Chubut, la provincia que acostumbró a los estatales a no cobrar

Las vallas, que tal vez fueron negras alguna vez, están oxidadas. Llevan más de un año protegiendo el ingreso de la Casa de Gobierno de Chubut, en la ciudad de Rawson. Sobre las paredes celeste pálido se ven las marcas negras del fuego que hizo arder las dos puertas de madera en una manifestación de septiembre de 2019 y en el marco de las ventanas no hay vidrios sino placas de aglomerado blanco. Alguien intentó limpiar las paredes y, sin embargo, el edificio entero, que ocupa una manzana de la capital chubutense, está envuelto por el rastro ilegible de las pintadas. Las marcas de aerosol —negras, naranjas, verdes— se intercalan con viejos huevazos y restos de carteles rasgados que dicen “Arcioni, pagá los sueldos”.

La provincia de Chubut, la principal productora de petróleo del país junto con Neuquén, atraviesa desde hace años una situación financiera crítica que se vio agravada luego de las elecciones de 2019, en las que Mariano Arcioni, heredero del peronismo disidente de Mario Das Neves, fue reelecto gobernador. Antes de los comicios, el mandatario, quien ya había tenido problemas para saldar las obligaciones mensuales de la provincia, pasó a planta permanente a alrededor de 1500 trabajadores que realizaban tareas para el Estado como monotributistas, aumentó salarios y los ató a una cláusula gatillo, y dio la orden a su equipo de no perder aliados por no conceder un par de puntos en las negociaciones. 

Ganó la segunda vuelta con el 41,35% de los votos —7 de ventaja sobre el candidato del kirchnerismo, Carlos Linares—, pero dos meses después, en agosto, ya no pudo hacer frente a las obligaciones y recurrió al pago escalonado.

La principal fortaleza política de Arcioni es su amigo Sergio Massa, aliado estratégico de Alberto Fernández. No bien estalló la crisis, el frente oficialista chubutense se dividió todavía más. Hasta ahora, las diferentes ramas del peronismo no dieron el paso de promover la destitución, mientras que en el campo opositor, se acaba de desintegrar la alianza entre el PRO y la UCR.

El Gobierno dividió tanto a los activos como a los jubilados —que dependen de una caja provincial y tienen una actualización del 82% móvil, atada a los salarios— en cuatro categorías: la 1 y 2 la integran los que cobran sueldos netos de hasta $65.000, la 3 aquellos con salarios de hasta $150.000, y la 4, los que perciben más de ese monto. Desde entonces cada categoría comenzó a cobrar en una fecha distinta, con prioridad de menor a mayor. Las fechas, sin embargo, no están establecidas; se conocen con apenas algunas horas de anticipación y pueden cambiar de un momento a otro. La irregularidad de esos plazos fue generando un atraso en el pago de salarios, que en algunos momentos llegó a ser de cuatro meses para ciertas categorías. 

Al día de hoy, los trabajadores de los rangos más altos tienen dos salarios atrasados y recién el 21 de diciembre cobraron la primera de las tres cuotas del aguinaldo de junio. Las categorías 1 y 2 acaban de cobrar el salario de octubre y en diciembre cobraron completo el aguinaldo de mitad de año. Del correspondiente a diciembre, ni noticias en todos los casos. 

“Es terrible porque no podés organizar tu vida, no sabés cuándo te van a pagar. Estás en una incertidumbre permanente y, cuando finalmente cobrás, es dinero que ya tenés gastado”, dijo Silvia García, a quien además de salarios y aguinaldos le deben horas extras de hace dos años. “La verdad es que ya ni sabemos bien qué nos deben”, confesó. 

García es agrimensora y trabaja en la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía provincial. Además, cocina empanadas, hace artesanías en vitrofusión y vende productos cosméticos para generar un ingreso adicional y abonar las cuentas fijas que con la remuneración de su trabajo no puede. También trata de no usar la tarjeta de crédito porque no sabe si va a poder saldarla a tiempo y quiere evitar que se le disparen los intereses. “Sólo la usé ahora para las Fiestas. Toda la vida compré regalitos a los chicos y me daba no sé qué no comprarles ahora”, dijo la empleada provincial, que tiene tres hijos mayores.  

