyecto de ley el 12 de marzo de aquel año, tras una reunión con este amplio sector. Allí estuvo junto a Galperín, entre otros empresarios. “Hoy presentamos el proyecto de ley para la Economía del Conocimiento. Es importante porque este sector es uno de los más dinámicos en el país: en 2018 generó US$ 5.300 millones en exportaciones y es nuestro tercer complejo exportador”, escribió el entonces presidente en su cuenta de Twitter.

Macri publicó este posteo junto a un video con el CEO de Mercado Libre: “Contento de estar enviando al Congreso este proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que va a ayudar muchísimo a generar empleo, a mantener a Argentina competitiva en una industria donde todos los países de la región están haciendo todo lo posible por atraer y retener el talento que nosotros tenemos. Esperamos que sea aprobado en el Congreso”, dijo Galperín ante la cámara.

A diferencia de la ley de software, el nuevo proyecto mencionaba explícitamente al comercio electrónico, principal actividad de Mercado Libre. Es decir, la compañía eludía de esta manera el cuestionamiento que le había hecho la AFIP (y que ya había rechazado el gobierno de Macri) por una interpretación sobre la creación de software. Altas fuentes del organismo tributario consultadas por esta alianza consideran que, de este modo, quedó zanjada la discusión de que Mercado Libre efectivamente estuviera encuadrada dentro del nuevo régimen de promoción impositiva.

La nueva ley también otorgaba beneficios: si el antiguo régimen reducía a las empresas beneficiarias el impuesto a las ganancias a una tasa efectiva del 12% y les recortaba el 70% de las contribuciones patronales, con la nueva norma pagarían 15% sobre sus ganancias y mantendrían la rebaja de aportes a la Seguridad Social del régimen anterior.

Poco más de un mes después de presentado el proyecto, el 24 de abril de 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 182 votos a favor y sólo dos en contra. Se logró un inusual consenso entre la coalición gobernante, Cambiemos, y la oposición peronista. Únicamente votaron en contra los dos diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), una alianza de partidos trotskistas.

Nicolás del Caño, diputado del FIT, cuestionó durante el debate parlamentario que con la nueva ley se beneficiaba “la apropiación privada de las grandes empresas del conocimiento” y mencionó a “Galperin, un empresario amigo de Macri, que cuando el presidente presentó este proyecto se lo veía muy feliz haciendo lobby para que este Congreso sancione esta norma”.

El día de la aprobación, el CEO de Mercado Libre celebró por Twitter el “rotundo apoyo de todas las bancadas”. Una persona le recordó en un intercambio por esa red social que la izquierda había votado en contra, entonces el empresario le respondió: “Mientras tanto, el comunismo en China se enfoca en hacer crecer su industria del conocimiento, a la cual ven como una de las principales áreas de innovación y creación de riqueza y empleo. #izquierdadecabotaje #sintonizanenblancoynegro”.

Días después de la media sanción de la ley, el dirigente social peronista Juan Grabois acusó a Mercado Libre por supuestos “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”, al tiempo que objetó que incluyera a esta empresa entre los beneficiarios de las leyes del software y de la economía del conocimiento.

Como ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado también hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios para aprobar por unanimidad (49 votos a favor, cero en contra) la Ley de Economía del Conocimiento. El senador peronista Mario Pais, cercano al kirchnerismo, había sido crítico de la nueva ley durante el debate parlamentario por los beneficios para Mercado Libre y hasta adelantó que votaría en contra, pero finalmente apoyó la iniciativa.

“Tal vez no quiero que este esfuerzo fiscal vaya a grandes empresas como Mercado Libre o los laboratorios concentrados internacionales. Es que lamentablemente, con dolor en el alma, quería fundar mi voto negativo a este proyecto por las falencias de orden económico y constitucional que estoy señalando”, había argumentado el senador peronista.

El oficialista Esteban Bullrich, cercano a Macri, le contestó: “En lugar de pensar que es una pena que estas empresas crezcan, hay que pensar que ese crecimiento genera empleo. No sintamos vergüenza de que las grandes empresas se conviertan en más grandes”. El senador Federico Pinedo, cercano a Macri, también defendió a Mercado Libre.

Pais volvió a cargar contra la compañía: “Pero ya es grande Mercado Libre. Cuando fue chica, bienvenida sea la promoción y el esfuerzo fiscal de todos los argentinos para promoverlas. Una vez que son grandes, cuando son multinacionales, como Bayer, Gador, Roche, Pfitzer, Glaxo, que pueden incorporar innovación tecnológica, no sé si podríamos precisarlo”.

Macri promulgó el 10 de junio de 2019 la Ley de Economía del Conocimiento (se publicó en el Boletín Oficial) y, ese mismo día, inauguró junto a Galperin un centro de desarrollo de Mercado Libre en Buenos Aires. “Hace muy poquito hemos logrado algo que también es muy bueno: dialogando, acordando con los emprendedores, el gobierno, senadores, diputados, hemos logrado casi por unanimidad una nueva ley para fomentar, para impulsar aún más la economía del conocimiento”, celebró el entonces presidente.

La simpatía pública entre Macri y Galperin quedó plasmada en el apoyo electoral del empresario, que pedía públicamente el voto para el entonces presidente durante la campaña. “Porque quiero que mis hij@s vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro”, escribió el empresario más rico del país en su cuenta de X junto a una foto del presidente con la inscripción “Yo lo voto”.

De hecho, Galperin se anotó como fiscal de PRO, el partido político creado por Macri, para garantizar sus votos en la provincia de Buenos Aires el día de la elección. Además, su hermano, Nicolás Galperin, hizo tres donaciones a título personal a la campaña electoral de Macri, que buscaba su reelección, por un total de $357.644 (equivalentes a 8000 dólares) el último día de julio de 2019, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral.

