Una mujer de 87 años pasó sus últimos siete años enredada en juicios y telegramas; todo por conservar la casa en la que entró siendo adolescente. Ese tiempo, sumado al peso de la edad, bastó para hundirla en un proceso de desgaste físico y emocional que terminó solo 14 días después de su desalojo, ejecutado al cuarto intento y ante una amplia contestación social. Maricarmen Abascal (1938-2026) murió este miércoles estando aún en el hospital. No había logrado recuperarse del golpe pese a la negociación histórica que llegó después, en la que Urbagestión (actuales propietarios del inmueble) cedió a la presión y permitió volver a casa a una inquilina recién desalojada, algo insólito según su abogada. Pero ya era tarde. “¡No es muerte, es asesinato!”, se oía gritar a la multitud cuando, pasadas las ocho de España, se inició el paso.

La de este jueves fue una marcha más silenciosa que de costumbre. Frente a los habituales coros con consignas cada pocos minutos, vistos en otras manifestaciones recientes por Maricarmen o la vivienda, esta noche pudieron oírse algunos cánticos que, en cuestión de minutos, volvían a disolverse. El ambiente era de luto y así lo fue hasta que la marcha cruzó el Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento. “¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda!”.

La noticia de la muerte de Maricarmen se supo el miércoles a última hora. Poco antes de las ocho y media de la tarde, el Sindicato de Inquilinas emitió un comunicado informando del fallecimiento, del que ya había empezado a correrse la voz. “Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda son un antes y un después en la historia de este país [...] El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”. Lo señalaba uno de los grupos directamente implicados en la negociación para a huelga general y, hasta poco, también en el mantenimiento de las acampadas. Tenían la confianza de la vecina, que incluso pidió su participación en conversaciones con Urbagestión.

En esas primeras consideraciones después de su muerte fueron insistentes: su historia no acaba aquí. La indignación ciudadana que estos días queda al descubierto “cumplirá” con la que, entienden, fue una de las principales enseñanzas de Maricarmen; o al menos de las más repetidas en declaraciones a la prensa y alegatos públicos: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.

La repercusión social del caso, que encadena semanas de manifestaciones masivas, colmó el vaso de la indignación por la vivienda. El precio de una casa, ya sea en alquiler o en propiedad, vuelve un bien básico en un lujo cada vez más inaccesible en España, especialmente en ciudades como Barcelona o Madrid, donde el precio medio ronda los 6.500 euros el metro cuadrado en caso de compra y 23,4 €/m² para el alquiler, según datos recientes de los principales portales inmobiliarios.

Así que, en paralelo a la transformación de la anciana en un símbolo contra el mercado inmobiliario, se ha ido configurando a su alrededor una campaña de desprestigio e informaciones sobre supuestos roces con otros vecinos, o que aluden a su rutina y carácter. “No solo hablan mal de ella sino que, hasta el último minuto, no la han dejado volver a su casa. Si no pudo ella, hoy iremos nosotros”, reseña Pablo, que enciende una vela mientras anda hacia Retiro.

La movilización pública por Maricarmen ha encumbrado al mismo tiempo al Sindicato de Inquilinas, que ya rebasa su propio récord con más de 5.000 afiliados. Su acompañamiento durante años a la vecina de Retiro, su participación en las acampadas o el desbloqueo de una huelga general, convocada finalmente para el próximo 11 de noviembre, le han convertido en uno de los protagonistas del mes. Aunque recientemente ha ido retirando su implicación en las protestas de Sol, otras plataformas de vivienda, vecinales o políticas presentes desde su estallido han ido cobrando relevancia.

Muchas se han agrupado ahora bajo nuevas siglas: Pucvm, Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid; una entidad recién creada para coordinar las luchas por la vivienda en los distintos barrios o municipios, ya sea de la capital u otras zonas de la región. Aún hoy mantienen cerca de 2.000 tiendas en mitad de una de las plazas más turísticas del centro.

Poco después de saber que Maricarmen se había marchado sin poder volver a la que fue su casa durante 70 años —y que su familia había alquilado por primera vez en 1956 con un contrato de renta antigua que ella no pudo subrogar—, el Sindicato de Inquilinas llamó a concentrarse este jueves a las 20.00 horas frente a la estatua del Oso y el Madroño, símbolo de Madrid y un emblema en plena Puerta del Sol.

El recorrido anunciado arrancaba desde el acampe por la vivienda y llegaba al número 46 de Alcalde Sainz de Baranda, calle donde Maricarmen residía antes de ser sacada en camilla el mismo día de su desahucio. Una imagen para la historia. “Esa era la casa en la que solo querías permanecer hasta el final”, reseñaron desde el órgano sindical, que ha decidido volver igualmente en una marcha simbólica junto a miles de personas y rumbo a la vivienda donde empezó todo. “Si a mí me agobia el alquiler porque el contrato me cumple el año que viene y tengo a mi madre, que me ayuda, no me imagino lo que esto supone para alguien de casi 90 años”, reflexiona Carla, que ha venido con su pareja con una idea clara: “Esto no puede volver a pasar”.

Después de 87 años en el más absoluto anonimato, Maria del Carmen Abascal, Maricarmen, murió este jueves en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid convertida en un icono, tan solo dos semanas después de que agentes de la policía, por denuncia de la propietaria Urbagestión, la desalojaran en camilla de la casa que alquilaba en el barrio del Retiro. Después de meses de amenazas de desalojos que se cancelaron en dos ocasiones, esa imagen la acabó de convertir en un símbolo de resistencia que desembocó en una gran protesta por la vivienda en Madrid y en un histórico acampe en la Puerta del Sol que precipitó la aprobación un decreto de vivienda, primero, una anticipación de las elecciones tras el rechazo del Congreso, después, y finalmente una huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Se ejecutan miles de desalojos al mes en España, pero ninguno ha tenido tanto impacto como el de Maricarmen, que de la mano del Sindicato de Inquilinas defendió su hogar hasta el último día y defendió que de ahí no se marchaba. Con lengua afilada y un carisma único, recordaba en entrevista con elDiario.es una adolescencia feliz jugando a cartas con su hermano cuando llegó al departamento en 1956, con solo 17 años de edad. La vivienda, con estucado color salmón en la pared, mantenía la esencia de hogar de toda la vida, y ella sonreía al recordar la figura del portero, “no sé por qué lo quitaron” y una vida de barrio que sentía que se había perdido. “Que el Gobierno compre mi casa y la ponga en alquiler social cuando me muera”, sugería. Y el Gobierno llegó a intentarlo, pero no lo consiguió.

Funcionaria pública de carrera, vivió sus últimos días en el hospital mientras las calles se movilizaban para evitar más desalojos como el suyo, acampaban en la Puerta del Sol y el gobierno de Pedro Sánchez reaccionaba con un decreto de vivienda con escudo antidesahucios y medidas para proteger al inquilino que, ante la negativa del Congreso, han precipitado la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

El contrato de vivienda de Maricarmen lo firmó su padre porque, en aquella época, el franquismo impedía a las mujeres ser titulares de contrato de alquiler. Al fallecer el padre, la madre quedó como subrogada. Y al fallecer la madre en 2007, Maricarmen se quedó sola en el piso y se dio por hecho que seguía con el contrato de renta antigua que había firmado.

El particular entonces propietario de la vivienda le mantuvo las condiciones y, en 2018, vendió el piso a Renta Corporación, que le ofreció a Maricarmen comprarla por 250.000 euros. Posteriormente, se lo vendería a Urbagestión. Urbagestión, una “pyme buitre” según la definió la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, le ofreció un alquiler de 2.600 euros que ella, con una pensión de 1.400, no podía pagar. Y decidió quedarse sin dejar de pagar el alquiler.

Ese mismo año, Urbagestión inició el procedimiento judicial de desalojo, bajo el argumento de que el contrato de 2007 no era válido porque solo era posible una subrogación. Por ley, una segunda subrogación solo se puede dar con el 60% de discapacidad. Y Maricarmen tenía un 50%.

La jueza de primera instancia, Elena Cortina Blanco, le dio en 2022 la razón a Maricarmen en su defensa de que al mantener el alquiler desde 2007 se había aceptado tácitamente la subrogación. Pero la Audiencia Provincial, primero, y el Supremo, después, sentenciaron que no, que esa subrogación no era válida.

La primera vez que contó su historia lo hizo en abril de 2025, en una conversación en vídeo para elDiario.es con varias voces afectadas por el problema de la vivienda en España. “Yo soy la viejita del grupo”, decía con humor ante interlocutores más jóvenes. “Somos muchas personas las que estamos en esta situación”, lamentaba. “Por ese piso pueden sacar 800.000 euros y a nadie le amarga un dulce”, reconocía, y explicaba cómo el Sindicato de Inquilinas le estaba asesorando. “¿Qué puedo perder? Mala suerte, pero que no sea porque deje de luchar. Y yo pago la renta. Cada mes les hago una transferencia”, decía.

El 26 de octubre de 2025, a tres días de su primer intento de desalojo, una Maricarmen enérgica que caminaba sin problemas de un lado a otro, aseguraba, en entrevista con elDiario.es: “Si me van a cortar el cuello, será luchando”.

Un icono a los 87 años

Sin saberlo, estaba naciendo allí un símbolo de la resistencia y la lucha contra el desequilibrio de poder que existe entre los propietarios y los inquilinos en España, que les ha llevado a pagar un 40% más en una década mientras los sueldos han subido la mitad.

Además, los contratos temporales de cinco o siete años (ampliados por el Gobierno en 2023) permiten al propietario echar a los inquilinos sin explicación cuando termina la relación contractual. Así, pueden convertir el siguiente contrato en una vivienda turística, en un alquiler de temporada o simplemente subirlo lo que quieran. Los inquilinos, ni aun pagando la mitad del sueldo en el alquiler, como sucede de forma muy frecuente sobre todo en las grandes ciudades, pueden vivir tranquilos con respecto a mantener su hogar más allá de cinco años.

Pero Maricarmen decidió quedarse porque su identidad estaba arraigada a su hogar. Y decidió luchar. Le aplazaron el primer desahucio y, antes del segundo, de nuevo en entrevista con elDiario.es, ya se mostraba mucho más deteriorada. Caminaba con andador y lo achacaba a un proceso que le atormentaba ya desde hacía tres años. “Esta lucha me ha costado la salud, no puedo ni mantenerme en pie”.

Una gran movilización consiguió frenar también el segundo intento de desahucio el pasado mes de junio. Ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid le ofrecieron, como es su obligación, una alternativa habitacional estable, más allá de una plaza en una residencia de ancianos.

La ONU pidió parar el desahucio

Hasta la ONU pidió al Estado que impidiera el desalojo, mediante un comunicado del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En entrevista con este medio, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que harían “todo lo posible por evitarlo”.

Trataron de convencer a Urbagestión para comprarle la vivienda, pero no daban respuesta. Y llegó el día del desahucio, con miles de personas acampadas en la puerta de la casa de Maricarmen, con muebles agolpados frente a la puerta. “Te habla la policía. Ábrenos, anda, Maricarmen”, le dijeron los agentes. Y abrieron la puerta con una amoladora, sacaron a la calle los muebles y enseres que la sostenían y la echaron de casa. Salió en una camilla de la ambulancia que llegó a asistirla.

De su casa la llevaron al hospital y, mientras llegaban centenares de ofertas al sindicato de inquilinas para ofrecerle una vivienda, ella tuvo que seguir postrada en una cama donde ya yacía casi sin fuerzas. Las suficientes como para grabar algún vídeo más, los primeros en pie, el último ya sin ser capaz de levantar el cuerpo de la cama, el último el 27 de septiembre. “Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en la acampada, pero no tengo esa suerte. Pero os pido a todos valor, luchad, defended lo que es vuestro, tened cuidado, seguid acampados hasta que el cuerpo aguante”, dijo.

El Sindicato de Inquilinas bautizó el decreto de vivienda que exigía al Gobierno como 'decreto Maricarmen'. Al día siguiente, a través de una mediación del mismo alcalde de Madrid que nunca se mojó por el tema, Urbagestión reculó y aceptó poner un alquiler social a Maricarmen, que no superara el 30% de sus ingresos. Los días pasaban y, sin embargo, ella no estaba para recibir el alta y salir del hospital.

Empezó allí una campaña de los medios de derecha para desacreditar a la inquilina, entrevistando a sus vecinos y tratando de manchar su imagen. Pero, paralelamente, la vida política del país vivía su mayor sacudida en años. El Gobierno aceptó llevar la mayoría de reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas a un decreto de vivienda partido en dos, con el primero ofreciendo mayor defensa antidesalojos y el segundo, más complicado de sacar adelante, planteando un cambio estructural en los contratos de alquiler para que pudieran renovarse automáticamente y volvieran a ser, a la práctica, indefinidos.

