Nenas como cuerpos, el cuerpo como una cosa

Esta última semana los medios se llenaron de reflexiones sobre la figura del femicidio. Algunos justamente preparados y argumentados, otros desde una peligrosa y animosa ignorancia. Pero lo que no deja de sorprenderme es la escasa responsabilidad que se le concede al Estado en esto. Noelia Carolina Romero, una chica de 30 años llamó al 911 y pidió ayuda porque su novio la tenía secuestrada y tenía miedo. Fue el sábado 31 de mayo, en una casa de Temperley. Cuando llegaron los efectivos, el hombre abrió apenas la puerta, dijo que estaba todo bien y volvió a cerrarla. Adentro se escuchaba a Noelia. Los policías se quedaron en la vereda esperando una orden judicial que no necesitaban —un delito en curso no la requiere, se denomina delito en flagrancia— y cuando finalmente entraron, ella ya habia sido asesinada por Tomás Adrián Núñez, su pareja. 

Este caso no podría ser más gráfico de cómo se estructura la violencia sobre las mujeres en nuestro país: No es que el Estado llegó tarde, el Estado estuvo en la puerta y eligió no cruzarla. Y si a eso le sumamos la dimensión de clase, el problema se profundiza. No porque la clase defina a quién protege y a quién abandona —está claro que todo el aparato estatal está muy lejos de entender el problema siquiera para abordarlo—, sino porque define cuán visible se vuelve ese abandono.

Agostina Vega tenía 14 años y vivía en General Mosconi, un barrio obrero de la ciudad de Córdoba. Salió de su casa el sábado 23 de mayo hacia alguien conocido: Claudio Barrelier, ex pareja de su madre, principal sospechoso, un hombre con antecedentes graves por violencia de género al que habían dejado libre. La Alerta Sofía se activó cuatro días después. La familia llevaba una semana pidiendo que la buscaran cuando aparecieron los 250 efectivos, los perros, los drones, las 240 hectáreas rastrilladas. Para entonces ya no buscaban a Agostina. Buscaban lo que quedaba de ella. Cuatro días es lo que tarda la respuesta cuando la chica es de un barrio obrero. 

Pero todavía se puede bajar un escalón más. Mientras el país miraba Córdoba, en Eldorado, Misiones, Dulce María Beatriz Candia llevaba más de diez días desaparecida y casi nadie se había enterado. Tenía 17 años. La encontraron asesinada en una obra abandonada. No hay detenidos, no hubo operativo masivo, no hubo cobertura sostenida. Si en un barrio popular de Córdoba se demoran unos días, en el interior profundo de nuestro país las búsquedas se hacen en silencio y los hallazgos llegan por casualidad.

Y en el fondo, del fondo, está Delicia Mamani Mamani. Estudiante de magisterio que con 25 años sigue desaparecida desde noviembre de 2025. Su familia es migrante boliviana y vive en un cortadero de ladrillos. Cuando su madre, que habla quechua y no domina el español escrito, fue a denunciar que su hija no aparecía, no le tomaron la denuncia. Seis meses después, el caso sigue sin resolución y se sostiene únicamente porque la comunidad educativa de Delicia se niega a dejarlo morir. Si dependiera del Estado, Delicia ya no existiría en ningún registro. Mujer, pobre, migrante, con discapacidad: acumuló todas las marcas que el sistema lee como permiso para no buscar.

La pobreza, el interior, el origen y la lengua no cambian lo que el Estado hace —abandonar—, cambian si ese abandono llega a verse alguna vez. Y se vuelve invisible porque a esos cuerpos ya se los trataba como prescindibles mucho antes de que aparecieran muertos. Nenas como cuerpos, el cuerpo como una cosa: algo que recién entra en el registro del Estado cuando se vuelve prueba, cuando hay que rastrillarlo en un descampado o anotarlo en una causa. Mientras respira, mientras pide ayuda, no cuenta como una vida que valga la pena mirar.

La filósofa italiana Adriana Cavarero llama horrorismo a la violencia que no se conforma con matar, sino que deshace la forma humana del cuerpo hasta convertir a la persona en cosa. Lo que esa violencia produce no se agota en quien muere: les habla a todas las que siguen vivas. Les enseña dónde están paradas. Y el Estado, cuando se queda en la vereda, cuando demora la alerta, cuando no le toma la denuncia a una madre que habla quechua, no contradice ese mensaje. Lo confirma.

Por eso resulta tan obsceno que, en simultáneo, la senadora Carolina Losada impulse un proyecto que propone hasta seis años de prisión para quienes denuncien “falsamente” violencia de género. Sobre más de ocho millones de causas penales analizadas en 17 provincias, apenas el 0,09% correspondió a investigaciones por supuestas falsas denuncias, y ese porcentaje ínfimo refiere en su mayoría a conflictos patrimoniales, no a violencia de género. El dato desarma la premisa entera. Lo que el proyecto hace, con precisión quirúrgica, es convertir la denuncia en riesgo. A las mujeres que ya dudan si pedir ayuda —porque saben que del otro lado puede no haber nadie— se les agrega ahora la amenaza de terminar presas por haberlo intentado.

El 3 de junio se cumplen once años del primer Ni Una Menos. En 2015 algo cambió: el femicidio dejó de ser una rareza para volverse una categoría legal, política, cotidiana. Lo nombramos, lo discutimos, lo contamos. Y sin embargo a Noelia, a Agostina, a Dulce y a Delicia las abandonaron igual. Ese “igual” es lo que hay que mirar de frente: nombrar la violencia no alcanza si el Estado que debería intervenir se queda mirando desde la vereda. Por eso volvemos a marchar, como cada año, para exigirle a ese Estado que escucha del otro lado de la puerta que de una vez buena vez, la cruce.

AK

Los protocolos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes impulsados por el Ministerio Público Fiscal, en línea con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son claros: no existe tiempo de espera para recibir una denuncia; debe presumirse la hipótesis más grave; la búsqueda debe activarse de inmediato; y todas las herramientas disponibles, incluyendo el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y, cuando corresponda, el Alerta Sofía, deben ponerse en marcha sin dilaciones.

Sin embargo, todo indica que en el caso de Agostina Vega esas premisas no fueron respetadas desde el primer momento. La denuncia no habría sido receptada con la urgencia que exige el protocolo y tampoco se habrían activado de manera inmediata los mecanismos federales de búsqueda. Se trata de decisiones que no pueden considerarse menores cuando las primeras horas son determinantes para preservar la vida de una víctima.

Lo más preocupante es que no estamos ante un protocolo desconocido. El propio Ministerio Público Fiscal de Córdoba ha demostrado que sabe aplicarlo cuando la situación lo requiere, como ocurrió en la búsqueda de Liam. Del mismo modo, los casos de Loan Peña en Corrientes y Guadalupe Lucero en San Luis instalaron en la agenda pública nacional la importancia de actuar rápido y sin especulaciones frente a la desaparición de un menor.

Por eso, el debate no puede limitarse a determinar quién ejecutó materialmente el crimen. También debe analizarse si existieron errores, negligencias o incluso posibles responsabilidades institucionales que contribuyeron a perder tiempo valioso.

Las denuncias públicas sobre eventuales vínculos políticos, policiales o judiciales que habrían favorecido la falta de reacción merecen una investigación exhaustiva, independiente y transparente. La sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad.

Pero aun cuando se identifique y sancione a todos los responsables directos e indirectos de este caso, Agostina no debe ser vista como una excepción. En demasiadas desapariciones de menores en Argentina todavía prevalece la lógica de la simple “búsqueda de paradero”, cuando los estándares nacionales e internacionales exigen exactamente lo contrario: actuar desde el primer minuto bajo la presunción de que la víctima puede estar siendo objeto de un delito grave.

Cada demora burocrática, cada denuncia no tomada, cada alerta que no se activa a tiempo equivale a jugar a la ruleta rusa con el destino de un niño o adolescente desaparecido. Por eso resulta urgente que el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y los ministerios de Seguridad nacionales y provinciales impulsen una política activa de capacitación, control y cumplimiento obligatorio de los protocolos de búsqueda.

Del mismo modo, es imprescindible reforzar las campañas públicas de difusión de los números 911, 145 y 134 para que familiares, vecinos y testigos sepan cómo actuar ante una desaparición. La mejor forma de honrar la memoria de Agostina no será solamente condenar a los culpables. Será garantizar que ningún otro niño, niña o adolescente desaparecido vuelva a quedar librado a su suerte por la indiferencia, la burocracia o la inacción del Estado.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras una semana de búsqueda, ingresó en una nueva etapa marcada por las pericias forenses pendientes, la reconstrucción de las horas previas al crimen y la posible ampliación de responsabilidades más allá del único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier.

Aunque el fiscal Raúl Garzón adelantó que el asesinato se habría producido durante la noche de la desaparición de la joven o en las primeras horas del día siguiente, los resultados definitivos de la autopsia y de los estudios complementarios serán determinantes para establecer de manera oficial la fecha, la causa precisa de la muerte y la mecánica del homicidio.

La confirmación de que Agostina fue víctima de un femicidio profundizó el dolor de su familia y modificó el rumbo de la causa. La imputación inicial por privación ilegítima de la libertad deberá ser recalificada por una figura más grave, que podría derivar en una acusación de homicidio agravado, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Las pruebas que busca consolidar la fiscalía

Uno de los principales focos de la investigación sigue siendo la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde los investigadores secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

Según trascendió, en el lugar se detectaron manchas de sangre y sectores que habrían sido limpiados con lavandina, una circunstancia que ahora forma parte de los análisis periciales. La hipótesis de los investigadores es que el crimen pudo haberse producido dentro de esa casa.

A la vez, continúan los rastrillajes en la zona de Ampliación Ferreyra, donde fueron hallados restos vinculados a la víctima. Los procedimientos buscan recuperar evidencia adicional que permita reconstruir el recorrido posterior al crimen y precisar cómo fue trasladado el cuerpo.

La fiscalía también intenta determinar si Barrelier actuó solo o si contó con colaboración de terceros. En ese marco, podrían adquirir relevancia los testimonios de personas de su entorno y de quienes compartían la vivienda donde se habrían producido los hechos.

La posición de la querella y las responsabilidades pendientes

El abogado de la familia paterna de Agostina, Gino Torreani, afirmó que existen elementos de prueba que comprometen de manera directa al acusado y sostuvo que la investigación debe avanzar ahora sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

“Hay elementos probatorios y evidencia clara y concreta que lo tienen acorralado”, señaló el letrado, quien consideró que la recalificación de la imputación es un paso inevitable tras la confirmación del crimen.

Sin embargo, la querella evita cerrar otras líneas de investigación. Entre los aspectos que podrían ser analizados figura el vínculo que mantenía Barrelier con la madre de la adolescente y la eventual participación de otras personas.

Por el momento no existen imputaciones adicionales, aunque la fiscalía procura establecer si hubo colaboradores, encubridores o personas que pudieron haber tenido conocimiento de lo ocurrido.

En paralelo, también podrían revisarse las circunstancias que permitieron que Barrelier recuperara la libertad el año pasado luego de haber sido imputado en una causa por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

El impacto en la familia y las protestas en Córdoba

Mientras la investigación judicial avanza, la familia de Agostina atraviesa las horas más difíciles desde el hallazgo del cuerpo.

La madre de la adolescente, Melisa Heredia, permanecía internada cuando recibió la noticia de la muerte de su hija. Según relataron familiares, debió ser asistida y sedada por recomendación médica debido al fuerte impacto emocional que provocó la confirmación del crimen.

La conmoción también se trasladó a las calles. Vecinos, familiares y amigos participaron de movilizaciones para exigir justicia y reclamar el esclarecimiento completo de los hechos. Algunas de las protestas derivaron en incidentes frente a dependencias policiales, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad.

En ese contexto, el abuelo de la adolescente, Miguel Heredia, reclamó que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables. “Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”, sostuvo.

