Dos años después de abrir una investigación tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado cierra la causa y propone enviar a Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno español, ante un tribunal formado por ciudadanos. En un extenso auto, el magistrado ahonda en la tesis de que Gómez utilizó conscientemente su estatus como esposa del presidente del Gobierno para proyectar su carrera profesional, conseguir fondos privados y obtener favores en el ámbito académico y empresarial. Pero va más allá y llega a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. 

El magistrado realiza esta acusación a pesar de que en dos años de investigación no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez se apropiara de ese dinero. El juez Peinado ordenó el rastreo de sus cuentas y la fiscalización de sus ingresos. E incluso puso a la Guardia Civil a investigar un escrito de un abogado difusor de noticias falsas que la vinculaba sin pruebas con una fortuna oculta en cuentas y depósitos situados en bancos de República Dominicana y Turquía. 

En realidad, lo que se ha acreditado es que Begoña Gómez disponía de un saldo total de 21.000 euros distribuidos en siete cuentas del BBVA. Y que sus retribuciones en la Complutense fueron más bien modestas. Al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Es un hecho que, según su defensa, pone en entredicho el mantra de los “negocios privados” al que aluden de forma insistente las acusaciones que han sustentado la causa. 

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como acreditaron diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

La Fiscalía, que ha reclamado reiteradamente el archivo de la causa, ha defendido que a pesar de la exhaustiva investigación patrimonial puesta en marcha por el juez no se han hallado “pagos sospechosos”. Además, tanto el Ministerio Público como la defensa han defendido que todas las donaciones de empresas patrocinadoras ingresaron íntegramente en las cuentas de la Universidad Complutense y nunca en las de Begoña Gómez. 

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, el software fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El magistrado también cita como indicio que Begoña Gómez crease en 2023 una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. De hecho, es uno de sus principales argumentos para sostener la acusación por apropiación indebida del citado software vinculado a la cátedra. Sin embargo, la Fiscalía ha constatado que la sociedad “no tuvo efectiva actividad”. Nunca llegó a depositar cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo a su nombre. La defensa de Begoña Gómez también ha reiterado que la sociedad “no estuvo operativa nunca”.

Además, tampoco se ha acreditado que Begoña Gómez se apropiase del programa informático. Entre finales de 2022 y principios de 2023, inició contactos con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para registrar el programa informático y la plataforma, pero el procedimiento nunca se materializó. La tesis de Peinado es que la esposa de Sánchez desistió después de que la OTRI enviara un contrato que establecía que la titularidad del desarrollo debía corresponder a la Universidad. 

Las donaciones, una “fachada”

La presunta apropiación para su “patrimonio personal” no es la única inferencia que hace el magistrado en el auto en el que cierra dos años de investigación. El juez considera que existe un delito de corrupción en los negocios en los patrocinios de la cátedra y la financiación de una herramienta informática vinculada a esa cátedra. Ese software gratuito para los usuarios era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que las empresas financiadoras hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración en relación con estos patrocinios.

Tras lanzar esta grave acusación, el juez considera, sin embargo, que la “prueba indiciaria” más evidente de esta “reciprocidad” es la carta de apoyo firmada por Begoña Gómez a favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet al que Peinado también propone sentar en el banquillo.

En realidad, esa carta era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez sostiene que Barrabés participó activamente en este supuesto esquema de “ventajas no justificadas”. Su tesis es que el empresario prestó a Begoña Gómez “asesoramiento”, “apoyo estratégico” y conexiones para que ella pudiera desarrollar su proyecto académico y tecnológico. Y que, a cambio, obtuvo “apoyo, visibilidad y respaldo en expedientes de adjudicación” y acceso a un entorno “institucionalmente privilegiado”. 

El juez Peinado hace alusión a estas cartas a pesar de que los hechos relativos a estas licitaciones concretas de las que resultó beneficiario Barrabés dejaron de ser investigados en su juzgado. Esas cartas firmadas en julio de 2020 por Begoña Gómez a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. 

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía Europea encargó un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario Barrabés. No obstante, Begoña Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa, en la que ha sido llamada a declarar únicamente en calidad de testigo. 

Este último auto del juez es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene pendiente resolver otros recursos presentados por las partes. Entre ellos, los escritos de las defensas contra la decisión del juez de llevar el caso ante un jurado popular tras fracasar un primer intento por falta de motivación. Pero esos recursos no suspenden el procedimiento, que puede seguir adelante. Por lo pronto, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten sus escritos de calificación a pesar de que ha acordado la práctica de una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado.

El presidente Javier Milei le manifestó su apoyo al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, durante su discurso en el foro de ultraderecha de la CPAC en Hungría, al sostener que “cuenta con nuestro respeto y admiración”, en tanto que calificó al mandatario español, Pedro Sánchez, de “pichón de tirano”.

En primer lugar, Javier Milei mencionó la situación actual de Cuba al considerar que “tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika”.

Según vaticinó en Budapest, gracias al “liderazgo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “a mitad de año veamos probalemente” a la isla “libre”.

Posteriormente, se refirió en duros términos al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien no nombró pero calificó de “pichón de tirano”.

El libertario consignó que “cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente”, motivo por el que, “en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España”.

Javier Milei indicó que “la Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa” y criticó al Viejo Continente al sostener que “ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo”, por lo que “eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región”.

Para Milei, Europa “está en peligro, se está suicidando” y apuntó contra la “inmigración masiva sin control”, que “es un acto de irresponsabilidad”, subrayó.

“La búsqueda de la conveniencia política llevó a nuestros políticos a endeudarse constantemente para financiarse a sí mismos y a sus amigos”, agregó, y señaló: “Detrás de cada causa noble hay una ecuación política muy concreta: crear dependientes es crear votantes”.

Por último, manifestó su respaldo al primer ministro húngaro, Víktor Orban: “Querido, contás con nuestro respeto y admiración”.

La agenda de Milei en Budapest

El mandatario, que está acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, fue recibido por su par Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

A continuación, mantuvo una reunión con Víktor Orban en el Monasterio Carmelita de Buda, la sede del primer ministro húngaro.

La jornada continuó con Milei recibiendo el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprendió el regreso a la Argentina. Su llegada a Buenos Aires está prevista para este domingo a las 9, cerrando así una nueva gira exprés.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El presidente Javier Milei volvió a llevar su discurso crítico contra el socialismo al centro del debate europeo durante su participación en el Madrid Economic Forum, donde defendió la economía de mercado y cuestionó con dureza a los gobiernos de izquierda.

Ante empresarios y referentes del pensamiento liberal reunidos en la capital española, el mandatario sostuvo que Occidente atraviesa un cambio de ciclo político y que el llamado “socialismo del siglo XXI” atraviesa un proceso de retroceso.

“Se trata de sucursales y franquicias de esa basura inmunda de todos lados, que es el socialismo del siglo XXI”, afirmó durante su exposición. Y agregó: “Afortunadamente, gracias al coraje y valor de Donald Trump, se está cayendo a pedazos”.

Durante su intervención, Milei también apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusó de representar ese modelo político. “Créanme que si hubiera un Banco Central de España, en vez del Banco Central Europeo, y con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tiene Argentina”, lanzó.

El mandatario argentino profundizó su crítica al socialismo al plantear que, en su visión, ese modelo económico ha fracasado en distintos países y que el escenario internacional comienza a mostrar señales de cambio.

En otro tramo del discurso, Milei también mencionó al economista español Daniel Lacalle, con quien suele coincidir en su mirada sobre la política económica global. “Como dijo mi amigo Daniel Lacalle, no estamos tan lejos de una Cuba libre”, señaló, lo que generó aplausos entre los asistentes.

El jefe de Estado aprovechó su exposición para volver a defender los principios del libre mercado, a los que definió no solo como una herramienta económica sino como el único camino posible —según su visión— para alcanzar prosperidad y justicia social.

Con información de agencias

JIB

Pedro Sánchez defiende el “no a la guerra” de España como una posición de principios, no de oportunismo político. En esta entrevista con elDiario.es, el presidente del Gobierno español defiende la coherencia de su política exterior, rechaza el giro de Von der Leyen, descarta adelantar las elecciones y asume la responsabilidad por los casos de corrupción en el PSOE.

“Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta”, reivindica. A su juicio, dar respuesta a “la ola reaccionaria en España, Europa y el mundo” es “una obligación para el Gobierno de coalición progresista”. 

—¿Le preocupa una represalia de Donald Trump contra España?

—No. La posición de España es coherente a lo largo del tiempo en las sucesivas guerras que hemos vivido ya desde hace cinco años: la de Putin en Ucrania, la de Gaza... La defensa de la legalidad internacional es una posición consistente por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, pertenecemos a un espacio que es la Unión Europea, y la Comisión Europea ha sido muy clara al respecto. Y finalmente, porque creo que la coacción no es el camino. Ser aliado de Estados Unidos no es decir sí a todo.

—¿Se ha sentido respaldado por el resto de los países europeos ante el anuncio de un bloqueo comercial a España?

—Dentro de la Unión Europea no ha habido una posición común, como sí hubo con Ucrania. Pero España siempre ha mantenido lo mismo, con Ucrania, con Gaza o con Irán: la defensa del derecho internacional. Ha sido una posición de coherencia que ha conectado no solamente con determinados gobiernos europeos, que han ido girando su posición a lo largo de estos últimos días, sino también con buena parte de la sociedad y la opinión pública europea, que está en contra de una guerra que no va a traer nada bueno y que nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo la guerra de Irak. Habrá proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán, pero creo que no han aprendido nada y que continúan equivocándose en todo.

—Von der Leyen plantea que Europa necesita una política exterior más realista y que no se puede confiar en el sistema basado en reglas. ¿Qué le pareció esta propuesta de la presidenta de la Comisión?

—Hay elementos de su discurso con los cuales España puede estar de acuerdo. Por ejemplo, el caso de la política comercial o también el respeto al derecho internacional y la soberanía nacional con Groenlandia. Pero desde el punto de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo [Europeo], Antonio Costa. 

‘El mundo de ayer’ es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional, que nos llevó a dos guerras mundiales. El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar.

—¿Le llamó Von der Leyen antes de este discurso? ¿Ha hablado con ella recientemente?

—No. Evidentemente, es el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Europea. Ayer [por el lunes] sí tuve ocasión de poder hablar con el presidente del Consejo Europeo.

El Gobierno de España ha sido muy claro en su posicionamiento de respeto al derecho internacional. Estamos hablando de soberanía y de integridad territorial. Estamos hablando de paz, de lucha contra la pobreza, de financiación al desarrollo, de políticas climáticas o de cómo regular la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas

—¿Y qué debe hacer Europa?

—Europa debe enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. Los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional uno mucho más representativo. Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas. No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán. Si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas tendremos que incorporar a grandes naciones como India, el continente africano, China o Brasil, con una representación mucho más amplia en estos organismos.

—¿Es viable esa reforma de Naciones Unidas con Rusia y Estados Unidos en contra?

—Debería hacerse, porque el orden internacional al final es lo que nosotros queramos que sea y es en el interés de Europa, que no deja de ser un proyecto multilateral, como lo es también el sistema de Naciones Unidas.

—Antes definía a EE.UU. como un aliado. ¿Alguien que amenaza con anexionarse por la fuerza un territorio vinculado a Europa como Groenlandia sigue siendo un aliado?

—Desde el Gobierno de España y desde Europa siempre hemos defendido que tenemos que tener una relación transatlántica fuerte. Aunque suene paradójico, ahora mismo reforzar esa relación transatlántica pasa por reforzar el pilar europeo: nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad y nuestra defensa común. EEUU ya ha manifestado claramente que la seguridad europea tiene que recaer sobre los hombros de los europeos. 

Ahí es donde empiezan los matices, porque cuando hablamos de crecimiento y de competitividad la derecha y la ultraderecha plantean desmantelar las políticas climáticas. Los efectos económicos de la crisis en Irán, por el impacto en el petróleo, demuestran que la autonomía estratégica pasa por la transformación energética que está liderando España y que nos hace más competitivos, con el impulso de las renovables. 

Otro ejemplo: nosotros hemos sido también muy contrarios al 5% del PIB en defensa. ¿Por qué? Porque eso no va a potenciar ni a fortalecer la industria europea de la defensa, sino que nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense. 

—La oposición le acusa de que su ‘no a la guerra’ es electoralista. ¿Qué le responde?

—Que esta guerra no la ha provocado España. Ha sido una guerra impulsada de manera unilateral por dos naciones. Además, nosotros somos coherentes y consistentes con la política exterior que hemos mantenido durante estos ocho años casi de Gobierno. No vamos a resolver la situación de inestabilidad en Oriente Medio con una ilegalidad tan flagrante. 

Feijóo y Abascal dicen que ‘no a todo’ salvo a la guerra y este ‘noísmo’ que practican el PP y Vox no es nuevo. En todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno, desde la pandemia, siempre hemos encontrado a una oposición que se ha definido simplemente por decir ‘no’ a todo, incluso entrando en contradicciones. Dicen ‘sí’ a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, pero ‘no’ a trasladar la solidaridad de España con un país europeo como es Chipre.

—¿Cuánto cree que puede durar esta guerra? ¿Qué escenarios manejan en el Gobierno?

—Es difícil de prever porque ayer escuchamos al presidente de Estados Unidos decir que le quedaba poco a la guerra. Ahora que también desde la oposición se están planteando medidas socioeconómicas para amortiguar su impacto, creo que la medida menos onerosa y la que más vidas salva es el ‘no a la guerra’. Que esta guerra acabe cuanto antes.

—La Unión Europea ya gasta en armamento más del doble que Rusia. ¿Realmente es necesario aumentar el presupuesto militar o es más importante avanzar hacia una defensa común?

