Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar a Ratchett. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. No es probable que la sentencia contra David Sánchez alcance tal nivel de notoriedad. Lo que sí es cierto es que el tribunal de la Audiencia de Badajoz llegó a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa, con una pena de nueve años de inhabilitación, en el caso del puesto de Sánchez, aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió.

En la novela, los responsables tenían un móvil que explicaba sus actos, la venganza contra Ratchett. La sentencia sostiene que el móvil consistía en favorecer al principal acusado. Los jueces llegan a esa conclusión citando a los agentes de la UCO que declararon en el juicio, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas: “De todo lo anterior, deducen inequívocamente que la plaza fue creada para una persona determinada: Don David Sánchez Pérez-Castejón”. Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general. El tribunal quiso remarcarlo escribiendo que la aportación de Balas fue “sumamente ilustrativa”.

Los jueces de Badajoz optaron por una decisión que quiere ser vista como salomónica. En su relato de los hechos que considera probados, prácticamente suscriben la versión de las acusaciones populares y la que ha mantenido el Partido Popular en los últimos dos años al utilizar la investigación en sus discursos en el Parlamento y en mítines. Incluso en detalles que son escasamente relevantes, pero que aparecieron en muchos titulares, como el hecho de que Sánchez tuviera su residencia en Portugal desde 2021, y que no son delito. Pero no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión. Por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Nunca las hubo ni en la instrucción ni en la vista.

“No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, dice la sentencia. A la vista de la sentencia, es un misterio por qué nueve de los acusados –dejando a un lado a Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo– tomaron unas decisiones que ahora les han costado una pena de nueve años de inhabilitación. Si fracasan sus recursos, perderán sus empleos en la institución.

Para los jueces, no hay dudas de que todos los funcionarios son culpables. Son múltiples los indicios, afirma la sentencia, que muestran “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido”. Su objetivo era crear “en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.

Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias. Parece que “la lógica y la razón” permiten trazar el retrato de un grupo dispuesto a delinquir, pero no condenar sin pruebas a su responsable. Una cosa es la literatura de una sentencia y otra, el Código Penal.

La sentencia dice que los condenados pusieron en marcha “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Para justificar esta valoración, se basan por ejemplo en la opinión de un director de conservatorio que no creía necesario que se creara un puesto de coordinador que se ocupara de los dos conservatorios de Badajoz. Pocos funcionarios aceptan de buena gana que les pongan un jefe más por encima, al menos cuando reciben la primera comunicación. Sin embargo, y para afirmar que Sánchez no realizó las funciones por las que le pagaban, los magistrados no dan ningún valor a las declaraciones como testigos de los tres directores en la primera jornada de la vista en las que defendieron la capacidad y el trabajo del músico.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”, dijo Yolanda Sánchez (sin parentesco con el hermano del presidente). “Estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”, continuó. En su momento, parecía que ese primer día del juicio había sido muy malo para los intereses de las acusaciones. No es así si el tribunal decide ignorar esos testimonios, porque no sirven para condenar al acusado.

Los jueces admiten que hay un margen para la duda sobre si alguien presionó para que David Sánchez consiguiera ese puesto, si fue él mismo, alguien de su entorno “o si tal decisión se realizó 'motu proprio' con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Resulta gracioso, quizá hasta revelador, que los magistrados coloquen al presidente del Gobierno en este contexto. Las fechas no cuadran del todo. Cuando se creó la plaza, noviembre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE por su dimisión el 1 de octubre anterior. No presentó su candidatura hasta el 28 de enero de 2017, cuando no era precisamente el favorito, tampoco para el PSOE extremeño que apoyaba a Susana Díaz. Las primarias no se celebraron hasta mayo de 2017. El tribunal viaja al pasado porque sabe quién ganó esas primarias, lo que es una información que no tenían en 2016 los responsables de convocar la plaza que finalmente cayó en manos del hermano del presidente.

Puestos a lanzar hipótesis o “contrahipótesis”, como dice el texto –una decisión insólita en una sentencia que debe mostrar hechos probados y asignar penas en función de ellos–, los jueces plantean que los acusados pudieron haber intentado “congraciarse” con Pedro Sánchez con el nombramiento de su hermano al haber apoyado antes a Susana Díaz en las primarias. Y con esa sugerencia dan argumentos a los que quieran utilizar la sentencia para atacar al Gobierno.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dice la sentencia en el párrafo anterior a esa referencia a la contrahipótesis. No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones.

Todo esto no dejan de ser elementos secundarios en la mente de los jueces. No tienen problemas en señalar que existe “la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David y don Luis María”. Estaban seguros de que David Sánchez era culpable, quizá incluso desde antes de que comenzara el juicio, de que existía un “designio”, un plan, destinado a beneficiarle. Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios de música. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

De este modo, el tribunal descarta el pedido de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también fue condenado a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos delitos de prevaricación. La Audiencia impuso nueve años de inhabilitación a los otro nueve acusados, la mayoría cargos o excargos del PSOE en la institución provincial.

La sentencia, de 377 páginas, que puede ser apelada, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no se probó “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Sin embargo, aunque el tribunal determina que no hubo presión externa, considera probado que la Diputación actuó de manera arbitraria en base a un “plan delictivo ideado por las más altas instancias” para la creación de una plaza “innecesaria” y su posterior adjudicación. En este sentido, el hermano de Sánchez “fue autor, por cooperación necesaria”, del delito de prevaricación administrativa porque tuvo “conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él” y por eso “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”. La sentencia también recoge que el músico “consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

La sentencia se conoce un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

El procedimiento penal que desembocó en esta sentencia comenzó a fraguarse a raíz de una denuncia que el pseudosindicato Manos Limpias presentó en 2024, siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. El epicentro de la causa se situó en la creación y el diseño, por parte de la Diputación de Badajoz, de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial.

La decisión de crear ese puesto de alta dirección en 2017 se efectuó cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal de 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

A pesar de ello, la investigación judicial se ha centrado en dilucidar si los requisitos del sistema de libre designación se configuraron de forma arbitraria para adaptarse al perfil del músico y si los canales de la administración pública se instrumentalizaron para esquivar los principios de mérito y capacidad. No obstante, en el juicio solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto, sostuvo que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

Los funcionarios, técnicos y peritos que testificaron en la vista oral también avalaron el proceso de la Diputación de Badajoz para la creación de la plaza y el proceso de selección que ganó Sánchez.

Condena a la corrupción del ex ministro Ábalos, distancias con el 'caso Zapatero, defensa de su pareja y su hermano y ofensiva contra el PP y Vox. El presidente español, Pedro Sánchez, dedicó su asistencia de este miércoles en el Congreso para repasar los temas judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno, que diferenció en tres categorías, y para pasar al ataque con la oposición, a la que acusó de estar intrínsecamente ligada a la corrupción. “Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo”, le dijo a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

El presidente del Gobierno defendió que “no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”. E insistió en que el PSOE no se financió ilegalmente y que él no conocía ni uno solo de los comportamientos investigados o ya sentenciados, como el caso del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos –condenado a 24 años de prisión–, o las causas abiertas contra el exmandatario socialista José Luis Zapatero o su propia esposa, Begoña Gómez. “Es razonable suponer que, en los próximos meses, el goteo de noticias y avances judiciales continúe. Habrá nuevos hallazgos. Nuevas acciones judiciales. Las derechas mediática y política venderán como una nueva muestra más de eso que llaman ahora degradación política. Pero no nos equivoquemos. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió. Lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga”, sostuvo.

El líder del Ejecutivo diferenció la cascada de causas judiciales que sepultan al Gobierno y que definió un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público”. “Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al Expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, enumeró.

Sobre la condena de 24 años de cárcel por corrupción del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno no ocultó el impacto. “Son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sánchez volvió a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien reconoció, nuevamente, su legado político. Aunque marcó distancias con el porvenir judicial al que pueda enfrentarse el expresidente.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, Señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”.

También se referió Sánchez a las situaciones judiciales que afrontar su pareja o su hermano, que ambos casos en el PSOE consideran ejemplos claros de ofensiva política desde los tibunales. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, dijo sobre David Sánchez y Begoña Gómez. “Solo voy a pedir a la Justicia que sea justa”, detalló.

“Ante ese panorama”, siguió, “para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con VOX el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado; los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites”, apuntó para descartar cualquier sombra de duda sobre un adelanto electoral precipitado.

Y en ese punto, pasó a la ofensiva para entrar al choque con el PP y con Vox. “No sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen al ex Fiscal General cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”.

Es ese mismo argumento en el que empleó la práctica totalidad del tiempo de su segundo turno de palabra, cuando ha dado la réplica a los grupos parlamentarios. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le ha reprochado al líder de la oposición.

“Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos”, continuó el presidente en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, Sánchez cuestionó a Feijóo que cuando era presidente de la Xunta de Galicia “no hizo nada” ante los casos de corrupción que le afectaron. Y le ha recordado “los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era un narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones”. “Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido”, agregó.

Este miércoles, Javier Milei partió rumbo a España para realizar su sexta visita al país ibérico desde que asumió al frente de la Casa Rosada, en una gira breve que incluirá un encuentro con empresarios interesados en invertir en la Argentina y una conferencia en la Universidad CEU San Pablo. Como ocurrió en todas las ocasiones anteriores, no está previsto que haya reuniones con el presidente Pedro Sánchez ni con ninguna otra autoridad del gobierno español.

El viaje se desarrolla en un contexto doméstico particularmente complejo para el oficialismo. Mientras el Gobierno intenta contener el desgaste político provocado por la situación judicial y patrimonial de Manuel Adorni, el Presidente volverá a encontrar en el escenario internacional uno de sus ámbitos más cómodos de actuación. En el exterior, Milei suele presentarse como una de las figuras más visibles de la nueva derecha global y participa de actividades organizadas por instituciones y referentes ideológicos afines.

La comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el canciller Pablo Quirno se sumará directamente en Madrid, luego de una agenda previa en Panamá y Nueva York. El viernes 26, a las 10 de la mañana, Milei brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica donde además recibirá una medalla de honor. La actividad fue organizada junto al académico Javier Morillas Gómez, profesor de orientación liberal y consejero del Tribunal de Cuentas de España, una figura particularmente cercana al universo intelectual que rodea al mandatario argentino.

Morillas mantiene además un vínculo estrecho con Alejandro Nimo, exconcejal de Avellaneda y actual agregado para inversiones de la embajada argentina en España, quien suele definirse a sí mismo como “menemista, mileísta y anarcocapitalista”. En abril pasado, Nimo quedó envuelto en una disputa interna luego de denunciar públicamente que el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge, le había quitado el despacho desde el cual, según afirmó, recibía a empresarios interesados en invertir en la Argentina.

Precisamente, será Bunge quien tendrá un papel central en la organización de la agenda empresarial. Según fuentes oficiales, el embajador se encuentra a cargo de la confección del listado de invitados al encuentro con inversores españoles. El intercambio comercial entre ambos países mantiene actualmente un saldo favorable para la Argentina: alrededor de 1.400 millones de dólares en exportaciones contra 1.000 millones en importaciones.