Con los resultados forenses aún pendientes y varias preguntas sin respuesta, la causa se encamina ahora hacia una etapa clave. Determinar cuándo y cómo fue asesinada Agostina, quiénes participaron y qué ocurrió durante las horas posteriores a su desaparición serán los principales desafíos de una investigación que mantiene en vilo a Córdoba.

Con información de NA

La tercera audiencia de cesura por el femicidio de Cecilia Strzyzowski finalizó este viernes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde la Fiscalía y la querella pidieron la pena de prisión perpetua para el clan Sena, por lo que la jueza Dolly Fernández tiene 15 días hábiles para dar a conocer la sentencia.

El fiscal Juan Martín Bogado solicitó que César Sena, declarado culpable por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, reciba la máxima pena al igual que Emerenciano y Marcela Acuña, quienes fueron hallados culpables por ser ambos partícipes necesarios.

En este sentido, Gustavo Briend, el abogado de Gloria Romero (madre de Cecilia), también reclamó las mismas penas para la familia que desapareció, mató e incineró los restos de la víctima el 2 de junio de 2023.

Por su parte, la Fiscalía consideró que Gustavo Obregón y Fabiana González sean condenados a cinco años y 10 meses de prisión efectiva por encubrimiento agravado. Conforme a lo expuesto en los alegatos, “Obregón ayudó a César a trasladar el cuerpo y quemarlo, después a juntar los restos y tirarlos al Río Tragadero”.

“Ambos encubrieron el femicidio, pero no es que se callaron, sino que su compromiso fue más allá porque se dedicaron a buscar la impunidad de la familia Sena y de ellos mismos”, expuso el fiscal. “El único atenuante en esta ocasión es que ninguno tiene antecedentes, solo eso tienen a favor”, concluyó.

Acerca de Gustavo Melgarejo, acusado de encubrimiento simple, la Fiscalía solicitó la pena de dos años y 10 meses de prisión efectiva, por lo que pidió su inmediata detención. “No solamente tuvo una actitud pasiva, si no que controló el fuego para deshacer cualquier tipo de evidencia”, se remarcó.

Briend, en tanto, consideró que Obregón y González, quien “colaboró activamente en el hecho”, deben ser sentenciados a seis años de cárcel, al tiempo que peticionó tres años para Melgarejo.

Alegatos de las defensas

Juan Ignacio Díaz, querella del Estado, expuso que el clan Sena sea condenado a prisión perpetua, mientras que para Obregón y González solicitó el monto de seis años de prisión. Respecto a Melgarejo, requirió que se lo condene a tres años de prisión efectiva.

En medio de la lectura, la jueza Dolly Fernández interrumpió a Díaz para solicitarle a Emerenciano que deje de exponer un cartel en la videollamada.

Mónica Sánchez, abogada de Melgarejo, fue la primera defensa en dar lectura de los alegatos e indicó: “Solicito que la jueza se pronuncie por el delito de encubrimiento simple y se le otorgue el mínimo de la escala penal”. Elena Puente y Orlando Javier Peralta, defensores de González, pidieron que su clienta obtenga la prisión condicional. Por último, solicitaron la prisión domiciliaria para que pueda cuidar a su hijo de 5 años.

Las últimas palabras de los culpables

El clan Sena reclamó a la jueza Dolly Fernández que no se determine su traslado a otro penal a raíz de que “están todos juntos”. “Soy un inocente condenado”, sostuvo Emerenciano, mientras que Marcela Acuña consignó: “Ya estamos todos condenados. ”Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente, es alguien tan morboso como lo que pasó con Cecilia“.

Fabiana González deseó que “todo termine cuanto antes” porque “quiere volver a estar con su hija” y Melgarejo pidió “perdón”.

La magistrada tiene 15 días hábiles para deliberar y dar a conocer la sentencia.

Con información de la agencia NA

El veredicto del jurado popular contra los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá este viernes luego de que el jueves se dieran a conocer los alegatos de clausura de todas las partes. Primero se desarrollarán las instrucciones finales y luego los integrantes se reunirán para debatir la decisión final.

Aunque se esperaba que el debate concluyera a fines de noviembre, el mismo se adelantó y hoy se conocerá el veredicto de culpabilidad o inocencia por parte del jurado popular y luego, en los próximos días, se desarrollará la audiencia para conocer las penas.

Este viernes, la jueza Dolly Fernández abrió la jornada indicándole al jurado las últimas instrucciones, en la cual dio a conocer un resumen de los hechos y les volvió a explicar las diferentes alternativas de veredicto. Acto seguido, le dio la palabra por última vez a los siete imputados. Emerenciano Sena, Marcela Acuña, José Gustavo Obregón y Griselda Reinoso manifestaron su inocencia, mientras que César Sena, Fabiana Cecilia González y Gustavo Melgarejo optaron por el silencio.

El jurado pasó a una sala contigua para debatir, no por más de dos horas, y luego dará a conocer cuál será el futuro procesal de cada uno de los siete imputados.

En la jornada del jueves todas las partes dictaron sus alegatos finales y allí, tanto la fiscalía como la querella, pidieron que los acusados sean encontrados culpables.

Mientras que los defensores de César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González solicitaron que sean cautelosos y revisen la responsabilidad de cada uno.

Los alegatos completos

El caso

El 1 de junio de 2023, César Sena pasó a buscar a Cecilia por su casa en Barranqueras. Pasaron la noche en un hotel y, al día siguiente, fueron a la vivienda de los Sena, ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, de la ciudad de Resistencia, con la excusa de preparar un viaje a Ushuaia, por un supuesto trabajo que Marcela Acuña habría conseguido para la joven. Los pasajes nunca existieron.

Las cámaras de seguridad registraron a Cecilia ingresando a la casa familiar de los Sena el 2 de junio, pero nunca se la vio salir. Según los fiscales, fue asesinada entre las 12:16 y las 13:01 horas dentro de la vivienda. Días después, su madre, Gloria Romero, denunció la desaparición y la investigación reveló una trama de engaños y contradicciones.

El 9 de junio, durante los allanamientos en la vivienda de los Sena, la policía encontró manchas de sangre, una sierra de cortar carne, un machete y $ 6 millones en efectivo. Esa noche fueron detenidos Emerenciano y Marcela y su colaboradora Fabiana González. César se entregó al día siguiente.

En el campo familiar “Campo Rossi” -ubicado en Puerto Tirol, a 20 km de Resistencia- se hallaron restos óseos calcinados, una valija quemada y pertenencias de Cecilia. Posteriormente, un colaborador del clan, Gustavo Obregón, se quebró y condujo a los investigadores hasta el río Tragadero, donde aparecieron más restos y un dije reconocido por la madre de la víctima.

El análisis genético confirmó que la sangre y los objetos hallados pertenecían a Cecilia.

El juicio por jurados comenzó el 28 de octubre de 2025 en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, presidido por la jueza técnica Dolly Fernández. El tribunal está integrado por 10 mujeres y 6 hombres que deberán decidir si los siete imputados son culpables o inocentes.

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado encabezan la acusación, junto a los querellantes Gustavo Briend, en representación de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz, por la Subsecretaría de Género y Diversidad del Chaco.

El juicio tiene siete imputados, divididos entre autores y encubridores:

–César Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor. Los fiscales piden pena de prisión perpetua.

–Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios. También se pidió pena de prisión perpetua.

-Los colaboradores Fabiana González, José Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso: por el delito de encubrimiento agravado.

Las audiencias son transmitidas por circuito cerrado en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia y, una vez finalizada la etapa de prueba, se habilitará la transmisión pública a través del canal oficial de YouTube de Juicios por Jurados de Chaco.

Con información de NA y Chequeado.

IG

Emerenciano Sena, uno de los detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue el primero de los acusados que declaró este miércoles en el juicio por jurados. Más tarde, lo hicieron su esposa Marcela Acuña y otros de los encubridores. 

Declaración de Emerenciano

Emerenciano expuso en su testimonial sobre cómo era su vida como piquetero político y creador del barrio que llevaba su nombre antes de ser detenido.

Frente al tribunal y al jurado popular contó que creó el barrio en 2007 y recordó su infancia y su recorrido como líder. A su vez, se puso a llorar y manifestó: “Me acusan de algo que nunca cometí”.

El acusado sostuvo que se enteró de lo que había pasado con la víctima cuando estaba preso y que no tuvo posibilidad de defenderse.

A su vez, entre lágrimas, manifestó que cree que lo van a condenar por haber “construido el barrio Emerenciano”.

En su declaración volvió a instalar su inocencia y hasta habló de que las mujeres no tienen que ser víctimas de la violencia.

“Ojalá que haya justicia, la que corresponde. Yo no hice nada. Ni antes, durante, ni después hablé con alguien, no se por qué padezco esta situación”, manifestó.

También expresó que “no tendría que haber estado nunca preso” y hasta sumó el calvario que vive con la mirada de los demás: “Parecía el asesino más grande del mundo, pedían perpetua por mí, no sé basado en qué, pero pido que miren con perspectiva”.

“Es aberrante lo que pasó (con Cecilia), pero yo no tuve nada que ver con eso, y lo más feo, que no se lo deseo a nadie, es que te acusen de algo de lo que no te podes defender”, expresó.

En este sentido, remarcó: “Ojalá hubiese sabido lo que pasó, nunca en la vida defendí a alguien que haya cometido algún delito. Que el que lo haya hecho, que se haga cargo”.

Después de 40 minutos, Emerenciano concluyó su declaración y las partes no le hicieron preguntas.

Marcela Acuña: “Le pido perdón a todos, sobre todo a Emerenciano”

Pese a que las cámaras de seguridad de un vecino registraron la última imagen de Cecilia Strzyzowski ingresando a la casa de Marcela Acuña, la acusada se declaró “inocente” y culpó a los medios de comunicación y a la justicia de ensuciar a Emerenciano Sena y su familia para “negociar cargos políticos”, además, remarcó que nunca acusaría a su hijo de algo de lo que no está segura. Y agregó: “La sociedad ya cree que yo destripé a una persona”.

“Soy culpable de no haberme dado cuenta del estado de salud de mi hijo y no haber pensado en el daño que le generé a mucha gente. Le pido perdón a todos, sobre todo a Emerenciano. Silencié algo que no sé qué es lo que mierda ocurrió”, confesó.

Marcela Acuña, una de las principales acusadas, manifestó que le duele “mucho esto” y contó que le gustaba que Cecilia sea la pareja de su hijo César, hasta la pelea que tuvo con el joven sobre el casamiento. Además, confirmó que ya no está más en pareja con Emerenciano. 

“Cecilia era una chica más de todas las que tenía César. Ella me gustaba porque era más grande y tenía el imaginario de que él iba a poder generar una relación más estable”, señaló.

“¿Como voy a odiar a una persona que apenas conocía?. Era una relación distante entre nosotras, pero nunca tuvimos ni una pelea”, sumó. 

Acerca del matrimonio, contó cómo se enteró: “Fue por redes sociales que supe que se casaban y ahí sí tuve un intercambio de opiniones con César porque le dije que si lo hacía tenía que irse de la casa”.

Allí expuso que en la charla el joven acusado le dijo que no se quería divorciar, pero que si así volvía a vivir a la casa lo iba hacer: “Yo pagué el divorcio”.

Acuña también confirmó que los rasguños de su hijo César Sena en el cuello fueron por una pelea que tuvo con la víctima.

“El 2 de junio de 2023 al mediodía César se acercó a la obra y le pregunté por qué no vino temprano. Lo vi extraño y lo raro es que hacía calor y tenía una cuellera. Cuando lo abrazo veo que tenía rasguños y me comentó que tuvo una pelea con Cecilia”, explicó.

A su vez, contó lo que vio en la tarde de esa jornada en su vivienda: “En la casa hay una puerta que nunca se abre y ese día estaba semiabierta, algo que me pareció extraño porque nadie entraba. Miro, veo que estaba todo oscuro, entro a la primera habitación donde teníamos todas las cosas del merendero, voy al otro cuarto, observo por arriba porque tenía miedo de que haya alguien, y cuando voy a la última habitación vi un bulto, pero no era un cuerpo. Salí espantada”, relató.