—Hace falta más coordinación, hace falta más escala y hace falta que seamos más eficientes en el gasto en defensa. El debate no debe ser en primer lugar en qué vamos a gastar, sino si somos capaces los europeos de generar más riqueza. ¿Tiene sentido que las grandes corporaciones digitales estén al otro lado del Atlántico? ¿Tiene sentido que Europa transfiera en torno a 600.000 millones de euros de ahorro al año europeo para financiar el crecimiento económico estadounidense? Todo eso tiene mucho que ver con deberes pendientes en Europa como son la unión de ahorro y de inversiones, la culminación del mercado único energético o también el mercado único digital. 

La gran paradoja y el gran desafío que tiene Europa es que, además de ser víctima de múltiples shocks no buscados –Putin, Ucrania, Estados Unidos, Irán, Gaza...– tenemos a muchos gobiernos en torno al Consejo Europeo, gobernados por la derecha con la ultraderecha, que lo que buscan es renacionalizar políticas que están hoy en manos de los europeos, en vez de avanzar en ese proceso de federalización que es lo que necesita Europa. 

—¿Y qué puede ofrecer Europa al mundo?

—El poder tiene, según los teóricos, dos palancas: una, el poder duro y estamos hablando de la capacidad militar, pero luego también hay otro poder que es el blando, que es el poder de hacer pedagogía, de influir o estar comprometidos con los grandes debates que afronta la humanidad y donde Europa es referencia. 

Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español

El mundo necesita referencias, consistencia, coherencia, principios y valores. Y eso es Europa. Está en nuestros tratados y es lo que desde el Gobierno de España defendemos. Por eso, cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta. Eso tiene mucho que ver con que hoy España es sinónimo de orgullo, porque somos sinónimo de principios, valores y también de resultados. Estamos demostrando que con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora de nuestras sociedades. 

Con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora

—¿Qué le parece el plan francés de aumentar su arsenal nuclear? Usted habla de poder blando y este es el más duro posible. ¿España va a colaborar?

—Desgraciadamente, a finales de febrero caducó el tratado internacional que regulaba la no proliferación de armamento nuclear. Y estamos asistiendo a una acumulación mayor de ojivas nucleares en el mundo. Por eso, en la Conferencia de Múnich sobre seguridad, yo manifesté la exigencia de que las grandes potencias nucleares se sentaran a negociar un nuevo tratado para limitar y reducir las capacidades nucleares. Ya con eso le adelanto cuál es la posición del Gobierno de España: no queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada. Por tanto, nosotros no vamos a participar de ese proyecto.

No queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada

—Su Gobierno ha pedido levantar las sanciones de la Unión Europea a Venezuela. ¿Confía en Delcy Rodríguez para esa transición?

—La presidenta Delcy Rodríguez está dando pasos hacia esa transición que debe culminar con unas elecciones libres, limpias y con todas las garantías que por desgracia no tuvieron las anteriores, como dijo Naciones Unidas. España ha acumulado experiencia histórica como para poder compartir con los venezolanos y venezolanas y que pueda haber una transición democrática donde los propios venezolanos sean, sin interferencias, quienes decidan su gobierno y el futuro de su país.

—Hablemos ahora de la política nacional. ¿Da por perdidos los Presupuestos o espera un cambio de posición por parte de Junts?

—Nosotros no damos por perdido nada en absoluto, tampoco los Presupuestos. Pero también digo que con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán, como ocurrió con la crisis de Ucrania.

Con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán

—Los objetivos en esta legislatura son bien claros: la culminación del proceso de normalización política en Catalunya derivado de la amnistía. La culminación de los fondos europeos, que nos están permitiendo crecer al doble de la media europea y también crear el triple de empleos en 2025 que Estados Unidos. Y finalmente, hay una obligación por parte del Gobierno de coalición progresista de sostener y de ser referencia de políticas que dan respuesta a esta ola reaccionaria que están sufriendo España, Europa y el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, no es que Vox crezca en España porque crece en todo el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, es que existe un Gobierno de coalición progresista que con sus políticas está haciendo frente de manera eficaz y equitativa a esta ola reaccionaria.

—En 2018 usted pidió a Mariano Rajoy que convocara elecciones generales si no lograba aprobar los Presupuestos. ¿Por qué ahora ha cambiado de opinión?

—Insisto, yo tengo ya mis presupuestos. Es una administración que tiene unos presupuestos que están respondiendo a los objetivos que nos hemos marcado durante esta legislatura. Los presupuestos no dejan de ser un instrumento para alcanzar un fin determinado. Si no obedeciera a esos fines, evidentemente tendría que pensar en otros escenarios, pero no es el caso. 

—Ha repetido en varias declaraciones que las elecciones serán en 2027. ¿Por qué descarta completamente un adelanto electoral?

—Primero, porque los fondos europeos terminan su último desembolso el 31 de diciembre de 2026. Incorporar un proceso electoral, como son además los procesos de investidura en nuestro país, tan procelosos y dilatados, creo que no obedece al interés general. Nosotros tenemos que culminar con éxito esta gran oportunidad que son los fondos europeos para la transformación de nuestra sociedad y el refuerzo del Estado del bienestar. 

Lo digo por enésima vez, culminaremos esta legislatura y las elecciones serán en 2027

Segundo, creo que no podemos incorporar más incertidumbre a la que, ya que viene de fuera. Hoy España es sinónimo de estabilidad. Las legislaturas son de cuatro años. Así lo establece la Constitución española y, por lo tanto, el Gobierno manifiesta de nuevo, una vez más, por enésima vez, que culminaremos esta legislatura y que las elecciones serán en el año 2027.

—¿Confía en un acuerdo sobre financiación autonómica después de la propuesta que ha lanzado su Gobierno?

—Yo espero que los grupos parlamentarios sean al menos capaces de permitir la entrada de este debate en el Congreso. Creo que todos los grupos parlamentarios –incluso el Partido Popular, pero ellos están en el ‘noísmo’– deberían permitir la tramitación de este nuevo sistema de financiación autonómica. 

—Que se abra el debate, al menos.

—Que se abra el debate. No olvidemos lo siguiente, de todos los niveles de la Administración, la que más renuncia en favor del fortalecimiento del Estado del Bienestar es la Administración General del Estado porque va a prescindir de 21.000 millones de euros para que se puedan transferir esos recursos a las comunidades y fortalecer las políticas del Estado de Bienestar que son de su competencia. 

—Las cifras macroeconómicas son en España bastante buenas, pero la crisis de vivienda hace que muchos jóvenes y familias no lo noten. ¿Cuándo llegarán los pisos que el Gobierno ha ido prometiendo?

—Están, de hecho, llegando esos pisos. Seguro que no con el volumen y número que demanda la emergencia habitacional que vivimos en nuestro país. El Gobierno no solamente ha creado una empresa pública que por primera vez en la historia de la democracia va a ser la impulsora, la promotora de esas viviendas de protección oficial que se van a poner en manos de las familias. También estamos utilizando todos los instrumentos a disposición del Estado. Por ejemplo, el Banco Público, el ICO, ha puesto no solamente a los promotores de viviendas, sino también a las familias jóvenes sistemas de avales, precisamente para poder hacer frente a la entrada de una hipoteca. O también políticas de alquiler. 

Vivimos en un Estado compuesto y existen también materias que son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros hemos habilitado una Ley Estatal de vivienda que ha bajado un 10% el precio del alquiler allí donde se está aplicando, como en Catalunya. Mientras que en otras comunidades, como Madrid, donde abiertamente no se está aplicando la Ley de Vivienda, el precio del alquiler está creciendo por encima del 10%. 

Hay cosas que podemos hacer desde la Administración General del Estado, pero hay otras cosas que tienen que hacer las comunidades. Yo rogaría también a los ciudadanos de esas comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda que interpelen a sus gobiernos autonómicos, porque son los responsables de que no se pongan en marcha todas esas políticas vinculadas con la especulación de la vivienda.

—El ministro Carlos Cuerpo ya ha advertido de que se empiezan a notar los efectos de la guerra de Irán en los bolsillos de los españoles. Si la guerra se alarga, ¿qué medidas económicas planean tomar?

—Este Gobierno está contrastado en materia de crisis económica. Hemos demostrado que se puede dar una respuesta diferente a la neoliberal que aplicó los recortes durante la crisis financiera. Una respuesta que permite un rebote económico mucho más intenso. Lo hemos vivido durante la pandemia o durante la guerra de Ucrania. Fuimos el primer país de Europa que recuperó los niveles de inflación del 2% después de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Eso tuvo mucho que ver con la respuesta que dimos. 

Nosotros, por supuesto, no avalamos esta guerra en Irán, pero sí que vamos a proteger a nuestros compatriotas y lo vamos a hacer con todos los recursos del Estado. Ya estamos trabajando en un plan de respuesta. Abriremos una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y también con los agentes sociales: con la patronal y los sindicatos.

Cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa

—¿Qué tipo de medidas están barajando?

—Ese plan tendrá dos pilares. Uno, de respuestas coyunturales a esta guerra desde el punto de vista socioeconómico. Y dos, otro pilar de medidas estructurales, porque creo que la gran lección que tenemos que extraer de la guerra de Putin en Ucrania, o de la guerra en Irán ahora mismo, es que cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa. 

—Yolanda Díaz ha renunciado a repetir como candidata y contó que se puso en contacto con usted para comunicárselo personalmente. ¿Qué le dijo?

—Son conversaciones privadas.

—Lo que se pueda contar...

—Lo que le puedo decir, en todo caso, es que Yolanda Díaz es probablemente una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la democracia española. Creo que es de las mejores políticas que tiene ahora mismo España. Y para mí tengo que decirle que me dio pena. Creo que no solamente el espacio progresista, sino también la política española, va a perder uno de sus principales referentes. Yolanda Díaz lo ha sido y lo es. Pero entiendo también que hay un ámbito de decisión personal que corresponde a cada uno. Desde ese punto de vista, lo único que puedo decir es que respeto absolutamente la decisión, que la echaremos mucho de menos y que espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

Respeto la decisión de Yolanda Díaz, la echaremos mucho de menos y espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

—¿Le preocupa que esa izquierda llegue fragmentada a las elecciones?

—Todos tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que afronta España y lo inédito de la experiencia española: un gobierno de coalición progresista ante una ola reaccionaria que, por desgracia, está expandiéndose en el mundo. Y si tenemos claro cuál es el objetivo –volver a reeditar una mayoría progresista–, todos tenemos que dar el do de pecho y asumir nuestra responsabilidad. 

La del Partido Socialista, le digo yo que la tenemos clara. Yo hablo por el proyecto político al que represento. Mi responsabilidad, mi deber y mi ánimo es volver a presentarme y volver a reeditar una mayoría progresista. Precisamente en esta coyuntura histórica que atraviesan España, Europa y el mundo. Lo que defienden PP y Vox en España es más o menos el mismo discurso que estamos viendo al otro lado del Atlántico. Es una vuelta al pasado que no va a traer nada bueno. Ni a España ni a Europa, como tampoco está trayendo nada bueno al mundo.

—¿Qué le pareció la propuesta de Gabriel Rufián de una candidatura unitaria de la izquierda, incluyendo la izquierda nacionalista?

—Son debates que demuestran la necesidad de que el espacio progresista sea consciente de que no puede perder de vista el principal objetivo: continuar con una senda de progreso y de avance que ojalá pueda verse intensificada en la próxima legislatura con una mayoría parlamentaria más rotunda de fuerzas progresistas.

—Los resultados electorales del Partido Socialista en Aragón y en Extremadura han sido malos y las encuestas pronostican nuevas victorias de la derecha y la extrema derecha, tanto en Castilla y León como en Andalucía. ¿Cree que es responsabilidad de los candidatos o consecuencia del desgaste del Gobierno?

—Desde luego no los candidatos, no las federaciones. Creo que todos somos, desde la organización, conscientes de que tenemos que reconstruir los proyectos políticos en determinados territorios después de haber estado dos legislaturas en muchas de estas comunidades. Es el caso de Extremadura y Aragón. No es el caso de Andalucía, ni tampoco de Castilla y León. 

La estrategia del PP y de Vox es bien clara. Ellos son conscientes de que no hay trasvase y, si lo hay, es marginal, de votantes del Partido Socialista hacia la ultraderecha y la derecha. Juegan a la desmovilización del electorado progresista, que se quede en casa. Y para ello utilizan todo tipo de triquiñuelas y de tácticas, como la deshumanización del adversario político. O hacer algunos elementos en los que efectivamente yo he asumido la responsabilidad y actuado en consecuencia, como son algunos casos de corrupción, pues la norma, la categoría. Es algo que nos está costando desde el punto de vista electoral. 

Soy consciente de ello y también soy consciente de que lo importante es cómo respondemos a estos casos de corrupción que nos han sobrevenido: con contundencia, absoluta transparencia y rendición de cuentas. Ahora tenemos que centrarnos. Ser conscientes de que tenemos un objetivo muy importante y es culminar toda esta agenda de avances sociales y repetir esa mayoría progresista.

—¿Qué ha fallado para que los dos últimos secretarios de organización del PSOE estén acusados de corrupción? ¿Ha sido un error suyo o del partido?

—En primer lugar, y sin ánimo de eludir la responsabilidad, si ha habido un error es de estas personas. Pero en segundo lugar, el error no se socializa: el error lógicamente se personaliza. Y yo lo he dicho desde el primer momento. Ese error, evidentemente, si se tiene que imputar a alguien, es a mí. A partir de ahí, creo que lo relevante es cómo se ha respondido a estas crisis. Antes veíamos connivencia, cuando no justificación, en estos casos de corrupción por parte de otras administraciones. En mi caso, no solamente he pedido perdón, sino que he actuado en consecuencia. 

Abalos y Cerdan: “Es un error mío pero lo relevante es cómo se ha respondido”

—Su hermano se sentará pronto en el banquillo y su mujer lleva dos años imputada por cinco delitos. ¿Cómo valora estos procesos judiciales? ¿Sigue confiando en la justicia después de ellos?

