El Ministerio de Sanidad detectó un posible caso de hantavirus en España. Se trata de una persona del vuelo en el que intentó viajar a Ámsterdam la pasajera del crucero Hondius que finalmente falleció en Johannesburgo. “Es muy poco probable” que haya sido infectada, señaló el secretario de Estado Javier Padilla, pero se encuentra aislada tras haber presentado síntomas compatibles y está siento trasladada de su domicilio familiar en Alicante al hospital.

Según explicó Padilla, el pasado 25 de abril, se hizo un intento de que una de las personas con hantavirus que había sido trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo volara en un avión comercial hasta Ámsterdam. Una vez embarcada, su situación clínica comenzó a empeorar, por lo que fue sacada del avión. “La paciente falleció ese mismo día en el servicio de urgencias del Hospital de Johannesburgo”. El primer caso confirmado por PCR no se notificó hasta el 2 de mayo.

“A partir de ese momento se activaron los protocolos que se siguen habitualmente a nivel internacional para el rastreo de contactos de esa compañía aérea, identificando a las personas situadas en las filas colindantes de esta persona. A través del Sistema Europeo de Alerta Temprana y Respuesta Rápida, el Early Warning and Response System, España ha tenido conocimiento de que dos de esas personas tenían como destino final nuesto país en ese viaje”, expresó Padilla.

Tras contactar con una de estas personas, esta habría referido “síntomas compatibles, relacionados con tos y malestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante”. “De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y, en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital”, explicó.

Esta persona estará aislada en el hospital, “con todas las precauciones que sean necesarias”, dijo Padilla, donde se le tomará una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología. “Esperamos tener los resultados en las primeras 24 horas”, explicó. Si estos son negativos, pero sigue con síntomas, la prueba se repetiría en las siguientes 24 horas. Si vuelve a ser negativa y continuase con síntomas, se volvería a repetir a las 48 horas, salvo que “hubiera otro cuadro compatible que pudiera darnos el diagnóstico”.

Si la PCR es negativa y ya no presenta síntomas, se consideraría un contacto estrecho y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla. “Va a imperar el criterio clínico conjuntamente con las pruebas de laboratorio, para determinar, si siguen siendo negativas, en qué momento esta paciente deja de ser un caso sospechoso para pasar a ser un contacto”, explicó.

Un positivo “bastante improbable”

El otro escenario, que Sanidad considera “bastante improbable”, es que el test dé positivo. En ese caso, “esta persona iría directamente a una de las habitaciones de la red UATAN”. “Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve, porque esa persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave”, expresó Padilla.

En cualquier caso, según indicó Sanidad, los equipos de salud pública de la Comunitat Valenciana estarían ya poniendose en contacto con los contactos de esta persona.

Entre las personas que viajaban en aquel vuelo a Ámsterdam, Sanidad tuvo conocimiento de otra ciudadana de procedencia sudafricana con destino a España. “Viajó a Barcelona, donde estuvo una semana, y se encuentra en Johanesburgo en estos momentos”, indicaron fuentes de Sanidad.

“La mujer, de nacionalidad sudafricana, se encuentra actualmente asintomática, en Sudáfrica, tras haber permanecido durante una semana en Barcelona antes de regresar a su país. Según la investigación epidemiológica realizada, durante su estancia se alojó sola en un hotel y no mantuvo contactos estrechos”, indicaron fuentes de Sanidad.

Desde el Govern catalán trasladan que la estancia de la mujer en Barcelona “corresponde al periodo de incubación no infeccioso”, por lo que “no hay evidencias de transmisión comunitaria ni ningún elemento que indique un riesgo para la población catalana”. “Desde que se tuvo conocimiento de esta situación, los protocolos de vigilancia epidemiológica se han activado de forma preventiva y coordinada. Los profesionales de Salud Pública están realizando el seguimiento correspondiente de la situación y de los posibles contactos, de acuerdo con los criterios establecidos por los organismos internacionales de salud”, indicaron estas fuentes.

Ninguna persona bajará del crucero MV Hondius cuando llegue a Canarias el domingo a mediodía hasta que no haya un avión preparado para recogerlo y no tendrán contacto alguno con la población local. El plan del Gobierno con el barco –en el que fallecieron tres personas por hantavirus y otras cinco presentaron síntomas (solo permanece a bordo un cadáver)– pasa porque los pasajeros estén el mínimo tiempo posible en España y, específicamente, en tierras del archipiélago, explicaron este jueves la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, en una rueda de prensa.

El dispositivo que se pondrá en marcha a partir del próximo domingo implica a 23 países y estará coordinado por la Comisión Europea –que tiene activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (MPCU)– y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay contactos además con el resto de países de fuera de la UE y colaboración con EE.UU., Canadá y Reino Unido. Cada hora hay una reunión de seguimiento con organismos internacionales y administraciones implicadas. Todo para contener el virus y evitar que el brote del crucero de Oceanwide derive en una expansión internacional del hantavirus.

Los responsables explicaron que el protocolo previsto es que, según llegue el barco, los expertos de Sanidad Exterior subirán para evaluar a los pasajeros. Si permanecen asintomáticos, empezará la segunda parte de la operación: el traslado de todos los pasajeros, también los 14 españoles, al aeropuerto para que vuelen a sus países de origen. Pero, remarcó Barcones, “no van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar”.

“El proceso va a ser rápido y ágil”, explicó Barcones. Para eso, desgranado, serán trasladados a tierra y “automáticamente, por ruta terrestre, [harán] un trayecto de aproximadamente 10 minutos con medios que la naviera pone a disposición, supervisados y custodiados en todo momento por el Gobierno de España”, donde subirán a los respectivos aviones.

En el caso de los 14 ciudadanos españoles, irán directos al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde está previsto que pasen una cuarentena de tiempo indeterminado por el momento. Para esa cuarentena se les pedirá una autorización, pero podrán ser obligados si la situación lo requiere.

La ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, faculta en su artículo tercero a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere “necesarias” en caso de “riesgo de carácter transmisible”. La ley General de Sanidad, de 2011, también incluye una redacción genérica que da cobertura para que la autoridad sanitaria adopte las “medidas preventivas” que se consideren “sanitariamente justificadas” en caso de que “exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

Con el resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, las situaciones son dispares. Para los ciudadanos de nueve países de la UE y tres que participan en el mecanismo europeo habrá traslados organizados por la UE. Las personas de los 11 que ni son de la UE ni tienen ningún tipo de acuerdo están pendientes de que sus Gobiernos decidan enviar un avión o no para recogerlos. EE.UU. y Gran Bretaña han mostrado su disposición a hacerlo; del resto, si no llegan aeronaves, se hará cargo Países Bajos como país responsable del MV Hondius.

¿Y si hay sintomáticos?

En el caso de que algún pasajero desarrolle síntomas estos días antes de llegar a España, el protocolo no contempla una respuesta automática, explicaron los expertos. Dependerá del estado en el que se encuentren se actuará de una u otra manera. Si tienen síntomas leves y pueden continuar el viaje, así lo harán. Si requieren hospitalización y aislamiento, el Ministerio de Sanidad ya ha contactado con los centros especializados, informó Gullón.

Los responsables explicaron que el aislamiento de los pasajeros respecto a la población local será absoluto. “Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil”, subrayó Barcones: “Van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir”.

“Lo digo para que la población de Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto”, remarcó la secretaria general de Protección Civil. El director general Gullón había mandado un mensaje tranquilizador poco antes: “En términos de los riesgos en la población y de salud pública, el riesgo es muy bajo”, explicó. Tan es así que “no se requerirá de situaciones especialmente medicalizadas ni extremas en relación a los mecanismos de transmisión”.

Por último, Barcones y Gullón explicó que “el barco tiene que llegar a su lugar de origen”, que son los Países Bajos, pero que por el momento no está decidido cómo se va a realizar la desinfección del mismo. “Estamos ultimando con el Gobierno de Canarias y con todas las autoridades cómo realizamos esa desinfección, incluso si se hace dentro de España o si continúa hasta el lugar de origen”, explicó Gullón, “pero no se puede quedar sin tripulación, con lo cual las cosas irán en diferentes tiempos. Pero no puedo dar una respuesta definitiva a exactamente dónde se va a realizar la desinfección”, admitió.

La llegada del barco a las Islas Canarias enfrentó a los Gobiernos central y canario, que se oponía a su llegada. El presidente canario, Fernando Clavijo, aceptó la situación tras reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García, y asumir que la decisión corresponde a Moncloa y que no puede hacer nada al respecto.

Sí arrancó al Ministerio el compromiso de que el barco fondee en vez de amarrarse en puerto, una maniobra que Gullón minimizó porque, explicó, apenas supone diferencia alguna a nivel sanitario o de riesgo de contagio.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señaló este jueves que “es posible que sean reportados más casos” de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se dirige a Canarias, “dado el periodo de incubación” del virus, de unas seis semanas. En cualquier caso, desde la OMS insistió en que, pese a tratarse de un “incidente serio”, siguen considerando “bajo” el riesgo para la población global.

El barco, de bandera neerlandesa, salió de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril y realizó cuatro paradas en las islas del Atlántico hasta llegar a Cabo Verde el pasado sábado. En ese tiempo, se detectaron ocho casos: tres personas fallecieron, una se encuentra crítica, y mejorando, en Sudáfrica, otros tres fueron evacuados este miércoles a Países Bajos y la octava está en Suiza, donde había viajado tras desembarcar antes de llegar a Cabo Verde.

La llegada del crucero en el que se desató un brote de hantavirus está provocando un choque entre administraciones. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, criticó al presidente del Gobierno por aceptar que el barco llegue a Tenerife, se quejó de falta de información y anunció que hará todo lo posible para que el buque no atraque en sus puertos.

“Los virus mutan, el COVID-19 empezó de una forma y luego los vectores de contagio cambian. Si es difícil que el contagio entre humanos se pueda dar, ¿por qué hay siete contagiados en el mismo barco? Son dudas que yo me hago, que se hacen los profesionales de la sanidad pública canaria y que nadie sabe contestarme”, dijo Clavijo en una entrevista en la cadena Ser.

“Entiendo que eso no puede obedecer a un criterio de decisión política, nosotros no vamos a estar de acuerdo y haremos todo lo posible desde el punto de vista legal para que eso no ocurra”, añadió Clavijo, que puso en cuestión el “cambio de criterio” del Gobierno para recibir el barco. Clavijo insistió en que Cabo Verde –el país frente al que está fondeado el barco– es quien debería ocuparse de la repatriación, y dijo que Canarias no tiene “protocolos” para recibir a los infectados.

Lo cierto es que el desembarco en España se acordó tras una petición formal de la OMS. Sanidad había propuesto que el crucero siguiera hasta Países Bajos una vez que esté libre de infectados, y se ofreció a recibirlo solo si surgían nuevos casos durante la travesía. Pero el presidente de la OMS pidió por carta a Sánchez que permitiera el desembarco en Canarias: “Se debe permitir que los pasajeros y la tripulación del MV Hondius desembarquen tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada de los problemas de salud no relacionados con el hantavirus de los pasajeros”.

En la misiva, el presidente de la OMS no solo alertó sobre la salud de los pasajeros más allá del virus, sino que indicó que Cabo Verde no puede hacerse cargo de la situación, y aludió a varias normativas internacionales y a la solidaridad para que el buque pueda llegar a Canarias. La decisión se tomó en una reunión en la que también participaron representantes de la Unión Europea.

En la tarde de este miércoles ya se evacuó a los casos positivos de hantavirus del barco, que fueron llevados en avión a Países Bajos. Es decir, salvo que aparezcan nuevos casos, el barco llegará a España sin pasajeros infectados y a bordo viajarán dos médicos especialistas.

“Es razonable y justo que se asuma el control del brote”

“Es la decisión correcta. España es, posiblemente, el país más cercano que tiene la capacidad de gestionar esta situación. Es razonable y justo que se asuma el control del brote y se auxilie al buque afectado”, señaló Mar Faraco, expresidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) y jefa de Servicio de Sanidad Exterior en Huelva.

Faraco y el resto de científicos y expertos consultados por el SMC coincidieron en que se trata de una decisión lógica, obligada por las normas internacionales y sin riesgos para nuestro país.

En esa línea se expresó también Marcos López Hoyos, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL): “Es una decisión correcta y lógica. La transmisión del hantavirus, desde los roedores y a través de contacto estrecho y vía respiratoria entre humanos, se puede controlar perfectamente al encontrarse confinado en el barco y con la preparación técnica de nuestro país, a diferencia de Cabo Verde. Los pasajeros y tripulación del barco tienen todo el derecho a ser tratados y controlados de la forma adecuada”.

