Alberto Fernández sondeó, en persona, a varios gobernadores sobre su plan para iniciarle juicio político a Horacio Rosatti. La idea había sido conversada, a propuesta de varios mandatarios, en la reunión que mantuvieron el 22 de diciembre pasado en el salón Eva Perón de Casa Rosada, aquella de la que surgió el texto que, con la firma de 14 gobernadores, declaró “imposible de cumplir” el fallo de la Corte Suprema que ordenó incrementar en 183 mil millones de pesos los fondos que Nación le debe girar a CABA.

En aquel encuentro, se analizó la instancia del juicio político a partir de una serie de “comportamientos” considerados inadecuados del tribunal. El primero de todos, el que reestableció la integración del Consejo de la Magistratura según una ley derogada una década y media atrás. En medio, varios rechazos a planteos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y, por último, el fallo sobre los fondos para CABA que, en la lectura inicial, tenía error de confección y se tomaba, la Corte, atribuciones excesivas que avanzaban sobre facultades de otros poderes.

Sobre eso apareció otro hecho: tras la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro con, entre otros funcionarios, Silvio Robles, operador todo terreno de Rosatti, Fernández terminó de precipitar la decisión y resolvió que su primera medida del año 2023 sería anunciar el inicio del juicio político al presidente de la Corte y, en paralelo, a los otros tres integrantes del tribunal.

Al trascender las comunicaciones, producto de un hackeo, en los que D'alessandro habla de fallos y recibe recomendaciones de Robles, el Gobierno decidió avanzar con el pedido de juicio político. No hubo, dicen en casa Rosada, consultas con los gobernadores pero se les informó sobre la decisión que el Presidente anunció en las primeras horas del 2023

“Se habló con todos los gobernadores, con algunos el Presidente, con otros sus colaboradores. Se les contó la decisión y se los invitó a la reunión en Casa Rosada”, explicó una fuente oficial a elDiarioAR. En paralelo, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, trabajó en la redacción del escrito que difundió este martes el Gobierno con los argumentos y las mecánicas sobre la denuncia contra Rosatti y los demás cortesanos.

La funcionaria es señalada en el Gobierno como la redactora, con su equipo de Legal y Técnica, de la presentación que será enviada al Congreso para iniciar el proceso de juicio político. En Diputados, dan por hecho que tienen número suficiente para aprobar el pedido en comisión e iniciar el proceso de investigación. “Una vez abierto la investigación van a empezar a desfilar los testigos y a demostrarse cada vez más cosas. Ahí no va a ser tan fácil bancar a los supremos. El clima político va a ir in crescendo”, dicen en el oficialismo.

Bajas

Luego del anuncio del Presidente, hecho el 1° de enero a la mañana, surgieron los primeros indicios de que el número de catorce mandatarios, que en diciembre firmaron el documento contra el fallo de la Corte, empezaba a tener bajas. En la previa, desde algunas provincias se deslizaron planteos sobre la inconveniencia de avanzar en esa dirección.

La más notable, confirmada este martes, fue la de Sergio Uñac, el gobernador de San Juan. Uñac, que había sido muy enfático contra el fallo cortesano que favoreció a CABA, no estuvo en Casa Rosada ni participó por Zoom. Luego dejó trascender, vía voceros, que no compartía la decisión del juicio político. “No cree que sea la forma”, explicaron a su lado.

En el Frente de Todos (Fdt) hicieron otra lectura. “Uñac quiere reelegir en la provincia como gobernador y sabe que ese conflicto va a terminar en la Corte. Por eso no quiere apoyar el juicio a Rosatti, indicó un dirigente del FDT. En la provincia no refutan ese planteo. En el oficialismo entienden que el sanjuanino no quiere generar una tensión con la Corte porque imagina que el tribunal deberá resolver, eventualmente, un planteo sobre su reelección.

Hasta acá, cada vez que el máximo tribunal intervino en planteos sobre “interpretaciones” de constituciones provinciales referidas a intentos de reelección, falló en contra de los gobernadores. Gerardo Zamora en Santiago del Estero, Alberto Weretilneck en Río Negro y Sergio Casas en La Rioja son tres antecedentes de los últimos años.

Uñac lleva dos mandatos como gobernador y uno como vice de José Luis GIoja. Un tercer mandato aparece objetado por distintos sectores, desde JxC y, quizá, desde el peronismo judicialicen su candidatura, en caso que se presente. El gobernador anticipó su deseo pero hasta que no haya una candidatura anotada, el tema no puede discutirse en la Justicia porque sería una abstracción. Uñac convocó a elecciones para el 14 de mayo. Las listas cierran a fines de marzo. “El próximo 14 de mayo me presentaré como candidato a Gobernador por nuestro San Juan. Es un honor, un orgullo y una responsabilidad inmensa”, dijo días atrás.

El movimiento de Uñac se coló en la interna peronista. José Luis Gioja, ex gobernador que aparece como posible candidato rival de Uñac, cuestionó la actitud del mandatario. “Se dio vuelta como una media”, lo cruzó en Twitter.

La firma difusa

Al atardecer aparecieron dudas sobre otros mandatarios. Uno es Gustavo Bordet, de Entre Rïos, que aunque figura en la lista de firmas del juicio político, no habría acompañado la iniciativa. Desde el gobierno de Entre Rios plantearon a elDiarioAR que Bordet no acompaña el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte. No aclaran, sin embargo, sobre porque figura entre los gobernadores firmantes.Hablan que pudo haber un error. Bordet participó, por Zoom, durante un tramo de la reunión. En Casa Rosada dicen que el entrerriano le anticipó su apoyo a Fernández.

En torno a Bordet hay otra presunción: la Corte tiene en análisis un recurso presentado por Cecilia Goyeneche, la ex fiscal anti corrupción, que fue removida por un jury que ella objetó. Según se interpreta, el recelo de Bordet a apoyar el juicio político contra Rosatti y lo demás cortesanos, tendría que ver con el expediente Goyeneche.

Había otro interrogante abierto: Alberto Rodríguez Saa, el gobernador de San Luis. El mandatario puntano, que firmó el documento contra el fallo de la Corte días atrás, no había sumado su firma. Fuentes oficiales dijeron que no había podido ubicar al gobernador para conocer su postura. A su vez, no descartaban que con las horas pueda sumarse a la lista de mandatarios que avalan el pedido de juicio político.

En tanto, Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, está de vacaciones y no participó aunque sí lo hizo su vicegobernador. Aunque su firma está en el documento, se generaron algunas dudas respecto a si Arcioni acompañaba o no. En Gobierno se dijo que el mandatario patagónico apoya la decisión y dijeron que para sumar su apoyo fue determinante un llamado del ministro de Economía, Sergio Massa, el funcionario nacional con mayor ascendencia sobre Arcioni.

La intervención de Massa habría sido sigilosa porque, hasta acá, el ministro casi no se involucró en la pelea política y mediática en torno al fallo de la Corte y, menos aun, en el planteo empujado por Fernández para iniciarle juicio político a los cortesanos. “A Sergio no se le pide que opine públicamente: su tarea es otra, ser ministro de Economía, así que no tiene necesidad de meterse en estas discusiones”, apuntó una fuente oficial.

Con las horas se despejarán las dudas sobre Rodríguez Saá y Arcioni y terminará de aclararse el panorama sobre el nivel de adhesión de los gobernadores del FdT que ya en el planteo por el fallo de la Corte Suprema con los fondos tuvieron una baja: la de Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que aunque pidió el texto para sumar su firma, nunca lo hizo ni tampoco expuso una posición oficial de la provincia sobre el conflicto por la coparticipación aunque inicialmente participó en la demanda hecha por las provincias.

PI/MG

El Gobierno de Chubut declaró la “emergencia climática” por 30 días para localidades de la comarca andina y de la meseta central que se vieron afectadas por intensas lluvias y nevadas, en tanto continúa la suspensión de las clases en gran parte de la provincia.

“Hemos decidido declarar la emergencia climática por 30 días en las zonas de la provincia afectadas por intensas precipitaciones y nevadas”, informó el gobernador Mariano Arcioni y anunció que “se afectará una partida de recursos provinciales por 70 millones de pesos que se están depositando en las cuentas de los municipios y comunas rurales”.

Según precisó la Subsecretaría de Información Pública chubutense, “la emergencia abarca una vasta zona que va desde Río Pico hacia Lago Puelo, en la comarca andina, y varias localidades de la meseta central, incluyendo a Paso de Indios y Tecka”.

El gobernador no descartó solicitar ayuda al Gobierno nacional para asistir a las zonas afectadas para completar la ayuda con recursos propios de la provincia.

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Héctor Miguel Castro, quien coordina la labor de los distintos organismos para contener los efectos de la ola de frío, indicó a Télam que “por suerte no tenemos evacuados ni casos graves”.

“El temporal ha sido muy fuerte y de eso doy fe porque hace 25 años que vivo en Cholila (comarca andina) y pocas veces en mi vida vi tanta nieve acumulada, pero todo se va solucionando gracias al compromiso de los trabajadores estatales, sobre todo del área de servicios públicos”, afirmó.

Castro explicó que “las cuadrillas debieron abocarse a la tarea de energizar varias localidades que se habían quedado sin luz y consecuentemente dejaron de potabilizar agua y quedaron incomunicados con la telefonía móvil, pero todo se va recuperando de a poco”.

En la zona afectada por la ola de frío operan efectivos de Vialidad Nacional y provincial con maquinaria pesada para el despeje de las rutas bloqueadas por la nieve, con apoyo de la Subsecretaría de Protección Civil y la Dirección de Bosques que aportan recursos humanos y material para extraer los árboles caídos sobre la traza vial.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia del Chubut, Mirta Simone, indicó a Télam que su área intervendrá “en la segunda fase, que es la de llegar a las familias vulnerables ni bien disminuyan los efectos climáticos”, pero destacó que ya se dio “el primer paso reforzando las partidas para el llamado Plan Calor”.

La funcionaria reconoció que “a veces no alcanza solo con enviar recursos porque en muchos casos en el territorio no hay elementos para comprar, como por ejemplo velas, que a uno le parece un elemento menor en la vida cotidiana pero es vital en situaciones de lejanía, falta de combustible o cortes de energía”.

Además, el Ministerio de Educación del Chubut informó que se extiende la suspensión de clases también este miércoles para todas las escuelas de la Región I y III, y parcialmente para establecimientos de la Región IV y V.

Las vacaciones de invierno en el sistema educativo del Chubut terminaron el viernes, por lo que el lunes de esta semana debió darse el regreso a clases, lo que no ocurrió hasta el momento en las escuelas afectadas.

DL con información de Télam.

Además de la crisis política y el levantamiento social en la provincia, hubo otro conflicto real, pero apenas visible que desató la decisión del gobernador Mariano Arcioni con su proyecto minero en Chubut: una preocupación silenciosa de los demás gobernadores por temor a que se produzca un efecto contagio.

El tema lo recogieron funcionarios nacionales y llegó hasta el presidente Alberto Fernández. En el gobierno tenían conocimiento del plan que planteó y ejecutó Arcioni pero, según confiaron fuentes oficiales a elDiarioAR, entendieron que el modo de instrumentarlo y la debilidad política, derivó en la crisis que obligó al gobierno a desactivar el proyecto.