Fabiana González: “Nunca pensé vivir esta tormenta”

Fabiana González, una de las encubridoras, fue la segunda de las acusadas que declaró en el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, y de manera expuesta habló de su vida y manifestó la “culpan por algo” que no hizo.

“Hace dos años me culpan por algo que yo no hice, quiero estar con mis hijos. Si hay algún culpable, que lo pague”, expresó ante el tribunal y el jurado popular.

A su vez, señaló que aquel día fue a la casa, como era habitual, y que no vio sangre, ni limpió la casa.

“A Marcela le agradezco todo y Emerenciano fue muy agradecido”, dijo, tras lo cual aseveró: “Nunca pensé vivir esta tormenta”.

Griselda Reinoso contó que recibió amenazas

Griselda Reinoso, otra de las encubridoras, fue la tercera de las acusadas que declaró y dijo ser inocente, además de que, al responder preguntas aclaró sobre qué hizo en la tarde-noche del 2 de junio de 2023.

“Lo único que digo es que soy inocente de todo lo que se me acusa”, manifestó, tras lo cual aceptó preguntas de las partes y, al ser consultada sobre lo que hizo 2 de junio de 2023 a partir de las 17.00, indicó: “Fuimos a una cena con un vecino, el señor Ríos. Preparamos la comida y tomábamos alcohol, estaba junto con mi ex esposo (Melgarejo), mi hija y mi nieta”.

“Salí solo para ir al kiosco que queda dentro del terreno del señor Ríos. Estuvimos hasta las 12 de la noche, hicimos un video y nos sacamos fotos”, sumó y luego dijo: “En el campo de los Sena no vi nada, ni fuego. Conocía a Marcela y a Emerenciano de vista”.

Reinoso recordó que quedó detenida el 11 de junio cuando la Policía la buscó en la casa de su papá: “Me quedó en claro lo grande que era el caso cuando recibí amenazas en los celulares o las amenazas de las compañeras presas y de los policías”.

Qué dijo Melgarejo

Gustavo Melgarejo, otro de los acusados de encubrimiento, negó estar involucrado en el caso y recordó que en los días posteriores al hecho aparecieron César Sena y Gustavo Obregón pidiendo una pala.

“Después de la quemazón fueron César y Gustvo Obregón. Me pidieron una pala, fueron a buscarla y dijeron que iban a buscar tierra para las plantas. Se les dio la pala, seguí dándoles de comer a los animales. Después se fueron y no los volví a ver más”, contó.

Con información de NA.

IG

El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallado en la zona conocida como “Lago de los Cisnes” y la Justicia acusa a su novio por el femicidio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo.

El cadáver presenta golpes. El fiscal que investiga el femicidio, Walter Pierrestegui, afirmó que la autopsia se realizará a las 17:00 y sostuvo que “el cuerpo de la víctima estaba vestido y enterrado”.

Pierrestegui dialogó con la prensa y resaltó que el detenido “fue indagado” por el crimen de la damnificada.

La víctima de 39 años estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.

Con información de la agencia NA

Un día después de la conmemoración de la salud mental, pienso en las niñas y los niños que quedan huérfanos por el femicidio de sus madres. Vidas que han sido oscurecidas y segadas en el lugar que debería ser el de mayor cuidado y protección, el hogar.

Encuentro entre mi correspondencia el sobre de papel blanco que contiene el nuevo libro de la psicóloga de la UBA, Sonia Almada. La experiencia de lectura del volumen me topa con una problemática silenciada de gran alcance, donde se nombra Huérfanos a estas infancias que fueron desprotegidas al extremo, pero que tiene una singularidad específica.

Almada pone sobre el tapete una nueva categoría de orfandad, que desarrolla el concepto de duelo complejo y que visibiliza lo propio de las infancias atravesada por una de las violencias más brutales. La organización Atravesados por el Femicidio acompañó la investigación y las familias compartieron sus historias con gran generosidad.

El libro llegar para intentar reparar una deuda social con una situación casi inenarrable que no hemos podido reparar como sociedad. “Surge después de más de 30 años de trabajo con infancias atravesadas por la violencia y con el compromiso en distintos grados de las familias sobrevivientes”, dice Almada, también magister Internacional en Derechos Humanos para la Mujer y el niño, especialista en violencia de género e intrafamiliar y juventudes en América Latina por Clacso

Huérfanos tiene como subtítulo Atravesados por el femicidio, nombra además la afectación de la violencia de género en niños y niñas y abre la posibilidad de una clínica de lo traumático, me cuenta la cofundadora de la editorial feminista argentino-mexicana Bocas pintadas.

Lo acaba de presentar en el espacio violeta del Domo del Centenario, Chaco, lo que le da un valor ético y político especial: “comenzar en un territorio atravesado por casos paradigmáticos, como el de Cecilia Strzyzowski, cuyo juicio se inicia en octubre”. Desde allí el libro recorre distintos lugares de la Argentina, pero la problemática que aborda trasciende fronteras: “atraviesa el mundo y revela la forma más extrema en que la violencia de género impacta sobre la infancia”.

Cecilia vivía en Resistencia, que se encuentra desaparecida por presunto femicidio, desde el 2 de junio de 2023, cuando contaba con 28 años. Entre los principales sospechosos e imputados se encuentran su pareja, César Sena junto a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dirigentes sociales con influencia en la política provincial y vínculos con el Gobierno del Chaco, incluyendo al entonces gobernador Jorge Capitanich.

“En esta clase de orfandad hay una fractura doble”, prosigue la creadora de la asociación civil Aralma, desde donde se impulsan acciones para erradicar todo tipo de violencia contra la infancia y las juventudes“.

Se refiere a la pérdida violenta de la madre y al vínculo con quien fue el agresor, que muchas veces también formaba parte de los afectos. “No se trata solo de una muerte, sino de una escena de destrucción que deja marcas psíquicas y simbólicas difíciles de tramitar”, explica.

Por eso habla de duelo complejo, porque se desarrolla “en un entramado de violencia, silencio y procesos judiciales que interrumpen el trabajo psíquico del duelo. Cada niño queda suspendido entre el amor, la pérdida y la espera de justicia”.

El trauma, un suceso emocionalmente abrumador, angustiante y aterrador, no se cura, pero la víctima puede recuperarse. “La orfandad por femicidio deja huellas profundas que requieren acompañamiento clínico y social sostenido”.

Huérfanos propone una clínica de lo traumático, de orientación psicoanalítica, que reconoce que sin la dimensión social es muy difícil reponerse. Esta niñez requiere de un espacio terapéutico, pero también de justicia efectiva y una red comunitaria que sostenga, reconozca y no invisibilice.

“Esa mirada clínica lleva inevitablemente a una lectura política: la violencia de género no solo destruye vínculos familiares, también constituye una forma directa de maltrato infantil. Sin embargo, con frecuencia se sigue nombrando a los huérfanos por femicidio como víctimas ”secundarias“ o ”vinculadas“, cuando en realidad son víctimas directas de una violencia extrema que atraviesa fronteras, culturas y sistemas”.

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, dependiente de la Corte Suprema, informó que en 2024 al menos 96 mujeres asesinadas tenían a su cargo 204 niñas y niños. Pero los menciona solo como “a cargo”, sin reconocerlos como víctimas.

El Observatorio de Ahora Que Sí Nos Ven sí los nombra como huérfanos de femicidio y hasta septiembre último contabilizaba 148. La diferencia revela una tendencia que se repite en muchos países: los Estados registran la violencia de género, pero no el impacto que deja en la infancia.

Aunque no hay estadísticas en el país, se sabe que cuando no hay condena firme, las familias destrozadas que sobreviven al crimen deben luchar para impedir que los niños mantengan vínculo con el asesino de su madre. “Nadie lo quiere: lo viven como una nueva forma de violencia y es profundamente revictimizante”.

Dado el ocultamiento de esta problemática, en la mayoría de las sociedades la violencia de género se aborda “desde la figura de la mujer asesinada y de sus deudos adultos -madres, hermanas, amigas-, mientras que los niños quedan relegados, como si su sufrimiento fuera una consecuencia y no el núcleo mismo de la tragedia”.

Por eso Almada propone una Clínica de lo Traumático: no como una técnica, sino “como un modo de pensar la escucha, el acompañamiento y la reparación. Un dispositivo que no se limita a la orfandad por femicidio, sino que incluye también la violencia sexual y el maltrato en la infancia”.

Parte del psicoanálisis entiende que, sin justicia, sin una red comunitaria y sin políticas de cuidado no hay verdadera posibilidad de recuperación. “Lo traumático no se elabora en soledad: solo puede procesarse cuando la sociedad asume su responsabilidad y construye condiciones de reparación colectiva”.

En la Argentina existe la Ley Brisa (27.452), que creó el Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes, RENNYA. En los papeles contempla una reparación integral: un monto mensual, salud y educación. Sin embargo, el problema es que en la práctica no logra cumplirse como debería: solo se paga con condena firme, lo que implica años de espera, y se interrumpe cuando el femicida cumple su condena, como si la orfandad tuviera fecha de vencimiento.

Esa brecha entre lo que las leyes reconocen y lo que efectivamente se garantiza no es exclusiva de Argentina: forma parte de una deuda global en materia de protección y reparación a la infancia frente a la violencia de género.

Trabajar en el volumen fue para Almada un camino doloroso y desafiante. “No por los relatos —a los que estoy acostumbrada a escuchar como psicoanalista—, sino por la intemperie y la impunidad en que quedan los deudos, especialmente los niños y niñas”. 

En sus años de formación, Almada quiso investigar lo que en aquel entonces se llamaba violencia familiar —hoy reconocida como violencia de género— y su impacto en la infancia, “pero en ese momento el tema no despertaba interés. Este libro me permitió retomar aquella inquietud y transformarla en una propuesta concreta”.

LH/MF

Los cuerpos de la madre y su hija que fueron halladas calcinadas en una vivienda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca deberán ser sometidos a distintas pruebas durante la autopsia que fue ordenada por la Justicia en el marco de la causa que conmociona a toda la ciudad y la región y es debido al estado en el que se encuentran ambos.

Las víctimas, Adriana Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Bustos, de 25, fueron halladas calcinadas en una habitación de la vivienda de dos plantas tras un incendio que se registró en la madrugada del miércoles en la calle Santa Fe al 2.300 del barrio Thompson.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó este jueves que en el marco de la investigación realizada por el fiscal Jorge Viego se inició el miércoles por la tarde la operación autopsial a los cuerpos de las dos mujeres y debido a estado de los mismos, la pericia no pudo ser finalizada.

En ese contexto se señaló que se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se le indicarán a la fiscalía la próxima semana y que permitirán completar el informe autopsial y posibilitar que el profesional médico que tiene a cargo esa tarea, arribe a una conclusión.

Las informaciones donde se descartan o confirman otras situaciones no fueron comunicadas de manera oficial por la fiscalía, que se encuentra abocada a dilucidar lo sucedido en torno a la muerte de las dos mujeres, agregaron las fuentes consultadas. Medios locales señalan que se investiga un doble femicidio.

Es que, tras el episodio y según relataron vecinos del sector, se habrían escuchado detonaciones similares a la de un arma de fuego, además de la supuesta presencia de una persona que habría concurrido a la vivienda en una motocicleta horas previas al siniestro, situaciones que son analizadas por los investigadores.

Tras el incendio y el hallazgo de los dos cuerpos también los policías hallaron en la casa una motocicleta que no contaba con la respectiva tapa de combustible como así también percibieron olor a combustible en un juego de sillones de la vivienda, por lo que se llevaban a cabo distintas pericias.

En el marco de la causa también los investigadores analizaban las relaciones que tenía la mujer y su hija con terceras personas, con allegados y hasta con el entorno para tratar de determinar entre otras hipótesis lo que pudo haber sucedido.

Con información de la agencia NA

El reclamo de justicia por triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela, unió este sábado la Plaza de Mayo y el Congreso en una nueva movilizacion de Ni Una Menos.

Pasadas las 16 y bajo la consigna “ninguna víctima es descartable”, la movilización comenzó desde la Plaza de Mayo y se replicó en varios puntos del país como Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán.