Una nueva ley

Pese a su aprobación casi unánime, la Ley de Economía del Conocimiento, que iba a comenzar a regir en 2020, comenzó a ser cada vez más cuestionada por el peronismo. Días después de que Alberto Fernández fuera electo presidente, en enero de 2020, el nuevo gobierno suspendió la aplicación del nuevo régimen y propuso una reforma que reducía los beneficios de las grandes empresas, como Mercado Libre.

Con la derrota de Macri consumada, Galperín fue recibido por Alberto Fernández pero después de ese encuentro, en febrero de 2020, comunicó que se volvía a radicar en Uruguay, una decisión que mantiene hasta la actualidad. El hombre más rico de Argentina, cuya fortuna es cercana a los US$ 10.000 millones (según el ránking de la revista Forbes), fue alcanzado por el aumento dispuesto por Fernández para el impuesto sobre los bienes personales.

En junio de 2020, en plena cuarentena, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento con el apoyo unánime del peronismo gobernante y de la oposición rebautizada como Juntos por el Cambio (JxC): 247 votos a favor y 2 en contra, del partido izquierdista FIT. “Desde Cambiemos dijeron que no aceptaban discutir ningún tema que no estuviese vinculado con la pandemia, pero ahora, llamativamente, estamos discutiendo el restablecimiento de la Ley macrista de Economía del Conocimiento que pidió nada más y nada menos que Marcos Galperin”, se refirió el diputado Del Caño al régimen aprobado en 2019, suspendido en 2020, y que iba a reformarse con la nueva norma.

Los lobbies sobre la reforma fueron motivos de debate. La peronista Lucía Corpacci pidió a los diputados de la oposición “que reflexionen y no antepongan intereses personales ni hagan lobby solamente para los grandes”. Jorge Vara, diputado de Juntos por el Cambio, le contestó: “Creo que la relación costo-beneficio no es un problema de lobby. Nos acusaron de lobistas. Yo no sé dónde están los lobbies”.

En octubre de 2020, el Senado convirtió en ley el proyecto por 41 votos a cero, pero introdujo cambios en la ley. Una de las modificaciones se implementó sobre los porcentajes que se cobran del impuesto a las ganancias, que cambiarían según el tamaño de las empresas. Así como la primera Ley de Economía del Conocimiento de 2019 rebajaba el impuesto a las ganancias al 15% (la alícuota para el resto de los sectores era 30% en aquel entonces), en la nueva norma de 2020 los beneficios fiscales pasaron a depender del tamaño de la empresa: la tasa efectiva de las pequeñas firmas se redujo al 12%, la de las medianas subió al 18% y la de las grandes, al 24%.

Además, la nueva ley impuso un límite a la cantidad de empleados sobre los que podían desgravar las contribuciones patronales. Por último, se creó un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento para apoyar a las pymes, financiado con el 4% de las ganancias de las grandes compañías, el 2% de las medianas y el 1% de las pequeñas.

Pese a la rebaja de beneficios a las grandes empresas en la segunda Ley de Economía del Conocimiento, gracias al boom del comercio electrónico por la pandemia, Mercado Libre logró en 2020 elevar su actividad y también la cantidad de millones de dólares desgravados de impuestos y contribuciones patronales, según los balances presentados ante la SEC de Estados Unidos. Pasó de obtener beneficios fiscales por US$19,9 millones en 2019 a US$23,3 millones al año siguiente.

La mira en las multinacionales

Mercado Libre no fue la única compañía tecnológica que quedó bajo la lupa por sus impuestos en Argentina. Las big tech se caracterizan a nivel global por elegir países de baja tributación para afincarse legalmente y, desde allí, prestar servicios en otros países y pagar allí la menor cantidad de impuestos posibles. En algunos casos, las autoridades argentinas fracasaron y en otros tuvieron éxito. Las compañías radicadas en países que firmaron convenios con Argentina para evitar la doble imposición tributaria salieron ganando, pero en caso contrario esas multinacionales quedaron expuestas ante los reclamos de AFIP.

Las big tech han comenzado a abonar desde 2024 un impuesto mínimo global del 15% en 55 países (sólo Brasil lo aplica en Latinoamérica) por un acuerdo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El presidente Javier Milei, que se autodefine como libertario, no lo implementó. En sintonía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo rechazó el pago de este tributo, sino que amenazó en un memorando con sancionar a los países que lo apliquen. La mayoría de las big tech son de capital estadounidense.

La AFIP dirigida por Cuccioli hizo consultas internas en 2018 para saber si debía cobrarle el Impuesto a las Ganancias a la filial de Facebook por los servicios publicitarios de esta empresa que eran contratados por clientes argentinos para captar público local. Pero el departamento legal del organismo rechazó esa posibilidad. “No se verifica la existencia de una actividad desarrollada por la empresa extranjera en el territorio de la Nación”, expresó la consulta vinculante 54/2018 de la AFIP, que es pública. La resolución no menciona a Facebook sino con la sigla “XX” para resguardar el secreto fiscal, pero dos altos funcionarios del organismo confirmaron a elDiarioAR que se trató de la fililal argentina de la compañía estadounidense creada por Mark Zuckerberg.

Pero tres años más tarde, la AFIP revirtió la resolución. Un agente de retención (se desconoce su identidad) preguntó al organismo “si los servicios de publicidad destinados al mercado argentino que se contratan desde el país a Facebook Ireland Limited resultan comprendidos” por el tributo a la renta.

“En tal sentido, cuando los sujetos del país procedan a realizar el correspondiente pago a la empresa del exterior por los servicios prestados, corresponderá que retengan e ingresen a la AFIP el tributo que recaiga sobre tales beneficios”, agregó en la misma resolución el organismo, en ese momento dirigido por Mercedes Marcó del Pont, una dirigente cercana a Alberto Fernández. La opinión fue respaldada por el Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Martín Guzmán.

