Pese a que la mayoría de los sectores económicos de la Argentina no se recuperaron en 2025 de los dos años anteriores de caída, el PBI rebotó de la mano de cuatro actividades que generan poco empleo, los hidrocarburos, la minería, el campo y las finanzas. Pero pese al empuje de esas áreas, la actividad en general derrapó en febrero último. En la comparación contra el mismo mes del año anterior bajó 2,1%, no caía desde noviembre y no se contraía tanto desde septiembre de 2024, cuando empezaba a despegar la economía como conjunto. En relación al mes anterior, se achicó 2,6%, no lo hacía también desde noviembre y no se ajustaba tanto desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei iniciaba su destrucción del Estado con la motosierra en la mano.

En febrero, la industria se derrumbó 8,7%; el comercio, 7% y los servicios de gas, luz y agua, 6%. Mermaron la administración pública, 1,5%; la construcción, 0,6%; la actividad inmobiliaria, 0,5% y el transporte y las comunicaciones, 0,3%. Son una caída al segundo o tercer subsuelo porque representan sectores que caen año tras año. La minería y los hidrocarburos, en cambio, vuelan al 9,9%; el campo, al 8,4%; las finanzas, al 6% y la pesca, al 14,8%.

La mayoría de los economistas que más aciertan en los pronósticos descarta que el tropezón general de febrero se repita a lo largo del año. Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, vaticina un “crecimiento promedio muy bajo”, del 2%, menor al 5% sobre el que se basa el presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno. Es el mismo número de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “Con los sectores primarios creciendo y el resto cayendo, un sector grande de la economía de mínima está deprimido”, comenta Rapetti.

“Vamos a crecer 2,8% entre los que avanzan y retroceden, pero la desocupación puede aumentar porque los que retroceden son más mano de obra intensiva y los que crecen no ocupan mucha gente”, advierte su colega Orlando Ferreres. En Invecq Consulting, Manuel Cerdan prevé 2,5%, aunque con gran heterogeneidad por sector. “Los orientados al mercado interno enfrentarán un proceso de recuperación más lento”, describe Cerdan. Otro analista, Mauricio Monge, de la consultora británica Oxford Economics, prevé que los números mejoren respecto a febrero por el sector extractivo y por la cosecha del campo.

Como consecuencia de la floja actividad económica, la recaudación tributaria cayó en marzo por octavo mes consecutivo. Esta baja se explica también por otros dos factores. Por un lado, las rebajas de impuestos impulsadas por Milei y aprobadas por el Congreso, sobre todo orientadas a los más ricos. Por otro, que la crisis de los diversos sectores orientados al mercado interno y que más empleo generan lleva a que algunas empresas e individuos comiencen a actuar más en la informalidad, de modo de ahorrar en impuestos. Esta tendencia a la evasión también es una reacción al discurso y la acción del Gobierno: entre los elogios del Presidente a los evasores y su catalogación del tributo como “robo”, los menores monitoreos anunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la ley de inocencia fiscal, que también relaja la vigilancia.

El jefe de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, sin dejar de criticar la posición pro evasión del Gobierno nacional, disiente con Milei en que sea esta la razón de la reducción de la recolección de impuestos sino “la depresión del mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desocupación y el sobreendeudamiento de las familias”. Agrega que no se veía una merma tan larga y profunda desde la pandemia.

No obstante, en ARBA también registran un aumento de la evasión. En 2023, había detectado 52.562 contribuyentes, entre empresas e individuos, que no habían emitido factura ante ventas hechas por transferencia o tarjetas de crédito y débito, según la información que le provee los posnet como los de Mercado Pago (de Mercado Libre), que representan la mitad del segmento. En 2025 se observaron 77.231, un 46% más.

Después están los casos de quienes prefieren cobrar en efectivo e incluso ofrecen un descuento a cambio, según observa un exjefe de lo que ahora se llama ARCA. Pero también hay quienes prefieren vender al contado para evitar las comisiones que cobra cada terminal. Por transferencia hay que pagarles 0,8% más IVA; por tarjeta de débito, desde 0,8% más IVA de Fiserv hasta 1,2% de Nave (del grupo Galicia), 2,9% de Ualá 3,19% de Getnet (del Santander) y 3,25% de Mercado Pago; y por la de crédito, desde el 4,5% de Nave y el 4,9% de Ualá hasta el 6,19% de Getnet, 6,29% de Mercado Pago y 6,3% de Fiserv. Aquellos que ya no toleran tantos costos terminan cerrando, como sucedió con 24.000 empresas en la era Milei.

Un reciente informe de la Fundación Mediterránea sobre la recaudación atribuye la baja sobre todo a la “tendencia a la informalidad”. Así lo justifican Marcelo Capello, Gaspar Reyna y Federico Belich: “Mientras el IVA representó 11,8% del consumo privado en el tercer trimestre de 2023, dicha relación bajó casi todos los meses hasta ubicarse en 9,6% en el cuarto trimestre de 2025, una de las relaciones más bajas desde 2015”. Explican que más de un contribuyente optó por financiarse sin pagar impuestos ante las mayores tasas de interés de los créditos.

“La caída en la recaudación asociada a la actividad económica pareciera estar reflejando no sólo las tendencias recesivas que atraviesan a varios sectores vinculados al mercado interno sino probablemente también el incumplimiento tributario, que generalmente es un subproducto de las situaciones de crisis, particularmente del entramado PyME, que siempre cuando el costo del crédito es alto o escaso tienden a financiarse con ARCA”, comenta otro exjefe del organismo. “A ello se suma el relajamiento de los controles tributarios que me cuentan están ocurriendo. La precarización del empleo y el aumento de la informalidad reflejan la misma tendencia”, agrega.

Uno de los principales empresarios de la construcción ratifica el giro a la evasión. Otro de los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) también: “No hay economía y lo poco que hay pide más en negro”. En la Mesa de Enlace, uno de los dirigentes no ve “más economía en negro en el sector, pero que hay economías que están empezando a convertirse en inviables económicamente, como yerba mate, arroz y frutas”. Otro empresario comenta que el campo crece, pero como evade mucho esa bonanza no se refleja en las provincias, donde ante la caída recaudatoria se produjeron conflictos por salarios de docentes, policías o médicos, los tres servicios donde se va la mayoría del gasto de los gobernadores.

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, la venta ilegal callejera aumentó 5% interanual en febrero, según la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La misma entidad relevó que en marzo a nivel nacional el consumo cayó 1,5% porque derrapa el masivo y la recreación y están estancados los de ropa, transporte, vivienda y servicios públicos.

Tres contadores de empresas consultados observan que, pese al discurso del Gobierno y la relajación de los contribuyentes, los inspectores de ARCA están tan intensos como siempre con las intimaciones a los pequeños y medianos. Si bien en reuniones con las máximas autoridades del organismo, habían escuchado que se concentrarían en los más grandes, no está sucediendo. Un contador lo atribuye a una actitud histórica de la línea de empleados de la agencia. Otro experto tributario, en cambio, observa un doble discurso del mandamás de ARCA, Andrés Vázquez, que pese al palabrerío libertario de Milei se ve en la obligación de apretar a los contribuyentes ante el mal desempeño de la recolección de gravámenes.

Lo que no se le ocurre a Vázquez es actualizar la resolución de 2018 que impuso el IVA a las ventas de servicios digitales de empresas sin domicilio en la Argentina sino en el exterior. Es así que no paga IVA y, por tanto, tampoco Ingresos Brutos en las provincias ni Uber -su rival Cabify, sí, porque tiene residencia tributaria en el país- ni las chinas Shein y Temu, que compiten de manera desigual con Mercado Libre y con otras compañías del extranjero que están incluidas en aquella resolución, como Amazon y Alibaba. En el caso de Uber, tampoco los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández la incluyeron, quizás porque en paralelo hay una causa judicial para que instale su sede fiscal en la Argentina. En cambio, los fenómenos de Shein y Temu surgieron con la ola importadora de Milei.

En plan de abrir la economía y que los productos importados bajen los precios del mercado interno, ARCA también ha relajado los controles del contrabando, tanto el que pasa en forma clandestina por la frontera como el que llega escondido en contenedores por los puertos y los aeropuertos. El año pasado, los industriales reclamaron más vigilancia, pero todo sigue igual. Hasta huevos se contrabandean, según la Cámara de Productores Avícolas (CAPIA).

Pero lo que más entra sin declarar son los celulares. “Uno de cada tres celulares que se vende en la Argentina no se fabricó ni se importó legalmente”, comenta la directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas de Electrónica (Afarte), Ana Vainman. “Lo detectamos por las activaciones”, añade. En una de las principales empresas del sector comentan que la mitad de las activaciones ocurren en la frontera con Paraguay y la otra, en el aeropuerto de Ezeiza.

“El crecimiento del comercio informal de dispositivos móviles está impulsado por canales digitales, con una concentración del 60% en redes sociales y del 40% en plataformas de comercio on line”, apuntan en Afarte. En una compañía electrónica apuntan que por un lado se venden por las redes de Meta (Instagram, Facebook o Whatsapp) y, por otro, por Mercado Libre. “Los vendedores utilizan una modalidad comercial híbrida, mezcla de stock legal e informal, para fragmentar la trazabilidad operativa y ejecutar estrategias de evasión fiscal ante los entes reguladores”, completan en la cámara de la electrónica de Tierra del Fuego, donde con ajuste de personal todavía se ensamblan teléfonos pese a que este año enfrentan la competencia legal sin arancel de importación. Pero a los contrabandeados no hay con qué darles: cuestan entre 40% y 50% menos que los legales porque evaden todo impuesto. A su vez, la importación legal e ilegal se beneficia de un dólar barato que disminuye el precio de su oferta frente a la encarecida producción nacional en un país con mayor inflación medida en moneda norteamericana.

Para completar el cuadro, también crece la informalidad laboral. En 2023, el 41% de los trabajadores argentinos, tanto empleados como cuentapropistas, estaba no registrado. En 2025, el 43%. En cuanto a los que están en relación de dependencia, los carentes de derechos pasaron del 35% al 36%. Leve alza respecto a un nivel heredado alto y pese a la moratoria laboral que dispuso este gobierno.

“En estos procesos en los que se destruye empleo y tejido productivo y no hay crecimiento económico, en lugar de haber una transición progresiva del empleo del textil a los servicios basados en conocimiento o la banca, se van a trabajos informales de subsistencia”, describe Diego Coatz, que dejó su cargo de director ejecutivo de la UIA con el ascenso de Martín Rappallini a la presidencia y ahora es consultor. “Una costurera se va a trabajar al servicio doméstico, un operario a la construcción informal, del comercio en blanco a La Salada, el que tiene un auto se pone un Uber y el que tiene moto o bici se hace repartidor. Son transiciones regresivas, de un empleo bueno a otro malo.”

Con tanta evasión y con el mal desempeño de la actividad económica interna, no es de extrañar que el Estado recaude cada vez menos y que, por tanto, pueda ofrecer peores servicios. Los jubilados de la mínima siguen cobrando menos que en 2023 y sufren los recortes del PAMI en atención médica y acceso a medicamentos, las personas con discapacidad se encuentran con que quienes los atienden se dan de baja, los afiliados a las obras sociales también terminan en los hospitales públicos porque las clínicas no los atienden a tiempo, el Instituto Oncológico Roffo da turnos a seis meses, en las universidades se multiplican los paros, en diversas provincias también los docentes van a la huelga, el Estado deja de comprar libros para las escuelas y promete reemplazarlos con cheques, los colectivos mantienen una reducción del 10% de las frecuencias porque los subsidios y las tarifas no cubren los costos, mientras el acceso a la vivienda social, las cloacas y la urbanización de villas se ha paralizado. Al final de cuentas parece que los impuestos no eran tan malos.

AR/MG

El Banco Central dispuso una medida estricta de control fiscal destinada a limitar la evasión y las operaciones por fuera del sistema formal. A través de la Comunicación A 8144, el organismo ordenó a bancos, billeteras virtuales y empresas de cobro que bloqueen los servicios de pago a cualquier comercio o persona incluida en la llamada “Base de Contribuyentes No Confiables”.

La disposición -emitida originalmente el 10 de diciembre de 2024 y ahora puesta en plena vigencia- prohíbe que entidades financieras y proveedores de servicios de pago (PSP) sigan ofreciendo cobros con tarjetas de crédito, débito, prepagas, compra o transferencias a quienes sean identificados por la autoridad fiscal como contribuyentes en situación irregular.

La base de datos será administrada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que notificará a los bancos y billeteras sobre los ingresos y egresos de contribuyentes en la nómina. Una vez recibido el aviso, las entidades tendrán un máximo de un día hábil para cortar totalmente el servicio.

Hasta que el sistema de alertas funcione de manera automática, el BCRA estableció un régimen de transición. En esta etapa, los bancos y PSP deberán consultar la base al menos una vez por semana y aplicar los bloqueos de manera manual.

La medida apunta a reforzar los mecanismos de control y cerrar vías de cobro utilizadas en esquemas de informalidad. Se trata de una herramienta que busca desarticular redes de evasión y asegurar que los actores económicos en actividad cumplan con las obligaciones fiscales vigentes.

Con información de la agencia NA

Después de la victoria electoral libertaria, el presidente Javier Milei se propone mandar al nuevo Congreso una reforma tributaria que cree un súper IVA que reemplace al impuesto provincial a los ingresos brutos, entre otras rebajas de gravámenes. El establishment la espera con ansias y así lo hizo saber en el último coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Pero en ese mismo encuentro no sólo pidió menos tributos sino también que se combata a los competidores que trabajan en la informalidad, es decir, que se emprenda una lucha contra la evasión, esa misma que Milei ha elogiado en infinidad de veces. Claro que los grandes empresarios suelen apuntar contra La Salada o los supermercados chinos, pero también ellos recurren a estrategias contables para pagar menos de lo que les corresponde. No por nada después figuran como principales adherentes a los blanqueos de capitales que se repiten casi en cada gobierno.

Si el Estado rebaja impuestos, deberá compensarlos con más motosierra al gasto público o empezando a cobrar a aquellos que evaden. En ese sentido, la Argentina la evasión llega al 44% de la recaudación potencial en IVA, según el informe 2024 del Centro Interamericano de Administradores Tributaristas (CIAT) que redactó el experto uruguayo Fernando Peláez Longinotti a partir de datos de 2019 a 2021.

Ese 44% es uno de los niveles de evasión más alto de Latinoamérica, cuyo promedio es 26% y sólo es superado por México (51%) y República Dominicana (47%). El menor fraude en IVA se registra en Ecuador (0%), El Salvador (13%) y Paraguay (16%).

En cuanto al impuesto a las ganancias de las empresas, en la Argentina la evasión alcanza al 69% de lo que debería recaudarse. Se trata del mayor nivel de toda Latinoamérica, donde el promedio es del 47%.

Inmediatamente detrás de la Argentina figuran Perú (65%), Brasil y Panamá (ambos con 60%). Entre los más eficientes en la lucha contra la evasión de la renta de las compañías aparecen Ecuador (25%), República Dominicana (26%) y Chile (28%).

En 2023, los expertos Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti publicaron con la fundación de la socialdemocracia alemana Friedrich Ebert una investigación llamada “Cruzas fronteras para cosechar ganancias. El abuso fiscal de las grandes empresas del agronegocio”.

“¿Cómo eluden impuestos las empresas del agronegocio argentino? A través de la planificación fiscal, las corporaciones desvían precios de transferencia (los de sus exportaciones) con el objetivo de disminuir ganancias en la región y aumentarlas en Uruguay. Esto se logra gracias a la creación de empresas tipo cáscara en países donde pagan bajísimos o nulos impuestos como Uruguay, a las que les transfieren utilidades generadas desde los países donde producen”, concluyeron Gaggero y García Zanotti. Es decir, no sólo evade el restaurante de Palermo o el verdulero de la esquina.

La investigación apuntó contra la cooperativa ACA; Adecoagro, ADM, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Cofco, Dreyfuss, Monsanto (Bayer), Perez Companc, Syngenta, Vicentin y Viterra. Es decir, empresas norteamericanas, chinas o argentinas. No importa el origen. El método de elusión impositiva es el mismo.

Gaggero y García Zanotti también publicaron otro análisis en la misma línea titulado "La internacionalización del grupo multinacional Techint y su vínculo con la planificación fiscal. Un análisis de la estructura corporativa y las empresas del grupo en Uruguay". Se difundió también en 2023 en el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo. “La operatoria de las empresas uruguayas del grupo Techint se vinculan a una estrategia de planificación fiscal para minimizar el pago de impuestos. Esta estructura resulta funcional principalmente a los fines de generar transacciones intra-grupo entre empresas que son jurídicamente independientes, pero forman parte de una misma organización, habilitando la posibilidad de trasladar ganancias y activos a países de baja tributación”, sentencian los expertos.

AR/CRM

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, hoy rebautizada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), intentó cobrar más impuestos a las grandes tecnológicas durante el gobierno de Alberto Fernández, pero en la mayoría de los casos no lo consiguió. El organismo apuntó por sus beneficios impositivos, con éxito dispar, contra Mercado Libre, Meta (Facebook), Uber y Netflix.

Las compañías tecnológicas son grandes jugadores en la economía global actual; sus ganancias son potenciadas con estrategias de elusión fiscal que, en muchos casos, son impulsadas por un lobby ante distintas instancias de poder y alimentadas por la cercanía entre empresarios y políticos, según pudo documentar la investigación transnacional La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Agencia Publica, con la participación de elDiarioAR en Argentina.

