Un juez de Barcelona que investiga al fundador de Glovo acordó sentar en el banquillo a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores. Fue al considerar que mantenía como falsos autónomos a sus repartidores pese a las sentencias que lo obligaban a contratarlos como empleados.

Así lo decidió el juez en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que rechaza archivar la causa, como solicitaba Pierre, y atiende la petición de la Fiscalía y Confederación General del Trabajo (CGT) de España, que reclamaban enviar a juicio al empresario.

El auto es una nueva resolución judicial que desnuda el modelo laboral de uno de los emprendedores más elogiados en España (el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se hizo una foto por los diez años de Glovo con Pierre pese a estar imputado).

El magistrado destaca que mantener como falsos autónomos a los repartidores “menoscaba y suprime los derechos a los trabajadores”, además de no estar permitido por la legislación laboral.

La relación “en apariencia mercantil” de la empresa con sus repartidores, es decir, como falsos autónomos, permitió a Glovo “reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales”, resalta el magistrado.

En su resolución, el juez indica que Glovo “continuó manteniendo la misma relación” laboral con sus repartidores pese a las resoluciones judiciales a favor de los riders.

El consejero delegado de Glovo, según el juez, no solo no contrató como empleados a los repartidores, sino que éstos “se vieron obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si querían continuar prestando los servicios para la empresa”.

La denuncia de la Fiscalía que inició el caso que ahora terminará en un juicio fue el último paso de la lucha de las autoridades laborales contra el modelo de falsos autónomos en el que se sustentó el modelo de negocio de Glovo y que el Supremo declaró ilegal.

El Ministerio de Trabajo impulsó la ley Rider para vetar estas prácticas, y Pierre, antes de su declaración como imputado en Barcelona en 2024, anunció que la firma dejaría atrás su modelo y contrataría a sus repartidores.

En su resolución, el juez remarca que Glovo “no acreditó” en sus respuestas a la Inspección de Trabajo que hubiera regularizado a los trabajadores tras la sentencias que le obligaban a cesar la relación como falsos autónomos.

La empresa, agrega el instructor, “se limitó a contestar que no se mantenía” la relación de falsos autónomos, aunque, para el juez, “la realidad incuestionable era que los trabajadores continuaron realizando sus labores” sin ser contratados, pese a las sentencias laborales a favor de los repartidores.

A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

Se ha imaginado decenas de veces la escena. Cómo de intenso sería el frío de aquella tarde de enero o de qué hablarían aquellos dos guardias civiles que se dirigían a Peraltilla (Huesca). ¿Decidirían en ese trayecto cuál de los dos iba a disparar el gatillo? Arnau Fernández Pasalodos (Barcelona, 1995) ha fabulado con el asesinato de su bisabuelo, Manuel Sesé Mur, durante buena parte de su vida. Fue ejecutado en plena dictadura, en 1948, por su actividad política antifranquista. El sargento Agustín Serrano Arroyo y el guardia segundo Marcelino García Gracia le dispararon en la cabeza y por la espada a escasa distancia de su domicilio, en el que estaban su mujer y sus hijos, que lo escucharon.

Hoy, Arnau puede decir que conoce los nombres de quienes lo mataron y el lugar en el que fue enterrado. Pero ya no puede contárselo a su abuela Rosita, que creció sin padre, soportó el estigma de la posguerra y murió en 2016 sin saber dónde estaban sus huesos. “Me duele no haberlo sabido antes y no habérselo dicho a pesar de que tenía derecho a conocerlo”, afirma. Un dolor a destiempo que demuestra cómo el trauma familiar no resuelto, el silencio y la falta de reparación han sido heredados por los bisnietos de la Guerra Civil y el franquismo.

A partir de varios testimonios, Arnau, historiador e investigador en el Centre d'histoire de Sciences Po de París, explora en ¿Mató tu bisabuelo al mío? (Crítica) cómo esta realidad ha marcado la vida de una parte de quienes nacieron más de medio siglo después del golpe de Estado de 1936. El libro, cuyo título está inspirado en una columna de Sergio del Molino en El País, da espacio a esta cuarta generación, que pese a no haber vivido los hechos, ha crecido sintiendo de cerca sus consecuencias. “Es un dolor muy real, que nos atraviesa y condiciona”, explica Arnau, que tras entrevistar a medio centenar de bisnietos reconoce que ha dejado de sentirse “extraño” por “vivir tan ligado” a Manuel.

Los relatos describen experiencias atravesadas por el dolor emocional, y muchas veces físico, que resume Arnau: “Nos duelen los asesinatos injustos, las vidas interrumpidas por la violencia ejercida por su ideología política. Nos duelen nuestros abuelos, que se quedaron sin padre y tuvieron que aprender a callar sin saber ni siquiera donde estaban sus cuerpos. Y nos duelen la falta de reconocimiento público y las fosas, el hecho de que todavía hoy en 2026 haya mucha gente que no puede recuperarlos”.

La memoria de la cuarta generación ha empezado a tejerse en el silencio y la falta de relato, ante lo que ha surgido una necesidad de rellenar esos vacíos familiares. Los bisnietos no conocieron a sus antepasados ejecutados, por lo que ese vínculo se articula generalmente a través de sus abuelos o abuelas, figuras clave en todos los relatos. Son ellos los que conectaron a esta generación con la guerra y la dictadura, no de forma explícita en muchos casos, pero sí a través de un duelo suspendido, el dolor no sanado y los vacíos que sus nietos no comprendían.

Por eso, en todos los casos, la empatía por el dolor de sus abuelos es la que ha activado el proceso de querer saber más. “Yo todo el amor que tengo por mi bisabuelo me vino por mi abuelo”, explica Helios Fernández Garcés, que guarda congelado en la memoria el recuerdo de cuando, a sus once años, su abuela se le acercó y en un susurro le dijo: “Al padre de tu abuelo lo mataron en la guerra”. Aún recuerda el rostro de “profundo dolor” de su abuelo. “Tenía una relación muy intensa con él y creo que algo se me quedó ahí en ese momento, una herida en algún lugar de mi ser que sigue abierta”, cuenta.

La edad que tenía él cuando oyó esta frase impactante era la misma que su abuelo Diego tenía cuando a finales de 1936 un grupo de falangistas asaltó su vivienda de La Sauceda (Málaga), sacó a su padre, Jacinto Garcés Lozano, y lo fusiló. Su abuelo siempre le contaba que había “sentido” los tiros, que era la forma de decir que los había escuchado. Los falangistas incendiaron después la casa y la familia fue obligada a marcharse de la localidad con lo puesto. “Fue en 1936, pero ese dolor me alcanza todavía porque fue ejercido a través de una extraordinaria violencia y porque nunca se hizo justicia”, explica Helios.

La metralleta convertida en escopeta

Buena parte de los bisnietos comparten experiencias atravesadas por las estrategias familiares para camuflar lo sucedido y protegerse ante la represión de la posguerra. La familia de Francisco Javier González inventó que a su bisabuelo Martín lo habían matado por “hacer un chiste” sobre una figura religiosa, cuando en realidad había sido fundador y tesorero del PSOE en El Cerro de Andévalo (Huelva) y fue fusilado en 1937.

Su inquietud emanó desde muy pequeño, cuando Francisco Javier se quedaba fascinado por las fotografías familiares que descansaban bajo el cristal de la mesa del salón en casa de sus abuelos. De una de ellas, la que retrataba a un hombre joven, nadie hablaba. Todavía hoy Francisco Javier recuerda cómo no paraba de preguntar con perplejidad por qué aquel hombre, si era su bisabuelo, no tenía arrugas. “Ese dolor es difícil que salga de mí. Creo que conviviré con él hasta que me muera. Llevo un duelo propio y ajeno”, dice en el libro sobre la injusticia que vivió su antepasado y el impacto que tuvo en quienes vinieron después.

En el caso de Arnau, su abuela nunca habló de la militancia de su padre Manuel, que perteneció a la CNT y fue enlace de la guerrilla antifranquista en Aragón, acudiendo a la frontera con Francia para obtener metralletas y munición. Pero la versión que siempre escuchó en casa es que a Manuel lo habían asesinado por un problema con un pariente que le había denunciado y que, al presentarse unos policías en casa, encontraron una escopeta no declarada.

Arnau es consciente de que su abuela “convirtió la metralleta en escopeta” como una “estrategia de supervivencia cotidiana”. “Era algo muy común. Esta generación, con un profundísimo estrés postraumático, aprendió durante 40 años a callar y despolitizar los asesinatos de sus padres. Lo político se ocultó bajo lo doméstico”, sostiene el historiador.

En esta cuarta generación, las fotografías adquieren un peso clave: no solo como revulsivo para despertar la curiosidad, sino también como anclaje al pasado o incluso al cuerpo desaparecido. Un ejemplo es María Rosa Aránega, cuya familia había guardado en un sobre la única foto de su bisabuelo Silvestre, militante de la UGT que se suicidó antes de ser detenido. Gracias a su investigación artística, la familia rompió el silencio: su madre integró la fotografía en el álbum familiar e hizo copias. “Ahora sí que forma parte de la familia, lo tenemos en el salón de mi casa”, cuenta en el libro al tiempo que revela su dolor por las dificultades que rodean a su exhumación en el cementerio de Cúllar (Granada).

Las experiencias demuestran que los bisnietos son, en muchos casos, aquellos que han abierto la puerta a la memoria en sus familias. La Ley de Memoria Democrática, de hecho, les sitúa como la última generación con derechos de reclamación y reconocimiento como víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. “Estas personas son, dentro de sus familias, las que se han encargado de custodiar la herencia material. No son otros bisnietos ni nietos. Ellos han conservado las cartas, los retratos, los objetos... Son quienes se han encargado incluso de impulsar procesos de investigación o exhumación. Ahí se percibe la continuidad del trauma”, explica Arnau.

Cuadro 16, sepultura 240

Si muchos de los bisnietos conocen hoy parte de la verdad es porque han rastreado las huellas de sus antepasados. La investigación en archivos judiciales y militares ha sido un canal clave para romper el silencio. En el caso de Arnau, encontrar la causa 2441-9 del Juzgado Togado Militar nº 32 de Zaragoza desveló las verdaderas razones de la ejecución de Manuel. Y también desmontó la versión oficial de los guardias civiles que le mataron, que en el atestado atribuyeron la muerte a una huida. Sin embargo, la autopsia —Manuel falleció a los dos días en el hospital— reveló que el deceso se había producido por un único disparo en la cabeza, por detrás, y a muy corta distancia.

A la información que puede hallarse en los archivos se suma la posibilidad de conectar emocionalmente con el antepasado, por ejemplo a través de su firma. Es lo que le ocurrió a Carolina Nebot, para la que hallar la de Blas Castelló López en su consejo de guerra hizo que este dejara de ser “el padre de su abuelo” para convertirse en su bisabuelo. Francisco Javier, por su parte, encontró en el expediente la huella de su bisabuelo, que digitalizó y mantiene guardada en su móvil. Ahora, cada vez que logra un éxito que cree que le haría sentirse orgulloso, abre el teléfono y hace coincidir su dedo con su huella.

Los descubrimientos, sin embargo, se entremezclan con la rabia que les produce haber llegado tarde a esta información todavía parcial, en la mayoría de sus casos cuando sus abuelos y abuelas ya no están vivos. “Es una humillación y otra forma de perder la guerra. Es una vergüenza y una indignidad histórica que tantas personas mayores no supieran ni siquiera que existía un documento con la firma de su padre. Y es así porque en España ha habido una carencia absoluta de políticas públicas para ello”, denuncia Arnau.

Dolor es también lo que les provoca el cuestionamiento que sienten a veces por parte de quienes piensan que su herida es desproporcionada o no les corresponde, exigiéndoles el tan manido “pasar página” o señalándoles por hablar de algo que no vivieron. Arnau suele responder a esta crítica de la misma forma cada vez: contando la búsqueda que ha hecho de su bisabuelo durante los últimos diez años de su vida y relatando lo que ocurrió en la primavera de 2025.

Entonces, tras descubrir lo que su abuela nunca supo, que Manuel había sido enterrado en una fosa común, en el cuadro 16, sepultura 240 del cementerio de Huesca, decidió acudir para homenajearle. Se imaginaba ya solicitando la exhumación de sus restos, para que algún día volvieran a la familia a la que perteneció. Sin embargo, aquel día descubrió junto a un trabajador del camposanto que le dirigió a la zona exacta que lo que había justo encima era un bloque gigantesco de nichos. “Eso solo significa dos cosas: o bien los cuerpos están destruidos o bien los llevaron al osario y están perdidos. En ese momento viví la Guerra Civil. Entendí que nunca iba a recuperar el cuerpo de mi bisabuelo y que no iba a cumplir lo que mi abuela quería, que lo enterraran con ella”.

A la profunda tristeza que el descubrimiento ha provocado en Arnau –“fue como recibir una herencia de dolor, de rabia, de injusticia y de humillación en pleno 2025 por algo que había ocurrido en 1948”, asegura— le acompaña otra emoción que ha empezado a abrirse camino desde que, también en 2025, pudo declarar ante la Fiscalía todo lo que sabía sobre el asesinato de su antepasado. Es una esperanza en el horizonte, la de que a pesar de que ya no se pueda condenar a los culpables por haber fallecido, haya un documento que establezca una verdad judicial que repare, en parte, el dolor y afirme oficialmente que su bisabuelo Manuel Sesé Mur fue asesinado injustamente por sus ideas políticas.

Llevaban preparados desde hace días. No sabían los detalles, pero los miles de migrantes que malvivían desde hace más de un mes en los asentamientos de las playas de Trampolín y Benitez esperaban el traslado al campamento levantado por el gobierno español en el puerto de Ceuta. Divisaban en el horizonte las grandes carpas instaladas en el muelle y preguntaban a todo el que veían que cuándo podrían dormir bajo una de ellas. Este viernes, tras la luz verde de la Audiencia Nacional, ha empezado el ansiado traslado.

Una vez que la Policía ha comenzado dividir por grupos a los migrantes para ir acercándolos al campamento, han aumentado los nervios entre algunas de las personas migrantes, temerosas de quedarse sin plaza. El nuevo campo tiene capacidad para 1.700 personas, mientras que se calcula que los asentamientos de Benítez y Trampolín puede superar los 3.000. En un momento del traslado, la Policía Nacional ha empezado a cargar contra el gran grupo de personas, a quienes ha golpeado con las defensas y han disparado varias salvas lo que ha aumentado la tensión entre los migrantes.

Al menos tres migrantes han resultado heridos, según ha comprobado en el terreno elDiario.es. Uno de ellos, con la cara ensangrentada, ha logrado acceder hasta la segunda zona donde la Policía está acumulando a los desalojados. Otro caminaba hacia allí a duras penas, con sus manos en la tripa, doblado por el aparente dolor. Acompañado por dos miembros de la ONG que gestionar el campamento, Samu, ha tenido que sentarse en el suelo ante la dificultad para caminar.

Acompañados por un despliegue policial no tan numeroso como el esperado, centenares de migrantes se han empezado agrupar en el momento en el que varios furgones y vehículos policiales han comenzado a aparecer en los alrededores de la playa de Benítez. Decenas de personas que habitualmente dormían en la playa colindante, en el simbólico asentamiento de Trampolín, dormían en este punto ante la sospecha de que el primer desalojo se produjese desde aquí. Y así ha sido.

Su destino es el campamento temporal más grande de los habilitados por el gobierno en Ceuta, con un total de 1.700 plazas. Después de no haber recibido la luz verde del gobierno local de Juan Vivas, el Ministerio de Transportes español tomó el control del puerto y ordenó la instalación de dos campos. El miércoles, la Audiencia Nacional aceptó temporalmente las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), pero finalmente fueron levantadas este jueves.

Mientras las obras continúan en este campamento temporal y los operarios siguen trabajando en su acondicionamiento, los primeros migrantes ya han empezado a sentarse en una de las primeras grandes carpas del puerto. Colocados en fila, decenas de jóvenes han entrado en el recinto vallado, donde les esperaba el personal de Samu para colocar sus pulseras identificativas y cachearles antes de su acceso definitivo. “Hala Madrid”, decía uno de ellos, una manera de expresar su alegría y agradecimiento por ser acogido en un espacio digno más de un mes y medio después de la crisis migratoria.

“¿Vamos al campo?”, decía Zacarías. Caminaba con la masa por si acaso, pero aún sin saber si hoy el día. Confirmado la razón del despliegue policial, el joven marroquí empezó a abrazar a sus amigos. Llevaba cuatro semanas durmiendo a la intemperie. “Hay problemas, hace mucho frío, nos gustaría estar seguros en el campamento”, decía el hombre, procedente de Nador.

Otros traslados anteriores, como el de Loma Colmenar, pilló a muchos por sorpresa. Después de que el despliegue policial les despertase de madrugada, preguntaban asustados si serían expulsados a Marruecos. Este no ha sido así. Con el ejemplo de desalojos anteriores, decenas de migrantes hacían guardia en los alrededores de la playa de Benítez. Los vehículos policiales les pusieron en alerta, pero los migrantes trataban de confirmar si su presencia se debía a su reubicación al campamento temporal o a cualquier otra razon.

