La Ciudad desalojó a 5 mil manteros en el Parque Los Andes, en Chacarita, en un megaoperativo que comenzó anoche pasadas las 21.

La Policía de la Ciudad junto con Inspectores de Espacio Público secuestró más de 6.700 bultos de mercadería, 127 estructuras de armado de puestos y 112 hierros de estructura metálica, además de dos camionetas sin documentación o VTV.

“La usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes que pagan sus impuestos y desarrollan sus actividades de manera formal”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Desde el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluídos), señalan: “Los trabajadores de la feria de Parque Los Andes se encontraron por la madrugada en su lugar de trabajo con un operativo policial impidiendo que el día de trabajo se llevara a cabo con normalidad. Hace 7 años cientos de feriantes manteros arman sus puestos desde la madrugada, en la conocida feria ubicada en el barrio de Chacarita, sábados y domingos para trabajar vendiendo cosas nuevas/usadas tales como antigüedades, libros, ropa, objetos de decoración y colección, entre muchas cosas más”.

“La feria surgió por la necesidad económica y en el 2024 tuvo un crecimiento exponencial gracias a la política de desalojos que llevó a cabo Jorge Macri con Ignacio Baistrocchi, Ministro de Espacios Públicos e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires”, continuaron.

Agregaron: “Sin mediar palabra con los feriantes, se decidió de manera violenta negarle el derecho a trabajar a muchísimas personas que hoy no tienen una propuesta de reubicación. Todos los fines de semana y feriados llegan nuevas personas en busca de un lugar para trabajar, muchas veces no tienen espacio porque no alcanza. Con la crisis económica los salarios se encuentran por debajo de la canasta alimentaria y mientras el mercado no le da lugar a estos trabajadores y los expulsa a la exclusión, tienen que rebuscarselas para poder comer”. 

“Se excusan diciéndoles a los feriantes que deben anotarse para ingresar como feriantes y los puestos que se asignan son a cuenta gotas. Estamos hablando de una feria de más de dos mil trabajadores entre los cuales se encuentran mujeres jefas de hogar, personas discapacitadas, adultos mayores jubilados, pensionados, inmigrantes”, denuncian desde la organización social.

Por otro lado, los vecinos y comerciantes manifestaban su preocupación porque desde hacía meses el Parque, en el polígono entre Jorge Newbery Guzmán y Corrientes, estaba ocupado los fines de semana y feriados por manteros dedicados a la venta ilegal de ropa, tecnología, comida, antigüedades y libros.

Este operativo de orden público se suma a los ya realizados en el barrio de Once, en la zona de la Avenida Avellaneda en Flores, frente a las terminales de Retiro, en la peatonal Florida, Plaza Constitución, Parque Centenario y en el Parque Patricios, donde también se logró la liberación total del espacio.

Tanto en Once como en Flores, por orden de la Justicia, se decomisó mercadería ilegal en depósitos y talleres textiles clandestinos. Tras los megaoperativos, la Policía y los inspectores de Espacio Público mantienen controles en las zonas para evitar que vuelvan a instalarse los manteros.

Jorge Macri agregó: “Tenemos que cuidar a la gente que está dentro de la ley. El control y el dominio de la calle es del Estado y tiene que ser garantizado para que los vecinos puedan circular y que las actividades sean legales. Los comerciantes no tienen que convivir más con una competencia de venta de ropa de origen desconocido o apócrifa”.

En otros sectores del Parque funciona una feria legal con 310 puestos para feriantes, emprendedores y artesanos que ofrecen sus manualidades en tela, cuero, metal, vidrio o en papel, bijouterie, juegos didácticos o artículos de decoración, por ejemplo, y que tienen los permisos correspondientes.

En el operativo en Chacarita interviene la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas a cargo de Celsa Ramírez, secretaría única de Daniel González.

MU con información de la agencia NA

Un megaoperativo se llevaba a cabo sobre la avenida Avellaneda en Flores donde se produjo el desalojo de más de 5.000 manteros, en 32 manzanas del citado barrio porteño.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, se realizaron 50 allanamientos en depósitos con mercaderías de procedencia ilegal y alimentos en mal estado.

Del operativo, participaron más de 550 inspectores, operarios y policías de distintas divisiones, como la Superintendencia de Investigaciones, de los ministerios de Seguridad y de Espacio Público, de la Agencia Gubernamental de Control, Tránsito y de la Dirección Nacional de Migraciones.

El operativo comenzó a las 4 de la madrugada de este viernes en avenida Nazca y avenida Avellaneda; en Bogotá y Campana; en Cuenca y avenida Avellaneda; en Helguera y Venancio Flores, mientras que se indicó que hay denuncias por trabajo clandestino y trata de personas en talleres textiles.

Además, se informó que fueron cerradas nueve manzanas y había vallados en la avenida Nazca, entre Aranguren y Venancio Flores; en la calle Venancio Flores, entre Campana y Nazca; en la calle Bogotá, entre Campana y Nazca; Argerich y Avellaneda; y en la calle Aranguren, entre Argerich y Nazca.

Los vecinos y los comerciantes del barrio vienen reclamando porque están obligados a convivir con el descontrol en calles y competencia desleal y esta medida va en línea con las acciones de lucha contra redes de comercio ilegal y la política de reordenamiento del espacio público que impulsa la Ciudad.

