Los empresarios mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano hicieron una oferta de US$1.400 millones para quedarse con las más de 700 estaciones de servicio de Shell que hasta ahora opera la empresa Raízen en la Argentina y que representan el 19% del mercado de venta de combustibles en la Argentina, por detrás de YPF (55%) y delante de Axion (14%) y Puma Energy (7%). La propuesta que está sobre la mesa es junto a la firma suiza Mercuria Energy Group.

Manzano, quien fuera diputado nacional en la década del '80, ministro del Interior de la gestión de Carlos Menem como Presidente entre 1991 y 1992, para convertirse después, tras vivir unos años en Estados Unidos, en uno de los empresarios más influyentes del país y Latinoamérica, vendió el mes pasado el 50% de su participación en Refinor (que operaba un oleoducto y 70 estaciones de servicio) a YPF por US$25,2 millones, operación que alejó al mendocino del directorio de la distribuidora de combustible y gas del norte argentino. El negocio lo había comprado en 2022 a Pampa Energía y Pluspetrol por US$ 10 millones.

Junto a Daniel Vila -presidente del multimedio Corporación América y del club Independiente Rivadavia de Mendoza-, son accionistas de Edenor. Además, Manzano crece en Perú, donde el año pasado se quedó con una minera y este año, con la filial de la española Telefónica. Por otro, el año pasado aterrizó en San Juan para desarrollos cupríferos y este mes su eléctrica Edenor, donde comparte el control con Vila y, con Mauricio Filiberti, incursionó en minería al comprar dos firmas de litio y cobre en Catamarca.

Manzano y Vila también compraron en los últimos días Telefé, junto a Gustavo Scaglione y Claudio Belocopitt, por US$104 millones y así engrosar su grupo de medios.

El socio: Mercuria Energy Group

Mercuria Energy Group, socio de Vila y Manzano en esta oferta y otros negocios, es un gigante con sede en Suiza y presencia en el negocio global del petróleo. Sus actividades en Sudamérica y América Latina abarcan desde México y Panamá, en el norte, hasta Argentina, en el sur. Produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, y, a través de Minerva Bunkering, opera activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe para ofrecer suministros de búnker a la región.

El Grupo Vila-Manzano, junto a Mercuria, ya comparten sociedad en Phoenix Global Resources, la petrolera que se destacó por producir combustible no convencional en Río Negro. En Phioenix, Manzano y Vila participan a través de su empresa Andes Energía, donde retienen el 6% del capital.

Mercuria tiene la concesión de petróleo no convencional en Mata Mora, Neuquén; Confluencia; y otro yacimiento de Vaca Muerta que, en total, suman 500 kilómetros cuadrados en los que se produce más de 13.000 barriles de petróleo por día, además de controlar pozos maduros en Mendoza, con un volumen de producción de 16.000 barriles diarios.

Raízen

Raízen se describe como una empresa integrada que opera en la producción de etanol y azúcar y en la distribución de combustibles, productos y servicios bajo la marca Shell, licenciada por Raízen en Brasil, Argentina y Paraguay. “Estamos entre los mayores grupos empresariales privados de Brasil, y nuestro equipo es nuestro mayor diferencial: más de 46 mil colaboradores y 15 mil socios comerciales repartidos por todo el país”, señalan desde su web oficial.

“Distribuimos y vendemos combustible a aeropuertos, clientes del mercado B2B y gasolineras en todo Brasil y Argentina a través de nuestros socios distribuidores Shell. Operamos en todas las regiones del país a través de 68 bases de suministro aeroportuarias y más de 70 terminales de distribución de combustible. Nuestra oferta integrada de Shell conecta eficiencia, innovación y comodidad en un único ecosistema, con soluciones que van desde la familia de combustibles y lubricantes de alto rendimiento Shell V-Power hasta la infraestructura de carga eléctrica Shell Recharge, Shell Box, nuestra plataforma de gestión digital y programa de fidelización, y las tiendas de conveniencia Shell Select y Shell Café”, remarcan como unidades de negocios.

En 2018 tomó el control total de la licencia de las estaciones de servicio Shell y de la refinería de Dock Sud. La decisión de vender responde a los malos resultados que la compañía registró en Brasil, lo que la obligó a desprenderse de varios activos, según explicó su CEO, Nelson Gomes. En el último año, las acciones de Raízen en la bolsa de San Pablo cayeron 70%, de acuerdo a lo que informa La Nación.

Telefé

Telefé fue vendida por 104 millones de dólares a José Luis Manzano, Daniel Vila, Gustavo Scaglione y Claudio Belocopitt, según anticiparon a LPO fuentes al tanto de las negociaciones.

La operación con la norteamericana Paramount se cerró en las últimas horas por 104 millones de dólares y comprende a todos los socios de canal América (América TV y A 24).

El rosarino Scaglione fue la cabeza de las negociaciones, que habían entrado en un impasse por algunas observaciones de Paramount. Las discusiones en torno a la plata y la estructuración de la financiación llegaron a buen puerto y se concretaron este jueves.

Ahora, los compradores de Telefé tienen acciones cruzadas con América, propiedad de Vila, Manzano, Belocopitt y Scaglione. Estos empresarios buscan conformar un bloque que discuta temas comerciales de manera coordinada. También participaría el empresario Marcelo Fígoli, dueño de Radio Rivadavia.

En el camino quedó Gerardo Werthein, cuya salida de la Cancillería estuvo cruzada con la compra de Telefé. En el entorno del empresario creen que hubo una mano negra que presionó para que le frenen el negocio a su familia a pesar de que tenía mejores condiciones que Scaglione.

Con información de agencias.

Eduardo Elsztain alojaba en su hotel Libertador a Javier Milei durante la campaña 2023, mientras José Luis Manzano impulsaba desde hace diez años el sueño presidencial de Sergio Massa. Uno había crecido fuerte con sus shoppings en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Otro fue hasta ministro del Interior de aquel presidente, pero en 1993 dejó la política para hacerse empresario. Ahora ambos comparten su fascinación por Milei y multiplican sus negocios.

Elsztain logró a principios de 2023 que la Justicia le habilitara a construir en los terrenos de la ex ciudad deportiva de La Boca, que había adquirido en 1997. Arrancó 2025 vendiendo los primeros 14 lotes del proyecto Ramblas del Plata, también apodado la Dubái porteña, y ya colocó 13. También comenzó este año convirtiéndose en el mayor accionista de la mina sanjuanina de oro Hualilán, que comenzará a producir en noviembre, y después invirtiendo en otro yacimiento salteño de plata. En el mundillo de los negocios no se descarta que se interese por los 22 campos de 30.000 hectáreas en total que tiene el ajustado Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y que Milei planea vender.

Manzano no se queda atrás. Por un lado, crece en Perú, donde el año pasado se quedó con una minera y este año, con la filial de la española Telefónica. Por otro, el año pasado aterrizó en San Juan para desarrollos cupríferos y este mes su eléctrica Edenor, donde comparte el control con su amigo Daniel Vila y con Mauricio Filiberti, incursionó en minería al comprar dos firmas de litio y cobre en Catamarca. Esta semana se le incendió su yate de 50 millones de euros en Francia, pero nadie tiene un barco así sin seguro.

Para Elsztain y Manzano, todo marcha de acuerdo al plan. No es el caso del ministro de Economía, Luis Caputo. Su equipo preveía desarmar este julio las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que pagaban a los bancos un 38%, para empezar a bajar esa tasa e impulsar así el sostenimiento de la reactivación económica. El fuerte repunte de la primera mitad del año, impulsada por el sector financiero, la minería, Vaca Muerta y la venta de bienes durables (autos, motos, electrodomésticos), no incluyó el consumo masivo (alimentos, bebidas, remedios) y además empezó a perder vigor. Esta desaceleración se percibe en la actividad, el salario y crédito.

Pero del 38% de las LEFI se terminó abonando 48% por las Letras de Capitalización (Lecap). En el medio, un error de cálculo de Caputo y equipo, según coinciden casi todos en la City porteña. La inyección de pesos de las LEFI, que servían como instrumento de liquidez para los bancos, redundó en una baja de tasas que impulsó a los inversores al dólar, al que veían barato desde principios de año. Así es que la moneda norteamericana tocó el máximo de $1.300.

Para contener la suba, el Tesoro debió organizar una licitación fuera de agenda de Lecap y aceptar una suba de tasas que enfriará la economía y el empleo, creciente preocupación social. Es el precio que el Gobierno está dispuesto a pagar con tal de controlar el dólar y así seguir bajando la inflación, dos objetivos clave para ganar las elecciones bonaerenses de septiembre y nacionales de octubre.

La demanda de altas tasas por parte del mercado generará tensión cada 15 días, cada vez que se renueven las Lecap. Eso también provoca incertidumbre. Ahora el peso ya no está tan sobrevaluado como a principios de año, cuando era la segunda moneda más apreciada del índice Big Mac de la revista The Economist, sino que se encuentra en el puesto 21° entre 54 países, con un dólar a $1.290. Pero si en la medida en que se acercan las elecciones, el mercado percibe que otra vez el dólar se atrasa, entonces pedirá más tasa y el esquema se tornará insostenible, según coinciden en un banco de inversión europeo y en otra entidad financiera local.

Hasta los asalariados se han acostumbrados a cobrar su sueldo en el banco y al día siguiente girar casi todo a billeteras virtuales para que los remuneren. Sin ese incentivo, volverán al verde. Claro que el Gobierno tiene poder de fuego, ya Caputo demostró en 2017 como presidente del Banco Central que estaba dispuesto a desobedecer al Fondo Monetario Internacional (FMI) para usar sus préstamos para controlar el tipo de cambio y además ahora cuenta con un ancla fiscal de la que en aquel tiempo carecía. Además, la perspectiva del mercado es que La Libertad Avanza (LLA) gane. Sus operadores bonaerenses esperan entre 38% y 45% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Pero en el banco de inversión europeo aclaran que después de la victoria electoral deberán devaluar un 10% para acumular reservas, como les pide el FMI.

El Fondo viene dilatando la primera revisión del nuevo crédito para que el Central sume activos, aunque sea a destiempo. El plazo terminó el 13 de junio. Por eso, el Gobierno deberá pedir un waiver (exención) para que el organismo desembolse un segundo tramo del préstamo de US$2.000 millones. Por ahora, las autoridades adquirieron US$900 millones -suerte que el asesor económico Felipe Núñez se jactaba que el mandato de Milei era “bajar la inflación, no comprar reservar”-, sumaron US$1.000 millones del bono BONTE y 2.000 millones de dólares del crédito repo de bancos.

“Empezamos a ver una caída del optimismo e incertidumbre electoral, pese al apoyo popular que conserva LLA, por lo que vamos a tener volatilidad cambiaria”, pronostica Mauricio Monge, economista senior de la consultora británica Oxford Economics. “El Gobierno va a mantener el dólar así hasta las elecciones, han apostado a colocar deuda para sumar reservas… no es el mecanismo óptimo. Pero se espera que con inflación baja, logren aumentar los diputados y senadores… igual van a necesitar negociar en el futuro Congreso, por ejemplo, la reforma tributaria”, conjetura Monge. Es decir, en 2026 las peleas actuales con la oposición antes dialoguista por las leyes jubilatoria, de discapacidad y reparto de fondos a las provincias deberían disiparse pasado el fragor electoral de octubre.

Para después de elecciones, el economista de Oxford Economics espera que se eliminen las restricciones que continúan del cepo para las empresas y que el Banco Central comience a acumular reservas de manera genuina, es decir, con menos deuda, más exportaciones, menos importaciones (léase menos turismo omisivo, menos consumo de bienes durables). Para fin de año prevé un dólar a $1.430, con una inflación del 32%, y para diciembre de 2026, a $2.120, con precios moviéndose al 29%. Desde México, Monge sostiene que Argentina necesita un tipo de cambio más alto y libre; de lo contrario, el Banco Central no podrá acumular reservas y las multinacionales seguirán yéndose debido a los altos costos.

“Sólo van las mineras y petroleras por los beneficios del RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones)”, comenta Monge. Milei deliraba hace un año que el RIGI le traería US$47.000 millones, pero los 15 proyectos presentados hasta ahora -de los cuales sólo se aprobaron cinco- suman US$16.000 millones. Muchos de ellos se iban a hacer con o sin las ventajas extraordinarias que los libertarios y los opositores amigables les aprobaron.

El Gobierno espera que lleguen inversiones con las privatizaciones de 18 empresas estatales. Además, YPF prevé vender el 70% de Metrogas, pero primero el Ejecutivo debe terminar las audiencias públicas para renovar por 20 años las concesiones de distribución de gas de todo el país, que vencen en 2027 tras 35 años. Sin eso, ningún interesado aparecerá.

También planea concesionar 13 corredores viales con hasta 9.000 kilómetros de rutas. Pero la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que encabeza Gustavo Weiss, le advirtió al secretario coordinador de Infraestructura, Martín Maccarone, que el esquema planteado por el Gobierno no funcionará. El Ejecutivo quiere que los concesionarios de rutas -pueden ser constructoras o de cualquier rubro, por lo que sueñan con un Mercado Libre o un Arcor, pero no aparecen- busquen financiamiento de bancos locales, con esa plata mejoren las rutas y después paguen sus deudas con el peaje. Pero las entidades financieras dudan de prestar a proyectos que dependen de tarifas que un futuro gobierno de otro color político pueda congelar. Además, las constructoras advierten que la paralización del mantenimiento de las rutas en el último año y medio las dañó tanto que ahora se necesita mucho más que los 4 o 5 dólares de peaje por cada 100 kilómetros que se cobran en Europa, frente al US$1 que se paga en la Argentina. Por tanto, la ecuación se torna inviable, según los empresarios de Camarco.

Los que esperan que les mejoren las rutas son los productores del campo y así se lo hicieron saber este martes -en la previa de la Exposición Rural de Palermo- unos 12 integrantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace a Milei. El Presidente, que suele pasar más tiempo en las redes sociales que en contactos con empresarios, se tomó el tiempo de ir a visitarlos para calmar los ánimos por la suba de retenciones a la soja y el maíz, de modo de evitar cualquier atisbo de chiflido cuando el próximo día 26 inaugure oficialmente la muestra.

No se descarta en el ruralismo que ese sábado anuncie alguna rebaja del impuesto que más preocupa a los agricultores. En la reunión, no les prometió fechas. Suena raro que lo concrete ahora en plena campaña mientras le niega aumentos a jubilados y personas con discapacidad. Milei les manifestó su bronca con los senadores y los gobernadores que impulsaron esos incrementos la semana pasada.

Cuando le preguntaron por las rutas, el mandatario reiteró el plan de concesiones. Cuando lo cuestionaron por el ajuste del INTA, los derivó con su autor intelectual, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el mismo que justificó el despido de 50.000 empleados públicos celebrando que al mismo tiempo se crearon 200.000 puestos de trabajo informales. Cuando lo consultaron por las economías regionales y la agricultura familiar, les respondió suelto de cuerpo que él se ocupaba de la macroeconomía y las cuentas públicas, y que ellos debían arreglar por su cuenta.

Delicias del modelo libertario.

AR

El triunfalismo que teatraliza la ultraderecha por la baja simultánea de la inflación, los dólares paralelos y el riesgo país convive con dudas profundas en el mundo corporativo que mantienen frenadas por el momento todas las inversiones concretas fuera de las islas de Vaca Muerta y la minería. Son interrogantes estructurales sobre una economía real que sigue catatónica y sobre la refinanciación de los vencimientos de deuda de 2025. Dudas que no empañan el fervor que volvió a envolver a los mercados esta semana pero que sí lo hacen especialmente volátil, porque no expresa confianza del establishment en el plan económico sino la certeza de que nadie está en condiciones de cuestionarlo, como volvió a probarlo el naufragio de la sesión en Diputados que podría haberle impedido a Javier Milei seguir gobernando por decreto. 

Es el momento más impune de la bacanal para quienes cierran un año fértil mientras los ingresos del grueso de la población siguen deprimidos y la actividad y el empleo no encuentran piso. La euforia de un carnaval donde el establishment no parece reparar siquiera en la contradicción que implica haber reclamado durante años respeto por la institucionalidad, la prensa y la división de poderes y ahora no solo callar al verlos ultrajados sino incluso festejarlo y financiarlo generosamente, como hicieron en el lanzamiento de la ultraderechista Fundación Faro empresarios de primer nivel como Marcelo Mindlin (Pampa), Martín Migoya (Globant), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), José Urtubey (Celulosa), Sebastián Bagó (Bagó), Jorge O’Reilly (Eidico) y los hermanos Germán y Patricio Neuss.

En condiciones normales de presión y temperatura, tanto los US$25.000 por cubierto que pagaron los comensales del Yacht Club de Puerto Madero como los US$200.000 por mesa que pretendía cobrar inicialmente Francisco Caputo ―el hermano del ministro sin cartera que se puso al frente de la recaudación para la “batalla cultural” que emprenderá desde allí el homofóbico Agustín Laje― habrían despertado a algún fiscal interesado en el financiamiento de la política. Nadie teme eso en plena tregua entre los tribunales y el Gobierno. A lo que sí se arriesgaron es a cuestionamientos de accionistas u oficiales de compliance como los que suelen revisar sus balances.  

Tampoco es un riesgo tan alto. José Luis Manzano, otro de los que dijo presente en la gala del flamante faro neofascista, sabe por experiencia que nadie en la Comisión Nacional de Valores (CNV) revisa mucho los papeles de los amigos. En Edenor, que controla junto a sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti a través de Edelcos SA (dueña del 51% de las acciones), nadie objetó un contrato de consultoría que les permite extraer de la distribuidora eléctrica más grande del país entre tres y cinco millones de dólares al año a cada uno de ellos. Es algo que los pone en ventaja frente a la ANSES (dueña del 27%) y de los accionistas minoritarios (otro 22%), que deben esperar para cobrar a que existan dividendos para repartir y a que así se decida al final del ejercicio.  

Si bien voceros de Edenor respondieron a la consulta de elDiarioAR que “nunca hubo una consultoría vinculada con Edelcos”, el contrato aparece en el último balance publicado por la CNV y detalla que el dinero (un 1,75% de la facturación bruta de la distribuidora) se paga a cambio de “servicios de asesoría técnica, especialmente en temas financieros”. En el ejercicio 2023 fueron $14.875 millones, un monto nada desdeñable frente a una ganancia neta de $48.371 millones. En el balance al 30 de septiembre último figura otro monto para Edelcos, bastante mayor: $28.059 millones. 

Con solo 8 empleados y apenas una oficina en el décimo piso de Avenida del Libertador 7270, cualquier accionista minoritario podría sospechar que Edelcos no puede proveerle a Edenor servicios tan valiosos. 