Los vehiculos de los GRS de la Guardia Civil fueron los primeros en llegar, lo que movilizó a otros cientos de personas que dormían en las cabañas levantadas en la playa de Benitez. Los antidisturbios de la Policía Nacional, sin embargo, no habían aparecido cuando no se pudo esperar más. Ante el nerviosismo y la mayor concentración de personas a la espera de caminar hacia el campo, el operativo arrancó con muchos menos efectivos que los exigidos en un dispositivo como este, menos que en el traslado de los 800 migrantes asentados en Loma Colmenar. Así, cientos de jóvenes marroquíes se han agrupado y los guardias civiles movilizados solo podían dirigir a la masa de personas, mucho más desorganizada que en anteriores ocasiones. En un momento dado, cientos de personas comenzaron a correr, a sabiendas que no hay plazas suficientes para todos, con el objetivo de colocarse entre los primeros en llegar al campamento.

La decena de furgones de antidisturbios de la Policía Nacional llegó cuando cientos de migrantes ya estaban en la entrada del puerto. Entonces, los agentes comenzaron a controlar al enorme grupo de personas, a los que comenzaron a pedir que se sentasen.

Kylian Mbappé sigue en el centro de la polémica después de que decidiera junto con sus compañeros del Real Madrid Ibrahima Konaté y Vinícius Jr no lucir la camiseta con mensajes de apoyo al pueblo de Ceuta antes del partido contra el Elche. Sin embargo, las explicaciones del propio futbolista, que detalló este miércoles que lo hizo porque “quería tener un gesto con los que han perdido la vida” y que no quería “priorizar sufrimientos”, no han terminado de convencer a la derecha política y mediática de España además de a un sector de los aficionados del club blanco. 

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que le “da bastante vergüenza ajena”. “Ellos tendrán que explicar por qué jugando en un partido [sic] español, creo que alguno de ellos incluso tienen la nacionalidad española [por Vinícius], tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. Creo que es una cuestión humanitaria”, detalló la también diputada popular en los pasillos del Congreso este miércoles.

También desde Vox no ha gustado la postura del francés. Para el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, los jugadores del Real Madrid “no apoyan a los españoles”, aunque ha apostillado que los tres futbolistas son “muy libres de hacer y defender las causas que quieran”, aunque los españoles “también son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y luego no apoyan a los españoles”. 

“Vinícius, Mbappé y Konaté se han ganado que no los apoyemos igual”

Fuera de la política, el presidente de la Peña Madridista de Ceuta, Miguel Ángel Montano, ha asegurado que no entiende “la actitud” de los tres jugadores, ya que “no era ningún tema político ni nada por el estilo”. “Vinícius, Mbappé y Konaté se han ganado que no los apoyemos igual, no era un mensaje político y no es admisible hacer eso con nuestro dolor”, ha afirmado en La Tarde de COPE.

Desde los Ultras Sur, el grupo de extrema derecha e ideología neonazi del Real Madrid, también han atacado duramente a los tres jugadores a los que, según ellos, el “escudo y valores” del club “les importan poco o nada”. “Resulta a todas luces inaceptables que jugadores que visten nuestro escudo y cobran su sueldo de los socios decidan permitirse el lujo de faltar el respeto a ciudadanos españoles que están sufriendo las consecuencias de una invasión”, aseguran en un comunicado en el que piden o una disculpa de los tres futbolistas o la dimisión de Florentino Pérez como “culpable de la pérdida de valores y dignidad de nuestro club”. Cabe destacar que los miembros de Ultras Sur tienen prohibida la entrada oficial al estadio desde hace más de diez años y el grupo mantiene una confrontación abierta contra la directiva del club.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también ha arremetido contra los tres jugadores por el “mal” gesto antes del partido. “Ya vimos que decidieron no ponérsela, no ponerse la mitad es como no ponérsela”, ha afirmado al tiempo que ha recordado que era “un acto institucional, de club” y no uno en el que cada uno pueda “manifestar tu opinión personal”. Además, también ha negado que detrás de esta campaña exista una “reivindicación política”. 

La iniciativa, a la que LaLiga se ha sumado, proviene de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para mostrar cercanía a los ceutíes y a los empresarios de la ciudad autónoma a raíz de la crisis migratoria. Al frente de la asociación se encuentra Vicente Boluda, un empresario que fue presidente interino del Real Madrid entre enero y mayo de 2009 después de la dimisión de Ramón Calderón. Juan Roig o Adolfo Utor también pertenecen a la asociación. En la camiseta se podía leer el mensaje “Todos somos caballas”, en referencia al apelativo que reciben los ceutíes, y el lema “Nuestra Ciudad, nuestra pasión”. 

Mbappé, un “malvado villano”

En los aparatos mediáticos de la derecha, el director y presentador Federico Jiménez Losantos también ha atacado duramente a Mbappé. En su editorial en Es la Mañana de Federico ha afirmado que “ha nacido un padre Ángel musulmán”, que es un “malvado villano” y “uno de los propagandistas más peligrosos del nuevo comunismo que es el wokismo”: “Uno puede ser un buen futbolista y un canalla”. “Kilian me recuerdas tanto a Pablo Iglesias que me asquea”, ha afirmado al tiempo que también ha dicho que no pensaba que el jugador, que es “un gran caradura”, que se pareciese “tanto a Sánchez, que es un mediocre, por no decir un pésimo gobernante”. 

“Se piensa que somos imbéciles los españoles, está muy equivocado. Y además se pasa de listo, porque en Francia le permiten todo porque es el capitán de la selección”, ha dicho al tiempo que ha acusado al jugador de tener “negocios en Marruecos”. “Tú lo que quisiste fue comparar las niñas violadas, 60 más o menos, que se sepa seguro, échale el doble o el triple. Quisiste comparar a los niños de Ceuta que no pueden salir de su casa, a los niños que no pueden ir al colegio, a las niñas que no pueden salir a la calle sin que las violen la quisiste comparar con los que sufren. ¿Dónde? ¿En tus fincas, con Ester [Expósito], con [Achraf] Hakimi o tú solito? (...) Lo que quisiste fue desviar la atención de Ceuta para hablar y poner al mismo nivel a los invadidos y a los invasores, que si te crees, Pepito, que somos idiotitas, estás muy equivocadito”, afirmó. 

Jiménez Losantos también ha aprovechado para atacar a Vinícius afirmando que “probablemente la piedra Pómez es más lista” que el jugador brasileño. “El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos”, concluyó.

En la misma línea, en la tertulia futbolista de la Cadena Cope, también atacaron a los jugadores por su decisión. Por ejemplo, Carlos Herrera aseguró que “quedarte a medias es hacer el ridículo sobre todo cuando sabes que toda España está mirando”, mientras que Jorge Bustos apuntó a que “el club que le paga es español” y si “el Real Madrid si toma una decisión institucional debería ser secundada”. “Llueve sobre mojado y este hecho no va a gustarle a muchos madridistas”, afirmó por su parte Juanma Castaño. 

La polémica con el Real Madrid y las camisetas de apoyo a Ceuta acabó salpicando mediáticamente al Barça y a Lamine Yamal. El pasado martes, Josep Pedrerol entró por teléfono en Horizonte para explicar lo ocurrido en el estadio Martínez Valero. Enseguida, el presentador de El Chiringuito señalaba al F.C. Barcelona, anticipando que los culés no tendrían tampoco ese gesto un día después en su enfrentamiento en liga contra el Racing de Santander. 

Horas más tarde, tras repasar y debatir sobre la controversia con los jugadores blancos, Pedrerol volvió a poner el foco en el Barça: “Me cuesta mucho juzgar estas cosas. ¿Hubiera preferido que apareciesen todos con camisetas de apoyo a Ceuta? Pues sí. Me gustaría que mañana el Barça apareciese también con camisetas de apoyo a Ceuta, pero tienen a Lamine, que es marroquí aunque juegue con España”. 

Sin embargo, horas más tarde, el ahora presentador de Mediaset quiso recordar que en el mismo programa del martes fue alertado por un compañero de su error y lo aclaró ante las cámaras de Energy. “Ayer expliqué la situación y dije que en el Barça la situación es complicada, teniendo en cuenta que Lamine es marroquí. Diez minutos después rectifiqué y dije no me refería a marroquí, sino a español de origen marroquí”, argumentó, aludiendo a las críticas recibidas por su comentario.

Después de la polémica, llegaron las palabras. “Yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que perdieron la vida y que también están en condiciones duras”, así explicó el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé su gesto de no mostrarse durante el partido del pasado martes con una camiseta de apoyo a Ceuta. El jugador –quien llevó la remera arremangada para no mostrar la leyenda– quiso hablar en una entrevista con As sobre las motivaciones de su gesto unas horas después de que las redes sociales explotaran con comentarios hacia la estrella. “Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda”, dijo. 

“Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano”, aseguró Mbappé. Sin embargo, el jugador matizó que, pese a eso decidió no desplegar enteramente la prenda porque no quería “priorizar sufrimientos” después de las muertes de los migrantes.

El jugador del Real Madrid señaló que la suya “era una posición no fácil, difícil”, porque “al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no”. En este sentido, Mbappé subrayó que él no “tiene nada contra ellos” y, de hecho, los apoya al “100%”, aún así, sí que quería “ tener también un pensamiento por toda la gente que sufre”.

“Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido”, reiteró Mbappé.

La polémica de la camiseta llegó este miércoles a su punto álgido después de que este martes tanto el jugador francés como sus compañeros Vinicius Jr. e Ibrahima Konaté realizaran ese gesto. Preguntados por la situación, el Real Madrid aseguró a Libertad Digital que el vestuario es “un grupo humano con diferentes sensibilidades” que pueden “pensar y actuar conforme a sus propias convicciones”, por lo que “la libertad individual está por encima de todo”. En esa línea, el club confirmó que no tomará medidas contra los jugadores involucrados.

La imagen se dio en el partido que enfrentaba al Real Madrid contra el Elche perteneciente a la jornada 6 de La Liga. Durante la presentación de ambos conjuntos, los jugadores llevaron una camiseta en apoyo a Ceuta con el mensaje “Todos somos caballas”, en referencia al apelativo que reciben los ceutíes y el lema: “Nuestra Ciudad, nuestra patria”. Una iniciativa a la que La Liga se sumó y que proviene de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para mostrar cercanía a los ceutíes y a los empresarios de la ciudad autónoma a raíz de la crisis migratoria. Al frente de la asociación se encuentra Vicente Boluda, un empresario que fue presidente interino del Real Madrid entre enero y mayo de 2009 después de la renuncia de Ramón Calderón. Juan Roig o Adolfo Utor también pertenecen a la asociación.

Antes incluso de salir al terreno de juego, se pudo ver a Mbappé y a Vinicius conversar sobre como ponerse la camiseta, y al francés poniéndosela arremangada casi por completo, de la misma forma que lo hacía su compañero. Pese a salir con ella, una vez realizada la presentación e incluso antes de hacer el protocolar saludo entre ambos conjuntos, la televisión mostró como tanto Mbappé como Vinicius ya llevaban la camiseta quitada en la mano.

Sin embargo, la de Mbappé y Vinicius no fue la única polémica alrededor de las camisetas que se dio durante estos días. El FC Barcelona se negó a vestirla en su partido contra el Levante en el Estadio Ciutat de València, algo que sí hizo su contrincante. Pero quizás el incidente que más repercusión había traido antes del de Mbappé, Vinicius y Konaté fue el que vivió Eze Abde, jugador del Real Betis nacido en Beni Melal pero con doble nacionalidad marroquí y española. El jugador vistió la camiseta en apoyo a Ceuta antes del partido de su equipo ante el Villareal, algo que provocó la ira en redes sociales de varios usuarios que le acusaban de “abadonar a su patria”.

Posteriormente, Abde tuvo que explicar en redes que “en ningún momento se utilizó la camiseta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo” y que tan solo era “de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada”.

Patrullas de militares recorren Ceuta en busca de migrantes a los que agreden y roban dinero y teléfonos móviles, según una veintena testimonios de migrantes que denuncian a elDiario.es haber sido víctimas de estas actuaciones. Los relatos recopilados de manera directa por este medio, a los que se suma un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio, incluidos menores de edad. También denuncian prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordena con la finalidad de denigrarlos, según los denunciantes. 

Una de las agresiones denunciadas ocurrió la madrugada del viernes 11 de septiembre. elDiario.es recibió el aviso de una redada de dos patrullas de militares españoles en la barriada de Los Rosales. Un equipo de activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo acababa de llegar a la zona para documentar lo ocurrido. Allí, una decena de legionarios estaba desplegada en distintos puntos de un vecindario. Varios uniformados estaban concentrados junto a una casa en ruinas, donde malvivían desde hacía semanas un grupo de migrantes marroquíes. Al percibir la presencia de voluntarios y periodistas, los soldados comenzaron abandonar ese punto, donde tres migrantes heridos pedían auxilio, y se trasladaron al otro extremo del vecindario, donde otros seis soldados trataban de esconderse de las cámaras. 

En ese mismo momento, tres hombres ceutíes se cubrieron el rostro y, colocados delante de los militares que evacuaban la zona, empezaron a lanzar latas y piedras a los activistas y periodistas que observaban los hechos. Los soldados no recriminaron en ningún momento ni trataron de frenar el intento de agresión de los vecinos encapuchados, sino que aprovecharon ese mismo instante para reagruparse y apartarse. En ese momento, un hombre con una gran brecha en la cabeza y la cara ensangrentada, descendió de lo alto del vecindario, mientras uno de los soldados se dirigía al vehículo militar. “¿Quién te ha hecho eso?”, le preguntó Ibrahim Benavides, vecino y líder comunitario de la barriada de El Príncipe, delante del uniformado. “Los militares”, dijo el hombre, casi sin poder mantenerse en pie, señalando a uno de los soldados, que se metió en el vehículo oficial, recogió a otros compañeros y arrancó. 

Cuando los militares se retiraron del barrio, un migrante tras otro empiezan a aparecer entre los rincones donde se habían escondido. “Estos militares nos han golpeado y humillado. Nos han quitado los teléfonos y todo lo que teníamos. No han dejado a nadie sin golpear”, dice Adam, uno de los muchachos que presenciaron los hechos y, tras recibir un golpe con la defensa de los militares, logró escapar. A su alrededor, una decena de migrantes quieren contar lo sucedido.“Como puedes ver, han abusado de nosotros. Uno de los chicos más golpeados es menor de edad. Se han ensañado con nosotros de la forma más cruel”, añade mientras ese mismo adolescente que menciona, también llamado Adam, toca su labio ensangrentado. Tres jóvenes tuvieron que ser trasladados al hospital al presentar lesiones y heridas de consideración, tras ser recogidos por una ambulancia. 

Los migrantes con heridas más visibles –otros sufrieron contusiones leves en manos, brazos y pies que no requirieron traslado al centro sanitario– presentaban contusiones en la cabeza, rostro y/o costillas, todas lesiones compatibles con los golpes de las defensas. Especialmente la de Omar (nombre ficticio). De su brecha alargada de unos cuatro centímetros de largo brotaba la sangre que manchaba su cara, cuello y manos. “¿Por qué nos hacen esto? ¿Esto es legal en España?”, se preguntaba el hombre, desconcertado, quien a medida que pasaban los minutos empezó a sentirse mareado y desorientado. A Adam, de 17 años, además de sus labios inflamados y cubiertos de sangre se agarraba la cabeza, que presentaban marcas de un golpe reciente. “Me duele mucho la cabeza. Soy menor. Nos ha dado mucho miedo, estábamos atrapados y se reían de nosotros mientras nos golpeaban”, denunciaba con los ojos enrojecidos, minutos antes de subir en la ambulancia. 

El lugar exacto de los hechos denunciados, a donde nos acompañó el grupo de migrantes que denuncia la agresión, era la salida de los restos de una casa en ruinas donde pernoctaban los jóvenes para evitar este tipo de actuaciones, de las que todos los migrantes hablan con miedo en Ceuta. Para acceder al lugar es necesario tumbarse por un estrecho hueco, que da paso a un habitáculo lleno de cascotes, basura y olor a orina. Los migrantes hacían turnos para dormir, no ahí, sino en otra zona por la que también había que acceder a rastras.

“Los militares no se metieron aquí. Desde fuera nos dijo uno en árabe que saliésemos. Que si salíamos nosotros no iban a hacernos nada, que solo querían cachearnos. Pero en cuanto salió el primero, agachado, le dieron en la cabeza cuando estaba aún de rodillas. Fue con el que más se ensañaron”, explica el chico que logró correr aterrado hasta esconderse en la casa de un vecino ceutí. 

Justo en ese punto, el suelo del edificio estaba manchado de sangre, tal y como pudo comprobar elDiario.es. También había varios móviles con la pantalla rota tirados en el suelo. “Nos rompieron los móviles a algunos. A otros nos lo robaron”, denuncia Adam, quien denuncia el robo por parte de militares de 180 euros. “Es un dinero que me dio mi madre para aguantar aquí. Se lo había quitado ella de su comida y su medicina para ayudarme y salir adelante”, añade el joven, también de 17 años. 

Parte médico menciona golpes de militares

El 8 de septiembre, en torno a las 18:30 horas de la tarde, Hassan (hombre ficticio) descansaba bajo la sombra de su chabola en uno de los asentamientos de migrantes de la ciudad (que no detallamos por riesgo a que pueda ser identificado). elDiario.es había estado hablando con él sobre la situación del campamento, en los alrededores de su tienda, apenas una hora y media antes de que “cinco militares” irrumpieran en el interior de la colorida tienda. Su abrupta entrada le despertó, asegura.

“Entraron a mi cabaña, donde duermo cada noche, y me dijeron: ‘¿Quién eres?’. Le dije: Soy un hombre normal. Me preguntaron dónde vivía y por qué hablaba español. Uno de ellos tomó la porra y me dio en la cara”, detalla a elDiario.es, apenas tres horas después de la supuesta actuación de los militares, a las puertas del Hospital de Ceuta.