Desató una crisis política

El primer texto estaba negociado para obtener la mayoría en el Congreso, pero Junts cambió de opinión y votó en contra, precipitando una convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez. Este martes, sin embargo, el ejecutivo volvió a aprobar unos decretos casi idénticos, el primero de los cuales ya está en vigor. Los votará la Diputación Permanente, que hace la función del Congreso cuando las cortes están disueltas, y en la que el Gobierno no depende de Junts. Le aprobarán el primer decreto y las víctimas de desahucio estarán cubiertas por las administraciones en caso de impago, lo cual debe proteger a muchas Maricármenes. En cuanto a los contratos de alquiler, ganan oxígeno hasta 2028. Los contratos indefinidos tendrán que esperar, si algún día llegan.

Pero Maricarmen no podrá regresar a su casa tras la gran marcha atrás de Urbagestión después de su trato inhumano, seguramente gran responsable junto a la falta de respuestas de las administraciones y la justicia de su deterioro físico. La empresa podrá ahora hacer lo que quería: sacar lucro de esa vivienda. Las calles la llorarán y seguirán en guerra en una huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre que tampoco existiría si ella no hubiera luchado.

Maricarmen ya no podrá volver a su casa. A ese lugar del distrito de Retiro, en Madrid, que abandonó en camilla, camino del desalojo, y que había recuperado después gracias a una movilización por la vivienda sin precedentes en España. No volverá porque la mujer de 87 años que dio nombre hasta a un decreto para impedir desalojos como el suyo falleció en el hospital Gregorio Marañón de la capital española, confirmó esta tarde el Sindicato de Inquilinas.

María del Carmen Abascal Martín (Madrid, 1938-2026) era Maricarmen para sus vecinos y también para este sindicato, al que hace cuatro años acudió pidiendo ayuda para el largo procedimiento de litigio con la propiedad de su vivienda, en la que pasó siete décadas de su vida. Su caso llamó la atención de los medios en el año 2024 porque ejemplificaba muchos de los actuales problemas que sacuden el mercado inmobiliario nacional y luchaba contra una empresa propietaria –Urbagestión– sin escrúpulos, a la que no le importaba dejar en la calle a una anciana con un 50% de discapacidad.

La figura de Maricarmen se convirtió en un símbolo por su fragilidad pero también por la firmeza que demostraba cada vez que hablaba. “Si me van a cortar el cuello, será luchando, no sentada en una butaca o marchándome por la noche con una maleta. No aguanto más los acosos”, avisaba antes de uno de sus primeros intentos de desalojo. Esa personalidad le fue generando simpatías alrededor y un círculo de personas dispuestas a defenderla. Como sucedió el miércoles de hace dos semanas en el que se consumó el lanzamiento. El día en el que la indignación hizo estallar a varias generaciones de inquilinos.

Sin Maricarmen hoy probablemente no habría acampada en Sol ni se hubiera aprobado por parte del Gobierno ningún decreto sobre vivienda. Tampoco habría elecciones anticipadas el 29 de noviembre y una huelga general el día 11 del mismo mes. Su caso derivó también en algo histórico: que una empresa reculara y permitiera a una inquilina volver a la casa de la que había conseguido desalojarla. Ahora Urbagestión podrá poner en alquiler esa vivienda por los 2.650 euros que le llegó a exigir a la fallecida para forzar su salida. Ella, que cobraba 1.400 euros de pensión, eligió quedarse, luchar y dar ejemplo. El Sindicato de Inquilinas ha lamentado que la solución para ella llegara demasiado tarde, después de un proceso que califican de “torturante”.

Pese a quedar postrada en una cama tras su desalojo por las secuelas que le produjo, Maricarmen siguió desde el hospital animando a los jóvenes (mis niños, los llamaba) que habían tomado las calles para evitar que hubiera otras maricármenes por España. Mientras, su cuerpo luchaba por aferrarse a la vida que le quedaba después de tantos disgustos inmobiliarios. “He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar”, contaba ella a finales de septiembre en la última entrevista que dio a este periódico, justo antes del lanzamiento definitivo. “No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche”, reclamaba.  

En el comunicado emitido después de su fallecimiento, el Sindicato de Inquilinas ha asegurado que “cumpliremos lo que ella siempre nos pedía (...) tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste, seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”. Sus responsables señalan que ahora “el debate de la vivienda está en el centro”, pero lamentan que “el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”.

“¿Os acordáis de cuando era divertida?”. Olga Matute formuló esa pregunta a sus amigas cuando la fueron a ver, semanas después de ser desaloja junto a una de sus dos hijas. La expulsión sumió en una profunda depresión a esta mujer, cuyo círculo la recuerda como risueña y activa. “¡Si todavía lo eres!”, le respondieron ellas. Pero no vio manera de remontar. El pasado 7 de septiembre, cuando hacía menos de cinco meses desde que la echaron de su casa, Olga se suicidó. A los 54 años y dejando atrás a dos hijas.

Su historia, como a de Maricarmen, la mujer de 87 años forzada a dejar la casa en Madrid donde vivió más de 70, muestran el lado más cruel que está provocando la crisis de viviendas en España y que está poniendo en jaque al gobierno de Pedro Sánchez..

Para los allegados de Olga fue un “mazazo”, pero ya se imaginaban que la historia podría acabar así. Sus problemas de vivienda empezaron en 2010, cuando se separó de su marido. Como este nunca pagó la pensión de las niñas, Olga dejó de poder hacer frente a la hipoteca. Y, desde entonces, su vida se convirtió en “una sucesión de derrota tras derrota”, cuenta Míriam, una de sus amigas, en conversación con elDiario.es.

“No es un caso aislado. Se habla mucho estos días de Maricarmen y ojalá se hablara más. Pero ella sigue viva y Olga no”, lamenta. Por eso, la gran manifestación de este sábado en defensa de la vivienda y en protesta de la caída de los dos decretos en la votación del Congreso, se hizo en L’Hospitalet, no en Barcelona. “Será un gran homenaje, por ella y por todas las personas que sufren esta crisis. Es lo que hubiera querido”, asegura Míriam.

Que Olga vaya a ser la cara visible de la manifestación de este sábado fue un acto de justicia, pero también una contestación a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en una visita a Catalunya esta semana quiso quitar hierro a su caso. “Si no recuerdo mal, leí el caso de una señora, creo recordar que se llamaba Olga, que tenía dos hijos, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó. Y nadie acampó por ella. Nadie preguntó por ella”, zanjó el líder del Paertido Popular.

Estas palabras han enervado a los movimientos sociales, que no sólo sí se movilizaron por Olga y la van a convertir en protagonista de la marcha, sino que, además, han cuestionado a todas las administraciones que le “fallaron”. “Desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno, pasando por la Generalitat”, apunta Míriam, amiga cercana de Olga.

Estas dos mujeres, ambas del barrio de Santa Eulàlia de L’Hospitalet, se llevaban más de 20 años, pero se volvieron muy cercanas. Se conocieron en las asambleas para organizar el referéndum del 1 de octubre y ya no dejaron de militar juntas. Pasaron por espacios antifascistas, feministas y asociaciones de barrio. Y, cuando su situación personal lo requiso, Olga se acercó también al Sindicat d’Habitatge Socialista.

“Hizo de todo para parar el desahucio y no es que dejara de luchar; es que no pudo más”, sigue esta amiga. Recuerda que nunca ocultó que el peso con el que cargaba crecía día tras día. Incluso participó en una comisión de estudio del Parlament de Catalunya sobre la salud mental.

“Llevo dos años luchando contra un desahucio que sé que llegará. Cuando eso pasa, caes en un pozo muy profundo, del que no sabes salir. Te aíslas y sólo piensas en suicidarte. Pero es algo que no puedo permitirme. ¿Qué harían mis hijas si yo no estoy?”, explicó en 2024.

Olga tuvo razón y su desalojo no se pudo evitar. Cuentan los suyos que, después de 15 años de lucha, Olga no se creía que la carrera hubiera llegado a su fin. Tanto que, el día antes del desahucio, todavía no había hecho las valijas. “No pensaba que fuera a pasar de verdad. Y, por eso, nos asustamos”, rememora su amiga.

Aquella noche, Olga empezó a enviar mensajes “extraños” que activaron las alarmas de su círculo cercano. Decidieron llamar a emergencias para activar el protocolo antisuicidios, pero, visto en perspectiva, reconocen que quizás no fue la mejor solución. “No sabíamos que era algo tan sumamente violento”, asegura Míriam. Aquella noche, los Mossos entraron en su casa para llevársela al hospital y eso es “lo último que quiere una persona que, al día siguiente, va a sufrir un desahucio”.

Cuando llegó al centro, Olga negó tener cualquier intención suicida para evitar que la ingresaran y así poder estar en casa, con sus hijas, cuando llegara la comitiva judicial. En sólo dos días, tuvo que ser atendida tres veces por los servicios de emergencias. Su abogado, Jordi Naya, intentó, in extremis, parar el lanzamiento presentando ante el juzgado los partes médicos, acreditando que se encontraba en una situación de “riesgo inminente y grave para la salud y su integridad personal”.

Pero el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 5 de L’Hospitalet desestimó la petición. “En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión del desahucio”, alegó. Además, criticó que la solicitud se presentara pocas horas antes de la fecha fijada, lo que catalogó de “mala fe” y argumentó que impedía que “la parte contraria pudiera ejercer sus derechos en plena facultad”. Así, sin más, a la mañana siguiente, Olga fue expulsada de su hogar.

Batalla tras batalla

El periplo de Olga empezó en 2010, cuando se separó de su pareja. Esa ruptura coincidió, además, con un despido. Poco después de aquello, evitó perder su casa gracias a una dación en pago a cambio de un alquiler social de la mano del Banco Sabadell. Pero esa renta tampoco fue fácil de abonar, ya que la situación agravó una diabetes grave que sufría y que le generó un grado de incapacidad que no la dejaba trabajar.

Como su pensión no alcanzaba, Olga decidió ocultar su condición y aceptó un empleo de dependienta. Pero duró poco porque la empresa cerró. Así, Olga se vio, de nuevo, sin ingresos, con dos hijas a cargo. Pero jamás dejó de pagar el alquiler. Fue entonces cuando su piso pasó a manos de Promontoria, una filial del fondo buitre Cerberus, que se negó a continuar con el alquiler social. Y aquel fue el golpe de gracia.

La nueva propiedad decidió poner el inmueble en venta y avisó a Olga, mediante un telegrama, que tenía que irse. Así se lo dijo “un matón” que se plantó en su casa, tal como aseguran desde el Sindicat. Pero ella negó en todo momento haber recibido tal comunicación. Preguntada por estas cuestiones, la propiedad ha declinado hacer declaraciones a elDiario.es.

Olga llamó a todas las puertas que pudo, pero no logró evitar que le llegara una primera orden de desalojo. Este se pudo aplazar gracias al escudo social, que protegía a familias vulnerables que vivieran en pisos de grandes tenedores. Pero cuando cayó esta medida, este mismo 2026 y debido a los votos de Junts, PP y Vox, el juez volvió a reanudar el proceso y fijó una nueva fecha: el 15 de abril de este año.

“Si esa moratoria no se hubiera tumbado, Olga seguiría viva. Y hoy han vuelto a votar en el mismo sentido”, lamenta Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista. Esta mujer quedó en la calle, junto a una de sus hijas, todavía menor de edad, y otra madre soltera que ya había sido desahuciada previamente y que Olga recibió en su casa durante algunos meses.

“Estamos ante un problema estructural que genera un impacto enorme para la salud mental de las familias trabajadoras. Sobre todo en los niños y en las mujeres, que somos las más afectadas”, aseguran desde el Sindicat. Apunta a cómo, para muchas, separarse de sus parejas es “un privilegio que no pueden permitirse”.

Perder el ingreso de una pareja puede suponer un descalabro que desmonte toda una vida, como le pasó a Olga. Ella es una de las tantas personas que se han quitado la vida al verse vencidas por un sistema que les ha arrebatado la vivienda, el techo bajo el cual forjar una vida. “No son suicidios, son asesinatos”, recuerda Bermúdez.

“Olga era la persona más alegre que he conocido”, cuenta Míriam. Una mujer alegre, amante del buen vino y siempre dispuesta a reírse, bailar y celebrar victorias de los colectivos en los que militaba. Así como a consolar a sus compañeras ante las derrotas con un abrazo o un comentario optimista.