—Mi deber como presidente del Gobierno, evidentemente, es el de pedir a la justicia que haga justicia. Y desde luego, en el caso de mi hermano y de mi mujer, como marido y como hermano, pues trasladarles todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo.

Traslado a mi mujer y mi hermano todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo

—¿Gestionó bien el PSOE y la Moncloa las denuncias de varias mujeres contra su antiguo asesor, Paco Salazar?

—Creo que esta pregunta la hemos respondido tanto yo personalmente como la organización. Lo importante es que la organización tiene un protocolo antiacoso, que se está trabajando en su mejora y que antes o después hemos respondido a las exigencias que el movimiento feminista y, por supuesto, también las víctimas de estas supuestas agresiones han podido sufrir. A partir de ahí, creo que es como la noche y el día lo que hace la izquierda y la derecha, como es el caso del Partido Popular con el Ayuntamiento de Móstoles.

—¿Se plantea el Gobierno indultar al fiscal general?

—Siempre que hemos hablado de indultos, efectivamente, son plenamente constitucionales. Ahora mismo está en tramitación por parte del Ministerio de Justicia y cuando llegue el momento, el Gobierno se manifestará al respecto. Lo que sí creo que es importante es no olvidar cuál ha sido el posicionamiento del Gobierno de España sobre esta sentencia, que evidentemente respetamos pero no compartimos.

—¿Cree conveniente que el rey emérito regrese a España?

—No deja de ser curioso que este debate se haya sustanciado como consecuencia de la desclasificación de los archivos del 23F.

—Antes de conocerse su contenido, le acusaban de estar intentando un golpe republicano.

—Por eso digo que siempre que el PP y Vox posicionados en el ‘noísmo’: cualquier cosa que hagamos siempre se van a manifestar en contra hasta incluso cuando sea en contra de los intereses de España, como es por ejemplo el posicionamiento de la guerra de Irán o dotar de mayor transparencia a nuestra democracia, precisamente con la desclasificación de los papeles del 23F. 

Dijeron eso, dijeron también que era una cortina de humo. Y finalmente, cuando se vio el resultado de ese compromiso que asumimos con un escritor como es Javier Cercas, con la democracia española y con muchísimas asociaciones que así lo pedían, pues realmente lo que se conoció o lo que se supo es lo que ya sabíamos antes de esa desclasificación. 

En lo que respecta a la vuelta o no vuelta del rey Juan Carlos a España. Corresponde a la Casa Real. Desde luego, el posicionamiento que ha manifestado cuenta con mi respaldo y con mi respeto.

Entrevista completa a Pedro Sánchez:

Vídeo: Salvador Fenoll y Alejandro Corral

En el esquema mental de Donald Trump que establece un mundo dividido en enemigos y vasallos se coló un aliado estratégico que no parece dispuesto a seguirle la corriente. La posición adoptada por España de rechazo frontal a la guerra emprendida en Irán empaña la aspiración del inquilino de la Casa Blanca de un orden global sin contestación a sus designios y sometido a su orden y mando. Y sus amenazas explícitas de bloqueo comercial como reprimenda, lejos de acallar a Pedro Sánchez, le sirvieron al jefe del Ejecutivo español para alzar la voz contra la ofensiva militar y mantenerle el pulso a su homólogo norteamericano.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo simplemente por el miedo a las represalias de algunos”, respondió Sánchez este miércoles por la mañana desde la Moncloa a las amenazas de Trump de emprender una guerra comercial contra España. Por la tarde, y tan solo 24 horas después de esas amenazas, la portavoz de la Casa Blanca sorprendió a todo el mundo en una comparecencia en la que rebajó ostensiblemente el tono de su desafío a España. Y aseguró que el Gobierno español había reculado para ofrecer “cooperación” al ejército estadounidense. Un extremo que desmintió Moncloa sobre la marcha. “Lo desmiento tajantemente. No ha cambiado ni una coma nuestra postura y no tengo la menor idea de a qué se puede referir,” dijo José Manuel Albares durante una entrevista en la Cadena SER.

Durante su declaración institucional, Pedro Sánchez elevó el tono contra la política exterior de Estados Unidos. “La posición de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”, dijo, antes de deslizar que esta operación sobre Irán solo tiene el objetivo de tapar el propio “fracaso” de Trump y de “llenar el bolsillo de unos pocos”. No fue la primera vez que el presidente español se desmarcó de los planes de la Casa Blanca. Lo hizo con Groenlandia, Gaza, Venezuela o con el gasto militar, pero el mensaje sonó esta vez especialmente contundente.

Esa respuesta llegó apenas 15 horas después de que desde el Despacho Oval se advirtiera que la restricción al uso de las bases americanas en suelo español para la guerra de Irán podría tener graves consecuencias económicas. Según explican en el equipo de Pedro Sánchez, esa comparecencia del presidente estaba en cualquier caso decidida y fechada con anterioridad a la última embestida de Donald Trump, que pilló al jefe del Ejecutivo español de regreso del Palacio de la Zarzuela.

“La política exterior y la diplomacia requieren prudencia”, trasladaron desde Moncloa, donde remarcaron que el día elegido para la declaración institucional había sido estudiado con antelación para respetar los plazos. “El ataque se produjo el sábado y el presidente hizo una primera valoración ante la prensa en la gala de los Goya, pero no queríamos saltarnos ningún paso. La comparecencia ante una situación tan grave estaba decidida, pero queríamos que el ministro de Exteriores informara primero al Consejo de Ministros y que se produjera el despacho con el rey antes de dirigirse al país”.

Sánchez se reunió a primera de la hora de la tarde del miércoles con el rey Felipe VI. Aunque obedecía al despacho periódico que mantienen el jefe del Estado y del Ejecutivo, las fuentes al corriente de ese encuentro aseguraron que se trató de una cita algo más larga de lo habitual. Esas mismas fuentes apuntaron que la conversación giró de manera casi monográfica en torno a la escalada bélica internacional desatada desde el pasado sábado por el ataque estadounidense a Teherán. Y que Pedro Sánchez compartió con el rey la dirección de la política exterior que se disponía a confirmar públicamente al día siguiente.

“La pregunta no es si estamos al lado de los ayatolás, nadie lo está. La pregunta es si estamos a favor de la paz y de la legalidad internacional”, afirmó el presidente, que dejó un recado también a los mandatarios internacionales y especialmente europeos que han decidido no rechistar al jefe de la Casa Blanca haga lo que haga. “El seguidismo ciego y servil no es una forma de liderar”, dijo.

La frase sonó a reacción evidente a la actitud del canciller alemán, Friedrich Merz, que estaba en el Despacho Oval junto al presidente de los Estados Unidos mientras se lanzaba una amenaza explícita a su socio europeo y, lejos de desmarcarse, hizo seguidismo de esas críticas. “Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común o un mercado común, espera solidaridad”, dijo José Manuel Albares en una entrevista en TVE. El titular de Exteriores reveló que telefoneó personalmente a su homólogo alemán para trasladarle su “sorpresa” y su malestar. “No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta”, añadió Albares en esa misma entrevista.

Más allá del Gobierno alemán, cuya actitud respecto a España reprochó en las últimas horas incluso la propia prensa germana, Pedro Sánchez sí recibió un buen puñado de apoyos explícitos internacionales tras la amenaza de Trump y su exigencia del fin de las hostilidades. Lo hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, que en conversación directa con Sánchez le trasladó “la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España”. Lo hizo también la Comisión Europea, que recordó su capacidad de “actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”. Y lo hizo incluso China en boca de su ministro de Exteriores, Mao Ning, que reclamó que “el comercio” no sea utilizado “como arma ni como instrumento”. Además, a última hora de la tarde, el presidente español aseguró que había hablado con su homólogo en Brasil, Lula da Silva, con quien comparte el “deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional”.

En la Moncloa, donde afirmaron que intentaron “evitar el choque” frontal con la administración americana y mantener “un perfil bajo” respecto a la restricción de uso de las bases de Rota y Morón, trasladan su convencimiento de que la política exterior que abandera Pedro Sánchez no solo es coherente con la defensa de la legalidad internacional reclamada también en Gaza o Ucrania, sino con el sentimiento mayoritario de la opinión pública española. Y llaman a no disparar las alarmas con cada bravuconada de Trump convencidos, en realidad, de que la última amenaza puede tener tan poco recorrido como las anteriores.

El gobierno de España desclasificó más de 150 documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Entre los archivos hay transcripciones de conversaciones telefónicas, como la llamada de (presuntamente) entre el militar Antonio Tejero Molina, quien lideró físicamente el asalto al Congreso de los Diputados, y Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe.

Entre los archivos desclasificados hay información procedente del Ministerio de Interior, de la Guardia Civil y de la Policía; del Ministerio de Defensa, procedente del CNI pero también documentos del archivo histórico; y del Ministerio de Asuntos Exteriores. De los documentos se desprende que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, antecedente del CNI, “participaron activamente” en el intento del golpe de Estado y lo intentaron encubrir.

Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa, los seis agentes “o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero” o “planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto” y “posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos” durante aquella jornada.

Un episodio rodeado de incógnitas

La medida que adoptó el gobierno de Pedro Sánchez permitirá tener acceso a información hasta ahora considerada secreta sobre un episodio de la historia española aún rodeado de confusión e incógnitas.

La noticia fue celebrada por historiadores y periodistas que llevan años investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero, cuando un grupo de guardias civiles armados encabezados por el teniente coronel Tejero irrumpieron en el Congreso. La sentencia condenó a una treintena de sublevados y contribuyó a fijar un discurso oficial según el cual el fracaso del golpe se debió a la actuación decidida del rey Juan Carlos y a la lealtad mayoritaria del Ejército. Sin embargo, algunos expertos recelan de esta versión y apuntan a que aún no se conoce toda la verdad de lo sucedido.

El Boletín Oficial del Estado publicó a primera hora de este miércoles el acuerdo de Consejo de Ministros por el que da luz verde a la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado, por entender que ya no suponen un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”. El acuerdo es para “desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F. Y se hace, según el BOE, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior.

Los años pasados desde el intento de golpe de Estado —cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983— permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”, alega el Ejecutivo.

Un goteo de denuncias por acoso sexual en las filas del PSOE que empezó con el caso Salazar que destapó elDiario.es; dos exsecretarios de Organización implicados en una trama de corrupción de amplio alcance; registros de la UCO en empresas públicas; un expresidente de la SEPI detenido; la oposición, al acecho y la vicepresidenta segunda y socia de Gobierno que aprovecha para pedir una remodelación en profundidad del gabinete porque “así no se puede seguir”.

El cuadro que proyectan las últimas semanas políticas de Pedro Sánchez no puede ser más inquietante para los socialistas. Y aun así el presidente de España trata de recuperar el control mientras sus ministros se conjuran, unos para mantener “la templanza” y otros, para “seguir en el estajanovismo”. Todo para seguir en el Gobierno y sortear un tsunami de desavenencias de consecuencias hoy incalculables. 

¿Fin de ciclo? ¿Descomposición? ¿Extenuación? A juzgar por los testimonios de algunos dirigentes, ni es el momento de convocar elecciones anticipadas “ni la realidad del día a día es la que trazan los medios de comunicación sincronizados con la derecha política, policial, judicial y mediática”. Un análisis que no comparte en su integridad un ministro de Sánchez: “Se mezclan varias cosas y todas son verdad, si bien es cierto que hay un furor por sacar temas que erosionan al Gobierno. En todo caso, debemos seguir a lo nuestro, que es el estajanovismo. Cada día tiene su afán y no podemos perder los nervios porque esto no es el final de nada”. La receta: “Quien meta la mano en la caja, fuera, y quien acose a una mujer, fuera”.

¿Hasta cuándo se puede aguantar en estas condiciones? Sánchez no emite señales de que esté en su horizonte inmediato convocar elecciones, aunque la oposición las pida hoy con la misma urgencia que las demandaba al día siguiente de que se formara gobierno en 2023. Es más, su intención es sustituir sólo a Pilar Alegría como ministra de Educación y portavoz en las próximas semanas una vez convocadas las elecciones en Aragón, donde asumirá el cartel electoral del PSOE con nulas posibilidades de éxito. En el Consejo de Ministros de la próxima semana, el penúltimo antes de la Navidad, Alegría seguirá ocupando su sitio, si bien todo indica que será el próximo martes su última intervención como portavoz del Ejecutivo.

En La Moncloa hay un profundo malestar con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, por reclamar durante una entrevista en la Sexta un cambio profundo del gabinete de Sánchez porque “así no se puede seguir”. Entre quienes creen que “no desaprovecha una ocasión para buscar foco” y quienes ironizan sobre la hipótesis de que “la primera que debería cesar en el Gobierno es ella misma”, también hay quienes la invitan a marcharse voluntariamente “si tan insostenible es la situación”. En todo caso, la respuesta oficial a la también titular de Trabajo es que en el actual Gobierno “no hay nadie vinculado con casos de corrupción” y que los involucrados, como fue el caso de José Luis Ábalos, ya salió del Ejecutivo, antes incluso de que se supiera su implicación en la trama corrupta.

Un calvario electoral que arranca en Extremadura

Lo que nadie duda, en todo caso, es que el nuevo ciclo electoral que Extremadura inaugurará el próximo día 21 será un calvario para los socialistas y una auténtica debacle para el candidato Gallardo. Unas expectativas muy similares a las que se tienen respecto a Pilar Alegría en Aragón, cuyo presidente, Jorge Azcón, llamará a las urnas el 8 de febrero. Si la candidatura de Gallardo nació ya muerta por su imputación por el caso del hermano de Sánchez, la de Alegría la chamuscó ella misma el día que decidió almorzar con Salazar, que ya acumulaba ese día al menos dos denuncias por acoso sexual, la fotografía del encuentro salió publicada en Artículo 14 y reactivó el interés de las denunciantes por la tramitación de sus procedimientos.