España cuenta con los medios y coordinación necesaria para afrontar esta situación

Adrián Hugo Aginagalde — Portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria

“Ningún país que reciba una solicitud de ayuda puede rechazarla, salvo por falta de medios. España dispone de una Red de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) y de una Red de Vigilancia en Salud Pública para la monitorización de los posibles contactos”, afirmó Adrián Hugo Aginagalde, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria (SEMPSPGS).

En la rueda de prensa de este miércoles, los ministros de Sanidad y de Interior explicaron que es la propia OMS quien decide el puerto al que debe ir el barco. El barco MV Hondius llegará al puerto secundario de Granadilla de Abona, en Canarias —y a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife—. Desde ahí se garantizará “una repatriación de todos los pasajeros y tripulantes en una situación de mayor seguridad”.

“En base a lo que se sabe, la experiencia con situaciones previas y simulacros realizados, este escenario seguiría siendo un nivel muy bajo de riesgo (el más bajo de los cuatro niveles) para la población española. Eso sí, dentro del crucero no puede descartarse que algún contacto inicie síntomas en estos días y necesite evacuación”, explicó Aginagalde.

El epidemiólogo Amós García Rojas apeló a “razones científicas y de humanidad”. En una entrevista con EFE, afirmó que la posibilidad de contagios es “bajísima”: “Es preciso recordar que hay enfermos en ese barco que posiblemente requieren atención hospitalaria y hay que dársela”. “Hay que pensar también en la situación de tensión que están viviendo esas personas, las enfermas y las sanas”, añadió.

“España cuenta con los medios y la coordinación necesaria para afrontar esta situación. Se hacen simulacros periódicos sobre emergencias sanitarias en puertos designados, el último, hace pocas semanas en el puerto de Palma, y disponemos de una red de hospitales con Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel si fuera necesario atender a los casos”, detalló María João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.

Esas Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) salieron a relucir durante la rueda de este miércoles. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que según el plan previsto por el Gobierno, los 14 ciudadanos españoles serán “evaluados y examinados cuando lleguen a Canarias y trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y, de ahí, al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán en cuarentena el tiempo necesario que establezcan los protocolos”.

Este centro cuenta con ocho unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN), de las que hay otras 16 camas disponibles si fuera necesario. Una de ellas se encuentra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que estará disponible en un plazo de 48 horas, antes de que llegue el barco.

La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública

Salvador Peiró — Epidemiólogo

Antoni Trilla, consultor del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic, coincidió: “No hay riesgo para la población general. Si el buque atraca en Canarias, las autoridades sanitarias y los servicios de salud pública pueden realizar una nueva evaluación del estado de salud de todos los pasajeros y tripulación y decidir quiénes deben recibir atención médica”.

“La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública, asistencial y de cooperación internacional. No estamos ante un patógeno con capacidad de diseminación comunitaria y los servicios sanitarios y de salud pública de España están muy capacitados para controlar esta situación”, insistió Salvador Peiró, epidemiólogo.

La izquierda global se espolea como reacción a los designios del trumpismo y bajo la bandera del 'no a la guerra' que enarbola España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este sábado en Barcelona durante la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation' a pasar página de una ola reaccionaria que, dijo, llega a su fin. “Que no os engañen. Los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba”.

“Su ortodoxia neoliberal, ineficiente y cruel, murió en 2008, con la Gran Crisis Financiera. Y su visión del orden internacional está siendo desmantelada por los aranceles y las guerras ilegales”, clamó ante el auditorio de la Fira de Barcelona, repleto con 6.500 asistentes que han ovacionado sus mensajes dirigidos a la “internacional ultra”.

“La derecha ya no lidera, languidece. No importa cuánto griten. Ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto ni soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que nos han traído cuatro cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo”.

Por eso, Pedro Sánchez se aventuró a decretar el fin de la era del populismo ultra y sus recetas. “El tiempo de la internacional ultraderechista y de la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin. Y vamos a traer una nueva era de progreso. Vamos a reconstruir lo que han tratado de destruir. Vamos a demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor. Que aún quedan nuevas cotas de bienestar y desarrollo por conquistar”.

El presidente español apeló al “orgullo” de la tradición política progresista ante el intento de estigmatización y humillación de las derechas. “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. Termina hoy, porque hoy la vergüenza cambia de bando. Y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, ¡que se avergüencen ellos! Los que callan ante la injusticia, los que explotan a los trabajadores, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que apoyan la guerra y la violencia poniéndose de frente o de perfil, como unos cobardes”.

“La vergüenza, para ellos”, siguió. “Para nosotros, a partir de hoy, el orgullo de ser pacifistas, ecologistas, sindicalistas y feministas. El orgullo de ser de izquierdas y socialdemócratas. El orgullo por estar en el lado correcto de la historia. Por defender el derecho internacional y la paz. Y por gritar una y mil veces 'sí a la paz y no a la guerra'”.

Como cierre a un fin de semana repleto de cumbres internacionales que se acabaron por convertir en una especie de baño de masas en torno a la política exterior española, Sánchez pidió a sus colegas progresistas de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica o Uruguay levantar la mirada y el ánimo para no abandonar el ímpetu de cambiar las cosas.

“Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos con el 'status quo'. Pero no lo vamos a hacer. No vamos a comprar su pesimismo. Ni su desesperanza. Vamos a defender que un mundo mejor es posible. Que se pueden subir salarios y crear empleo a la vez. Que se puede frenar la emergencia climática y ganar competitividad. Que la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres son palancas de progreso social. Que la prosperidad de las naciones o es compartida o no será”.

“Y lo vamos a hacer doblándoles el brazo a quienes se creen intocables”, ha enfatizado para erigirse en la antítesis internacional de Donald Trump. “A los multimillonarios que explotan a la gente y cuya codicia no tiene límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente. A los tecno-oligarcas que quieren llenarse el bolsillo a costa de la salud de nuestras democracias y la salud mental de nuestros jóvenes. Vamos a hacerlo, porque cuando gobernamos los progresistas, los Estados no se arrodillan ante las élites, las ponen en su sitio”.

Pedro Sánchez clausuró de esta forma el encuentro del progresismo global tras una segunda jornada en Barcelona en la que se dieron cita cerca de una veintena de líderes mundiales, entre jefes de Estado y de gobierno, como la presidenta mexicana, el presidente colombiano, el sudafricano y los vicepresidentes alemán, británico o austriaco.

Axel Kicillof profundizó su posicionamiento internacional y endureció sus críticas al gobierno de Javier Milei durante su reciente gira por España, en un contexto global que, según planteó, atraviesa una creciente inestabilidad. El mandatario bonaerense combinó una agenda institucional con definiciones políticas de alto voltaje, tanto en Europa como tras su encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El eje central de su mensaje, luego de haber participado de la Reunión para la Defensa de la Democracia, quedó plasmado en sus redes sociales luego de la reunión con el líder brasileño, donde destacó su figura en contraposición al avance de sectores de ultraderecha. “En estos tiempos de inestabilidad mundial y mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, Lula nos enorgullece con su ejemplo de dignidad, paz y justicia social”, expresó Kicillof en X, subrayando además la necesidad de fortalecer la unidad regional.

En ese mismo mensaje, el gobernador agradeció el encuentro y remarcó la importancia de sostener una agenda común en América Latina. “Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza de una Latinoamérica unida en favor de los intereses del pueblo”, escribió, en una señal clara de alineamiento político con el mandatario brasileño.

En territorio español, particularmente en Barcelona, Axel Kicillof profundizó sus cuestionamientos al rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Allí, donde mantuvo un encuentro con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que en Argentina “se ve un desplome de la economía, con caída de la demanda y ausencia total del Estado”, marcando un fuerte contraste con los debates que, según describió, se dan actualmente en Europa.

“Mientras acá se discute reducir la jornada laboral y fortalecer el salario mínimo, en Argentina el gobierno de Milei quita derechos y desmantela la industria”, sostuvo durante una entrevista radial. En esa línea, aseguró que crece el escepticismo entre actores económicos respecto del programa oficial: “Ya casi nadie se cree la propaganda de éxito y estabilidad”.

El gobernador también cuestionó la falta de inversiones y el deterioro del consumo interno. Según indicó, empresarios le transmitieron preocupación por el escenario actual: “Ven que la inversión extranjera es negativa y que el consumo se hundió”. Además, apuntó contra la política antiinflacionaria del Ejecutivo nacional: “Cambia de teoría como de campera para acomodarse a cada fracaso”.

En el plano internacional, Axel Kicillof advirtió sobre un supuesto aislamiento de Argentina y cuestionó la orientación diplomática del Gobierno. Reivindicó, en cambio, la necesidad de fortalecer vínculos con referentes como Lula, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Milei nos mete en conflictos ajenos por sus anteojeras ideológicas y eso es una locura que nos pone en peligro”, afirmó.

Con información de redes y agencias

JIB

Resignarse a que llegue la extrema derecha y arrase con las democracias no puede ser la única opción a la que estén condenados los progresistas de todo el mundo. Con esta idea como guía, una veintena de mandatarios internacionales encabezados por Pedro Sánchez y Lula Da Silva se dieron cita este fin de semana en Barcelona para poner las bases de una nueva alianza global contra la ola reaccionaria, en un momento en el que la posición del Gobierno español contra las guerras iniciadas por Donald Trump han encontrado eco, sobre todo en América Latina.

Desde Argentina, se sumó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien mantuvo reuniones con el presidente de Brasil y el exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

A lo largo de dos jornadas, en las que se celebraron una cumbre bilateral España-Brasil, una reunión con representantes gubernamentales y un encuentro de organizaciones progresistas de todo el mundo, los líderes mundiales de izquierda y centro-izquierda han reactivado un polo que tiene voluntad de ser una oposición al mundo que dibuja Donald Trump y un contrapeso a lo que Sánchez ha definido en diferentes ocasiones como la “internacional del odio”.

“El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin”, ha defendido Sánchez ante un plenario repleto este sábado. El mandatario español ha asegurado que este evento es el punto de inflexión para una alianza progresista que, a partir de ahora, estará orgullosa de ser “pacifista, ecologista, sindicalista y feminista”.

Por su lado, Lula defendió un mundo basado en reglas y el papel del progresismo en la historia. “El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre desigualdad e inseguridad, creó crisis tras crisis”, criticó Lula, quien reclamó al progresismo coherencia y hacer desde los gobiernos lo que promete antes de las elecciones.

“La extrema derecha ha sabido aprovechar el malestar de la población creando mentiras. Contra las mujeres, contra los negros, contra las personas LGTBIQ+”, criticó el mandatario brasileño, que elogió a Sánchez por “la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EEUU salieran de aquí para bombardear Irán”.

Este sábado, ya ante la veintena de líderes que compartieron mesa en el recinto de la Fira de Barcelona, situado en L'Hospitalet de Llobregat, Sánchez profundizó en su llamamiento a cerrar el paso a los planes de la extrema derecha. “La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, aseguró Sánchez.

Multilateralismo, rechazo al genocidio en Gaza y a la guerra en Irán, legalidad internacional y reforma de los mecanismos de gobernanza mundial como la ONU son algunos de los ejes en los que todos los participantes de las cumbres han coincidido, más allá de los acentos que cada país ha querido ponerle.

Para todos ellos, la consigna se condensa en un llamamiento a la paz en medio de un mundo cada vez más convulso. Lula da Silva ha advertido de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, también Claudia Sheinbaum, que ha impulsado una declaración para evitar una incursión militar en Cuba. El sudafricano Ramaphosa ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas.

Si la primera jornada estuvo protagonizada por el alineamiento político que mostraron Sánchez y Lula, que propusieron a sus respectivos países como “motores” para acercar América y Europa, el segundo reflejó la amplitud del llamamiento de los dos líderes, con la participación de hasta 18 mandatarios de máximo nivel y otros muchos ministros, embajadores y líderes de partidos.

En la Fira estuvieron presentes los presidentes y primeros ministros de México, Colombia, Uruguay, Sudáfrica, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde o Barbados, así como vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana o Botsuana. En las jornadas políticas han estado presentes también algunos de los rostros habituales de oposición a Trump en su propio país, como el Gobernador de Minessota, que ha estado presente, o el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que han enviado un vídeo.

Por parte de los anfitriones acudió la mayor parte de los ministros socialistas del Gobierno, así como el president de la Generalitat Salvador Illa y algunos de sus consellers, y el alcalde de Barcelona.

No pasó inadvertida la presencia de la mexicana Sheinbaum, que con su asistencia certificó el deshielo en las relaciones de su país con España, de la que se había alejado tras la demanda de una disculpa oficial por la colonización. Tras varios años en los que esta petición no se había satisfecho, el rey Felipe VI aprovechó una visita a una exposición sobre México para reconocer que hubo “mucho abuso” en la conquista, palabras que desde el gobierno mexicano se entendieron como “un avance”.