Al año siguiente, Facebook Argentina tributó por impuesto a las ganancias $1.554 millones de pesos (US$8,7 millones al tipo de cambio oficial), es decir, el 5,4% de sus ventas, según consta en su balance. Pero en 2023, devaluación del peso mediante, pagó de $5.638 millones (US$6,9 millones) por impuesto a las ganancias, el 13,8% de sus ventas. Un aumento de más del doble que el año anterior, a pesar de que el valor en dólares es más bajo por la devaluación del peso argentino durante esos dos años. El aumento en los impuestos fue “significativo”, según los contadores consultados para esta investigación.

En su memoria, Facebook Argentina informa que su único cliente es Meta Platforms Ireland Limited, y que vende servicios, consultoría, asesoramiento y asistencia requeridos por la subsidiaria irlandesa “en relación con las actividades de soporte de marketing y ventas para el desarrollo, la expansión y el mantenimiento de las comunidades de usuarios, anunciantes y desarrolladores en Argentina”. La ley del Impuesto a las Ganancias establece que los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina.

Hubo otros casos. El Ministerio de Economía dictaminó sobre un caso de una plataforma online de reservas de hoteles y departamentos turísticos, según altas fuentes de AFIP. La cartera entendió que, más allá de que el impuesto a las ganancias no alude expresamente a los servicios digitales, no cabe duda de que las comisiones que cobra esta empresa del exterior por su prestación se encuentran alcanzadas por el tributo. Pero como esta compañía tiene residencia fiscal en Países Bajos, nación con la que Argentina tiene un convenio para evitar la doble imposición tributaria, y carece de un establecimiento permanente acá, el organismo resolvió que sólo debe abonar gravámenes en el país europeo.

Los funcionarios de la AFIP consultados aseguraron que lo mismo ocurrió con Netflix. El Ministerio de Economía -bajo la conducción de Guzmán- dictaminó que, aunque la actividad de la empresa de streaming se encontraría alcanzada por la presunción de ganancias de fuente local, como está radicada en Países Bajos y no tiene una sede argentina en la que se generen esos beneficios, entonces le toca tributar en el país europeo. Este equipo contactó a Netflix, pero desde la compañía no hicieron comentarios.

Uber también fijó su residencia fiscal en Países Bajos, pero el gobierno de Macri consideró que tenía establecimiento permanente en la Argentina, al entender que los choferes locales eran sus empleados.

Ante una consulta de la AFIP, que entonces dirigía Cuccioli, el Ministerio de Economía dictaminó en 2019 que Uber tenía presencia local. La agencia tributaria demandó a Uber el pago de impuestos y contribuciones patronales por 358,7 millones de pesos, equivalentes a US$7,7 millones. Altas fuentes de AFIP explicaron que en la Argentina hay dos sociedades similares llamadas Uber Argentina Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) y Uber International BV en Argentina, pero ninguna de las dos se hace cargo de pagar la deuda con el argumento de que carecen de establecimiento permanente y son entidades independientes de aquella que factura en Países Bajos.

Un vocero de Uber detalló ante la consulta de este equipo que el expediente “sigue en instancia administrativa” dentro de la AFIP, aún sin resolución.

Milei, el amigo de las Big Tech

Desde que asumió como presidente, Milei intentó acercarse a las Big Tech, una simpatía que fue también retribuida por estas compañías. Su relación con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y su política ultraliberal constituyen una esperanza de buenos negocios para estas multinacionales en Argentina. Una de las primeras giras de Milei como presidente, en junio de 2024, fue justamente una visita a Silicon Valley, California, la sede de muchas de estas Big Tech. Allí logró reunirse con los CEOs de varias empresas como Tim Cooke (Apple), Mark Zuckerberg (Meta) y Sundar Pichai (Google).

El interés fue recíproco desde el primer día en que asumió. Google fue la empresa más interesada en la Argentina dentro de este sector: ejecutivos locales, regionales y globales de la empresa ingresaron varias veces a los despachos oficiales desde la asunción del economista para hacer su presentación formal, pero también para conversar sobre posibles inversiones en el país. Fueron 14 reuniones oficiales entre empleados de Google y distintos funcionarios del gobierno argentino durante 2024, el primer año de Milei como presidente, según consta en el Registro Único de Audiencias.

Cuando todavía no se habían cumplido tres meses de haber llegado a la Casa Rosada, Cancillería y Google firmaron un acuerdo de cooperación “para el fortalecimiento tecnológico internacional”, según informaron en un comunicado. Pero más allá del anuncio, tanto el gobierno argentino como Google no volvieron a hacer públicas acciones conjuntas. Las relaciones entre las partes continuaron, con más reuniones.

Karan Bhatia, abogado estadounidense, ex representante comercial del gobierno de George W. Bush, se desempeña como vicepresidente de Asuntos de Gobierno de Google a nivel global. Bhatia estuvo en la Casa Rosada el 20 de mayo de 2024 para mantener reuniones de alto nivel, con la entonces canciller Diana Mondino y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los dirigentes de mayor confianza de Milei. Durante esta última reunión se habló sobre “sobre el proceso de modernización” de Argentina y “también se conversó sobre proyectos de Google Argentina vinculados a la Inteligencia Artificial, TICs y herramientas para fortalecer procesos de aprendizaje”, indica el registro público.

Tras esas reuniones, Milei anunció durante su viaje a Silicon Valley que pondría en marcha una reforma para hacer más eficiente al Estado a través de la inteligencia artificial que desarrollaría Google. “Tuvimos una charla con la gente de Google, ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial, así es que vamos a estar avanzando en eso”, dijo el presidente argentino en una conversación con periodistas en la Casa Rosada. Un proyecto que algunos medios de comunicación compararon en ese momento con el acuerdo entre esta compañía y El Salvador, con el aval de su presidente Nayib Bukele.