“De a poco vamos a recuperar el funcionamiento normal”, dijo Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo presente en el operativo en el barrio porteño de Flores para desalojar manteros, así como también verificar las denuncias por trabajo clandestino y trata de personas en talleres textiles y en una conferencia de prensa remarcó que “hay que cuidar a la gente que está bajo la norma”.

“Tenemos que cuidar a la gente que está bajo la norma y que el vecino pueda circular”, expresó Jorge Macri, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Waldo Wolff.

Acerca del operativo, informó que comenzaron a la madrugada con un “amplio despliegue policial” luego de que se hayan unificado varias causas. “Se secuestró mercadería que hay que verificar su origen y de a poco vamos a recuperar el funcionamiento normal”, destacó el jefe de Gobierno, quien sumó además que no hubo detenidos.

Wolff también habló en la conferencia y remarcó que se hizo el mismo trabajo de investigación que en la zona del barrio de Once, operativo que se hizo meses atrás: “Vamos a recuperar el espacio público”.

Al ser consultado sobre cómo estará la zona cuando termine la actividad, el funcionario explicó: “En Once desembarcamos y la Policía se quedó, en Flores va a pasar lo mismo. Tenemos la responsabilidad de que así sea”.

“Acá no se fue solo por los manteros, hay una investigación judicial y fuimos por quienes están detrás. Había 30 manzanas tomadas”, concluyó.

En 2024 hubo desalojos de manteros en la calle Perette en Retiro, el Aeroparque Jorge Newbery, los parques Patricios y Centenario, las plazas de Mayo, Lavalle y Constitución, la peatonal Florida, las veredas del Congreso y las veredas y calles de Once.

En tanto, se indicó que intervienen el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 22, a cargo de la Doctora Rocío López Di Muro; y la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la Doctora Celsa Ramírez, Secretaría Única del Dr. Daniel González.

NB con información de agencia NA.

Inspectores, operarios y policías de la Ciudad realizaron esta madrugada un operativo para desalojar a más de 2000 manteros que trabajaban en el Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito. 

Según el Gobierno porteño, este hecho se dio, debido a quejas de vecinos y comerciantes registrados de las tres ferias que funcionan en el parque. 

Ante la situación, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri en la red social X expresó: “Queremos darle más tranquilidad a los vecinos que quieren recorrer el parque los fines de semana, y también ser justos con los comerciantes de la zona que pagan sus impuestos y el alquiler de un local. Había 2 mil manteros ilegales que hacían uso de la plaza que ya tenía su zona formal de feriantes”

Además añadió: “Los que genuinamente quieren trabajar, tienen el lugar para hacerlo en las Ferias de la Ciudad. No vale todo ni da todo lo mismo. En nuestra gestión, el espacio público es para los vecinos”.

El operativo comenzó a las 5 de la mañana de hoy con inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, de la Dirección General de Fiscalización y efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a agentes de áreas de Gobierno.

Asimismo, los feriantes no se quedaron callados y realizaron una protesta ante esta prohibición de colocar sus puestos y poder trabajar.

En diálogo con Noticias Argentinas, una feriante dio sus declaraciones acerca de lo que sucede y mencionó: “El gobierno de ciudad está con un operativo para sacar a los manteros que están alrededor del parque y no quiere que la feria legal arme los puestos. La policía dice que lo hacen a modo de precaución, pero hay internas con ferias y mercados desde siempre”

También agregó: “El parque centenario está todo cortado, básicamente porque no dejan que las personas laburen. Nunca dan una razón concreta del porqué del desalojo”

Por otro lado, explicó: “Los inspectores que vienen a ver qué venden y qué no venden, son bastante jodidos, son prepotentes y amenazan a los feriantes. Pero bueno, la gente está con bronca porque quieren laburar, porque no laburar hoy es un día perdido”.

DM con información de agencia NA

El 7 de marzo, hace veinte días, Juan José Milei, el tío del Presidente, recibió la notificación de desalojo. Ocupa un departamento de dos ambientes en el barrio de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires. Esa vivienda la compró con la herencia que recibió de sus padres, los abuelos de Javier Milei y su hermana Karina. Juan José, a quien llaman Chicho, pedalea para una app de delivery. Su historia la contó elDiarioAR en enero.

Según Chicho, la demanda la inició un abogado a quien acudió por un juicio laboral. Aquel proceso resultó en su contra y, siempre de acuerdo a la versión del tío del Presidente, para cobrar sus honorarios el abogado “lo engañó” haciéndole “firmar papeles” en los que “se quedó con su casa”. elDiarioAR se comunicó con Eduardo Vattuone, el abogado en cuestión y pidio precisiones sobre el caso: “Yo no puedo revelar asuntos míos o de mi cliente con gente que ni siquiera conozco. No te puedo estar dando pormenores de un expediente judicial”.

“Si yo pudiera hablar con este abogado le pediría que me deje vivir acá y cuando me muera... Bueno, que se lo quede. Y yo si me voy me iría a la calle, porque no tengo nada, nada donde ir a vivir”, dice Chicho, que tiene 63 años. Por la mañana Juan José Milei reparte diarios para un puesto del barrio. Por la tarde, pedalea para Pedidos Ya. No descansa salvo los sábados. Vive con un promedio de $15.000 por semana, si es que no llueve esos días. No tiene prepaga ni aportes jubilatorios. Y, aunque sabe de oficios varios, no tiene estudios con los que acceder —si pudiera — al mercado laboral formal.