Entre los gobernadores con actividad minera, real o potencial, el planteo fue más específico: la preocupación, expresada a interlocutores de la Casa Rosada, para que el llamado a plebiscito que hizo Arcioni no se lleve a cabo.

“Arcioni manejó muy mal un proceso tan sensible. Luego de esa experiencia, los gobernadores no quieren que se instale como antecedente el hecho de que frente a cada proyecto minero se tenga que hacer un plebiscito”, indicó un funcionario que oficia como enlace entre Casa Rosada y las gobernaciones.

Fernández siguió el proceso de Chubut. Tenía, desde antes, un vínculo frío con Arcioni. En esa provincia, en un episodio confuso, la comitiva presidencial fue agredida durante una visita en marzo pasado.

La crisis en Chubut, que en el Gobierno nacional entienden como un “gran fracaso de la política”, reconfirmó un planteo que Fernández mantiene desde la campaña: un impulso al desarrollo de la minería, que imagina como una fuente de ingreso de divisas, pero que vincula a la “licencia social” respecto a esas iniciativas.

El de Chubut podía convertirse en un caso testigo. El proyecto Navidad implicaba una inversión de 1.200 millones de dólares y la creación de 2 mil puestos de trabajo. Es un proyecto de la firma Pan American Silver, de capitales canadienses, para desarrollar de plata en la meseta central de Chubut. La objeción principal estuvo relacionada al uso de agua. Arcioni avanzó en la Legislatura con una ley de rezonificación para permitir el proyecto Navidad pero ante las protestas derogó la ley y prometió un plebiscito.

“Si el plebiscito es provincial lo pierde por paliza y puede generar un efecto contagio que termine alternando otros proyectos”, confió una fuente nacional a este medio.

Apunten al gobernador

El gobernador de Chubut tiene un partido provincial pero opera, en la práctica, como un gobernador aliado aunque en términos electorales compita con su propio sello. Tiene, de hecho, fuertes conflictos con el PJ local. Así y todo, mantiene un vínculo fluido con el frentodismo: Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y jefe del Frente Renovador.

A principios de año, Arcioni había anunciado una propuesta de rezonificación pero desistió porque, según confiaron en su momento en la provincia, le habían sugerido que no era lo más conveniente en el inicio de un año electoral. Aceptó hacerlo. En septiembre y en noviembre, durante las PASO y las generales, ganó Juntos por el Cambio. Arcioni fue con su propio partido, provincial, y quedó tercero. En esa provincia, el FdT tenía tres senadores y perdió dos, un golpe duro que con lo ocurrido en otras provincias tuvo un efecto puntual: el FdT perdió el quórum propio en la Cámara Alta.

“Mariano no tiene futuro político, no tiene reelección en la provincia, no tiene partido propio. No tiene un proyecto de desarrollo de la provincia en el que encaja la cuestión minera. Parece que lo único que le importa es habilitar la minería”, objeta un dirigente que se involucró en el día a día de ese proceso.

Este lunes, por la firma del Consenso Fiscal 2022, Arcioni será uno de los gobernadores que estará presente en el acto. Aunque no está previsto, luego podría haber un encuentro entre los mandatarios y el presidente. La semana pasada, trece gobernadores del FdT almorzaron en Olivos con Fernández pero Arcioni no fue invitado. Si el encuentro se produce e interviene el chubutense, es probable que otros mandatarios le eleven el pedido de que desactive el plebiscito que anunció por le proyecto Navidad.

La crisis de Chubut se produjo en medio de un recambio en el área de Minería nacional, producto de la salida de Alberto Hensel, sanjuanino, que fue “convocado” por Sergio Uñac para sumarse a su gabinete. En el lugar de Hensel, juró Fernanda Ávila, que proviene de Catamarca, una de las pocas provincias argentinas que tiene activos proyectos mineros.

PI

Luego de seis días de manifestaciones ininterrumpidas, la Legislatura de la provincia de Chubut dio el paso que había anticipado ayer el gobernador Mariano Arcioni y derogó este martes la ley que habilitaba la minería a gran escala en los departamentos de Gastre y Telsen. Según comunicó el Gobierno, en el plazo de los próximos seis meses se convocará a un plebiscito para definir si se reimpulsa la iniciativa o no.

La sesión se inició pasadas las ocho de la mañana y se realizó de forma virtual por considerar que no estaban dadas las “condiciones edilicias, ni de seguridad” necesarias para realizarla de manera presencial. De todos modos, un grupo de manifestantes acompañó la sesión desde los alrededores del edificio, donde se amplificó el sonido con equipos provistos por ellos mismos.

Los 23 legisladores presentes votaron a favor de la derogación, lo que significa que dieron vuelta sus votos los 14 que habían logrado aprobar el proyecto de zonificación minera pocos días atrás. 

Desde el miércoles pasado a última hora, cuando en una votación improvisada se aprobó la ley de zonificación, se sucedieron manifestaciones en distintos puntos de la provincia que no han cedido hasta el momento. 

La movilización popular, que incluyó ataques a edificios públicos, forzó la marcha atrás del gobernador Arcioni, que en un primer momento no dudó en promulgar la ley y apostó a esperar que la situación se disolviera. En sus primeras declaraciones luego de la aprobación, apuntó contra los “violentos” y anticipó que se mantendría firme en su decisión de habilitar la actividad minera en la provincia.

Sin embargo, con el pasar de los días comenzó a perder el apoyo de los intendentes provinciales (que, en algunos casos, se plegaron a las protestas) e incluso legisladores que votaron a favor de la zonificación, como Carlos Eliceche, Gabriela De Lucía y Mariela Williams, le solicitaron la derogación. 

La tensión acumulada en las últimas jornadas dio lugar a algunos episodios violentos. El lunes a última hora, cuando la derogación ya había sido anticipada por Arcioni, un grupo de personas atacó el edificio del diario El Chubut, ubicado en la ciudad de Trelew. Se rompieron vidrios, se prendió fuego la recepción y se realizaron pintadas en la fachada con la leyenda “traidores”. 

El evento recibió un repudio generalizado, con manifestaciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre muchos otros. También fue rechazado en las redes por activistas antimineros, que consideran que -del mismo modo que los ataques a edificios públicos- episodios de este tipo desvían la atención de un reclamo que se sostuvo de manera eminentemente pacífica. El Procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena, anticipó esta mañana que se investigarán todos los hechos.

DT

El gobernador de Chubut, Mariano Aricioni, busca desesperadamente un salvavidas para flotar en la crisis que él mismo creó, y propuso vía Twitter derogar la ley de zonificación que permite la megaminería e impulsar un plebiscito para “escuchar todas las voces del pueblo”. Sin embargo, esto era percibido en la provincia como una maniobra distractiva, ya que el Poder Ejecutivo no puede abolir una ley, ni siquiera esta, que fue aprobada en un trámite rápido, teñido de sospecha y corrupción. Cuando esta crítica salió desde las organizaciones sociales, fuentes oficiales confirmaron a elDiarioAR que mañana la Legislatura derogará la norma que el jueves había aprobado de sorpresa.

Con toda la ciudadanía movilizada desde el jueves pasado, el día que se aprobó la “zonificación” para permitir la minería metalífera en la meseta de Chubut, el gobernador Aricioni intentó dar rápidamente vuelta la página de la crisis política. A media mañana se conoció que intentaba demorar por seis meses la aplicación y llamar a un plebiscito de la ley.

Pero la maniobra del gobernador, a quien nadie llama del Gobierno Nacional, excepto por su amigo personal, Sergio Massa, sólo parece haber indignado todavía más a las asambleas, que insistieron en la derogación de la zonificación o nada y acusaron al Ejecutivo provincial de maniobrar para tratar de bajar la tensión.

Si Arcioni pretendía salir indemne de esta, quedó claro que con esta maniobra quedó todavía más dañado. Es un náufrago en un mar que él mismo llenó de agua. Ya aparecieron pancartas en las calles con una nueva consigna: ¡que renuncie! El gobernador había hecho su campaña electoral diciendo “no” a la minería.

La institucionalidad que el propio Arcioni quebró con el tratamiento express de la ley que habilita la megaminería en la provincia, una actividad odiada por una abrumadora mayoría por los posibles impactos en la disponibilidad del agua en un territorio desértico, se le está volviendo en contra. El gobernador ya no tiene cómo dar la cara ni siquiera a la gente que lo votó.

Las próximas horas serán claves en Chubut, ya que mañana es el último día de sesiones legislativas y ya hay por lo menos dos proyectos de ley presentados para derogar la zonificación, que se volvió tan tóxica como los químicos que emplean en la megaminería. Según confirmó elDiarioAR mañana se daría la derogación. Hay una sesión convocada de manera virtual en la que se trataría el tema.

Un dato político clave, además, es que por lo menos un voto en la legislatura ya se dio vuelta. Es el de la diputada Gabriela De Lucía (Interbloque Chubut al Frente), que anunció que cambiaría su voto, luego de que los empleados del Supermercado La Anónima, que pertenecen a su gremio, dijeran que ella no los representaba más.

El otro dato político interesante es que el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, que es mellizo del vicegobernador, también se echó para atrás. Esta fue la primera ciudad que anunció su adhesión a la zonificación pero las masivas movilizaciones también lo hicieron recular.

La ruta 3 está cortada por los sindicatos pesqueros, que desde el fin de semana están de paro total. En Esquel está bloqueada la ruta 40, hasta por los camioneros chilenos, que dicen que si ellos no pueden pasar, no pasará nadie. El estado casi revolucionario que se vive en la provincia no escapa a ningún sitio. Las movilizaciones seguirán hasta que llegue la derogación. Con este estado de cosas, tan caldeado, ninguna Asamblea aceptará una medida dilatoria.

“Estas son movilizaciones históricas desde la vuelta de la democracia”, indicó Pablo Lada, dirigente de Trelew.  El antecedente del Mendozazo, ocurrido en diciembre de 2019 cuando también se pretendió habilitar una ley para hacer megaminería en la provincia, que se dio vuelta con una enorme movilización popular, está en la mente de todos. Que se repita ese escenario parece hoy la única forma de salir de esta crisis en Chubut.

MA(Periodistas por el Planeta)

“Somos un gabinete productivo y económico prominero, dicho con contundencia. No es una cuestión declarativa: la minería es parte de la solución en la Argentina”, dijo el  miércoles pasado el secretario de Industria, Ariel Schale, en el lanzamiento de una mesa de trabajo de desarrollo de proveedores de la minería. Ese mismo día la Legislatura de Chubut aprobó en una votación ajustada y sorpresiva la habilitación de la megaminería en la provincia, lo que desató manifestaciones populares en todo el territorio que llevan cinco días consecutivos y forzaron al gobierno de Mariano Arcioni a dar marcha atrás con la decisión. 