En Castilla y León, cuyos comicios se celebrarán en marzo, la predicción para el socialista Carlos Martínez tampoco es demasiado halagüeña, pues la suma de PP y Vox que es la que hizo posible el gobierno actual no esté en peligro. María Jesús Montero, en Andalucía, no parece que esté en condiciones de arrebatar el poder a Moreno Bonilla, que mantiene un suelo electoral sólido, pese a que esté en riesgo la mayoría absoluta. Más que a sus propios resultados, el PSOE fía todo al auge de Vox.

El socialismo andaluz bulle como no lo hacía desde los tiempos más intrigantes de Susana Díaz. Y es que la detención del expresidente de la SEPI, estrecho colaborador de la también ministra de Hacienda, puso a Montero en la picota de un sector del partido en Andalucía, que aprovechó además el caso Salazar para poner en cuestión el compromiso feminista de su secretaria general y su supuesta complicidad con quienes trataron de tapar el escándalo desde la federación sevillana. Montero como Alegría fueron dos de las dirigentes que, cuando elDiario.es publicó las primeras denuncias en junio, participaron en la caza de brujas que se desató en Moncloa y en Ferraz en busca de quiénes eran las denunciantes.

Todo conduce a una lenta, pero inexorable agonía de un partido con claros síntomas de abatimiento y en el que solo Sánchez y sus más estrechos colaboradores confían en recuperar el control desde “la tranquilidad y la paciencia” ante los casos de corrupción y con la “contundencia” como respuesta frente a los casos de acoso sexual. Una firmeza que quedó en evidencia con el caso Salazar hasta que este periódico desveló la falta de diligencia de Ferraz en la tramitación de las denuncias y los cinco meses transcurridos entre que las víctimas registraron sus escritos y la llamada comisión anti acoso y las responsables de Organización y de Igualdad se interesaron por el asunto. 

Siempre que llueve, para. Es el mantra que repiten en La Moncloa quienes se declaran fervientes seguidores de la doctrina de los estoicos para convertir los obstáculos en oportunidades, cultivar la imperturbabilidad y actuar con templanza. Es la versión 5.0 del Manual de Resistencia del presidente del Gobierno. Y esto a pesar de que ya hay dirigentes que no ocultan la sensación de desmoronamiento y otros andan tomando posiciones para un día después -el de la caída de Sánchez de la primera línea- que aún está por determinar. 

Si hay algo que el líder del PSOE aprendió a ignorar son las voces críticas de su partido. Le beneficia que hasta ahora no hay una estructura organizativa en torno a los habituales críticos, que en su mayoría ya salieron de la primera línea con la llegada de Sánchez a la secretaría general. Quienes más ruido hacen en los medios suelen ser los que carecen de influencia entre las bases y entre la dirigencia que, en su mayoría, por cierto, fue aupada por Santos Cerdán.

Lo que sí lo inquieta al presidente es la desmovilización de los cuadros y del electorado socialista, en especial la del sector femenino, un voto que fue decisivo en el resultado de 2023 e hizo posible la reedición del gobierno de coalición. Tampoco pierde de vista a quienes desde dentro o fuera de la mesa del Consejo de Ministros albergan, para el futuro, anhelos sucesorios y que, de momento, tendrán que esperar porque si algo tiene interiorizado Sánchez es que, sean cuando sean las generales, será el quién ocupe el cartel electoral. Al menos es lo que piensa hoy. Mañana, ya veremos porque en el PSOE cualquier cosa es posible porque en esa organización los futuros, lejos de estar escritos, son imprevisibles.

El escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Pedro Sánchez tuvo este jueves un nueva vuelta con la detención ordenada por el juez Leopoldo Puente del ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y a quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes, Koldo García, por el “extremo” riesgo de fuga que se da en los dos casos. La Fiscalía había solicitado que su entrada en la cárcel no pueda ser eludible bajo fianza al apreciar la posibilidad de que decidieran escapar a la acción de la Justicia por las elevadas condenas de prisión a las que se exponen en la causa centrada en los contratos de barbijos durante la pandemia.

Ábalos y García están procesados por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Ambos serán trasladados a la prisión de Soto del Real, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El juez del Tribunal Supremo dictó el pasado 3 de noviembre un auto en el que cerraba la investigación del caso mascarillas y proponía juzgar a Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Días después, las acusaciones formularon sus escritos de calificación, en los que reclamaron condenas de hasta treinta años de cárcel para los dos primeros y pidieron revisar las medidas cautelares que pesaban sobre ambos.

Hasta ahora, debían comparecer cada 15 días en el juzgado y también se les había retirado el pasaporte. Este jueves, el juez ha decidido que no son medidas suficientes para conjurar el riesgo de fuga y que la prisión provisional es el “único instrumento posible ya” para asegurar que el juicio sobre los contratos de barbijos bajo sospecha se celebra en “apenas unos meses”. Puente alude a los “consistentes indicios” que pesan sobre ambos y a las altas penas que reclaman las acusaciones.

El juez razona que el riesgo de fuga es tal que aunque fueran condenados a las penas mínimas de los delitos que se le imputan “el conjunto de todas ellas aún significaría una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los diez años de prisión. En concreto, doce años y medio de prisión.

Dinero para “emprender y sostener la fuga”

Sobre Ábalos, el instructor afirma que en la causa constan indicios “bastantes” de que ha podido “recibir y manejar” importantes cantidades de dinero en metálico lo que permite “inferir razonablemente” que pudiera disponer de recursos económicos bastantes para “emprender y sostener la fuga”.

El instructor alude, además, a los “más que evidentes” contactos internacionales del exministro. Y cita, en este punto, “el hecho de que disponga en determinados países hispanoamericanos de algún bien inmueble”, su vinculación familiar a la fundación Fiadelso o los ingresos periódicos que recibió de uno de sus hijos que, según su defensa, corresponden a un préstamo. 

El juez añade como argumento de la prisión provisional que esta, necesariamente, no se prolongará más de “unos meses” y que la sentencia del Supremo será firme, por lo que no hay riesgo de que la medida se acerque a los límites legales. Tampoco puede ignorarse, continúa, que Ábalos está investigado en la pieza de la adjudicación de obras que instruye el propio Puente.

Suspensión como diputado

El juez ordena que se ponga en conocimiento del Congreso el auto en el que ordena el ingreso en prisión de Ábalos, así como el que dictó hace tres semanas para el procesamiento de los tres investigados. El magistrado se refiere a la condición de diputado de Ábalos y afirma que su encarcelamiento no “cercena” ni “menoscaba” el derecho de sus votantes a ser representados. Añade, además, que el efecto de la prisión provisional sobre su actividad parlamentaria es una decisión que “corresponde adoptar al Congreso de los Diputados en aplicación del Reglamento que lo regula”.

Tras trascender la decisión del juez, el Congreso inició los trámites para suspender a Ábalos como diputado. La Presidencia de la Cámara ha enviado un oficio al Tribunal Supremo para que certifique la decisión del magistrado e “iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso”, indican fuentes parlamentarias. 

Fuentes del Congreso aseguran que Ábalos perderá su derecho a participar en las votaciones parlamentarias. Además, en el caso de que la Cámara llegase a disolverse, por la convocatoria de elecciones, y él siguiera en prisión, Ábalos no tendría derecho a percibir la indemnización que contempla el Congreso para los parlamentarios cuando dejan de serlo.

El juez rechaza el argumento de que el medio de vida de Ábalos son sus retribuciones como diputado, que pierde con el ingreso en prisión. Dice el juez que eso no aleja el riesgo de fuga porque el juicio se celebrará pronto y una condena también acabaría con esa prestación económica.

Los contactos internacionales de Koldo

Los argumentos para la prisión de Koldo García son casi idénticos que los utilizados con Ábalos, excepto en los que se alude a la condición de diputado de este último. El juez se refiere a los “más que evidentes” contactos internacionales de Koldo García. Unos contactos que, a su juicio, fundamentan la existencia de un “inasumible incremento del riesgo” de fuga.

El juez asegura que esas relaciones están acreditadas por el trabajo de asesor para empresas e inversiones en Hispanoamérica que desarrolló después de salir del Ministerio, así como por las relaciones que entabló en el extranjero cuando estaba en Transportes. Estas últimas incluían tanto a autoridades como a particulares y empresas de dichos países.

La pieza que lleva a prisión a Ábalos y Koldo García es diferente a la que se sigue instruyendo por el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que salió de la cárcel recientemente tras pasar casi cinco meses en prisión. 

En un tiempo marcado por la inmediatez, donde las redes imponen el ritmo y las noticias caducan en horas, vivimos atrapados en una memoria de corto plazo, donde el ayer se olvida con rapidez y el mañana apenas se vislumbra. Esta mirada limitada al ahora tiene un nombre, sesgo del presente, y nos hace creer que lo que vivimos hoy fue siempre así. Esa visión sesgada condiciona nuestra percepción de la realidad. Y se hace muy presente en días como el de hoy, en los que recordamos que la España de este 2025 se parece muy poco a la de aquel 1975.

Aquel 20 de noviembre no sólo marcó el final de la última dictadura de Europa Occidental. Sino el comienzo de un viaje que había de llevarnos a recuperar la libertad y la prosperidad y a reconquistar la democracia perdida.

Un viaje que, visto hoy con perspectiva histórica, representa una historia de éxito casi única: pasar de una dictadura represiva a una democracia plena; de ser un país pobre y aislado, a uno próspero e integrado en el mundo. Se trata de un logro excepcional que muy pocos han conseguido. De entre casi cien países con más de diez millones de habitantes, solo cuatro han seguido un camino similar en los últimos cincuenta años.

Una excepcionalidad que no podemos permitirnos olvidar, al menos por dos razones. Primero, porque no reconocer la magnitud de la transformación política económica y social de nuestro país nos impide ser justos con nuestro pasado y nuestro presente.

Y, en segundo lugar, porque olvidar ese pasado implica ignorar a los grandes protagonistas de esta transformación. Protagonistas que no figuran con sus nombres en los libros de historia. Y que tampoco son recordados en el callejero de las ciudades donde se manifestaron, en los campus que tomaron, en las parroquias en las que se refugiaron o en las fábricas donde lucharon por su dignidad laboral.

Porque, si bien es justo reconocer a quienes, desde posiciones de responsabilidad, tuvieron la visión política y el espíritu de concordia necesarios para encauzar una democracia aun frágil, también lo es recordar que la democracia no cayó del cielo. No nació de una coincidencia feliz ni de un consenso súbito entre élites convencidas de que el cambio era inevitable. Tampoco fue una concesión generosa, al estilo de las cartas otorgadas del siglo XIX.

Fue el pueblo español el que tiró hacia adelante en los momentos de duda. El que arrancó las libertades que habrían de plasmarse poco después en nuestra Constitución. El que tomó pacíficamente las calles cuando fue necesario, para rendir tributo las últimas víctimas de una dictadura que se resistía a desaparecer. El responsable de que la única desembocadura posible de la transición fuera una democracia moderna y libre.

Fueron los trabajadores y las trabajadoras quienes lucharon por salarios justos, condiciones laborales dignas y pensiones que garantizasen una vejez segura. Fueron las mujeres españolas quienes se dejaron la piel –y algunas, la vida– para conquistar una igualdad legal que les permitiera soñar en libertad y vivir con autonomía. Fue la juventud la que empujó a sus mayores a aceptar un país más libre, más igualitario y con más oportunidades. Fueron ellos y ellas los verdaderos padres y madres de la democracia que hoy disfrutamos.

Esos avances pueden parecernos obvios hoy, en un país plenamente integrado en la Unión Europea, rodeado de socios democráticos y sociedades abiertas. Nos hemos acostumbrado a convivir con libertades, derechos y prosperidad, hasta el punto de dar por sentado que siempre estuvieron ahí. Pero no es así. La España de hoy es casi un milagro que solo se ha podido construir con el trabajo y el esfuerzo diario de millones de españoles y españolas.

Y no hubiera sido posible sin nuestra democracia.

Hoy sabemos que las democracias crecen más, lo hacen de manera más sostenible, protegen mejor a sus sociedades frente a las adversidades, son más resilientes a las crisis económicas, canalizan mejor los conflictos, pagan mejores salarios y son más pacíficas que los países que no tienen la suerte de serlo.

Ninguna democracia –tampoco la nuestra– es perfecta. Queda mucho por hacer para forjar la España que queremos y podemos llegar a ser, con más oportunidades, más derechos y menos desigualdad. Ser conscientes de ello es lo que nos hace avanzar y mejorar.

Por eso, es precisamente ahora, cuando algunos idealizan regímenes autoritarios y se aferran a la nostalgia de un pasado que nunca fue, cuando debemos dar un paso al frente en defensa de una libertad que durante tantos años nos fue arrebatada.

Y cuando nos pueda el pesimismo y el ruido de la política y la confrontación no nos permita ver la luz al final del túnel, recordemos que habitamos en un país único. Que vivimos en un presente que representaba una posibilidad ínfima hace cincuenta años. Y que España, los españoles y las españolas no dejarán nunca que ese milagro desaparezca.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “ataques antiisraelíes y antisemitas” tras el anuncio de una serie medidas por el genocidio en Gaza, entre ellas un decreto para establecer un embargo de armas. En represalia, el Gobierno de Benjamín Netanyahu también anunció que prohíbe la entrada al país de las ministras españolas Yolanda Díaz y Sira Rego.

“El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio”, escribió Saar en X unos minutos después de la intervención de Sánchez este lunes. “El intento del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas es evidente”, agregó.