Le cuesta hablar. El lado izquierdo de su rostro está inflamado por un golpe con la defensa que, además de la contusión, le ha roto una muela. Su ojo derecho comenzaba a hincharse entonces y se acabaría de amoratar al día siguiente, cuando este medio volvió a reunirse con él tras su salida del centro sanitario. El informe médico, al que ha accedido elDiario.es, describe sus lesiones y parte de los hechos denunciados: “Paciente que acude refiriendo haber sido agredido por militares con una porra en la cara (región facial izquierda), así como en la pierna derecha y codo derecho”, incluye el documento. 

elDiario.es acompañó a Hassan al hospital y tomó fotografías de todas las lesiones apenas tres horas después de los hechos, así como un vídeo en el que él mismo denuncia los hechos. Sin embargo, este medio se ha comprometido con el denunciante a no publicarlas mientras se encuentre en la ciudad autónoma, ante su miedo a posibles represalias. El marroquí asegura que los militares querían expulsarle ilegalmente a Marruecos tras la supuesta paliza, pero él escapó. “Me metí corriendo en el mar y, con el agua a la cintura, caminé hasta salir por otro lado y huir”, dice. Sus zapatillas aún estaban mojadas cuando nos encontramos con él tras la agresión. 

El hombre no ha regresado al asentamiento donde permanecía desde las primeras semanas tras la entrada masiva. “Me da miedo que vuelvan a por mí. No puedo acercarme allí”, explica Hassan, quien lleva una semana compatibilizando las noches en las calles de algunos barrios ceutíes con algunas noches en habitaciones alquiladas gracias al envío de dinero de un familiar. Esta semana, elDiario.es volvió a recibir una llamada suya desde el hospital: “Me ha dado un ataque de pánico. Pasé la noche en la calle y hubo varias redadas de militares cerca de mí. Lo he pasado fatal”. El parte médico, de nuevo, confirma su testimonio. 

Desde la entrada de migrantes a Ceuta, cuando más de 70.000 personas llegaron a una ciudad de 20 kilómetros cuadrados y 80.000 habitantes, el Gobierno movilizó al Ejército para apoyar las labores de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el enclave español. Su presencia es visible en cualquier punto de la ciudad, y algunas patrullas permanecen durante horas fijas en zonas donde realizan una función disuasoria al acceso de migrantes, como en la entrada al centro de la ciudad. Las Fuerzas Armadas no poseen las funciones policiales, de seguridad ciudadana ni de orden público que corresponden a los cuerpos civiles como la Policía o la Guardia Civil, por lo que las actuaciones denunciadas sobrepasarían las que son permitidas por ley.

Fuentes del Gobierno aseguran a elDiario.es que “no les consta ninguna denuncia” y condenan “cualquier tipo de violencia”. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan en Ceuta para preservar la convivencia. No cabe duda de que se investigará cualquier agresión que se haya podido cometer”, señalan las mismas fuentes.

El Partido Popular ha aprobado en el Senado este martes una iniciativa para instar al Gobierno de España a “otorgar temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta” con el objetivo de “reforzar así su capacidad de actuación y su protección jurídica ante la situación que continúa viviendo la ciudad”.

Humillaciones

Más allá de violencia, los migrantes entrevistados por elDiario.es hablan también de prácticas humillantes y denigrantes. El mismo día de la agresión denunciada por Hassan, tres furgones militares irrumpieron en las naves del Tarajal alrededor de las 18 horas. Sus chapiris y la insignia de sus vehículos confirmaban que eran legionarios. Más de una decena de soldados se desplegaron a lo largo del polígono y comenzaron a cachear a algunos de los migrantes acampados allí. “Estamos buscando a gente con cortes y tatuajes”, dijo un uniformado a elDiario.es, que se acercó rápido a explicar al ver a una periodista en la zona. Una fuente policial explica que las primeras redadas se centraron en un inicio en buscar a personas tatuadas y con heridas cicatrizadas, pues Marruecos envió en un inicio un listado a las fuerzas de seguridad españolas en las que daba información con personas de estas características, que aparentemente serían ciudadanos marroquíes condenados en su país.

Dos chicos ceutíes señalaban algunos lugares del asentamiento, en lo que parecía una actuación coordinada con estos. Más allá de la retirada de la camiseta a algunos migrantes o el registro de sus enseres personales, los militares que estaban a la vista de esta periodista parecían comportarse de una manera amigable con algunos jóvenes, especialmente con los niños.  Sin embargo, minutos después de su retirada de la zona, varios de ellos comenzaron a salir con la cabeza rapada de un punto de las naves más escondido. Algunos se tocaban la cabeza con desconcierto, otros estaban cabizbajos sin entender nada.

Abdul (nombre ficticio) era de los segundos y su cabeza no estaba rapada, estaba trasquilada. Encogido, se tocaba la mitad del cuero cabelludo que mantenía su pelo largo, que muchos marroquíes acostumbran a cuidar con esmero. “Han venido los militares y le han dicho al barbero que, o me rapaba, o le echaban a Marruecos. Le ha ordenado que me haga esto”, dice Youssef (nombre ficticio), con el rostro desencajado, a punto de llorar. “¿Por qué hacen eso? ¿Hay alguna razón o solo es divertirse? Quiero justicia”, añadió el chico muy afectado. Poco después, un compañero le peló para igualar el destrozo. Otros dos de los chicos (que este medio había visto con pelo largo antes de la llegada de los militares y se los encontró rapados tras su salida) aseguraron haber sido pelados de manera forzada ante la amenaza de ser expulsados. “O eso o 'fuera, fuera'”, resumían algunos de ellos. 

En otro punto de Ceuta, en los alrededores del asentamiento del Trampolín, elDiario.es habló con otros dos jóvenes marroquíes que aseguraban haber sido retenidos por militares y, después de ser “rociados con gas pimienta”, ser retenidos en otro punto de la ciudad y obligados a cortar parte de su cabello. “Me engrilletaron, me pegaron con la porra. Llevaban unas tijeras y me cortaron a trozos. Me sentí muy mal”, explica el chico veinteañero, quien días después pudo pedir a uno de los barberos marroquíes repartidos por distintos asentamientos que arreglase su corte de pelo. Uno de esos peluqueros asegura que esta semana fue detenido por militares tras negarse a rapar el cabello de dos amigos menores de edad.

Denuncias de palizas en el bosque

“Me dijeron que les rapase. Los chicos empezaron a llorar, a pedir que no lo hiciese y me negué. Me tomaron, me metieron en su furgón y me llevaron cerca del CETI, en el bosque. Allí me dieron con la porra en todas partes”, decía el joven. La actitud vacilona de días anteriores había desaparecido. “¿Cómo pueden hacernos esto?”. 

Un modus operandi similar es el que describe Bilal. El hombre denuncia haber sido retenido por varios militares en los alrededores de la playa del trampolín. Tras ser introducido a la fuerza en un vehículo militar, cuenta, fue trasladado al bosque en el área donde se encuentra el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Muestra sus brazos, marcados con señales de cigarros. Su espalda varios moratones alargados, coincidentes con los que habitualmente deja el impacto de las porras en la piel.

“No estaba haciendo nada cuando me tomaron”, indica el hombre, cuyo ojo también está amoratado. Su caso htambién a sido denunciado por el colectivo Border Resistance, que ha publicado un vídeo del estado en el que quedó su espalda tras las agresiones. “No es Libia ni es Ceuta. Lo llegaron en coche hasta el bosque donde, según nos contó, le torturaron y lo grabaron”, ha indicado el colectivo en redes sociales.

Madrugada en el hospital

Fatima iba a hacer la compra cuando, frente a un supermercado cerca del puerto de Ceuta, escuchó el llanto de un chico. Cuando miró hacia él, vio a un joven menudo, encogido, con los ojos rojos y el “brazo desencajado”. Lo acompañaban dos militares que “le acababan de encontrar tirado en el suelo entre quejidos de dolor, según su relato. ”Me acerqué a él y le dije que qué le había pasado. Me dijo que le pegaron los militares. Le pregunté que qué había hecho y los otros soldados, los que le acompañaban, me respondieron con cierta vergüenza que seguro que no había hecho nada, porque había otros militares que ‘ya se estaban pasando’“, explica la mujer, vecina ceutí.

Según advirtió a elDiario.es, estos dos uniformados, que aparentemente afeaban las actuaciones de otros compañeros, llevaron al menor al hospital de Ceuta. Dos horas más tarde, este medio encontró al chico en la sala de espera específica para los migrantes, que el Hospital de Ceuta ubica en el exterior del centro sanitario (mientras que los ceutíes pasan dentro). Dice que tiene 17 años, pero parece menor. Sujetaba el brazo con una mano y decía que le dolía. “¿Han sido los militares?”, preguntamos. “Sí, porra”, dijo. Este medio no pudo hablar más con el niño porque dos guardias de seguridad del centro sanitario ordenaron la salida de la vía que conduce a las Urgencias. 

En el trayecto, una mujer comenzó a gritar desde la ventanilla de un vehículo blanco. “¿Donde está el niño que hemos encontrado en la calle? ¡Que han dado una paliza los militares! Que nos lo han dicho otros militares, que os estáis pasando, le han dejado destrozado”, empezó a decir la mujer, la hermana de Fatima. Esta periodista grabó un vídeo de ese momento pero una guardia de seguridad cortó a empujones la grabación y, después de retenerla durante unos minutos y amenazar con llamar a la Policía, elDiario.es decidió borrar las imágenes para continuar trabajando. 

En cuestión de minutos, otros dos adolescentes marroquíes llegaron a Urgencias cargando a un joven que no podía mantenerse en pie ni apenas la consciencia. “¿Han sido los militares?”, preguntamos. “No, se ha caído”, dijeron en un inicio. Una hora más tarde, los amigos del herido reconocieron que el chico había recibido una “paliza brutal” por parte de militares a las puertas de la casa donde están siendo acogidos. El joven se tuvo que quedar esa noche ingresado, según sus acompañantes. “Nos tratan como animales. Somos menores y no importa. No te hablan, no te dicen nada, solo llegan, buscan si tienen porros y te pegan mucho”, afirmó el chico. 

El robo de móviles, dinero y enseres personales es otra de las denuncias repetidas en la mayoría de testimonios recogidos por elDiario.es. Algunos migrantes aseguran ser esperados en los alrededores del Carrefour próximo a la playa del Trampolín, en algunas calles poco transitadas, y una vez retenidos ser víctima de golpes o robos de sus teléfonos, dinero o incluso la comida que acaban de comprar. Asad (nombre ficticio) duerme desde hace semanas en el asentamiento informal de migrantes más grande de Ceuta. elDiario.es se lo encuentra corriendo mientras un militar le persigue con la defensa en la mano. Cuando el uniformado ve la presencia de este medio, frena y se da la vuelta.

El hombre va descalzo y se queja de que ha tenido que tirar la compra de arroz, huevos y leche que acababa de hacer. “En el asentamiento no nos hacen nada, incluso son simpáticos, porque saben que hay mucha gente. El problema es cuando vamos a comprar, están escondidos en algún punto y te paran para hacer controles. A veces solo te registran y otras te toman, te esconden en algún sitio y te pegan. Otros han sido expulsados después de ir a comprar”, añade el marroquí. Este medio preguntó a ese mismo agente y él aseguró que solo iba a hacer un control rutinario. Preguntado sobre qué hizo con la bolsa llena de comida, dijo que se la había entregado a otro migrante. Asad se fue cabizbajo y descalzo. Por si acaso, intercambió su camiseta roja con la negra de otro amigo. “Tengo miedo de que ahora vengan a por mí. Ya me pegaron otra vez y estaban a punto de agarrarme”. 

Si tienes información sobre este u otros casos similares, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

La lentitud de la Justicia española terminó en intento de suicidio. Francesc Augé, el solicitante catalán de eutanasia que lleva 768 días con su derecho en suspenso, quiso quitarse la vida ante la tardanza del juzgado para dar el visto bueno definitivo a su muerte digna después de que su padre renunciara a impedirla.

Tal y como adelantó la Cadena SER y confirmó elDiario.es, Augé se encuentra ingresado en un hospital psiquiátrico de la provincia de Barcelona tras intentar suicidarse en su casa, solo y de madrugada el pasado domingo.

Augé había advertido tanto a su entorno como en intervenciones en medios de comunicación en que podía terminar quitándose la vida si su procedimiento, uno de los dos casos en España de eutanasias impugnadas por familiares, no se solventaba.

A finales de agosto, tal y como adelantó elDiario.es, el padre de Augé renunció a seguir adelante con el procedimiento y abrió la puerta, tras más de dos años de pleito, a la eutanasia de su hijo.

Para formalizarla, era necesaria una resolución formal del juzgado que no se llegó a producir. Tras publicar elDiario.es la noticia, la Generalitat, que representa a la Comisión de la Eutanasia que en 2024 avaló la muerte digna para Augé, pidió al juzgado no dilatar más la muerte digna. El solicitante es un vecino de Barcelona de 55 años, que sufrió dos ictus y dos infartos y tiene reconocida una discapacidad del 75% y un grave sufrimiento psicológico.

La respuesta del juzgado contencioso encargado de la causa fue un formalismo, pese a los casi dos años transcurridos y que el pleito de Augé es prioritario al versar sobre derechos fundamentales: el juzgado dijo que no tenía el procedimiento porque la causa estaba en el TSJ catalán.

“Cuando reciba las actuaciones, se dará al procedimiento el curso legal que corresponda”, apostilló el letrado de la administración de justicia del juzgado contencioso 5 de Barcelona el pasado 31 de agosto. Ante la falta de respuesta, Augé intentó suicidarse.

Junto al de Noelia, el caso de Augé llegó al Supremo en el intento, minoritario, de los familiares a oponerse a eutanasias ya avaladas por médicos y juristas.

El intento de frenar la eutanasia a Augé impulsado por su padre había llegado hasta el Tribunal Supremo, que el pasado junio le dio la razón y le permitió impugnar la eutanasia de su hijo. Los magistrados lo acordaron tras un intenso debate que no se saldó con unanimidad.

La mayoría del Supremo consideró que el padre sí podía recurrir, pero una minoría de jueces advirtió a sus compañeros que su decisión menoscababa la eutanasia y la convertía en un “derecho a una mala muerte o una muerte sin dignidad” en la medida que se permitía a un familiar recurrirla y alargar el sufrimiento del paciente.

Permitir a un padre, una madre o una pareja impugnar una eutanasia, razonó el voto particular, resultaba contradictorio, pues se trata de un recurso que no busca “restaurar un derecho vulnerado”, sino “impedir al titular del derecho a la muerte digna la prestación de la ayuda para morir”. En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los magistrados es en reclamar al Congreso cambios legales para acortar al máximo los trámites de resolución de los casos.

La decisión del Supremo obligaba al caso de Augé a volver al casillero de salida de un juzgado de Barcelona, en un pleito que se alargaba ya dos años. Pese a ser un caso prioritario, según la ley, al versar sobre derechos fundamentales, tanto el TSJ catalán como el Supremo tardaron más de medio año en solventar los recursos del padre a la decisión inicial del juzgado de impedirle recurrir la muerte digna de su hijo.

El desistimiento del padre en su recurso hacía pensar que Augé podía recibir ya la eutanasia, pero la falta de respuesta judicial ha hecho que optara por intentar quitarse la vida.

La decisión de la justicia española de suspender el derecho al voto de los descendientes del exilio, dice Mariana Figueroa, la hizo sentir “una ciudadana de segunda”. Esta arquitecta de 62 años se confiesa indignada y triste, y asegura que la negativa del Tribunal Supremo “pone en riesgo la reparación histórica”. Ella, como los otros argentinos que han prestado su testimonio a elDiario.es, obtuvieron el pasaporte español o están a la espera de hacerlo gracias a la llamada ley de nietos sancionada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática.

El Consulado General de España en Buenos Aires acumuló desde entonces 645.000 solicitudes. Sin embargo, la cifra de nacionalizados ronda los 30.000; y, de ellos, menos de la mitad pidió el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los expedientes que están en trámite seguirán su proceso, pero no se darán de alta en el censo.

En todo caso, la paralización cautelar del Supremo determina que ni unos ni otros podrán ejercer su derecho a voto hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto, que fue llevado a la Justicia por Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa.

El embate de los ultras se dirigió contra la Junta Electoral Central (JEC) y la instrucción expedida por el Ministerio de Justicia que establecía una “presunción general de exilio” para facilitar los trámites de quienes abandonaron España en la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura franquista –entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955– sin exigir una prueba documental minuciosa. Ahora sí tendrían que probar que el exilio tuvo que ver con razones “políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual”, como recogía la disposición de la ley.

“Me parece una falta de consideración de la justicia, una quita de derechos ciudadanos, porque se exigen documentos del exilio que muchas familias no conservaron. La gente se vino en barco con lo que tenía. Así llegó mi bisabuelo con mi abuela desde Valencia tras la Guerra Civil”, señala María del Pilar Moura Santángelo, que ya tiene la nacionalidad española.

A esta abogada de 32 años le preocupa que el Poder Judicial “avasalle” a otro poder del Estado, y sea desconsiderado con las condiciones de emigración. “Hay división de poderes, el Parlamento ya se pronunció y ahora la Justicia pone requisitos adicionales que no incluía la ley”, se queja.

“Soy española, ¿qué más me van a restringir?”