¿Puede pasarle acaso a alguno de ellos como a Santiago Bausili, quien se sobresaltó cuando la Casación revocó la falta de mérito que le había dictado la Cámara Federal cinco días antes de asumir en el Banco Central en la causa donde ya fue dos veces procesado por haber beneficiado a sus exempleadores del Deustche Bank en las emisiones de bonos de 2016 y 2017? ¿Reaccionarán en defensa propia los magistrados si finalmente Milei designa por decreto a los dos ministros de la Corte que quiere, tal como se adelantó en exclusiva en esta columna el 27 de octubre pasado? ¿Qué equilibrio hará la política ahora que Milei volvió a subir al ring a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Seguirá abierto el puente de diálogo que une a Wado De Pedro con Santiago Caputo? 

Lluvia de desinversiones

―Mauricio está hinchado las pelotas. No lo aguanta más.

El empresario amigo del expresidente, tan íntimo como para acompañarlo a reuniones políticas secretas, explica a su manera a elDiarioAR por qué Macri sigue prestándole a la ultraderecha los votos de sus diputados sin pedir casi nada a cambio. Exhibe un gráfico del índice Merval y señala dos fechas clave que dispararon sendos rallies alcistas: el 11 de septiembre y el 10 de octubre. La primera, cuando Diputados fracasó en su intento de insistir con la ley de actualización jubilatoria que proponía aumentar $15.000 el haber mínimo y que Milei vetó. La segunda, cuando pasó lo mismo con la Ley de Financiamiento Universitario. 

La euforia volvió este martes al mercado cuando se cayó la sesión donde la oposición procuraba restringir el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), regidos por una concesiva ley de 2006, más kirchnerista que el busto de Néstor que retiraron de la sede de la ANSES. También empujaron el dato de inflación y los guiños cruzados con Donald Trump (incluso versiones de que volverá a habilitar dinero fresco del FMI, como sugirió un estratega de BlackRock en una charla privada). Pero la clave, para la fuente, fue otra vez la demostración de fuerza política. La garantía de gobernabilidad que le exigían los inversores. 

―¿Y por qué le da los votos Macri para algo así, que encima contradice lo que siempre predicó sobre la división de poderes y hasta lo que dice el nombre de su partido? ―repreguntó este diario. 

―¡Pero cómo no lo va a apoyar si está haciendo con el déficit fiscal lo que él quería y encima hace subir el valor de las empresas!―respondió el empresario. 

―¿Eso quiere decir que se vienen inversiones extranjeras? ¿Compras de compañías locales, al menos?

―Para nada. Al revés. Ahora que subieron los precios y ya no estamos “in distress” sino en “intermediate price”. Puede que se sigan yendo algunas ―completó.

Ya pasó con Procter&Gamble, Clorox, Falabella, Walmart y hasta el HSBC. Todas vendidas a empresarios locales que aprovecharon el piso de precios de los activos y ahora disfrutan de la disparada de todas las cotizaciones, incluso de los inmuebles. Pero no son solo los extranjeros los que desinvierten en la economía real y podrían apurar el paso ahora que todo subió. El Citi tiene un mandato de Compañía General de Combustibles (CGC), brazo energético de Corporación América, para buscarle comprador a su participación en Transportadora Gas del Norte (TGN), que controla junto al grupo Techint. Como la Ley del Gas prohíbe que un productor petrolero maneje una empresa regulada del sector, Paolo Rocca está en principio afuera de la puja. Salvo, claro, que algún adalid de la desregulación retoque esa ley por decreto. 

Letras chicas y números rojos

La supervivencia del pacto de Acasusso, que Macri lamenta no haber cobrado por adelantado, obedece a esas razones metálicas y a una letra chica judicial que tampoco llegó a redactarse muy puntillosamente. Por estos días el expresidente está muy concentrado en los 161 juzgados federales vacantes que el mundillo político cree que el consigliere Caputo intentará empezar a ocupar mientras se lleva la marca con la discusión de los jueces supremos. En Tribunales creen que antes de fin de año irán al Senado tres o cuatro tandas de pliegos para agudizar las contradicciones en la oposición. Cada juez que se designa es objeto de negociaciones a varias bandas, por el poder futuro que cristaliza, y puede ser muy útil en el toma y daca parlamentario.  

Los estudios de abogados de las grandes empresas están especialmente interesados en los cuatro juzgados vacantes en el fuero Penal Económico. Macri, en el Contencioso Administrativo. Ahí todavía se tramita la causa del Correo. Pero ese fuero también está en la mira del Gobierno, porque en él terminan todos los reclamos contra el poder de turno. Dos decisiones pendientes allí, por ejemplo, son las relativas a quién audita a la UBA y a si les corresponde pagar Ganancias a los diplomáticos y al personal de la Auditoría. Otro foco de conflicto entre el fundador de PRO y el joven asesor de Milei aficionado al tiro.  

Ajena a esos pasamanos y contorsiones, con la ñata contra el vidrio de la fiesta de los mercados, la economía real languidece. El viernes, mientras el mercado celebraba otra caída de los dólares paralelos, la consultora Scentia publicó que en octubre las ventas en supermercados de cadena y proximidad fueron 20,4% inferiores en volumen a las de un año atrás. No es atribuible a los subsidios de la campaña ni a las ‘promos’ que negociaba Sergio Massa con sus amigos supermercadistas, porque en los ‘chinos’ (que no tenían esos precios pisados) el desplome fue aún mayor: 24,4% en el área metropolitana. 

La Encuesta Coyuntural del Observatorio Pyme, que preside Federico Poli y auspician el grupo Techint y la Universidad de Bologna, también arrojó números de catástrofe para el tercer trimestre. La producción se contrajo 13% interanual y fue el sexto trimestre de caída consecutiva. El derrape de la ocupación (7%) fue el mayor desde que empezó a medirse, en 2016. Al empresariado Pyme no le va igual de bien que a quienes pagan US$25.000 el cubierto para aplaudir insultos contra las Madres de Plaza de Mayo. Mientras el 90% de las empresas vio subir sus costos, solo la mitad de las empresas pudo aumentar sus precios. La rentabilidad se comprime aceleradamente. 

El ‘uno a uno sin dólares’ de Milei y Luis Caputo no solo es de dudosa sustentabilidad macroeconómica, como advierten economistas de todo el espectro teórico (por lo general en voz baja para evitar represalias). Tampoco exhibe la potencialidad transformadora del menemismo originario, al que permanentemente Milei procura emular desde lo simbólico. La estricta ancla cambiaria blindada por el cepo consiguió bajar la tasa de inflación mensual a mínimos en 3 años pero no atrajo el flujo de inversiones de los 90, el volumen de crédito privado de aquella época ni mucho menos su salto en la productividad. Por ahora solo parece en condiciones de copiarle el salto en el desempleo, el subsidio al turismo internacional, las relaciones carnales con Estados Unidos y la presencia estelar de Yuyito González.  

AB/DTC

De bajo perfil y dueño de una porción de la energía y los medios de Argentina, el empresario José Luis Manzano, exministro de Interior de Carlos Menem, se convirtió en el “principal jugador” del negocio del litio local: ya concentra 243.000 hectáreas en salares en Catamarca y Jujuy, según informó Integra Capital en el último documento destinado a sus inversores (2023). 

El “oro blanco”, como se define a este preciado mineral, es presentado por el Gobierno como una de las salidas económicas del país y del futuro: se destinará principalmente a la fabricación de baterías de celulares, computadoras, autos eléctricos y almacenamiento de energía eólica. Argentina integra el “Triángulo del Litio”, junto con Chile y Bolivia, donde las denuncias de impacto ambiental y afectación y contaminación de las reservas de agua de los salares están en vías de aumento, frente a la extensión del negocio minero. Los salares de la Puna son humedales.

Integra Capital es la nave insignia de Manzano. A través de este grupo económico, que fundó dos años después de su renuncia como funcionario de Menem, posee acciones en empresas centrales en energía y medios de comunicación, entre otros rubros: es dueño de una parte de Edenor, Metrogas, la petrolera Andes Energía (hoy Phoenix Global Resources), la eléctrica Andina PLC, así como el canal América, Radio La Red y El Cronista Comercial, entre otras compañías.

El tercer gran rubro de los negocios de Manzano es la minería, a través de Integra Recursos Naturales, que engloba a compañías especializadas del grupo: Integra Lithium e Integra Cobre, por ejemplo. Integra Capital también es dueña de Minera Aguilar, principal productora de estaño, plomo y plata de Argentina; y de Minera Álamo Gordo, compañía de exploración en uranio, según la empresa.

Actualmente, Integra Lithium asegura ser “el jugador privado más grande de Argentina en litio”, con activos por 243.000 hectáreas en salares y roca en las provincias de Jujuy y Catamarca, de acuerdo con las publicaciones de la compañía. 

Las principales inversiones de Manzano en litio se encuentran en Catamarca, pero el proyecto más avanzado es el de Jujuy, explicó la compañía ante la consulta de elDiarioAR.

En Jujuy, la compañía de Manzano interviene en el Salar de Jama, ubicado a unos 150 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde obtuvo permisos de la provincia para explorar litio en unas 14.000 hectáreas, a 40 años. El 9% del proyecto es de la empresa estatal de la provincia, Jemse. Aspiran a extraer 20.000 toneladas anuales de litio (con un potencial de duplicar esa suma).

Las proyecciones de Integra Lithium es que la tonelada de litio cotizará entre US$6.000 y US$13.000, según un informe de la compañía a sus inversores. Sólo en Jujuy, la proyección más austera arrojaría una ganancia bruta de US$120.000.000 anuales.

En el Salar de Jama, Integra Lithium ya ha efectuado “las tareas de geoquímica y geofísica, y se estarán iniciando los trabajos de perforación de pozos exploratorios de targets en los próximos tres meses”, respondió la compañía ante la consulta de elDiarioAR. “Otros proyectos se encuentran en etapas más tempranas de exploración, donde se están transitando los estudios de impacto ambiental previos a la realización de tareas invasivas del terreno”, agregó la empresa. 

Se refiere a los proyectos en los salares de Catamarca, donde posee derechos mineros sobre 158.000 hectáreas en dos proyectos donde explora litio en salares: Antofalla y Paso San Francisco, también a 40 años. Además, se asoció a la australiana Latin Resources para explorar litio en roca en otras 77.000 hectáreas del proyecto Ancasti. Cada una de las socias posee el 50% del proyecto minero y la sociedad le permitió a Integra superar a Pluspetrol en cantidad de hectáreas de salares.

En Argentina, existen 38 proyectos para extraer litio, la mayoría en manos extranjeras. Entre las de capitales nacionales y mixtos, también operan PAE y Pluspetrol. Hasta el momento, sólo dos producen y exportan los productos derivados de este mineral (carbonato y cloruro de litio). Esos dos proyectos se encuentran justamente en Jujuy y Catamarca, pero en manos de otras compañías.

En el Salar de Olaroz, opera una sociedad integrada por la australiana Allkem, la japonesa Toyota Tsusho y la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Jemse. En el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, está en manos de la estadounidense Livent.

“Aproximadamente en un término de entre 30 y 36 meses (según cada proyecto) a partir de la finalización de las perforaciones de pozos exploratorios se podrá comenzar la exportación del producido de las plantas piloto”, afirmó a este medio la compañía de Manzano, que también espera extraer y exportar litio. China es actualmente el principal importador de litio.

“Las plantas de procesamiento definitivas dependerán del acceso a financiamiento de proyectos de esa escala”, aseguró. “La destinación del litio al mercado local y a mercados de exportación dependerá del volumen y niveles de concentración del mineral que se obtengan”, sostuvo Integra Capital. “También estamos analizando la posibilidad de ensamblar baterías dentro del país junto con ensambladores internacionales”, aseguró la compañía ante la consulta de elDiarioAR. 

En la mira de la Corte

La Corte Suprema ordenó el martes 28 de marzo al Estado Nacional y a las provincias de Jujuy y Salta que entreguen al tribunal “toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera de litio y borato otorgados”, además de “la información sobre la participación ciudadana, denuncias e impugnaciones contra dichos permisos”, “copia de los aspectos ambientales relevados en esas autorizaciones” e información sobre las actuaciones del Ejecutivo vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en estas dos provincias, las empresas involucradas y las proyecciones económicas de tal actividad.

La resolución de la Corte fue en el marco de un amparo ambiental presentado en diciembre de 2019 por las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) frente a la posible afectación “irremediable” del medio ambiente y el recurso del agua. 

Las provincias y la Nación tienen 30 días para presentar la información requerida para resolver sobre el amparo, que solicita frenar la actividad minera en la zona. La resolución lleva la firma de tres de los cuatro jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“Actualmente se ha aprobado la adjudicación de veinticinco (25) propiedades mineras ubicadas en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, por un total de 28.798,49 hectáreas, a la razón social Integra Recursos Naturales SA, por parte de la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (J.E.M.S.E.), para prospección, exploración, explotación e industrialización de litio, potasio y boro en zonas geológico mineras, en los Departamentos de Tumbaya y Cochinoca, entre otras zonas”, sostuvo FARN en el amparo de diciembre de 2019. Desde entonces, las inversiones de Integra crecieron.

La ONG ambientalista presentó ante la Corte copia del “Estudio de los Recursos Hídricos y el Impacto por Explotación Minera de Litio. Cuenca Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc – Provincia de Jujuy”. “Este estudio fue presentado a las autoridades de Jujuy y de la Nación, sin que hayan tomado ninguna medida, sino que mantuvieron sus actos y políticas respecto a la explotación de litio en esta cuenca desoyendo la gravedad del daño potencial que se señala”, sostuvo la organización en el escrito, en el que solicitaba que la Corte ordenara frenar la entrega de permisos de exploración y explotación minera en las salinas.

Entonces, afirmó que “de continuar avanzando los proyectos mineros previstos para la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se producirá un daño ambiental grave inminente e irreparable con consecuencias para las comunidades que habitan en la zona y la biodiversidad que se alimenta del sistema hídrico. Este daño involucra principalmente la creación de un des-balance y riesgo hídrico en una zona árida con escasas precipitaciones y estrés hídrico en la mayor parte del año”.

Historia

Oriundo de Mendoza, Manzano fundó Integra Capital en 1995, durante su estadía en Washington DC, Estados Unidos, dos años después de su partida como ministro de interior de Carlos Menem, en 1993. Había ocupado ese cargo durante dos años. Emigró entonces a los Estados Unidos y estudió negocios y finanzas en la Universidad de Georgetown, aunque su verdadera migración fue de político a empresario. 

Antes de asumir como ministro de Menem, Manzano manejó los hilos de la bancada del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados, entre 1983 y 1991, donde fue apodado como “Chupete”, por su juventud, dicen las crónicas del menemismo.  

Esas relaciones políticas sobrevivieron a todos los tiempos. Es un hombre de buena relación con los Kirchner y en especial, con el actual ministro de Economía, Sergio Massa. En 2020, tras la asunción de Alberto Fernández, participó “pro-bono” en la reestructuración de la deuda soberana Argentina por US$65 mil millones.

Integra Capital comenzó como “advisor” para otras empresas en la adquisición de activos energéticos, entre otros. En 1997, interviene en el negocio de los medios de comunicación como advisor en la organización de Supercanal (segundo proveedor de cable en Argentina) y de Grupo Uno (grupo de medios del interior) y se convierte en accionista de ambos. A partir de entonces, conformará junto al empresario Daniel Vila el segundo multimedio más importante del país: América (canal América, A24, El Cronista Comercial, Radio La Red, entre otros).

ED

En los últimos dos días, dos de los empresarios que más se meten en la política argentina adoptaron posiciones públicas sobre el camino que debe seguir el país ante un mundo de confrontación entre Occidente y Oriente, más allá de la productiva reunión de esta semana entre Joe Biden y Xi Jinping. Uno fue Paolo Rocca, el dueño del grupo Techint, en la jornada por los 25 años de la Fundación Observatorio Pyme, que impulsó su padre, Roberto Rocca. El otro fue José Luis Manzano, el ex ministro del Interior de Carlos Menem devenido propietario de Integra Capital, con inversiones energía y medios.

Rocca prefirió evitar referirse a la coyuntura económica local y se centró en la descripción del conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. “Hay un cambio traumático, sustancial. Hoy el 28% de la producción industrial mundial es de China, con impactos en las sociedades occidentales y su clase media, con desindustrialización y primarización, por la avidez china por conseguir materias primas y colocar sus bienes industriales. Hay una erosión por la agresividad de China y la ambición territorial en países limítrofes. China va fortaleciendo una visión autoritaria del gobierno. En este nuevo mundo bipolar no hay buenos y malos pero sí distintas maneras de ver la libertad, la democracia y los derechos individuales”, argumentó el dueño de Techint, cuyas siderúrgicas Tenaris y Ternium enfrentan la fuerte competencia de empresas chinas. 

Antes había expuesto en el mismo panel, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, que había hablado del “querido Paolo Rocca”. Pero Argüello aclaró: “Es simplista el alarmismo de tener que quedarse con Estados Unidos o abandonarlo y quedarse con China. Es un falso dilema en el que la Argentina no debe caer, somos un nodo atractivo, hay que multiplicar vínculos, no reemplazarlos”. 

En la Argentina hay cambios de variables rápidos, pero la Argentina no es Venezuela, Cuba o Nicaragua y va a volver a la normalidad en su economía en algún momento

Paolo Rocca — Titular de Techint

Pero Rocca disintió al mismo tiempo que Alberto Fernández se reunía con su par chino, Xi Jinping, para ampliar el canje de reservas de los bancos centrales y pedir financiamiento para las represas de Santa Cruz: “La visión que Jorge plantea de no alineamiento en realidad pierde algo de su vigencia. Hay que entender los límites. Pasamos de la competencia a la confrontación de dos potencias hegemónicas, aun manteniendo algún nivel de integración en las cadena de valor, insustituible por un tiempo. América Latina debe aprovechar para rediseñarse con los países que pueden dar solidez en la cadena de valor occidental. En México es impresionante cómo está rediseñando la cadena para multiplicar la industria automotriz y la electrónica”, se refirió a los fenómenos de nearshoring y friendshoring, el abastecimiento de los países occidentales desde naciones cercanas y amigas, ya no desde China o Rusia.