Ese mismo miércoles 15 de noviembre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le tomó juramento a Fernanda Ávila como secretaria de Minería. Reemplazó en el cargo a Alberto Hensel, que fue convocado por el gobernador Sergio Uñac para asumir como ministro de Gobierno en San Juan. La llegada de Ávila es otra decisión que demuestra, utilizando palabras de Schale, que el compromiso del Gobierno nacional con la actividad “no es biri biri”. 

Ávila, abogada de profesión, se desempeñaba como ministra de Minería en Catamarca, la provincia del país pionera en explotación a gran escala. Como recuerda una nota de elDiarioAR, el primer proyecto comenzó en 1997, bajo el gobierno de Carlos Menem, con la explotación del Bajo de la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno ubicado a 400 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. 

La Cámara Minera de Catamarca felicitó a la flamante secretaria y destacó su gestión “basada en el diálogo”, y también llegaron los saludos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Pocas horas después, las mismas dos cámaras se manifestaron en favor de la decisión del gobierno de Chubut de impulsar la actividad en los departamentos de Gastre y Telsen y cuestionaron “las reacciones de grupos violentos que no respetan los procesos democráticos, ni la opinión del prójimo”.

Kulfas considera que la minería es una “llave” para la solución de los problemas argentinos. “Significa más producción y producción en muchas provincias que necesitan darle más volumen a su actividad económica; significa puestos de trabajo directos e indirectos. Es un sector que paga los salarios más altos de la economía, que genera progreso y bienestar. Es una actividad que genera dólares genuinos para un país que los necesita y pasa a ser un aliado de la transición ecológica”, destacó Kulfas en el acto de jura. 

El mismo día, un “supermiércoles de minería”, el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) presentó un documento en el que se muestra el impacto de la actividad en la economía. Según detalla, aporta alrededor de US$3.000 millones de exportaciones al año y en 2019 generó 25.000 puestos de trabajo directos y otros 25.000 indirectos. Los salarios son 97% mayores a la media nacional y, en el caso de la minería metalífera, se encuentran entre las ramas mejores pagas de toda la economía, junto con los hidrocarburos. La tasa de formalidad laboral del sector, a su vez, es de las más altas de la economía, en torno al 90%. 

El informe asegura que la minería tracciona sobre sectores como la construcción, la industria, el comercio, el transporte, los servicios profesionales y los servicios de alojamiento y catering. Detalla que en 2019 las empresas mineras hicieron compras a proveedores locales por un monto de $116.000 millones, lo que equivale al 55% de la facturación de las empresas mineras. 

“Habitualmente se dice que ‘la minería no deja nada en el país’. Eso es lisa y llanamente falso. El 3% de regalías al que muchas veces se alude omite el 51% en proveedores locales. Y falta sumar masa salarial e impuestos”, agregó al debate Daniel Schteingart, director del CEPXXI, en sus redes sociales. 

La ley aprobada en la Legislatura chubutense —que impulsó el gobernador Mariano Arcioni pese haber llegado al gobierno con un discurso abiertamente antiminero— fue diseñada a medida de las necesidades de Pan American Silver, empresa que registró una fuerte suba en el valor de sus acciones a partir de ese evento. 

La firma adquirió el yacimiento de plata “Navidad” en 2010, cuando la actividad ya estaba prohibida en territorio chubutense, y esperaba pacientemente el momento de poder capitalizar su inversión. Es una de las reservas de plata más grandes del mundo y, según fuentes de la empresa, tendría una vida útil de 18 años, con la posibilidad de prolongarse con nuevas explotaciones en la zona. 

Según los números de la compañía, este yacimiento le garantizaría a la provincia exportaciones despachadas en sus propios puertos por US$350 millones anuales y demandaría una inversión de entre US$1.000 y US$1.300 millones a lo largo de toda la explotación. Parte de los habitantes de la meseta apoyan la iniciativa como una posibilidad de desarrollo para los pueblos del interior chubutense.

El discurso “prominero” de las autoridades nacionales hace eje en el impulso que daría el sector a la economía y se detiene menos en el aspecto ambiental, aunque Kulfas señala que debe ser una minería “sustentable”, que debe tener presente “la discusión ambiental”. Sin embargo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, brilla por su ausencia en la discusión.  

En los últimos días Cabandié estuvo activo en las redes pero solo para referirse a temas de la agenda política más tradicional: repudió a la oposición por no aprobar el Presupuesto 2022, saludó al Papa por su cumpleaños, felicitó a Máximo Kirchner por asumir la presidencia del Partido Justicialista y a Gabriel Boric por ganar las elecciones presidenciales en Chile. Desde la aprobación de la megaminería en Chubut solo se refirió a su área para destacar el rescate, en Mar del Plata, de 17 ejemplares de fauna silvestre que estaban en cautiverio.

DT

Chubut se incendia, pero Wall Street festeja. La acción de Pan American Silver subió el jueves más del 8 por ciento y el viernes cerró 2,18 por ciento arriba, a pesar de que fue un día terrible para los principales índices bursátiles. En una provincia donde ni el gobernador ni los legisladores ni, acaso, los miembros del poder judicial pueden caminar tranquilos, mirando a los vecinos a la cara con la frente en alto, todo esto parece una mala remake de un clásico libreto colonial.

“Pan American Silver informa de la modificación del estatuto de la ley minera en Chubut”, se escribió en un comunicado de prensa en Vancouver, Canadá, donde la minera tiene su sede principal, y el mercado celebró.

Tras varias de jornadas de protesta, que en muchos momentos se volvieron violentas, el denominador común que se escuchaba en voz de la gente en Chubut era la angustia. Y también la desolación por haber visto avasallada la institucionalidad de la provincia, que se considera a sí misma democrática, de un plumazo y de sorpresa.

Sin embargo, con el diario del lunes, está claro que todo se realizó de manera profesional y meticulosa, y que nada estuvo librado al azar, ni siquiera la elección del momento. Primero, la legislatura aprobó varias leyes destinadas a poner obstáculos al accionar ciudadano de la justicia, entre ellas, una norma que impedir que se presente una acción de amparo contra la zonificación que fue sancionada hace sólo unos 10 días. Ningún juez de primera instancia podría bloquearla con una cautelar presentada por las organizaciones de base.

Luego, el gobernador Mariano Arcioni decretó un asueto para jueves y viernes. Y el sábado, según anuncia la página oficial del gobierno de la provincia, los empleados estatales cobrarán el aguinaldo.

Aun así, Arcioni tuvo que promulgar la zonificación a escondidas, sólo sonriendo para una cámara de prensa oficial. Y eso, para una ley que se supone que traería fabulosos beneficios a la provincia. Nada de actos oficiales, cortes de cinta, escolares uniformados escuchando cómo le construirán el futuro. Ayer, hizo un breve discurso editado con imágenes de destrucción y habló de una “pandemia de violencia”, una cosa que si se piensa cinco minutos, ni sentido tiene.

Así como la megaminería contribuyó a arrasar la institucionalidad democrática, que a los argentinos tanto nos costó construir, se dedicaron también meticulosamente todo este tiempo a ir tendiendo los caminos, posibilitando la infraestructura y adquiriendo la maquinaria para poder operar rapidito, porque el capital no espera. Lástima que, para ellos, a pesar de todo el esfuerzo, les sigue faltando algo clave: la licencia social.

Todos los manuales de Responsabilidad Social Empresaria, que les permitiría conquistar corazones, le estarían fallando. Incluso, hasta cuando aparecen con tanques para repartir agua en las localidades vecinas que ya se han quedado sin ella. 

No hay que explicarle a nadie cuán importante es el agua en un desierto. Y el agua será el elemento central, no el único, de la explotación de plata, cobre y plomo que parece asomarse en Chubut. 

En 2017, cuando dos vendavales seguidos destrozaron la capital argentina del petróleo, Comodoro Rivadavia, todo el sistema hídrico de la provincia quedó afectado. No se podía potabilizar el agua, y faltaba tanto, que la gente se la robaba a los vecinos del tanque, la sacaba de las fuentes de la rotonda. Cuando se aprobó la zonificación minera, esas imágenes infames de esa “guerra del agua” regresaron a la memoria de todos. Esta vez, como una postal del futuro.

MA/PxP

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, negó que vaya a propiciar la derogación de la ley de zonificación minera que fue motivo de violentas protestas que provocaron daños totales en la Casa de Gobierno y en otros edificios del centro cívico de Rawson.

“Jamás doy un paso atrás en la vida cuando estoy convencido de lo que hice”, dijo el gobernador chubutense en breves declaraciones a los medios locales que lo consultaron sobre si “daría marcha atrás” con la ley que fue aprobada el miércoles por la Legislatura y promulgada ayer.

Las definiciones las formuló tras recorrer el ala del edificio donde está su despacho, sobre el boulevard Fontana, que quedó inhabitable por el incendio generalizado.

“Sabemos quién fue el ideólogo de todo esto y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias porque no tiene derecho nadie a hacer los destrozos que hizo”, aseguró Arcioni sin dar precisiones.

El rápido intercambio entre los cronistas acreditados se produjo cerca del mediodía mientras caminaba desde la casa de gobierno a la residencia, que se encuentra cruzando la peatonal.

En ese contexto, Arcioni afirmó estar “muy dolorido” y agregó: “Nadie tiene derecho a hacer esto que hizo, rompiendo los edificios públicos tan emblemáticos como la Casa de Gobierno que es de todos y todo lo que eso simboliza”.

En tanto, el gobernador avaló el accionar del ministro de seguridad, Leonardo Das Neves, cuestionado por haber dispuesto un operativo de protección a los edificios públicos que resultó insuficiente.

“El ministro hizo lo que tenía que hacer porque buscó de todas formas favorecer el derecho de manifestación que no tiene nada que ver con lo que finalmente ocurrió”, dijo señalando al edificio.

El gobernador arribó esta mañana a Rawson proveniente de Comodoro Rivadavia donde se encontraba desde ayer jueves a la mañana.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, promulgó este jueves el proyecto de ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut, mediante el cual se permite la “diversificación productiva” en dos departamentos del interior provincial en el que se habilita la explotación de los recursos sin cianuro, después que el congreso provincial aprobara el proyecto por 14 votos a favor y 11 en contra en la Cámara de Diputados, en medio de serios incidentes, represión policial y cuestionamientos al Ejecutivo provincial.

En las últimas horas, usuarios de redes sociales sacaron a la luz una serie de videos y spots antiguos de campaña en los que Arcioni se muestra en desacuerdo con los proyectos de Megaminería en Chubut.

“La fuerza de la cordillera sos vos, somos nosotros. Esa fuerza que defiende los recursos de la provincia. La que le dice No a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires”, dice el actual gobernador en uno de los spots que usuarios de redes sociales expusieron en las últimas horas.

En otra entrevista de febrero de 2018, un cronista le pregunta: “¿No habrá megaminería en su mandato?”, a lo que Arcioni responde con un contundente “No”.

Los videos

IG

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, promulgó hoy el proyecto de ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut, mediante el cual se permite la “diversificación productiva” en dos departamentos del interior provincial en el que se habilita la explotación de los recursos sin cianuro.

La ley quedó registrada como “XVII N° 149” y fue promulgada a través del Decreto 1285/21, se informó oficialmente, luego de que anoche fuera sancionado el proyecto por 14 votos a favor y 11 en contra en la Cámara de Diputados.