Miles de personas se sumaron a la convocatoria de la que también participaron familiares de las víctimas y dirigentes politicos.

“Por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan”, fue otra de las consignas de la marcha que avanzó por avenida de Mayo. La marcha estuvo rodeada de un importante despliegue policial que se ubicó en las calles laterales. Varios de los reclamos apuntaron al accionar policial en los casos de violencia de género y contra los recortes del Gobierno para estas políticas.

Por caso, Milagros, prima de Morena, presente en la movilización, apuntó contra la policía por la tardanza en tomarle a las madres la denuncia por la desaparición de las víctimas, por la lentitud en la investigación, y porque “el celular de Pampita apareció en tres horas” mientras que los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados varios días después a pesar de que sus teléfonos móviles se habían apagado en el mismo lugar donde fueron asesinadas.

“Vení, vamos a pasarnos tres pueblos porque quedarnos quietas nunca fue una opción”, se leía en un cartel.

El hallazgo de los cuerpos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela puso en primer plano la crueldad de un femicidio que excede el esquema “íntimo” –la pareja o expareja como agresor– para insertarse en otro circuito, más complejo y menos explorado: el de la criminalidad organizada. Y eso fue lo que este sábado se reclamó en el Congreso.

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, estuvo en la marcha junto con Federico, otro de sus nietos y primo de las jóvenes: “A mi la fuerza me la da todo el país. Yo hablo con las nenas, les pido que me den fuerzas a mi para que puedan descansar a paz, les pido a las organizaciones sociales, a los vecinos que no nos dejen solos”, dijo, y contó que Brenda siempre le decía que ella iba a llevar la manija de adelante de su cajón y ayer pasó al contrario que él tuvo que llevar la manija de los cajones de dos de sus nietas.

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó Antonio.

Aunque todavía en etapa de investigación, el caso de Florencio Varela se inscribe en una problemática que ya cuenta con estadísticas en el país. Entre 2020 y 2025, se registraron 196 femicidios vinculados al narcotráfico, 128 de ellos en Rosario, según el observatorio Mumalá. En Santa Fe, el 65% de los femicidios ocurridos en los últimos años se dieron en contextos de criminalidad organizada.

Las cifras generales también son alarmantes: en Argentina, cada 35 horas una mujer es víctima de femicidio. En 2024 hubo 247 asesinatos de mujeres, que dejaron a más de 200 niños sin madre. Hasta agosto de 2025, la Casa del Encuentro registró 164 víctimas y 143 hijos e hijas huérfanos.

Más presencia estatal

La ministra de Género de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, se refirió esta mañana al triple crimen. La funcionaria subrayó la importancia de abordar el asesinato con perspectiva de género y criticó duramente los “comentarios estigmatizantes” dirigidos a las jóvenes víctimas y sus madres, al tiempo que advirtió que la narcocriminalidad se combate con más “presencia estatal y control, no con desregulación”.

La Ministra reconoció que las jóvenes pertenecían a un sector de “mucha vulnerabilidad”, donde se mezclan “situaciones de pobreza, situaciones de consumo” y narcomenudeo. En este marco, Díaz fue enfática en su crítica a las políticas de desregulación: “Cuando se desregula es con más Estado, no es con menos Estado con que se atacan las mafias, porque las mafias matan y así lo vemos cómo las mafias matan”.

Díaz advirtió que las mafias se favorecen con la falta de control y el blanqueo de dinero. “Necesitamos todos los recursos del Estado para el control, la persecución del delito, el seguimiento de las redes, pero también del dinero”, sostuvo, y criticó la “ampliación de decisiones desde el gobierno nacional” que favorecen “la circulación de los circuitos ilegales” mediante la desregulación y la falta de controles.

Nuevos allanamientos

La causa tiene hasta el momento 12 detenidos y la hipótesis principal de la justicia es que se trato de un crimen vinculado al narcotráfico. Como autor intelectual, la polícía busca a Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como Pequeño J y de nacionalidad peruana.

Este sábado, se realizaron allanamientos en las localidades bonaerenses de Isidro Casanova y Florencio Varela, y pese a que no hubo detenidos vinculados al caso, sí se logró obtener “datos valiosos y nuevos informantes”, según los investigadores..

El primer operativo se llevo a cabo en Florencio Varela donde la policía buscaba a la persona que la organización narco contrató para hacer el pozo donde se encontraron los tres cuerpos. Fuentes de la causa, señalaron que fue un chofer de una aplicación de viajes quien aportó el dato a la policía ya que ese viernes por la noche llevó a una persona desde la casa donde asesinaron a las jóvenes hasta su domicilio y que estaba “embarrada y transportaba una pala y un parlante”.

El allanamiento en Isidro Casanova fue en un complejo de departamentos donde en alguna ocasión vivió “Pequeño J”. “Sabemos que salta de departamento en departamento y que cambia de ubicación todo el tiempo. No pagó nunca con billeteras virtuales para que no lo identifiquen, ni se sepan sus movimientos”, detallaron los investigadores. Aunque tampoco hubo detenidos en este operativo, sí secuestraron un arma cargada con trece balas y hallaron cajas con 50 municiones.

Se sumaron a la lista de la secuestrado cuadernos con anotaciones; cartas; el DNI de un hermano, primos y tíos; también trasferencias en dólares a Perú a un hombre mayor con su mismo apellido y hasta un DNI cortado que sería utilizado para trucar su identidad.

Con información de Noticias Argentinas

El femicidio de Julieta Riera volvió al centro del debate en Entre Ríos tras la decisión judicial de revocar, por 60 días, la prisión domiciliaria de su asesino, Julián Christe, condenado a perpetua en 2021 por arrojarla desde un octavo piso en Paraná.

Christe cumplía la condena en la casa de su madre, Ana Stagnaro, ex jueza con fuertes vínculos en el Poder Judicial, en un beneficio cuestionado desde el inicio por organizaciones feministas, que lo señalan como un caso emblemático de “protección judicial a hijos del poder”.

La medida cayó luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal, Santiago Alfieri, presentó fotografías y testimonios que ubican a Christe fuera del domicilio, pese a portar una tobillera electrónica destinada a impedir y alertar salidas no autorizadas. Según la investigación, el femicida se ausentó en varias ocasiones sin que el sistema emitiera alertas, un hecho que refuerza las críticas por la laxitud en el control de este tipo de condenados.

La audiencia y el fallo

“Vemos una falta de apego a las normas y a las resoluciones judiciales. El arresto domiciliario es una medida excepcionalísima”, sostuvo el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, al anunciar la revocatoria del arresto domiciliario de Julián Christe y ordenar su prisión efectiva en la Unidad Penal Nº 1 por un plazo de 60 días.

En la audiencia, el fiscal Santiago Alfieri y la querella presentaron pruebas y testimonios que confirmaron el incumplimiento reiterado de la prisión domiciliaria por parte de Julián Christe. Recordó que el beneficio, con tobillera electrónica, se había otorgado bajo el principio de progresividad de las penas, que prevé alternativas menos gravosas antes del alojamiento en una unidad penal.

Sin embargo, sostuvo que la conducta del condenado evidenció la ineficacia del sistema: “Con su conducta quedó demostrado que el arresto domiciliario es ineficiente. Si abre la puerta y se va, puede subirse a un auto y retirarse sin que nadie lo impida. La tobillera no evitó ni alertó estas salidas”, afirmó en diálogo con elDiarioAR tras la detención.

Alfieri fue enfático: “En este caso, por los riesgos verificados, la prisión preventiva se ve absolutamente justificada. Al estar agotada la progresividad de las medidas, no queda otra que revocar la medida vigente y disponer la prisión preventiva. Es intención de este Ministerio Público Fiscal asegurar la sustanciación completa del proceso y, eventualmente, la respuesta penal por el hecho que ha sido investigado y ya enjuiciado, sin perjuicio de la vigencia de los recursos. Por eso solicitamos que, acreditados los quebrantos y demostrada la ineficiencia de cualquier medida sustitutiva, sea ordenado el inmediato alojamiento del imputado en una unidad penitenciaria adecuada”.

También la madre de la víctima, Ana Brugo, consideró que el comportamiento de Christe es una “provocación” hacia su familia y rechazó que se use al hijo del imputado como argumento para sostener el beneficio, en clara alusión a los argumentos esgrimidos por la defensa. Por su parte, el abogado de la familia Riera, Pedro Fontaneto, en diálogo con este medio, recordó que la prisión domiciliaria en la quinta de calle Blas Parera fue consentida por la querella y la Fiscalía como un cambio excepcional al domicilio inicial, pero subrayó que Christe “desafió permanentemente los límites” de la medida, actitud que —dijo— repite desde el inicio del proceso. Fontaneto destacó que las pruebas gráficas y testimoniales confirmaron que el imputado violó las condiciones establecidas, incluso admitiendo en audiencia que sabía que no podía cruzar el umbral. También valoró que el juez Malvasio “desacreditara las afirmaciones falsas” de la defensora Mariana Barbitta y que resolviera sin ambigüedades que el beneficio debía revocarse, recordando que Christe llegó a la domiciliaria por un fallo dividido de la Sala Penal del STJ que anuló la condena de un jurado popular. Ahora, la querella espera que la Corte Suprema restituya el veredicto del jurado y confirme la condena.

La abogada defensasora y la controversia en el feminismo

La intervención de la defensora Mariana Barbitta también generó controversia en el ámbito feminista. Reconocida por transitar por espacios que se reivindican desde una perspectiva de género, Barbitta ha asumido la defensa de Christe y con su estrategia jurídica logró que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anulara la condena dictada por un jurado popular y ahora se evalúe la posibilidad de un nuevo juicio. En la audiencia por la revocatoria de la domiciliaria –en otro hecho poco frecuente ya que la abogada se conectó desde Lisboa donde se encuentra de vacaciones– sostuvo que su cliente no había incumplido la medida y que la fotografía presentada por la Fiscalía fue interpretada de forma maliciosa, alegando que Christe solo se asomaba para recibir a su hijo o atender pedidos. Para distintas organizaciones de mujeres y activistas, su postura resulta contradictoria con los principios que dice defender, ya que se alinea con la estrategia de un condenado por femicidio, cuestionando las pruebas y relativizando el alcance de una medida cautelar destinada a prevenir riesgos procesales.

Este nuevo episodio no solo implica un giro en la situación del condenado, sino que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el trato diferencial que reciben quienes cuentan con apellido e influencia, en contraste con la respuesta judicial que enfrentan las familias de las víctimas, que siguen exigiendo justicia y cumplimiento efectivo de la condena.

SM/MG

Un grupo comando especializado irrumpe a las patadas en la casa de dos plantas de la familia Miller, en una ciudad pequeña al norte de Inglaterra. Entre mamá, papá, hija e hijo, buscan al varón. El sospechoso es un nene rubiecito de 13 años que se hace pis encima, como se haría cualquier nene si entran inesperadamente agentes con armas largas a su habitación para llevárselo. A Jamie Miller lo acusan de haber matado a su compañera de escuela, Katie. Hasta ahí, en esos minutos iniciales de la primera escena de Adolescence presenta un drama criminal a resolver, un thriller psicológico narrado en un insoportable, extenso y bello plano secuencia que empieza y termina con cada uno de los cuatro episodios. 

La historia se abre como una mamushka y como en la mayoría de los casos policiales, detrás del hecho a resolverse en sí, en su interior, late el contexto social y político que muchas veces puede presentarse como un enigma más grande a descifrar. Los hechos policiales son, muchas veces, retratos de épocas. Aunque es ficción, Adolescence es perturbadora porque tiene una incógnita contemporánea. ¿Por qué un nene mata a su compañera de escuela a cuchilladas? Desde el argentino Cayetano Sanchez Godino, de carne y hueso, hasta el personaje que interpreta el joven actor inglés Owen Cooper, hay un historial de niños asesinos empujados a matar por distintas fuerzas y móviles. Pero en este caso en particular, en la miniserie que acaba de estrenar Netflix, el tema de fondo son las identidades masculinas bajo la lupa y en crisis, su desconexión con el mundo analógico y su enganche cada vez más sólido con el universo digital atravesado por la misoginia radical, la hipersexualización y el masculinismo. 