Mercado Libre, empresa emblemática de los “unicornios” argentinos que comenzó como una start-up en 1999, goza de exenciones impositivas del Estado desde 2007. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York desde ese mismo año y se convirtió en una de las más potentes tecnológicas de América Latina, con ingresos netos que superaron los 20.000 millones de dólares en 2024, según sus estados financieros.

La empresa todavía recibe ayuda pública, que despertó acusaciones de lobby supuestamente realizado por su fundador, Marcos Galperín. Mercado Libre recibió US$ 298 millones de dólares como beneficios por exenciones impositivas y descuentos en los aportes patronales desde 2022 hasta junio pasado, según consta en la información presentada por la compañía ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

En agosto de 2022, la AFIP —que se encarga de recaudar los impuestos en el país— presentó una denuncia administrativa interna contra Mercado Libre por presunta evasión de impuestos y de contribuciones patronales entre 2017 y 2019, al considerar que la compañía había obtenido los beneficios impositivos del Régimen de Promoción del Software sin cumplir con los requisitos para hacerlo, según confirmaron tres altas fuentes oficiales involucradas con el caso tanto en el Ministerio de Economía como en la agencia tributaria. Las fuentes mantuvieron la reserva de su identidad porque tanto la denuncia como otra información involucrada en esta investigación está protegida por el secreto fiscal. Aquel régimen del software fue reemplazado en 2019 por otro llamado Ley de Economía del Conocimiento, cuando la empresa fue acusada de hacer lobby para que se aprobara esa nueva normativa.

Para conseguir las exenciones impositivas de ese régimen (que estuvo vigente hasta 2019), las compañías debían demostrar que su actividad principal era la industria del software, lo que incluía la creación, el diseño, la producción y la implementación de sistemas informáticos. La denuncia argumentó que la mayor parte de la facturación de Mercado Libre provenía de las comisiones por las ventas de comercio electrónico, pero no de la generación de software que, además, la empresa destina a su propia actividad comercial. Finalmente, la autoridad de aplicación del régimen, la Secretaría de Economía del Conocimiento del gobierno de Alberto Fernández, dictaminó que la empresa estaba bien encuadrada dentro del beneficio porque consideraban que cumplían los requisitos.

¿Cómo impactaron los beneficios impositivos en los números de Mercado Libre? En 2019, el año que estuvo bajo investigación de AFIP, la compañía recibió descuentos del impuesto a las ganancias y de contribuciones patronales por US$19,9 millones, según consta en el balance que la compañía presentó ante la SEC de Estados Unidos.

La AFIP estaba encabezada en ese momento por Carlos Castagnetto, hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que la Dirección General Impositiva (DGI) era dirigida por la exsenadora santacruceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, el hijo de la entonces vicepresidenta. La denuncia contra Mercado Libre, llevaba la firma del entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Alejandro Otero, según pudo reconstruir esta investigación a través de distintas fuentes del organismo.

La denuncia administrativa fue elevada a la autoridad de aplicación del régimen, que era la Secretaría de Economía del Conocimiento, encabezada por Ariel Sujarchuk, quien reportaba al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sujarchuk consultó al área técnica y finalmente la directora nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira, que sigue en el cargo, firmó un dictamen rechazando la denuncia contra Mercado Libre con el argumento de que cumplía los requisitos para estar dentro del régimen, según funcionarios a cargo del asunto. Tres altos funcionarios involucrados en el caso confirmaron la información a este equipo.

Una de esas fuentes recordó que la compañía de Galperin, el hombre más rico de la Argentina, ya estaba inscripta en ese régimen desde 2007, autorizada entonces por el gobierno de Néstor Kirchner. Este equipo intentó contactar con los responsables de la AFIP en ese momento, así como con Sujarchuk y Ferreira, para conocer más detalles sobre esa resolución, pero los involucrados no respondieron la consulta. Se consultó a las autoridades de entonces y actuales de la Secretaría de Economía del Conocimiento, pero se ampararon en el secreto fiscal que resguarda la información tributaria de cualquier contribuyente, incluido Mercado Libre, para evitar comentarios.

No fue la primera vez que los técnicos de la agencia tributaria cuestionaron los beneficios fiscales que recibía Mercado Libre. Aunque con distinto color político, la AFIP también había intentado que la compañía pagara más impuestos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero tampoco lo logró.

En septiembre de 2017, el entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP, Juan Carlos Santos, había denunciado a la compañía con una premisa muy parecida a la que se intentó impulsar en 2022: que la mayoría de sus empleados no se dedicaban al desarrollo de software, sino al comercio electrónico.

La denuncia fue elevada al ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera. Dos meses más tarde, en diciembre de 2017, la demanda fue rechazada con el mismo argumento, según se pudo reconstruir con el testimonio off the record de dos de los altos funcionarios involucrados en la denuncia de 2022.

Mercado Libre estaba bien encuadrada en las ventajas impositivas y patronales que otorga el régimen, consideró el entonces ministro Cabrera. Alegó que la empresa se dedicaba a desarrollar software para quienes vendían por su plataforma y que cobraba comisiones por esas actividades, que a su vez representaban el 97% de sus ingresos. La denuncia de 2017 involucraba impuestos y contribuciones que la compañía había dejado de pagar por 500 millones de pesos argentinos, equivalentes entonces a US$28,5 millones, por los balances de años anteriores, según consta en la demanda de la AFIP.

Ante la consulta de este equipo, el exministro Cabrera explicó la decisión tomada al considerar que existía un decreto reglamentario de esa ley que explicitaba que daba por válidos los desarrollos de software para el propio uso de la compañía si el beneficiario final era un usuario externo, “como es el caso de los vendedores y compradores de Mercado Libre”. Y agregó: “No es solo una opinión técnica local; es la forma en la que están hechos estos regímenes de promoción en muchos lugares del mundo”.

Tres meses después del caso, en marzo de 2018, el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, renunció a su cargo. La disputa por Mercado Libre fue una de las varias peleas internas que mantuvo durante el gobierno de Macri. Fue reemplazado por Leandro Cuccioli, que permaneció allí hasta 2019. Años después, en 2024, Cuccioli fue nombrado vicepresidente de Mercado Libre. La afinidad ideológica de Galperin con el macrismo es públicamente conocida, ya que durante su gestión el fundador de Mercado Libre volvió a vivir en Argentina tras 14 años instalado en Uruguay.

CLIP y elDiarioAR enviaron un cuestionario a Mercado Libre para preguntar por estas denuncias de AFIP y por la relación de Galperín con el gobierno de Macri, pero desde la compañía no respondieron las preguntas.

Los beneficios para Mercado Libre

El Régimen de Promoción del Software fue una iniciativa impulsada en 2004 por Néstor Kirchner para potenciar una industria conformada mayormente por pequeñas y medianas empresas argentinas con potencial de crecimiento. Aunque Mercado Libre ya destacaba en ese universo, todavía estaba lejos de convertirse en una de las empresas más valiosas de América Latina, como ocurriría años después.

El régimen tenía fecha de vencimiento a finales de 2019, y por eso el gobierno de Mauricio Macri promovió un marco normativo incluso más amplio llamado Economía del Conocimiento, que abarca también a la producción audiovisual, la biotecnología, los servicios geológicos, la nanotecnología y la industria aeroespacial, entre otras actividades. Para las empresas, el objetivo era mantener o, incluso, aumentar los beneficios impositivos que ya les otorgaba el Estado a través del régimen todavía vigente.

Macri presentó el proyecto de ley el 12 de marzo de aquel año, tras una reunión con este amplio sector. Allí estuvo junto a Galperín, entre otros empresarios. “Hoy presentamos el proyecto de ley para la Economía del Conocimiento. Es importante porque este sector es uno de los más dinámicos en el país: en 2018 generó US$ 5.300 millones en exportaciones y es nuestro tercer complejo exportador”, escribió el entonces presidente en su cuenta de Twitter.

Macri publicó este posteo junto a un video con el CEO de Mercado Libre: “Contento de estar enviando al Congreso este proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que va a ayudar muchísimo a generar empleo, a mantener a Argentina competitiva en una industria donde todos los países de la región están haciendo todo lo posible por atraer y retener el talento que nosotros tenemos. Esperamos que sea aprobado en el Congreso”, dijo Galperín ante la cámara.

A diferencia de la ley de software, el nuevo proyecto mencionaba explícitamente al comercio electrónico, principal actividad de Mercado Libre. Es decir, la compañía eludía de esta manera el cuestionamiento que le había hecho la AFIP (y que ya había rechazado el gobierno de Macri) por una interpretación sobre la creación de software. Altas fuentes del organismo tributario consultadas por esta alianza consideran que, de este modo, quedó zanjada la discusión de que Mercado Libre efectivamente estuviera encuadrada dentro del nuevo régimen de promoción impositiva.

La nueva ley también otorgaba beneficios: si el antiguo régimen reducía a las empresas beneficiarias el impuesto a las ganancias a una tasa efectiva del 12% y les recortaba el 70% de las contribuciones patronales, con la nueva norma pagarían 15% sobre sus ganancias y mantendrían la rebaja de aportes a la Seguridad Social del régimen anterior.

Poco más de un mes después de presentado el proyecto, el 24 de abril de 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 182 votos a favor y sólo dos en contra. Se logró un inusual consenso entre la coalición gobernante, Cambiemos, y la oposición peronista. Únicamente votaron en contra los dos diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), una alianza de partidos trotskistas.

Nicolás del Caño, diputado del FIT, cuestionó durante el debate parlamentario que con la nueva ley se beneficiaba “la apropiación privada de las grandes empresas del conocimiento” y mencionó a “Galperin, un empresario amigo de Macri, que cuando el presidente presentó este proyecto se lo veía muy feliz haciendo lobby para que este Congreso sancione esta norma”.

El día de la aprobación, el CEO de Mercado Libre celebró por Twitter el “rotundo apoyo de todas las bancadas”. Una persona le recordó en un intercambio por esa red social que la izquierda había votado en contra, entonces el empresario le respondió: “Mientras tanto, el comunismo en China se enfoca en hacer crecer su industria del conocimiento, a la cual ven como una de las principales áreas de innovación y creación de riqueza y empleo. #izquierdadecabotaje #sintonizanenblancoynegro”.

Días después de la media sanción de la ley, el dirigente social peronista Juan Grabois acusó a Mercado Libre por supuestos “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”, al tiempo que objetó que incluyera a esta empresa entre los beneficiarios de las leyes del software y de la economía del conocimiento.

Como ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado también hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios para aprobar por unanimidad (49 votos a favor, cero en contra) la Ley de Economía del Conocimiento. El senador peronista Mario Pais, cercano al kirchnerismo, había sido crítico de la nueva ley durante el debate parlamentario por los beneficios para Mercado Libre y hasta adelantó que votaría en contra, pero finalmente apoyó la iniciativa.

“Tal vez no quiero que este esfuerzo fiscal vaya a grandes empresas como Mercado Libre o los laboratorios concentrados internacionales. Es que lamentablemente, con dolor en el alma, quería fundar mi voto negativo a este proyecto por las falencias de orden económico y constitucional que estoy señalando”, había argumentado el senador peronista.

El oficialista Esteban Bullrich, cercano a Macri, le contestó: “En lugar de pensar que es una pena que estas empresas crezcan, hay que pensar que ese crecimiento genera empleo. No sintamos vergüenza de que las grandes empresas se conviertan en más grandes”. El senador Federico Pinedo, cercano a Macri, también defendió a Mercado Libre.

Pais volvió a cargar contra la compañía: “Pero ya es grande Mercado Libre. Cuando fue chica, bienvenida sea la promoción y el esfuerzo fiscal de todos los argentinos para promoverlas. Una vez que son grandes, cuando son multinacionales, como Bayer, Gador, Roche, Pfitzer, Glaxo, que pueden incorporar innovación tecnológica, no sé si podríamos precisarlo”.

Macri promulgó el 10 de junio de 2019 la Ley de Economía del Conocimiento (se publicó en el Boletín Oficial) y, ese mismo día, inauguró junto a Galperin un centro de desarrollo de Mercado Libre en Buenos Aires. “Hace muy poquito hemos logrado algo que también es muy bueno: dialogando, acordando con los emprendedores, el gobierno, senadores, diputados, hemos logrado casi por unanimidad una nueva ley para fomentar, para impulsar aún más la economía del conocimiento”, celebró el entonces presidente.

La simpatía pública entre Macri y Galperin quedó plasmada en el apoyo electoral del empresario, que pedía públicamente el voto para el entonces presidente durante la campaña. “Porque quiero que mis hij@s vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro”, escribió el empresario más rico del país en su cuenta de X junto a una foto del presidente con la inscripción “Yo lo voto”.

De hecho, Galperin se anotó como fiscal de PRO, el partido político creado por Macri, para garantizar sus votos en la provincia de Buenos Aires el día de la elección. Además, su hermano, Nicolás Galperin, hizo tres donaciones a título personal a la campaña electoral de Macri, que buscaba su reelección, por un total de $357.644 (equivalentes a 8000 dólares) el último día de julio de 2019, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral.

Una nueva ley

Pese a su aprobación casi unánime, la Ley de Economía del Conocimiento, que iba a comenzar a regir en 2020, comenzó a ser cada vez más cuestionada por el peronismo. Días después de que Alberto Fernández fuera electo presidente, en enero de 2020, el nuevo gobierno suspendió la aplicación del nuevo régimen y propuso una reforma que reducía los beneficios de las grandes empresas, como Mercado Libre.

Con la derrota de Macri consumada, Galperín fue recibido por Alberto Fernández pero después de ese encuentro, en febrero de 2020, comunicó que se volvía a radicar en Uruguay, una decisión que mantiene hasta la actualidad. El hombre más rico de Argentina, cuya fortuna es cercana a los US$ 10.000 millones (según el ránking de la revista Forbes), fue alcanzado por el aumento dispuesto por Fernández para el impuesto sobre los bienes personales.

En junio de 2020, en plena cuarentena, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento con el apoyo unánime del peronismo gobernante y de la oposición rebautizada como Juntos por el Cambio (JxC): 247 votos a favor y 2 en contra, del partido izquierdista FIT. “Desde Cambiemos dijeron que no aceptaban discutir ningún tema que no estuviese vinculado con la pandemia, pero ahora, llamativamente, estamos discutiendo el restablecimiento de la Ley macrista de Economía del Conocimiento que pidió nada más y nada menos que Marcos Galperin”, se refirió el diputado Del Caño al régimen aprobado en 2019, suspendido en 2020, y que iba a reformarse con la nueva norma.

Los lobbies sobre la reforma fueron motivos de debate. La peronista Lucía Corpacci pidió a los diputados de la oposición “que reflexionen y no antepongan intereses personales ni hagan lobby solamente para los grandes”. Jorge Vara, diputado de Juntos por el Cambio, le contestó: “Creo que la relación costo-beneficio no es un problema de lobby. Nos acusaron de lobistas. Yo no sé dónde están los lobbies”.

En octubre de 2020, el Senado convirtió en ley el proyecto por 41 votos a cero, pero introdujo cambios en la ley. Una de las modificaciones se implementó sobre los porcentajes que se cobran del impuesto a las ganancias, que cambiarían según el tamaño de las empresas. Así como la primera Ley de Economía del Conocimiento de 2019 rebajaba el impuesto a las ganancias al 15% (la alícuota para el resto de los sectores era 30% en aquel entonces), en la nueva norma de 2020 los beneficios fiscales pasaron a depender del tamaño de la empresa: la tasa efectiva de las pequeñas firmas se redujo al 12%, la de las medianas subió al 18% y la de las grandes, al 24%.

Además, la nueva ley impuso un límite a la cantidad de empleados sobre los que podían desgravar las contribuciones patronales. Por último, se creó un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento para apoyar a las pymes, financiado con el 4% de las ganancias de las grandes compañías, el 2% de las medianas y el 1% de las pequeñas.

Pese a la rebaja de beneficios a las grandes empresas en la segunda Ley de Economía del Conocimiento, gracias al boom del comercio electrónico por la pandemia, Mercado Libre logró en 2020 elevar su actividad y también la cantidad de millones de dólares desgravados de impuestos y contribuciones patronales, según los balances presentados ante la SEC de Estados Unidos. Pasó de obtener beneficios fiscales por US$19,9 millones en 2019 a US$23,3 millones al año siguiente.

La mira en las multinacionales

Mercado Libre no fue la única compañía tecnológica que quedó bajo la lupa por sus impuestos en Argentina. Las big tech se caracterizan a nivel global por elegir países de baja tributación para afincarse legalmente y, desde allí, prestar servicios en otros países y pagar allí la menor cantidad de impuestos posibles. En algunos casos, las autoridades argentinas fracasaron y en otros tuvieron éxito. Las compañías radicadas en países que firmaron convenios con Argentina para evitar la doble imposición tributaria salieron ganando, pero en caso contrario esas multinacionales quedaron expuestas ante los reclamos de AFIP.

Las big tech han comenzado a abonar desde 2024 un impuesto mínimo global del 15% en 55 países (sólo Brasil lo aplica en Latinoamérica) por un acuerdo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El presidente Javier Milei, que se autodefine como libertario, no lo implementó. En sintonía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo rechazó el pago de este tributo, sino que amenazó en un memorando con sancionar a los países que lo apliquen. La mayoría de las big tech son de capital estadounidense.

La AFIP dirigida por Cuccioli hizo consultas internas en 2018 para saber si debía cobrarle el Impuesto a las Ganancias a la filial de Facebook por los servicios publicitarios de esta empresa que eran contratados por clientes argentinos para captar público local. Pero el departamento legal del organismo rechazó esa posibilidad. “No se verifica la existencia de una actividad desarrollada por la empresa extranjera en el territorio de la Nación”, expresó la consulta vinculante 54/2018 de la AFIP, que es pública. La resolución no menciona a Facebook sino con la sigla “XX” para resguardar el secreto fiscal, pero dos altos funcionarios del organismo confirmaron a elDiarioAR que se trató de la fililal argentina de la compañía estadounidense creada por Mark Zuckerberg.