Griselda Díaz Marchi tiene 52 años, es nieta de asturianos y cuenta con la nacionalidad española desde 2024. “Me parece tremendo el fallo judicial, porque es uno de nuestros derechos, el derecho político, poder votar, elegir a nuestros representantes, aunque nosotros no vivamos allá, en mi caso, por ahora. Dentro de mis proyectos está poder ir a vivir a España. Soy trabajadora social y revalidé el título para poder trabajar allá, si es que se concreta este proyecto. ¿Qué más nos van a restringir? ¿La posibilidad de trabajar, la posibilidad de votar? Yo soy española, tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”.

Díaz Marchi señala también el componente ideológico. “Hay una clara agresión hacia Pedro Sánchez, que tiene una política distinta a la del resto de Europa, y quieren quitarnos la posibilidad de reelegirlo o elegir a otro presidente que continúe con estas políticas”, asegura.

Aunque en las elecciones generales de 2023 hubo bastante expectación y se preveía que el voto exterior podía alterar los resultados en hasta nueve provincias, la realidad tras el recuento fue menos sustanciosa: movió apenas un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

La derecha española ha buscado instalar la hipótesis de que la masa de nuevos electores en Argentina actuaría como una suerte de provincia con más peso que la mayoría de los distritos peninsulares. Sin embargo, no existe un distrito electoral fuera de las fronteras; cada voto emitido en el exterior se asigna a la región española donde residieron los ciudadanos españoles o sus antepasados.

“Mi abuela María González vino de niña desde el pueblo de Cantalpino, cerca de Salamanca. Me lo sé de memoria al pueblito. Hice la reconstrucción familiar; somos un montón de hermanos y solo yo hice el trámite de nacionalidad. Siento tristeza”, cuenta Figueroa. Para ella, se trata de “un acto discriminatorio”. “Me parece que existe un temor de que algunos votos no vayan en la dirección de unos determinados intereses”.

“Es un golpe a la identidad”

Diego Pérez, de 52 años, sigue a la espera del trámite de su nacionalidad, que inició en 2023. “Mi bisabuela paterna, Julia Fernández, vino en un barco, se fue al campo, a Olavarría (provincia de Buenos Aires), y no se documentó por miedo, durante años. Vino de Crémenes (León) con lo puesto y nunca más volvió”, relata. Y asegura que la decisión del Supremo le indigna porque “más allá del reconocimiento de la ciudadanía, es un golpe a la identidad”. Y recuerda que la ley de nietos supone un reconocimiento a aquellos españoles que se vieron obligados a irse del país: “Es un homenaje a esa gente que se la jugó”.

Pérez, empleado público, adhiere a la idea de que se trata de una medida ideológica. “Así planteado, parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; es netamente ideológico. Vemos cómo la Justicia empieza a contaminarse la justicia con lo que dice el fascismo. Yo espero que España empiece a mirar con atención lo que está pasando en Alemania, con el triunfo de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt”.

Para Mariana Rodríguez Mora, la resolución judicial es parte de un contexto global que busca poner cada vez más trabas a los migrantes, aun cuando este tipo de leyes reconocen derechos surgidos de otras migraciones, como en el caso del exilio español.

“La ley de nietos ha representado un avance en la reparación para los descendientes del exilio”, señala esta trabajadora social de 29 años, que inició el trámite de nacionalidad española después de que lo hiciera su madre, porque quien emigró a Argentina fue su bisabuela, desde La Rioja. “Negar el voto a nacionalizados residentes fuera de España responde a resistencias políticas; es negar que la gente migra en busca de mejores condiciones de vida, como fenómeno histórico y natural”.

Este sábado, Torreciudad (en Huesca, España) tendrá su tradicional Jornada Mariana de la Familia. Un encuentro que reúne a decenas de miles de familias, en su mayor parte cercanas al Opus Dei, y que este año estará presidido por el decano del Tribunal de la Signatura Apostólica del Vaticano, Alejandro Arellano. Él es, desde hace dos años, el comisario pontificio plenipotenciario designado por la Santa Sede para resolver el durísimo conflicto que enfrenta a la Obra y a la diócesis de Barbastro-Monzón desde 2020 y que la semana pasada alcanzó niveles insospechados.

¿Cuál es el origen del conflicto? Hace ahora seis años, la prelatura y la diócesis se reunieron para reformular los términos de un acuerdo sobre el complejo, que tienen su origen en 1962 y que en 1975 concluyó con la marcha de la imagen de la Virgen de Torreciudad desde la ermita original (del siglo XI) a la construida por el Opus para venerar a la Virgen de los Ángeles, que según la tradición ‘curó’ a su fundador, Escrivá de Balaguer, cuando era un niño.

El inicio del conflicto radicaba en el control del complejo, construido por el Opus sobre terreno de la diócesis. Sin embargo, mientras se negociaban dichos términos, la diócesis observó algunas maniobras relacionadas con asuntos económicos y comenzó a tirar del hilo. En 2023, tras no alcanzar un acuerdo, Pérez Pueyo decidió nombrar a un nuevo rector del recinto, a lo que se opuso la Obra, ya por entonces 'intervenida' por la Santa Sede. En 2024, Francisco nombró a Arellano comisario plenipotenciario para decidir sobre el futuro del complejo, que cada año atrae a cerca de doscientos mil peregrinos, pero dos años después Roma todavía no ha tomado una decisión.

El conflicto se agravó este verano, después de que se anunciara la llegada de Arellano a Torreciudad sin que la diócesis fuera avisada, lo que se vio como una “provocación”. Así, el 31 de agosto, el obispo de la diócesis, Ángel Pérez Pueyo, lanzaba un ultimátum al Opus (y al propio comisario papal) al anunciar que, si no se produce el regreso de la imagen de la Virgen de Torreciudad a su lugar original, renunciará a su cargo. “Yo no puedo firmar, aprobar ni consentir una fórmula que prive a este pueblo de Barbastro-Monzón de su propia Madre, o que la convierta en alguien extraño que haga algunas visitas a sus hijos desde casa ajena”, escribía el prelado, haciendo saltar las alarmas en la Santa Sede.

El prelado, de hecho, ordenó el retorno de la talla a la ermita original para una celebración que tuvo lugar el pasado 5 de septiembre. Horas después, la Virgen volvió a la sede del Opus. En su carta de agosto, Pérez Pueyo llegó a hablar de “expolio” por parte de la Obra al patrimonio de la diócesis. El prelado también criticó la actuación del comisario, defendiendo que debía centrarse en el futuro del complejo y no en una suerte de “intervención” de la diócesis, como en algunos momentos ha parecido.

La cosa no quedó ahí. Pocos días después, El País publicaba las cartas que el difunto Papa Francisco había enviado a Pérez Pueyo, en las que le animaba a “no ceder” en sus demandas y le alertaba de las “intrigas mafiosas” en su contra. El contenido de las misivas, así como las maniobras para sacar al obispo de Barbastro y enviarlo a Ciudad Real ya habían sido adelantadas hace un año por elDiario.es, pero la filtración de las cartas, escritas y firmadas de puño y letra por Bergoglio, elevaban el tono y la gravedad de la cuestión. Y afectan directamente a cualquier decisión que pueda tomar León XIV.

Tras la publicación de las cartas de Francisco a Pérez Pueyo, el Opus Dei, que había mantenido una posición de silencio oficial, emitió unas “precisiones” en las que hacía un repaso a la historia de Torreciudad. Rechazaba que pudiera hablarse de “una sustracción, una usurpación o una retención ilegal, como sugiere el obispo de Barbastro”.

En su comunicado, la Obra, que no hace referencia alguna a los papeles de Bergoglio, recordaba que “en la escritura pública del 24 de septiembre de 1962 (...) se cedió a perpetuidad el dominio útil –no la propiedad, que corresponde a la diócesis– de la antigua ermita y de la imagen”, remarcando que, “posteriormente, el acuerdo documentado el 8 de septiembre de 1966 estableció que el Patronato construiría y financiaría el nuevo santuario con la condición expresa de que la imagen recibiera en él culto y veneración”.

Una tesis que no concuerda con la explicación de la diócesis, que argumenta que el acuerdo de 1962 decía expresamente que la imagen de la Virgen debía “seguir siendo venerada en el mismo templo” y que niega tener constancia documental del posterior acuerdo de 1966, del que la Obra solo muestra un acta notarial que hace referencia al mismo, pero no el original.

León, ante “una situación diabólica”

“Una situación diabólica”. Así es como definen fuentes bien conocedoras del conflicto. La Santa Sede ya tendría que haber tomado una decisión definitiva sobre el futuro de Torreciudad, de la Virgen y, por extensión, el del obispo de Barbastro, Ángel Pérez Pueyo. “El problema es que, después de la publicación de las cartas de Francisco, la situación se ha tornado imposible para el comisario, y para el propio León XIV”, afirman fuentes cercanas al proceso consultadas por elDiario.es.

“Si el Papa falla en contra del obispo, lo estará haciendo en contra de Francisco. Si lo hace a favor, todos pensarán que lo ha hecho presionado”. En la Santa Sede, que oficialmente no comenta la situación, hay cierto “malestar” por la filtración de las cartas de Bergoglio, que “dificultan” cualquier posible fin pactado al conflicto. Hasta hace semanas, muchos pensaban que la presencia de Arellano este fin de semana en Torreciudad serviría para anunciar el futuro del templo. Tras los últimos acontecimientos, pocos lo esperan. Incluso, lo temen: “Si el comisario dice algo justo ahora, ratificaría esas ‘intrigas mafiosas’ de las que hablaba Francisco”, apunta un obispo consultado por elDiario.es, aunque admite que, “a día de hoy, cualquier cosa puede pasar”.

¿Qué pasará con Torreciudad? En principio, se mantiene un principio de solución que, como adelantó elDiario.es, estuvo muy cerca de cerrarse el verano pasado, pero filtraciones que Roma achacaba al Opus Dei echaron por tierra. ¿En qué consistiría? Torreciudad se convertiría en un santuario internacional, dependiente directamente de la Santa Sede, que podría intervenir en todo lo referente a la gestión, incluida la patrimonial, del complejo, uno de los grandes secretos del conflicto.

En cuanto a la talla, la propuesta hablaba de que al menos en dos ocasiones al año podría volver a su ermita original. Sin embargo, el último órdago de Pérez Pueyo —“tened por seguro que vuestro pastor nunca firmaría ese improbable expolio a vuestra dignidad. Pondría en tal caso mi cargo a disposición por lealtad a nuestro pueblo”— dificulta esta posibilidad.

En los últimos días, el obispo ha tratado de rebajar la tensión, afirmando que “deseo que el Opus Dei pueda seguir desarrollando aquí su misión”, pero reafirmándose en su posición de no ceder. No es la primera vez que lo hace: ya hace años, contra el criterio de Roma, defendió la devolución de los bienes de la Franja desde Lleida a Barbastro, llevando el caso a los tribunales. Y ganándolo. A día de hoy, nadie descarta que pueda hacer lo mismo. Más aún cuando otras voces apuntan a que una hipotética marcha del obispo de Barbastro supondría, de facto, la unificación de las diócesis de Huesca y Jaca (ya unidas en la figura de un solo obispo, aunque se mantienen como diócesis propias) con la de Barbastro-Monzón.

¿Qué hará, entonces, el Papa? Fuentes eclesiales apuntan a que, a diferencia de Francisco, León XIV es un pontífice más pausado, que trata de escuchar todas las opciones, y que no quiere dar “pasos en falso” en esta polémica.

Una polémica que no viene sola. Y es que Prevost todavía no ha aprobado la reforma de los estatutos del Opus Dei, cuyo texto inicial fue rechazado en dos ocasiones por Francisco y cuyo redactado final fue entregado hace más de un año al nuevo Papa, sin que haya tomado una decisión definitiva acerca del futuro de la prelatura.

Tampoco ha hablado sobre el escándalo de las ‘sirvientas’ de la Obra en Argentina, que afecta entre otros al vicario general del Opus Dei, Mario Fazio. Prevost sí recibió hace pocos meses al periodista Gareth Gore, quien ha denunciado prácticas de manipulación espiritual y económica por parte de la institución. En ese encuentro, Gore planteó la urgencia de que el Vaticano dé respuesta a las víctimas de Argentina del Opus Dei y el Papa le dijo que lo haría.

¿Podría León XIV unir todas las causas del Opus Dei? “Yo no lo descartaría” apunta una fuente vaticana a elDiario.es. Tampoco, que este sábado, el comisario Arellano pueda dar alguna nueva pista.

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El Tribunal Supremo de España paraliza de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos, lo que privará su derecho al voto salvo que acrediten tras un largo proceso burocrático que son descendientes de exiliados.

La mayoría de magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tomaron esta decisión tras la vista celebrada este lunes, en la que Vox y el partido Iustitia Europa solicitaron la suspensión de la inscripción en el censo de este colectivo hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto. Uno de los seis magistrados anunció que formulará un voto particular al discrepar de la decisión de la mayoría.

El acuerdo establece que aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante esa norma continuarán la tramitación de su expediente de inscripción en el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Sin embargo, una vez finalizado el expediente, su inscripción quedará suspendida hasta que se dicte sentencia firme. Además, hasta la emisión de la sentencia, también se suspende el derecho al voto para las personas que ya están inscritas bajo este mismo supuesto para los sucesivos procesos electorales que se convoquen.

La única vía para burlar esta suspensión es lograr que los Registros Consulares expidan una “certificación acreditativa” de su condición de nacidos fuera de España de progenitores o abuelos originariamente españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación/identidad sexual. Eso supone iniciar un nuevo procedimiento para acreditar de nuevo los requisitos que implica un largo proceso burocrático, lo que augura que será muy difícil que los nacionalizados en virtud de esta norma puedan participar en las próximas elecciones generales.

Una ley de 2022

La llamada ley de nietos establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles víctimas de la represión del franquismo. Fue aprobada en octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación en el Congreso y en el Senado.

Se opusieron a la Ley de Memoria Democrática, pero sin censurar la disposición adicional octava que incluía esa norma y que afirma lo siguiente: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”.

Cuatro año después, al calor de un acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio sobre la inscripción de estas personas en el censo, el PP y Vox dieron aire a una teoría conspirativa sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo por la ley de nietos. El partido de Santiago Abascal y Iustitia Europa impugnaron ese acuerdo de la Junta Electoral que el Supremo ha acabado suspendiendo de forma cautelar.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado se habían opuesto a suspender las altas incorporadas al CERA como consecuencia de la denominada ley de nietos porque eso implica revisar la concesión de la nacionalidad, que no es lo que se ha recurrido.

El fiscal apuntó en la vista que cuando se pide que se frene el proceso de inscripción de personas en virtud de su derecho de sufragio al disponer del requisito previo la nacionalidad, “lo que se pretende es convertir a la Oficina del Censo Electoral en un registrador que califica actos jurídicos, en este caso la nacionalidad, y diga que no puede acceder al censo”, que es una consecuencia automática y legal concedida tras la nacionalidad. Por eso, continuó, este no es el proceso de impugnación de la ley de nietos ni de instrucciones posteriores, no puede ser “un recurso contra todo, de suspensión absoluta de todo el sistema”.

La Abogacía del Estado pidió la inadmisión del recurso —a la se opuso el fiscal— y el rechazo de las cautelares. La representación de los servicios jurídicos del Estado defendió que solo se puede privar del derecho de sufragio por sentencia penal firme, de que la adquisición de la nacionalidad deriva de actos firmes y que el sufragio es una consecuencia legal.

Los argumentos de Vox e Iustitia Europa

Desde Vox, el letrado y eurodiputado Jorge Buxadé aseguró que “si la medida se deniega el censo va a seguir aumentado de forma anómala cuando no ilegal, y la reparación del daño será irreversible”, de manera que “se habrá contribuido a un gigantesco y masivo fraude” y a “una quiebra del estado democrático, ya que la Junta Electoral Central está para garantizar la transparencia y la igualdad de voto”.

Luis María Pardo, de Iustitia Europa, defendió la necesidad de adoptar medidas cautelares para evitar que una eventual sentencia llegue cuando sus efectos electorales ya sean irreversibles, porque aun siendo estimatoria “podrá ordenar la revisión del censo para procesos futuros pero lo que no podrá hacer es reconstruir con certeza una elección ya celebrada”.

Un ataque fronterizo instigado por redes sociales que no se supo predecir y una crisis migratoria posterior que no se supo calibrar. Y todo en pleno mes de agosto, con la administración del gobierno español a medio máquina por las vacaciones de verano. Esa es la principal conclusión que se comparte de puertas hacia dentro entre los distintos departamentos del gobierno implicados en la gestión de un problema que hoy mantiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez contra las cuerdas. Estabilizada la frontera, un mes después quedan en las calles de Ceuta miles de personas que se enfrentan a un largo proceso administrativo antes de poder ser acogidas o retornadas. Y que permanecen varadas en una ciudad desbordada, hastiada por la alteración radical de su hábitat y en la que, lo que es peor, empiezan a estallar episodios de violencia racista.

Todo se desencadenó la mañana el 30 de julio, cuando ya se respiraba en la política española un ambiente parecido al de un fin de curso. Lo previsto aquella mañana, víspera de las vacaciones de verano, era una especie de tregua política tras un ejercicio especialmente corrosivo para Pedro Sánchez, coronado con la peor ola de incendios en tres décadas. Pero nada más lejos de la realidad. La fecha del 30 de julio de 2026 ya está marcada en rojo como la crisis fronteriza más grave documentada en la historia reciente en España. Y amenaza con convertirse en un callejón sin salida para un gobierno acorralado por los errores de su propia gestión y por la ofensiva de la derecha de PP y Vox, que han encontrado en Ceuta el contexto perfecto para abrirle otra vía de agua al Ejecutivo.