La última vez que habló con Norberto, su hermano y padre de Javier Milei y su hermana, fue cuando el padre de ambos falleció, en 2005. Norberto, empresario del transporte, se hizo cargo de los gastos del sepelio. Luego perdieron el contacto. Chicho tiene en su departamento una colección de latas y botellas de marcas de bebidas nacionales. Y también tiene fotos pegadas en la pared. En una está su padre, a quien también llamaban Chicho, abrazado a la perra Cindy, un regalo que hizo a la familia Alicia Luján Lucich, madre del Presidente. Chicho tiene pocos recuerdos familiares.

Hijos del mismo padre —Francisco, un hombre que vendía frutas en un local de Belgrano—, los hermanos Norberto y Chicho hicieron cada uno su curva, quizás, en sentidos distintos. Norberto, el padre del Presidente, arrancó como chofer de colectivos en la línea 21 y terminó comprando la empresa. Sin dejar de conducir, invirtió en otra, la Rocaraza, dejó el volante y devino empresario del transporte. Fue por más: adquirió una financiera, una empresa ganadera, una algodonera y un negocio inmobiliario. 

Chicho, en cambio, combinó el trabajo en la frutería del padre con otras ocupaciones. Fue cadete en una fábrica de calderas, armó cajas en una fábrica de camisas, estudió para masajista deportivo pero salvo a las amigas de la madre no atendió a nadie porque “quién iba a entrar en mi casa, nadie me llamaba”, dirá; entrenó en pádel y nunca tuvo alumnos, lavó autos, fue sereno en un edificio, ayudó en la pizzería de un amigo.

Según el juzgado en el que se tramita el expediente del desalojo falta un paso para que lo saquen de la casa que ocupa: que se expida la Cámara a la que fue elevada la causa. A Chicho le gustaría comunicarse con sus sobrinos, que están al tanto de la publicación de la nota en elDiarioAR. Desde vocería se limitaron a decir a este medio que “es un familiar lejano con el que no hablan hace muchos años”.

VDM/DTC

Unas 40 personas fueron desalojadas este viernes por la Policía de la Ciudad, tras ingresar a dos edificios de departamentos deshabitados y que forman parte del complejo habitacional Padre Mugica en Villa Lugano. Reclamaban al Gobierno porteño la entrega de las viviendas.

La situación comenzó ayer jueves, en las plateas 12 y 13 del complejo ubicado en Zelarrayán al 6800, y terminó la tarde de hoy viernes con un operativo policial que registró momentos de tensión. Algunos vecinos aseguraron que hubo violencia sobre una mujer embarazada.

Fuentes oficiales porteñas informaron que el personal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo que regula la política habitacional, “realizó un trabajo con las familias” que permanecían dentro de los departamentos “las cuales accedieron a retirarse”, a lo que luego se procedió a iniciar tareas para “tapiar” los ingresos.

Además, señalaron que no hubo “una orden de desalojo” por parte de la Justicia porteña, y que el personal policial cumplió “tareas de prevención” que fueron indicadas desde el Ministerio de Seguridad local a cargo de Eugenio Burzaco.

El ingreso de los ocupantes a los edificios hizo que desde la medianoche se presentara personal de la Comisaría Vecinal 8A de la Policía porteña, para evitar el ingreso y egreso de personas al lugar. En tanto, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 34 a cargo de Adriana Bellavigna dispuso mantener la custodia del lugar y no adoptar medidas respecto de las personas que ingresaron.

Adolfo, un vecino de la zona dijo este mediodía a la señal de noticias Todo Noticias que “estas viviendas son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda, y son personas que necesitan una vivienda”.

“Es una asignatura pendiente de varios gobiernos, que no pudieron atender esos requerimientos, las personas se desbordaron y decidieron ocupar las viviendas, es la inequidad del Estado”, agregó el vecino.

Por su lado, un hombre que salió por sus propios medios del edificio 12 aseveró que se retiró por la promesa de los representantes del IVC, la cual consiste en darles una noche de hotel y de que el lunes retomarían el diálogo para buscar una solución al reclamo habitacional. “Un representante del IVC tomó nota de los datos”, dijo sobre la información de los ocupantes.

Según denunciaron vecinos de la zona, los efectivos de Infantería de la Policía de la Ciudad retiraron por la fuerza a algunas de las personas que permanecían dentro de los departamentos, entre las cuales había una mujer embarazada y otra con un niño. “Arrastraron a mi prima que está embarazada”, afirmó un hombre en las cercanías de los edificios 12 y 13, desocupados por los agentes de Infantería pasadas las 16.

Antes del operativo policial, el Gobierno porteño informó que “los edificios tomados por los vecinos no están en condiciones de habitabilidad”. Desde el IVC, detallaron que el complejo “fue construido por el programa Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con fondos nacionales”.

“La selección de la empresa constructora estuvo a cargo del Gobierno Nacional, el Instituto de Vivienda de la Ciudad no formó parte en ningún momento del proceso de licitación”, aclararon desde el Instituto y agregaron que los departamentos se entregaron en 2012.

Además, sumaron que con los años “empezaron a aparecer una serie de problemas asociados a la mala construcción como filtraciones, humedades o problemas en las cañerías”, por lo cual desde el IVC se realizaron “obras de emergencia para prevenir posibles daños”.