Tanto fue así, que a sus amigas les dijo, en la carta que dejó escrita antes de morir, que querían que celebraran una fiesta en su honor más que un funeral. Los suyos la han enterrado, aunque todavía no han sacado las fuerzas para cumplir el último deseo de Olga. Pero lo harán, asegura Míriam. “La manifestación de este sábado, en su honor, será el primer homenaje. Que su nombre nos sirva para seguir luchando y la fiesta ya llegará, seguro que llegará”.

Acuerdo en Madrid para que Maricarmen pueda volver a su casa. La empresa Urbagestión aceptó el retorno de la inquilina a la que desalojó el miércoles, después de cinco días de intensas protestas y a escasas horas de que el Congreso decida sobre un nuevo decreto de vivienda impulsado al calor de este desalojo.

El pacto, comunicado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (que actúa como mediadora), está cerrado a falta de que lo valide la principal afectada, de 87 años e ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde su salida en camilla del domicilio en Retiro. Los detalles serán comunicados en breve, informan las mismas fuentes a Somos Madrid.

Entretanto, el borrador del decreto de vivienda que negocia el Gobierno con Sumar —que aún no ve con buenos ojos el texto— y con los grupos parlamentarios tan solo incluye prórrogas a los contratos de alquiler hasta 2028 según el documento inicial, al que tuvo acceso elDiario.es, y pone esa misma fecha límite a la prohibición de desahucios a personas vulnerables.

Para zanjar el caso de Maricarmen, que propició todo lo demás, las partes se habían citado a las cuatro de la tarde en la sede de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), cerca del Metro de Palos de la Frontera. Pero minutos antes de la hora se informó a los periodistas de que el encuentro iba a demorarse, a petición de la defensa de Maricarmen.

En representación de la empresa municipal acudieron su presidente, Jerónimo Escalera, y la consejera delegada Ana de Miguel. Una hora más tarde, aproximadamente, la abogada Beatriz Duro aparecía finalmente acompañada de una portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño.

En un primer momento se había anunciado que el órgano sindical, impulsor principal de la acampada en Sol y una de las plataformas más cercanas a Maricarmen durante el proceso, no iba a participar en la reunión y, por parte de la vecina, solo acudirían familiares y su letrada. Finalmente no fue así: “Vamos a estar en la reunión. Para Maricarmen es fundamental que esté presente la representación sindical”. Unos minutos más tarde, cuando ya se había despejado la entrada, también Vicente se se sumó a la cita: es el primo de Maricarmen y uno de sus allegados más cercanos, que la ha acompañado estos días en el hospital.

Vamos a estar en la reunión. Para Maricarmen es fundamental que esté presente la representación sindical

Caroliña Vilariño — Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid

De hecho, mudarse con él y su pareja a Segovia era una de las opciones que se sopesaban para su futuro. Minutos antes de reunirse con la mediación municipal y los representantes de Urbagestión, la abogada Beatriz Duro insistió en que venían con intenciones de hallar una solución después de descartarse la del Plan Reviva, un programa municipal para pasar al régimen de alquiler accesible los pisos vacíos del mercado. Al considerar Cibeles que Maricarmen no cumplía los requisitos para adherirse al plan comenzó a hablarse de otras opciones incluidas en la cartera municipal, como el programa SIA.

Este Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) oferta pisos de particulares a posibles inquilinos, quienes pueden acceder a ellos con la condición de pagar hasta el 40% de sus ingresos netos. Pertenece al Ayuntamiento de Madrid aunque ha sido poco conocido y publicitado. Actualmente oferta tan solo diez viviendas en toda la capital. La más barata es una de San Blas por 857 euros y la más cara una de Arganzuela por la que se piden 1.460 euros. Entre las ventajas para los arrendatarios de las viviendas, la EMVS ofrece tanto seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, como abonar el coste del certificado energético obligatorio para llevar a cabo cualquier tipo de alquiler.

Cronología de los intentos por llegar a un acuerdo

La reunión de este lunes llega después de una larga serie de desdichas. Ni la amplia presión ciudadana, sindical o en el debate político pudieron frenar a tiempo el cuarto intento de desalojar a Maricarmen, que ya había vivido otras tres tentativas de desalojo en tan solo un año. El origen del conflicto se remonta a 1956, cuando su padre firmó el actual contrato de renta antigua por el que la vecina estaba pagando 500 euros por un departamento cerca del Retiro, una zona encarecida con la explosión turística y poblacional de Madrid. Este murió y la madre de Maricarmen pudo mantener aquel precio gracias a una subrogación del contrato, algo que solo puede hacerse con un primer heredero y ya no aplicaba a su hija cuando, en 2005, heredó la casa al morir la última de sus progenitores.

Al principio los propietarios de entonces respetaron su permanencia y le mantuvieron el alquiler, pero ya sin el blindaje de ese modelo de renta antigua. Finalmente, Urbagestión decidió quintuplicar el precio y un tribunal avaló su argumento, iniciando el viaje judicial que trajo a este momento. La posibilidad de acuerdo no dejó de esfumarse y reaparecer con cada nuevo intento de desalojo. El más reciente hasta ahora, sin contar el del miércoles, fue a principios de junio y ya logró movilizar a cientos de personas –anónimas o famosos– hasta terminar con buenas noticias de sabor amargo: Maricarmen podía quedarse, pero solo unos meses más. Se fijó entonces un cuarto intento para el 23 de septiembre, dando una tregua por el verano que no logró desmovilizar la causa. Unas semanas después de aquel momento a principios de junio, el día 18, se produjo un primer contacto directo vía WhatsApp entre la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, y la abogada de Urbagestión, tal y como pudo acreditar elDiario.es.

En ese acercamiento, desde la empresa pública de vivienda ofrecieron dos vías de salida a la propiedad: o bien adquirir el piso desde la entidad estatal e incorporarlo al parque público, o negociar una renta que permitiera a la inquilina seguir pagando 500 euros al mes gracias a un nuevo complemento público. Dos días después, Urbagestión aceptó entrar en una mediación pero descartó la de vender del inmueble, asegurando que este era el “único activo” de vivienda que poseían para zafarse de los señalamientos por actuar como un “fondo” de inversión.

A principios de julio, según la dirección de Casa 47, la alternativa pasó a ser un contrato de siete años con una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a una nueva negociación al alza, de manera que Maricarmen pudiera seguir aportando 500 euros y el resto se cubriera mediante un complemento a su pensión. La empresa pública añadió que, en este caso, se pidió una contraorgerta a la empresa y Urbagestión dio acuse de recibo, aunque siguieron sin noticias hasta finales de ese mes. Poco después volvieron a insistir ante la proximidad del lanzamiento, término jurídico que se utiliza para hablar de un desalojo. Era algo “urgente”, tal y como especificaron en un mensaje al que la abogada simplemente respondió que sus clientes aún estaban de vacaciones.

Los contactos se retomaron a principios de septiembre en una conversación telefónica donde Maribel Ramos reprochó a la letrada su actitud durante la negociación pese a la corta cuenta atrás de la que disponían, a lo que esta confirmó que sus clientes “no se fiaban del Sindicato de Inquilinas”, que finalmente no fue convocado a la reunión de esta tarde. La empresa redirigió su discurso, especialmente en las últimas horas, a señalar al órgano sindical detrás de la acampada en Sol como el principal responsable de que “Maricarmen no siga en su casa”, pese a que fueron quienes acompañaron a la vecina durante el proceso legal y social.

Después de aquellas últimas conversaciones hubo nuevos intentos por contactar con Urbagestión y cerrar un acuerdo in extremis, entre ellos con llamadas desde otro número y una nueva interlocutora, la secretaria de Vivienda Leire Iglesias. Aunque en este caso Urbagestión sí respondió a la llamada, tampoco aquí lograron llegar a un objetivo común. Finalmente, el 22 de septiembre, la jueza Elena Cortina Blanco ordenó ejecutar el desalojo para el día siguiente.

Durante a víspera, cuando cientos de personas ya se habían concentrado frente a la vivienda de Maricarmen, Ramos volvió a escribir a la abogada de Urbagestión. Y el 23 de septiembre, mientras la Policía desalojaba a los manifestantes que intentaban impedir el lanzamiento, Casa 47 volvió a pedir un mes de aplazamiento para buscar una alternativa habitacional. No llegó.

Dos días después del desalojo, el 25 de septiembre, Urbagestión trasladó al Ayuntamiento una propuesta para que la vivienda pasara a ser gestionada por la EMVS. La empresa sostiene que esta ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler entre un 40% y un 50% inferior al precio de mercado y que las propuestas para que terceras personas asumieran la renta o compraran el piso llegaron después del lanzamiento. Casa 47 sostiene, sin embargo, que al menos una oferta para hacerse cargo de la diferencia de renta ya había sido comunicada a la propietaria antes del desalojo.

El Ayuntamiento rechazó ese mismo día la propuesta de Urbagestión por considerarla “inviable”. Entre sus argumentos, el consistorio señaló que las viviendas deben adjudicarse respetando el orden de prelación de las solicitudes y que el acceso a esa promoción exige, entre otros requisitos, no haber sido condenado en los últimos cinco años por impago de rentas o en procedimientos de desahucio por problemas de convivencia. La situación de Maricarmen, que había permanecido en la vivienda tras el procedimiento judicial, impedía encajarla en esas condiciones.

La indignación por el desalojo de Maricarmen –una mujer de 87 que fue obligada a dejar la casa donde vívía desde los 17– y por una crisis de la vivienda que asfixia a las familias y a los jóvenes tanto inquilinos como hipotecados, desbordó este sábado por la tarde las calles de Madrid. El eco del 15M –el movimiento de los indignados de 2011– planeaba por la Puerta del Sol y se hizo ensordecedor cuando el Sindicato de Inquilinas decidió hacer un llamamiento al final de la manifestación para plantar un acampe en pleno centro de la capital española. Ya no hay paciencia: exigen que este martes el Consejo de Ministros apruebe medidas urgentes después de las negociaciones con los grupos parlamentarios y que incluyan la prohibición de los desalojos y la prórroga de los contratos de alquiler de forma automática.

El Ministerio de Vivienda reiteró que un decreto para paliar la situación de la vivienda en toda España irá este martes al Consejo de Ministros después de que Sumar amenazara con no presentarse si no entraba en la orden del día. El desalojo de Maricarmen movilizó incluso a Junts, partido dispuesto ahora a aceptar un nuevo decreto y que podría desbloquearlo después de meses de parálisis. Pero el juego político tiene un actor que rebasa al Congreso y a Moncloa: las calles están mirando. Miles de personas se movilizaron este sábado para reclamar una solución y protestar contra el desalojo de Maricarmen.

Los desalojos han caído en los últimos años, pero se siguieron ejecutando más de 3.000 en España en el primer trimestre, la mayoría por impago de alquiler. Con la imposibilidad para muchos ciudadanos de comprar una vivienda porque requiere dos años de salario íntegro solo para la entrada —hasta cuatro en el caso de la capital— y los alquileres comiéndose de media la mitad de los sueldos, según estudios de Fotocasa e Infojobs, la situación se ha tornado insostenible. La posibilidad de que a un ciudadano lo expulsen de su vivienda por no poder pagar o para subir el precio es cada vez mayor. Un departamento de alquiler obliga a pagar de media en España 1.176 euros al mes frente a los 870 del arranque del año 2020. En Madrid la media alcanza los 2.000 euros por 100 metros cuadrados, según los anuncios en los portales. El precio medio para comprar vivienda en España ha pasado de los 175.000 euros por 100 metros cuadrados del arranque de 2020 a los 292.000 actuales. En Balears y Madrid, el metro cuadrado para comprar supera los 5.000 euros. Y esos precios no paran de subir.

El Sindicato pide un 'decreto Maricarmen'

En las calles, ni tan siquiera se conforman ya con el decreto de vivienda que plantea el Gobierno. Así lo manifestaba Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, plataforma con 9 años de vida que se ha convertido en uno de los mayores movimientos sociales del país. Del Río exigió ya no la aprobación del decreto de vivienda, sino de un decreto Maricarmen con cinco medidas que consideran urgentes.

El Sindicato reclama una ley estructural contra los desalojos que los prohíba si no existe una alternativa habitacional y una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones que evite el fraude que infla los precios de los alquileres y aboca a los inquilinos a la precariedad de contratos de menos duración y estabilidad, fuera de la LAU. Estas medidas ya forman parte del decreto que el PSOE presentó a los grupos parlamentarios en julio y que prometió llevar al Congreso en septiembre, finalmente aplazado y ahora rescatado de urgencia por Maricarmen.