La construcción de nuevas subjetividades masculinas en el subsuelo y en la superficie de Internet no es una novedad. Es un tema recurrente que está en la conversación social, en algunos productos periodísticos y de ficción. Esta miniserie quizás lo que trae como golpe de rayo es la incidencia de esa atmósfera en chicos cada vez más chicos y el divorcio con el universo adulto que no entiende su lenguaje, sus preocupaciones, sus dramas, sus mundos. 

La familia, los amigos, la escuela y las redes sociales: son los sujetos y los territorios en los que va a indagar la investigación judicial que se desprende de la detención de Jamie. La historia empieza con el crimen casi resuelto por la contundencia de la evidencia pero como otros enigmas más inquietantes a resolver. Un crimen puede reconstruirse con elementos de prueba (en este caso, las cámaras de seguridad que registran el asesinato son imágenes inapelables), pericias científicas y psicológicas (en el episodio 3 la entrevista de la psicóloga de la defensa en el centro de detención es uno de los capítulos más asfixiantes), testimonios y otras piezas. La investigación policial y judicial puede acercarse, reuniendo todos estos componentes a una versión cercana a la verdad. ¿Qué pasó la noche que mataron a Katie? es un interrogante que se despeja con mirar el primer episodio.

El detective Luke Bascombe (interpretado por Ashley Walters) se obsesiona con una pieza faltante del rompecabezas, el arma homicida: un cuchillo. Sin embargo, en esa búsqueda lo que va a develarse es que aquí no importa quién ni cómo sino más bien el por qué de ese femicidio infantil y es su hijo, otro chico que va a la misma escuela que víctima y victimario, quien lo ayudará a develar el crimen a través de emojis y posteos de Instagram. Ahí emergen las disputas entre géneros en la niñez y adolescencia atravesadas por las guerras del sexo-género. 

Jamie es un nene que está ingresando en la adolescencia y que va a una escuela privada con uniforme, protocolos y una check list de políticas inclusivas en su composición de recursos humanos. Una escuela con clases de educación sexual. Sin embargo, el ámbito educativo se presenta, especialmente en el segundo episodio, en un espacio desbordado sin herramientas ni capacidad para actuar. 

Jamie podría ser cualquier nene un poco tímido y otro poco retraído de una clase de un colegio privado en cualquier país del mundo. Cualquier nene que no hace deportes y pasa más horas frente a la pantalla de su computadora encerrado en su cuarto en cualquier país del mundo. Cualquier nene con una identidad virtual que su familia desconoce y no comprendería en cualquier país del mundo. Cualquier nene que no trae problemas a casa en cualquier país del mundo.  

Cualquier nene que pronto será adulto que nadie conoce y no es una frase hecha: dos tercios de los varones jóvenes en Estados Unidos de entre 18 y 23 años sienten que “nadie los conoce realmente”. El dato se desprende de “The manosphere, rewired”, un completísimo informe de 2024 de la organización Equimundo uno de los pocos estudios actualizados que intentó comprender las masculinidades en línea y las rutas posibles para una conexión sana en ese país. Durante seis meses acompañaron a los jóvenes encuestados para tratar de entenderlos en su ámbito: una variada colección de sitios web, blogs y foros en línea que promueven la masculinidad, la misoginia y la oposición al feminismo. 

“En medio de los rápidos cambios sociales, políticos y económicos a nivel macro, los hombres jóvenes recurren a Internet y encuentran una comunidad y una pertenencia que responden a sus identidades, intereses y temores únicos”, describe el informe y ubica a los varones jóvenes en “una espiral descendente de soledad, confusión, inestabilidad económica y dificultades en sus relaciones, lo que lleva a muchos a buscar consuelo en espacios misóginos y a confiar en personas influyentes”. 

Esta “crisis de conexión” choca con la realidad de que hoy nadie parece estar realmente de acuerdo sobre cómo es ser un “buen hombre” o cómo llegar a serlo. Ningún nene nace femicida pero ¿cuántos Jamies pasarán la noche en su habitación hoy y sus familias creerán que están en un lugar seguro?

MFA/DTC

Tras la masiva marcha del sábado, el Gobierno nacional, lejos de amilanarse, optó por redoblar la apuesta y profundizar su discurso contra los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Fue contra la ley de Identidad de Género, comparó a los homosexuales con pedófilos (y lo repitió) y reafirmó su voluntad de eliminar el agravante de femicidio en el Código Penal. Para hacerlo, sin embargo, necesita votos. Y el escenario parlamentario se le presenta más bien hostil: ni sus aliados están dispuestos a sumarse a su batalla cultural. Ni el PRO.

“Es importante que en la Argentina no se vuelva atrás ni con la ley de Identidad de Género ni con ninguna de las políticas que han protegido a muchas mujeres”, afirmó la diputada del PRO Silvana Giudici en diálogo con elDiarioAR. Giudici es la secretaria parlamentaria del PRO, así como una de las espadas más mileístas del partido amarillo. Exradical, cercana a Patricia Bullrich, Giudici fue también una de las autoras de la ley de Identidad de Género en 2011 —junto con las peronistas Juliana di Tullio y Diana Conti (fallecida el año pasado)— de la cual asegura sentirse “orgullosa”.

—Como impulsora de la ley de Identidad de Género, ¿qué impresión le causó el discurso de Javier Milei en Davos?

—Creo que el Presidente opinó sobre un caso puntual que había sucedido en Estados Unidos, pero no creo que sea su posición ni una política pública del Gobierno. Pero si el tema viene al Congreso tendremos la oportunidad de discutir por qué es importante que en la Argentina no se vuelva atrás ni con la ley de Identidad de Género ni tampoco con ninguna de las políticas que han protegido efectivamente a muchas mujeres.

—Pero el Presidente, después de Davos, volvió a comparar la homosexualidad con la pedofilia.

—El Presidente cuando habla remite muchas veces a cuestiones de discurso, por cuestiones teóricas. Pero la verdad es que tenemos que tener un criterio con las palabras porque es cierto que en la Argentina, sobre todo a partir del crimen de Lucio, mucha gente relaciona determinada orientación sexual con la violencia. Y eso no es así. La violencia intrafamiliar sucede en las familias desde hace muchos años y no tiene nada que ver con la orientación sexual. La diversidad debe estar contemplada. No hay diferencia ni de raza, ni de color, ni de orientación sexual en nuestra Constitución Nacional y de hecho hay mucha legislación antidiscriminación que así lo plantea. Por eso, más allá de lo que el presidente opine, esto se deberá discutir después como política pública. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa agenda.

—El Gobierno nacional afirma que está trabajando para eliminar el agravante de femicidio en el Código Penal, ¿se discutió internamente en el PRO sobre el tema?

—No lo hemos hablado, pero nosotros hemos defendido la ley de femicidio. Tenemos nuestra agenda y la seguimos defendiendo. Vamos a discutir en el ámbito que corresponda, si es que hay proyecto porque yo aún no lo vi. Pero si ese proyecto llega a suceder diremos que no. Porque si vos eliminas la figura del femicidio, todas esas mujeres a las que defendimos, como el caso de Wanda Taddei que la prendieron fuego, todos los que las mataron quedarían en libertad. Hay que reivindicar la figura del femicidio. Hay mujeres que son asesinadas por su condición de género y eso no es un homicidio simple y eso lo tenemos que aclarar. 

—Teniendo en cuenta que el PRO está en tratativas para cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, ¿qué opinas de que Milei o el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona digan que no existe la violencia de género?

—Son opiniones puntuales. Cuando el ministro vino acá al Congreso rechazamos su discurso. En mi caso me da mucha pena que determinadas banderas se aprovechen desde un sector partidario. Y eso quedó en claro en la marcha del sábado, donde hubo sectores que iban con banderas de apoyo a Palestina, cuando si sos homosexual en el Islam te asesinas. O sectores sindicales y Kicillof aprovechando un reclamo legítimo. No, estas cosas deben tener un consenso en la sociedad. Y no se vuelve atrás con determinados derechos, pero tampoco se tienen que aprovechar políticamente.

—En la comunidad LGBT temen que haya una avanzada contra la ley de Identidad de Género, ¿acompañarías una reforma de la ley si el gobierno presenta el proyecto?

—Yo voy a discutir los proyectos cuando aparezcan, si no es especular. Pero yo fui una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género y estoy muy orgullosa de que en el DNI vos puedas decir que sos mujer o hombre de acuerdo a como te percibas. Hasta ahí es lo que hemos defendido y apoyado siempre. Cuando venga algo a debatirse ahí fijaremos postura o recordaremos nuestra posición. 

—¿Vas a defender la vigencia de la ley de Identidad de Género?

—Por supuesto.

MC/JJD

Néstor Yuyo García es el padre de Micaela, la joven de 21 años asesinada y violada en 2017 en Gualeguay, cuyo femicidió provocó masivas manifestaciones en todo el país que empujaron la ley que lleva su nombre. La ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y en los tres poderes del Estado. El crimen se produjo durante una de las salidas transitorias del asesino, Sebastián Wagner, quien cumplía una condena a nueve años por dos violaciones. El pasado 23 de enero, luego del polémico discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, el Gobierno anuncio que enviará al Congreso un proyecto para derogar la ley Micaela y las penas por femicidio.

“Nos parece una locura”, le dice Néstor García a elDiarioAR sobre la intencion del oficialismo anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

 “La eliminación de la figura de ‘femicidio’ va a tener que ser tratada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, porque es un concepto que fue incorporado por Ley”, sigue García.

Con discursos homofóbicos y recortes en áreas claves de género y diversidad, el gobierno de Javier Milei mostró especial interés por atacar a mujeres y el colectivo LGBT. Por caso, en un informe difundido por el propio Federico Sturzenegger, , el pasado 24 de diciembre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró las “más de 200 áreas del Estado” que se cerraron. El informe contiene 127 áreas dadas de baja, de las cuales casi el 25% corresponde a sectores que se desempeñaban en temáticas de género y diversidad. Algunas de ellas fueron las direcciones de Políticas de Género, de Género y Diversidad, el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género y la Dirección Nacional de Prevención de las Violencias por Razones de Género.

“Intentaron modificar lo que tenía que ver con la Ley Micaela cuando se trató la Ley Bases, pero lo sacaron, y ahora con este discurso del presidente en Davos, pareciera retomarse la idea”, señaló García, y agregó que desde la Fundación que lleva el nombre de su hija, van a trabajar con los legisladores “frente a todo esto que sinceramente nos parece una locura”. 

En este sentido, García señaló que muchos de los legisladores que integran las Cámaras, son los mismos que votaron la Ley Micaela, la incorporación de la figura de femicidio, o el cupo laboral trans, entre otras leyes en defensa de las mujeres y las disidencias. 

Desde la Fundación Micaela han participado en todas las jurisdicciones para garantizar los procesos de implementación de la Ley. “En casi todas las provincias, los cursos son dictados por trabajadores del estado, sin cobrar un adicional o extra” explica para reforzar que el hecho de querer retrotraer o negar la violencia de género es un tema ideológico.

El asesinato de Mica en 2017, fue una vez más el disparador de una manifestación pública que movilizó a todo el país en contra de la cultura patriarcal que sostiene que un hombre pueda decidir sobre la vida de una mujer. En “Crímenes Menores. Género y Poder Judicial, la trama de una disputa”, escribí sobre la trama de la violencia de género a partir del caso del feminicidio de Micaela García y cómo se construye y se replica desde el Estado ese mecanismo que refuerza la violencia. De allí la necesidad de impulsar una ley que capacite a los tres poderes del Estado en materia de género, para evitar que se repitan situaciones en las que se vuelve a victimizar a las víctimas y a sus familias, y no se pone en contexto el trasfondo político y social que habilita esas formas de violencias. 