Esperanza contra la “internacional ultraderechista”

Con 6.500 personas movilizadas y decenas de líderes, cargos y caras conocidas presentes, la reunión de Barcelona supone una inyección de optimismo para los movimientos socialdemócratas de izquierdas que iniciaron 2026 atónitos por la violencia desplegada por EEUU en Venezuela o Irán. Uno de los objetivos de las jornadas era dar la vuelta al sentimiento de inevitabilidad que se ha apoderado de buena parte de las bases progresistas tanto en Europa como en Latinoamérica y otros países.

En línea con eso, “esperanza” ha sido una de las palabras que los ponentes han repetido más. Una esperanza que debe servir para que los demócratas dejen de tener miedo al futuro. “Prevaleceremos, la democracia nos pertenece a todos, así dibujamos el futuro en común”, afirmó el sueco Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos. “El futuro no es propiedad de nadie y no será ni de los más fuertes ni de los soberbios”, remarcó el president catalán Salvador Illa.

Junto a esto, los temas económicos han protagonizado también buena parte de las intervenciones de los líderes. Una demanda reiterada es imponer un impuesto especial a los llamados “megaricos”. También una transición energética, que ha sido remarcada como urgente desde posiciones tan a priori alejadas como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Otro de los temas muy comentados es la necesidad de imponer reglas a los gigantes tecnológicos. Unas redes sociales donde la propaganda extremista campa a sus anchas, cuando no directamente controladas por magnates de ideologías ultras, es un campo de batalla sesgado.

No menos problemático es que buena parte de la infraestructura de los estados y las instituciones democráticas recaigan sobre empresas privadas e indiferentes, en el mejor de los casos, a la defensa de la democracia. En Brasil hay, además, preocupación por la arremetida de Trump contra Pix, el sistema de pagos instantáneos que ha independizado de facto a millones de brasileños de las tarjetas de crédito de compañías norteamericanas.

Sánchez consolida su apuesta internacional

Para el presidente del Gobierno estas jornadas suponen un importante espaldarazo y, también, un colofón a la intensa agenda internacional desplegada en los últimos meses, que llega después de su viaje oficial a China.

Sánchez ya llamó la atención del mundo progresista hace un año, cuando fue el único dirigente de la OTAN que se opuso abiertamente a los planes de Trump para aumentar al 5% del PIB la aportación a la alianza militar. Aquellas aguas bajaron y el presidente norteamericano pareció olvidarse de España, pero el líder del PSOE volvió a ser uno de los pocos primeros ministros europeos que, hace un mes, rechazaron de plano los ataques sobre Irán.

Aquella toma de posición de la Moncloa marcó una inflexión, pues fue el desencadenante de varios cambios en las reacciones de otros países europeos. Sánchez había demostrado que decir no a Trump no solo era posible, sino que podía tener rédito político y apoyos internacionales.

En unas jornadas que han reunido a lo más granado del progresismo mundial, Sánchez se ha mostrado dispuesto a reimpulsarse contra la extrema derecha que representa Vox en España, pero también contra la “derecha lacaya”, tal como ha tildado al PP. En este sentido, el anuncio del acuerdo de Gobierno de Extremadura entre PP y Vox anunciado precisamente el jueves, sirvió a Sánchez como ejemplo de contra qué luchan los progresistas reunidos en Barcelona.

“¿Es que no se puede decir que estoy feliz?”, respondió la filósofa María Zambrano a los periodistas después de pisar suelo español, tras más de 45 años de exilio. Aterrizó en 1984 procedente de Ginebra (Suiza). La malagueña volvió a su país con 80 años y físicamente muy debilitada. Las crónicas de la época la describen pálida y cansada. Acababa de someterse a dos operaciones de cataratas. Tras haber vivido en Cuba, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Francia e Italia, con ese viaje ponía fin a un largo exilio, al que le había costado mucho renunciar. 

Al llegar, buscó un instante de soledad a pie de pista, tal y como contó en sus relatos. Con dificultades para andar, se mantuvo sin apoyos y miró a su alrededor, tratando de recuperar una imagen que le conectara con la última escena que vivió en España: un cordero colgado en la espalda de un hombre que esperaba delante de ella en la frontera con Francia. Era 1939. Los dos estaban haciendo cola para que les revisaran la documentación antes de abandonar su país, mientras el bando sublevado avanzaba en los últimos meses de la Guerra Civil.

“Nos miramos el cordero y yo”, escribió más tarde en El saber de la experiencia. “Y el hombre siguió, y se perdió por aquella muchedumbre, por aquella inmensidad que nos esperaba del lado de la libertad”. El aliento y la mirada del animal quedaron grabados durante décadas en su memoria. “Y yo me decía y hasta creo que llegué a decírselo a media voz a algún amigo o a algún enemigo, o a nadie, o al Señor, o a los olivos, que yo no volvería a España sino detrás de aquel cordero”, relató. 

El cordero siguió presente en su vuelta. Para Zambrano, aquella figura se convirtió en un símbolo de la España “inocente” que “estaba siendo sacrificada”. Así lo interpreta Elena Trapanese, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid, que destaca el peso simbólico y literario de esa escena, aunque matiza que se desconoce hasta qué punto el episodio fue real. 

La escritora quiso evitar que su regreso “se instrumentalizase”, insiste Trapanese. Fue una de las últimas exiliadas en volver, lo hizo nueve años después de la muerte del dictador Francisco Franco. De hecho, el periódico El País llegó a afirmar que con su retorno finalizaba el exilio español de 1939. Zambrano afrontó esta situación con “una actitud bastante crítica hacia los primeros años de la Transición”, añade la profesora universitaria.

La filósofa regresó a España con poca salud y cuando el proceso democrático ya estaba en marcha. Otros exiliados volvieron con la esperanza de contribuir activamente a la reconstrucción del país que habían dejado atrás. Después de décadas defendiendo los valores republicanos desde el extranjero, acumulando experiencia política y profesional en sus países de acogida, muchos se sintieron totalmente ignorados por los partidos que pilotaban la Transición. Con la excepción de figuras como Rafael Alberti; Dolores Ibárruri, la Pasionaria; o Josep Tarradellas, la mayoría quedó al margen de las decisiones clave. Su regreso fue celebrado, pero más como un gesto simbólico que como una verdadera reincorporación. Así que acabaron convertidos en nombres de calles, placas conmemorativas o bustos institucionales. “Los exiliados estuvieron condenados a ser en el mejor de los casos piezas de museos”, resume el catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, Jordi Gracia, en su libro A la intemperie, donde analiza la experiencia del retorno. 

A partir de algunos de los testimonios que dejaron por escrito los exiliados, del relato de sus familiares, del recuerdo de los activistas que acudieron a recibirles y del trabajo de los académicos que hoy continúan investigando, elDiario.es recoge en este reportaje el desencanto y el desarraigo que sintieron muchas de aquellas víctimas del franquismo al reencontrarse con una España distinta, más interesada en pasar página que en reconocer y valorar el compromiso de quienes defendieron los valores democráticos y republicanos desde fuera.

Un país ajeno

Sergi Pàmies aterrizó en España por primera vez en 1971. Tenía 11 años y hasta entonces había vivido en París. Para él, como para muchos hijos del exilio, España era un país ajeno, desconocido, que debía convertir en propio. Sus padres, Teresa Pàmies y Gregorio López Raimundo (responsable del PSUC en la clandestinidad) regresaron después de 32 años y se encontraron con “una España tardofranquista”, como recuerda el escritor. “Con muchos síntomas de dictadura pero, hasta que murió Franco, con una tremenda actividad cultural y progresista que probablemente empujó e influyó en que las cosas cambiaran”, añade.

Integrarse en su nueva vida no fue fácil, pero sabía que “no había vuelta atrás”, así que se adaptó “rápidamente a las circunstancias”. Su llegada a Barcelona supuso un primer contacto con la memoria del pasado de sus padres, con aquellos lugares y anécdotas que le habían relatado durante años. También fue el reencuentro de su familia con compañeros de militancia, que se quedaron en España y con los que se reencontraron tras décadas sin verse.

“La capacidad de adaptación es una de las más necesarias para los exiliados cuando se marchan y también para sus hijos cuando, finalmente, llegamos a un país que no es el nuestro pero debemos convertir en propio”, explica Sergi Pàmies, que recuerda que los hijos del exilio vivieron “adoctrinados por el recuerdo permanente” de sus familias.

El caso de Pàmies ilustra cómo algunos exiliados lograron mantener viva su actividad literaria fuera de España y cómo parte de esa producción artística comenzó a circular en el país incluso antes de la muerte del dictador. En 1971, Teresa Pàmies volvió a Catalunya gracias al dinero que obtuvo por ganar el Premio Josep Pla por el libro Testamento en Praga, que escribió junto a su padre, Tomàs Pàmies. En los últimos años de la dictadura, esta militante antifranquista comunista, fue homenajeada con uno de los galardones más importantes de la literatura catalana. 

Como explica Jordi Gracia, no hubo que esperar al tardofranquismo para que los españoles pudiesen leer a sus exiliados: ya en los años 50 se publicaban libros de autores como Jorge Guillén o Luis Cernuda, siempre que fueran textos “neutros” y sin “agresividad política”. Sin embargo, la censura seguía excluyendo a figuras como Rafael Alberti, cuya militancia comunista lo convertía en un autor vetado sin margen para excepciones.

Victoria Kent, la primera española que obtuvo el título de doctora en Derecho y una de las tres mujeres con escaño en el Congreso de los Diputados durante la Segunda República, no solo esperó al fin de la dictadura para volver a visitar España, también a la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977. Su decisión se debió al descontento que le provocó la negativa del Gobierno de Suárez a legalizar en esos comicios la participación de su partido, Acción Republicana Democrática Española (ARDE). Según escribe el periodista Miguel Ángel Villena en su biografía sobre Kent, ARDE representaba la “única opción netamente republicana”. En algunos sectores, esta formación se consideraba más “peligrosa que la mismísima legalización del PCE” por su marcado carácter antimonárquico.

¡Viva el periodismo político!

Nacida en 1971, Cambio16 revolucionó el concepto de revista política en la España de la dictadura. Entre multas y secuestros, fue fundamental para abrir los caminos de la Transición y lograr el objetivo de la democracia. Esta portada de marzo de 1976 saluda el regreso de los exiliados. Hoy sigue adelante en versión digital: www.cambio16.com.

Senador en Cortes o al calabozo de Sol

El republicanismo de ARDE se convirtió en el “principal elemento a obstaculizar por parte de aquellos que diseñaron la operación de tránsito de la dictadura a la monarquía”, explica Jorge de Hoyos, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Este docente universitario explica la disparidad entre el protagonismo que se dio a los comunistas en la reconstrucción de la democracia y el que se dio a los militantes republicanos exiliados y cita como ejemplos a Wenceslao Roces, dirigente histórico del PCE, y a Francisco Giral, “un liberal reformista que provenía de la Institución Libre de Enseñanza”, militante de ARDE y ministro en el último Gobierno de la República en el exilio. Ambos eran profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y, de hecho, coincidieron en el vuelo de vuelta a España, en 1977, pero sus destinos fueron diferentes. Roces entró con “todas las facilidades” y fue senador en las Cortes Constituyentes. Giral fue detenido tras pisar suelo español y retenido en los calabozos de la Puerta del Sol.

Kent mostró su rechazo al veto a ARDE nada más aterrizar. “Yo no vine a votar porque no podía hacerlo, ya que no estaba legalizada mi opción”, explicó a los periodistas en el aeropuerto. Tras 38 años de exilio, pisó de nuevo suelo español con 85. “Fuimos a recibirla con los brazos abiertos”, recuerda la abogada laboralista Francisca Sauquillo, que formó parte de la reducida representación política que acudió al aeropuerto, en contraste con el interés mediático que suscitó la primera visita de Victoria Kent a España desde Nueva York, tras la muerte del dictador. 

“El caso de Kent fue emotivo porque llegó el mismo año en que se produjo la matanza de los abogados de Atocha, en enero de 1977”, explica la letrada, que perdió en ese asesinato a su hermano Javier. Ante la presión de los grupos de extrema derecha durante aquellos meses, el Gobierno de Suárez rodeó de policía el aeropuerto con el fin de que “no pasase nada”. Para Sauquillo, que tenía 34 años, la figura de esta exiliada era la de una “mujer abogada, que había sido directora general de prisiones y que había introducido un cierto humanismo en las cárceles”, algo que considera que, en aquel momento, “era muy difícil”.

