Condena a la corrupción del ex ministro Ábalos, distancias con el 'caso Zapatero, defensa de su pareja y su hermano y ofensiva contra el PP y Vox. El presidente español, Pedro Sánchez, dedicó su asistencia de este miércoles en el Congreso para repasar los temas judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno, que diferenció en tres categorías, y para pasar al ataque con la oposición, a la que acusó de estar intrínsecamente ligada a la corrupción. “Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo”, le dijo a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

El presidente del Gobierno defendió que “no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”. E insistió en que el PSOE no se financió ilegalmente y que él no conocía ni uno solo de los comportamientos investigados o ya sentenciados, como el caso del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos –condenado a 24 años de prisión–, o las causas abiertas contra el exmandatario socialista José Luis Zapatero o su propia esposa, Begoña Gómez. “Es razonable suponer que, en los próximos meses, el goteo de noticias y avances judiciales continúe. Habrá nuevos hallazgos. Nuevas acciones judiciales. Las derechas mediática y política venderán como una nueva muestra más de eso que llaman ahora degradación política. Pero no nos equivoquemos. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió. Lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga”, sostuvo.

El líder del Ejecutivo diferenció la cascada de causas judiciales que sepultan al Gobierno y que definió un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público”. “Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al Expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, enumeró.

Sobre la condena de 24 años de cárcel por corrupción del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno no ocultó el impacto. “Son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sánchez volvió a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien reconoció, nuevamente, su legado político. Aunque marcó distancias con el porvenir judicial al que pueda enfrentarse el expresidente.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, Señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”.

También se referió Sánchez a las situaciones judiciales que afrontar su pareja o su hermano, que ambos casos en el PSOE consideran ejemplos claros de ofensiva política desde los tibunales. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, dijo sobre David Sánchez y Begoña Gómez. “Solo voy a pedir a la Justicia que sea justa”, detalló.

“Ante ese panorama”, siguió, “para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con VOX el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado; los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites”, apuntó para descartar cualquier sombra de duda sobre un adelanto electoral precipitado.

Y en ese punto, pasó a la ofensiva para entrar al choque con el PP y con Vox. “No sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen al ex Fiscal General cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”.

Es ese mismo argumento en el que empleó la práctica totalidad del tiempo de su segundo turno de palabra, cuando ha dado la réplica a los grupos parlamentarios. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le ha reprochado al líder de la oposición.

“Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos”, continuó el presidente en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, Sánchez cuestionó a Feijóo que cuando era presidente de la Xunta de Galicia “no hizo nada” ante los casos de corrupción que le afectaron. Y le ha recordado “los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era un narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones”. “Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido”, agregó.

Este miércoles, Javier Milei partió rumbo a España para realizar su sexta visita al país ibérico desde que asumió al frente de la Casa Rosada, en una gira breve que incluirá un encuentro con empresarios interesados en invertir en la Argentina y una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Como ocurrió en todas las ocasiones anteriores, no está previsto que haya reuniones con el presidente Pedro Sánchez ni con ninguna otra autoridad del gobierno español.

El viaje se desarrolla en un contexto doméstico particularmente complejo para el oficialismo. Mientras el Gobierno intenta contener el desgaste político provocado por la situación judicial y patrimonial de Manuel Adorni, el Presidente volverá a encontrar en el escenario internacional uno de sus ámbitos más cómodos de actuación. En el exterior, Milei suele presentarse como una de las figuras más visibles de la nueva derecha global y participa de actividades organizadas por instituciones y referentes ideológicos afines.

La comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el canciller Pablo Quirno se sumará directamente en Madrid, luego de una agenda previa en Panamá y Nueva York. El viernes 26, a las 10 de la mañana, Milei brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica donde además recibirá una medalla de honor. La actividad fue organizada junto al académico Javier Morillas Gómez, profesor de orientación liberal y consejero del Tribunal de Cuentas de España, una figura particularmente cercana al universo intelectual que rodea al mandatario argentino.

Morillas mantiene además un vínculo estrecho con Alejandro Nimo, exconcejal de Avellaneda y actual agregado para inversiones de la embajada argentina en España, quien suele definirse a sí mismo como “menemista, mileísta y anarcocapitalista”. En abril pasado, Nimo quedó envuelto en una disputa interna luego de denunciar públicamente que el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge, le había quitado el despacho desde el cual, según afirmó, recibía a empresarios interesados en invertir en la Argentina.

Precisamente, será Bunge quien tendrá un papel central en la organización de la agenda empresarial. Según fuentes oficiales, el embajador se encuentra a cargo de la confección del listado de invitados al encuentro con inversores españoles. El intercambio comercial entre ambos países mantiene actualmente un saldo favorable para la Argentina: alrededor de 1.400 millones de dólares en exportaciones contra 1.000 millones en importaciones.

La visita volverá a desarrollarse bajo un clima diplomático de baja intensidad. Desde mayo de 2024, cuando Milei calificó de manera indirecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, como “la mujer corrupta” durante un acto organizado por Vox, la relación bilateral quedó atravesada por una crisis inédita que derivó en el retiro temporal de la embajadora española en Buenos Aires y en un fuerte reclamo de disculpas por parte de Madrid.

Los ánimos se descomprimieron con el correr de los meses y España designó un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde. Sin embargo, el vínculo político nunca terminó de normalizarse. Las diferencias geopolíticas siguen intactas: Milei mantiene un alineamiento irrestricto con Donald Trump e Israel, mientras Sánchez se convirtió en uno de los principales defensores de la causa palestina dentro de Europa.

La última visita presidencial a España ocurrió en marzo pasado, cuando Milei fue el principal orador del Madrid Economic Forum y compartió actividades con el líder de Vox, Santiago Abascal. Allí volvió a cargar contra Sánchez y respondió con entusiasmo a los cánticos del público. “Si quieren zurrar al bandido local, no hay problema”, dijo ante un auditorio repleto de simpatizantes de la ultraderecha.

Cumbre del Mercosur y visita a los Estados Unidos

La escala española será apenas el primer tramo de una agenda internacional intensa. El 30 de junio, Milei participará en Asunción de una nueva cumbre del Mercosur y cuatro días más tarde volverá a viajar a Estados Unidos para asistir a las celebraciones por el Día de la Independencia, una fecha especialmente significativa este año, cuando se cumplen 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de 1776.

Los números muestran hasta qué punto la política exterior se convirtió en uno de los rasgos distintivos del gobierno libertario. Sin contar este nuevo viaje, Milei ya visitó Estados Unidos en diecisiete oportunidades, España e Italia en cinco ocasiones y Suiza en cuatro. Los países vecinos quedaron bastante más relegados: Brasil y Paraguay aparecen con tres visitas, Chile con dos y Uruguay y Bolivia apenas con una.

Hay, además, una constante que vuelve a repetirse. Cada vez que la situación doméstica se vuelve más compleja, el Presidente encuentra en el exterior un escenario más amable. Allí recibe distinciones y se mueve entre interlocutores ideológicamente afines. Esta vez no será diferente.

PL/CRM

El gobierno de Pedro Sánchez afronta, otra vez, unas horas críticas. La histórica sentencia al exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por coimas en la compra de barbijos durante la pandemia, pesa ya como una losa sobre un Ejecutivo que se abrió paso mediante una moción de censura, precisamente, contra la corrupción del PP. A la espera de la comparecencia de este miércoles del presidente español, Moncloa traslada un mensaje de contundencia contra la corrupción pero pide no hacer “causa común” con la cascada de investigaciones que afectan a los socialistas.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común. Pero lo importante es actuar y el PSOE actuó, mientras el PP está volcado en tapar la corrupcion de Ayuso”, dijo en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Aunque ni el ministro ni la portavoz del Ejecutivo quisieron entrar a valorar los detalles de la sentencia, sí que insistieron en el mensaje de que la corrupción no se combate igual en todas las formaciones políticas. “Quienes creemos en la política, en la democracia y en la separación de poderes sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en la politíca. Y sabemos que la inmesa mayorría de políticos hace un trabajo honesto, como la mayoría de los jueces o los periodistas. Pero que también hay veces que algunos no”, prosiguió López.

Preguntado expresamente por las responsabilidades políticas en el seno del Gobierno y del partido tras la condena a un hombre que tuvo todo el poder político y económico tanto en el Consejo de Ministros como en Ferraz, el ministro de Transformación Digital puso en valor las decisiones tomadas en su día para suspenderlo de militancia y expulsarlo del grupo parlamentario. “Nosotros tenemos muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Lo importante es combatir la corrupción. Y en el PSOE se actuó meses antes de que hubiera una sentencia”.