También sostuvo que el Gobierno tiene una “naturaleza peligrosa” y que ejerce un “activismo obsesivo” que “tiene de trasfondo sus vínculos a regímenes dictatoriales y oscuros: desde el régimen de los ayatolás en Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela”. “Es notable la falta de conciencia histórica respecto a los crímenes de España contra el pueblo judío, incluidos los de la Inquisición, las conversiones forzadas y la expulsión de los judíos”.

Sobre la decisión de impedir la entrada de las ministras al país, una medida que dice haber tomado “con el consentimiento del primer ministro”, sostiene: “Es evidente que Díaz, líder del partido extremista 'Sumar', se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita”.

Además, Saar anunció una política de no contacto con ambas ministras, justificada en su llamado al boicot de productos israelíes, la calificación de Israel como “Estado genocida” y el haber celebrado el reconocimiento español en mayo de un Estado palestino diciendo que “solo es el primer paso para la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar”.

“Se tomarán decisiones adicionales posteriormente, en consulta con el primer ministro (Benjamín Netanyahu)”, dijo el ministro israelí.

El Gobierno: “No nos dejaremos amedrentar”

El Ministerio de Exteriores rechazó esas acusaciones, así como la prohibición de entrada en el país a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego: “El Gobierno de España no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos”, escribieron en un comunicado.

“El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles, así como la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España”, señala el Ministerio.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, se mostró “orgullosa” después de conocer que el Gobierno de Israel le prohibió la entrada al país, así como a la ministra de Juventud e Infancia. “Es un orgullo que un estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada a Sira Rego y a mí. Vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo Palestino le guste al señor Netanyahu o no”, escribió en un post de Bluesky.

Nueve medidas contra el genocidio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de nueve medidas nuevas contra el genocidio, entre ellas un decreto para establecer por ley el embargo de armas a Israel por el genocidio en Gaza. La segunda medida será la “prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes”. También se denegará la entrada al espacio aéreo español a las “aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel”.

Sánchez también anunció “la prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza”. No obstante, no especificó a quiénes exactamente afectarán esas sanciones. Por el momento, algunos países europeos, Reino Unido, Canadá o Bélgica, las impusieron a los dos ministros israelíes más ultras, los titulares de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y Finanzas, Bezalel Smotrich, por “incitar” a la violencia contra la población palestina. La imposición de sanciones en el marco de la UE se resistió desde el inicio de la masacre por la complicidad de algunos países, como Alemania o Hungría, con Israel. Sólo se impusieron a un puñado de colonos violentos.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, en la que ha matado a más de 63.000 personas, más de 18.000 de ellas niños. 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes nueve medidas contra Israel ante el “genocidio” en Gaza. El mandatario hizo este anuncio en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa para informar de las nuevas iniciativas que el Ejecutivo adoptará ante Israel. Una de las medidas más importantes es la creación de una ley para imponer el embargo de armas a Israel.

Estas son todas las medidas anunciadas por el presidente de España:

1. La aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel.

2. La prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes.

3. La denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.

4. La prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

5. La prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

6. La limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

7. El refuerzo de nuestro apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica.

8. La ampliación de nuestra contribución, de la Contribución Española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales

9. El aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026.

“Estas nueve medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos dos años”, detalló Sánchez.

El cineasta Pedro Almodóvar publicó un video a través de su productora El Deseo para apoyar una vez más a Palestina y denunciar el genocidio en Gaza. Lo hizo como parte de la campaña #AccionesYa, que ha comenzado Almodóvar con la intención de que la gente pueda hacer preguntas o peticiones para acabar con el genocidio y manifestarse en contra del mismo.

“Pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero”, declaró Almodóvar en el video compartido en Instagram. “También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa”, agregó.

El director de cine animó a la gente a sumarse a la iniciativa: “Si tú también tienes una pregunta o petición que hacer, grábate, usa el hashtag #AccionesYa y etiqueta a @artistasconpalestina”. Anteriormente, en junio, Almodóvar fue uno de los 1.800 nombres de la cultura que firmó por la paz en Gaza. “Hacemos una llamada urgente”, declararon en aquel momento personalidades como Rosa Montero o los hermanos Bardem.

Protestas en Venecia

La catástrofe humanitaria que está dejando el genocidio también llegó hasta el Festival de Cine de Venecia, que comienza este miércoles. Un amplio grupo de organizaciones culturales y activistas italianas e internacionales han anunciado su intención de utilizar la plataforma del festival para protestar contra Israel. Lo han hecho desvelando una pancarta con el lema “Palestina Libre” antes de la ceremonia inaugural, frente a la famosa alfombra roja por la que desfilarán diferentes actores, directores y productores.

Como recoge el medio especializado The Hollywood Reporter, un par de docenas de activistas ondearon banderas palestinas y desplegaron una pancarta que decía “Palestina libre. Alto al genocidio”. El grupo se manifestó gritando lemas como “Palestina libre” y “Alto al genocidio” antes de que los portavoces se dirigieran a la prensa que estaba allí reunida para dar inicio a lo que había sido anunciado como una conferencia de prensa, durante la cual pretendían revelar sus planes para el festival.

Entre las organizaciones que apoyan la protesta se encuentran, como indica el medio estadounidense, sindicatos, grupos antirracistas y feministas, colectivos estudiantiles, activistas ambientales, asociaciones religiosas y pacifistas, y organizaciones culturales, políticas y comunitarias locales de toda Italia, junto con grupos comunitarios palestinos, ONGs como Emergency y Mediterranea Saving Humans, y redes internacionales como Extinction Rebellion y Refugees Welcome.

Hoy más que nunca la democracia en el mundo está en riesgo y, por lo tanto, en principio nadie podría oponerse al encuentro que reunió a un selecto grupo de presidentes progresistas de Iberoamérica, esta semana en Santiago. La democracia es uno de los principales pilares del sistema político y de la sociedad moderna. Se da por sentada y muchas veces se olvida su importancia hasta cuando se pone en riesgo. Y vaya que ha estado en riesgo en el último tiempo. En Chile hace estuvo en riesgo el 12 de noviembre de 2019, el día que estuvimos al borde de un quiebre institucional, en pleno estallido social. Pero que se evitó, en gran medida, gracias a un acuerdo constitucional que, tres días después, unió a la mayoría de las fuerzas políticas –derecha e izquierda–, con la excepción del Partido Comunista y el Frente Amplio, que dejó sólo al entonces diputado Gabriel Boric.

Por lo mismo no tengo dudas sobre el compromiso democrático del presidente Boric, quien a diferencia de su sector pensó en los chilenos y se atrevió firmar el acuerdo constituyente. Tampoco dudo de la transformación que ha mostrado el mandatario chileno hacia el socialismo democrático, pues la dura realidad terminó imponiéndose a la ideología trasnochada con la que llegó a La Moneda.

Sin embargo, al igual que muchos chilenos, tengo dudas sobre el compromiso democrático de los sectores más radicales que lo apoyan. Los mismos, que no solo se abstuvieron de respaldar la salida democrática a la crisis social de 2019, sino que, en su momento, se embriagaron con la posibilidad de hacer caer a un Presidente (Piñera) en democracia, a través de una acusación constitucional. Y que luego, intentaron refundar el sistema político, económico y social de Chile con una propuesta constitucional refundacional e indigenista, que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía. Tengo dudas del nuevo discurso populista que usa instrumentalmente las palabras seguridad y crecimiento, y que, al mismo tiempo, impulsa o frena proyectos que van en contra de estos conceptos.

Por estas razones –a las que se suma la candidatura presidencial de Jeannette Jara, quien pertenece a un partido internacionalista y refundacional que no ha dado precisamente ejemplos de democracia plena, con un historial de apoyo a regímenes autoritarios en la región–, llama poderosamente la atención que el presidente Boric haya decidido impulsar este encuentro que busca que el progresismo internacional se apropie de la defensa de la democracia, desde una altura moral que les queda grande y como si fuera un bien exclusivo que solo puede ofrecer la izquierda.

La cumbre “Democracia Siempre” culminó con una declaración conjunta que relevó la defensa de la democracia y el multilateralismo, la desinformación y las tecnologías digitales, y los extremismos vinculados a la desigualdad. El documento final –firmado por los mandatarios de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro), Uruguay (Yamandú Orsi) y el presidente del Gobierno español (Pedro Sánchez)– propone, entre otras medidas, reformar el sistema de gobernanza internacional, fortalecer la diplomacia democrática, promover la transparencia algorítmica y crear un observatorio de juventudes frente al extremismo.

La declaración también hace un llamado a un alto el fuego en Gaza y a facilitar el acceso humanitario sin restricciones, lo cual es un punto loable. Sin embargo, el documento evita referirse a situaciones internas de los países participantes, como las investigaciones por corrupción que afectan a algunos de sus líderes, o las crecientes tensiones sociales y económicas que atraviesan sus gobiernos. Tampoco se mencionan los regímenes autoritarios de Nicaragua, Venezuela o Cuba, omisiones que fueron cuestionadas con vehemencia desde sectores de la oposición chilena y de la centroderecha regional, quienes acusaron una evidente doble moral en la defensa de la democracia.

Desde el histórico Patio de Los Cañones de La Moneda, el presidente Sánchez, fue el más frontal y denunció la existencia de una “internacional del odio y de la mentira” que, a su juicio, avanza peligrosamente por nuestros continentes. Sus criticas apuntaron a la “ultraderecha” y la “derecha tradicional” que, según él, ha “desertado de esa labor histórica” y “ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha”.

Petro invitó a reflexionar sobre los riesgos que acechan al multilateralismo, Orsi llamó a evitar el crecimiento de los extremismos con acciones concretas contra la desinformación y una defensa férrea de nuestras instituciones y Boric, afirmó que “la democracia está bajo ataque en diferentes partes, desde diferentes sectores políticos”, cuestionando a los críticos de la oportunidad del encuentro.

Entendiendo que Gabriel Boric, a meses que termine su gobierno, esté tratando de perfilarse internacionalmente, como lo hizo Michelle Bachelet en sus dos gobiernos, esta cumbre de líderes progresistas puede terminar teniendo efecto sobre la vida de todos las chilenas y chilenos. Partiendo por la profundización de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, que ya impuso un arancel del 50% al cobre, el principal producto de exportación chileno. Aunque el gobierno de Boric ha intentado desvincular esta medida de la cumbre, argumentando que responde a intereses industriales de EEUU, la óptica desde Washington podría ser otra. Un encuentro de líderes que critican abiertamente la “ultraderecha” y el “reaccionarismo” podría ser interpretado como una señal política, potencialmente influyendo en futuras decisiones comerciales o diplomáticas de una administración estadounidense que prioriza el “America First” y que no duda en usar la presión económica como herramienta. Por lo tanto, esta cumbre no es simple encuentro de líderes progresistas preocupados por la democracia, es también una declaración geopolítica que podría tener repercusiones en un momento de alta sensibilidad económica en los países que participaron.

En un mundo donde la democracia es vulnerable, la verdadera fortaleza de la democracia no reside en la autoafirmación de un solo sector, reside en la capacidad de todos los actores políticos, de izquierda a derecha, de reconocer sus propios límites, de practicar la autocrítica y de comprometerse con la defensa irrestricta de las instituciones y los valores democráticos, sin excepciones ni dobles estándares. La verdadera defensa no admite exclusiones ni dobles discursos y nos exige a todos, sin importar la trinchera política, reconocer que la amenaza no solo viene de un flanco, y que la fortaleza de nuestras instituciones se construye con la coherencia y la convicción de cada actor. Solo así seremos capaces de construir una defensa genuina y creíble de la democracia, que no sea percibida como una táctica política que al final termina debilitándola aún más.

ERM/MG

Si la corrupción fuera un robo a un banco, la empresa y el político serían el cerebro de la banda criminal y el funcionario corrupto, el ladrón que irrumpe con la pistola. En los amaños como los conocidos en grabaciones del caso Koldo/Ábalos/Cerdán, se necesita un “triángulo”, como explica Joan Llinares, auditor de profesión y, hasta hace poco, director de la Agencia Antifrau de la Comunitat Valenciana, desmantelada de funciones tras la llegada del Gobierno de PP y Vox.

En ese triángulo se habla mucho del político, “poco de la empresa y casi nada del funcionario”, explica este experto, conocido por destapar la trama del Palau de la Música de Barcelona, en la que se descubrió malversación y coimas de más de 6 millones para Convergència a principio de los 2000.

¿Cómo es posible? “Con la ley en la mano, en el marco teórico es imposible que haya corrupción, porque tenemos una normativa procedimentalista, ya no puedes blindarlo más desde la ley. Llevamos muchos años y esto no para, no disuade”, explica Felio José Bauzá, catedrático de derecho administrativo de la Universitat de les Illes Balears y administrador civil del Estado en excedencia. Aun así, las soluciones apuntadas tras el caso de corrupción en el PSOE, que Sánchez ha presentado en un pleno monográfico en el Congreso, van encaminadas a endurecimientos legales, a la vigilancia del dinero de partidos y a auditorías de empresas. El problema es que la ley las aplican las personas, capaces de moldearlas y encontrar recovecos de sombra, explican quienes tratan con la corrupción, y ese es el principal problema, además de una cultura tolerante con las trampas.

De hecho, la radiografía de una adjudicación deja claro que la corrupción empieza antes de que se redacte la primera línea de un pliego o un contrato. “El proceso se inicia cuando una institución quiere contratar. Tiene que hacer un informe que explica que es necesario buscar en el mercado ese bien o servicio, otro informe que justifica que es algo que no se puede hacer con medios propios y ahí ya vemos un problema, porque en ese momento se informa de una horquilla de precio. Para saber ese precio ya hay que acudir a empresas del mercado. Por ejemplo, el alcalde que quiere comprar 500 sillas tiene que preguntar a una o varias empresas de sillas para poner una cifra”, explica Bauzá, que apunta a que ahora la ley permite que la empresa que te dio el precio de referencia se presente, algo que estaba prohibido antes de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

Esa ley es muy estricta con el proceso y los plazos. Tanto, que solo las grandes empresas tienen departamentos jurídicos y administrativos capaces de presentarse a concurso de la magnitud de construir carreteras o túneles como los de Belate, lo que reduce mucho la competencia, donde reside otro peligro de corrupción.

