El río Paraná atraviesa siete provincias argentinas y por sus aguas se van el 80 por ciento de las exportaciones del país. Quien maneja el Paraná maneja las riquezas argentinas.

En cualquier provincia, desde Jujuy a Tierra del Fuego, aunque no conozcan de qué color es el agua del Paraná, cada familia tendrá un plato de comida menos si esa fenomenal cantidad de dinero, casi 50 mil millones de dólares, va a parar lejos de estos saqueados arrabales del mundo y sin el mínimo de control.

Es inminente la licitación pública e internacional de los servicios de dragado, balizamiento y peaje del Paraná, que desde el 26 de octubre de 1898 hasta 1995 eran realizados por la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables y desde entonces pasaron a ser un negocio de la dragadadora belga Jan de Nul, una de las cinco más importantes del mundo, ahora en la etapa final del nuevo proceso de concesión.

No es un hecho menor reconocer ese ciclo de casi cien años en los que la Argentina supo tener una flota mercante y desarrollar una industria ferronaval pensando un proyecto propio desde adentro y con la intención de cuidar su producción y el presente de su pueblo.

Pero las distintas colonizaciones del Estado a favor de los intereses privados, más las imposiciones de la deuda externa desarticularon y desaparecieron la marina mercante y las visiones que vinculaban los trenes con los barcos.

El problema grande es quiénes planifican el Paraná y la circulación de mercaderías, legales e ilegales, si el Estado nacional, como sucede en Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, China, Rusia o Francia, o si lo hacen intereses extranjeros.

Dragar el río de acuerdo a los intereses de las multinacionales es adecuar el flujo de riquezas a esas cajas ajenas a las necesidades del pueblo argentino.

Durante el primer año de la administración del presidente Javier Milei hubo un espectáculo grotesco: el ex presidente Mauricio Macri y el actual discutieron quién de los dos era el mejor gerente de relaciones públicas de los intereses extranjeros.

Cuando Donald Trump le ordenó al pueblo argentino votar por el ex arquero y profundizar la dependencia, y así lo hicieron las mayorías en octubre de 2025, ya no hubo duda de quién era el dueño del Paraná en particular y las riquezas argentinas general.

Comenzó a profundizarse el esquema de dejar afuera a intereses chinos o brasileños y sumar a los que sean, siempre y cuando acaten el plan diseñado por el imperio.

Desde 2020, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos es el encargado de pensar el negocio de las aguas del río Paraguay y a partir del 28 de noviembre de 2023 también es responsable de la logística del Paraná en Argentina y sus siete provincias bañadas por sus aguas.

Los verdaderos titiriteros son Estados Unidos y su empresa insignia en la exportación de cereales y derivados, Cargill. Los títeres serán Jan de Nul o Deme, la otra dragadora belga que llega al final de la concesión, y los socios argentinos que se anotan como Juan Ondarcuhu, la familia Neuss y los representantes de las terminales de Bahía Blanca y Quequén.

Poco importaron las denuncias fundamentadas sobre documentos falsos de Naciones Unidas, las sistemáticas violaciones a las leyes de las sietes provincias y la nacional de medio ambiente, que exige un estudio de impacto ambiental anterior a semejante ultraje del Paraná, su lecho, sus humedales, su fauna y su hidrología de acuerdo a las exigencias de las multinacionales, o las denuncias sobre el tránsito de negocios ilegales como el narcotráfico, el contrabando de armas y trata de personas desde abril de 1978.

Los propios paraguayos llaman al tramo de los ríos Paraguay y Paraná “la hidrovía de la cocaína”, ahora agravada por la recuperación de los negocios ilegales en Bolivia de parte de la DEA. Desde allí seguirán llegando los cargamentos que serán bajados en la provincia de Santa Fe para luego exportarlos a distintos lugares del mundo previo pago del peaje para las bandas narcopoliciales barriales que le harán el aguante a la mercadería, generalmente del 10 por ciento de lo que luego estará destinado a otra región del planeta. Por eso en las últimas semanas han aparecido cargamentos en avionetas caídas antes de llegar al destino con información de la DEA.

Quizás en breve haya informaciones sobre la necesidad de dotar al Paraná de una seguridad internacional como alguna vez quisieron hacer sobre el Amazonas para redondear la doble faz del negocio económico y político que supone siempre la intervención de los Estados Unidos en el patio trasero.

No es una privatización más, entonces.

La concesión del dragado, balizamiento y peaje del Paraná es mucho más.

La suerte está echada porque la Argentina que se desvanece a fuerza de saqueo, dependencia, corrupción y ferocidad. Es una estrella oculta en la bandera de los Estados Unidos.

El manejo y la planificación de las exportaciones del Paraná harán del pueblo argentino una comunidad cada vez más empobrecida y sujeta al conocido destino de las naciones semicoloniales a lo largo de historia.

Debería ser una cuestión nacional, sin embargo termina siendo el negocio de pocos en una mesa chica controlada desde el imperio.

Pocos días después del 25 de mayo, aquellos sueños y necesidades de Mariano Moreno y Manuel Belgrano de tener una marina mercante propia para sacar los frutos de la tierra parecen ser una sombra melancólica de un país que ya no es.

Carlos del Frade es periodista de investigación y diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía de Santa Fe

Directivos de Jan De Nul, la empresa belga que opera el dragado del río Paraná desde hace tres décadas y que encabeza el consorcio favorito para quedarse con la concesión de la hidrovía por los próximos 25 años, fueron recibidos este jueves por el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El encuentro se realizó en horas de la mañana en la sede diplomática y tuvo como eje central la licitación de la Vía Navegable Troncal, el canal por el que transita el 80% de las exportaciones argentinas.

Según informó la propia compañía en un comunicado, el embajador Lamelas escuchó de primera mano los planes del consorcio formado por Jan De Nul —con el 60% de la sociedad— y la empresa local ServiMagnus, liderada por Ricardo Román y su hijo Leonardo, familia con larga trayectoria en el negocio portuario argentino. Los directivos detallaron el plan de obras, las características de las dragas y el equipamiento de balizamiento, así como la tecnología que implementarán para la seguridad de la navegación y para colaborar en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

Desmienten el vínculo con China

La reunión ocurre en un contexto de fuerte polémica. En las últimas semanas trascendió que Jan De Nul tendría algún tipo de relación comercial o contractual con empresas de capitales estatales chinos. En la sede de la embajada, los directivos de la compañía desmintieron “categóricamente” esas versiones, calificándolas de “maliciosas” y orientadas a “entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio”.

En el encuentro, Jan De Nul ratificó además los antecedentes presentados en su oferta técnica, donde certifica que “toda la tecnología e insumos que se utilizarán son provenientes de países de occidente”, con especial mención a proveedores estadounidenses —como las cámaras del sistema VTS de control de tráfico vehicular marítimo—.

El trasfondo geopolítico no es menor. El gobierno de Javier Milei prohibió en el pliego licitatorio la participación de empresas públicas extranjeras, una decisión interpretada como una señal hacia Washington, preocupado por el interés que había mostrado la estatal china CCCC en la hidrovía. Esa misma firma opera el Yang Tsé Kiang, uno de los pocos ríos del mundo de extensión comparable al Paraná —1.400 kilómetros—.

Jan De Nul marcha al frente

El consorcio Jan De Nul-ServiMagnus acumula 66 puntos en la evaluación técnica frente a los 42 de su único competidor, la también belga DEME, una diferencia de 24 puntos que lo coloca como amplio favorito. En la oferta económica, ambos consorcios empataron al presentar la tarifa mínima establecida por el pliego: US$3,80 por tonelada, un 13,5% menor a la tarifa actual. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym), que conduce Iñaki Arreseygor, deberá expedirse sobre el ganador en el curso de los próximos días.

Se trata de un negocio de US$300 millones anuales, con un compromiso de inversión estimado en US$10.000 millones según el Gobierno, orientado a profundizar el calado del río para permitir que los barcos naveguen con mayor carga. Por la hidrovía también transita el 90% de las exportaciones paraguayas y el 6% de las brasileñas.

Irregularidades y resistencias

El proceso no está exento de cuestionamientos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, emitió la semana pasada un dictamen que advirtió sobre “diversas irregularidades” en los pliegos, entre ellas la ausencia de una evaluación de impacto ambiental previa al llamado licitatorio, limitaciones a la posibilidad de impugnar y problemas en la fórmula de evaluación de ofertas. La PIA señaló “elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades” que podrían derivar en una adjudicación “pasible de reproches administrativos y/o penales”.

En paralelo, una coalición de organizaciones nucleadas en el Foro por la Recuperación del Paraná presentó esta semana una medida cautelar para frenar las obras de ensanchamiento y profundización del dragado, mientras que legisladores del bloque Unión por la Patria encabezaron una reunión en la Cámara de Diputados en la que cuestionaron la falta de transparencia del proceso y la ausencia de participación de las provincias ribereñas.

Para Jan De Nul, la reunión en la embajada estadounidense fue también una oportunidad para resaltar sus tres décadas de trabajo en la hidrovía y comprometerse a sumar proyectos conjuntos con empresas americanas en el marco de las tareas de la futura concesión. La empresa descartó cualquier vínculo con capitales chinos y buscó dejar en claro que la polémica responde, en sus palabras, a “la impotencia de sus competidores para superar una propuesta de excelencia, tanto en materia de calidad de servicio como en costos”.

La nueva licitación de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay se convirtió en uno de los conflictos políticos, ambientales y geopolíticos más sensibles del año. Mientras el Gobierno avanza con el proceso para concesionar por 30 años el dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), organizaciones ambientalistas, pescadores artesanales, abogados especializados, referentes sociales y sectores de la oposición comenzaron a coordinar acciones judiciales y políticas para intentar frenarlo.

La disputa no gira solamente alrededor del dragado de un río. Lo que está en discusión es el control de una de las principales arterias comerciales de América del Sur: un corredor fluvial de 3.442 kilómetros que conecta Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y por el que circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del continente.

“Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el poder. Y quienes tienen el poder sobre nuestros ríos son empresas multinacionales como Cargill, Cofco y Viterra”, resume en declaraciones a diversos medios Luciano Orellano, uno de los principales referentes del Foro por la Recuperación del Paraná.

La resistencia creció con fuerza en los últimos días después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, difundiera un dictamen donde identificó “irregularidades” en el proceso licitatorio impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Lo más importante de ese dictamen son las denuncias sobre el uso de documentos apócrifos. Reportes periciales indican que un supuesto informe técnico respaldatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es falso. Además, en el dictamen se insiste con la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental integral, problemas en el mecanismo de participación ciudadana y posibles falencias administrativas que podrían derivar incluso en consecuencias penales.

A partir de ese documento, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, para intentar suspender el proceso. La presentación judicial sostiene que el proyecto para profundizar el dragado del Paraná hasta 44 pies avanza sin estudios científicos suficientes sobre las consecuencias ecológicas que semejante intervención tendría sobre los humedales y el ecosistema fluvial.

Ecocidio

Para los sectores ambientalistas, el problema excede ampliamente una cuestión técnica. El Paraná constituye uno de los sistemas hídricos más importantes de Sudamérica y abastece de agua, pesca y trabajo a millones de personas. “No hay antecedentes de que algo así funcione porque nunca se hizo en ninguna parte del mundo. Hacerle esto al río es un ecocidio”, sostiene a la Agencia Tierra Viva la abogada santafesina Gabriela Ferrer, una de las impulsoras de las presentaciones judiciales contra la licitación.

La crítica apunta especialmente a la intención de profundizar el canal navegable por encima de los niveles actuales. Las profundidades máximas hoy oscilan entre 34 y 37 pies en distintos tramos del Paraná y el Río de la Plata, niveles establecidos tras la primera privatización de la Hidrovía durante el gobierno de Carlos Menem. El nuevo esquema busca llevar ese calado hasta 44 pies para permitir el ingreso de buques de mayor porte.

Según los especialistas que cuestionan el proyecto, semejante modificación alteraría de manera drástica la dinámica natural del río. La principal advertencia es que el aumento del dragado aceleraría el escurrimiento del agua y terminaría secando lagunas, bañados y humedales que funcionan como reservorios naturales. La situación preocupa especialmente en Entre Ríos y Santa Fe, donde distintas comunidades ya vienen denunciando consecuencias derivadas de las tareas de dragado realizadas desde los años noventa.

El guía de pesca y referente ambiental de Victoria, Javier Núñez, sostiene en declaraciones citadas por Análisis Digital que las dragas vienen depositando sedimentos sobre las bocas de ingreso de agua del delta entrerriano, afectando lagunas y humedales fundamentales para el ecosistema. “¿Nos van a dejar sin delta y sin miles de puestos de trabajo?”, se preguntó recientemente.

Núñez recordó que durante la bajante extrema de 2020 y 2021 la ciudad de Victoria estuvo cerca de quedarse sin suministro de agua potable. También advirtió que miles de familias viven de la pesca, el turismo y la ganadería de humedal y podrían verse afectadas por cambios profundos en el comportamiento del río.

La preocupación es compartida por pescadores artesanales del litoral. Nelson Yapura, pescador de la costa santafesina, sostiene que el dragado amenaza directamente el ciclo reproductivo de numerosas especies. “Si secamos los humedales, esos peces van a desaparecer”, alertó. Según explica, gran parte de las especies del Paraná desovan en el cauce principal y luego utilizan lagunas y bañados para desarrollarse. La alteración de esos ambientes pondría en riesgo tanto la biodiversidad como la subsistencia económica de comunidades enteras que dependen del río.

Soberanía nacional

Pero el conflicto no se limita al plano ambiental. La oposición y distintos especialistas comenzaron a instalar la discusión en términos de soberanía nacional, control del comercio exterior y concentración económica.

El diputado nacional y excanciller Jorge Taiana encabezó esta semana una reunión en el Congreso junto a legisladores de Unión por la Patria, sindicalistas, especialistas y activistas ambientales para reclamar la suspensión de la licitación. Allí también se volvió a impulsar la necesidad de avanzar con el Canal Magdalena, el histórico proyecto para conectar el sistema fluvial argentino con el Atlántico sin depender del puerto de Montevideo.