En esa misma línea, Elma Saiz destacó que el Gobierno asumió “desde el primer momento” las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos. La portavoz del Ejecutivo también aseguró que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan “sin matices” los comportamientos “que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno”.

“De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda”, apuntó Saiz, que ha evitado además valorar los “detalles” de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

El juez Juan Carlos Peinado decidió enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, retirarle el pasaporte y obligarla a presentarse quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su testimonio el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado tomó la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La presentación quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

Los bloques del Congreso español llegaron a un primer acuerdo para sacar adelante la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI. La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó este miércoles por la tarde el dictamen de la norma que lleva al Código Penal este tipo de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género. La ley tendrá que seguir ahora su tramitación en el pleno, donde podrá ser sometida aún a cambios.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a que “no estamos ante casos aislados, sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”, justifica la propuesta.

La ley propone su inclusión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años al que “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona.

Los bloques alcanzaron un acuerdo el pasado 17 de mayo y casi hasta este miércoles han estado negociando para lograr el apoyo de los catalanes de Junts al texto, que junto al Partido Nacionalista Vasco (PNV) mostró dudas sorbe algunos puntos de la redacción, según fuentes parlamentarias. Finalmente, la norma salió adelante con el voto en contra de la derecha y la ultraderecha del PP y Vox y ha incorporado una enmienda transaccional que suma a la redacción una frase que apunta a que será independiente el consentimiento de la persona afectada para que la terapia sea considerada perseguible. También añade multa de ocho a 24 meses para quien lleve a cabo estos métodos.

“Criminalizar las terapias es la única manera de frenarlas”, justificó el diputado Víctor Gutiérrez, del PSOE, partido impulsor de la iniciativa. “Son una forma de violencia, de tortura psicolóica y a veces física, que han aprendido a adaptarse y se disfrazan de consultas, grupos de acompañamiento o de retiros espirituales”, ha proseguido. Gutiérrez ha señalado que “ninguna persona LGTBI tiene que ser reparada ni corregida” y ha cargado contra los recortes de las leyes LGTBI y Trans que PP y Vox han llevado a cabo en algunas comunidades como Madrid o Valencia. “Lo que han hecho con eso es abrir la puerta a las terapias de conversión a las personas trans”, les ha dicho.

“Un paso incompleto”

Por su parte, los socios del Gobierno coinicieron en reclamar al PSOE una mayor ambición de la norma y que no solo se limite al abordaje penal. “No basta. Cuando se envía a un retiro a un chico de 16 años para corregirle, decide denunciar y se queda solo sin familia y sin recursos, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué pasa después? La condena penal es imprescindible, pero no paga un alquiler y no garantiza la independencia económica”, ha afirmado la diputada de ERC Teresa Jordà.

A lo mismo se refirió Tesh Sidi, de Sumar, que agregó a la “victoria a medias” que supone la votación de este miércoles y reprochó al grupo parlamentario socialista su oposición a la enmienda que propone ayudas económicas y la garantía de una alternativa habitacional a las víctimas de las terapias de conversión. Una medida que, junto a ERC y Sumar, apoya Compromís y EH Bildu y que se mantendrá viva de cara al pleno.

En este sentido, Bel Pozueta, diputada de Bildu, recordó que Naciones Unidas califica estos métodos como “tortura” y lamentó que la ley sea “exclusivamente” una reforma penal. “Nuestro grupo no es punitivista, no creemos que la respuesta a todas las violencias pase por endurecer el Código Penal”, afirmó la parlamentaria, que definió la votación como “un paso incompleto”.

La oposición de PP y Vox

El Partido Popular, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de la ley, se opuso al dictamen porque a pesar de afirmar que la formación “comparte el principio básico de que ninguna persona debe ser sometida a prácticas coercitivas que atenten contra su integridad física o moral”, el grupo apela a la “seguridad jurídica” que a su juicio no garantiza la norma. “Apostamos por una regulación más garantista, precisa y respetuosa con los principios fundamentales del Estado de derecho”, ha afirmado Sofía Acedo.

Los populares mantendrán por eso vivas sus enmiendas en el pleno del Congreso, con las que buscan entre otras cosas sustituir el término “identidad de género” por el de “identidad sexual” en todo el texto o incorporar al artículo del Código Penal la coerción como elemento clave con el objetivo de “delimitar con rigor y proteger las actuaciones de acompañamiento y apoyo legítimas” a las personas LGTBI.

También Vox afirmó estar en contra de las terapias de conversión, pero “entendiéndolas como tratamientos forzados e impuestos”, dijo María Ruiz Solás, quien asegura que la ley pretende “limitar libertades” y el Gobierno busca “imponer su ideología a golpe de Código Penal”. La diputada defendió “la libertad y el derecho de los padres para velar por sus hijos” y acusó a los grupos que apoyan la norma de “acabar con la libertad de las personas homosexuales al acabar con el consentimiento”, señaló en referencia a la enmienda incorporada al texto.

La investigación de la Audiencia Nacional en torno al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, su patrimonio y su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la pandemia se topó con un esqueje salido de los primeros registros: las joyas encontradas en el interior de una caja fuerte en un despacho del equipo del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz. Ahora el juez Calama quiere saber de dónde salieron esas joyas, cuánto valen y si su posesión abre la puerta a nuevas acusaciones contra Zapatero. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil entró en la oficina del expresidente el pasado 19 de mayo, a las 8.17 de la mañana. Durante ese registro abrieron una caja fuerte donde Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó lo que iban a encontrar: joyas, “algunas” procedentes de la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del exmandatario, y “regalos de viajes”, según quedó recogido en el acta de los agentes.

La ramificación central del caso gira en torno a si José Luis Rodríguez Zapatero cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. Entre otros métodos, el juez José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la consultora de sus hijas o si la trama planeaba abrir una sociedad en Dubái. 

Las joyas encontradas en la caja fuerte han abierto un nuevo frente y el primer paso del instructor fue pedir un peritaje para calcular su valor. La respuesta de los joyeros ha sido que el ajuar encontrado vale, potencialmente, más de 1,3 millones de euros. Y ese dato se ha convertido en una nueva imputación para José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo 17 de junio el expresidente del Gobierno no solo tendrá que explicar su relación con Plus Ultra y Julio Martínez, sino también responder por delitos de fraude fiscal y contrabando. 

Para el magistrado de la Audiencia Nacional es necesario saber si Zapatero pagó los impuestos relacionados con esas joyas y descubrir de dónde las sacó. Solo por el IRPF, dice el juez, el tipo aplicable es del 46% aproximadamente. Si no se pagaron los aranceles necesarios, añade, podría estar ante un caso de contrabando. “La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”, dice el juez.

Herencia familiar y regalos “de viajes”

El exdirigente socialista tendrá que concretar ante el juez la procedencia de los relojes, collares y otros efectos que su entorno ha atribuido en parte a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y en parte a regalos procedentes de “viajes”, así como aclarar si fueron durante su etapa como presidente.

Zapatero mantuvo a lo largo de sus dos presidencias una amplia agenda internacional con más de 200 viajes, según reveló una petición a Transparencia realizada por Maldita.es en 2020 sobre el uso del avión presidencial. Según esos datos, el expresidente socialista realizó 134 vuelos a países extranjeros entre 2004 y 2011 sin contar cumbres ni consejos europeos. Por ejemplo, viajó en una veintena de ocasiones a países de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Egipto...) e hizo 16 visitas a países situados en el continente asiático (China, Kazajistán, Siria, Arabia Saudí...).

En esos viajes se vio con multitud de primeros ministros, presidentes o reyes como Mohamed VI de Marruecos. A este país viajó en cuatro ocasiones: la primera vez fue en 2004 a Casablanca, la siguiente en 2005 a Rabat, mismo destino que en 2007 (para una reunión de alto nivel hispano-marroquí), y la última vez a Uxda y Rabat en 2008.

Zapatero también se reunió durante su etapa como presidente con el Rey Abdulá bin Abdelaziz de Arabia Saudí en la ciudad de Yeda en 2009 o con el entonces líder interino de Túnez Fuad Mebaza en el Palacio presidencial de Cartago en 2011, su último año como presidente. Este último encuentro fue, en realidad, parte de un viaje más amplio que también le llevó a Catar —donde negoció acuerdos bilaterales con el emir y el primer ministro— y a Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno, en 2004, no existía una normativa específica que regulara o limitara los regalos de los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero precisamente su Gobierno aprobó en marzo de 2005 en Consejo de Ministros el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” que, por primera vez, sí recogía una referencia explícita a los obsequios. 

En su artículo tercero, referido a los “principios de conducta”, el Gobierno de Zapatero incluyó el siguiente párrafo: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”.

La orden ministerial se aprobó cuando Zapatero apenas llevaba un año en la Moncloa y estuvo vigente hasta su salida, en 2011, por lo que la limitación estuvo en vigor la mayor parte de su mandato.