Pero tres años más tarde, la AFIP revirtió la resolución. Un agente de retención (se desconoce su identidad) preguntó al organismo “si los servicios de publicidad destinados al mercado argentino que se contratan desde el país a Facebook Ireland Limited resultan comprendidos” por el tributo a la renta.

“En tal sentido, cuando los sujetos del país procedan a realizar el correspondiente pago a la empresa del exterior por los servicios prestados, corresponderá que retengan e ingresen a la AFIP el tributo que recaiga sobre tales beneficios”, agregó en la misma resolución el organismo, en ese momento dirigido por Mercedes Marcó del Pont, una dirigente cercana a Alberto Fernández. La opinión fue respaldada por el Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Martín Guzmán.

Al año siguiente, Facebook Argentina tributó por impuesto a las ganancias $1.554 millones de pesos (US$8,7 millones al tipo de cambio oficial), es decir, el 5,4% de sus ventas, según consta en su balance. Pero en 2023, devaluación del peso mediante, pagó de $5.638 millones (US$6,9 millones) por impuesto a las ganancias, el 13,8% de sus ventas. Un aumento de más del doble que el año anterior, a pesar de que el valor en dólares es más bajo por la devaluación del peso argentino durante esos dos años. El aumento en los impuestos fue “significativo”, según los contadores consultados para esta investigación.

En su memoria, Facebook Argentina informa que su único cliente es Meta Platforms Ireland Limited, y que vende servicios, consultoría, asesoramiento y asistencia requeridos por la subsidiaria irlandesa “en relación con las actividades de soporte de marketing y ventas para el desarrollo, la expansión y el mantenimiento de las comunidades de usuarios, anunciantes y desarrolladores en Argentina”. La ley del Impuesto a las Ganancias establece que los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina.

Hubo otros casos. El Ministerio de Economía dictaminó sobre un caso de una plataforma online de reservas de hoteles y departamentos turísticos, según altas fuentes de AFIP. La cartera entendió que, más allá de que el impuesto a las ganancias no alude expresamente a los servicios digitales, no cabe duda de que las comisiones que cobra esta empresa del exterior por su prestación se encuentran alcanzadas por el tributo. Pero como esta compañía tiene residencia fiscal en Países Bajos, nación con la que Argentina tiene un convenio para evitar la doble imposición tributaria, y carece de un establecimiento permanente acá, el organismo resolvió que sólo debe abonar gravámenes en el país europeo.

Los funcionarios de la AFIP consultados aseguraron que lo mismo ocurrió con Netflix. El Ministerio de Economía -bajo la conducción de Guzmán- dictaminó que, aunque la actividad de la empresa de streaming se encontraría alcanzada por la presunción de ganancias de fuente local, como está radicada en Países Bajos y no tiene una sede argentina en la que se generen esos beneficios, entonces le toca tributar en el país europeo. Este equipo contactó a Netflix, pero desde la compañía no hicieron comentarios.

Uber también fijó su residencia fiscal en Países Bajos, pero el gobierno de Macri consideró que tenía establecimiento permanente en la Argentina, al entender que los choferes locales eran sus empleados.

Ante una consulta de la AFIP, que entonces dirigía Cuccioli, el Ministerio de Economía dictaminó en 2019 que Uber tenía presencia local. La agencia tributaria demandó a Uber el pago de impuestos y contribuciones patronales por 358,7 millones de pesos, equivalentes a US$7,7 millones. Altas fuentes de AFIP explicaron que en la Argentina hay dos sociedades similares llamadas Uber Argentina Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) y Uber International BV en Argentina, pero ninguna de las dos se hace cargo de pagar la deuda con el argumento de que carecen de establecimiento permanente y son entidades independientes de aquella que factura en Países Bajos.

Un vocero de Uber detalló ante la consulta de este equipo que el expediente “sigue en instancia administrativa” dentro de la AFIP, aún sin resolución.

Milei, el amigo de las Big Tech

Desde que asumió como presidente, Milei intentó acercarse a las Big Tech, una simpatía que fue también retribuida por estas compañías. Su relación con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y su política ultraliberal constituyen una esperanza de buenos negocios para estas multinacionales en Argentina. Una de las primeras giras de Milei como presidente, en junio de 2024, fue justamente una visita a Silicon Valley, California, la sede de muchas de estas Big Tech. Allí logró reunirse con los CEOs de varias empresas como Tim Cooke (Apple), Mark Zuckerberg (Meta) y Sundar Pichai (Google).

El interés fue recíproco desde el primer día en que asumió. Google fue la empresa más interesada en la Argentina dentro de este sector: ejecutivos locales, regionales y globales de la empresa ingresaron varias veces a los despachos oficiales desde la asunción del economista para hacer su presentación formal, pero también para conversar sobre posibles inversiones en el país. Fueron 14 reuniones oficiales entre empleados de Google y distintos funcionarios del gobierno argentino durante 2024, el primer año de Milei como presidente, según consta en el Registro Único de Audiencias.

Cuando todavía no se habían cumplido tres meses de haber llegado a la Casa Rosada, Cancillería y Google firmaron un acuerdo de cooperación “para el fortalecimiento tecnológico internacional”, según informaron en un comunicado. Pero más allá del anuncio, tanto el gobierno argentino como Google no volvieron a hacer públicas acciones conjuntas. Las relaciones entre las partes continuaron, con más reuniones.

Karan Bhatia, abogado estadounidense, ex representante comercial del gobierno de George W. Bush, se desempeña como vicepresidente de Asuntos de Gobierno de Google a nivel global. Bhatia estuvo en la Casa Rosada el 20 de mayo de 2024 para mantener reuniones de alto nivel, con la entonces canciller Diana Mondino y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los dirigentes de mayor confianza de Milei. Durante esta última reunión se habló sobre “sobre el proceso de modernización” de Argentina y “también se conversó sobre proyectos de Google Argentina vinculados a la Inteligencia Artificial, TICs y herramientas para fortalecer procesos de aprendizaje”, indica el registro público.

Tras esas reuniones, Milei anunció durante su viaje a Silicon Valley que pondría en marcha una reforma para hacer más eficiente al Estado a través de la inteligencia artificial que desarrollaría Google. “Tuvimos una charla con la gente de Google, ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial, así es que vamos a estar avanzando en eso”, dijo el presidente argentino en una conversación con periodistas en la Casa Rosada. Un proyecto que algunos medios de comunicación compararon en ese momento con el acuerdo entre esta compañía y El Salvador, con el aval de su presidente Nayib Bukele.

Eleonora Rabinovich, líder de Asuntos de Gobierno para América Latina de Google, mantuvo reuniones en junio, julio y agosto con el vicejefe de gabinete argentino, José Rolandi para tratar este asunto, según consta en el registro. Sin embargo, casi un año después de esos encuentros, no hubo novedades sobre el supuesto acuerdo para digitalizar el Estado propuesto por la compañía. “No se firmó nada por ahora”, dijo un alto directivo de Google Argentina ante la consulta para esta investigación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con la mayoría de los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma y la disidencia de Guillermo Yacobucci, aceptó este miércoles los recursos presentados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y por el Ministerio Público Fiscal y determinó que era arbitraria la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Córdoba que en 2024 que había sobreseído a Sergio Guevara, Jorge Ferrer, Rubén Ceva, Julio Luján, Fernando Cuello y Diego Ludueña, integrantes de una red de evasión de impuestos con soja, que comercializaban con las grandes cerealeras Vicentin, Cargill y Bunge. En 2021, los jueces cordobeses los habían condenado por los delitos de asociación ilícita fiscal, apropiación indebida de tributos y evasión agravada por haber orquestado un sistema para contactar productores, adquirirles cereal en negro y, a la vez, crear empresas apócrifas que solo existían en los papeles y estaban integradas por prestanombres insolventes que figuraban ante la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en una actividad para la que no tenían la capacidad económica.

Sin embargo, con posterioridad a la sentencia condenatoria los imputados se adhirieron a un blanqueo en 2021 establecido en la ley 27.653 y, en consecuencia, se extinguió la acción penal respecto de los delitos de apropiación indebida de tributos y evasión agravada, subsistiendo el delito de asociación ilícita fiscal. Pero en 2024 hubo otro perdón impositivo por la ley 27.743 y un decreto del presidente Javier Milei, el 608/2024, que incluyó a la asociación ilícita fiscal como delito pasible de extinguir la acción penal por acogimiento a esta amnistía fiscal. Ahora, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia condenatoria de los encausados por el delito de asociación ilícita fiscal.

En sus fundamentos, el juez Slokar avanzó sobre la inconstitucionalidad del artículo 1 de un decreto de Milei: “Corrompe el orden jurídico respecto del reparto competencial de tareas democráticas [y] también repugna las bases estructurantes de la igualdad en Estado de Derecho”. En ese sentido, advirtió sobre las exigencias democráticas frente al desvío de poder, como también las consecuencias de la amnistía tributaria frente a la justicia social, concepto repudiado por Milei.

Los condenados blanqueaban el cereal adquirido marginalmente y defraudaban al fisco. Fruto de la actividad ilícita, efectuaron movimientos millonarios de dinero y acrecentaron su patrimonio, lo que les permitió adquirir inmuebles urbanos y rurales, como así también vehículos de alta gama. Cuello, empresario de Río Tercero, era el líder de la asociación ilícita para evadir y fue condenado en 2021 a seis años y medio de prisión. Otros 12 hombres de negocios y contadores fueron sentenciados a penas de prisión efectiva o en suspenso. Seis fueron absueltos.

Slokar argumentó que el Ejecutivo, al incluir este delito entre aquellos susceptibles de ser amnistiados por el blanqueo de 2024, excedió las facultades de reglamentación que la Constitución le otorga al presidente, en la medida que del debate parlamentario no surgía posibilidad alguna acerca de la posible inclusión. Asimismo, advirtió sobre los peligros de las “democracias delegativas” y “autocracias electivas”, en donde el poder se ejerce abusando de los límites constitucionales y reafirmó el papel esencial de un Poder Judicial independiente y eficaz como último guardián del imperio de la ley y de los valores constitucionales.

AR/JJD

En el hall de entrada del Centro de Convenciones de la Ciudad (CEC), al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dos jóvenes empresarios con start ups tecnológicas se lamentaban del dólar barato este martes en un intervalo de la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham, según sus siglas en inglés) en la Argentina. Uno advertía que los dólares que conseguía de financistas cada vez les alcanzaba para menos y el otro le respondía que ahora le convenía más contratar personal en Francia que por estas tierras.

Más allá, una consultora de comunicación reconocía que por todos lados hay despidos para bajar costos, que es la nueva obsesión de las empresas argentinas para ser competitivas en un contexto de consumo planchado, producción cara de bienes y servicios e incipiente competencia importadora. “Una Argentina competitiva” era el lema de la cumbre. Ese mismo día la prensa informaba de 235 despidos en la azucarera y papelera Ledesma en Jujuy y de un paro contra cesantías en la petrolera Aconcagua Energía -allí trabaja pero en el área renovable la futura presidenta de Amcham, Mariana Schoua-. Otra colega le respondía que cada vez más la contratan empresas que vienen a importar, mientras observa que las locales ofrecen a sus empleados retiros voluntarios. Admitía además que el plan del Gobierno para que los evasores blanqueen dólares ocultos incomoda a grandes empresas norteamericanas que deben manejarse en la formalidad, más allá de las piruetas contables que tienen para eludir el pago de tantos impuestos.

Es que el presidente Javier Milei, que califica a los evasores como “héroes” y a los contribuyentes cumplidores como carentes de “talento o agallas”, promueve un nuevo régimen de desinformación tributaria que beneficia a los primeros mientras sigue la presión a los segundos. Se permite que quienes no pagaron impuestos, pero también los políticos coimeros, los ladrones de cualquier color de guante -desde los de armas de fuego hasta los criptoestafadores-, los narcos, los tratantes de armas y personas o los contrabandistas, puedan usar de a poco sus fondos ocultos sin control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Aunque no lo llamen blanqueo, es uno más y no suele beneficiar al chiquitaje que gasta US$10.000 comprando un auto sin demasiados dramas. En las primeras dos de las tres etapas de la anterior amnistía fiscal que terminó a principios de abril, sólo 278.000 personas blanquearon -sobre un total de 36 millones de adultos en la Argentina- por un valor de US$112.000 per cápita. En el blanqueo más exitoso, el de 2016-2017, se registraron 254.000 individuos con un promedio de US$459.000 por cabeza. No son perejiles. En España, en el último blanqueo que hubo, en 2012, adhirieron 31.000 personas por una media de sólo 37.000 euros cada uno y encima en 2021 se votó una ley que prohíbe futuros jubileos tributarios, según apunta el investigador Alejandro Gaggero, del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

Pero mientras la ARCA se desentiende de los dólares ocultos, mientras reduce su personal con retiros voluntarios y desarticula áreas clave como la de grandes contribuyentes, el Gobierno recauda cada vez más con el IVA, un gravamen regresivo socialmente que pagan todos los consumidores por igual y que va del 10,5% para carne, harina, fruta y verdura al 21% al resto de los bienes -sólo zafa la leche-. Recolecta más con el impuesto a las Ganancias, que han vuelto a pagar los trabajadores que más cobran, en una medida justa pero que contrasta con la rebaja del tributo a la riqueza, o Bienes Personales. Recauda más con retenciones que gravan la exportación del campo, con las crecientes importaciones y con el impuesto a las transferencias bancarias. Porque Milei se define como el topo que vino a destruir el Estado, pero necesita impuestos para pagar la deuda a los acreedores y sostener algunas dependencias públicas que han zafado de la motosierra pese a que cuentan con ñoquis y corruptos como otras áreas ajustadas, llámese fuerzas militares y policiales.

Pese a que Milei consiguió que su aliado Donald Trump presionara al FMI a prestar otra vez a la Argentina y a pesar de que se transita el trimestre con más ingreso de dólares por exportaciones -por la cosecha de soja y maíz-, el Gobierno evidencia su debilidad para acumular reservas en el Banco Central al lanzarse a buscar nuevamente aquellas que se mantienen ocultas, más que en el colchón, en cajas de seguridad de bancos y en cuentas offshore. Necesita dólares para seguir sosteniendo el aumento de las importaciones de bienes y turismo, que tanto satisfacen al electorado. El atraso cambiario ha sido la tentación en la que han incurrido desde Carlos Menem -con Roque Fernández de ministro de Economía a fines de los 90- hasta Cristina Fernández de Kirchner -con Axel Kicillof en ese mismo cargo a mediados de la década pasada-.

Y al mismo tiempo en que el Presidente incentiva al consumo de quienes pudieron acumular dólares ocultos, desalienta el poder de compra de los trabajadores al poner un techo del 1% mensual a las paritarias cuando la inflación navega al 2,8%. El máximo responde a dos objetivos. El primero, explícito, evitar que los empresarios den aumentos de sueldo y después remarquen los precios. El segundo, implícito, impedir que se eleve aún más el sueldo en dólares y los hombres de negocios terminen reduciendo personal para bajar costos. La consecuencia es que entre alta presión impositiva sobre los asalariados y su baja remuneración el consumo masivo no se recupera. En contraste, crecen las ventas de inmuebles, autos y viajes al exterior. No por nada el vocero presidencial, Manuel Adorni, ganó en el norte de la ciudad de Buenos Aires y perdió en el sur, donde además cundió el ausentismo, porque tampoco el peronismo y sus fracasos recientes entusiasman.

Pero no es sólo que por el salario se paga menos sino que también no se paga. En una Argentina de menor inflación, las empresas ya no pueden aumentar los precios para corregir sus números sino que deben bajar gastos para competir o sobrevivir. Los sueldos son bajos, pero constituyen uno de los costos y por eso hay despidos, aunque también retiros voluntarios y prejubilaciones. También hay compañías que reclaman a sus empleados que vuelvan a la presencialidad, pero ellos, ante remuneraciones pauperizadas y creciente costo del transporte, prefieren renunciar. Por eso no hay tanta conflictividad. Mientras tanto, crece la uberización del trabajo. Pero algunos de los trabajadores de plataformas que ya venían en el rubro y que votaron a Milei en 2023 está arrepintiéndose. “Que lo saquen de la Quinta de Olivos con sus paredes acolchonadas, por favor... barato está el dolar”, comentó uno de ellos después que el presidente dijera en AmCham que “la Argentina está baratísima”.

En los pasillos de la cumbre de la cámara de comercio norteamericana, donde no había sólo ejecutivos de empresas de ese origen, contaban que la todas estaban ajustando gastos. Por ejemplo, en uno de los sectores más pujantes y que explican la recuperación económica y el superávit comercial aún superviviente, el de Vaca Muerta, están renegociando contratos con las firmas de perforación y fractura. En un negocio donde si es más conveniente extraer en otro país las multinacionales como ExxonMobil o Petronas se van, Vista Oil & Gas advirtió que el costo de producir en la Argentina supera en 30% o 40% al de EE.UU. Es decir, el tipo de cambio también está afectando a los hidrocarburos, no sólo al campo, la industria, el turismo o la exportación de la economía del conocimiento.