Para quienes cuestionan el actual esquema de la Hidrovía, el Canal Magdalena representa mucho más que una obra de infraestructura. Lo consideran una herramienta clave para recuperar capacidad logística, fortalecer la marina mercante nacional y evitar que gran parte del comercio argentino siga dependiendo de puertos extranjeros.

La crítica aparece ligada además al modelo de privatización portuaria consolidado desde los años noventa. Actualmente, buena parte de los puertos sobre el Paraná están bajo control privado y vinculados a grandes multinacionales agroexportadoras.

Por el corredor fluvial circulan cerca de 100 millones de toneladas anuales de granos, aceites, minerales y combustibles. Según distintos referentes que cuestionan el modelo actual, el control estatal sobre lo que efectivamente sale del país es extremadamente limitado. “El 98 por ciento de los buques que circulan por nuestras aguas son de bandera extranjera”, advierte Orellano.

Narcotráfico

En ese punto aparece otro de los ejes más sensibles del debate: el narcotráfico y el contrabando. Diversos especialistas y dirigentes vienen denunciando desde hace años que la combinación entre puertos privados, escasos controles estatales y enorme volumen exportador convirtió al corredor del Paraná en una de las principales rutas utilizadas para el tráfico internacional de cocaína.

Rosario, principal nodo agroexportador del país, quedó en el centro de múltiples investigaciones judiciales vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Distintos sectores críticos del modelo de Hidrovía sostienen que la falta de presencia estatal en puertos y terminales privadas facilita maniobras de contrabando y tráfico ilegal.

Aunque el tema no aparece de manera explícita en los pliegos licitatorios, especialistas en soberanía fluvial advierten que la discusión sobre quién controla la navegación y los puertos no puede separarse de la problemática de la seguridad.

“El que maneje el río Paraná maneja la riqueza de la Argentina”, resumió el diputado provincial santafesino Carlos del Frade, uno de los principales críticos de la privatización de la Hidrovía. Del Frade sostiene que detrás de la discusión técnica existe una disputa geopolítica mucho más profunda vinculada al control de recursos estratégicos, alimentos y comercio internacional. Incluso denunció la influencia de actores extranjeros y cuestionó acuerdos vinculados al Comando Sur de Estados Unidos.

La idea de que el Paraná constituye una pieza central en la disputa global por alimentos y recursos también aparece en los discursos de organizaciones que impulsan las remadas en defensa del río.

Durante marzo se realizó la segunda travesía náutica Remar Contracorriente contra la privatización del Paraná, una movilización que recorrió distintos puntos del litoral para denunciar las consecuencias ambientales y políticas de la nueva concesión. Allí confluyeron organizaciones socioambientales, comunidades costeras, pescadores, referentes indígenas y activistas que intentan instalar la discusión pública sobre el futuro del río.

Mientras tanto, el Gobierno continúa avanzando con la licitación bajo el argumento de que la modernización de la Vía Navegable Troncal es indispensable para mejorar la competitividad exportadora y reducir costos logísticos.

Pero la resistencia crece. Las organizaciones ambientalistas ya preparan nuevas presentaciones judiciales, mientras que desde la oposición buscan llevar la discusión al Congreso y convertir el tema en uno de los grandes debates políticos alrededor del modelo productivo, la soberanía y el control de los recursos estratégicos del país. Porque detrás de la discusión sobre dragas, puertos y peajes, lo que empieza a emerger es una pregunta mucho más profunda: quién controla el río por donde sale buena parte de la riqueza argentina.

Con información de Análisis Digital y Agencia Tierra Viva

CRM/MG

El consorcio liderado por la belga Jan De Nul (al 60%) en sociedad con Servimagnus, de Ricardo Román y su hijo Leonardo, va camino de adjudicarse la concesión por 25 años de la hidrovía del río Paraná, por la que navegan y pagan peajes el 80% de las exportaciones argentinas, no sólo del agro sino también de la industria, el 90% de las paraguayas y el 6% de las brasileñas. Un negocio de US$300 millones anuales en el que deberán invertir US$10.000 millones, según el Gobierno, para profundizar el calado y permitir que los barcos circulen más cargados.

Los favoritos a quedarse con la operación se impondrían a la belga DEME porque suman más puntos en la oferta técnica, que se había conocido hace dos semanas. La económica, que se difundió hoy, quedó empatada. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym), que dirige Iñaki Arrreseygor, deberá revisar los detalles y en el sector se espera que en una semana se expida sobre el ganador.

Pero ya se sabe que Jan de Nul y los Román, familia con larga experiencia en el negocio portuario local, consiguieron 66 puntos en la evaluación técnica contra 42 de DEME, es decir, 24 más. Fuentes vinculadas a la licitación explicaron que este consorcio se impuso por varias razones.

Por un lado, Jan de Nul, que viene dragando el Paraná desde hace 30 años, acreditaba por eso mismo una mayor experiencia que DEME en el trabajo en un río tan largo, de 1.400 kilómetros, como este, casi único en el mundo. Los otros dos tan extensos son el Misisipi, en manos del Ejercito norteamericana, y el Yang Tsé Kiang, en China, que está operado por la empresa estatal de ese país CCCC.

Pero el Gobierno prohibió la participación de empresas públicas, en un guiño a EE.UU., preocupado por el interés de CCCC por la hidrovía criolla. Por eso, los críticos del proceso señalaban que en este aspecto el pliego le jugaba a favor a Jan de Nul.

Por otro lado, la empresa asociada con Servimagnus superó en puntaje a DEME por su plan de trabajo a futuro. El Gobierno dice que con esta concesión apunta a una “modernización de infraestructura estratégica”.

En lo que no hubo competencia es en la tarifa, pues se estableció una mínima. Nadie podía ofertar menos. Las autoridades destacan que sea de US$3,80, un 13,5% menos que en la actualidad. Pero expertos como el consultor Alejandro Bustamante advierte que “la tarifa mínima admisible es prácticamente el doble de la que podría ser si no se hubieran subestimado los ingresos, sobreestimado los costos y agregado costos que no corresponden a una concesión de dragado”.

En este último sentido, Bustamante ha criticado que, a diferencia de la concesión anterior, esta vez no sólo se incluyan tareas de dragado y balizamiento sino también el relevamiento batimétrico e hidrométrico, el control de derrames, el reflotamiento y salvamento de buques y la provisión y el mantenimiento de infraestructura para control de tráfico.

Es allí donde se sospecha desde un principio que Jan de Nul y los Román podrían subcontratar para estas tareas a los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo que habrían sugerido el nombramiento de Arreseygor en su cargo. Los Neuss ya ganaron la licitación de tres de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno y apuntan también a Metrogas, que YPF puso a la venta. El tiempo dirá si los subcontratan en el Paraná o eran todas habladurías del empresariado interesado en el negocio y en el servicio que prestará a exportadores, importadores y puertos.

Este es el segundo intento por concesionar la hidrovía en la era libertaria. El primer fracasó tras objeciones de DEME contra un proceso supuestamente favorable a Jan de Nul. En esta oportunidad DEME no rechazó el trámite sino que Servimagnus haya sido en el pasado socia local de CCCC. Incluso el gobierno de EE UU dejó trascender dudas. Detrás de DEME se suponía que iba a haber subcontratistas norteamericanas. Todo un juego geopolítico detrás de una vía navegable clave para el comercio internacional de granos.

Pero esta segunda licitación sí fue criticada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La semana pasada emitió un dictamen sobre “diversas irregularidades”, como “ausencia de evaluación de impacto ambiental previa al llamado licitatorio”, la “cláusula anticorrupción”, los “límites a la posibilidad de impugnar” y “la fórmula para evaluar las ofertas”. “Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”, advirtió la PIA, que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez. Apuntó a un presunto direccionamiento. Otra vez, Jan de Nul en la mira, junto a sus socios Román y, eventualmente, los Neuss.

Mientras se abrían este martes los sobres con ofertas económicas, el diputado peronista Jorge Taiana encabezó una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados junto a legisladores del bloque Unión por la Patria, especialistas, representantes sindicales, activistas ambientales y referentes de organizaciones en “defensa de la soberanía sobre el Paraná”. mLos asistentes coincidieron en cuestionar la actual licitación de la Vía Navegable Troncal por la supuesta falta de transparencia, la ausencia de participación federal -no se convocó a las provincias vecinas del río- y las presuntas “serias irregularidades” en el proceso.

Una serie de organizaciones no gubernamentales nucleadas en el Foro por la Recuperación del Paraná presentó este martes un pedido de medida cautelar para frenar la licitación de las obras de ensanchamiento y profundización de dragado. “Es muy grave que se avance sin un estudio de impacto ambiental con el agravante que ya han sido identificados graves impactos ambientales en el río y sus humedales, con consecuencias como faltantes de agua, contaminación, entre otros, además de otras ilegalidades y/o irregularidades”, completaron.

AR/CRM

El Gobierno avanzó este lunes en la licitación de la Vía Navegable Troncal al confirmar las dos empresas que competirán en la instancia económica final por el contrato de dragado y mantenimiento de la principal autopista fluvial del país, la hidrovía del Paraná-Paguay. Pero el proceso llega a esa etapa con serias observaciones del Ministerio Público Fiscal sobre posibles irregularidades que, según la propia procuraduría especializada, podrían derivar en consecuencias administrativas e incluso penales.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, que ratifica la precalificación técnica de los consorcios Jan de Nul N.V. junto a Servimagnus S.A. —la firma belga que opera actualmente la hidrovía— y DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering NV), también de origen belga. Una tercera postulante, la brasileña DTA Engenharia Ltda., había sido descartada en una etapa anterior. La apertura de las ofertas económicas está prevista para este martes 19 de mayo a las 13 horas a través del portal CONTRAT.AR.

La licitación, que busca adjudicar bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje las tareas de dragado, señalización y mantenimiento del tramo que va desde la confluencia del Paraná hasta el Río de la Plata exterior, involucra inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares y cubre la vía por la que circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

El proceso se enmarca en la reestructuración del sector dispuesta por el DNU 3/2025, que disolvió la Administración General de Puertos (AGP) y creó la ANPYN. El Gobierno destacó que contó con el asesoramiento de la UNCTAD y habilitó instancias de participación ciudadana que recibieron más de 200 consultas.

Sin embargo, el avance administrativo coexiste con alertas institucionales de peso. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, emitió días atrás un nuevo dictamen —enviado a la fiscalía federal 9 en el marco de una causa penal en curso— en el que señaló una serie de problemas en el proceso: ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados, falencias en la cláusula anticorrupción, intervención meramente formal del área jurídica de la ANPYN, y la posibilidad de que el contrato sea cedido a terceras empresas que no cumplieron los requisitos técnicos originales. El organismo también advirtió sobre un posible direccionamiento del resultado, vinculado al mayor peso asignado a la oferta técnica por sobre la económica.

Lo que agrava el cuadro es que no se trata de observaciones nuevas. La PIA había emitido un dictamen similar en febrero de 2025, antes de que el Gobierno diera de baja el primer llamado a licitación por las mismas razones. Esta vez, la procuraduría concluyó que la administración nacional volvió a incurrir en buena parte de aquellas irregularidades. La conclusión del organismo fue taxativa: el proceso podría derivar en una adjudicación pasible de reproches tanto en el plano administrativo como en el penal.

En el plano político, el diputado Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación y reclamar su suspensión hasta que se subsanen los problemas señalados por la Fiscalía Anticorrupción. Desde el otro lado, entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina y cámaras del sector portuario y naviero expresaron su respaldo al avance del proceso, argumentando la urgencia de las obras de profundización de calado para sostener la competitividad exportadora.

La apertura de los sobres económicos de este martes despejará parte del misterio sobre quién administrará la hidrovía durante las próximas décadas. Pero la sombra del dictamen de la PIA proyecta incertidumbre sobre la validez jurídica de lo que se resuelva.

Esta semana se reveló que hay un empresario local experto en contratos con el Estado participando de la licitación de una de las principales concesiones y privatizaciones que planea el gobierno de Javier Milei, la hidrovía del río Paraná. Se trata de Ricardo Román, dueño de la dragadora Servimagnus y del grupo logístico Loginter, integrante de la familia Román, de larga tradición en el negocio de los puertos argentinos. Su hermano, Alfredo, era el zar de las grúas, pero ya está retirado. A su vez, Ricardo trabaja con su hijo Leonardo. Pretendent un negocio de US$300 millones de dólares anuales, en el que se deben invertir 400 millones en los primeros cinco años para aumentar la profundidad del río y permitir así que los buques entren y salgan del río más cargados y, por tanto, con menos costos por unidades transportadas.

Cuando a fines de febrero se abrieron los sobres de la licitación por 25 años del Paraná, por el que circula 80% de las exportaciones argentinas, el Ejecutivo había anunciado que había tres contendientes: dos gigantes belgas, Jan de Nul, que draga el río desde hace 31 años, y su archienemigo DEME, así como una brasileña, DTA, cuya propuesta se cayó a los pocos días porque no presentó las garantías requeridas. Pero en Aquel; momento no se aclaró que Jan de Nul iba acompañado. Esta semana, Jan de Nul presentó diez objeciones contra DEME, por diversos supuestos como invalidez de la garantía, contradicciones en los antecedentes y falta de equipos suficientes, pero en esa presentación se aclaró que encabeza un consorcio en el el 40% pertenece a Servimagnus, de Román.

Servimagnus opera en izamientos de gran porte, en dragado y balizamiento a menor escala que Jan de Nul o DEME, pero en alianza con la empresa estatal china CCCC; en salvamento y reflotamiento de buques y en obras portuarias. Loginter, a su vez, gestiona los puertos de Bahía Blanca, Dock Sud, San Nicolás y La Plata. Además ofrece logística en Vaca Muerta y minería, almacenamiento y distribución y transporte terrestre, como en el de aspas de molinos eólicos.