El origen y el momento en que las recibió, claves

El origen y el momento temporal en el que el expresidente Zapatero heredó o recibió las joyas como regalo será clave de cara a su posible responsabilidad con la Hacienda pública, si la hubiera. Deberían haberse tributado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo progresivo que oscila entre el 8% y el 40%, en función del grado de parentesco entre el que da y el que recibe, y el importe de lo recibido. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, señala Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

En el caso de que no existan pruebas documentales que demuestren la prescripción de estas deudas, Hacienda podría incorporar como ganancias no justificadas el valor de las joyas a la declaración del IRPF del expresidente, que sería al tipo máximo en la escala de la renta: el 46%.

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central. En el caso de Patrimonio, y siendo residente en Madrid, al menos debería haberlo incorporado en las declaraciones de 2024, 2025 y 2026. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, asegura el director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno.

La apertura de esta nueva línea de investigación podría, según los expertos consultados, bloquear una potencial regularización voluntaria del expresidente, en el caso de que estas joyas no se hubiesen declarado con anterioridad. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apunta el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a preguntas de este periódico.

León XIV empezó fuerte su viaje a España. Ya desde el avión papal, en el que se comprometió a “trabajar personalmente” para acabar con la “llaga” que suponen los abusos a menores en la Iglesia, su visita parece destinada a dar claves políticas, y a señalar, con finezza vaticana, los dramas del sistema. Comenzó en Madrid, en el Palacio Real, con un discurso ante las autoridades en el que Prevost hizo un llamamiento rotundo a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, y agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”.

“Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación”, apuntó el Papa después del saludo de Felipe VI. “De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad. El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad”.

En sus primeras palabras oficiales, en el Palacio Real, ante representantes de la política, el mundo cultural y el Cuerpo Diplomático, León XIV recordó cómo la tradición sitúa la evangelización de España al apóstol Santiago, para evidenciar “el vínculo antiquísimo entre la fe cristiana y esta tierra”, que representa “una fuente de esperanza y de orientación entre los desafíos que hoy, como familia humana, debemos afrontar juntos”.

Con constantes referencias al Papa Francisco, pero también a tres de los grandes santos españoles, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila e Ignacio de Loyola, Prevost recordó que “nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por un nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor”.

“Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia”, rogó el pontífice. En este sentido, invitó “a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”.

Una “vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental”, que se basa en “apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos: he aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas”, frente al impulso de las nuevas tecnologías que, en su opinión, “se han convertido en un entorno artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba: en su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte. Por otra parte, el bien puede resistir y comunicarse”. 

“Es necesario, sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales, dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural”, insistió Prevost, quien matizó que “la seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo”.

“Vuestra propia historia lo atestigua”, reivindicó León XIV. “La presencia del islam en la Península ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración. Durante ese periodo no sólo no hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos”, explicó, poniendo como ejemplo la convivencia en ciudades como Córdoba y Toledo.

“Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento —la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la Casa común, la paz— y traduzcámoslos en prácticas: planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y la paz”, afirmó el Papa, citando su última encíclica, para finalizar con el siguiente mensaje:

“Majestades, Altezas Reales, señoras y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Al mismo tiempo, animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. ¡Que Dios bendiga a España!”.

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La presencia de los agentes de la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– en la sede nacional del Partido Socialista español, el PSOE, para requerir determinada documentación no tiene que ver con la búsqueda de una caja B, como aireó un digital y denunció el Partido Popular en el Congreso. Ese movimiento está vinculado a una pieza separada y secreta desgajada de la causa penal que asumió el juez Santiago Pedraz en diciembre pasado contra el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díez por el supuesto cobro de coimas a cambio de contratos públicos.

El caso que ahora se investiga y que provocó la presencia de guardias civiles en la sede del PSOE tiene que ver con las actividades de Leire Díez, quien durante los últimos años ha maniobrado junto al empresario Javier Pérez Dolset, imputado en una de las piezas del caso Tándem y víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar tanto las andanzas de la policía patriótica que funcionó en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, como las supuestas corruptelas que —consideran— se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

La exmilitante socialista celebró reuniones en este tiempo, muchas de ellas grabadas, con guardias civiles, fiscales, o exdirigentes del PP ofreciendo en falso favores en nombre del Gobierno socialista a cambio de información sobre actividades corruptas del PP, de fiscales, de jueces o de guardias civiles.

La exmilitante socialista llegó a pronunciar en algunas de esas reuniones grabadas frases contra el principal investigador de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, quien dirige ahora las investigaciones contra esta supuesta trama. En una cita con empresarios imputados por fraude en el negocio de los hidrocarburos, Díez llegó a pedir documentos para desprestigiar al teniente coronel de la UCO con la promesa de que la Fiscalía favorecería a quien facilitara esa información. También se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, que investigó durante años el caso Villarejo hasta perder la plaza que ocupaba en Anticorrupción. Intentó Díez, que acudió a la reunión junto a Pérez Dolset, sonsacar información a Stampa contra quien había sido su superior, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón o contra el fiscal general de entonces, Álvaro García Ortiz.

Leire Díez acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz en la primavera de 2024 para entregarle al entonces secretario de Organización, Santos Cerdan, un pen drive con numerosos audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo donde se relataban todo tipo de maniobras ilegales contra los adversarios políticos del PP: Podemos y sus principales dirigentes; los principales cargos independentistas catalanes o el entonces líder socialista, Pedro Sánchez. Junto a esos audios, el pen drive incorporaba documentación con denuncias archivadas por la Fiscalía Anticorrupción y las quejas formuladas ante Alejandro Luzón por los denunciantes.

Santos Cerdán no hizo nada con esa información hasta que se empezaron a conocer las maniobras de Leire Díez, quien decidió darse de baja como militante del PSOE. Fue entonces cuando Cerdán remitió a la Fiscalía General del Estado el pen drive con la información sobre las “cloacas” del PP “a los efectos oportunos”. La Fiscalía analizó esa documentación, pero no hizo nada.

El PSOE negó en aquellos momentos que Leire Díez trabajara o cobrara para el partido. Pero durante la investigación abierta en un juzgado de Madrid por estas maniobras de la exmilitante socialista, Gaspar Zarrías, exconsejero socialista andaluz durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reconoció que durante tres meses pagó desde su despacho profesional a Leire Díez por investigar el caso ERE. Díez le había contado a Zarrías que disponía de información relevante que demostraría prácticas ilegales en la instrucción judicial de la causa penal abierta contra los principales dirigentes socialistas en Andalucía y que concluyó con duras condenas de cárcel para la mayoría de ellos.

El juez Santiago Pedraz investiga ahora las actividades de Leire Díaz para aclarar si se trató de una trama financiada por el PSOE y organizada con el único objetivo de obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Varios países de Europa occidental viven jornadas de calor extremo inéditas para esta época del año y las consecuencias ya comenzaron a sentirse. Al menos 11 personas murieron en distintos episodios vinculados con las altas temperaturas provocadas por una intensa ola de calor que afecta a gran parte del continente.

El fenómeno está relacionado con la presencia de un potente anticiclón que se extiende desde el norte de África hasta las islas británicas y que disparó temperaturas récord, alertas meteorológicas y preocupación por los efectos del cambio climático.

Francia

En Francia, ocho departamentos del oeste del país fueron puestos en alerta naranja por calor, una situación considerada inédita para el mes de mayo. Según informó Météo-France, el episodio podría prolongarse al menos hasta el fin de semana, con máximas de entre 38 y 39 grados.

El organismo meteorológico confirmó además un récord nacional de temperatura promedio para mayo. El indicador térmico nacional alcanzó los 24,8 grados, superando la marca histórica registrada apenas un día antes.

Las autoridades francesas reportaron siete muertes vinculadas con la ola de calor. Dos personas fallecieron mientras practicaban deporte, una en Paris y otra en Lyon. Además, otras cinco murieron ahogadas mientras intentaban refrescarse en playas y zonas de baño.

Ante la situación, el Gobierno francés analiza incluso suspender competencias deportivas y convocó para el jueves una reunión interministerial encabezada por el primer ministro Sébastien Lecornu para evaluar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Reino Unido

En el Reino Unido, la Met Office informó este martes un nuevo récord histórico para mayo: 35 grados, dos décimas por encima del máximo registrado el lunes. Hasta ahora, el récord para ese mes databa de 1922.

El país también registró durante la madrugada la temperatura mínima más alta para mayo desde que existen registros: 21,3 grados. Además, en los últimos días murieron cuatro adolescentes en distintos accidentes ocurridos en lagos y presas mientras buscaban aliviarse del calor.

