Y por si faltaba algo, llegó Javier Milei. El presidente argentino aterrizó este miércoles en España para irrumpir en una política nacional inmersa en plena precampaña de las elecciones generales. Y lo hizo a la altura del personaje público delirante que lo convirtió en uno de los referentes mundiales del populismo ultraderechista: agrediendo, insultando y descalificando al conjunto de la izquierda y al presidente del Gobierno en particular, al que regala ahora otra ventaja electoral inesperada frente al evidente descoloque de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, visiblemente incómodos con su presencia.

El efecto fue inmediato. Después de regodearse durante un par de semanas con el enredo de PP y Vox con las pensiones, los socialistas se frotan ahora las manos con el periplo de Milei por España. Están convencidos en el PSOE de que todo lo que representa el mandatario argentino ayuda a la caricaturización de sus adversarios y a la movilización de una izquierda temerosa de que allí puedan replicarse sus recetas. Esto es: recortes drásticos del estado social. Y por eso se lanzaron a la yugular desde primera hora de la mañana.

“Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el derecho a abortar, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el 'no a la guerra' es ser zurdo, yo soy zurdo. Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”, dijo en un video Pedro Sánchez en sus redes sociales mientras en la sede de la calle Ferraz se desplegaba una enorme lona en la fachada que rezaba: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

A esa hora, Pedro Sánchez aún no había sido insultado por Javier Milei, pero faltaba poco. En su primer acto en España, un desayuno informativo, el presidente hizo gala de su habitual sutileza para arremeter contra casi todo el mundo, menos contra Ayuso y Abascal. Al presidente español lo llamó, a las primeras de cambio, ladrón. “Pedrito es bien corrupto, ¿no? La otra vez cuando se lo dije se ofendió y después le estallaron un montón de casos en la justicia. O sea que sí es un corrupto. Es como cuando Lula se enoja cuando le digo ladrón, porque es ladrón. Es decir, si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones”. Y lo tildó de “dictador”: “Tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo. Por lo tanto, es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”.

Y Pedro Sánchez ni pudo ni supo contener su goce. Otra vez en sus redes sociales, y de camino al acto de precampaña de la tarde, reaccionó: “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”. El temazo argentino en cuestión era 'Fanático', de Lali Espósito, que ironiza sobre la delgada línea entre el odio y la obsesión y hace referencias evidentes al fanatismo de Milei.

Por la tarde, en el mitin, los militantes socialistas le pidieron al líder del PSOE entrar al trapo con Milei antes incluso de pronunciarse. “El señor Milei ha venido por aquí y le ha creado un problema a Feijóo y Abascal, que le invitaron y ahora no saben qué hacer con él. No saben dónde meterse ni dónde meterlo”, dijo para hacer las delicias de los asistentes. “Y ahí les tenéis: a Feijóo hablando de pizzas y de pisos y a Abascal diciendo: 'Uy, me habéis pillado fuera, hacemos un Zoom porque estoy fuera de Madrid'. Os voy a decir una cosa. ¿Pero a quién pretendéis engañar, Alberto y Santiago? Si os tenemos muy calados. Si Feijóo y Abascal gobiernan, harán lo que hace Milei en Argentina. Y eso no lo queremos para España”, proclamó.

La incomodidad de PP y Vox

El fiasco de la visita de Milei para PP y Vox se podía anticipar. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, el argentino fue recibido con frialdad por las derechas españolas. Milei participó en uno de los actos informativos más habituales y concurridos de Madrid, el Nueva Economía Fórum. Un espacio que aglutina a empresarios y políticos alrededor de un invitado que ofrece un discurso y suele responder preguntas. Pero este miércoles se rompió con algunas tradiciones. Por ejemplo, no aparecieron los nombres de los patrocinadores del evento (Solaria y Asisa) en el panel ante el que habla el invitado. Los logos sí figuraban hace un par de semanas cuando el convidado fue el dirigente de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella.

Al evento acudieron dirigentes de segundo nivel tanto del PP como de Vox. La representación institucional corrió a cargo del presidente del Senado, Pedro Rollán, quien no se inmutó cuando Milei llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno. En cuanto a la dirección del PP, oficialmente no asistió nadie al evento, según las previsiones informativas remitidas a los medios. Hubo una mínima representación del PP de Madrid y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y Esperanza Aguirre, a título personal.

Ninguna referencia de los portavoces del PP durante todo el día. Tampoco en redes sociales. Ni siquiera la también argentina Cayetana Álvarez de Toledo se dejó ver. En su día, Alberto Núñez Feijóo apoyó en las elecciones presidenciales a Mauricio Macri, quien apoyó la candidatura de Milei en la segunda vuelta tras fracasar en la primera.

Pero la ausencia más notable, tanto en el acto como durante el resto de la jornada, fue la de Santiago Abascal. El líder de Vox fue uno de los principales apoyos de Milei en España. De hecho, su primera visita se produjo con la excusa del Foro de Madrid, un encuentro de líderes ultras de todo el mundo organizado precisamente por Vox.

Esta vez, Abascal optó por la precampaña electoral, con actos en Ponferrada (León) y A Coruña. Milei se reunió con el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y recibió una videollamada del líder de Vox que grabó y colgó en su perfil oficial de presidente de Argentina en Twitter. “Me habría encantado verte, pero... pero en otra ocasión”, le dice Abascal en ese video.

El principal acto político de Milei fue su encuentro con la presidenta de Madrid. Ayuso lo recibió en su despacho “complementario” en las oficinas del Canal de Isabel II para eludir a los acampados en la Puerta del Sol. La dirigente del PP mantuvo oculto durante el martes y buena parte del miércoles el uso de dichas oficinas para celebrar el Consejo de Gobierno semanal y, de paso, recibir a Milei.

Javier Milei consiguió este miércoles una foto con Isabel Díaz Ayuso, pero no exactamente la que hubiera querido. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo recibió a puertas cerradas, sin periodistas y lejos de la sede principal del gobierno regional, en las oficinas del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas donde instaló un despacho alternativo. El encuentro, que el equipo de la dirigente del Partido Popular (PP) recién confirmó durante la mañana, terminó con apenas cuatro fotografías y un video distribuidos oficialmente. Fue una postal bastante menos entusiasta que las de sus anteriores visitas a España, en una jornada en la que el Presidente logró convertirse en protagonista de la campaña ibérica.

Milei aterrizó en Madrid para meterse de lleno en la pelea electoral de otro país. Su viaje fue anunciado después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. La coincidencia de los tiempos no fue inocente: el libertario decidió desembarcar en plena campaña para confrontar con el socialismo, respaldar a sus aliados de la derecha y tratar de influir en una disputa política que observa como parte de su propia batalla ideológica internacional. Pero el resultado fue bastante más incómodo de lo previsto. Sánchez lo convirtió en su enemigo favorito, el PP prefirió esconderse y hasta Santiago Abascal, uno de sus socios más fieles en Europa, encontró mejores cosas que hacer antes que sacarse una foto con él.

La reunión con Díaz Ayuso fue una buena síntesis de ese escenario. La dirigente madrileña, una de las figuras del PP que más abiertamente reivindica el programa económico del argentino, aceptó recibirlo después de varios días de incertidumbre. Milei ya había anunciado el encuentro en su agenda oficial, pero desde el gobierno regional evitaron confirmarlo hasta último momento. Tampoco hubo recepción en la Real Casa de Correos, el edificio de la Puerta del Sol donde Díaz Ayuso suele mantener sus reuniones institucionales más importantes.

La explicación del cambio de escenario también habla del clima político que encontró Milei. En las inmediaciones de la sede madrileña permanecen manifestantes que reclaman mejores condiciones de acceso a la vivienda, una protesta que estuvo entre los factores que precipitaron el adelantamiento electoral. Para evitar que el libertario terminara cruzándose con los manifestantes, la reunión fue trasladada a las dependencias del Canal de Isabel II, lejos del epicentro de las protestas.

Es que el problema de Milei en Madrid no fue solamente Sánchez. También fue la incomodidad de una derecha española que, en plena campaña, descubrió que abrazarse al argentino podía resultar bastante menos rentable que hacerlo fuera del calendario electoral. La conducción nacional del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, optó por mantenerse al margen. El dirigente todavía no conoce personalmente al Presidente argentino, a diferencia de Díaz Ayuso, quien se mueve con autonomía respecto de la conducción nacional del PP y sí mantiene una relación política propia con Milei.

Sánchez pareció entendió el negocio antes que nadie. Desde temprano, el PSOE convirtió al visitante argentino en el protagonista de su comunicación electoral. En la sede del partido desplegó una bandera con una bienvenida cargada de ironía: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa”.

El propio Sánchez publicó un video de campaña en el que recogió el insulto favorito del libertario. “Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos”, afirmó. “Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo”, remató. Más tarde difundió un mensaje mientras escuchaba una canción de Lali Espósito.

La estrategia tuvo una ventaja evidente para Sánchez: Milei no necesitaba demasiados estímulos para entrar en la pelea. Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, frente a empresarios, políticos y diplomáticos, el mandatario argentino calificó a su par español de “impresentable dictador” y llamó a “sacar a patadas a los socialistas”. La provocación superó incluso el tono habitual de sus enfrentamientos con el jefe del Ejecutivo español y convirtió una actividad económica en otro episodio de confrontación política.

El clima de la visita tampoco ayudó. En la plaza de Callao se realizó una protesta contra la presencia del argentino. Y a la salida del Real Casino de Madrid, Milei volvió a enfrentarse con periodistas y lanzó insultos contra una reportera española. Habló de “microclima de periodistas fabuladores endogámicos” y “mentirosos seriales” luego de que se le preguntara por su opinión sobre si PP y Vox lo estarían evitando durante su visita a España.

La siguiente escala de Milei fue la Universidad Rey Juan Carlos, donde lo esperaba otra manifestación, esta vez de estudiantes y docentes que expresaron su solidaridad con los reclamos por el financiamiento de la educación pública argentina. Adentro, en cambio, lo recibió Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes de la Escuela Austríaca y una figura a la que Milei venera como maestro intelectual.

Pero el dato más significativo fue la ausencia de Santiago Abascal, líder de Vox y uno de los principales aliados ideológicos de Milei en Europa. En sus seis visitas anteriores a España, el dirigente ultraderechista había sido uno de los primeros en acercarse a saludarlo. La fotografía de ambos se había convertido en un ritual, una manera de exhibir la sociedad política que construyeron a ambos lados del Atlántico.

Esta vez, Abascal eligió otra agenda. El líder de Vox concentró sus actividades proselitistas en el norte de España y no asistió al encuentro previsto en la Fundación Disenso, el centro de pensamiento vinculado a su partido. La Casa Rosada intentó disimular el desplante con una videollamada. “Dicen que no me querés más”, saludó Milei a Abascal entre risas, en una frase que pretendía despejar las versiones de distanciamiento, pero que terminó por ponerlas todavía más en evidencia.

PL/CRM

“Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo”. La cita es parte de “Fanátíco”, la canción de Lali'. Probablemente el tema suene familiar (solamente su videoclip ya tiene 27 millones de reproducciones en Youtube). Pero más aún si te suena si te llamás Javier Milei.

La cantante lanzó la canción en septiembre de 2024, pero la había grabado meses antes. Fue justo después de los enfrentamientos con el Presidente, quien la llamó “Lali Depósito”, la acusó de hacer playback y la tachó de “parásito” después de que ella opinase sobre la victoria de Milei en las primarias: “Qué peligroso y qué triste”, dijo.

Lali respondió al choque con un largo mensaje en redes en el que defendió la importancia de la cultura: “Creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”. “Ella empezó”, se justificó Milei, entre más críticas.

La letra llegaba justo después de la polémica. Y no fue casual: “Tuve que hacer una canción para responderle”, dijo en La Revuelta. Entre los versos del tema: “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy / y sé que tenés un póster mío en tu habitación”. También “yo entiendo qué te pasa si sos tan solo un niño / aunque te hagas el malo te está faltando cariño”.

Una de las muchas personas que han escuchado esta canción es Pedro Sánchez. Hoy lo ha compartido. “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, publicó en su perfil de X, acompañado de una imagen. En ella, una mano (la del presidente del Gobierno, se supone) sostiene un teléfono en el que se reproduce 'Fanático'. Sánchez está escuchando justo la parte central de la canción, en el que Lali canta: “Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo”.

Este tuit llega tras otro, esta misma mañana, en el que el secretario general del PSOE admitía: “Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”. “Si subir las pensiones, dar más tiempo a los padres para disfrutar de sus hijos e hijas, subir el salario mínimo todos los años, defender el derecho a abortar de las mujeres y defender el 'no' a la guerra y 'sí' a la paz es ser zurdo, yo soy zurdo”, agregaba en un vídeo.

También su partido desplegó este miércoles una lona en su sede de Ferraz, en el que recibía a Milei con una motosierra (símbolo que él abraza sobre sus políticas de recorte, pese a que en su mandato ha empezado a acumular caso de corrupción). “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”, “el país que más crece en Europa”.