La visita volverá a desarrollarse bajo un clima diplomático de baja intensidad. Desde mayo de 2024, cuando Milei calificó de manera indirecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, como “la mujer corrupta” durante un acto organizado por Vox, la relación bilateral quedó atravesada por una crisis inédita que derivó en el retiro temporal de la embajadora española en Buenos Aires y en un fuerte reclamo de disculpas por parte de Madrid.

Los ánimos se descomprimieron con el correr de los meses y España designó un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde. Sin embargo, el vínculo político nunca terminó de normalizarse. Las diferencias geopolíticas siguen intactas: Milei mantiene un alineamiento irrestricto con Donald Trump e Israel, mientras Sánchez se convirtió en uno de los principales defensores de la causa palestina dentro de Europa.

La última visita presidencial a España ocurrió en marzo pasado, cuando Milei fue el principal orador del Madrid Economic Forum y compartió actividades con el líder de Vox, Santiago Abascal. Allí volvió a cargar contra Sánchez y respondió con entusiasmo a los cánticos del público. “Si quieren zurrar al bandido local, no hay problema”, dijo ante un auditorio repleto de simpatizantes de la ultraderecha.

Cumbre del Mercosur y visita a los Estados Unidos

La escala española será apenas el primer tramo de una agenda internacional intensa. El 30 de junio, Milei participará en Asunción de una nueva cumbre del Mercosur y cuatro días más tarde volverá a viajar a Estados Unidos para asistir a las celebraciones por el Día de la Independencia, una fecha especialmente significativa este año, cuando se cumplen 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de 1776.

Los números muestran hasta qué punto la política exterior se convirtió en uno de los rasgos distintivos del gobierno libertario. Sin contar este nuevo viaje, Milei ya visitó Estados Unidos en diecisiete oportunidades, España e Italia en cinco ocasiones y Suiza en cuatro. Los países vecinos quedaron bastante más relegados: Brasil y Paraguay aparecen con tres visitas, Chile con dos y Uruguay y Bolivia apenas con una.

Hay, además, una constante que vuelve a repetirse. Cada vez que la situación doméstica se vuelve más compleja, el Presidente encuentra en el exterior un escenario más amable. Allí recibe distinciones y se mueve entre interlocutores ideológicamente afines. Esta vez no será diferente.

PL/CRM

El gobierno de Pedro Sánchez afronta, otra vez, unas horas críticas. La histórica sentencia al exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por coimas en la compra de barbijos durante la pandemia, pesa ya como una losa sobre un Ejecutivo que se abrió paso mediante una moción de censura, precisamente, contra la corrupción del PP. A la espera de la comparecencia de este miércoles del presidente español, Moncloa traslada un mensaje de contundencia contra la corrupción pero pide no hacer “causa común” con la cascada de investigaciones que afectan a los socialistas.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común. Pero lo importante es actuar y el PSOE actuó, mientras el PP está volcado en tapar la corrupcion de Ayuso”, dijo en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Aunque ni el ministro ni la portavoz del Ejecutivo quisieron entrar a valorar los detalles de la sentencia, sí que insistieron en el mensaje de que la corrupción no se combate igual en todas las formaciones políticas. “Quienes creemos en la política, en la democracia y en la separación de poderes sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en la politíca. Y sabemos que la inmesa mayorría de políticos hace un trabajo honesto, como la mayoría de los jueces o los periodistas. Pero que también hay veces que algunos no”, prosiguió López.

Preguntado expresamente por las responsabilidades políticas en el seno del Gobierno y del partido tras la condena a un hombre que tuvo todo el poder político y económico tanto en el Consejo de Ministros como en Ferraz, el ministro de Transformación Digital puso en valor las decisiones tomadas en su día para suspenderlo de militancia y expulsarlo del grupo parlamentario. “Nosotros tenemos muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Lo importante es combatir la corrupción. Y en el PSOE se actuó meses antes de que hubiera una sentencia”.

En esa misma línea, Elma Saiz destacó que el Gobierno asumió “desde el primer momento” las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos. La portavoz del Ejecutivo también aseguró que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan “sin matices” los comportamientos “que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno”.

“De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda”, apuntó Saiz, que ha evitado además valorar los “detalles” de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

El juez Juan Carlos Peinado decidió enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, retirarle el pasaporte y obligarla a presentarse quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su testimonio el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado tomó la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La presentación quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

La presencia de los agentes de la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– en la sede nacional del Partido Socialista español, el PSOE, para requerir determinada documentación no tiene que ver con la búsqueda de una caja B, como aireó un digital y denunció el Partido Popular en el Congreso. Ese movimiento está vinculado a una pieza separada y secreta desgajada de la causa penal que asumió el juez Santiago Pedraz en diciembre pasado contra el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díez por el supuesto cobro de coimas a cambio de contratos públicos.

El caso que ahora se investiga y que provocó la presencia de guardias civiles en la sede del PSOE tiene que ver con las actividades de Leire Díez, quien durante los últimos años ha maniobrado junto al empresario Javier Pérez Dolset, imputado en una de las piezas del caso Tándem y víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar tanto las andanzas de la policía patriótica que funcionó en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, como las supuestas corruptelas que —consideran— se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

La exmilitante socialista celebró reuniones en este tiempo, muchas de ellas grabadas, con guardias civiles, fiscales, o exdirigentes del PP ofreciendo en falso favores en nombre del Gobierno socialista a cambio de información sobre actividades corruptas del PP, de fiscales, de jueces o de guardias civiles.

La exmilitante socialista llegó a pronunciar en algunas de esas reuniones grabadas frases contra el principal investigador de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, quien dirige ahora las investigaciones contra esta supuesta trama. En una cita con empresarios imputados por fraude en el negocio de los hidrocarburos, Díez llegó a pedir documentos para desprestigiar al teniente coronel de la UCO con la promesa de que la Fiscalía favorecería a quien facilitara esa información. También se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, que investigó durante años el caso Villarejo hasta perder la plaza que ocupaba en Anticorrupción. Intentó Díez, que acudió a la reunión junto a Pérez Dolset, sonsacar información a Stampa contra quien había sido su superior, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón o contra el fiscal general de entonces, Álvaro García Ortiz.

Leire Díez acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz en la primavera de 2024 para entregarle al entonces secretario de Organización, Santos Cerdan, un pen drive con numerosos audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo donde se relataban todo tipo de maniobras ilegales contra los adversarios políticos del PP: Podemos y sus principales dirigentes; los principales cargos independentistas catalanes o el entonces líder socialista, Pedro Sánchez. Junto a esos audios, el pen drive incorporaba documentación con denuncias archivadas por la Fiscalía Anticorrupción y las quejas formuladas ante Alejandro Luzón por los denunciantes.

Santos Cerdán no hizo nada con esa información hasta que se empezaron a conocer las maniobras de Leire Díez, quien decidió darse de baja como militante del PSOE. Fue entonces cuando Cerdán remitió a la Fiscalía General del Estado el pen drive con la información sobre las “cloacas” del PP “a los efectos oportunos”. La Fiscalía analizó esa documentación, pero no hizo nada.

El PSOE negó en aquellos momentos que Leire Díez trabajara o cobrara para el partido. Pero durante la investigación abierta en un juzgado de Madrid por estas maniobras de la exmilitante socialista, Gaspar Zarrías, exconsejero socialista andaluz durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reconoció que durante tres meses pagó desde su despacho profesional a Leire Díez por investigar el caso ERE. Díez le había contado a Zarrías que disponía de información relevante que demostraría prácticas ilegales en la instrucción judicial de la causa penal abierta contra los principales dirigentes socialistas en Andalucía y que concluyó con duras condenas de cárcel para la mayoría de ellos.

El juez Santiago Pedraz investiga ahora las actividades de Leire Díaz para aclarar si se trató de una trama financiada por el PSOE y organizada con el único objetivo de obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La manifestación convocada por la Sociedad Civil Española y apoyada por Vox y el PP con el lema “prioridad nacional” reunió a votantes de extrema derecha esta mañana en las calles de Madrid, en una marcha que comenzó en la emblemática Plaza Colón y finalizó en el Palacio de la Moncloa, sede dl gobierno, donde se vivieron algunos momentos de tensión entre algunos asistentes y la Policía cuando cortaron la autovia A-6 e intentaron llevar la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia. Según Delegación de Gobierno, se produjeron tres detenciones y siete agentes resultaron heridos.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” fue el grito más escuchado durante el recorrido, que acompañaban con peticiones de expulsión del presidente del Gobierno, y carteles que cargaban contra el ex mandatario José Luis Rodríguez Zapatero, quien comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, y pedían su entrada en la cárcel.

Santiago Abascal, lider de la ultraderecha de Vox, estuvo presente durante la concentración, y se sumó a exigir la entrada de Zapatero en prisión provisional. Además, desde Vox piden que Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros en funciones durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 declaren como testigos en la Audiencia Nacional.

El presidente de Vox sostiene que este tipo de movilizaciones son “necesarias” debido a que la “prioridad nacional” es “la expulsión de Sánchez del poder”, además de que seguirán apoyando las concentraciones contra el presidente del Gobierno “sin ningún tipo de ambages”.

“Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos”, declaró Santiago Abascal desde la plaza de Colón de Madrid. El líder de Vox cree que España está “secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles”.

Desde Vox consideran que hay “motivos suficientes” para que el expresidente Zapatero entre en prisión, como insistió el viernes el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. Algunos de los manifestantes defendían que “incluso Donald Trump (presidente de los Estados Unidos) está como loco por agarrar a Zapatero”.

La manifestación de este sábado reunió a votantes de Vox que cargaban banderas de España, además de banderas con la Cruz de Borgoña e incluso franquistas incostitucionales. Durante la marcha, entre gritos repetitivos que cargaban contra Sánchez y su Gobierno, también se escucharon ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado como “payasa”, pese a que el Partido Popular ha apoyado la propia manifestación de esta mañana. Algunas personas exclamaban: “Dónde están, no se ven los barones del PP”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presente en la manifestación esta mañana ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que es “inaudito” que la ministra haya retado a su partido a presentar una moción de censura “contra su propio Gobierno”. García ha insistido en que “en este momento” el Partido Popular no utilizará este instrumento constitucional para no “regalar una victoria” a Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Senado ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas. García sostuvo que su intención y la de su partido era apoyar a los españoles que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

“Una amplia representación del PP vino a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, declaró esta mañana Alicia García, y sostiene que el presidente del Gobierno “tiene miedo”, porque sabe que “el tiempo se le acaba”aunque quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido la portavoz del PP.

No se vio, en cambio, al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la manifestación por la “prioridad nacional”, pese a que su partido apoyaba la concentración. Alicia García justificó que Feijóo debía estar hoy presente en el Congreso del PP de Baleares donde se reeligió con el 99,93% de los votos como presidenta a Marga Prohens.