“Actualmente, el IVC está en proceso de licitación para finalizar la construcción de los edificios que no se encuentran en condiciones de habitabilidad”, consignaron desde el organismo y aclararon que “las personas que usurparon estas viviendas no son las destinatarias finales de las mismas. Son vecinos del mismo barrio Mugica” y otras zonas aledañas.

LC con información de agencia Télam

Unas 160 personas que hace meses dormían en el Aeroparque Jorge Newbery fueron desalojadas en un operativo conjunto de organismos nacionales y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Las organizaciones sociales alertaron que en la Capital “hay cada vez más personas que no tienen dónde vivir y que se refugian donde pueden”.

“El día jueves 29 se realizó un operativo de traslado de las personas en situación de calle que permanecían en el Aeroparque Jorge Newbery. Fue una decisión conjunta de los organismos nacionales que operan en el aeropuerto y del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires”, informó la empresa Aeropuertos Argentina 2000 en un comunicado.

En los trabajos conjuntos, intervinieron funcionarios y personal especializado del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la concesionaria del aeropuerto, Aeropuertos Argentina 2000.

Según se indicó desde el ministerio porteño, 30 personas que aceptaron ser trasladadas fueron llevadas “por equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) a los Centros de Inclusión Social que funcionan en la Ciudad, donde reciben asistencia integral (atención, contención y seguimiento profesional, elementos de higiene personal, ducha, ropa, comida caliente, cama)”.

En este sentido, las fuentes agregaron que cada persona recibirá un “acompañamiento diferente” según su situación particular y explicaron que “muchas ya empezaron el trámite para obtener un subsidio habitacional”.

No obstante, permanecían este mediodía en la explanada de ingreso al aeropuerto varias personas en situación de calle que prefirieron quedarse en el lugar.

La presencia de personas en situación de calle dentro del Aeroparque comenzó hace “ya varios meses escalando una cantidad de aproximadamente 160 personas pernoctando en la terminal”, precisaron en el comunicado oficial. Frente a esta situación, se “ha trabajado de manera ininterrumpida para brindar asistencia a estas personas y ofrecerles las alternativas correspondientes a su encuadre de situación requerido”, se agregó.

Por su parte, fuentes de la PSA indicaron a que el personal de la Fuerza resguardó la seguridad del operativo para “que se desarrollase de manera ordenada”.

En la últimas horas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre el operativo: “Están desalojando a las personas que dormían desde hace meses en Aeroparque. En todo este tiempo el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no les propuso otra alternativa que no sea un parador para pasar la noche”.

“Lo único que ofrece es el traslado a un parador. A pesar del frío, muchas de las personas desalojadas prefieren quedarse durmiendo afuera”, advirtieron desde el CELS. En esa línea, señalaron que luego del procedimiento “hoy hay cien personas más en la calle, con destino incierto, sin sus pertenencias y sin comida”.

Asimismo, advirtieron que en la ciudad de Buenos Aires “hay cada vez más personas que no tienen dónde vivir y que se refugian donde pueden”.

En tanto, desde la organización comunitaria “Amigos en el Camino” señalaron que “más de 100 personas que se refugiaban en el Aeroparque de la CABA fueron desalojadas sin permitir que retiren sus pertenencias ni documentación”.

A través de un video publicado en redes sociales, la organización difundió el testimonio de un hombre que fue desalojado y se refugió en la vereda de entrada del aeropuerto para pasar la noche. “Nos acaban de sacar afuera. Nos dejaron como un perro, sin comida, sin poder juntar un poco de agua”, relató el joven.

“Yo tengo discapacidad. No me dejaron sacar mis cosas. Le pedí acceso a mi documento, que tengo adentro, pero no pude sacar nada”, agregó. Hacia el final del video, se lamentó diciendo: “Da vergüenza, da tristeza ver tanta gente afuera. Tanta gente grande”.

Ayer, jueves organizaciones sociales y comunitarias realizaron un “frazadazo” en Plaza de Mayo y una movilización hacia al Congreso Nacional que finalizó con una olla popular, en el marco del cierre del Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de personas en situación de calle, que se llevó a cabo desde el lunes pasado en Buenos Aires.

Desde el CELS indicaron que cientos de personas se congregaron durante la jornada para demandar “políticas públicas para dar una solución de fondo al problema”. Sin embargo, “casi inmediatamente después, ocurría todo lo contrario”, concluyeron.

LC con información de agencia Télam

Las seis personas que habían sido detenidas durante un desalojo en el barrio porteño de Almagro, entre ellas el presidente de Nuevo Encuentro de la ciudad de Buenos Aires, Antolín Magallanes, fueron liberadas en las últimas horas, informó el presidente de ese partido y titular del Acumar, Martín Sabbatella.

Las seis personas habían sido detenidas ayer mientras acompañaban a familias que estaban siendo desalojadas de una vivienda en Almagro.

Desde sus redes sociales, Sabbatella exhortó al Gobierno porteño a “dar explicaciones por su accionar antidemocrático”.

“Finalmente después de 8 horas fueron liberados los 6 compañeros que se encontraban detenidos arbitraria e ilegalmente por la policía de (Horacio Rodríguez) Larreta”, informó anoche Sabbatella en su cuenta de Twitter.