El presidente argentino se encuentra en España. Llegó en la tarde del martes y, otra vez más, no plantea reunirse con su homólogo español. Sí se ha reunido con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y con el presidente del 'think tank' de Vox, la Fundación Disenso: Jorge Martín Frías. Por la tarde, a las 17.00 hará lo propio con Isabel Díaz Ayuso.

De Santiago Abascal y Ayuso, precisamente, habló en su acto matutino Milei: dijo ser su “amigo” y cree “que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”. De Sánchez también habló, pero para llamarle “impresentable dictador”.

El presidente Javier Milei llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez en el arranque de su primer acto en España. “Tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo. Por lo tanto, es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”, dijo en su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum.

También mostró su amistad con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, afirmó. En otro momento, insistió en sus insultos a Sánchez, al que llamó “corrupto”. “Pedrito es bien corrupto, ¿no? La otra vez cuando se lo dije se ofendió y después le estallaron un montón de casos en la justicia. O sea que sí es un corrupto. Es como cuando Lula se enoja cuando le digo ladrón, porque es ladrón. Es decir, si hay algo que caracteriza a los líderes socialistas es que son ladrones”.

Milei aseguró que la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta en julio pasado “no fue un accidente” ni “una casualidad”, “y las consecuencias ya se están viviendo como no podía ser de otra manera”. “Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades”, añadió. 

“Los socialistas prefieren peinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo”, dijo.

No se ve con Sánchez, pero sí con Ayuso

Es la séptima visita de Milei y en ninguna de ellas se vio con el presidente del Gobierno ni con integrantes del Ejecutivo español. En esta ocasión, la previsión es que acuda a un acto en la universidad Rey Juan Carlos —para el que se convocaron protestas de profesores y alumnos— y que luego se vea con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías. Con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, no habrá encuentro, algo que Abascal justificó por su presencia en dos actos electorales en el norte de España. Y finalmente sí se reunirá con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como anunció el Gobierno argentino, aunque no estuviera en un primer momento en la agenda oficial.

Durante estos viajes insultó y criticado de manera reiterada a Sánchez, e incluso a su esposa, Begoña Gómez, a quien calificó de “corrupta” en su primera visita, en mayo de 2024. Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático sin precedentes, con la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo representante diplomático cinco meses después.

Desde primera hora de este lunes de la sede del PSOE de la calle Ferraz cuelga una gran lona en referencia a la visita del presidente argentino y Sánchez compartió un video en sus redes sociales como parte de una minicampaña relámpago de choque con Milei.

“Soy zurdo”

“Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el derecho a abortar, es ser zurdo, yo soy zurdo. Si defender el 'no a la guerra' es ser zurdo, yo soy zurdo. Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”.

elDiario.es

“España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha”, propone Pedro Sánchez en su primera entrevista tras convocar elecciones. El presidente y candidato socialista recibió a elDiario.es a las 12:30 del miércoles en la sede del PSOE en Ferraz. Tras el fallecimiento de Maricarmen, Sánchez accedió a ampliar esta entrevista con varias preguntas sobre una muerte que conmocionó a la sociedad española. Esa parte se grabó el jueves: aquí se pueden ver ambos videos completos. 

“Hay que intervenir”, insiste Sánchez sobre la vivienda. El presidente plantea estas elecciones como una disyuntiva: “O derechos o recortes”, “o la gente o los fondos buitre”. Se muestra preocupado ante la posibilidad de una injerencia extranjera en las elecciones, “y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales”. Sobre el dueño de Amazon Jeff Bezos, que apoyó en redes las críticas a sus medidas de vivienda, Sánchez se pregunta “por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos”. También rechaza las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo: “Esta mentira, y se les ve en la cara, es por miedo a perder las elecciones”.

¿Qué sintió al conocer la muerte de Maricarmen?

Pena, por supuesto. Tristeza. Y mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor y es lo que hemos hecho, con la aprobación y esperemos la convalidación del decreto que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Maricarmen.

Maricarmen falleció en el hospital a las dos semanas de ser desahuciada. Otras personas, como es el caso de Olga en Hospitalet, se suicidan tras verse forzadas a dejar su casa. ¿Considera que son víctimas de un sistema injusto?

Sin duda. Este sistema tiene una parte de injusticia, sobre todo con los fondos buitre que mercantilizan el derecho a la vivienda que está reconocido en nuestra Constitución. Por eso creo que es tan importante lo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros: definir qué es un fondo buitre. En muchas ocasiones la derecha y la ultraderecha tratan de enfrentar al pequeño propietario con el inquilino. Y es al contrario: tenemos que defender los derechos de los pequeños propietarios, de los inquilinos y, por supuesto, enfrentarnos a los fondos buitre, que lo que quieren es la especulación y el enriquecimiento frente al derecho a la vivienda.

Tras la muerte de Maricarmen, muchos manifestantes protestaron frente al Congreso. Entre otros cánticos, también gritaban: “¿Dónde está el Gobierno progresista?” ¿Qué les responde?

Que el Gobierno progresista está con su causa social, que está también en resolver el problema de la vivienda. Y de hecho, creo que dimos una respuesta pronta a esta cuestión con los dos decretos que aprobamos este pasado martes y que están ya en vigor, evitando desahucios.

Feijóo pide que no se haga campaña con la muerte de Maricarmen, mientras el PP veta un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid y Almeida permanece sentado en el minuto de silencio en el Ayuntamiento. ¿Se puede pedir que esta muerte quede fuera del debate político?

Sin duda. Un minuto de silencio no es de un partido político o de un determinado colectivo. El minuto de silencio siempre es una representación del dolor que expresa el conjunto de la sociedad. Es bueno que no se politice el dolor. Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor.

Antes de ser desahuciada, Maricarmen le responsabilizó expresamente a usted junto a Ayuso y Almeida. Es verdad que ustedes aprobaron después un decreto que hubiese evitado ese desahucio, pero ¿en qué falló su Gobierno? ¿No se pudo aprobar antes?

Maricarmen lo que nos hizo es un llamamiento a todas las instituciones públicas para evitar los desahucios a personas vulnerables, como es su caso. Esta cuestión la hemos intentado plantear al Congreso en reiteradas ocasiones a lo largo de estos más de tres años de legislatura. Desafortunadamente sin el apoyo del bloque conservador, que ha sido muy taxativo en contra de evitar desahucios a personas vulnerables.

Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura

Usted justifica el adelanto electoral por el bloqueo parlamentario, pero tampoco se han aprobado los Presupuestos en toda la legislatura. ¿Por qué ese bloqueo era compatible con seguir gobernando y el rechazo a los decretos obliga a convocar elecciones?

Es cierto, no hemos aprobado los Presupuestos. Pero con los Presupuestos con los que actuamos hemos logrado un crecimiento récord: más del triple de la zona euro. Estamos concentrando la creación del 85% del total de empleo dentro de la zona euro. Además, hemos reducido a mínimos históricos la desigualdad en nuestro país, aunque sigue siendo uno de los principales problemas. Desde el punto de vista presupuestario, creo que hemos cumplido con los objetivos. 

En segundo lugar, hemos aprobado 78 iniciativas legislativas entre las cuales están dos reformas de la Constitución. Creo que ha sido una legislatura fructífera. Pero a diferencia de la anterior, donde aprobamos la primera ley de la democracia sobre la vivienda, en esta ha habido un bloqueo por parte de una mayoría conservadora que ha entendido que los desahucios son poco menos que desalojos que se tienen que producir. Eso ha generado una contestación social, contraria a la realidad del Parlamento. Y si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda.

¿La presión de la calle ha hecho cambiar al PSOE su posición sobre la vivienda? ¿Se han atrevido a tomar medidas más osadas por las manifestaciones?

Nosotros hemos tenido siempre un mensaje muy claro. Necesitamos hacer del artículo 47 de nuestra Constitución lo que es: un derecho, una realidad. Hoy desgraciadamente no lo es.

¿Dónde está la dificultad? Primero, en gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox y en ayuntamientos también, que se niegan por razones ideológicas a aplicar la intervención en el mercado de la vivienda que habilita la ley de vivienda. Y dos, un Parlamento que se niega a regular y a intervenir en el mercado de la vivienda, en aquellos aspectos donde efectivamente es disfuncional. 

Esta es la realidad que nos hemos encontrado durante estos tres años largos de legislatura y por eso he convocado las elecciones: porque necesitamos una mayoría parlamentaria progresista para hacer esa intervención en el mercado de la vivienda. La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre: los intereses de aquellos que miran las cosas desde arriba, desde los áticos.

¿Es usted partidario del alquiler indefinido y de que los propietarios indemnicen a los inquilinos al acabar el contrato o ha publicado este decreto en el BOE porque se lo exigía Sumar?

No, yo creo que es un debate necesario que tenemos que dar y que es pertinente porque existe en otras partes de Europa. Es verdad que es un debate avanzado para el estado actual del debate en España, pero el Gobierno y el Partido Socialista lo apoyan también. 

¿Lo va a llevar el PSOE en el programa electoral?

Sí, vamos a llevar unas medidas de vivienda potentes y en ese asunto, por supuesto, el Partido Socialista estará. No solo hemos congelado los precios del alquiler al 2%, sino que también prohibimos los desahucios y extendimos ese escudo social hasta más allá de la pandemia y la crisis de Ucrania. 

El Gobierno ha planteado este debate en las Cortes Generales no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces: en multitud de ocasiones. Hemos intentado regular el alquiler de temporada, hemos intentado proteger a las personas vulnerables víctimas de los desahucios, como fue el caso de Maricarmen. Desgraciadamente, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox y los ayuntamientos se han negado. Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en pisos de lujo.

¿Las medidas a favor de los inquilinos van en contra de los caseros? ¿Le preocupa que haya caseros que voten al PSOE que se puedan enfadar con estos decretos?

Esa es una falacia de la derecha y la ultraderecha, porque el pequeño propietario tiene en casa a sus hijos y sus hijas: a potenciales inquilinos que no pueden emanciparse por el precio del alquiler. Creo que el decreto guarda el equilibrio entre la defensa del pequeño propietario y los inquilinos. Y sobre todo, marca la diferencia entre cuáles son los intereses que defendemos nosotros frente a los fondos buitre y los especuladores. 

¿Llevar a la Diputación Permanente unos decretos que antes fueron rechazados por el Parlamento es un fraude democrático, como critica la derecha? ¿O es una forma legítima de aprobarlos?

Es legítimo. El Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día de las elecciones. Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura. Y aspiro a una mayoría parlamentaria más amplia, progresista, para que en la próxima legislatura tampoco haya desahucios y se respeten los derechos de personas como Maricarmen. 

¿Apoya usted la huelga general por la vivienda? Dice su número dos en el partido, María Jesús Montero, que es una huelga contra la oposición.

Es evidente que toda esta movilización de la gente es en contra de los fondos buitre, a favor de una persona vulnerable que es desalojada precisamente por un fondo buitre… Es producto de una contestación ante un Parlamento que dice ‘no’ a una demanda legítima de solidaridad, de empatía. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.

El derecho a la huelga general está reconocido en nuestra Constitución. Y me parece llamativo que lo cuestionen aquellas fuerzas políticas como el PP y como Vox que se manifestaron contra leyes que aún no existían, como la amnistía. Algunas de esas concentraciones han devenido en actos vandálicos y violentos contra mi partido que, por cierto, no contaron con el reproche ni el rechazo de la oposición: ni del PP ni, por supuesto, de Vox. Ahora están criticando el ejercicio de un derecho constitucional.

Ese ataque a las acampadas diciendo que son violentas... ¿Qué opina de esas críticas de la derecha?

Están en esa vieja máxima de Fraga Iribarne: la calle es mía. La calle es de todos. Mientras sea pacífico, como se están manifestando, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Se están movilizando precisamente por causas sociales y eso creo que dice mucho del país que somos: un país que quiere seguir avanzando en términos sociales. No deja de ser curioso que a cada avance social haya habido un insulto por parte de la derecha. España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha.

Usted ha recordado las veces en que su partido ha intentado vetar los contratos de alquiler temporales, pero esto es una posibilidad que permitió la ley de vivienda y que en su momento ya fue cuestionada. ¿Fue un error haber dejado esa puerta abierta? 

Es que tenemos que regularlo, hay que intervenir. Por eso no nos basta con repetir una mayoría parecida a la que tenemos en estas Cortes. Necesitamos una mayoría más amplia para resolver el problema de la vivienda: un Parlamento que se parezca más al clamor de la calle. 

Por mucho poder y dinero que tengan esos fondos y las terminales políticas en el Parlamento de esos fondos, que son el Partido Popular y Vox, no hay nada en democracia más fuerte que el voto de la gente. Si las urnas se llenan, habrá ganado la calle. Pero si las urnas se vacían, pues ganarán aquellos que mueven los hilos.

En el último programa electoral del PSOE, en 2023, se comprometían a construir 183.000 viviendas públicas para alquiler en esta legislatura. ¿Cuántas se han construido?