No es la primera vez que Jan De Nul elige un socio local para sus negocios en la Argentina. En la primera concesión de la hidrovía, en 1995, bajo el gobierno de Carlos Menem, fue en sociedad con Emepa, de Gabriel Romero, que en la causa cuadernos confesó que pagó a coimas para que la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner le prorrogara el contrato. Jan de Nul aclara que no tenía nada que ver con esos sobornos. Pero no seria la primera vez que una multinacional usa un socio local para adornar funcionarios porque las normas internacionales que las rigen las castigan duramente si las descubren cometiendo un cohecho. Claro que quizás no sea el caso el de Román, más allá de su experiencia en conseguir contratados del Estado.

Uno de los puntos criticados de la licitación de la hidrovía es que el Gobierno obliga al ganador no sólo a completar tareas de dragado y balizamiento, como en el anterior contrato, sino también en otras tareas que expertos como Alejandro Bustamante consideran que no tienen que ver con la finalidad de la concesión y obligan a abrir el negocio a la subcontratación. Por ejemplo, el relevamiento batimétrico e hidrométrico, el control de derrames, el reflotamiento y salvamento de buques y la provisión y el mantenimiento de infraestructura para control de tráfico.

Y ahí es donde rivales de Jan de Nul sospechan que podría subcontratar a los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial de Santiago Caputo y también del encargado de la licitación, Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Los hermanos Neuss son grandes empresarios, con una firma de servicios petroleros, Gracco, pero en ascenso en la era libertaria. Con este gobierno ya ganaron la concesión de dos de las cuatro hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue.Su eventual subcontratación es un misterio que sólo se revelará si Jan de Nul y Román ganan la licitación.

Bustamante, director de la consultora Almatea Agro y profesor de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), también critica que la licitación establece un peaje mínimo, cuando él considera que si los contendientes pudiesen ofrecer menores precios podría llegar a abaratarse el servicio a la mitad. También objeta que el tramo final del Paraná, desde Rosario al río de la Plata, deba profundizarse de 34 a 40 pies, cuando él sostiene que debería llegarse a los 44 para llenar los barcos y ahorrar así mayores costos. En cambio, Luciano Orellana, militante del Foro por la Recuperación del Paraná, critica la licitación, entre otros motivos, por el impacto ecológico de llegar a los 40 pies, además de por la cesión de soberanía de un activo geoestratégico en manos de empresas privadas de otros países.

Por las exigencias establecidas en la licitación, Jan de Nul llevan todas las de ganar. Por ejemplo, porque se exige experiencia en el dragado de largos ríos de llanura con fuerte sedimentación. En el mundo sólo hay tres concesiones de dragados de ríos en el mundo tan extensos como estos 1.400 kilómetros del Paraná, desde el noreste de la Argentina hasta el río de la Plata, que viene operando la empresa belga desde 1995. Los otros dos son el Misisipi, en manos del Ejercito norteamericana, y el Yang Tsé Kiang, en China, que está operado por CCCC. Esta empresa asiática estaba interesada por la hidrovía, pero Arreseygor impidió que participara en la subasta al prohibir que lo hicieran compañías estatales con el argumento razonable de evitar que este activo geoestratégico quede en poder de una firma del Estado de otra nación. Claro que también influyó la oposición de EE UU a que fuera una empresa china la que se lo apropiara.

Al gobierno de Milei, por el contrario, no le incomoda que el río vaya a parar al control de empresarios privados belgas. Por cierto, Jan de Nul y DEME llevan décadas de hostilidad entre sí. En los 80, DEME filtró a la prensa datos de sobornos de su rival en Bélgica, que la Justicia terminó comprobando. Desde entonces Jan Pieter de Nul, cuyo nombre puso a la empresa, y DEME, que ahora está encabezado por Luc Bertrand, mantienen una pésima relación. El año pasado, DEME recurrió a la justicia argentina contra la primera licitación de la hidrovía que organizó el gobierno de Milei porque supuestamente iba a favorecer a Jan de Nul. Finalmente, el Ejecutivo la anuló y ahora va por su segundo intento.

Ahora es Jan de Nul la que objeta a DEME. Pero esta última también se ha conseguido un aliado. Así como en el mundillo del dragado se apunta a que Jan de Nul cuenta con el apoyo de Caputo y los Neuss, ejecutivos de DEME fueron recibidos a principios de mes por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, según La Política Online. Menem responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rival interna de Caputo.

Pero más allá de la concesión de la hidrovía, que se define en mayo o junio, a los Neuss también les interesa otra privatización del Gobierno, la de la mayor transportista eléctrica del país, Transener, que conecta a todo el territorio. Valuada en US$200 millones, en abril finaliza el plazo para presentar ofertas. Los Neuss ha formado Edison Energía, con la que ganaron las hidroeléctricas. Allí tienen varios socios, incluidos Rubén Cherñajovsky, que con Newsan produce desde los televisores Noblex hasta las toallitas Always, y Guillermo Stanley y los demás socios de los alfajores Havanna.

Otros candidatos para Transener son los accionistas de Edenor, de José Luis Manzano -que ha pasado de promotor de Sergio Massa a fan de Milei-, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; la familia Sielecki, que como socios de Laboratorios Elea producen medicamentos como el Geniol, además tienen acciones en Transportadora Gas del Sur (TGS, que mueve todo lo de Vaca Muerta) y hasta el embajador libertario en Francia, Ian Sielecki; Central Puerto, entre cuyos accionistas están Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, del Banco Galicia; y Genneia, de Jorge Brito, del Banco Macro. En el Gobierno dice que hay interesados internacionales, pero no da sus nombres. Hay dudas después de que se quedaran con las manos vacías en las licitaciones de las hidroeléctricas.

Con esta y otras privatizaciones, como la de Intercargo (servicio de rampa y asistencia en aeropuertos) y AySA, el Gobierno busca hacer caja. El economista Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, lo atribuye a la falta de acceso a los mercados internacionales de deuda. Es decir, que con la transferencia a largo plazo de negocios al sector privado el Gobierno cubre los baches coyunturales del pago de pasivos en divisas, con lo que consigue un alivio fiscal pero también en el balance cambiario para seguir sosteniendo la apreciación del peso, en su complicado intento por contener la inflación.

AR / NB

El segundo intento del gobierno de Javier Milei de concesionar la hidrovía del río Paraná Paraguay ha despertado críticas de algunos de los interesados en el negocio, más allá de los ecologistas que advierten sobre el impacto ambiental de las futuras obras de profundización del calado. Entre ellas, se señala que los oferentes no competirán por ofrecer la tarifa más baja posible a los barcos usuarios -sobre todo los usarán el agro, la industria y la importación- sino que habrá una mínima y que deberán satisfacer una serie de servicios que exceden a lo que es el dragado y el balizamiento y que seguramente deban subcontratar con otras empresas. La primera licitación se canceló en enero pasado tras acusaciones de favoritismos a la actual dragadora, la belga Jan de Nul.

Alejandro Bustamante, director de la consultora Amaltea Agro y profesor de la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos), advierte en un análisis sobre el pliego publicado la semana pasada. “La baja del costo unitario de transporte es de importancia medular. Si el diseño de la próxima concesión impide lograr este objetivo, el proyecto pierde su fundamento e interés para los dadores de carga genuinos”, arranca Bustamante, y luego advierte: “Tomando como punto de partida profundidad y tarifa de peaje vigentes hasta 2023, el rango de tarifas y las profundidades objetivo propuestas en el pliego para cada etapa perjudicarán la competitividad del comercio exterior de los países de la Cuenca del Plata por el plazo de la próxima concesión”, se refiere a los 25 años en que se dejará el río, clave para el comercio exterior de Paraguay, Brasil y la Argentina, en manos de una compañía privada.

“La tarifa propuesta para la Etapa 2 (a partir del séptimo año del contrato) prácticamente duplica la tarifa vigente hasta 2023, para llegar a una profundidad que no permite evitar el sobrecosto de la escala de completamiento de cargas de los buques graneleros que transportan más del 80% de los granos y subproductos exportados”, señala Bustamente. Justamente, los exportadores de granos, aceites y harinas pretenden que el río sea más profundo para cargar a tope las embarcaciones, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, porque así se reducirían los costos de transporte.

“Una licitación tiene el propósito de averiguar cuál es el precio ajustado por riesgo más competitivo que los potenciales oferentes están dispuestos a ofrecer, cumpliendo el nivel de prestaciones exigido por el concedente”, señala Bustamante. “El pliego especifica rangos de tarifas admisibles para cada etapa. Ofertas que superen la tarifa máxima del rango o que sean inferiores al mínimo del rango no son admisibles. El esquema de calificación de ofertas propuesto contradice el objetivo de una licitación competitiva. Desafortunadamente, la tarifa mínima definida para cada etapa es muy superior a la que probablemente surja de un proceso licitatorio genuinamente competitivo. Dado que la tarifa queda definida por el concedente, el objetivo implícito del proceso licitatorio es adjudicarle la próxima concesión al oferente que haya obtenido la mejor calificación técnica”, agrega el experto.

También advierte sobre la profundidad del río: “En tanto no se llegue a una profundidad de canales que permita evitar el costo incremental de la escala de completamiento (del barco), cualquier aumento de tarifa de peaje incrementará el costo de exportar o importar. La profundidad requerida para completar bodegas es de 42 pies para subproductos y aceites, y de 44 pies para granos. El concedente no establece ninguna obligación de lograr esas metas de profundización dentro del plazo de la concesión. En caso que el concesionario lo proponga y el concedente lo considere conveniente, la tarifa resultante no surgirá de un proceso competitivo, sino de un acuerdo entre concedente y concesionario, a partir de la información generada por el concesionario”.

Bustamante propone además separar la concesión del dragado de las tareas de balizamiento, que él sugiere licitar aparte y por diez años. A su vez, objeta que el concesionario deba ofrecer nuevos servicios y recomienda “excluir del área de responsabilidad aquellas actividades que no hacen a la navegabilidad”. “Las tareas de salvamento, reflotamiento de buques hundidos y control de derrames son de naturaleza eventual. No deberían generarse nuevos monopolios para el desarrollo de estas actividades, encareciendo innecesariamente la tarifa de peaje, cuando existen alternativas disponibles que han permitido hacer frente a estas eventualidades. Control de derrames: existen mecanismos de respuesta establecidos, y se cuenta con empresas privadas habilitadas y auditadas por la Prefectura. Los puertos tienen planes de contingencia aprobados, los buques tanques que operan también tienen coberturas para la respuesta ante un hecho, además de contar con los seguros correspondientes. Asistencia y salvamento: actividad altamente especializada, con personal capacitado y medios para actuar en siniestros, varaduras, incendio, colisiones, hundimientos totales o parciales. Los costos de las operaciones son pagados por los armadores y/o seguros de los buques y/o carga involucrados. El armador y sus aseguradoras son quienes deciden qué empresa vá a prestar el servicio”, advierte el consultor.

“El pliego requiere equipamientos que van más allá del dragado y balizamiento de la via de navegación”, opina. “Se invaden o superponen funciones propias de Prefectura, Servicio de Hidrografía Naval (SHN), Instituto Nacional del Agua (INA), Servicio Meteorológico Nacional y organismos de medio ambiente. Los centros de monitoreo hidrometeorológico deben estar en manos de la Prefectura, SHN e INA.”

Bustamante observa el fondo de seguridad que se crea: “El desarrollo y la gestión de infraestructura para control de tráfico y prevención de contrabando o narcotráfico corresponden al ámbito de responsabilidad indelegable de la PNA y de la Aduana. Tratándose de una decisión política del gobierno nacional, los costos deberían estar en cabeza de todos los ciudadanos, y no exclusivamente en cabeza de los dadores de carga”.

También rechaza “trasladar a la próxima concesión la deuda generada por el actual concesionario”: “El pliego estipula el pago por parte del nuevo concesionario de un canon inicial por US$35 millones, correspondiendo este importe al saldo de una deuda presunta generada con el actual prestador de servicios de dragado durante la gestión del actual concesionario. El contrato de concesión vigente estipula que el concesionario actual asumió la gestión del dragado a su cuenta y riesgo. No corresponde que el próximo concesionario deba hacerse cargo de las consecuencias del déficit generado durante la actual gestión, ni que se translade ese sobrecosto mediante una mayor tarifa de peaje a los usuarios”.

“El pliego propone adjudicar a un solo concesionario las operaciones de dragado, balizamiento, relevamiento batimétrico e hidrométrico, control de derrames, reflotamiento y salvamento de buques, provisión y mantenimiento de infraestructura para control de tráfico; para los 1.440 kilómetros en un solo bloque”, resume Bustamante. “Una empresa prestadora de servicios de dragado deberá subcontratar todas las tareas que excedan su área de expertise”, advierte y enumera argumentos sobre “la conveniencia de separar la licitación de dragado de la licitación de balizamiento y relevamiento, y fraccionar la traza en más de un tramo concesionado”.

AR/CRM

A pesar de las denuncias penales, recursos de amparo, medidas cautelares y pedidos de información sin responder, el gobierno nacional avanza aceleradamente hacia la reprivatización del río Paraná y la Cuenca del Plata toda. Es la regresión de los derechos ambientales y constitucionales en estado puro.

Hace unos pocos meses, el mismo Estado (ex Ministerio de Ambiente) reconoció públicamente ante la Justicia Federal que “jamás intervino en ningún estudio de impacto ambiental” vinculado al proyecto de la red fluvial por el canal central del “pariente del mar”. Esto significa que no hay información seria, interdisciplinaria, acumulativa ni estratégica que tenga en cuenta la situación hídrica, la diversidad biológica y los riesgos vinculados al cambio climático, las quemas, la deforestación y la contaminación que amenazan y vienen castigando uno de los corredores bioculturales más importantes del Planeta.

En febrero de este año la licitación fracasó por las denuncias cruzadas de las empresas extranjeras que pulsan el negocio del balizamiento y dragado, acusando al proceso licitatorio de tener “direccionalidad”, con 12.000 millones de dólares en disputa. Finalmente se presentó una sola, la denunciante. Un papelón internacional.