Eleonora Rabinovich, líder de Asuntos de Gobierno para América Latina de Google, mantuvo reuniones en junio, julio y agosto con el vicejefe de gabinete argentino, José Rolandi para tratar este asunto, según consta en el registro. Sin embargo, casi un año después de esos encuentros, no hubo novedades sobre el supuesto acuerdo para digitalizar el Estado propuesto por la compañía. “No se firmó nada por ahora”, dijo un alto directivo de Google Argentina ante la consulta para esta investigación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

En el hall de entrada del Centro de Convenciones de la Ciudad (CEC), al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dos jóvenes empresarios con start ups tecnológicas se lamentaban del dólar barato este martes en un intervalo de la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham, según sus siglas en inglés) en la Argentina. Uno advertía que los dólares que conseguía de financistas cada vez les alcanzaba para menos y el otro le respondía que ahora le convenía más contratar personal en Francia que por estas tierras.

Más allá, una consultora de comunicación reconocía que por todos lados hay despidos para bajar costos, que es la nueva obsesión de las empresas argentinas para ser competitivas en un contexto de consumo planchado, producción cara de bienes y servicios e incipiente competencia importadora. “Una Argentina competitiva” era el lema de la cumbre. Ese mismo día la prensa informaba de 235 despidos en la azucarera y papelera Ledesma en Jujuy y de un paro contra cesantías en la petrolera Aconcagua Energía -allí trabaja pero en el área renovable la futura presidenta de Amcham, Mariana Schoua-. Otra colega le respondía que cada vez más la contratan empresas que vienen a importar, mientras observa que las locales ofrecen a sus empleados retiros voluntarios. Admitía además que el plan del Gobierno para que los evasores blanqueen dólares ocultos incomoda a grandes empresas norteamericanas que deben manejarse en la formalidad, más allá de las piruetas contables que tienen para eludir el pago de tantos impuestos.

Es que el presidente Javier Milei, que califica a los evasores como “héroes” y a los contribuyentes cumplidores como carentes de “talento o agallas”, promueve un nuevo régimen de desinformación tributaria que beneficia a los primeros mientras sigue la presión a los segundos. Se permite que quienes no pagaron impuestos, pero también los políticos coimeros, los ladrones de cualquier color de guante -desde los de armas de fuego hasta los criptoestafadores-, los narcos, los tratantes de armas y personas o los contrabandistas, puedan usar de a poco sus fondos ocultos sin control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Aunque no lo llamen blanqueo, es uno más y no suele beneficiar al chiquitaje que gasta US$10.000 comprando un auto sin demasiados dramas. En las primeras dos de las tres etapas de la anterior amnistía fiscal que terminó a principios de abril, sólo 278.000 personas blanquearon -sobre un total de 36 millones de adultos en la Argentina- por un valor de US$112.000 per cápita. En el blanqueo más exitoso, el de 2016-2017, se registraron 254.000 individuos con un promedio de US$459.000 por cabeza. No son perejiles. En España, en el último blanqueo que hubo, en 2012, adhirieron 31.000 personas por una media de sólo 37.000 euros cada uno y encima en 2021 se votó una ley que prohíbe futuros jubileos tributarios, según apunta el investigador Alejandro Gaggero, del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

Pero mientras la ARCA se desentiende de los dólares ocultos, mientras reduce su personal con retiros voluntarios y desarticula áreas clave como la de grandes contribuyentes, el Gobierno recauda cada vez más con el IVA, un gravamen regresivo socialmente que pagan todos los consumidores por igual y que va del 10,5% para carne, harina, fruta y verdura al 21% al resto de los bienes -sólo zafa la leche-. Recolecta más con el impuesto a las Ganancias, que han vuelto a pagar los trabajadores que más cobran, en una medida justa pero que contrasta con la rebaja del tributo a la riqueza, o Bienes Personales. Recauda más con retenciones que gravan la exportación del campo, con las crecientes importaciones y con el impuesto a las transferencias bancarias. Porque Milei se define como el topo que vino a destruir el Estado, pero necesita impuestos para pagar la deuda a los acreedores y sostener algunas dependencias públicas que han zafado de la motosierra pese a que cuentan con ñoquis y corruptos como otras áreas ajustadas, llámese fuerzas militares y policiales.

Pese a que Milei consiguió que su aliado Donald Trump presionara al FMI a prestar otra vez a la Argentina y a pesar de que se transita el trimestre con más ingreso de dólares por exportaciones -por la cosecha de soja y maíz-, el Gobierno evidencia su debilidad para acumular reservas en el Banco Central al lanzarse a buscar nuevamente aquellas que se mantienen ocultas, más que en el colchón, en cajas de seguridad de bancos y en cuentas offshore. Necesita dólares para seguir sosteniendo el aumento de las importaciones de bienes y turismo, que tanto satisfacen al electorado. El atraso cambiario ha sido la tentación en la que han incurrido desde Carlos Menem -con Roque Fernández de ministro de Economía a fines de los 90- hasta Cristina Fernández de Kirchner -con Axel Kicillof en ese mismo cargo a mediados de la década pasada-.

Y al mismo tiempo en que el Presidente incentiva al consumo de quienes pudieron acumular dólares ocultos, desalienta el poder de compra de los trabajadores al poner un techo del 1% mensual a las paritarias cuando la inflación navega al 2,8%. El máximo responde a dos objetivos. El primero, explícito, evitar que los empresarios den aumentos de sueldo y después remarquen los precios. El segundo, implícito, impedir que se eleve aún más el sueldo en dólares y los hombres de negocios terminen reduciendo personal para bajar costos. La consecuencia es que entre alta presión impositiva sobre los asalariados y su baja remuneración el consumo masivo no se recupera. En contraste, crecen las ventas de inmuebles, autos y viajes al exterior. No por nada el vocero presidencial, Manuel Adorni, ganó en el norte de la ciudad de Buenos Aires y perdió en el sur, donde además cundió el ausentismo, porque tampoco el peronismo y sus fracasos recientes entusiasman.