El término ‘crímenes menores’ acuñado por la antropóloga Rita Segato, explica cómo esos delitos perpetrados hacia las mujeres son considerados como un suceso menor, algo que no tiene importancia. Y esto se pudo comprobar en las primeras instancias del juicio por la muerte de Micaela, donde el proceso judicial llevado a cabo en Entre Ríos careció de perspectiva de género.

La familia García, como tantas otras personas del entorno de las víctimas de la violencia extrema hacia las mujeres, que han tenido que hacer frente a los mecanismos de resistencia sobre todo de la justicia a la hora de juzgar con enfoque de derechos estos crímenes de odio, trabaja por hacer visible un problema estructural que en la última década, en nuestro país arroja un registro de unos 2500 feminicidios.

En los 31 días de este enero de 2025, el Observatorio Lucia Pérez, lleva registrados 29 femicidios, uno cada 25 horas. En el 2024 las víctimas fueron 291, de los cuales en el 36 por ciento de los casos se trató de asesinatos cometidos por la pareja, el 16 por ciento por parte de un familiar y el 13 por ciento por parte de la ex pareja. Esa realidad es la que no se puede negar.

SM/MG

Hasta hace poco tiempo hubiera respondido que “a todo el mundo” le preocupan los femicidios. Estaba segura que, después de junio de 2015 cuando una multitud se unió desbordando las calles de todas las ciudades y los pueblos de Argentina, llevando la consigna “Ni Una Menos” a la región y el mundo, habia efectivamente comenzado una transformación que no tenía marcha atrás. Que se había logrado un nuevo “sentido común” igualitario, donde ninguna persona razonablemente volvería a reivindicar en voz alta la violencia contra las mujeres como una respuesta posible frente a cualquier desacuerdo.

Hoy me resulta descorazonador comprobar que no es así. Y que la banalización de un drama profundo, la descalificación de los avances por los que luchamos y la negación de aquello que alguna vez reivindicamos masivamente, parece para algunos (¿muchos? ¿pocos? ¿quiénes?) una afrenta al principio de la “igualdad ante la ley”. Todo eso sin saber realmente de qué se está hablando.

Hace años que junto a muchas colegas dedico mi trabajo y mis energías a estudiar, escuchar, generar datos, aprender, proponer mejoras para que la sociedad deje de naturalizar la vulnerabilidad y las desigualdades y que ofrezca la posibilidad de una vida mejor no solo para las mujeres sino para las personas. Estoy convencida de que el respeto, la empatía, nos hacen bien como comunidad.

(Un paréntesis: pocos meses después de ese junio de 2015 hicimos en ELA y con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Argentina –con los vientos de hoy algunos dirán que era una muestra de la “agenda impuesta por la ideología woke”–, una encuesta sobre las percepciones de mujeres y varones sobre la violencia en las relaciones de pareja. Recuerdo que preguntamos a las personas encuestadas si había circunstancias en que la violencia en la pareja estaba “justificada”. La respuesta mayoritaria fue que no, afortunadamente, pero de todos modos casi un 20% de las personas respondió que “estaba justificada la violencia hacia una pareja” o al menos “no sabía” qué posición tomar, en caso que la mujer fuera infiel. Es decir, la infidelidad no era ya ni siquiera un deber legal desde la reforma del Código Civil que había entrado en vigencia poco antes ni un motivo para pedir el divorcio, pero para 2 de cada 10 personas era posiblemente todavía motivo válido para un golpe). 

Antes de esa marcha masiva del 3 de junio de 2015 que se organizó gracias a la frustración expresada en twitter de la periodista Marcela Ojeda (cuando esa red social todavía servía para compartir información, generar encuentros, debatir ideas), no había estadísticas de femicidio de fuentes oficiales. No había estadísticas que pudieran mostrar cuál era la dimensión del problema de la violencia hacia las mujeres dentro de los hogares de Argentina. No había un Plan Nacional de Acción para poner en marcha la Ley 26.485 de Protección Integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia (que se habia aprobado en 2009, pero cuya implementación dejaba mucho que desear). 

A falta de cifras oficiales (algo que ya existía en muchos países de América Latina), funcionarios y funcionarias públicas recurrían a las cifras que cuidadosamente recolectaba la Asociación Civil Casa del Encuentro, una ONG que llevaba un registro a partir de las noticias que se publicaban en los medios de comunicación. Muchas advertíamos que esas cifras (indispensables en ausencia de otros datos) eran sin embargo frágiles en términos metodológicos porque dependían de la publicación de las noticias en los medios de comunicación, especialmente en la prensa escrita y las agencias de noticias. Y que, en todo caso, aún cuando esos datos eran muy importantes (y se lograban, entre otros motivos, porque había pluralidad de voces en los medios con muchas periodistas feministas que fueron creando conciencia dentro de sus espacios de trabajo) la responsabilidad de generar información estadística de manera seria, sostenida y pública es del Estado, no de la sociedad civil.

Entonces, antes de junio del 2015, había en Argentina leyes, algunas instituciones, algunos datos, pero nada de eso evitó que existiera un nivel femicidios tal que generó una movilización como nunca antes había visto la opinión pública, con masivas marchas pero también con una conversación pública, que empezaba a poner nombre y preocupación sobre un tema que impactaba no solo en las mujeres y sus hijos, sino en la sociedad toda.

Unos años antes en América Latina había comenzado una tendencia a poner nombre a las muertes violentas de mujeres, que eran asesinadas en proporciones alarmantes por parejas actuales o pasadas (aunque no solo por ellos), en circunstancias que mostraban odio y desprecio hacia estas mujeres, muchas veces marcadas por la agresión sexual. Se empezó generalizar la referencia a esta forma particular de violencia extrema contra las mujeres como “femicidio” o “feminicidio” inspiradas en el trabajo de la académica Diana Russell  que ya en 1976 había hecho referencia a este término, y que explicó como categoría sociológica en un trabajo posterior (Femicides: the Politics of Woman Killings, junto a Jill Radford, 1992). 

El uso del término “femicidio” (“femicide”, en inglés) daba cuenta de una problema político: los datos de homicidios mostraban de manera consistente que si bien los hombres son la mayoría de las víctimas en las muertes violentas (8 de cada 10), la forma, las circunstancias y los perpetradores respecto de las víctimas mujeres son muy diferentes. En términos generales, a los hombres los matan personas desconocidas en espacios públicos, y a las mujeres las matan personas de su entorno (parejas, integrantes de las familias, amigos) en sus hogares: el 60% de las mujeres son asesinadas por una pareja o un familiar, mientras que esto es así en el 11.8% de asesinatos de varones. 

¿Conocer esta información significa que unas muertes “valen más” que otras? ¿Que al Estado debiera importarle más o menos según quién es el perpetrador? Claramente, no. Pero sin información, es imposible impulsar respuestas adecuadas. Como se planteó un trabajo regional impulsado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe ya en 2012, “Si no se cuenta, no cuenta”. Saber la diferencia es importante para diseñar mecanismos de prevención adecuados para fenómenos que son distintos. Reforzar la presencia policial en las calles solo servirá (eventualmente) para algunos crímenes, no para ayudar a las mujeres que viven con el terror en sus casas, a manos de las personas que prometieron cuidarlas y respetarlas.

Comenzando por Costa Rica (2007), siguendo por Guatemala (2008), México (2012), Perú (2013), muchos países de América Latina empezaron en los primeros años de este siglo XXI una tendencia a transformar esa categoría política de análisis en un tipo penal.  

Hoy, más de una docena de países de América Latina ha aprobado reformas en sus códigos penales para crear la figura penal del femicidio o feminicidio, que definen de maneras similares pero no del todo coincidentes. Argentina exploró ese camino (de hecho se debatieron varios proyectos de ley que seguían el modelo de las leyes de Guatemala o Bolivia) hasta que finalmente se optó por un camino diferente: en lugar de crear un delito autónomo de femicidio (que, en algunos países de la región tienen una definición del tipo penal que puede resultar imprecisa y por lo tanto problemática) en nuestro país se optó por incluir esta forma de violencia extrema como agravantes del tipo penal del homicidio.

¿Qué dice el Código Penal reformado por Ley 26.791 (aprobado en 20129?

Artículo 79. Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, al que matare a otro siempre que este Código no estableciere otra pena.

Artículo 80. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1) A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; 2) Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; … 4) Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión; … 11) A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género; 12) Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inc. 1. 

No es importante convertir el debate actual en una contienda semántica ni de dogmática penal. Pero sí es importante saber de qué estamos hablando.

Hace unos días, el presidente Milei afirmó ante el Foro Económico Mundial reunido en Davos “Llegamos incluso al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio y conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima”.

Esta afirmación no es cierta: en América Latina muchos países han incorporado la figura del “femicidio” a sus leyes penales (no necesariamente agravando la pena respecto de otros delitos igualmente severos), pero esta no es una tendencia global. Lo que sí es global es el interés por comprender, abordar y erradicar esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.

¿Hay efectivamente un “privilegio” para las mujeres porque sus vidas valen más que las de los varones asesinados? Definitivamente, no.

En Argentina la pena por el homicidio es la misma, de 8 a 25 años. Cuando se da entre personas vinculadas (artículo 80 inciso 1: “A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”), se aplica independientemente del sexo de la persona agresora y agredida. Para pensar en un ejemplo, todos recordarán el caso de Nahir Galarza condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, en 2017.

Sí es cierto que hay un agravante (que es lo que se conoce como “femicidio” en Argentina) cuando en los términos del inciso 11, se considera que medió “violencia de género” que sucede, por definición, por parte de un varón hacia una mujer. Entonces el agravante se puede aplicar para que la condena sea a cadena perpetua. ¿Es el único caso en que puede haber un agravante que genere esa pena mayor? No, hay muchos otros, incluyendo el odio racial, étnico, religioso (inciso 4 del artículo 80). Entonces es la circunstancia específica (en ese caso, violencia de género) la que genera la aplicación de la pena más grave. 

Pero puede haber otras formas de llegar a esa pena, y eso es la valoración que hace la justicia en base a las pruebas que se presenten. Recodarán tal vez el intento de femicidio ocurrido en contra de la Sra. Corina Fernández, que estaba esperando a sus hijas en la puerta del colegio cuando apareció Javier Weber, disfrazado con un sobretodo y una peluca, y le disparó frente a todas las personas allí reunidas. La hirió de gravedad pero no pudo matarla. El hecho sucedió en 2010, en el barrio de Palermo. La condena decidida en 2012 por el Tribunal Oral Número 9, condenó a Weber a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, en grado de tentativa. En la sentencia, el juez Fernando Ramírez utiliza por primera vez la palabra “femicidio”, aún antes de la reforma que hoy genera tanto rechazo. ¿Era un delito específico? No. ¿Era un agravante ya incluido en el Código Penal? No, eso sucedería más adelante. Pero el juez consideró importante darle visibilidad esa forma de violencia extrema que tiene características propias, que había provocado ese hombre contra una mujer que había sido su pareja, ejerciendo violencia de género de manera reiterada desde hacia varios años.

“No cabe duda de que la muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de género constituye una categoría sociológica claramente distinguible y que ha adquirido especificidad normativa a partir de la Convención de Belem do Pará. No hay razón, en consecuencia, para no darle nombre y, en tal sentido, cabe señalar que la conducta de Javier Claudio Weber constituye un intento de femicidio, entendiendo por tal la muerte de una mujer –o de una persona con identidad femenina– ejecutada por un varón en razón del género”, de la setencia en el caso Weber. TOC N 9.

¿Por qué se considera relevante reconocer esta figura en las leyes penales? En Argentina, ¿está penalizado o no el femicidio?

Puede haber distintas posiciones sobre el uso del derecho penal para lograr la erradicación de conductas que se consideran disvaliosas. No solo respecto de las conductas lesivas para las mujeres hay una tendencia (en Argentina y en muchos países de América Latina) de creer que el derecho penal es “garantía” de respuesta del Estado. Claramente no lo es: el aumento en las penas de los robos a mano armada (un clásico recurrente) nunca sirvieron para disminuir la ocurrencia de esos hechos. En todo caso será la prevención a través de mayor presencia policial, de cámaras de vigilancia, la iluminación de espacios públicos, la actuación veloz y efectiva de la justicia la que podrá contribuir a prevenir esos delitos. Pero lo cierto es que el derecho penal es una de las herramientas del Estado para mostrar con contundencia los acuerdos sociales: como comunidad, consideramos que cierta conducta no es aceptable para nuestra convivencia democrática y pacífica y por eso es castigada con la mayor severidad, la respuesta penal.