Si esta licitación se concreta, la empresa ganadora podría profundizar el dragado de 34 a 44 pies, lo que en el contexto de la “policrisis” antes mencionada, provocaría un verdadero ecocidio. El ecocidio es la destrucción grave, extensa y duradera de los ecosistemas naturales, y puede definirse como “la destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada” según el Diccionario de la Lengua Española. Aunque todavía no está universalmente reconocido como crimen internacional, hay un esfuerzo para que se convierta en el quinto crimen contra la paz.

El 1° de marzo de este año se puso en marcha la campaña “Remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía”, con el objetivo de advertir y denunciar los peligros inminentes en relación a la nueva licitación. Tres canoas: la Yaguarona, la del Zurdo y Salvemos el Paraná, secundadas por tres kayakistas, unieron Clorinda (Formosa) con Rosario (Santa Fe) a remo, llegando el 22 de marzo “Día Mundial del Agua”, donde fueron recibidos por una multitud.

El colectivo “Remar Contracorriente” se constituyó con más de 190 organizaciones ambientales, sociales, de pueblos originarios, religiosas, sindicales, académicas, políticas y artísticas de toda la cuenca y cuenta con el acompañamiento de la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande.

Además de “remar” contra este modelo extractivista global y sus impactos socioambientales en los territorios y comunidades que lo habitan, la campaña puso el foco en la pérdida de la soberanía denunciando la reprivatización del río Paraná: La entrega de su gestión a intereses privados y extranjeros renuncia a la responsabilidad del Estado sobre un recurso estratégico y pone en riesgo la soberanía de nuestro país. El control sobre lo que se transporta y sucede en el río, quedaría en manos de empresas y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, decisión inaceptable cuando nuestro país puede hacerlo con su propia capacidad , como lo hizo más de 120 años. Es un escándalo político la entrega de la soberanía y la seguridad nacional a manos de empresas y estados extranjeros, como lo advierte hace años el Foro por la Recuperación del Paraná.

Convertir nuestros ríos en “autopistas líquidas” para que ingresen buques enormes, de hasta 80.000 TN, con el único objetivo de abaratar costos de flete de las empresas, es la institucionalización de la entrega de nuestros territorios y bienes comunes, consolidando el modelo que dispuso el Consenso de Washington a fines de los 80, que ubicó a la Argentina como simple proveedor de materias primas (commodities) exportables como la soja, el petróleo o los minerales. Somos zona de sacrificio de los países ricos.

El artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina establece que el dominio originario de los recursos naturales en el territorio de las provincias corresponde a éstas. Sin embargo las provincias no han participado de las decisiones. El gobierno de Entre Ríos, alineado al gobierno nacional, celebra su inclusión en el proyecto a través del dragado de los ríos Paraná Bravo y Paraná Guazú, con la promesa del desarrollo de nuevos puertos privados y el aumento de la competitividad logística de la provincia. Todo esto sin estudios de impacto ambiental, profundizando un modelo que favorece el sistema agroexportador que concentra las riquezas y genera pocas oportunidades de desarrollo local.

En este marco, a través de un proyecto de ley, nuestra diputada entrerriana Blanca Osuna propuso la creación de una comisión administradora del río Paraná. La norma tendrá por objetivo institucionalizar un ámbito interjurisdiccional de coordinación, promoción y ejecución de políticas públicas ambientales, económicas y sociales para el óptimo cuidado y aprovechamiento racional del río Paraná y región adyacente. Establece, además, que la comisión tendrá competencia en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Es fundamental recuperar nuestro protagonismo, autonomía federal y responsabilidad política con las generaciones futuras.

El pasado lunes 3 de noviembre se realizó una audiencia pública sobre el futuro del Río Paraná, en la que se evidenció un contundente rechazo a seguir profundizándolo. Más del 90 % de los participantes dijo NO argumentando, además del desastre ecológico, social y económico, que la información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú. Lo que se expresó en una jornada extensa, fue una oposición transversal, masiva y  argumentada, que dejó en evidencia el enérgico rechazo a este modelo extractivo.

La Cuenca del Plata, al igual que otras cuencas hídricas del continente, viene sufriendo una notable disminución de sus caudales; la deforestación y el aumento de la temperatura global están afectando los regímenes de lluvias (ríos voladores), con un impacto directo en el sistema de humedales más extenso del planeta, desde el Pantanal hasta la desembocadura en el Río de la Plata.

De seguir profundizando el Río Paraná, el corredor de humedales e islas del delta se verían amenazados de muerte porque el agua fluiría hacia el canal o vía troncal, secando estos ecosistemas fundamentales para la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático. El derecho humano al agua estaría en grave riesgo, tal como lo vivió la localidad de Victoria (45.000 habitantes, Entre Ríos) que podría quedar sin acceso al líquido vital. También la Ciudad de Buenos Aires se vería directamente afectada por la destrucción de los humedales, considerados los riñones del planeta, que aseguran la calidad del agua filtrando sus contaminantes.

Desde el Colectivo Remar Contracorriente, además de rechazar la reprivatización de nuestro río y exigir que se cumpla con la Constitución Nacional, los principios de la Ley General del Ambiente  y el Acuerdo de Escazú (estudio y evaluación del impacto ambiental + participación “real” de las provincias y comunidades) estamos promoviendo la creación de los Comités Populares de Cuenca para lograr un “multilateralismo desde abajo” como lo propuso el Papa Francisco en Laudate Deum: “… A mediano plazo, la globalización favorece intercambios culturales espontáneos, mayor conocimiento mutuo y caminos de integración de las poblaciones que terminen provocando un multilateralismo ”desde abajo“ y no simplemente decidido por las élites del poder. Las exigencias que brotan desde abajo en todo el mundo, donde luchadores de los más diversos países se ayudan y se acompañan, pueden terminar presionando a los factores de poder. Es de esperar que esto ocurra con respecto a la crisis climática…”

Por estas horas, habiendo finalizado la COP 30 en Brasil, una vez más con sabor a poco frente al colapso y la injusticia climática, la humanidad inmersa en una crisis civilizatoria, una crisis de valores profunda se pregunta: ¿hacia dónde vamos?

Nosotros los pueblos de la Cuenca, los que habitamos estos territorios de agua, invocando la ancestralidad de quienes nos precedieron, poniéndole voz a nuestros bienes comunes decimos bien fuerte: “El río no se vende, el río se defiende”.

*Horacio Enríquez forma parte de Fundación Eco Urbano / Cuidadores de la Casa Común y Colectivo Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía

www.remarcontracorriente.org

Desde hace 45 años, Julián Aguilar, “el Negro”, practica el arte de la pesca en las aguas marrones y sedimentosas del río Paraná, un gigante fluvial que cruza media América del Sur creando vida y belleza a su paso. “Tenemos el mismo color, el río y yo”, dice, y se ríe con un gesto casi imperceptible de diversión y emoción. Erguido sobre la proa de su embarcación, muestra dos redes, una recién tejida por él mismo, flamante, y otra que recogió cerca del canal principal y que quedó abandonada por algún compañero que nunca volvió a buscarla.

Julián conoce muy bien el pulso del Paraná. Nació en Las Cuevas, un pueblo muy pequeño de la provincia de Entre Ríos, en 1960, cuando la naturaleza era otra y el río se movía, todavía libre y salvaje, a lo largo de sus casi 5.000 kilómetros de longitud, desde su nacimiento en Brasil hasta la desembocadura en el estuario del Plata. Al poco tiempo se afincó con su familia en la zona norte de Rosario, en el corazón geográfico de la región agrícola más próspera de Argentina. Allí, los pastizales pampeanos se encuentran con el humedal de las islas del Paraná en lo que se denomina el delta medio, un conglomerado infinito de tierra y agua donde dominan los verdes y los marrones. Un territorio anfibio, ambiguo y dinámico donde los pulsos de crecientes y bajantes del Paraná –es el octavo río más largo del mundo y el segundo de América, después del Amazonas– redibujan de manera constante sus costas, lagunas, madrejones y barrancas.

“En mi familia estar cerca del río era el lugar natural para ganarse la vida, y para el juego también”. Su primer trabajo, de muy joven, fue pescar, una actividad que comenzó a hacer con siete u ocho años durante los fines de semana. Cuando tenía nueve años su papá, “un hombre de la isla”, se compró una canoa: “Cuando yo empecé a trabajar con él salía surubí, dorado, boga, sábalo, todas piezas de tamaño extragrande, lo que hoy sería una sorpresa. Sacábamos sábalos de entre ocho y diez kilos y surubíes de 50. Solo se pescaba el pescado de temporada y algunos todavía salían a trabajar a vela; tener motor era una rareza, un lujo casi”. Era muy duro ser pescador hace 50 años, dice Julián. Había que remar, la ropa se mojaba y el frío y el calor se sentían con intensidad. “Era un trabajo muy físico, muy cansado”.

Pero hay otro río, también, al que la crisis ecológica generada por el ser humano afecta en su esencia y comportamiento, llenando de incertidumbre y variabilidad lo que hasta hace poco se llamaba normalidad o certeza científica. Un río más transitado, intervenido y contaminado que dejó de ser libre para convertirse en un curso multifragmentado. “Hasta hace 20 o 25 años el río pertenecía a la gente del río, pero hoy pertenece a los negocios”, explica el pescador desde la certeza que le da haber sido testigo directo, durante medio siglo, de las transformaciones del gran río de aguas marrones.

Un gigante sudamericano

El Paraná nace de la confluencia de los ríos Paranaiba y Grande en el sur de Brasil, atraviesa media Sudamérica y llega a trasladar hasta 15.000 metros cúbicos de agua por segundo. Está considerado, por su extensión, el tamaño de su cuenca y su caudal, el segundo en importancia de Sudamérica y uno de los más importantes del mundo.

A la altura de la localidad de Diamante –en la provincia de Entre Ríos– y hacia el sur comienza el delta, la última porción del sistema de humedales fluviales Paraná-Paraguay, que se extiende a lo largo de 300 kilómetros y cubre 2,3 millones de hectáreas. Estos humedales son una fuente enorme de servicios ecosistémicos que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes del sistema y que incluyen la amortiguación de las inundaciones y sequías, la depuración del agua, el control de la erosión y la protección costera, la provisión de gran cantidad de recursos, la regulación del clima y la provisión de sitios de refugio, alimentación y reproducción para diversas especies de la fauna silvestre.

En los últimos años ha tomado mayor importancia otra función clave de estos ecosistemas: su papel como aliados contra el cambio climático, pues mejoran la resiliencia de las comunidades frente a sus impactos, son barreras naturales contra las inundaciones y sequías y funcionan, además, como los sumideros de carbono más eficaces del planeta. A pesar de todo esto, se trata de un ecosistema muy amenazado por la acción humana y se estima que el 85% de los humedales que existían hace tres siglos ha sido destruido o transformado drásticamente.

Fragmentar el río

Los ecosistemas de agua dulce son la parte de la biosfera más amenazada de la Tierra: se estima que hasta el 83% de las poblaciones de especies de agua dulce está disminuyendo. Además, apenas el 37% de los ríos con más de 1.000 kilómetros conserva su cauce libre a lo largo de toda su extensión, y solo el 23% fluye de forma ininterrumpida hacia los océanos. Quedan cada vez menos ríos libres en el mundo y el Paraná ya no es uno de ellos. El “pariente del mar”, como describe con precisión y belleza su nombre la lengua guaraní, atraviesa una profunda transformación por los usos humanos de sus aguas y de sus tierras y en las últimas décadas se ha convertido en un curso multifragmentado por efecto de la pesca industrial, el dragado de su cauce para la navegación, la transformación de sus islas para ganadería y agricultura y la construcción de infraestructura como carreteras, puentes y represas como la de Yacyretá, enorme central hidroeléctrica ubicada en el límite entre Argentina y Paraguay.

El Paraná es el canal natural de salida de los granos y cereales que se producen en el centro y norte de la Argentina, así como en Paraguay, Bolivia e incluso zonas del sur de Brasil. El corredor Paraguay-Paraná, también conocido como Hidrovía –el nombre que tomó la empresa privada de capitales europeos que tuvo desde los años 90 la concesión del dragado y balizamiento del tramo navegable– tiene 3.442 kilómetros de extensión desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta el río de la Plata, donde termina su recorrido.

El Gran Rosario aloja uno de los polos portuarios graneleros más grandes del mundo, con unas tres decenas de grandes puertos de las mayores multinacionales del rubro, que van desde la china Cofco hasta Cargill, Dreyfus y Bunge. Desde esos puertos sale el 80% de las exportaciones agropecuarias argentinas

El Gran Rosario aloja uno de los polos portuarios graneleros más grandes del mundo, con unas tres decenas de grandes puertos de las mayores multinacionales del rubro, que van desde la china Cofco hasta Cargill, Dreyfus y Bunge. Desde esos puertos sale el 80% de las exportaciones agropecuarias argentinas, según la Bolsa de Comercio de Rosario. La construcción de los puertos, en el último tramo del siglo pasado, vino acompañada de profundas transformaciones territoriales en la tierra y en el agua, con impactos socioambientales que no han sido demasiado debatidos.

Cuando el río se incendia

El Paraná del siglo XXI es un nuevo río que se enfrenta a amenazas que tensionan al máximo las formas de habitar ese territorio. Desde la observación que hace todos los días de su vida, a Julián Aguilar le sobran argumentos para decir lo que dice: el río ha cambiado mucho. Un ejemplo es el puente Rosario-Victoria, una enorme obra de 60 kilómetros de largo que cortó las islas en dos y facilitó el acceso a un territorio antes exclusivamente insular. “El puente y la ruta provocaron un desastre ecológico en el humedal, donde se instalaron cebaderos y se construyeron terraplenes para el ganado. Cambió la escala, es todo industrial. Antes solo se sacaba de la isla lo que se comía. Ahora es para el negocio de unos pocos”.