Uno de los diputados que le votó todo a Milei reconocía en el hall de entrada del CEC que ni el sector rural, ni el manufacturero ni el de la construcción estaban invirtiendo. Sólo el minero y el petrolero apuestan, pero también en ellos cunde la duda de si futuros gobiernos respetarán las condiciones del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). A unos y otros les preocupa el tipo de cambio que elevó los costos en dólares y la incertidumbre política. Esta últimas anida no sólo en el temor al regreso del kirchnerismo sino a los freaks que están liderando y ejecutando el programa que el mercado anhelaba. Milei y el Gordo Dan en su reciente emisión del streaming Carajo hacían recordar a Beavis y Butt-Head.

Un hombre del campo comentaba que algunos de su rubro estaban operando a pérdida, pero no iban a liquidar su cosecha de soja y maíz bajo amenaza de que en julio volverán a aumentar las retenciones. El productor vende sólo lo que necesita y no sabe de inversiones para subirse a la bicicleta financiera, como le sugirió el jefe de ARCA, Juan Pazo. Se sienta en su silobolsa y en el peor de los casos producirá menos en la próxima siembra. Coincide con los petroleros que los dólares les alcanzan para menos, pero no tienen otra que seguir exportando porque ahí radica su negocio.

Hay empresarios que no saben cómo hacer negocios en el nuevo contexto. Celebran que su agenda y la del Presidente estén alineadas, pero están apurados porque en 2026 se acometan rebajas de impuestos y aportes patronales, y se acote de una vez la litigiosidad laboral. En la apertura de la cumbre del martes, el presidente de AmCham y CEO de JP Morgan para el cono sur, Facundo Gómez Minujin, mencionó las reformas tributaria y laboral, pero también mencionó otros dos factores clave para la competitividad que no se resolverán de un año para el otro: la educación y la infraestructura. Con docentes mal pagos que pararon este jueves y nadie los escuchó, y con obra pública paralizada, la Argentina camina como el cangrejo.

Gómez Minujin no dijo nada de la desregulación y así se lo reprochó el ministro del área, Federico Sturzenegger, ocupado de anunciar de manera elocuente transformaciones que a veces parecen minucias o frutos de la ignorancia según la opinión de ciertos hombres de negocios. El empresario le admitió el error. En cambio, vinculó la competitividad a otros tres factores que Milei desdeña: la lucha contra la evasión tributaria, contra la desigualdad social y por instituciones sólidas.

Pero más allá de todos ítems que hacen a la competitividad, esta es difícil de alcanzar si el tipo de cambio se sobrevalúa, como quiere Milei. Como dice el economista brasileño Luiz Bresser-Pereira, “la metáfora para explicar el tipo de cambio es la del interruptor de luz porque conecta o desconecta a las empresas competitivas del país del mercado interno y del externo”.

AR/MC

¿En qué pensamos cuando pensamos en “inseguridad”? Los politólogos y doctores en ciencias sociales Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso –que también es abogado– investigan con un enfoque disruptivo ese fenómeno. Dentro del Instituto Gino Germani de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) integran un equipo de investigación que apunta a los empresarios poderosos que con sus evasiones y elusiones impositivas, con sus corrupciones y con sus contaminaciones ambientales producen más daño en la sociedad que los delicuentes en los que se centran los medios de comunicación.

–¿Qué es lo que están investigando concretamente?

Gabriela Seghezzo: –Durante muchos años estuvimos trabajando cómo se construía la inseguridad como problema, porque aparecía como un eje central de la agenda política, mediática, incluso académica. Y la cuestión es que esa forma de construcción hegemónica de la seguridad invisibiliza otras prácticas que en algunos casos son delitos, pero son profundamente dañosas para el conjunto social, como son los ilegalismos de los poderosos. Es decir, las prácticas en un continuum legal e ilegal que llevan adelante grupos de poder. A fines de los 90, en paralelo al resquebrajamiento de la hegemonía de la convertibilidad, había habido una fuerte caracterización social peyorativa de estas tramas que protagonizaban los poderosos. Por ejemplo, sobre las privatizadas y los bancos, dos sectores que habían sido claros ganadores durante los 90.

Nicolás Dallorso: –En general, en la agenda mediática aparecen los delitos que se llaman callejeros, que llevan adelante los sectores populares y eso desconoce que las tramas de ilegalidad atraviesan todo el cuerpo social y sobre todo, quedan invisibilizados los que llevan adelante los sectores más poderosos.

–Imagino por qué, ¿pero qué opinan ustedes del motivo de esa invisibilización?

Dallorso: –En la criminología se habla de una selectividad penal, es decir, muchas de las prácticas que producen daño que llevan adelante los sectores poderosos ni siquiera son tipificadas en el Código Penal. Eso es lo que se llama un déficit en la criminalización primaria. Entonces, por ejemplo, una empresa puede generar un daño ambiental muy grande y no necesariamente eso es delito porque no fue tipificado, pero eso no quiere decir que no produzca daño. Segundo, hay algunos daños, algunos delitos que sí están tipificados en el Código Penal, como la evasión impositiva, el fraude de balances, el tráfico de información privilegiada, las coimas, pero hay un déficit en la política criminal, es decir, no se persiguen esos delitos. Son delitos que en general cometen sectores poderosos. Entonces no se persiguen. Por último, en los casos en que está tipificado el delito y se los persigue, en general por su condición de poderosos, no son condenados. Entonces ahí tenemos un déficit en la criminalización secundaria y terciaria. Por todas estas razones, además de la cobertura mediática, la percepción social y el propio funcionamiento del aparato penal criminal, quedan por fuera estas prácticas que algunas son legales, algunas ilegales. Pero esto no quiere decir que no generen gran daño social. Hay una corriente de estudio europea anglosajona que se llama zemiología, con z, que proviene de la criminología, que trae aportes de la criminología crítica y se centra no tanto en los delitos, sino en las prácticas que generan daño.

–¿Qué daños?

Dallorso: –Daño ambiental, daño económico, daño en la salud, daño en las condiciones laborales. Empieza a fijarse en eventos como pueden ser un genocidio, que no necesariamente se lo persigue penalmente pero obviamente genera un gran daño social, o desastres ecológicos, o grandes empresas que no pagan cargas sociales y que eso afecta a las condiciones laborales de sus trabajadores, o políticos y empresarios que no declaran sus bienes, entonces no pagan impuestos. Todas estas cuestiones, que no necesariamente son delitos siempre, sino que a veces entran y salen también de los plexos normativos y de la persecución del Estado, o sea, de la persecución criminal.

Seghezzo: –La criminología crítica pudo poner en palabras esta dimensión geopolítica y política primero de la cuestión de los ilegalismos. Hay ciertas prácticas que son consideradas delito y en algún momento dejan de estar en los plexos normativos. Por ejemplo, hace poquito (Donald) Trump eliminó una legislación que impedía pagar por parte de empresas norteamericanas sobornos en terceros países. Fíjate vos qué clave, ¿no? No todas las prácticas que hoy señalamos como delitos fueron históricamente consideradas delitos. Y prácticas que habíamos considerado delitos luego salen de algunos plexos normativos y se impiden la persecución de esas prácticas. Entonces, esa tolerancia o intolerancia respecto de la criminalidad económica, sobre todo, está estrechamente vinculada con la disputa política y con la disputa geopolítica en nuestros países. A nosotros nos interesa mirar qué pasa con estos grandes casos.

–¿Qué sectores están investigando?

Seghezzo: –Puntualmente estamos trabajando en tres sectores: energético, agroalimentario y pesquero. Pero en el horizonte seguiremos avanzando sobre otros. En este recorrido nos aparecen una serie de figuras clave para pensar cómo se producen estas prácticas, cuando hablamos de catástrofes ambientales, evasión impositiva de los grandes grupos económicos, subfacturaciones, coimas o prácticas que están al borde de la legalidad: aparecen lo que nosotros llamamos cross informal advisors, que son una suerte de asesores informales con la particularidad de que ponen en relación al sector privado del que forman parte con el sector público. Y esos contactos que tienen o articulan les permiten llevar a cabo esas prácticas que producen grandes daños sociales. Pero además estas figuras clave de este ilegalismo económico organizado permiten una extracción neocolonial de las economías periféricas hacia las economías centrales. En ese juego geopolítico de grandes compañías que extraen plusvalor no solo del trabajo que se desarrolla en los países periféricos, sino también y sobre todo de estos ilegalismos económicos organizados, los cross informal advisors permiten esa articulación porque ponen en relación un saber local, por ejemplo, el conocimiento de los plexos normativos, de las normas del derecho en los países periféricos, de los huecos legales que permitan, legitiman y avalan esa prácticas de extracción de valor hacia las las economías globales.

–¿Ya han detectado algún hallazgo en estas investigaciones que vienen haciendo de estos tres sectores en particular?

Dallorso: –Estamos teniendo hallazgos por ahora preliminares: encontramos prácticas que generan grandes daños sociales, principalmente en estos tres tipos de daño: lo que podríamos llamar al erario público, en el sentido de que se genera evasión impositiva, fuga de capitales o van reduciendo la capacidad recaudatoria del Estado. Una segunda área de daños está vinculada a los daños ambientales: tanto la industria agroalimentaria, el sector energético, sobre todo petrolero, y el sector pesquero hacen un uso abusivo del ambiente, generando daños permanentes y en muchos casos no se pueden retrotraer. Y el tercer tercer tipo de daño que logramos identificar está vinculado con el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que contratan estas empresas. Si bien tienen una cantidad importante de trabajadores con las condiciones laborales en blanco, también hay una serie de subcontrataciones que no están directamente ligadas a la empresa, pero que generan inseguridad laboral en las condiciones de vida de los trabajadores.

AR/DTC

En un operativo de fiscalización en la localidad de Tigre, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) relevó dos torres de lujo, de aproximadamente 30.000 metros cuadrados construidos, que tributaban como terrenos baldíos pese a estar en condiciones de habitabilidad.

Las construcciones corresponden a los edificios Sky One y Sky Two, ubicados en el exclusivo complejo Remeros Beach, un desarrollo inmobiliario de alto valor que cuenta con una laguna artificial de 20.000 metros cuadrados, playas de arena, áreas de esparcimiento y un sector deportivo con canchas de fútbol y tenis.

Cada unidad en estas torres de alta gama cuenta con terrazas con vistas panorámicas, amenities premium como piscinas climatizadas, gimnasio de última generación y salones de usos múltiples. Además, el complejo ofrece seguridad privada las 24 horas y acceso exclusivo a su playa artificial. A pesar de que estos departamentos alcanzan un valor de U$S 4.000 por metro cuadrado, sus propietarios continuaban tributando como si se tratara de terrenos baldíos, evadiendo así el pago del Impuesto Inmobiliario correspondiente.

Cristian Girard, director de ARBA, subrayó la importancia de estas fiscalizaciones: “Cuando la riqueza invertida en este tipo de emprendimientos de gran escala y alto valor económico evade impuestos, agudiza la crisis social, desfinanciando al Estado y afectando así los que menos tienen y peor están. La fiscalización es clave para que cada cual aporte según su real capacidad contributiva y así podamos fortalecer los recursos públicos para mejorar la infraestructura y los servicios en la Provincia”.

Asimismo, el titular de ARBA señaló la responsabilidad de los desarrolladores del proyecto, quienes deben regularizar su situación con el fisco: “Es inaceptable que en un complejo con departamentos de lujo paguen impuestos como si fueran terrenos baldíos. Vamos a seguir profundizando estas fiscalizaciones para evitar estas maniobras y asegurar que los evasores cumplan con sus obligaciones igual que hace el resto de los bonaerenses que están en regla y pagan sus impuestos al día, que son la enorme mayoría”.

Las acciones de fiscalización de ARBA buscan fortalecer la equidad tributaria, garantizando que los sectores de mayor capacidad económica aporten lo que corresponde y evitando que la evasión impacte en el financiamiento de políticas públicas esenciales para la comunidad. 

Desde que comenzó el año, ya se desarrollaron operativos presenciales en zonas residenciales de alto valor en Pinamar, Mar del Plata, Mar de las Pampas, Tigre y San Fernando, reafirmando el compromiso de la Provincia con una recaudación justa y progresiva. En conjunto, durante 2025, ya se regularizaron más de 280 mil metros cuadrados que no tributaban adecuadamente.

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió bajo su propia órbita a su pareja. Cobra desde entonces al menos $7 millones, publicó hoy el diario La Nación.

La investigación periodística la realiza el periodista Hugo Alconada Mon y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y da cuenta de que Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

Según el diario, la designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre, y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

El mes pasado Vázquez fue denunciado en la Justicia a raíz de la investigación periodística, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.

JJD

Elisa Carrió cuestionó con dureza este miércoles al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, de quien dijo que es “mafia pura” y dijo que su “padrino político”, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, Javier Milei, que no tiene cargo formal en el Gobierno, al que le factura como monotributista, “está fascinado con esos vínculos y con la fama”.

“[Vázquez] es quien hizo todas las operaciones sucias para Clarín y además estaba en la zona sur, donde puso sus empresas el propio Lazaro Báez. Yo no sé si está vinculado con [el exjefe del Ejército del kirchnerismo, César] Milani, el servicio de inteligencia. Es un hombre de lo más pesado, es mafia pura”, dijo la líder de la Coalición Cívica.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició el lunes un expediente contra Vázquez, quien en carácter de jefe de la DGI debe controlar la evasión impositiva y, sin embargo, compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

En declaraciones al programa de la periodista María O'Donnell, en la FM Urbana Play, la exdiputada nacional también cuestionó con dureza a Santiago Caputo, a quien se le atribuye la designación de Vázquez en la DGI, que es una de las direcciones estratégicas de la ex-AFIP, que Milei rebautizó como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo también, ¿no? Pero es un hombre para operaciones sucias, para persecución de periodistas, de políticos. Lo sobreseyó [el juez Ariel] Lijo, que no tendría que ser nunca juez de la Corte”, afirmó Carrió.

Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo y es un hombre para operaciones sucias y persecución de periodistas y políticos

Elisa Carrió — líder de la Coalición Cívica

La referente opositora señaló que “en el Sheraton Pilar se reunían Lijo, algunas de estas personas, el conocido dueño del Banco Macro, Jorge Brito (en alusión al padre del actual banquero, fallecido hace cuatro años en un accidente aéreo), y se reían de las causas que tenía Lijo”, dando a entender que se trataba de expedientes sobre casos de corrupción que quedarían en la nada.

“Santiago Caputo se está vinculando con el sector del poder más mafioso de la Argentina. Eso pone en riesgo a la Aduana y pone en riesgo a la DGI. Es como decirle a la gente de la AFIP: 'Miren, ahora están para los negocios'”, aseveró Carrió.

En tal sentido, dijo que “puede haber un pacto de impunidad” y al respecto sostuvo que “ya está negociando Wado de Pedro y este chico, que es muy joven”, en alusión a Santiago Caputo, quien “está fascinado con esos vínculos (en alusión a los sectores mafiosos que mencionó) y con la fama”. “No sé si [Santiago Caputo] es corrupto pero ya está en vías de una nueva matriz de corrupción”, sostuvo Carrió y vaticinó que, como consecuencia de esos vínculos, al mano derecha de Milei “se lo van a llevar puesto”.

Señaló también que “lo increíble de todo esto es que no es responsable porque tiene un contrato de servicios con el Estado”, lo cual “es una irregularidad que estaría casi vinculada a un gobernante de hecho, que es lo que prohíbe el artículo 36” de la Constitución nacional. Dicho artículo establece sanciones para quienes “usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias” y que “responderán civil y penalmente de sus actos”.

En referencia a Vázquez y a funcionarios a quienes calificó de corruptos, Carrió dijo que “este grupo de gente no tiene dueño” y que “es la verdadera mafia de la Argentina”. “Son las segundas y terceras líneas [de los organismos públicos, como la ARCA]. Las mafias no se han ido [del Estado]. Las han corrido en determinadas etapas. Por ejemplo, Alberto Abad (exjefe de la AFIP de Mauricio Macri y, anteriormente, de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo echó para poner en su lugar a Ricardo Echegaray), las corrió a esas mafias. Pero después vuelven”, dijo Carrió.

También denunció un vaciamiento de parte del gobierno de Milei de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero y anticipó que su espacio va a denunciar estas maniobras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental que establece normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Atribuyó esas presiones sobre la UIF al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al tiempo que lo desligó a Sebastián Amerio, viceministro de esa cartera ministerial, a quien definió como “una persona decente”, que “en todo caso recibe órdenes” y que “no estaría nunca de acuerdo con la designación de Lijo” como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

JJD

En 2019, cuando ya era famoso panelista de televisión, Javier Milei llamó “héroes” a los evasores. En abril pasado, en el hotel Llao Llao de Bariloche, ante los principales empresarios del país, usó el mismo calificativo para quienes fugaban su plata de la Argentina. Antes y después de asumir la presidencia ha dicho que los impuestos son un “robo”, pero ahora los cobra y los necesita para su déficit fiscal cero. Sin embargo, ha adoptado en estos diez meses de gobierno una batería de medidas que expertos tributarios consideran un incentivo para los evasores, sus héroes.

La disolución y ajuste de personal en la AFIP

Que esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos haya adoptado el nombre de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone el énfasis en “recaudar”, pero no en la función de “fiscalizar”, advierte el contador Ricardo Koss, exfuncionario de la Dirección General Impositiva (DGI).

Pero no se trata sólo de una cuestión nominal. También hay polémica por el despido de 3.100 agentes que, según el gobierno de Milei, entraron en la administración anterior, pese a que la planta en realidad subió de 21.934 en 2019 a 22.114 en 2023, es decir, en 180 empleados, un 0,8%. Eso sí, en 2022 había bajado a 20.858, con lo cual entraron 1.256, un 6%, el último año del gobierno anterior, es decir, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y Carlos Castagneto, jefe de AFIP.