Para muchas personas, el reconocimiento de la figura de femicidio tiene sentido para darle visiblidad. En esa línea fue el voto del Tribunal Oral 9, ya mencionado, que usó el término “femicidio” aún antes de la reforma de 2012. 

Para otras personas, el reconocimiento de la figura del femicidio era importante para que finalmente se generen estadísticas oficiales. Lo cierto es que, como ya comenté, no fue esta figura incorporada en 2012 la que logró que comenzaran las estadísticas que desde 2015 recolecta y publica la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, sino el petitorio leído en una plaza desbordante ese 3 de junio.

De hecho, recuerdo que junto a otras colegas argumentamos por esa época que la creación de un tipo penal no era necesario para generar estadísticas: la prueba estaba en que había estadísticas de las muertes en incidentes viales (que sigue siendo un gravísimo problema en Argentina) y no habia un tipo penal de “muerte en accidente vial”. Para generar estadísticas hay que definir con claridad la metodología y tomar la decisión de hacerlo con la convicción de que es importante tener los datos para poder tomar medidas adecuadas.

Para comprobarlo, basta con revisar las estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad: desde hace años publican las de muertes en incidentes viales y todavía no hay estadísticas de femicidios ni tampoco desagregación por sexo en los homicidios dolosos. No es la descripción de la figura penal la que importa, es la priorización política.

El objetivo de las estadísticas, en todo caso, es contar con información para hacer algo al respecto: generar políticas, analizar las fallas del sistema, generar mejores respuestas, medir los resultados de las iniciativas que se implementan. Nada de eso se logró acabadamente ni con la ley de 2009, ni con la incorporación en el Código Penal del inciso 1 y el 11 del artículo 80. 

¿Es cierto que el reconocimiento de que existe la violencia de género otorga privilegios para las mujeres en detrimento del principio de “igualdad ante la ley”? 

De ninguna manera. Se lo pueden preguntar a las familias, a las hijas e hijos de las víctimas de femicidio que pidieron ayuda del Estado, que denunciaron, que fueron reiteradamente a pedir ser escuchadas, y hoy estan muertas. Conversen con estas familias acerca de los “privilegios”.

No es cierto que en todo este tiempo “no se hizo nada” o que “alguien se llenó los bolsillos con las políticas de género”. Eso son solo consignas vacías marcadas por el prejuicio, el desconocimiento y el desinterés real por el tema. Pero sí es cierto todavía no fue suficiente. 

En esto las deudas van para todos quienes tienen y han tenido responsabiildad de gestión pública, en el poder ejecutivo nacional, provinciales y municipales, en los poderes legislativos que aprueban los prespuestos y priorizan la asignación de recursos; y en el sistema de administración de justicia que sigue operando muchas veces con sesgos y desinterés.

Recuerdo un caso hace años cuando los integrantes de la Cámara del Crimen de la 11ª Nominación de la Ciudad de Córdoba dedicaron 275 páginas a argumentar por qué no se debía aplicar el agravante del inciso 11 (mediando violencia de género) porque el vínculo entre el acusado Gonzalo Lizarralde y la víctima Paola Acosta había sido breve y no había sido público. Había nacido un niña producto de ese vínculo (es decir, claramente había existido) y no conforme con el desinterés por la niña y el desprecio hacia ella, Paola Acosta había reclamado judicialmente el derecho a recibir asistencia económica para la niña. Eso alcanzó para que la justicia penal decidiera que eso mostraba una mujer decidida, y no una en posición de víctima frente a una posición desigual de poder. Por eso, argumentaron en la Cámara del Crimen, no había violencia de género en las puñaladas con las que la mató cuando supuestamente irían a encontrarse para cumplir con la decisión de la justicia de pagar los alimentos, ni al dejarla tirada al costado del camino en una alcantarilla con la niña de menos de 2 años, que sobrevivió a la agresión por 80 horas junto a su mamá ya muerta, rodeada de aguas contaminadas. No había allí relación desigual de poder ni violencia de género.

La decisión fue revertida poco después por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y Lizarralde fue condenado a la pena máxima, aplicando efectivamente el agravante de violencia de género del Código Penal porque no hace falta acreditar ninguna característica particular en la víctima ni tener “carácter débil” para vivir una situación de violencia de género.

Me gustaría poder decir que estos casos ya no existen. El femicidio de María Speratti Aquino, asesinada el 16 de marzo de 2023 por su ex marido de cuatro disparos en la puerta de su casa en Cañuelas frente a sus hijos, tras casi dos años de denuncias que no fueron escuchadas, lamentablemente nos demuestra lo contrario.

Escuchenlo en su voz. Escuchen su cansancio y desesperanza en medio de su lucha por vivir.

Todos los esfuerzos dispuestos desde distintos ámbitos judiciales, legislativos y ejecutivos no fueron todavía suficientes para eliminar los sesgos, prejuicios y desinterés por abordar con seriedad este tema. ¿Eso quiere decir que mejor sería no hacer nada? Por supuesto que no. Porque son estos esfuerzos los que dan algun reaseguro, los que permiten accionar por la exigibilidad de los derechos, denunciar las violaciones, hacer responsables a quienes no aplican adecuadamente la ley. Qué nos queda (no a las feministas, qué nos queda como sociedad) si desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo se desestiman estos problemas como reales.

Lo único que no podemos hacer es sorprendernos. Quienes ganaron las elecciones dijeron que venían a esto.

A lo que no me quiero resignar es a pensar que esto pueda pasar con el acuerdo de esa multitud que alguna vez estuvo en una plaza, en una escuela, en una conversación en el espacio de trabajo, en la universidad, en una mesa familiar, conmovida por la crudeza de las formas de violencia que todavía enfrentan las mujeres. 

Eso no me lo creo.

Del mismo modo que no acepto la posibilidad de que no haya habido convicción genuina en quienes alguna vez impulsaron acciones contra la violencia desde sus responsabilidades legislativas, ejecutivas, judiciales a lo largo de todo el país y que hoy ocupan esos mismos roles o responsabilidades distintas y se muestran cercanos a los (¿nuevos?) vientos que corren. 

Espero que el cinismo no haya ganado por completo a la sociedad ni a la clase política.

Podemos disentir y conversar sobre cómo mejorar las políticas públicas en base a argumentos, evidencia y propuestas. Podemos debatir por qué hubo y hay tantas frustraciones respecto de la responsabilidad del Estado. Pero no podemos aceptar que el Estado se declare prescindente en este tema y reniegue de sus responsabilidades. O peor aún, que exacerbe la posibilidad de la violencia hacia las mujeres al negarla.

¿Queremos privilegios? Queremos estar vivas. ¿Será mucho pedir?

NG

Javier Milei prepara un proyecto de ley con el que buscará reconfigurar el marco normativo en materia de derechos y perspectiva de género en Argentina, de acuerdo a lo que confirmaron en las últimas horas del jueves a elDiarioAR desde el entorno presidencial, tras la elocuente intervención del mandatario en el Foro de Davos. La iniciativa llevaría el nombre de “De igualdad ante la ley” y será enviada al Congreso durante las sesiones ordinarias que comienzan en marzo. 

Para no dejar dudas, este viernes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó en redes sociales que el Gobierno va a “eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, escribió en X el funcionario.

“Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra”, argumentó Cúneo Libarona, al tiempo que sostuvo que durante años “han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”, concluyó, sin dar más detalles y con un video en el que mezcla declaraciones suyas con la intervención de Milei en el Foro Económico Mundial.

¿Existe la figura de “femicidio” en el Código Penal?

De acuerdo a la abogada Natalia Gherardi, “no existe el tipo penal de 'femicidio'. En América Latina hay menos de 20 países que tienen una respuesta penal para el fenomeno del femicidio. La mayoría tiene un tipo penal especifico, no es el caso de Argentina”, explicó a elDiarioAR la directora de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y co-directora de REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina).

Antes, Gherardi había posteado en X: “Los desafío a encontrar el tipo penal llamado 'femicidio' en el código penal de Argentina. En Argentina hay un tipo penal que es homicidio, que puede ser agravado por distintos motivos. Uno es la violencia de género. Es el problema de no entender los conceptos que se discuten”, sostuvo.

Por su parte, de acuerdo a la Unidad Fiscal Especializáda en Violencia de Género del Ministerio Publico Fiscal, “en nuestro país, la ley 26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012, reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado los homicidios vinculados con la violencia por razones de género. Esta norma incluyó el inciso 11 que penaliza con prisión perpetua la conducta del varón que dé muerte a una mujer mediando violencia de género, en los términos de la ley 26.743 de identidad de género que también fue sancionada ese año”.

Y agrega: “De este modo, aunque sin mencionarlo expresamente como sucedió en otras legislaciones, se introdujo la figura del femicidio. Además, la reforma del artículo 80 del Código Penal incorporó otras figuras agravadas que podrían configurar un femicidio, a través de la ampliación de los supuestos contemplados en los incisos 1° y 4°, y la inclusión de un nuevo tipo penal en el inciso 12, conocido como homicidio vincular. La incorporación de este tipo penal sanciona de manera adecuada dicha violencia específica, cumpliendo de ese modo los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres”.

Además, explica que en los últimos años, “varios países de América Latina han promovido importantes reformas en su legislación penal con el objetivo de reconocer y castigar la violencia por razones de género contra las mujeres cis, mujeres trans y travestis y otras personas en razón de su identidad de género y orientación sexual. La tipificación del delito de femicidio o feminicidio, a través de diferentes técnicas legislativas en cada país, es el ejemplo más elocuente de esta tendencia”.

Amnistía Internacional, contra el discurso de Milei

Tras las palabras de Milei en Davos, refrendadas horas después tanto por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Llibarona, Amnistía Internacional Argentina salió en sus redes sociales a rebatir uno por uno los argumentos del presidente en su presentación en el Foro Económico Mundial. “La ideología de género no existe. Es un término que se utiliza para atacar al movimiento que lucha por los derechos de las mujeres, infancias y personas LGBTI que, entre otros, busca prevenir, sancionar y erradicar los abusos sexuales infantiles a través de dispositivos como la ESI. El 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos fue después de recibir una clase de Educación Sexual Integral. Por eso, en las escuelas es una herramienta fundamental para detectar y prevenir los abusos sexuales en la infancia”, sostuvieron desde la organización.

Además, consideraron al femicidio como “la forma más extrema de violencia hacia las mujeres por razones de género en Argentina. Reconocerlo, nos permite visibilizar, sancionar este tiopo de violencia. En nuestro país hubo un femicidio cada 30 horas en 2024. El 75% ocurre en contextos de violencia doméstica. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a reconocer y abordar esta problemática específica ante el retroceso en políticas de género”.

En cuanto al aborto, también mencionado por Milei en su discurso, en el que habló de “los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto”, la organización internacional respondió: “Libertad es poder decidir si tener hijos o no y cuándo. La penalización del aborto no aumenta la tasa de natalidad, sino que obliga a las personas gestante a someterse a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas. Desde 2020, las muertes maternas por aborto bajaron un 53%. El aborto y los métodos anticonceptivos salvan vidas y garantizan decidir libremente”.

Según Amnistía, “27,7% fue la brecha de ingresos entre varones y mujeres en Argentina en el segundo trimestre de 2023. Las mujeres deben trabajar 8 días y 10 horas más que los varones para ganar lo mismo en un mes”.

El proyecto del Gobierno para eliminar la Ley Micaela y la de Paridad de Género

La iniciativa del Ejecutivo tiene como eje central la derogación de normativas que, según el oficialismo, “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas”. Como ítems clave, propone eliminar la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos; y barrer con los cupos laborales y legislativos del Estado, como el Travesti Trans, sancionado en 2021, o la Ley de Paridad de Género, que garantiza representación equitativa entre hombres y mujeres en cargos electivos. En ese paquete también estarían incluidos los cupos para discapacitados.