El negocio de la soja ha llenado de vacas este humedal. “La expansión de la soja y más agricultura reconfiguraron la ganadería en todo el país, con un desplazamiento de las fronteras agropecuarias. El stock ganadero fue desplazado desde la región pampeana hacia zonas marginales de menor aptitud agrícola”, dice un informe del Taller Ecologista, que agrega que una de esas zonas fueron las islas del delta. Con la ganadería a gran escala llegó también el fuego. Según los datos que analizó el museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de la ciudad de San Nicolás, entre 2020 y 2023 se detectaron 82.000 focos de calor en el delta, con una superficie promedio para cada uno de esos focos de 14 hectáreas. En poco más de tres años se incendiaron un total de 1,2 millones de hectáreas, la mitad de ese territorio, que cubre 2,3 millones de hectáreas.

Las voces del territorio

Así lo cuenta Luisa Balbi, que tiene cinco hijos, va a cumplir 60 años y hace 35 que vive en las islas, frente a la ciudad santafesina de Villa Constitución “trabajando siempre, siempre”. Se ocupa de varias colmenas y otros animales de granja como cerdos, vacas, gallinas y ovejas. Es de familia de pescadores, pero dice que ya no es como antes y que ahora cuesta sacar buenos pescados porque “hay mucha depredación”. “Nadie respeta nada y se sacan animales cada vez más chicos. Pero la culpa no es del pescador, que necesita trabajar, sino de los que compran, de los de arriba, a esos no los controla nunca nadie”.

“Cuando era chica vivíamos de la pesca. Salían más especies que ahora y eran más grandes, ahora son todos chiquitos”, recuerda, para agregar que en los años que lleva en la zona nunca vio una bajante tan larga, ni incendios tan peligrosos como los de los últimos años. Las llamas consumieron todo: el suelo, la vegetación y a los propios animales. “No había más campo, nada, se quemó todo, hasta las nutrias y los pájaros. He visto a los carpinchos (capibaras) tirarse al agua de la desesperación”.

Los incendios en el delta escalaron a una nueva dimensión a partir de mediados de 2019, cuando la cuenca del Paraná entró en una bajante de sus aguas que duró hasta finales de 2023, la más prolongada jamás registrada, según el Instituto Nacional del Agua (INA). Durante la pandemia y en un escenario de aceleración de la crisis ecológica, el río entró en una “nueva normalidad” donde ya nada parece ser lo que era.

Un nuevo clima

El sudeste de Sudamérica es una región cada vez más vulnerable a eventos climáticos e hidrológicos extremos. Si bien los estudios de atribución demoran años, existen escenarios futuros probables en términos climáticos e hidrológicos para la cuenca del río Plata que indican que la región va hacia un clima más cálido con un incremento de la temperatura y de las precipitaciones, más que nada en los tramos alto y medio del río. Y aunque en términos de caudal medio para los próximos 30 años en el Paraná no aparece una variación significativa, esta proyección cambia cuando lo que se evalúa no es el caudal medio, sino los mínimos y los máximos.

Así razona Juan Borus, ingeniero hidráulico que desde hace 40 años se dedica a la hidrología y trabaja en el Instituto Nacional del Agua (INA). Desde su observación y estudio diario, Borus es un testigo privilegiado de la evolución ecosistémica del Paraná. “Por varias razones, hoy tenemos otro río que hace 40 años. Somos mucho más Paraná-dependientes que antes, sea para navegación, turismo, pesca, generación de energía o toma de agua”. Borus destaca un elemento central: los muy profundos y en muchos casos irreversibles cambios en el uso del suelo que rediseñaron la geografía de vastas zonas del sur brasileño, el este de Paraguay y el norte argentino, bajo la presión imparable de la expansión de la frontera agropecuaria: “En la zona de la alta cuenca no debe quedar ni el 1% del pastizal original”, dice, para explicar que esto se traduce luego en cambios de todo el equilibrio del sistema.

“Nosotros pagamos las cuentas del desarrollo de otros”, razona el orgulloso pescador Aguilar de la orilla brava del Paraná que quiere reivindicar su oficio: el más antiguo de la región, uno de los más antiguos de la humanidad. “El río es mi vida, es más que mi trabajo, es una parte muy importante de mí. Yo de joven pescaba todo el día y volvía a la tarde a mi casa y me cruzaba a la costa y me ponía a mirar el río de nuevo detenidamente, con tranquilidad. Si hasta mi piel es marrón. Tenemos el mismo color, el Paraná y yo”.

“Estamos perdiendo nuestra soberanía territorial. Se me pone la piel de gallina solamente de pensar lo que suceda. Tenemos que tener coraje, contagiar, hablar con mucha seriedad con los amigos, con los hijos. Tenemos que hacer mucho esfuerzo para revertir esta realidad”. El que habla es Luis “Cosita” Romero, expescador y ahora activista ambiental entrerriano, que junto con un grupo de personas viene descendiendo a remo por el río Paraná desde el 2 de marzo en el marco de la iniciativa Remar Contracorriente por el Agua y la Vida.

Partieron de Puerto Pilcomayo, cerca de Clorinda, en Formosa, y terminarán la travesía este sábado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en Rosario. En todo este tiempo, se detuvieron en diferentes pueblos y ciudades, donde fueron recibidos por la comunidad. Y en todas las escalas, “Cosita” tomó la palabra y repitió: “Estamos preparados. Tenemos conciencia sobre nuestro ambiente. Somos parte del río y tenemos que incidir en las políticas con mucha valentía. Que se vayan preparando los políticos para escuchar nuestras voces. Estamos comenzando a repensar en el mundo que queremos vivir”.

“Cosita” Romero tiene la piel curtida de andar por el río desde que tiene uso de razón. Habla con la convicción y la firmeza de la experiencia. Él ya puso el cuerpo una vez para defender al río Paraná. Fue en 1996. Entonces remó 22 días en la canoa “La enamorada del río” desde Ituzaingó, en Corrientes, hasta Paraná, en Entre Ríos, junto a Raúl Rocco, también pescador, para despertar consciencias e impedir la construcción de una megarepresa hidroeléctrica, la del Paraná Medio, un proyecto que iba a tener enormes impactos ambientales, sociales y ecológicos. Se pudo frenar. Ahora, a los 64 años, sintió que debía hacerlo otra vez. Fue el pliego de licitación de la llamada Hidrovía lo que lo puso en alerta.

El llamado a licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VTN) deja en manos de multinacionales la planificación y gestión del tramo más estratégico del río, lo que en la práctica implica entregar la soberanía sobre él, y habilita el dragado a 44 pies desde Timbúes, al sur de Rosario, lo que significa profundizar, ensanchar y remover millones de metros cúbicos de sedimentos contaminados que terminarían en el estuario del Río de la Plata o en las orillas, cerrando el necesario intercambio de agua y peces con los humedales y lagunas laterales. Romero entendió que el río estaba en peligro. Y así nació esta nueva gesta, a la que se sumaron más de 180 organizaciones.

El expescador rema en “La Yaguarona” junto con Martha Arriola, de la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, que cuenta con el apoyo del papa Francisco, y la ONG Cuidadores de la Casa Común. Comenzaron siendo ellos dos, junto con el músico y docente Mariano Martínez y unas veinte personas más, entre tierra y embarcaciones, y ahora ya son muchísimos más que se fueron sumando en el camino. A las embarcaciones principales las acompañan ya más de 30 kayaks. 

“En aquel momento, 'Cosita' defendió el río Paraná de la construcción de una represa y esta vez tuvo la misma intuición y un grupo de organizaciones, fundamentalmente Eco Urbano y Cuidadores de la Casa Común, abrazamos esa idea. Entendimos que se volvía a reeditar aquella circunstancia y que teníamos que salir”, cuenta Arriola.

Para Horacio “Indio” Enríquez de la Fundación Eco Urbano, uno de los voceros de la iniciativa, “esta es una remada que, como en el año 96, sirve para informar, para sensibilizar, para activar, para lograr que la gente se entusiasme y ponga en sus conversaciones, en la agenda de esos pueblos o comunidades, estas discusiones”. 

El recibimiento en los territorios es variado, pero siempre cálido. En algunos casos, como en la playa de Corrientes capital, fue muy grande la cantidad de gente que se reunió. En Paraná, se interpretó a coro “Madrugada del pescador”, de Miguel “Zurdo” Martínez, un clásico de la música regional. En otras localidades, fueron familias de pescadores las que recibieron a los remeros, les hicieron de comer y pudieron hablar de las problemáticas del río con ellos. También se hicieron en varios lugares diversos ritos espirituales de pueblos originarios en diálogo con la Iglesia católica y otros credos. Y en todas las escalas se repite un cántico: “No se vende, el río no se vende, el río se defiende”.

Enríquez destaca que todo el proceso está siendo comunitario y colectivo. “Viene desde abajo. Estamos remando contra un modelo global de un capitalismo que pone a nuestra cuenca y a muchas cuencas de América Latina como zonas de sacrificio, donde tienen a disposición agua, monte, suelo, grandes extensiones. Pero nosotros creemos que nuestro río Paraná no puede ser simplemente una autopista líquida para que las grandes multinacionales abaraten costos de flete y que siga manejándose bajo una lógica que es solamente monetaria, economicista”.

“No puede ser que se esté pensando en adaptar el río al tamaño de los buques. En ningún lugar del mundo a los buques que transportan más de 50, 60 y hasta 90.000 toneladas les permiten entrar al continente. Para eso es que los barcos tienen que adaptarse, con las barcazas que circulan permanentemente”, añade.

El activista agrega que la amenaza de profundizar el dragado del río “en un contexto de crisis climática, de estrés hídrico, de quemas de los humedales, de contaminación que provocan las ciudades, los cordones como Rosario y todo el cordón industrial sería realmente un ecocidio, un desastre ambiental y social”.

Porque el río produce muchas cosas que el sistema no valora, como los servicios de miles de hectáreas de islas y humedales, que Enríquez define como “los riñones del planeta”.

“Buenos Aires -Capital y el Gran Buenos Aires- toma agua del río de la Plata que recibe el agua del Paraná, que fue filtrada por el Delta y por todo el ecosistema de los humedales. Si lo profundizamos, vamos a estar removiendo millones de toneladas del sedimento contaminado y vamos a estar achicando el valle fluvial del río Paraná. O sea, haciendo que el agua se concentre en esa profundización del canal. Y miles de hectáreas de lagunas y ecosistemas van a perder la capacidad de producir vida, flora y fauna”, añade.

La remada termina este sábado en la playa de La Florida, en Rosario. Se espera que en el tramo final se sumen más kayaks, piraguas y canoas desde la Isla de los Mástiles, cerca del puente Rosario-Victoria. Habrá una radio abierta desde las 15 y alrededor de las 17 estarán llegando las embarcaciones principales con sus banderas argentinas, entrerrianas, la wiphala y la bandera universal por la paz. También habrá un festival de música con la participación de Jorge Fandermole, que cantará, como no podía ser de otra manera, “Oración del remanso”, otra canción emblemática del río, que refleja el destino sufrido de un pescador.

Y es que ese es otro patrimonio que está en riesgo. “Ponemos en valor lo que nuestros poetas, nuestros cantores, le han escrito al río, a nuestros paisajes, porque ahí también se juega la posibilidad de que con una obra así perdamos un montón del acervo cultural. Porque si se van secando los humedales, los pescadores se tienen que retirar. Con ellos, se retira toda la mística de la familia de la costa. Y eso también va impactando sobre la poética que nos identifica”, subraya Enríquez.

Los postulados de Remar Contracorriente también incluyen puntos de vista feministas. “Discutimos qué nos pasa como civilización en crisis y eso se vincula a lo que se llama el patriarcado y a esa violencia que sufre la naturaleza, que sufre la mujer y que sufren los más débiles”. 

El enorme esfuerzo de esta iniciativa no terminará el sábado y sus propulsores se muestran optimistas, aunque saben que enfrentan una lucha desigual. “Tenemos el deber político de incubar la esperanza, de generar la utopía de que el mundo todavía puede seguir siendo humano y que la lógica del mercado no se lleve puestos los valores. Sabemos que estamos peleando contra un poder concentrado muy grande, que es la estructura de las grandes multinacionales. Pero siempre fue el pueblo el que se levantó para generar los procesos políticos que se necesitan. Si no es el pueblo, ¿quién lo va a venir a defender al río?”, señala Enríquez.

Y añade: “Seguimos creyendo que vamos a poder al menos lograr que el pliego licitatorio no incluya la profundización de los 44 pies, que tenga en cuenta la voz de las provincias, que presenten los estudios de impacto ambiental. Y si bien la travesía termina este 22 de marzo, la lucha va a seguir. Vamos a seguir construyendo el colectivo, vamos a seguir hablando de lo que nos pasa en el Paraná, de lo que pasa en el Uruguay. Sabemos que es una pelea muy desigual, pero no por eso vamos a bajar los brazos”.

“Soy optimista por naturaleza. Siempre lo fui. Pero no ingenua”, dice, por su parte, Martha Arriola. “Creo que si nos ponemos en marcha como pueblo, tenemos que frenar esta licitación. También la crueldad de este gobierno que quiere terminar con el Estado, terminar con los más débiles. Y así como enarbolamos la bandera hace 28 años, también en esta ocasión tenemos que frenar esta licitación. No va a ser fácil, pero hay que abordarla desde distintos puntos de vista: con acciones judiciales, políticas, legislativas. Con el pueblo en marcha”.

CRM/JJD

Desde hace 45 años, Julián “el Negro” Aguilar pesca en las aguas marrones y sedimentosas del río Paraná, un gigante fluvial que cruza medio Cono Sur creando vida y belleza a su paso. “Tenemos el mismo color, el río y yo”, dice y se ríe, con un gesto casi imperceptible que mezcla diversión y emoción. 

Aguilar conoce muy bien el pulso del Paraná: nació en Las Cuevas, un pueblo muy pequeño de la provincia de Entre Ríos, en 1960, cuando la naturaleza era otra y el río se movía, todavía libre y silvestre, sin trabas, a lo largo de sus casi 5 mil kilómetros de largo, desde su naciente en Brasil hasta su desembocadura en el estuario del Plata. Al poco tiempo se afincó con su familia en la zona norte de Rosario, ciudad ubicada en el corazón geográfico de la región agrícola más próspera de la Argentina. 