Una congelación de alquileres vigentes al estilo Nueva York, prórrogas generalizadas a los contratos del alquiler de todos los inquilinos y una renovación automática cuando finalicen de cinco años más con prohibición de expulsión sin causa completan la lista de propuestas.

Esas medidas son más ambiciosas que las que planteaba hasta ahora el decreto del Gobierno y protegen más al inquilino. El hecho de dejar fuera cualquier modificación de la ley de suelo facilitaría la aprobación de Podemos, que se opuso por considerar que se aflojaba el control ambiental y a los pelotazos urbanísticos. Sea cual sea el texto que vaya finalmente al Consejo de Ministros, falta acabar de convencer a Junts, que aunque ve con buenos ojos prohibir los desalojos de fondos buitre e incluso que compren vivienda, sigue exigiendo exenciones fiscales a inquilinos e hipotecados.

Tras una semana de tensión en las calles, se espera que la próxima sea intensa en los pasillos del Congreso y de Moncloa, donde deben actuar rápido para apagar una mecha que amenaza con prenderse más aún. “Ministra rentista, estás en nuestra lista”, cántico del Sindicato durante la marcha, implica una subida de tono con respecto a otras protestas. También hay un rechazo frontal a las políticas de las comunidades y ayuntamientos del PP, a cuyos líderes critican de manera sistemática, aunque dan por perdidos en materia de medidas sobre vivienda.

“Nadie está a salvo”

Desde Silvia, una joven de 20 años que paga 750 euros por una habitación en el centro de Madrid, hasta Rosana, de 78 años con el departamento pagado pero que sale a las calles “porque hay que ir todos a una” y “por los hijos y los nietos”, la indignación en las calles va más allá de la situación personal y económica de cada uno. Es una cuestión de derechos humanos básicos. “Tienen que garantizar la vivienda, que lo dice la Constitución”, decía Rosana.

Barro, 26 años, vive en el barrio de Delicias de la capital y paga 595 euros por una habitación en un edificio donde vive con dos personas más. Eso significa mucho más de la mitad de su sueldo, puesto que trabaja solo a media jornada como profesor de música. Ni siquiera sabe bien quién es su casero: “se llama Capital Rooms, pero también Nuevo Hogar, pero también Nina, no sé, hay algo extraño”. “Al menos tengo un contrato”, explicaba durante la marcha, celebrando haber dejado el departamento anterior donde el inquilino que le realquilaba una habitación y, cree, se lo cobraba más caro, le echó de mala manera. “Es demencial que a una persona de 87 años la echen de su casa sin alternativa y con ofertas de particulares, pero además nadie está a salvo, da igual lo que estés pagando de alquiler, en cualquier momento tu casa pasa a ser propiedad de otro y ya no es tu casa”, señalaba.

No resultaba difícil encontrar en la protesta a personas con un buen sueldo incapaces de comprar un departamento o a ciudadanos de más de 40 años que comparten vivienda y aun así se dejan gran parte del sueldo en el alquiler. Muchos propietarios y empresas, mientras tanto, aumentan sus negocios a medida que se tensiona el mercado y los fondos celebran ferias como The District, esta última semana, para fomentar la inversión y la especulación inmobiliaria.

El caso de Maricarmen ha supuesto el huracán perfecto para desatar una indignación en las calles que no se veía, alrededor de toda España, desde las grandes manifestaciones del 8M feminista. La delicada salud de la mujer de 87 años, que vivía allí desde 1956, y la postura de Urbagestión, que no ha querido escuchar ni las ofertas del Ministerio y la echa por considerar que su contrato venció en 2007 tras fallecer su madre, han atravesado a miles de personas. Todo ello mientras Almeida y Ayuso participaban del encuentro de los grandes fondos, a los que han elogiado, mientras sacaban pecho de no aplicar la ley de vivienda que regula los departamentos turísticos.

Ante la inacción de gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en vivienda, el Gobierno ha desarollado la Ley de Vivienda de 2023, que la mayoría de autonomías no aplica, y ha impulsado la vivienda protegida para siempre. La vivienda pública todavía no llega de forma sustancial a los ciudadanos, ni la estatal ni la autonómica, y la ley no ha permitido contener los precios porque solo Catalunya, Euskadi, Navarra, Asturias y algunos municipios de Galicia aplican los topes. Allí donde se aplican, los alquileres son igualmente elevados, y muchos caseros los evitan con contratos de temporada o de habitaciones.

Pero entre los reproches del Sindicato al Ministerio está el hecho de que haya demorado la votación de un decreto de vivienda que hace meses que planea y que llevó a los grupos parlamentarios en julio. En febrero, Pedro Sánchez ya prometió esta ley contra el fraude de habitaciones y de temporada. Ante los recelos de Junts y Podemos por diferentes motivos, votos necesarios para aprobarlo en el Congreso, entra a la partida con fuerza un jugador mucho más numeroso e imprevisible que cualquier partido político: las calles.

Una ley que permite desalojar a una jubilada de 87 años de la casa del barrio de Retiro, en Madrid, en la que lleva viviendo desde que tenía 17, en 1956. Un propietario sin rostro, la empresa Urbagestión –propietaria del inmueble–, que se niega a negociar con la inquilina, cegado por el lucro. Unas subidas del alquiler que triplican y quintuplican la renta actual y superan los ingresos de la inquilina. Un precio de venta también inalcanzable. Unas administraciones, tanto el Gobierno como la Comunidad y el Ayuntamiento, incapaces de proteger el derecho a estar en casa o sin suficiente voluntad política. Y al final, sin escapatoria, la foto lamentablemente histórica: Maricarmen siendo retirada en camilla, que resume la crisis económica, política y social de la vivienda en España.

La ley española permite a día de hoy que se desaloje a familias o personas vulnerables después de que el Congreso, con los votos en contra de PP, Junts y Vox, voltearan en febrero de 2026 el escudo antidesalojos, que venía siendo prorrogado desde la pandemia. El decreto de vivienda presentado a los grupos políticos en julio contemplaba una protección ya definitiva que obligaba a suspender los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Junts y Podemos se oponían por otros motivos y la crisis migratoria de Ceuta llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a aplazar la aprobación prevista para septiembre. Ahora, entran los apuros. No hubo protección para Maricarmen y la sentencia del Supremo que dio la razón a los propietarios en 2023 abrió el camino al desalojo.

Las entidades sociales llevaban tiempo advirtiendo de que la caída del escudo propiciaría un aumento de los desalojos. Paralelamente, crecen las ejecuciones hipotecarias, paso previo al desalojo de la familia, pero la última estadística disponible aún refleja la caída propiciada por el escudo. En el primer trimestre de este año, se ejecutaron 2.600 desalojos por impago de alquiler en España y 971 por ejecuciones hipotecarias.

Las cifras están lejos de los peores años de la crisis posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se llegaron a alcanzar los 46.500 lanzamientos trimestrales en 2012, y la solvencia de las familias y el endurecimiento de las hipotecas hace que los desaolojos por compraventa hayan dejado de ser una rutina como la que inundó los barrios hace una década. Pero muchos de los que perdieron sus casas entonces pasaron al mercado del alquiler, un negocio cada vez más lucrativo con unas subidas de precio desorbitadas sobre todo en las grandes ciudades. Con mucha más demanda que oferta, una ralentización de la construcción y la pérdida de vivienda pública, los precios del alquiler se han llegado a duplicar en una década según diferentes portales.

La asfixia de comprar o alquilar

Según un informe de Deutsche Bank de este año, en Madrid los alquileres se han disparado un 82,7% y en Barcelona, un 94,9% desde 2016, periodo en el que los sueldos han aumentado la mitad, alrededor de un 45%. El precio medio en Idealista es de 23,3 euros por metro cuadrado al mes, o sea, que un departamento de 100 metros cuadrados en Madrid cuesta de media 2.330 euros, prácticamente lo mismo que el sueldo medio y el doble que el salario mínimo. Si miramos la zona de Ibiza –un barrio de Madrid–, donde vivía Maricarmen, hay departamentos entre los 1.100 euros de 37 metros cuadrados y los 2.500 los que superan los 100.

Tras el estallido de la burbuja, el porcentaje de población que vive de alquiler en España ha pasado a ser del 19,4% al 26,3%. Al mismo tiempo, los propietarios de una vivienda han descendido y se han incrementado quienes poseen más de una, mientras que empresas y fondos acumulan centenares e incluso miles de viviendas, de alquiler o de venta, que las utilizan para optimizar beneficios. Los propietarios con más de cuatro inmuebles han pasado de tener un millón de departamentos a tres millones, pero los que tienen tan solo una casa para vivir han caído de los 10 millones a los 7,9 millones.

Al tiempo que la población de las urbes crece por las oportunidades laborales y la construcción lleva estancada desde la burbuja, el esfuerzo para pagar un alquiler se dispara. Cerca del 30% de los hogares destina más del 40% de sus ingresos al alquiler, según un estudio de Caixabank Research, mientras todas las recomendaciones sugieren que nadie deba dedicar más de un tercio de sus ingresos a la vivienda.

Antes de que comprara el piso Urbagestión, el propietario del piso de Maricarmen era Renta Corporación, quien le ofreció en 2018 comprarlo por 250.000 euros. El precio era totalmente inalcanzable para una persona que cobraba 1.450 euros al mes. La descomunal subida de los alquileres en los últimos años generó una huida hacia la compraventa que elevó estas transacciones a cifras récord (714.000 en España en 2025), sin que la construcción creciera a un ritmo ni siquiera parecido: 92.000 en el ejercicio, por una creación de hogares que fue de 150.000. Los precios subieron a dos dígitos todo ese año y lo siguen haciendo en 2026: un 12% en el segundo trimestre de 2026, en comparación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el Banco de España, son necesarios más de 7 años de sueldo íntegro para pagar una vivienda de media en España, periodo que se duplica en Baleares y Madrid, donde ya solo para la entrada hay que entregar cuatro años de un sueldo íntegro promedio y se tardan 15 en pagarla por completo.

La Ley de Vivienda y la trampa del alquiler temporal

La crisis de la vivienda ha alcanzado su punto álgido, pero lleva años arrastrándose y los desalojos y problemas de acceso nunca han cesado. Fue ese uno de los motivos que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a aprobar dos medidas estrella para paliar el problema: la creación de un Ministerio de Vivienda que impulse la vivienda pública y controle a los mercados y la nueva Ley de Vivienda, que protegía a los inquilinos.

La Ley de Vivienda estableció contratos más duraderos de alquiler, de entre cinco y siete años, de forma que el inquilino se blindó a las subidas exorbitadas. La norma también contempló blindarlos de cara a los nuevos contratos, con un tope a los alquileres que impedía que en el nuevo ciclo el precio estuviera muy por encima de la suma de la inflación, en comparación con el contrato anterior, y del precio promedio en los nuevos departamentos de alquiler. El problema es que la competencia para aplicar este tope está en las Comunidades Autónomas y la mayoría, del PP, no lo han aplicado a día de hoy.

Aunque las subidas del alquiler tienden ahora a frenarse y en Barcelona han llegado a caer gracias al tope –mientras en Madrid subían–, el precio es ya tan elevado que nada de eso supone un alivio para el inquilino. Las prórrogas extraordinarias, aprobadas durante la guerra de Ucrania y que fueron volteadas también en abril de 2026 por la oposición, eran otra protección ante las subidas que ya no existe. Aunque el Gobierno español no ha hecho suficiente como para mejorar todas las vulnerabilidades de los inquilinos, el PP, Vox y Junts se han dedicado directamente a boicotear cualquier protección. Y los gobiernos autonómicos del PP se han puesto del lado de los fondos y empresas y confían en que sean ellos quienes solucionen el problema de la vivienda que también han creado.

Sin prórroga y sin tope de precios, la gran fiesta para el propietario llega una vez finaliza su último contrato. Entre 2015 y 2024, los nuevos contratos supusieron de golpe una subida media del alquiler del 37% respecto al anterior, lo cual ha hecho a los españoles un 11% más pobres, según un estudio de Comisiones Obreras.