Más allá de la polémica sobre 2023, lo que preocupa a Koss o al economista experto en asuntos impositivos Juan Valerdi, profesor de la Universidad de La Plata, es que disminuya la planta de inspectores. Eva Sacco, directora del programa de justicia fiscal de la Fundación SES, advierte que el gasto promedio de la AFIP en relación al PBI, del 0,25%, era similar al de Portugal, pero el personal dedicado a los grandes contribuyentes era sólo el 3% del total, frente al 4% en EE UU y Chile, el 5% en Uruguay o el 13% en Países Bajos. “Despedir una gran cantidad de personal con experiencia no solo desmantela las capacidades recaudatorias sino que los libera para poner esas capacidades en manos de los grandes estudios contables y de abogados que trabajan con las grandes empresas y patrimonios”, comenta Sacco. “Aunque puede resultar un discurso tentador, reducir hasta en 3.000 trabajadores va a derivar en una mayor injusticia fiscal. Para sostener la misma recaudación con menos capacidades técnicas es necesario incrementar la presión sobre los sectores de menores ingresos. Estos sectores cuentan con menos poder de presión y acceso a especialistas y facilitadores”, agrega la economista.

La rebaja salarial de los inspectores

En la AFIP los empleados cobraban un fuerte plus por lo que recaudaban. Ya no lo harán. Los sindicatos de la DGI y la Aduana reconocen que los trabajadores del primer organismo cobraban de $2,2 millones a 3,9 millones y los del segundo, de 1,1 millones a 3,6 millones y sólo 17 altos cargos jerárquicos puestos por los gobiernos de turno se llevaban entre $17 millones y 30 millones, y ahora cobrarán como máximo 5 millones, como un ministro.

El economista Valerdi advierte sobre la rebaja salarial: considera que puede llevar a la inacción de los inspectores en las pujas contra grandes contribuyentes, batallas que demandan más esfuerzo y traen dolores de cabeza, y a concentrarse en los pequeños, o incluso podría haber incentivos a corromperse por parte de los evasores. “Puede volver la DGI corrupta que había hasta los años 80, antes de la profesionalización de los 90. Y ni hablar de la Aduana, que hasta ahora ha estado bajo sospecha”, alerta el profesor de La Plata. No es gratis enfrentarse a los poderosos: cuando en 2017 el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, avanzó contra Mercado Libre por presunta evasión porque supuestamente estaba mal encuadrada en el régimen de incentivo del software, el presidente Mauricio Macri lo removió y puso en su lugar a Leandro Cuccioli, que en julio pasado, cinco años después de dejar el cargo, asumió como vicepresidente de la empresa de Marcos Galperin en México.

El blanqueo de capitales

Koss, Valerdi, Sacco y Alejandro Gaggero, investigador de la Universidad de San Martín e integrante del programa de justicia fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), coinciden en señalar que el perdón de los impuestos sin pena alguna que promovió el Gobierno y que aprobó el Congreso, con apoyo de la oposición dialoguista, constituye un premio a los evasores y sin ningún beneficio a los cumplidores, a diferencia de lo ocurrido en la amnistía tributaria de 2016/2017. Gaggero además señala que es el octavo blanqueo desde el regreso de la democracia y ningún otro país hizo tantos en estos 41 años. Recuerda que en general se recomienda que estos perdones sean excepcionales y sean acompañados por un mejoramiento del control para evitar la evasión a futuro. Tantos blanqueos llevan a pensar a los evasores que siempre habrá otra oportunidad de registrarse más adelante. Gaggero agrega que este sinceramiento ofrece además condiciones “excepcionalmente” favorables, porque permite blanquear sin pagar nada, a diferencia de los del pasado.

El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)

El RIGI, que también impulsó el Ejecutivo y recibió el respaldo de la oposición dialoguista, elimina los requisitos de presentación de documentación de precios de transferencia, que son los de las exportaciones e importaciones. Si bien las empresas deberán presentarlos en caso de inspección, su falta de información rutinaria torna más difícil el análisis de riesgo, según una especialista en tributación internacional que prefiere el anonimato. Además, advierte que las compañías tampoco deberán presentar las declaraciones juradas de ventas de exportaciones (DJVE) y no serán objeto sus importaciones ni exportaciones de precios de referencia para establecer valor.

La subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones son clásicos métodos de evasión tributaria en el mundo. Se factura de menos el envío al exterior, para encubrir ganancias y pagar menos impuesto, al tiempo que se cobra lo restante en algún paraíso fiscal. A su vez, se sobrefactura la compra desde el extranjero, para inflar los gastos, acotar los beneficios y tributar menos, mientras que ese dinero de más se gira a una cuenta en una guarida fiscal del mismo grupo empresario y desde allí recién se transfiere lo correspondiente a la adquisición.

También estas operaciones de comercio exterior fraudulentes se hacen entre filiales del mismo conglomerado en distintos países. Por último, el RIGI permite que, en relación con el impuesto a las ganancias, los quebrantos podrán ser deducidos de beneficios futuros sin limitación en el tiempo, y podrán ser transferidos a terceros, lo que podría alentar a la declaración de falsas pérdidas de manera continua.

Eliminación de valores de referencia de las exportaciones

Lo resolvió esta semana la Aduana, antes de que el abogado Eduardo Mallea deje su jefatura en manos de José Velis, y fue festejado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la red social X: “Damos por finalizado el uso de los valores de referencia para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción.

Su eliminación, a su vez, mejora el precio de venta al exterior de nuestras exportaciones. Hasta esta resolución ciertos sectores debían aportar una garantía para cubrir la diferencia entre el valor de exportación declarado y el de un precio de referencia (mayor) que definía la AFIP. Esa garantía implicaba un costo que reducía el precio neto de exportación.

Además de esta pérdida de rentabilidad, la operación implicaba engorrosos trámites, tanto para el contribuyente como para la Aduana. Ni que hablar de las posibilidades de corrupción que se generaban en la determinación del precio y en el proceso de devolución de la garantía. A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público“. No obstante, la experta en tributación internacional señala que el valor de referencia eliminado servía como un ”determinante de riesgo“ de evasión que ahora será eliminado. Señala que países desarrollados los requieren para evitar precisamente la subfacturación de exportaciones. De todos modos, admite que la DGI sigue contando internamente con precios de referencia para determinar si se ha facturado de menos, con lo que si quiere, puede continuar controlando.

AR

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó la existencia de casi 600.000 metros cuadrados de construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco en campos de la provincia de Buenos Aires. Las irregularidades fueron detectadas en partidas rurales de alta valuación y representan una importante evasión en el Impuesto Inmobiliario.

La fiscalización se desarrolló utilizando la nueva tecnología de precisión que ARBA incorporó en su cartografía catastral, dijeron desde la agencia. “Con imágenes de alta resolución espacial fue posible encontrar, dentro de ese conjunto de edificaciones sin declarar, 700 silos que poseen una capacidad de acopio superior a las 490.000 toneladas de maíz”, agregaron.

Además, los equipos de fiscalización detectaron 35 criaderos de aves de corral, cámaras frigoríficas, tanques de aceite, pavimentos y otras mejoras que los propietarios de los campos nunca habían informado.

Cristian Girard, director de ARBA, dijo al respecto: “Las mejoras que sumamos en materia de tecnología satelital, el uso de drones y la capacitación de agentes del organismo nos permitieron obtener imágenes de mayor resolución y trabajarlas con eficiencia, optimizando la labor de control”.

“De esa forma, pudimos reorientar la fiscalización catastral, abarcando no solo los centros urbanos, sino también ahora el sector rural. En este caso, las acciones se enfocaron específicamente en distritos de la zona núcleo. Pero de manera paulatina se extenderán a otros partidos” , agregó.

En su primera etapa, el operativo incluyó campos de Baradero, Carmen de Areco, Colón, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, Junín, Leandro N. Alem, Saladillo, Suipacha y Tres Lomas.

Tanto las construcciones como los silos, criaderos, cámaras frigoríficas, tanques de aceite, etc., son mejoras que incrementan la valuación fiscal de las partidas rurales. Por eso, al no declararlas se está evadiendo una parte del Impuesto Inmobiliario Rural, generando además una situación de inequidad respecto de quienes sí cumplen con sus obligaciones y pagan en función de su real capacidad contributiva.

En ese sentido, Girard destacó: “Las construcciones y mejoras no registradas que pudimos detectar representan una evasión de impacto significativo en el Impuesto Inmobiliario”, y aseguró: “Al intensificar la fiscalización con más tecnología y controles presenciales en la zona núcleo buscamos combatir la evasión en sectores de alta capacidad contributiva”.

“Detectar y corregir estas irregularidades nos permite seguir profundizando nuestro trabajo para promover mayor equidad tributaria y seguir fortaleciendo la recaudación provincial de manera más justa. Estos recursos que recuperamos de la evasión son indispensables para el gobierno y el pueblo de la Provincia”, enfatizó.

Las acciones de la Agencia de Recaudación para detectar mejoras sin declarar en campos de la zona núcleo continuarán en los próximos meses hasta cubrir todos los partidos que la integran. Esta fiscalización incluye, de forma integrada, la participación de agentes de campo y la utilización de sistemas que aportan imágenes de alta resolución, incluyendo drones y tecnología satelital, lo que permite trabajar con precisión en lugares de difícil acceso.

Con las innovaciones que incorporó a su “Mosaico de Imágenes Satelitales de Alta Resolución”, ARBA tiene la capacidad de fiscalizar la totalidad de las partidas urbanas y rurales del territorio bonaerense en solo 3 años, a partir de la optimización de su cartografía catastral.

La zona núcleo es una región agrícola alta valuación, y se destaca por el cultivo de soja, maíz, girasol y trigo. Abarca en nuestro país, además de una parte de la provincia de Buenos Aires, áreas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

MM

La semana del mayor desafío callejero que enfrentó hasta ahora Javier Milei fue también la que eligió el Congreso para empujar el manoseado proyecto de ley ómnibus, que el oficialismo promociona como el trampolín para el despegue “en V” de una economía real por ahora en caída libre. Se supone que la reforma laboral, los cambios a la Ley de Hidrocarburos y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsarán ese salto, pero lo que no termina de quedar claro es el sujeto social de la revolución inversora libertaria. Si los que fugan divisas son héroes, como dijo Milei en el Foro Llao Llao, si el tipo de cambio se va a seguir atrasando hasta fin de año, el cepo no se afloja y el ajuste ahoga la demanda ¿quién enterrará en Argentina un dólar para producir algo?

Es lo que pregunta insistentemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que entrevé en el blanqueo de capitales que debatirá la semana próxima Diputados una invitación al ingreso masivo de dinero del narcotráfico. El aval de esa agencia global antilavado del G7 es clave para que fondos de inversión supervisados por las comisiones de valores europea y estadounidense compren activos argentinos. Justo está terminando de estudiar si devuelve al país a la “lista gris” de países riesgosos donde cayó entre 2010 y 2014. 

Los sabuesos del GAFI desembarcaron un mes atrás en Buenos Aires para la fase final de evaluación y auscultaron a jueces, fiscales, legisladores y reguladores. A todos les dijeron que preferían que no hubiera otro blanqueo pero que entendían que todos los gobiernos desde 1983 arrancaron con uno. Veteranos lobos de Wall Street, Luis Caputo y Santiago Bausili les prometieron controles implacables. Lo que no ayudó es que Milei haya dicho en una entrevista justo por esos días que le importaba “un rábano” de dónde provenga el dinero que vaya a blanquearse. 

Lo más bochornoso, sin embargo, fue el escándalo que protagonizó Silvina Rivarola, nombrada directora del Central junto con Bausili, en plena reunión con los enviados del GAFI en el Palacio San Martín. Cuando advirtió que también estaba la jueza en lo Penal Económico Karina Perilli, que había ido a explicar detalles del juicio al ‘clan Loza’, se acercó a increparla. “¡Vos nos arruinaste la vida! ¡Le rompiste la carrera a mi marido!”, le espetó. 

El marido de Rivarola es el exfiscal José Carlos Barbaccia, condenado en 2019 a dos años de prisión en suspenso y a cuatro de inhabilitación especial por haber encubierto el atentado a la AMIA junto al exjuez Juan José Galeano y al abogado Carlos Telleldín, entre otros. Perilli firmó aquel fallo como parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, que también condenó a cuatro años y medio de prisión al extitular de la SIDE en el momento del atentado, Hugo Anzorreguy, casado a su vez con Margarita Moliné O´Connor, prima de Rivarola.

El entredicho no solo dejó al descubierto una desinteligencia entre poderes que podría ser aprovechada por narcotraficantes para esquivar los controles antilavado del Estado. También exhibió el vínculo de una directora del Central con el peor atentado terrorista de la historia argentina, algo que ya había llamado la atención cuando Milei y Caputo la designaron. Combatir el financiamiento al terrorismo es el otro objetivo del GAFI. 

De la letra del proyecto, puntualmente, lo que objeta el GAFI es el artículo 41 inciso b). A diferencia de los blanqueos anteriores, habilita a exteriorizar dinero a los cueveros del mercado blue. Si bien era difícil probar que los fondos provinieran de ahí, siempre estuvieron explícitamente excluidos. 

Quién entra y quién no

Relajar controles para aceitar la actividad económica es siempre una tentación, pero conlleva sus riesgos. Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) habilitadas durante el macrismo, que proliferaron hasta convertirse en el 10% de las empresas activas en el país en solo seis años, se convirtieron por ejemplo “en uno de los vehículos legales predilectos entre la criminalidad económica” según un informe publicado este año por la Fundación Friedrich Ebert. El trabajo revela que en el 99% de los casos en los cuales la Inspección General de Justicia (IGJ) fue a visitar la sede social de una SAS denunciada por irregularidades, se encontró que la empresa investigada no tenía allí su domicilio y que ni el encargado de la propiedad ni sus vecinos conocían a la persona jurídica ni a sus integrantes. 

Si Milei hubiera cumplido su promesa de campaña de dolarizar la economía, el riesgo de una amonestación del GAFI habría sido aún mayor. La experiencia de Ecuador es lapidaria: al no tener que pasar por el sucre, los cárteles narcos hicieron base ahí para negocios que migraron de Colombia y Bolivia. Terminaron por poner en jaque al gobierno de Daniel Noboa. 

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es otro foco de conflicto interno. Milei casi no conoce el alcance de las cuantiosas facilidades que ofrece a grandes proyectos de inversión, como la estabilidad fiscal de largo plazo y las desgravaciones de IVA, retenciones, aranceles y Ganancias. Delegó su redacción original en el eyectado Guillermo Ferraro, que lo conversó a su vez con abogados de los estudios Marval O’Farrell y Mairal y Lisicki, Litvin y Asociados, que asesoran a empresas que podrían aprovecharlo. El texto –tal como descubrió Pablo Ibáñez– fue luego modificado por Kusa Liban Ángel, uno de los socios del estudio de abogados fundado por el jefe de la UIA, Daniel Funes de Rioja.  

La autoridad de aplicación del RIGI era el Ministerio de Infraestructura, que tras el despido de Ferraro quedó bajo la órbita de Caputo. Pero Nicolás Posse pidió intervenir y será quien decida quién entra y quién no. El jefe de Gabinete se prepara para que el país le conozca la voz –algo que preferiría que no ocurriera– cuando conteste preguntas del Senado el 15 de mayo. Tarde pero seguro: la Constitución lo obligaba a hacerlo antes de marzo. 

Bausili también pataleó por el RIGI. Reclamó que sea gradual la liberación del cepo cambiario para las empresas que adhieran al régimen, a las cuales se permitirá disponer de los dólares que generen para el pago de dividendos, ganancias y deudas con el exterior. “Nosotros en la programación cambiaria contábamos con los dólares de la minería para los dos primeros años. No podemos prescindir de eso”, aclaró.

Es todo un dilema para el dúo que flanqueó a Milei en la cadena nacional del lunes por la noche, escenificada al estilo de las proclamas de viejos gobiernos de facto. Tanto Caputo como Bausili habrían querido conseguir los U$S15.000 millones que les negó el FMI para liberar el cepo, pero ambos saben que sin ellos es ilevantable. Tampoco saben si China va a renovar el swap, tal como se advierte en esta columna desde diciembre. Eso podría restar otros U$S5.000 millones a las reservas. Difícilmente ayude la foto que se sacó el viernes el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, José Luis Espert, con la directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Buenos Aires, Florencia Miao-hung Hsie. 

Depresión, mulas y Moreno

No es que Sergio Massa habría hecho las cosas muy distinto en materia tributaria y cambiaria. Lo admitió abiertamente ante operadores de fondos de Wall Street que lo visitaron en sus oficinas de Avenida del Libertador el mes pasado: “Hay muchas medidas que yo comparto, que hacían falta, pero cuando queremos dialogar sobre los proyectos que presenta el Gobierno nos hostilizan y nos insultan”, les dijo. 

El problema para el despegue de las inversiones es que la demanda sigue catatónica. ¿Por qué invertiría un industrial, por ejemplo, si el uso de la capacidad instalada está en su piso desde 2001, con la sola excepción de la pandemia? ¿Qué señal de precios alcanza para despertar los animal spirits del emprendedor cuando las ventas de algo tan esencial como los lácteos se desploma un 20% promedio? ¿Quién compraría máquinas para abastecer de algo al exterior si una lata de atún vale la mitad en dólares en Manhattan que en La Matanza?