Su primer trabajo, de muy joven, fue pescar, actividad que comenzó a hacer con 7 u 8 años, durante los fines de semana. Cuando tenía 9 años su papá se compró una canoa: “Cuando yo empecé a trabajar con él salía surubí, dorado, boga, sábalo, todas piezas de tamaño extra grande, lo que hoy sería una sorpresa. Solo se pescaba el pescado de época, y algunos todavía salían a trabajar a vela”.

Pero ahora el río es otro, al que la crisis ecológica generada por el ser humano afecta en su esencia y comportamiento, llenando de incertidumbre y variabilidad lo que hasta hace poco se llamaba normalidad. Un río más transitado, más intervenido y más contaminado que dejó de ser libre para convertirse en un curso multifragmentado. 

El gigante sudamericano

El Paraná nace de la confluencia de los ríos Paranaiba y Grande en el sur de Brasil, atraviesa tres países y llega a trasladar hasta 15 mil metros cúbicos de agua por segundo. El río drena una superficie de 2,3 millones de kilómetros cuadrados y es considerado por su extensión, el tamaño de su cuenca y su caudal, el segundo en importancia de Sudamérica, según la Fundación Humedales.

Desde la altura de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, hacia el sur comienza el Delta, la última porción del sistema de humedales fluviales Paraná-Paraguay. Se extiende a lo largo de 300 kilómetros y cubre unas 2,3 millones de hectáreas. Estos humedales son una fuente de servicios ecosistémicos como amortiguación de las inundaciones y sequías, depuración del agua, control de la erosión y protección costera, provisión de gran cantidad de recursos (pesqueros, forrajeros, madereros, medicinales, para la construcción y la indumentaria, entre otros), regulación del clima y provisión de sitios de refugio, alimentación y reproducción para diversas especies de la fauna silvestre.

En los últimos años tomó mayor importancia otra función clave de los humedales: su rol como aliados contra el cambio climático, ya que mejoran la resiliencia de las comunidades frente a sus impactos, son barreras naturales contra las inundaciones y sequías y funcionan, además, como sumideros de carbono. A pesar de todo esto, se trata de un ecosistema muy amenazado por la acción humana y se estima que a nivel global el 85% de los humedales que existían hace tres siglos fueron destruidos o transformados drásticamente.

El Delta del Paraná no escapa a eso, ya que se trata de un territorio que el ser humano ha usado para fines productivos desde tiempos antiguos. En la actualidad, en los tramos superior y medio del Delta la ganadería es una de las actividades productivas de mayor importancia: a partir de los primeros años de este siglo, tuvo un importante salto de escala después de que el boom de precios de la soja llenara de ese grano los campos de la zona núcleo pampeana argentina.

La pesca es otra actividad importante, y el sábalo es el recurso pesquero más abundante. La pesca industrial de esa especie dió un salto con la habilitación de su exportación a mediados de los años ‘80 y otro mayor a mediados de los ‘90: entre 1994 y 2004, las exportaciones pasaron de 2.785 toneladas a 32.000 toneladas de sábalo, de acuerdo a una evaluación de la Secretaría de Agricultura de 2008. Ello generó “una reducción en el tamaño medio de los peces capturados debido al aumento del esfuerzo de pesca”, según el documento.

Entre 2015 y 2018, esa cantidad osciló entre las 15 mil y las 20 mil toneladas, según datos oficiales. Esa práctica extractiva fue señalada como un problema ambiental muchas veces por diferentes organizaciones y académicos, que incluso pidieron que se revea esa política durante la última gran bajante (que comenzó en agosto de 2019 y se extendió hasta finales de 2023) para permitir la recuperación de las especies comerciales.

La era de la multifragmentación

Según el “Freshwater Living Planet Index” que publica la World Wildlife Foundation en su Living Planet Report de 2022, los ecosistemas de agua dulce son la parte de la biosfera más amenazada de la Tierra: se estima que hasta el 83% de las poblaciones de especies de aguas dulces están decreciendo. Además, apenas el 37% de los ríos con más de 1.000 kilómetros conservan su cauce libre a lo largo de toda su extensión, y solo el 23% fluye de forma ininterrumpida hacia los océanos.

Quedan cada vez menos ríos libres en el mundo y el Paraná ya no es uno de ellos. En el Delta del Paraná, una de las mayores amenazas al equilibrio ecosistémico es la construcción de diques y terraplenes. Según el trabajo “El Delta del Paraná”, de Wetlands International, las áreas endicadas pasaron de ocupar el 10% de la región en 2005 al 14% en 2018. En muchos casos, esta alteración agresiva del régimen hidrológico del territorio es consecuencia de la ganadería de Islas, que de esta manera busca facilitar la circulación o evitar el ingreso del agua al interior de los campos.

Tallar el río

La acción humana no solo ha cambiado lo visible de la naturaleza del Paraná, sino también lo que no se ve. Carlos Ramonell, geólogo especializado en morfología fluvial de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), explica que los ríos tienen un pulso de cambios naturales por su propia hidrología, a lo que se suman los cambios derivados de la antropización del ecosistema, sea de forma directa o indirecta. Uno de los efectos de la acción humana tiene que ver con la regulación de caudales, no solo los líquidos (el agua), sino también los sólidos (los sedimentos). 

“Desde un punto de vista físico, un río no solo mueve agua, también mueve una masa de sedimentos que es lo que le da una identidad y lo constituye, porque de ahí salen luego las formaciones insulares que genera. Para eso, hace falta tierra”, dice Ramonell.

“Actualmente lo que aporta el Bermejo [un río afluente] al Paraná representa el 90% del sedimento fino del río aguas abajo. Antes de Itaipú (central hidroeléctrica compartida por Paraguay y Brasil) el Bermejo representaba el 56% del aporte de sedimentos: no es que ahora ese río aporta más, sino que el resto aporta menos”, razona Ramonell. Y concluye: “acá tenemos un impacto indirecto de la acción humana sobre el río, ya que las presas en Brasil retienen sedimentos finos y eso cambia la composición de su caudal sólido”.

¿Por qué importa esto desde un registro ambiental del río? Porque con el sedimento fino vienen los nutrientes, que constituyen un sustrato más adecuado para la vegetación. “No es lo mismo un suelo arenoso, que suele ser más estéril, que un suelo limo-arcilloso con textura y estructura más adecuada para esto. Aquí tenemos un impacto indirecto de las presas”, expresa el geólogo.

La Hidrovía

Por condiciones geográficas y por la propia historia agroindustrial de la región, el Paraná es el canal natural de salida de los granos y cereales que se producen en el centro y norte de la Argentina, así como en Paraguay, Bolivia e incluso zonas del sur de Brasil. El corredor Paraguay-Paraná, también conocido como “Hidrovía” (el nombre de la empresa privada de capitales europeos que tuvo desde los ‘90 la concesión del dragado y balizamiento del tramo navegable) tiene 3.442 kilómetros de extensión desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta el río de la Plata.

La reducción de la identidad natural del río que trae consigo el término “Hidrovía” no es gratuita. En el trabajo “Potenciales impactos ambientales de la Hidrovía en el tramo medio del río Paraná”, los investigadores Martín Bletter y Luis Espínola hablan de la “complejidad fluvial” del sistema y de los impactos antrópicos del dragado “que tiende a simplificar morfológica e hidrológicamente a las corrientes fluviales, con consecuencias ecológicas negativas para la estructura y función de estos ecosistemas”. 

Según explican Bletter y Espínola, la vía navegable “tiene impactos ambientales directos, indirectos, momentáneos y acumulativos” que pueden afectar los servicios ecosistémicos y al sistema acuático, por la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats fluviales y de la fauna y flora asociada. 

La nueva normalidad

El Paraná del siglo XXI es un nuevo río que está frente a amenazas que tensionan al máximo las formas de habitar ese territorio. A Aguilar le sobran argumentos para decir que el río ha cambiado mucho. Un ejemplo es el puente Rosario-Victoria, obra vial de 60 kilómetros de largo que cortó a las Islas en dos y facilitó el acceso a un territorio antes exclusivamente insular. “El puente y la ruta hicieron un desastre ecológico en el humedal, se instalaron feedlots y construyeron terraplenes para el ganado. Cambió la escala”, sostiene.

La expansión de los cultivos de soja en la Pampa Húmeda y el puente llenaron de vacas este humedal. “La expansión de la soja y la profundización de la agriculturización reconfiguraron la ganadería en el país, con un desplazamiento de las fronteras agropecuarias. El stock ganadero fue desplazado desde la región pampeana hacia zonas marginales de menor aptitud agrícola”, dice el trabajo “Impacto de la ganadería sobre las islas” de la ONG Taller Ecologista. “Otros factores favorecieron el creciente uso de esas tierras, como la construcción del puente Rosario-Victoria y la política de arrendamiento de tierras fiscales”, puntualiza esa investigación.

Con la ganadería a gran escala en el Delta del Paraná [la cantidad de cabezas se multiplicó por 10 entre 1997 y 2007] llegó el fuego, que muchos productores ganaderos usan durante los meses secos del invierno austral como herramienta de manejo para “limpiar” los terrenos de vegetación seca y favorecer el rebrote primaveral de las pasturas. Los incendios en el Delta escalaron a una nueva dimensión a partir de mediados de 2019, cuando la cuenca del Paraná entró en una bajante de sus aguas que duró hasta finales de 2023, la más prolongada jamás registrada, según el Instituto Nacional del Agua.

Según el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de la ciudad de San Nicolás, entre 2020 y 2023 se detectaron 82 mil focos de calor en el Delta, con una superficie promedio para cada uno de esos focos de 14 hectáreas. En poco más de tres años se incendiaron un total de 1,2 millones de hectáreas, la mitad de ese territorio que cubre 2,3 millones de hectáreas. 

'Nunca vi incendios así’

Luisa Balbi tiene cinco hijos, va a cumplir 60 años y hace 35 que vive en las Islas, frente a la ciudad santafesina de Villa Constitución, donde se ocupa de colmenas y animales de granja. Es de familia de pescadores, pero dice que ya no es como antes y que ahora cuesta sacar buenos pescados porque “hay mucha depredación”. 

“Cuando era chica vivíamos de la pesca, salían más especies que ahora y eran más grandes, ahora son todos chiquitos”, recuerda, para agregar que en los años que lleva en la zona nunca vio una bajante tan larga, ni incendios tan peligrosos como los de los últimos años. Las llamas consumieron todo: el suelo, la vegetación y a los propios animales. “No había más campo, nada, se quemó todo, hasta las nutrias y los pájaros. He visto a los carpinchos (capibaras) tirarse al agua de la desesperación”.

Aguilar lo recuerda así: “nunca vi una bajante ni incendios así. He visto quemas, si, y vacas también, pero nunca como en estos últimos años. En el pico de los incendios no se podía respirar. Nos teníamos que poner un pañuelo mojado en la boca para poder levantar la red”.

Esa transformación del territorio que cuentan los habitantes del lugar fue corroborada, también, desde la ciencia. Guillermo Montero es ingeniero agrónomo y lideró un equipo de la Universidad Nacional de Rosario que estudió el impacto del fuego en la zona. “Fueron tres años seguidos de sequía y bajante, algo nunca visto, y cualquier incendio se expandía sin límites”. La intensidad y duración de las quemas fue tal que los investigadores detectaron un fenómeno nuevo: el suelo parecía recubierto por un barniz, una costra de unos 5 milímetros de espesor que aparece cuando la temperatura supera los 800 grados y lo vuelve hidrofóbico. “Aún con lluvia, el agua no se absorbía, se formaban pequeñas lagunitas. Fue un notable efecto secundario de las quemas”, explica.

Nuevo clima, nuevas preguntas

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 2023 fue el año más cálido desde que hay registros, con una temperatura media mundial de 1,45 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales de referencia, algo de lo cual no escapó Argentina, que también registró una anomalía de temperatura media de +0.83 grados centígrados respecto al período de referencia 1991-2020, según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué influencia tiene el cambio climático sobre el comportamiento del Paraná? Según Juan Borus, ingeniero civil especializado en hidráulica que desde hace 40 años se dedica a la hidrología y trabaja en el Instituto Nacional del Agua (INA), hay numerosas. “Por varias razones, hoy tenemos otro río que hace 40 años, cuando comencé a seguirlo. Una de las razones que explican eso es que somos mucho más Paraná-dependientes que antes, sea para navegación, turismo, pesca, generación de energía o toma de agua. Otra razón es el cambio climático, que genera incertidumbres y mucha variabilidad”.

Nada parece ser como era antes. La crisis climática cambió el escenario global y las intervenciones humanas modificaron en gran parte el equilibrio original del Delta medio. ¿Puede el río sostener sus ciclos naturales en un escenario marcado por intervenciones antrópicas y bajo la presión de un planeta que se calienta?

Borus lo explica así: “cuando estaba terminando 2022, después de tres años de sequía y bajante, pensé que el río había cambiado para siempre. Al mismo tiempo, veo que mantiene una capacidad de resiliencia importante, se autolimpia, se autocura. Quedan muchas preguntas abiertas respecto a su recuperación”.

Guillermo Montero y el también ingeniero agrónomo José Vesprini, del equipo de la UNR, han trabajado en torno a la idea de pérdida de identidad del ecosistema: “los ecosistemas siempre se recuperan, de hecho las Islas son muy cambiantes y dinámicas y se arman y desarman todo el tiempo. Buscamos saber cómo queda el ecosistema cuando vuelve a su estado de equilibrio y algunas especies de flora y fauna se vuelven más masivas, mientras que otras se rarifican. Si esto se ratifica en el tiempo, perdemos identidad”. 

Entonces: ¿se puede recuperar la naturaleza después de tantas agresiones? Aguilar piensa su respuesta. “Las quemas arrasan con todo, pero se recupera la naturaleza, aunque no en toda su variedad y dimensión”, razona este pescador del Paraná que quiere reivindicar, con cada palabra, su oficio: el más antiguo de la región, el más viejo de la Humanidad.