Pero existe una alternativa más lucrativa que un nuevo contrato: un alquiler turístico (aunque en muchos lugares no se dan más licencias), de temporada o de habitaciones. Estos dos últimos no protegen al inquilino: ni el precio, ni la duración, ni tan siquiera su intimidad están protegidos. Departamentos de tres habitaciones pasan a tener cuatro al eliminar el living y de costar 800 saltan a más de 2.000 una vez se trocean por habitaciones en contratos que se rigen por el código civil y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Los fondos y grandes empresas inmobiliarias han entendido la oportunidad de lucro que supone el alquiler temporal y de habitaciones y lo han rebautizado como coliving y flex living: invierten cientos de millones en viviendas temporales y pequeños estudios con espacios compartidos para ponerlos bonitos y poderlos cobrar muy por encima de mercado e ir subiéndolos, como sucede con los hoteles, al ritmo que marca el calor del mercado. Casi la mitad de la oferta de alquiler en España es ya de temporada.

La vivienda pública no es una alternativa

Ni la compra ni el alquiler en el mercado libre son, así pues, una opción segura para un trabajador medio. ¿Qué queda? La vivienda protegida o pública. Pero resulta que ese escenario es aún más desastroso (aunque apunta a un futuro mejor). Tan solo el 1,5% de las viviendas que hay en España son protegidas y, aunque se empiezan a construir a mayor ritmo, este es insuficiente y se da al tiempo que las protecciones antiguas vencen y disminuye ese parque público. Medio millón de las viviendas protegidas vigentes pueden dejar de serlo el próximo año.

El Ministerio de Vivienda ha decidido que la vivienda pública no pueda dejar de serlo de tres maneras: incluyéndolo en el nuevo decreto (que sigue paralizado), aplicando la protección perpetúa en la nueva vivienda que promocionan y obligando a las Comunidades a hacerlo en las casas que construyan con fondos estatales. Pero la empresa estatal, Casa 47, tan solo ha conseguido por el momento poner en el mercado 800 viviendas, algunas de ellas a precios atractivos sobre los 300 euros, pero algunas llegan a los 1.000 euros en municipios que ni siquiera son de los más tensionados.

Mientras trabaja en construir un gran barrio en Madrid, Campamento, y en poner en el mercado 100.000 viviendas en los próximos diez años (muchas de ellas absorbidas de la Sareb), comunidades como las de Madrid directamente convierten la vivienda pública en un negocio para grandes empresas. Se ha visto claro en el caso de las parcelas para alquiler asequible de Almeida que se convirtieron en privadas mediante una pirueta o en los departamentos del Plan Vive, con sus vecinos en pie de guerra porque llegan a obligarles a pagar dos garajes, IBI, gastos de comunidad excesivos hasta equiparar los precios a los de mercado.

Mientras Maricarmen era desahuciada, también lo era David, en Vallecas, en unas viviendas sociales vendidos por la Fundación La Caixa. Un día antes, entidades sociales de L'Hospitalet denunciaron que Olga, de 54 años, se suicidó el pasado 7 de septiembre, desesperada tras su desahucio cinco meses antes. Estas son las peores caras de la crisis de la vivienda, mientras la ansiedad económica o la inestabilidad por no saber dónde vivir atraviesa, seguramente, a millones. En la feria inmobiliaria The District, mientras tanto, unos 2.000 empresarios y hombres y mujeres de negocio hablan del mercado, auguran un futuro “un poco peor” porque no podrán sacar rentabilidades tan altas, pero siguen seduciéndote en los expositores con los grandes márgenes que puede ofrecer una inversión en ladrillo.

“La propiedad no ha querido negociar ni aceptar ninguna propuesta. Además no le ofrecen ninguna alternativa habitacional. Nos están pidiendo una dirección que darles para enviar todos sus enseres personales”. Con estas palabras la abogada de Maricarmen una mujer de 87 años que vive en el distrito de Retiro en Madrid, confirmaba este miércoles el desalojo de la casa donde vivió durante 70 años.

Ante un enorme despliegue polícial para contener a cientos de activistas que se movilizaron hasta la vivienda para defender a Maricarmen, la ejecución del desalojo se produjo poco antes de las 13 horas de España. Después de horas de resistencia, la policía terminó apartando activistas, uno a uno, del camino hasta el piso de la mujer.

A primera hora de la mañana, la comisión judicial llegaba puntual a su cita. Eran las 9.30 en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se encontraban cientos de activistas intentando frenar el acceso al portal de la vivienda. En ese momento numerosos agentes antidisturbios llevaban ya dos horas intentando desalojarles después de haber permanecido desde la noche sentadas en la acera. Eran más de 200 según el Sindicato de Inquilinas, que denuncia el uso de gas pimienta en el desalojo.

Los agentes aporreaban luego la puerta de la calle para forzar el acceso y empezar a sacar a los manifestantes del interior, pasadas las 11.30. Media hora después, la Policía Nacional avanzaba por las escaleras camino de la vivienda de Maricarmen, acompañada del cerrajero encargado de abrir la puerta para poder notificar el desalojo, con el que poner fin al procedimiento burocrático que certificaba la expulsión. Lo consiguieron poco antes de las 13.00, hora a la que Maricarmen era sacada a la calle en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón.

Fuera, cientos de personas protestaban por el desalojo. Los manifestantes evacuados, algunos entre lágrimas y calificando su trato como “una vergüenza”, recibieron el aplauso de la multitud congregada. Algunos salieron agarrados del cuello por los agentes, arrastrados o en andas, incluso con síntomas de desmayos, según pudo comprobar in situ Somos Madrid. El objetivo de la Policía Nacional era despejar el área antes de acceder al edificio y sacar a la mujer de su hogar, en el cuarto intento de desahucio que vivía durante los últimos meses.

El Sindicato de Inquilinas, que se encargó de coordinar las protestas, cifra en “al menos 40” el número de activistas identificados por los agentes. La protesta fue en todo momento pacífica por parte de los allí congregados. El despliegue policial reunió más de una decena de furgonetas, que fueron interpuestas entre el cordón policial y los manifestantes. La organización sindical habla de “compañeras gaseadas, magulladas y golpeadas por todo el cuerpo, cuyos gritos han contribuido a la ansiedad de Maricarmen”.

Las personas desalojadas procedían de la acampada que durante toda la madrugada había acompañado a Maricarmen. Figuras conocidas como Ana Belén, Inés Hernand, Marwán, Juan Diego Botto o Carlos Bardem pasaron también anoche por el lugar para mostrar su rechazo al desahucio.

Ya esta mañana, una gran concentración se formaba en los dos costados del citado cordón policial, a unos 30 metros de la vivienda de Maricarmen, donde se produjeron forcejeos policiales que impedían el paso de los manifestantes a las inmediaciones del edificio. Se corearon gritos como “Madrid será la tumba del rentismo –en referncia a la especulación inmobiliaria” o “vergüenza”. También otros dirigidos a la policía: “Podría ser tu madre, podría ser tu abuela” o “cobardes”.

Los agentes llegaron a expulsar de esa zona incluso a los medios de comunicación, algo que el Sindicato de Inquilinas tachaba de “ataque a la libertad de expresión”. “Que pase la prensa”, fue otro de los cánticos repetidos entre las cientos de personas que han asistido en apoyo a Maricarmen. La retirada de los medios de comunicación fue ejecutada por orden judicial, aseguran a este periódico fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, que recuerdan que el despliegue policial sigue instrucciones del juzgado. Finalmente, la prensa ha podido acercarse, pero en todo momento a una distancia prudencial del portal de no menos de 20 metros.

Las mismas fuentes aclaran que no dirigen este dispositivo y explican que su departamento está “en contra de este desalojo”. Por la Tarde el Sindicato de Inquilinas convocó otra manifestación de protesta contra el desalojo frente al penthouse que compró la presidenta del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Unas 10 mil personas se sumaron a la protesta en defensa de Maricarmen.

Alicia del Río, vocera de la organización, explicó los motivos de la ubicación elegida: “Vivimos en una ciudad y una región gobernada por y para los fondos buitre, para la especulación. El Gobierno de Ayuso hace unas leyes rentistas para que se lucren quienes acaparan vivienda mientras destrozan nuestras vidas, como han hecho con la de Maricarmen. Responsabilizamos principalmente a Ayuso de este desalojo, mientras ella se ríe en nuestra cara comprándose un ático con nuestro dinero. Pero el ático (el departamento de lujo) de Ayuso es para Maricarmen. El dinero público es para el derecho a la vivienda, es para todas. Por eso convocamos la manifestación, para que quienes creen que nuestro derecho a la vivienda está por encima del lucro de unos pocos y la corrupción de un Gobierno vayamos a expresar la repulsa por la barbarie de hoy”.

La activista recordó no obstante el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno: “¿Para qué sirven? Hay un punto de inflexión que no se sostiene con lo que hemos visto hoy. ¿Podemos, Bildu, ERC o BNG van a seguir sosteniendo este gobierno hipócrita que no puede paralizar esto? ¿Qué van a hacer los ministros de Sumar? Con su inacción y su negligencia nos dejan en las manos del fascismo mientras usan el dolor como arma arrojadiza?”.

El fondo inmobiliario rechazó la última oferta

El Sindicato denunció que Urbagestión había rechazado la última oferta formulada por la mediación para intentar detener el desalojo, por lo que la ejecución era irrevocable. Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros. Un alza que una escritora anónima se ofreció a cubrir este martes, sin que la propiedad haya aceptado tampoco esta oferta.

A la puerta de esta vivienda de Retiro también esperaba el Samur Social (el servicio de emergencia del ayuntamiento), que subió con la Policía hasta la casa de Maricarmen y se encargóde su traslado en ambulancia. El Ayuntamiento de Madrid está obligado a ofrecerle una alternativa habitacional, cosa que asegura haber hecho.

Fuentes del área de Servicios Sociales indican que emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado, y que pusieron a su disposición diferentes recursos de alojamiento, “pero ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza”, añaden. Estas fuentes precisan que la mujer optó por hospedadas con familiares cuando abandone el hospital. El alcalde José Luis Martínez-Almeida había confirmado ese ofrecimiento del Samur Social, calificando de “drama” la situación de Maricarmen, pero asegurando que “los mandatos judiciales se tienen que obedecer”.

“El Consejo de Ministros puede frenar este desahucio ahora mismo”, ha denunciado el Sindicado de Inquilinas sobre la paralización desde hace meses del decreto de vivienda que podría detener este y otros desahucios, y que el Gobierno retiene a falta de apoyos parlamentarios en el Congreso para sacarlo adelante. Su llamamiento ha sido secundado por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha exigido que la semana que viene vaya al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de vivienda al Consejo de Ministros. “El PSOE no puede seguir dilatándolo más. PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra. Ni más MariCarmenes desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, ha publicado en redes sociales.

En apenas unas horas, la Guardia de Auxilio llega a un edificio, lo inspecciona, genera un acta que consigna riesgo de derrumbe y ordena la evacuación. Ese mismo día, camiones de mudanza cargan a las familias y sus pertenencias y las trasladan a un hotel, un parador o, en algunos casos, a la calle. No interviene un juez. No hay aviso previo ni relevamiento social.

En la Ciudad de Buenos Aires, ese mecanismo pasó de explicar el 2% de los desalojos en 2024 al 58% en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el Congreso debate un proyecto que acelera los desalojos judiciales, amplía quiénes pueden iniciarlos y, según sus críticos, podría darle respaldo normativo a una práctica que hoy no lo tiene.

El 2 de marzo le tocó al edificio de Cochabamba 2642, en San Cristóbal. Brigitte Torres vivía allí desde hacía siete años con sus dos hijas. Algunos vecinos llevaban dos décadas con contrato. “Era una herencia vacante”, cuenta Torres. “Apareció un supuesto dueño, pero nunca hizo la sucesión”.

Un mes antes habían pasado los bomberos. Según Torres, revisaron columnas, ventanas y escaleras y no detectaron problemas estructurales, aunque sí fallas técnicas, cables fuera de sus cajas y caños en mal estado. Después llegó la Guardia de Auxilio con la faja de clausura. “El arquitecto nunca entró al edificio”, afirma. El desalojo duró casi dos días.

Una excepción convertida en regla

La clausura total con desocupación por riesgo de derrumbe se apoya en el artículo 12 del decreto 1510/97, que habilita a la administración a actuar sin esperar a un juez. Está pensada para situaciones de emergencia estructural inminente e inaplazable. Es una excepción a la tutela judicial previa. Pero dejó de ser una excepción.

Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 hubo 621 desalojos en la Ciudad, que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. El dato surge de un informe del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con información oficial.

El cambio está en el método. En 2024, el 98% de los desalojos se hizo por orden judicial. En los primeros meses de 2026, los administrativos llegaron al 58% y superaron por primera vez a los judiciales, según un informe conjunto del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con datos oficiales del Gobierno de la Ciudad. Las clausuras totales pasaron del 2% al 56%: en todo 2025 alcanzaron a 20 familias y 35 chicos; en los primeros meses de 2026, a 222 familias y 215 chicos.