El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado y tenía dictamen de la comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales desde marzo, aunque nunca se había tratado en la legislatura unicameral, hasta que finalmente se aprobó anoche en medio de protestas que se extendieron hasta las 2 de esta madrugada.

La sanción del proyecto recibió hoy el respaldo del Consejo Federal de Minería (Cofemin) al considerar que se trata de un “importante paso hacia adelante” que contribuirá al “desarrollo de la industria” en la provincia y el país.

“Es una herramienta válida para comenzar a transitar con la prudencia que merita el rubro, el camino de la producción y de la industria minera, y hacerlo, además, es pensar en desarrollo, crecimiento, trabajo genuino e inversiones que naturalmente llegarán a La Meseta Central y localidades aledañas de la provincia del Chubut”, señaló el Cofemin en un manifiesto.

El organismo fundamentó su apoyo en que “se trata de una ley moderna, actualizada, que establece la creación de una zona que habilite la actividad”.

Según el Cofemin, “los detalles están basados en la ciencia; el instrumento garantiza que los dos departamentos que incluye, son aptos para el desarrollo productivo minero, desde sus formaciones geológicas, su potencial minero y la posibilidad cierta de poder generar proyectos sustentables, teniendo como premisa la conservación ambiental, a la vez de sostener el beneficio económico para los habitantes de Chubut, especialmente los que habitan La Meseta”.

Asimismo, señaló que se trata de una ley “inclusiva e innovadora” ya que plasma en su espíritu y estructura los lineamientos que requiere “el desarrollo minero sostenible, contemplando los derechos de los pueblos originarios, la participación ciudadana, tanto en aspectos sociales como ambientales, el desarrollo y formación de mano de obra local, emprendedores y proveedores de bienes y servicios y la inclusión de cupo mínimo de mujeres en la mano de obra local que impulsará una minería con equidad de género”.

Por ello, completa, “el conjunto de todas las provincias argentinas, saluda y acompaña, la decisión de cambiar la matriz productiva chubutense, a la vez que ofrece su estructura institucional y profesional para la consulta o para todo aquello que coadyuve a incrementar el bienestar general del pueblo de Chubut a través de la actividad minera”.

No obstante, la sanción legislativa motivó incidentes de los opositores a la actividad minera en la provincia y durante la madrugada se reportaron 7 demorados que recuperaron la libertad rápidamente tras la intervención de la defensa pública y de representantes de organismos de derechos humanos.

La directora del hospital Santa Teresita de Rawson, Paula Morales, informó a Télam que “esta madrugada se presentaron 11 pacientes con diversas heridas leves, la mayoría contusiones, algunos heridos de postas de goma y un paciente atendido por inhalación de gases”.

“Del total de atendidos seis eran efectivos policiales” explicó la médica.

Unos 300 manifestantes, en su mayoría jóvenes, permanecen en señal de protesta desde este mediodía en la esquina de Moreno y Vachina de Rawson, la ochava norte de Casa de Gobierno más próxima al despacho del gobernador Mariano Arcioni, quien viajó hoy a Comodoro Rivadavia, 400 km. al sur de esta capital.

La Legislatura de Chubut aprobó anoche en Rawson por mayoría el proyecto de diversificación productiva para la Meseta Central provincial que incluye realizar una zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre y sin utilización de cianuro.

La zonificación minera estaba contemplada en la Ley 5001 que prohibía la actividad con uso de cianuro y a cielo abierto en el resto de la provincia; pero el mapa donde se concentraría la actividad nunca se había concretado y se aprobó después de 18 años.

La iniciativa oficial permitirá la minería de plata, cobre y plomo, sin la utilización de cianuro, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre.

Entre gallos y medianoche, en una sesión ordinaria sorpresa y a espaldas de la sociedad. Así se aprobó anoche la megaminería en ciertas zonas del Chubut, donde la actividad estaba prohibida desde 2003. Aun antes de que se contaran los votos (14 a favor, 11 en contra, dos ausencias), había manifestantes en las calles, frente a la Legislatura, en distintas ciudades, insistiendo —como lo hacen desde hace casi dos décadas— con que “No es No”. 

La política hizo oídos sordos. Más que eso: rifó el agua de la provincia, un recurso ya escaso, posiblemente sentenciando a áreas enteras a convertirse en zonas de sacrificio en algunos años.

Chubut viene atravesando una emergencia hídrica. Tan extrema es la situación que hay poblaciones, como Yala Laubat, Cruz Epuyén, Cruz Comodoro y Cruz Pirámides, que están —en algunos casos, desde hace meses— sin agua. El fuego ya está arrasando nuevamente los bosques. Y, a futuro, el cambio climático no hará sino profundizar estos problemas. Sin embargo, el tema ni se mencionó en el debate de la nueva ley. Aun cuando lo que se aprobó es una actividad que usa millones de litros de agua por día y entra en competencia directa con el abastecimiento de la sociedad.

Las asambleas intentaron sumar su voz al proceso y arrojar luz sobre esta situación. Lo hicieron no solo en las calles, sino también a través de una Iniciativa Popular que buscaba incluir etapas y procesos no contemplados en la ley actual. Estaba avalada por 30.196 firmas, más del 7% del padrón electoral. Fue rechazada en una sesión exprés por la Legislatura en mayo. Pero ayer volvió a la sesión. Ahora buscan forzar un veto como sucedió en Mendoza en 2019.

No es difícil entender el porqué y para qué de la iniciativa oficial chubutense. Esta fue impulsada por el gobernador Mariano Arcioni, mismo funcionario que llegó al poder en 2017 apalancado, irónicamente, por una campaña en contra de la megaminería. Y tiene por detrás a la empresa canadiense Pan American Silver, que lleva 11 años empujando su Proyecto Navidad, un yacimiento de plata, cobre y plomo ubicado a 35 kilómetros de Gastre que la firma compró en 2009 (cuando la prohibición de la minería a gran escala y a cielo abierto estaba en plena vigencia). La política chubutense le entregó, ahora, una ley hecha a su medida, que habilita la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre. ¿Casual o causal?

Tal es la irregularidad del proceso que, entre quienes votaron afirmativamente, se incluye el diputado Sebastián López, quien hace un año fue expulsado del PRO después de que una cámara oculta revelara que había pedido $100.000 para votar a favor de la minería.

Así, hoy, la minería tiene luz verde oficial en el Chubut. Pero, no, licencia social. Tampoco el apoyo de sectores académicos y científicos como la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Chubut y representantes del Conicet. Desde Chubut, gran parte de la sociedad insisnte en que no bajarán los brazos: sigue en las calles, todavía resistiendo la iniciativa, afirman. Su lema es “No es No”, defendiendo su recurso más vital, el agua. Y lo van a seguir haciendo, por más de que desde la política sólo respondan con silencio, violencia y represión.

PA

Ya no pasa inadvertido ni se refugia, como antes, en el perfil bajo. Los 18 meses que permaneció en la cárcel de Ezeiza, más de 1.700 kilómetros al norte del lugar en el que se movió toda la vida, lo obligaron a cambiar. Después de que el macrismo lo llevara a vivir una experiencia que jamás imaginó, Cristóbal Manuel López, el empresario que nació a la exposición pública nacional montado a la ola del kirchnerismo, busca adaptarse a la nueva etapa. El dueño del Grupo Indalo se instala de lunes a jueves en Buenos Aires y vuelve todas las semanas a Chubut, su provincia. Pero tiene una actitud diferente y, según parece, otras prioridades. Eso dicen los que lo conocen desde hace muchos años y también los que lo ven moverse en Comodoro Rivadavia, donde reside su base de operaciones y donde comenzó su historia de poder. 

De larga relación con Néstor Kirchner y fuerte cercanía reciente con Alberto Fernández, López pasó 2020 alejado de los primeros planos, refugiado en su campo de Alto Río Senguer, pero inició 2021 con un protagonismo que sorprende a los lugareños. Su objetivo, según dice en privado, es lograr que la política se ordene y que el peronismo de la provincia se unifique para evitar que desde Buenos Aires le impongan candidaturas en las legislativas de este año. Más que eso, tal vez, reconstruir su propia base de legitimidad para no volver a quedar aislado en un contexto de adversidad. 

Su objetivo, según dice en privado, es lograr que la política se ordene y que el peronismo de la provincia se unifique para evitar que desde Buenos Aires le impongan candidaturas en las legislativas de este año.

Hace dos semanas, el empresario que asomó a Buenos Aires con el negocio de los tragamonedas y los casinos participó en Trelew de una reunión política con la dirigencia del PJ más destacada en una provincia que atraviesa una crisis sin precedentes bajo la gobernación de Mariano Arcioni. En la misma mesa se sentaron el vicegobernador de Chubut Ricardo Sastre, el presidente del PJ Carlos Linares, tres intendentes de lo más poderosos (Adrián Maderna, Trelew; Gustavo Sastre, Puerto Madryn; y Juan Pablo Luque, Comodoro Rivadavia) y el ex jefe de gabinete de Mario Das Neves y ex ministro de Agricultura de Cristina Fernández, Noberto Yahuar. La sorpresa fue Cristóbal, uno de los dos empresarios que acudió a la cita. El otro era Jorge Aidar Bestene, un hombre de negocios de larga trayectoria, que estuvo ligado a Das Neves, fue dueño del Grupo Jornada y hoy aparece ligado al vicegobernador Sastre, pero además forma parte del consorcio liderado por José Luis Manzano que acaba de comprar Edenor a nivel nacional. Vocero del encuentro, Yahuar afirmó que la dirigencia había llegado a un acuerdo para trabajar unidos hacia las elecciones legislativas de este año y las ejecutivas de 2023. Con movimientos muchas veces enfrentados, López y Bestene son desde siempre los dos miembros más relevantes del establishment con base en Chubut. El tercero es el Grupo Cardini, también dueño de medios y gran beneficiario de la obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri.

El encuentro en Trelew reconocía una precuela. Un mes antes, Cristóbal había convocado a otra reunión, pero en Comodoro Rivadavia, la cuna del petróleo que alguna vez llegó a ser comparada con un emirato y defiende desde siempre intereses contradictorios con la zona de Puerto Madryn, Rawson y Trelew. El choque entre el Sur y el Valle, donde confrontar el poder político y el poder económico, parecía reeditarse con el dueño del Grupo Indalo como gran protagonista. Según publicó ADN Sur, López había reunido al intendente Luque -con pretensiones de ser candidato a gobernador en 2023-, al dirigente Linares -siempre muy cercano al kirchnerismo- y a dos sindicalistas de mucho peso en la provincia, el jefe de los petroleros privados, Jorge “Loma Ávila” y el de los Camioneros, Jorge Taboada. 