Rocca contó que están consultando a sus clientes en México para identificar las posibilidades de reemplazar producción de China en caso de recibir sanciones por un eventual conflicto bélico, como las que ahora se ciernen sobre Rusia. “El ejemplo de Rusia nos abre los ojo sobre cómo podemos contribuir a la cadena occidental. En Vaca Muerta estamos desarrollando una industria con valor agregado que fortalecería a la cadena del gas, como la producción de fertilizantes, con potencial para las pymes. La cadena de la transición energética también es increíble. Hoy China tiene un virtual monopolio de los paneles solares y Estados Unidos tiene la necesidad estratégica de rediseñar esta cadena, lo que abre oportunidades para grandes y medianas empresas. Hoy oportunidades en cadenas de valor en la industria farmacéutica, en la investigación. Tenemos que entender que este cambio geopolítico es definitivo, se ha terminado la globalización de los 90, hoy la seguridad y la independencia van a primar. Para la Argentina, Brasil y México, esto impone una reflexión. Hoy los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) no es un estructura viable para entender el mundo -se refirió al grupo al que quiere sumarse el gobierno de Alberto Fernández-. El mundo esta tomando hoy otra dirección. Para las industrias, no tener una visión seria un error. En la Argentina hay cambios de variables rápidos, pero la Argentina no es Venezuela, Cuba o Nicaragua y va a volver a la normalidad en su economía en algún momento”, sentenció Rocca, cuyo panel fue moderado por el politólogo y analista internacional Fabián Calle, socio de Sergio Berensztein. Calle sostuvo que la Argentina ha pasado de confrontar con Estados Unidos a que “Sergio Massa esté instalado todo el tiempo en Washington”. “Impecable”, lo felicitó Rocca al finalizar su alocución.

Manzano

Un día antes, en el IEFA Latam Forum, Manzano se mostró menos tajante las oportunidades de negocios en energía y minería. “El futuro sólo se puede pensar de manera integrada con el resto de los países de la región. En la región, y particularmente en la Argentina, tenemos dos ventajas comparativas para enfrentar el proceso que viene en materia de desarrollo económico. Más allá de los recursos naturales, una de las ventajas es que la región está libre de guerras y de amenazas nucleares, y eso es gracias a los gobiernos democráticos, y otra está dada por la existencia de sistemas democráticos fuertes donde las diferencias, más allá de las grietas, se definen a través de los votos”.

Manzano también mencionó a Brasil. “Juntos por el Cambio piensa cómo va a encajar con Lula y el gobierno actual, cómo se va a salvar con Lula”. También señaló que las derrotas electorales de Jair Bolsonaro y de los candidatos de Donald Trump debería “calmar a la extrema derecha”. El ex ministro sostuvo que de la región ahora “es cómo hacer economías competitivas e inclusivas”. “Debemos 180.000 millones de dólares al exterior, otros 40.000 millones de dólares a los argentinos y hay 12 millones de pobres, o 14 o 16 millones, porque los cambios cambiarios fabrican pobres a la velocidad de la luz”, alertó Manzano sobre una devaluación. elDiarioAR también quiso consultar al respecto a Rocca, pero, fiel a su costumbre, salió de su conferencia a paso apresurado haciendo oídos sordos a las consultas periodísticas.

Manzano propuso “dar respuesta a esas cuestiones” con “Estados más honestos e inteligentes”. “Las divisas surgen de la inversión extranjera y del financiamiento externo. Tenemos que tener disciplina reglas y estabilidad de normas”, opinó el accionista de Edenor, el Grupo América, El Cronista, la petrolera Phoenix Global Resources y la minera Integra Recursos Naturales.

AR

El juez federal Emiliano Canicoba citó a declaración indagatoria a los empresarios Marcelo y Damián Mindlin y a otros doce exdirectivos de Edenor por presunta evasión y defraudación a través del uso de facturas falsas, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR.

El magistrado de San Martín indagará también a otros cinco empresarios y ejecutivos que habrían colaborado en la supuesta maniobra aportando las facturas apócrifas, confirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La investigación judicial se inició en 2017, pero estas son las primeras citaciones a los responsables de Edenor y de sus proveedores. Hasta el momento, la causa sólo tiene procesada a una contadora que trabajaba para algunos de estos proveedores investigados, informó una fuente judicial y quien siempre negó las acusaciones.

Canicoba sostuvo en la citación que Edenor habría utilizado facturas truchas de algunos de sus proveedores de tareas de mantenimiento para evadir impuesto a las Ganancias por casi $73,4 millones y evitar también el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de $51,2 millones entre 2017 y 2018.

La denuncia fue presentada hace cinco años por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como ya informó elDiarioAR en 2020. El organismo sostuvo entonces que la maniobra habría sido mucho mayor y que, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de tres eléctricas habrían presentado facturas truchas a Edenor, Edea y Edelap por servicios con supuestos sobreprecios.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para evadir impuestos y fugar divisas del país, una acusación que han negado tanto Edenor como Edelap y Edea.

Algunos de estos proveedores de las eléctricas fueron ingresadas en el registro de firmas apócrifas de la AFIP, lo que para el fisco significa que estas sociedades anónimas emitieron facturación falsa y no tienen la capacidad de brindar los servicios que facturaron a Edenor, Edelap y Edea. Sin embargo, Edelap y Edea no serían más objeto de la investigación, según informó a este medio una fuente de ambas compañías.

Otros de estos proveedores investigados están catalogados por el fisco como “usinas mixtas” de facturas falsas, según el expediente. Se trataría de empresas reales, pero que además de prestar servicios de obras y mantenimiento, tienen otro nicho: facturar con sobreprecios o inflar costos para permitir “la evasión o fuga de divisas”, explicó uno de los investigadores del caso. 

En 2019, los investigadores de la AFIP buscaban establecer si parte del dinero negro que generaban estas proveedoras con las facturas apócrifas regresaba en negro al cliente, es decir a las eléctricas.

Las compañías niegan las acusaciones y apuntan a sus proveedores —principalmente, prestadoras de mantenimiento y obras— como los supuestos responsables de “inflar costos” a través de la facturación apócrifa, según consta en la causa. 

“Esta causa surge por compra de facturas apócrifas hecha por una sola de las más de 1.000 empresas contratistas que le brindaban servicios a Edenor y son ajenas a la misma dado que la responsabilidad legal y tributaria corresponde a cada una de ellas. Es de destacar que con Edenor no hubieron irregularidades y se encuentran absolutamente al día habiendo cumplido el total de sus obligaciones tributarias. Los ex directores de Edenor niegan rotundamente cualquier evasión impositiva por parte de la empresa y se han puesto a disposición del juez para colaborar con el proceso”, respondieron allegados a los ex directores de Edenor.

La vieja gestión de Edenor sostuvo en 2020 ante la consulta de este medio: “Todos nuestros proveedores también están sometidos a los mismos estándares de registro y auditoría que Edenor utiliza en todas sus operaciones. Estándares nacionales e internacionales exigidos como compañía que cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York”, agregó entonces Edenor. En febrero de 2020, luego de haber sido allanada por orden del juez de San Martín, dijo a Perfil que dio de baja a algunos de los proveedores investigados.

Edenor cambió de dueños a finales de 2020, cuando los empresarios Mindlin vendieron las acciones de Pampa Energía a los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y un grupo de inversores. Es la distribuidora de electricidad en el área metropolitana norte de Buenos Aires.

ED

En el siglo veintiuno, en países con gobiernos democráticos, intentar que un contenido deje de circular muchas veces es garantía de amplificarlo. Por eso, no siempre es fácil identificar víctimas y victimarios cuando una denuncia de censura irrumpe escandalosamente en la escena. 

Tal es el caso de la acusación de Viviana Canosa y su equipo: denunciaron que el canal no les dejó pasar un escrache a Sergio Massa en Santa Fe, en donde un grupo de cinco o seis personas llamaron al Ministro para insultarlo y lo grabaron con un celular. Ante eso, Canosa se quejó de “censura previa” y decidió romper su vínculo con A24, la señal de noticias del Grupo América en donde se emitía su programa. El efecto fue, desde ya, el contrario: todos los medios y las redes se hicieron eco de la prohibición y, por ende, del escrache. Pero además, posaron un manto de sospecha sobre la interferencia política de Sergio Massa en la línea editorial del grupo, propiedad, entre otros,de Daniel Vila y José Luis Manzano, en donde también entró como accionista de peso en 2017 Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group. Vila -especialmente- y Manzano son amigos de Massa y estuvieron presentes en su festiva asunción. El primero giró por algunos medios durante la semana explicando su punto de vista. Le dijo a Ernesto Tenembaum en Radio con Vos que estaba sorprendido del revuelo que había tomado la decisión: “Creo que es un conflicto que no encuentro donde está porque yo con Viviana he tenido siempre la mejor relación, siempre hemos tenido un gran diálogo. Hace tiempo que trabajamos juntos, que ella trabaja en el canal y se tomó una decisión editorial que tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas. Y, en lo personal, me parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia que no era necesario mostrar”. Fuentes internas del programa también adscriben a la hipótesis sobre un “malentendido”. Mientras, se especula con la próxima empresa que albergará a Viviana Canosa, devenida en referente mediático de la derecha que hace de su furia con el presente una línea editorial y política.  

La novedad de las declaraciones de Vila no es necesariamente el llamamiento a la moderación sino la explicitación de una flamante decisión de tipo editorial que no pocos vincularon a la asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía con un paraguas que agrupa a otros ex ministerios. Vila, por supuesto, lo niega. 

La relación Vila-Massa es una amistad blanqueada y conocida, a diferencia de otros vínculos entre empresarios de medios y políticos. Permanentemente aparece como un palpable o potencial condicionamiento de la línea editorial del Grupo América y de los negocios que el grupo Vila-Manzano tiene con el Estado (como la propiedad de Edenor, junto con el empresario Mauricio Filiberti). Ante esto, la lectura puede ser muy simple: Massa agranda su poder en el gobierno del Frente de Todos, el gobierno es más “su gobierno” que antes, y América, como en espejo, corta los contenidos que lo perjudican. Renueva su pantalla al ritmo del Frente Renovador y así es como el programa A río revuelto, conducido por Gonzalito Rodríguez, reemplaza los escraches de la crispada y dramática Canosa.

Pero la línea editorial de América es algo más sinuosa. De hecho, durante el macrismo, sus pantallas alojaron cómodamente a María Eugenia Vidal y fueron plataforma del caso del falso abogado Marcelo D’ Alessio –un experto en narcotráfico acusado de articular una red extorsiva de espionaje–. Pero luego de las PASO de 2019, Daniel Vila utilizó su propia pantalla para denunciar que Mauricio Macri lo había extorsionado para que devolviera una franja del espectro radioeléctrico. Macri le devolvió gentilezas en su libro Primer tiempo, en donde se refirió a Vila como un claro ejemplo del círculo rojo “que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo”. Ahí lo acusó de querer apropiarse de una frecuencia sin pagar. En reuniones privadas, un año y medio después de haberse ido del gobierno, Macri lo seguía ubicando entre los pasajeros indispensables del cohete a la luna que se llevaría a los indeseables de la Argentina.

Entre los argumentos de Daniel Vila para negar un giro oficialista en el affair Canosa o una interferencia de Massa, rankea alto la diversidad de miradas y perfiles periodísticos que ciertamente confluyen en el continente de América. Tan diversificada está la línea editorial que durante la Fase 1 de la pandemia, uno de los dueños del grupo, Claudio Belocopitt, también presidente de la Unión de Entidades de Salud, pasó horas en los estudios de sus canales. Mientras que gritaba por la pantalla que la gente tenía que respetar la cuarentena, en otro canal, el 9, Viviana Canosa tomaba dióxido de cloro y se hartaba histriónicamente de las prohibiciones. Pocos meses después de ese evento, la conductora se acomodó en el prime time de A24. Así como hoy Vila no quiere contribuir al “estado de conmoción”, en ese momento el grupo convocó a una referente en eso de llamar a desoír las restricciones oficiales por la pandemia para reemplazar a Jony Viale y Eduardo Feinmann, ambos exportados de América a LN+ como punta de lanza del traspaso de Juan Cruz Ávila al canal de los Saguier. La crispación trae rating pero el grupo prefiere diversificar negocios y también su propuesta periodística. En 2021, Belocopitt fue entrevistado cordialmente por Canosa en la pantalla de A24.

Aun con Canosa en su versión ignífuga y con Baby Etchecopar picanteando la pantalla en un turno más vespertino, coexisten con ellos Antonio Laje, Maximiliano Montenegro, Rolando Graña, Catalina D'Elía, Edi Zunino o Marcela Pagano, un crisol de cosmovisiones y carreras periodísticas pero también de decibeles y tonos. Ni hablar de que mientras Viviana Canosa llama a boicotear a Disney por “romper las pelotas con la ideología de género” al anunciar que el 50% de sus personajes va a ser de la comunidad LGBTQ+, Flor de la V conduce Intrusos por la pantalla de América.

Vila -y tantos otros- ven en ese abanico una cualidad plural en sus medios. La del pluralismo, en un contexto de medios más homogéneos, es una lectura posible. Pero esa versatilidad también le ha permitido al grupo adaptar con agilidad su perfil más oficialista o más opositor y calibrar la intensidad de su moderación respecto del gobierno de turno en distintos momentos de su mandato, en función de sus intereses y los de las empresas bajo su órbita. Ese aspecto camaleónico, y no solo una amistad entrañable, une al Grupo América con el líder del Frente Renovador.

Durante esta semana convulsionada, Mauricio Macri habló de censura (también de buenas intenciones) y de libertad. No fue el único que utilizó la ocasión para reeditar su inquina contra Vila, aunque no lo nombró en su tuit. De parte del Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, aprovecharon la exposición de las costuras de los medios después del conflicto con Canosa para acusar al mendocino en un editorial sin firma en Ámbito de haberse querido quedar con los de Indalo durante el macrismo, cuando sus dueños habían sido encarcelados: “Vila está acostumbrado al juego de la política interviniendo en lo que debería ser el normal desempeño de la prensa y la libertad de expresión. De hecho, trató de sacar rédito económico de ese juego”, lanzó el editorial. 

A diferencia de lo que pasaba durante los gobiernos de Cristina Kirchner, cuando los medios con más vinculación con el gobierno mostraban un oficialismo nítido y en bloque, en un gobierno de coalición ahogado en internas, los medios cercanos a las diversas facciones tampoco ocultan sus rispideces. La interna del Frente de Todos, incluyendo el avance del Frente Renovador y sus efectos internos, también se mira por tevé.

NS

Desde que el 28 de julio se conoció públicamente que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner habían decidido entronar a Sergio Massa como superministro de Economía, las acciones de la mayoría de las empresas argentinas, no todas, comenzaron un fuerte repunte. Pero hubo una que se valorizó como ninguna otra: Edenor, la distribuidora eléctrica de la zona norte de la capital y el conurbano que en 2020 compraron José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Los primeros dos de ellos se cuentan entre los empresarios más cercanos a Massa.

Dentro de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, la acción de Edenor fue la que más se disparó entre el 27 de julio y este viernes: un 49,14%, en dólares, según relevamientos que elaboraron las sociedades bursátiles Portfolio Personal Inversiones (PPI), Bull Market Brokers y Adcap Grupo Financiero para elDiarioAR. Claro que Edenor aún vale nada más que un noveno de lo que cotizaba en diciembre de 2017, después de que el gobierno de Mauricio Macri, con Juan José Aranguren como ministro de Energía, le concediera fuertes aumentos de tarifas a empresas como la que entonces pertenecía a Marcelo Mindlin.

El mismo día en que asumió como ministro de Economía, el 3 de agosto, Massa anunció que la quita de subsidios a la luz y el gas se extendía más allá del 10% de los usuarios, como había anunciado en su momento Martín Guzmán, y que abarcaría al 30%. Pero el aumento de la factura, aunque lo cobrarán los distribuidores como Edenor (con clientes de más poder adquisitivo que Edesur), irá a parar a manos de las generadoras eléctricas y las petroleras, que serán retribuidas así por los usuarios más ricos y no por los subsidios del Estado. Las tarifas de distribución y transporte siguen y seguirán intactas en 2022.

Expectativas

No obstante, la acción de Edenor se catapultó. Un consultor energético, que prefiere el anonimato, lo atribuye a las expectativas del mercado de que se acabó el cuasi congelamiento que rigió en el inicio del gobierno de Fernández y que en 2023 sí se elevarán las tarifas de distribución y transporte, sin que vayan a asegurar una rentabilidad exorbitante como las que les proveyó Aranguren, pero que al menos las alejará de las pérdidas actuales. El experto reconoce que los inversores interpretaron que con Massa de ministro a los mendocinos Manzano y Vila les irá necesariamente mejor. Vila confesó esta semana en Radio Perfil que el abogado nacido en San Martín y ex intendente de Tigre es uno de sus mejores amigos. En la misma entrevista, el presidente del Grupo América reconoció que le formuló “pequeñas observaciones” a la polémica conductora de TV Viviana Canosa, que renunció al canal después de que no le dejaran emitir un informe sobre el nuevo ministro.

Un consultor energético, que prefiere el anonimato, lo atribuye a las expectativas del mercado de que se acabó el cuasi congelamiento que rigió en el inicio del gobierno de Fernández y que en 2023 sí se elevarán las tarifas de distribución y transporte

El analista bursátil Mauro Mazza, de Bull Market, coincide con el consultor citado, pero agrega que en el corto plazo Edenor también se beneficia porque mejora sus ingresos, pasa a controlar una caja mayor, más allá de que después deba remunerar con ese dinero extra a los generadores. En cambio, su colega Guido Bizzozero, de Allaria Ledesma, no advierte allí una ventaja y recuerda que Edenor “es una de las pocas empresas de servicios regulados que obtuvo un aumento tarifario muy por debajo de la inflación: para 2022, obtuvo 8% contra Transener, por ejemplo, que recibió 67% o las transportadoras de gas, 60%”. Transener y Transportadora Gas del Sur (TGS) son de Pampa Energía, de Mindlin, y Transportadora Gas del Norte (TGN), de Techint, el grupo de Paolo Rocca. “Desde que se suspendió la RTI (revisión tarifaria integral, ya en 2019, con Macri) Edenor obtuvo un 30% de ajuste de tarifas, con una inflación que fue muy superior a ese valor en estos tres años. Los resultados del segundo trimestre de 2022 de Edenor son negativos, peor a lo esperado”, añade Bizzozero. En Edenor ratifican que el alza de tarifas anunciado por Massa “no representan una mejora de los ingresos para la compañía”.

El ránking

La segunda empresa argentina que más se apreció en Nueva York es Mercado Libre, de Marcos Galperin, un 35,9%, aunque su cotización suele depender más del contexto latinoamericano (Brasil es su principal operación) y del devenir mundial de las tecnológicas, antes que de la Argentina. Después figura YPF (51% estatal y 49% en bolsa), con un 31,3% de alza. Es una de las beneficiadas directas por el aumento de las facturas porque en general el mercado prefiere que las petroleras cobren de los usuarios y no de las subvenciones.

En cuarto lugar aparecen las acciones de TGS, con un 25,5%. La empresa de Mindlin tampoco ahora recibió un alza de tarifa de transporte, pero se esperan mejoras para el año próximo. Los inversores saben además que este empresario también se cuenta entre los de más estrecho diálogo con el nuevo ministro.