El mismo informe advierte que en 2026 la Jefatura de Gabinete porteña instó a realizar inspecciones en el 33% de esos desalojos, cuando el mecanismo debería responder a una “situación de emergencia técnica objetiva”. Los organismos también señalan que la evacuación total solo se justifica cuando no alcanza con apuntalar o clausurar una parte del inmueble y reclaman un protocolo único, que hoy no existe.

“Nos preocupa porque no cumple las pautas de los desalojos judiciales. No hay aviso previo, relevamientos ni intervención de los organismos correspondientes para evaluar la vulnerabilidad”, dice Victoria Freire, diputada de Fuerza por Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Vivienda porteña, quien además presento un proyecto de protocolo contra los desalojos. Según sus registros, las clausuras con desalojo fueron 14 en 2025 y 67 hasta el 14 de mayo de 2026. Contabiliza 509 familias desalojadas por esa vía, frente a 954 por la judicial. Un tercio de las personas alcanzadas son chicos.

“Está dirigida a viviendas colectivas donde viven familias trabajadoras de bajos ingresos que llevan muchos años en la Ciudad”, describe Freire. El informe del Ministerio Público ubica esos desalojos principalmente en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares de las comunas 1, 3 y 4.

El proyecto que acelera los desalojos

El 7 de agosto el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos contra 33. Su capítulo sobre desalojos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la Ciudad.

El texto establece que toda acción de desalojo tramite por juicio sumarísimo, habilita la entrega inmediata del inmueble bajo caución juratoria y amplía quiénes pueden iniciarla: ya no solo el propietario, sino cualquiera que invoque un derecho o interés legítimo. Para las viviendas, mantiene una intimación previa de diez días corridos por falta de pago. El proyecto pasó a Diputados.

“Los desalojos exprés ya se están desarrollando en la Ciudad, encubiertos bajo la modalidad de evacuación”, sostiene Freire. “La ley les otorgaría un marco legal que hoy no tienen”.

A quién alcanza el texto

La discusión pública asocia el proyecto con las usurpaciones, pero los números del Poder Judicial muestran que son una minoría. Entre 2020 y 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil registró 15.037 causas de desalojo. La intrusión –el ocupante sin ningún vínculo con el propietari– explicó 2.351, el 15,6%, y viene en baja: fueron 496 causas en 2023, 412 en 2024 y 336 en 2025.

Dos de cada tres causas corresponden a inquilinos: 5.576 por vencimiento de contrato y 4.238 por falta de pago. Los datos surgen de un trabajo especial de la propia Cámara publicado en junio de 2026.

Sobre ese universo recaen algunos de los principales cambios. Para obtener la desocupación inmediata ya no haría falta una caución real –una garantía económica– sino una declaración jurada del propietario. Y la intimación previa por falta de pago, que el Ejecutivo había fijado en tres días, quedó en diez después de la negociación en el Senado.

“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago”, planteó en el recinto el senador Mariano Recalde.

Torres, vocera de la Coordinadora contra los Desalojos, asegura que el perfil de las consultas empezó a cambiar: “Al principio recibíamos casos de lugares ocupados, inmuebles ociosos y herencias vacantes. Ahora están llegando directamente inquilinos con contratos formales”.

Qué queda después de un desalojo

Ni las familias ni los edificios desalojados tienen seguimiento. “No sabemos cómo reorganizaron su vida, si consiguieron otra vivienda o si los chicos continúan en sus escuelas. Tampoco existe una planificación clara sobre los inmuebles”, dice Freire.

Desde abril, ocho familias fueron desalojadas en distintos operativos en edificios ubicados en Girardot y Heredia, en el barrio de Villa Ortúzar, en la zona que rodea la Plaza Malavar. Dos de ellas desalojadas el lunes pasado, vivían allí desde hace más de 20 años, según informó el medio vecinal Villa Ortúzar Periódico. Después del operativos, los vecinos se organizaron para montar guardia y evitar que otras personas en situaciones similares terminaran también en la calle. Sin embargo, este viernes volvieron a desalojar otra casa.

Cochabamba 2642 sigue tapiado. Adentro quedaron muebles de vecinos que estaban de vacaciones durante el operativo. “Está desierto. Se está pudriendo por dentro y las vecinas dicen que se llena de gatos”, cuenta Torres. De noche, algunas personas en situación de calle duermen bajo un techito sobre la vereda.

El edificio forma parte de un stock de viviendas vacías que la Ciudad no moviliza. En 2023, el 13% de las viviendas porteñas estaba vacío y unas 70.000 llevaban más de un año sin consumo eléctrico, según un estudio de CIPPEC y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. La vacancia se concentra en el macrocentro y zonas como Constitución y Flores, entre sucesiones trabadas, deterioro edilicio y departamentos que perdieron demanda.

El Gobierno porteño sostuvo que había recuperado “un edificio de dos pisos con terraza que estaba tomado desde hacía 20 años”, donde había denuncias por peleas, robos y disparos. También afirmó que funcionaba como “aguantadero” y que allí encontró un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad. Con ese procedimiento, la gestión de Jorge Macri contabilizó más de 610 inmuebles devueltos “a sus verdaderos dueños”.

La Legislatura aprobó un pedido de informes para conocer qué justificó la urgencia, por qué no se optó por reparar o apuntalar el edificio, cuántas familias fueron desalojadas y qué destino tendría. No hubo respuesta.

Torres se fue a un hotel con sus dos hijas, por $560.000 mensuales, y se endeudó en más de $2 millones para afrontar el primer mes, al igual que todas las familias que vivían en el edificio. Según cuenta, algunos quedaron en la calle. Una, de cinco personas y cuatro chicos, durmió tres días frente al edificio.

Cinco meses después, no hay obra ni proyecto. “Podría albergar a 40 familias y desalojaron a 40 familias”, dice Torres. Entre ellas, calcula, había al menos 60 chicos.

LNMG

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobado por el Senado con 37 votos a favor y 33 en contra, incorpora un nuevo régimen de desalojos exprés para acelerar la restitución de viviendas, campos y terrenos ocupados ilegalmente, además de modificar el sistema de expropiaciones y avanzar en la digitalización de los registros de la propiedad.

La iniciativa mantuvo esos capítulos luego de que el oficialismo resolviera retirar del texto las reformas vinculadas a la compra de tierras por parte de extranjeros y a poco de la votación, el del manejo del fuego, dos de los puntos que habían generado mayor resistencia durante el debate parlamentario.

Cómo quedan los desalojos

- Se aplicará el desalojo exprés en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios.

- El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

- El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

- Los propietarios podrán intimidar a los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos, pero le deberán otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

- La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago.

- Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

- El propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

- En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar.

Cómo quedan las expropiaciones

- La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva.

- El Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

- Se estableció un tope 30% de indemnización por lucro cesante.

- La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días. No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

- El juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten.

El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.

La Libertad Avanza consiguió esta madrugada sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas. La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos. Ya había tenido que eliminar los artículos referentes a la extranjerización de tierras.

Crónica de un extenso debate

Pese a la caída del capítulo sobre la extranjerización de las tierras, la plaza del Congreso se llenó igual. Iniciada la sesión en el Senado, en donde se debatían los restos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, cientos de personas movilizaron al Palacio Legislativo para reclamar en contra de la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones. “Que se caiga la ley no se negocia nada”, decía uno de los carteles que poblaba la plaza, un par de horas antes de que la policía comenzara a reprimir.

Puertas adentro, en el Congreso, Patricia Bullrich se movía con tranquilidad: después del fracaso del capítulo de Tierras, la jefa del oficialismo se mostraba confiada de que tendría el número para aprobar el resto de la ley. Lo importante era evitar una nueva derrota –era la quinta vez que el proyecto se debatía en el Senado– y ofrecer alguna demostración de fuerza luego de que los gobernadores aliados le hubieran soltado la mano con el capítulo de Tierras debido al rechazo popular a la iniciativa.

Sin embargo, el oficialismo negoció hasta el final pero perdió el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, de 2020, y que prohíbe cambiar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

La votación final, con los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones incluidos, fue de 37 senadores a favor y 33 en contra. El oficialismo obtuvo el respaldo de los 21 miembros de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Para el rechazo a los cambios en la Ley del Manejo del Fuego, los peronistas recibieron el apoyo de los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros.

Movilización masiva, represión y agitado debate

El debate en el Senado fue acompañado por una masiva movilización. Pero al caer la tarde, hubo incidentes, destrozos y una fuerte represión policila que dejó un saldo de 10 detenidos, una fotógrafa con traumatismo de cráneo y un gendarme hospitalizado tras recibir un piedrazo.

“Este proyecto no es el original, hubo modificaciones porque la gran mayoría de los oradores no estaban de acuerdo. Es el fruto del trabajo de múltiples bloques, de ese trabajo de consenso nació este proyecto”, reivindicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA), antes de anunciar formalmente que se eliminaría el capítulo 3 que modifica la Ley de Tierras Rurales. Y agregó, buscando mostrarse optimista: “El espíritu original es que quien es el dueño de un bien no sea castigado por eso, que quien es titular de un departamento pueda hacerse de su bien de forma rápida cuando es ocupado”.

A diferencia de otros debates, en los que los senadores libertarios apenas toman la palabra y dejan en manos de los aliados la defensa de sus proyectos, esta vez el bloque oficialista tuvo mandato de intervenir. Durante la jornada, los senadores de La Libertad Avanza defendieron los tres capítulos sobrevivientes de la ley.

“Durante años se castigó al que invierte en la Argentina, así queremos blindar el proceso judicial contra trampas judiciales y poner orden donde antes había caos”, celebró la fueguina Belén Monte de Oca, defendiendo la reforma del Código Civil y Comercial que habilita a los jueces a disponer de la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. Estos cambios, que habilitan los desalojos exprés, no solo alcanzan a quienes ocupan un domicilio de manera ilegal, sino también a los inquilinos que adeudan el alquiler o cuyo contrato haya vencido.

“El propietario tiene título, paga impuestos, recurre a la Justicia y no a la violencia, como el intruso que recurre a la banda organizada que le dio ese lugar. El resultado de recurrir a la Justicia es nulo”, denunció Agustín Monteverde, quien aseguró que los “usurpadores” se instalan a propósito con “menores, discapacitados y ancianos” con el objetivo de blindarse frente a la Justicia. “Buscan la protección de una Justicia abolicionista”, cuestionó.

Mientras los senadores encadenaban discursos, la oposición trabajaba para voltear alguno de los capítulos. Tras el rechazo al capítulo de extranjerización, el peronismo esperaba que la victoria fuera contagiosa y que la presencia callejera sirviera como incentivo para voltear, al menos, el capítulo que modifica la Ley de Manejo del Fuego, algo que finalmente consiguió en la votación, pasada la 1 de la madrugada. El proyecto del oficialismo eliminaba la prohibición de vender o cambiar el uso del suelo de pastizales, humedales y tierras productivas incendiadas por 30 años.

“Los incendios en Argentina casi siempre son intencionales pero no se encuentra a quienes los producen. Con la Ley de Manejo del Fuego se había logrado un efecto disuasivo y con esta modificación, lo estamos eliminando. Es una regresión”, cuestionó el entrerriano Adan Bahl (PJ).

“La patria no solo no se vende. La patria no se incendia, no se privatiza y tiene que ser para todos y todas”, agregó el camporista Mariano Recalde.

El peronismo cosechó votos entre los radicales y patagónicos, que eran quienes estaban más incómodos con la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego.

El primer intento del peronismo de voltear la sesión, a su vez, ya había fracasado. Poco después de que comenzara la sesión, el jefe del interbloque, José Mayans, pidió devolver la iniciativa a comisiones, pero no consiguió los votos. Por 38 votos en contra y 31 a favor, el oficialismo consiguió seguir sesionando.

MCM/MG

El Senado debatirá este jueves una versión acotada del proyecto de propiedad privada, que tendrá como eje central una reforma que contempla los desalojos “exprés” de campos, viviendas y terrenos que fueron usurpados. La iniciativa incluye cambios en la ley del Manejo de Fuego.

La Cámara alta reanudará el debate a las 14 que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras.

Sin los artículos que flexibilizaban la venta de tierras a extranjeros ni de los barrios populares, el Senado debatirá una versión acotada del dictamen de mayoría, que tiene como eje central agilizar el desalojo de las viviendas intrusadas.

De esta manera, el oficialismo afrontará podrá salvar el proyecto que como todas las iniciativas que diseña el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone reformar leyes de diferentes temáticas.

