El oficialismo negocia modificaciones con los gobernadores para aprobar el Súper RIGI a fin de mes

El Gobierno no tiene los votos todavía, pero está convencido de que podrá conseguirlos en los próximos días con la ayuda de los gobernadores. Javier Milei quiere avanzar con la sanción del “Super RIGI”, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones destinado a actividades tech (datacenters, en su mayoría), y está dispuesto a incluir cambios. El objetivo es poder mostrar, antes de que termine el Mundial y comience la cuenta regresiva electoral, una victoria legislativa sobre uno de los temas que obsesiona al Gobierno: conseguir nuevas inversiones extranjeras, aún a costa de grandes exenciones impositivas y beneficios fiscales. 

El debate comenzó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados hace un par de semanas, con la participación de funcionarios nacionales y de diversos expositores vinculados a la minería. El objetivo del oficialismo es mostrar que, si el RIGI fue beneficioso para algunas actividades productivas (fundamentalmente la de hidrocarburos), también lo será el Super RIGI. Por más que el nuevo régimen refiera a actividades distintas –el Super RIGI solo sería para nuevas industrias referidas a inteligencia artificial e infraestructura digital– e incluya otras exenciones impositivas. 

Fue por este motivo que, el miércoles, el presidente de la comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, convocó a un conjunto de representantes de cámaras mineras y de hidrocarburos. Es decir: los grandes beneficiarios del RIGI, sancionado al comienzo del gobierno libertario, y la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada hace un par de meses. “Este tipo de normas bajan los riesgos y permiten que muchos proyectos que estaban en la cola se adelanten y que muchos otros que probablemente nunca hubieran llegado porque las condiciones no estaban dadas”, celebró el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea. 

Ninguno de los expositores invitados habló del Super RIGI, pero no importaba. El objetivo de la convocatoria era otro: ganar tiempo para negociar cambios con los aliados y allanar el camino para que, el 24 de junio, Milei pudiera celebrar la media sanción del proyecto en el medio del Mundial de Fútbol.

Toma y daca

“El Super RIGI no tiene ningún beneficio para nuestra provincia, ¿pero si nos ofrecen recursos que vamos a hacer?”, admite, hastiado, un dirigente del círculo chico del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Es la lógica de negociación que impera entre los gobernadores desde que asumió Milei: resistirse para negociar y, finalmente, conseguir la promesa de nuevos recursos para poder cerrar las cuentas fiscales de la provincia a fin de mes. A veces es solo eso, una promesa. Otras, Luis Caputo habilita los Aportes del Tesoro Nacional. 

El Gobierno confía en que, a través de este mecanismo, logrará alinear a los gobernadores peronistas del Norte, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jalil. Con los otros aliados de la UCR, el MID y algún que otro PRO díscolo buscará, en cambio, negociar cambios en el proyecto de ley. 

El Super RIGI incluye un conjunto de beneficios impositivos, fiscales y aduaneros –como la reducción al 15% del impuesto a las Ganancias o la exención total de los derechos de importación y exportación para los bienes de capital–, así como también una flexibilización cambiaria y la prohibición de paros, durante 30 años. No solo eso, sino que fija el compromiso del Estado nacional de garantizar la estabilidad de lo acordado por más que asuma un gobierno de distinto color político. ¿Cómo? Establece que cualquier litigio por incumplimiento del contrato se pueda resolver en un tribunal extranjero. 

A diferencia del RIGI, el “Super RIGI” no incluye un piso de contratación de proveedores locales, sino que le permite a las empresas traer toda su cadena de valor armada desde el exterior, lo que reduce las posibilidades de generar trabajo local. Este es uno de los principales puntos de conflicto con los aliados, que están reclamando que se incluyan modificaciones para establecer una cláusula de “Compre argentino” similar a la del proyecto del RIGI.

Este es el punto que está negociando Eduardo Falcone (MID), junto a los radicales mileístas e, incluso, un sector del PRO. El MID, además, está presionando para condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a que las empresas hagan una inversión en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) celebrados con universidades nacionales públicas. 

Se está conversando, a su vez, sobre la posibilidad de limitar la estabilidad del régimen de 30 a 25 años y matizar algunas de las exigencias que el “Super RIGI” les hace a las provincias. Es decir: el proyecto original obliga a las provincias a comprometerse a eliminar el impuesto a los sellos y les pone un tope a lo que las provincias pueden cobrar por ingresos brutos, un punto que genera rispideces con algunos gobernadores, que advierten que sus cuentas fiscales ya están lo suficientemente ahogadas. 

Frente a este escenario, el oficialismo analiza la posibilidad de incluir una cláusula que, de manera más sutil, plantee que cada provincia “generará incentivos locales”. Una zanahoria para las provincias que, puertas adentro, reconocen que no esperan que lleguen grandes inversiones en datacenters a sus provincias. Pero que prefieren llevarse bien con Milei.

MCM