Quinto figura Bioceres (24,6%), aunque la evolución de la empresa inventora del trigo transgénico depende también más de noticias globales, como la aprobación de su semilla en otros países. De todos modos, se sabe que Massa procura una buena relación con el campo y prueba de ello fue la reunión de este viernes con la Mesa de Enlace.

También subieron las acciones en dólares en Estados Unidos de la cementera Loma Negra (24,5%), del grupo brasileño Camargo Corrêa; Adecoagro (22%), de Mariano Bosch; la tecnológica Globant (19%), de Martín Migoya; la filial argentina del español BBVA (18,2%); el Grupo Financiero Galicia (18%), de los Escasany, los Ayerza y los Braun; el portal Despegar (16,3%): el Grupo Supervielle (16,1%) y el Banco Macro (15,9%), propiedad de otros dos banqueros de aceitado vínculo con Massa, Jorge Brito y Delfín Carballo.

En la bolsa local

Si se toman en cuenta las compañías que cotizan en la bolsa de Buenos Aires, la que más se valorizó en dólares oficiales fue Metrogas (57,4%). La distribuidora de la capital y parte del conurbano pertenece en un 70% a YPF y tiene como segundo accionista a Integra, sociedad de Manzano y Vila. Metrogas tampoco recibió ahora un aumento de la tarifa de distribución, pero se hará de más caja al cobrar las facturas, aunque después deberá retribuir con eso a las petroleras. Al igual que sucede con Edenor o TGS, se abre la expectativa de un alza de la tarifa de Metrogas en 2023. En esta distribuidora confirman que la suba anunciada por Massa no impacta en sus márgenes.

La segunda acción local que más se apreció desde que se supo que Massa sería ministro de Economía fue Edenor (49,9%). El podio se completa con TGN (36,4%), de Techint. La siguen Transener (33,5%), de Pampa Energía; YPF (31,6%); Banco de Valores (29,5%), que preside Juan Nápoli; TGS (27,4%), también de Pampa; la fabricante de electrodomésticos y autopartes Mirgor (25,6%), de Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri; Distribuidora de Gas Cuyana (25,5%), conocida como Ecogas, que pertenece al grupo de generadoras eléctricas Central Puerto, que cuenta con Caputo, Carlos Miguens Bemberg y Guillermo Reca entre sus principales accionistas; y Cablevisión Holding (25,1%), la firma con la que Felipe y Marcela Noble Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro controlan Telecom. Después de ese top ten, aparecen Loma Negra (25%), Galicia (20,7%), Supervielle (20,3%) y Macro (19,1%).

Otro modo de medir la evolución de las acciones locales es en pesos ajustados por el valor de capitalización (cotización de la empresa según el mercado). Según este criterio, también Metrogas fue que más valorizó (30,3%), seguida por Edenor (26,9%) y la desarrolladora inmobiliaria TGLT (23,6%), de Caputo. Completan el top ten la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana (21,4%), que controla Alejandro Macfarlane; la fabricante de materiales para la construcción Fiplasto (20,2%), de las familias Leloir y Traverso; la petrolera Capex (19,6%), de la familia Götz; la distribuidora bonaerense de gas Naturgy (18,6%), propiedad del grupo español hómonimo; Autopistas del Sol (18,5%), la concesionaria del Acceso Norte que continúa en manos del conglomerado ítaloespañol Abertis, pese a la cuestionada renovación del contrato en el gobierno de Macri; Enel Generación Costanera (17,5%), una de las tres centrales eléctricas del grupo italiano Enel, también dueño de Edesur, y uno de los beneficiarios directos de la quita de subsidios; y TGN (16,3%).

En el puesto 11° aparece Celulosa Argentina (16%), propiedad del grupo Tapebicuá, de Douglas Albrecht, Juan Collado y José Urtubey. Y llama la atención la posición 12° de una empresa menos renombrada que las anteriores: Phoenix Global Resources (15,6%), que en el mercado la conocen como la próxima Vista Oil & Gas, en alusión a la petrolera independiente que creó Miguel Galuccio y que crece más y más en Vaca Muerta, siguiendo el modelo de cómo se desarrollaron en Estados Unidos los hidrocarburos no convencionales sin el liderazgo de las grandes multinacionales. Phoenix pertenece en un 75% al fondo suizo Mercuria Capital y en un 25% a Vila y Manzano, que mudó su residencia a Ginebra en 2020. Después de años de inversión en exploración, en este 2022 Phoenix ha comenzado a producir en Vaca Muerta de la mano de su experimentado CEO, Pablo Bizzotto, que había trabajado a las órdenes de Galuccio en YPF. Al compás de la economía argentina, Phoenix había caído 90% en su cotización en los últimos cinco años y por eso sus socios decidieron convocar a una asamblea el 1° de septiembre próximo para retirar sus acciones de las bolsas donde se comercian, las de Buenos Aires y Londres. Pero tal vez Mercuria, Manzano y Vila no logran recomprar ahora esos activos porque algunos inversores se entusiasman con su futuro y prefieren quedarse con ellos, relata el analista Mazza a partir del ascenso del ministro Massa.

AR

Organismos internacionales de crédito, empresarios, banqueros, fondos de inversión, medios de comunicación, fiscales, jueces, consultores y sindicalistas integran la red de contactos que Sergio Massa, flamante ministro de Economía, ha logrado construir en pos de su proyecto presidencial, pero son sus cultivados vínculos con Estados Unidos los que lo diferencian de la coalición política que integra.

Massa ha construido amistades y vínculos tanto con representantes y senadores del Capitolio estadounidense, tanto demócratas como republicanos. También con organismos del gobierno. Relaciones que se retroalimentan desde hace dos décadas y que el tigrense busca exponer como capital político.

Actualmente uno de sus vínculos más consolidados con Estados Unidos es con el estadounidense de origen colombiano Juan González, el asesor especial de Biden en asuntos relacionados con América Latina y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. En los últimos meses, González y Massa compartieron cenas en Washington y Tigre. “Tender puentes y fortalecer los lazos bilaterales es fundamental para alcanzar las soluciones que Argentina necesita en temas claves para el presente y el futuro de nuestro país”, dijo el tigrense en su cuenta de Twitter tras visitar a González en su país, en junio de 2021.

Sus nexos con los demócratas se extienden a otras figuras pero aún mantiene su relación con el republicano Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York durante los años 90 y abogado del expresidente Donald Trump. Es uno de los vínculos más fuertes. 

Massa se acercó a Giuliani por su política de seguridad “tolerancia cero” y terminó haciendo negocios. En 2018, ya fuera de la intendencia de Tigre, ambos políticos llegaron a un acuerdo que consistía en unir “talentos y experiencia” para “la prestación de servicios en asesoramiento tanto corporativo como gubernamental” a “clientes argentinos en el exterior y de empresas extranjeras en Argentina”, dijeron entonces a Infobae en el entorno de Massa.

“Giuliani abrió la puerta para extender sus contactos con consultores y lobbistas de Estados Unidos”, contó un integrante de su espacio político. El ex titular del Banco Central “Martín Redrado también le abrió puertas, ya que tiene muy buena relación con Massa”.

Massa también tiene llegada al senador republicano Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, aseguran en su entorno.

Su principal asesor en materia de relaciones internacionales es el diplomático Gustavo Martínez Pandiani.

En el Frente Renovador también le atribuye contactos directos con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en particular con su titular, Mauricio Claver-Carone, quien hace pocos días aseguró en una columna en The Wall Street Journal que “el tumultuoso historial financiero de Argentina afecta singularmente a los costos del banco”. Silvina Batakis era todavía ministra de Economía.

Tras el desembarco de Massa en el Ministerio, Claver-Carone dijo: “Recibimos gratamente la oportunidad de trabajar con el Ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y espero colaborar estrechamente con él en su función”. La relación con los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el BID eran potestad de Gustavo Béliz, quien renunció sorpresivamente a su cargo tras enterarse del desembarco de Massa en Economía.

Como presidente de la Cámara de Diputados, Massa activó sus terminales en el FMI en paralelo a las negociaciones oficiales que seguía adelante el entonces ministro Martín Guzmán, quien tenía sus propios y aceitados contactos en el organismo de crédito. “Ayudó a destrabar porque Guzmán iba a otros tiempos”, aseguran en el Frente Renovador. Otros creen que “operaba” contra el ministro. Massa “ayudó” a armar la agenda de Silvina Batakis con el FMI, dicen en el Frente Renovador.

Cables diplomáticos

Los cultivados vínculos que hoy parecen una carta a favor del oficialismo en medio de la crisis económica fueron causales de dolores de cabeza en otras épocas. La intimidad de esa relación con Estados Unidos quedó en evidencia cuando la filtración mundial Wikileaks sacó a la luz cables diplomáticos de la embajada en Buenos Aires y la descripción de reuniones y conversaciones que los delegados estadounidenses mantenían con distintas figuras del poder. 

“El kirchnerismo aún no le perdona lo que salió a la luz con Wikileaks -aseguran en el Frente Renovador-. Se lo facturan más que las críticas de campaña a La Cámpora o a Cristina.”

En julio de 2009, Massa renunció a la jefatura de Gabinete, tras la derrota en las elecciones legislativas en las que había sido candidato testimonial del kirchnerismo. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y co-comandaba su esposo, Néstor, con quien Massa nunca había tenido una relación armoniosa.

Cuatro meses después de su renuncia, Massa cenó con la entonces embajadora de Estados Unidos, Vilma Socorro Martínez. El encuentro fue en la casa del empresario y ex asesor del tigrense, Jorge O’Reilly, contó el periodista Santiago O’Donnell en su libro Argenleaks. 

En uno de los cables diplomáticos filtrados, la embajada detalló la sensible conversación que tuvo lugar esa noche. “Massa describió sus doce meses en la jefatura de Gabinete como un parto, que pasó luchando para manejarse con un primer marido controlador y una presidenta ´sumisa y distante’ que estaría mucho mejor sin Néstor que con él”, afirma el cable. Cita, además, una frase que atribuye a Massa: “Kirchner no es un genio perverso, es sólo un perverso”.

Abrepuertas

Su gestión como titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), entre 2002 y 2007, fue central en la construcción de su red de contactos.  Como titular de la Anses, Massa viajó a Estados Unidos para resolver los juicios que jubilados habían presentado a nivel internacional contra Argentina por el 82% móvil. Sus vínculos con ese país se diversificarían en un ramillete multicolor.

Pero sin duda, el fruto clave de su paso por Anses fue su amistad con Jorge Brito. Se conocían de mucho antes, cuando se cruzaron en el Club de Paddle San Jorge, durante la década de 1980, contó el periodista Diego Genoud en su biografía no autorizada del tigrense pero fue durante la gestión de Massa en el organismo que el vínculo se afianzó.

El Macro fue uno de los bancos privados que por entonces absorbió el pago de las jubilaciones. 

El banquero Brito y el empresario José Luis Manzano -exministro de Carlos Menem- también le abrieron puertas a Massa en Estados Unidos.  

Manzano representa, además, a un sector clave en la economía que deberá administrar Massa: el energético. El empresario adquirió Edenor junto a Daniel Vila y otros socios y tiene también inversiones en petróleo y litio. También negocios en Estados Unidos.

En 2013, Manzano le sugirió a Massa contactar al asesor Juan Verde, quien había sido jefe de campaña de Barack Obama en la reelección de 2012. Verde, a su vez, le sugirió a Massa que sumara a Sergio Bendixen, el consultor peruano predilecto de los demócratas en América Latina. Vila-Manzano son amigos y consejeros de Massa. También son dueños del grupo de medios América. En 2009, cuando Massa rompió filas con el kirchnerismo, Vila lo alentó a concretar lo que el tigrense craneaba por entonces: formar su propio espacio político. “Si te va bien, en dos años vamos a gobernar el país. Si te va mal, nos vamos a vivir a Miami”, le dijo el empresario. “A Sergio le encantó la idea porque Miami es su debilidad”, le contó Vila a Genoud en una entrevista para su libro. Daniel Hadad, dueño del portal Infobae, es otro de los empresarios periodísticos que tiene una larga y estrecha relación con Massa y quien le ha ayudado en su vinculación con los Estados Unidos.

El apoyo de Vila y Manzano para enfrentar al kirchnerismo no se vio reflejado en su otro pilar: el banquero Brito, quien entonces creía que su relación estrecha con Massa ponía en riesgos sus acuerdos con el gobierno de Fernández de Kirchner. 

En el Frente Renovador recuerdan el golpe que significó para Massa la muerte de Brito, quien perdió la vida en noviembre de 2020 mientras piloteaba su helicóptero en Salta.  El dueño del Macro, que llegó a ser el quinto hombre más rico de Argentina en 2017 (ranking Forbes) fue su mentor, un padrino financiero para sus campañas políticas, un consejero imprescindible para Massa y por sobre todo, de los pocos a quienes admiraba y escuchaba. 

Brito también fue un puente con su socio mexicano David Martínez, contó Genoud en su libro, y Martínez lo conectaba directamente con los fondos de inversión, también llamados “fondos buitre”. El empresario es además socio del Grupo Clarín, otro conglomerado de medios que siempre mantuvo buen diálogo con Massa. Tras la muerte de Brito, Massa mantiene una muy buena relación con su heredero e hijo, Jorge Pablo Brito, presidente de River Plate, afirmó una fuente de su espacio político.

Nota: este artículo fue corregido en una referencia a Juan González como presidente de la Cpámara de Representantes cuando debió decir: director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental.

ED

La semana pasada, José Luis Manzano se reunió en Buenos Aires con Gerardo Morales. El gobernador radical viajó a la Capital Federal para participar de la reunión de la mesa nacional de Juntos y asistir a la firma del Consenso Fiscal en Casa Rosada. Pero aprovechó para reunirse con el ex ministro del Interior de Carlos Menem, hoy devenido en uno de los empresarios más poderosos del país. 

Manzano y Morales tienen un amigo en común, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados que acostumbra a pararse en la frontera de la política y los negocios. El encuentro tuvo como eje el desembarco de Integra Capital en minera Aguilar de Jujuy, una compañía centenaria de la provincia que tiene a cargo un yacimiento de zinc, plomo y plata. 

Unos días antes de Navidad, Manzano y sus socios llegaron a un acuerdo con la multinacional Glencore para comprarle sus operaciones de zinc en Argentina en una operación de la que no se difundieron cifras. Una vez cerrada la adquisición de la minera, el socio de Daniel Vila le quiso informar a Morales sobre el entendimiento y darle su perspectiva del negocio. De acuerdo a la mirada del dueño de Edenor e Integra, Jujuy es una de las provincias “amistosas para la inversión en minería”, como lo son Salta, Catamarca, San Juan o Santa Cruz. 

Fundada en 1995, Integra tiene a Manzano como presidente y accionista. Según dice en su página web, desde su creación desarrolló inversiones por más de 17.000 millones de dólares en más de diez países. Su eje de negocios pasa por la minería, el petróleo, la energía, el uranio y el cobre. Mencionado como una de las mayores exploradores de litio de la Argentina, ya tiene proyectos de salmueras de litio en Jujuy.

Glencore es una compañía de capitales suizos que está asociada desde hace 15 años con Vicentin en Renova, la firma que produce derivados de soja en Timbúes y biodiesel San Lorenzo. Un banco asociado a Glencore contactó a Integra Capital y, después de hacer el due diligence, Manzano decidió lanzarse a una nueva compra. Aunque no es tan sorprendente como la adquisición de Edenor, hace exactamente un año, la nueva jugada del empresario vuelve a confirmar la expansión permanente del ex ministro de Menem.

En noviembre de 2020, y después de 91 años de actividad ininterrumpida, Glencore anunció el cierre de la mina debido a la finalización de su etapa productiva y la “declinación natural de los recursos naturales”. En plena pandemia, la empresa abrió el retiro voluntario para 460 de sus 640 empleados y se quedó solo con 180. Sin embargo, Manzano le dijo a elDiarioAR que la mina tiene reservas probadas por entre 8 y 10 años y un alto potencial exploratorio. “Las reservas están cubicadas por auditores que cambian. Si estuvieran sobreestimadas, estaríamos ante un caso de fraude”, dice para responder a los cuestionamientos y al escepticismo de los críticos de la operación. El objetivo de los nuevos socios es reabrir Aguilar en el primer cuatrimestre del año que viene, si el COVID 19 lo permite.  

Este miércoles, después de un testeo que incluyó a todos los presentes, Manzano se reunió en persona con el management de Compañía Minera Aguilar y estuvo en contacto con geólogos e ingenieros. De acuerdo a sus perspectivas, el objetivo de la mina es exportar por entre 60 y 70 millones de dólares por año, una meta modesta en comparación con los grandes proyectos mineros que apuntan a hacerlo por 1000 millones anuales. Optimista irreductible, Manzano sostiene que la demanda de commodities que produce la Argentina seguirá siendo muy fuerte por los próximos 30 o 40 años. “No hay transición energética sin metales críticos en la cadena de electrificación. En un periodo de entre 6 y 10 años, la minería puede ser la segunda soja del país”, aseguró el dueño de Integra a elDiarioAR. Lo mismo, según dice, vale para Vaca Muerta, donde también tiene inversiones. En su visión, compartida por un ala del Frente de Todos, Argentina puede llegar a triplicar sus exportaciones en la próxima década. Todo depende de cuántos proyectos maduren en el mediano plazo, cuántas empresas se decidan a invertir y, también, qué tipo de acuerdo cierre o no cierre el gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional.

Socio de todos

Lanzado a distinto tipo de proyectos con diferentes socios, Manzano tiene una buena relación con los altos mandos del Frente de Todos y viene ampliando en los últimos años su radio de influencia. Para la compra de Edenor, armó un consorcio en el que sumó a Vila, incorporó a José Luis Filiberti e involucró a Global Income Fund, un fondo constituido en Bahamas en 2018 junto el ingeniero chileno Ricardo Beroiza Contreras. Sin embargo, el día a día está a cargo del directorio que preside el inglés Neil Bleasdale e incluye a Nicolás Mallo Huergo y Edgardo Volosin. De manera imprevista, Edenor se quedó hace unos meses sin Fabian Doman, el animador que había dejado América para asumir como director institucional de la compañía y renunció para ser candidato a presidente de Independiente en una lista de dirigentes del PRO como Néstor Grindetti y Cristian Ritondo. Mientras Doman ahora anuncia su regreso a El Trece. En Edenor, su lugar sigue vacante.

Los cortes de luz que tienen como damnificados más notorios a los usuarios de Edesur también afectan a los de la compañía de Vila y Manzano, aunque en menor medida. Sin embargo, las quejas de los clientes de Edenor pocas veces logran trascender las redes sociales y llegar a los grandes medios. La falta de inversión y respuesta de los italianos de Enel, accionistas de Edesur, afectan a la tercera sección electoral, donde los intendentes -incluidos los del PRO- se cansaron de presentar quejas contra la empresa. Por contraste, Edenor, que ya estaba blindada por la pauta publicitaria en tiempos de Marcelo Mindlin, hoy cuenta con una ventaja adicional: las acciones del dúo mendocino en América y El Cronista. 