Cómo quedarían los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

Otro punto es que el juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Ley de manejo de fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, dice la propuesta.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten. El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial.

La Ciudad desalojó a 5 mil manteros en el Parque Los Andes, en Chacarita, en un megaoperativo que comenzó anoche pasadas las 21.

La Policía de la Ciudad junto con Inspectores de Espacio Público secuestró más de 6.700 bultos de mercadería, 127 estructuras de armado de puestos y 112 hierros de estructura metálica, además de dos camionetas sin documentación o VTV.

“La usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes que pagan sus impuestos y desarrollan sus actividades de manera formal”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Desde el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluídos), señalan: “Los trabajadores de la feria de Parque Los Andes se encontraron por la madrugada en su lugar de trabajo con un operativo policial impidiendo que el día de trabajo se llevara a cabo con normalidad. Hace 7 años cientos de feriantes manteros arman sus puestos desde la madrugada, en la conocida feria ubicada en el barrio de Chacarita, sábados y domingos para trabajar vendiendo cosas nuevas/usadas tales como antigüedades, libros, ropa, objetos de decoración y colección, entre muchas cosas más”.

“La feria surgió por la necesidad económica y en el 2024 tuvo un crecimiento exponencial gracias a la política de desalojos que llevó a cabo Jorge Macri con Ignacio Baistrocchi, Ministro de Espacios Públicos e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires”, continuaron.

Agregaron: “Sin mediar palabra con los feriantes, se decidió de manera violenta negarle el derecho a trabajar a muchísimas personas que hoy no tienen una propuesta de reubicación. Todos los fines de semana y feriados llegan nuevas personas en busca de un lugar para trabajar, muchas veces no tienen espacio porque no alcanza. Con la crisis económica los salarios se encuentran por debajo de la canasta alimentaria y mientras el mercado no le da lugar a estos trabajadores y los expulsa a la exclusión, tienen que rebuscarselas para poder comer”. 

“Se excusan diciéndoles a los feriantes que deben anotarse para ingresar como feriantes y los puestos que se asignan son a cuenta gotas. Estamos hablando de una feria de más de dos mil trabajadores entre los cuales se encuentran mujeres jefas de hogar, personas discapacitadas, adultos mayores jubilados, pensionados, inmigrantes”, denuncian desde la organización social.

Por otro lado, los vecinos y comerciantes manifestaban su preocupación porque desde hacía meses el Parque, en el polígono entre Jorge Newbery Guzmán y Corrientes, estaba ocupado los fines de semana y feriados por manteros dedicados a la venta ilegal de ropa, tecnología, comida, antigüedades y libros.

Este operativo de orden público se suma a los ya realizados en el barrio de Once, en la zona de la Avenida Avellaneda en Flores, frente a las terminales de Retiro, en la peatonal Florida, Plaza Constitución, Parque Centenario y en el Parque Patricios, donde también se logró la liberación total del espacio.

Tanto en Once como en Flores, por orden de la Justicia, se decomisó mercadería ilegal en depósitos y talleres textiles clandestinos. Tras los megaoperativos, la Policía y los inspectores de Espacio Público mantienen controles en las zonas para evitar que vuelvan a instalarse los manteros.

Jorge Macri agregó: “Tenemos que cuidar a la gente que está dentro de la ley. El control y el dominio de la calle es del Estado y tiene que ser garantizado para que los vecinos puedan circular y que las actividades sean legales. Los comerciantes no tienen que convivir más con una competencia de venta de ropa de origen desconocido o apócrifa”.

En otros sectores del Parque funciona una feria legal con 310 puestos para feriantes, emprendedores y artesanos que ofrecen sus manualidades en tela, cuero, metal, vidrio o en papel, bijouterie, juegos didácticos o artículos de decoración, por ejemplo, y que tienen los permisos correspondientes.

En el operativo en Chacarita interviene la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas a cargo de Celsa Ramírez, secretaría única de Daniel González.

MU con información de la agencia NA

Un megaoperativo se llevaba a cabo sobre la avenida Avellaneda en Flores donde se produjo el desalojo de más de 5.000 manteros, en 32 manzanas del citado barrio porteño.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, se realizaron 50 allanamientos en depósitos con mercaderías de procedencia ilegal y alimentos en mal estado.

Del operativo, participaron más de 550 inspectores, operarios y policías de distintas divisiones, como la Superintendencia de Investigaciones, de los ministerios de Seguridad y de Espacio Público, de la Agencia Gubernamental de Control, Tránsito y de la Dirección Nacional de Migraciones.

El operativo comenzó a las 4 de la madrugada de este viernes en avenida Nazca y avenida Avellaneda; en Bogotá y Campana; en Cuenca y avenida Avellaneda; en Helguera y Venancio Flores, mientras que se indicó que hay denuncias por trabajo clandestino y trata de personas en talleres textiles.

Además, se informó que fueron cerradas nueve manzanas y había vallados en la avenida Nazca, entre Aranguren y Venancio Flores; en la calle Venancio Flores, entre Campana y Nazca; en la calle Bogotá, entre Campana y Nazca; Argerich y Avellaneda; y en la calle Aranguren, entre Argerich y Nazca.

Los vecinos y los comerciantes del barrio vienen reclamando porque están obligados a convivir con el descontrol en calles y competencia desleal y esta medida va en línea con las acciones de lucha contra redes de comercio ilegal y la política de reordenamiento del espacio público que impulsa la Ciudad.

“De a poco vamos a recuperar el funcionamiento normal”, dijo Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo presente en el operativo en el barrio porteño de Flores para desalojar manteros, así como también verificar las denuncias por trabajo clandestino y trata de personas en talleres textiles y en una conferencia de prensa remarcó que “hay que cuidar a la gente que está bajo la norma”.

“Tenemos que cuidar a la gente que está bajo la norma y que el vecino pueda circular”, expresó Jorge Macri, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Waldo Wolff.

Acerca del operativo, informó que comenzaron a la madrugada con un “amplio despliegue policial” luego de que se hayan unificado varias causas. “Se secuestró mercadería que hay que verificar su origen y de a poco vamos a recuperar el funcionamiento normal”, destacó el jefe de Gobierno, quien sumó además que no hubo detenidos.

Wolff también habló en la conferencia y remarcó que se hizo el mismo trabajo de investigación que en la zona del barrio de Once, operativo que se hizo meses atrás: “Vamos a recuperar el espacio público”.

Al ser consultado sobre cómo estará la zona cuando termine la actividad, el funcionario explicó: “En Once desembarcamos y la Policía se quedó, en Flores va a pasar lo mismo. Tenemos la responsabilidad de que así sea”.

“Acá no se fue solo por los manteros, hay una investigación judicial y fuimos por quienes están detrás. Había 30 manzanas tomadas”, concluyó.

En 2024 hubo desalojos de manteros en la calle Perette en Retiro, el Aeroparque Jorge Newbery, los parques Patricios y Centenario, las plazas de Mayo, Lavalle y Constitución, la peatonal Florida, las veredas del Congreso y las veredas y calles de Once.

En tanto, se indicó que intervienen el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 22, a cargo de la Doctora Rocío López Di Muro; y la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Doctora Celsa Ramírez, Secretaría Única del Dr. Daniel González.

NB con información de agencia NA.

Inspectores, operarios y policías de la Ciudad realizaron esta madrugada un operativo para desalojar a más de 2000 manteros que trabajaban en el Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito. 

Según el Gobierno porteño, este hecho se dio, debido a quejas de vecinos y comerciantes registrados de las tres ferias que funcionan en el parque. 

Ante la situación, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri en la red social X expresó: “Queremos darle más tranquilidad a los vecinos que quieren recorrer el parque los fines de semana, y también ser justos con los comerciantes de la zona que pagan sus impuestos y el alquiler de un local. Había 2 mil manteros ilegales que hacían uso de la plaza que ya tenía su zona formal de feriantes”

Además añadió: “Los que genuinamente quieren trabajar, tienen el lugar para hacerlo en las Ferias de la Ciudad. No vale todo ni da todo lo mismo. En nuestra gestión, el espacio público es para los vecinos”.

El operativo comenzó a las 5 de la mañana de hoy con inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, de la Dirección General de Fiscalización y efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a agentes de áreas de Gobierno.

Asimismo, los feriantes no se quedaron callados y realizaron una protesta ante esta prohibición de colocar sus puestos y poder trabajar.

En diálogo con Noticias Argentinas, una feriante dio sus declaraciones acerca de lo que sucede y mencionó: “El gobierno de ciudad está con un operativo para sacar a los manteros que están alrededor del parque y no quiere que la feria legal arme los puestos. La policía dice que lo hacen a modo de precaución, pero hay internas con ferias y mercados desde siempre”

También agregó: “El parque centenario está todo cortado, básicamente porque no dejan que las personas laburen. Nunca dan una razón concreta del porqué del desalojo”

Por otro lado, explicó: “Los inspectores que vienen a ver qué venden y qué no venden, son bastante jodidos, son prepotentes y amenazan a los feriantes. Pero bueno, la gente está con bronca porque quieren laburar, porque no laburar hoy es un día perdido”.

DM con información de agencia NA

El 7 de marzo, hace veinte días, Juan José Milei, el tío del Presidente, recibió la notificación de desalojo. Ocupa un departamento de dos ambientes en el barrio de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires. Esa vivienda la compró con la herencia que recibió de sus padres, los abuelos de Javier Milei y su hermana Karina. Juan José, a quien llaman Chicho, pedalea para una app de delivery. Su historia la contó elDiarioAR en enero.

Según Chicho, la demanda la inició un abogado a quien acudió por un juicio laboral. Aquel proceso resultó en su contra y, siempre de acuerdo a la versión del tío del Presidente, para cobrar sus honorarios el abogado “lo engañó” haciéndole “firmar papeles” en los que “se quedó con su casa”. elDiarioAR se comunicó con Eduardo Vattuone, el abogado en cuestión y pidio precisiones sobre el caso: “Yo no puedo revelar asuntos míos o de mi cliente con gente que ni siquiera conozco. No te puedo estar dando pormenores de un expediente judicial”.

“Si yo pudiera hablar con este abogado le pediría que me deje vivir acá y cuando me muera... Bueno, que se lo quede. Y yo si me voy me iría a la calle, porque no tengo nada, nada donde ir a vivir”, dice Chicho, que tiene 63 años. Por la mañana Juan José Milei reparte diarios para un puesto del barrio. Por la tarde, pedalea para Pedidos Ya. No descansa salvo los sábados. Vive con un promedio de $15.000 por semana, si es que no llueve esos días. No tiene prepaga ni aportes jubilatorios. Y, aunque sabe de oficios varios, no tiene estudios con los que acceder —si pudiera — al mercado laboral formal.

La última vez que habló con Norberto, su hermano y padre de Javier Milei y su hermana, fue cuando el padre de ambos falleció, en 2005. Norberto, empresario del transporte, se hizo cargo de los gastos del sepelio. Luego perdieron el contacto. Chicho tiene en su departamento una colección de latas y botellas de marcas de bebidas nacionales. Y también tiene fotos pegadas en la pared. En una está su padre, a quien también llamaban Chicho, abrazado a la perra Cindy, un regalo que hizo a la familia Alicia Luján Lucich, madre del Presidente. Chicho tiene pocos recuerdos familiares.

Hijos del mismo padre —Francisco, un hombre que vendía frutas en un local de Belgrano—, los hermanos Norberto y Chicho hicieron cada uno su curva, quizás, en sentidos distintos. Norberto, el padre del Presidente, arrancó como chofer de colectivos en la línea 21 y terminó comprando la empresa. Sin dejar de conducir, invirtió en otra, la Rocaraza, dejó el volante y devino empresario del transporte. Fue por más: adquirió una financiera, una empresa ganadera, una algodonera y un negocio inmobiliario. 

Chicho, en cambio, combinó el trabajo en la frutería del padre con otras ocupaciones. Fue cadete en una fábrica de calderas, armó cajas en una fábrica de camisas, estudió para masajista deportivo pero salvo a las amigas de la madre no atendió a nadie porque “quién iba a entrar en mi casa, nadie me llamaba”, dirá; entrenó en pádel y nunca tuvo alumnos, lavó autos, fue sereno en un edificio, ayudó en la pizzería de un amigo.

Según el juzgado en el que se tramita el expediente del desalojo falta un paso para que lo saquen de la casa que ocupa: que se expida la Cámara a la que fue elevada la causa. A Chicho le gustaría comunicarse con sus sobrinos, que están al tanto de la publicación de la nota en elDiarioAR. Desde vocería se limitaron a decir a este medio que “es un familiar lejano con el que no hablan hace muchos años”.