Irlanda, España, Portugal

La ola también golpea con fuerza a otros países europeos. En Irlanda, el termómetro alcanzó los 29,7 grados en la localidad de Carlow, una cifra récord para mayo. En España, la Agencia Estatal de Meteorología advirtió sobre temperaturas “extraordinariamente altas para la época del año”, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados entre miércoles y viernes.

En la ciudad de Santander se registró un récord histórico para mayo con 37,1 grados, mientras que en San Sebastián se alcanzó la temperatura mínima más alta para este mes desde que existen mediciones.

También Portugal atraviesa jornadas sofocantes, con temperaturas de hasta 38 grados y alertas amarillas activadas en siete regiones del centro y sur del país. Una decena de localidades permanece además bajo alerta máxima por riesgo de incendios forestales.

En Bélgica se superó este martes el récord de temperatura para un 26 de mayo, con 29,8 grados, mientras que los países balcánicos también enfrentan temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año. Albania, Serbia, Croacia y Montenegro se encuentran entre los países afectados.

Los científicos vienen advirtiendo desde hace años que el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica fenómenos extremos como las olas de calor, las sequías y las inundaciones. Greg Dewhurst, meteorólogo de la Met Office británica, sostuvo que estos episodios son “una buena indicación del cambio climático en acción” y alertó que podrían convertirse en “la nueva normalidad”.

Según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Europa es el continente que más rápido se calentó desde 1990.

Con información de las agencias NA y EFE

La manifestación convocada por la Sociedad Civil Española y apoyada por Vox y el PP con el lema “prioridad nacional” reunió a votantes de extrema derecha esta mañana en las calles de Madrid, en una marcha que comenzó en la emblemática Plaza Colón y finalizó en el Palacio de la Moncloa, sede dl gobierno, donde se vivieron algunos momentos de tensión entre algunos asistentes y la Policía cuando cortaron la autovia A-6 e intentaron llevar la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia. Según Delegación de Gobierno, se produjeron tres detenciones y siete agentes resultaron heridos.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” fue el grito más escuchado durante el recorrido, que acompañaban con peticiones de expulsión del presidente del Gobierno, y carteles que cargaban contra el ex mandatario José Luis Rodríguez Zapatero, quien comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, y pedían su entrada en la cárcel.

Santiago Abascal, lider de la ultraderecha de Vox, estuvo presente durante la concentración, y se sumó a exigir la entrada de Zapatero en prisión provisional. Además, desde Vox piden que Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros en funciones durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 declaren como testigos en la Audiencia Nacional.

El presidente de Vox sostiene que este tipo de movilizaciones son “necesarias” debido a que la “prioridad nacional” es “la expulsión de Sánchez del poder”, además de que seguirán apoyando las concentraciones contra el presidente del Gobierno “sin ningún tipo de ambages”.

“Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos”, declaró Santiago Abascal desde la plaza de Colón de Madrid. El líder de Vox cree que España está “secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles”.

Desde Vox consideran que hay “motivos suficientes” para que el expresidente Zapatero entre en prisión, como insistió el viernes el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. Algunos de los manifestantes defendían que “incluso Donald Trump (presidente de los Estados Unidos) está como loco por agarrar a Zapatero”.

La manifestación de este sábado reunió a votantes de Vox que cargaban banderas de España, además de banderas con la Cruz de Borgoña e incluso franquistas incostitucionales. Durante la marcha, entre gritos repetitivos que cargaban contra Sánchez y su Gobierno, también se escucharon ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado como “payasa”, pese a que el Partido Popular ha apoyado la propia manifestación de esta mañana. Algunas personas exclamaban: “Dónde están, no se ven los barones del PP”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presente en la manifestación esta mañana ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que es “inaudito” que la ministra haya retado a su partido a presentar una moción de censura “contra su propio Gobierno”. García ha insistido en que “en este momento” el Partido Popular no utilizará este instrumento constitucional para no “regalar una victoria” a Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Senado ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas. García sostuvo que su intención y la de su partido era apoyar a los españoles que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

“Una amplia representación del PP vino a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, declaró esta mañana Alicia García, y sostiene que el presidente del Gobierno “tiene miedo”, porque sabe que “el tiempo se le acaba”aunque quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido la portavoz del PP.

No se vio, en cambio, al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la manifestación por la “prioridad nacional”, pese a que su partido apoyaba la concentración. Alicia García justificó que Feijóo debía estar hoy presente en el Congreso del PP de Baleares donde se reeligió con el 99,93% de los votos como presidenta a Marga Prohens.

En la manifestación también estuvieron presentes el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama. El exdirigente del partido Javier Ortega Smith, que aunque fue expulsado de Vox mantiene su escaño en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) también han acudido.

Las expresiones xenófobas y racistas no tardaron en aparecer: “España cristiana y no musulmana”, “reasignación si no comen jamón” o “ayudas sociales para los nacionales” han sido algunos de los gritos que se han escuchado en la manifestación por la “prioridad nacional”, incluso se han escuchado clásicos versionados: “Bote, bote, musulmán el que no bote”. También se reclamaba a Santiago Abascal como nuevo presidente del Gobierno.

Los manifestantes repitieron los insultos hacia Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE: “Es un puticlub, no una sede”, “Zapatero al talego” o “Partido Socialista, putero y golpista” han sido algunas de las ideas que han gritado durante la concentración de esta mañana en Madrid. A la llegada a Moncloa, manifestantes recibían a la marcha con carteles en los que se podía leer “Detengamos a Sánchez”. Los carteles también cargaban contra el presidente del Ejecutivo por “la DANA, Adamuz, el gran apagón”, y definían a los socialistas como “cobardes”.

Al final de la marcha, la tensión ha aumentado cuando la Policía ha impedido a los manifestantes que continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Varias decenas de manifestantes que habían llegado hasta el Arco de la Victoria en Moncloa han cortado la A-6 y han intentado rebasar los límites de la convocatoria para trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la también residencia de Sánchez.

Lo primero que dijo Pedro Sánchez en la sesión de control del miércoles fue reafirmar su respeto por la presunción de inocencia y su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Gabriel Rufián prefirió ser más introspectivo: “Yo estoy jodido”. Es probable que el estado de ánimo de los votantes de izquierda, y en especial del PSOE, esté más cerca del sentimiento expresado por el portavoz de Esquerra que por la actitud del presidente del Gobierno. Los que encajaron como pudieron las investigaciones a José Luis Ábalos y Santos Cerdán se preguntarán ahora si les quedan fuerzas para hacer lo mismo con el expresidente y la acusación del juez Calama de la Audiencia Nacional.

Rufián llevaba en la mano algunas de las páginas de ese auto. Las blandió no para sacudir a Sánchez, sino para darle un baño de realidad. “Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor”, dijo. La segunda opción tendría que ver con un abuso de poder por parte del magistrado, un ataque bajo la sombra del llamado 'lawfare'. Si ese fuera el caso, el discurso de Rufián habría sido diferente. Mostró su “enorme afecto” por la figura de Zapatero, pero vino a decir que defenderlo a pecho descubierto es muy difícil después de leer las 85 páginas dla acusación.

Para enfrentarse a Alberto Núñez Feijóo, Sánchez optó por el manual de costumbre en la política adaptado a la situación actual. Es decir, y tus expresidentes, más. “Zapatero no nos metió en una guerra ilegal”, defendió y luego dio algunos ejemplos más. No se puede decir que sea un argumento de peso. La investigación sobre un presunto caso de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra no tiene nada que ver con Irak ni con Estados Unidos ni con los derechos humanos.

Tiene todo que ver con las cifras de los ingresos que supuestamente percibieron Zapatero y sus hijas a lo largo de cinco años. la acusación de Calama incluye varias partidas. La más sospechosa consiste en los 730.535 euros procedentes de Análisis Relevante. El juez añade en ese párrafo 524.707 euros de Gate Center y 693.615 euros de sociedades del grupo Thinking Heads. Pero esta última empresa se dedica desde hace años a hacer de representante de políticos que se dedican a dar conferencias por el mundo. Gate Center es un 'think tank' gestionado por Thinking Heads.

Nunca lo tuvo tan fácil Feijóo en una sesión de control. No es que lo aprovechara a tope. En parte, repitió conceptos ya utilizados antes. Con una excepción que es especialmente dañina para el Gobierno: “Solo hay que leer la acusación para ver que sin el Consejo de Ministros Zapatero no hubiera podido delinquir”. También es verdad que no llegas muy lejos en la vida si atiendes a la interpretación que haga el líder del PP de un auto judicial.