El atraso cambiario que gritan esas latas se verifica también en las caras de horror que ponen los turistas europeos al pagar más de 150 dólares el cubierto en parrillas como Don Julio (con buen vino, eso sí) o en el el auge de Grabr, una aplicación que permite contratar a cualquiera que llegue al país como una especie de “mula legal”. ¿Cómo funciona? El usuario publica el link de un producto que quiere comprar en el exterior y los viajeros pueden ofrecerse a traerlo a cambio de una comisión. Si el fee no es abusivo, conviene usarla hasta para las compras del súper.

Caputo lo sabe: aprovechó en Washington para comprar zapatillas. También sabe que los piropos del lunes de Milei no le garantizan la supervivencia. Sus detractores internos cuchichean cada vez más sobre cómo se cocina el superávit fiscal que promociona a los cuatro vientos y seduce a sus excolegas de Wall Street. “Las dudas que expresan tipos como Cavallo o Broda le entran a Milei. Puede bardear a Melconian pero le entran. Acá hay licuadora y hay motosierra pero también hay freezer. Y poner la pata arriba de la caja no dura para siempre. Explota con temas como la deuda con CAMMESA y la negativa de las generadoras a financiarla gratis”, comentó con elDiarioAR uno de esos críticos. 

Ocurre de modo más palpable con los ferrocarriles, que sacan de circulación cada vez más formaciones por falta de combustibles. Y con los contratos que empiezan a caerse por falta de pago y a disparar juicios contra el Estado. El no pago termina generando más gasto futuro, porque los expedientes litigiosos insumirán dinero en abogados, intereses y actualizaciones. Pero la planilla da bien, como los índices de inflación de la época de Guillermo Moreno. “Parece que no solo le copió el estilo de apretar a las prepagas por los medios”, ironizó la misma fuente que advierte sobre los pagos en el freezer.

AB/DTC

Para los diputados quizá fue novedad trabajar en verano, pero al jefe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, le es costumbre. Como en otras temporadas estivales, salió a detectar torres declaradas como baldíos en Mar del Plata y Pinamar y oficinas registradas del mismo modo en Nordelta o a embargar yates deudores de impuestos en el Delta del Paraná. A este economista de confianza del gobernador Axel Kicillof le preocupa recaudar, sobre todo en tiempos en que el presidente Javier Milei arrancó podando fondos a las provincias y ahora arremete con más fuerza para vengarse de la falta de apoyo a su ley Bases para la Libertad.

-Mientras Milei quería bajar el impuesto a los ricos en la ley Bases, usted refuerza estos operativos contra grandes patrimonios...

-Es una continuidad de esta política del gobierno de Axel en relación a al tipo de estructura tributaria que buscamos para la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es al mismo tiempo el tipo de Estado que queremos. No es solo una cuestión de qué política despliega el Estado Provincial, sino también cómo lo financia. Siempre decimos no podés tener buenas políticas de impacto redistributivo si no las financiás de manera progresiva.Cobrándole impuestos a los sectores que tienen capacidad contributiva, vas a cerrar la distancia que hay entre el que más tiene y el que menos tiene. O sea, reducís la desigualdad. Y yo creo que ese es un resultado virtuoso de un Estado presente. Con todas estas escuelas, estas rutas, estos hospitales, estos centros de atención primaria de la salud, esta red de asistencia a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el año pasado Axel fue a pedir el voto a los bonaerenses para ratificar el mandato. Ganó la elección con 45%, pero también en cuatro años dimos discusiones sobre cómo financiar esas políticas. Desde el primer momento dimos una discusión fuerte por el aumento del impuesto inmobiliario, sobre todo enfocado en el rural en 2019. Además fortalecimos la recaudación a partir de mayores capacidades tecnológicas y mayor capacidad de control para enfocarnos en donde hay capacidad contributiva y se evade. Al mismo tiempo trabajamos todo el equipo económico en leyes más progresivas. Hicimos una reforma en Ingresos Brutos, le bajamos la carga a los pequeños y medianos comercios, a los profesionales independientes. En los impuestos patrimoniales tenemos estructuras más progresivas. Lo que estamos viendo ahora en este verano es la intensificación de los controles, pero en continuidad con lo que hicimos, por ejemplo, en embarcaciones deportivas. ¿Qué es lo que hicimos por primera vez en la historia? ARBA, que tiene la competencia por el Código Fiscal y el año pasado la reglamentamos, está en condiciones de secuestrar yates o embarcaciones deportivas que tengan deudas por el 30% de las cuotas impagas, por lo menos a partir de determinada valuación fiscal. Entonces detectamos que que hay capacidad contributiva, o sea, gente que tiene US$500.000, 300.000, 600.000 flotando en el agua y no paga el impuesto. Y tiene todas las facilidades para cumplir porque hay planes de pago. Podría haber accedido a beneficios por pagar en tiempo y forma. Tenía todas las condiciones para que cumplir fuera sencillo y eligieron no pagar, teniendo la capacidad económica para hacerlo. El año pasado hicimos una serie de operativos en los amarraderos para mostrar que estábamos controlando. Logramos que se den de alta 600 embarcaciones, el 60% más o menos de lo que habíamos detectado se dio de alta. Y este año dijimos “ahora a los que no pagan, les vamos a secuestrar la embarcación”. ¿Qué es? La retenemos con una faja por 24 horas y le damos la posibilidad de que si cancela la deuda total o el 50% y se compromete a pagar el 50% restante dentro de los diez días, liberamos la embarcación. Y si no, notificamos al juez y a Prefectura Naval para que le impidan la navegación. O sea, queda secuestrada, retenida en el amarradero hasta que pague. ¿Qué es lo que encontramos? Que pagan todos los propietarios en estos operativos. Entonces la capacidad económica está. Además, son bienes de lujo. Los comerciantes tienen que pagar los impuestos, o el que tiene un Renault Logan, o un Volkswagen Up, o un departamento de dos ambientes, o un monoambiente o una casa en el conurbano, pero gente que tiene US$500.000 flotando en el agua para salir a navegar no cumple... ¿Buscamos contrastar con el gobierno de Milei? Lo que contrasta con nosotros es el Gobierno de Milei. Esto es lo que nosotros veníamos haciendo, no es que lo empezamos a hacer ahora. Creo que lo interesante es que además lo hacemos, no es discursivo.

-¿Y cómo son recibidos los inspectores, sobre todo en estos tiempos de discurso antiimpuestos, más allá de que Milei arrancó su gobierno contradiciéndose y subiéndolos?

-Por el momento no tuvimos ningún conflicto. En el operativo catastral de barrios cerrados tuvimos una anécdota en Mar de Plata. Estaban los equipos de ARBA para ingresar al barrio y la administración no nos dejaba pasar. Los de seguridad diciendo que la administración tiene que autorizar. Y vino un grupo de vecinos que están interesados en que se regularice la situación del barrio para poder subdividir las partidas y escriturar, que es lo que venimos trabajando hace años, y dijo: “Miren, si no los dejan entrar, nosotros los hacemos entrar como invitados. Entonces es cierto que hay un clima, un discurso anti Estado, antiimpuestos, un gobierno que se desdice con la práctica, contradictorio con lo que dijo que iba a hacer, pero a pesar de ese clima de época, también hay una parte de la sociedad que está de acuerdo con que existan las políticas públicas que despliega el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que esos recursos se consigan de manera progresiva.

-¿Está afectándose la recaudación por la fuerte caída económica que se vio ya en enero?

-Todavía nosotros no lo estamos viendo, no hubo vencimientos de patrimoniales, con lo cual no podemos evaluar cobrabilidad, que es uno de los indicadores. Uno supone que si viene muy mal la economía y está cayendo la actividad y el salario real, caería la cobrabilidad. En lo que es Ingresos Brutos, en enero tenemos un registro todavía en terreno positivo, de aumento de la recaudación en términos reales, pero enero incluye parte de diciembre, porque se paga al vencimiento de la declaración jurada, que es a mediados del mes siguiente. Es decir, vos pagás diciembre, presentás la declaración jurada a mediados de enero y pagás el saldo en enero. O sea que una parte de la recaudación de enero es de diciembre. Pero uno mira los indicadores de ventas. Por ejemplo, los que publicó CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), pero también nosotros internamente, comentó Axel la información a través de Cuenta DNI de la cantidad de transacciones que se llevan a cabo por medio de la aplicación. Estamos hablando de una caída entre 25 y 30% de las ventas y eso obviamente que va a repercutir en Ingresos Brutos, que es un impuesto que depende del nivel de actividad, pero también repercute en IVA. A nivel nacional, IVA DGI (Dirección General Impositiva), que es mercado interno, presentó una caída fuerte en términos reales y eso es una señal de que se está desplomando el consumo, lo cual es razonable si vos tuviste 25% de inflación en diciembre, vas a tener otro 20 aproximadamente en enero y no tuviste recomposición salarial en el medio. Entonces el salario, si vos mirás empleo formal, tiene una caída de 15 puntos en diciembre. Y si le sumás enero, vas a andar cerca del 20. Es una caída más o menos equivalente a la que hubo en los cuatro años de Macri, sobre todo en sus últimos dos años. Pero ahora en dos meses. Es una locura. Eso es un desplome del consumo que por supuesto se va a traducir en una caída de la actividad en general y eso va a afectar negativamente la recaudación.

-¿A dónde apuntan a recaudar este año?

-Estamos poniendo el ojo en los sectores que se están viendo beneficiados por la transferencia de ingresos que está llevando a cabo el Gobierno de Milei. Estamos hablando de toda empresa que tenía un precio regulado o un mercado regulado y ahora deja de estar regulado, porque obviamente si vos tenés mercados concentrados, donde hay pocos oferentes y levantás una regulación, lo que va a pasar no es que aumenta la libre competencia y bajan los precios, sino que tienen mayor capacidad para concertar los productores y los oferentes en el mercado y eso se va a traducir en precios más altos. Y eso en un contexto de caída de los costos salariales, se traduce en un aumento del excedente. O sea que ahí va a haber rentabilidad, más de la que había. Después podemos discutir si es normal, si es extraordinaria o es baja, pero por lo pronto va a haber un aumento de la rentabilidad mientras caen los salarios, las jubilaciones, las transferencias sociales. Entonces dinámicamente son ganadores, aunque la rentabilidad pueda ser baja. Así que ahí tenemos que poner un ojo en reforzar los controles y tratar de generar recursos para financiar las políticas provinciales. Los otros grandes beneficiarios de esta política son los acreedores externos, los tenedores de deuda que cobran los intereses, los servicios financieros de la deuda. Cuando uno mira lo que están haciendo con el Estado, es aumentar la carga impositiva sobre los sectores populares, sobre la economía en general, y recortar gastos vinculados fundamentalmente con los salarios de empleados públicos porque despidieron gente y porque no aumentan, no mandaron un presupuesto nuevo, con lo cual quedó congelado el de 2023, con una inflación de 210% que hubo en el año. Eso te licúa el presupuesto disponible para todo lo demás que no sea inciso uno, que es el pago de los salarios. Y además pisaron la obra pública y las transferencias a las provincias. Entonces lo que están haciendo es generar un superávit primario y financiero en diciembre y enero. Lo que en definitiva muestra es que están ajustando no a la casta, sino a la gente, a los jubilados, a los perceptores de transferencias sociales, a los trabajadores públicos para pagar los servicios de la deuda. Los acreedores externos están viendo garantizado el pago de los servicios de la deuda y al mismo tiempo están viendo que el Estado está trabajando para recrear las condiciones de acceso al mercado. En definitiva, lo que busca este gobierno bajando el riesgo país es tener acceso de nuevo a los mercados de deuda para seguir el cuento de que cuando vence algún vencimiento de deuda lo refinancian con deuda nueva y lo que buscan es bajar la tasa de interés a la que se financian, que depende del riesgo país. ¿Entonces qué le dicen los mercados? Si vos tenés equilibrio fiscal y me mostrás capacidad de repago, yo te voy a mejorar la calificación de riesgo, te va a bajar el riesgo país y te voy a poder prestar porque no va a ser tan riesgoso para los fondos de inversión comprar tus títulos. Y vas a reabrir los mercados y cuando reabras los mercados el endeudamiento externo no va a ser un problema para vos. Ese es el programa de Milei y está comandado por esos acreedores.

-¿Pero a esos acreedores se les puede cobrar impuestos en la provincia?

-No, pero por eso te digo que creo que el garante de este proceso es el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno de Milei está haciendo un ajuste más duro que el que considera el Fondo Monetario que es necesario. No funciona eso, porque ese tipo de programas lo que hacen es achicar, achicar la economía, reducir el nivel de actividad y para colmo, una de las condiciones que tienen es liberar precios, un dólar alto y esta economía con devaluaciones es inflacionaria. Este gobierno asumió, subió 118% el dólar oficial y probablemente en marzo o abril, cuando venga el momento de la liquidación de la cosecha, esa suba del dólar se habrá licuado por la inflación y va a arrancar otra vez la pulseada para que vuelva a devaluar. Si vuelve a devaluar, va a acelerar una inflación que ya viene acelerándose producto de aquella devaluación. Y eso, además de una recesión, vas a tener una inflación de tres dígitos. Un contexto estanflacionario rompe todos los incentivos económicos. Entonces tampoco generás un excedente de dólares. ¿Por qué? Porque no hay inversión extranjera entrando al país a traer dólares para desarrollar actividad productiva. Entonces no tenés los dólares del superávit externo y para colmo nunca llegás al resultado fiscal que buscás porque se te desploman los ingresos tributarios y en un momento ya no tenés de dónde recaudar. Y por más que recortés el gasto, que ya lo puso en un nivel mínimo, no creo que tenga mucho margen más para seguir bajándolo cuando empiecen a caer los recursos tributarios. ¿Cómo cerrás ese déficit fiscal si no podés hacer más recortes del gasto? Ese es el gran problema de los programas neoliberales.

-¿Están ya sintiendo en que el ajuste de envíos de la Nación a la provincia de Buenos Aires?

-Lo primero y más evidente son las obras que ya están paralizadas. El otro día comentaba Axel que inició una recorrida el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, (Gabriel) Katopodis, por las obras. Eran 600 obras. Muchas de esas obras con un porcentaje de avance cercano al 80, 90%. Es decir, realmente es un sin sentido económico frenar una obra que está a punto de terminarse. Pero lo vimos con Macri, que paró muchísimas obras que estaban en curso durante el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner). Son obras que quedaron ahí muertas y todo lo que se invirtió, todo el esfuerzo de los contribuyentes que financiaron eso, a la basura. Y después las transferencias no automáticas durante enero a todas las provincias se redujeron al mínimo. Y, digámoslo, no son transferencias discrecionales de afinidad política. Hay transferencias que tienen que ver con leyes y acuerdos cerrados entre las provincias y la Nación, que la Nación no está cumpliendo. O sea que ya estamos viendo que la Nación está haciendo el ajuste, haciéndole pagar el costo, no la casta, sino a los jubilados, a los trabajadores públicos, no a los ñoquis, sino a los trabajadores que le ponen el cuerpo a las políticas públicas, a los perceptores de transferencias sociales y a los gobiernos provinciales, que es en definitiva, afectar las condiciones de vida de los argentinos que viven en esa provincia.

-El Gobierno arrancó anunciando ajuste a las provincias, pero ahora que no pudo sacar la ley Bases ni su capítulo fiscal dijo que lo reforzará...

-Lo que está planteando Axel es la necesidad de que Milei revise esa idea de plantear un antagonismo entre Nación y provincia, porque esto no es una disputa política entre Milei y los gobernadores, sino es pegarle al corazón del federalismo, que es, en definitiva, el corazón del funcionamiento de la unidad nacional. Hubiéramos tenido una capacidad de dar un aumento salarial mayor, podríamos haber hecho obras que apagaron.

-¿Qué aumento dio la provincia a los estatales?

-En enero se dio el 15% para cerrar el el año pasado y otro 10% para arrancar el año. Pero es siempre correr de atrás. La capacidad de seguir atendiendo las demandas, si vos no tenés recursos, se empieza a ver limitada. Te pone en tensión financiera.

-En las últimas semanas han aparecido noticias sobre asesinatos en robos en el conurbano y de hospitales desbordados que expulsaban pacientes a la ciudad de Buenos Aires. Son hechos reales, ¿pero están amplificados por ciertos medios o por una crisis social que se ahonda y conduce a mayor delincuencia o a pacientes que se quedan sin obra social o prepaga?

-Es evidente que el tratamiento que se hace de la situación del sistema de salud o de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires no es el mismo que hacen esos mismos medios de comunicación respecto a lo que pasa en CABA. Hay una intención de mostrar más. No estoy diciendo de exagerar lo de la provincia de Buenos Aires, sino de mostrarlo más al tiempo que se muestra menos lo que pasa en otras jurisdicciones. Y eso no es novedoso. Siempre fue así. La verdad es que lo planteó Axel: dijo que Milei venía a privatizar y lo que está haciendo es estatizar, porque la gente que no va a poder pagar la prepaga y va a terminar en el sistema público de salud. Entonces nosotros vamos a tener más gente en los hospitales. Lo mismo va a pasar con la educación, probablemente. Si la gente no tiene ingreso, si desregulás las cuotas de los colegios, ¿qué hace la familia? Mandan a los pibes a la escuela pública. Lo que vas a ver es un congestionamiento. ¿Y eso cómo se resuelve? Tenés que tener más recurso. Eso también va a poner en tensión la idea de Milei de “yo recorto y que se arreglen en las provincias”, porque lo que te pone de relieve es que no es un ataque al gobernador, sino que el problema lo van a pagar los bonaerenses, que se encuentren con que tienen mucha demora en el hospital. Es un combo explosivo no contra el gobernador sino contra la gente. Eso es importante plantearlo después en términos de inseguridad. No soy un especialista, pero la cantidad de delitos graves, homicidios, se redujo en la provincia de Buenos Aires y el resto de la Argentina. Eso no implica que un hecho de inseguridad no sea grave. La provincia invirtió en el sistema penitenciario, hay que trabajar en evitar la reincidencia, lograr la reinserción laboral de aquellas personas que cometen delitos y terminan cumpliendo una condena...