La sensación generalizada en el gobierno español es que se reaccionó tarde, que el tiempo perdido ha complicado mucho las cosas y que la actitud de Europa y la presión del PP (y de un Vivas mucho más hostil que en crisis anteriores), les deja en una situación imposible. Y no solo desde el punto de vista de la mera gestión migratoria. También desde un enfoque político, con la imagen de un Ejecutivo que no supo actuar a tiempo en un tema de especial sensibilidad para la opinión pública. “Nos volcamos en la crisis fronteriza y con la migratoria hubo un error de cálculo”, asumen en el gobierno de Sánchez.

Lo que sigue a continuación es una reconstrucción de la gestión de la crisis en sus fechas clave, con información obtenida de una decena de fuentes al más alto nivel, tanto en la ciudad autónoma como en el gobierno central. Y que arranca con un precedente que resulta trascendental para comprender lo ocurrido: la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de España sobre devoluciones migratorias en frontera.

8 de julio. La sentencia del Supremo

“Quien entra por mar no supera un elemento de contención fronterizo en el sentido literal del precepto, y, por tanto, no puede ser objeto de rechazo en frontera”. Si hay que buscar el origen exacto de la crisis fronteriza en Ceuta, seguramente esté en esta frase de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio. La resolución judicial tiene que ver con el caso de un ciudadano argelino que entró a nado a Ceuta el 14 de noviembre de 2024 y que fue devuelto a Marruecos de forma inmediata por las autoridades españolas. Una actuación que ahora el alto tribunal concluye como irregular y que cambia de forma radical el paradigma de la seguridad fronteriza.

Las consecuencias son inmediatas. La prensa local ceutí, pero también el gobierno de la propia ciudad autónoma e incluso la Delegación del gobierno central, comienzan a reportar un incremento constante y progresivo de entradas a nado por El Tarajal, aunque nada ni remotamente parecido a lo que acabaría sucediendo el 30 de julio. Para hacer frente al nuevo escenario, en cualquier caso, el Ministerio del Interior ordena entonces un refuerzo de 70 efectivos: 60 dedicados a funciones de seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 dedicados al control fronterizo marítimo. Además, se destinan siete embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, con sus correspondientes tripulaciones compuestas por casi 30 agentes: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y cinco embarcaciones semirrígidas.

Pero la situación empeora conforme transcurre el mes de julio. En un comunicado conjunto, el gobierno local de Vivas y la Delegación del gobierno en Ceuta hablan el 27 de julio de una “emergencia migratoria” que requiere “una respuesta extraordinaria e inmediata” tras la entrada de mil personas a nado en una semana. Ese mismo día, Juan Jesús Vivas mantiene una conversación telefónica con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.

Según el ejecutivo ceutí, Vivas había reclamado poder hablar con el presidente del gobierno para trasladarle personalmente su preocupación por la deriva en la frontera, pero fue derivado a su jefe de gabinete. Según Moncloa, en esa conversación (que acotan a unos pocos minutos), el presidente de Ceuta reporta datos de entrada que no resultan llamativos respecto a la situación fronteriza de otros veranos, cuando siempre se produce un repunte de entradas. Y añaden que, en cualquier caso, se da traslado a Interior. Nadie entonces es capaz de calibrar la magnitud de lo que ocurriría tres días después.

La vía directa de comunicación sobre la situación fronteriza esas semanas previas se establece entre la Delegación del gobierno y la secretaria de Estado de seguridad, Aina Calvo. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sumerge durante todo el mes de julio en la gestión de la peor ola de incendios en 30 años. El fuego arrasa 77.000 hectáreas entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo en uno de los peores episodios registrados jamás en el centro de la Península.

Es Marlaska quien declara la emergencia de nivel nacional (nivel 3) por el fuego y quien, por tanto, asume la dirección operativa en coordinación sobre el terreno con el general jefe de la UME. El día 29, en una entrevista en La Sexta a colación de los incendios, le preguntan también por la situación en Ceuta que denuncia Vivas: “Las relaciones con Marruecos son cercanas, basadas en la lealtad. Y ellos trabajan de manera denodada por limitar las salidas irregulares. Es una situación excepcional que estamos afrontando con los medios que tenemos allí dispuestos de forma permanente. Estoy convencido de que en breve podremos solventarlo”. Faltaban menos de 24 horas para el cruce masivo.

30 de julio. Fin de la emergencia por el fuego, principio de la emergencia en Ceuta

El 30 de julio amanece con buenas noticias, pero no durarán mucho tiempo. El parte meteorológico da por fin un respiro. La cuarta ola de calor afloja, se reducen los vientos y cesan las tormentas secas. El gobierno rebaja la emergencia de los incendios a nivel 2 y Moncloa organiza en la agenda de Pedro Sánchez una visita in situ al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila). A las once en punto de la mañana interviene públicamente el presidente para confirmar que la emergencia nacional queda atrás. En las imágenes oficiales que distribuye Moncloa en sus redes sociales, se aprecia a la espalda del presidente al ministro de Interior pendiente de su teléfono móvil durante la comparecencia.

Es allí, en Navaluenga, donde el ministro y el presidente del gobierno se enteran de la alerta en Ceuta. La casualidad hace que se encuentren juntos cuando el teléfono de Grande-Marlaska empieza a echar humo. Son la once y media de la mañana y desde la Delegación del gobierno y desde los altos mandos de la Policía y la Guardia Civil se reportan las impactantes imágenes que empiezan a llegar en directo desde el paso fronterizo del Tarajal. Miles de personas agolpadas y cruzando a nado o por el espigón desde Marruecos a suelo español. Los primeros cálculos que se trasladan dejan atónitas a las autoridades: 250 personas por minuto. El ministro y el presidente regresan a Madrid para atender la emergencia y tomar las primeras decisiones.

Marlaska convoca a la una de la tarde a una reunión de urgencia a la plana mayor de Interior, con secretarios de Estado y directores generales. Antes, habla personalmente por teléfono con el ministro del Interior de Marruecos. En Moncloa, Sánchez convoca también a su equipo más cercano. Habla, ahora sí, personalmente con Juan Jesús Vivas. Se estudian todos los escenarios posibles y se evalúa también la situación con la información que llega en tiempo real desde Marruecos, principalmente a través de la interlocución de Marlaska y Albares con sus homólogos de Interior y Exteriores. Sobre la mesa se pone la posibilidad de convocar de urgencia ya en ese momento un Consejo de Seguridad Nacional. Y se descarta. La decisión final es que el presidente del gobierno se traslade a Ceuta al día siguiente.

31 de julio. Sánchez visita Ceuta: “Ataque a la integridad de España”

El presidente del gobierno y el ministro del Interior comparten avión para viajar a Ceuta a primera hora del viernes 31 de julio. Cuando aterrizan, la situación permanece fuera de control. Decenas de miles de personas recorren de un extremo a otro una ciudad cerrada a cal y canto. Ni tiendas, ni supermercados, ni oficinas. Nada funciona en Ceuta en esas primeras horas de colapso. La imagen que describen desde los equipos de Sánchez y Marlaska que les acompañaron en esa visita resulta esclarecedora: “Fue una sensación de desborde absoluto. Apenas se podía transitar por las calles porque estaban repletas de gente agolpada que había cruzado la frontera. Eran más de 70.000 personas sin tener a dónde ir en una ciudad de 80.000 habitantes”. En ese momento aún no se tienen datos fidedignos, pero se calcula ahora que asciende a 140 el número de personas muertas en la frontera.

Sánchez y Marlaska se reúnen con el presidente Vivas. El jefe del Ejecutivo comparece en público: “Lo sucedido se define como un ataque y una violación de la integridad territorial de España”. Los contactos diplomáticos entre España y Marruecos se suceden al más alto nivel durante esas horas. Pedro Sánchez regresa a Moncloa ese mismo día. El ministro del Interior se queda en Ceuta al frente de un operativo que es, ante todo, de seguridad fronteriza.

Y llega otro mazazo. En pleno estallido de la crisis, un numeroso grupo de socios europeos liderados por la italiana Giorgia Meloni le da la espalda a España. Plantean abiertamente suspender el espacio Schengen de libre circulación en nuestro país por la situación en Ceuta. Se apresuran a secundar a Meloni los gobiernos de República Checa, Dinamarca o Finlandia. A la crisis fronteriza se acaba de sumar una de reputación internacional, por las imágenes de la frontera sur, y otra diplomática de primer nivel con gran parte de la UE.

1 de agosto. Retorno a Marruecos, crisis con la UE

El 1 de agosto, Pedro Sánchez se pone también al frente de la durísima crisis abierta con la UE. Contacta personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los pocos apoyos que mantiene intacto el líder español entre sus socios. Y eleva una enérgica queja a Bruselas. En una carta, Sánchez lamenta la reacción “egoísta, polarizadora e ilícita” de varios de los países de la Unión. Y reclama una reunión urgente de los Ministerios del Interior de los 27 para “establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros”.

En esa carta, Sánchez asegura que su gobierno ha logrado “restablecer plenamente el control sobre la frontera” y que lo ha hecho gracias a la cooperación de Marruecos. En efecto, la inmensa mayoría de las personas que cruzaron a nado o a pie El Tarajal el 30 de julio deciden volverse. Aunque el Ejecutivo ensalza en público esa colaboración del gobierno marroquí para un retorno masivo de decenas de miles de personas en apenas 48 horas, desde los departamentos ministeriales implicados en la gestión de la crisis restan heroica al operativo: “Decidieron volverse ellos mismos porque se encontraron una ciudad en la que no podían ni comprar comida, ni agua. Y en la que obviamente no se encontraron lo que les habían prometido, aunque es verdad que la policía marroquí facilitó ese regreso por la frontera”.

Es también el 1 de agosto cuando Marlaska ordena el comienzo de instalación del sistema provisional de contención marítima: una línea de boyas de 730 metros para delimitar en el agua el espacio fronterizo como respuesta a la sentencia del Supremo del 8 de julio, tres semanas antes. El presidente del gobierno se traslada a la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, para iniciar sus vacaciones de verano.

2 de agosto. “Un error de cálculo”

En esa carta que Pedro Sánchez remite a la presidenta de la Comisión Europea, expone algunos datos que el paso del tiempo ha demostrado incorrectos. Sánchez cifra en esa misiva en 50.000 el número de personas que pasaron de manera irregular a suelo español. Y añade que se había logrado “devolver a prácticamente todos”. Ninguno de los dos datos eran ciertos, pero la información que manaba desde las fuentes del Ministerio del Interior en esas primeras horas así lo trasladaban.

Ese 2 de agosto por la tarde, de hecho, el ministro del Interior decide regresar a Madrid. Lo hace porque, según traslada públicamente, “la situación se ha revertido casi en su totalidad”. En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Marlaska asegura que “todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro de que así no se entra en España”. Y que por eso “la normalidad” se estaba “alcanzando” y ya no tenía “nada que ver” con los días previos. A preguntas de la prensa, puntualizó que, en cualquier caso, “la crisis no se daba por cerrada” hasta que no se pudiera dar “por concluida definitivamente”.

“En 48 horas el panorama era completamente distinto. Vimos a riadas de gente saliendo por la frontera del Tarajal de vuelta a Marruecos sin ningún tipo de incidentes. Y seguramente cometimos el error de pensar que, si en dos días habían vuelto tantos, en una semana eso estaba liquidado. Es evidente que fue un error de cálculo”, admite una de las personas del gobierno desplazadas a Ceuta y que ha seguido in situ el operativo.

4 de agosto. Actualización de cifras: “Solo quedan 2.000”

El 4 de agosto tiene lugar por videoconferencia la reunión de ministros del Interior de la UE. En un comunicado conjunto posterior, los miembros de los 27 cambian el tono de las primeras horas y ponen en valor el trabajo del Ejecutivo español para devolver al grueso de migrantes que cruzaron la frontera. El gobierno da carpetazo a la crisis con sus socios a excepción de Meloni, que establece de manera unilateral controles en los aeropuertos para vuelos procedentes de España. Sánchez ordena la misma medida a vuelos italianos. Y Grande-Marlaska actualiza los datos: entraron 72.000 y se volvieron 70.000, así que solo permanecen 2.000 personas en suelo ceutí.

Esas cifras ni siquiera concuerdan con las que manejan ya desde el Ministerio de Inclusión de Elma Saiz, que aprueba una dotación de emergencia de 6,5 millones de euros para prestación de servicios, ejecución de obras y atención sociosanitaria y distribuye a través de Cruz Roja kits de alimentación diarios para entre 3.000 y 4.000 personas, así como productos de higiene femenina y atención sanitaria. Los datos que manejan ya las autoridades de la ciudad autónoma hablan a una cifra superior a las 5.000 personas.

6 de agosto. La ministra de Infancia viaja a Ceuta, enfrentamiento Robles-Marlaska

La titular de Infancia, Sira Rego, se convierte en la primera ministra que visita Ceuta después de Grande-Marlaska. Durante su estancia acude a centros de acogida de niños y niñas no acompañados, anuncia una partida de 25 millones de euros y se reúne con el presidente de Ceuta, al que traslada todas las vías abiertas por el gobierno para la gestión de los menores: reunificación familiar, campaña de acogida familiar en la Península, despliegue de la acogida vinculante para las comunidades y posibilidad de convenio con entidades del tercer sector para trasladar a 500 niñas a la Península. Pero en ningún caso saltarse la ley. Es decir, que la expulsión de niños y niñas a Marruecos resultaba una demanda imposible en la que el propio Vivas, el PP y Vox se encargaban de insistir en público diariamente.

En los últimos días, se produce un choque soterrado entre los Ministerios de Defensa e Interior. Desde el departamento de Grande-Marlaska se niega de forma categórica que ni el Centro Nacional de Inteligencia ni ningún otro estamento o responsable político o policial hubiera dado aviso previo de que algo similar a lo que sucedió el 30 de julio podía ocurrir. Desde el Ministerio de Defensa se insinúa lo contrario, y esa tensión escalará durante todo el mes hasta la comparecencia de Margarita Robles en el Congreso. Esta semana, la titular de Defensa llegó a precisar que el 29 de julio se produjeron avisos “orales” a la Delegación del gobierno sobre los movimientos en frontera. Moncloa, el resto de Ministerios y la propia Delegación del gobierno en Ceuta lo niegan.

7 de agosto. Reunión clave para dimensionar la crisis

Sánchez convoca una reunión de coordinación por videoconferencia con los ministros de Defensa, Interior, Migraciones e Infancia y con el secretario de Estado de Exteriores. Según todas las fuentes consultadas, en esa reunión se comparte un balance de la situación y se adoptan nuevas medidas de seguridad, pero con una prioridad muy clara por encima del resto: fortalecer el control de la frontera a uno y otro lado del Tarajal ante la amenaza “real y creíble” de nuevos llamamientos a cruces masivos.

Con perspectiva, los equipos ministeriales consultados por este periódico asumen que en ese momento la preocupación por la frontera superó con creces a la atención que se otorgó a un flujo migratorio instalado en Ceuta que decidió no volver a Marruecos y que ni siquiera se acertó a dimensionar de forma certera. “Los datos que teníamos hablaban de que quedaban 2.000 personas, que es una situación tensa pero no dramática, porque Ceuta había afrontado crisis muy superiores”, exponen desde el gabinete de uno de los departamentos más implicados en la gestión.

Desde otro Ministerio se asume como una “desconexión” con la realidad de Ceuta el fallo al calibrar la situación migratoria. “Ese día se pusieron sobre la mesa los datos y se concluyó que la ciudad podía estar tensionada, pero que desde un punto de vista migratorio 2.000 personas no suponían una emergencia. Ahora es fácil mirar atrás y aceptar que era una desconexión con la realidad”.

De hecho, Sánchez ni siquiera considera esta vez convocar la Comisión de Migraciones presidida por Ángel Víctor Torres que estuvo al frente de crisis anteriores, como la de la isla de El Hierro en 2023, y que según todas las fuentes consultadas implica un nivel de coordinación clave entre distintos departamentos que esta vez no se produjo. Varias de las fuentes consultadas recuerdan que en esa crisis de El Hierro también jugó un papel fundamental de coordinación el ministro Félix Bolaños, en esta ocasión volcado en las decisiones que afectan más estrictamente a su departamento.

Como lo ocurrido fue abordado en este caso como una crisis fronteriza y no migratoria, el peso operativo de las primeras semanas recayó fundamentalmente en Interior, con la secretaria de Estado, Aina Calvo, y la Directora General de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón, como principales apoyos de Marlaska. Esta última, en el cargo desde el último gobierno del PP de Mariano Rajoy, con una gran ascendencia sobre el ministro.

15 de agosto. La frontera bajo control.

Desde el 30 de julio, los servicios de inteligencia y de la seguridad del Estado sí detectan los movimientos en redes sociales que incitaron al cruce masivo y que repetían ese llamamiento para una fecha muy concreta: el 15 de agosto. Aunque en el gobierno español extreman la prudencia sobre el diagnóstico, sí existen conclusiones claras sobre que servidores de Estados Unidos y Rusia estaban detrás de la difusión de mensajes, muchos de ellos en inglés y francés, a través de plataformas como Facebook, Instagram o Telegram. Y por eso el Ejecutivo se mantiene también tan cuidadoso con las insinuaciones de colaboración de Marruecos que, a día de hoy, aseguran no tener claras.