Manzano integra junto a Vila el directorio del grupo de medios que es dueño de América, América 24 y La Red. Accionistas principales junto a Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt, los dos participan de las reuniones de directorio que incluyen a Agustín Vila. Sin embargo, el ex diputado de la Renovación Peronista aparece en un segundo plano, alejado de la diaria. “Él opina igual que opinamos todos”, le dijo a elDiarioAR uno de sus socios. 

Después de que La Nación Más le arrebatara, a comienzos de 2021, a varios conductores que migraron junto con Juan Cruz Ávila, América vivió un cierre de año turbulento por la partida de varias de las figuras que le quedaban y las denuncias de maltrato contra Antonio Laje. A la salida de Luis Novaresio, Romina Manguel y Jey Mammón se suma la de la histórica directora de programación Liliana Parodi. Ninguno tiene todavía reemplazante y, por el momento, la grilla está a cargo del equipo que acompañó a Parodi. De un momento a otro, Manzano deberá dar su punto de vista sobre los nuevos nombres que ya están evaluando los Vila y Hochbaum. Según pudo saber elDiarioAR la intención es dar a conocer las novedades a fines de enero o principios de febrero. Por último, en el diario El Cronista, la adquisición de mediados de 2021, Vila padre y Hochbaum son los más involucrados. A su lado aseguran que Manzano solo da opiniones o supervisa los temas estratégicos ligados al mundo de los negocios, donde asume un papel protagónico. 

Los dueños de Edenor y accionistas de medios de comunicación del Grupo América, José Luis Manzano y Daniel Vila, aparecen vinculados a un fideicomiso neozelandés y un misterio panameño en los documentos que surgen de Pandora Papers, según reconstruyó el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR.

Manzano, exministro de Interior de Carlos Menem, figura como controlante de un fideicomiso constituido en Nueva Zelanda que lleva su apellido: “The Manzano Trust”, de acuerdo con los registros internos de Asiaciti, una firma especializada en la creación y gestión de compañías y entramados offshore en Oceanía y Asia que fue multada por Singapur debido a las fallas en sus controles antilavado.

En esos registros de la firma Asiaciti, Manzano aparece con su nombre completo e identificado como “beneficiario final o fideicomitente” del fideicomiso, junto a una solicitud para recibir un pago de US$200.000. En marzo de 2017, se registró un formulario oficial del gobierno de Nueva Zelanda donde consta el supuesto pago en el “calendario de liquidación y distribución de fideicomisos extranjeros”. No hay movimientos adicionales sobre esa estructura offshore en los documentos. 

Consultado por el equipo local de ICIJ, un abogado de Manzano confirmó que “el trust [por el fideicomiso] se constituyó en 2017”, aunque indicó que ya “no está activo”. Sin embargo, sostuvo que el empresario mendocino “no es el beneficiario del trust, como así tampoco realizó ningún retiro” de fondos.

De acuerdo con la facturación de Asiaciti en Pandora Papers, en septiembre de 2017, Asiaciti también emitió una factura para “The Manzano Trust” por “la transferencia de un fideicomiso de Nueva Zelanda”. En enero de 2018, Asiaciti registró otro remito por US$1.725 por el mantenimiento anual del fideicomiso y los servicios a sus beneficiarios más impuestos para todo 2018. Existe un tercer remito por el mismo monto con fecha enero de 2019.

Las jurisdicciones de las Islas del Pacífico, como Nueva Zelanda, cuentan con algunas de las leyes de protección de activos más estrictas del mundo, que protegen a los propietarios de fideicomisos y empresas ficticias de los acreedores, reguladores e incluso órdenes judiciales extranjeras. 

En una declaración enviada por correo electrónico a ICIJ, Asiaciti dijo que la firma cumple con las leyes y regulaciones de las jurisdicciones en las que opera y que mantienen un programa de cumplimiento “sólido”. “Sin embargo, ningún programa de cumplimiento es infalible, y cuando se identifica un problema, tomamos las medidas necesarias con respecto a la participación del cliente y hacemos las notificaciones correspondientes a las agencias reguladoras”, agregó la firma.

Manzano divide sus días entre Argentina y Ginebra, Suiza, donde reside temporalmente. A través de su abogado, evitó precisar si “The Manzano Trust” estaba declarado –o si debía hacerlo- ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) u otro organismo tributario. Es dueño de Integra Capital, a través de la cual mantiene inversiones en petróleo, gas, generación y distribución eléctrica, litio y uranio.

A mediados de 2020, Manzano y Vila compraron Edenor, la mayor distribuidora de energía eléctrica del país, que hasta entonces era propiedad de Marcelo Mindlin. En el consorcio, se sumaron Mauricio Filiberti y Global Income Fund Limited, un fondo de inversión radicado en Bahamas. “Siempre es un buen momento para invertir en la Argentina, esta­mos en el sector energético hace catorce años y esta es una buena oportunidad de crecimiento. Creemos en la Argentina”, dijo Manzano en aquel momento a elDiarioAR.

Este año, la dupla empresaria, de excelente relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con el kirchnerismo más puro, amplió también sus inversiones en medios al adquirir El Cronista a Francisco De Narváez.

El misterio panameño

En Pandora Papers, Daniel Vila está vinculado a un documento fechado el 10 de julio de 2015 pero el nexo es incierto. El empresario aparece junto a sus hijos con un poder general para controlar a la sociedad Mayburg International SA, radicada en Panamá. El poder les fue concedido por un abogado del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), especializado en la gestión offshore. Sin embargo, Vila dijo al equipo argentino que desconoce por completo la sociedad y que nunca estuvo en contacto con ese bufete panameño.

Tengo una sociedad de este tipo que utilicé para adquirir una propiedad en Miami y que está declarada ante la AFIP.

Daniel Vila.

Tras una primera consulta, Vila pidió tiempo para consultar a sus asesores legales y contables, tanto internos como externos, para determinar si habían tramitado esta sociedad a su nombre o si tenían registros de ella. La respuesta fue negativa, según el empresario. “Averigüé con todos los asesores que llevan mi contabilidad porque no la recordaba, ni la tenía presente y no encontraron nada. Mi hijo -Agustín, de excelente relación con La Cámpora- la buscó en internet y encontró que actualmente la sociedad está en venta por unos US$40”, sostuvo.

En diálogo con el equipo argentino de ICIJ, Vila ofreció el nombre de otra compañía con la que controló activos en el exterior. “Tengo una sociedad de este tipo que utilicé para adquirir una propiedad en Miami y que está declarada ante la AFIP”, detalló. Se llama Isidris Corp. y en los registros públicos del estado de Florida Vila figura como su agente y director.

A mediados de 2015, cuando se redactó el documento de Alcogal con su nombre, Vila intentaba tomar el control de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras la muerte de Julio Grondona, y mantenía un contrapunto con la familia Vignatti y Cristóbal López por el diario Ámbito Financiero, cautelar judicial incluida.

De acuerdo a ese documento, tanto el empresario como sus hijos Barbarita, Agustín y María Noel quedaron autorizados “para que actúen individualmente” en relación a Mayburg International SA, “en su nombre y representación en cualquiera y todos los países y partes del mundo en relación con sus negocios” y que “lleven a cabo todos o cualquier acto o cosa que pueda realizar la compañía”, incluyendo el manejo de bienes y cuentas bancarias. Tanto Vila como sus hijos, mayores de edad, figuran con sus nombres completos y los números correctos de sus documentos de identidad. Sin embargo, el documento no está firmado.

De acuerdo con el registro mercantil de Panamá, la sociedad Mayburg International SA se creó el 26 de mayo de 2015, un mes y medio antes de que se redactara el documento de Alcogal. El capital inicial de la compañía, según los documentos públicos, fue de US$10.000 y el domicilio “oficial” de la firma en ese país es el del estudio.

En el registro mercantil de Panamá existen dos documentos públicos de la sociedad, su inscripción legal y su estatuto. En ninguno de ellos figuran los Vila relacionados con la compañía.

En una resolución del Ministerio de Economía panameño de agosto de 2018, subida a la Gaceta Oficial Digital de ese país, Mayburg International SA figura dentro de una lista de sociedades y personas jurídicas a las que les suspendieron sus derechos corporativos por adeudar la tasa única.

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ED

Dueño de Edenor con el aval de Cristina Fernández de Kirchner y accionista mayoritario de El Cronista, José Luis Manzano no parece haber concluido su ciclo de expansión en los negocios. El socio histórico de Daniel Vila comenzó a ser mencionado en las últimas semanas y en las filas del oficialismo como candidato a pelear por un botín de dimensiones todavía mayores: la compra de los activos locales de Telefónica, una de las dos compañías principales en el mercado de las telecomunicaciones desde hace tres décadas, cuando Carlos Menem privatizó el servicio. 

Aunque oficialmente nadie confirma la información, fuentes del mercado le dijeron a elDiarioAR que Manzano tiene a Telefónica en la mira y es su próximo objetivo. La versión coincide con la que difunden en el mundillo empresario dirigentes de la política que se identifican con el cristinismo. En todos los casos, la vieja consigna del “vamos por todo” se traslada al frente empresario y tiene al mendocino como protagonista estelar.

Igual que en el caso de Edenor -donde Manzano y sus socios recibieron hace un mes el aval para la compra del dictamen técnico del ENRE- el nuevo movimiento del ex ministro del Interior de Menem viene acompañado por el impulso de un ala del gobierno nacional. Más que eso, sintoniza con una vieja pretensión de CFK: intervenir en el mercado de las telcos donde el Grupo Clarín es el jugador dominante desde que Mauricio Macri autorizó por decreto la megafusión Cablevisión-Telecom en 2017. De acuerdo a las versiones, a Cristina le interesaría que un empresario nacional incursione en el rubro. 

Hace dos días “Gaceta Mercantil”, un portal señalado como cercano al ex ministro, dio por hecha la noticia y afirmó que “Vila-Manzano buscan quedarse con la filial local de Telefónica”. Consultado por elDiarioAR, Manzano admitió que su grupo hizo una averiguación “hace tiempo” por la compañía pero dio a entender que, por el momento, la operación no está avanzando. 

El cuadro parece ser propicio. Mientras el mendocino es un empresario en crecimiento en la Argentina de la crisis y las empresas baratas, Telefónica puso en 2019 todas sus filiales en venta en Latinoamérica, con excepción de Brasil. A través de un spin off, decidió explorar la posibilidad de nuevas fuentes de financiamiento y se declaró abierto a escuchar ofertas por la infraestructura de sus filiales en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México, Ecuador y Venezuela.

Desde entonces, comenzó un proceso con un sentido muy claro, en el que busca establecer alianzas con socios relevantes en todos los países de Hispanoamérica. El objetivo, dicen, es no perder presencia en la región sino obtener respaldo financiero. En febrero pasado, se desprendió de la infraestructura en Chile y le vendió el 60% de su red de fibra al fondo de inversión KKR en unos 1000 millones de dólares. La semana pasada, la principal competidora de Telecom en Argentina apeló al mismo procedimiento en Colombia y con el mismo fondo: le vendió a KKR el 60% de su red de fibra a cambio de una reducción de 200 millones de dólares en su deuda.

Fuentes del mercado consultadas por elDiarioAR estiman que la venta de la infraestructura de Telefónica en Argentina demandaría una inversión de entre 500 y 600 millones de dólares. Aunque no está claro quién podría hacer una oferta de esas dimensiones, la compañía de capital español parece urgida por desprenderse de una parte de sus activos en el país. Según declaró en su reporte anual, los ingresos de Telefónica bajaron un 11% a nivel global en 2020, a 43.076 millones de euros, y las pérdidas por deterioro y venta de activos implicaron 935 millones de euros (aproximadamente $ 106.162 millones, de acuerdo a la estimación que hizo hace unos días la revista Apertura, ahora también propiedad del Grupo Vila- Manzano). Esas pérdidas están asociadas principalmente a la filial argentina, con 894 millones de euros (cerca de $101.507 millones).

Desde que Telefónica puso sus activos en venta en la región, se mencionó el interés del Grupo Olmos, otro de los conglomerados ligados al peronismo y es dueño de Crónica TV. En mayo pasado, los hermanos Olmos difundieron un comunicado en el que anunciaron la contratación del ex presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, y afirmaron que Gilpérez se encontraba “a cargo de la operación para la adquisición de Telefónica Uruguay como parte de la expansión internacional de Grupo Olmos”. Desde entonces nada se supo. A diferencia del Grupo Werthein, que acaba de sorprender con la adquisición de DirecTV, Olmos anunció con antelación un movimiento que hasta el momento no se concretó. Tal vez por eso, fuentes de llegada al Instituto Patria afirman que la vicepresidenta no ve con espalda suficiente a los dueños de Crónica y sostiene que Manzano cuenta con más respaldo internacional para una operación de ese tipo. 

Entre los supuestos interesados, en el mercado también hablan de Facundo Prado, el empresario que se quedó con Supercanal y se interesó también si éxito en comprarle a Carlos Rosales la cadena de electrodomésticos Garbarino. En algo coinciden todos los involucrados: cualquier operación que se cierre, deberá negociarse con la casa matriz de Telefónica. Consultado para esta el director de Comunicación e Imagen de Telefónica/Movistar en Argentina, Pablo Argmagni, afirmó que la compañía “no hace comentarios sobre rumores o trascendidos”.

DG/WC

El dictamen técnico del ENRE que autorizó a José Luis Manzano y a sus socios a quedarse con Edenor, la distribuidora de luz más grande de la Argentina, tiene resonancias múltiples en el plano de la política y el poder. Pero no evita el debate de fondo del sistema eléctrico y la encrucijada que tiene por delante el Frente de Todos: seguir incrementando la masa de subsidios que se destina a sostener la operación de las 70 distribuidoras que abastecen a los usuarios de todo el país o aumentar las tarifas en un contexto en el que los salarios acumulan tres años y medio de caída.  

Casi dos meses después de haber sido renunciado a través de los medios por Martin Guzman, el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo sigue firme en su cargo. Además, su poder crece y se expande dentro del área de Energía. Identificado con La Cámpora y con la línea que marca Critina Fernández de Kirchner. Basualdo sostiene que la segmentación que reclama el ministro de Economía es un proceso complejo que llevará meses y, sobre todo, “no mueve el amperímetro fiscal”. Sin embargo, el problema es elocuente y está sobre la mesa de todos los despachos más importantes del gobierno. 

Este año, según las estimaciones que se manejan en el gabinete y entre las consultoras del sector privado, el Estado destinará unos 7000 millones de dólares a subsidiar la energía y el gas. La mayor parte son fondos que compensan el congelamiento de tarifas pero una parte, alrededor de 550 mil millones de pesos, se deben al Plan Gas que apunta a elevar la producción en Vaca Muerta y evitar en un futuro mediato la importación de combustibles que este año se repite. Pero hay algo más: junto con los subsidios directos que el fisco asigna al sector, desde diciembre de 2019 creció como nunca la bola de nieve de la deuda que las distribuidoras de luz tienen con la Compañia Administradora del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica (Cammesa), la forma de financiarse a través del Estado que las empresas encontraron para hacer frente al no aumento de tarifas. De acuerdo al informe de la jefatura de Gabinete ante el Senado, a septiembre del año pasado, la deuda de las compañías con Cammesa era de 137 mil millones de pesos. Pero a diciembre del año pasado, el número se había elevado a 142.887 millones de pesos, según publicó el portal especializado EconoJournal. Son unas 70 empresas entre las que figuran desde Edenor (18.000 millones), Edesur (20.800 millones) y Edemsa (también de Vila-Manzano, 9.813 millones) hasta cooperativas y firmas que están en manos de los estados provinciales como la santafesina EPE (15.356 millones), la misionera EMSA (12.623 millones) y la cordobesa EPEC (6758 millones).

Aunque Guzmán recuperó el diálogo con el sector que responde a la vicepresidenta y acaba de cerrar el acuerdo con el Club de París que le devuelve aire político, queda claro que perdió la discusión de corto plazo con la línea CFK. Acaba de quedar ratificado con los cambios del fin de semana pasado en Cammesa y el ingreso como gerente de un funcionario alineado con Basualdo y con el cristinismo, Sebastian Bonetto. El derrotado parece ser Dario Martinez, el secretario de Energía que llegó a su puesto con el impulso de Cristina pero quedó en una posición intermedia en la discusión en torno al aumento de tarifas y el recorte del sistema de subsidios pro-ricos del que hablo Guzman en la última oportunidad que se refirió al tema. Presidente de Cammesa en los papeles, Martinez perdió a Ariel Kogan que era el vicepresidente de la compañía y cedió su lugar a Santiago Yanotti, un abogado ligado a Juan Manzur que había trabajado en el tema de la segmentación antes del cruce Guzman-Basualdo. Una vez más, en el dispositivo kirchnerista el orden no es lineal y el poder no reside en la cúspide de un organigrama. Según le dijo a elDiarioAR un funcionario del área, los cambios de las últimas horas no representan de por sí una pérdida de poder por parte del secretario Martínez: solo blanquean la correlación de fuerzas en el rubro y expresan una debilidad preexistente.

Bonetto era subgerente de IEASA, la ex Enarsa, y durante el último cristinismo había integrado los equipos técnicos del ministerio de Planificación que habían trabajado junto a Roberto Baratta y Julio De Vido. Resuelta la disputa de poder, es de esperar que los choques que existían entre las distintas dependencias del gobierno ahora den paso a un funcionamiento más aceitado.

En los últimos meses Cammesa puso a consideración de Basualdo alrededor de 40 acuerdos con esas compañías para reducir la deuda a cambio de distintas modalidades previstas en la resolución 371/2021 de la secretaría de Energía y el artículo 87 de la ley de Presupuesto 2021: que se limpie el endeudamiento de los clientes que no pudieron pagar los servicios durante la pandemia o se invierta lo adeudado en infraestructura. En algunos casos como el de Formosa y Santiago del Estero, el acuerdo ya fue rubricado.