-Los principales gastos de las provincias son educación, salud, caja de jubilaciones y seguridad...

-Sí, es eso. Todo el mundo dice que esto es el segundo tiempo de (Mauricio) Macri, macrismo recargado. Y yo lo que creo es que es la profundización del menemismo. Porque recordemos que la reforma del Estado de los 90 descentralizó funciones del Estado nacional a las provincias: la salud, la educación y la seguridad, sin descentralización de recursos. Eso hizo que las provincias tuvieran que resolver cómo financiar esas nuevas funciones, descentralizaron algunas funciones de los gobiernos provinciales a los municipios y empezaron a buscar formas de recaudar fácil, rápido y lo suficiente como para financiar ese tipo de funciones que antes no tenían. ¿Qué viene a hacer Milei ahora? A terminar de resolver ese problema. Va a buscar forzar violentamente un ajuste a nivel provincial, pero cargándolo sobre la gente. No le importa la gente del hospital público. El que puede pagar paga, el que no se morirá. Es un poco la idea que tienen. Y los gobiernos provinciales hicieron de amortiguador, yo me encargo, busco los recursos, me las rebusco de alguna manera. La provincia de Buenos Aires tiene el agravante de que en el régimen de coparticipación aporta 40% y recibe 20%, tiene un déficit estructural. ¿Entonces ahora qué quiere hacer Milei? Terminar de ahogar a los gobiernos provinciales para que definitivamente se destruya la salud, la educación pública y el costo de eso lo termina pagando la gente. Lo que estamos viendo es esto: por la fuerza antidemocrática, porque no era el programa de gobierno que proponía Milei, que proponía un ajuste que lo pague la casta. Lo que lo que tenemos acá es un neomenemismo con condimentos de macrismo, que también era bastante neomenemista, que se está implementando autoritariamente y antidemocráticamente, antagonizando con los gobernadores. Lo que está haciendo es terminar de hacer la reforma del Estado a costa de las condiciones de vida del pueblo. Está llevando a cabo un programa de ajuste brutal para el que no tiene legitimidad social, para el que no fue votado, y simula en el medio un enfrentamiento con la casta política para pararse como un outsider y un antiestablishment que está en contra de la política. El desafío que tenemos políticamente no pasa tanto por lo superestructural de generar una unidad en el peronismo, eso va a estar relativamente claro y garantizado, el desafío es cómo recomponer el movimiento nacional y popular, es volver a conectar con la gente, cómo hace el peronismo para volver a representar. En la provincia, Axel está impulsando la experiencia de las mesas multisectoriales, empezar a a deliberar un poco más, que en definitiva es la base de la democracia. Me parece que es un proceso que lleva tiempo. La preocupación es que mientras tanto Milei sigue avanzando de manera antidemocrática y autoritaria, como lo está haciendo a pesar de la gesticulación que hace con la disputa con el Congreso.

AR/CRM

El polémico empresario ultraliberal Ricardo Salinas Pliego, tercera fortuna de México, tejió en los últimos años una red de sociedades en España y Luxemburgo para eludir impuestos mediante las denominadas ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros, una herramienta fiscalmente ventajosa para atraer a multinacionales a España.

Salinas Pliego es una de las mayores fortunas de Latinoamérica y la tercera de México, tras Carlos Slim y el empresario minero Germán Larrea. Allí lo acusan de evadir miles de millones de euros, con más de una docena de denuncias por litigios fiscales y un enfrentamiento con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En agosto, la Fiscalía mexicana señaló sin citar a Elektra, una de sus empresas, una compañía que “abusando de su gran estructura corporativa” usó diversas estrategias legales para impugnar y retrasar una sentencia que le obligue a saldar, con ayuda de la Suprema Corte de Justicia mexicana, deudas con el fisco de 40.000 millones de pesos mexicanos, más de 2.000 millones de euros. 

Forbes atribuye a Salinas un patrimonio de 13.200 millones de dólares y lo sitúa como una de las 170 personas más ricas del mundo. Su imperio, Grupo Salinas, con más de 100.000 empleados, abarca la segunda televisión mexicana (TV Azteca, adquirida al Gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1993 a precio de remate), banca (Banco Azteca), comercio minorista (Elektra) o telecomunicaciones. 

En España, donde veraneó en los últimos años, es conocida la presencia del magnate en Agile, tecnológica catalana que cotiza en el mercado de pymes de BME. Entró en 2020 y tiene el 6,89% a través de TV Azteca. Pero su red societaria aquí va mucho más allá, sin aparente actividad empresarial real detrás. 

La apuesta se redobló desde el 28 de julio de 2021, cuando tres sociedades suyas se acogieron al régimen ETVE. Domiciliadas en un edificio de oficinas en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, la que más activos concentra, 221,5 millones, es Carey Propco Investment. Con dos empleados, su activo más importante es una participación en Total Play Telecomunicaciones SAPI de CV, uno de los principales proveedores mexicanos de televisión por suscripción, Internet y fibra óptica. La compró en 2014 y es una de las compañías de su grupo con pleitos millonarios con el fisco de su país. 

Carey Propco, 100% del magnate, también participa en TPE Comunicaciones Colombia SAS. Su propietaria es otra ETVE, Lora Holdco Investments, controlada por una sociedad en Luxemburgo, Nosara SARL. Otras dos ETVE de menor tamaño, Mydas Propco y Laud Propco, canalizan inversiones en las canadienses Apptech Enterprises LTD y Datamine Solutions LTD. 

El régimen ETVE data de 1995 y está reservado a sociedades con su sede en España que mantienen inversiones en el extranjero. Deja exentas las ganancias con origen tanto en dividendos, como en plusvalías generadas por la transmisión de acciones en sociedades extranjeras. Aunque parece haber quedado en desuso en los últimos años, estos vehículos atrajeron a España una inversión extranjera neta de más de 1.000 millones en 2022 y de 510 millones hasta junio de 2023, según la Secretaría de Estado de Comercio, que no contabiliza esta cifra como inversión “productiva”. 

Los ETVE son una figura un tanto opaca y polémica. Se habla mucho del famoso “sandwich holandés” (instrumentales en Holanda controladas desde sociedades en territorios de baja tributación), pero este régimen lo han utilizado durante años multinacionales como Pepsi, Walmart, Pemex o Vodafone para ahorrarse cientos de millones en impuestos en otros países (especialmente latinoamericanos) utilizando como plataforma España. 

Salinas es otro más en esta lista. Todas sus ETVE las administra un directivo de su grupo, Pedro Martín Molina Reyes, su representante en Agile Content. Molina Reyes, con el que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, gestiona sociedades de Elektra creadas recientemente en Luxemburgo y una filial domiciliada desde hace años en Madrid, Grupo Elektra Global SL, que cerró 2022 con activos de más de 55 millones, tras absorber en los últimos años varias firmas en el Gran Ducado. elDiario.es contactó con el Grupo Salinas para conocer el propósito de estas mercantiles, sin obtener respuesta.

El nombre del magnate apareció en la investigación de los Panama papers con varias sociedades en paraísos fiscales. Con una de ellas, radicada en Islas Vírgenes, compró entre otras obras de arte un Goya, Los desastres de la guerra. En 2021, fue señalado por Wall Street Journal como beneficiario de una oscura trama para controlar mediante empresas fantasma Fertinal, una empresa de fertilizantes adquirida con un importante sobreprecio por la estatal Pemex en época del conservador Enrique Peña Nieto (2016).

En México, un país con enormes desigualdades económicas y problemas de seguridad por miedo a los secuestros o las extorsiones, Salinas es famoso por su verborrea en redes y sus recetas ultraliberales, en defensa de la desigualdad y contra la educación pública.

Este lunes, arremetía en su blog contra la “falsa superioridad moral” de la “mal llamada ONG” Oxfam, “que desde el profundo rencor ataca la libertad y la innovación” y le señala en un informe recién presentado en el Foro de Davos (Suiza), ‘El monopolio de la desigualdad’, como uno de los ultrarricos mexicanos que “se beneficiaron directamente tanto de la privatización de empresas estatales en el pasado como de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes públicos en el largo plazo” durante la era del PRI, y gracias a la inexistencia de leyes de redistribución de la riqueza.

Últimamente ha puesto el ojo en el negocio de la enseñanza privada, en el que también incursionaron los Aznar. Acaba de lanzar la Universidad de la Libertad, “enfocada en la innovación y el desarrollo empresarial” y aliada con otro centro privado, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, cercana al ala dura del PP madrileño. Allí fue vicerrector Javier Fernández-Lasquetty y en su campus en Madrid son profesores el economista ultraliberal Juan Rallo o José María Rotellar, asesor económico del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

“Revalorar la riqueza”

En septiembre, durante el discurso inaugural de su nueva universidad, Salinas aseguró que “la desigualdad es una fortaleza”: “Mucha gente piensa que la riqueza es como un cofre que ahí está y que lo tienen unos pocos malos, malvados como yo, guardado… Y claro que están muertos de ganas por venir a robarme el cofre para redistribuirlo, pero no se dan cuenta de que están equivocados”. “La riqueza es el conocimiento, que es el verdadero capital humano… el dinero solo es un medio para alcanzar otras cosas”.

“¿Por qué hay pobres? Porque no tienen los conocimientos para generar riqueza, y la riqueza, señores, es una media de la contribución que tú le haces a la sociedad. Eres rico porque la otra gente te dio su dinero a cambio de algo que tú hiciste por ellos. Tenemos que revalorar la riqueza, el esfuerzo y la empresa”.

Salinas debe buena parte de su fortuna a la herencia familiar. A principios del siglo XX, su bisabuelo creó un lucrativo negocio para fabricar camas de metal aprovechando las varillas desperdiciadas por la fundición Monterrey. Años después su abuelo fundó una tienda de electrodomésticos, Elektra, que fue creciendo hasta que él la heredó a finales de los 80. Formado en las mejores universidades mexicanas y estadounidenses, diversificó el negocio hacia el audiovisual y la banca.

Hoy Elektra es “la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica” y el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en Estados Unidos, según su web, y cuenta con 4.926 puntos de venta en México, 873 en EEUU y 419 en Centroamérica.

En 2022 El Mundo calificaba a su dueño como “el Donald Trump mexicano” tras atracar en Sevilla durante la Semana Santa de aquel año su yate, el Lady Moura, uno de los más caros del mundo, adquirido al magnate saudí Nasser Al-Rashid en 2021 por 125 millones de dólares. A diferencia del expresidente estadounidense, Salinas nunca ha participado activamente en política. Su hija Ninfa Salinas sí fue diputada y senadora del Partido Verde mexicano durante más de una década.

Tampoco se le conocen propiedades inmobiliarias a su nombre en España, al contrario que otros magnates latinoamericanos como el chileno Guillermo Harding, un discreto multimillonario que infló los precios de cientos de fármacos en su país y tiene una vivienda de ultralujo en Madrid.

El conocido como “Tio Richie” tiene otro perfil. Muy activo en X (la antigua Twitter), como en su momento Trump, acusa al Gobierno federal de manejar una campaña de desprestigio en redes sociales contra él en represalia a las noticias negativas de su televisión sobre el Ejecutivo de López Obrador, con quien ha mantenido una relación ambivalente.

En su candidatura a la presidencia en 2006, el Canal 13 de TV Azteca dio al hoy presidente un programa diario de 30 minutos, 'La otra versión'. Tras llegar al Palacio Nacional en 2018, López Obrador incorporó al magnate a un consejo asesor internacional. Pero de un tiempo a esta parte la relación parece haberse roto.

Salinas, que en 2020, en lo peor de la COVID-19, fue noticia por oponerse con rotundidad al cierre de negocios por el confinamiento y obligar a sus trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo, ha asegurado en sus redes que no piensa pagar “ni un rábano” de las multimillonarias sumas que le reclama el fisco de su país. Hace unos días amenazó con demandar por “terrorismo financiero” a quienes cuestionen la solidez de Banco Azteca, del grupo Elektra, y sobre el que se han publicado noticias de una inminente quiebra.

También tiene abierto un contencioso por el impago de un bono de 400 millones de dólares de TV Azteca que puede salpicar de lleno al Gobierno de México. Dos fondos de EEUU (Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management) denunciaron en agosto al Estado mexicano ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), alegando que TV Azteca ha obtenido decisiones judiciales favorables en su país para eludir el pago de esos bonos. Reclaman que el Estado mexicano sea declarado responsable de las deudas del grupo. La máxima de Salinas en la red X es, precisamente, que “el Estado no es la solución, es el problema”.

Shakira ya no vive en España, pero la Fiscalía no la olvida. El Ministerio Público denunció a la artista por fraude fiscal en el año 2018, un caso que se suma al juicio que deberá afrontar la cantante en otoño, acusada de eludir sus obligaciones tributarias entre los años 2012 y 2014. La cantante sostuvo que siempre actuó “conforme a la ley” y lamentó haberse enterado del caso por la prensa.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat tiene abierto un procedimiento derivado de la querella presentada por la Fiscalía contra Shakira por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2018. El caso, avanzado por Vozpopuli, sigue en fase de instrucción.

La Fiscalía también confirmó la apertura del caso, pero por ahora no facilitó más detalles sobre la cuantía presuntamente defraudada a la espera de que el juzgado notifique la querella a la cantante. A diferencia de su primera causa, ahora la investigación no se centraría en una supuesta simulación de residencia en el extranjero pese a vivir en España, pues en 2018 la cantante estaba plenamente instalada en Barcelona.

La cantante, a través de un comunicado, indicó que no recibió notificación alguna de la querella y que se enteró de la misma por los medios de comunicación, lo que, a su juicio, “evidencia la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida”.

La artista aseguró que siempre actuó “conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”, y explicó que se encuentra centrada “en su vida artística en Miami” y que está “tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales”.

Se trata de la segunda causa por delito fiscal que afronta Shakira. La primera está más avanzada y ya tiene fijado juicio para el próximo mes de noviembre. La vista abordará si Shakira defraudó a Hacienda durante los años 2012 y 2014 simulando residir fuera de España para pagar menos impuestos.

Según la Fiscalía, la Abogacía del Estado –que representa a Hacienda– y la Generalitat, la artista eludió el pago del IRPF y el impuesto autonómico de Patrimonio entre 2012 y 2014 pese a saber que estaba obligada a tributar en España al residir más de la mitad del año en nuestro país, donde ya vivía en la casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué a través de una sociedad. El Ministerio Público pide hasta ocho años de cárcel a la cantante.

En 2012, 2013 y 2014, a criterio de la fiscal, Shakira pasó más de 183 días al año en España, lo que la convertía en residente fiscal. Las únicas estancias fuera de España de Shakira durante esos años fueron, en esencia, para ejercer de jurado en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

Al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial” a la Hacienda española, “con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador”, remarca la fiscal Carmen Martín. Pero la cantante tenía otros planes, a criterio del Ministerio Público.

“Con el deseo de no tributar”, expone la fiscal, Shakira “utilizó un entramado societario” en distintos paraísos fiscales para ocultar sus rentas a Hacienda y “dejar de ingresar” un total de 12,3 millones en IRPF y 2,2 millones correspondientes al impuesto de Patrimonio.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conduce Carlos Castagneto, implementó hoy el Programa de Monitoreo Fiscal a través de la Resolución General 5329 para optimizar la capacidad operativa y de control de la evasión tributaria, lo que pretende una gestión más eficiente. “El programa permitirá al fisco controlar en tiempo real las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y responsables, y se complementará con las restantes acciones de investigación y fiscalización que se ejecutan regularmente”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez. El analista aseguró que “uno de los objetivos principales cuando se establece este tipo de controles es que los contribuyentes y responsables adviertan un ambiente de riesgo y de control que los haga cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales”. “El programa se instrumentará a través de una Matriz de Riesgo de Indicadores Fiscales, que determinará un índice aplicable para el control de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y responsables”, agregó Domínguez.

El jueves, este medio contó la intención de la AFIP de implementar una resolución para reforzar el pago de IVA. Es que Castagneto, está preocupado porque observa que ante una inflación que roza el 100% los contribuyentes buscan evitar saltos tan grandes de precios recurriendo a la evasión del 21%: desde grandes grupos que se compensan IVA entre sus filiales mediante gastos apócrifos hasta comercios que ofrecen a sus clientes pagar sin el 21% y hoteles que emiten tickets a sus huéspedes extranjeros en los que se discrimina el impuesto pero al final consta la leyenda “documento no válido como factura”. En 2022, la recaudación de impuestos subió 83,7%, pero la de IVA, 79,2%. La brecha no es grande, pero inquieta la creciente evasión.

En una primera etapa, el programa controlará solamente las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el tributo a las ganancias presentadas por personas jurídicas, es decir, empresas. Tomará en consideración las declaraciones juradas del IVA presentadas en los últimos 12 meses y las de Ganancias de los últimos tres años. Respecto al IVA se analizará la relación entre débitos y créditos fiscales de cada actividad económica, entre otras variables.

Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, indicó que “en cuanto a Ganancias, se relacionará el impuesto determinado y el total de los ingresos declarados de cada período fiscal por actividad económica, entre otras variables”. Según señaló, en el futuro “seguramente se incorporará el análisis de las declaraciones juradas de otros impuestos y se ampliará el control a las personas humanas y sucesiones indivisas”.