Para ese 15 de agosto los mensajes eran explícitos. “Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”, escribió un usuario de Facebook en un grupo llamado ‘Alhucemas, puerta de Ceuta’, tal y como publicó Maldita.es. Otro usuario, en Telegram, pedía organizarse para antes incluso de esa fecha. “Hermanos, hay un golpe antes del 15; el día 15 estará demasiado lleno. Quien quiera ir, que envíe un mensaje privado”. Los Ministerios del Interior y de Defensa redoblaron sus esfuerzos para el operativo de seguridad fronteriza, y el ministro de Exteriores lanzó un mensaje directo en una comparecencia pública: “No arriesguen su vida, porque serán devueltos”. Tras una intensa labor de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes, el 15 de agosto se frenaron algunos cruces, pero la situación no llegó a mayores.

17 de agosto. Primer anuncio del gobierno español para la ubicación de migrantes

Tuvieron que pasar 18 días para que la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz (aterrizada en Ceuta el día antes), anunciara la habilitación de cuatro espacios temporales de acogida humanitaria para 1.500 personas. A esas alturas, las organizaciones desplegadas sobre el terreno y el gobierno de la ciudad autónoma claman por medidas urgentes que palien una situación muy lejos de estar controlada.

Desde el gobierno explican que la propia ministra Saiz había negociado personalmente por teléfono con Juan Jesús Vivas varios emplazamientos para atender a las personas migrantes de la calle que luego se habían visto frustrados. “Este Vivas no es el de 2021. La presión de su partido, de Vox y de muchos vecinos no es la misma, porque estamos en un momento antimigratorio global. Y el gobierno ceutí ha obstaculizado emplazamientos porque se les han quejado vecinos que no querían a los migrantes cerca de sus casas”, sostienen en la Moncloa sobre las razones de la tardanza.

Del 20 al 25 de agosto. Primeras plazas bajo techo y mando único

No es hasta el 20 de agosto, 22 días después del paso fronterizo, cuando se abren los dos primeros espacios de atención humanitaria con 1.800 plazas. Y hasta el día siguiente, 21 de agosto, cuando la Policía Nacional puede comenzar a hacer uso del Centro de Atención Temporal de Extranjeros para labores de triaje. El 22 de agosto, regresa a la Moncloa desde Lanzarote el presidente del gobierno y se acelera la toma de decisiones.

El lunes 24 visita por primera vez la ciudad el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y anuncia que al día siguiente se aprobará la designación del mando único reclamada por Vivas. Explica el gobierno que esta decisión “permite dotar de más agilidad a la toma de decisiones y a la puesta en marcha de todos los recursos”. Se formaliza el martes 25, el día que vuelve a reunirse el Consejo de Ministros y que se convoca el Consejo de Seguridad Nacional. 26 días después de que pida ese mando único el presidente de la ciudad autónoma.

La crisis ha escalado en los últimos días con episodios de violencia explícita. Grupos organizados impidieron esta semana a la Cruz Roja el reparto de comida a los migrantes, prendieron fuego a sus escasas pertenencias y agredieron a vecinos musulmanes. Y varios marroquíes atacaron con piedras a un vehículo militar en el que resultaron heridas varias personas. En la Moncloa, ahora sí, han saltado las alarmas. La preocupación es máxima por el bloqueo de un flujo migratorio que tiene por delante un largo proceso administrativo que impide legalmente su expulsión. Ni pueden retornar hasta tramitar sus expedientes, ni nadie quiere oír hablar de un traslado temporal a la Península en mitad, además, de la presión extrema de los socios europeos. Así que a Ceuta le quedan meses para volver a la normalidad.

“No es verdad que hayamos estado desconectados, y ahí están las actuaciones, pero es muy probable que una situación así no se hubiera producido en el mes de marzo con todo el mundo en sus puestos”, sostiene un alto cargo del gobierno cuestionado sobre los problemas de gestión de esta crisis. Otro apela directamente al desgaste político y personal del presidente tras un curso especialmente doloroso en los tribunales para su pareja, su hermano o incluso para el expresidente Zapatero. Y también alude al escaso perfil político de vicepresidentes que son esencialmente especialistas de sus materias, como Carlos Cuerpo o Sara Aagesen, pero que no se desenvuelven en la gestión de crisis políticas de este calado.

La obsesión ahora es atajar de raíz los episodios de violencia antes de que la herida en Ceuta sea irreparable. Y conseguir emplazamientos suficientes para sacar de la calle a todos los migrantes que aún deberán permanecer meses en la ciudad autónoma a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo, en el caso de los mayores de edad, o a su posible reagrupación familiar en el caso de los menores.

Aunque en privado la mayoría de departamentos asume abiertamente los errores de coordinación y de cálculo, la consigna de Pedro Sánchez es mirar hacia adelante y volcarse en sofocar este otro incendio, social y político, también de gran magnitud. Porque Ceuta se ha convertido en un polvorín de consecuencias imprevisibles y en el caladero soñado para los discursos políticos que galopan a lomos de la ola xenófoba y antimigratoria que recorre Europa y buena parte del mundo. Por eso son conscientes en la Moncloa de que, del éxito de esa empresa, depende ahora casi todo. Primero, la convivencia de la ciudad autónoma. Y segundo, el porvenir del propio gobierno.

La imagen de un vecino con la cara ensangrentada y varios puntos de sutura en la nariz tras ser agredido por manifestantes, los contenedores quemados o miles de personas migrantes huyendo de la Playa del Trampolín, en España, ante la llegada de una protesta de cientos de locales decididos a destrozar sus tiendas de campaña. Son algunas de las escenas que deja el brote de violencia, especialmente virulento en las últimas 48 horas, en la ciudad autónoma de Ceuta. Reuniones para cortar suministros a los extranjeros, incluso para hacer batidas y sacarlos de los barrios haciendo uso de la fuerza se han hecho comunes en grupos de WhatsApp de las barriadas. En ellos proponen “llegar hasta la muerte”.

Ya al día siguiente de la entrada en Ceuta desde Marruecos de varias decenas de miles de migrantes aparecieron comportamientos violentos. Una manifestación bajo la premisa de “defender Ceuta” acabó en persecución por el centro de la localidad a los magrebíes que acababan de llegar. Algunos llegaron incluso a lanzarles piedras, teniendo que intervenir la Policía Nacional. El hostigamiento a los que cruzaron el Tarajal se repitió el 1 de agosto, con la ciudad aún repleta de personas y los comercios cerrados.

El regreso voluntario —aunque con la colaboración de Ejército y Policía Nacional— de la gran mayoría de quienes habían flanqueado la frontera a nado o directamente a pie por el espigón el 31 de julio parecía dar un pequeño respiro y las muestras de violencia en las calles desaparecieron, aunque por poco tiempo. El gobierno central habló de vuelta a la normalidad, algo que crispó los ánimos de los vecinos, pues aún quedaban en Ceuta más de 10.000 personas de la entrada. Las Fuerzas Armadas fueron sacándolos del centro de la localidad, único espacio donde en el último mes los residentes han podido mantener una cierta rutina en su vida. Las personas del África subsahariana y unos cientos de magrebíes fueron a parar al campamento de la Playa del Trampolín.

Niños con madres y personas de Marruecos quedaron en los barrios de la periferia, repartidos sobre todo entre Sidi Embarek y Príncipe Felipe —donde los propios vecinos montaron espacios seguros para mujeres y niñas— y Hadú. Durante días la situación pareció no avanzar, con escenas de calles repletas de migrantes e imágenes de locales afirmando que sentían inseguridad. “No podemos salir a la calle”, repetían desde la calle numerosas personas entrevistadas en programas en directo, asociando delincuencia con la totalidad de los migrantes.

La promesa del gobierno español de retornar a todos sin excepción, un extremo que se sabía imposible legalmente porque muchos son solicitantes de asilo y otros son menores que no pueden ser repatriados salvo que su interés superior así lo aconseje, caló en el ideario de los vecinos, que esperaban una rápida vuelta a Marruecos de las personas que entraron por el Tarajal. La realidad demostró con el paso de los días que eso no sucedería y que la cosa iba para largo. El acuerdo entre administraciones para levantar cuatro nuevos emplazamientos donde acoger a una cifra inicial de 1.500 personas no llegó hasta el 17 de agosto. Casi un mes después de los hechos, el gobierno constituyó un mando único dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres. Él mismo apuntó este jueves en el Congreso que no podrá enviarse de vuelta a todos los migrantes y que desde luego la ley impide hacerlo de forma instantánea como pide el gobierno local y la derecha nacional.

Entretanto, los mensajes de odio corren como la pólvora en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó durante las 48 horas posteriores a la llegada de los migrantes 9.590 mensajes de odio relacionadas con este episodio. Los comentarios de las publicaciones de medios de comunicación locales en páginas como Facebook también aparecen plagadas de insultos, tanto hacia las personas migrantes como hacia el Ejecutivo de España. En muchas ocasiones, también hacia el delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, una de las principales dianas de los manifestantes, que suelen proferir insultos contra él en cada una de las protestas que acaban en la plaza de los Reyes, sede del organismo.

Tras la primera semana de crisis humanitaria, los representantes de las cuatro culturas con representación en Ceuta —cristianos, musulmanes, hindúes y judíos— convocaron una manifestación en la plaza de la Constitución en la que volvieron a evidenciarse comportamientos hostiles hacia medios de comunicación, insultos al Ejecutivo y hacia los migrantes. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, acabó subido al escenario y se dio un baño de masas, coreado por las alrededor de dos mil personas presentes.

Una escena que se ha repetido en muchas de las concentraciones, con los protestantes incluso acabando su recorrido en la casa del dirigente al grito de “presidente, presidente” o con el mandatario cantando “fuera invasores” junto a los vecinos delante de la Asamblea. Este miércoles, antes de acudir al Trampolín, donde las reyertas se multiplicaron, los vecinos acompañaron al líder local a su domicilio y le despidieron con abrazos, cuando minutos antes en una comparecencia había mostrado su apoyo público a las manifestaciones, pero pidiéndoles que evitaran la violencia.

Desde el domingo 9, la indignación de los vecinos fue en aumento ante la sensación de inacción por parte de las Administraciones. Mientras Vivas insistía en culpar al gobierno central y Madrid empezaba a deslizar falta de colaboración por parte de la ciudad autónoma, los vecinos de la periferia estallaban, dando un ultimátum. Si el 18 de agosto no habían recibido respuesta por parte de los ejecutivos (central y local), tomarían a las personas alojadas en los campamentos de sus barriadas y las bajarían “al centro”.

Finalmente, el delegado del gobierno trasladó a los afectados que habilitarían un espacio en el embolsamiento cerca de la frontera y otro en la Hípica para acoger a las personas de los asentamientos de Sidi Embarek, el Príncipe y también a quienes deambulaban por Loma Colmenar. Dando por buena la medida, los representantes de los barrios cargaron duramente contra la Ciudad por mantener, a su juicio una política de “dos Ceutas”, centro y periferia, que asociaban a un cierto racismo estructural.

La suma de dos hechos acabó por prender la mecha de las reyertas que desde el martes se viven cada tarde en Ceuta. El primero, que al final miles de migrantes del Trampolín fueran llevados a los campamentos, en vez de quienes estaban en los asentamientos de las barriadas; y el segundo, los comentarios de los residentes en la periferia sobre la actitud de quienes viven en la zona noble de la localidad. Cada vez que se filtraba la ubicación de un nuevo espacio para acoger a migrantes, los vecinos salían a la calle a protestar y la Delegación daba marcha atrás. Por su parte, en Loma Colmenar, las movilizaciones fueron diarias una vez vieron que quienes usaban las tiendas montadas por el Ministerio de Migraciones eran quienes hasta el momento habitaban el Trampolín.

Volvieron entonces los anuncios de manifestaciones masivas desde distintos puntos de la localidad, casi a la par que se anunciaba finalmente el mando único y aparecía filtrado el borrador del real decreto que recogía los espacios que podrían servir como punto de acogida para migrantes. Los había en casi toda la ciudad y escocían especialmente entre los vecinos los polideportivos y los cuarteles situados cerca de viviendas, así como la antigua Fábrica de Harinas. Cada barriada o cada dos, en caso de las más pequeñas, se juntaron en grupos de WhatsApp. Un canal por el que empezaron a correr los bulos, como el de un posible confinamiento, o muchos relacionados con supuestas acciones delictivas por parte de migrantes.

elDiario.es ha podido ver de primera mano el contenido de algunos de estos grupos en los que los participantes organizan directamente batidas para “cazar” migrantes y “sacarlos” de sus barrios. También planean en ellos el corte de suministros y distintas clases de acciones de boicot, incluso a establecimientos locales. De hecho, existe una lista de tiendas y bares marcados por vender productos a los extranjeros, darles agua o dejarles cargar el móvil a los que piden no se acuda. Aunque no todos los participantes son violentos. Algunos llaman a evitar lanzamientos de pintura o de huevos, algo que en los últimos dos días sí ha sucedido.

El martes, en una enorme manifestación que recorrió toda la localidad, varios periodistas fueron agredidos y migrantes hostigados. Días atrás, un cámara local también había sido golpeado por un protestante a la puerta del Ayuntamiento: “Pensé que eras un mena”, dijo para justificarse tras pegar al joven musulmán.

El miércoles y el jueves llegó el pico de violencia. Ayer varias personas más fueron agredidas, no solo periodistas. Un civil acabó con la nariz rota a manos de otro vecino y comentaba este jueves, con varios puntos de sutura en la cara, que teme salir a la calle, “no por los migrantes” sino por sus propios vecinos. La agitación fue en aumento desde que los manifestantes dejaron la plaza de los Reyes tras insistir en la devolución inmediata de los migrantes y en insultar al delegado y al gobierno central. Se dirigieron hacia la playa del Trampolín y, por el camino, se enfrentaron a extranjeros, lanzaron huevos a un taxista musulmán y forzaron el cierre de un negocio que tenía en su terraza a algunas personas magrebíes.

Una vez en el arenero que ha servido de asentamiento desde el día posterior a la entrada, optaron por correr hacia los migrantes, que huyeron inmediatamente al ver llegar a la turba, y destrozaron sus tiendas de campaña y las estructuras creadas con palos a modo de techumbre improvisada. La Policía Nacional acabó por conducirlos fuera del lugar, pero muchos, ya con la cara tapada, continuaron sus batidas por las barriadas quemando contenedores.

Los momentos de tensión han vuelto este jueves con decenas de personas tratando de evitar que las personas que viven en el Trampolín pudieran recibir alimentos. El boicot al reparto de Cruz Roja no surtió efecto gracias a la intervención policial. Los protestantes optaron entonces por violentar a las personas allí asentadas y quemar sus pertenencias.

El Gobierno llama a la calma

Desde el Gobierno han intentado calmar las aguas tras los altercados dirigidos contra las personas que viven en la playa del Trampolín y también las detenciones de doce migrantes por participar presuntamente en una agresión que causó heridas a cuatro militares en la zona de Benzú. Primero lo ha hecho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegurando ante el Congreso que el Estado “está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a la ciudad autónoma de Ceuta” y llamando a evitar “cualquier discurso racista o xenófobo”. Luego ha sido el turno de Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la gestión de la crisis en Ceuta, pidiendo a PP y Vox que se sumen “a un mensaje claro” de “no a la violencia” ante la escalada de la tensión en la ciudad autónoma.

Lejos de intentar calmar los ánimos, desde el PP han elevado el tono. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, ha pedido “no señalar a la gente” tras ser preguntado por la posibilidad de que los ciudadanos “se tomen la justicia por su mano” y “empeore” la situación. “Lo que nos preocupa es que la gente en Ceuta está desesperada. Lo que nos preocupa es que haya mucha gente que cree que el Estado no le está respondiendo, que cale la sensación de que las autoridades y que el servicio público, y, por lo tanto, el Estado, es incapaz de resolver las crisis que enfrentan. Esto es lo verdaderamente preocupante. No hay que señalar a la gente. Lo que hay que señalar es a quienes gobiernan”, ha respondido.

Sobre el ataque contra la agresión a cuatro militares, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter: “¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?”. La dirigente popular Cuca Gamarra también ha desdeñado los llamamientos a la calma y ha asegurado que mientras a los vecinos “les piden paciencia” los que se están “tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad”. “Mucha paciencia han tenido. Se trata de que ustedes empiecen a actuar con responsabilidad”, ha espetado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Las palabras del PP de este jueves llegan después de semanas en las que han intentado expandir mensajes deshumanizadores hacia las personas migrantes y señalar a todos los llegados a Ceuta, sin distinción, como potenciales delincuentes y portadores de enfermedades. También han pedido, desde el primer momento, que todos sean deportados, pese a que eso incumple la ley, que obliga a realizar un proceso garantista para los menores de edad y las personas solicitantes de asilo.

“Vamos a parar las políticas migratorias que están poniendo en peligro el estilo de vida europeo”. Este reclamo sale de la boca de Toni Estévez y Nayara González, las caras visibles del movimiento juvenil de extrema derecha conocido como Reconquista y que está llamando manifestarse este sábado en Barcelona. Su objetivo, conseguir la “repatriación” de miles de migrantes a los que culpan de la “degradación” de la “cultura y sociedad nativa europea”.

En la manifestación será la primera parada en España de la gira European Shield, que partió de Utrecht (Países Bajos), siguió hacia Amberes (Bélgica) y tenía que continuar en Lyon y Lille, pero allí las acciones fueron prohibidas por las autoridades francesas ante la previsión de altercados violentos.