Pero no es sólo que por el salario se paga menos sino que también no se paga. En una Argentina de menor inflación, las empresas ya no pueden aumentar los precios para corregir sus números sino que deben bajar gastos para competir o sobrevivir. Los sueldos son bajos, pero constituyen uno de los costos y por eso hay despidos, aunque también retiros voluntarios y prejubilaciones. También hay compañías que reclaman a sus empleados que vuelvan a la presencialidad, pero ellos, ante remuneraciones pauperizadas y creciente costo del transporte, prefieren renunciar. Por eso no hay tanta conflictividad. Mientras tanto, crece la uberización del trabajo. Pero algunos de los trabajadores de plataformas que ya venían en el rubro y que votaron a Milei en 2023 está arrepintiéndose. “Que lo saquen de la Quinta de Olivos con sus paredes acolchonadas, por favor... barato está el dolar”, comentó uno de ellos después que el presidente dijera en AmCham que “la Argentina está baratísima”.

En los pasillos de la cumbre de la cámara de comercio norteamericana, donde no había sólo ejecutivos de empresas de ese origen, contaban que la todas estaban ajustando gastos. Por ejemplo, en uno de los sectores más pujantes y que explican la recuperación económica y el superávit comercial aún superviviente, el de Vaca Muerta, están renegociando contratos con las firmas de perforación y fractura. En un negocio donde si es más conveniente extraer en otro país las multinacionales como ExxonMobil o Petronas se van, Vista Oil & Gas advirtió que el costo de producir en la Argentina supera en 30% o 40% al de EE.UU. Es decir, el tipo de cambio también está afectando a los hidrocarburos, no sólo al campo, la industria, el turismo o la exportación de la economía del conocimiento.

Uno de los diputados que le votó todo a Milei reconocía en el hall de entrada del CEC que ni el sector rural, ni el manufacturero ni el de la construcción estaban invirtiendo. Sólo el minero y el petrolero apuestan, pero también en ellos cunde la duda de si futuros gobiernos respetarán las condiciones del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). A unos y otros les preocupa el tipo de cambio que elevó los costos en dólares y la incertidumbre política. Esta últimas anida no sólo en el temor al regreso del kirchnerismo sino a los freaks que están liderando y ejecutando el programa que el mercado anhelaba. Milei y el Gordo Dan en su reciente emisión del streaming Carajo hacían recordar a Beavis y Butt-Head.

Un hombre del campo comentaba que algunos de su rubro estaban operando a pérdida, pero no iban a liquidar su cosecha de soja y maíz bajo amenaza de que en julio volverán a aumentar las retenciones. El productor vende sólo lo que necesita y no sabe de inversiones para subirse a la bicicleta financiera, como le sugirió el jefe de ARCA, Juan Pazo. Se sienta en su silobolsa y en el peor de los casos producirá menos en la próxima siembra. Coincide con los petroleros que los dólares les alcanzan para menos, pero no tienen otra que seguir exportando porque ahí radica su negocio.

Hay empresarios que no saben cómo hacer negocios en el nuevo contexto. Celebran que su agenda y la del Presidente estén alineadas, pero están apurados porque en 2026 se acometan rebajas de impuestos y aportes patronales, y se acote de una vez la litigiosidad laboral. En la apertura de la cumbre del martes, el presidente de AmCham y CEO de JP Morgan para el cono sur, Facundo Gómez Minujin, mencionó las reformas tributaria y laboral, pero también mencionó otros dos factores clave para la competitividad que no se resolverán de un año para el otro: la educación y la infraestructura. Con docentes mal pagos que pararon este jueves y nadie los escuchó, y con obra pública paralizada, la Argentina camina como el cangrejo.

Gómez Minujin no dijo nada de la desregulación y así se lo reprochó el ministro del área, Federico Sturzenegger, ocupado de anunciar de manera elocuente transformaciones que a veces parecen minucias o frutos de la ignorancia según la opinión de ciertos hombres de negocios. El empresario le admitió el error. En cambio, vinculó la competitividad a otros tres factores que Milei desdeña: la lucha contra la evasión tributaria, contra la desigualdad social y por instituciones sólidas.

Pero más allá de todos ítems que hacen a la competitividad, esta es difícil de alcanzar si el tipo de cambio se sobrevalúa, como quiere Milei. Como dice el economista brasileño Luiz Bresser-Pereira, “la metáfora para explicar el tipo de cambio es la del interruptor de luz porque conecta o desconecta a las empresas competitivas del país del mercado interno y del externo”.

AR/MC

El Gobierno nacional anunció este martes una reducción en los derechos de importación de productos electrónicos, una medida que busca generar una rebaja de 30% en los precios finales.

En el caso de la importación de celulares se realizará en dos tramos. En la primera etapa se reduce de 16 a 8% el impuesto desde su publicación en el Boletín Oficial que se realizará entre jueves y viernes. La segunda etapa será la reducción a 0% desde el 15 de enero de 2026.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa de Gobierno junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Adicionalmente se bajarán los impuestos internos para celulares televisores y aires acondicionados del 19, al 9,5% y para los productos fabricados en Tierra del Fuego de 9% a 0%.

También se reducen los aranceles para la importación de consolas como Playstation o Xbox, del 35% al 20%.

Adorni sostuvo que esta decisión generará una baja de precios de 30% y en ese sentido afirmó que los equiparará al resto de la región.

El vocero sostuvo que no esperan que estás medidas tengan impacto en lo que significa la estructura productiva de Tierra del Fuego.

También convocó a las provincias a que reduzcan el 5% de ingresos brutos que pesan sobre estos artículos.

Qué dijo Adorni

La preocupación del gobernador de Tierra del Fuego

Tras el anuncio de Manuel Adorni, encargado de dar la comunicación a días de la elección de legisladores porteños que tiene al vocero presidencial encabezando la lista de La Libertad Avanza, Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, salió al cruce de la decisión de la gestión libertaria.

“Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego. Lo veníamos advirtiendo: esta medida responde al acuerdo con el FMI, en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia. La industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país. Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate”, cerró Melella en la red social X.

Con información de agencias.

IG

Ante un auditorio adicto, el de una mayoría de empresarios judíos reunidos en el Latam Economic Forum, Javier Milei fue tan ovacionado en su discurso violento este jueves como una semana antes lo había sido en la Expo EFI, donde predominaban los inversores bursátiles. No fue el mismo recibimiento de cruces picantes que los representantes del establishment del campo, la industria, el comercio, la banca, la construcción y la bolsa, nucleados en la Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), le propinaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El Latam Economic Forum es organizado por el financista Darío Epstein, asesor de Milei en la campaña de 2023 y derrotado el año pasado en su intento por presidir la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). En el Golden Center, del sindicato de comercio que lidera Armando Cavalieri, Epstein recibió primero al ministro de Economía, Luis Caputo, y al finalizar su alocución le comentó que en el fondo del salón había unos comerciantes de Once que le decían que “eso de los US$100.000 sin factura les funcionó siempre” y le preguntó si en 2026 iban a poder cobrar en dólares “directamente”. “Sin ninguna duda, pero con factura”, aclaró Caputo, que arrancó esta semana abogando por otro blanqueo de capitales, pero ahora se da cuenta de que el perdón impositivo permanente le puede jugar en contra del superávit fiscal.

Después llegó Milei y volvió sobre la idea de la dolarización “endógena”. ¿Qué quiere decir? Quiere incentivar que la gente que acumuló dólares fuera del sistema legal los use para comprar bienes, sin tener que cambiarlos por pesos. La idea de que no los cambien a pesos tiene que ver con un intento de evitar que la apreciación de la moneda nacional no se pase de rosca y que a la vez se fomente el consumo y la por ahora inexistente acumulación de reservas del Banco Central, comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Presidente defendió a los evasores como héroes que les habían robado a los “ladrones” que gobernaron antes que él. ¿Qué interés tendrían los tenedores de moneda norteamericana de gastarlos cuando valen tan poco, sólo $1.130? Uno podría pensar que quizás los incentiva el perdón fiscal, pero, como dijo Epstein, muchos argentinos ya se manejan de por sí con dólares y en la informalidad tal vez porque saben que la agencia tributaria no los persigue.

En el público, algunos banqueros comentaban la movida que sospechan que hizo el Banco Central de intervenir en el mercado del dólar futuro este miércoles para bajarlo y, así, empujar también la caída del tipo de cambio. ¿El objetivo? Recuperar la senda de la desinflación, perdida en febrero y marzo, y bajar la tasa de interés. ¿El riesgo? Esos hombres de banca apuntaban a que al descenso abrupto del dólar ahora le suceda un ascenso repentino en el tercer trimestre del año, entre el fin de la cosecha gruesa (soja y maíz) y la campaña de las legislativas bonaerenses en septiembre y las nacionales en octubre. En principio, las porteñas del próximo día 18 no deberían provocar una disrupción en los mercados.

Fuera del ex Parque Norte, otros banqueros advierten que del atraso cambiario nunca se salió de manera ordenada, que está pulverizando el ahorro de los argentinos, que sólo conviene gastarlo en caso de necesidad y que está derivando en una sucesión de defaults corporativos como el nuevo de Celulosa. El dólar barato baja la inflación, pero sube el desempleo. Abarata la competencia importada y encarece la producción nacional. Pero Milei privilegia el capítulo inflacionario: la tranquilidad para el consumidor de que las remarcaciones no son permanentes y de que reaparece el crédito, aunque por ahora con pocas cuotas sin interés. La duda de algunos trabajadores es para qué sirve la menor suba de precios sin el ingreso alcanza para menos que antes, ya sea porque el salario no se recupera lo suficiente o porque el empleo se contrae.

Hay empresarios del Cicyp también preocupados por el tipo de cambio, por más que se entusiasmen con las reformas tributaria, laboral y jubilatoria comprometidas con el FMI. Por eso, el presidente saliente del consejo, el ruralista Marcos Pereda, reclamó contra las retenciones, que reducen aún más el dólar que efectivamente cobran los exportadores del campo. “Una parte significativa del superávit fiscal actual proviene de ingresos transitorios y distorsivos, como los derechos de exportación, en especial del sector agropecuario”. Pereda le había adelantado su discurso a Caputo, que entonces prefirió ni ir. Lo reemplazó Sturzenegger, que también se enojó: “Todos los impuestos son distorsivos. Marcos, hablás de retenciones pero si pregunto aquí qué impuestos hay que bajar seguramente habrá distintas propuestas. Se hablará del impuesto al cheque, por ejemplo. Lo relevante no es la baja de impuestos sino la baja del gasto y lo verdaderamente relevante es la motosierra. Están reclamando mal la baja de impuestos, primero hay que bajar el gasto”. Otro ministro en tensión entre el jubileo impositivo y la necesidad de recaudar para sostener el objetivo del superávit fiscal.

La semana próxima Pereda dejará su cargo en el Cicyp porque a la Sociedad Rural le toca cederle la presidencia a la Cámara Argentina de Comercio, que preside Mario Grinman. Se trata de un empresario por demás oficalista, pese a los reclamos de comerciantes en crisis. Una opción es que él asuma la conducción del consejo o que lo haga Bettina Bulgheroni, esposa del presidente de Pan American Energy (PAE) y amiga de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La hermana del presidente está encargada de otra recaudación que interesa, según comentan más y más en el mundo empresarial. Ella y sus asesores como el subsecretario Eduardo Menem, alias Lule, pedirían hasta US$50.000 a los empresarios interesados en reunirse con el jefe de Estado, según comentan al menos dos lobbistas y tal como vienen publicando diversos medios nacionales e internacionales a partir del caso $Libra. Los consultores aclaran que los pagos no aseguran ninguna otra contraprestación, como ser la adopción de alguna medida favorable a determinado interés, y apuntan a reforzar sueldos que públicamente se reivindican como bajos pero resultan insuficientes para sostener el nivel de gastos de funcionarios acostumbrados al buen vivir. No es plata para la campaña.