Estamos en construcción o en proceso de construcción en torno a 124.000 viviendas. Hemos rehabilitado más de 500.000 viviendas y, en conjunto, vivienda protegida más vivienda de libre mercado, estamos hablando de que estamos por encima de las 900.000 viviendas en construcción o ya construidas, que es el máximo desde la crisis financiera. 

Todo lo que está sucediendo en el debate sobre la vivienda es muy parecido a lo que pasó desde la crisis financiera. Entonces hubo movilizaciones en contra de la reforma laboral que hizo el Partido Popular, en contra de la reforma de las pensiones, en contra de la congelación del salario mínimo interprofesional. Tardamos más de diez años en llevar al Parlamento y aprobar la reconstrucción del Pacto de Toledo. Tardamos muchos años en aprobar el impuesto a las grandes energéticas, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas. Lo hicimos gracias a mayorías progresistas y es evidente que hay élites a las que no les gusta que les pongan un impuesto.

Si se fija, al final hay siempre una movilización social, hay una solución que plantean esa movilización social y las fuerzas progresistas, y siempre hay un obstáculo: un bloqueo de mayorías conservadoras. Eso es lo que se rompió en 2018, en 2019, en 2023, y tiene que volver a romperse en 2026. Necesitamos una mayoría progresista si queremos la solución al mercado de la vivienda.

¿Se siente traicionado por Junts tras su rechazo al decreto de vivienda?

No quiero entrar tampoco a… porque en el balance general ha habido cosas positivas que ha aportado esa fuerza política y el resto. Por ejemplo, aprobar algo tan importante como es el decreto de Irán, que crea un escudo social ante el shock energético que implica esta guerra ilegal.

Lo que no he entendido es que hayamos negociado, hayamos llegado a un acuerdo sobre beneficios fiscales que son muy positivos para los propietarios o sobre los fondos buitre y que posteriormente hayan votado en contra. Al menos si hubieran permitido tramitar con su abstención el proyecto de ley, hubiéramos podido negociar. Pero en esta cuestión es evidente que Junts está más cerca del PP y de Vox que del resto de fuerzas políticas del arco parlamentario.

¿Por qué cree que cambiaron de idea?

No lo sé. Eso tendrán que preguntárselo a ellos. Lo que tengo muy claro es que la cuestión de los desahucios, la intervención del mercado de la vivienda, ha sido siempre un elemento de discrepancia importante entre el Gobierno de coalición progresista y esta fuerza política.

¿Cuándo fue la última vez que habló por teléfono con Carles Puigdemont? 

Nunca he hablado con él.

La principal asociación de jueces, conservadora, sostuvo que la ley de amnistía supondría el fin del Estado de Derecho. Después de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la justicia europea avalando esta ley, ¿cree que aquella advertencia era un análisis jurídico o una posición política?

Yo siempre dije que en un Estado democrático como el nuestro todos los colectivos tienen derecho a manifestarse y fijar posición. Pero también dije que nuestro Estado de Derecho tiene espacios, instituciones a los cuales recurrir. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional han dicho que la ley de amnistía es una ley constitucional, acorde con la normativa europea. El Tribunal de Justicia europeo ha dicho algo más importante y es que las leyes de amnistía se han aplicado en todas las democracias del continente europeo para solucionar crisis políticas, de convivencia y de cohesión. El TJUE dijo textualmente que las leyes de amnistía son el instrumento precisamente para lograr esa reconciliación. 

Las consecuencias y las implicaciones políticas de la ley de amnistía están ahí. Hay una sociedad en Catalunya más cohesionada, una sociedad que vive la discrepancia desde el respeto y desde la convivencia. Y por cierto, una Catalunya que gracias a la acción del president Salvador Illa hoy es una de las principales locomotoras económicas y generadoras de empleo de todos los territorios de España.

La ley de amnistía fue de las primeras que acordó en este Gobierno y ha sido la última en aplicarse por la exótica interpretación sobre la malversación que hacía el Supremo y que ahora ha corregido el Constitucional. ¿Cree que fue un simple debate jurídico o cree que el Supremo trató de torpedear a este Gobierno?

En eso no entro. Respeto al Poder Judicial. Insisto: es una buena noticia. Como decía en un análisis Enric Juliana, ya todos estamos dentro. Y eso hace mejor nuestra democracia. No lo hacíamos por un partido o por una persona, lo hacíamos por la gente de Cataluña. Y es la gente de Cataluña la que de manera mayoritaria ha respaldado estas medidas porque quería pasar página. Y creo que cuando una democracia se muestra generosa y pone en valor la integración, no la exclusión, pues es cuando demuestra su poder y se fortalece. Nuestro país es un país mejor gracias también a esta ley.

Pero en 2023, antes de las elecciones, usted no defendía la amnistía.

Pero yo dije dos cosas al respecto. Reconocí efectivamente que no la había defendido durante la campaña, tenía dudas, como las tuve también con los indultos. Pero también es cierto, como dije entonces, que había que hacer de la necesidad virtud en dos cuestiones. La primera, teníamos que resolver definitivamente el drama que vivimos en 2017 y para eso servía la amnistía. Y en segundo lugar, la amnistía también abría las puertas a una legislatura de un Gobierno de coalición progresista. 

¿Qué quiere que le diga? Este Gobierno de coalición progresista ha consolidado derechos y libertades durante estos últimos tres años, como hizo durante los cinco años previos, y lo quiere seguir haciendo durante los próximos cuatro años.

Al final, creo que la disyuntiva, como siempre, es esa. En estas horas que llevamos de precampaña ya hemos visto cuáles son los intereses que defienden la derecha y la ultraderecha. Ya están abriendo la puerta a la privatización de las pensiones en nuestro país, vinculándolas con la productividad, diciendo que son insolventes. Y ya escuchamos al jefe de la oposición, al señor Feijóo, hablar de que las bajas laborales son como un cáncer. Yo lo veo claro: estas elecciones van de o derechos o recortes, de avance social o de involución. Y en esa disyuntiva estoy convencido de que habrá una mayoría de españoles y españolas que se movilizarán.

¿Ha habido corrupción en el PSOE, lawfare contra el PSOE o ambas cosas a la vez?

Ha habido una corrupción real. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y ha habido ficción y un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha, claramente vinculadas con partidos políticos como PP y Vox, que han traspasado todas las líneas rojas y han entrado de lleno en tratar de perseguir judicialmente a, en mi caso, David y Begoña, y, en el caso del PSOE, a toda la organización. Ya sabemos cuál es la campaña del PP: tratar de desmovilizar a la gente para que no vaya a votar con insultos y la judicialización de la política. Y nosotros no vamos a entrar en ese registro.

Ha habido corrupción real. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. También ficción y un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha que han traspasado todas las líneas rojas

¿Cuándo volverá la normalidad a Ceuta?

Da la sensación de que ha sido hace mucho tiempo, pero fue el 30 y 31 de julio. Estamos a principios de octubre y ya estamos reubicando a muchos de estos migrantes. En la última semana han sido nada más y nada menos que 900 los migrantes que han retornado a Marruecos. Ceuta volverá a la normalidad con el apoyo del Gobierno y pese a los intentos de la oposición de cronificar esta crisis.

¿En qué estado está la investigación que anunció su Gobierno sobre las agresiones de militares a migrantes en Ceuta?

Se está investigando por parte de las Fuerzas Armadas. Quiero poner en valor su trabajo para garantizar la convivencia y la seguridad. Y, en segundo lugar, si se han producido esos hechos, pues lógicamente no pueden quedar impunes.

Siendo usted secretario general, el PSOE llevó al Constitucional las devoluciones en caliente que aprobó el PP para Ceuta y Melilla. Ahora su Gobierno se plantea endurecerlas. 

No estamos endureciendo, al contrario. Estamos colaborando con las ONG en todo lo que tiene que ver con el triaje, la filiación y las solicitudes de protección internacional. Lo he dicho siempre.

Me refiero al proyecto de decreto que tenían en marcha.

Lo que queremos es acortar desde el punto de vista administrativo algunos pasos, pero desde luego no recortar los derechos que tienen todas las personas, también los migrantes, para solicitar esa protección internacional. Este Gobierno ha demostrado con la regularización que no es incompatible la fortaleza de un Estado de Derecho con la protección y la dignidad de los seres humanos. 

¿Ha sido solidario a la hora de afrontar esta crisis Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta?

En 2021 y en 2026 vivimos crisis semejantes. La actitud de Vivas en 2021 es completamente diferente a la de 2026 y yo creo que es porque ahora mismo está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles de Ceuta.

Vivas está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles de Ceuta

¿Marruecos es un aliado, a pesar de haber utilizado en el pasado la presión migratoria contra España o de las evidencias sobre el posible uso de Pegasus contra usted y su Gobierno? 

La política de Marruecos y la relación bilateral es calificada de estratégica. Lo es porque cooperamos en muchos ámbitos, como en seguridad y lucha contra el terrorismo. Hay una diáspora marroquí muy importante aquí, como también muchos españoles viviendo allí. Hay una relación de proximidad que supera lo geográfico. En esa relación bilateral hay elementos en los que podemos discrepar, pero siempre desde el ánimo constructivo y no desde la confrontación. La españolidad de Ceuta y de Melilla siempre ha sido un elemento incuestionable por parte del Gobierno. Hemos exigido medidas e investigaciones a Marruecos, pero eso no significa que tengamos que romper las relaciones como quiere el Partido Popular.

Con la información que tienen hoy, ¿siguen sin saber qué pasó?

Hay algo que trasciende a la especulación que se ha vivido en muchos de los debates de los medios y es toda la dimensión de las redes sociales y de la tecnología como una herramienta para movilizar. El hecho cierto e incontestable es que las de Ceuta y de Melilla son fronteras donde existe una desigualdad en términos de oportunidades y de renta per cápita evidente. Esa tensión migratoria siempre va a existir. 

Tenemos que hacer tres cosas: reforzar nuestras fronteras, dar respuesta humanitaria a esta crisis y reforzar esa relación bilateral, sin perjuicio de que podamos tener elementos de discrepancia. Lo que no creo que sea inteligente es que Europa rompa su relación estratégica con Marruecos. Eso me suena un poco también a lo que ha hecho Feijóo con Francia. Hombre, yo creo que un tratado de guerra, pues, entiendo que se vote en contra, ¿pero un tratado de amistad con el principal socio económico que tiene España, que es Francia? 

¿Lo ocurrido con el tratado de amistad con Francia es el ejemplo perfecto de hasta qué punto ha sido imposible llegar a acuerdos en esta legislatura?

Es el ejemplo también de la interpretación que hacen PP y Vox de la política exterior. Yo he escuchado al señor Aznar decir que lo de Ceuta es consecuencia de la postura del Gobierno frente al genocidio en Gaza. ¿Qué es lo que está pretendiendo decir? ¿Que para que no suframos crisis tenemos que tragar con violaciones flagrantes de los derechos humanos?

Hay que recordar que el jefe de la oposición y el jefe del partido de la ultraderecha han dicho que estarían dispuestos a utilizar de una u otra manera la fuerza ante la llegada masiva de personas civiles a la frontera de Ceuta. Es que hoy no estaríamos hablando –que ya es bastante lamentable la situación y dramática– de 141 muertos. Estaríamos hablando de muchos más.

Su Gobierno ha jugado un importante papel en la política internacional, muy crítico con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza. ¿Le preocupa que haya injerencias extranjeras en nuestra campaña electoral?

Sí, y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales. 

¿A qué se refiere?

Me pareció de particular interés que el chef José Andrés en Twitter se posicionara en contra de las medidas de vivienda por intervencionistas. Venía a decir que lo que se necesita es construir más. Permítame el sarcasmo: no habíamos caído en ello. Pero bueno, Twitter aguanta todo. Yo respeto al chef José Andrés, pero no solamente hay que construir vivienda y aumentar la oferta, tenemos que hacer mucho más. Esa es la filosofía de la ley del suelo, que nos llevó a la burbuja inmobiliaria, que luego nos llevó a la crisis y al rescate de la banca que hizo Rajoy. 

¿Qué es lo interesante de ese comentario? Que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dijo: “Estoy completamente de acuerdo”, Y yo me pregunto por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos. No solamente por lejanía geográfica, porque esta gente no es que viva en el lujo: esta gente quiere vivir en Marte. Con eso lo digo todo. Yo entiendo que a lo mejor a Jeff Bezos no le gusta la regulación que nosotros hemos planteado sobre los centros de datos porque tienen que consumir energía renovable para que no se aumente el precio de la electricidad a los hogares, gestionar eficientemente el agua o que haya soberanía en los datos por parte de España. Pero para eso está un gobierno democrático.

¿Cómo valora el cuestionamiento por parte del PP al voto por correo?

El bulo del voto por correo, y se les ve en la cara, es miedo a perder las elecciones.

¿Un intento de justificar el resultado si pierden y poner en cuestión la legitimidad del próximo gobierno?