Con la mayor parte de sus bienes inhibidos por decisión judicial, Cristóbal dejó en manos de su socio histórico, Fabián De Sousa, la línea editorial de sus medios de alcance nacional y comenzó a actuar en política en su provincia, en busca de evitar la intemperie que lo afectó, tras la derrota del Frente para la Victoria, con la ofensiva del macrismo en su contra. Paradojas de esa historia, fue en esos años donde él y De Sousa edificaron una relación de máxima cercanía con Alberto Fernández. De Sousa lo dijo más de una vez: tuvieron más ayuda del ahora presidente que de las figuras más destacadas del cristinismo. Consultado sobre su actuación política, López le dijo a elDiarioAR que está trabajando para la “unidad del partido en su provincia” y descartó por completo ser candidato. A su lado confirman que su intención es sumarle a su poder económico una red de aliados en el PJ.

En Chubut, la hiperactividad del empresario que es dueño de C5N y Radio 10 sorprende si se la compara con los años del apogeo kirchnerista, cuando tenía sus prioridades en Buenos Aires y casi no se metía en la disputa provincial. Pero quienes conocen sus movimientos desde que asomó a los círculos del poder local recuerdan que así comenzó, en la década del noventa. Eran los tiempos del llamado Grupo Productivo, un espacio en el que López iniciaba su carrera como dueño de la empresa de recolección de residuos Clear y participaba del foro con un amplio espectro de dirigentes en el que se destacaba Martin Buzzi, un político que se había iniciado en la Ucedé y en los años kirchneristas llegaría a ser primero intendente de Comodoro y después gobernador de la provincia. 

La aparición de López, el empresario que durante décadas acumuló un poder formidable y se cuidó de no aparecer en público, llevó a que se especulara incluso con que pretendía ser candidato a senador por Chubut, algo que según dicen cerca suyo está descartado. Su intención es dejar de ser un mero aportante para las campañas del PJ y lograr una incidencia como armador que le permita tener un sillón en la mesa de las decisiones importantes. “Antes ponía guita y no decidía. No quiere que le vuelva a pasar”, dicen en la provincia. Lo que sí parece posible es que Cristóbal vuelva a promover algún nombre para el Congreso, como ya lo hizo con Alfredo Luenzo, el hoy senador nacional del Frente de Todos que había sido durante casi toda su vida un animador de las mañanas radicales de Chubut y socio menor de López en sus medios provinciales. Distante de López mientras estuvo en la cárcel, hoy preside la comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado. 

Contada mil veces a partir de su instalación nacional como líder en el negocio de los juegos de azar de la mano de Kirchner, la historia del dueño de Indalo incluye un temprano acercamiento a la UCR, en especial a Carlos Maestro, radical que gobernó Chubut durante toda la década del noventa. Desde entonces, aunque siempre sin dejarse ver demasiado, acumuló un poder indudable, multiplicó sus negocios a la enésima potencia y se convirtió en sinónimo del capitalismo de amigos. Enviado a la cárcel durante el macrismo con prisión preventiva por el juez Julián Ercolini bajo el cargo de “administración fraudulenta”, ahora López y De Sousa llevan adelante una causa por “extorsión y asociación ilícita” contra el operador judicial Fabian “Pepin” Rodriguez Simón en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.

Hoy el dueño del Grupo Indalo es el promotor de una nueva camada de dirigentes que defiende sus intereses en el tablero provincial y nacional. El más destacado es Julián Leunda, hoy funcionario nacional de estrecha relación con Alberto Fernández. Es el número dos de Juan Manuel Olmos, el jefe de asesores de la presidencia de la Nación. Oriundo de Comodoro Rivadavia, Leunda tiene 30 años, fue directivo de Indalo muy cercano a De Sousa y es hijo del empresario comodorense Walter Leunda, que siempre estuvo emparentado con Cristóbal y fue durante años la cara de Ámbito Financiero en la provincia. Según publicó La Nación, Leunda estuvo hace dos semanas en el cumpleaños de Lucas Nejamkis, un ex funcionario de la jefatura de Gabinete que hoy trabaja con el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso. 

Hoy el dueño del Grupo Indalo es el promotor de una nueva camada de dirigentes que defiende sus intereses en el tablero provincial y nacional.

Entre las nuevas generaciones que en Comodoro vinculan con López aparece también el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinsky, de 31 años y ligado a La Cámpora. Licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, también nació en la cuna del petróleo, es funcionario de carrera de la PSA desde 2009 y estuvo a cargo de la Seguridad durante la gestión de Buzzi como gobernador. En 2012, fue nombrado secretario del área y en 2014 asumió como ministro de Justicia y Seguridad en 2014. Durante los años del macrismo, se dedicó al periodismo. Le compró la radio al senador Luenzo, La Cien Punto Uno, y pasó a cumplir un doble rol, director periodístico y conductor de un programa todas las mañanas. Sobre todo Leunda pero también Glinsky son mencionados en Chubut como posibles candidatos en las próximas elecciones por el Frente de Todos. Sus nombres circulan como alternativa al de Santiago Igon, el diputado de La Cámpora que nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y está anotado entre los dirigentes que aspiran a pelear por una banca en el Senado en noviembre.

Después de la experiencia traumática, Cristóbal López se muestra decidido a actuar en política y construir, desde Comodoro Rivadavia, una red más amplia de poder con base en su provincia. Dice que la cárcel lo cambió por completo y quiere asegurarse que no le vuelva a pasar lo que ya le pasó.

DG

La Legislatura de Chubut rechazó este jueves, por 13 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, una iniciativa popular que buscaba prohibir la megaminería en la provincia y que contaba con la firma de 30.000 firmas ciudadanos.

Mario Pais, presidente del bloque oficialista, fundamentó que si se aprobaba el proyecto tal cual estaba, se incurría en una clara contradicción con el texto constitucional tanto nacional como provincial, que procura el fomento de la actividad minera.

“Por más que venga acompañado por 1.000, 30.000 o 100.000 firmas, es inconstitucional”, sostuvo el diputado, quien recordó además que “la Constitución propicia el desarrollo de la extracción de uranio, que actualmente se importa, siendo que existe en la geografía chubutense uno de los principales reservorios” que se pretendía prohibir.

Los diputados que votaron a favor de la iniciativa popular se basaron en que era un pedido avalado por 30.000 firmas y que, de no aprobarlo, se estaría traicionando la voluntad popular. “Los peronistas sabemos lo que es la lealtad, y la lealtad es con nuestro pueblo”, dijo en tal sentido el diputado José Giménez, en línea con quienes pretendían aprobar el proyecto impulsado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh).

El proyecto para rechazar la iniciativa popular llegó al recinto la mañana de este jueves, tras recibir ayer despacho en contra por una marcada mayoría en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Antes de someterse a consideración la iniciativa, se rechazó una moción de la diputada (antiminería) Leyda Lloyd Jones para que vuelva a comisión.

Los integrantes de la UACCh que presentaron la iniciativa e hicieron la campaña para juntar las firmas permanecían en asamblea para definir los pasos a seguir, tras una movilización que efectuaron a la sede legislativa que sesionó de manera virtual, como lo viene haciendo desde que se declaró la pandemia.

La decisión generó protestas, que comenzaron por el corte de la ruta 3 en Trelew, en el acceso a la ciudad, según informó el diario El Chubut y el portal Chubut Noticias, y no se descarta que se extiendan.

El mecanismo de iniciativa popular está incluido en el capítulo de los “mecanismos de democracia semidirecta” de la Constitución provincial, donde se destaca que “todo grupo de ciudadanos de la provincia en un porcentaje no inferior al 3% del padrón electoral, pueden presentar proyectos de ley para su tratamiento en la legislatura”.

Ese mismo artículo establece que la Cámara de Diputados “deberá considerarlo en el término de seis meses contados desde su presentación”, plazo que vencía a mediados de este mes.

Hay otro proyecto sobre la actividad, presentado por el Gobierno de Mariano Arcioni en sentido contrario al que se aprobó este jueves, pues propicia la minería en dos departamentos del interior provincial con la intención de habilitar el yacimiento “Navidad”, considerado el reservorio de plata sin explotar más grande del mundo.

Este último proyecto tuvo despacho favorable en comisión pero nunca fue tratado en el recinto, a pesar de haber sido incluido en el orden del día, probablemente porque no cuenta con los votos necesarios.

En la sesión de este jueves la diputada Gabriela De Lucía, del bloque que responde a Arcioni, denunció: “Sufrí un escrache con movilización frente a mi domicilio (en Trelew) durante toda la noche, pretendiendo que cambie mi postura”. “No está bueno vivir con miedo porque tengo niños de dos años que no entendían nada de lo que estaba pasando y no tienen por qué sufrir este tipo de situaciones”, manifestó.

En marzo la Legislatura de Chubut suspendió la sesión durante la cual se pretendía habilitar la megaminería. Las principales autoridades decidieron posponerla luego de que se registraran manifestaciones de grupos ambientalistas que se oponen al proyecto.

Con información de la agencia Télam y redes sociales

CRM

Mariano Arcioni es un dolor de cabeza desde el minuto cero para el gobierno nacional, pero la visita de Alberto Fernández llevó la tensión a su punto más alto. El ataque a la camioneta que transportaba al Presidente, el mal momento que vivió la comitiva en Chubut y el cruce de acusaciones por la seguridad presidencial nacionalizaron el conflicto provincial entre las distintas alas del Frente de Todos, dejaron en una situación incómoda a Sergio Massa y provocaron la respuesta pública del ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

La crisis que atraviesa la provincia tiene varias caras. A la asfixia económica de un distrito sobreendeudado y el rechazo social que provoca la autorización del proyecto minero de la multinacional Pan American Silver en la zona de la meseta, se suman un gobernador que genera divisiones en el peronismo y una ola de incendios que destruyó al menos 500 viviendas en las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, ubicadas en la comarca andina patagónica. 

La visita de Fernández a la provincia terminó mal y desencadenó críticas contra Arcioni por haber desoído la orden de la Casa Rosada de no permitir que se acercaran a la comitiva presidencial en Lago Puelo. Mientras en Buenos Aires cuestionaban al gobernador por exponer a Fernández a su propio desprestigio, en el Ejecutivo de Chubut se quejaban de que el oficialismo hubiera decidido marginar a su aliado principal en la provincia y en algunos sectores del peronismo reconocían que el desembarco de Fernández fue organizado por La Cámpora en un intento de puentear al mandatario provincial y establecer un vinculo directo entre la Nación y los municipios, una modalidad que reconoce su origen en Néstor Kirchner. Todo era parte de un debate interno en el FDT hasta que la mano derecha de Arcioni, el ministro de Seguridad Federico Massoni, le apuntó a La Cámpora.

Cuestionado por la oposición y parte del PJ provincial, considerado una versión local de Sergio Berni y con algunas encuestas que lo posicionan bien como potencial candidato a senador en las legislativas de este año, Massoni criticó desde el primer momento al ministro Juan Cabandié y a los los referentes locales de la agrupación de Máximo Kirchner por haber cambiado el itinerario y haber llevado al Presidente “a la boca del lobo”. Pero el lunes rompió todos los protocolos. Primero con una conferencia de prensa en la provincia en la que amplificó sus denuncias y después con una incursión nacional que provocó furia en Balcarce 50. Alrededor de las 14, Massoni dio una entrevista en América 24 y apuntó con todo contra el diputado nacional camporista Santiago Igon y contra el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez. Unos minutos más tarde, De Pedro salió a responder con dardos que iban dirigidos directamente al gobernador Arcioni, el sostén principal de Massoni, a quien le vienen pidiendo la renuncia desde hace tiempo. 