Ya antes de ingresar de manera definitiva en el pago escalonado, Arcioni había tenido problemas para pagar los salarios en tiempo y forma. A principios de 2018, la primera vez que se atrasó, anunció que lo resolvería rápido e intentó apaciguar a los estatales, que hacían escuchar su descontento: “¿Me van a decir que no tienen un ahorro para aguantar unos días?”.  

Si bien el 2019 estuvo marcado por las manifestaciones casi permanentes, que llevaron a colocar de manera definitiva las vallas frente a la Casa de Gobierno, en 2020 la pandemia aplacó la conflictividad. Al miedo de contagiarse se le sumó la dificultad para reunirse y organizar medidas de fuerza, además de la pérdida de impacto de algunas de ellas como la retención de tareas, licuadas en un ritmo de trabajo atípico. 

“Yo creo que al Gobierno el tema de la pandemia lo ayudó. Si mañana vuelve todo el mundo a trabajar, a Rawson lo prenden fuego”, opinó Martha Lema, empleada del Ministerio Público Fiscal de Chubut. Rawson es la capital administrativa de la provincia y, sin embargo, tiene menos habitantes que ciudades aledañas como Trelew y Puerto Madryn, desde donde viajan diariamente gran parte de las personas que trabajan en los edificios públicos. 

“Esto no es un problema de salario escalonado. Si fuera eso y vos sabes que el 10 de cada mes cobra el rango 1 y 2, y después el 3 y el 4, todo bien. Acá no se sabe cuándo vas a cobrar. Esa es la realidad”, detalló Lema. En efecto, no existe un canal oficial para comunicar las fechas de pago y las noticias llegan de manera informal vía WhatsApp o a través de los diarios provinciales, sin ninguna garantía de que la información sea la definitiva. En algún momento, de la noche a la mañana, el dinero —o parte de él— aparece en las cuentas. 

En diálogo con elDiarioAR, el ministro de Economía de la provincia, Oscar Antonena, aseguró que desde hace tres meses ya no se paga de manera escalonada, sino una “masa salarial completa”, es decir, a todos los trabajadores al mismo tiempo. Sin embargo, la fecha de ese pago no es predecible y depende del momento en el que el Gobierno logre recaudar los $5.200 millones necesarios para pagarle a los 40.251 estatales activos y 18.115 jubilados de la caja provincial.

“Mucha gente necesita solicitar un préstamos en el banco para vivir, porque se ha llegado a ese extremo. Y no hablo necesariamente de empleados de los rangos más bajos, porque que ganes bien no significa que seas rico como para estar meses sin cobrar. La mayoría trabajamos para vivir, para comer”, dijo Lema, que lo sabe porque fue la encargada de generar las liquidaciones de haberes para que los empleados pudieran presentarlas en los bancos para solicitar los préstamos. 

Por otro lado, dos empleadas judiciales de la provincia presentaron recursos de amparo por los salarios adeudados y la Justicia ordenó que la administración pública se ponga al día. Con ese antecedente, otros estatales ya comenzaron a juntar la documentación para seguir el mismo camino, lo que abre la puerta a una ola de juicios contra el Estado. 

Antonena asegura que cumplirán con el fallo judicial en el caso de las dos trabajadoras, pero anticipó que “si todos los agentes hicieran un amparo, seguramente que no se va poder cumplimentar”. “Esto es algo que no se termina de comprender: no contamos con el dinero. Si estamos pagando de esta forma es porque existe una dificultad para poder pagar los sueldos”, lanzó. 

Riqueza condicionada 

Chubut es una de las provincias con mayor producción de petróleo en el país y en su presupuesto 2021 calcula recibir regalías por $30.652 millones. El problema es que así como ese flujo de dinero entra a la provincia, se va. 

Hasta 2020 Chubut tenía alrededor del 90% de sus regalías comprometidas en el pago de la deuda en dólares contraída por las últimas administraciones y cumplía el compromiso sin dilaciones. De acuerdo a la letra chica del contrato con los acreedores, las regalías se depositan primero en el banco pagador de los bonos y a la provincia le llega lo que sobra después de haber cancelado los compromisos.

Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, la deuda en dólares de la provincia superaba en octubre los US$740 millones. El grueso de esa deuda —US$650 millones— lo constituye un bono colocado en 2016, que en diciembre pasado fue reestructurado. Según detalla Antonena, la reestructuración extendió los plazos de vencimiento de 2026 a 2030 y generó que el compromiso de las regalías se reduzca al 50% durante los primeros tres años, lo que le dará algo de aire a la caja.

“La verdad es que te miento si te digo desde cuándo viene esto, porque ya no me acuerdo. Es desde hace tanto”, dijo Paula Morale, médica pediatra y directora asociada del hospital Santa Teresita de Rawson. Si bien nunca se les regularizó el atraso, cuando se declaró la emergencia por la pandemia la provincia determinó que el personal de salud tuviera prioridad para cobrar, plegando sus pagos a los de las categoría 1, independientemente de la categoría que efectivamente tuvieran. 

“Todos desarrollamos algún tipo de estrategia para poder vivir. La mayoría de los médicos trabajan en el sector público y en el privado, pero el privado también está complicado porque acá la mayor obra social es Seros, de los estatales, que tampoco paga en tiempo y forma”, explicó Morale, que en su caso particular no tiene otro trabajo y puede pagar los gastos fijos gracias al salario de su pareja, que no es empleado de la provincia. 

El gasto que prioriza es el alquiler, rubro que también adquirió una dinámica particular en la provincia a partir de la situación salarial anómala. “No alquilo a docentes o empleados estatales” es la leyenda empezó a multiplicarse en los grupos de redes sociales en los que se publicitan propiedades vacantes, motivo por el que el Sindicato de Inquilinos del Chubut solicitó la intervención del Inadi.

Los docentes fueron los principales referentes de las protestas que inundaron Rawson durante 2019. Sumado a la pandemia, la provincia ya suma dos años sin ciclos lectivos de clases regulares.

Federico Tavera, que trabaja como profesor de inglés en el Colegio Comercial de Trelew y como vicedirector de una escuela en el barrio Moreira de esa ciudad, señaló que con el coronavirus se cortaron las manifestaciones, que eran “casi diarias” en 2019. Recordó el acampe frente al Ministerio de Educación, liderado por autoconvocados, que duró meses y se inició de una manera muy espontánea. Cansados de no ser recibidos por las autoridades, un grupo de docentes se sentó en las escalinatas de ingreso del Ministerio y fue sumándose más gente en apoyo, que terminó por ocupar el edificio y montar carpas fuera. 

“Se había armado una especie de barrio frente al Ministerio, con carteles de las distintas escuelas. Con frío, en pleno invierno, todos los días había gente y fue un acampe larguísimo que se levantó por promesas que nunca se cumplieron. De hecho, la situación después empeoró”, dijo. 

La manifestación en la que se prendió fuego la casas de Gobierno y se decidió vallar sus inmediaciones fue en septiembre de 2019, después de que la muerte en la ruta de dos docentes de Comodoro Rivadavia que regresaban a su ciudad luego de participar de la marcha de estatales en la capital provincial sumara un aliciente para la indignación. 

“Como vicedirector puedo ver también la situación de los profesores que están a mi cargo. Me vienen a ver porque ya no tienen plata para ir hasta la escuela, para plantear la necesidad de faltar por no poder cargarle nafta al auto, de venir en bicicleta. La escuela está en un barrio alejado del centro, súpercarenciado, y tras que el transporte público está suspendido, no se puede llegar a pie todos los días, aunque muchos profes han hecho ese esfuerzo”, contó Tavera. 

Para no dejar sin actividad a los muchos alumnos sin posibilidad de conectarse a internet, en su escuela los profesores prepararon actividades —impresas de su propio bolsillo— para que los alumnos las retiraran cada 15 días y las devolvieran para corregir durante 2020. Además, reemplazaron el desayuno y la merienda servidos en la institución por alrededor de 450 bolsas de alimentos que repartieron a las familias. 

“Más allá del compromiso que tenemos y de que la mayoría de los profes hicieron a un lado sus circunstancias personales para no dejar a los chicos sin clases, hay un límite para todo. El agotamiento, el malestar cambió el ámbito de trabajo radicalmente —aseguró Tavera—. Es el único tema de conversación: lo mal que estamos y cómo hacemos para llegar a fin de mes”.  

DT