Eso sin duda. Pero hay un elemento adicional: la gente que ejerce su derecho al voto por correo suele ser gente currante: que ese domingo está trabajando en una cafetería o un restaurante, que tiene que abrir su pequeño negocio o tiene que hacer una mudanza. No solamente hay miedo a perder, sino también un intento claro de recortar el derecho al voto de millones de trabajadores.

Es lo mismo que ha pasado con la ley de memoria democrática. Le pido encarecidamente al Supremo que resuelva antes de estas elecciones el derecho al voto de esas 400.000 personas que lo han ejercido desde 2023, que es el tiempo que lleva en vigor esta ley. Que han votado en 2023, en 2024, en 2025 y no lo van a poder hacer en estas elecciones generales. Eso sí es alterar el censo. Son españoles y la condición de ser español incluye también el ejercicio del voto.

¿El Consejo de Ministros va a aprobar el indulto para el fiscal general del Estado antes de las elecciones?

Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo.

¿No lo descarta?

No lo descarto.

No descarto el indulto al fiscal general

¿Cuántas veces en estos ocho años ha pensado en tirar la toalla, además de la conocida en la que usted se dio cinco días de reflexión?

Soy muy consciente de que nos insultan y nos atacan no porque yo me llame Pedro Sánchez, sino porque subimos el salario mínimo, revalorizamos las pensiones, plantamos cara a los fondos buitre y le decimos ‘no’ al 5% de la OTAN en gasto en defensa. Y porque decimos ‘no’ a la guerra en Ucrania y en Irán y ‘no’ al genocidio en Gaza. 

La reflexión que yo me hago es la siguiente: si con un gobierno en minoría hemos logrado crecer como nunca, ¿qué no seremos capaces de hacer si ese Gobierno tiene una mayoría parlamentaria progresista en las Cortes?

¿Quién va a ser su número dos en las elecciones? En las anteriores fue Nadia Calviño.

No le puedo dar todas las respuestas, pero ya lo irá conociendo.

¿Y va a repetir en las listas la ministra de Defensa? ¿Cómo es su relación con ella? Se ha publicado que es tensa.

Margarita Robles lleva acompañándome desde 2014 o 2015. Es una extraordinaria ministra de Defensa a la que tengo no solamente una alta consideración política, sino también una amistad personal. Los ministros, evidentemente, tendrán las puertas abiertas para ser candidatos al Congreso si ellos así lo estiman.

Si no logra revalidar el Gobierno, ¿seguirá usted al frente del PSOE en la oposición?

No contemplo otra opción que seguir gobernando. Es más, yo veo el ambiente, la ilusión y la ambición que se ha generado en la izquierda. Y veo a una derecha muy desorientada que se resume en tres ‘erres’: recortes, resentimiento –de ahí los insultos y el mal perder que tienen– y, finalmente, la reacción. Su proyecto es de involución para nuestro país y ya lo estamos viendo. Hay razones de sobra para revalidar el Gobierno de coalición con una mayoría parlamentaria más amplia de la que tenemos.

Si gana las elecciones, ¿su partido nos llevará a la Tercera República como profetiza José María Aznar?

Lo que le digo a Aznar es que esté tranquilo, que no se excite, que lo que queremos es que se cumpla el artículo 47, que es el derecho al acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y que si quiere que se cumpla la Constitución de la A a la Z, del primero al último de los artículos, que le pida a sus gobiernos autonómicos del PP con Vox que apliquen la ley de vivienda y que se comprometan a la intervención de un mercado que necesita claramente de la intervención de lo público.

La entrevista completa a Pedro Sánchez:

Parte 1

Parte 2

9 de la mañana de este lunes. Conexión en directo: un atril vacío en la escalinata exterior del Palacio de La Moncloa. Antes de que arrancara la esperada declaración institucional del presidente del Gobierno, tres personas se cuelan en el plano que a esa hora emiten todas las televisiones de España. Ellos no saben que la cámara ya está encendida y en el aire: aparecen riéndose, salen de la última reunión en el despacho de Pedro Sánchez. Son Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Diego Rubio, el jefe de gabinete del presidente, y Lydia del Canto, la secretaria de Estado de Comunicación. El núcleo duro con el que Sánchez diseñó el adelanto electoral: un plan que empezó a fraguarse hace menos de cuatro días. 

Pedro Sánchez nunca esperó a que se le acabe el reloj. En 2019 convocó tras la foto de Colón y la caída de sus Presupuestos. En 2023, a la mañana siguiente de perder las municipales y autonómicas. En ocho años en La Moncloa no agotó una sola legislatura: el botón siempre lo pulsó él, y siempre antes de tiempo.

No hay dos sin tres. Y esta legislatura, la más inestable de todas, vivió con el adelanto en el aire casi desde el primer día. Las especulaciones fueron constantes: Sánchez iba a convocar cuando imputaron a su mujer, cuando condenaron al fiscal general, cuando chocó con Trump por Irán o cada vez que los Presupuestos se quedaban en el cajón. En todas las ocasiones anteriores, no solo no pasó: es que Sánchez ni siquiera se lo planteó. Hasta el jueves pasado, convocar elecciones antes de 2027 nunca estuvo sobre la mesa.

Tampoco el miércoles de la semana pasada. En la rueda de prensa junto a Emmanuel Macron, una periodista le preguntó si iba a convocar elecciones si el Congreso no aprobaba los decretos de vivienda. “Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios”, respondió Sánchez: “Soy razonablemente optimista con la convalidación”.

No era una evasiva. En ese momento, en La Moncloa, todos daban por hecho que el segundo decreto, el del alquiler indefinido, no se aprobaría. Pero sí confiaban en que el primero, donde estaban la mayoría de las medidas, saldría adelante. Estaba pactado con Junts. O eso creían.

El jueves por la mañana arreciaron los rumores de que Junts iba a tumbar ambos decretos. En esas primeras horas, nadie aún lo veía posible en La Moncloa; tampoco el presidente. Era tanta la confianza en el voto de Junts que incluso el mismo viernes en el Pleno, tras escuchar el discurso de Míriam Nogueras, la ministra de Vivienda seguía incrédula y comentaba a algunos próximos que no había escuchado a Nogueras un “no” rotundo. 

Pero volvamos a la noche del jueves, cuando el partido de Puigdemont comunicó su rechazo. La noticia hizo estallar a Pedro Sánchez. “Se enojó mucho, estaba indignado”, explican fuentes del Gobierno. No solo por la falta de lealtad de Carles Puigdemont, a días de que el Tribunal Constitucional despeje su regreso a España. También por la frustración de no poder sacar adelante una sola medida en un Congreso donde pactar es sinónimo de traición: donde el acuerdo resulta imposible incluso ante el principal problema de los españoles.

Esa misma noche del jueves, Pedro Sánchez empezó a barajar el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Hizo algunas llamadas a su equipo más cercano para consultarles su plan. Uno de ellos, un ministro, le respondió: “Es ahora o nunca, presidente”. No recibió una respuesta clara de Pedro Sánchez, que se limitó a escuchar sus argumentos. Pero este ministro sacó la conclusión de que ya entonces lo tenía decidido. Es lo mismo que ahora explican otras fuentes de su equipo en el Gobierno y en el partido. 

“Fue como revivir la moción de censura de 2018”, explica este ministro: “Sánchez siempre ve estas jugadas al vuelo”.

El viernes, poco antes de las nueve de la mañana, elDiario.es adelantó la información en exclusiva. Nuestro titular era muy claro: “Sánchez baraja convocar elecciones el próximo 29 de noviembre”. La noticia marcó la votación en el Pleno de ese día. Y la primera interpretación de la derecha no pudo estar más errada. “Es una exageración para presionar a Junts”, aseguraban desde el PP. “No se atreverá a convocar porque las tiene perdidas”, decían desde el partido de Puigdemont. 

Las derechas llevan años construyendo la caricatura de que Pedro Sánchez se aferraría al poder a cualquier precio. “Se nos coló un dictador”, decía Ayuso hace unos días en una entrevista paranormal con Iker Jiménez: “Sánchez quiere perpetuarse en el poder”.

Víctimas de su propia propaganda, muy pocos en el PP pensaban que el malvado Perro Sanxe renunciara a otros diez meses de sillón por pelear una batalla imposible. No solo el viernes: a lo largo del fin de semana siguieron sin creerse el adelanto electoral. Aunque en público el PP le animaba a convocar. “Pedro, no te lo pienses más”, decía Tellado. Habría sido rara otra postura: la derecha lleva pidiendo elecciones desde el primer día de esta legislatura. 

“Estaban nerviosos y por eso salieron a pedir elecciones”, asegura un ministro: “Lo hicieron porque no les va bien esta convocatoria”.

En privado, a lo largo del fin de semana, los líderes del PP no creían que se atreviera a dar el paso. “No habrá elecciones anticipadas porque Sánchez sabe que las perderá”, aseguraba uno de sus diputados. “La naturaleza de Sánchez es aferrarse al poder a cualquier precio”, decía un referente de Junts este domingo. 

Pero la decisión ya estaba en marcha desde el jueves por la noche. También la fecha. Aunque algunos dirigentes plantearon al presidente que antes tratara de aprobar otra vez los decretos y ganar así algo de tiempo, había un problema de calendario. Si no se convocaba ya mismo, empezaban las Navidades. El siguiente domingo posible caía en puente: el 6 de diciembre. Y el 13 de diciembre –que algunos ministros plantearon– tenía el problema de que ese puente de la Constitución partiría la campaña. 

Había otro factor añadido: la principal razón para convocar era justo aprovechar el momento. Cuanto más tiempo se tarde en votar, más difícil será para la izquierda centrar la campaña electoral en los temas sociales, en los que la derecha está incómoda: la vivienda, la sanidad, la educación… No es compatible una campaña relámpago con retrasar su inicio dos semanas.

“Sí había voces partidarias de dar una última oportunidad a la negociación con Junts”, asegura una fuente del Gobierno, “pero se descartó porque la confianza estaba rota”.

También hubo un momento, el viernes por la tarde, en el que parte del equipo de Sánchez dudó de la oportunidad de convocar. Fue por culpa de una fake news, que circuló en esas horas por los medios y las redes sociales: la falsa noticia de que la acampada en la Puerta del Sol se levantaba. Al día siguiente, las protestas masivas del fin de semana despejaron esas dudas y demostraron que hay agua en esa piscina.

El viernes, en el debate parlamentario donde tumbaron los decretos, Sánchez cerró su intervención –que no estaba prevista– con una frase premonitoria: “La historia los juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.

Esa misma mañana del viernes, el presidente se reunió en su despacho en la zona de Gobierno del Congreso con varios de sus ministros, también los de Sumar. Aquellas fueron de las pocas reuniones presenciales. Contra lo mucho que se escribió, no hubo ninguna cumbre en La Moncloa durante el fin de semana.

Desde el jueves hasta el domingo, Sánchez habló por teléfono en decenas de ocasiones con su núcleo duro: Félix Bolaños, Diego Rubio y Lydia del Canto. Solo ellos tres, los que se colaron en el plano de la tele, sabían al cien por cien cuál era el plan desde el primer momento. Pero Sánchez también habló por teléfono con los dirigentes a los que más consulta en estos trances: entre otros nombres, los ministros Óscar López y Óscar Puente, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El factor Illa era importante. Es uno de los políticos en los que Sánchez más confía. Sabe que le dice la verdad, incluso si no le gusta: a diferencia de todos los demás, el president de la Generalitat ya no es su subordinado. 

Illa tenía motivos para defender que la legislatura resistiera un poco más: la esperanza de que el regreso de Puigdemont permitiera que Junts apoyara la reforma de la financiación autonómica, que ahora rechaza. Pero el ‘no’ a estos decretos de vivienda le abrió los ojos: no es posible pactar con Junts. Según explican fuentes de su entorno, Illa también fue de los que animaron a Pedro Sánchez a dar este paso.

Ante la Ejecutiva del PSOE de este lunes, Sánchez dio las gracias a “los que me ayudaron a tomar esta decisión”. “Y gracias también a los que no les pedí opinión y me la mandaron también”, añadió. Durante el fin de semana, muchos de los dirigentes del PSOE que tienen su teléfono le escribieron. 

Además de estos mensajes y estas conversaciones telefónicas, el presidente del Gobierno también repasó algunas encuestas durante el fin de semana. No solo las que publicamos los medios de comunicación –entre otras, la de elDiario.es– sobre el masivo apoyo social a las medidas de los decretos. También los datos de un sondeo diario que paga el PSOE, que detectó un pequeño repunte en la intención de voto de los socialistas desde el viernes.

¿Cuándo se tomó la decisión definitiva? “El presidente estaba por el sí desde el primer momento, pero se terminó de decidir el sábado por la noche”, asegura una persona de su equipo. El domingo remataron el plan completo. Moncloa reservó el satélite para retransmitir al día siguiente la declaración institucional a las televisiones. Y el mismo domingo por la tarde, Pedro Sánchez comunicó al rey su decisión de convocar elecciones. Fue por teléfono: no hubo reunión con el rey en La Zarzuela. 

La convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario, para adelantar las elecciones, no se mandó formalmente hasta que terminó la declaración institucional. De esa gestión se ocupó Félix Bolaños, que quería evitar que esa información confirmase la noticia antes de que la anunciara el presidente. 

El discurso convocando las elecciones lo remató Diego Rubio. Y allí aparecen algunas claves de por dónde quieren llevar la campaña: no solo es la vivienda, es también la privatización de la sanidad, que tan bien simboliza Ayuso. “Nosotros transferimos a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, y ellos compraron áticos y privatizado hospitales”, afirmó Sánchez. 

“La agenda social es un tema muy incómodo para la derecha”, asegura una fuente del Gobierno. 

Pedro Sánchez también espera que la agenda internacional pueda jugar a su favor. La campaña electoral española se va a cruzar con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos: con la probable derrota de los candidatos de Trump al Congreso y el Senado, que se celebran el 3 de noviembre. El Gobierno confía en que ese debate internacional le pueda favorecer. Más aún si Trump –como parece posible– no acepta los resultados.

Por último, hay otro eje que será clave en la campaña: esa idea de las élites frente al interés general de la ciudadanía. Va de tecnoligarcas, pero también de fondos buitre. Junto al debate de la vivienda, son las únicas banderas que están funcionando en todo el mundo para frenar la ola reaccionaria.

“De momento el primer día tras la convocatoria fue bien”, concluye una persona del núcleo duro de Sánchez. “A Feijóo se lo vio con un lenguaje corporal muy malo en su primer discurso”, asegura otra fuente del Gobierno. Todos ellos están convencidos de que el auge de Vox puede tener un efecto imprevisto: que el PSOE sea el partido más votado. Un escenario que, por ahora, no aparece en ninguna encuesta. 

Tanto especular con que Pedro Sánchez es imprevisible y genial, según sus partidarios, demoníaco en sus tramas con las que engañar a la población, según la oposición y su coro mediático, y al final el presidente hizo lo que se esperaba de él. No más conejos que salen disparados de la chistera. Puso fin a la legislatura sin dejar que las (malas) encuestas le condicionaran. No iba a encontrar una coyuntura mejor para ir a las urnas y la cita será cuanto antes, el 29 de noviembre. La derecha, siempre enfurecida, se puso aún más furiosa y se preparó para el combate definitivo.

En la España en la que el salario ya no garantiza tener medios suficientes para encontrar una vivienda que comprar o alquilar, Sánchez decidió que esa bandera es la única que le puede salvar. Quizá no esté claro qué significa salvarse para él, si le vale con ser el partido más votado aunque la derecha y la extrema derecha sumen la mayoría absoluta. Lo que es indudable es que un referéndum sobre la vivienda, si eso es posible, le conviene más que un referéndum sobre él mismo.

En la demonización del adversario que inspiró al Partido Popular, no es extraño que Alberto Núñez Feijóo dijera después que “esto va de que España gane a Sánchez”. No es la primera vez que afirma o sugiere que la verdadera España está con él y contra el Gobierno. La de los demás es una cosa rara y extraña. “Por fin, decidirán los españoles”, dijo Feijóo. Será que en 2023 decidieron los bosquimanos.

El PP tenía preparado un vídeo por si Sánchez convocaba elecciones con el eslogan “Por fin”. Aparecían muchos planos —la mayoría o todos sacados de bancos de imágenes, uno de ellos de Corea del Sur— con jóvenes subiendo escaleras a la carrera con la lengua fuera. No menos de la mitad podría formar parte de un anuncio de compresas o tampones. Igual es por lo de la alegría de vivir. Antes daban por hecho que la victoria sería un paseo porque los españoles no soportan a Sánchez desde hace tiempo. Ahora entrarán las lógicas dudas para que no se repita el fiasco de 2023.

Las encuestas dan al PP una ventaja que solo es real si se suma a Vox como futuro socio del Gobierno de coalición. Las últimas de El País y El Mundo, publicadas el lunes, colocan al PP en torno al mismo resultado que obtuvo hace tres años. Una legislatura repleta de contenidos explosivos y no les dio un voto más. Todo el malestar con el Gobierno cayó en beneficio de Vox.

Sánchez sacó pecho en su discurso de los enemigos que acumuló en Moncloa. En la lista, aparecieron el Parlamento —“un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar”— y la oposición. Con un toque populista, también se refirió de forma genérica a las élites: “Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones”. Por definición, un Gobierno de un país desarrollado también forma parte de las élites.

“Ellos compraron áticos y privatizaron hospitales”, anunció Sánchez. Tendrá que emplear cualquier recurso para movilizar a una izquierda deprimida por el desgaste de gobernar desde 2023 sin una mayoría segura en el Congreso. El truco de última hora fue la previsible aprobación en el Consejo de Ministros del martes de los dos decretos de vivienda rechazados por el Congreso la semana pasada y que serían ratificados un mes después en la Diputación Permanente del Congreso.

Eso se hizo antes, porque la Diputación Permanente, con sus 69 miembros, conserva las atribuciones del pleno durante este periodo de transición. La derecha lo considerará un ataque a la Constitución, aunque la Carta Magna establece simplemente que su función es “la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras en caso de que estas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato”.

En la izquierda, y de forma que no puede sorprender a nadie, el anuncio de elecciones pilla a Sumar, Izquierda Unida, Podemos y otros grupos sin los deberes hechos y la confusión de costumbre. Ante la negativa de Pablo Bustinduy a ser candidato de todos y que Ada Colau solo se dejó querer, Mónica García parece ser la candidata por defecto sin que haya empujones para disputarle el primer puesto. García no llega en una situación de fortaleza a causa de la huelga de la profesión médica contra su proyecto de estatuto profesional, que ahora decayó por el fin de la legislatura.

Podemos propone unas primarias con la esperanza de que Irene Montero destaque sobre las demás candidatas, pero lo hace porque las encuestas le dan solo un 2%. Por eso mismo, Sumar no muestra ningún interés en unirse a la idea.

La crispación y el juego sucio fueron tan abundantes en esta legislatura que se puede suponer que la campaña electoral será una pelea de barro. Por otro lado, se llegaron a un nivel tan alto que no será sencillo superarlo. Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal acudieron raudos a la cita. “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”, dijo Ayuso, confesando su debilidad por las conspiraciones. Abascal hizo la misma petición.

Se acerca bastante a lo que dijo Donald Trump en numerosas ocasiones, desde la campaña de 2020 hasta este año. “El fraude en el voto por correo es legendario”, dijo en marzo al firmar un decreto para restringirlo que fue anulado por los tribunales. A los republicanos no les convencía nada su actitud, porque podía desalentar a sus votantes de más edad que utilizan ese método. Curiosamente, hace unos días, Trump dijo lo contrario y recomendó que se ejerza el derecho al voto por cualquier medio, incluido el voto por correo.

La campaña del PP describirá un escenario infernal del que los auténticos creyentes se podrán salvar. Habrá otros que abandonen el camino de la verdad y serán arrojados al averno. Ahí Ayuso siempre tendrá un sitio en la mesa. Sánchez se juega su supervivencia política, pero Feijóo también, porque es su último intento de llegar a Moncloa. No habrá más oportunidades. Será intenso, pero no será bonito de ver. No se regirá por las reglas del marqués de Queensberry, sino por las de la Cúpula del Trueno (dos hombres entran, uno sale). Mantengan a los menores alejados de las pantallas.

Javier Milei llegó este lunes a la reunión de gabinete con un motivo externo para festejar. El resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil entusiasmó al Presidente, que entró exultante al salón Eva Perón, calificó como “un gran triunfo” el desempeño de Flávio Bolsonaro y aprovechó la ocasión para cargar contra Lula da Silva: según planteó ante sus ministros, ni siquiera el “plan platita” que atribuyó al mandatario brasileño durante el tramo final de la campaña alcanzó para torcer el resultado.

La reunión comenzó pasadas las 10 en la Casa Rosada y tuvo una particularidad en medio del repaso que hizo Milei sobre la marcha de la economía: Brasil se robó buena parte de la atención presidencial. Bolsonaro obtuvo el 47,05% de los votos en la primera vuelta y disputará el balotaje del próximo 25 de octubre contra Lula.

Puertas adentro, el Presidente sostuvo que durante las últimas semanas de campaña del oficialismo había desplegado una política “demagógica” que no consiguió modificar el escenario electoral. La conclusión que compartió con sus funcionarios fue conocida: ese tipo de medidas, afirmó, pertenecen a las “recetas del pasado” y ya no alcanzan para explicar ni garantizar un resultado en las urnas.

Milei venía celebrando desde varias horas antes. Durante la noche del domingo se había mostrado especialmente activo en las redes sociales y utilizó el resultado brasileño para volver a librar su batalla ideológica regional. “Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”, escribió en X.

De Bolsonaro a Sánchez

Pero Brasil no fue la única elección extranjera que ocupó la conversación. Del otro lado del Atlántico, Pedro Sánchez también entró en la agenda del gabinete. Los funcionarios analizaron la convocatoria a elecciones anticipadas anunciada por el presidente del Gobierno español y Milei confirmó que partirá hacia España el próximo 19 de octubre, donde tiene previsto participar de una serie de actividades en Madrid el 21.

Antes, la agenda prevé una escala en EE.UU. para una gala trumpista el 14 de octubre en Washigton. Desde el Gobierno anticiparon que “aún no está confirmado”, pero los organizadores ya promocionan el evento, donde Milei compartiría escenario con Eduardo Bolsonario, hermano del presidenciable Flávio.

El calendario promete una coincidencia difícil de ignorar: el Presidente volverá a desembarcar en España en plena campaña electoral y después de una relación con Sánchez atravesada por enfrentamientos públicos y cruces diplomáticos. Mientras espera el balotaje brasileño, Milei ya empezó a mirar hacia Madrid.

La discusión internacional no terminó allí. El canciller Pablo Quirno realizó un repaso de los últimos movimientos vinculados al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, otro de los asuntos que viene ocupando un lugar creciente dentro de la agenda de la Casa Rosada.

Quirno informó sobre el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición. El Gobierno viene buscando elevar el perfil del reclamo y endurecer su ofensiva contra las empresas que desarrollan actividades económicas en las islas sin autorización argentina, una estrategia que ya fue discutida en anteriores reuniones de gabinete y de la mesa política.

Economía sin Caputo en la mesa

La agenda doméstica estuvo atravesada principalmente por la economía, aunque con una ausencia difícil de pasar por alto: Luis Caputo no participó de la reunión. Sin el ministro de Economía sentado a la mesa, fue el propio Milei quien encabezó el repaso de los principales indicadores y puso especial énfasis en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó ante sus funcionarios que fueron “muy positivos”.

El diagnóstico presidencial volvió a combinar el optimismo sobre la marcha de la economía local con una enumeración de amenazas provenientes del exterior. Milei señaló el elevado precio del petróleo, las tensiones sobre la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos como algunos de los shocks que condicionan el escenario argentino. Una lectura que permite a la Casa Rosada reivindicar los números que considera favorables y, al mismo tiempo, colocar fuera de las fronteras buena parte de los riesgos que enfrenta el programa económico.

Aun con ese escenario, Milei sostuvo que la Argentina continúa ubicándose entre los países que más crecen. El Presidente volvió así a defender ante su gabinete una economía que, en su lectura, logra diferenciarse de los vaivenes internacionales. Santiago Bausili, presidente del Banco Central y hombre de estrecha confianza de Caputo, sí estuvo presente.

El diagnóstico económico tuvo después un capítulo menos doméstico. Durante la segunda parte del encuentro ingresó Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, invitado para presentar ante el gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Según pudo saber elDiarioAR, Ades ubicó a 2022 como un punto de quiebre a partir del cual comenzó a consolidarse un nuevo escenario internacional y repasó las transformaciones que atraviesan la geopolítica, la deuda y los mercados. La exposición terminó desembocando en una tesis particularmente atractiva para el discurso que viene construyendo el Gobierno: que la Argentina puede encontrar en ese mundo más fragmentado una oportunidad antes que solamente una amenaza.

Por otro lado, la reunión de gabinete de este lunes también sirvió para hacer un balance de la denominada Argentina Week, que reunió en los últimos días al Presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y varios ministros. Más allá de las exposiciones y las fotografías, en la Casa Rosada interesa especialmente otro resultado: qué dejaron políticamente los contactos con los gobernadores.

Santilli hizo un repaso de las conversaciones mantenidas con los 13 mandatarios provinciales que participaron de las actividades. Entre los asuntos que aparecieron estuvo la intención del Gobierno de avanzar con la suspensión de las PASO, una iniciativa para la que necesitará algo más que buena sintonía en los encuentros: requiere construir una mayoría en el Congreso. Ahí empieza una discusión bastante menos cómoda que la de los diagnósticos internacionales.