“La resolución menciona que este programa mejorará la transparencia en la relación entre la AFIP y los contribuyentes”, señaló el tributarista. Y destacó que es importante señalar que el programa “no cambia la manera en que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales”.

AR, con información información de la agencia Noticias Argentinas (NA).

La Escondida de Palermo es un salón muy usado para las reuniones a puertas cerradas del PRO desde su primer gobierno en la ciudad (2007-2011).Allí se juntaron este lunes 6 de los más encumbrados líderes políticos de Juntos por el Cambio, sin Mauricio Macri, y escucharon por Zoom a los economistas de la alianza: los del PRO, Hernán Lacunza y Milagros Gismondi, asesores del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, y Luciano Laspina, referente de la aspirante Patricia Bullrich; los radicales Eduardo Levy Yeyati y Martín Lousteau, que amenaza con sumarse a la competición por la Casa Rosada si el Jefe Gobierno porteño no le allana el camino a sucederlo; Martín Sturt, de la Coalición Cívica, que ahora postula a Elisa Carrió; y Juan Carlos Sánchez Arnaud, del Encuentro Federal Republicano (ERF), que lidera Miguel Ángel Pichetto.

Tras escucharlos, los dirigentes políticos del PRO -estaban Larreta y Bullrich-, la UCR -se encontraba el presidenciable Gerardo Morales, pero no Facundo Manes-, la CC -sin la presencia de Carrió-, ERF -con Pichetto en primera fila de la foto- y Republicanos Unidos -el partido de Ricardo López Murphy, otro asistente a la reunión- redactaron un comunicado que recalentó la interna entre ellos y la mayoría de sus economistas al alertar sobre la creciente deuda en pesos: “Nos están dejando una situación peor que la del 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino”. La palabra “bomba” cayó mal, salvo en Laspina, que la suele pronunciar en público para recordar que con la deuda en pesos comenzó la hiperinflación de 1989. En posteriores declaraciones radiales, Lacunza rechazó el lenguaje bélico y Yeyati consideró “desafortunada” la expresión, aunque ambos también disienten entre sí. El ex ministro de Hacienda de Macri nunca afirma ni niega que vaya a volver a “reperfilar” (léase, reestructurar, con quita real) los bonos en pesos, como en su gestión en 2019, mientras que Yeyati y Lousteau comparten en privado lo que el ex precandidato a vicepresidente por la UCR en 2015, Lucas Llach, tuiteó: “La deuda en pesos no sólo es pagable sino que hay que pagarla. Bah, renovarla”. Y eso que los radicales ubican ahora a Llach más cerca del PRO, después de su paso por los directorios de los bancos Central y Nación en la era Macri.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, fue encargado por su jefe, Sergio Massa, para responderles por Twitter. Primero diferenció la deuda en pesos, que creció con este gobierno, respecto del pasivo en dólares, moneda que la Argentina no emite y en la que se comprometió en la administración Macri. En la oposición le recordaron a Rubinstein sus tuits de 2021 en los que también criticaba el endeudamiento en pesos de la gestión de Alberto Fernández. Después, el viceministro arrobó a Lacunza, Laspina, López Murphy y Yeyati para preguntarles “cómo una deuda” de corto plazo en peso s“del 8% del PIB, que requiere sólo de 0,2% del PIB de esfuerzo fiscal para no crecer, es catalogada de insustentable”. “Si el problema son los vencimientos 2023, ¿por qué no cambian discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar?”, propuso Rubinstein, pero ninguno de los cuatro le respondió en público.

“¿Y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos, como política de Estado, aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario?”, les insistió Rubinstein, que cuando presentó el presupuesto 2023 con un déficit primario (antes del pago de deuda) del 1,9% del PBI incluyó una separata con eliminación de exenciones tributarias con la que se alcanzaría el equilibrio de las cuentas públicas. Ninguno de los cuatro economistas interpelados por el viceministro le contestó tampoco, pero Lacunza retuiteó a su colega radical Nicolás Gadano: “'¿Y por qué no empiezan por el 2023 con el equilibrio primario? El presupuesto es una autorización máxima a gastar, no te obliga a ejecutarlo completo. Bajen el gasto, eliminen el déficit, dejen de aumentar la deuda. Están en el Gobierno, arranquen ustedes con la política de Estado”.

Pero no todos en la UCR están de acuerdo ni con Gadano ni con Rubinstein: en las filas de Lousteau consideran que bajar el rojo de casi 2 puntos del PBI es necesario, pero insuficiente para solucionar una deuda del 8% y que para ello el camino es que se sienten el Gobierno y la oposición a sembrar confianza de bancos y fondos comunes de inversión en que la deuda no se reperfilará otra vez. “En el mercado le tienen más miedo a Hernán (Lacunza), que ya reperfiló, que a Massa. Preferirían a Massa presidente antes que a Juntos por el Cambio si no fuera por su alianza con Cristina”, se refieren en el radicalismo a la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Por más que desde hace medio año que en las huestes del secretario de Finanzas, Eduardo Setti, se asegura que mantiene contactos con economistas opositores para negociar alguna señal de tranquilidad sobre el futuro pago de los bonos, entre las espadas económicas de la oposición juran que nunca los llamó.

El Ejecutivo perdió la oportunidad de incluir la eliminación de beneficios impositivos en el presupuesto 2023, pero apunta a luchar contra la evasión para reducir más el déficit. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está preparando una resolución para reforzar el pago de IVA. Su jefe, Carlos Castagneto, está preocupado porque observa que ante una inflación que roza el 100% contribuyentes buscan evitar saltos tan grandes de precios recurriendo a la evasión del 21%: desde grandes grupos que se compensan IVA entre sus filiales mediante gastos apócrifos hasta comercios que ofrecen a sus clientes pagar sin el 21% y hoteles que emiten tickets a sus huéspedes extranjeros en los que se discrimina el impuesto pero al final consta la leyenda “documento no válido como factura”. En 2022, la recaudación de impuestos subió 83,7%, pero la de IVA, 79,2%. La brecha no es grande, pero inquieta la creciente evasión.

Castagneto también apunta a otras herramientas para recaudar más. Por un lado, más fiscalizaciones a la exportación de litio, a las que se le quitó el reintegro. Curioso que Morales coincidiera esta semana con la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, y sus colegas de Salta, Gustavo Sáenz, cercano a Massa, y de Catamarca, el peronista Raúl Jalil, en la necesidad de que el Estado se quede con una mayor renta del mineral clave para la transición energética, necesaria ante la crisis climática. Por otra parte, el jefe de AFIP está enviando inspecciones integrales de las direcciones general Impositiva y de la Seguridad Social a las empresas acusadas por la Aduana de subfacturar exportaciones o sobrefacturar importaciones y ha intimado a ciudadanos argentinos con cuentas no declaradas en Europa, a propietarios de construcciones no registradas en barrios cerrados pero detectadas con imágenes satelitales (después irá por los campos) y a 3,7 millones de contribuyentes que no cumplieron con la declaración informativa del impuesto de bienes personales.

La receta para bajar el rojo fiscal de JxC pasa por hachar el gasto y llegar rápido al déficit cero. Por eso en el PRO rechazan la nueva moratoria previsional, atacan a Aerolíneas Argentinas o consideran que la suba de tarifas es demasiado moderada.

La receta para bajar el rojo fiscal de Juntos por el Cambio pasa, en cambio, por hachar el gasto y llegar rápido al déficit cero. “No hay otra, no hay con qué financiarlo”, señalan los problemas de fondearlo con más deuda en pesos o con emisión monetaria. Y en ese sentido sí hay consenso en la alianza opositora. Por eso en el PRO rechazan la nueva moratoria previsional que impulsa el Frente de Todos en el Congreso, por eso atacan a Aerolíneas Argentinas o por eso consideran que la suba actual de tarifas es demasiado moderada y demasiado gradual.

Sí se diferencian de la UCR en que los del partido de Macri, Larreta y Bullrich quieren repetir la salida abrupta del cepo cambiario apenas empiecen un hipotético gobierno, como hicieron en 2015. Y eso que una de las pocas autocríticas del ex presidente en su libro “Primer tiempo” se refirió a esa decisión. Los radicales consideran que primero deben adoptarse ajustes y fijar un plazo para liberar los controles al dólar y sólo después de dos o tres meses liberarlo porque si no, se corre el riesgo de una corrida del peso a la divisa. Por eso desde ya advierten de que alertar sobre una “bomba” de deuda en moneda nacional es una manera de comenzar a alentar esa disparada. También hay divergencias hacia dentro del PRO: si bien ninguno aboga por la dolarización de su rival libertario Javier Milei, Laspina habla de bimonetarismo y, en cambio, Lacunza pregona un plan de estabilización macroeconómica más convencional, menos disruptivo, en coincidencia con sus colegas del radicalismo.

Yeyati impulsa una política fiscal contracíclica que se acerque al equilibrio, un programa monetario que prometa a la sociedad cuánto será la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio y la deuda del Banco Central, un acuerdo de precios y salarios y una recuperación del financiamiento. Para esto último se considera clave una gestión de pasivos, es decir, canjes voluntarios, lo que significa no romper el mercado de deuda en pesos con alertas de bombas ni de reperfilamientos. Tampoco le gusta que el Gobierno actual contraiga deuda de corto plazo atada al dólar, como los bonos duales, o en esa moneda extranjera, como el crédito llamado Repo que negocia con bancos o eventuales préstamos de Brasil y China. Teme que todo eso venza en 2024, para cuando se planea una devaluación del peso. Si el equipo de Massa dolariza la deuda en pesos o la triplica antes de las primarias presidenciales de agosto, entonces sí sería una bomba, pero no por ahora, según el economista radical. Si por las advertencias de Juntos por el Cambio contra la deuda en pesos, el explosivo detona ahora en manos del Frente de Todos, puede que asegure el triunfo electoral opositor, pero obligaría a reperfilar este año y también el próximo y demoraría la recuperación de la confianza del mercado en la deuda argentina en un futuro gobierno.

El plan oficial contra la evasión del IVA

El pacto de precios y sueldos consistiría en coordinar con empresarios y sindicalistas para que los de valores atrasados se adelanten y los adelantados se atrasen. Entre estos últimos hay productos caros por la protección comercial y por distorsiones de la brecha cambiaria, según la oposición. Sólo después de generar expectativas de estabilidad cambiaria, la UCR abriría el cepo. La idea es hacerlo con una brecha del 5% entre el dólar oficial y el paralelo, no con una del 90%, como hasta ahora. En 2024 debería negociarse un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en 2025, si baja el riesgo país de los 1.900 puntos básicos actuales a menos de 1.000, la ilusión de Juntos por el Cambio es volver a los mercados internacionales de deuda, una vez que se recupere la confianza destruida por ellos mismos en 2018. A partir de esa hipotética estabilización macroeconómica, hay consenso en la alianza para emprender reformas tributaria, laboral, de la burocracia estatal y del sistema jubilatorio.

Algunos dirigentes del PRO como Bullrich y Laspina pero también de Larreta opinan en privado que cuanto peor le vaya al Gobierno, mejor para ellos porque no sólo les aseguraría la victoria sino porque llevaría a que el mercado imponga un ajuste ahora.

Lousteau también considera que la deuda en pesos es manejable, aunque también admite que si los bonos duales crecen, complicaría la salida del cepo. Rechaza la postura de algunos dirigentes del PRO como Bullrich y Laspina pero también de Larreta que opinan en privado que cuanto peor le vaya al gobierno actual, mejor para ellos porque no sólo les aseguraría la victoria en las urnas sino porque llevaría a que el mercado imponga un ajuste ahora y descomprima la necesidad de recortes en la administración posterior.

El senador radical teme que una crisis precipitada por alertas opositoras sea achacada a su propia coalición y sume al descontento con la clase política. Es decir, agua para el molino de Milei. Lousteau aboga por recrear confianza entre Gobierno y oposición sobre la deuda en pesos, por más que critique una inflación que se mantendría entre 90 y 110% este año y alerte que la sequía disminuiría el ingreso de dólares en US$ 10.000 millones y eso se traduciría en más restricciones a las importaciones o al pago de deuda de empresas con el extranjero. Eso sí, tampoco se muestra tan cercano a Massa como lo hace Morales.

En el Frente de Todos hay quienes fogonean al ministro de Economía como candidato presidencial por más que le cueste domar la inflación. Aseguran que tiene el respaldo de Estados Unidos, Israel y parte del establishment porque les garantiza acceso a ellos y también a los europeos a recursos estratégicos como el gas y el litio y a la vez la paz social, pero además porque puede llegar a constituir alianzas poselectorales con radicales como el gobernador jujeño. Pero Massa también deberá convencer a los cristinistas, que insisten en rogarle a su líder para que vuelva a presentarse para la presidencia, con el argumento de que nadie como ella en el oficialismo puede conseguir los votos necesarios para ganar en la primera vuelta con la promesa de volver a la economía de 2015.

AR/MG

La AFIP y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) realizaron un operativo en un parque náutico del municipio de San Fernando para detectar embarcaciones deportivas de contribuyentes que evaden el pago de impuestos.

En ese lugar, se identificaron casi 600 embarcaciones con deuda y otras 65 no registradas, y se efectuaron las intimaciones pertinentes para que los dueños regularicen la situación.

Quienes estaban en situación de morosidad adeudaban un total de $40 millones en concepto de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, detalló el organismo bonaerense.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, puntualizó que en la provincia de Buenos Aires hay 54.000 embarcaciones deportivas y el 54% de ellas registra algún tipo de incumplimiento, ya sea por deudas impositivas u otras irregularidades.

“A eso hay que sumarle otro universo con las que directamente no están registradas, porque sus propietarios no las dieron de alta. Ahí está la mayor evasión”, sostuvo el funcionario.

La tarea conjunta de los organismos de recaudación sobre amarres y guarderías náuticas se basa en cruces de información, que se realizan previamente, y el análisis de las declaraciones juradas informativas que deben presentar los embarcaderos.

Con esos datos, los equipos de fiscalización obtienen indicios de los lugares donde existen yates de gran porte y otras embarcaciones deportivas no inscriptas o con deudas importantes, y a partir de esa información se planifican los controles presenciales y las acciones para intimar a quienes se encuentran en situación irregular, explicó ARBA, en un comunicado.

Girard resaltó: “Se trata de bienes de lujo, a tal punto que nueve de las embarcaciones sin declarar que encontramos en San Fernando tienen un valor de mercado en torno a US$ 1 millón, y están evadiendo completamente el tributo provincial y también Bienes Personales a nivel nacional. Otras siete, de similares características, si bien habían sido declaradas, registraban deudas de más de $500 mil y en algún caso de más de $1 millón por el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas”.

Las acciones conjuntas de ARBA y AFIP sobre el sector náutico y otros segmentos de altos ingresos van a continuar durante todo el verano, en particular en la zona norte bonaerense y municipios de la costa atlántica.

Además de los controles sobre las embarcaciones, la fiscalización incluye a los consorcios que administran las guarderías, con el objetivo de detectar inconsistencias tributarias y verificar si cumplen con su obligación de actuar como agentes de información del Fisco.

Con información de agencias.

IG

Los inspectores de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectaron más de 200 mil metros cuadrados sin declarar en 580 casas de lujo, 77 construcción en un country y 56 edificios en altura en el partido de La Plata, que en su mayoría figuraban como terrenos baldíos.

Fue en el marco de diversos operativos de fiscalización en los que se relevaron 772 construcciones de urbanizaciones abiertas y cerradas en sectores de altos ingresos.

De ese total, 56 correspondieron a edificios en altura, a las que se sumaron 580 casas de lujo en distintas zonas de la localidad y 77 construcciones en un exclusivo country platense.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, dijo que “estamos intensificando los controles catastrales, sobre todo en lo que hace a los grandes desarrollos inmobiliarios”, y puntualizó que “en estos casos de evasión hemos detectado que se construyen edificios en altura donde antes había una casa y se siguen pagando los metros cuadrados como si fuera una vivienda familiar”.

“Nuestro objetivo es que todo aquello que se construya esté declarado y pague los impuestos como corresponde. Hemos actualizado las multas y, en el caso de los desarrolladores inmobiliarios en infracción, pueden llegar a los $10 millones. Se trata de multas muy importantes, y la forma de evitarlas es declarar las construcciones y ponerse al día”, aseguró Girard en un comunicado.

Entre los casos más destacados que detectó ARBA se encuentra un supermercado de 2.800 metros cuadrados y un edificio de 10 pisos que tenía sin declarar 3.200 metros cuadrados de construcción.

Además, se detectaron 77 casos dentro de un barrio cerrado del norte de la localidad, que suman aproximadamente otros 19.000 metros cuadrados sin declarar y 589 construcciones en diferentes urbanizaciones abiertas platenses.

ARBA también detectó otros 55 edificios en altura, lo que corresponde a más de 75 mil metros que estaban sin incorporar al fisco provincial.

Según consignó el organismo de recaudación bonaerense, gran parte de estas construcciones figuraban y tributaban como terrenos baldíos.

De esta forma, mediante tecnología satelital y controles presenciales, la Agencia detectó la irregularidad y notificó a los propietarios de estas partidas para que regularicen su situación en un plazo perentorio, previo pago de la multa correspondiente.

Los operativos forman parte de las fiscalizaciones que realizó ARBA en sectores de altos ingresos de la provincia durante los últimos dos años, a partir de las cuales se encontraron más de 10 millones de metros cuadrados construidos no declarados.

Estas operaciones permitieron al fisco provincial obtener más de $1.600 millones que se estaban evadiendo en el pago del Impuesto Inmobiliario.

Con información de agencias.

IG