En la manifestación también estuvieron presentes el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama. El exdirigente del partido Javier Ortega Smith, que aunque fue expulsado de Vox mantiene su escaño en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) también han acudido.

Las expresiones xenófobas y racistas no tardaron en aparecer: “España cristiana y no musulmana”, “reasignación si no comen jamón” o “ayudas sociales para los nacionales” han sido algunos de los gritos que se han escuchado en la manifestación por la “prioridad nacional”, incluso se han escuchado clásicos versionados: “Bote, bote, musulmán el que no bote”. También se reclamaba a Santiago Abascal como nuevo presidente del Gobierno.

Los manifestantes repitieron los insultos hacia Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE: “Es un puticlub, no una sede”, “Zapatero al talego” o “Partido Socialista, putero y golpista” han sido algunas de las ideas que han gritado durante la concentración de esta mañana en Madrid. A la llegada a Moncloa, manifestantes recibían a la marcha con carteles en los que se podía leer “Detengamos a Sánchez”. Los carteles también cargaban contra el presidente del Ejecutivo por “la DANA, Adamuz, el gran apagón”, y definían a los socialistas como “cobardes”.

Al final de la marcha, la tensión ha aumentado cuando la Policía ha impedido a los manifestantes que continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Varias decenas de manifestantes que habían llegado hasta el Arco de la Victoria en Moncloa han cortado la A-6 y han intentado rebasar los límites de la convocatoria para trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la también residencia de Sánchez.

Lo primero que dijo Pedro Sánchez en la sesión de control del miércoles fue reafirmar su respeto por la presunción de inocencia y su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Gabriel Rufián prefirió ser más introspectivo: “Yo estoy jodido”. Es probable que el estado de ánimo de los votantes de izquierda, y en especial del PSOE, esté más cerca del sentimiento expresado por el portavoz de Esquerra que por la actitud del presidente del Gobierno. Los que encajaron como pudieron las investigaciones a José Luis Ábalos y Santos Cerdán se preguntarán ahora si les quedan fuerzas para hacer lo mismo con el expresidente y la acusación del juez Calama de la Audiencia Nacional.

Rufián llevaba en la mano algunas de las páginas de ese auto. Las blandió no para sacudir a Sánchez, sino para darle un baño de realidad. “Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor”, dijo. La segunda opción tendría que ver con un abuso de poder por parte del magistrado, un ataque bajo la sombra del llamado 'lawfare'. Si ese fuera el caso, el discurso de Rufián habría sido diferente. Mostró su “enorme afecto” por la figura de Zapatero, pero vino a decir que defenderlo a pecho descubierto es muy difícil después de leer las 85 páginas dla acusación.

Para enfrentarse a Alberto Núñez Feijóo, Sánchez optó por el manual de costumbre en la política adaptado a la situación actual. Es decir, y tus expresidentes, más. “Zapatero no nos metió en una guerra ilegal”, defendió y luego dio algunos ejemplos más. No se puede decir que sea un argumento de peso. La investigación sobre un presunto caso de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra no tiene nada que ver con Irak ni con Estados Unidos ni con los derechos humanos.

Tiene todo que ver con las cifras de los ingresos que supuestamente percibieron Zapatero y sus hijas a lo largo de cinco años. la acusación de Calama incluye varias partidas. La más sospechosa consiste en los 730.535 euros procedentes de Análisis Relevante. El juez añade en ese párrafo 524.707 euros de Gate Center y 693.615 euros de sociedades del grupo Thinking Heads. Pero esta última empresa se dedica desde hace años a hacer de representante de políticos que se dedican a dar conferencias por el mundo. Gate Center es un 'think tank' gestionado por Thinking Heads.

Nunca lo tuvo tan fácil Feijóo en una sesión de control. No es que lo aprovechara a tope. En parte, repitió conceptos ya utilizados antes. Con una excepción que es especialmente dañina para el Gobierno: “Solo hay que leer la acusación para ver que sin el Consejo de Ministros Zapatero no hubiera podido delinquir”. También es verdad que no llegas muy lejos en la vida si atiendes a la interpretación que haga el líder del PP de un auto judicial.

Lo que dijo es una deducción que no aparece como tal en la acusación. Pero no se puede desdeñar como una especulación sin fundamento. Evidentemente, todos los hilos de la trama pueden abarcar mucho más que la decisión judicial con la que se justifica la imputación de Zapatero. Por otro lado, se supone que aquí está lo más relevante que tiene que ver con él a nivel indiciario.

Quienes cambiaron de discurso en su mayor parte con respecto al día anterior fueron los socios del Gobierno. No de forma dramática, pero sí reveladora. Ya no defendían a muerte a Zapatero ni denunciaban 'lawfare'. Lo que ocurrió fue que habían leído la acusación del juez. Por eso, algunos prefirieron no hablar en público sobre esa investigación. Otros no ocultaron sus dudas. “Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito”, advirtió Enrique Santiago, de Sumar. “No pinta bien la acusación”, afirmó Ione Belarra, de Podemos. “Parece que no está tan claro que haya 'lawfare'”, dijo Àgueda Micó, de Compromís.

El martes, algunos se dejaron llevar por comentarios en redes sociales y el programa 'Mañaneros' de TVE que denunciaban que todos los problemas judiciales de Zapatero provenían de una querella del grupo ultra Manos Limpias. Era falso. La denuncia original es de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación policial es de la UDEF y la decisión de imputarle es del juez. Con los datos recabados en la instrucción, al expresidente solo le podían llamar a declarar como imputado.

la acusación de Calama solo sirve para justificar la imputación de Zapatero, lo que no es poco. Incluye toda una serie de indicios sospechosos, no un relato de hechos totalmente confirmados. Supone el inicio de una investigación que sigue estando declarada secreta, una condición que no se puede prolongar ya durante mucho tiempo.

Sobre la participación expresa de Zapatero en posibles delitos, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, tiene dudas: “Concertar una reunión o recordarle a alguien que debe tomar una decisión sobre algo no es tráfico de influencias, ni siquiera aunque se cobre por ello. Así pues, el juez debe demostrar, para sostener la eventual acusación, que efectivamente presionó a alguna institución para que se concedieran las ayudas a la aerolínea”.

No es un procesamiento ni una sentencia, aunque así apareció el miércoles en los titulares de portada de ABC y El Mundo. “Zapatero lideró una trama criminal”, tituló ABC. “Cazado el comisionista internacional Zapatero”, fue la opción de El Mundo. Miguel Tellado enseñó esas portadas y otras en el hemiciclo. Para algunos, el caso ya está cerrado y toca llamar a los carpinteros para que levanten el patíbulo.

El PP llevaba muchos meses señalando a Zapatero como responsable de una red corrupta con más insinuaciones que pruebas. En el Senado, lo hicieron en marzo con tanta alegría que el presidente de la comisión de investigación le recordó que se tomaban esas libertades, porque “las acusaciones no son lo mismo que en un tribunal”. Sin duda, la acusación del juez colma sus expectativas.

En la izquierda, se respira un clima distinto. Partiendo de las etapas del duelo de Kübler-Ross (negación, ira, negociación, depresión y aceptación), se podría decir que sus votantes han llegado a la fase de depresión y temen que en cualquier momento deban asumir la de aceptación. O podrían estar en un punto intermedio entre las dos últimas en la etapa que podríamos llamar la fase de “esto es una mierda”, según la ha etiquetado Rufián.

A los socialistas les toca contener la respiración hasta el 2 de junio cuando Zapatero preste declaración por primera vez ante el juez. Estos diez días se les van a hacer muy largos. Otra noticia como esta y tendrán que olvidarse del duelo y pedir cita para que les atiendan por el síndrome de estrés postraumático.

Corrección: se ha eliminado la suma de las aportaciones realizadas a Zapatero y sus hijas por Análisis Relevante, Thinking Heads y Gate Center, porque solo las actividades de la primera empresa están directamente relacionadas con los hechos descritos en la acusación. Thinking Heads se dedica a organizar conferencias de expresidentes y ex jefes de gobierno por todo el mundo. Se desconoce por qué el juez reúne todas esas cantidades de las tres compañías en un solo párrafo.

Pedro Sánchez cierra filas con José Luis Rodríguez Zapatero. Un día después de recibir el golpe de su imputación, el presidente del Gobierno se enfrentó a las acusaciones de la oposición en la sesión de control del Congreso. Y dejó claro que los detalles de la investigación, por ahora, no le hacen dudar de su respaldo. “Toda colaboración con la justicia, todo respeto a la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero, señorías”, sostuvo el presidente.

Sánchez reivindicó el legado de un hombre que pertenece a su círculo de confianza más estrecho y que supone uno de sus principales apoyos. Y al que el juez Calama sitúa ahora al frente de un entramado criminal. “Nos sacó de una guerra ilegal, amplió derechos y libertades y acabó con ETA. Lecciones de quienes tantas vergüenzas tienen que ocultar, ninguna”, le apuntó al PP.

En su turno de pregunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo hincapié en los problemas judiciales que rodean al Gobierno y que escalaron con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. “Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel”, recordó a Sánchez. “Defendieron a Santos Cerdán” y “volverá a prisión”, añadió. “¿Cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero?”, le preguntó.

“Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir”, apuntó Feijóo. “Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán ni su entorno. Nadie. Es la clave de todo”, aseguró Feijóo, quien no dio ninguna pista durante la sesión de control sobre si piensa o no activar una moción de censura contra Sánchez. “No llegó para limpiar”, le reprochó, “si no para saquear”, agregó.

“El que pueda robar, que roba (sic), ese es el lema”, dijo, parafraseando aquel “el que pueda hacer, que haga” de José María Aznar. “España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de cambiarlo”, concluyó.

Según fuentes de Moncloa, el presidente y su equipo dedicaron la tarde del martes a analizar en profundidad el auto del juez Calama. Y la conclusión, según esas mismas fuentes, en que no hay argumentos suficientes en ese escrito del juez para concluir que Zapatero delinquió. “Es un auto serio. Lo hemos analizado con detalle y estamos muy tranquilos después de leerlo”, aseguran en el Gobierno, donde sostienen que ese auto no aporta pruebas de que Zapatero incurriera en un delito de tráfico de influencias ni tampoco de que tenga vinculación societaria con el entramado empresarial a la que se investiga por blanqueo de capitales.

“Lo que quede por aclarar, estamos convencidos de que el expresidente lo aclarará. Todo lo que se expone en el auto lo vemos legal al cien por cien”, insisten esas fuentes, que aún así admiten que el mazazo político es innegable y aún de consecuencias imprevisibles. Porque Zapatero es, en primer término, el legado socialista que con más orgullo se enarbola en el partido. Idolatrado por las bases, estrella de las campañas electorales y con mucho tirón también entre los votantes progresistas en general, de su paso por Moncloa reivindica el PSOE la aprobación del matrimonio igualitario o el final de la banda terrorista ETA. Hitos históricos que lo convierten en una figura fundamental en los casi 140 años de vida del Partido Socialista. Y hoy es, además, una de las personas de mayor confianza personal y política para Pedro Sánchez, al que ha defendido contra y viento y marea hasta convertirse en uno de sus mayores activos.