Es que la agenda parlamentaria empieza a complicarse también por otro frente. Mañana habrá una movilización contra la decisión de la Corte Suprema en torno a la Ley de Tierras, un conflicto que volvió a poner bajo la lupa el DNU 70/2023 y reactivó entre distintos sectores de la oposición la discusión sobre su posible rechazo en el Congreso. Mientras la Casa Rosada busca contar los votos para sus propias reformas, la oposición vuelve a contar los suyos para discutir una de las normas fundacionales del gobierno de Milei.

PL

Y el desahucio de Maricarmen terminó en elecciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de la convocatoria electoral de las generales para el próximo 29 de noviembre, tal y como adelantó elDiario.es, después de reflexionar durante el fin de semana con su equipo sobre la posibilidad de dar un golpe de efecto en mitad de la ola de movilizaciones por la vivienda que recorre el país.

“Sé que a una mayoría social le indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchos problemas que resolver en los ámbitos de la desigualdad de los servicios públicos y del acceso a la vivienda, pero para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente para acometer en profundidad las reformas pendientes. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría más amplia”, dijo el presidente.

“Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”, prosiguió el presidente, que informó en la mañana de este lunes al jefe del Estado, Felipe VI, de la disolución de las Cortes.

Sánchez dibujó un horizonte electoral trascendental para el devenir del país respecto a lo que dictaminen las urnas el 29 de noviembre. “El mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella”.

Durante su declaración institucional en las escalerillas de la Moncloa convirtió por momentos su comparecencia en el primer mitin electoral para arremeter contra “la peor oposición que conoció este país” y para dibujar la dicotomía de la oferta electoral que se avecina. “Tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no propuso nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada”.

“Yo confío en mis compatriotas”, prosiguió, “porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos tu confianza, para ilusionar y para volver a ganar”.

La otra decisión adoptada es volver a aprobar en Consejo de Ministros el contenido de los dos decretos tumbados el pasado viernes por la mayoría de derechas que conforman PP, Junts y Vox. En concreto, esos decretos serán aprobados de nuevo este martes. La idea de Pedro Sánchez es que esas medidas vuelvan a entrar en vigor de manera inmediata, tras ser derogadas en la Cámara Baja, para que impidan que situaciones como las de Maricarmen se conviertan en un auténtico goteo de desahucios de personas vulnerables durante las próximas semanas. Y de paso, que la convalidación parlamentaria de esos decretos se convierta esta vez en el acto central de una precampaña que se espera que gire en torno a la vivienda.

Porque la intención, en este caso, es apurar el plazo legal de 30 días establecido para la convalidación de un decreto del Gobierno en el Parlamento. Algo que, con las Cortes ya disueltas, tendrá lugar en la reunión de la Diputación Permanente, el órgano parlamentario competente para velar por los poderes de una cámara cuando esta está ya disuelta o no se encuentra en periodo de sesiones.

Se da la circunstancia, además, de que con la actual composición del Congreso existe una mayoría diferente en el Pleno y en la Diputación Permanente, donde al Gobierno no le haría falta el apoyo de Junts. En cualquier caso, no es seguro que grupos parlamentarios como el PNV refrendaran un movimiento parlamentario claramente táctico, aunque amparado por la ley.

El Gobierno ya barajaba todos los escenarios desde que se confirmó el jueves a última hora que Junts —con quien se había negociado el primero de los decretos— tumbaría el plan de vivienda en el Congreso, aunque desde ese mismo día la opción principal fue la llamada a las urnas. Sánchez se dio el fin de semana para tomar el pulso a las calles tras el fracaso de unos textos que, entre otras medidas, incluían una protección frente a los desahucios. Un punto de inflexión que gran parte del Consejo de Ministros veía como la única oportunidad política del Gobierno y el conjunto de la izquierda para salir a pedir el voto con alguna posibilidad de éxito.

El movimiento de Sánchez provoca también un terremoto en el espacio de la izquierda confederal, que todavía no tiene candidato. Los cuatro partidos que componen Sumar se vieron obligados a acelerar y este domingo pusieron nombre al futuro proyecto: Frente Amplio. En dos semanas, el próximo 17 de octubre, convocaron un acto de “lanzamiento del Frente Amplio y su hoja de ruta”, en el que también se hará público quién lo capitaneará, casi dos semanas después de que arranque la cuenta atrás para que se pongan las urnas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estudia la posibilidad de convocar elecciones generales ante la enorme decepción que supuso el hecho de que PP, Vox y Junts hayan decidido tumbar los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. Sánchez tomará la decisión definitiva este fin de semana, según explicaron fuentes del Gobierno a elDiario.es.

Según pudo confirmar este medio, el jefe del Ejecutivo utilizó el Pleno del Congreso para mantener reuniones con sus ministros. Justo al final y, por sorpresa, Sánchez tomó la palabra antes de la votación lanzando una última súplica a los diputados de PP, Junts y Vox: “Hagan lo correcto o, si no, la historia los juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”.

En caso de que el Ejecutivo decida adelantar las elecciones, el propio Sánchez comunicaría su intención el lunes para su publicación en el Boletín Oficial del Estado del martes. Eso situaría la fecha de las elecciones en el 29 de noviembre. De no convocarse inmediatamente, podría ir a la semana siguiente coincidiendo con la fiesta de la Constitución (6 de diciembre), que cae en domingo.

El Ejecutivo había logrado el pasado martes suficientes garantías de que Junts aprobaría el primer decreto, el que incluye el grueso de las medidas de vivienda, como la protección frente a los desahucios. Sus siete votos eran imprescindibles ante la negativa de PP y Vox a apoyar la normativa. Pero, a última hora del jueves, esta formación política decidió por unanimidad en sus órganos directivos votar en contra, utilizando argumentos que, en ningún caso, y según el Gobierno, planteó durante la negociación. De hecho, el Ministerio de Vivienda aceptó e incluyó sus propuestas de incentivos fiscales a propietarios e inquilinos.

Pese a haber pactado con Vivienda el decreto principal, Junts entregó esta mañana otra propuesta al Gobierno pidiéndole que retirara los decretos, algo que no ocurrió. Desde la coalición transmitieron este jueves por la noche que dejarían que PP, Vox y Junts se “retratasen” en la votación del Congreso.

“Llegó la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana [por este viernes], su voto les retratará ante generaciones enteras”, escribió Sánchez ya pasada la medianoche. El Gobierno cree que lo ocurrido con las movilizaciones de vivienda puede ser un aglutinador de los partidos a la izquierda del PSOE, que era uno de los puntos más débiles para evitar un ejecutivo del PP con Vox.

Bustinduy: “Estamos listos para lo que sea”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró que en Sumar estarán “listos para lo que sea”. Y explicó que el espacio va a acelerar el debate y reunirse este domingo “para estudiar el escenario”. La coalición entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns todavía no tiene marca oficial ni candidato para las elecciones.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, reclamó acelerar la proclamación de candidato y de la marca electoral de la candidatura conjunta. También recalcó que la reunión que tendrán el domingo los partidos del socio minoritario del Ejecutivo es “muy importante” y se tiene que confirmar cuanto antes el programa político.

Preguntada sobre un posible adelanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó en la Cadena Ser que habló con Sánchez, pero no quiso dar más detalles. “Como saben, esa misión le corresponde al presidente del Gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta”, afirmó Díaz, que no se pronunció sobre si ella apoya ese posible adelanto de las elecciones generales. “No voy a desvelar las conversaciones”, insistió. 

“Lo que me parecería bien es que arreglemos el problema fundamental de nuestro país, que es la vivienda”, respondió a si le parecería bien adelantar los comicios. “La política es muy importante para la gente, merece la pena”, afirmó Díaz. La vicepresidenta segunda destacó que el Gobierno ya había negociado con Junts el decreto de vivienda, y condenó que el partido pueda votar en contra este jueves y tumbar toda la regulación. “Van a golpear a cinco millones de personas”, denunció Yolanda Díaz, sobre las personas a las que les podrán subir el alquiler sin la prórroga de dos años aprobada, así como “echar a la gente de sus casas”, al decaer el escudo antidesahucios.

España vuelve a ir al choque con Italia. El gobierno de Pedro Sánchez decidió este viernes imponer de manera temporal controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de Italia país en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de levantar los suyos, reintroducidos desde la crisis de Ceuta.

Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad –pasaporte– y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia, según explican fuentes de la Moncloa.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias” que han motivado su adopción.

La jornada de este viernes fue un cruce de comunicados. El primero del Ejecutivo español llegó al mediodía, con un ultimátum: fuera los controles en Italia a viajeros que proceden de España o se tomarán “medidas proporcionales”. Meloni replicó unas horas después, elevando el tono. No solo decidió que mantendría las restricciones, sino que respondió a España que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Dado que Italia conservará esas medidas hasta tener la seguridad de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, España respondió en torno a las 21.00 (hora local) que aplicará las mismas medidas “ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Una medida que España ve injustificada

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar a Ratchett. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. No es probable que la sentencia contra David Sánchez alcance tal nivel de notoriedad. Lo que sí es cierto es que el tribunal de la Audiencia de Badajoz llegó a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa, con una pena de nueve años de inhabilitación, en el caso del puesto de Sánchez, aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió.

En la novela, los responsables tenían un móvil que explicaba sus actos, la venganza contra Ratchett. La sentencia sostiene que el móvil consistía en favorecer al principal acusado. Los jueces llegan a esa conclusión citando a los agentes de la UCO que declararon en el juicio, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas: “De todo lo anterior, deducen inequívocamente que la plaza fue creada para una persona determinada: Don David Sánchez Pérez-Castejón”. Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general. El tribunal quiso remarcarlo escribiendo que la aportación de Balas fue “sumamente ilustrativa”.

Los jueces de Badajoz optaron por una decisión que quiere ser vista como salomónica. En su relato de los hechos que considera probados, prácticamente suscriben la versión de las acusaciones populares y la que ha mantenido el Partido Popular en los últimos dos años al utilizar la investigación en sus discursos en el Parlamento y en mítines. Incluso en detalles que son escasamente relevantes, pero que aparecieron en muchos titulares, como el hecho de que Sánchez tuviera su residencia en Portugal desde 2021, y que no son delito. Pero no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión. Por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Nunca las hubo ni en la instrucción ni en la vista.

“No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, dice la sentencia. A la vista de la sentencia, es un misterio por qué nueve de los acusados –dejando a un lado a Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo– tomaron unas decisiones que ahora les han costado una pena de nueve años de inhabilitación. Si fracasan sus recursos, perderán sus empleos en la institución.

Para los jueces, no hay dudas de que todos los funcionarios son culpables. Son múltiples los indicios, afirma la sentencia, que muestran “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido”. Su objetivo era crear “en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.

Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias. Parece que “la lógica y la razón” permiten trazar el retrato de un grupo dispuesto a delinquir, pero no condenar sin pruebas a su responsable. Una cosa es la literatura de una sentencia y otra, el Código Penal.

La sentencia dice que los condenados pusieron en marcha “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Para justificar esta valoración, se basan por ejemplo en la opinión de un director de conservatorio que no creía necesario que se creara un puesto de coordinador que se ocupara de los dos conservatorios de Badajoz. Pocos funcionarios aceptan de buena gana que les pongan un jefe más por encima, al menos cuando reciben la primera comunicación. Sin embargo, y para afirmar que Sánchez no realizó las funciones por las que le pagaban, los magistrados no dan ningún valor a las declaraciones como testigos de los tres directores en la primera jornada de la vista en las que defendieron la capacidad y el trabajo del músico.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”, dijo Yolanda Sánchez (sin parentesco con el hermano del presidente). “Estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”, continuó. En su momento, parecía que ese primer día del juicio había sido muy malo para los intereses de las acusaciones. No es así si el tribunal decide ignorar esos testimonios, porque no sirven para condenar al acusado.

Los jueces admiten que hay un margen para la duda sobre si alguien presionó para que David Sánchez consiguiera ese puesto, si fue él mismo, alguien de su entorno “o si tal decisión se realizó 'motu proprio' con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Resulta gracioso, quizá hasta revelador, que los magistrados coloquen al presidente del Gobierno en este contexto. Las fechas no cuadran del todo. Cuando se creó la plaza, noviembre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE por su dimisión el 1 de octubre anterior. No presentó su candidatura hasta el 28 de enero de 2017, cuando no era precisamente el favorito, tampoco para el PSOE extremeño que apoyaba a Susana Díaz. Las primarias no se celebraron hasta mayo de 2017. El tribunal viaja al pasado porque sabe quién ganó esas primarias, lo que es una información que no tenían en 2016 los responsables de convocar la plaza que finalmente cayó en manos del hermano del presidente.