Lo que dijo es una deducción que no aparece como tal en la acusación. Pero no se puede desdeñar como una especulación sin fundamento. Evidentemente, todos los hilos de la trama pueden abarcar mucho más que la decisión judicial con la que se justifica la imputación de Zapatero. Por otro lado, se supone que aquí está lo más relevante que tiene que ver con él a nivel indiciario.

Quienes cambiaron de discurso en su mayor parte con respecto al día anterior fueron los socios del Gobierno. No de forma dramática, pero sí reveladora. Ya no defendían a muerte a Zapatero ni denunciaban 'lawfare'. Lo que ocurrió fue que habían leído la acusación del juez. Por eso, algunos prefirieron no hablar en público sobre esa investigación. Otros no ocultaron sus dudas. “Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito”, advirtió Enrique Santiago, de Sumar. “No pinta bien la acusación”, afirmó Ione Belarra, de Podemos. “Parece que no está tan claro que haya 'lawfare'”, dijo Àgueda Micó, de Compromís.

El martes, algunos se dejaron llevar por comentarios en redes sociales y el programa 'Mañaneros' de TVE que denunciaban que todos los problemas judiciales de Zapatero provenían de una querella del grupo ultra Manos Limpias. Era falso. La denuncia original es de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación policial es de la UDEF y la decisión de imputarle es del juez. Con los datos recabados en la instrucción, al expresidente solo le podían llamar a declarar como imputado.

la acusación de Calama solo sirve para justificar la imputación de Zapatero, lo que no es poco. Incluye toda una serie de indicios sospechosos, no un relato de hechos totalmente confirmados. Supone el inicio de una investigación que sigue estando declarada secreta, una condición que no se puede prolongar ya durante mucho tiempo.

Sobre la participación expresa de Zapatero en posibles delitos, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, tiene dudas: “Concertar una reunión o recordarle a alguien que debe tomar una decisión sobre algo no es tráfico de influencias, ni siquiera aunque se cobre por ello. Así pues, el juez debe demostrar, para sostener la eventual acusación, que efectivamente presionó a alguna institución para que se concedieran las ayudas a la aerolínea”.

No es un procesamiento ni una sentencia, aunque así apareció el miércoles en los titulares de portada de ABC y El Mundo. “Zapatero lideró una trama criminal”, tituló ABC. “Cazado el comisionista internacional Zapatero”, fue la opción de El Mundo. Miguel Tellado enseñó esas portadas y otras en el hemiciclo. Para algunos, el caso ya está cerrado y toca llamar a los carpinteros para que levanten el patíbulo.

El PP llevaba muchos meses señalando a Zapatero como responsable de una red corrupta con más insinuaciones que pruebas. En el Senado, lo hicieron en marzo con tanta alegría que el presidente de la comisión de investigación le recordó que se tomaban esas libertades, porque “las acusaciones no son lo mismo que en un tribunal”. Sin duda, la acusación del juez colma sus expectativas.

En la izquierda, se respira un clima distinto. Partiendo de las etapas del duelo de Kübler-Ross (negación, ira, negociación, depresión y aceptación), se podría decir que sus votantes han llegado a la fase de depresión y temen que en cualquier momento deban asumir la de aceptación. O podrían estar en un punto intermedio entre las dos últimas en la etapa que podríamos llamar la fase de “esto es una mierda”, según la ha etiquetado Rufián.

A los socialistas les toca contener la respiración hasta el 2 de junio cuando Zapatero preste declaración por primera vez ante el juez. Estos diez días se les van a hacer muy largos. Otra noticia como esta y tendrán que olvidarse del duelo y pedir cita para que les atiendan por el síndrome de estrés postraumático.

Corrección: se ha eliminado la suma de las aportaciones realizadas a Zapatero y sus hijas por Análisis Relevante, Thinking Heads y Gate Center, porque solo las actividades de la primera empresa están directamente relacionadas con los hechos descritos en la acusación. Thinking Heads se dedica a organizar conferencias de expresidentes y ex jefes de gobierno por todo el mundo. Se desconoce por qué el juez reúne todas esas cantidades de las tres compañías en un solo párrafo.

Un juez de la Audiencia Nacional de España ha imputado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero al considerarlo el presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que obraba como intermediario “ante instancias públicas en favor de terceros”, y le atribuye el haber cobrado supuestas comisiones de hasta medio millón de euros.

Así lo expone en su resolución el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, responsable de la instrucción del caso por la que este martes se imputó al expresidente del Gobierno (2004-2011) por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

Rodríguez Zapatero fue citado a declarar ante el juez el próximo 2 de junio en este caso, que se reabrió al descubrir la fiscalía anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios de Venezuela.

¿Qué dice el auto sobre esta supuesta red?

En un auto de 85 páginas, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.

 Según el magistrado, esta presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

Así, señala a varias personas del entorno del expresidente y a su secretaria como posibles intermediarios directos que hacían de interlocutores con los clientes de la red y que recibían órdenes directas de Zapatero.

El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería Zapatero, así como la sociedad Whathefav, cuyas administradoras y socias son sus hijas.

Así, todo según este auto de imputación, la consultora del empresario Julio Martínez, Análisis Relevante, habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno del expresidente del Gobierno.

El juez también aprecia indicios de un posible delito de blanqueo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.

El rescate de Plus Ultra

El juez destaca que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.

Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos -imputado por otro caso de corrupción- y otra a través de Zapatero.

Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos.

El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero.

EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama firmó este lunes un auto en el que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La resolución, que supone la primera imputación de un presidente del Gobierno en democracia, forma parte de una investigación que el magistrado mantenía bajo secreto y que se remonta al año 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate a la aerolínea Plus Ultra hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela.

Esas Órdenes Europeas de Investigación remitidas por las autoridades de ambos países acabaron derivando en la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 que se dirigió contra seis personas, entre las que no estaba el expresidente. La querella apuntaba que Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. 

La Fiscalía sostenía en esa querella que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear dinero “ilícito” procedente de actos de malversación “de muy alta cuantía” cometidos por funcionarios en Venezuela. La querella citaba fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. Esos contratos daban “cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública, según la querella. 

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos) y un abogado español. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó en 2021. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia. 

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. 

Las conversaciones que sustentan la imputación

El caso salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando ese juzgado ordenó detener al presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, empresario que estuvo contratado por la aerolínea como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. En los registros de sus empresas y domicilios se incautaron las conversaciones que sustentan ahora la imputación de Zapatero. 

Al trascender los hechos, Manos Limpias presentó en diciembre una nueva querella en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid contra Zapatero y Plus Ultra que se basaba en recortes de prensa y varias acusaciones sin pruebas lanzadas por Víctor de Aldama, el empresario imputado en el caso Koldo. La jueza Esperanza Collazos llegó a admitir esa querella, según fuentes del pseudosindicato ultra, si bien la iniciativa de la causa la siguió llevando Anticorrupción. 

El pasado 27 de febrero, esa magistrada se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que ahora sí aceptó la competencia para instruir la causa y mantuvo el secreto de las actuaciones hasta este martes. El levantamiento de esa reserva arrojará luz en los próximos días sobre el papel de Zapatero, al que el juez José Luis Calama califica de “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada a raíz del rescate de Plus Ultra.

Pedro Sánchez cierra filas con José Luis Rodríguez Zapatero. Un día después de recibir el golpe de su imputación, el presidente del Gobierno se enfrentó a las acusaciones de la oposición en la sesión de control del Congreso. Y dejó claro que los detalles de la investigación, por ahora, no le hacen dudar de su respaldo. “Toda colaboración con la justicia, todo respeto a la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero, señorías”, sostuvo el presidente.

Sánchez reivindicó el legado de un hombre que pertenece a su círculo de confianza más estrecho y que supone uno de sus principales apoyos. Y al que el juez Calama sitúa ahora al frente de un entramado criminal. “Nos sacó de una guerra ilegal, amplió derechos y libertades y acabó con ETA. Lecciones de quienes tantas vergüenzas tienen que ocultar, ninguna”, le apuntó al PP.

En su turno de pregunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo hincapié en los problemas judiciales que rodean al Gobierno y que escalaron con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. “Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel”, recordó a Sánchez. “Defendieron a Santos Cerdán” y “volverá a prisión”, añadió. “¿Cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero?”, le preguntó.

“Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir”, apuntó Feijóo. “Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán ni su entorno. Nadie. Es la clave de todo”, aseguró Feijóo, quien no dio ninguna pista durante la sesión de control sobre si piensa o no activar una moción de censura contra Sánchez. “No llegó para limpiar”, le reprochó, “si no para saquear”, agregó.

“El que pueda robar, que roba (sic), ese es el lema”, dijo, parafraseando aquel “el que pueda hacer, que haga” de José María Aznar. “España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de cambiarlo”, concluyó.