Entrevistado el jueves por la noche en la radio española Cadena SER, Axel Kicillof describió un cuadro ruinoso de la Argentina de Milei y apeló a palabras de la actriz Dolores Fonzi para alertar sobre los riesgos de un avance de la ultraderecha ibérica (Vox o PP de Isabel Díaz Ayuso): “Vengo del futuro”.

El periodista preguntó: “Ante esto que sucede en Argentina, la izquierda, ¿qué puede ofrecer para volver a ser competitiva?”. La escena se repitió en la entrevista con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, reproducida en esta edición. “¿Qué hicieron mal los gobiernos de izquierda en Argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?”, consultó.

Para el gobernador bonaerense, el abordaje en términos ideológicos clásicos le suena más familiar que a cualquier dirigente peronista de primer orden, desde su vida universitaria —cuando era de izquierda no peronista— hasta su reelección como gobernador, en 2023, cuando apeló al eslogan “derecha versus derechos”.

En el diálogo con la radio, Kicillof comenzó a responder, pero enseguida se vio en la necesidad de aclarar. “Bueno, es una discusión. Lo que hace el peronismo, el campo popular —nosotros llamamos izquierda a partidos más pequeños, de origen trotskista— es una propuesta electoral, pero antes que eso, en el marco del desorden mundial que tenemos, presentar una alternativa que dé respuestas y una perspectiva”.

La aclaración del gobernador no es una mera cuestión taxonómica ante la ubicuidad histórica del peronismo. Representa, más bien, un desafío sobre una existencia política —para resumir, “el kirchnerismo”— en disputa, y ello constituye un problema en una era que demanda identificaciones claras. Hoy, en el despacho de La Plata, hablan con cierta naturalidad de un proyecto “peronista de izquierda”, aunque ponen el freno de mano para no herir susceptibilidades, no sólo entre los adversarios internos y gobernadores con los que tarde o temprano habrá que negociar, sino también entre algunos kicillofistas, como Andrés “Cuervo” Larroque, poco apegado a esas definiciones.

De Javier Milei se pueden decir muchas cosas, pero su vocación y arrojo por definir un perfil inequívoco está fuera de duda desde el primer minuto que piso un estudio de televisión, hace ya una década. Quiso ser ultra y lo sostuvo mucho más allá de lo que algún asesor de marketing le hubiera aconsejado.

Con el peronismo nacional pasa lo opuesto desde hace una década: no se sabe qué es. Del Daniel Scioli presidenciable de 2015, nadie puede aventurar si hubiera gobernado muy distinto de Mauricio Macri. El candidato era ambiguo y terminó siendo un farsante. ¿Cuál de los Sergio Massa conocidos estaría hoy en Casa Rosada si hubiera obtenido el mínimo margen que le faltó para ganar en la primera vuelta de 2023? Hubo un peronismo ganador, el de 2019, con los Fernández al mando, pero tampoco se sabe qué intentó hacer.

Del Daniel Scioli presidenciable de 2015, nadie puede aventurar si hubiera gobernado muy distinto de Mauricio Macri. El candidato era ambiguo y terminó siendo un farsante

Devaneos y escondidas

Fuera de las fronteras argentinas, los devaneos sobre el lugar ideológico del peronismo se resuelven con simplicidad, por razones de tiempo y espacio. Para la prensa internacional, Kicillof y Cristina son “peronistas de izquierda”; Menem y Pichetto, “peronistas de derecha”, y Massa, pragmático. Lula en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Elly Schlein en Italia, Pedro Sánchez en España, Yamandú Orsi en Uruguay, Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México, el SPD en Alemania, el laborismo británico y un largo etcétera se afirman en “la izquierda”, la “centroizquierda”, o “el progresismo”. Tienen recorridos disímiles y posiciones incluso opuestas ante determinados temas; hay moderados y radicales; liberales y populistas; varios tienen competencia por izquierda, aunque a todos los une la identificación de un rival o enemigo: la derecha y sus versiones extremas.

Todos los nombrados estuvieron presentes en la cumbe anti ultraderecha de Barcelona, convocada por Sánchez, que terminó ayer por la tarde. Kicillof mantuvo encuentros con buena parte de ellos, y más de uno le dio un trato de postulante presidencial. “No soy candidato”, aclaró el gobernador ante la confusión generalizada. No le creyeron.

La aversión a la identidad de “izquierda” encuentra ecos diversos en el peronismo. Por empezar, es el estandarte del máximo “peronista de Perón” y a la vez uno de los peronistas con menos votos y, sugestivamente, más minutos de streaming, Guillermo Moreno. Hasta hace poco, Miguel Ángel Pichetto —cuando combatía a bolivianos, paraguayos, mapuches e iraníes, votaba las leyes que proponía Milei y reclamaba a Macri que no cediera protagonismo— vetaba a Kicillof por “comunista”. Es el mismo lugar en el que lo ubican las profusas pantallas de la ultraderecha.

En el cristinismo —reconciliado con Moreno y Pichetto— arriesgan un argumento asombroso, alguna vez hecho público por su líder. “Izquierda y derecha son conceptos eurocéntricos”, impropios de América Latina. La idea barre con la historia del continente y la del propio peronismo, un siglo de enseñanza en la universidad pública y el lenguaje político de varios países de la región. A su vez, somete al cristinismo a tropezarse con sus contradicciones.

El Partido Justicialista (PJ) acaba de enviar una delegación de una docena de personas al encuentro organizado por la “Movilización Progresista Global” (MPG), cuyo objetivo fue “ofrecer una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”. Nada de esa terminología parece seducir demasiado a quienes rodean a la expresidenta.

Entre foto y foto, y panel y panel, la delegación del PJ no se cruzó con la bonaerense en los pabellones del predio ferial FIRA, en L’Hospitalet de Llobregat, afueras de Barcelona. Habrá sido todo un desafío evitar un pantallazo ocasional que encontrara a rostros de ambas facciones en el mismo encuadre.

Kicillof estuvo acompañado por su mano derecha y ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la ministra de Comunicación, Jésica Rey, y la parlamentaria del Mercosur Cecilia Nicolini. La Provincia afrontó el costo de los cuatro pasajes. La organización MPG cursó tres invitaciones al PJ. En una muestra de gran ecumenismo, fueron asignadas por Cristina a las camporistas Soledad Magno, Lucía Cámpora y Valentina Morán.

El senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien supo cultivar una red de relaciones internacionales y es el “progre” más nítido del cristinismo, fue intitulado como presidente de la delegación del PJ. Pagó sus pasajes y estadía de su bolsillo, y regresó con dos fotos con alto valor simbólico para su sector. Lula y Sheinbaum posaron con un cartel “Cristina Libre”. Además de alertar sobre los “peligros” de Milei, la denuncia de la “proscripción” de la exmandataria era un objetivo de principal para la comitiva oficial peronista, indican cerca de De Pedro.

La representación punteada por Cristina incluyó a los diputados Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lorena Pokoik y Roxana Monzón, el intendente de Merlo y secretario de RRII del PJ, Gustavo Menéndez (pareja de Monzón), la economista Delfina Rossi y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza. Jorge Taiana —cercano a Kicillof— fue anotado inicialmente en el listado del PJ, pero declinó. Sí apareció por los pasillos del FIRA de Barcelona el abogado de Cristina Gregorio Dalbón. Abordó a Sheinbaum al paso y se llevó como premio un video en reclamo de la libertad de su representada.  

La concurrida delegación del PJ para una conferencia que no resulta del todo amigable para la narrativa cristinista estuvo motivada en la voluntad de impugnar a Kicillof. Máximo Kirchner denuncia un juego individualista y victimista del gobernador, por lo tanto, no obediente del liderazgo de Cristina, y un escamoteo del reclamo por la libertad de la exmandataria.

Sobre la no obediencia, no hay mucho por agregar. “Sería totalmente absurdo presentarnos con la consigna ‘Cristina Libre’ como eje central en un encuentro de este tipo. Corresponde denunciar el autoritarismo y los abusos judiciales contra Cristina, pero una convocatoria para organizar una resistencia internacional ante la ultraderecha no es el ámbito para que ésa sea la bandera central del gobernador”, dice una voz próxima a Kicillof.

Aunque ambas comitivas manifiestan haber dado testimonio de una variante de la ultraderecha en su caracter más extremo —como perfilan a Milei—, en el eje Patria-Cámpora interpretan que el objetivo de Kicillof consistió en poner un peldaño en su candidatura presidencial, y no mucho más.

Distancia

El gobernador se apresta a encarar una precampaña presidencial con dos premisas. “Viene advirtiendo a nuestros dirigentes del peligro de creer que Argentina necesita las mismas políticas de Milei, pero con buenos modos. Hay que terminar con políticas que crean pobreza, matan a la industria, desfinancian a las universidades y generan deuda externa; no es sólo una cuestión de insultos, que por supuesto están mal”, cita la fuente bonaerense.

El segundo pilar permite avizorar la magnitud de la brecha que se abrirá con el kirchnerismo ortodoxo en los próximos meses. Va a dejar claras posiciones contrarias a las de Milei, pero también marcará diferencias con los doce años de Néstor y Cristina, anticipan. Así planteado, en el mundo de Cristina, que sólo se habilita un recuerdo idílico de aquellos años, será concebido en términos de traición. Kicillof es consciente “de las respuestas que dejamos de dar”, sobre todo —pero no sólo— desde 2019, argumentan en su entorno.

Un abordaje analítico, menos comprometido con la interna partidaria, sostiene que los trazos ideológicos no deben formar parte de una propuesta peronista “porque no les interesan a los votantes”. Son —sostiene la mirada pragmática de los asesores— “ajenos” a las preocupaciones de los hogares, a los que se supone más atraídos por temas vinculados a su salario, la calidad de su trabajo, la escuela de los pibes, el precio de la boleta de gas y el transporte público.

Cualquier 'postureo', sea progre o neoliberal, genera irritación en cuanto es detectado

La mirada tiene algún parentesco con el “antiwokismo”, no necesariamente por la voluntad de restaurar definitivamente el machismo, llenar de petróleo los glaciares, gritar libremente contra los bolivianos y combatir las transexuales, si no para evitar distraer la atención de los asuntos centrales, que serían los del ingreso.

Hay un sustrato de realidad en que nadie ganaría una elección meramente por decirse de “izquierda” o de “derecha”, menos si se lo hace bajo la forma de la impostura. Más bien, cualquier “postureo”, sea progresista o neoliberal, genera irritación en cuanto es detectado. Una “feminista” que milite por la “e” inclusiva y, al mismo tiempo, maltrate a su secretaria y fomente medidas que redundan en rebajas salariales y mayor informalidad en las empleadas del hogar, o, por derecha, un honestista que dispare contra los políticos como una “casta de ladrones” y manotee todo lo que tiene a mano para acumular propiedades y millas en avión privado lo pagará caro.