Puestos a lanzar hipótesis o “contrahipótesis”, como dice el texto –una decisión insólita en una sentencia que debe mostrar hechos probados y asignar penas en función de ellos–, los jueces plantean que los acusados pudieron haber intentado “congraciarse” con Pedro Sánchez con el nombramiento de su hermano al haber apoyado antes a Susana Díaz en las primarias. Y con esa sugerencia dan argumentos a los que quieran utilizar la sentencia para atacar al Gobierno.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dice la sentencia en el párrafo anterior a esa referencia a la contrahipótesis. No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones.

Todo esto no dejan de ser elementos secundarios en la mente de los jueces. No tienen problemas en señalar que existe “la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David y don Luis María”. Estaban seguros de que David Sánchez era culpable, quizá incluso desde antes de que comenzara el juicio, de que existía un “designio”, un plan, destinado a beneficiarle. Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios de música. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

De este modo, el tribunal descarta el pedido de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también fue condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos delitos de prevaricación. La Audiencia impuso nueve años de inhabilitación a los otro nueve acusados, la mayoría cargos o excargos del PSOE en la institución provincial.

La sentencia, de 377 páginas, que puede ser apelada, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no se probó “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Sin embargo, aunque el tribunal determina que no hubo presión externa, considera probado que la Diputación actuó de manera arbitraria en base a un “plan delictivo ideado por las más altas instancias” para la creación de una plaza “innecesaria” y su posterior adjudicación. En este sentido, el hermano de Sánchez “fue autor, por cooperación necesaria”, del delito de prevaricación administrativa porque tuvo “conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él” y por eso “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”. La sentencia también recoge que el músico “consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

La sentencia se conoce un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

El procedimiento penal que desembocó en esta sentencia comenzó a fraguarse a raíz de una denuncia que el pseudosindicato Manos Limpias presentó en 2024, siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. El epicentro de la causa se situó en la creación y el diseño, por parte de la Diputación de Badajoz, de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial.

La decisión de crear ese puesto de alta dirección en 2017 se efectuó cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal de 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

A pesar de ello, la investigación judicial se ha centrado en dilucidar si los requisitos del sistema de libre designación se configuraron de forma arbitraria para adaptarse al perfil del músico y si los canales de la administración pública se instrumentalizaron para esquivar los principios de mérito y capacidad. No obstante, en el juicio solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto, sostuvo que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

Los funcionarios, técnicos y peritos que testificaron en la vista oral también avalaron el proceso de la Diputación de Badajoz para la creación de la plaza y el proceso de selección que ganó Sánchez.

Condena a la corrupción del ex ministro Ábalos, distancias con el 'caso Zapatero, defensa de su pareja y su hermano y ofensiva contra el PP y Vox. El presidente español, Pedro Sánchez, dedicó su asistencia de este miércoles en el Congreso para repasar los temas judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno, que diferenció en tres categorías, y para pasar al ataque con la oposición, a la que acusó de estar intrínsecamente ligada a la corrupción. “Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo”, le dijo a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

El presidente del Gobierno defendió que “no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”. E insistió en que el PSOE no se financió ilegalmente y que él no conocía ni uno solo de los comportamientos investigados o ya sentenciados, como el caso del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos –condenado a 24 años de prisión–, o las causas abiertas contra el exmandatario socialista José Luis Zapatero o su propia esposa, Begoña Gómez. “Es razonable suponer que, en los próximos meses, el goteo de noticias y avances judiciales continúe. Habrá nuevos hallazgos. Nuevas acciones judiciales. Las derechas mediática y política venderán como una nueva muestra más de eso que llaman ahora degradación política. Pero no nos equivoquemos. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió. Lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga”, sostuvo.

El líder del Ejecutivo diferenció la cascada de causas judiciales que sepultan al Gobierno y que definió un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público”. “Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al Expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, enumeró.

Sobre la condena de 24 años de cárcel por corrupción del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno no ocultó el impacto. “Son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sánchez volvió a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien reconoció, nuevamente, su legado político. Aunque marcó distancias con el porvenir judicial al que pueda enfrentarse el expresidente.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, Señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”.

También se referió Sánchez a las situaciones judiciales que afrontar su pareja o su hermano, que ambos casos en el PSOE consideran ejemplos claros de ofensiva política desde los tibunales. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, dijo sobre David Sánchez y Begoña Gómez. “Solo voy a pedir a la Justicia que sea justa”, detalló.

“Ante ese panorama”, siguió, “para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con VOX el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado; los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites”, apuntó para descartar cualquier sombra de duda sobre un adelanto electoral precipitado.

Y en ese punto, pasó a la ofensiva para entrar al choque con el PP y con Vox. “No sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen al ex Fiscal General cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”.

Es ese mismo argumento en el que empleó la práctica totalidad del tiempo de su segundo turno de palabra, cuando ha dado la réplica a los grupos parlamentarios. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le ha reprochado al líder de la oposición.

“Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos”, continuó el presidente en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, Sánchez cuestionó a Feijóo que cuando era presidente de la Xunta de Galicia “no hizo nada” ante los casos de corrupción que le afectaron. Y le ha recordado “los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era un narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones”. “Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido”, agregó.

Este miércoles, Javier Milei partió rumbo a España para realizar su sexta visita al país ibérico desde que asumió al frente de la Casa Rosada, en una gira breve que incluirá un encuentro con empresarios interesados en invertir en la Argentina y una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Como ocurrió en todas las ocasiones anteriores, no está previsto que haya reuniones con el presidente Pedro Sánchez ni con ninguna otra autoridad del gobierno español.

El viaje se desarrolla en un contexto doméstico particularmente complejo para el oficialismo. Mientras el Gobierno intenta contener el desgaste político provocado por la situación judicial y patrimonial de Manuel Adorni, el Presidente volverá a encontrar en el escenario internacional uno de sus ámbitos más cómodos de actuación. En el exterior, Milei suele presentarse como una de las figuras más visibles de la nueva derecha global y participa de actividades organizadas por instituciones y referentes ideológicos afines.

La comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el canciller Pablo Quirno se sumará directamente en Madrid, luego de una agenda previa en Panamá y Nueva York. El viernes 26, a las 10 de la mañana, Milei brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica donde además recibirá una medalla de honor. La actividad fue organizada junto al académico Javier Morillas Gómez, profesor de orientación liberal y consejero del Tribunal de Cuentas de España, una figura particularmente cercana al universo intelectual que rodea al mandatario argentino.

Morillas mantiene además un vínculo estrecho con Alejandro Nimo, exconcejal de Avellaneda y actual agregado para inversiones de la embajada argentina en España, quien suele definirse a sí mismo como “menemista, mileísta y anarcocapitalista”. En abril pasado, Nimo quedó envuelto en una disputa interna luego de denunciar públicamente que el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge, le había quitado el despacho desde el cual, según afirmó, recibía a empresarios interesados en invertir en la Argentina.

Precisamente, será Bunge quien tendrá un papel central en la organización de la agenda empresarial. Según fuentes oficiales, el embajador se encuentra a cargo de la confección del listado de invitados al encuentro con inversores españoles. El intercambio comercial entre ambos países mantiene actualmente un saldo favorable para la Argentina: alrededor de 1.400 millones de dólares en exportaciones contra 1.000 millones en importaciones.

La visita volverá a desarrollarse bajo un clima diplomático de baja intensidad. Desde mayo de 2024, cuando Milei calificó de manera indirecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, como “la mujer corrupta” durante un acto organizado por Vox, la relación bilateral quedó atravesada por una crisis inédita que derivó en el retiro temporal de la embajadora española en Buenos Aires y en un fuerte reclamo de disculpas por parte de Madrid.

Los ánimos se descomprimieron con el correr de los meses y España designó un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde. Sin embargo, el vínculo político nunca terminó de normalizarse. Las diferencias geopolíticas siguen intactas: Milei mantiene un alineamiento irrestricto con Donald Trump e Israel, mientras Sánchez se convirtió en uno de los principales defensores de la causa palestina dentro de Europa.

La última visita presidencial a España ocurrió en marzo pasado, cuando Milei fue el principal orador del Madrid Economic Forum y compartió actividades con el líder de Vox, Santiago Abascal. Allí volvió a cargar contra Sánchez y respondió con entusiasmo a los cánticos del público. “Si quieren zurrar al bandido local, no hay problema”, dijo ante un auditorio repleto de simpatizantes de la ultraderecha.

Cumbre del Mercosur y visita a los Estados Unidos

La escala española será apenas el primer tramo de una agenda internacional intensa. El 30 de junio, Milei participará en Asunción de una nueva cumbre del Mercosur y cuatro días más tarde volverá a viajar a Estados Unidos para asistir a las celebraciones por el Día de la Independencia, una fecha especialmente significativa este año, cuando se cumplen 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de 1776.

Los números muestran hasta qué punto la política exterior se convirtió en uno de los rasgos distintivos del gobierno libertario. Sin contar este nuevo viaje, Milei ya visitó Estados Unidos en diecisiete oportunidades, España e Italia en cinco ocasiones y Suiza en cuatro. Los países vecinos quedaron bastante más relegados: Brasil y Paraguay aparecen con tres visitas, Chile con dos y Uruguay y Bolivia apenas con una.

Hay, además, una constante que vuelve a repetirse. Cada vez que la situación doméstica se vuelve más compleja, el Presidente encuentra en el exterior un escenario más amable. Allí recibe distinciones y se mueve entre interlocutores ideológicamente afines. Esta vez no será diferente.

PL/CRM

El gobierno de Pedro Sánchez afronta, otra vez, unas horas críticas. La histórica sentencia al exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por coimas en la compra de barbijos durante la pandemia, pesa ya como una losa sobre un Ejecutivo que se abrió paso mediante una moción de censura, precisamente, contra la corrupción del PP. A la espera de la comparecencia de este miércoles del presidente español, Moncloa traslada un mensaje de contundencia contra la corrupción pero pide no hacer “causa común” con la cascada de investigaciones que afectan a los socialistas.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común. Pero lo importante es actuar y el PSOE actuó, mientras el PP está volcado en tapar la corrupcion de Ayuso”, dijo en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Aunque ni el ministro ni la portavoz del Ejecutivo quisieron entrar a valorar los detalles de la sentencia, sí que insistieron en el mensaje de que la corrupción no se combate igual en todas las formaciones políticas. “Quienes creemos en la política, en la democracia y en la separación de poderes sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en la politíca. Y sabemos que la inmesa mayorría de políticos hace un trabajo honesto, como la mayoría de los jueces o los periodistas. Pero que también hay veces que algunos no”, prosiguió López.

Preguntado expresamente por las responsabilidades políticas en el seno del Gobierno y del partido tras la condena a un hombre que tuvo todo el poder político y económico tanto en el Consejo de Ministros como en Ferraz, el ministro de Transformación Digital puso en valor las decisiones tomadas en su día para suspenderlo de militancia y expulsarlo del grupo parlamentario. “Nosotros tenemos muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Lo importante es combatir la corrupción. Y en el PSOE se actuó meses antes de que hubiera una sentencia”.

En esa misma línea, Elma Saiz destacó que el Gobierno asumió “desde el primer momento” las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos. La portavoz del Ejecutivo también aseguró que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan “sin matices” los comportamientos “que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno”.

“De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda”, apuntó Saiz, que ha evitado además valorar los “detalles” de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

El juez Juan Carlos Peinado decidió enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, retirarle el pasaporte y obligarla a presentarse quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su testimonio el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado tomó la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La presentación quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

La presencia de los agentes de la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– en la sede nacional del Partido Socialista español, el PSOE, para requerir determinada documentación no tiene que ver con la búsqueda de una caja B, como aireó un digital y denunció el Partido Popular en el Congreso. Ese movimiento está vinculado a una pieza separada y secreta desgajada de la causa penal que asumió el juez Santiago Pedraz en diciembre pasado contra el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díez por el supuesto cobro de coimas a cambio de contratos públicos.

El caso que ahora se investiga y que provocó la presencia de guardias civiles en la sede del PSOE tiene que ver con las actividades de Leire Díez, quien durante los últimos años ha maniobrado junto al empresario Javier Pérez Dolset, imputado en una de las piezas del caso Tándem y víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar tanto las andanzas de la policía patriótica que funcionó en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, como las supuestas corruptelas que —consideran— se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

La exmilitante socialista celebró reuniones en este tiempo, muchas de ellas grabadas, con guardias civiles, fiscales, o exdirigentes del PP ofreciendo en falso favores en nombre del Gobierno socialista a cambio de información sobre actividades corruptas del PP, de fiscales, de jueces o de guardias civiles.

La exmilitante socialista llegó a pronunciar en algunas de esas reuniones grabadas frases contra el principal investigador de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, quien dirige ahora las investigaciones contra esta supuesta trama. En una cita con empresarios imputados por fraude en el negocio de los hidrocarburos, Díez llegó a pedir documentos para desprestigiar al teniente coronel de la UCO con la promesa de que la Fiscalía favorecería a quien facilitara esa información. También se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, que investigó durante años el caso Villarejo hasta perder la plaza que ocupaba en Anticorrupción. Intentó Díez, que acudió a la reunión junto a Pérez Dolset, sonsacar información a Stampa contra quien había sido su superior, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón o contra el fiscal general de entonces, Álvaro García Ortiz.