Para ese fin, los hombres de negocios pueden aportar en blanco a la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje y para la que recauda Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial estrella Santiago Caputo, o a las colectas menos iluminadas que organizan el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, que ahora se quedó sin fondo fiduciario para ejecutar su política, y el vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, dos alfiles de Karina Milei. Pareja arma en provincia de Buenos Aires y Wasserman, en la capital que disputa el vocero Manuel Adorni. Al final de cuentas, son todos métodos de recaucación para la política que siempre existieron y que los continúan los renegados de la casta.

El ministro Caputo, alias Toto, también está en contacto permanente con los empresarios por estos días, pero para disciplinar sus precios. Además de utilizar la receta ortodoxa de bajar la inflación eliminando el déficit fiscal y su financiamiento monetario, también recurre a la herramienta ortodoxa de reclamar que no remarquen bajo la amenaza de usar “herramientas para defender a los consumidores”. Ya lo hizo el año pasado, cuando denunció a las principales prepagas por presunta cartelización mientras los trolls libertarios como el médico Daniel Parisini, alias Gordo Dan, escrachaban en redes sociales al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. A partir de entonces, reina el temor empresario a criticar en público. Tras la salida del cepo cambiario el mes último, el propio Caputo escrachó en redes a las aceiteras y la fabricante de alimentos y productos de higiene Unilever, así como a la automotriz Stellantis. Sobre las telecomunicaciones y la energía también hay presión por los precios.

En el mundillo empresarial advierten de que al mismo tiempo que el ministro reclama contra las remarcaciones, a veces la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dirge Juan Pazo, alfil de Toto, activa alguna consulta contra los remarcadores. Se preguntan por la casualidad. Comparan su estilo con el de Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio que negociaba con una pistola sobre el escritorio pero que fracasó tanto en su cometido que terminó manipulando las estadísticas públicas con la venia de sus presidentes, Néstor y Cristina Kirchner.

Caputo no sólo aprieta los precios sino todavía más los sueldos. Mientras los primeros corren al 3,7% el último mes medido (marzo), no quiere que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, homologue paritarias por encima del 1% mensual. Por eso se indignó con el aumento del 5,4% trimestral que pactaron Grinman y Cavalieri para los empleados de comercio.

Toto ejerce presión, pero también la padece. De manos del gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, para que cancele el swap con China (canje de monedas) que refuerzan las reservas del Banco Central. Ya con Joe Biden, Milei inspeccionó la estación china de observación espacial en Neuquén, sin hallar ningún rastro de uso militar, y excluyó a las empresas estatales como la china CCCC Shanghai Dredging del negocio de la hidrovía del río Paraná. Al gobierno de Xi Jinping le preocupa la presión norteamericana para hacer retroceder a China en el financiamiento y la construción de infraestructura en la región.

Por lo pronto, Caputo no piensa cancelar el swap. Y su subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina Cuenca, recibió este miércoles a una misión comercial de 30 empresarios chinos que visitó la Argentina para comprar aquí los alimentos, la energía y los minerales que ya no pueden adquirir en EE.UU. Es que Beijing le impuso un arancel del 125% a los productos estadounidenses como represalia al 145% que primero les propinó Washington. Aunque China no lo quiera admitir, también busca colocar en otros mercados como la Argentina el 16% de sus exportaciones que iban a EE.UU., sobre todo manufacturas, tanto terminadas como insumos. Pese a que tampoco lo puede reconocer, sigue enviando productos a territorio norteamericano, pero triangulándolo por otras naciones como Vietnam o México.

Los negocios chinoargentinos continúan, mientras el gobierno de Milei negocio con su aliado Trump rebajas arancelarias a 50 productos argentinos a cambio de levantar 16 barreras a bienes estadounidenses, desde la maquinaria usada hasta la ropa de marca que enfrenta la falsificación no sólo en La Salada. Lo que quedó congelado a partir de la asunción de Trump es el viaje del presidente argentino a China. Puede que Milei haya dejado de atacar a China por dictadura comunista, pero tampoco quiere ofender a su amigo. En Beijing no desesperan. Pacientes por tradición, repiten su refrán: “Con prisa no se puede comer el tofu caliente”.

AR/MC

La tercera y última fase del blanqueo de capitales 2024/2025 finaliza este miércoles, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, planea prorrogarlo. En las primeras dos etapas se registraron US$31.252 millones que habían evadido 278.000 contribuyentes, a razón de US$112.000 por cabeza, en un país con 45 millones de habitantes.

El blanqueo permitió registrar sin pagar impuestos hasta US$100.000 y abonar por el excedente de esa cifra 5% en la primera etapa finalizada en noviembre, 10% en la segunda que duró hasta febrero y 15% en la que cierra ahora. Sólo se pudo declarar efectivo en la primera fase.

Caputo dijo este lunes que quiere apuntar a los “dólares encanutados en el colchón, en cajas de seguridad o donde sea”, sin explicitar las cuentas offshore, como aquellas por las que fue investigado en el gobierno de Mauricio Macri. Y abogó por que se usen “sin dar explicaciones” a las autoridades. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, declaró el ministro, aunque en los países desarrollados y aquellos que pretenden serlo tanto las autoridades tributarias como la de lucha contra el lavado de dinero sí exigen esclarecer el origen de los fondos.