En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras: Acciona –la que aparece en el auto del caso de Santos Cerdán–, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr. La CNMC reveló que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos de carreteras, hospitales o aeropuertos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. “Pusieron a los mejores estudios de abogados de España a recurrir”, recuerda Llinares, y el caso a la espera de resolución judicial tras los recursos que presentaron las constructoras. Según la CNMC, en España se pierden alrededor de 40.000 millones de euros anuales por la falta de competencia en la contratación pública.

En este tipo de corruptela no es estrictamente necesaria la participación de un político o un funcionario, sino que es una concertación ilegal de precios y estrategias entre ellas que no se detecta desde la administración, pero a veces se recurre a otros trucos de amaño que sí implican a empleados públicos o altos cargos, como en el caso del ministerio de Fomento en la época de Ábalos.

Cómo es la corrupción de un contrato

El líder de un ministerio y su equipo de confianza son quienes deciden las líneas básicas de gasto e inversión y, en el caso de Fomento, qué obras se van a priorizar en España. Decide si se hará un puente en Sevilla o se gastará el dinero de ese año en un túnel en Cantabria. En ese momento, antes de que se inicie el proceso legal, se da indicación a uno o varios altos cargos y/o funcionarios de quién se quiere que gane el concurso. ¿Cómo se puede conseguir ese objetivo? Se puede amoldar las condiciones de los pliegos a las características de la empresa o darle información previa bajo mano. Luego, se aprovecha la parte subjetiva que tienen todos los concursos públicos para darle más puntos que al resto.

En las licitaciones públicas hay una parte objetiva, que es el precio, y que favorece a quien haga la oferta más económica. Pero hay una parte técnica, que es subjetiva a valoración de una especie de tribunal llamado mesa de contratación. “Ahí no hay políticos, sino técnicos. Puede haber un auditor , el secretario, el jefe jurídico y alguien de la rama de conocimiento de lo que se está sacando a concurso”, explica Bauzá, consejero también del Observatorio de Contratación Pública. Se valoran las calidades, el personal que se destina a la obra, las mejoras que se hayan ofrecido respecto a lo que se pedía en el pliego... Ahí es donde el juez Leopoldo Puente cree que se dio ventajas a Acciona, subiendo la puntuación de sus ofertas.

Pero, además, hay otro truco clásico de los corruptos: la empresa se presenta con un precio muy bajo que le supondría casi pérdidas para obtener puntos en el concurso, pero habiendo pactado de antemano con el político o el funcionario que, durante la ejecución de la obra, se va a subir un 20% el precio, tal y como permite la ley en casos extraordinarios. Es algo que el magistrado del caso de los amaños en Fomento también apunta en su investigación. Entre el 10% y el 30% del dinero en una obra pública, según la OCDE, se pierde por malas prácticas y corrupción, según un informe de Competencia.

“Para que pueda suceder todo esto tiene que haber una tecnoestructura putrefacta que da apariencia de legalidad a todo”, dice Llinares, que puntualiza también que, entre el funcionariado, “hay gente muy honesta, que incluso se enfrenta a problemas por serlo, pero hay otros que no han entrado siempre por mérito y capacidad y son incluso muy activos para hacer favores”.

“Es que hemos visto pliegos públicos que se han redactado directamente desde ordenadores de la empresa que ha acabado ganando el concurso”. También ha vivido alguna experiencia personal: “Cuando empecé mi carrera como auditor, en los años 80, me ofrecieron 150.000 pesetas por hacer un informe, y yo ganaba 80.000 al mes”. Los controles han mejorado, las leyes se han endurecido. Pero hay espacio aún para las presiones, los amaños y las tentaciones corruptas entre esa tecnoestructura.

Eider Sarria –funcionaria, experta en auditoría y prevención de conflicto de interés– concuerda en que “cuando ves el procedimiento es inmaculado, el Tribunal de Cuentas lo daría por bueno, pero hay que establecer una buena red de controles previos porque el riesgo se inicia antes, en la preparación de los expedientes y es ahí donde hay que estar atentos”

La arquitectura española de control es interna (los auditores, que los hay en ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado) y externa (Sindicatura de Cuentas y Tribunal de Cuentas). A veces todo falla o, sin fallar, no tiene recursos o capacidad de ver o probar amaño si ningún protagonista alerta. A veces se alerta, pero el sistema silencia al denunciador.

Llinares pone como ejemplo el caso de la privatización de las ITV de la Comunitat Valenciana que ha supuesto la condena a cárcel de Eduardo Zaplana: “El auditores que formaba parte de la mesa de contratación dejó escrito que el contrato podía generar perjuicios económicos a la Generalitat. Ese funcionario desapareció de la mesa. El nuevo auditor que pusieron lo dio todo por bueno y centró la concesión en lo técnico y no en lo económico. Los Cotino –la familia del exdirector de la policía que se hizo con la concesión– se llevaron el concurso y licitaron 40 millones de euros de plusvalía. Además, se subieron las tarifas de las ITV a los ciudadanos. Ese auditor que permitió el contrato está hoy en ejercicio”, resume. De momento, no se han reclamado esos 40 millones de perjuicio para las arcas de la Generalitat que el primer auditor ya previó.

Solo una condena judicial o administrativa puede apartar a un funcionario de su puesto –aunque hay también procedimientos de multa o reprobación– o puede prohibir a una empresa corruptora presentarse a concursos públicos. Pese a que estos días se piden cambios para apartar a las corruptoras, la ley ya contempla como castigo que una empresa que ha amañado concursos quede inhabilitada para presentarse a más licitaciones por un periodo de tiempo o en un ámbito geográfico. Pero es una pena que debe constar específicamente en la condena, y no siempre lo está.

Por otra parte, no se puede apartar a la empresa hasta que haya una sentencia firme, que puede tardar años. En otros casos, pese a que pueda haber indicios de corrupción, si no se puede demostrar judicialmente el amaño, pueden seguir presentándose y llevándose millones de dinero público en contratos con la administración. Tras la DANA, el gobierno de Mazón está sacando contratos de emergencia (que se pueden dar a dedo y con muchas menos garantías de fiscalización) a empresas relacionadas con tramas corruptas en esa comunidad.

El caso de los funcionarios es aún más difícil de probar el ilícito, porque los procedimientos en los que participan se han amoldado a una apariencia legal, y solo si hay mails o mensajes que han dejado rastro se puede hablar de evidencia de su participación consciente en la corruptela.

Posibles soluciones

“La ley requiere de su aplicación por parte de personas. Si no hay conciencia social y ética, es complicado. Los sistemas se han implantado por imposición, por ejemplo por las indicaciones de la Unión Europea en su desembolso millonario de fondos, pero si no hay convicción es complicado que los sistemas de integridad sirvan para el propósito para el que han sido diseñados”, explica la experta Eider Sarria.

Los inspectores Hacienda agrupados en el sindicato Gestha, que también representa al cuerpo de auditores, han propuesto también soluciones. Además de criticar que se hayan desmantelado oficinas Antifraude como la de Baleares con la llegada de Vox a los gobiernos autonómicos, proponen “desconcentrar el poder de decisión de la contratación mediante la decisión tomada en órganos colegiados en todos los casos, para dificultar que se produzcan injerencias políticas o empresariales, es decir, alejar la toma de decisión”. O “que las Fiscalías pidan en todos los procesos penales por fraude y corrupción que las sentencias incluyan la prohibición de contratar en el sector público” en las horquillas que prevé el Código Penal.

Llinares apunta más soluciones: “Que no se tarde 15 años en juzgar o que se acabe lo de imputar a políticos, rozar a los empresarios y no tocar la tecnoestructura que lo hace todo posible. De hecho, cuando vemos financiación irregular de partidos, el caso se queda en el tesorero o el maletinero que llevó los millones, como en el caso Palau o en Gürtel”.

Para este experto dedicado a la prevención de la corrupción, que ha sido sustituido en la Agencia Antifrau valenciana por un afín al PP y a Zaplana, “debe haber una voluntad política real y un pacto, porque requiere una reforma de la estructura administrativa y la ley, con una prevención y agencias antifraude que integren todos los controles. Ahora están dispersos y cada uno va a la suya. Es un fenómeno complejo con muchos factores y ahora se centra en la persona a la que hayan pillado. Hay que promover una nueva cultura y tocar el sistema”.

El Centro de Investigaciones Sociológicas recogió en su barómetro de julio una caída histórica del PSOE. Los socialistas perdieron siete puntos en estimación de voto en un solo mes y se quedaron empatados prácticamente con los populares, que aunque bajaron unas décimas, estaban en condiciones de disputarles esa primera plaza. Vox se disparó y subió más de cinco puntos.

El barómetro del mes de julio, el último del curso político, llegó después de que el Tribunal Supremo envió a prisión al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, acusado de ser el cabecilla de la trama que supuestamente obtuvo mordidas a cambio de adjudicaciones junto con José Luis Ábalos y Koldo García.

Los datos recogidos en ese barómetro señalaron que el PSOE se dejó 7,3 puntos en estimación de voto en un solo mes, una caída nunca antes registrada en la legislatura. El encarcelamiento de Cerdán asestó un duro golpe a las expectativas electorales de los socialistas, que están muy lejos de sus mejores datos y cuatro puntos por debajo de los resultados del 23J. Ahora mismo se quedarían en un 27% de los votos.

El PP, por su parte, no aprovechó esa caída, según el CIS. Los populares se quedaron prácticamente empatados con los socialistas pero por la caída de estos últimos, porque los de Feijóo perdieron ocho décimas respecto al mes pasado. Ahora obtendrían un 26,5% de los votos, lejos del 33,1% de las elecciones generales.

Ese medio punto, que entra dentro del margen de error probable del sondeo, hizo que ambos partidos se encontraran en un empate técnico.

En la tercera plaza, Vox se disparó en este barómetro y pasó del 13,2% de la anterior entrega al 18,9% de esta, una subida enorme en medio de la tensión política derivada del caso Cerdán. Mientras lo de Feijóo no pareció que lograran rentabilizar la situación, el partido de Santiago Abascal rozó el 20%, se situó muy por encima de sus resultados del 23J y se quedó a poco más de siete puntos del PP.

Sumar, por su parte, experimentó una ligera subida de ocho décimas para quedarse en un 7,8% de estimación de voto, muy lejos aún de sus mejores datos. Podemos, por su parte, subió dos décimas hasta alcanzar un 4,4%.

Ya por debajo, el CIS estimó que ERC alcanzaría el 2,1%, el partido de Alvise Pérez un 1,7%, Junts un punto, Bildu un 0,9% y el PNV un 0,8%.

Con esos datos, el CIS mostró que el PSOE solo fue capaz de retener al 65% de sus votantes de 2023, y perdió hacia distintas formaciones, pero sobre todo hacia la abstención. El PP mantuvo al 72,8% y tuvo a Vox como principal vía de escape de sus votantes.

El partido de extrema derecha que dirige Abascal retuvo al 79,2% y vio cómo algunos de sus electores se marcharon al PP, pero sacó un 21,3% de gente de la abstención. Sumar solo retuvo al 45,4% y vio cómo casi un tercio de sus antiguos votantes se fueron ahora a Podemos.

Sánchez empata con Díaz

En cuanto a la valoración de líderes, esta también se vio afectada por el caso Cerdán. Pedro Sánchez cayó al 3,99 y se quedó prácticamente empatado con Yolanda Díaz, que obtuvo un 3,97 de nota, la misma que el mes pasado.

Alberto Núñez Feijóo sí rentabilizó aquí el escándalo de corrupción y subió del 3,51 al 3,83. Y Santiago Abascal, el peor valorado y siempre con muy malos datos en este apartado, pasó del 2,70 al 3,15.

El departamento de metáforas se puso las pilas este miércoles cuando se vino abajo el revestimiento del techo de un porche de entrada en el Hospital Zendal. Hubo suerte y no pilló a nadie debajo. Mal prólogo para la gran fiesta del Partido Popular en Madrid por los daños sufridos por la niña de los ojos de Isabel Díaz Ayuso, el orgullo del PP madrileño y el infrautilizado centro hospitalario que iba a ser el asombro del mundo. Lo que tiene mejores fundamentos y costará más barato es el congreso del PP, cuya única función es colocar a Alberto Núñez Feijóo en la rampa de salida a la campaña electoral. El Partido Popular, siempre dispuesto a confundir sus deseos con la realidad, cree que las elecciones se pueden celebrar en cualquier momento. Tanto es así que el partido está como una moto, convencido de que roza la victoria con los dedos.

Lo primero que vieron el viernes los asistentes en la pantalla con todo el recinto a oscuras fue una imagen de Santos Cerdán en rojo sobre un fondo negro. Luego aparecieron a cada lado José Luis Ábalos y Koldo García. Parecía que iban a homenajear a los responsables de que Pedro Sánchez se encuentre en su peor momento desde que llegó a la Moncloa. Luego, salían otros dirigentes socialistas y finalmente la cara, también en un rojo siniestro, de Sánchez riéndose con ganas. Se supone que estaban presentando al diablo en persona.

Los compromisarios no se esperaban algo así. Cualquiera diría que les estaban obligando a pasar por los “dos minutos de odio” de la novela '1984', cuando los miembros del partido tienen que ver una película que muestra a Emmanuel Goldstein, el peor enemigo del Estado. Hubo algunos silbidos. Afortunadamente para la imagen del PP, la gente no se lanzó a volcar el odio hacia sus enemigos y a ponerse a insultar al presidente del Gobierno. Era sin duda una forma algo bizarra de iniciar el congreso de un partido.