Meses antes, Kent ya había avisado de que no regresaría a España hasta que no existiese “una auténtica libertad de opinión y de asociación”. Desde su apartamento en la Quinta Avenida de Manhattan, donde compartía edificio con Jacqueline Kennedy, reconocía que, a su edad, no le quedaba “otra pasión” más que España, pero no iba a otorgarles a los partidos que promovieron la Transición esa imagen a cualquier precio. “No puedo volver y que me suceda como a Salvador de Madariaga o como al pobre de [Claudio] Sánchez Albornoz, a quienes les hacen un buen recibimiento y luego les prohíben las conferencias y homenajes”, avisó. Y no lo hizo, la directora general de Prisiones y diputada en Cortes durante la II República murió en Nueva York a los 95 años, tras haber vuelto solo una segunda vez a su país. 

A pesar de su exilio acomodado, la abogada malagueña mantuvo una militancia activa contra el franquismo. En Nueva York fundó y editó la revista Ibérica, con colaboradores como Enrique Tierno Galván y Ramón J. Sender. Su objetivo era influir en la opinión pública estadounidense, especialmente entre políticos, periodistas y académicos. Con una tirada que, según explica Villena, llegó a distribuir 20.000 ejemplares, a través de esta publicación quiso dar a conocer la falta de derechos y libertades, así como la represión que se vivía en España.

Al igual que muchos exiliados, Kent apenas reconocía su país cuando fue a visitarlo. Ya no conservaba vínculos personales y, en gran medida, España tampoco la recordaba a ella. Aunque fue una mujer pionera durante la República, décadas de franquismo y su exilio en América la habían convertido en una “anciana desconocida para todos aquellos que habían nacido después de la Guerra Civil”, recuerda el autor de su biografía, Miguel Ángel Villena. 

“El Madrid que vio y por el que paseó aquellos días del otoño de 1977 no tenía nada que ver con el que ella había añorado durante tanto tiempo”, contó José María Calviño al periodista. En aquel momento, Calviño era secretario general de ARDE y fue quien acompañó a la abogada y a su pareja, la filántropa Louise Crane, en ese primer recorrido por un país que estaba recuperando la democracia. Aquel reencuentro, como el de otros exiliados, “fue un shock”, según detalló años después el dirigente del partido republicano.

También lo fue para Francisco Ayala, que describió la España que se encontró a su regreso como “un país completamente desconocido”. El impacto abarcaba desde lo más superficial, como el asombro del escritor ante la estatura y el aspecto físico de los españoles –según mencionó en una entrevista en TVE– hasta en lo más profundo: la desconexión emocional con una sociedad que quería pasar página. Una España que apostaba por dejar atrás lo sucedido en el franquismo, la Guerra Civil y la II República. 

Entre los retornados se acentuó un sentimiento de desencanto porque sentían que la España de los ochenta, marcada por la Transición, la Movida e, incluso, el destape, se alejaba del país que habían intentado construir en los años treinta, indica De Hoyos. “La configuración de la democracia fue por otros derroteros que no tenía mucho que ver precisamente con aquella construcción de una sociedad más justa y más igualitaria, que de alguna manera estaba en el horizonte de muchos de aquellos exiliados y también, cómo no, de la Segunda República”, reseña el historiador.

Sergi Pàmies vivió ese choque en su casa. Tras una militancia de décadas en el antifranquismo comunista, sus padres no pudieron prever cómo se acabaría produciendo la Transición. “De algún modo, tras muchas décadas descubrieron que la España que habían imaginado durante el exilio y la clandestinidad solo se parecía, en parte, a la España real”, resume el escritor. 

La falta de reconocimiento al compromiso político de los retornados intensificó su sentimiento de desarraigo. Para el historiador, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Sanz, se encontraron con una España “bastante indiferente hacia su historia, donde no había una memoria del 36”. En ese momento, el país, el Gobierno y la sociedad estaban volcados en “la modernización” y el “olvido”.

Indiferencia hacia su compromiso político

El exilio se abordó sin una política de reconocimiento, de una “forma bastante superficial”. Fue tratado como un símbolo de reconciliación nacional, pero en muchos casos se le arrebató su esencia ideológica. De esta forma, como añade De Hoyos, se vaciaron “de contenido todos aquellos aspectos que habían representado los elementos esenciales de la propia identidad de esos exiliados”.

Ante la falta de reconocimiento y la indiferencia hacia su compromiso político, muchos retornados “se sintieron extranjeros en su propio país”, apunta Sanz. Tras décadas de exilio, se dieron cuentan de “que, en sentido estricto, no podían volver a España; o la España que ellos esperaban encontrar ya no existía”. En sus propios barrios, al volver, habían adquirido una identidad nueva para sus vecinos, que les apodaban como ‘el francés’, ‘el alemán’ o ‘el holandés’. 

Aun así, muchos emprendieron ese retorno para formar parte de “un proceso que nadie sabía cómo iba a terminar”, recuerda Gracia. Aunque se sintieran extraños en su propio país, reconocían en aquella sociedad una “vitalidad” que empujaba hacia el cambio democrático. De repente, de cara a las primeras elecciones tras la dictadura, los partidos políticos comenzaron a tener en cuenta las reivindicaciones de los emigrados y de los retornados. En 1976, el voto exterior se estimó en más de dos millones de personas. 

El interés político por este colectivo quedó patente en la Constitución, que recoge expresamente que el “Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”. Según los cálculos del Instituto Español de la Emigración, “en la etapa 1960-1973 se estima en 900.000 los retornos oficialmente constatados”, a “los que hay que sumar otra cifra similar o ligeramente superior de los no registrados como emigrantes retornados”, explicaba Juan B. Vilar, catedrático de Historia Contemporánea en un artículo académico. 

Desde los primeros gobiernos de la democracia se facilitó el retorno, como marcaba la Carta Magna, pero “no hubo una política de reparación integral a los exiliados”, insiste Sanz, que añade que tras el regreso “hubo algún gesto simbólico institucional”, pero la mayor parte se encontraron “más bien silencio, incomodidad, incluso a veces la sensación de que no eran bien recibidos después de tanto tiempo”. Tras años esperando el reencuentro con su país, se dieron cuenta de que, “en muchos casos”, la “sociedad española no los estaba esperando con los brazos abiertos”. 

Además de la gestión emocional, los retornados tuvieron que hacer frente a diferentes problemas. Por un lado, asumir que volvían a un país donde la Transición se estaba impulsando con elementos de continuidad, legitimando la presencia de figuras del franquismo en la futura vida democrática y, con un sector de la sociedad que seguía viendo a aquellos que huyeron de la dictadura como los “vencidos”. 

Hay ejemplos de exiliados que consiguieron tener un papel protagonista en la Transición y en la reconstrucción democrática de España. Ahí están los casos de los comunistas Alberti, la Pasionaria o Rojas que consiguieron un escaño en las Cortes. También está el ejemplo de Josep Tarradellas, que volvió a Barcelona después de 38 años de exilio, y que ponía fin al franquismo en Catalunya con aquella frase que pasó de inmediato a la historia: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”.  

Sin embargo, a la mayor parte de ellos les esperaba el olvido. Se convirtieron en símbolos, fueron homenajeados, pero todo su bagaje internacional y político no se tuvo en cuenta. La Transición fue pilotada por la “oposición democrática del interior” –como recuerda Sanz–, jóvenes políticos, en muchos casos, que fueron los que ocuparon los cargos institucionales. Todos aquellos que habían sufrido la represión del franquismo desde la Guerra Civil y difundieron en sus países de acogida los valores republicanos se convirtieron, tal y como explica Jordi Gracia en su libro, en lo que son hoy: rótulos de plazas.

El seudosindicato Manos Limpias pidió en su escrito de acusación más de diez años de cárcel para Begoña Gómez por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el documento, registrado este viernes, también solicita que se condene al empresario Juan Carlos Barrabés a dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias.

La organización argumenta que Gómez “se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno” para que el rector de la Universidad Complutense “diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla”. “Se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido [15.000 euros] sino que también detrajo el software desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil”, señala el escrito, que también apunta que “inmediatamente después”, en julio de 2020, emitió “cartas de recomendación a favor de la empresa” de Barrabés.

Esas cartas a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. Un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario, pero Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa.

Manos Limpias también cree que los hechos anteriores podrían constituir un delito de prevaricación del que sería responsable quien nombró a Begoña Gómez para la cátedra universitaria, pero entiende que “tal acusación no es factible en este momento procesal”.

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como acreditadaron diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

Recientemente, Manos Limpias pidió al juez en un escrito que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señalaba, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

“No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste”. La cita, leída este jueves por la cantante Ana Belén en un homenaje celebrado en el Instituto Cervantes en memoria de las víctimas españolas de la dictadura argentina (1976-1983), es de 1995, del poeta Juan Gelman. Forma parte de una carta que escribió a su nieta, Macarena. A su hijo lo mataron cuando su mujer estaba embarazada de siete meses. No sabía si aquel bebé era niño o era niña. Después de muchos años de búsqueda, dos décadas, por fin encontró a su nieta robada.

“Sé que naciste, me lo aseguró el padre Fiorelo Cavali, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto: ¿cuál ha sido tu destino?”, recitó la cantante, con palabras de Gelman, en el acto '307, ¿dónde están?'. “Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera que hubiese sido el hogar al que fuiste a parar te criaran y educaran bien y te quisieran mucho”, prosigue.

“Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos para reconocer en vos a mi hijo y para que me reconozcas a mí, en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él”, escribe Gelman en su carta.

“Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido, todavía menos vos que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón, quién sabe cómo serás si sos mujer?. A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera”. Abril, 12 de abril de 1995, ha concluido Ana Belén.

Con el mensaje de “nunca más impunidad” y la necesidad de mirar hacia atrás “para recoger las victorias del pasado”, el Instituto Cervantes fue escenario de este homenaje a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, organizado por el Gobierno, y que concluyó con el grito de “No a la guerra”.

Durante casi dos horas, se recordó a todas estas personas asesinadas con testimonios de sus familiares, compromisos expresados por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática y el de Asuntos Exteriores, y también con mucha música.

La cercanía política de los dirigentes de España, Pedro Sánchez, y Brasil, Luis Inácio Lula de Silva, ambos claramente críticos con el unilateralismo deslenguado del mandatario estadounidense, Donald Trump, quedó de manifiesto en su reunión con motivo de la I Cumbre España - Brasil, que se celebró hoy en Barcelona. “Frente a la fragmentación, la confrontación y las guerras que estamos viendo en el mundo, trasladamos un mensaje completamente distinto de confianza mutua y prosperidad compartida”, defendió Sánchez, que se refirió a Lula como amigo “de España, de Europa y personal”.

Preocupados ambos por el ascenso de la ultraderecha a caballo de la desinformación y las noticias falsas, disparados en el ecosistema de las redes sociales —una “ola reaccionaria en redes”, en palabras de Sánchez— los dirigentes destacaron la buena relación entre sus países durante un encuentro de alto nivel en el que participaron buena parte de los ministros de uno y otro Gobierno.

A nivel comercial, diplomático y político, la sintonía en la relación bilateral entre España y Brasil viene en claro aumento desde el regreso de Luis Inácio Lula da Silva al poder en 2023. En los encuentros en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en respectivas visitas oficiales se certificó un acercamiento improbable durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.

España es el segundo mayor inversor en Brasil, por valor de más de 50.000 millones de euros anuales, mientras que Brasil duplicó las exportaciones a España en la última década (especialmente de petróleo). A los países los unen también importantes lazos históricos —se calcula que unos 15 millones de brasileños son descendientes de españoles—.

Fuentes del Gobierno inciden en que la “sintonía política es muy clara” entre los mandatarios y señalan que el resultado de esta es la firma hoy de múltiples acuerdos de colaboración, tras negociaciones que llevan meses en marcha, en tres grandes bloques: económico y comercial (se anuncia un pacto para la extracción y comercio de minerales críticos, imprescindibles para la industria tecnológica); innovación, ciencia y cultura; o derechos sociales, con especial foco en la igualdad de género y racial.

Así hasta 15 materias diversas, algunas extraordinariamente específicas, como las posibilidades de adaptación de la raza de vaca retinta a Brasil. La voluntad de las delegaciones es que las cumbres se regularicen, posiblemente con carácter bienal.

Las vicepresidentas segunda, Yolanda Díaz, y tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fueron desfilando ante la mirada de Sánchez y Lula junto a sus homólogos brasileños para firmar memorandos de entendimiento en sus respectivas materias. También los titulares de Ciencia, Cultura e Igualdad, antes de la intervención de los presidentes.