Algo de eso se ha visto, pero esa aversión no dice mucho sobre la inconveniencia de asumir un discurso con componentes ideológicos, que siempre están, aunque no se los explicite. La hipocresía y la corrupción son mal vistas, bajo cualquier ideología.

El corto alcance de los realpolitikers a ultranza es que no conciben la elaboración de un texto político que aborde el gran relato de “vivir mejor” —porque el trabajo no está en peligro y el sueldo alcanza— y que ello conforme un todo con los “pequeños relatos”, como evitar la contaminación del río, que millones de personas puedan asumir su sexualidad sin ser oprimidos, las mujeres no padezcan violencia machista, se denuncie el genocidio en Gaza aunque ocurra a 12.000 kilómetros y el Nunca Más siga confrontando al terrorismo de Estado. No existe ningún motivo para disimular luchas que —bien leídas— van de la mano de la “recomposición del ingreso de los hogares”.

Como primer paso, ello significa plantarse ante la reacción conservadora, sin inhibiciones ante zócalos de la tele, editoriales, pronunciamientos de ONG y bullying en redes sociales. Y luego, la huida de una identidad de “izquierda” parece más una exageración del análisis y una sumisión ante el estigma que se configura desde aparatos de derecha, que una demanda real de los trabajadores precarizados, quienes podrán no conducir su vida con un libro de Noam Chomsky en la mano, pero tampoco saldrán corriendo si alguien promete fomentar la igualdad a través de un impuesto a la riqueza o combatir el gatillo fácil contra adolescentes. La propuesta exige, claro está, pericia para explicarla y llevarla a cabo, y capacidad de resistir las represalias.

A sus 80 años, alguien que tiene algo para decir al respecto es Lula, y lo dijo ayer en su presentación en Barcelona.

“Estoy ante cinco mil personas que se identifican como progresistas. Siempre, la política se dividió en dos campos: de un lado, los que piensan que los individuos se sobreponen a la colectividad; y los otros, los que creen que el bienestar de cada uno depende de la garantía de una vida digna y decente para todos.

Esa división ya tuvo muchos nombres: derecha, izquierda, conservador y progresista, pero el extremismo impone un nuevo desafío. El campo progresista logró avanzar en la agenda de los derechos. La situación de los trabajadores, de las mujeres, de las personas negras y de muchas minorías es mejor hoy que lo que fue en el pasado. No es una coincidencia que la reacción de los jueces reaccionarios viniera de forma tan violenta, con la misoginia, el racismo y el discurso de odio. Pero el progresismo no logró superar el pensamiento económico dominante. El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre, desigualdad e inseguridad. Provocó crisis tras crisis. Aún así, nosotros sucumbimos a la ortodoxia; hemos sido los gerentes de las miserias del neoliberalismo. Los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con discursos de izquierda y creen en la austeridad. Desistimos de políticas públicas en nombre de la gobernabilidad, nos transformamos en el sistema; por eso no nos sorprende ahora que el otro lado se presente como el 'antisistema'.

El primer mandamiento para los progresistas tiene que ser la coherencia. No podemos elegirnos con un programa e implementar otro. No podemos traicionar la confianza del pueblo, aunque buena parte de la población no se vea como progresista. Ella quiere lo que nosotros proponemos: quiere comer bien, vivir bien, con escuelas de calidad, con hospitales de calidad; una política climática seria y responsable; una política de medio ambiente sana; un mundo libre y saludable; un trabajo digno, con jornada laboral equilibrada y también con un salario que permita una vida cómoda.

La extrema derecha supo aprovechar el malestar de esas poblaciones, aprovechó la frustración de las personas inventando mentiras: hablando de las mujeres, de los negros, de la población LGBTQ+, de los inmigrantes. Es decir, utiliza a las personas que más necesidades tienen para servir al discurso de odio. Nuestro rol es apuntar con el dedo a los verdaderos culpables: un puñado de multimillonarios que concentra la mayor parte de la riqueza mundial. Ellos quieren que las personas crean que 'cualquiera puede hacerlo'. Alimentan falacias de la meritocracia, pero patean la escalera para que otros no tengan la misma oportunidad de subir. Ellos pagan menos impuestos —o nada—, explotan a los trabajadores, destruyen la naturaleza y usan el algoritmo. Entonces, la desigualdad no es un hecho, es una elección política. Y nosotros, ¿qué debemos elegir? La igualdad".

slacunza@eldiarioar.com

SL

Corrección: En la veresión original, fue incluido Jorge Taiana como uno de los asistentes al encuentro de Barcelona. Se trató de un error.

La izquierda global se espolea como reacción a los designios del trumpismo y bajo la bandera del 'no a la guerra' que enarbola España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este sábado en Barcelona durante la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation' a pasar página de una ola reaccionaria que, dijo, llega a su fin. “Que no os engañen. Los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba”.

“Su ortodoxia neoliberal, ineficiente y cruel, murió en 2008, con la Gran Crisis Financiera. Y su visión del orden internacional está siendo desmantelada por los aranceles y las guerras ilegales”, clamó ante el auditorio de la Fira de Barcelona, repleto con 6.500 asistentes que han ovacionado sus mensajes dirigidos a la “internacional ultra”.

“La derecha ya no lidera, languidece. No importa cuánto griten. Ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto ni soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que nos han traído cuatro cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo”.

Por eso, Pedro Sánchez se aventuró a decretar el fin de la era del populismo ultra y sus recetas. “El tiempo de la internacional ultraderechista y de la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin. Y vamos a traer una nueva era de progreso. Vamos a reconstruir lo que han tratado de destruir. Vamos a demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor. Que aún quedan nuevas cotas de bienestar y desarrollo por conquistar”.

El presidente español apeló al “orgullo” de la tradición política progresista ante el intento de estigmatización y humillación de las derechas. “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. Termina hoy, porque hoy la vergüenza cambia de bando. Y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, ¡que se avergüencen ellos! Los que callan ante la injusticia, los que explotan a los trabajadores, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que apoyan la guerra y la violencia poniéndose de frente o de perfil, como unos cobardes”.

“La vergüenza, para ellos”, siguió. “Para nosotros, a partir de hoy, el orgullo de ser pacifistas, ecologistas, sindicalistas y feministas. El orgullo de ser de izquierdas y socialdemócratas. El orgullo por estar en el lado correcto de la historia. Por defender el derecho internacional y la paz. Y por gritar una y mil veces 'sí a la paz y no a la guerra'”.

Como cierre a un fin de semana repleto de cumbres internacionales que se acabaron por convertir en una especie de baño de masas en torno a la política exterior española, Sánchez pidió a sus colegas progresistas de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica o Uruguay levantar la mirada y el ánimo para no abandonar el ímpetu de cambiar las cosas.

“Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos con el 'status quo'. Pero no lo vamos a hacer. No vamos a comprar su pesimismo. Ni su desesperanza. Vamos a defender que un mundo mejor es posible. Que se pueden subir salarios y crear empleo a la vez. Que se puede frenar la emergencia climática y ganar competitividad. Que la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres son palancas de progreso social. Que la prosperidad de las naciones o es compartida o no será”.

“Y lo vamos a hacer doblándoles el brazo a quienes se creen intocables”, ha enfatizado para erigirse en la antítesis internacional de Donald Trump. “A los multimillonarios que explotan a la gente y cuya codicia no tiene límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente. A los tecno-oligarcas que quieren llenarse el bolsillo a costa de la salud de nuestras democracias y la salud mental de nuestros jóvenes. Vamos a hacerlo, porque cuando gobernamos los progresistas, los Estados no se arrodillan ante las élites, las ponen en su sitio”.

Pedro Sánchez clausuró de esta forma el encuentro del progresismo global tras una segunda jornada en Barcelona en la que se dieron cita cerca de una veintena de líderes mundiales, entre jefes de Estado y de gobierno, como la presidenta mexicana, el presidente colombiano, el sudafricano y los vicepresidentes alemán, británico o austriaco.

Axel Kicillof profundizó su posicionamiento internacional y endureció sus críticas al gobierno de Javier Milei durante su reciente gira por España, en un contexto global que, según planteó, atraviesa una creciente inestabilidad. El mandatario bonaerense combinó una agenda institucional con definiciones políticas de alto voltaje, tanto en Europa como tras su encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El eje central de su mensaje, luego de haber participado de la Reunión para la Defensa de la Democracia, quedó plasmado en sus redes sociales luego de la reunión con el líder brasileño, donde destacó su figura en contraposición al avance de sectores de ultraderecha. “En estos tiempos de inestabilidad mundial y mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, Lula nos enorgullece con su ejemplo de dignidad, paz y justicia social”, expresó Kicillof en X, subrayando además la necesidad de fortalecer la unidad regional.

En ese mismo mensaje, el gobernador agradeció el encuentro y remarcó la importancia de sostener una agenda común en América Latina. “Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza de una Latinoamérica unida en favor de los intereses del pueblo”, escribió, en una señal clara de alineamiento político con el mandatario brasileño.

En territorio español, particularmente en Barcelona, Axel Kicillof profundizó sus cuestionamientos al rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Allí, donde mantuvo un encuentro con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que en Argentina “se ve un desplome de la economía, con caída de la demanda y ausencia total del Estado”, marcando un fuerte contraste con los debates que, según describió, se dan actualmente en Europa.

“Mientras acá se discute reducir la jornada laboral y fortalecer el salario mínimo, en Argentina el gobierno de Milei quita derechos y desmantela la industria”, sostuvo durante una entrevista radial. En esa línea, aseguró que crece el escepticismo entre actores económicos respecto del programa oficial: “Ya casi nadie se cree la propaganda de éxito y estabilidad”.

El gobernador también cuestionó la falta de inversiones y el deterioro del consumo interno. Según indicó, empresarios le transmitieron preocupación por el escenario actual: “Ven que la inversión extranjera es negativa y que el consumo se hundió”. Además, apuntó contra la política antiinflacionaria del Ejecutivo nacional: “Cambia de teoría como de campera para acomodarse a cada fracaso”.

En el plano internacional, Axel Kicillof advirtió sobre un supuesto aislamiento de Argentina y cuestionó la orientación diplomática del Gobierno. Reivindicó, en cambio, la necesidad de fortalecer vínculos con referentes como Lula, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Milei nos mete en conflictos ajenos por sus anteojeras ideológicas y eso es una locura que nos pone en peligro”, afirmó.

Con información de redes y agencias

JIB

Resignarse a que llegue la extrema derecha y arrase con las democracias no puede ser la única opción a la que estén condenados los progresistas de todo el mundo. Con esta idea como guía, una veintena de mandatarios internacionales encabezados por Pedro Sánchez y Lula Da Silva se dieron cita este fin de semana en Barcelona para poner las bases de una nueva alianza global contra la ola reaccionaria, en un momento en el que la posición del Gobierno español contra las guerras iniciadas por Donald Trump han encontrado eco, sobre todo en América Latina.