Según fuentes de Moncloa, el presidente y su equipo dedicaron la tarde del martes a analizar en profundidad el auto del juez Calama. Y la conclusión, según esas mismas fuentes, en que no hay argumentos suficientes en ese escrito del juez para concluir que Zapatero delinquió. “Es un auto serio. Lo hemos analizado con detalle y estamos muy tranquilos después de leerlo”, aseguran en el Gobierno, donde sostienen que ese auto no aporta pruebas de que Zapatero incurriera en un delito de tráfico de influencias ni tampoco de que tenga vinculación societaria con el entramado empresarial a la que se investiga por blanqueo de capitales.

“Lo que quede por aclarar, estamos convencidos de que el expresidente lo aclarará. Todo lo que se expone en el auto lo vemos legal al cien por cien”, insisten esas fuentes, que aún así admiten que el mazazo político es innegable y aún de consecuencias imprevisibles. Porque Zapatero es, en primer término, el legado socialista que con más orgullo se enarbola en el partido. Idolatrado por las bases, estrella de las campañas electorales y con mucho tirón también entre los votantes progresistas en general, de su paso por Moncloa reivindica el PSOE la aprobación del matrimonio igualitario o el final de la banda terrorista ETA. Hitos históricos que lo convierten en una figura fundamental en los casi 140 años de vida del Partido Socialista. Y hoy es, además, una de las personas de mayor confianza personal y política para Pedro Sánchez, al que ha defendido contra y viento y marea hasta convertirse en uno de sus mayores activos.

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió este martes en el primer expresidente del gobierno español imputado, en el marco de un caso de tráfico de influencias relacionado con la aerolínea Plus Ultra, en el que un juez ha cifrado hoy en unos dos millones de euros los presuntos beneficios que habrían recibido él y su entorno.

En el auto de imputación, el juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama apunta a la “existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)”, cuyo objetivo es “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

El caso trata de una posible influencia dirigida a que se aprobase la ayuda pública de 53 millones de euros para rescatar a la aerolínea española, en la que supuestamente empresas e individuos cobraron comisiones ilegales.

Este caso fue archivado pero ha sido reabierto al descubrir en 2024 la fiscalía anticorrupción que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios de Venezuela.

Casi dos millones en ganancias

Zapatero, miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Gobierno de 2004 a 2011, ha sido imputado por tres delitos -organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental- y el juez cuantifica los beneficios en 1,9 millones de euros, repartidos entre diferentes empresas.

Explica, por ejemplo, que Análisis Relevante -propiedad del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y cliente de Plus Ultra- “habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav”, la empresa de sus hijas.

Asimismo “el Gate Center (un 'think tank') habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav”, y las “sociedades del grupo Thinking Heads (de relaciones públicas) habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav”.

Todo ello mediante una presunta “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.

El juez también aprecia indicios de un posible delito de blanqueo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia.

Zapatero dijo que “jamás” hizo gestiones

El expresidente aseguró tras su imputación que “jamás” hizo gestiones ante ninguna “administración pública ni sector público en relación con el rescate” de la aerolínea Plus Ultra.

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, garantizó en un vídeo remitido a los medios después de recibir este martes una notificación de la Audiencia Nacional española citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

El político español expresó su disposición “por supuesto” a colaborar con la justicia, pero reiteró que “jamás” ha tenido ninguna sociedad mercantil, “ni en España ni fuera de España”, ni directamente ni a través de terceros, ni ha participado en ninguna operación de ese tipo.

Apoyo del Gobierno

El Gobierno y su presidente actual, Pedro Sánchez, salieron a defender el “buen nombre” de Zapatero y se mostraron tranquilos y con confianza en la justicia, mientras que la oposición pidió la comparecencia urgente de Sánchez.

En un mensaje dirigido a los miembros de la Ejecutiva del PSOE, al que tuvo acceso EFE, Sánchez reconoció que son “momentos duros” para el partido y que “con todo, hoy más que nunca” los socialistas deben reafirmarse en su tarea “de seguir luchando por hacer avanzar” el país, pero a la vez salir a defender el “buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista”.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, confió en que se “haga justicia” y recordó que la investigación a Plus Ultra comenzó con una denuncia de una organización “ultra, Manos Limpias”

Desde la oposición del Partido Popular (derecha) ven la imputación de “extrema gravedad” por lo que ha exigido la comparecencia urgente para que dé explicaciones de Sánchez, a quien este caso le llega en un momento en el que otros exmiembros de su gabinete y personas cercanas también han sido imputadas en casos de corrupción.

EFE

El Ministerio de Sanidad detectó un posible caso de hantavirus en España. Se trata de una persona del vuelo en el que intentó viajar a Ámsterdam la pasajera del crucero Hondius que finalmente falleció en Johannesburgo. “Es muy poco probable” que haya sido infectada, señaló el secretario de Estado Javier Padilla, pero se encuentra aislada tras haber presentado síntomas compatibles y está siento trasladada de su domicilio familiar en Alicante al hospital.

Según explicó Padilla, el pasado 25 de abril, se hizo un intento de que una de las personas con hantavirus que había sido trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo volara en un avión comercial hasta Ámsterdam. Una vez embarcada, su situación clínica comenzó a empeorar, por lo que fue sacada del avión. “La paciente falleció ese mismo día en el servicio de urgencias del Hospital de Johannesburgo”. El primer caso confirmado por PCR no se notificó hasta el 2 de mayo.

“A partir de ese momento se activaron los protocolos que se siguen habitualmente a nivel internacional para el rastreo de contactos de esa compañía aérea, identificando a las personas situadas en las filas colindantes de esta persona. A través del Sistema Europeo de Alerta Temprana y Respuesta Rápida, el Early Warning and Response System, España ha tenido conocimiento de que dos de esas personas tenían como destino final nuesto país en ese viaje”, expresó Padilla.

Tras contactar con una de estas personas, esta habría referido “síntomas compatibles, relacionados con tos y malestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante”. “De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y, en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital”, explicó.

Esta persona estará aislada en el hospital, “con todas las precauciones que sean necesarias”, dijo Padilla, donde se le tomará una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología. “Esperamos tener los resultados en las primeras 24 horas”, explicó. Si estos son negativos, pero sigue con síntomas, la prueba se repetiría en las siguientes 24 horas. Si vuelve a ser negativa y continuase con síntomas, se volvería a repetir a las 48 horas, salvo que “hubiera otro cuadro compatible que pudiera darnos el diagnóstico”.

Si la PCR es negativa y ya no presenta síntomas, se consideraría un contacto estrecho y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla. “Va a imperar el criterio clínico conjuntamente con las pruebas de laboratorio, para determinar, si siguen siendo negativas, en qué momento esta paciente deja de ser un caso sospechoso para pasar a ser un contacto”, explicó.

Un positivo “bastante improbable”

El otro escenario, que Sanidad considera “bastante improbable”, es que el test dé positivo. En ese caso, “esta persona iría directamente a una de las habitaciones de la red UATAN”. “Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve, porque esa persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave”, expresó Padilla.

En cualquier caso, según indicó Sanidad, los equipos de salud pública de la Comunitat Valenciana estarían ya poniendose en contacto con los contactos de esta persona.

Entre las personas que viajaban en aquel vuelo a Ámsterdam, Sanidad tuvo conocimiento de otra ciudadana de procedencia sudafricana con destino a España. “Viajó a Barcelona, donde estuvo una semana, y se encuentra en Johanesburgo en estos momentos”, indicaron fuentes de Sanidad.

“La mujer, de nacionalidad sudafricana, se encuentra actualmente asintomática, en Sudáfrica, tras haber permanecido durante una semana en Barcelona antes de regresar a su país. Según la investigación epidemiológica realizada, durante su estancia se alojó sola en un hotel y no mantuvo contactos estrechos”, indicaron fuentes de Sanidad.

Desde el Govern catalán trasladan que la estancia de la mujer en Barcelona “corresponde al periodo de incubación no infeccioso”, por lo que “no hay evidencias de transmisión comunitaria ni ningún elemento que indique un riesgo para la población catalana”. “Desde que se tuvo conocimiento de esta situación, los protocolos de vigilancia epidemiológica se han activado de forma preventiva y coordinada. Los profesionales de Salud Pública están realizando el seguimiento correspondiente de la situación y de los posibles contactos, de acuerdo con los criterios establecidos por los organismos internacionales de salud”, indicaron estas fuentes.

Ninguna persona bajará del crucero MV Hondius cuando llegue a Canarias el domingo a mediodía hasta que no haya un avión preparado para recogerlo y no tendrán contacto alguno con la población local. El plan del Gobierno con el barco –en el que fallecieron tres personas por hantavirus y otras cinco presentaron síntomas (solo permanece a bordo un cadáver)– pasa porque los pasajeros estén el mínimo tiempo posible en España y, específicamente, en tierras del archipiélago, explicaron este jueves la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, en una rueda de prensa.