Entre los detenidos estaban el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad, Antolín Magallanes, y el dirigente de esa organización Franco Fernández, que se habían hecho presentes ayer en la Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), una vivienda comunitaria habitada por mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, cuando la Policía de la Ciudad intentaba desalojarla.

Sabbatella afirmó que el Gobierno porteño “debe dar explicaciones por su accionar antidemocrático” y añadió que no sólo por “los desalojos de Casa Pringles” sino también por “la brutal represión que llevó adelante contra los manifestantes que se acercaron a reclamar pacíficamente”.

CRM con información de la agencia Télam

Un grupo de mujeres, que habitaba junto a sus hijos e hijas una casa en el barrio porteño de Almagro en situación de vulnerabilidad tras quedar en la calle, fue desalojado hoy por la Policía de la Ciudad que aplicó un operativo que incluyó represión contra legisladores y manifestantes y la detención de al menos seis personas.

El despliegue policial comenzó a las 7 de la mañana en la Casa Pringles ATR para dar cumplimiento a una orden de desalojo emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco a raíz de una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El inmueble pertenece al Gobierno porteño, que en siete ocasiones intentó subastar, pero no logró concretar debido a la falta de ofertas, hasta que hace un año aproximadamente fue ocupado por un grupo de al menos diez mujeres que quedaron en la calle tras escapar de situaciones de violencia de género.

“Patearon la puerta y entraron por la fuerza, vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar”, dijo Eva, una de las mujeres de Casa Pringles y explicó que el operativo las tomó por sorpresa ya que hace tres semanas mantuvieron una reunión con Matías Vitale, del área de Bienes de la Ciudad.

Por su parte, Pipi contó que, en las primeras horas del despliegue les comunicaron que debían “ir sacando las cosas para afuera, porque si no iba a ser con la fuerza pública y nos iban a llevar presas por resistencia a la autoridad”.

La mujer aseguró que unos días atrás pasó por Casa Pringles personal de Buenos Aires Presente (BAP) para realizar un relevamiento de las familias que viven allí, pero insistió en que “había negociaciones con el Gobierno de la Ciudad” hasta el arribo esta mañana del operativo policial.

Tras resistir el desalojo por más de ocho horas, las mujeres acordaron el retiro de la vivienda con el compromiso de la administración porteña de brindarles un lugar de alojamiento por 30 días en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y encarar una instancia de diálogo para acercar una solución de fondo frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

El entendimiento se dio en medio de una manifestación de organizaciones sociales y políticas que se congregaron en las inmediaciones de la casa para acompañar a las mujeres afectadas y la cual fue reprimida por efectivos de la Policía de la Ciudad en medio de un operativo que registró corridas, golpes y forcejeos.

Durante los incidentes, fueron detenidas al menos seis personas, entre ellas el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires y director de Gestión política y social de ACUMAR, Antolín Magallanes, y el dirigente de ese espacio político, Franco Fernández.

“Fueron detenidos y están en la fiscalía situada en Combate de los Pozos al 100 a la espera de definir su situación”, informaron fuentes de Nuevo Encuentro.

Por su parte, el comisario de la Policía de la Ciudad, a cargo del operativo de desalojo, César Marizza, dijo que los cargos contra los detenidos, entre los que se encuentra una mujer, son “resistencia a la autoridad” y “agresión a personal policial”.

Durante la tarde se hicieron presentes en el lugar los diputados nacionales del Frente de Todos Mónica Macha y Natalia Zaracho; las legisladoras porteñas María Bielli, Ofelia Fernández, Berenice Iáñez y Cecilia Segura, así como el Auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz, y referentes de distintas organizaciones sociales y políticas.

Macha dijo que el operativo fue “ilegal” y aseguró que “no se respetaron las condiciones mínimas” para llevarlo adelante.

Por su parte, la abogada Paula Villani, que representa a las mujeres desalojadas, también denunció que se trató de “un procedimiento irregular debido a que no hubo notificación en el expediente”.

Y la legisladora Ofelia Fernández calificó de “demencial y cruel” a la decisión de pedir el desalojo, aunque destacó que “no es casual que quieran hacerse los malos en estos tiempos electorales”.

CRM con información de la agencia Télam

La jueza federal subrogante de San Carlos de Bariloche, Silvina Domínguez, dictó hoy el procesamiento y la prisión preventiva a cuatro de las mujeres detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi realizado por fuerzas federales el 4 de octubre pasado, informaron fuentes judiciales.

La magistrada ordenó además el “sobreseimiento y liberación” de otras dos mujeres que habían sido apresadas ese día y que se encontraban detenidas en la Unidad V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ubicada en el aeropuerto de Bariloche.

Por otra parte, ordenó la detención de otros integrantes del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

El 4 de octubre, un comando unificado de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA, con la participación de la policía provincial de Río Negro, desalojó varios predios de la zona de Villa Mascardi, 35 kilómetros al sur de Bariloche, en un procedimiento que terminó con la detención de siete mujeres en las tierras ocupadas por las familias del Lof Lafken Winkul Mapu.

Por esta causa, días atrás, Andrea Despo, imputada junto a las demás mujeres en la causa caratulada “Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación”, fue sobreseída por probarse que fue “ajena a los hechos pesquisados”.