Desde Argentina, se sumó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien mantuvo reuniones con el presidente de Brasil y el exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

A lo largo de dos jornadas, en las que se celebraron una cumbre bilateral España-Brasil, una reunión con representantes gubernamentales y un encuentro de organizaciones progresistas de todo el mundo, los líderes mundiales de izquierda y centro-izquierda han reactivado un polo que tiene voluntad de ser una oposición al mundo que dibuja Donald Trump y un contrapeso a lo que Sánchez ha definido en diferentes ocasiones como la “internacional del odio”.

“El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin”, ha defendido Sánchez ante un plenario repleto este sábado. El mandatario español ha asegurado que este evento es el punto de inflexión para una alianza progresista que, a partir de ahora, estará orgullosa de ser “pacifista, ecologista, sindicalista y feminista”.

Por su lado, Lula defendió un mundo basado en reglas y el papel del progresismo en la historia. “El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre desigualdad e inseguridad, creó crisis tras crisis”, criticó Lula, quien reclamó al progresismo coherencia y hacer desde los gobiernos lo que promete antes de las elecciones.

“La extrema derecha ha sabido aprovechar el malestar de la población creando mentiras. Contra las mujeres, contra los negros, contra las personas LGTBIQ+”, criticó el mandatario brasileño, que elogió a Sánchez por “la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EEUU salieran de aquí para bombardear Irán”.

Este sábado, ya ante la veintena de líderes que compartieron mesa en el recinto de la Fira de Barcelona, situado en L'Hospitalet de Llobregat, Sánchez profundizó en su llamamiento a cerrar el paso a los planes de la extrema derecha. “La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, aseguró Sánchez.

Multilateralismo, rechazo al genocidio en Gaza y a la guerra en Irán, legalidad internacional y reforma de los mecanismos de gobernanza mundial como la ONU son algunos de los ejes en los que todos los participantes de las cumbres han coincidido, más allá de los acentos que cada país ha querido ponerle.

Para todos ellos, la consigna se condensa en un llamamiento a la paz en medio de un mundo cada vez más convulso. Lula da Silva ha advertido de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, también Claudia Sheinbaum, que ha impulsado una declaración para evitar una incursión militar en Cuba. El sudafricano Ramaphosa ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas.

Si la primera jornada estuvo protagonizada por el alineamiento político que mostraron Sánchez y Lula, que propusieron a sus respectivos países como “motores” para acercar América y Europa, el segundo reflejó la amplitud del llamamiento de los dos líderes, con la participación de hasta 18 mandatarios de máximo nivel y otros muchos ministros, embajadores y líderes de partidos.

En la Fira estuvieron presentes los presidentes y primeros ministros de México, Colombia, Uruguay, Sudáfrica, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde o Barbados, así como vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana o Botsuana. En las jornadas políticas han estado presentes también algunos de los rostros habituales de oposición a Trump en su propio país, como el Gobernador de Minessota, que ha estado presente, o el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que han enviado un vídeo.

Por parte de los anfitriones acudió la mayor parte de los ministros socialistas del Gobierno, así como el president de la Generalitat Salvador Illa y algunos de sus consellers, y el alcalde de Barcelona.

No pasó inadvertida la presencia de la mexicana Sheinbaum, que con su asistencia certificó el deshielo en las relaciones de su país con España, de la que se había alejado tras la demanda de una disculpa oficial por la colonización. Tras varios años en los que esta petición no se había satisfecho, el rey Felipe VI aprovechó una visita a una exposición sobre México para reconocer que hubo “mucho abuso” en la conquista, palabras que desde el gobierno mexicano se entendieron como “un avance”.

Esperanza contra la “internacional ultraderechista”

Con 6.500 personas movilizadas y decenas de líderes, cargos y caras conocidas presentes, la reunión de Barcelona supone una inyección de optimismo para los movimientos socialdemócratas de izquierdas que iniciaron 2026 atónitos por la violencia desplegada por EEUU en Venezuela o Irán. Uno de los objetivos de las jornadas era dar la vuelta al sentimiento de inevitabilidad que se ha apoderado de buena parte de las bases progresistas tanto en Europa como en Latinoamérica y otros países.

En línea con eso, “esperanza” ha sido una de las palabras que los ponentes han repetido más. Una esperanza que debe servir para que los demócratas dejen de tener miedo al futuro. “Prevaleceremos, la democracia nos pertenece a todos, así dibujamos el futuro en común”, afirmó el sueco Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos. “El futuro no es propiedad de nadie y no será ni de los más fuertes ni de los soberbios”, remarcó el president catalán Salvador Illa.

Junto a esto, los temas económicos han protagonizado también buena parte de las intervenciones de los líderes. Una demanda reiterada es imponer un impuesto especial a los llamados “megaricos”. También una transición energética, que ha sido remarcada como urgente desde posiciones tan a priori alejadas como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Otro de los temas muy comentados es la necesidad de imponer reglas a los gigantes tecnológicos. Unas redes sociales donde la propaganda extremista campa a sus anchas, cuando no directamente controladas por magnates de ideologías ultras, es un campo de batalla sesgado.

No menos problemático es que buena parte de la infraestructura de los estados y las instituciones democráticas recaigan sobre empresas privadas e indiferentes, en el mejor de los casos, a la defensa de la democracia. En Brasil hay, además, preocupación por la arremetida de Trump contra Pix, el sistema de pagos instantáneos que ha independizado de facto a millones de brasileños de las tarjetas de crédito de compañías norteamericanas.

Sánchez consolida su apuesta internacional

Para el presidente del Gobierno estas jornadas suponen un importante espaldarazo y, también, un colofón a la intensa agenda internacional desplegada en los últimos meses, que llega después de su viaje oficial a China.

Sánchez ya llamó la atención del mundo progresista hace un año, cuando fue el único dirigente de la OTAN que se opuso abiertamente a los planes de Trump para aumentar al 5% del PIB la aportación a la alianza militar. Aquellas aguas bajaron y el presidente norteamericano pareció olvidarse de España, pero el líder del PSOE volvió a ser uno de los pocos primeros ministros europeos que, hace un mes, rechazaron de plano los ataques sobre Irán.

Aquella toma de posición de la Moncloa marcó una inflexión, pues fue el desencadenante de varios cambios en las reacciones de otros países europeos. Sánchez había demostrado que decir no a Trump no solo era posible, sino que podía tener rédito político y apoyos internacionales.

En unas jornadas que han reunido a lo más granado del progresismo mundial, Sánchez se ha mostrado dispuesto a reimpulsarse contra la extrema derecha que representa Vox en España, pero también contra la “derecha lacaya”, tal como ha tildado al PP. En este sentido, el anuncio del acuerdo de Gobierno de Extremadura entre PP y Vox anunciado precisamente el jueves, sirvió a Sánchez como ejemplo de contra qué luchan los progresistas reunidos en Barcelona.

La cercanía política de los dirigentes de España, Pedro Sánchez, y Brasil, Luis Inácio Lula de Silva, ambos claramente críticos con el unilateralismo deslenguado del mandatario estadounidense, Donald Trump, quedó de manifiesto en su reunión con motivo de la I Cumbre España - Brasil, que se celebró hoy en Barcelona. “Frente a la fragmentación, la confrontación y las guerras que estamos viendo en el mundo, trasladamos un mensaje completamente distinto de confianza mutua y prosperidad compartida”, defendió Sánchez, que se refirió a Lula como amigo “de España, de Europa y personal”.

Preocupados ambos por el ascenso de la ultraderecha a caballo de la desinformación y las noticias falsas, disparados en el ecosistema de las redes sociales —una “ola reaccionaria en redes”, en palabras de Sánchez— los dirigentes destacaron la buena relación entre sus países durante un encuentro de alto nivel en el que participaron buena parte de los ministros de uno y otro Gobierno.

A nivel comercial, diplomático y político, la sintonía en la relación bilateral entre España y Brasil viene en claro aumento desde el regreso de Luis Inácio Lula da Silva al poder en 2023. En los encuentros en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en respectivas visitas oficiales se certificó un acercamiento improbable durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.

España es el segundo mayor inversor en Brasil, por valor de más de 50.000 millones de euros anuales, mientras que Brasil duplicó las exportaciones a España en la última década (especialmente de petróleo). A los países los unen también importantes lazos históricos —se calcula que unos 15 millones de brasileños son descendientes de españoles—.

Fuentes del Gobierno inciden en que la “sintonía política es muy clara” entre los mandatarios y señalan que el resultado de esta es la firma hoy de múltiples acuerdos de colaboración, tras negociaciones que llevan meses en marcha, en tres grandes bloques: económico y comercial (se anuncia un pacto para la extracción y comercio de minerales críticos, imprescindibles para la industria tecnológica); innovación, ciencia y cultura; o derechos sociales, con especial foco en la igualdad de género y racial.

Así hasta 15 materias diversas, algunas extraordinariamente específicas, como las posibilidades de adaptación de la raza de vaca retinta a Brasil. La voluntad de las delegaciones es que las cumbres se regularicen, posiblemente con carácter bienal.

Las vicepresidentas segunda, Yolanda Díaz, y tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fueron desfilando ante la mirada de Sánchez y Lula junto a sus homólogos brasileños para firmar memorandos de entendimiento en sus respectivas materias. También los titulares de Ciencia, Cultura e Igualdad, antes de la intervención de los presidentes.

Democracia y multilateralismo

Pero la colaboración entre los dirigentes va más allá del nivel bilateral. Desde 2024, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Lula y Sánchez promueven con otros líderes internacionales un foro más o menos informal en el que proponer alternativas para defender el resquebrajado orden internacional. A aquella reunión la siguieron dos el año pasado, primero en Chile en julio, auspiciada por el presidente Gabriel Boric y a la que se sumaron el colombiano Gustavo Petro y el uruguayo Yamandú Orsi, y después en septiembre, de nuevo en Nueva York con motivo de la reunión de la Asamblea General.

Esta réplica de los progresistas a la internacional de ultraderecha —hoy desmejorada por la derrota y posterior encarcelamiento por golpismo del predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, y la reciente salida del poder del húngaro Viktor Orbán— se consolida el sábado en la que será la IV Reunión por la Defensa de la Democracia, donde la nómina de dirigentes se amplía a una quincena.

La Guerra Civil a los ojos de Lula

El presidente brasileño advirtió de la gravedad del momento presente en el plano internacional, que comparó con la propia historia de España y la Barcelona de hace 90 años, inmersa en el “horror” de la Guerra Civil, antesala de la Segunda Guerra Mundial. “Hoy asistimos atónitos a una nueva carrera armamentística”, advirtió el mandatario, que recordó que ya durante su primera etapa como presidente, en 2003, se negó a apoyar la guerra de Irak que pregonaba el entonces líder estadounidense George W. Bush. “Entiendo cuando Sánchez dice no a la guerra”, señaló, en ese sentido.

Lula y Sánchez están, así “en la misma trinchera”, en la que se pretende defender unas instituciones de una ultraderecha que solo pretende “destruirlas”, y en hacer que la democracia avance “más allá del voto” para traer “beneficios concretos a la vida de las personas”.