No está claro cómo se instrumentará el nuevo blanqueo que propone Caputo, pero el que se votó por ley en el Congreso el año pasado establece que el Ejecutivo puede prorrogar cualquiera de las fechas de las tres etapas hasta el 31 de julio. Por eso no se descarta un decreto que reabra el fase 1, que permitía el blanqueo de efectivo.

El Gobierno busca prorrogar la amnistía fiscal o impulsar una nueva para impulsar el consumo y el ingreso de dólares, en tiempos en que necesita acumular reservas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en que pretende seguir apreciando el peso para bajar la inflación. Pero la medida despierta críticas de expertos que defienden la lucha contra la evasión y la injusticia tributarias y contra el lavado de activos de ese origen o del crimen organizado, ya sea el narco, la trata de personas o el tráfico de armas.

La economista experta en tributación internacional Verónica Grondona señala que la Unidad de Información Financiera (UIF) debería modificar los umbrales de montos a partir de los cuales se exigen explicaciones. “Es un manotazo de ahogado que erosiona aún más la confianza en el sistema. Con tantos blanqueos y moratorias, todos los contribuyentes saben que cualquier delito que cometan no tiene punibilidad. Esto contribuye más a eso y los efectos son desastrosos. Después está la evaluación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) respecto del cumplimiento de Argentina de las normas contra el lavado de activos el financiamiento del terrorismo”, advierte Grondona, integrante de la Comisión Independiente por la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT, según sus siglas en inglés).

María Julia Eliosoff, de la Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, opina que la nueva iniciativa de Caputo va “muy a contramano del mundo”. Ya tenemos récord de blanqueos, pero dos en menos de un año desafía todos los sentidos comunes. Tiene mucho sentido en su lógica. Si el Gobierno considera que pagar impuestos es un robo, esto contribuye a seguir erosionando la poca o mucha cultura fiscal que tenemos. Además de que es una nueva puerta de entrada a los flujos financieros ilícitos“, alerta Eliosoff.

“Si se sancionara un nuevo blanqueo, se trataría de una situación inédita, porque sería la primera vez que un gobierno anuncia una nueva amnistía antes de que termine una que ya implementó”, apunta Alejandro Gaggero, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Argentina llevó adelante ocho amnistías desde el retorno de la democracia. La realización periódica de esta medida contradice las recomendaciones de los expertos sobre el tema, incluso los del FMI, que coinciden en que, por las perjuicios que genera en una cultura fiscal democrática, tiene que ser una medida excepcional. Argentina también incumple otra de las recomendaciones, que es que las amnistías deben hacerse como parte de un paquete de medidas, que incluyan reformas que hagan a la política fiscal más equitativa y eficaz, que al mismo tiempo establezca mayores controles para reducir la evasión. En nuestro país la implementación de blanqueos tuvo una lógica cortoplacista, principalmente para enfrentar la restricción externa. El perjuicio de esto es que se tiende a degradar todavía más la cultura fiscal, incentivando el incumplimiento. Por otro lado, agrava la injusticia fiscal, porque la evasión que se perdona es la de los impuestos más progresivos, por ejemplo Ganancias y Bienes Personales. Además, los datos de las amnistías anteriores muestran que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, los que blanquean son los sectores más ricos de la población. Por ejemplo, en el blanqueo que se realizó durante el gobierno de (Mauricio) Macri participó sólo el 0,6% de la población y el monto promedio fue de casi US$450.000”, completa Gaggero.

“Huele a desesperación y va contra cualquier estatuto de control de lavado de activos”, opina Francisco Cantamutto, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional del Sur. "Algo de éxito puede tener, aún quedan dólares dando vueltas fuera del sistema, y estirar el veranito, pero acaba de pasar otro blanqueo el año pasado, no sé cuánto más exista realmente dispuesto a reingresar. Por otro lado, el Gobierno sigue relegando fuentes de recaudación afectando al resultado fiscal”, agrega Cantamutto.

El contador Arnaud Iribarne comparte el rechazo. “Todo blanqueo erosiona la relación fisco contribuyente. Si sabés que va a haber blanqueo, hoy no facturás. No podés hacer blanqueos todo los años. Es gravísimo a nivel UIF, GAFI, abriéndote al narco, la trata, las armas. Muestra la desesperación por seguir captando dólares por cualquier lado, es grave, serio. No creo que se pueda hacer sin el Congreso”, evalúa la posibilidad de que se extienda más allá de julio.

En cambio, el economista y diputado radical Martín Tetaz apoya la iniciativa gubernamental, como en su momento votó el blanqueo. “Estoy en contra de hacer un blanqueo por decreto, no se puede hacer, pero generar un mecanismo para que la gente se ponga al día y use la plata que tiene en el canuto me parece perfecto. Por decreto no se pueden condonar impuestos, pero sí multas e intereses punitorios. El Gobierno busca más ofertas de dólares para tener el dólar planchado para las elecciones, bajar la inflación y que los precios de los productos aspiracionales de la clase media, que están en dólares, como electrodomésticos, motos y autos, estén más accesibles. Es la más fórmula más vieja que la Coca-Cola para ganar una elección”, analiza Tetaz.

El diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo opina que, por lo que dijo Caputo, parece “un nuevo blanqueo encubierto para eludir su paso por el Congreso, con el fin de conseguir dólares a cómo dé lugar y ver si puede generar algún repunte del consumo que viene planchado”. “Obvio que va a favorecer a todos los negocios de plata negra, incluyendo el narco. Agrego que conseguir esos dólares tiene el fin de sostener la bicicleta financiera”, concluye Castillo.

Su colega peronista Rodolfo Tailhade se suma a la crítica: “Es una barbaridad ilegal y en contra de los estándares internacionales fijados básicamente por GAFI. Los que entren a sabiendas de que un decreto o resolución conjunta no es una herramienta legal válida, pueden ser denunciados por violación a la ley penal tributaria y a la ley de lavado”, señala Tailhade.

AR/JJD