Leire Díez acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz en la primavera de 2024 para entregarle al entonces secretario de Organización, Santos Cerdan, un pen drive con numerosos audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo donde se relataban todo tipo de maniobras ilegales contra los adversarios políticos del PP: Podemos y sus principales dirigentes; los principales cargos independentistas catalanes o el entonces líder socialista, Pedro Sánchez. Junto a esos audios, el pen drive incorporaba documentación con denuncias archivadas por la Fiscalía Anticorrupción y las quejas formuladas ante Alejandro Luzón por los denunciantes.

Santos Cerdán no hizo nada con esa información hasta que se empezaron a conocer las maniobras de Leire Díez, quien decidió darse de baja como militante del PSOE. Fue entonces cuando Cerdán remitió a la Fiscalía General del Estado el pen drive con la información sobre las “cloacas” del PP “a los efectos oportunos”. La Fiscalía analizó esa documentación, pero no hizo nada.

El PSOE negó en aquellos momentos que Leire Díez trabajara o cobrara para el partido. Pero durante la investigación abierta en un juzgado de Madrid por estas maniobras de la exmilitante socialista, Gaspar Zarrías, exconsejero socialista andaluz durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reconoció que durante tres meses pagó desde su despacho profesional a Leire Díez por investigar el caso ERE. Díez le había contado a Zarrías que disponía de información relevante que demostraría prácticas ilegales en la instrucción judicial de la causa penal abierta contra los principales dirigentes socialistas en Andalucía y que concluyó con duras condenas de cárcel para la mayoría de ellos.

El juez Santiago Pedraz investiga ahora las actividades de Leire Díaz para aclarar si se trató de una trama financiada por el PSOE y organizada con el único objetivo de obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La manifestación convocada por la Sociedad Civil Española y apoyada por Vox y el PP con el lema “prioridad nacional” reunió a votantes de extrema derecha esta mañana en las calles de Madrid, en una marcha que comenzó en la emblemática Plaza Colón y finalizó en el Palacio de la Moncloa, sede dl gobierno, donde se vivieron algunos momentos de tensión entre algunos asistentes y la Policía cuando cortaron la autovia A-6 e intentaron llevar la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia. Según Delegación de Gobierno, se produjeron tres detenciones y siete agentes resultaron heridos.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” fue el grito más escuchado durante el recorrido, que acompañaban con peticiones de expulsión del presidente del Gobierno, y carteles que cargaban contra el ex mandatario José Luis Rodríguez Zapatero, quien comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, y pedían su entrada en la cárcel.

Santiago Abascal, lider de la ultraderecha de Vox, estuvo presente durante la concentración, y se sumó a exigir la entrada de Zapatero en prisión provisional. Además, desde Vox piden que Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros en funciones durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 declaren como testigos en la Audiencia Nacional.

El presidente de Vox sostiene que este tipo de movilizaciones son “necesarias” debido a que la “prioridad nacional” es “la expulsión de Sánchez del poder”, además de que seguirán apoyando las concentraciones contra el presidente del Gobierno “sin ningún tipo de ambages”.

“Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos”, declaró Santiago Abascal desde la plaza de Colón de Madrid. El líder de Vox cree que España está “secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles”.

Desde Vox consideran que hay “motivos suficientes” para que el expresidente Zapatero entre en prisión, como insistió el viernes el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. Algunos de los manifestantes defendían que “incluso Donald Trump (presidente de los Estados Unidos) está como loco por agarrar a Zapatero”.

La manifestación de este sábado reunió a votantes de Vox que cargaban banderas de España, además de banderas con la Cruz de Borgoña e incluso franquistas incostitucionales. Durante la marcha, entre gritos repetitivos que cargaban contra Sánchez y su Gobierno, también se escucharon ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado como “payasa”, pese a que el Partido Popular ha apoyado la propia manifestación de esta mañana. Algunas personas exclamaban: “Dónde están, no se ven los barones del PP”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presente en la manifestación esta mañana ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que es “inaudito” que la ministra haya retado a su partido a presentar una moción de censura “contra su propio Gobierno”. García ha insistido en que “en este momento” el Partido Popular no utilizará este instrumento constitucional para no “regalar una victoria” a Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Senado ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas. García sostuvo que su intención y la de su partido era apoyar a los españoles que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

“Una amplia representación del PP vino a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, declaró esta mañana Alicia García, y sostiene que el presidente del Gobierno “tiene miedo”, porque sabe que “el tiempo se le acaba”aunque quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido la portavoz del PP.

No se vio, en cambio, al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la manifestación por la “prioridad nacional”, pese a que su partido apoyaba la concentración. Alicia García justificó que Feijóo debía estar hoy presente en el Congreso del PP de Baleares donde se reeligió con el 99,93% de los votos como presidenta a Marga Prohens.

En la manifestación también estuvieron presentes el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama. El exdirigente del partido Javier Ortega Smith, que aunque fue expulsado de Vox mantiene su escaño en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) también han acudido.

Las expresiones xenófobas y racistas no tardaron en aparecer: “España cristiana y no musulmana”, “reasignación si no comen jamón” o “ayudas sociales para los nacionales” han sido algunos de los gritos que se han escuchado en la manifestación por la “prioridad nacional”, incluso se han escuchado clásicos versionados: “Bote, bote, musulmán el que no bote”. También se reclamaba a Santiago Abascal como nuevo presidente del Gobierno.

Los manifestantes repitieron los insultos hacia Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE: “Es un puticlub, no una sede”, “Zapatero al talego” o “Partido Socialista, putero y golpista” han sido algunas de las ideas que han gritado durante la concentración de esta mañana en Madrid. A la llegada a Moncloa, manifestantes recibían a la marcha con carteles en los que se podía leer “Detengamos a Sánchez”. Los carteles también cargaban contra el presidente del Ejecutivo por “la DANA, Adamuz, el gran apagón”, y definían a los socialistas como “cobardes”.

Al final de la marcha, la tensión ha aumentado cuando la Policía ha impedido a los manifestantes que continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Varias decenas de manifestantes que habían llegado hasta el Arco de la Victoria en Moncloa han cortado la A-6 y han intentado rebasar los límites de la convocatoria para trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la también residencia de Sánchez.

Lo primero que dijo Pedro Sánchez en la sesión de control del miércoles fue reafirmar su respeto por la presunción de inocencia y su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Gabriel Rufián prefirió ser más introspectivo: “Yo estoy jodido”. Es probable que el estado de ánimo de los votantes de izquierda, y en especial del PSOE, esté más cerca del sentimiento expresado por el portavoz de Esquerra que por la actitud del presidente del Gobierno. Los que encajaron como pudieron las investigaciones a José Luis Ábalos y Santos Cerdán se preguntarán ahora si les quedan fuerzas para hacer lo mismo con el expresidente y la acusación del juez Calama de la Audiencia Nacional.

Rufián llevaba en la mano algunas de las páginas de ese auto. Las blandió no para sacudir a Sánchez, sino para darle un baño de realidad. “Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor”, dijo. La segunda opción tendría que ver con un abuso de poder por parte del magistrado, un ataque bajo la sombra del llamado 'lawfare'. Si ese fuera el caso, el discurso de Rufián habría sido diferente. Mostró su “enorme afecto” por la figura de Zapatero, pero vino a decir que defenderlo a pecho descubierto es muy difícil después de leer las 85 páginas dla acusación.

Para enfrentarse a Alberto Núñez Feijóo, Sánchez optó por el manual de costumbre en la política adaptado a la situación actual. Es decir, y tus expresidentes, más. “Zapatero no nos metió en una guerra ilegal”, defendió y luego dio algunos ejemplos más. No se puede decir que sea un argumento de peso. La investigación sobre un presunto caso de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra no tiene nada que ver con Irak ni con Estados Unidos ni con los derechos humanos.

Tiene todo que ver con las cifras de los ingresos que supuestamente percibieron Zapatero y sus hijas a lo largo de cinco años. la acusación de Calama incluye varias partidas. La más sospechosa consiste en los 730.535 euros procedentes de Análisis Relevante. El juez añade en ese párrafo 524.707 euros de Gate Center y 693.615 euros de sociedades del grupo Thinking Heads. Pero esta última empresa se dedica desde hace años a hacer de representante de políticos que se dedican a dar conferencias por el mundo. Gate Center es un 'think tank' gestionado por Thinking Heads.

Nunca lo tuvo tan fácil Feijóo en una sesión de control. No es que lo aprovechara a tope. En parte, repitió conceptos ya utilizados antes. Con una excepción que es especialmente dañina para el Gobierno: “Solo hay que leer la acusación para ver que sin el Consejo de Ministros Zapatero no hubiera podido delinquir”. También es verdad que no llegas muy lejos en la vida si atiendes a la interpretación que haga el líder del PP de un auto judicial.

Lo que dijo es una deducción que no aparece como tal en la acusación. Pero no se puede desdeñar como una especulación sin fundamento. Evidentemente, todos los hilos de la trama pueden abarcar mucho más que la decisión judicial con la que se justifica la imputación de Zapatero. Por otro lado, se supone que aquí está lo más relevante que tiene que ver con él a nivel indiciario.

Quienes cambiaron de discurso en su mayor parte con respecto al día anterior fueron los socios del Gobierno. No de forma dramática, pero sí reveladora. Ya no defendían a muerte a Zapatero ni denunciaban 'lawfare'. Lo que ocurrió fue que habían leído la acusación del juez. Por eso, algunos prefirieron no hablar en público sobre esa investigación. Otros no ocultaron sus dudas. “Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito”, advirtió Enrique Santiago, de Sumar. “No pinta bien la acusación”, afirmó Ione Belarra, de Podemos. “Parece que no está tan claro que haya 'lawfare'”, dijo Àgueda Micó, de Compromís.

El martes, algunos se dejaron llevar por comentarios en redes sociales y el programa 'Mañaneros' de TVE que denunciaban que todos los problemas judiciales de Zapatero provenían de una querella del grupo ultra Manos Limpias. Era falso. La denuncia original es de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación policial es de la UDEF y la decisión de imputarle es del juez. Con los datos recabados en la instrucción, al expresidente solo le podían llamar a declarar como imputado.

la acusación de Calama solo sirve para justificar la imputación de Zapatero, lo que no es poco. Incluye toda una serie de indicios sospechosos, no un relato de hechos totalmente confirmados. Supone el inicio de una investigación que sigue estando declarada secreta, una condición que no se puede prolongar ya durante mucho tiempo.

Sobre la participación expresa de Zapatero en posibles delitos, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, tiene dudas: “Concertar una reunión o recordarle a alguien que debe tomar una decisión sobre algo no es tráfico de influencias, ni siquiera aunque se cobre por ello. Así pues, el juez debe demostrar, para sostener la eventual acusación, que efectivamente presionó a alguna institución para que se concedieran las ayudas a la aerolínea”.

No es un procesamiento ni una sentencia, aunque así apareció el miércoles en los titulares de portada de ABC y El Mundo. “Zapatero lideró una trama criminal”, tituló ABC. “Cazado el comisionista internacional Zapatero”, fue la opción de El Mundo. Miguel Tellado enseñó esas portadas y otras en el hemiciclo. Para algunos, el caso ya está cerrado y toca llamar a los carpinteros para que levanten el patíbulo.

El PP llevaba muchos meses señalando a Zapatero como responsable de una red corrupta con más insinuaciones que pruebas. En el Senado, lo hicieron en marzo con tanta alegría que el presidente de la comisión de investigación le recordó que se tomaban esas libertades, porque “las acusaciones no son lo mismo que en un tribunal”. Sin duda, la acusación del juez colma sus expectativas.

En la izquierda, se respira un clima distinto. Partiendo de las etapas del duelo de Kübler-Ross (negación, ira, negociación, depresión y aceptación), se podría decir que sus votantes han llegado a la fase de depresión y temen que en cualquier momento deban asumir la de aceptación. O podrían estar en un punto intermedio entre las dos últimas en la etapa que podríamos llamar la fase de “esto es una mierda”, según la ha etiquetado Rufián.

A los socialistas les toca contener la respiración hasta el 2 de junio cuando Zapatero preste declaración por primera vez ante el juez. Estos diez días se les van a hacer muy largos. Otra noticia como esta y tendrán que olvidarse del duelo y pedir cita para que les atiendan por el síndrome de estrés postraumático.

Corrección: se ha eliminado la suma de las aportaciones realizadas a Zapatero y sus hijas por Análisis Relevante, Thinking Heads y Gate Center, porque solo las actividades de la primera empresa están directamente relacionadas con los hechos descritos en la acusación. Thinking Heads se dedica a organizar conferencias de expresidentes y ex jefes de gobierno por todo el mundo. Se desconoce por qué el juez reúne todas esas cantidades de las tres compañías en un solo párrafo.