En la reunión del jueves hablarán los dirigentes del declive y necesidad de refuerzo del multilateralismo, que se refleja en el papel disminuido de la ONU, que “tuvo papel importante en la creación de Israel y hoy no consigue consolidar el Estado palestino”, según recordó Lula.

El dirigente brasileño reflexionó sobre los límites de la democracia y las frustraciones de la izquierda. “Cuando conocí Italia el PCI era el mayor partido comunista de Occidente. Al llegar al poder, se acabó, se desmotivó. ¿Qué sucedió? Hay que entender las causas para hacer una propuesta. Qué parte de discurso está errado, que expectativas de nuestra juventud no estamos satisfaciendo”, planteó.

Sheinbaum en Barcelona

Entre los nuevos participantes destaca la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la semana pasada anunció que traería un mensaje de “paz” a Barcelona, tras limarse asperezas con España en los últimos meses a cuenta de la memoria del pasado colonial. La mexicana y Sánchez se reunirán brevemente aprovechando la ocasión. Otros dirigentes confirmados son el surafricano Cyril Ramaphosa, o el presidente del Consejo Europeo, ⁠António Costa.

A esta segunda cumbre se suma la Global Progressive Movilization (Movilización Progresista Global), un congreso de contenido más político en el que participan miembros de formaciones políticas internacionales —con destacada presencial del PSOE— expertos y periodistas para discutir el abordaje de cuestiones como el autoritarismo, la desigualdad salarial o las guerras culturales. Está previsto que Sánchez y Lula cierren la reunión el sábado.

Si para Sánchez la triple cita es una oportunidad para afianzar su imagen de referente progresista internacional, para Lula, que después de España pasará por Alemania y Portugal en misión comercial, supone enfriar la visita a Washington, anunciada el año pasado. Las relaciones con Trump son tensas y Lula afronta este año una nueva elección presidencial contra uno de los hijos de Bolsonaro, menos alejado en las encuestas de lo que podría esperarse tras el descalabro de su padre.

“No en 10, no en dos años; mañana mismo”, dijo Pedro Sánchez el pasado viernes sobre la constitución de un Ejército Europeo. Ningún gran país de los 27 había manifestado nunca una afirmación tan categórica sobre una de las aristas más complicadas de la integración europea. Pero Pedro Sánchez sabe que puede permitirse la audacia, incluso si chirría con la posición de otros socialistas en la Comisión, pues el mandatario español se ha convertido en la avanzada de quienes quieren hacer frente al trumpismo dando un giro a la inercia geopolítica de la Unión Europea (UE).

Sánchez adoptó definitivamente este papel hace un mes, al inicio de la ofensiva contra Irán, cuando fue el primer ministro europeo que con más claridad se opuso a los planes de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El análisis que hacen en la Moncloa es que el acierto fue total. En política exterior, marcó una pauta que otros siguieron, si no inmediatamente, sí poco a poco y casi por decantación. En la doméstica, porque cohesionó a la izquierda y dejó al PP en una frágil posición para explicar por qué sus referentes internacionales han iniciado esta guerra.

Tras ese primer movimiento, el objetivo de Sánchez ahora es convertir el planteamiento del Gobierno de España en una alianza con otros ejecutivos progresistas de todo el mundo. Los próximos viernes y sábado tendrá lugar en Barcelona la Movilización Global Progresista, unas jornadas políticas que coincidirán con dos cumbres más: la primera bilateral España-Brasil y la cuarta edición de la cumbre para la Defensa de la Democracia. Entre los tres actos, el presidente del Gobierno se dará cita con una decena de mandatarios de izquierdas de primer nivel, como el brasileño Lula Da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el portugués António Costa, el colombiano Gustavo Petro, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi, la irlandesa Catherine Connolly o el albanés Edi Rama, entro otros muchos.

El objetivo de esta maratón internacional con epicentro en Barcelona es subrayar la existencia de un polo democrático opuesto a los planes de la extrema derecha que se pilota desde la Casa Blanca. Sánchez aprovecha la zozobra geopolítica producida por Trump para estrechar sus relaciones con los gobiernos de la izquierda mundial, muchos de ellos aliados iberoamericanos, y liderar así una oleada antitrumpista que los líderes esperan que active a sus bases.

Más China frente a la OTAN

La cumbre con países del sur global, algunos de los llamados BRICS y líderes progresistas de la UE, representa, también, un paso al frente de España como uno de los estados europeos que apuestan más por una soberanía estratégica del continente que por dejar sus planes defensivos en manos de la OTAN.

Y eso que solo han pasado cuatro años de la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, cuando Sánchez aprovechó la cita para marcar perfil internacional y revalidar su compromiso con el tratado de defensa mutua que capitanea EE.UU. Entonces, sin embargo, era Joe Biden quien estaba en la Casa Blanca y la posibilidad de un regreso de Trump a la presidencia solo formaba parte de las especulaciones.

La hoja de ruta de la OTAN salida de Madrid, centrada en la defensa europea tras la invasión rusa sobre Ucrania, se ha quedado vieja rápidamente. No solo porque en EEUU los asuntos que ocuren en el este europeo se ven de forma muy diferente. También porque, entonces, los miembros de la OTAN acordaron calificar a China de “desafío para sus intereses”, algo que a día de hoy, al menos para la Moncloa, sería matizable.

Desde que se firmara el concepto estratégico de Madrid, Sánchez ha viajado a China en cuatro ocasiones, una por año. La última precisamente esta semana, en pleno conflicto en Irán, cuando el presidente del Gobierno visitó a Xi Jinping y le pidió que juegue más su rol como potencia garante de unas relaciones internacionales estables.

En los últimos años, las relaciones entre España y el gigante asiático se han estrechado como nunca antes, no solo en el terreno comercial, sino cada vez más en el político. De hecho, para la Moncloa pero también para barones socialistas como Salvador Illa, China se sitúa en el centro de la agenda internacional.

Un debate internacional útil en casa

Cuando hace poco más de un año la administración Trump comenzó su agresiva política arancelaria, que pondría patas arriba el comercio mundial, a Sánchez se le acumulaban los problemas en política interna. Padecía una frecuente falta de mayorías en el Congreso; el escándalo de corrupción del exministro José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo Garcia, ya había estallado, y solo unos meses después dimitiría por la misma causa el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Durante toda esa primavera, el Gobierno español acusó mucho desgaste.

Pero en junio de 2025, prácticamente en paralelo con la entrada en prisión preventiva de Cerdán, se produjo uno de los primeros choques entre Sánchez y Trump, cuando España rechazó el borrador de la OTAN que conminaba a todos los aliados a asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. “No solo sería irrazonable sino también contraproducente”, argumentó Sánchez ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Fue aquella una de las genealogías de los choques con Trump que luego se harían más frecuentes. Pero la firmeza de Sánchez conectó también con buena parte de la sociedad progresista española que deseaba más orgullo por parte de sus dirigentes para hacer frente a la cada vez más belicosa actitud de EE.UU.

Se llega así a una cumbre, la Movilización Global Progresista donde todos los participantes estarán alineados con el papel de antagonista a Trump que ha ejercido Sánchez. Dos jornadas con sede en Barcelona que remarcarán que existen contrapartes a la nueva alianza de gobernantes de extrema derecha, que suele reunir últimamente a Washington, Buenos Aires, Roma y Budapest (cuando no directamente a Moscú).

En política interior, los socialistas esperan que el baño de figuras de primer nivel que se dará Sánchez rebata la acusación de Alberto Núñez Feijóo de que el Gobierno está solo. Y, de paso, que se convierta en una buena excusa para preguntar al PP si está del lado de los participantes en Barcelona o de los que la semana pasada peregrinaron hasta Hungría para tratar de evitar la derrota sufrida por Viktor Orbán.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, iniciará este jueves una cargada agenda en España, donde buscará levantar su perfil internacional y sentar postura en el mapa geopolítico mundial, en la vereda contraria a la del presidente Javier Milei.

La visita del mandatario provincial a España comienza con una reunión bilateral con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, la que tendrá lugar a las 8 de nuestro país en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Más tarde, a las 10, Axel Kicillof participará de una reunión con inversores y empresarios españoles en el Hotel Meliá Princesa.

La agenda de este martes también incluye a las 13.30 la presentación de su libro en el marco de un conversatorio junto al politólogo y profesor universitario Pablo Simón. El evento será en El Ateneo.

La jornada cerrará con una cena en su honor a las 15.30 de Argentina en la Torre IE, Paseo de la Castellana 259.

Luego, Axel icillof se trasladará hacia la ciudad de Barcelona para mantener un encuentro con el alcalde local, Jaume Collboni, y participar de la Movilización Progresista Mundial, reunión a la que fue invitado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La cumbre tendrá lugar entre viernes y sábado y el gobernador participará de paneles sobre multilateralismo, nuevo orden global y los principales desafíos internacionales.

El encuentro busca contrastar con el pensamiento que pregona sector que lidera Estados Unidos junto a Israel, con el que está alineado el gobierno de Milei.

En la Movilización Progresista Mundial, Axel Kicillof se cruzará con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y la de México, Claudia Sheinbaum, entre otros dirigentes.

Antes de viajar, Axel Kicillof recibió este martes al embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La guerra de Irán acerca a Brasil a Europa. La turbulencia geopolítica de Medio Oriente Medio enfrió una reunión entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Donald Trump en la Casa Blanca, anunciada a finales del año pasado. Tras una invitación personal del presidente español Pedro Sánchez a comienzos de marzo, Lula decidió cambiar Washington por Barcelona, donde el viernes se celebra la primera cumbre bilateral entre España y Brasil de la historia.

En la capital catalana, Lula también participará en el encuentro Global Progressive Mobilisation y en la cuarta edición del Fórum Democracia Siempre, junto a Pedro Sánchez, el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, entre otros. Lula otorgó a su visita a España el máximo rango de importancia: acude a Barcelona con 14 ministros y un nutrido grupo de empresarios. España acumula la segunda inversión directa más elevada en Brasil durante las últimas décadas y es su octavo socio comercial. Además, las exportaciones brasileñas a España se duplicaron en la última década (especialmente de petróleo).

Tira y afloja con Trump

El conflicto bélico en Irán está dificultando el intento de Lula de recomponer relaciones diplomáticas con Donald Trump, tras un 2025 marcado por la interferencia de EE.UU. en la justicia brasileña. Trump vinculó directamente la aplicación de aranceles del 50% a Brasil al proceso que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. A pesar de que la diplomacia brasileña consiguió revertir el tarifazo para la mayoría de los productos, las relaciones de Lula con Trump siguen tensas.

Brasil rechazó la petición de Washington de recibir a deportados en su sistema carcelario y sigue luchando para que EE.UU. no declare a los comandos de traficantes Comando Vermelho y PCC como grupos terroristas, algo que abriría la puerta a una posible intervención militar en su territorio. Por otro lado, Brasilia mantiene el máximo nivel de alerta ante la posible injerencia de EE.UU. en las elecciones presidenciales del próximo octubre. En marzo, Brasil negó el visado a Darren Beattie, asesor del gobierno Trump, que había solicitado visitar a Bolsonaro en prisión.