El dispositivo que se pondrá en marcha a partir del próximo domingo implica a 23 países y estará coordinado por la Comisión Europea –que tiene activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (MPCU)– y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay contactos además con el resto de países de fuera de la UE y colaboración con EE.UU., Canadá y Reino Unido. Cada hora hay una reunión de seguimiento con organismos internacionales y administraciones implicadas. Todo para contener el virus y evitar que el brote del crucero de Oceanwide derive en una expansión internacional del hantavirus.

Los responsables explicaron que el protocolo previsto es que, según llegue el barco, los expertos de Sanidad Exterior subirán para evaluar a los pasajeros. Si permanecen asintomáticos, empezará la segunda parte de la operación: el traslado de todos los pasajeros, también los 14 españoles, al aeropuerto para que vuelen a sus países de origen. Pero, remarcó Barcones, “no van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar”.

“El proceso va a ser rápido y ágil”, explicó Barcones. Para eso, desgranado, serán trasladados a tierra y “automáticamente, por ruta terrestre, [harán] un trayecto de aproximadamente 10 minutos con medios que la naviera pone a disposición, supervisados y custodiados en todo momento por el Gobierno de España”, donde subirán a los respectivos aviones.

En el caso de los 14 ciudadanos españoles, irán directos al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde está previsto que pasen una cuarentena de tiempo indeterminado por el momento. Para esa cuarentena se les pedirá una autorización, pero podrán ser obligados si la situación lo requiere.

La ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, faculta en su artículo tercero a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere “necesarias” en caso de “riesgo de carácter transmisible”. La ley General de Sanidad, de 2011, también incluye una redacción genérica que da cobertura para que la autoridad sanitaria adopte las “medidas preventivas” que se consideren “sanitariamente justificadas” en caso de que “exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

Con el resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, las situaciones son dispares. Para los ciudadanos de nueve países de la UE y tres que participan en el mecanismo europeo habrá traslados organizados por la UE. Las personas de los 11 que ni son de la UE ni tienen ningún tipo de acuerdo están pendientes de que sus Gobiernos decidan enviar un avión o no para recogerlos. EE.UU. y Gran Bretaña han mostrado su disposición a hacerlo; del resto, si no llegan aeronaves, se hará cargo Países Bajos como país responsable del MV Hondius.

¿Y si hay sintomáticos?

En el caso de que algún pasajero desarrolle síntomas estos días antes de llegar a España, el protocolo no contempla una respuesta automática, explicaron los expertos. Dependerá del estado en el que se encuentren se actuará de una u otra manera. Si tienen síntomas leves y pueden continuar el viaje, así lo harán. Si requieren hospitalización y aislamiento, el Ministerio de Sanidad ya ha contactado con los centros especializados, informó Gullón.

Los responsables explicaron que el aislamiento de los pasajeros respecto a la población local será absoluto. “Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil”, subrayó Barcones: “Van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir”.

“Lo digo para que la población de Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto”, remarcó la secretaria general de Protección Civil. El director general Gullón había mandado un mensaje tranquilizador poco antes: “En términos de los riesgos en la población y de salud pública, el riesgo es muy bajo”, explicó. Tan es así que “no se requerirá de situaciones especialmente medicalizadas ni extremas en relación a los mecanismos de transmisión”.

Por último, Barcones y Gullón explicó que “el barco tiene que llegar a su lugar de origen”, que son los Países Bajos, pero que por el momento no está decidido cómo se va a realizar la desinfección del mismo. “Estamos ultimando con el Gobierno de Canarias y con todas las autoridades cómo realizamos esa desinfección, incluso si se hace dentro de España o si continúa hasta el lugar de origen”, explicó Gullón, “pero no se puede quedar sin tripulación, con lo cual las cosas irán en diferentes tiempos. Pero no puedo dar una respuesta definitiva a exactamente dónde se va a realizar la desinfección”, admitió.

La llegada del barco a las Islas Canarias enfrentó a los Gobiernos central y canario, que se oponía a su llegada. El presidente canario, Fernando Clavijo, aceptó la situación tras reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García, y asumir que la decisión corresponde a Moncloa y que no puede hacer nada al respecto.

Sí arrancó al Ministerio el compromiso de que el barco fondee en vez de amarrarse en puerto, una maniobra que Gullón minimizó porque, explicó, apenas supone diferencia alguna a nivel sanitario o de riesgo de contagio.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señaló este jueves que “es posible que sean reportados más casos” de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se dirige a Canarias, “dado el periodo de incubación” del virus, de unas seis semanas. En cualquier caso, desde la OMS insistió en que, pese a tratarse de un “incidente serio”, siguen considerando “bajo” el riesgo para la población global.

El barco, de bandera neerlandesa, salió de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril y realizó cuatro paradas en las islas del Atlántico hasta llegar a Cabo Verde el pasado sábado. En ese tiempo, se detectaron ocho casos: tres personas fallecieron, una se encuentra crítica, y mejorando, en Sudáfrica, otros tres fueron evacuados este miércoles a Países Bajos y la octava está en Suiza, donde había viajado tras desembarcar antes de llegar a Cabo Verde.

La llegada del crucero en el que se desató un brote de hantavirus está provocando un choque entre administraciones. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, criticó al presidente del Gobierno por aceptar que el barco llegue a Tenerife, se quejó de falta de información y anunció que hará todo lo posible para que el buque no atraque en sus puertos.

“Los virus mutan, el COVID-19 empezó de una forma y luego los vectores de contagio cambian. Si es difícil que el contagio entre humanos se pueda dar, ¿por qué hay siete contagiados en el mismo barco? Son dudas que yo me hago, que se hacen los profesionales de la sanidad pública canaria y que nadie sabe contestarme”, dijo Clavijo en una entrevista en la cadena Ser.

“Entiendo que eso no puede obedecer a un criterio de decisión política, nosotros no vamos a estar de acuerdo y haremos todo lo posible desde el punto de vista legal para que eso no ocurra”, añadió Clavijo, que puso en cuestión el “cambio de criterio” del Gobierno para recibir el barco. Clavijo insistió en que Cabo Verde –el país frente al que está fondeado el barco– es quien debería ocuparse de la repatriación, y dijo que Canarias no tiene “protocolos” para recibir a los infectados.

Lo cierto es que el desembarco en España se acordó tras una petición formal de la OMS. Sanidad había propuesto que el crucero siguiera hasta Países Bajos una vez que esté libre de infectados, y se ofreció a recibirlo solo si surgían nuevos casos durante la travesía. Pero el presidente de la OMS pidió por carta a Sánchez que permitiera el desembarco en Canarias: “Se debe permitir que los pasajeros y la tripulación del MV Hondius desembarquen tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada de los problemas de salud no relacionados con el hantavirus de los pasajeros”.

En la misiva, el presidente de la OMS no solo alertó sobre la salud de los pasajeros más allá del virus, sino que indicó que Cabo Verde no puede hacerse cargo de la situación, y aludió a varias normativas internacionales y a la solidaridad para que el buque pueda llegar a Canarias. La decisión se tomó en una reunión en la que también participaron representantes de la Unión Europea.

En la tarde de este miércoles ya se evacuó a los casos positivos de hantavirus del barco, que fueron llevados en avión a Países Bajos. Es decir, salvo que aparezcan nuevos casos, el barco llegará a España sin pasajeros infectados y a bordo viajarán dos médicos especialistas.

“Es razonable y justo que se asuma el control del brote”

“Es la decisión correcta. España es, posiblemente, el país más cercano que tiene la capacidad de gestionar esta situación. Es razonable y justo que se asuma el control del brote y se auxilie al buque afectado”, señaló Mar Faraco, expresidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) y jefa de Servicio de Sanidad Exterior en Huelva.

Faraco y el resto de científicos y expertos consultados por el SMC coincidieron en que se trata de una decisión lógica, obligada por las normas internacionales y sin riesgos para nuestro país.

En esa línea se expresó también Marcos López Hoyos, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL): “Es una decisión correcta y lógica. La transmisión del hantavirus, desde los roedores y a través de contacto estrecho y vía respiratoria entre humanos, se puede controlar perfectamente al encontrarse confinado en el barco y con la preparación técnica de nuestro país, a diferencia de Cabo Verde. Los pasajeros y tripulación del barco tienen todo el derecho a ser tratados y controlados de la forma adecuada”.