VDM/DTC

Unas 40 personas fueron desalojadas este viernes por la Policía de la Ciudad, tras ingresar a dos edificios de departamentos deshabitados y que forman parte del complejo habitacional Padre Mugica en Villa Lugano. Reclamaban al Gobierno porteño la entrega de las viviendas.

La situación comenzó ayer jueves, en las plateas 12 y 13 del complejo ubicado en Zelarrayán al 6800, y terminó la tarde de hoy viernes con un operativo policial que registró momentos de tensión. Algunos vecinos aseguraron que hubo violencia sobre una mujer embarazada.

Fuentes oficiales porteñas informaron que el personal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo que regula la política habitacional, “realizó un trabajo con las familias” que permanecían dentro de los departamentos “las cuales accedieron a retirarse”, a lo que luego se procedió a iniciar tareas para “tapiar” los ingresos.

Además, señalaron que no hubo “una orden de desalojo” por parte de la Justicia porteña, y que el personal policial cumplió “tareas de prevención” que fueron indicadas desde el Ministerio de Seguridad local a cargo de Eugenio Burzaco.

El ingreso de los ocupantes a los edificios hizo que desde la medianoche se presentara personal de la Comisaría Vecinal 8A de la Policía porteña, para evitar el ingreso y egreso de personas al lugar. En tanto, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 34 a cargo de Adriana Bellavigna dispuso mantener la custodia del lugar y no adoptar medidas respecto de las personas que ingresaron.

Adolfo, un vecino de la zona dijo este mediodía a la señal de noticias Todo Noticias que “estas viviendas son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda, y son personas que necesitan una vivienda”.

“Es una asignatura pendiente de varios gobiernos, que no pudieron atender esos requerimientos, las personas se desbordaron y decidieron ocupar las viviendas, es la inequidad del Estado”, agregó el vecino.

Por su lado, un hombre que salió por sus propios medios del edificio 12 aseveró que se retiró por la promesa de los representantes del IVC, la cual consiste en darles una noche de hotel y de que el lunes retomarían el diálogo para buscar una solución al reclamo habitacional. “Un representante del IVC tomó nota de los datos”, dijo sobre la información de los ocupantes.

Según denunciaron vecinos de la zona, los efectivos de Infantería de la Policía de la Ciudad retiraron por la fuerza a algunas de las personas que permanecían dentro de los departamentos, entre las cuales había una mujer embarazada y otra con un niño. “Arrastraron a mi prima que está embarazada”, afirmó un hombre en las cercanías de los edificios 12 y 13, desocupados por los agentes de Infantería pasadas las 16.

Antes del operativo policial, el Gobierno porteño informó que “los edificios tomados por los vecinos no están en condiciones de habitabilidad”. Desde el IVC, detallaron que el complejo “fue construido por el programa Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con fondos nacionales”.

“La selección de la empresa constructora estuvo a cargo del Gobierno Nacional, el Instituto de Vivienda de la Ciudad no formó parte en ningún momento del proceso de licitación”, aclararon desde el Instituto y agregaron que los departamentos se entregaron en 2012.

Además, sumaron que con los años “empezaron a aparecer una serie de problemas asociados a la mala construcción como filtraciones, humedades o problemas en las cañerías”, por lo cual desde el IVC se realizaron “obras de emergencia para prevenir posibles daños”.

“Actualmente, el IVC está en proceso de licitación para finalizar la construcción de los edificios que no se encuentran en condiciones de habitabilidad”, consignaron desde el organismo y aclararon que “las personas que usurparon estas viviendas no son las destinatarias finales de las mismas. Son vecinos del mismo barrio Mugica” y otras zonas aledañas.

LC con información de agencia Télam

Unas 160 personas que hace meses dormían en el Aeroparque Jorge Newbery fueron desalojadas en un operativo conjunto de organismos nacionales y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Las organizaciones sociales alertaron que en la Capital “hay cada vez más personas que no tienen dónde vivir y que se refugian donde pueden”.

“El día jueves 29 se realizó un operativo de traslado de las personas en situación de calle que permanecían en el Aeroparque Jorge Newbery. Fue una decisión conjunta de los organismos nacionales que operan en el aeropuerto y del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires”, informó la empresa Aeropuertos Argentina 2000 en un comunicado.

En los trabajos conjuntos, intervinieron funcionarios y personal especializado del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la concesionaria del aeropuerto, Aeropuertos Argentina 2000.

Según se indicó desde el ministerio porteño, 30 personas que aceptaron ser trasladadas fueron llevadas “por equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) a los Centros de Inclusión Social que funcionan en la Ciudad, donde reciben asistencia integral (atención, contención y seguimiento profesional, elementos de higiene personal, ducha, ropa, comida caliente, cama)”.

En este sentido, las fuentes agregaron que cada persona recibirá un “acompañamiento diferente” según su situación particular y explicaron que “muchas ya empezaron el trámite para obtener un subsidio habitacional”.

No obstante, permanecían este mediodía en la explanada de ingreso al aeropuerto varias personas en situación de calle que prefirieron quedarse en el lugar.

La presencia de personas en situación de calle dentro del Aeroparque comenzó hace “ya varios meses escalando una cantidad de aproximadamente 160 personas pernoctando en la terminal”, precisaron en el comunicado oficial. Frente a esta situación, se “ha trabajado de manera ininterrumpida para brindar asistencia a estas personas y ofrecerles las alternativas correspondientes a su encuadre de situación requerido”, se agregó.

Por su parte, fuentes de la PSA indicaron a que el personal de la Fuerza resguardó la seguridad del operativo para “que se desarrollase de manera ordenada”.

En la últimas horas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre el operativo: “Están desalojando a las personas que dormían desde hace meses en Aeroparque. En todo este tiempo el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no les propuso otra alternativa que no sea un parador para pasar la noche”.

“Lo único que ofrece es el traslado a un parador. A pesar del frío, muchas de las personas desalojadas prefieren quedarse durmiendo afuera”, advirtieron desde el CELS. En esa línea, señalaron que luego del procedimiento “hoy hay cien personas más en la calle, con destino incierto, sin sus pertenencias y sin comida”.

Asimismo, advirtieron que en la ciudad de Buenos Aires “hay cada vez más personas que no tienen dónde vivir y que se refugian donde pueden”.

En tanto, desde la organización comunitaria “Amigos en el Camino” señalaron que “más de 100 personas que se refugiaban en el Aeroparque de la CABA fueron desalojadas sin permitir que retiren sus pertenencias ni documentación”.

A través de un video publicado en redes sociales, la organización difundió el testimonio de un hombre que fue desalojado y se refugió en la vereda de entrada del aeropuerto para pasar la noche. “Nos acaban de sacar afuera. Nos dejaron como un perro, sin comida, sin poder juntar un poco de agua”, relató el joven.

“Yo tengo discapacidad. No me dejaron sacar mis cosas. Le pedí acceso a mi documento, que tengo adentro, pero no pude sacar nada”, agregó. Hacia el final del video, se lamentó diciendo: “Da vergüenza, da tristeza ver tanta gente afuera. Tanta gente grande”.

Ayer, jueves organizaciones sociales y comunitarias realizaron un “frazadazo” en Plaza de Mayo y una movilización hacia al Congreso Nacional que finalizó con una olla popular, en el marco del cierre del Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de personas en situación de calle, que se llevó a cabo desde el lunes pasado en Buenos Aires.

Desde el CELS indicaron que cientos de personas se congregaron durante la jornada para demandar “políticas públicas para dar una solución de fondo al problema”. Sin embargo, “casi inmediatamente después, ocurría todo lo contrario”, concluyeron.

LC con información de agencia Télam

Las seis personas que habían sido detenidas durante un desalojo en el barrio porteño de Almagro, entre ellas el presidente de Nuevo Encuentro de la ciudad de Buenos Aires, Antolín Magallanes, fueron liberadas en las últimas horas, informó el presidente de ese partido y titular del Acumar, Martín Sabbatella.

Las seis personas habían sido detenidas ayer mientras acompañaban a familias que estaban siendo desalojadas de una vivienda en Almagro.

Desde sus redes sociales, Sabbatella exhortó al Gobierno porteño a “dar explicaciones por su accionar antidemocrático”.

“Finalmente después de 8 horas fueron liberados los 6 compañeros que se encontraban detenidos arbitraria e ilegalmente por la policía de (Horacio Rodríguez) Larreta”, informó anoche Sabbatella en su cuenta de Twitter.

Entre los detenidos estaban el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad, Antolín Magallanes, y el dirigente de esa organización Franco Fernández, que se habían hecho presentes ayer en la Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), una vivienda comunitaria habitada por mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, cuando la Policía de la Ciudad intentaba desalojarla.

Sabbatella afirmó que el Gobierno porteño “debe dar explicaciones por su accionar antidemocrático” y añadió que no sólo por “los desalojos de Casa Pringles” sino también por “la brutal represión que llevó adelante contra los manifestantes que se acercaron a reclamar pacíficamente”.

CRM con información de la agencia Télam

Un grupo de mujeres, que habitaba junto a sus hijos e hijas una casa en el barrio porteño de Almagro en situación de vulnerabilidad tras quedar en la calle, fue desalojado hoy por la Policía de la Ciudad que aplicó un operativo que incluyó represión contra legisladores y manifestantes y la detención de al menos seis personas.

El despliegue policial comenzó a las 7 de la mañana en la Casa Pringles ATR para dar cumplimiento a una orden de desalojo emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco a raíz de una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El inmueble pertenece al Gobierno porteño, que en siete ocasiones intentó subastar, pero no logró concretar debido a la falta de ofertas, hasta que hace un año aproximadamente fue ocupado por un grupo de al menos diez mujeres que quedaron en la calle tras escapar de situaciones de violencia de género.

“Patearon la puerta y entraron por la fuerza, vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar”, dijo Eva, una de las mujeres de Casa Pringles y explicó que el operativo las tomó por sorpresa ya que hace tres semanas mantuvieron una reunión con Matías Vitale, del área de Bienes de la Ciudad.

Por su parte, Pipi contó que, en las primeras horas del despliegue les comunicaron que debían “ir sacando las cosas para afuera, porque si no iba a ser con la fuerza pública y nos iban a llevar presas por resistencia a la autoridad”.

La mujer aseguró que unos días atrás pasó por Casa Pringles personal de Buenos Aires Presente (BAP) para realizar un relevamiento de las familias que viven allí, pero insistió en que “había negociaciones con el Gobierno de la Ciudad” hasta el arribo esta mañana del operativo policial.

Tras resistir el desalojo por más de ocho horas, las mujeres acordaron el retiro de la vivienda con el compromiso de la administración porteña de brindarles un lugar de alojamiento por 30 días en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y encarar una instancia de diálogo para acercar una solución de fondo frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

El entendimiento se dio en medio de una manifestación de organizaciones sociales y políticas que se congregaron en las inmediaciones de la casa para acompañar a las mujeres afectadas y la cual fue reprimida por efectivos de la Policía de la Ciudad en medio de un operativo que registró corridas, golpes y forcejeos.

Durante los incidentes, fueron detenidas al menos seis personas, entre ellas el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires y director de Gestión política y social de ACUMAR, Antolín Magallanes, y el dirigente de ese espacio político, Franco Fernández.

“Fueron detenidos y están en la fiscalía situada en Combate de los Pozos al 100 a la espera de definir su situación”, informaron fuentes de Nuevo Encuentro.

Por su parte, el comisario de la Policía de la Ciudad, a cargo del operativo de desalojo, César Marizza, dijo que los cargos contra los detenidos, entre los que se encuentra una mujer, son “resistencia a la autoridad” y “agresión a personal policial”.

Durante la tarde se hicieron presentes en el lugar los diputados nacionales del Frente de Todos Mónica Macha y Natalia Zaracho; las legisladoras porteñas María Bielli, Ofelia Fernández, Berenice Iáñez y Cecilia Segura, así como el Auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz, y referentes de distintas organizaciones sociales y políticas.

Macha dijo que el operativo fue “ilegal” y aseguró que “no se respetaron las condiciones mínimas” para llevarlo adelante.

Por su parte, la abogada Paula Villani, que representa a las mujeres desalojadas, también denunció que se trató de “un procedimiento irregular debido a que no hubo notificación en el expediente”.

Y la legisladora Ofelia Fernández calificó de “demencial y cruel” a la decisión de pedir el desalojo, aunque destacó que “no es casual que quieran hacerse los malos en estos tiempos electorales”.

CRM con información de la agencia Télam