A pesar de las peticiones de diversos colectivos antifascistas y partidos como la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y los Comuns para que la concentración de este sábado también se prohibiera, y salvo sorpresa de última hora, Barcelona será la tercera ciudad de esta gira ultra, que el 26 de agosto recalará en Madrid.

El tour xenófobo está organizado por el grupo Save Europe Act, que toma su nombre de una propuesta de ley homónima que intentaron registrar en la Comisión Europea en junio para que la Unión Europea avalara y regulara la llamada “remigración”.

Es el término que usan los movimientos ultras europeos para exigir la expulsión de los migrantes irregulares, así como la revocación de los permisos y procesos de regularización extraordinarios, las visas los refugiados que proceden de países que ellos consideran “seguros” y las de los migrantes que vengan a la UE por motivos económicos. Todo ello, evidentemente, sólo se aplicaría a quienes sean de origen “no occidental”.

La iniciativa se registró el pasado 8 de junio, pero la Comisión la frenó pocas semanas después por considerarla “manifiestamente contraria a los valores de la Unión”. Entre las ideas del movimiento se encuentran postulados racistas y xenófobos como los que sostienen que los pueblos “nativos” europeos corren el riesgo de convertirse en poblaciones “minoritarios”.

Aunque se vanaglorian de ser un movimiento ciudadano “sin partidos políticos detrás”, la Save Europe Act está respaldada por representantes públicos, partidos y movimientos de ideología ultra. Su abanderado en España es, principalmente, VOX.

El presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, es una de las firmas que figuran en la lista de apoyos a la iniciativa. La suya es una de las 45.000 firmas españolas (de un total de 700.000) que han firmado el manifiesto. España es el quinto país de la UE con más adeptos a la causa, sólo por detrás de los Países Bajos, Alemania, Reino Unido e Italia.

Detrás de este movimiento, hay dos nombres que ocupan cada vez más espacio en los foros, medios y redes de la extrema derecha: la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek y el austríaco Martin Sellner, quienes defienden la expulsión de migrantes, aunque estén en situación regular. Les consideran responsables de la delincuencia, la crisis de la vivienda y los problemas que arrastran los servicios públicos. Precisamente, las tres principales preocupaciones de la sociedad europea.

En cada uno de los países de la UE, esta campaña cuenta con sus abanderados y responsables de llamar a los suyos. En España, ese papel no recae sobre las espaldas de Santiago Abascal ni de Vox, que no han hecho mención en redes a la manifestación de este sábado. Al menos, no directamente.

La organización de las concentraciones de Barcelona y Madrid ha sido obra del grupo Reconquista, el nuevo referente juvenil de Vox. No se trata de las clásicas juventudes de partido, pero suelen moverse en la órbita de los de Abascal. Reconquista vino a sustituir al grupo juvenil Revuelta después de las polémicas que les acusaron de quedarse con fondos que, supuestamente, estaban dirigidos a apoyar a los afectados de la DANA de València.

Las caras visibles

Reconquista es un movimiento formado por gente muy joven en su mayoría y que, hasta la fecha, no ha sido capaz de realizar ninguna acción que cuente con más de pocas decenas de asistentes. Así se ha visto, por poner el ejemplo más reciente, en Ceuta y Algeciras, en sendas concentraciones convocadas como rechazo a la entrada de 80.000 personas a la ciudad autónoma desde Marruecos. En esos actos, que fueron ya convocados de la mano de Save Europe, se contaban cerca de medio centenar de personas.

La convocatoria de este sábado en Barcelona no es en un espacio para albergar masas sino en la plaza Sant Jaume, que tiene menos de 3.000 metros cuadrados. Cuatrocientos de ellos los ocuparán la gran pancarta que la entidad ultra despliega en todas las ciudades de su gira.

El encargado de traer la pancarta a España ha sido Toni Estévez, uno de sus portavoces y caras más visibles de Reconquista. Suyo es el rostro que aparece en la mayoría de los vídeos del grupo. Suele aparecer ante la cámara con camisa (o con una camiseta de la campaña) y con pantalones militares por encima de la rodilla.

Le acostumbra a acompañar Nayara González, otra joven catalana que se ha erigido como portavoz del grupo ultra. Licenciada en Derecho y Filosofía por la Complutense, también constan entre sus logros académicos haber participado en cursos de ISSEP Madrid, una escuela privada que imparte cursos de “liderazgo y gobierno” y cuyo profesorado está formado por cargos de Vox como Rocío de Meer o Jorge Buxadé.

También aparecen nombres ligados a Ciudadanos como Toni Cantó y Juan Carlos Carrizosa. Igualmente, se encuentran el exministro Jaime Mayor Oreja, juristas como Santiago Milans de Bosch; empresarios como Marcos de Quinto o periodistas como Cake Minuesa.

Aunque los vínculos de Reconquista con Vox son evidentes, el hecho de que sus líderes no compartan pantalla con Santiago Abascal y no organicen actos bajo la misma bandera les otorga una cierta distancia con la que esperan captar a más bases para el partido de extrema derecha. Se trata de un electorado que, en Catalunya, Vox se disputa con Aliança Catalana.

La manifestación de este sábado no será el único acto con el que Reconquista confía en aumentar los apoyos de Vox. El grupo ultra ya promociona el Barcelona Western Forum, un encuentro que se celebrará el próximo 24 de octubre y que reunirá a diversos referentes de la extrema derecha global. Por ahora, sólo está confirmada la presencia del mismo Estévez, del diputado de Vox Alberto Tarradas y el líder de un movimiento nacionalista francés.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado volvieron a desplegarse a primera hora de este viernes en la playa del Trampolín para desalojar a los más de mil migrantes que se encontraban nuevamente concentrados en esa zona tras haber sido desalojados este jueves.

Por ahora no se comunicó oficialmente el destino de las personas que permanecen este viernes en El Trampolín ni si serán trasladadas a alguno de los dos recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves, en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

Se siguen acondicionando zonas de acogida

El Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta continúan trabajando en la ampliación de la capacidad de acogida con la preparación y acondicionamiento de otros tres emplazamientos: el campo de fútbol de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.

Estos espacios forman parte del dispositivo diseñado para hacer frente a la situación generada tras la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio.

Fuentes policiales apuntan que buena parte de las personas que este viernes volvieron a concentrarse en El Trampolín podrían proceder de grupos de migrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad.

Según estas fuentes, algunos habrían interpretado que permanecer en la playa puede constituir un paso previo para acceder posteriormente a alguno de los recursos temporales de acogida habilitados por las administraciones.

La situación evidencia las dificultades para mantener desalojado el asentamiento después de que ayer más de 1.200 migrantes fueran trasladados desde El Trampolín hacia Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar, ya que horas después decenas de ellos regresaron a la playa, aparentemente para recuperar pertenencias, lo que obligó a paralizar temporalmente los trabajos de limpieza por falta de presencia policial que garantizase la seguridad de los operarios.

La Ciudad Autónoma mantiene ahora desplegado un importante dispositivo de limpieza con el propósito de recuperar completamente el espacio litoral y devolverlo a las condiciones previas a la instalación del asentamiento.

EFE

Granada registró un terremoto de 4.8, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con epicentro en Gójar y a ras del suelo después de que se registrara un primer movimiento de 4.6 en Alhendín. El primer seísmo se produjo a las 10.37 horas de este martes (hora local) y duró apenas unos segundos, habiendo en los minutos consecutivos varias réplicas. El temblor se sintió en localidades de Granada, Málaga, Jaén, Almería y Córdoba.

El fuerte sismo se dejó sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía vio el temblor de las paredes y techos de los inmuebles. Además, los vecinos salieron de sus viviendas y se concentraron en las calles, atemorizados por el suceso. Por seguridad, se ha procedido al cierre de algunas instalaciones de la Alhambra, como la Alcazaba y los Palacios Nazaríes, al igual que los edificios públicos del Ayuntamiento.

El terremoto registrado a las 10.37 horas de magnitud 4.6 ha sido el primero de una larga lista que, por el momento, abarca hasta nueve. Se dieron en Armilla (4.0), seguido de Las Gabias (3.7), así como el de Gójar, que por ahora es el más violento de la serie con una magnitud de 4.8. A su vez, los temblores han afectado al término de Padul (2.9), Las Gabias (2.6), y, nuevamente, otro en Alhendín, esta vez de 2.8 de magnitud. A este, le siguió uno de 4.0 en Churriana de la Vega.

Tras una breve pausa, hubo una nueva réplica a las 11.36 horas que se ha dado, nuevamente, en Alhendín, con un 4.2 de magnitud a nivel de suelo y el último registrado ha sido en la misma localidad a las 12.41 horas, esta vez de 4.0 y con una profundidad de cinco kilómetros.

Emergencia

La Junta de Andalucía mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 4.8 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se va a trasladar a Granada y que se va a desarrollar una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia. “Vamos a visitar diferentes zonas y vamos a evaluar daños, en este caso en determinadas calles, tanto de zonas de Granada capital como de municipios del área metropolitana”, ha expuesto. Por el momento, hay tres heridos, uno de ellos hospitalizados, y una docena de casos atendidos por los sanitarios, aparte de unas 500 llamadas atendidas en el servicio de emergencias 112.

Córdoba y Málaga

Según la actualización del IGN, el movimiento sísmico ha alcanzado una intensidad máxima de V en la escala macrosísmica europea (EMS) en varios puntos de la provincia de Granada. La mayor intensidad, V EMS, se ha registrado en Anzola (Pinos Puente), Armilla, Barrio de la Vega (Monachil), Churriana de la Vega, El Lance (Rubite) y Santa Juliana (Armilla). En otros municipios del área metropolitana granadina, como Cájar, Cúllar Vega, Gójar, La Zubia, Pinos Puente o Las Gabias, la intensidad se sitúa entre IV y V EMS.

En Córdoba capital, el IGN sitúa la intensidad en II EMS. También se ha registrado intensidad II en Cabra. En la provincia de Jaén, el movimiento ha sido percibido en localidades como Jaén capital, Linares, Úbeda, Andújar, Bailén, Jódar, Quesada, Sabiote, Mengíbar o Alcalá la Real, entre otras.

Por su parte, en la provincia de Málaga, el terremoto se ha sentido, entre otros puntos, en Málaga capital, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Nerja, Torrox y Cártama. En Almería, el listado incluye la capital y municipios como Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Alcolea, Canjáyar o Vícar.

La serie sísmica que afecta a Granada y su área metropolitana tuvo su máximo impacto el sábado 15 con un terremoto que se sintió en la superficie con una magnitud de 4.8 durante la madrugada. Desde entonces, el IGN ha contabilizado 348 eventos, la mayoría de baja magnitud (menos de 2) y todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de 10 kilómetros), tal y como dio a conocer ayer en un informe, de los que 37 fueron sentidos por la población.

En 2022, Nueva Pescanova, la mayor empresa pesquera de España, anunció una inversión de 65 millones de euros en la primera granja industrial de pulpo y planta procesadora del mundo, ubicada cerca del puerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. A pesar de que estas criaturas son muy difíciles de criar, la compañía preveía una producción de 3.000 toneladas de pulpo al año en esa nueva infraestrutura para 2025.

Tras el anuncio, llegaron años de controversia, en los que activistas y científicos condenaron los planes para criar en granjas a un animal elogiado por su aparente “inteligencia”. Hace cinco años, este alcanzó un estatus casi de celebridad gracias al documental ganador del Oscar My Octopus Teacher.

A finales de julio de 2026, Nueva Pescanova archivó sus planes para la granja. Pero, ¿por qué? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la cría de pulpos? El periódico The Guardian se puso en contacto con Nueva Pescanova para conocer su versión, pero la empresa comunicó a la autoridad portuaria de las Islas Canarias que se retiraba por motivos “comerciales y regulatorios”.

Los activistas que llevan tiempo oponiéndose a la granja no tardaron en celebrar la victoria. “La presión social, científica y política ha dado sus frutos ante esta atrocidad ética y medioambiental”, declaró el partido animalista Pacma en un comunicado. Cuando The Guardian visitó el centro de investigación de la empresa en 2023, Roberto Romero Pérez, el biólogo marino que supervisa la acuicultura en Nueva Pescanova, ya admitió que el ambiente era “un poco más hostil de lo esperado”.

Problemas de viabilidad

Sin embargo, Silvia Fernández Díaz, una periodista que cubrió la noticia desde el principio, considera que la principal causa de que la granja no saliera adelante no fue la contestación social: “Creo que la realidad es que la granja no salió adelante porque no era viable, no por las protestas populares”, afirma.

Fuentes de la autoridad portuaria de Las Palmas confirmaron que nadie de Nueva Pescanova se había puesto en contacto con ellos y que no se había realizado ningún trabajo en la construcción de la granja.

Ian Gleadall, biólogo marino de la Universidad de Tohoku en Japón, que dedicó 50 años a la investigación de los pulpos, afirma que lleva dos años intentando obtener, sin éxito, una respuesta de Nueva Pescanova sobre el proyecto de Canarias. “Lo mismo ocurrió aquí en Japón con la empresa pesquera Nissui”, afirma. “La compañia decía que lo habían conseguido y que iban a producir cantidades ingentes de pulpo, pero nunca sucedió”.

Gleadall afirma que, hasta ahora, fue prácticamente imposible criar pulpos en cautividad, ya que las larvas del pulpo común pasan al menos 20 días flotando en el agua antes de asentarse en el fondo marino, lo que dificulta el paso a la siguiente fase. Incluso entonces, explica, las crías son tan delicadas que, si algo sale mal, mueren.

Otro problema importante es qué dar de comer al pulpo: “Un alimento es una especie de pasta de pescado. Pero incluso si la comen, no la seguirán comiendo porque los pulpos son muy quisquillosos; no les gusta comer lo mismo todos los días”, explica la experta. “Aunque se pudiera solucionar el problema de la alimentación”, dice, “probablemente, se gastaría más en alimento de lo que vale el pulpo en el mercado”.

Dilema ético

Las objeciones éticas a la cría de pulpos radican en que estas criaturas son solitarias y antisociales, así como en los estudios que muestran “pruebas convincentes” de que poseen sensibilidad . Richard Schweid, autor de La vida en la granja de pulpos afirma que muchos biólogos marinos sostienen que este animal no solo tiene nueve cerebros, sino también una mente. “Esto es algo que generalmente asociamos con mamíferos de órdenes superiores, como perros, gatos, primates y humanos”, explica.

La idea de que el pulpo se parece de alguna manera a nosotros, o al menos a algunas de nuestras mascotas, se vio impulsada por la película de Craig Foster, My Octopus Teacher, en la que el director parece establecer una relación recíproca con una pulpa hembra. “El pulpo es un candidato ideal para que los humanos lo antropomorficen porque es muy inteligente, muy reactivo y, sin embargo, tan diferente que resulta esencialmente indescifrable”, afirma Schweid.

Cualesquiera que sean las razones del fin de la iniciativa española, nadie ha logrado criar pulpos con éxito, salvo un pequeño proyecto en México que cultivó una especie diferente del pulpo común (Octopus vulgaris ), que se encuentra en el Mediterráneo y el Atlántico.

Si bien por ahora la cría de pulpos puede estar a salvo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se capturan unas 370 000 toneladas de pulpo, la mayoría frente a las costas de Marruecos y Mauritania. Los principales mercados son China y Japón, mientras que España consume unas 40.000 toneladas anuales, lo que equivale a casi 1 kilo por persona.

El calentamiento global de las aguas está provocando que los pulpos lleguen a los platos de nuevos territorios. En los últimos dos años, por ejemplo, Reino Unido fue testigo de la mayor proliferación de pulpos desde 1950.

España se prepara para vivir el primero del excepcional Trío de Eclipses que cruzará la península ibérica entre 2026 y 2028, el mayor evento astronómico de este tipo en cien años. El primero será el eclipse total de sol que cruzará el norte de España —desde Galicia hasta Baleares— este miércoles 12 de agosto al atardecer, alrededor de las 20:30 (hora peninsular) y 15 de Argentina.

En el siguiente mapa están los detalles de su trayectoria, el pronóstico de nubes y la posibilidad de comprobar cómo se verá en cualquier lugar del mundo. 

El mapa anterior ha sido desarrollado con un motor de cálculo propio, desarrollado por elDiario.es con ayuda de la inteligencia artificial, a partir de los elementos besselianos del eclipse publicados por la NASA que aplica la geometría de la sombra a cada punto: franja de totalidad (donde el eclipse será total y la Luna tapará totalmente el Sol) y la posición minuto a minuto. Como este eclipse ocurre con el Sol muy bajo, casi en el horizonte (es un eclipse de atardecer), para verlo hará falta un horizonte despejado hacia el oeste-noroeste: por eso el mapa incluye la capa «Sin visibilidad», que estima en qué zonas el relieve del terreno tapará el Sol en ese momento (no tiene en cuenta edificios ni vegetación). Ver metodología completa.

Entre las 20:26 y las 20:33 de España, la franja de totalidad atravesará de norte a sur las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Euskadi, Navarra, Aragón, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Balears. Dependiendo de la cercanía al punto central de la totalidad, la duración del tiempo en total oscuridad variará (menos tiempo en las zonas menos centrales).

Según el astrofísico Rafael Bachiller, de la Comisión Científica del Trío de Eclipses, el lugar perfecto para la observación de este fenómeno debe reunir tres condiciones. “La primera es estar dentro de la franja de totalidad, porque fuera de ella no se experimentará el eclipse total, sino meramente parcial”, relata. En la totalidad, la Luna tapa por completo el Sol, el cielo se oscurece de golpe, se nota una bajada repentina de las temperaturas y aparece la corona solar, ese halo de luz que únicamente se muestra dentro de esta franja.