En cuanto al procesamiento con prisión preventiva, la resolución de la jueza Domínguez recayó sobre Betiana Colhuan, Martha Jaramillo y Romina Rosas, a quienes consideró “prima facie” coautoras penalmente responsables del delito de usurpación de los predios correspondientes al ex Hotel Mascardi y a la finca “La Escondida”, ambos de Villa Mascardi.

En este caso, la magistrada les impuso un embargo por 10 millones de pesos.

“En caso de inexistencia de bienes a embargo o de embargo insuficiente, se dispondrá la inhibición general de gravar o disponer de los mismos”, añadió Domínguez.

También, procesó con prisión preventiva a María Celeste Ardaiz Guenumil por haber participado de la usurpación por despojo del predio “La Escondida”.

A su vez, ordenó la liberación por falta de mérito de Florencia Melo y Débora Vera, quienes permanecían alojadas en dependencias de la PSA en Bariloche.

La jueza también revocó la falta de mérito que se había dispuesto tiempo atrás y procesó con prisión preventiva a Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan por la usurpación por despojo del ex Hotel Mascardi.

En cuanto a Juan Pablo Colhuan, ordenó su detención “a fin de recibirle declaración indagatoria”.

Por último, en relación con Ardaiz Guenumil, Santana, Bonnefoi, Cristian Colhuan y Juan Pablo Colhuan, dispuso trabar a cada uno un embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir -individualmente- la suma de 5.000.000 de pesos.

DA

El Juzgado Civil 93, que había ordenado el desalojo de unas 70 familias que viven en un inmueble del barrio porteño de Constitución, postergó la decisión judicial hasta el próximo 22 de septiembre, tras un acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y los habitantes del lugar, informaron hoy fuentes judiciales.

Esta madrugada, la calle Solís al 1800 amaneció vallada y rodeada por efectivos de la Comisaría Vecinal 1 de la Policía de la Ciudad que fueron desplazados para prestar colaboración a dos oficiales de Justicia para proceder a una orden de desalojo.

En el inmueble, entre 80 y 100 personas se negaron a salir durante toda la mañana y personal de la Defensoría del Pueblo y del Buenos Aires Presente (BAP) iniciaron conversaciones con los moradores a fin de llegar a un acuerdo.

Asimismo, en la puerta del lugar se concentraron familiares de los habitantes y organizaciones sociales para visibilizar la situación que, según explicaron, se dio sin aviso previo y pese a que los inquilinos pagaban un alquiler por el lugar donde viven.

La orden judicial librada por la secretaría 10 del Juzgado Civil 93, a cargo de la Paula Andrea Castro, determinó el desalojo de las personas y del retiro de los muebles pertenecientes a los ocupantes, debido a vencimiento de un contrato.

Sin embargo, pasadas las 14 se anunció que la misma quedaba sin efecto hasta el jueves 22 de septiembre, en tanto que personal de la Defensoría del Pueblo y del BAP comenzaron a realizar un censo de los habitantes del lugar.

Mientras los efectivos policiales se retiraban y procedían a levantar las vallas y habilitar la circulación vehicular, algunos de los habitantes del inmueble señalaron a la prensa que “no es posible” conseguir un lugar donde vivir en diez días y que temen quedar en la calle.

DA

Las calles del barrio del Bon Pastor de Barcelona están llenas de corrillos de vecinos y vecinas que se congregan a comentar el suceso. Este lunes Alberto se tiró del balcón, de espaldas y profiriendo un grito, justo después de que los operarios municipales acabaran de cambiar las cerraduras de su casa, finiquitando la ejecución de su desahucio. Vivía en un piso de protección oficial propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y sobre él pesaban años de amenazas de expulsión después que su madre, titular del contrato, muriera en 2018.

Tenía 63 años y llevaba varios en paro. El retorno al mundo laboral se le complicaba debido a su edad, así que apenas tenía más ingresos que los provenientes de un subsidio. Por ello, no podía hacer frente al alquiler –de 94 euros al mes, unos 13.000 pesos argentinos al cambio oficial– y a las facturas. Cuando el Ayuntamiento se percató de los impagos, entró en contacto con Alberto para ofrecerle una alternativa habitacional porque, al no ser él el titular del contrato –acuerdo vitalicio a nombre de su madre–, no podía permanecer en la que era su casa.

En ese momento empezó un periplo que duraría cuatro años, durante los cuales el consistorio instó a Alberto a acceder a Servicios Sociales para encontrarle una solución habitacional, apoyo al que que no se acogió. “Al final, le propusieron irse a un albergue. Eso no es vida y es normal que no quisiera lo que le ofrecían”, dicen vecinos del barrio.

Desde el consistorio apuntan que la opción inicial es regularizar a la persona en su propia vivienda, pero como Alberto jamás aceptó la ayuda de Servicios Sociales, “no pudimos establecer una relación para evaluar su situación personal ni económica”, apunta. Así que, finalmente, el Ayuntamiento interpuso a principios de 2020 una demanda contra Alberto y el Tribunal aceptó ejecutar su desahucio, que se acabó produciendo el lunes, con el peor desenlace posible.

Vivía en el número 23 de la calle Sèquia Madriguera, donde se hallan unos grandes edificios de protección oficial. Desde sus ventanas asoman vecinos que comentan los hechos del día anterior, formando conversaciones cruzadas sobre el balcón del cuarto piso, desde el que se precipitó Alberto, y en el que sólo queda un viejo tendedero y la silla que usó para saltar.