España cuenta con los medios y coordinación necesaria para afrontar esta situación

Adrián Hugo Aginagalde — Portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria

“Ningún país que reciba una solicitud de ayuda puede rechazarla, salvo por falta de medios. España dispone de una Red de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) y de una Red de Vigilancia en Salud Pública para la monitorización de los posibles contactos”, afirmó Adrián Hugo Aginagalde, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria (SEMPSPGS).

En la rueda de prensa de este miércoles, los ministros de Sanidad y de Interior explicaron que es la propia OMS quien decide el puerto al que debe ir el barco. El barco MV Hondius llegará al puerto secundario de Granadilla de Abona, en Canarias —y a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife—. Desde ahí se garantizará “una repatriación de todos los pasajeros y tripulantes en una situación de mayor seguridad”.

“En base a lo que se sabe, la experiencia con situaciones previas y simulacros realizados, este escenario seguiría siendo un nivel muy bajo de riesgo (el más bajo de los cuatro niveles) para la población española. Eso sí, dentro del crucero no puede descartarse que algún contacto inicie síntomas en estos días y necesite evacuación”, explicó Aginagalde.

El epidemiólogo Amós García Rojas apeló a “razones científicas y de humanidad”. En una entrevista con EFE, afirmó que la posibilidad de contagios es “bajísima”: “Es preciso recordar que hay enfermos en ese barco que posiblemente requieren atención hospitalaria y hay que dársela”. “Hay que pensar también en la situación de tensión que están viviendo esas personas, las enfermas y las sanas”, añadió.

“España cuenta con los medios y la coordinación necesaria para afrontar esta situación. Se hacen simulacros periódicos sobre emergencias sanitarias en puertos designados, el último, hace pocas semanas en el puerto de Palma, y disponemos de una red de hospitales con Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel si fuera necesario atender a los casos”, detalló María João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.

Esas Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) salieron a relucir durante la rueda de este miércoles. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que según el plan previsto por el Gobierno, los 14 ciudadanos españoles serán “evaluados y examinados cuando lleguen a Canarias y trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y, de ahí, al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán en cuarentena el tiempo necesario que establezcan los protocolos”.

Este centro cuenta con ocho unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN), de las que hay otras 16 camas disponibles si fuera necesario. Una de ellas se encuentra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que estará disponible en un plazo de 48 horas, antes de que llegue el barco.

La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública

Salvador Peiró — Epidemiólogo

Antoni Trilla, consultor del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic, coincidió: “No hay riesgo para la población general. Si el buque atraca en Canarias, las autoridades sanitarias y los servicios de salud pública pueden realizar una nueva evaluación del estado de salud de todos los pasajeros y tripulación y decidir quiénes deben recibir atención médica”.

“La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública, asistencial y de cooperación internacional. No estamos ante un patógeno con capacidad de diseminación comunitaria y los servicios sanitarios y de salud pública de España están muy capacitados para controlar esta situación”, insistió Salvador Peiró, epidemiólogo.

La izquierda global se espolea como reacción a los designios del trumpismo y bajo la bandera del 'no a la guerra' que enarbola España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este sábado en Barcelona durante la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation' a pasar página de una ola reaccionaria que, dijo, llega a su fin. “Que no os engañen. Los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba”.

“Su ortodoxia neoliberal, ineficiente y cruel, murió en 2008, con la Gran Crisis Financiera. Y su visión del orden internacional está siendo desmantelada por los aranceles y las guerras ilegales”, clamó ante el auditorio de la Fira de Barcelona, repleto con 6.500 asistentes que han ovacionado sus mensajes dirigidos a la “internacional ultra”.

“La derecha ya no lidera, languidece. No importa cuánto griten. Ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto ni soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que nos han traído cuatro cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo”.

Por eso, Pedro Sánchez se aventuró a decretar el fin de la era del populismo ultra y sus recetas. “El tiempo de la internacional ultraderechista y de la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin. Y vamos a traer una nueva era de progreso. Vamos a reconstruir lo que han tratado de destruir. Vamos a demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor. Que aún quedan nuevas cotas de bienestar y desarrollo por conquistar”.

El presidente español apeló al “orgullo” de la tradición política progresista ante el intento de estigmatización y humillación de las derechas. “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. Termina hoy, porque hoy la vergüenza cambia de bando. Y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, ¡que se avergüencen ellos! Los que callan ante la injusticia, los que explotan a los trabajadores, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que apoyan la guerra y la violencia poniéndose de frente o de perfil, como unos cobardes”.

“La vergüenza, para ellos”, siguió. “Para nosotros, a partir de hoy, el orgullo de ser pacifistas, ecologistas, sindicalistas y feministas. El orgullo de ser de izquierdas y socialdemócratas. El orgullo por estar en el lado correcto de la historia. Por defender el derecho internacional y la paz. Y por gritar una y mil veces 'sí a la paz y no a la guerra'”.

Como cierre a un fin de semana repleto de cumbres internacionales que se acabaron por convertir en una especie de baño de masas en torno a la política exterior española, Sánchez pidió a sus colegas progresistas de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica o Uruguay levantar la mirada y el ánimo para no abandonar el ímpetu de cambiar las cosas.

“Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos con el 'status quo'. Pero no lo vamos a hacer. No vamos a comprar su pesimismo. Ni su desesperanza. Vamos a defender que un mundo mejor es posible. Que se pueden subir salarios y crear empleo a la vez. Que se puede frenar la emergencia climática y ganar competitividad. Que la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres son palancas de progreso social. Que la prosperidad de las naciones o es compartida o no será”.

“Y lo vamos a hacer doblándoles el brazo a quienes se creen intocables”, ha enfatizado para erigirse en la antítesis internacional de Donald Trump. “A los multimillonarios que explotan a la gente y cuya codicia no tiene límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente. A los tecno-oligarcas que quieren llenarse el bolsillo a costa de la salud de nuestras democracias y la salud mental de nuestros jóvenes. Vamos a hacerlo, porque cuando gobernamos los progresistas, los Estados no se arrodillan ante las élites, las ponen en su sitio”.

Pedro Sánchez clausuró de esta forma el encuentro del progresismo global tras una segunda jornada en Barcelona en la que se dieron cita cerca de una veintena de líderes mundiales, entre jefes de Estado y de gobierno, como la presidenta mexicana, el presidente colombiano, el sudafricano y los vicepresidentes alemán, británico o austriaco.

Axel Kicillof profundizó su posicionamiento internacional y endureció sus críticas al gobierno de Javier Milei durante su reciente gira por España, en un contexto global que, según planteó, atraviesa una creciente inestabilidad. El mandatario bonaerense combinó una agenda institucional con definiciones políticas de alto voltaje, tanto en Europa como tras su encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El eje central de su mensaje, luego de haber participado de la Reunión para la Defensa de la Democracia, quedó plasmado en sus redes sociales luego de la reunión con el líder brasileño, donde destacó su figura en contraposición al avance de sectores de ultraderecha. “En estos tiempos de inestabilidad mundial y mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, Lula nos enorgullece con su ejemplo de dignidad, paz y justicia social”, expresó Kicillof en X, subrayando además la necesidad de fortalecer la unidad regional.

En ese mismo mensaje, el gobernador agradeció el encuentro y remarcó la importancia de sostener una agenda común en América Latina. “Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza de una Latinoamérica unida en favor de los intereses del pueblo”, escribió, en una señal clara de alineamiento político con el mandatario brasileño.

En territorio español, particularmente en Barcelona, Axel Kicillof profundizó sus cuestionamientos al rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Allí, donde mantuvo un encuentro con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que en Argentina “se ve un desplome de la economía, con caída de la demanda y ausencia total del Estado”, marcando un fuerte contraste con los debates que, según describió, se dan actualmente en Europa.

“Mientras acá se discute reducir la jornada laboral y fortalecer el salario mínimo, en Argentina el gobierno de Milei quita derechos y desmantela la industria”, sostuvo durante una entrevista radial. En esa línea, aseguró que crece el escepticismo entre actores económicos respecto del programa oficial: “Ya casi nadie se cree la propaganda de éxito y estabilidad”.

El gobernador también cuestionó la falta de inversiones y el deterioro del consumo interno. Según indicó, empresarios le transmitieron preocupación por el escenario actual: “Ven que la inversión extranjera es negativa y que el consumo se hundió”. Además, apuntó contra la política antiinflacionaria del Ejecutivo nacional: “Cambia de teoría como de campera para acomodarse a cada fracaso”.

En el plano internacional, Axel Kicillof advirtió sobre un supuesto aislamiento de Argentina y cuestionó la orientación diplomática del Gobierno. Reivindicó, en cambio, la necesidad de fortalecer vínculos con referentes como Lula, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Milei nos mete en conflictos ajenos por sus anteojeras ideológicas y eso es una locura que nos pone en peligro”, afirmó.

Con información de redes y agencias

JIB