En las llegadas al pabellón de Ifema, todo eran abrazos y besos. Algunos más sentidos que otros. Miguel Tellado dio un gran abrazo a Carlos Mazón y le dio palmadas en la cara, como si fuera un gran amigo de toda la vida. El presidente de la Generalitat Valenciana se acercó después a Feijóo y le dio un rápido apretón de manos, como si se acabaran de conocer. La señal institucional del acto no se centró en el momento. No era una imagen por la que convenía apostar.

El plato fuerte del día eran los discursos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Antes, los organizadores quisieron ser originales y programaron una entrevista de la diputada Noelia Núñez al entrenador de tenis Toni Nadal. Un poco de coaching basado en el deporte, algo que se estila mucho en las empresas. Superación personal, trabajo en equipo, no rendirse nunca, todas esas cosas.

El tío de Rafael Nadal y su entrenador durante muchos años no fue un entrevistado previsible. Dio un mensaje claramente político contra los nacionalistas (“resulta que dejamos en manos de gente que odia España las decisiones del país”). También dejó un poco perpleja a Núñez cuando comentó que no sabe por qué los políticos se meten en el tema de la lengua. Dijo que en Mallorca se habla mallorquín, luego dijo que catalán, y eso no se le esperaban en el PP. En cualquier caso, la lengua es “algo que deben decidir los filólogos, no los políticos”, dijo. En el partido que le invitó, tienen mucho interés en hablar de las lenguas y en atacar a los que piensan como Nadal.

Nadal recriminó “los mensajes constantes de odio hacia el rival”, un ingrediente básico de la política nacional, y dejó un mensaje para el final: “La victoria es importante, pero nunca a cualquier precio”.

Esto último no es un punto de vista muy popular en política, y mucho menos en el congreso del PP, como se vio luego en la intervención de Aznar. Hace un mes, el expresidente pidió a su partido “cabeza fría y tensión vital máxima” porque faltan dos años para las elecciones y no conviene perder la cabeza. Eso era un acto de la FAES, donde a Aznar le gusta ir de fino analista que solo se dedica a las cosas más trascendentales. En el congreso, tocaba enarbolar la antorcha y pedir la cabeza de los que han llevado a España a un “naufragio”. Literalmente.

Para que los votantes del PP lo tengan claro y cristalino, esto es lo que está en juego en las urnas. La lista no es corta y te pone los pelos de punta: “En el próximo envite, nos jugaremos mucho más que la continuidad de un Gobierno nefasto. Nos jugaremos la continuidad histórica de la nación, la vigencia de nuestra Constitución, las garantías de nuestra libertad, la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión y de información y el Estado de Derecho en todas sus manifestaciones”. La nación, la Constitución y las libertades. Todo desaparecerá, quizá también la Liga de fútbol, si el PP no vence. Sería el triunfo del mal con mayúsculas. Como para no ganar al precio que sea.

Aznar ya sabe qué destino espera a los responsables del Gobierno de Sánchez, incluido su presidente. Hacer compañía a Santos Cerdán. “Si pactas con delincuentes, no te extrañe acabar en la cárcel, porque ese es tu ambiente”. Si a alguien no le había quedado claro, remachó la idea. “El cambio urgente es que los delincuentes pasen de estar legislando en despachos a estar en la cárcel”. Meter a tus rivales políticos en prisión es algo que le sienta de maravilla al Estado de derecho, como bien saben Putin, Maduro y Erdogan.

En ese discurso apocalíptico, el expresidente citó a un dirigente socialista sin mencionar su nombre para coincidir con su opinión. “Ha tenido que ser un socialista con mando en plaza el que ha definido a España como un puzle roto, el que ha dicho que España ya está rota”, dijo. Se refería a Emiliano García Page, que ya puede decir que el PP piensa como él. No es que sea una sorpresa. Por lo que pueda valer, Aznar lo ha certificado.

Rajoy jugó el papel del que no cree lo que está viendo. “Hemos visto cosas que no se habían visto nunca”, dijo cuando se estaba refiriendo a los manejos de Leire Díez. Lo de esta ya exmilitante socialista no es exactamente lo que hizo Jorge Fernández Díaz, su ministro de Interior, que se sentará en el banquillo de los acusados en 2026 por los delitos cometidos en la operación Kitchen. Leire Díez tampoco puso a la cúpula policial a trabajar para inventarse la financiación ilegal de Podemos. Todos tenemos un pasado, aunque el de Rajoy no está muy lejos en el tiempo.

El expresidente se burló de los retrasos y cancelaciones de trenes que han ocurrido en las últimas semanas. “Ahora un viaje en tren es una rifa”. Nadie sabe cuándo llegará a su destino, comentó. Tampoco llegaron a tiempo los 80 pasajeros que murieron y los 144 que resultaron heridos en el accidente de Angrois en 2013 cuando él era presidente. La memoria de elefante no es el punto fuerte de los políticos.

Todo eso es irrelevante en un Partido Popular que vive montado en la hipérbole desde la decepción de 2023 en las urnas cuando creía tenerlo todo listo para regresar al poder. Ahora anuncia el fin de la civilización, el universo y todo lo demás si vuelve a quedarse a unos metros de la victoria. Solo de pensarlo le dan mareos y le entran más ganas de meter a Sánchez en la cárcel.

Luchar contra la corrupción en el PSOE y reivindicar el legado de su Gobierno y la necesidad de mantener en pie la legislatura. Ese ha sido el mensaje central de Pedro Sánchez este sábado durante un comité federal en Ferraz, sede del socialismo español, marcado por el escándalo de corrupción en torno a Santos Cerdán y José Luis Ábalos y por las acusaciones de mujeres del partido sobre Paco Salazar desveladas por elDiario.es. En su intervención inicial el presidente español pidió perdón en primera persona, admitió que quien se equivocó fue él por nombrarlos, pero defendió que no todos responden igual y que el Gobierno que preside merece la pena.

“Comparezco ante vosotros, evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta y con las mismas ganas de plantar cara a la adversidad y de volver a superarla. Porque si alguien tenía dudas, lo digo aquí, de nuevo, nosotros vamos a seguir avanzando, no vamos a rehuir este desafío”, indicó Sánchez, que añadió: “Vamos a hacernos cargo de la situación, como siempre hemos hecho. Y vamos a derrotar a la corrupción, tanto dentro como fuera de nuestra organización”, declaró.

Sánchez quiso incidir esta vez en su responsabilidad directa en el nombramiento de altos cargos del partido que hoy están imputadas o incluso en prisión. “Sí quiero pediros perdón porque me equivoqué en depositar confianza en personas que no la merecían. La traición sufrida es dolorosa desde el punto de vista político y personal. Al fin y al cabo fui yo quien confié en ellos y quien no supe descubrir qué había detrás”.

Pero tras esa autócritica rechazó de forma enérgica que todos en política sean iguales. “Nosotros no somos como los otros, ni somos como los corruptos que han manchado nuestras siglas. Que nadie intente igualarnos en la indecencia. Este partido está hecho de gente trabajadora, honrada, humilde, que jamás metería la mano en la caja”, ha dicho.

El presidente dedicó gran parte de su discurso a poner en valor lo hecho por su Gobierno y a defender la necesidad de mantener la legislatura en pie contra viento y marea. “La mayoría de la gente nos mira con esperanzas porque sabe que el Gobierno es el mayor garante del estado del bienestar y que el PSOE es el último gran defensor en nuestro país de un orden internacional basado en reglas. Nuestro proyecto político merece la pena hoy nunca más que antes por el retroceso sin parangón de derechos y libertades”.

También tuvo palabras para las mujeres de su partido tras las conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García aportadas por la UCO y tras las acusaciones desveladas por elDiario.es al hombre que este sábado iba a ser empoderado como adjunto a la Secretaría de Organización del partido. “Nos hemos dotado de un código ético, hemos creado una oficina de cumplimiento normativo. Cuando haya potenciales casos de acoso le pido a las compañeras que usen estos canales, que las vamos a proteger”, dijo al respecto del caso de Paco Salazar.

Sobre el consumo de prostitución que se deduce del comportamiento de Ábalos y Cerdán, el líder del PSOE ha remarcado que “para los y las socialistas ser feminista no es un acto de postureo, que se satisfaga acudiendo a las manifestaciones del 8M o poniéndose el lazo violeta en la solapa. Para los y las socialistas el feminismo es una forma de ser, un compromiso real que exige vivir como se piensa. Y si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber cabida para cualquier comportamiento contrario a ello”, afirmó durante su intervención ante el Comité Federal del PSOE.

En ese sentido, Sánchez planteó someter al comité “una resolución de condena absoluta y de tolerancia cero ante cualquier acción o declaración machista e ir más lejos”. “Porque por supuesto vamos a plantear el refuerzo del protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual, mejorando lo que haya que mejorar del canal de denuncias, reforzando y garantizando la confidencialidad y protegiendo al denunciante de cualquier represalia”, ha dicho. Además, ha propuesto modificar también el artículo 4.5 del Código Ético del PSOE para que se incluya el “firme compromiso con el abolicionismo de la prostitución y la expulsión inmediata de aquellos militantes que pagan por la sexualidad”.

También durante su intervención anunció un paquete de medidas para mejorar la transparencia en el seno del partido tras el escándalo de supuestas coimas y arreglos de contratos que operaba en la Secretaría de Organización. Una de ellas, asegura, busca “reforzar el equilibrio de poderes dentro del partido”, con cargos más colegiados en el partido e implantar la exigencia de doble firma en decisiones importantes. “Con ello evitaremos una excesiva concentración de poder y establecemos mecanismos de control cruzado”, afirmó.

Además, los cargos socialistas deberán presentan sus declaraciones de bienes y actividades ante los Comités de Ética regionales y se abre la puerta a hacer controles aleatorios sobre patrimonio. Este Comité de Ética y Garantías se verá “reforzado” y se recibirán copia de todos los escritos en el canal de denuncia, se emitirán informes sobre ética y se podrá actuar de oficio si hay indicios de actuaciones de acoso. El PSOE, dijo, también “mejorará” el protocolo anti acoso sexual tras la información desvelada por elDiario.es.

El Comité Federal del PSOE reunido este sábado en la sede estatal del partido de la calle de Ferraz de Madrid ha estado marcado por la renuncia de Paco Salazar tras información publicada por elDiario.es en la que varias mujeres lo señalan por “abuso de poder”, “acoso sexual” y “comportamientos inadecuados”. La dirección socialista ha hecho público un comunicado en el que señala que Salazar ha solicitado al PSOE “la apertura de unas diligencias previas de información sobre las noticias conocidas esta mañana, y de la misma forma solicitó ser apartado de sus funciones actuales en la Comisión Ejecutiva Federal”.

“No conocíamos las denuncias de las que hemos tenido conocimiento esta madrugada a través de elDiario.es”. Con estas palabras se han expresado este sábado fuentes de la dirección del PSOE respecto a las acusaciones de varias mujeres por “comportamientos inadecuados” contra Paco Salazar desveladas por elDiario.es.

La dirección socialista especificó además, que en el Comité Federal de este sábado se va a reforzar el comité de garantías y los estatutos del partido y las fuentes consultadas han insistido en que el PSOE “va a abrir diligencias de inmediato, a pesar de que no constan denuncias al respecto en ninguno de los canales habilitados por el partido”. Además, el Comité Federal dio luz verde a la nueva Ejecutiva Federal socialista, remodelada por Pedro Sánchez a raíz de la implicación del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, en un presunto caso de corrupción.

Comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo. Mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral, incluso con ofrecimientos de quedarse a dormir en casa. Insistencia en el hostigamiento a sus subordinadas y un uso permanente de un lenguaje sexualizado en el entorno profesional. Ese es el ambiente de trabajo que relata en primera persona Lidia, una mujer del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que estuvo a las órdenes de Paco Salazar –hombre clave del partido e integrante del núcleo duro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– en la Moncloa y que reclama proteger su identidad con un nombre ficticio porque teme represalias. El mismo miedo que, según admite, no le permitió pedir a ningún superior el cambio de puesto de trabajo que anhelaba para perder de vista a su jefe.

Ella lo califica directamente como “acoso sexual y abuso de poder”, porque las negativas a quedar con él llevaban aparejadas castigos, en forma principalmente de menores responsabilidades en su puesto de trabajo y la ausencia de expectativas de promoción política o profesional. No se trata de un relato individual.

Porque cuando Lidia puso un pie en la Moncloa para trabajar a las órdenes de Salazar, lo primero que recibió es el aviso de sus compañeras para que tuviera cuidado ante un “peligro” de sobra conocido: nada de quedar con el jefe a solas y nada de aceptar invitaciones fuera del horario de trabajo.

Según ha podido comprobar elDiario.es, hay al menos otra mujer, muy joven, que, tras las primarias de Pedro Sánchez de 2017 en las que trabajó como voluntaria para las filas socialistas, también trasladó a su entorno personal que Salazar le dispensó un trato “baboso” y que repitió “comportamientos inadecuados” a pesar de la diferencia de edad entre ambos y a pesar también de ser familia directa de un veterano socialista, algo que no frenó a Salazar.

Estos relatos a los que ha tenido acceso elDiario.es, el de Lidia de manera directa y el de la segunda joven corroborado por su familiar y por trabajadores del partido, aluden en realidad a un diagnóstico generalizado en las filas socialistas, donde decenas de cargos intermedios o simples militantes de base aseguran que está extendida como una mancha de aceite desde hace muchos años alrededor de la figura de Paco Salazar, uno de los hombres más poderosos de Ferraz durante estos últimos años. Y por eso una gran parte del Partido Socialista recibió con “pavor” la noticia de su flamante nombramiento por Pedro Sánchez este jueves como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE.