Democracia y multilateralismo

Pero la colaboración entre los dirigentes va más allá del nivel bilateral. Desde 2024, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Lula y Sánchez promueven con otros líderes internacionales un foro más o menos informal en el que proponer alternativas para defender el resquebrajado orden internacional. A aquella reunión la siguieron dos el año pasado, primero en Chile en julio, auspiciada por el presidente Gabriel Boric y a la que se sumaron el colombiano Gustavo Petro y el uruguayo Yamandú Orsi, y después en septiembre, de nuevo en Nueva York con motivo de la reunión de la Asamblea General.

Esta réplica de los progresistas a la internacional de ultraderecha —hoy desmejorada por la derrota y posterior encarcelamiento por golpismo del predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, y la reciente salida del poder del húngaro Viktor Orbán— se consolida el sábado en la que será la IV Reunión por la Defensa de la Democracia, donde la nómina de dirigentes se amplía a una quincena.

La Guerra Civil a los ojos de Lula

El presidente brasileño advirtió de la gravedad del momento presente en el plano internacional, que comparó con la propia historia de España y la Barcelona de hace 90 años, inmersa en el “horror” de la Guerra Civil, antesala de la Segunda Guerra Mundial. “Hoy asistimos atónitos a una nueva carrera armamentística”, advirtió el mandatario, que recordó que ya durante su primera etapa como presidente, en 2003, se negó a apoyar la guerra de Irak que pregonaba el entonces líder estadounidense George W. Bush. “Entiendo cuando Sánchez dice no a la guerra”, señaló, en ese sentido.

Lula y Sánchez están, así “en la misma trinchera”, en la que se pretende defender unas instituciones de una ultraderecha que solo pretende “destruirlas”, y en hacer que la democracia avance “más allá del voto” para traer “beneficios concretos a la vida de las personas”.

En la reunión del jueves hablarán los dirigentes del declive y necesidad de refuerzo del multilateralismo, que se refleja en el papel disminuido de la ONU, que “tuvo papel importante en la creación de Israel y hoy no consigue consolidar el Estado palestino”, según recordó Lula.

El dirigente brasileño reflexionó sobre los límites de la democracia y las frustraciones de la izquierda. “Cuando conocí Italia el PCI era el mayor partido comunista de Occidente. Al llegar al poder, se acabó, se desmotivó. ¿Qué sucedió? Hay que entender las causas para hacer una propuesta. Qué parte de discurso está errado, que expectativas de nuestra juventud no estamos satisfaciendo”, planteó.

Sheinbaum en Barcelona

Entre los nuevos participantes destaca la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la semana pasada anunció que traería un mensaje de “paz” a Barcelona, tras limarse asperezas con España en los últimos meses a cuenta de la memoria del pasado colonial. La mexicana y Sánchez se reunirán brevemente aprovechando la ocasión. Otros dirigentes confirmados son el surafricano Cyril Ramaphosa, o el presidente del Consejo Europeo, ⁠António Costa.

A esta segunda cumbre se suma la Global Progressive Movilization (Movilización Progresista Global), un congreso de contenido más político en el que participan miembros de formaciones políticas internacionales —con destacada presencial del PSOE— expertos y periodistas para discutir el abordaje de cuestiones como el autoritarismo, la desigualdad salarial o las guerras culturales. Está previsto que Sánchez y Lula cierren la reunión el sábado.

Si para Sánchez la triple cita es una oportunidad para afianzar su imagen de referente progresista internacional, para Lula, que después de España pasará por Alemania y Portugal en misión comercial, supone enfriar la visita a Washington, anunciada el año pasado. Las relaciones con Trump son tensas y Lula afronta este año una nueva elección presidencial contra uno de los hijos de Bolsonaro, menos alejado en las encuestas de lo que podría esperarse tras el descalabro de su padre.

La orden era esperar a que a un hombre se le cayera un periódico al suelo. Dentro estaban los pasaportes que alguien había preparado para Enriqueta Millán y sus dos hijos, de 9 y 13 años. Unos días después, coincidiendo con el Corpus Christi de 1946 –el 20 de junio–, tomaron el tren desde Barcelona, donde vivían, hasta Puigcerdá. Allí un enlace les esperaba para ayudarlos a cruzar el kilómetro y medio que les separaba de la localidad de Bourg-Madame. Habían atravesado la frontera y estaban en Francia, donde se reunirían con Luis Robles Francisco, su marido y padre, al que llevaban siete años sin ver.

“Mi madre, que era una niña, dejó escrito con todo lujo de detalles cómo fue. En su carta cuenta, por ejemplo, que si sus corazones se hubieran escuchado cuando subieron al tren, les habrían delatado ante la Guardia Civil de lo fuerte que latían. También habla de su padre, un hombre de rasgos 'duros' que era para ella prácticamente un desconocido por todo el tiempo que había estado sin él”, explica Sonia Isabel Garófalo Robles, la nieta de Luis, que falleció en abril de 1984.

Es una de las dos hermanas argentinas que acaban de interponer una querella por el caso de su abuelo, que en febrero de 1939 huyó a Francia para escapar de la represión franquista. Se trata de la primera acción judicial por exilio forzado iniciada en España, un fenómeno al que fueron empujadas miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las nietas de Luis viajaron desde Argentina, donde viven y a donde se trasladó la familia desde Francia, para ello. Si decenas de españoles acudieron a la Justicia argentina para intentar que se juzguen los crímenes del franquismo, ellas decidieron hacer el camino de vuelta.

Luis fue una de las miles de personas que salieron de Barcelona tras la toma de Catalunya por los sublevados, una de las mayores oleadas de exiliados que se registraron. De profesión yesero y natural de Berga (Barcelona), ya antes de la guerra era activo políticamente y en 1923 se afilió a la CNT-FAI. Con el golpe de Estado franquista y el estallido del conflicto, ingresó en el ejército republicano, donde llegó ser comisario y a combatir en Aragón y Mallorca. Con 36 años, huyó del país. “Lo hizo para conservar su vida, pero también sus ideas y seguir con su actividad antifascista”, remarca Sonia, que lleva dos décadas recopilando información sobre su historia familiar hasta construir un pequeño archivo personal en el que casi cada paso dado por su abuelo está escrito.

Entre los documentos que conserva está la correspondencia que mantuvo como enlace político entre Francia y España, cartas, fotografías y la documentación relativa a su militancia y su exilio. Como muchos otros españoles, ya en territorio francés fue encerrado en los campos de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por la Organización Todt, creada por la Alemania nazi para usar mano de obra forzada en diferentes construcciones. Luis fue obligado a trabajar para erigir caminos en la Francia ocupada, pero según cuentan sus nietas logró escapar y pasó a integrar el llamado “Batallón del Río”, una unidad de la guerrilla formada por libertarios españoles que se sumaron a la Resistencia Francesa contra los nazis.

El periplo que atravesó Luis llevó a las hermanas a viajar desde Buenos Aires esta semana para interponer la querella. “Sentimos que es una obligación moral, por nuestro abuelo y nuestra madre, por toda la familia. Ella fue una testigo viviente de todo lo que ocurrió, de todas las aberraciones que tuvieron que vivir. Pero también es una cuestión de justicia con el pueblo español que sufrió unos crímenes que aún no se han juzgado. En Argentina pudimos sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo, pero España tiene una deuda muy grande con su sociedad que aún no ha saldado”, explica Silvia.

El exilio de su abuelo rompió a la familia durante siete años y la marcó para siempre, apuntan ambas. La pareja tenía tres hijos, su madre, su tío Luis y una tercera hermana que falleció con 16 años por una brucelosis “no atendida”. La represión franquista se dirigió también contra ellas, quienes se quedaron en Barcelona: cuenta Sonia que su abuela Enriqueta y su madre tenían una tapicería en el centro de la ciudad de la que los golpistas les “despojaron” y que hoy es un bar “enorme y precioso”. También recuerda cómo les contaban los “allanamientos” que sufrían en casa y de madrugada por miembros de Falange. “Daban la vuelta a la vivienda y abusaban de ellas. Como no podían encontrar a mi abuelo, lo pagaron con las mujeres”.

A Luis lo buscaron las autoridades franquistas durante varios años. De hecho, abrieron contra él un proceso sumarísimo en el que le acusaban del delito de “auxilio a la rebelión” por militar en la CNT, portar armas en los primeros días del “Movimiento Nacional” y combatir en el frente. Fue declarado en rebeldía al encontrarse en Francia, pero entre los documentos que guardan sus nietas se ve cómo su mujer Enriqueta fue interrogada en el proceso. La mujer declaró que le vio por última vez el 23 de enero de 1939 y que, al cabo de un mes y medio, recibió una carta suya en la que afirmaba que “no sintieran pena por él porque estaba en Francia trabajando”, según consta en la declaración.

Consecuencias que se heredan

La querella presentada de forma telemática por las hermanas en Barcelona, que ha contado con el apoyo jurídico de CEAQUA, se dirige contra la totalidad de miembros del Ejército que el 18 de julio de 1936 se sublevaron contra la República, contra todos los hombres que formaron parte de los sucesivos gobiernos de la dictadura y contra los cuatro jueces instructores del Juzgado Militar que procesó a Luis en 1940, todos ellos fallecidos. Jacinto Laura, abogado de CEAQUA, explica que los hechos se califican como crímenes de lesa humanidad, como es la deportación o traslado forzoso de personas mediante “actos de coacción”, como reconoce el artículo 607 bis del Código Penal.

Todo ello formando parte de un “ataque generalizado y sistemático contra amplios sectores de la población del Estado español”, añade el letrado, que sostiene que aunque la responsabilidad criminal de los señalados en la querella “esté extinta” porque han muerto, la Justicia “tiene la obligación de investigar y, en su caso, establecer una verdad judicial”. Eso es lo que buscan Sonia y Silvia, que han renunciado a reclamar algún tipo de medida o compensación económica: “Queremos forzar al Estado español a que investigue, a que se ponga sobre la mesa y se visibilice”, apunta Sonia.

Los efectos del exilio no solo impactaron en quienes lo vivieron. Ambas hermanas hablan de consecuencias “heredadas” que han visto y experimentado en la familia desde que nacieron en Avellaneda, a donde sus abuelos y su madre se trasladaron desde Francia. Silvia recuerda “un montón de situaciones personales” que vincula al “daño emocional y físico” que padecieron, sobre todo su madre y su abuela, víctimas de agresiones sexuales por parte de las milicias que entraban en su casa. “Cada una lo sobrellevó como pudo, pero a nosotras también se nos transmitieron algunas fobias y estados de alerta que hemos trabajado”, dice.

La familia decidió salir hacia Argentina en 1952, después de que Luis intentara sin éxito lograr la nacionalidad francesa y después de que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial no supusiera, como él y muchos otros pensaban, la liberación de la España fascista. Ya nunca abandonaron Argentina, donde vivieron varios años después la dictadura militar en la que un tío de Silvia y Sonia fue asesinado y desaparecido. Recuerda una de ellas que su abuelo “mantuvo un silencio” durante aquellos años, al igual que su abuela: “Decían 'pasamos dos guerras, sufrimos, perdimos hijos, lo perdimos todo... No vamos a seguir perdiendo'”, parafrasean.

Pero las nietas siguieron con la militancia política y aún hoy defienden con determinación sus ideas, heredadas en casa, frente a un contexto global “marcado por la vuelta del fascismo”, diagnostica Silvia. Su forma de pensar es, dicen, lo más valioso que les transmitieron sus padres y sus abuelos. Su madre murió en 2021. “Estarían orgullosos de nosotras. Dirían 'tan mal no lo hemos hecho'”, dicen sobre qué pensarían ellos sobre su viaje de más de 10.000 kilómetros para buscar justicia. “Nuestro abuelo decía mucho que no olvidáramos que somos españoles, que no vinimos a Argentina porque quisimos o lo decidimos. Fue una expulsión. Es algo que mantuvo vivo hasta el último día de su vida y nosotras lo tomamos y seguimos adelante”.

Lionel Messi vuelve al fútbol español, pero no para competir, sino por la compra del club Cornellà, actualmente en Tercera RFEF, quinta categoría, y que destaca por el hecho de tener una de las inferiores más destacadas de Catalunya, según informó la misma entidad a través de un comunicado.

Tal y como confirmó el club catalán este jueves, el jugador argentino formalizó la adquisición del equipo, con lo que se convierte así en el nuevo propietario de la entidad, de la que salieron varios jugadores que militan actualmente en Primera División como Jordi Alba o Aitor Ruibal.

“Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona”

Messi, que jugó 17 temporadas en el Barça y fue una de las estrellas más importantes de la historia, compró el UE Cornellà, como afirmó el propio club del Baix Llobregat, que asegura en su comunicado que de esta forma el argentino “refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y talento local en Catalunya”.