Consciente o no, el ministro de seguridad de Chubut había cruzado varios límites al mismo tiempo. Primero, había quebrado el pacto de no agresión que rige las relaciones entre Massa y Máximo a nivel nacional. Más allá de las diferencias que existen en temas puntuales, el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe de la bancada oficialista jamás se cuestionan en público ni dejan que la dirigencia que se alinea con ellos ventile en los medios discrepancias que buscan resolverse en privado. Después había elegido para salir a castigar a sus rivales locales una señala que es propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano, de histórica sintonía con Massa y de muy buena relación con La Cámpora.

El caso Chubut obligó al presidente de la Cámara de Diputados a hacer horas extras para defender a su aliado Arcioni. Según admitió a elDiarioAR uno de sus hombres de confianza, Massa habló sobre el tema el domingo y el lunes tanto con De Pedro como con el Presidente. Los dos estaban furiosos. Fernández por el momento que le había tocado pasar, el ministro del Interior por las acusaciones de Massoni. 

El fundador del Frente Renovador ya vivió más de una situación incómoda por la crisis financiera que atraviesa la provincia y deriva en cíclicos pedidos de auxilio del gobernador a la Nación, pero esta vez todo fue diferente porque el origen del conflicto interno fueron las diferencias políticas. Mientras al lado de Máximo dicen que el tema quedó atrás después de que De Pedro dijera basta vía twitter, Massa no oculta su fastidio con Massoni, el ministro estrella de Chubut, y busca desactivar la bronca del gobierno nacional contra Arcioni. 

Mal visto desde siempre por CFK, Arcioni colaboró con su triunfo provincial para que, en el origen de la constitución del Frente de Todos, Fernández invitara a Massa a tomar el café de la unidad a través de la pantalla de C5N. Todo lo que vino después fueron amarguras. Entre los funcionarios de Chubut, reconocen que el gobernador pende del hilo de Massa para seguir dentro del tejido del Frente de Todos. Los dos se necesitan. Más allá de los trastornos que le causa en forma recurrente, Arcioni es el único mandatario provincial alineado con el presidente de la Cámara de Diputados en todo el país. “Mariano responde a Sergio, lo consulta y se apoya en él, pero Sergio le pide por favor que deje de mandarse cagadas”, le dijo a elDiarioAR un experimentado dirigente del peronismo provincial.

Muerto Mario Das Neves, el gobernador quedó al frente de la provincia pero no pudo nunca reunir la adhesión de todo el arco político que se identificaba con su antecesor y mentor. No tiene garantizado el respaldo irrestricto del vicegobernador Ricardo Sastre, dos veces intendente de Puerto Madryn y uno de los que figura entre los dirigentes que cuestionan el proyecto minero de Pan American Silver. Tampoco cuenta con el aval del jefe formal del PJ en la provincia, el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; ni del actual, Juan Pablo Luque, que gobierna uno de los pocos municipios superavitarios y tiene pretensiones de suceder a Arcioni. 

Sin embargo, la pelea del mediático Massoni con La Cámpora resulta casi inexplicable para los que conocen la política de Chubut porque, en el terreno local, no existen equivalencias. La agrupación de Kirchner hijo no tiene resortes de poder en la provincia y no cuenta con el peso territorial que exhibe en otros lugares del país. El diputado Igon suele apuntar contra el ministro de Seguridad, pide su renuncia desde hace tiempo y llegó a denunciar incluso que la policía provincial realiza tareas de espionaje ilegal sobre él y su familia. Igon es oriundo de la localidad bonaerense de Mercedes como el ministro de Pedro, vive en Esquel y tiene un escaso peso en la política local, tanto como organización como en los espacios de poder.

En Casa Rosada, lo que más fastidio genera es que Arcioni solo trae problemas al armado del Frente de Todos. Viene a Buenos Aires para pedir fondos frescos y, después de cobrar, emite signos de rebeldía como si fuera el dueño de una provincia superavitaria, cuando está al frente de un distrito que carga con un endeudamiento récord.

Tanto Massa como Máximo ahora apuestan a que la situación se enfríe. Sin embargo, quienes conocen a Arcioni afirman que el gobernador va a resistir la ofensiva para que renuncie su ministro y no va a entregar a Massoni, que se perfila para ser candidato a senador en octubre. Antes de eso, es probable que el aliado incómodo de Massa vuelva a Buenos Aires a rogar ayuda para pagar sueldos. 

Funcionarios y dirigentes de la oposición y el oficialismo coincidieron este sábado en el repudio los incidentes protagonizados por un supuesto grupo de manifestantes antiminería, enfrentados con el gobernador de Chubut, Mario Arcioni, que arrojaron piedras contra la camioneta en la que se trasladaba el presidente Alberto Fernández y su comitiva por la localidad de Lago Puelo, afectada por incendios forestales.

Desde la oposición, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, repudió “el hecho de agresión que vivió el Presidente en Chubut” y señaló que “la manera de expresarse no es a través de la violencia”.

El expresidente Mauricio Macri escribió en su cuenta de Twitter que “la violencia nunca es el camino” y manifestó: “Repudio lo sucedido hoy en Chubut durante la visita del presidente. Cualquier diferencia tiene que ser resuelta por la vía del diálogo”.

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, expresó en la misma red social que “la única salida es la No Violencia, la paz, la defensa de los derechos humanos y que nuestras diferencias y posiciones se diriman dentro de las instituciones de la democracia”.

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado nacional, Alfredo Cornejo, afirmó que “es inadmisible la violencia como forma de reclamo. El diálogo siempre es el camino” al expresar su “repudio (a) la agresión contra el presidente en Chubut”.

La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó en Twitter que “la violencia nunca puede ser la solución” y tras repudiar “totalmente la agresión que recibió el Presidente de la Nación” advirtió que “el dialogo y la paz social son siempre el mejor camino”.

El senador nacional por la UCR, Martín Lousteau, escribió en Twitter: “Repudio enérgicamente el ataque sufrido por el Presidente en Chubut” y agregó que “la agresión nunca es el camino para manifestar diferencias o críticas. Los argentinos aprendimos eso tras mucho dolor. No lo olvidemos”.

En tanto, desde el oficialismo, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Repudio absoluto a la agresión desatada contra el presidente @alferdez y su comitiva” y agregó que “la violencia nunca es el camino”.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, manifestó por la misma red social su “repudio la violencia contra el Presidente y su comitiva en Chubut, quienes viajaron para garantizar la respuesta del estado nacional frente a los incendios” y agregó que es “Incomprensible el recurrente comportamiento antidemocrático de aquellos que se oponen a la minería en la provincia”.

“Nuestro país necesita de más diálogos, más construcción colectiva, respeto por el otro y menos violencia. Tenemos un Presidente que trabaja cada día por una Argentina unida, más tranquila y con más oportunidades. Somos millones quienes queremos ese camino y lo vemos posible”, señaló el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En tanto, el gobernador Arcioni agradeció al presidente Fernández “por siempre ocuparse de los chubutenses” y manifestó que “los problemas se solucionan con trabajo y convicciones, jamás con violencia. Seguiremos juntos por las verdaderas víctimas de este desastre, los pobladores que han perdido todo. Una vez más, saldremos adelante”.

El presidente del Partido Justicialista y diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja, señaló que “se agredió a un Presidente que viajó a llevar soluciones” y aseguró en declaraciones a C5N que “la mayoría de los argentinos quieren vivir en democracia y repudiaron esos hechos”.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, rechazó “enérgicamente el ataque que sufrió el presidente de la Nación y su comitiva en la provincia de Chubut” y repudió “cualquier acto de violencia hacia la investidura presidencial por tratarse de un atropello a la propia Democracia y a la República”.

La diputada nacional del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, también se sumó a los repudios “a la agresión hacia el presidente y su comitiva” y añadió que “en nuestro país no hay lugar para estas manifestaciones violentas”.

“El único camino es el diálogo”, añadió mientras el diputado nacional por Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez, expresó “rechazo” y condena a la agresión y sostuvo que “el diálogo es la vía para resolver cualquier situación, por más compleja que sea y por más legítimos que resulten los reclamos”.

Su colega Juliana Di Tullio afirmó en Twitter que “el ataque al Presidente de la Nación y su comitiva debe ser repudiado por todas las fuerzas políticas que forman parte de la vida democrática de nuestro país” y lo consideró “grave”.

Los incidentes contra la combi que trasladaba a la comitiva oficial fueron generado al mediodía de este sábado en la puerta del centro cultural de Lago Puelo, supuestamente por un grupo de manifestantes “antiminería” que arrojó piedras y rompió dos vidrios traseros del vehículo, mientras insultaba al gobernador Arcioni.

Luego de que la comitiva se retirara, los manifestantes agredieron también a parte de la prensa apostada en el lugar para cubrir la visita presidencial; entre ellos integrantes del equipo de la señal televisiva La Nación+, a quienes le gritaban “que se vayan” a la vez que impedían su labor.

Con información de la agencia Télam y redes sociales

CRM

De chiquita, al igual que a la mayoría de mi generación, me la pasaba escuchando la canción del Reino del Revés. Me podía quedar horas y horas imaginando cómo sería ese reino en donde todo funcionaba exactamente al opuesto. 

Unos años más tarde, hay algunas cosas que al imaginarlas del revés me siguen pareciendo divertidas, pero otras, no tanto. Por ejemplo lo que pasa en Chubut con la megaminería y, el cambio, de extremo a extremo de su actual gobernador, que al parecer, se maneja con las lógicas del Reino del Revés.

Mariano Arcioni era vicegobernador de Mario Das Neves cuando asumió el mando provincial en 2017, tras el fallecimiento del gobernador. El mandato de Arcioni terminaba en diciembre, pero el 9 de junio de 2019  fue reelecto al frente del distrito con el espacio Chubut al Frente hasta el 2023. Hasta ahora, todo normal. 

Lo curioso es su cambio en el discurso con respecto a la megaminería. En 2017, al hacer campaña para ser diputado nacional, centró uno de sus spots sobre su postura de  “NO a la megaminería que le quieren imponer desde Buenos Aires”. No solo eso, sino que en reiteradas entrevistas durante ese tiempo reafirmó que estaba muy en contra de instalar proyectos mineros en la provincia. 

En este spot de campaña muestra a una familia, viajando en un auto escuchando la radio, hasta que anuncian que quieren instalar un proyecto minero en la provincia. Ahí, la adolescente piensa“ ¿no saben que contaminan el agua?” e inmediatamente enfocan al nene que reflexiona “siempre se quieren llevar nuestros recursos” y la mamá mira a la cámara diciendo “¡qué bueno que tenemos a alguien que no lo va a permitir!”. Ahí aparece Arcioni diciendo: “Pensamos igual que vos. Por eso con Mario Das Neves cuidamos nuestros recursos. Porque sabemos que así cuidamos el futuro de nuestra provincia”. 