De estricto perfil bajo y con fuerte respaldo político, Basualdo cuida sus apariciones públicas -más después de que una de las entrevistas que dio provocara la furia de Guzman- pero se ubica entre los que advierten que el sistema es inviable porque las distribuidoras de luz hoy demandan una masa formidable de recursos solo para garantizar su operación. Es un debate de fondo que permanece solapado y deberá aguardar, como tantas cosas, a que pasen las elecciones. Entonces, el Frente de Todos se encontrará ante la disyuntiva de aumentar fuerte las tarifas -que así como volaron durante el gobierno de Macri con subas descomunales ahora llevan más de dos años retrasadas- o considerar la posibilidad de una estatización. Si el gobierno de los Fernández decidiera optar por esta última vía en lugar de soltar las tarifas como reclama el sector privado, no sólo se desataría una guerra con el establishment sino que pondría a los intendentes del Gran Buenos Aires que hoy maldicen a Edesur y Edenor en la incómoda posición de culpar al Estado ante las fallas del servicio. Sobre todo a los de la tercera sección electoral, donde predomina el peronismo y el conflicto con Edesur lleva años. Quienes desaconsejan la vìa estatal para resolver esa tensión, afirman que Néstor Kirchner nunca quiso ser el destinatario directo del malhumor de los usuarios en materia de energía eléctrica y por eso nunca consideró esa posibilidad en su mapa de estatizaciones. En ese caso, la opción sería retomar el plan Guzman: un acuerdo con el Fondo y la reducción de subsidios vía aumento de tarifas. Pero claro, para eso, los salarios deberían ganarle a la inflación en 2021 y recuperar al menos parte de lo que perdieron en la temporada larga de ajuste.

DG

El consorcio de José Luis Manzano, Daniel Vila y Marcelo Filiberti espera recibir en las próximas horas el dictamen del Ente Regulador de Energía Eléctrica que autorice el ingreso de los nuevos dueños a Edenor, la distribuidora más grande de la Argentina. Casi seis meses después de la firma del acuerdo de confidencialidad que Manzano firmó con Marcelo Mindlin para quedarse con la compañía que abastece a tres millones de usuarios residenciales, el organismo de control que dirige Soledad Manin y conducía hasta hace unos meses el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo decidió autorizar, al filo de los plazos legales, una operación resonante que insinúa un cambio de época. La información fue confirmada a elDiarioAR por dos fuentes del sector privado que están al tanto del trámite. Consultados en el gobierno nacional, confirmaron que se estaba ante el deadline para la aprobación porque vencía el contrato de compra venta firmado en diciembre. Después vendrá el pronunciamiento de Defensa de la Competencia, que puede demorar meses pero no impide el desembarco de los nuevos concesionarios. Desde hace tiempo, en el gobierno admitían que el ingreso de Manzano y compañía no podía demorarse más porque Mindlin no pensaba invertir un peso más en Edenor y era necesario iniciar una nueva etapa.

El cambio de época tiene varias caras, aunque Manzano es la más destacada. Con las tarifas pisadas por el gobierno y Martín Guzmán derrotado en la interna del Frente de Todos, Manzano y sus socios ingresan a una empresa que compraron barata pero saben que no tendrán aumentos en el corto plazo: apuestan a una recuperación económica pasadas las elecciones, cuando el gobierno firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las compañías eléctricas comiencen a recuperar rentabilidad. Accionista principal de la distribuidora mendocina Edemsa, con los 200 millones de dólares que dice haber puesto para adquirir la firma, el ex ministro del Interior se convierte en un jugador fundamental del negocio eléctrico en Argentina. Tres décadas después de haber abandonado la política consumido por el fuego del menemismo, el mendocino da un salto fabuloso con el Frente de Todos en el gobierno. En el mercado, ya se habla de una nueva gerencia en la que podrían estar el ex director de Asuntos Corporativos de Edenor -y ex funcionario de María Eugenia Vidal- Edgardo Volosin y el animador Fabian Doman.

Para Mindlin, que buscaba despegar del rubro. Tras haber sido uno de los grandes beneficiarios de la fenomenal transferencia de ingresos de tarifazo y haberle comprado la empresa del clan Macri al primo del ex presidente Angelo Calcaterra -una jugada por la que todavía debe plata, tal como reveló elDiarioAR- también se cierra un ciclo: ahora busca concentrarse en Vaca Muerta, apalancado por el Plan Gas y la apuesta del shale.  

Por último, pese a la pandemia, la deuda y la crisis, con la operación Edenor se inaugura también un tiempo en el que el peronismo kirchnerista parece cambiar de interlocutores en el establishment. Tras el sueño fallido de la burguesía nacional y la promoción de empresarios que estaban asociados al proyecto del Frente para la Victoria, el gobierno de los Fernández autoriza una venta que le pone alfombra roja a un grupo de empresarios que exhiben trayectorias muy distintas. Criado en el peronismo, Manzano conoce a Cristina Fernández de Kirchner desde hace 30 años, tiene llegada directa al renovador clase B Sergio Massa y sabe entenderse con la plana mayor de La Cámpora. Su ingreso a la distribuidora de luz más grande de la Argentina es un hito en un camino largo, que está lejos de concluir. En un plazo de entre 30 y 60 días, según dicen a su lado, quiere quedarse con el diario El Cronista, propiedad de Francisco de Narvaez.

DG

Los dos viven en Europa y los dos están involucrados en la discusión argentina de las tarifas. Aunque a uno le preocupan más que a otro. El primero es José Luis Manzano, que volará esta semana de Ginebra, donde reside, a Buenos Aires para seguir de cerca los últimos detalles de la aprobación oficial de su ingreso en Edenor y para terciar en el debate interno del Gobierno sobre cuánto debería encarecerse la electricidad. El segundo es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que esta semana fracasó en su intento de crear una Superliga europea, pero que al menos espera vencer en la disputa por mantener la cuestionada concesión de los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires. 

Pese a que su figura provoca resistencias en Cristina Fernández de Kirchner, Manzano, de estrecha relación con Alberto Fernández y Sergio Massa, espera que pronto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia autorice su entrada junto a Daniel Vila -su socio en el grupo de medios América- y a Mauricio Filiberti -el amo del negocio del cloro- a la empresa que le vendió Marcelo Mindlin. Hasta ahora, el ex ministro del Interior menemista tiene la distribuidora eléctrica mendocina Edemsa, la hidroeléctrica Ameghino y es el segundo accionista de Metrogas (detrás de YPF). Sortear el examen antimonopolios se presenta más sencillo que conseguir el aumento de tarifas anhelado. 

En los próximos días, la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la cristinista Soledad Manin, elevará su propuesta de aumento de sólo 7% en la tarifa. El mismo porcentaje que anunció su par del Enargas, Federico Bernal. El ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá juzgar si ese porcentaje se encuadra en su esquema de política macroeconómica y si puede modificar su presupuesto que preveía mantener los subsidios en la misma relación al PBI que en 2020. Con un 7% debería incrementarlos. La decisión final deberá adoptarla Fernández. En el ENRE y el Enargas consideran que la situación social y económica, incluso previa a la segunda ola del Covid-19 y al mal dato de inflación del primer trimestre de 2021 (13%), impide encarecer más los servicios de distribución y transporte de energía, pero juzgan que además estos nuevos factores que se sumaron este año deberán forzar a Guzmán a adaptar el presupuesto que presentó en septiembre pasado a la realidad actual. 

El ministro, en cambio, ha declarado que prevé dos aumentos en el año, el primero general y el segundo para los hogares que los puedan abonar. No ha hablado públicamente de cifras, pero opina que 7% es poco. Considera que la segunda ola y la consiguiente necesidad de auxilios económicos tornan más imperioso recortar subvenciones a las familias de ingresos medios y altos que no las requieren. En los entes reguladores están de acuerdo con eso, pero advierten que el trabajo técnico que comenzaron para segmentar las tarifas sólo podrá completarse en 2022. También opinan que a futuro sólo podrá haber aumentos si se recuperen los salarios, que perdieron casi un cuarto de poder de compra en los últimos seis años.  

Manzano quiere las tarifas suban ahora entre 18% y 19% y confía en que Guzmán le dará la razón. El residente suizo lo ayudó en 2020 en la renegociación de la deuda con algunos fondos de inversión internacionales. Y le ha explicado lo que el ministro ya sabe: que si Edenor recibe menos tarifa, aumentará su pasivo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Las distribuidoras le deben a esta empresa mixta unos $ 155.000 millones. Al tope de las morosas están Edesur (de la italiana ENEL, con 23.946 millones), Edenor (20.353 millones) y la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe (14.901 millones).

Más ambicioso que Manzano, Florentino Pérez pidió fuertes aumentos de peajes para sus empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Al presentar a principios de mes sus planes económicos financieros al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la primera reclamó un 766%, con lo que un pase de $ 45 subiría a 634, mientras la segunda exigió un 549%, de modo tal que se incrementaría de $ 53 a 550. Si se tomara en cuenta sólo la inflación transcurrida desde la última suba, en 2019, correspondería alrededor de un 100%, pero Ausol y GCO pretenden mucho más porque en el gobierno de Mauricio Macri el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, les reconoció una supuesta deuda por obras por US$ 499 millones en moneda estadounidense y con una tasa de interés del 8%. La única jueza de Comodoro Py nombrada en la anterior administración, María Eugenia Capuchetti, tiene en sus manos la causa contra Dietrich.

El equipo de Katopodis terminó una revisión técnica integral de los contratos de Ausol y GCO, que incluye lo financiero, lo legal y lo relacionado a las obras, pero mantiene su veredicto en secreto. El ministro espera que defina el Presidente. Se enfrentan tres opciones: 1) dejar todo como firmó Dietrich, con la prórroga contractual por diez años, hasta 2027, una posición prácticamente descartada; 2) renegociar las condiciones de la concesión, sobre todo la deuda dolarizada, y completar el periodo y 3) rescindir el convenio, de común acuerdo, como ocurrió con los seis proyectos público-privados (PPP), o de manera unilateral. En la discusión también opinan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que viene encarnando una postura dura contra la herencia macrista, como lo ha demostrado en las causas del Correo y del megapréstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras, Katopodis debe definir con Guzmán cuánto aumentarían los peajes. 

Pero a Florentino Pérez tampoco le va tan mal con este gobierno: su constructora Dycasa ha ganado el principal contrato de obra pública que licitó hasta ahora el gobierno de Fernández. Por $ 4.111 millones construirá un viaducto ferroviario del Belgrano Sur desde la calle Taborda, en Barracas, hasta la estación Constitución. La obra pública viene creciendo fuerte, aunque desde un piso bajo, con proyectos que habían quedado paralizados con Macri y otros nuevos, pero en la Cámara Argentina de la Construcción se quejan de que debería acelerarse el ritmo de licitaciones para que cuando terminen unos empiecen los siguientes.  

Las tarifas y los peajes no son las únicas preocupaciones de Guzmán. De la reciente gira europea cosechó el reconocimiento de sus colegas de que está luchando para resolver muchos problemas, así como la confianza de que pueda definir una agenda con el FMI, según fuentes diplomáticas del Viejo Continente. Sin embargo, advierten de que falta que la Argentina y el organismo definan una hoja de ruta macroeconómica a largo plazo y consideran que se requiere algún progreso en ese sentido antes del 30 julio, fecha en que el país entraría en default con el Club de París. Este grupo de naciones acreedores condiciona la postergación del vencimiento de deuda del mes próximo a un acuerdo argentino con el FMI.

En el mundillo de los bancos también opinan que falta ese horizonte de largo plazo para que se calmen las expectativas de alta inflación que Guzmán ha fracasado hasta ahora en doblegar. En el equipo económico autoevalúan que han hecho todo bien en materia macroeconómica, la que ellos consideran causa principal de la inflación. Sostienen que las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, de acumulación de reservas del Banco Central y salarial están alineadas y que hace falta echar mano a controles por las buenas y por las malas para que los empresarios también se encarrilen, en un contexto donde un factor internacional, la cotización de las materias primas, encarece todo.

En un banco internacional destacan que el déficit fiscal financiero (después de pago de deuda) descendió en el primer trimestre del año al nivel más bajo en seis años, lo que consideran auspicioso para el resto de 2021. Lo atribuyen a una mayor presión tributaria -en el segundo trimestre impactará el aporte de los más ricos, que al final en su mayoría accedieron a abonar-, la recuperación económica -que se sostendrá pese a la segunda ola respecto de un 2020 irrepetible-, el impacto de los altos precios de las commodities en la recaudación de las retenciones y al menor gasto en salarios de empleados públicos y jubilaciones, rubros que deberán mejorar en un año electoral. 

Hay gran incertidumbre sobre cuántas restricciones económicas adicionales se sumarán por el Covid-19 y por cuánto tiempo, pero están descartados auxilios económicos tan grandes como la ATP (subsidio de hasta $ 33.000 al salario) y el IFE ($ 10.000 a 9 millones de personas) y se limitarán al Repro II (subvención de $18.000 al sueldo de los pocos sectores limitados) y el bono de $ 15.000 por familia que recibe la AUH o la asignación familiar de monotributistas categorías A y B. Dos altas fuentes del Gobierno descartan otro IFE. Uno lo hace porque el año pasado muchos jóvenes declararon que vivían solos cuando estaban con sus padres, pero advierte que falta algún subsidio para los trabajadores informales mayores de 50 años. Otro considera que el IFE termina en manos de las grandes empresas de alimentos que aumentan los precios y que, en lugar de eso, debería fomentarse la continuidad del trabajo de la economía popular con testeos masivos y periódicos en los barrios, como los que practican las fábricas con sus empleados. 

En el banco internacional antes mencionado concluyen que los auxilios económicos serán menores que en 2020 y que hasta pueden aumentarse las tarifas sólo 7% y aún así sobrecumplir con la meta de déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) del 4,5% del PBI. Pero advierten de que la mitad de ese rojo debe financiarse con emisión monetaria, que viene disminuyendo después del shock de 2020, que todavía se siente en los precios. “Para bajar la inflación deberían creerte que no sólo hoy sino también mañana bajarás el déficit”, concluye el analista de la entidad financiera.

En el establishment repiten unos y otros que el Gobierno prefiere insistir con controles de precios que nunca lograron doblegar la inflación y siempre desalentaron la producción, con la consiguiente retroalimentación del problema que buscaban solucionar. En el Ministerio de Economía reiteran que la inflación es macroeconómica, pero defiende el accionar de la cada vez más encumbrada secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para alinear expectativas empresarias en el corto plazo. En las últimas semanas, Español llevó la voz cantante de las amenazas: advirtió primero con un cierre de exportaciones de carne vacuna, después desmentido por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció un registro de ventas de cortes y granos al exterior; el de Agricultura, Luis Basterra, se reunió este jueves con la Mesa de Enlace para intentar tranquilizarla de que eso no implicaría limitación alguna y al día siguiente la secretaria señaló que analizaba cupos o retenciones. Esas descoordinaciones también se manifiestan en otros ámbitos de la política, no sólo en el Frente de Todos, y terminan agregando incertidumbre económica a la vida aleatoria que nos trajo el coronavirus: desde las peleas entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires sobre si los niños y adolescentes deben ir a la escuela hasta la incapacidad del gobierno neuquino para atender el reclamo salarial del personal sanitario en la pandemia y cuya protesta piquetera desde hace dos semanas y media puede dejar sin gas a industrias. 

AR

Las cifras de distribución de la publicidad oficial durante el primer año de gestión de Alberto Fernández exponen un crecimiento moderado en el gasto con respecto a 2019. En 11 meses de 2020 -lo publicado excluye diciembre- se invirtieron $4.704 millones, frente a los $3.350 millones de 2019, un aumento del 40% en términos nominales, de acuerdo a datos oficiales.

Tal crecimiento supone 5 puntos por encima de la inflación anual (35,5%) mientras falta conocer lo gastado en el último mes, aunque a los efectos de la comparación, diciembre de 2019 tuvo baja erogación publicitaria estatal, como ocurre en los cambios de Gobierno entre administraciones de distinto signo. Además, parte de la inversión de 2020 correspondió al canje de deudas impositivas y de seguridad social de las empresas mediáticas contraídas durante el Gobierno de Mauricio Macri por espacios de publicidad oficial, una práctica de larga data en el vínculo del Estado con las organizaciones periodísticas. Las continuidades, de todas maneras, no acaban allí.

Ganadores

En relación a los destinatarios de esos fondos se observan más continuidades que cambios. El Grupo Clarín (Clarín, TN, Canal 13, Radio Mitre, FM 100, La Voz del Interior, Los Andes, entre muchos otros) es el que más dinero recibió por anuncios: se quedó con el 13% del total para 2020. El dato consolida una leve caída respecto de años anteriores, ya que en 2019 acaparó el 15% y en 2017, el 18%. El lugar estelar que ocupa el holding que conduce Héctor Magnetto con ramificaciones en todo el mapa mediático argentino se percibe en que lidera la recepción de pauta en los rubros diarios, radio AM y radio FM, ocupa el segundo lugar en TV abierta y portales y el cuarto en señales de cable.

La segunda posición global le correspondió al Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Pop, Ámbito Financiero, Minuto Uno, entre otros) con poco menos de la mitad de lo captado por el Grupo Clarín. El top 5 de los más beneficiados se completó con el Grupo América (La Red, América TV, Supercanal, Uno), Octubre (La 750, Página 12, IPTV y, recientemente, Canal 9, entre otros) y VIACOM, la empresa estadounidense que aparece en un lugar de privilegio dado que su activo relevante en la Argentina es el canal Telefe. En esa línea, se percibe el privilegio de Diario Popular, el tercero de más ventas en el área metropolitana de Buenos Aires, que cierra la lista de los 10 principales receptores entre todos los grupos.

La nueva gestión le dio un lugar privilegiado al grupo liderado por Víctor Santa María, que crece en el sistema, a pesar de que su señal de noticias IP, lanzada como guiño el 17 de octubre de 2020, todavía no recibió dinero por pauta oficial. En su cómputo se incluye Canal 9, emisora que acaba de adquirir y donde tenía un acuerdo de producción.

Dos elementos se destacan en el análisis de quiénes encabezan el listado. Por un lado, son efectivamente los que más peso tienen en la audiencia y difusión. Por el otro, hay cierta continuidad al respecto con la gestión de Macri. Las principales diferencias se marcan en la caída de La Nación (La Nación, La Nación +) —privilegiado por la gestión Cambiemos— y el crecimiento del Grupo Olmos (Crónica TV, Crónica y BAE), Facebook y Telecentro, además de Octubre.

La pauta atiende en CABA

Otro aspecto a observar de la distribución de publicidad oficial es el tipo de medio o plataforma elegido para colocar los anuncios. En ese sentido, la mayor parte del presupuesto fue destinado a los medios tradicionales.

Los canales de televisión abierta de todo el país se quedaron con el 21% de la inversión mientras que los medios gráficos consiguieron el 19%, la radio (AM y FM), el 16% y las señales de TV por cable otro 16%. Entre los sitios webs (12%), la vía pública (10%) y las redes sociales (6%) se completa la torta. En este último rubro se destaca que Facebook (incluye Instagram) y Google (incluye YouTube) dominaron el escenario digital-social.

Los medios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron el 74% del gasto publicitario. Esto puede explicarse, entre otras, por dos razones. La primera es la centralidad del sistema en la Capital Federal. La segunda radica en la diferencia del valor de espacios publicitarios entre los medios que dominan el mercado (y operan desde CABA) y los regionales, provinciales y locales.