De hecho, el propio Messi llegó siendo muy chico a las inferiores blaugranas y creció como futbolista en Barcelona, donde se convertiría en uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo y de la historia.

El club Cornellà fue fundado en 1951 y durante sus años de historia fue uno de los semilleros más destacados del fútbol catalán, que sacó al profesionalismo a jugadores como el que fuera compañero del argentino en el Barça, Jordi Alba; David Raya, guardameta de la Selección Española y actualmente en el Arsenal; Aitor Ruibal, capitán y jugador del Real Betis, Keita Baldé, Javi Puado o Gerard Martín.

Sigue los pasos de Gerard Piqué, Jordi Alba o Thiago Alcántara

Con la compra del Cornellà, Messi sigue los pasos de compañeros suyos que invirtieron en el fútbol como es el caso de Piqué, que compró el FC Andorra en 2019 con su empresa Kosmos, y desde entonces llegó hasta la Segunda División de fútbol.

Pero este no fue el único caso, ya que los que también fueron sus compañeros Jordi Alba y Thiago Alcántara entraron a formar parte de la propiedad del L’Hospitalet, con el objetivo de volver a las máximas categorías del fútbol.

El gobierno de España homenajeó este jueves a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina en un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid bajo el mensaje “nunca más impunidad”. Presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el de Exteriores, José Manuel Albares, el encuentro sirvió también para reconocer oficialmente a las víctimas con la entrega de una Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos en Argentina.

Durante el homenaje, Torres, mostró su gratitud hacia todas las víctimas de dictaduras, fallecidas y desaparecidas, y subrayó la importancia de defender la memoria como sinónimo de democracia. “Que nunca mas la impunidad del olvido se instaure”, reclamó. El titular de Memoria Democrática ha explicado que el Gobierno de España publicó en el Boletín Oficial de ese país el pasado 24 de marzo, los “nombres y apellidos” de los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura y cuyo único delito era, según denunció, “ser fieles a la democracia”, algo que también ocurrió en España con el franquismo. “La maquinaria del terror de Estado se puso en funcionamiento. Fue una absoluta cobardía”.

Torres recalcó que recordar el dolor de las víctimas es necesario para saber “qué pasó y reparar el daño”, a la vez ha hecho hincapié en la defensa de las políticas de memoria democráticas frente a otros gobiernos, como el de Mariano Rajoy en España o el de Javier Milei en Argentina, que metieron dichas leyes “en un cajón”, lo que considera “un error absoluto”. Ante ello, el ministro ha abogado por “desterrar para siempre esa amnesia voluntaria” que “debería avergonzar a cualquier autodenominado demócrata”.

Torres también ha defendido que la memoria es el mejor “antídoto” para “contrarrestar la oleada de nostálgicos” actual: “Fueron muchas las personas que dieron la vida por la democracia como para permitirnos que a aspirantes autócratas nos pongan en solfa. Hay que ser firmes, sin rodeos”, ha indicado el ministro, que también ha criticado al actual presidente argentino por negar la “realidad histórica” y tratar de minimizar la cifra de 30.000 desaparecidos de la dictadura militar.

En el acto, presentado por el periodista Xabier Fortes y que también ha contado con actuaciones de Ana Belén, Pedro Pastor y Miguel Ríos, también ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reclamado el “deber de recordar y acompañar” a las víctimas. Además, ha conectado ambos regímenes, tanto el de Jorge Videla como el de Francisco Franco, aseverando que fueron incapaces de “acallar las voces” de “generaciones comprometidas” tanto con la libertad como con la democracia, pese a haberlo intentado.

El acto ha contado con una mesa redonda con la fiscal de sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado, la representante de Red por la Identidad en Madrid, Lila Parrondo, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, quien ha detallado que ya se han identificado 32 cuerpos de los 307 españoles desaparecidos en la dictadura argentina. Ante esto, ha instado al Gobierno a que busque a sus familiares y les pida muestra de sangre para contrastar con los cuerpos ya analizados.

Finalmente, el actor Juan Diego Botto, que también ha intervenido y que es hijo de un desaparecido argentino, ha reprochado que la falta de concienciación o de “dar la batalla” frente a lo que significó una dictadura ha llevado a la impunidad y que en Argentina tengan un presidente “negacionista” o en España “se cante el Cara al Sol”. También ha invitado a echar la mirada atrás frente a aquellos que pelearon ante los regímenes autoritarios, ganaron y consiguieron después “juzgar a los genocidas”, como en el caso de Videla, para poder repetirlo ahora frente al “genocidio” en la Franja de Gaza.

Con el mensaje de “nunca más impunidad” y la necesidad de mirar hacia atrás “para recoger las victorias del pasado”, el Instituto Cervantes de Madrid recibió este jueves un homenaje a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina, que concluyó con el grito de “No a la guerra”.

Un grito que lanzó el viejo rockero Miguel Ríos, tras interpretar 'a capella' un poema escrito por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y que coreó después toda la sala, en donde se habló también de Gaza y de Oriente Medio.

Presentado por el periodista Xabier Fortes, el acto, organizado por el Gobierno español en el año en que se cumple medio siglo del arranque de aquel episodio de la historia, comenzó con un minuto de silencio por las 307 víctimas españolas de la dictadura militar (1976-1983), y con el mensaje de que no ocurra “nunca más en Argentina, Chile, España o cualquier otro país del mundo”, subrayó el informador.

Durante casi dos horas, se recordó a todas estas personas asesinadas a través de testimonios de sus familiares, compromisos expresados por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y también con mucha música.

Hubo, además, un debate sobre justicia universal y reparación, en el que intervinieron, entre otros, la exministra de Justicia y actual fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado español, Dolores Delgado, y otros expertos argentinos que combaten la impunidad.

El momento más emotivo de este homenaje lo protagonizó el actor Juan Diego Botto, cuyo padre es uno de los desaparecidos de la dictadura militar. Con lágrimas en los ojos, Botto defendió que mirar atrás es “un ejercicio necesario para entender lo que somos y reivindicar la lucha de nuestros padres”.

Botto se refirió al “genocidio en Gaza” al señalar que es una situación que parece que se vive con “impotencia y desamparo”, pero insistió en que hay que echar la vista atrás “y recoger las victorias del pasado”.

“Si pudimos, podemos, si todo un pueblo que había sufrido una dictadura fue capaz de acabar con esa impunidad y juzgar a los genocidas, podemos acabar con este momento genocida que estamos viviendo”, aseguró.

La cantante y actriz Ana Belén puso voz a una de esas historias que tantas veces han contado las abuelas de mayo sobre uno de esos bebés robados y entregados a una familia de la lista “siniestra” de padres que no podían tener hijos.

Después, el ministro Torres recordó esa “engrasada máquina del terror que se puso en movimiento en Argentina” y que asesinó e hizo desaparecer a miles y miles de personas para lamentar que aún hoy haya personas que cuestionen y minimicen estas cifras, como el presidente argentino, Javier Milei, o que haya en España “nostálgicos del franquismo”.

No obstante, “tenemos el antídoto, que es la democracia y la memoria”, subrayó Torres, que emplazó a contar las historias de todas esas víctimas: “Nunca más la impunidad del olvido”.

Antes, Albares, ministro de Exteriores, señaló que el asesinato de esas 307 personas, muchas de las cuales buscaron en Argentina “refugio y libertad”, huyendo del franquismo, precisamente pagaron con sus vidas “su compromiso con la libertad y la justicia”.

El ministro dijo que esos crímenes “nos interpelan a todos como humanidad”, insistiendo en que el actual Gobierno español “asume el deber” de recordar y recordarlos y continuar su búsqueda, recalcando el compromiso de España con la democracia “cuando hay fuerzas que la quieren deteriorar agitando discursos de extrema derecha”.

EFE

“No en 10, no en dos años; mañana mismo”, dijo Pedro Sánchez el pasado viernes sobre la constitución de un Ejército Europeo. Ningún gran país de los 27 había manifestado nunca una afirmación tan categórica sobre una de las aristas más complicadas de la integración europea. Pero Pedro Sánchez sabe que puede permitirse la audacia, incluso si chirría con la posición de otros socialistas en la Comisión, pues el mandatario español se ha convertido en la avanzada de quienes quieren hacer frente al trumpismo dando un giro a la inercia geopolítica de la Unión Europea (UE).

Sánchez adoptó definitivamente este papel hace un mes, al inicio de la ofensiva contra Irán, cuando fue el primer ministro europeo que con más claridad se opuso a los planes de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El análisis que hacen en la Moncloa es que el acierto fue total. En política exterior, marcó una pauta que otros siguieron, si no inmediatamente, sí poco a poco y casi por decantación. En la doméstica, porque cohesionó a la izquierda y dejó al PP en una frágil posición para explicar por qué sus referentes internacionales han iniciado esta guerra.

Tras ese primer movimiento, el objetivo de Sánchez ahora es convertir el planteamiento del Gobierno de España en una alianza con otros ejecutivos progresistas de todo el mundo. Los próximos viernes y sábado tendrá lugar en Barcelona la Movilización Global Progresista, unas jornadas políticas que coincidirán con dos cumbres más: la primera bilateral España-Brasil y la cuarta edición de la cumbre para la Defensa de la Democracia. Entre los tres actos, el presidente del Gobierno se dará cita con una decena de mandatarios de izquierdas de primer nivel, como el brasileño Lula Da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el portugués António Costa, el colombiano Gustavo Petro, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi, la irlandesa Catherine Connolly o el albanés Edi Rama, entro otros muchos.

El objetivo de esta maratón internacional con epicentro en Barcelona es subrayar la existencia de un polo democrático opuesto a los planes de la extrema derecha que se pilota desde la Casa Blanca. Sánchez aprovecha la zozobra geopolítica producida por Trump para estrechar sus relaciones con los gobiernos de la izquierda mundial, muchos de ellos aliados iberoamericanos, y liderar así una oleada antitrumpista que los líderes esperan que active a sus bases.

Más China frente a la OTAN

La cumbre con países del sur global, algunos de los llamados BRICS y líderes progresistas de la UE, representa, también, un paso al frente de España como uno de los estados europeos que apuestan más por una soberanía estratégica del continente que por dejar sus planes defensivos en manos de la OTAN.

Y eso que solo han pasado cuatro años de la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, cuando Sánchez aprovechó la cita para marcar perfil internacional y revalidar su compromiso con el tratado de defensa mutua que capitanea EE.UU. Entonces, sin embargo, era Joe Biden quien estaba en la Casa Blanca y la posibilidad de un regreso de Trump a la presidencia solo formaba parte de las especulaciones.

La hoja de ruta de la OTAN salida de Madrid, centrada en la defensa europea tras la invasión rusa sobre Ucrania, se ha quedado vieja rápidamente. No solo porque en EEUU los asuntos que ocuren en el este europeo se ven de forma muy diferente. También porque, entonces, los miembros de la OTAN acordaron calificar a China de “desafío para sus intereses”, algo que a día de hoy, al menos para la Moncloa, sería matizable.

Desde que se firmara el concepto estratégico de Madrid, Sánchez ha viajado a China en cuatro ocasiones, una por año. La última precisamente esta semana, en pleno conflicto en Irán, cuando el presidente del Gobierno visitó a Xi Jinping y le pidió que juegue más su rol como potencia garante de unas relaciones internacionales estables.

En los últimos años, las relaciones entre España y el gigante asiático se han estrechado como nunca antes, no solo en el terreno comercial, sino cada vez más en el político. De hecho, para la Moncloa pero también para barones socialistas como Salvador Illa, China se sitúa en el centro de la agenda internacional.

Un debate internacional útil en casa

Cuando hace poco más de un año la administración Trump comenzó su agresiva política arancelaria, que pondría patas arriba el comercio mundial, a Sánchez se le acumulaban los problemas en política interna. Padecía una frecuente falta de mayorías en el Congreso; el escándalo de corrupción del exministro José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo Garcia, ya había estallado, y solo unos meses después dimitiría por la misma causa el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Durante toda esa primavera, el Gobierno español acusó mucho desgaste.

Pero en junio de 2025, prácticamente en paralelo con la entrada en prisión preventiva de Cerdán, se produjo uno de los primeros choques entre Sánchez y Trump, cuando España rechazó el borrador de la OTAN que conminaba a todos los aliados a asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. “No solo sería irrazonable sino también contraproducente”, argumentó Sánchez ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Fue aquella una de las genealogías de los choques con Trump que luego se harían más frecuentes. Pero la firmeza de Sánchez conectó también con buena parte de la sociedad progresista española que deseaba más orgullo por parte de sus dirigentes para hacer frente a la cada vez más belicosa actitud de EE.UU.