Pero esto empezó a cambiar cuando fue electo gobernador por segunda vez, en 2019. En noviembre del 2020  se viralizó un video en donde él decía “ Somos una provincia minera por excelencia. A mí no me van a callar o me van a detener unos 500 o más ruidosos.” (se refería a las movilizaciones populares masivas en contra de la instalación de un proyecto minero).

Es decir: pasó de hacer campaña oponiéndose a la megaminería a ser el mayor propulsor de instalar un proyecto de este tipo. “Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros” decía Groucho Marx y podríamos decir que Arcioni modifica la frase por  “Estas son mis promesas, si a las mineras nos les gustan, tengo otras... ”

Pero Arcioni no es el único, el lobby de las mineras existe hace tiempo y en todo el mundo, aunque al menos, algunos intentan ocultarlo aunque sea un poco más. No es el caso del diputado provincial del PRO, Sebastián López. Hace unas semanas se conoció una cámara oculta de él, pidiendo “cien lucas” para actuar en favor del lobby minero. El video -difundido por el diario Perfil- muestra al diputado Sebastián López, dialogando con un empresario minero al que le ofrece sus servicios de “rosca”. Desde su equipo aclararon que el video es de la época de la campaña, en 2019, cuando él todavía no era diputado, pero sobre el pedido de “cien lucas”, nada. Además, en diciembre, los medios locales difundieron un audio de la legisladora Leila Lloyd Jones, del oficialista Chubut Somos Todos, donde acusa a algunos de sus pares de recibir diez millones de pesos. En el audio le explicaba a otra persona que habló con manifestantes pro minería que le habían hecho un escrache en la puerta de la casa y que le exigían trabajo. A ellos, ella les respondió que le vayan a pedir “a los diputados que votan a favor, que a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras”.

El reino del revés parece condensarse en la postura de varios políticos de la provincia de Chubut cuando se trata de hablar de megaminería . Muchos de ellos, deciden priorizar sus ganancias por sobre la voluntad del pueblo, a quienes ellos deberían proteger. Y eso, no lo vamos a perdonar. 

NK

El pueblo de Chubut logró otro enorme triunfo contra la megaminería. Esta vez ganó lo más preciado cuando los intereses contrarios son tantos, y tan poderosos: ganó tiempo. El gobernador Arcioni había convocado este último viernes a una sesión express para tratar el proyecto que permitiría la entrada de esta actividad a la provincia. Sin embargo, el rechazo transversal a esta nueva embestida en la provincia logró impedir su avance en comisión e hizo caer la convocatoria del gobernador. Horas después, la jueza Alicia Arbilla hizo lugar a una medida cautelar presentada por la asamblea No a la mina Esquel y suspendió la sesión hasta resolver el planteo de fondo. Hasta tanto no se evalúe su constitucionalidad, el proyecto no podrá tratarse en la legislatura.

El principal lobby detrás de esta embestida lo realiza la gigante canadiense Pan American Silver (PAS). La transnacional busca avanzar con Navidad, un proyecto de extracción de plata, plomo y cobre a cielo abierto que tendría unos 18 años de vida útil. Desde que adquirió el proyecto en 2010, PAS lidera los esfuerzos de juntar voluntades para derogar la ley antiminera que lograron los vecinos de Esquel en 2003, movilizados contra la también canadiense Meridian Gold. Sólo en 2019, de acuerdo a una denuncia de la organización MiningWatch, Pan American Silver habría gastado seis millones de dólares en “actividades comunitarias” y “cuidado y mantenimiento”, sin ofrecer mayores detalles, dice el informe. Sin embargo, los reportes de transparencia que la empresa presenta en Canadá no dan cuenta de los mencionados gastos. Un dato, por lo menos, llamativo.  

En ese contexto, cobran mayor relevancia las denuncias de supuestas coimas como la cámara oculta al diputado del PRO, Sebastián López, en la que se lo puede ver pidiendo “cien lucas” para “abrirle puertas” al sector minero, o el audio de WhatsApp de la diputada del oficialismo provincial, Leila Lloyd Jones, en el que denuncia que sus pares recibieron “10 millones de pesos” para votar el proyecto. Tampoco sorprende el giro que dio el actual gobernador luego de su campaña de 2017 en la que prometía frenar a “la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires”. La estafa electoral que cometió Arcioni al convertirse en promotor de este proyecto es escandalosa. La megaminería no sólo contamina el ambiente, también contamina la democracia.

Además de la mencionada turbiedad política, la forma en la que se presentó el proyecto no respetó la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios de la zona, de carácter obligatorio por el artículo seis del convenio 169 de la OIT. Distintas comunidades Mapuche-Tehuelche de la meseta centro-norte, donde se ubica el Proyecto Navidad, pidieron que no se trate este proyecto por verse vulnerados sus derechos como comunidades indígenas. 

Por si eso fuera poco, el gobierno chubutense persiguió y reprimió a manifestantes antimineros, mientras que la autodenominada “Red de Académicos por la Minería Sustentable” falsificó un informe del CONICET asegurando que las regiones con minería a gran escala tiene mejor calidad de vida. No sólo cosechó el enérgico repudio del sector académico, sino que días después, el Centro Nacional Patagónico dependiente del CONICET difundió un lapidario informe sobre los impactos que podría tener el avance de la megaminería por lo que solicita el retiro del proyecto de la legislatura. 

Contra la estafa electoral, las denuncias de corrupción y la violencia institucional, la victoria del pueblo es importantísima, pero todavía no es definitiva. El año electoral juega en contra de Arcioni y de su referente nacional, Sergio Massa. Por eso el tiempo es un bien preciado. El impacto de avalar la avanzada extractiva a partir de traiciones políticas, denuncias de coimas flagrantes, vulneración de derechos y en contra del pueblo movilizado podría ser enorme. La dirigencia del Frente de Todos a nivel nacional lo sabe y debe actuar en consecuencia, especialmente en un año electoral.

Convocadas por las asambleas locales, el jueves 4 hubo marchas en todo el país bajo el lema #ChubutAGUAzo y #NoEsNo. Esta masiva movilización —como las de Mendoza de fines de 2019— son el más claro indicio de una pujante sensibilidad ecosocial que crece y se consolida en Argentina. El mito del desarrollo infinito basado en el modelo extractivista se demostró injusto e insostenible. El pueblo lo sabe y le pone un límite claro. Cualquier frente político que se considere popular deberá incorporar esta variable a su agenda y promover la equidad respetando los límites ambientales.

Una vez más la política cedió a la presión popular y el debate por la resistida ley que propone la habilitación de la minería en la provincia de Chubut deberá esperar. Los diputados que integran la Comisión de Hacienda de la Legislatura provincial, que se preparaban para darle este jueves dictamen al proyecto, anunciaron que por no disponer del “tiempo suficiente para llegar al día y horario de la sesión con el trabajo realizado” se dejó sin efecto la convocatoria a sesión extraordinaria que había decretado el gobernador, Mariano Arcioni, para el viernes a primera hora. 

La decisión se tomó en medio de una fuerte movilización en la provincia en rechazo al proyecto, con manifestaciones en distintos puntos del territorio, impulsadas en parte por la la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses. Las acciones tuvieron réplicas incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde organizaciones sociales marcharon en solidaridad con el reclamo a la Casa de Chubut y al Ministerio de Producción de la Nación. 

El Partido Justicialista de Chubut, que en las últimas semanas había mantenido una actitud ambigua aportando modificaciones al proyecto, difundió una carta en la que anticipaba que no participaría de la sesión convocada por oponerse al “tratamiento exprés y no participativo de una ley que define políticas extractivas para las próximas décadas en el territorio”. Además, sugirió la implementación de un mecanismo de audiencias públicas para debatir el proyecto, estrategia que Arcioni —heredero del peronismo disidente de Mario Das Neves y alineado a nivel nacional con Sergio Massa— no contempló hasta el momento. 

Según pudo saber elDiarioAR, el conflicto en la provincia motivó la intervención de la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que está detrás del movimiento del PJ provincial. Si bien el Gobierno nacional respalda a la provincia patagónica en su aventura minera, la expresidenta ordenó retrasar el debate hasta después de las elecciones, momento en que espera sostener las tres bancas en el Senado. Actualmente ocupan bancas en el recinto Nancy González y Mario Pais, del Frente de Todos, y Alfredo Luenzo, que ingresó por el peronismo disidente y se pasó luego a las filas del Frente de Todos. 

“Pretenden votar de manera remota y de la noche a la mañana una definición de los próximos 30 años”, detalla el texto del PJ provincial, que conduce Carlos Linares, y agrega que “sin respuestas a temas urgentes de carácter social, educativo, de salud o económico de las regiones, no se puede imponer una voluntad mínima por un capricho o interés sectorial por sobre la voluntad popular”. 

Además, en una iniciativa novedosa, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) convocó a un “paro ambiental” de 48 horas para el jueves y viernes a fin de “resistir y rechazar en las calles la megaminería en la provincia”. Según el documento de la central obrera que conducen a nivel nacional Ricardo Peidro, Hugo Godoy y Claudia Baigorria, la aprobación de la ley “generará destrucción ambiental y arriesgará el delicado acuífero provincial”. 

El proyecto de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut” fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial en noviembre pasado, pero no logró que fuera tratado antes del cierre del año. La iniciativa es más conocida como proyecto de “zonificación minera” porque propone eliminar la prohibición de la actividad que rige en la provincia pero sólo para los departamentos de Gastre y Telsen, ambos ubicados en el centro árido del territorio, identificado como “la meseta”. 

Detrás del proyecto está el objetivo dar luz verde a la explotación del yacimiento Navidad, una de las reservas de plata más grandes del mundo, propiedad de la canadiense Pan American Silver.

DT con el aporte de Pablo Ibáñez

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, convocó hoy mediante un decreto a sesiones extraordinarias en la Legislatura para el próximo viernes 5 de febrero, con el objetivo de tratar el resistido proyecto de ley que busca autorizar la actividad minera en la provincia. Desde hace semanas las autoridades locales, urgidas de nuevos ingresos que contribuyan a sacar a la provincia de la situación financiera crítica en la que está desde hace años, mantienen reuniones con diferentes fuerzas políticas y propician modificaciones en el texto para intentar alcanzar los votos que hacen falta para su aprobación. 

El decreto que convoca a sesiones extraordinarias lleva la firma del gobernador Arcioni y, según consta en el sello, fue ingresado a la mesa de entrada de la Legislatura provincial a las 14. La sesión está convocada para el próximo viernes a las 8 de la mañana y el proyecto de zonificación minera, identificado con el número 128/20, aparece en el primer lugar del temario. 

La decisión oficial intensificó la convocatoria a una manifestación en contra del proyecto, que ya había sido lanzada por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses para el jueves próximo. Según se señala en el llamado, se trata de una movilización “en defensa del agua de la provincia y en contra de la megaminería”, que fue difundida en las redes con el hashtag #chubutAGUAzo.