Ayudas y discrecionalidad

En medio de la crisis económica que sacude al país y se profundizó por la cuestión sanitaria desde marzo del pasado año, el aumento del gasto por encima de la inflación pareció justificarse en el marco de una fuerte asistencia estatal a la actividad privada. El sistema de medios no fue la excepción.

Además de la publicidad oficial, las ayudas se completaron con el ingreso de los medios al programa Aportes para el Trabajo y la Producción; la extensión del alcance del programa REPRO —que paga parte de los salarios— en algunas empresas mediáticas y la impresión de cuadernillos escolares para algunas editoriales vinculadas a grupos de medios.

Así, el Gobierno de Fernández contribuyó a sostener las fuentes laborales de los medios en el marco de la crisis y pese a las líneas editoriales, que fueron mayoritariamente críticas, tanto a la gestión en general como -desde los meses de abril y mayo en adelante- del manejo de la pandemia.

La mayor parte del gasto fue administrado por la Jefatura de Gabinete, oficina que incluye la pauta de Presidencia y los ministerios. Esa área invirtió la mitad del presupuesto mientras que los “organismos descentralizados” (como ANSES y PAMI) gastaron el 37% del dinero. El restante 13% -unos $566 millones- correspondieron al crédito que el Gobierno tiene con distintos medios que pudieron canjear (hasta marzo de 2016) deudas con el Estado por publicidad oficial.

En materia de pluralismo, la deuda con los sectores cooperativos, comunitarios y sin fines de lucro de la comunicación todavía es grande. El Ejecutivo destinó apenas $33 millones a este espacio del sistema entre enero y noviembre de 2020. De esos, más del 50% ($17 millones) fueron recibidos por un solo medio: el diario Tiempo Argentino. El resto se dividió en un largo listado de diarios (50%), portales (23%), radios (18%) y canales de televisión (9%) sin fines de lucro. Una inversión por debajo del 1% del presupuesto para garantizar voces diversas y no comerciales parece quedar a mitad de camino en la expresión de deseos de fomentar la pluralidad de medios.

Como la Argentina no cuenta con una ley que defina el modo en que debe administrarse la publicidad oficial, cada año es posible identificar discrecionalidad en quiénes y cuánto dinero reciben. Ese rasgo atraviesa todo el sistema, más allá de cambios en las administraciones y tipos de gobierno nacional, provincial o municipal.

Cable

Para analizar las discrecionalidades en el reparto corresponde poner el foco en los más pautados según cada tipo de medio y compararlo con las mediciones de rating. Entre las señales de televisión por cable, por caso, se encuentra que Supercanal (la señal de la cablera fundada por José Luis Manzano y Daniel Vila en Mendoza y San Juan) encabeza el ranking.  Esto, obviamente, contradice las mediciones. Lo recibido por pauta en 2020 por la empresa cuyana corresponde en un 95% a un canje de deudas que Manzano y Vila consiguieron durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que les permitió reducir sus pasivos y mejorar las condiciones de venta de la cablera al grupo inversor CVI Austral de Cargill. Por su parte la señal Crónica TV (del Grupo Olmos) recibió más publicidad oficial que TN (Grupo Clarín) y A24 (América), a pesar de que ambas la superan en rating.

Radio

En radio se destaca que Del Plata, Somos Radio y Splendid, todas de línea editorial amigable para el Gobierno, pero con niveles bajos de audiencia. Del Plata, incluso, no emitió gran parte del año por un conflicto sindical a raíz del no pago de salarios, y recién regularizó su aire en los últimos meses del año, cuando cambió de manos. En los tres casos, lo recaudado superó a la cosecha de Rivadavia, otra empresa en crisis que hace meses reorganizó la programación y regularizó el aire con voces de derecha dura, muy críticas del Gobierno, que lograron buena repercusión en la audiencia.

En el rubro de las FM, con escaso contenido político, también se percibe un beneficio para las radios con líneas afines a la gestión nacional. Radio Con Vos, que alterna programas periodísticos cercanos y críticos del Gobierno, ocupó un lugar destacado en la recepción de publicidad oficial muy superior a su audiencia. Las pasatistas Pop y Mega, de Indalo, también tuvieron premio, mientras que más abajo en la cuenta, las emisoras de contenido político El Destape (comenzó como una emisora online y ahora transmite en AM y FM) y La Patriada ocuparon un lugar considerable.

Web

Por último, entre los sitios web se destaca la cantidad de dinero pautado en Infobae, que casi duplicó en fondos recibidos a su inmediato competidos Clarin.com —ambos con una línea claramente opositora— pese a que la ventaja en visitas no tiene tal magnitud. Es cierto que el portal informativo líder no es parte de un Grupo, por lo que concentra todo lo que recibe en su única cuenta. Por su parte, los sitios de El Destape y Página 12 también sobresalieron en cuanto a montos recibidos, algo por encima de las visitas a sus páginas, aunque ambos exhibieron un alto crecimiento de clics en 2020.

Durante un primer año de gestión condicionada por la crisis económica y la pandemia, pocos fueron los cambios que se observaron en la administración de la publicidad oficial. Este recurso, que lubrica la relación gobierno-medios (y periodistas) fue central en 2020 para apuntalar un sistema con problemas de larga data. La promesa presidencial del discurso de asunción (regular y usar la pauta oficial para educación) aún no se concreta ni se atisban indicios. Mientras se espera que 2021 recupere algo de normalidad en la vida social, económica y cultural del país, será importante atender al impacto del año electoral y del desgaste pandémico en la administración de la publicidad oficial, recurso finito, maleable y eficaz para ordenar el sistema mediático. 

SM AE

A dos días de fin de año, Alberto Fernández se anotó la segunda victoria política de un 2020 colmado de dificultades y malas noticias. La sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un triunfo del Presidente, motorizado dentro de su gobierno por Vilma Ibarra y trabajado por él voto a voto, con una dedicación que no mostró en otras iniciativas del oficialismo que quedaron anegadas en el Congreso. Junto con la reestructuración de la deuda, son dos objetivos que Fernández se había fijado en campaña y que pudo cumplir, pese a las demoras. Por convicción, por astucia, porque el movimiento feminista le impuso el tema como prioridad o porque todo tiene un tiempo de maduración, el profesor de Derecho Penal logró lo que Mauricio Macri prefirió no hacer ni capitalizar, cuando tuvo la oportunidad, en pleno derrumbe económico. Que se haya tratado de una demanda social y haya contado con el apoyo decidido de mujeres de distintos partidos no impide que el pancristinismo vuelva a entrar en la historia como la fuerza que sanciona una ley con eje en las libertades individuales, como lo fue hace más de 10 años el matrimonio igualitario. El contexto dramático en que se aprueba el aborto legal, sin embargo, también cuenta y aporta indicios para entender qué tipo de proyecto es o puede ser el de los Fernández.

Después de una década de estancamiento y bajo crecimiento, el peronismo kirchnerista enfrenta una prueba ácida en su cuarto ciclo de gobierno: demostrar cuál es su capacidad efectiva para aprovechar la oportunidad recurrente de la crisis y resolver los problemas estructurales en la Argentina de la precariedad y el empate tenso. Será difícil desmentir a Héctor Magnetto, quien afirma en privado que la alianza oficialista no tiene margen para hacer cambios importantes durante su mandato. La pandemia opera sobre un cuadro que Macri agravó de mil maneras en tiempo récord y, pese al rebote que se insinúa, el panorama es desolador. Más de 43 mil muertos, una caída de la economía similar a la de 2002, escasez de dólares para motorizar la reactivación, un aumento descomunal del continente de pobres y desocupados, cierre de pequeñas empresas, caída de ingresos por tercer año consecutivo y el FMI como acreedor privilegiado y auditor.  

El Covid-19 se resiste a quedar atrás y sigue siendo lo más urgente. Fernández no quiere retroceder con la apertura, gran parte de la sociedad ignora las cifras de nuevos muertos y las aglomeraciones de gente sugieren que el botón rojo nunca existió. Desde el fin del mundo, el Presidente corre la carrera global por acceder a la vacuna. Junto con Sputnik V y AstraZeneca, el objetivo es apurar el acuerdo con China: mañana mismo, sin ir más lejos, Fernández estará pendiente de que le lleguen buenas noticias de Beijing y de que madure el acuerdo con Sinopharm.  

Mañana mismo, Fernández estará pendiente de que le lleguen buenas noticias de Beijing y de que madure el acuerdo con Sinopharm.

La reforma del sistema de salud que planteó sin dar detalles Cristina en La Plata es parte de un programa de gobierno del que ni siquiera conocen sus trazos gruesos los sectores involucrados. Por segunda vez en dos meses, Alberto dio marcha atrás el 31 de diciembre con un aumento del 7% para las prepagas. Esta vez, lo hizo unas horas después de que su propio gobierno publicara la resolución 2897/2020 en el Boletín Oficial, con la firma de Ginés González García. Entre los fundamentos de la suba que no fue, el ministro de Salud marcaba la preocupación de las cámaras empresarias “por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores” y justificaba el incremento “a fin de garantizar su continuidad”. En el sector privado, también reclaman una reforma integral aunque no está claro que se trate de una alternativa compatible con la que enunció CFK; dudan sobre si existe alguna medida de corto plazo, si se analiza la vía de una estatización o se piensa en una variante más parecida al National Health Service, el sistema que adoptó el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió hasta hoy, debilitado por los recortes presupuestarios de distintos gobiernos.

Para las prepagas, que le presentaron ya su propuesta de reforma a Ginés, el sistema británico es una variante posible porque recauda, contrata con las clínicas las prestaciones y se hace cargo de los riesgos de financiar los tratamientos. La medicina privada se queja del congelamiento, dice que con el fin del ATP la mayoría de los sanatorios no podrán pagar los sueldos y afirma que el sistema va a un colapso entre febrero y marzo. Además, apunta contra los laboratorios, grandes ganadores de buena llegada al gobierno, que acentuaron su predominio con la pandemia y aumentaron los medicamentos a niveles inconcebibles pese a la emergencia sanitaria. Cómo financiar la salud en la era del virus es otra de las cuestiones que no tiene respuesta fácil. Aún con su importancia vital, el hospital público atiende a los afiliados que tienen cobertura pero aparece desfinanciado por las obras sociales que le pagan tarde y sin actualizar los aranceles. 

Las prepagas dicen que con el fin del ATP la mayoría de los sanatorios no podrá pagar los sueldos de febrero y marzo. Además, apuntan contra los laboratorios, que aumentaron los medicamentos a precios inconcebibles durante 2020.

Argentina es un país de múltiples realidades. Pese a que afecta a 18 millones de personas, la reforma jubilatoria que el Frente de Todos aprobó en Diputados tuvo muchísima menos repercusión que la sanción de la IVE. El oficialismo hizo coincidir las fechas para diluir las críticas en su contra. Sin embargo, la aprobación de la reforma jubilatoria se festejó en la residencia de Olivos. Sus consecuencias son difíciles de prever en el marco de la inestabilidad permanente. En su discurso de cierre, cuando entró a comparar piedras con balas, Máximo Kirchner defendió la medida, pero admitió que los jubilados no se van a recuperar en breve del golpe devastador sobre sus ingresos que sufrieron durante los años de Macri y debían revertir en parte en el 2020 en el que Fernández decidió los aumentos por decreto. El aliado paraoficial Luis Di Giacomo levantó la mano para votar y arriesgó su propia definición sobre la reforma: es “la menos mala” dijo, en una aproximación que seguro Sergio Massa comparte. 

La nueva fórmula no indexa por inflación, depende de la evolución de la economía y es casi una cuestión de fe en un contexto de múltiples restricciones, que tiene al nuevo Fondo pidiendo por lo bajo lo mismo que pedía el viejo, la reducción del déficit fiscal. Mientras la oposición denuncia el ajuste después del ajuste, el oficialismo evoca con nostalgia los años kirchneristas que no volverán. Una tercera perspectiva aportan desde consultoras como Eco Go. Según su directora, Marina Dal Poggetto, la formula es un bumerán para los Fernández: el gobierno paga un costo político con un cambio que no le garantiza un beneficio económico porque las jubilaciones pueden volver a licuarse en 2021 -si se quedan por detrás de una inflación que escala hacia el 4% mensual- pero volverán a ganar, si la reactivación se produce a partir de 2022. Para los analistas del establishment, que ponen en primer lugar la reducción del déficit y el acuerdo con el Fondo, el nuevo esquema es malo y en el mediano plazo deberá ser nuevamente enmendado porque no hay forma de financiar los aumentos previstos. Salvo, claro, que haya un acuerdo para una reforma estructural en un sistema impositivo que sigue siendo de lo más regresivo.

El contexto es el que cambió en la última década. Para la consultora de Dal Poggetto, en 2008 los ingresos de la Anses, fondeados en una tercera parte con rentas generales y dos terceras partes con ingresos de la seguridad social, alcanzaban para financiar el 80% del gasto de la Anses y el 110% de las jubilaciones y pensiones. Hoy, tras una licuación de más del 20% de los haberes, los ingresos de Anses alcanzan para financiar sólo el 60% del gasto de la Anses y el 90% de las jubilaciones y pensiones. En 2008, todavía había equilibrio fiscal, hoy el déficit abultado por la pandemia ronda el 7% del PBI. Otra vez la pregunta para el peronismo es cómo financiar el sistema desde la fragilidad de la escasez y el sobreendeudamiento. El trabajo no registrado, que nunca bajó del 35% y hoy afecta según algunos estudios a 1 de cada 2 asalariados, es una de las razones del desequilibrio y parece ausente, salvo por la propuesta de reforma laboral que hizo Roberto Lavagna para incorporar al sistema a los que están en la informalidad bajo un régimen low cost para las empresas.

Para Marina Dal Poggeto, la formula previsional es un bumerán para los Fernández: el gobierno paga un costo político con un cambio que no le garantiza un beneficio económico porque no hay forma de financiar los aumentos previstos.

Otra cuestión estructural, el funcionamiento de un servicio eléctrico oligopólico, quedará a prueba en el verano con el congelamiento de tarifas y el regreso de los cortes de luz en el conurbano bonaerense y la Capital Federal. Es probable que los reflectores estén sobre el debut del consorcio liderado por José Luis Manzano en Edenor. Mientras algunos no se explican por qué vendió el velocista Marcelo Mindlin, al lado del dueño de Pampa Energía dicen con ironía que el misterio es por qué compró el exministro del Interior una compañía que “regalada es cara”. Se refieren a los aumentos pisados por Cristina hasta nuevo aviso y la tarifa social que cubre a una parte de sus clientes. Manzano no sólo es socio de Daniel Vila y de Mauricio Filiberti. La composición de Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos) incluye un accionista que pasó inadvertido pero también incide, el titular de Global Income Fund Limited, un fondo constituido en Bahamas en 2018. El empresario mendocino no oculta su nombre y lo admite ante quien se lo pregunta: se trata de Ricardo Beroiza Contreras, un ingeniero chileno que hizo un master en Estados Unidos, trabajó durante 15 años en el Bank of America y es socio de Manzano en Edemsa, la distribuidora de luz de Mendoza. ¿Qué participación tiene Beroiza en el capital accionario de Edenor? Nadie ofrece precisiones.

Los cortes de luz en la tercera sección electoral empezaron a crecer con las temperaturas altas: afectan cada día a grupos de 500 vecinos y vuelven a poner a prueba la paciencia social.

A los intendentes del conurbano, les preocupa Edesur, que no mejoró el servicio pese a las intimaciones que recibió del ENRE ni a los pagos del Estado que -igual que Edenor- embolsó sobre fin de año por el consumo de energía de los barrios populares. Los cortes de luz en la tercera sección electoral empezaron a crecer con las temperaturas altas: según denuncian desde los municipios, afectan cada día a grupos de 500 vecinos y vuelven a poner a prueba la paciencia social. No parece el contexto más oportuno para la batalla interna que se precipita en el PJ, donde un grupo de intendentes liderados por Fernando Grey pretende resistir la intención de Máximo Kirchner para asumir la jefatura del partido con el impulso del zigzagueante Martín Insaurralde. El Frente de Todos sabe muy bien cuál es su base electoral pero la disputa de superficie con la oposición y las diferencias internas lo muestran muchas veces desligados de los problemas, estructurales, que afectan a sus votantes más que a nadie. Entre la inestabilidad económica, la presión devaluatoria y un Fondo que le respira en la nuca, deberá calibrar bien sus prioridades para el año electoral. Como aliada tiene a la soja, que aumentó 40% durante 2020, cotiza por arriba de los 470 dólares y tendrá desde enero otra vez retenciones del 33%. 

“Es imposible un proyecto de país si no consolidamos una burguesía nacional,” dijo Néstor Kirchner a fines de octubre de 2003, anticipando el giro que llegaría a la Argentina a partir de su gobierno.

La crisis del 2001-2002 había dejado un panorama desolador. Los empresarios nacionales solo controlaban el 21% de las 500 mayores empresas de país, el resto estaba en manos de capitales extranjeros. La brecha era aún más grande si se contrastaban las ganancias: los locales apenas cosechaban el 5% mientras los extranjeros se llevaban el resto. Como la plata era girada al exterior (y los destinatarios no eran empresarios nacionales), claramente esas ganancias no eran reinvertidas en la Argentina.

Con su discurso, Kirchner trazaba el camino para revertir ese círculo no virtuoso: la Argentina debía iniciar una experiencia como la que había logrado desarrollar Brasil, bajo la batuta de la burguesía industrial de San Pablo, un entramado socio-político que funcionó como motor de ahorro interno y generador de nuevos negocios en los últimos 80 años.

Fue con el apoyo de Néstor Kirchner que un empresario nacional como Marcelo Mindlin compró Edenor de manos de los franceses de Electricité de France, por US$ 100 millones. El mismo Mindlin compró luego -asociado con Carlos Ferreyra, el dueño de Electroingeniería- la mitad de Transener, dueña del monopolio del transporte de electricidad. En esa ocasión, el vendedor fue Petrobras.

En cumplimiento de esa misma idea política, la de consolidar una burguesía nacional, se le permitió al Grupo Clarín comprar Cablevisión (de manos de Liberty Media) y fusionarla con Multicanal. O se alentó a la familia Werthein a tomar el co-control de Telecom Argentina, comprando su parte a los inversores franceses. O se allanó la llegada de los Eskenazy al 25% YPF casi sin poner un centavo, pagando esa compra con las mismas utilidades que daba YPF.

Para los especialistas en fusiones y adquisiciones, está claro que difícilmente un jugador internacional que no esté ya en la Argentina vaya a querer entrar ahora.

Es evidente que todas esas ventas requerían, en algún momento, la aprobación del Estado. Sin la bendición del Gobierno no hubieran ocurrido. No siempre importaba el origen de los fondos, el único requisito era que el comprador contara con un socio argentino.