En el portal, junto al lugar en el que cayó su cuerpo, se reúnen diversos vecinos del bloque que no quieren hablar con medios. Aun así, antes de irse, concluyen: “No era conflictivo. Para nada. Era un hombre encantador”. Hacen referencia a las acusaciones vertidas sobre Alberto por parte del Ayuntamiento, que ha señalado que el administrador de la finca comunicó que en el piso de la víctima había “ruidos, peleas y entradas y salidas recurrentes de personas”. Pero todos los vecinos con los que ha hablado este medio coinciden en que Alberto “no era de los que arman jaleo”.

Así lo afirma Montse, una vecina que conoció a Alberto a través del puesto de bacalao que tenía en el Mercat de Bon Pastor. Le vendió género durante años, después de haber atendido muchas décadas a su madre. “Era un hombre con problemas. La vida no le trató bien, pero como a mucha gente de este barrio”, dice Montse, que tiene apuntados en su memoria de tendera todos los miembros de la familia que conoció. Además de su madre, Alberto tenía un hermano, una hija y nietos. Pero todos ellos viven fuera de Barcelona y, según cuentan en el barrio, perdieron la relación.

Una vida difícil

“Estaba jodido y solo, pero era una persona maravillosa. Educado y amable, aunque la vida no lo fue con él. Si estuviera vivo, estaría aquí sentado en la barra, con su gorra”, apuntan los integrantes de la mesa de un bar frecuentado por la víctima. Después de un breve silencio, alzan los quintos con los que acompañan la comida y brindan. “¡Por Alberto!”. Quienes le recuerdan son Chus, Jose, Salva y Sandra, cuatro de sus amigos, con los que compartió buena parte de su vida.

El trayecto vital de Alberto no fue fácil. Marcada por la precariedad económica, su vida se desmontó cuando se quedó en paro. Le quedaba ya poco para jubilarse y cobrar la pensión cuando se mudó con su madre, algún tiempo antes de morir ella. Mientras intentaba infructuosamente encontrar un trabajo, tuvo que ir haciendo apaños. “Unos más buenos que otros”, dicen sus amigos. Así, se convirtió en el manitas del barrio, el que lo arreglaba todo. “Desde un enchufe hasta la cremallera de una mochila”, cuentan.

Según la descripción de quienes le conocieron, Alberto era bueno, pero también un pillo. “La picaresca es lo que tiene, era un licántropo, como nosotros”, dice Jose, quien cuenta que algunas veces, además de lo que cobraba por el apaño, pedía dinero para los materiales que necesitaba. “Pero luego te lo encontrabas comiéndose un bocata y tomando una caña con ese dinero. El hambre es lo que tiene”, explican los feligreses del bar, entre risas. “Eso sí, tarde o temprano, te lo devolvía”, admiten.

Estos son los trapicheos “buenos”, pero luego los hubo peores y delictivos. Alberto pasó por la cárcel debido a su relación con las drogas. Muchos de los vecinos cuentan que consumía alcohol y estupefacientes. “Pero eso no es nada raro en el barrio. Cada quién se anestesia de su mierda de vida como puede”, cuenta una vecina.

Pero Alberto había llegado más allá del consumo. Según cuentan diversas personas del Bon Pastor, la historia que perseguía al hombre era que le engañaron para hacer de mula. “Lo pillaron llegando al barrio. Venía cargado de... jamón dulce. Pero no muy cargado, esa era la cosa. Lo usaron de anzuelo y le vendieron. Así, mientras lo cogían a él, pudo entrar otro con todo el paquete”, explican en el bar. “¿Y qué iba a hacer? Si se chivaba a la poli, lo mataban en la cárcel, así que se comió lo que le tocó”, recuerda Chus.

Este es un tema espinoso entre los amigos de Alberto, pero no lo ocultan. Reconocen que traficar no es una actividad de la que enorgullecerse, pero también asumen que es el único camino para muchos. “Se trata de sobrevivir”, añaden.

La sombra alargada de las casas baratas

Sobrevivir también fue lo que impulsó a Alberto a realquilar dos de las habitaciones de su casa a una pareja. Algunos vecinos del barrio no ven bien que se “lucrara” con un piso de protección oficial y, de hecho, este fue otro de los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento para desahuciarlo. “Hacía un uso ilícito y fraudulento de la vivienda”, dice la concejala de Vivienda. Desde el consistorio, además, aseguran que una de las inquilinas de Alberto fue a Servicios Sociales a denunciar que este la echó del piso sin previo aviso, hecho que permitió al Ayuntamiento constatar que, efectivamente, estaba realquilando habitaciones, cosa que no está permitida en pisos de protección oficial.

La expulsión de los inquilinos coincide, según los amigos de Alberto, con el inicio del proceso de desahucio. Y así lo corrobora también la cronología de los hechos, puesto que la demanda se interpuso en febrero de 2020 y la expulsión de los inquilinos fue en octubre. Pero la cuadrilla de la víctima no puede afirmar nada de este proceso judicial a ciencia cierta, puesto que “nunca nos dijo que lo iban a echar de casa. Era una de esas personas que se lo guardaba todo”, explica Chus.