Además, se buscará también terminar con el otorgamiento del DNI no binario —iniciativa que, según había trascendido en noviembre, Milei pretendía concretar vía decreto— y, tal como confirmó por estas horas el titular de Justicia, reformar el Código Penal para eliminar la figura del femicidio como agravante en casos de homicidio por razones de género.

El argumento libertario es que “la Justicia debe juzgar a todos por igual, sin distinciones basadas en características personales o identitarias”. Los únicos derechos que por el momento se salvan de la avanzada “anti-woke” de Milei son la Ley de Matrimonio Igualitario, vigente desde 2010, y la ley de Aborto Legal, aprobada por el Congreso en 2020.

El trascendido oficial llega justo luego de que, durante su intervención de este jueves en el Foro de Davos, Milei calificó al “wokismo” como “la gran epidemia de nuestra época” cargando duramente contra conceptos como feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo e ideología de género que representarían, según el Presidente, “cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado”.

Frente al establishment de la economía mundial, el Presidente consideró al “feminismo radical” como “una distorsión del concepto de igualdad”, el cual, “aún en su versión más benévola, es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente”.

Según Milei, “todo lo demás, es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a la mitad de la población en contra de la otra, cuando deberían estar del mismo lado”. Y ejemplificó su posición: “Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima”.

“Las feministas no se quejan de que la mayoría de los presos sean hombres, que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres y ni hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras”, concluyó el Presidente.

Una idea que lleva tiempo en la cabeza libertaria

Ya en agosto pasado, Cúneo Libarona dijo durante una exposición en la Cámara de Diputados que se había terminado “el género” para el Estado, que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos” y que el objetivo de su gestión es preservar la familia, como “núcleo central y pilar fundamental de la unión, donde se promueven los valores patrióticos”.

“No toleramos un Estado opresor y dirigista. Creemos en la vida, la libertad y la propiedad privada”, sostuvo Cúneo en su momento. Y cuestionó, en alusión al kirchnerismo, la “hipocresía” de “muchos parlanchines” que “decían que se iba a acabar el patriarcado”, al tiempo que calificó a las diversidades sexuales como “inventos”.

Milei siempre se mostró muy explícito en su postura contra el feminismo y las políticas de género. En el inicio de su gobierno, en su visita primera visita a Davos en 2024, también cuestionó la agenda feminista y la presentó como “la pelea ridícula y anti natural entre el hombre y la mujer”. En aquel discurso, muy similar al de este jueves, dijo que el libertarismo “ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad”.

Y fue más enfático sobre el rol que deberría tener el Poder Ejecutivo: “En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”.

Con información de agencias.

IG

Los crímenes pasionales no existen, porque en nombre de la pasión –un sentimiento hermoso– es inimaginable que se maltrate y mate mujeres. Fue una definición de los asesinatos de mujeres por parte de su pareja o ex pareja, o de un hombre con el que ella tenía algún tipo de relación afectiva, que se utilizó socialmente y mediáticamente durante décadas.

Las sociedades avanzan. Hay profesionales que investigan, estudian, analizan, debaten, y sobre todo, escuchan a las mujeres sobrevivientes, esas que lograron no ser asesinadas.

Con ellas aprendimos que no es correcto hablar de crimen pasional, que hay que decir claramente que hay un violento, un asesino que ejecuta la acción de matar. O lo intenta.

Con ellas aprendimos que esa violencia afecta a los varones: papás, hermanos, hijos, amigos de esa mujer.

Con ellas aprendimos que es necesario, urgente, construir relaciones no violentas, para evitar que algunos hombres maltraten y maten mujeres.

Con ellas, por ellas, por sus hijas e hijos, se sancionaron leyes en Argentina para prevenir, para asistir, para acompañar a las sobrevivientes de los violentos que matan. Y en ese trayecto, hubo muchos varones comprometidos. 

Pienso hoy en esos varones que, seguramente, estarán alzando su voz ante la amenaza de desamparar a las mujeres que salieron de situaciones violentas y a las familias de las que fueron asesinadas.

Pienso en los hijos de María Isabel Speratti, asesinada frente a sus hijos, en la puerta de su casa por Alejandro Nuñez el progenitor de los chicos. Ellos hablan, hablaron de lo que implica en sus vidas el asesinato de su mamá por parte de su padre. Son dos, de los, al menos, 219 hijos e hijas huérfanos a causa de un femicida en la última década.

Pienso –y necesito– los abrazos de Beatriz Regal, mamá de Wanda Taddei, asesinada con fuego por Eduardo Vazquez. Beatriz, su esposo Jorge, los hijos de Wanda, junto a otras personas, impulsan una ONG basada en actividades artísticas para jóvenes afectados por situaciones violentas.

Pienso en Néstor y Andrea, papá y mamá de Micaela García, asesinada en Gualeguay, Entre Ríos por Sebastián Wagner. Una ley lleva el nombre de Mica e invita a que, quienes tienen responsabilidad pública, se capaciten en prevención de la violencia femicida. 

Pienso en la familia de Chiara Perez, la adolescente santafesina de 14 años que estaba embarazada cuando fue asesinada por su novio, menor de edad, por eso no está acá su nombre. Su femicidio fue impulsor del movimiento ciudadano Ni Una Menos que trascendió al mundo desde Argentina.

Pienso que todas estas familias tienen mucho que decir.

Ahora, Argentina trasciende porque el actual presidente del país niega la violencia, hace afirmaciones sin sustento, amenaza y ataca. No me quiero extender en este eje porque tiene la suficiente notoriedad, esa que buscaba y esperaba el presidente.

Mencioné acá sólo a cuatro mujeres asesinadas por hombres. Faltan los nombres de 2496 más, pues en la última década fueron víctimas de femicidas, 2500 mujeres en Argentina.

Las políticas públicas que deben ejecutar los varones y mujeres que circunstancialmente están en el ejercicio de funciones en el Gobierno deben respetar las leyes vigentes.

Esas políticas deben hacerse para y con las sobrevivientes, y para y con las familias de las que fueron asesinadas. No hay otro camino.

Quienes cumplen funciones públicas en este momento en Argentina tienen la enorme responsabilidad de que dejemos de acumular y contar muertas. 

Por favor, hablemos de lo importante. 

SM/MG

Periodista. Fue co fundadora y voluntaria en una ONG que asiste a víctimas de violencia. Desde hace 30 años entrevista a mujeres y familias víctimas de femicidas, experiencia que comparte con colegas en el ejercicio de un periodismo colaborativo respetuoso de las sobrevivientes.

La Corte Suprema revocó la sentencia que determinó que el sospechoso Néstor Pavón sólo participó como encubridor del femicidio de Micaela García, hace 7 años, y estableció que un jurado popular lo juzgue como coautor del hecho. La familia de la joven reclamaba desde hace años “dejar sin efecto la sentencia apelada” para que un jurado popular juzgue a Pavón como coautor del hecho. 

A comienzos del mes de septiembre de 2020, Néstor Roberto Pavón, quien había sido condenado a cinco años de prisión por encubrir el femicidio y la violación de la joven de 21 años ocurrido en Gualeguay en abril de 2017, estaba libre. Esta decisión fue tomada por el Superior Tribunal de Entre Ríos a fines de agosto del mencionado año, argumentando que la condena por encubrimiento aún no se encontraba firme.

El juicio por el femicidio de Micaela García se había realizado en octubre de 2017, cuando el tribunal de origen condenó a cadena perpetua a Sebastián Wagner, condenado por delitos sexuales y liberado poco tiempo antes por el controvertido juez Carlos Rossi.

Por último, durante el juicio oral en el que condenaron a Wagner a prisión perpetua y a Pavón como encubridor a una pena exigua, la parte acusatoria pudo demostrar que esa noche Pavón salió de cacería con Wagner por lo que sabía del crimen, así como que ayudó a su empleado a escapar a Buenos Aires, le proporcionó dinero en efectivo, limpió el auto en el cual habían trasladado a Micaela y luego intentó esconder a Wagner de la justicia.

Con información de la agencia NA

Sofía Delgado, la joven que estaba desaparecida desde hace 15 días en Santa Fe, fue encontrada sin vida esta madrugada dentro de un aislante térmico tras un allanamiento y rastrillajes que se llevaron a cabo en una zona de camino rural de la localidad de Ricardone.

Fuentes policiales informaron que el cuerpo de la joven será trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se le hará la autopsia bajo el protocolo de de femicidio y que en los procedimientos se detuvo a dos personas.

Durante de la noche del jueves y la madrugada de este viernes se realizaron 5 allanamientos dispuestos por el Fiscal Carlos Ortizoza de la sede de Fiscalía en ciudad de San Lorenzo y los mismos fueron llevados a cabo por personal policial de la Unidad Regional XVII y por la brigada canina K9.

Los procedimientos se realizaron en calle Entre Ríos al 1200, H. Rippa al 1900 y calle 3 de Febrero al 3000, todos de la localidad de San Lorenzo y en la zona de calle Corrientes al 100 y Eva Perón al 1100, ambos de la localidad de Puerto General San Martin.

Los voceros indicaron que en los mismos se ordenó la detención de un hombre y una mujer, quienes serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, donde se conocería el rol y participación de cada uno en el caso.

Además, en los allanamientos se solicitó relevamiento de inmuebles y levantamiento de rastros, a la vez que se secuestraron los teléfonos celulares de los detenidos y se produjo un levantamiento de rastros biológicos como así también material de interés para la causa que será peritado en las próximas horas.

En tanto, fuentes del caso señalaron que a los ya detenidos Alejandro José Bevilacqua (35) y Miranda Leguizamón (29) se agregan los dos aprehendidos en los últimos procedimientos y que serían conocidos de Alejandro, el principal sospechoso del femicidio.

De acuerdo a los datos que surgieron en los operativos, uno de los detenidos sería el dueño del taller que días atrás había ido a avisar a la comisaría de Puerto San Martín de que un automóvil Peugeot 308 gris estaba en su galpón.

Con información de NA.

IG

Una joven hipoacúsica que estaba desaparecida en San Nicolás fue encontrada asesinada y hay conmoción en la ciudad ya que el cuerpo de la víctima apareció envuelto en sábanas y dentro de una bolsa de tela color rosa. 

Florencia Soledad Comas, de 27 años, era buscada de manera intensa desde el jueves por la mañana cuando dejó a su hija en el jardín, pero al mediodía no lo fue a buscar, motivo por el cual su marido realizó la denuncia. En medio de un escenario desgarrador, este viernes las autoridades comunicaron la peor noticia en torno al caso. Comas fue hallada asesinada.

De acuerdo a lo informado, fue un trabajador de la planta de tratamiento de residuos (ENTRE) quien encontró la llamativa bolsa de tela al costado del camino, por lo que decidió acercarse y allí observó que dentro había un cuerpo.

Ante el hallazgo, los investigadores confirmaron que se trataba de la joven mamá que estaba desaparecida y ahora analizan las cámaras de seguridad de la zona para detectar los últimos movimientos. Evelina Flores, madre de la víctima, sostuvo que no tienen sospechas de algún cercano o familiar que pueda estar ligado al crimen.

“Me mostraron fotos de las zapatillas, de una pulsera y unos anillos, y les dije que era mi hija. Si bien ella no vivía conmigo, yo le regalaba las zapatillas y la ropa, se perfectamente cuales tiene”, expresó la mujer en diálogo con el medio El Norte.

Sobre la última persona que la vio con vida, Flores señaló: “Es una mamá de la escuela, a quien le van a tomar declaración”.

“Ella asegura que la vio subir al colectivo 504 de las ocho en Ruíz Moreno y Av. Moreno. Después ella bajó en el Banco Provincia y mi hija seguía en el colectivo. No sabe si después se bajó finalmente o no, dijo que estaba sentada en el último asiento”, explicó.

Frente a esta triste noticia, la Multisectorial de Mujeres realiza una marcha este viernes para pedir justicia.

MM con información de la agencia NA.