El proyecto en cuestión, llamado de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial en noviembre pasado, pero no logró que fuera tratado antes del cierre del año. La iniciativa es más conocida como proyecto de “zonificación minera” porque propone eliminar la prohibición de la actividad que rige en la provincia pero sólo para los departamentos de Gastre y Telsen, ambos ubicados en el centro árido del territorio, identificado como “la meseta”. 

Detrás del proyecto está el objetivo dar luz verde a la explotación del yacimiento Navidad, que la compañía canadiense Pan American Silver adquirió hace once años y espera pacientemente el momento de usufructuar. Se trata de una de las reservas de plata más grandes del mundo.

La discusión por la minería vuelve recurrentemente a la provincia, pese a que en 2003 se realizó un plebiscito en la ciudad de Esquel que arrojó el rechazo del 81% de la población a la instalación de una explotación de oro en sus alrededores, lo que derivó en una ley que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto en toda la provincia.

El argumento principal de los grupos antimineros radica en el impacto ambiental que tiene la actividad. Según detalla un proyecto de ley presentado por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses que procura sostener la prohibición, la minería es una enorme consumidora de energía eléctrica y de agua, recurso que deja luego irreversiblemente contaminado por los tóxicos que se emplean en el proceso. 

Por otro lado, la organización argumenta que es imposible asegurar que los diques que se utilicen para almacenar el agua contaminada permanezcan en buen estado a lo largo del tiempo. “Existe un riesgo cierto de que se fisuren, quiebren o produzcan filtraciones que puedan contaminar gravemente el agua superficial o subterránea de la zona, trasladándose la contaminación a grandes distancias”, asegura el texto, y menciona como ejemplo lo ocurrido en 2015 en San Juan, cuando una falla en el sistema de la empresa Barrick Gold produjo el derrame de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero, que llegó a los ríos Potrerillos y Jáchal. 

DT

Tras un breve impasse en el inicio del año, el debate por la habilitación de la minería en la provincia de Chubut retomó impulso y el Gobierno de Mariano Arcioni, al mando de una provincia en crisis y urgida de recursos, se muestra decidido a avanzar pese a la resistencia que genera en parte de la población de la provincia patagónica. Al cabo de una nueva ronda de discusión con diversos sectores, la semana pasada el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, envió a la Legislatura un documento con modificaciones al proyecto original, con lo que espera acercar posiciones y alcanzar los votos necesarios para aprobarlo cuanto antes. 

El proyecto en cuestión, llamado de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial en noviembre pasado. La iniciativa es más conocida como proyecto de “zonificación minera” porque propone eliminar la prohibición de la actividad que rige sólo para los departamentos de Gastre y Telsen, ambos ubicados en “la meseta”, una región árida y muy poco poblada del centro de Chubut, provincia en la que sus 550.000 habitantes se ubican principalmente en la costa atlántica (Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson) y en los Andes (Esquel).

Si bien no lo nombra, la iniciativa legal tiene como objetivo dar rienda suelta a la explotación de un yacimiento de plata que la compañía canadiense Pan American Silver adquirió hace once años y espera pacientemente el momento de usufructuar. En el llamado proyecto Navidad se encuentra una de las reservas de plata más grandes del mundo que, según fuentes de la empresa, tendría una vida útil de 18 años, con la posibilidad de prolongarse con nuevas explotaciones en la zona. 

La presencia de la minería en Chubut vuelve recurrentemente, pese a un hito clave en 2003, cuando un plebiscito en la ciudad de Esquel que arrojó el rechazo del 81% de la población a la instalación de una explotación de oro en sus alrededores por parte de la canadiense Meridian Gold. Ese contundente resultado derivó en una ley que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto en toda la provincia, y continuó con un activismo contra la actividad en la provincia que dura hasta hoy. 

El rechazo principal de los grupos antimineros radica en el impacto ambiental. Según detalla un proyecto de ley presentado por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses que procura sostener la prohibición, la minería es una enorme consumidora de energía eléctrica y de agua, recurso que deja luego irreversiblemente contaminado por los tóxicos que se emplean en el proceso. La organización argumenta que es imposible asegurar que los diques que se utilicen para almacenar el agua contaminada permanezcan en buen estado a lo largo del tiempo. “Existe un riesgo cierto de que se fisuren, quiebren o produzcan filtraciones que puedan contaminar gravemente el agua superficial o subterránea de la zona, trasladándose la contaminación a grandes distancias”, asegura el texto, y menciona como ejemplo lo ocurrido en 2015 en San Juan, cuando una falla en el sistema de la empresa Barrick Gold produjo el derrame de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero. “El derrame tóxico llegó primero al río Potrerillos hasta alcanzar el río Jáchal y rápidamente aumentó la concentración de metales pesados en el agua, convirtiéndola en no apta para el consumo humano”, detalla.

Pese a la firme intención del oficialismo de sancionar la ley en 2020, no se logró acuerdo para tratar el proyecto en sesiones extraordinarias. Después de una breve pausa, el 19 de enero el Gobierno —y la propia Pan American Silver, mediante sus canales institucionales— anunció el “reinicio del debate”. En la primera reunión virtual, el ministro Cerdá convocó a 47 representantes de organizaciones empresariales y cámaras, y continuó luego con una cargada agenda de encuentros virtuales, hasta en tres turnos diarios. 

Tras esta nueva rueda, Cerdá remitió la semana pasada a la Legislatura una serie de modificaciones al proyecto hechas por legisladores provinciales de los distintos bloques. Entre otros puntos, se sugiere que los proyectos mineros especifiquen la participación de empleo chubutense que demandarán en cada etapa, que no podrá ser menos del 80% del total, y que deberá involucrar a personas con no menos de cinco años de residencia en la provincia. También apuntan a reorganizar lo recaudado en concepto de regalías mineras, asignando 2% a los sindicatos que tengan participación en la actividad.

Cerdá también remitió observaciones hechas por el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan PabLo Luque, en un encuentro en Buenos Aires con el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. En este caso, se introduce un refuerzo a la regulación en materia hídrica y los mecanismos de control y tratamiento. Además, se suman sanciones para quienes no cumplan con el procedimiento del cierre de minas. 

En su hiperactividad por avanzar con la iniciativa, el Ejecutivo provincial también lanzó en enero un sitio web (https://lameseta.org/) en el que vuelca información sobre el tema y pone a disposición un canal de comunicación para consultas. De algún modo, apunta a fortalecer la idea de que se debe dar un debate técnico y no político, y evitar la distorsión generada por “500 ruidosos”, como llamó públicamente el gobernador a los activistas antimineros.  

Pese a los esfuerzos de la administración Arcioni, cuyo referente nacional es Sergio Massa, la oposición del kirchnerismo provincial, del radicalismo (que rompió su alianza con el PRO por el supuesto pedido de coima a las mineras de su representante en el recinto local) e incluso de algunos legisladores que conquistaron sus bancas en la lista del oficialismo y luego se alejaron, los votos para habilitar el negocio son por ahora insuficientes, motivo que fuerza la postergación del llamado a sesiones extraordinarias para tratarlo. 

Promesas tentadoras y aval nacional

Según los números que hace Pan American Silver, la mina le garantizaría a la provincia exportaciones despachadas en sus propios puertos por US$350 millones anuales y demandaría una inversión de entre US$1.000 y US$1.300 millones a lo largo de todo el desarrollo. 

Según las estimaciones del ministro de Hidrocarburos de la provincia, al 3 por ciento contemplado por ley en materia de regalías se sumarían otros puntos como los fondos de infraestructura, fortalecimiento institucional y un fondo fiduciario que llevaría a un 9% en concepto total de rentas. Las exportaciones mineras pagan además 8 por ciento de retenciones, luego de que la Casa Rosada las bajara en octubre desde 12 por ciento heredado por la administración Macri. Tras eliminarlas no bien asumió, el Ejecutivo de Cambiemos las reinstauró en el último tramo de su mandato.

Las autoridades —y Pan American Silver— ponen como ejemplo de viabilidad del proyecto a la provincia vecina de Santa Cruz, donde actualmente hay explotaciones activas. Incluso “se emplea cianuro y no sucedió ninguna catástrofe”, sostuvo Cerdá en diálogo con La Opinión Austral. El proyecto chubutense prohíbe, sin embargo, la utilización de cianuro, que es necesaria para la extracción de oro, pero no para la de plata.

El gobierno provincial tiene el aval para avanzar de las autoridades nacionales. El ministro Arcioni y el propio Cerdá fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández en las primeras semanas del año y también por el secretario de Minería de la Nación, Darío Martínez. 

Además, las autoridades locales enarbolan el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, que fue presentado en octubre pasado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien considera a la minería una de las actividades estratégicas de cara al futuro. En línea, el secretario de Minería Hensel aseguró a Télam que la Argentina tiene enormes posibilidades de competir en este rubro y una importante cartera de proyectos en factibilidad avanzada, con posibilidades concretas de inversión por unos US$30.000 millones en oro, plata, cobre y litio. 

A favor y en contra

Según la estimación de la empresa interesada, la activación del proyecto Navidad generaría 700 empleos directos y, si se sumaran los indirectos —contratistas, bienes y servicios— llegaría a 2.700 empleos de manera escalonada, lo que se vuelve una promesa tentadora para los escasos habitantes de la meseta, que dependen en su mayoría del menguante trabajo rural y distintas ayudas gubernamentales. 

“Si uno recorre la provincia queda a las claras que el desarrollo se ha generado históricamente en cinco o seis centros urbanos y el resto de localidades siguen siendo pequeñas aldeas que subsisten gracias a los sueldos del Estado y planes. Esa es la matriz económica para los pueblos del interior, y no debería ser así. Tenemos reservas al alcance de la mano y no las podemos aprovechar”, dijo a elDiarioAR Carlos Montenegro, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Servicios e Industria de la Meseta del Chubut (Camecch).

Montenegro aseguró que, mientras en las principales ciudades de Chubut se realizan multitudinarias marchas en contra de la minería, la gran mayoría de los habitantes de la zona directamente afectada están a favor, pero que recién a partir de 2018, cuando llegó el servicio de internet a la zona, pudieron empezar a “hacerse escuchar”. Explicó que tanto en Telsen como en Gastre hay alrededor de 700 habitantes y un desarrollo de infraestructura ínfimo.  Apenas una escuela con baja matrícula y un minihospital que atiende afecciones menores. En casos de mayor complejidad, deben viajar 400 kilómetros por ripio hasta Trelew. 

Por otro lado, en noviembre ingresó a la Legislatura un proyecto presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut en el que se busca asegurar la prohibición total de la actividad en la provincia. Según argumenta el texto, este método extractivo impacta negativamente en territorios, ecosistemas y poblaciones de manera irreversible. Además, señala que, aún con controles, es imposible garantizar que no habrá accidentes de graves consecuencias para el ambiente.  

“En la zona de influencia directa de los emprendimientos mineros se genera un contexto de contaminación psíquica y social” mediante la intervención de los distintos poderes en connivencia con las corporaciones mineras que “intentan legitimar el discurso falaz de que la única forma de supervivencia regional es la actividad minera”, añade el texto en su argumentación.  Esta misma Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses convocó a quienes se oponen a la minería a manifestarse en las calles el próximo 4 de febrero.

DT