Una nota al margen merece la más simpática de todas esas “bendiciones”, la fusión Cablevisión-Multicanal, firmada por Néstor Kirchner el 9 de diciembre de 2007, con el pie en el estribo de su presidencia.

Burgueses de ayer y de hoy

Casi veinte años después, y luego del intento neoliberal aperturista que supuso el macrismo entre 2015 y 2019, la situación vuelve a asemejarse a aquella de 2003. Una vez más, la (tímida) ola que crece es la de multinacionales vendiendo activos en la Argentina. No sólo por la pandemia y su efecto de reconsideración de toda estrategia global, sino porque el indicador de crecimiento de la Argentina en los últimos cinco años es pésimo.

Para los especialistas en fusiones y adquisiciones, está claro que difícilmente un jugador internacional que no esté ya en la Argentina vaya a querer entrar ahora. Sí puede pasar que alguna empresa extranjera que ya tenga capitales aquí pueda comprar algo en la Argentina, pero la regla va a ser extranjeros vendiendo y locales comprando (gracias a los precios muy bajos). Y siempre con la bendición del Gobierno que, en última instancia, es el que firma la aprobación.

Es en ese marco que debe leerse la venta de Edenor por parte del grupo Pampa Energía al grupo local Vila-Manzano Filiberti. Marcelo Mindlin, quien aparece como el accionista mayoritario de Pampa, dejó de tener llegada a Cristina Fernández de Kirchner allá por 2009. Y la actual vicepresidente jamás le perdonó que usara a “Joe” Lewis, el multimillonario inglés de 79 años cuya fortuna asciende a más de U$S 5.000 millones, para financiar a Pampa. Lewis alojó a Mauricio Macri en su Estancia de la Patagonia a fines de 2015 y, allí mismo, se aseguró un monumental aumento de la tarifa.

El próximo gran negocio de compraventa llegará en el sector de las telecomunicaciones. Desde hace un año, el banco Citibank tiene el mandato de Telefónica de España para vender sus activos en Latinoamérica, incluida Argentina.

Por ese vínculo, Mindlin sabía que, en un nuevo gobierno con presencia de CFK, carecería del envión político necesario para destrabar la llegada de fondos a la regulada Edenor y decidió dar un paso al costado de la distribuidora, aceptando el mismo monto que pagó 15 años atrás. ¿Pura casualidad que el mismo día de la firma, el Estado nacional -vía el ENRE, regulador del mercado eléctrico- le entregó a Edenor US$ 364 millones para cubrir una deuda que tenía con la distribuidora?

Mindlin es la vieja burguesía, nacida con Néstor Kirchner, que ahora le da paso a la nueva, representada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, cuyo mejor activo, además de tener el virtual monopolio del cloro en la Argentina, es su conexión con Sergio Massa.

Suena el teléfono para el Grupo Olmos

El próximo gran negocio de compraventa llegará en el sector de las telecomunicaciones. Desde hace un año, el banco Citibank tiene el mandato de Telefónica de España para vender sus activos en Latinoamérica, con la excepción de Brasil. Es un secreto a voces que, en la Argentina, dos son los interesados firmes que pelean por quedarse con la sucursal local. Uno de esos grupos está liderado por Raúl Olmos, hombre de negocios cuya fortuna tiene origen en la prestación de salud, principalmente a través de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica. Un flujo de caja con excedentes de hasta US$ 100 millones en los mejores años le ha ido permitiendo avanzar en el negocio de los medios, sector en el que hoy contrala la señal de noticias Crónica HD y el diario BAE Negocios, entre otros proyectos. 

El grupo Olmos compite con otro grupo cuyano en su intento por quedarse con Telefónica de Argentina. Es el que encabezan los dueños de Supercanal, el tercer operador de cable del país. Antigua propiedad del grupo Vila-Manzano, Supercanal cuenta ahora como mayor propietario a CarVal, el fondo de inversión de Cargill, uno de los cuatro mayores exportadores de granos del mundo. Alejandro Daniel Lerner, el portfolio manager que maneja esos fondos, no es un improvisado en la Argentina. De hecho, nació en Santa Fe y, desde sus años como trader en Bear Stearns, siempre estuvo vinculado a activos locales (ya sea financiando a Mastellone con bonos al 12% anual o la misma Supercanal, hasta que se quedó con la empresa en 2018). En los años de Macri, Lerner, quien prefirió quitarse el Alejandro y pasar a ser simplemente Dan para evitar la asociación con el cantante, financió la expansión de los grupos Albanesi y de MSU, de la familia Uribelarrea, desembolsando más de U$S 100 millones.

La salida de Telefónica de Latinoamérica intentará ser aprovechada, también, por el Grupo Clarín. Sus ejecutivos ya negocian via Telecom Argentina la compra de Movistar Uruguay.

Claro que mientras a CarVal cuenta con una billetera importante, carece de los aceitados contactos políticos que le da al Grupo Olmos su cercanía al sindicalismo. Todo podría cambiar si CarVal aceptara las gestiones de buenos oficios que le viene ofreciendo el grupo Manzano-Vila.

¿Clarín cruzará el charco, Galicia irá por el centro del escenario?

La salida de Telefónica de Latinoamérica intentará ser aprovechada, también, por el Grupo Clarín. Del otro lado del charco, aprovechando el cambio en materia regulatoria que propone el gobierno uruguayo de Luis Lacalle, sus ejecutivos ya negocian vía Telecom Argentina la compra de Movistar Uruguay. Fuentes al tanto de las conversaciones adelantan que Clarín hará la operación a través de la empresa de cable que ya tiene en Uruguay, con lo cual podrá tomar créditos en dólares a apenas el 4% para financiar su expansión. Paraguay y, quizás en un futuro, Chile también estarían en la mira del grupo liderado por Héctor Magnetto.

Los negocios de compraventa por encima de los US$ 100 millones no deberían esperarse en sectores altamente regulados, como el de electricidad y las telecomunicaciones. Es en el sector bancario en donde podrían ocurrir negocios de verdadera magnitud. Es un sector que no esta mostrando la realidad de lo que ha pasado. Por un lado, las ventas reales prueban que las compañías venden menos. Pero, por el otro lado, el sector bancario aparece como sólido. Eso ocurre porque los bancos no están reconociendo las perdidas que seguramente van a comenzar a tener cuando el gobierno deje de subsidiar, por ejemplo, los créditos UVA creados por el gobierno de Macri y que serán de difícil repago.

Mientras la prohibición de indexar esos créditos se mantenga, alguien puede analizar a los bancos y creer a simple vista que está todo bien. Esa foto feliz no es la película completa. Algún día llegará el momento en el que la capacidad de repago de esos deudores deba demostrarse en serio y, en caso de no estar a la altura de esa circunstancia, los balances del sector bancario se tiñan de rojo. HSBC y Patagonia son candidatos cantados a ser target de un consolidador del mercado. La muerte de Jorge Brito puede generar que sólo quede Galicia como el actor en condiciones de ocupar el centro de ese escenario de negocios.

Treinta años más tarde José Luis Manzano viene a desmentir que su nombre haya pasado de moda.

Mientras la temperatura se eleva y el gobierno nacional discute cuándo y cómo iniciar una nueva temporada de aumentos en los servicios públicos, el ex ministro del Interior acaba de sellar un acuerdo con uno de los empresarios más poderosos del país: el zar de la energía Marcelo Mindlin. Financista que goza de un blindaje mediático fenomenal y alma mater de Pampa Energía, Mindlin se agranda siempre en la crisis y logra llevarse bien con todos los oficialismos. La venta de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de Sudamérica, a un consorcio integrado por Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, es una operación entre pesos pesados que sacude al mercado y habilita todo tipo de interpretaciones. 

Tal como viene contando el DiarioAR desde hace 10 días, Manzano viajó a Buenos Aires a mediados de diciembre para sellar el entendimiento con Mindlin y piensa volver a Ginebra, su lugar de residencia, antes del 31 de diciembre. La negociación, que requería su firma, debía cerrarse antes de su partida. La vieja promesa del peronismo de Mendoza es un jugador experimentado que sobrevivió maltrecho al fuego del menemismo y se adaptó sin demasiados traumas al tiempo que vino después. Se asoció con Daniel Vila, se recicló como empresario de medios desde el Grupo América y, sobre todo, se concentró en el negocio energético como un actor secundario pero muy ambicioso. 

Ante el regreso del peronismo al poder en 2019, Manzano no se dejó intimidar con el fantasma del chavismo que agita el Círculo Rojo. Al contrario, recuperó el entusiasmo que había perdido en los años finales de Mauricio Macri en la presidencia y encontró en la alquimia electoral del Frente de Todos una oportunidad para inscribirse en el nuevo proceso político. El dueño de Andes Energía ya era el accionista principal de la mayor distribuidora eléctrica de Mendoza, Edemsa, pero acaba de dar un golpe que pocos habían previsto. Formó Empresa de Energía del Cono Sur (EDELCOS) con Vila, Filiberti, Andina PLC -la propietaria de Edemsa- y Global Income Fund Limited, un fondo de inversión que se dedica a los negocios en telecomunicaciones, televisión por cable, energía y petróleo.

Manzano y Mindlin se conocen desde hace tiempo y tienen más de un puente en común. En los últimos días, se vieron en privado y hasta se mostraron en la parrilla Roldán. En las cercanías del oficialismo, son apellidos que remiten a Sergio Massa desde hace tiempo. Manzano formatea al presidente de la Cámara de Diputados desde los inicios de su carrera política y fue uno de los primeros en abonar el emprendimiento independiente y frustrado del Frente Renovador. En los últimos diez años, Mindlin aceitó su relación con el ex intendente de Tigre. Por entonces Massa desafiaba el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner y un sector del kirchnerismo apuntaba con denuncias de lavado contra el dueño de Pampa Energía. El vínculo entre ellos se afianzó en los meses de octubre y noviembre de 2018, cuando el país político se veía conmovido por la letra del ex sargento del Ejército Oscar Centeno. Cuando Claudio Bonadio dictó el sobreseimiento de Mindlin en la causa Cuadernos, Massa fue de los primeros en enterarse y se lo contó a Mindlin. Un gesto que el empresario no olvida.

Mindlin se abrió paso en los negocios con Eduardo Elsztain en la década del noventa. Su expertise trasciende el juego de la polarización. Fue el comprador de IECSA, la constructora del clan Macri, durante el gobierno de Cambiemos. Así se benefició con la fabulosa transferencia de ingresos del tarifazo amarillo.

Con Alberto Fernández consiguió reencauzar la relación. En campaña, el Presidente lo había denunciado como uno de los amigos de Macri. Ahora lo tiene en alta estima. Considera que Mindlin es un oficialista leal, que le informa de sus movimientos y le ofrece el plafón para anunciar inversiones, como sucedió en junio pasado, cuando Fernández participó del acto de ampliación de la central termoeléctrica Genelba, en Marcos Paz. Lo presentó como contraejemplo de los defaulteadores de Vicentin. Con Manzano, el vínculo es correcto, según dicen en Olivos, aunque el Presidente tal vez advierta que el mendocino tiene una ductilidad mayor, que no reconoce fronteras: no sólo conoce a CFK desde la década de los noventa, también tiene una buena relación con su coterránea Anabel Fernández Sagasti y logró una sorprendente empatía con miembros destacados de la cúpula de La Cámpora. 

Según el consorcio conformado por Manzano, Vila y Filiberti, la operación se concretó por 200 millones de dólares, si se excluye la deuda financiera de Edenor. El dueño de Pampa pasará a concentrarse en la generación y transmisión, donde también tiene un peso decisivo. Maestro en el arte de la garrocha, Mindlin afirma que su negocio hoy pasa por Vaca Muerta, donde piensa incrementar su participación en el Plan Gas, el diagrama oficial para elevar la producción de gas no convencional y recortar la importación de gas de Bolivia a través de subsidios del Estado. Según figura en su página personal, Pampa es el tercer mayor oferente en la Cuenca Neuquina y tiene comprometida una inversión de 250 millones de dólares: a partir del próximo viernes 1 de enero, tendrá adjudicados un volumen base de 4,9 millones de m3/día de gas a un precio medio anual de US$ 3,60 por millón de BTU por los próximos cuatro años.

Para Manzano, Vila y Filiberti, la venta de fin del Día de los Inocentes es la oportunidad de comprar barato para entrar en un negocio estratégico y apostar a una solución política en la etapa que viene. Para Mindlin, es la forma de despegar de la distribución de energía en la antesala de un nuevo -aunque trabajoso- aumento de tarifas. Así logrará evitar que su cara vuelva a ser noticia asociada a un grupo de empresarios que se beneficia con las penurias generales o como responsable de un apagón descomunal, como el que tuvo lugar el Día del Padre de 2019.

DG

En un nuevo giro en su historia, el Grupo América se aleja de la línea dura antigubernamental que le rindió en audiencia y recurre a viejas luminarias del semillero de Página 12 para ensayar su propia versión de periodismo equidistante. El interés que tiene en periodistas como María O´Donnell, Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, con un perfil radicalmente diferente al de los salientes Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, da cuenta de una intención de bajarle estridencias, en principio, al prime time de A24, y a la vez mejorar su imagen con periodistas reconocidos. Distintas fuentes de la industria también señalan a Maximiliano Montenegro y Romina Manguel -que ya son parte del Grupo- para un programa político, aunque desde el Grupo aún no adelantan ninguna declaración oficial respecto de la programación del 2021 o las intenciones de traer nuevas figuras.  

La partida del productor Juan Cruz Ávila, que estuvo a cargo de A24 hasta fin de noviembre, se lleva a algunos de los periodistas más confrontativos con el gobierno que hoy tiene la televisión, como Feinmann y Viale y también, probablemente, el rating alto que esos programas. Aunque en las pantallas del grupo se quedarán Antonio Laje, Luis Novaresio y Baby Etchecopar, entre otros, estas inclinaciones pueden ser vistas como un cese al fuego en un año electoral. 

Esta intención supone un cambio rotundo en la estrategia del rating. Después de haber logrado una fórmula exitosa que alcanzó los 3 o 4 puntos -un número alto para una señal de cable-, el cambio de figuras saca el foco en las grandes audiencias: en un año electoral, parece, es preferible relegar rating con una propuesta menos irritante para el Gobierno, incluso aunque esté conformada por periodistas profesionales, renombrados y menos identificados con alguno de los bandos de la grieta. 

La estrategia de no darle al rating la prioridad -o enfriar la pantalla- puede tener varias explicaciones. Según fuentes de gobierno, A24 era visto como uno de los pocos territorios en los que era difícil colar una presencia oficialista, debido a la virulencia de su prime time. 

A su vez, el Grupo América está signado por los negocios diversificados y fuertemente cruzados con el Estado de sus accionistas. Compuesto por una sociedad entre la familia Vila -Agustín, hijo de Daniel, asumió la dirección ejecutiva del grupo hace casi dos años-, el empresario José Luis Manzano y Claudio Belocopitt -dueño de Swiss Medical Group y especialmente presente en la pantalla de América en el año de la pandemia-, los socios tienen negocios en la medicina privada, el petróleo y el gas, como estudió con precisión el informe Media Ownership Monitor, desarrollado por Tiempo Argentino y Reporteros sin Fronteras. 

Vila y Manzano, además, avanzan en la compra de Edenor.  De hecho, la misma historia del grupo parte de una relación público-privada: Vila estrechó sus vínculos con Manzano cuando este último era Ministro del Interior de Menem y él, dueño de una radio, entre otras cosas, en Mendoza. Una vez asociados, entre 1995 y 1997 el Grupo Uno adquirió 25 medios y la primera cableoperadora del interior del país, Supercanal. En el nuevo milenio, se unieron a Carlos Ávila en América TV. Del directorio también forma parte Gabriel Hochbaum, director de Relaciones Institucionales y también del Comité Ejecutivo del grupo de medios.

Si habitualmente se referencia la estrecha amistad entre Sergio Massa y Daniel Vila, distintas fuentes señalan que también hay puentes trazados con La Cámpora, especialmente entre el Ministro del Interior Wado de Pedro y Agustín Vila. De hecho, de Pedro asistió días antes de que se declarara el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio a la vendimia solidaria, organizada anualmente en Mendoza por la familia Vila, como cubrió el Canal 7 de Mendoza, parte del Grupo América. Incluso, distintas personas que conocen su relación indican que las desavenencias entre Agustín Vila y Juan Cruz Ávila en relación con el tono confrontativo y la abundante presencia opositora en el prime time de A24 influyeron en la partida de Ávila.

Entre otras cosas, durante los años del gobierno de Mauricio Macri, el grupo vendió el cableoperador Supercanal, fue uno de los escenarios del caso D´Alessio, en donde quedó involucrado el periodista y panelista de Animales Sueltos, Daniel Santoro, y brindó una plataforma cómoda en diversas oportunidades a María Eugenia Vidal.  Después de la derrota del macrismo, Vila denunció en su propia pantalla y en un mano a mano con Alejandro Fantino que Macri lo había extorsionado en el marco de un conflicto con el Estado por el espectro radioeléctrico.     

Así como las relaciones entre grupos mediáticos y gobiernos involucran negocios que están por fuera de los medios, también existe una relación directa entre ambos por medio de la pauta oficial. Si Daniel Vila alguna vez se quejó de ser excluido como receptor de pauta oficial tras haberse quejado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según un informe de publicación reciente de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, América TV recibió $191.136.912, mientras que A24 recibió $45.219.644. En ambos casos se indica que estos medios recibieron órdenes de publicidad del Decreto 852/14 para la cancelación de deuda impositiva. En su análisis del informe, los investigadores Santiago Marino y Agustin Espada señalan que el Grupo América recibió $296 millones en la modalidad de canje de deuda con la AFIP. También suman los 116 millones de pauta en las señales de Supercanal por el canje de 2018, previo a su venta.

Los buenos números de rating que este año marcaron Viale, Feinmann y Viale y Feinmann no parecen garantizados para 2021. “La grieta en televisión es pan para hoy y hambre para mañana”, dice un conocedor del negocio del rating, porque, analiza, las audiencias van a ver a la figura y no al medio. 

En la historia reciente de América, dos cambios de conductores signaron una caída en los números de los programas: Intratables, que durante el fin del kirchnerismo llegó a ser uno de los programas políticos más influyentes, y Animales Sueltos. De Santiago del Moro a Fabián Doman en un caso; de Alejandro Fantino a Luis Novaresio en otro: eran programas muy asociados a sus conductores y la audiencia se resintió.

Tras la partida de Ávila al canal del diario La Nación, Liliana Parodi, la histórica gerenta de programación y dirección de América y gran conocedora del medio, agregó a su puesto la dirección de A24. Este año había declarado: “Los políticos a mi, por suerte, nunca me tocan: no tengo contacto personal con ese mundo”. Este 2021, con elecciones y cambios estructurales y de figuras fuertes en los principales programas informativos, política y periodismo van a potenciar su habituales relaciones.