Este artículo se publicó originalmente en Paraná Extremo, un proyecto periodístico multimedia que documenta los cambios en el río Paraná en Argentina y las historias de sus habitantes. Esta versión ha sido acortada y ligeramente editada con permiso.

La Comisión Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay acordó este miércoles un plazo de 60 días para llevar adelante discusiones técnicas para consensuar una tasa de peaje en el tramo entre el puerto de Santa Fe y la confluencia del Río Paraguay. En ese período, la Argentina seguirá cobrando la tarifa que se encuentra vigente.

Fuentes de la Cancillería precisaron que en un acta -rubricada por las delegaciones de los cinco países que integran la Comisión- la Argentina dejó constancia su “voluntad” de iniciar discusiones técnicas sobre la tasa del peaje establecido. De llegar a un acuerdo en este ámbito sobre la misma en los próximos 60 días, “los montos percibidos se volverán a facturar según la nueva tasa”.

En el encuentro, realizado bajo la presidencia de la embajadora Gisela Padovan, Secretaria de Latinoamérica y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, cada una de las delegaciones reiteró sus posiciones sobre el tema, remarcando que “los entendimientos logrados en el ámbito de la reunión no prejuzgan las reservas y reivindicaciones ya reflejadas en actas en el ámbito de los órganos del Acuerdo de la Hidrovía”.

En esa línea, la delegación argentina explicitó el compromiso de arbitrar los medios para evitar embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios por un plazo de 60 días corridos, y de no realizar nuevas presentaciones a la Justicia para el cobro judicial de montos de tasa de peaje por el mismo plazo, mientras el tema esté en análisis y evaluación en el ámbito del Comité Intergubernamental de Hidrovía (CIH).

Además, la Argentina dejó constancia de su voluntad de iniciar discusiones técnicas en el CIH sobre la tasa del peaje establecido e indicó que, “de llegar a un acuerdo en este ámbito sobre la misma en los próximos 60 días, los montos percibidos se volverán a facturar según la nueva tasa”.

En el acta, quedó explicitado que los demás países firmantes “tomaron nota de la disposición expresada por la delegación argentina” y que decidieron convocar a “expertos”, que trabajarán bajo la coordinación de Uruguay, para abordar esta temática.

Se estableció además que los informes técnicos presentados por Bolivia, Brasil y Paraguay, se tomarán como insumos para el trabajo de los expertos, sin perjuicio de los antecedentes.

La reunión de la CIH tuvo lugar hoy en la sede de la Embajada del Brasil, en la Ciudad de Buenos Aires.

LC con información de agencia Télam

La Justicia Federal ordenó la interdicción de una barcaza paraguaya que se negó a pagar el peaje de la Hidrovía Paraná en el tramo Confluencia-Santa Fe. La Administración General de Puertos pidió a la empresa a cargo de su trayecto que abone un total de $1.477,35 dólares, a lo que el Juzgado Civil y Comercial Federal 5 sumó el pago de un resarcimiento extra del 50% “para hacer frente a intereses y costas judiciales”.

Tras la incautación de la embarcación, el presidente paraguayo Santiago Peña decidió presentar una demanda ante el Tribunal del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por la retención de barcazas por parte de Argentina. “Hemos decidido presentar una demanda ante el Tribunal del Mercosur contra la Argentina por el incumplimiento del Tratado de Asunción, que garantiza el libre comercio y la libre navegabilidad de nuestros ríos”, informó el mandatario en una conferencia de prensa.

Esta no es la primera oportunidad en la que se retiene una barcaza. Con este caso, ya suman tres los buques incautados por orden judicial ante la falta de pago del peaje. En los casos anteriores, las empresas a cargo de las barcazas no demoraron en cubrir la deuda para dar por cerrado el conflicto, avalando así el monto reclamado.

La naviera a cargo de esta embarcación, sin embargo, ya acumula un saldo negativo de más de 27 mil dólares por otras barcazas que no abonaron el peaje por el uso de la Hidrovía.

Según indicó el presidente Peña, Paraguay también solicitará un arbitraje dentro de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía dado que se oponen al peaje que Argentina estableció de manera unilateral.

ACM con información de agencias.

La Cámara Civil y Comercial de San Nicolás, con la firma de los jueces José Tiviano, María Maggi y Fernando Kozicki, confirmó el fallo de primera instancia e impuso a la empresa Atanor el pago de 150 millones de pesos en concepto de indemnización por haber generado contaminación en el Río Paraná.

La indemnización será pagada al Estado Argentino y es en autos “Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná Control de Contaminación y Restauración del Hábitat y otro c/ Atanor Acción de amparo”.

“En el caso de autos, no es viable fijar una restauración por la complejidad de la afectación, características y la naturaleza del bien receptor de los efluentes contaminantes (Río Paraná) cuyas aguas y sedimentos fluyen río abajo proyectando sus implicancias en lugares y sectores de difícil determinación y mensuración de la lesión pretérita del ecosistema, por lo que es mi convencimiento que nos hallamos ante una situación de daño irreparable o irreversible que debe ser indemnizable en base a criterios de prudencia y razonabilidad”, sostuvo el Tribunal.

“Más aún cuando se trata de un daño de un bien no monetizable como lo es el ambiente y ante la ausencia de normativa que oriente, dé metodología y criterios valorativos indemnizatorios”, agregó en su fallo.

“Se impone entonces la necesidad de establecer en términos económicos una reparación justa, equitativa y proporcionada a la afectación del menoscabo del patrimonio natural, debiendo ponderarse también la conducta de la demandada”, estableció el Tribunal al rechazar los argumentos de la empresa contra el fallo dictado en primera instancia que ahora es confirmado.

Las pericias confirmaron la contaminación por el vertido de químicos al Río Paraná.

“Dicha planta vierte efluentes líquidos al río Paraná conformados por desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río donde se vuelcan y afectan la biota acuática”, resumió el Tribunal.

El presidente del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Carlos Bertoni, advirtió en las últimas horas que la situación actual en el río Paraná “es preocupante” por el bajo nivel de caudal existente, pero aseguró que es “sensiblemente mejor” que en los dos últimos años, aún cuando persiste la sequía y el faltante de lluvias en la región.

“En los últimos meses del año pasado tuvimos una cierta recuperación por algunas lluvias puntuales que se produjeron sobre la cuenca del río Iguazú, algo que se nota mucho en las cataratas, pero dura pocos días”, explicó el ingeniero en diálogo con Télam Radio.

Sin embargo, aseguró que en términos generales “continúa la bajante que comenzó en marzo de 2020” ya que el volumen de agua “es poco y eso no hace que la situación en el Paraná cambie”.

“Lo que está pasando ahora, desde fines de diciembre y en lo que estamos transitando de enero, son lluvias muy débiles, algunas se producen en Brasil, pero muy pocas”, describió el titular del INA.

Asimismo, agregó que persiste “una tendencia de sequía” que, por algunas semanas, mantendrá “un nivel en bajante en el río Paraná”.

En cuanto a un supuesto vínculo entre la bajante del río e incendios en la zona, Bertoni sostuvo que “se podría pensar” que la situación de bajante producida por la sequía, las altas temperaturas y los vientos “contribuyen a la generación y la propagación de incendios”.

Sin embargo, aseveró que “son pocos” los incendios que se inician por causas naturales y que “normalmente los incendios se inician por acciones del ser humano”.

Sobre los efectos de la sostenida bajante del Paraná, el funcionario manifestó que “cuando empezó se produjeron a lo largo de la provincia de Misiones y en algunos lugares de las provincias litoraleñas problemas de extracción de agua porque las bombas de extracción quedaron en vacío”.

“Pero hubo una inversión muy importante del gobierno nacional para adecuar los sistemas de captación de agua a la nueva realidad, eso prácticamente ya se superó”, agregó el ingeniero.

Y concluyó: “Hoy en día puede ocurrir que cuando bajan los niveles aumenta un poco la turbiedad del agua y hay algún problema mayor para potabilizar el agua, la salinidad del agua”.

Con información de agencias.

IG

Pablo Cantador, integrante de la organización ecologista “El Paraná No Se Toca”, dijo a Télam que los incendios en las islas del río Paraná en la provincia de Buenos Aires frente a San Nicolás y Ramallo recrudecieron este fin de semana largo, y hoy martes continúan activos. Advirtió que el humo podría invadir Rosario, por el cambio en los vientos el próximo jueves.

“Las quemas recrudecieron este fin de semana largo en islas situadas a la altura de las localidades bonaerenses de San Nicolás y Ramallo”, precisó Cantador. “Son focos muy grandes que están activos y si el viento rota desde el sur, para este jueves vamos a tener otra vez problemas con el humo en la ciudad de Rosario y zona metropolitana”, anticipó.

Por su parte, el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, coincidió con el ambientalista: “En nuestra región hubo pequeñas quemas indetectables este fin de semana largo, pero a la altura de San Nicolás y Ramallo, e incluso hasta Zárate, se registraron importantes incendios en las islas”, dijo De Bueno a Canal 3 de Rosario.

El director detalló que “el fuego que se produce a la altura de San Nicolás, comprende aproximadamente unas 2.500 hectáreas” y que en esa zona “no hubo prácticamente paz durante todo este tiempo con las quemas en las islas”. “Si los brigadistas logran controlar este fuego, podemos estar tranquilos, caso contrario, es probable que este jueves y por la rotación del viento, la población de Rosario se vea afectada otra vez por el humo”, dijo en línea con la advertencia de Cantador.

Además, De Bueno mencionó también que en los últimos días se registraron incendios en las islas del Paraná, pero frente a la ciudad de Santa Fe. “Allí hubo un foco de incendio bastante importante y en una zona muy poblada, aunque por el momento está controlado, gracias al trabajo de brigadistas santafesinos y entrerrianos”, destacó.

Por otra parte, un grupo de ecologistas de El Paraná No se Toca visitó los humedales frente a la localidad santafesina de Puerto General San Martín, donde la semana pasada se denunció que máquinas topadoras arrasaban con el monte nativo. “Pese a que se logró detener el trabajo de las topadoras, las máquinas siguen ahí, en una zona ubicada muy lejos adentro del humedal, pero cercana a una Comisaría”, comentaron a Télam voceros de la agrupación.

Por último, apuntaron que para trasladar esas máquinas “la única manera es a bordo de una barcaza y por el riacho Careaga. Es decir, pasó por delante de los ojos de todo el mundo y pese a la cautelar de un juez Federal que impide el ingreso de máquinas al humedal”.

LC con información de agencia Télam

Tras los reiterados incendios en la región del humedal en el Paraná, vecinos denunciaron la presencia de máquinas topadoras. La ONG El Paraná No Se Toca publicó en sus redes sociales la denuncia de vecinos que viven isla adentro, por el arroyo Careaga, a la altura de Puerto General San Martín. Según detallaron, el jueves 29 se despertaron con el ruido de una topadora.

La isla es conocida como lote Nº 10, los lugareños mencionan que no hace mucho cambió de dueño, pasó a manos del conocido empresario frigorífico de Santa Fe.

“Sin importarle absolutamente nada, ingresó con esta máquina arrasando todo en su camino isla adentro, es difícil de explicar cómo nadie llegó para detenerlo, siendo que no está muy lejos de la comisaría de la primera sección de islas. Por otro lado, esta zona está declarada por Victoria como reserva natural”, expresó Pablo Cantador, miembro de esta organización a LT8.

Además, detalló: “Esto es peor que el fuego, lamentablemente no se ve ni molesta a la ciudad, pero está destruyendo los humedales. Como dijo un islero de la zona, lo que no destruyo el fuego, ahora lo está haciendo la máquina”.

“Después de tres años nadie parece saber quién prende fuego ¿tampoco se sabrá de quién es esta máquina? ¿O será de un ambientalista que la llevó en un kayak?”, se preguntó.

Las fotos son del 29 de setiembre. “Según el lugareño empezaron a arrasar toda la isla con una topadora”, expresó y aclaró que el arroyo Cañaga es con el que se iba a Victoria antes del puente.

“Los lugareños no saben cuál es el propósito. Está prohibida la maquinaria pesada en la isla, pero pasan otras cosas. Están haciendo vuelos por el tema de los incendio, pero estos vuelos están por el fuego, cuando el fuego se apaga no hay más controles”, detalló.

En un hilo de tuits con fotos agregaron: “Esto es peor que el fuego, lamentablemente no se ve ni molesta a la ciudad, pero está destruyendo los humedales. Como dijo un islero de la zona: «Lo que no destruyó el fuego, ahora lo está haciendo la máquina»”.

“No sabemos quiénes queman. Lo que sí sabemos es que la gente que cortó el puente el jueves porque no quiere la #LeyDeHumedales (en relación a productores de la Comunidad Islera y la Mesa de Enlace), son los que hace tiempo terraplenan la isla, secan arroyos, deforestan, sobrecargan de vacas los humedales, realizan mega-fiestas y fomentan la caza furtiva”.

“No sabemos quiénes queman. Lo que sí sabemos es que la gente que cortó el puente el jueves porque no quiere la #LeyDeHumedales (en relación a productores de la Comunidad Islera y la Mesa de Enlace), son los que hace tiempo terraplenan la isla, secan arroyos, deforestan, sobrecargan de vacas los humedales, realizan mega-fiestas y fomentan la caza furtiva”, concluyó.

Fuente: elciudadanoweb.com

A partir de diferentes antecedentes reportados a nivel mundial y de investigaciones científicas, tanto jurídicas como sociológicas, el abogado y ambientalista Aníbal Faccendini llegó a la conclusión de que el río Paraná debe ser considerado persona no humana sujeta de derechos, una figura legal que propiciará el cuidado y preservación de su ecosistema, atacado en los últimos años por constantes incendios de pastizales provocados a lo largo del delta, una histórica bajante en su caudal y la contaminación de sus aguas.