Roberto Abdalla, secretario para Europa y América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró el lunes en conferencia de prensa que la cumbre España-Brasil “servirá para la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos”. Fuentes diplomáticas del gobierno de Brasil reconocen que el viaje de Lula a España pretende posicionar al país en el combate de las fake news, la regulación de las Big Tech y la soberanía digital. Brasil, que mostró una firme defensa de su soberanía frente a los ataques de Elon Musk, pretende aprobar este año por decreto presidencial la regulación de las grandes empresas tecnológicas, ante el bloqueo del Proyecto de Ley de las fake news en el congreso.

A su vez, Brasilia aspira a cerrar con España acuerdos sobre tierras raras y minerales críticos, algo que la entrada del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (entra en vigor el 1 de mayo) facilita.

Alianza contra la extrema derecha

La visita oficial de Lula a España llega en el momento de mayor sintonía política entre Pedro Sánchez y Lula da Silva. En enero, Lula dialogó con 16 jefes de estado del mundo para defender la paz y el uso del multilateralismo. En su conversación telefónica con Sánchez, ambos condenaron el “uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU”. Después del inicio de los ataques de Israel y EE.UU. a Irán, los dos presidentes defendieron el multilateralismo y manifestaron su oposición a la guerra. “Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional”, aseguró Sánchez en un mensaje en X.

Por su parte, Lula defendió en X que los dos reiteran su compromiso “con el multilateralismo como camino para la construcción de la paz y del desarrollo sostenible”. Lula también debe de abordar el multilateralismo, la desinformación y la igualdad racial y género en el Foro Democracia Siempre, según Vanessa Dolce de Faria, asesora especial del ministro de Relaciones Exteriores.

Lula y Sánchez condenaron el 'uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU'

Tras Barcelona, Lula viajará a Alemania para participar en la Hannover Messe, la mayor feria industrial del mundo, donde prevé reunirse con Friedrich Merz, primer ministro alemán, y firmar acuerdos estratégicos. La mini ira europea de Lula acaba el día 21 en Lisboa, donde trabajará en acuerdos con el gobierno portugués.

El viaje a Europa supone un giro geopolítico de Lula. En el primer trimestre del año, el presidente brasileño nadó y guardó la ropa para no poner en peligro su reunión con Donald Trump, algo clave para arrebatarle a la familia Bolsonaro la interlocución directa con la Casa Blanca. Estrechando vínculos con Europa, Lula aparca y dificulta su intento de reaproximación con Trump, especialmente por su proximidad con Pedro Sánchez, crítico contra la guerra de Irán.

Transición energética y alimentos

La energía, los combustibles y la transición energética están en el epicentro de la cumbre bilateral de Barcelona. Brasil exporta a España petróleo crudo (representa el 36,8% del total de las importaciones), así como cobre (7,2% del total) y hierro. España exporta a Brasil combustibles y tecnología de energías renovables, especialmente placas solares. La presencia de grandes grupos españoles de los campos de la energía eléctrica, petróleo y gas abre espacio “para diálogo tanto en comercio cuanto en inversiones en el sector”, según un documento elaborado por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), a la que ha tenido acceso este medio.

A su vez, Brasil quiere sacar pecho de su producción de biocombustibles, algo que en plena crisis energética global adquiere un cariz geopolítico. En Brasil, el 20% del combustible consumido por los vehículos proviene de biocombustibles: se produce a partir de resto de caña de azúcar, maíz, soja, girasol, tubérculos, piñones e incluso de residuos orgánicos. En noviembre de 2025, Lula aseguró que “quería ir a la feria de Hannover para probar que el aceite diésel que emite menos CO2 del mundo es brasileño”.

El viaje a Europa supone un giro geopolítico de Lula. En el primer trimestre del año, el presidente brasileño nadó y guardó la ropa para no poner en peligro su reunión con Donald Trump, un intento que ahora aparca por su proximidad con Sánchez

Por otro lado, en medio de la interrupción de la cadena de suministros global debido a la guerra de Irán, la cumbre bilateral España-Brasil abordará el comercio de alimentos. España importa de Brasil soja (18,2%), pienso para animales (7,2%) y frutas tropicales. Brasil importa frutas (representa el 2% del total de sus compras).

Brasil quiere demostrar en su gira a Europa que, aparte de exportar materias primas, es una potencia tecnológica. En el pabellón de Brasil en la Hannover Messe habrá halls temáticos de automoción, software, robótica, hidrógeno verde, robótica e Inteligencia Artificial. Entre otras cosas, Lula sacará pecho en Europa de PIX, el sistema público de pagos digitales que tanto irrita a Donald Trump por arrebatar mercado a las tarjetas de crédito y a los sistemas de pago de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Dos años después de abrir una investigación tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado cierra la causa y propone enviar a Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno español, ante un tribunal formado por ciudadanos. En un extenso auto, el magistrado ahonda en la tesis de que Gómez utilizó conscientemente su estatus como esposa del presidente del Gobierno para proyectar su carrera profesional, conseguir fondos privados y obtener favores en el ámbito académico y empresarial. Pero va más allá y llega a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. 

El magistrado realiza esta acusación a pesar de que en dos años de investigación no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez se apropiara de ese dinero. El juez Peinado ordenó el rastreo de sus cuentas y la fiscalización de sus ingresos. E incluso puso a la Guardia Civil a investigar un escrito de un abogado difusor de noticias falsas que la vinculaba sin pruebas con una fortuna oculta en cuentas y depósitos situados en bancos de República Dominicana y Turquía. 

En realidad, lo que se ha acreditado es que Begoña Gómez disponía de un saldo total de 21.000 euros distribuidos en siete cuentas del BBVA. Y que sus retribuciones en la Complutense fueron más bien modestas. Al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Es un hecho que, según su defensa, pone en entredicho el mantra de los “negocios privados” al que aluden de forma insistente las acusaciones que han sustentado la causa. 

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como acreditaron diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

La Fiscalía, que ha reclamado reiteradamente el archivo de la causa, ha defendido que a pesar de la exhaustiva investigación patrimonial puesta en marcha por el juez no se han hallado “pagos sospechosos”. Además, tanto el Ministerio Público como la defensa han defendido que todas las donaciones de empresas patrocinadoras ingresaron íntegramente en las cuentas de la Universidad Complutense y nunca en las de Begoña Gómez. 

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, el software fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El magistrado también cita como indicio que Begoña Gómez crease en 2023 una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. De hecho, es uno de sus principales argumentos para sostener la acusación por apropiación indebida del citado software vinculado a la cátedra. Sin embargo, la Fiscalía ha constatado que la sociedad “no tuvo efectiva actividad”. Nunca llegó a depositar cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo a su nombre. La defensa de Begoña Gómez también ha reiterado que la sociedad “no estuvo operativa nunca”.

Además, tampoco se ha acreditado que Begoña Gómez se apropiase del programa informático. Entre finales de 2022 y principios de 2023, inició contactos con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para registrar el programa informático y la plataforma, pero el procedimiento nunca se materializó. La tesis de Peinado es que la esposa de Sánchez desistió después de que la OTRI enviara un contrato que establecía que la titularidad del desarrollo debía corresponder a la Universidad. 

Las donaciones, una “fachada”

La presunta apropiación para su “patrimonio personal” no es la única inferencia que hace el magistrado en el auto en el que cierra dos años de investigación. El juez considera que existe un delito de corrupción en los negocios en los patrocinios de la cátedra y la financiación de una herramienta informática vinculada a esa cátedra. Ese software gratuito para los usuarios era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que las empresas financiadoras hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración en relación con estos patrocinios.

Tras lanzar esta grave acusación, el juez considera, sin embargo, que la “prueba indiciaria” más evidente de esta “reciprocidad” es la carta de apoyo firmada por Begoña Gómez a favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet al que Peinado también propone sentar en el banquillo.

En realidad, esa carta era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez sostiene que Barrabés participó activamente en este supuesto esquema de “ventajas no justificadas”. Su tesis es que el empresario prestó a Begoña Gómez “asesoramiento”, “apoyo estratégico” y conexiones para que ella pudiera desarrollar su proyecto académico y tecnológico. Y que, a cambio, obtuvo “apoyo, visibilidad y respaldo en expedientes de adjudicación” y acceso a un entorno “institucionalmente privilegiado”. 

El juez Peinado hace alusión a estas cartas a pesar de que los hechos relativos a estas licitaciones concretas de las que resultó beneficiario Barrabés dejaron de ser investigados en su juzgado. Esas cartas firmadas en julio de 2020 por Begoña Gómez a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. 

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía Europea encargó un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario Barrabés. No obstante, Begoña Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa, en la que ha sido llamada a declarar únicamente en calidad de testigo. 

Este último auto del juez es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene pendiente resolver otros recursos presentados por las partes. Entre ellos, los escritos de las defensas contra la decisión del juez de llevar el caso ante un jurado popular tras fracasar un primer intento por falta de motivación. Pero esos recursos no suspenden el procedimiento, que puede seguir adelante. Por lo pronto, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten sus escritos de calificación a pesar de que ha acordado la práctica de una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado.

El presidente Javier Milei le manifestó su apoyo al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, durante su discurso en el foro de ultraderecha de la CPAC en Hungría, al sostener que “cuenta con nuestro respeto y admiración”, en tanto que calificó al mandatario español, Pedro Sánchez, de “pichón de tirano”.

En primer lugar, Javier Milei mencionó la situación actual de Cuba al considerar que “tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika”.

Según vaticinó en Budapest, gracias al “liderazgo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “a mitad de año veamos probalemente” a la isla “libre”.

Posteriormente, se refirió en duros términos al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien no nombró pero calificó de “pichón de tirano”.

El libertario consignó que “cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente”, motivo por el que, “en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España”.

Javier Milei indicó que “la Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa” y criticó al Viejo Continente al sostener que “ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo”, por lo que “eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región”.

Para Milei, Europa “está en peligro, se está suicidando” y apuntó contra la “inmigración masiva sin control”, que “es un acto de irresponsabilidad”, subrayó.

“La búsqueda de la conveniencia política llevó a nuestros políticos a endeudarse constantemente para financiarse a sí mismos y a sus amigos”, agregó, y señaló: “Detrás de cada causa noble hay una ecuación política muy concreta: crear dependientes es crear votantes”.

Por último, manifestó su respaldo al primer ministro húngaro, Víktor Orban: “Querido, contás con nuestro respeto y admiración”.

La agenda de Milei en Budapest

El mandatario, que está acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, fue recibido por su par Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

A continuación, mantuvo una reunión con Víktor Orban en el Monasterio Carmelita de Buda, la sede del primer ministro húngaro.

La jornada continuó con Milei recibiendo el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprendió el regreso a la Argentina. Su llegada a Buenos Aires está prevista para este domingo a las 9, cerrando así una nueva gira exprés.

Con información de Noticias Argentinas

JIB