“La segunda es disponer de un horizonte oeste completamente despejado, ya que el fenómeno ocurrirá al atardecer y el Sol estará muy bajo sobre el horizonte”. Y la tercera es la meteorología, de la que por ahora solo hay pronósticos aproximados. Hasta el 12 de agosto, elDiario.es actualizará la previsión meteorológica de cobertura de nubes según los modelos más precisos a medio y corto plazo en cada momento.

Tal y como explica Bachiller, que tres eclipses solares consecutivos —dos totales (2026 y 2027) y uno anular (2028)— atraviesen España en apenas tres años es un fenómeno extraordinariamente poco común. La última concentración comparable de eclipses solares que cruzaron el país ocurrió en 1900, 1905 y 1912, cuando España fue atravesada por tres eclipses totales.

Medidas de protección

Para observar el eclipse son imprescindibles unas gafas de eclipse homologadas y en perfecto estado. Solo así se podrá observar con seguridad todas las fases parciales sin riesgo de sufrir lesiones oculares. En el caso del eclipse de agosto, lo recomendable es dejarse las gafas siempre puestas, y solo es seguro quitárselas durante los minutos de totalidad absoluta (cuando la Luna cubre el 100% del Sol y se hace de noche). En cuanto aparezca el primer rayo de luz (el 'anillo de diamantes'), hay que volver a colocarse la protección inmediatamente. 

La llegada de varios millones de turistas ha llevado a gobiernos regionales a activar planes de seguridad y de transporte para evitar la masificación y el Gobierno central ha activado un Plan Específico de Protección Civil. El objetivo de este plan es garantizar la seguridad ciudadana, una movilidad ordenada, la protección de nodos críticos de transporte y una asistencia integral a los visitantes.

A partir de las 19 horas, 30 minutos y 11 segundos de este miércoles 12 de agosto de España, la sombra de la Luna entrará por Cabo Ortegal, en A Coruña, y recorrerá la franja norte de la península hasta escapar por la isla de Formentera, en Balears, casi dos horas después. En ese intervalo de tiempo, el satélite tapará la luz del Sol por completo a partir de las 20:26 horas, momento en que varios millones de españoles que se hallen en la banda de totalidad empezarán a vivir una experiencia que no se producía en España desde 1912 y que después de este trío de ecllipses no volverá a suceder hasta 2053.

A medida que la sombra de la Luna avance por el territorio, se podrán vivir una serie de fenómenos extraordinarios, aunque no de carácter esotérico. Ante la posibilidad de que a algunos ciudadanos los agarre de sorpresa el apagón del sol en pleno atardecer, unas horas antes del acontecimiento los paneles de la Dirección General de Tráfico (DGT) lucían mensajes tan singulares como “Con eclipse, encender luces de cruce” o “No conduzca con gafas de eclipse”.

A lo largo de la jornada se producirá un despliegue policial y de protección civil sin precedentes en tierras españolas, con toda la atención puesta en el alto riesgo de incendio previsto para las próximas horas y la posibilidad de que un descuido o negligencia produzca un fuego que sería muy difícil de controlar en estas circunstancias.

En este mapa puedes comprobar cómo se verá el eclipse minuto a minuto en cada municipio de España, así como las nubes previstas en cada zona.

Una sacudida astronómica y logística

Este acontecimiento estelar trasciende lo meramente astronómico. Será un desafío social y logístico a gran escala, que pondrá a prueba la capacidad de un país para movilizarse de forma masiva en un estrecho margen de tiempo. Para ello, el Gobierno español lleva meses preparando una operación inédita, que incluye un Plan Específico de Protección Civil y un Plan Especial de Seguridad para coordinar la respuesta de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos ante la llegada masiva de personas a cientos de pequeños municipios.

La DGT ha declarado la jornada como un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y calcula que el eclipse podría generar entre hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales en coche y causar grandes embotellamientos cuando todas esas personas emprendan el regreso a sus casas.

La coincidencia del eclipse con el periodo de máximo riesgo de incendios forestales ha llevado a varias comunidades autónomas a elevar los niveles de alerta y a restringir el acceso motorizado a algunos espacios naturales.

Según ha avisado la AEMET, el riesgo de incendios es muy alto o extremo en amplias zonas de la península y en Baleares. “¡Ten mucho cuidado si sales al campo a ver el eclipse! Un fuego que se inicie será muy difícil de controlar”, advierte en sus redes la agencia, que también ha pronosticado un cielo despejado en general durante para toda la península, aunque la formación de nubes en el Cantábrico y en las costas mediterráneas puede arruinar la observación del eclipse a quienes estén en estas zonas.

Para el día, el mensaje de las autoridades se repite desde hace semanas: no detenerse en arcenes, no improvisar aparcamientos junto a las carreteras y evitar acceder a zonas forestales fuera de los itinerarios autorizados. También la recomendación de no mirar nunca al Sol sin protección homologada, salvo durante los escasos segundos de totalidad. Administraciones, observatorios y sociedades científicas han impulsado campañas de información y distribuido cientos de miles de gafas certificadas para evitar lesiones oculares.

La advertencia puede parecer obvia, pero es más que necesaria: tras el eclipse total de Estados Unidos de 2017 se documentaron numerosos casos de retinopatía solar, una lesión causada por la exposición directa al Sol que puede provocar daños permanentes en la visión.

El primero de un trío espectacular

Durante unas horas, España se convertirá en un inmenso laboratorio al aire libre y decenas de equipos científicos aprovecharán los minutos del eclipse para lanzar globos sonda a la estratosfera, fotografiar la corona solar con cámaras de alta resolución o medir cómo cambia el brillo del cielo, la temperatura y la humedad.

Algunos investigadores tratarán de repetir con tecnología moderna el histórico experimento con el que Arthur Eddington confirmó la teoría de la relatividad de Einstein en 1919 e incluso estudiar la respuesta de aves, murciélagos y de las propias personas ante la repentina llegada de la oscuridad. Muchos de estos proyectos incorporan a cientos de voluntarios mediante iniciativas de ciencia ciudadana, que recogerán datos desde distintos puntos de la península con sensores y fotómetros construidos por ellos mismos.

Desde el punto de vista científico, el eclipse de este miércoles será solo el aperitivo. Esta será la primera entrega del llamado Trío Ibérico, una secuencia extraordinariamente infrecuente que continuará con otro eclipse total de Sol el 2 de agosto de 2027, cuya banda de totalidad recorrerá el sur de la península, y culminará con un eclipse anular el 26 de enero de 2028, cuando la Luna se encuentre más alejada de la Tierra y deje visible un brillante “anillo de fuego” alrededor del Sol.

La concatenación de dos eclipses totales y uno anular sobre un mismo país en apenas 18 meses constituye una rara oportunidad científica que no se repetía en nuestro territorio desde que, a comienzos del siglo XX, se produjo un trío de eclipses en 1900, 1905 y 1912.

Lo más relevante será que millones de personas podrán asistir a uno de los espectáculos más sobrecogedores que ofrece la naturaleza. La luz adquirirá un tono crepuscular, la temperatura descenderá varios grados en cuestión de minutos, muchas aves e insectos iniciarán su comportamiento nocturno y, cuando desaparezca el último destello del Sol, aparecerán los planetas más brillantes y algunas estrellas en pleno atardecer. Alrededor del disco negro de la Luna aparecerá la tenue corona solar y podremos contemplar entonces una especie de ojo de Sauron sobre el horizonte que muchos consideran como una de las imágenes más impresionantes que puede contemplarse desde la Tierra.

En lo que va de 2026, el fuego calcinó en España unas 200.000 hectáreas. Es el tercer peor año en una década, tras 2022 y 2025, y alrededor de 100.000 personas fueron evacuadas o confinadas por las llamas que arrasaron los municipios de Madrid, Ávila y Toledo. Ahora, con el regreso a casa de la mayoría de afectados y la estabilización de los incendios, surge la pregunta: ¿Qué ocurre después del fuego?

Pese a que “las personas que viven en el territorio quieren que el paisaje vuelva a ser como el que teníamos antes de que se produjera el incendio y una restauración inmediata”, el jefe de sección de gestión forestal de Ávila, Ángel Iglesias Aranz, advierte de que “la naturaleza va a un ritmo mucho más lento que el nuestro”. “Lo mismo nunca va a ser posible”, lamenta el técnico forestal, José Ramón González Pan.

Los expertos coinciden en que esta regeneración forestal debe ser “planificada” e insisten en que las actuaciones de reforestación no deben hacerse de forma “precipitada”. “Lo primero es hacer una evaluación de toda la situación, no se puede improvisar. Hay que analizar las unidades de las zonas y las unidades de obra —las áreas en las que se dividen los montes en función del tipo de vegetación y los trabajos que se realizan en ellas—”, señala González Pan. La vicedecana del Colegio Oficial de Técnicos Forestales, Marta Corella, explica que el análisis debe ser minucioso e ir “detalle a detalle”, aunque la prioridad justo después de extinguir o estabilizar un incendio es “atender a la población afectada, porque perdieron el entorno y su espacio”.

Justo después, coinciden en que debe “protegerse el suelo”. La principal preocupación son las fuertes lluvias. “Tras la época de incendios, e incluso durante ella, hay fenómenos torrenciales. Esas lluvias generan un segundo drama, que es la enorme pérdida de suelo que se produce”, explica Iglesias Aranz. Es una cuestión clave, puesto que “el suelo es el sustento de la vida” en la naturaleza.

Regeneración de la naturaleza o intervención

Inmediatamente después de la extinción no pueden comenzarse las labores de restauración forestal. Además del análisis exhaustivo de cada una de las zonas, ya que no todas responden igual ni padecieron el mismo tipo de fuego, hay que “dejar que la naturaleza responda, y ver cómo [lo hace], porque no hay prisa en repoblar”, cuenta el jefe de sección de gestión forestal de Ávila.

Estima que en la primera primavera tras los incendios se puede percibir si los mecanismos de autoregeneración actuaron: “A partir de ahí, tenemos que ver en qué zonas no se produjo la regeneración natural, cuáles son las causas y analizar qué podemos hacer en el territorio para tratar de conseguir que vuelva a haber un estrato arbóreo”.

La intervención está condicionada por múltiples factores, uno de ellos es la “intensidad a la que haya pasado el fuego”, explica el divulgador y agente de medio ambiente de parques nacionales, David del Rosario. De nuevo, cada sitio tiene su peculiaridad: “No es sota, caballo y rey”.

González Pan señala la pendiente, la orientación, el grado de humedad o la aparición de rocas, como otras cuestiones a tener en cuenta. Los expertos también mencionan el arrastre que padece el agua de las lluvias, denominado como escorrentía.

Tras el análisis en el que los ingenieros forestales o de montes determinan “que había, que hay y cuál es la importancia de cada especie”, según del Rosario, se establecen las medidas de actuación en cada caso y siempre que sea necesario. Los responsables “elaboran un proyecto técnico en el que en un mismo monte se pueden tomar siete decisiones diferentes”, explica González Pan, que ejemplifica con algunas medidas: “En muchas zonas se toma la decisión de hacer macrosiembras con maquinaria manual y drones, en otros sitios se hacen plantaciones más costosas, planta a planta, también hay que retirar la madera...”.

El técnico en gestión forestal Iglesias Aranz, denomina estos trabajos como restauración forestal, que se elabora mediante “técnicas de repoblación, preparación del terreno y plantación de especies”.

Sin capacidad de regeneración

Aunque muchas zonas se regeneran, por sí solas o con ayuda, otras no pueden debido a la “intensidad” con la que pasó el fuego. “Cuando un incendio libera una energía tan alta, acaba con el reservorio de semillas que siempre existen en el suelo, con lo cual no tiene capacidad de regeneración”, explica Marta Corella.

“Hay fuegos que lo queman todo”, sintetiza del Rosario, que señala a las especies: “Algunas no están acostumbradas al fuego, como las mediterráneas. Si el fuego es muy intenso, esa especie muere y te puedes cargar ese ecosistema”.

Corella e Iglesias explican que la reiteración de incendios en una misma zona dificulta e incluso imposibilita su regeneración: “Se pierde una superficie que es muy difícil de recuperar después de estos grandes incendios”.

El jefe de gestión forestal en Ávila recuerda que, pese a todos los años que lleva abordando trabajos de restauración, “nunca hemos alcanzado el 100% de éxito”. Esto se debe, según relata, a que hay zonas donde “la regeneración natural no se produce” y con “técnicas de repoblación” no son “capaces de llegar” al objetivo. Habla también sobre la “dificultad” de repoblar un terreno con mucha pedregosidad o “una pendiente muy elevada”.

Pese a la situación, hay ejemplos esperanzadores. El divulgador David del Rosario lo ilustra con el incendio de 2016 en La Palma: Aunque “fue un fuego bastante fuerte, ahora pasas por la zona y parece que no lo hubo”. Cuenta que se puede percibir por “las cortezas de los pinos que están negras”, pero toda la demás biodiversidad “está como si no se hubiera quemado”.

Gestión y cambio climático

Aunque la emergencia climática está multiplicando su virulencia, los incendios son la tónica habitual cada verano. Por eso, España cuenta con una hemeroteca llena de planes de reforestación. Sin embargo, lamenta González Pan, es que estos no evitan que el monte “vuelva a arder 60 o 80 años después”. “Esa es nuestra tragedia, volvemos a quedarnos en el punto cero otra vez y toca volver a esperar años para la regeneración”, matiza.

“Debemos mejorar la infraestructura de defensa para tratar de evitar que se produzcan de nuevo. Si se produjo un incendio tan grande es porque no teníamos una red sólida de defensa frente a los incendios”, explica Iglesias Aranz.

Corella considera que la estrategia debe ir más allá y abrir nuevas ventanas: “Gestionar el territorio nos ayudará a prevenir, pero también nos permitirá impulsar la bioeconomía, generar oportunidades en el medio rural y descargar la presión demográfica de las ciudades, entre otras”. La vicedecana insiste en que “no podemos dar la espalda” al 60% del territorio, que es el forestal. “¿Cómo es posible que un espacio que tiene tantísimos recursos no esté generando oportunidades en nuestra sociedad?”, reflexiona.

En general, insisten en que debe cuidarse el territorio. “Tenemos un paisaje de mosaico, que se convierte en cortafuegos. Pero sí está descuidado, como por ejemplo en el incendio de Zaragoza, el fuego sobre la superficie agraria va a mucha más velocidad”, expone el técnico forestal. Coincide Corella, que indica que “si no se trata”, puede convertirse en “mecha” para el siguiente incendio: “En nuestro país hay muchas zonas que se han regenerado después de un gran incendio. Por ejemplo, la Riba de Saelices, en Guadalajara, se ha regenerado, pero necesita un tratamiento. Si ahí volviera a entrar el fuego, yesca otra vez”.

Todos los expertos coinciden en que el cambio climático ha fomentado estos incendios por “las altas temperaturas, la pérdida de humedad de la vegetación, vientos fuertes”, pero González Pan señala a la ciudadanía: “El problema de todo esto es que si miramos para atrás, el 95% de los incendios no los provoca el cambio climático, son provocados por origen humano”. Por ello insta a que “se cometa menos imprudencias”: “La regeneración es trabajo de años, hay que hacer prevención sobre la víctima, el bosque, y sobre el que lo genera”.

Según los datos de la Unidad de Medioambiente de la Fiscalía General del Estado, más del 90% de los incendios forestales en España son causados por los humanos ya sea adrede, por accidentes o una negligencia. El 70% de los siniestros investigados se atribuyen a la última categoría. Pero el cambio climático es un factor que aviva estas catástrofes forestales porque “afecta al rigor climatológico”, cuestión que perjudica a la “evolución del fuego, a la severidad y, por consiguiente, a la forma de abordar la restauración de los incendios”, según Iglesias Ranz. El divulgador ambiental, David del Rosario, explica que este fenómeno “complica y ralentiza” la recuperación, además “aumenta la posibilidad de haya otro incendio antes de que se regenere el ecosistema”.

Marta Corella subraya que la naturaleza sigue un “proceso adaptativo” y que, mediante la Estrategia Forestal Española horizonte 2050 y el Plan Forestal 2032, el objetivo es “llegar con el territorio adaptado” a esta situación. “Si nosotros actuamos bien y si no actuamos es igual, al 2050 te garantizo que la naturaleza llegará adaptada”, sintetiza. Y alerta de la situación: “Es algo muy serio lo que estamos viendo, creo que la gente no está entendiendo la magnitud”.

España vuelve a ir al choque con Italia. El gobierno de Pedro Sánchez decidió este viernes imponer de manera temporal controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de Italia país en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de levantar los suyos, reintroducidos desde la crisis de Ceuta.

Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad –pasaporte– y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia, según explican fuentes de la Moncloa.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias” que han motivado su adopción.

La jornada de este viernes fue un cruce de comunicados. El primero del Ejecutivo español llegó al mediodía, con un ultimátum: fuera los controles en Italia a viajeros que proceden de España o se tomarán “medidas proporcionales”. Meloni replicó unas horas después, elevando el tono. No solo decidió que mantendría las restricciones, sino que respondió a España que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Dado que Italia conservará esas medidas hasta tener la seguridad de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, España respondió en torno a las 21.00 (hora local) que aplicará las mismas medidas “ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Una medida que España ve injustificada

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.