Se llega así a una cumbre, la Movilización Global Progresista donde todos los participantes estarán alineados con el papel de antagonista a Trump que ha ejercido Sánchez. Dos jornadas con sede en Barcelona que remarcarán que existen contrapartes a la nueva alianza de gobernantes de extrema derecha, que suele reunir últimamente a Washington, Buenos Aires, Roma y Budapest (cuando no directamente a Moscú).

En política interior, los socialistas esperan que el baño de figuras de primer nivel que se dará Sánchez rebata la acusación de Alberto Núñez Feijóo de que el Gobierno está solo. Y, de paso, que se convierta en una buena excusa para preguntar al PP si está del lado de los participantes en Barcelona o de los que la semana pasada peregrinaron hasta Hungría para tratar de evitar la derrota sufrida por Viktor Orbán.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, iniciará este jueves una cargada agenda en España, donde buscará levantar su perfil internacional y sentar postura en el mapa geopolítico mundial, en la vereda contraria a la del presidente Javier Milei.

La visita del mandatario provincial a España comienza con una reunión bilateral con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, la que tendrá lugar a las 8 de nuestro país en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Más tarde, a las 10, Axel Kicillof participará de una reunión con inversores y empresarios españoles en el Hotel Meliá Princesa.

La agenda de este martes también incluye a las 13.30 la presentación de su libro en el marco de un conversatorio junto al politólogo y profesor universitario Pablo Simón. El evento será en El Ateneo.

La jornada cerrará con una cena en su honor a las 15.30 de Argentina en la Torre IE, Paseo de la Castellana 259.

Luego, Axel icillof se trasladará hacia la ciudad de Barcelona para mantener un encuentro con el alcalde local, Jaume Collboni, y participar de la Movilización Progresista Mundial, reunión a la que fue invitado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La cumbre tendrá lugar entre viernes y sábado y el gobernador participará de paneles sobre multilateralismo, nuevo orden global y los principales desafíos internacionales.

El encuentro busca contrastar con el pensamiento que pregona sector que lidera Estados Unidos junto a Israel, con el que está alineado el gobierno de Milei.

En la Movilización Progresista Mundial, Axel Kicillof se cruzará con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y la de México, Claudia Sheinbaum, entre otros dirigentes.

Antes de viajar, Axel Kicillof recibió este martes al embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La guerra de Irán acerca a Brasil a Europa. La turbulencia geopolítica de Medio Oriente Medio enfrió una reunión entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Donald Trump en la Casa Blanca, anunciada a finales del año pasado. Tras una invitación personal del presidente español Pedro Sánchez a comienzos de marzo, Lula decidió cambiar Washington por Barcelona, donde el viernes se celebra la primera cumbre bilateral entre España y Brasil de la historia.

En la capital catalana, Lula también participará en el encuentro Global Progressive Mobilisation y en la cuarta edición del Fórum Democracia Siempre, junto a Pedro Sánchez, el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, entre otros. Lula otorgó a su visita a España el máximo rango de importancia: acude a Barcelona con 14 ministros y un nutrido grupo de empresarios. España acumula la segunda inversión directa más elevada en Brasil durante las últimas décadas y es su octavo socio comercial. Además, las exportaciones brasileñas a España se duplicaron en la última década (especialmente de petróleo).

Tira y afloja con Trump

El conflicto bélico en Irán está dificultando el intento de Lula de recomponer relaciones diplomáticas con Donald Trump, tras un 2025 marcado por la interferencia de EE.UU. en la justicia brasileña. Trump vinculó directamente la aplicación de aranceles del 50% a Brasil al proceso que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. A pesar de que la diplomacia brasileña consiguió revertir el tarifazo para la mayoría de los productos, las relaciones de Lula con Trump siguen tensas.

Brasil rechazó la petición de Washington de recibir a deportados en su sistema carcelario y sigue luchando para que EE.UU. no declare a los comandos de traficantes Comando Vermelho y PCC como grupos terroristas, algo que abriría la puerta a una posible intervención militar en su territorio. Por otro lado, Brasilia mantiene el máximo nivel de alerta ante la posible injerencia de EE.UU. en las elecciones presidenciales del próximo octubre. En marzo, Brasil negó el visado a Darren Beattie, asesor del gobierno Trump, que había solicitado visitar a Bolsonaro en prisión.

Roberto Abdalla, secretario para Europa y América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró el lunes en conferencia de prensa que la cumbre España-Brasil “servirá para la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos”. Fuentes diplomáticas del gobierno de Brasil reconocen que el viaje de Lula a España pretende posicionar al país en el combate de las fake news, la regulación de las Big Tech y la soberanía digital. Brasil, que mostró una firme defensa de su soberanía frente a los ataques de Elon Musk, pretende aprobar este año por decreto presidencial la regulación de las grandes empresas tecnológicas, ante el bloqueo del Proyecto de Ley de las fake news en el congreso.

A su vez, Brasilia aspira a cerrar con España acuerdos sobre tierras raras y minerales críticos, algo que la entrada del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (entra en vigor el 1 de mayo) facilita.

Alianza contra la extrema derecha

La visita oficial de Lula a España llega en el momento de mayor sintonía política entre Pedro Sánchez y Lula da Silva. En enero, Lula dialogó con 16 jefes de estado del mundo para defender la paz y el uso del multilateralismo. En su conversación telefónica con Sánchez, ambos condenaron el “uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU”. Después del inicio de los ataques de Israel y EE.UU. a Irán, los dos presidentes defendieron el multilateralismo y manifestaron su oposición a la guerra. “Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional”, aseguró Sánchez en un mensaje en X.

Por su parte, Lula defendió en X que los dos reiteran su compromiso “con el multilateralismo como camino para la construcción de la paz y del desarrollo sostenible”. Lula también debe de abordar el multilateralismo, la desinformación y la igualdad racial y género en el Foro Democracia Siempre, según Vanessa Dolce de Faria, asesora especial del ministro de Relaciones Exteriores.

Lula y Sánchez condenaron el 'uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU'

Tras Barcelona, Lula viajará a Alemania para participar en la Hannover Messe, la mayor feria industrial del mundo, donde prevé reunirse con Friedrich Merz, primer ministro alemán, y firmar acuerdos estratégicos. La mini ira europea de Lula acaba el día 21 en Lisboa, donde trabajará en acuerdos con el gobierno portugués.

El viaje a Europa supone un giro geopolítico de Lula. En el primer trimestre del año, el presidente brasileño nadó y guardó la ropa para no poner en peligro su reunión con Donald Trump, algo clave para arrebatarle a la familia Bolsonaro la interlocución directa con la Casa Blanca. Estrechando vínculos con Europa, Lula aparca y dificulta su intento de reaproximación con Trump, especialmente por su proximidad con Pedro Sánchez, crítico contra la guerra de Irán.

Transición energética y alimentos

La energía, los combustibles y la transición energética están en el epicentro de la cumbre bilateral de Barcelona. Brasil exporta a España petróleo crudo (representa el 36,8% del total de las importaciones), así como cobre (7,2% del total) y hierro. España exporta a Brasil combustibles y tecnología de energías renovables, especialmente placas solares. La presencia de grandes grupos españoles de los campos de la energía eléctrica, petróleo y gas abre espacio “para diálogo tanto en comercio cuanto en inversiones en el sector”, según un documento elaborado por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), a la que ha tenido acceso este medio.

A su vez, Brasil quiere sacar pecho de su producción de biocombustibles, algo que en plena crisis energética global adquiere un cariz geopolítico. En Brasil, el 20% del combustible consumido por los vehículos proviene de biocombustibles: se produce a partir de resto de caña de azúcar, maíz, soja, girasol, tubérculos, piñones e incluso de residuos orgánicos. En noviembre de 2025, Lula aseguró que “quería ir a la feria de Hannover para probar que el aceite diésel que emite menos CO2 del mundo es brasileño”.

El viaje a Europa supone un giro geopolítico de Lula. En el primer trimestre del año, el presidente brasileño nadó y guardó la ropa para no poner en peligro su reunión con Donald Trump, un intento que ahora aparca por su proximidad con Sánchez

Por otro lado, en medio de la interrupción de la cadena de suministros global debido a la guerra de Irán, la cumbre bilateral España-Brasil abordará el comercio de alimentos. España importa de Brasil soja (18,2%), pienso para animales (7,2%) y frutas tropicales. Brasil importa frutas (representa el 2% del total de sus compras).

Brasil quiere demostrar en su gira a Europa que, aparte de exportar materias primas, es una potencia tecnológica. En el pabellón de Brasil en la Hannover Messe habrá halls temáticos de automoción, software, robótica, hidrógeno verde, robótica e Inteligencia Artificial. Entre otras cosas, Lula sacará pecho en Europa de PIX, el sistema público de pagos digitales que tanto irrita a Donald Trump por arrebatar mercado a las tarjetas de crédito y a los sistemas de pago de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Dos años después de abrir una investigación tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado cierra la causa y propone enviar a Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno español, ante un tribunal formado por ciudadanos. En un extenso auto, el magistrado ahonda en la tesis de que Gómez utilizó conscientemente su estatus como esposa del presidente del Gobierno para proyectar su carrera profesional, conseguir fondos privados y obtener favores en el ámbito académico y empresarial. Pero va más allá y llega a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. 

El magistrado realiza esta acusación a pesar de que en dos años de investigación no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez se apropiara de ese dinero. El juez Peinado ordenó el rastreo de sus cuentas y la fiscalización de sus ingresos. E incluso puso a la Guardia Civil a investigar un escrito de un abogado difusor de noticias falsas que la vinculaba sin pruebas con una fortuna oculta en cuentas y depósitos situados en bancos de República Dominicana y Turquía. 

En realidad, lo que se ha acreditado es que Begoña Gómez disponía de un saldo total de 21.000 euros distribuidos en siete cuentas del BBVA. Y que sus retribuciones en la Complutense fueron más bien modestas. Al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Es un hecho que, según su defensa, pone en entredicho el mantra de los “negocios privados” al que aluden de forma insistente las acusaciones que han sustentado la causa. 

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como acreditaron diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

La Fiscalía, que ha reclamado reiteradamente el archivo de la causa, ha defendido que a pesar de la exhaustiva investigación patrimonial puesta en marcha por el juez no se han hallado “pagos sospechosos”. Además, tanto el Ministerio Público como la defensa han defendido que todas las donaciones de empresas patrocinadoras ingresaron íntegramente en las cuentas de la Universidad Complutense y nunca en las de Begoña Gómez. 

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, el software fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El magistrado también cita como indicio que Begoña Gómez crease en 2023 una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. De hecho, es uno de sus principales argumentos para sostener la acusación por apropiación indebida del citado software vinculado a la cátedra. Sin embargo, la Fiscalía ha constatado que la sociedad “no tuvo efectiva actividad”. Nunca llegó a depositar cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo a su nombre. La defensa de Begoña Gómez también ha reiterado que la sociedad “no estuvo operativa nunca”.

Además, tampoco se ha acreditado que Begoña Gómez se apropiase del programa informático. Entre finales de 2022 y principios de 2023, inició contactos con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para registrar el programa informático y la plataforma, pero el procedimiento nunca se materializó. La tesis de Peinado es que la esposa de Sánchez desistió después de que la OTRI enviara un contrato que establecía que la titularidad del desarrollo debía corresponder a la Universidad. 

Las donaciones, una “fachada”

La presunta apropiación para su “patrimonio personal” no es la única inferencia que hace el magistrado en el auto en el que cierra dos años de investigación. El juez considera que existe un delito de corrupción en los negocios en los patrocinios de la cátedra y la financiación de una herramienta informática vinculada a esa cátedra. Ese software gratuito para los usuarios era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que las empresas financiadoras hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración en relación con estos patrocinios.

Tras lanzar esta grave acusación, el juez considera, sin embargo, que la “prueba indiciaria” más evidente de esta “reciprocidad” es la carta de apoyo firmada por Begoña Gómez a favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet al que Peinado también propone sentar en el banquillo.

En realidad, esa carta era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez sostiene que Barrabés participó activamente en este supuesto esquema de “ventajas no justificadas”. Su tesis es que el empresario prestó a Begoña Gómez “asesoramiento”, “apoyo estratégico” y conexiones para que ella pudiera desarrollar su proyecto académico y tecnológico. Y que, a cambio, obtuvo “apoyo, visibilidad y respaldo en expedientes de adjudicación” y acceso a un entorno “institucionalmente privilegiado”. 

El juez Peinado hace alusión a estas cartas a pesar de que los hechos relativos a estas licitaciones concretas de las que resultó beneficiario Barrabés dejaron de ser investigados en su juzgado. Esas cartas firmadas en julio de 2020 por Begoña Gómez a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. 