“A lo largo de la cuenca del Paraná hay cerca de 300 especies de peces, 260 de aves, 50 de mamíferos y 700 de plantas. Todo esto fue afectado en el último tiempo por los incendios y la bajante del río. Tenemos que lograr un equilibrio que comulgue con el desarrollo sustentable de la zona, el ordenamiento territorial y la armonía con el conjunto de la comunidad biológica”, explicó Faccendini a elDiarioAR.

El Paraná tiene una extensión de 4.880 kilómetros, es el segundo río más largo de Latinoamérica y el decimocuarto del mundo desde su nacimiento en Brasil, el paso por Paraguay y el recorrido a través de varias provincias argentinas.

“Debemos ciudadanizar al Paraná para garantizar, a lo largo de su cuenca, el equilibrio ambiental inclusivo con los actores autóctonos que lo habitan, evitar que sea víctima de delitos de lesa ambientalidad y recuperar su cultura originaria”, afirmó Faccendini, jurista y ambientalista de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

¿Una medida como la que propone también permitiría proteger a los humedales, tan afectados por los incendios forestales en los últimos años?

Faccendini: Sí, porque nos daría la posibilidad de ejercer el derecho de protección de sus humedales, que son los grandes reguladores de agua. Lograr que tenga el carácter de persona permitirá, asimismo, su valoración, evitando también la depredación por medio de la quema salvaje de pastizales, el extractivismo y demás incursiones devastadoras del hombre.

En su investigación, Faccendini citó varios antecedentes mundiales de medidas como las que plantea en favor del río Paraná. Uno de ellos es la reforma constitucional llevada a cabo en Ecuador en 2008, que estableció los derechos jurídicos de la naturaleza y consagró a la protección ambiental como un eje medular de las políticas del Estado. Otro ejemplo se dio en Colombia, donde la Corte Constitucional fijó, en un fallo de 2016, que el río Atrato, su cuenca y afluentes son “persona con derechos”. Un año después, en Nueva Zelanda, las autoridades declararon persona al río Whanganui, una medida similar a la tomada por la Corte Suprema del Estado indio de Uttarakhand, que reconoció a los ríos Ganges y Yamura con los mismos derechos que los de la humanidad. En España, el Congreso de los Diputados aprobó semanas atrás que se tramite una ley para que el mar Menor, una laguna de agua salada de 170 metros cuadrados vinculada al Mediterráneo en la región de Murcia, al sureste del país, tenga personalidad jurídica. De aprobarse, será el primer ecosistema de toda Europa con derechos propios. La iniciativa fue impulsada por más de 600.000 firmas de personas que advirtieron la gravedad de un proceso de contaminación causado por los abonos utilizados en la actividad agraria de la cuenca y que vierten al mar Menor. 

Según un relevamiento de la ONG Multisectorial Humedales, unas 700.000 hectáreas del Delta del Paraná fueron incendiadas en 2020 y 2021 a lo largo de su extensión, de unos 19.300 kilómetros cuadrados, por Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Para Faccendini, el aspecto más innovador de los antecedentes en la región y el resto del mundo es considerar que el agua, “en cualquiera de sus estadíos, es un bien público de todas las especies vivas''. La medida que plantea el jurista también beneficiaría a los humedales y a las aguas subterráneas. ”Hay más agua bajo del suelo que en la superficie. Es el caso de los grandes acueductos, como el Guaraní“, comentó.

Según un relevamiento de la ONG Multisectorial Humedales, unas 700.000 hectáreas del Delta del Paraná fueron incendiadas en 2020 y 2021 a lo largo de su extensión, de unos 19.300 kilómetros cuadrados, por Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Además del perjuicio ocasionado por las llamas en la región, científicos del Conicet llevaron a cabo un estudio durante más de cinco años que permitió hallar restos de microplásticos –partículas menores a cinco milímetros– en el tracto intestinal de peces y aves que habitan a lo largo del curso de agua y su planicie adyacente. La investigación fue realizada por el Instituto Nacional de Limnología (INALI-Conicet- Universidad Nacional del Litoral), con sede en la ciudad de Santa Fe, y relevó 220 envases (botellas, vasos, bidones, juguetes) cada 100 metros cuadrados y 5.000 partículas de microplástico por metro cuadrado en la cuenca. Según el estudio, los plásticos afectan a toda la fauna del ecosistema del Paraná. Además, un alto porcentaje de los envases o fragmentos relevados liberan sustancias tóxicas como plaguicidas y metales pesados. A esta situación se suma el impacto ocasionado por el aumento de los habitantes en las ciudades situadas sobre la cuenca. Un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) destacó que en los últimos 120 años la población que utiliza el sistema cloacal y arroja sus desechos al Paraná creció más de 10 veces: de 112.000 pobladores a más de 1,4 millones. Esto genera que la actividad bacteriana ocasionada por el incremento de los desechos, combinada con la histórica bajante que registró el río en los últimos dos años, reduce los niveles de oxígeno en el agua, que pone en riesgo la fauna ictícola.

¿De qué modo puede implementarse una medida jurídica como la que plantea? 

Faccendini: Cada provincia debe suscribir una ley y designar a un defensor local. A nivel nacional, debería haber un defensor general para intervenir en el cuidado de las aguas interjurisdiccionales. El agua y los humedales son bienes públicos que están siendo sometidos a un nuevo esquema de privatizaciones: el de los emprendimiento agrarios, ganaderos y/o inmobiliarios. Quienes planteamos un ambientalismo inclusivo decimos que se debe lograr un equilibrio: las actividades económicas deben comulgar con el desarrollo sustentable, el ordenamiento territorial y armonizar con el conjunto de la comunidad biológica. De lo contrario estamos en presencia de un extracticidio.

¿Qué aspectos puntuales incluye en este concepto de extracticidio?

Faccendini: Cuando alguien quiere generar ganancias desmedidas e ilimitadas arrasando con el agua y la naturaleza, con los bienes que forman parte de la vida de todos, está cometiendo un extracticidio que no podemos permitir que se haga. Hay que ponerle un límite a las ambiciones de las corporaciones económicas. El deterioro del Paraná es muy grande. La reproducción de especies se vio afectada por los incendios y la bajante del caudal ocasionada, entre otros motivos, por déficit hidrológico en el sur brasileño. De mínima, la afectación es preocupante.

¿Cómo evalúa la respuesta del Estado ante esta situación ambiental?

Faccendini: Hay una ausencia estatal para castigar las conductas dañosas que se cometen y repiten.  Quien perpetra un delito, por ejemplo, calcula la demora de la Justicia en actuar. Pero la Justicia trabaja sobre lo que pasó, por eso es fundamental que el Poder Legislativo dicte leyes como la de Humedales. Necesitamos una nueva cultura ambiental y para que eso ocurra el Estado tiene que estar presente. Que no la veamos nosotros no significa que la naturaleza no exista. La humanidad es tan soberbia…

GT/MG

La bajante extraordinaria del río Paraná se extenderá durante los próximos meses al no avizorarse una normalización de las lluvias sobre su cuenca, por lo que las complicaciones logísticas para la exportación de granos y la afectación de las actividades agropecuarias ligadas al río continuarán hasta avanzado el invierno.

Según un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) respecto a la bajante del Paraná, “la perspectiva al 31 de mayo de 2022 no permite esperar un rápido retorno a la normalidad, con probabilidad de extenderse durante todo el otoño”.

“Los niveles en el río Paraná en territorio argentino, incluyendo el Delta, se mantendrán en aguas bajas durante el trimestre de interés (marzo, abril y mayo), con eventuales recuperaciones de corto plazo, pero en continuidad con el escenario iniciado en marzo de 2020”, acotó el INA.

Para mensurar la magnitud de la bajante, solo basta con observar la altura medida por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en los puertos de Rosario: los registros al 1° de abril mostraban una altura de 0,89 metros, mientras el promedio histórico para dicho mes es de 3,61 metros.

Incluso se verificó un agravamiento en la situación respecto al año pasado, ya que el 1° de abril de 2021, con la bajante extraordinaria en pleno desarrollo, la altura era de 1,86 metros en la ciudad santafesina.

En diálogo con Télam, el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Pablo Mercuri, consideró imposible disociar la sequía persistente que atraviesa el litoral y noreste argentino, el sur de Brasil y Paraguay con la bajante extraordinaria del Paraná.

“Todo lo que ocurrió con la sequia histórica en Chaco, Corrientes y Formosa, por ejemplo, está en relación directa con lo que le sucede al Paraná”, ya que estas regiones integran parte de la cuenca del río.

Mercuri detalló que “la sequía está ocurriendo en los diferentes territorios de la cuenca. Hay cinco estados de Brasil que llevan más de dos años de emergencia por sequía, mientras que Paraguay también tuvo una sequía extrema. Todas esas lluvias en territorio escurren por arroyos y riachos hacia el Paraná y como la situación de falta de precipitaciones todavía no se revirtió en esos territorios, tampoco sucedió con la situación del río”.

A pesar del tiempo transcurrido no se prevé una mejora de la situación en el corto plazo, ya que “por el momento el efecto del evento La Niña continúa vigente, generando en toda la cuenca menores precipitaciones a las normales”, por lo que “esto hace que no se prevea una recuperación en el caudal”, indicó el especialista.

Los bajos niveles del río tienen dos impactos en lo económico. En lo que se refiere al agro: en primer lugar, en las actividades agropecuarias que están directamente ligadas y dependen del caudal del río, y por el otro, los inconvenientes logísticos que generan a la exportación de productos a través de la hidrovía, en especial de granos y derivados.

En el primer punto, Mercuri señaló que “la sequía afecto a todas las actividades de la región”, pero que la bajante del Paraná en particular “profundizo en muchas zonas el nivel de las napas asociadas”, afectando, por ejemplo, a la producción de arroz, que parte de su irrigación se hace a través de la toma de agua a profundidad, mientras que el 10% o 15% de las arroceras lo hacen del propio Paraná.

Otras de las actividades que se vio condicionada fue la ganadería de islas por la falta de pasturas, la pesca tanto artesanal como comercial, producciones regionales en la zona del Delta y, hasta inclusive, la producción de frutillas, entre tantas otras.

Por el lado de la logística, la baja en el caudal fluvial lleva a que se generen severas complicaciones y mayores costos en las exportaciones del sector agropecuario, en especial del granario, ya que por la hidrovía se despacha el 80% de la producción nacional.

“Nos preocupa mucho la bajante, que ahora esta dando señales de profundizarse en los próximos meses”, indicó a Télam el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

Idígoras subrayó que “esa profundización tiene impactos importantes en el ritmo de la logística y en los costos incrementales, que van desde el tipo de barcos que pueden ingresar al Paraná al aumento de costos para contratar esos buques, porque al ser los únicos son más caros”.

Hace ya varios meses que los navíos de carga que ingresan a los puertos rosarinos, por citar un ejemplo, o son más pequeños a los habituales o, se cargan con un menor volumen por cuestiones de calado.

“Estamos en un promedio de carga 30% menor a lo normal y eso genera necesidad de envíos a los puertos de Bahía Blanca y Quequén, con más de 800 kilómetros de logística terrestre cuyo costo tiene que soportar el exportador. O también está la posibilidad de la pérdida directa de exportaciones, ya que se terminan haciendo en Brasil”, explicó.

A esto hay que sumarle una mayor estadía de los barcos en los puertos, ya que su egreso e ingreso de las terminales lleva más tiempo.

Por último, Idígoras marcó que al sector le “preocupa mucho la precariedad que tiene hoy el dragado y balizado de la hidrovía, porque si bien la Administración General de Puertos (AGP) está haciendo los mayores esfuerzo técnicos, no le están dando las autorizaciones políticas para seguir avanzando en las licitaciones, por lo menos en las cortas”.

Juan Manuel Colombo de la agencia Télam

El abogado ambientalista Fabian Maggi denunció en las últimas horas el desmonte ilegal de bosque nativo en la zona de islas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, “para generar infraestructura inmobiliaria y turística”.

“El desmonte es masivo y a mucha velocidad. Mientras hablamos, cinco máquinas están acabando con lo que queda del bosque nativo local”, resaltó el abogado.

“Sabemos que detrás de estas maniobras ilegales hay una especulación hotelera e inmobiliaria, el objetivo es urbanizar la isla”, enfatizó.

Se trata de la zona ubicada en el kilómetro 350 del Río Paraná, conocida como la Isla Ballestero, sobre el lecho de la laguna El Saco.

El lugar está catalogado como bosque nativo, tiene el reconocimiento por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) e integra el catastro de la Ley 14.888 de Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires.

“Presentamos una denuncia penal ante el Ministerio Publico Fiscal por el delito de Daño agravado, por tratarse de bienes de uso público”, detalló Maggi.

“La denuncia va dirigida contra los funcionarios del municipio de San Nicolás responsables de Obras Públicas por el incumplimiento de deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”, señaló.

“También estamos acusando a los empresarios que ejecutan las obras, contratados por el Municipio”, destacó.

En ese sentido, explicó que “la tala es ilegal en la zona, para realizarlo las leyes exigen que previo a la utilización de los bosques nativos tiene que existir una aprobación provincial a través del Ministerio de Medio Ambiente”.

“Tenemos constancia de que no se elevó el pedido a la provincia, por lo tanto están realizando una acción de desmonte ilegal, no pueden realizar ninguna modificación sobre esa zona”, afirmó.

Sin embargo, el especialista contó que se han afectado cuerpos de agua y humedales porque han construido más de 6 kilómetros de terraplenes para elevar la cota del suelo para que no lo afecten las inundaciones y poder urbanizar los humedales.

“En un escenario de incendios devastadores, donde hemos perdido la vegetación y las especies animales autóctonas, y el río sufre una bajante extraordinaria, las autoridades municipales vienen con esta agresión ambiental inexplicable”, se lamentó Maggi.

Organizaciones ambientalistas locales destacaron que la provincia de Buenos Aires conserva solamente el 2 por ciento de su bosque nativo originario y parte de ese porcentaje estaba en el partido de San Nicolás y Ramallo, y las obras que hoy se están ejecutando en la zona de islas lo están destruyendo.

Con información de agencias.

IG