Lo que cuenta Lidia en primera persona a elDiario.es una situación que asegura que no vivió solo ella sino que sufrieron muchas de sus compañeras, las mismas que le advirtieron el primer día que se incorporó a su puesto de trabajo. Según rememora, cuando puso un pie en la oficina en la que tenía desplegado su equipo Paco Salazar en la Moncloa le llamaron la atención dos cosas. La primera, que la práctica totalidad de integrantes de esa plantilla eran personas del mismo perfil: mujeres jóvenes alrededor de los 30 años. Y también que en cuanto se incorporó a su puesto de trabajo recibió un aviso de sus compañeras. “Fue impactante porque lo primero que me dijeron es que tuviera cuidado, que ya se sabía lo que comentaba todo el mundo del jefe, y que mejor no pasar demasiado tiempo con él a solas”.

Entonces Salazar, uno de los hombres más poderosos del PSOE de Sánchez y parte del núcleo de confianza en su día de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ocupaba el cargo de adjunto al jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, es decir, el número dos de Iván Redondo. Este viernes, después de que estallase el escándalo Cerdán que ha acabado con el exnúmero 3 en la cárcel, Sánchez lo empoderó como adjunto a una Secretaría de Organización encabezada por Rebeca Torró, una mujer de la absoluta confianza de Salazar, antes de repudiar en un acto en Ferraz con diputadas, senadoras y secretarias de Igualdad del PSOE el comportamiento de Ábalos y su asesor Koldo García con las mujeres que se ha conocido por los audios de la UCO durante la instrucción de la trama de las mordidas a cambio de obra pública: “Es un golpe muy duro para mí saber que yo elegí a esas personas que tienen ese tipo de conversaciones vergonzosas sobre las mujeres y están implicados en casos graves de corrupción. Hay gente que se recupera fácil de los golpes, yo no”.

El de Lidia, la mujer del PSOE que cuenta a este periódico su experiencia bajo las órdenes de Paco Salazar, es un nombre ficticio porque asegura tener miedo a represalias si denuncia. De hecho, admite que nunca se atrevió a hacerlo antes sus superiores. Ella califica los hechos de “acoso sexual y abuso de poder”.

“Lo que más me impactó es que me avisó hasta un compañero, que no es habitual porque quienes solemos protegernos de estas cosas somos las mujeres. Pero me llamó un día al poco de llegar y me lo dijo. Que no se me ocurriera quedarme a solas en el despacho con él. Que a su equipo lo llamaban a modo de chascarrillo 'las chicas de Salazar' y que era vox populi porque le había pasado a otras muchas mujeres”.

Y, efectivamente, a ella también le pasó. “Primero fue más liviano, con algunas miradas inquietantes o algún comentario fuera de lugar en un entorno laboral y en una relación de jefe a subordinada”, relata Lidia, que luego empezó a recibir un sinfín de mensajes privados a través de whatsApp.

“Me empezó a decir sin venir a cuento que me quedara yo más tarde que el resto del equipo, que fuese a cenar con él o a tomar algo. Lo hacía de manera insistente. Y me decía que si se nos hacía tarde nos podíamos quedar a dormir en su casa. Se cuidaba mucho de no dejar por escrito ninguna mención sexual, pero era evidente lo que quería decir y él plenamente consciente de la situación en la que me colocaba”.

Esta trabajadora de Moncloa explica que si nunca se atrevió a elevar una queja formal ni una denuncia fue tanto por el “poder absoluto” que ejercía Paco Salazar en el partido y su ascendencia con el propio presidente, como por no sentir en ningún momento que su lugar de trabajo fuera un espacio seguro para ello. “Si era vox populi era porque llevaba mucho tiempo pasando, y allí lo sabía todo el mundo y nadie decía nada”, apunta tras rememorar que entre el equipo de trabajo se aseguraba que una de las compañeras sí que elevó una queja interna que no tuvo repercusión alguna.

Lidia repasa las vueltas que dio para librarse de ese hostigamiento. “Yo me sentía violentada, evidentemente. Pero me limité a pasar de él, a darle largas para salir del paso. Nunca me atreví a decirle que parara porque era mi jefe”, traslada a este periódico antes de subrayar que no seguirle el juego implicaba directamente consencuencias en su trabajo. “Si no le seguías el rollo, te hacía el vacío. Y pasa a tener consecuencias en lo laboral”.

Hay al menos una segunda joven que, durante las primarias de 2017, cuando trabajó en el partido como voluntaria, también vivió situaciones “incómodas” con el mismo dirigente socialista. Ella misma contó a su entorno la actitud “babosa” y los “comportamientos inadecuados” que sufrió de Salazar. Ahí lo dejó. No contó nada a nadie hasta que la campaña acabó y, pasado el tiempo, le hizo partícipe a un familiar directo, un veterano socialista, de los desagradables episodios que tuvo que afrontar trabajando para el partido.

La jóven nunca más volvió a trabajar para el PSOE, puesto que acababa de terminar su oposición como empleada pública y se incorporó sin más a su destino. ElDiario.es conoció este caso por otro trabajador del PSOE e inmediatamente después, se puso en contacto con el familiar de la chica, de 25 años, que corroboró el testimonio inicial sobre las prácticas de Salazar.

Otra persona que ha trabajado durante meses en el equipo de Salazar asegura que siempre le llamó la atención el “lenguaje sexual” que utilizaba con sus colaboradores, mayoritariamente mujeres jóvenes. Esta misma fuente asegura que no ha visto comportamientos de acoso y que en caso de verlos, los hubiera denunciado, pero que tampoco conoce las relaciones que establecía Salazar en el comportamiento de tú a tú con su equipo.

Varios socialistas, varones, que han trabajado durante años con el nuevo secretario de organización adjunto aseguran que jamás vieron o escuharon nada a este respecto mientras que consultados otros trabajadores de Moncloa y de la calle Ferraz reconocen que sus equipos siempre han estado compuestos por mujeres muy jóvenes. “Su trato, sin distinción del género de sus colaboradores, siempre fue déspota y malencarado. Pero nunca tuvimos constancia de que se sobrepasara con las mujeres”.

Consultado por este periódico, Paco Salazar niega haberse propasado con ninguna de sus subordinadas: “No paro de darle vueltas y no encuentro un momento en mi vida donde haya hecho ninguna estupidez. Yo no he hecho nada con ninguna persona, tengo una pareja de toda la vida, en mi época de universidad puede ser...pero no entiendo de dónde sale eso. Nunca con ninguna compañera he tenido relación ni trato, nunca jamás. Me he partido la cabeza dándole vueltas y me parece una cosa alucinante. No paro de pensar a ver si la he cagado y le he dicho algo incoveniente a una compañera y la verdad es que no lo encuentro”.

Si tienes información sobre este caso u otros similares, puedes escribir al correo seguro pistas@eldiario.es

En vísperas del trascendental comité federal de este sábado, el presidente del Gobienro español y secretario general del Partido Socialista Obrero (PSOE), Pedro Sánchez, anuncia en un acto improvisado con mujeres que se dispone a reformar ahora los estatutos de su partido para que el consumo de prostitución sea, directamente, un motivo de expulsión. Algo que se concretará con la reformulación del Código Ético y que las feministas del partido llevan años reclamando.

“Desde el PSOE consideramos que el sistema prostitucional es una expresión de violencia contra las mujeres e incompatible con los principios de los derechos humanos y la ética democrática, ya que implica tratar a las mujeres como objetos o mercancías y no como sujetos de derechos. Nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres”, expuso Pedro Sánchez durante el acto en la sede del PSOE.

El presidente defendió que “solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE”. Y que, por tanto, “los órganos federales tramitarán estos casos como una falta muy grave de acuerdo a los Estatutos Federales imponiendo, además, la máxima sanción, que es la expulsión del partido”.

El movimiento de Pedro Sánchez llega justo en su momento político más crítico. Porque la dimensión del escándalo en torno a Santos Cerdán tiene un sinfín de implicaciones y ninguna buena para el Partido Socialista ni para el presidente. Más allá de la presunta trama corrupta, que por el momento se salda con un secretario de organización del PSOE entre rejas y con otro imputado junto a su mano derecha, los audios aportados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aportan pruebas sonoras del comportamiento dispensado a las mujeres de personas como José Luis Ábalos o Koldo García, que en algunas conversaciones hablan directamente de elegir a chicas a la carta para mantener relaciones sexuales. Una bomba de relojería para un partido que lleva por bandera la causa feminista y en el que decenas de mujeres con cargos de responsabilidad pública u orgánica han manifestado su repulsa, casi todas de puertas hacia adentro.

Este viernes se conocieron, además, los nuevos nombramientos para la Ejecutiva Federal. Muchos de los nuevos puestos de responsabilidad fueron designados precisamente para mujeres, como la valenciana Rebeca Torró para la Secretaría de Organización o la catalana Monste Mínguez como nueva portavoz. Sin embargo, esos nombramientos se completaron con la creación de varios puestos adjuntos. En el área de la secretaría de organización están de adjuntos a Torró, sin ir más lejos, dos hombres: Paco Salazar, una de las personas ligadas desde 2018 estrechamente a Pedro Sánchez y al anterior núcleo de confianza conformado por José Luis Ábalos y Santos Cerdán, o Borja Cabezón, que también se incorpora a Organización junto a Anabel Mateos.

Por su parte, La Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) envió una carta al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la que expresan su “profunda preocupación” por la situación del partido, “como consecuencia de las penosas conductas de algunos dirigentes” y le reprochan la “cancelación” de sus opiniones.

“Frente a las políticas que propugnan la cancelación de la opinión y frente a las políticas de igualdad meramente nominativas, es preciso hacer autocrítica dirigida a que el PSOE recupere el compromiso con la agenda feminista y la voluntad de impulsar la pedagogía y el debate público sobre los retos de la igualdad”, señalan en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitida ante la celebración del comité federal del PSOE que se celebrará este sábado 5 de julio, informa Europa Press.

El juez Leopoldo Puente envió a prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mano derecha del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras su comparecencia este lunes en el Tribunal Supremo por su supuesta implicación en la trama de cobro de sobornos a cambio de acuerdos en obras. La Fiscalía había solicitado su entrada en la cárcel no eludible bajo fianza al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez le atribuye delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. En la decisión del juez pesó finalmente la posible destrucción de pruebas, no así el riesgo de fuga.

En el auto, al que tuvo acceso elDiario.es, el juez afirma que los “consistentes indicios” que afloraron hasta el momento apuntan que Cerdán era quien se encargaba de reclamar a las constructoras las coimas, recaudarlas y después se las hacía llegar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. De hecho, califica de “vertical” y preeminente la relación que tenía con ambos, lo que le atribuye un papel de cabecilla de la supuesta organización criminal.

El magistrado Puente dedica una parte considerable del auto a defender la consistencia de los audios que figuran como indicio principal contra Cerdán. “No se advierte, en definitiva, razón alguna, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento de la investigación, para cuestionar que las mencionadas grabaciones se corresponden con conversaciones efectivamente producidas”, escribe el juez. Y añade que su “contenido resulta en extremo elocuente, –tanto que en una de ellas el propio don Santos reprocha a don Koldo con insistencia que de esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe–”.

Además de las grabaciones, el juez Puente afirma respecto de Cerdán que “resulta inequívoca su vinculación” con la mercantil Servinabar, tanto por el documento de compra del 45% de las participaciones que apareció en el registro del domicilio de Antxon Alonso, el dueño, como por las presuntas gestiones vinculadas a la citada sociedad. Entre ellas el destino de una cantidad a una fundación vinculada a Ábalos. Cerdán tenía, según el juez, “cierta capacidad de administración o muy fluida comunicación con la mencionada Servinabar”. La UCO considera en su informe que la empresa era una “vía de canalización” de las coimas.

Para justificar que haya adoptado la medida de prisión contra Cerdán y no lo hiciera en el caso de Ábalos y Koldo García, el juez alega que “es obvio” que el hoy compareciente podría “ocultar, alterar o destruir elementos de prueba relevantes” que podrían existir todavía en su poder al ser incipiente la investigación contra él. Es algo que no ocurre en el caso de los otros dos imputados, alega el juez, sometidos ya a registros de sus viviendas, intervenidos sus teléfonos móviles e investigados patrimonialmente.

Acciona, principal corruptor

El auto menciona en varias ocasiones a la sociedad que aparece como principal corruptora, la constructora Acciona, de la que dice obtuvo más de 537 millones de euros en adjudicaciones, de las que Ábalos y García habían obtenido 550.000 euros e iban a percibir nuevas cantidades, hasta completar el millón de euros. “Representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”, afirma el juez.

Puente construye esta tesis para atruibir, indiciariamente, a los investigados, incluido Cerdán, 5 millones de euros en mordidas, por tratarse del 1% del monto de las adjudicaciones. Y advierte a continuación: “Ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento”.

El ex 'número tres' del PSOE acudió este lunes por primera vez al alto tribunal para responder por su supuesta implicación en la trama de cobro de mordidas a cambio de amaños en obras donde le sitúan la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el juez. Cerdán, que respondió únicamente a las preguntas de su abogado, negó haber cobrado sobornos y cuestionó los audios que la Guardia Civil presentó como indicios de corrupción.

Su defensa anunció que pedirá una prueba pericial de esas grabaciones con el argumento de que están sacadas de contexto. Cerdán afirmó que se convirtió en objetivo por su actividad política. Y, en concreto, por sus atribuciones como negociador con los dirigentes de EH Bildu y de Junts per Catalunya.

Tras el interrogatorio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, calificó de “pobres”, “sesgadas” e incluso “victimistas” las explicaciones ofrecidas por Cerdán y solicitó su ingreso en la cárcel. La semana pasada, la Fiscalía rechazó pedir prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García y el juez mantuvo a ambos en libertad. El fiscal Luzón llevaba escrita su petición de prisión para Cerdán.