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía Europea encargó un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario Barrabés. No obstante, Begoña Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa, en la que ha sido llamada a declarar únicamente en calidad de testigo. 

Este último auto del juez es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene pendiente resolver otros recursos presentados por las partes. Entre ellos, los escritos de las defensas contra la decisión del juez de llevar el caso ante un jurado popular tras fracasar un primer intento por falta de motivación. Pero esos recursos no suspenden el procedimiento, que puede seguir adelante. Por lo pronto, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten sus escritos de calificación a pesar de que ha acordado la práctica de una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado.

El Consejo de Ministros de Esapaña aprobó este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 migrantes, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

Así, la regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria –que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias–. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintas noticias falsas difundidas por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racalizadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

La historia es de sobra conocida. El lunes 26 de abril de 1937, cuando las fuerzas nacionalistas de Franco empujaban hacia el norte para cortar Bilbao y tomar el control del País Vasco, se tomó la decisión de aplastar la resistencia con una abrumadora muestra de fuerza. A las cuatro de la tarde, y durante las siguientes tres horas, sesenta aviones italianos y alemanes lanzaron bombas incendiarias sobre Guernica, reduciéndola a una bola de fuego. No se había visto nada parecido en Europa, y aquello lo cambió todo.

Unos meses antes, Pablo Picasso -que en ese momento era ya el artista vivo más famoso del mundo- había recibido un encargo del Gobierno Republicano para el pabellón español de la Exposición Universal de París prevista para aquel verano. Impactado por el ataque, el 1 de mayo comenzó a dar forma concreta al cuadro y durante las siguientes semanas, bocetos, dibujos y pinturas se derramaron con una pasión febril. A finales de junio de 1937, Picasso estaba listo para los toques finales de una obra ejecutada a una escala tan monumental que se había visto obligado a colocarla en ángulo en su enorme estudio de la parisina rue des Grands-Augustins. Todo el proceso quedó documentado por la fotógrafa Dora Maar, que era entonces su amante.

Ahora el lehendakari (jefe de Gobierno vasco) Imanol Pradales pidió el cuadro al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Días antes de otro encuentro en La Moncloa, la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, le concretó al ministro Ernest Urtasun que la pintura se trasladase durante nueve meses al Museo Guggenheim de Bilbao a finales de 2026, como parte de los actos de conmemoración del 90 aniversario del Gobierno vasco y del ataque a Gernika. Pradales calificó la iniciativa de gesto de memoria histórica y de “reparación simbólica”, un lenguaje que generó polémica. “No estamos ante una cuestión meramente técnica, sino ante una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación”, secundó la consejera de Cultura vasca Ibone Bengoetxea en un encuentro posterior en Madrid.

Desde entonces se produjo un cruce de acusaciones, sobre todo desde el ámbito político, ya que el Guggenheim no quiso, hacer declaraciones por el momento, y el Museo Reina Sofía, donde se exhibe la obra, respondió únicamente mostrando los informes de los restauradores sobre el estado del cuadro. El ministro de Cultura rechaza el traslado, “de forma rotunda”.

Un lienzo pintado con urgencia

Y es que el problema técnico existe, y no es menor. El Guernica es un óleo sobre lienzo de 349 x 776 centímetros, pintado con una rapidez casi violenta en apenas seis semanas. Esa urgencia, y las décadas de viajes posteriores, dejaron huella: la capa pictórica presenta grietas y zonas de fragilidad que lo convierten en uno de los casos más citados en conservación y restauración de arte contemporáneo.

Tras su exposición en el Pabellón Español, el Guernica emprendió en 1938 una larga gira organizada por el representante de Picasso, el marchante de arte Paul Rosenberg, para concientizar al mundo sobre la situación del bando republicano: los países nórdicos, América, Londres y de vuelta a Europa (Berlín, Milán). Ese trajín pasó factura a la pintura, que tuvo que ser restaurada en el MoMA de Nueva York en 1957, donde permaneció a petición del propio Picasso durante varios años. Por si fuera poco, el 28 de febrero de 1974 el artista estadounidense Tony Shafrazi pintó en el mural con spray rojo, en un intento de llamar la atención sobre las mentiras de la Guerra de Vietnam, dejando microresiduos en las fisuras del lienzo.

El 10 de septiembre de 1981 el Guernica volvió a España, concretamente al Casón del Buen Retiro en Madrid. José Carlos Roldán, restaurador del CAAC que estuvo presente en la comisión de restauración del Reina Sofía hace veinte años, describe el posterior traslado al museo el 26 de junio de 1992: “La pieza se extendió en el Casón del Buen Retiro y se le aplicó calor para que la cera que tenía le diera elasticidad”. Los daños eran tan patentes que en esa ocasión se decidió trasladarla enmarcada, en parte por la cercanía entre ambos puntos. “Además —recalca Roldán— es una obra bastante delicada por cómo fue pintada, y sufrió mucho en el traslado de Nueva York a Madrid porque vino enrollada”.

El mural se convirtió enseguida en una pieza fundamental del museo recién inaugurado, hogar definitivo de la obra más icónica del siglo XX, y en uno de los grandes referentes del arte moderno a nivel mundial, atrayendo cada año a millones de visitantes que peregrinan hasta Madrid para contemplar el lienzo.

Como explica el propio Reina Sofía, “el Guernica es un símbolo político, hasta el punto de que aparece como emblema ante cualquier episodio de violencia o de vulnerabilidad de la población civil”.

El historiador del arte e investigador Manu Martín, autor del ensayo Contra el Patrimonio, también coincide en esta visión de la obra como un símbolo reivindicativo: “Creo que hay que volver a poner en relación su temática, que es la denuncia de un bombardeo fascista que todavía forma parte de la memoria muy reciente de España”. “Me parece una decepción tremenda que el Ministerio de Cultura haya cerrado tanto la puerta a algo que creo que le vendría muy bien a la izquierda como es repolitizar el cuadro”, añade. Y es que precisamente esa carga simbólica es la que alimenta, una y otra vez, las peticiones de traslado.

Todas las solicitudes, denegadas

El museo enumera las más recientes: el Guggenheim en 1997 y de nuevo en 2007; el MoMA, que lo había albergado durante décadas, en 2000 —y como aclara el Reina Sofía, “ni siquiera esta vez el Guernica viajó a Nueva York, debido a las razones expuestas, motivos que fueron perfectamente comprendidos y asumidos por el MoMA”—; el Royal Ontario Museum de Canadá en 2006; el Grupo FujiExp de Japón en 2009; y el Gwangju Museum de Corea del Sur en 2012. Todas las solicitudes fueron denegadas.

El propio museo justifica su decisión mediante el informe técnico sobre el estado del mural: “El tamaño de la obra determina las dimensiones de la caja y el espacio en el que ha de transportarse”, y subraya que la obra “NO PUEDE ENROLLARSE por la naturaleza actual de los elementos que la componen, y ha de permanecer todo el tiempo en posición vertical y en unas condiciones de humedad y temperatura estables”.

Con todos estos datos concluyen que se trata de un mural que, “por su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones inevitables en el transporte que podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte”.

“Cualquier persona que conozca el estado de conservación de El Guernica sabe que no puede viajar”, afirma el historiador del arte y divulgador Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido en redes como El Barroquista. “Incluso cambiarlo de pared dentro del Reina Sofía fue en su momento muy delicado. Ni siquiera sería prudente moverlo diez kilómetros, mucho menos enviarlo a más de 400 kilómetros de distancia. El cuadro viajó demasiado durante décadas y está en un estado muy precario: es el ejemplo que siempre se pone en la disciplina de los daños que puede sufrir una obra por exceso de movimiento”.

Roldán además añade otro punto de vista: “Si planteáramos por ejemplo que nos prestaran Las Meninas para una exposición temporal, estoy seguro de que el informe sería negativo. La Mona Lisa tampoco se presta. Es la joya del museo. Ya puedes hacer una caja perfecta, fletar un avión, tomar todas las precauciones del mundo… pero hay obras que, cuando pones en una balanza el riesgo y la ventaja, no admiten discusión”.

Símbolo político, objeto frágil

El Guernica llegó a España por primera vez ocho años después de la muerte de Picasso. El acuerdo con el MoMA recogía sus instrucciones explícitas: el cuadro no debía regresar a España hasta que no se restablecieran las libertades democráticas. Antes de instalarse en su sala actual, ya mostraba signos evidentes del desgaste acumulado, razón suficiente para no moverlo más. Desde entonces, el museo extremó las precauciones: la pintura se exhibe en condiciones de temperatura y humedad controladas, y cualquier intervención sobre ella —incluso un simple cambio de posición— se convierte en un operativo de alta precisión.

No todos comparten esa postura con la misma rotundidad. En el simposio celebrado en 1998 en torno al estado y el posible traslado del Guernica, Stephan Michalski, científico jefe del Canadian Conservation Institute, planteó una pregunta que Roldán recuerda con cierta ironía: “Si somos capaces de ir a la Luna, ¿por qué no somos capaces de trasladar este lienzo al Guggenheim?”.

A esta se le unieron las opiniones de los políticos vascos como Iñaki Anasagasti, que ya en el pasado veía la oposición al préstamo como parte de una política reaccionaria: “Con expertos como estos no se hubiera inventado la rueda, ni se hubiera ido a la Luna, ni se hubiera hecho una operación de trasplante de corazón. No entiendo que un problema técnico no pueda tener una solución técnica”, afirmó en 1998.

Manu Martín, por su parte, también se muestra partidario del traslado de la obra a otros museos: “Yo creo que lo que está pidiendo el Gobierno vasco es más que lícito. Para cualquier exposición se piden obras. Me parecería bien desmitificarla un poco, y que se pudiera recuperar ver en otros sitios, de manera itinerante, pero tampoco me la llevaría a todas partes, yo lo veo más como una cuestión política más que técnica”.

Para Cajigal Vera, el debate entró en un terreno incómodo: “Una parte pide el mural sabiendo que la petición es imposible de atender con los datos objetivos en la mano. La otra se limitará, todas y cada una de las veces, a recordar que hay información científica y técnica que nunca avalará ese préstamo. La razón de ser de cualquier museo es preservar los bienes que custodia para las generaciones futuras. Aprobar un viaje como este pondría en serio peligro la supervivencia del cuadro, y además la logística para mover una obra de semejante tamaño es absolutamente excepcional y no se justifica desde el punto de vista museográfico”.

El espejo de Sijena y Bayeux

La polémica recuerda a otros conflictos sobre patrimonio, como el reciente caso de la devolución por parte del MNAC de las pinturas murales medievales del Monasterio de Santa María de Sijena, en el que la historiadora Marisancho Menjón se mostró a favor de la restitución. Aunque Cajigal Vera matiza la comparación: “Son casos muy diferentes. En Sijena hay dos partes enfrentadas cuyos técnicos no se ponen de acuerdo, pero además existe una sentencia judicial de restitución. Con el Guernica, en cambio, no encontrarás a un solo técnico independiente que no te diga que moverlo es un riesgo injustificable”.

Una opinión que comparte Roldán: “Sijena es distinto, entre otras cosas porque el contexto también lo es: aquellas piezas fueron trasladadas a un museo en Catalunya por miedo a que fueran vandalizadas”. En aquel caso, una expedición de 1936 del Gobierno de la Generalitat republicana, capitaneada por Josep Gudiol, intentó salvar las pinturas de un incendio provocado. Permanecieron en el MNAC durante décadas con el objetivo de conservarlas y restaurarlas. Más tarde, en los años ochenta, la Generalitat compró a las monjas de Sijena las obras que ya tenía expuestas. La resolución judicial se inclinó por la restitución, aunque el debate sobre si la simbología de la devolución compensa la permanencia en el museo de Montjuïc sigue abierto.

Pero Sijena no es el único caso comparable que aflora en este debate. “El que sí me parece equiparable al del Guernica es el del Tapiz de Bayeux”, explica Cajigal Vera. “Macron decidió prestarlo al Museo Británico con todos los informes técnicos en contra, porque la decisión respondía a una lógica política, no técnica. Cuando se produzca el deterioro, y seguramente sucederá, habrá que ver quién asume la responsabilidad de haber hecho política con un tesoro nacional”.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué unas obras pueden trasladarse pese a su fragilidad y otras no? Roldán da la respuesta: “Hay que poner en una balanza qué es lo prioritario y hacia dónde se quiere ir. ¿Es más importante el símbolo político o la integridad del objeto? Esas decisiones cambian con la política cultural. Ambos lados tienen buenas razones, por eso es tan polémico”. Y en esa tensión —entre el valor simbólico de una obra y su supervivencia física— se juega, en el fondo, todo el debate.