Ninguno de sus amigos sabía nada de ese desahucio que acabaría con la muerte de Alberto. “Si nos lo hubiera dicho, habríamos intentado ayudarle. Porque su situación también es la nuestra. Hoy ha sido él quien se ha suicidado, pero podría haber sido cualquiera del barrio”, explica, afligida, Sandra. Habla por experiencia, ya que se encuentra en un caso similar.

Ella vive en las llamadas casas baratas, unas viviendas bajas unifamiliares construidas en 1920, los habitantes de las cuales están siendo realojados en edificios como el que habitaba Alberto. Con ellos, el Distrito de Sant Andreu es el que más vivienda de protección oficial tiene en Barcelona (un cuarto del total) y Bon Pastor el barrio con más plazas, casi 350. Pero el proceso de realojamiento va lento y, mientras, las viviendas se van destartalando.

“Muchas noches de tormenta, te despierta el aguacero que cae del techo. Así que, mueves el colchón, le das la vuelta y a dormir. Y ya te ocuparás mañana”, relata Jose, mientras sus amigos asienten. Los hay que han tenido más suerte, como Chus, que fue realojado junto a su madre en un piso de protección oficial de nueva construcción como el de Alberto. Pero, como en el caso de su amigo fallecido, la titular del contrato es su madre.

“Cuando ella muera, estaré jodido. Me van a echar de casa como a Alberto. Tengo un contrato fijo, pero no puedo hacer frente a un alquiler con lo que cobro. ¿Me condenarán a compartir habitación con la edad que tengo? ¿Me echarán de mi casa?”, se pregunta Chus.

Mientras estas dudas van aflorando, el ambiente del bar se caldea. Diversas personas se han acercado a la mesa en la que se está recordando a Alberto y se suman a denunciar la precariedad habitacional que lo llevó al suicidio y que muchos comparten. “¡Que nos defiendan!”, exclama una. “Una persona sin casa no es nada. Si te quitan el techo, te lo quitan todo”, añade otro. Eso le pasó a Alberto, pero él “se quitó la vida en su propia casa, así que no le echaron del todo”, reivindica otro amigo.  

SV

Funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la Fiscalía 11 del distrito porteño desalojaban esta mañana del jueves a unas 100 familias que se habían instalado hace un tiempo formando un asentamiento denominado “La fuerza de las mujeres”, en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro. El lugar está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio.

El predio tomado se encuentra emplazado en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente funcionaba un basural, conocido como “La Containera”.

Desde minutos después de las 8, funcionarios de justicia, junto efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), rodearon el predio donde se había asentado las familias.

En el lugar -donde se registraban esta mañana algunos incendios de las últimas casillas y de precarias carpas- camiones de gran porte y excavadoras continuaban con el desalojo, junto a personal del servicio de Buenos Aires Presente (BAP).

Graciela Sosa, una de las voceras de las familias del asentamiento, dijo a la prensa: “Ahora no sabemos adónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en el asentamiento. Armamos el asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir”.

“Estamos por el derecho humano a una vivienda, estamos por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir porque los alquileres de la villa (31) no lo podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva”, remarcó Sosa.

El pasado 30 de junio, el Gobierno de Rodríguez Larreta había informado que “alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal”, y señalado que “desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito”.

“Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia”, habían indicado desde el Gobierno porteño en ese momento a través de un comunicado.

“El terreno (que se había) tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento, contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos”, señalaron en ese momento en el escrito oficial.

En precarias carpas, con unos 200 chicos en el asentamiento, con bajas temperaturas, ollas populares y fogones, las mujeres y algunos pocos hombres ocupantes del predio se habían mantenido hasta el día de hoy en uno de los costados del Barrio 31.

Los vecinos que acampaban en el lugar cuentan con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón.

El CELS denunció el “uso desproporcionado de la fuerza” en el desalojo

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció esta tarde que el operativo de desalojo realizado esta mañana en Retiro incurrió en un uso desproporcionado de la fuerza y puso en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en el asentamiento “La fuerza de las mujeres” del Barrio Carlos Mugica por lo que solicitó a la fiscalía que había ordenado la medida -la Fiscalía 11 de CABA- que “determine las responsabilidades penales correspondientes”.

El CELS remarcó que el desalojo realizado esta mañana en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, en la ex villa 31, en el que participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, funcionarios y empleados del gobierno porteño pertenecientes al programa Buenos Aires Presente (BAP), incumplió “distintas normas que regulan la realización” de estos procedimientos, en particular un Protocolo de Actuación establecido por el Ministerio Público Fiscal de CABA en el año 2008.

La denuncia, que firman la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, y el director de litigio del organismo, Diego Morales, fue presentada pasadas las 15 en la misma fiscalía que había ordenado el desalojo, la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11 de CABA, a cargo de María Valeria Massamaglia.

La entidad acompañó elementos de prueba, solicitó medidas para profundizar la investigación y también informó que un grupo de integrantes del CELS estuvo presente en el predio de la ex “La Containera” durante el operativo de desalojo, y que por esa condición de testigos de la acción policial el equipo pudo comprobar que “la forma en que se realizó el operativo puso en riesgo la integridad física” de los participantes de la toma, en particular de “mujeres, niños, niñas y adolescentes”, describieron.

“El operativo no tuvo ningún cuidado con relación a la existencia de elementos de extrema precaución como las garrafas que son utilizadas para la preparación de alimentos y aseo de las familias”, consignaron desde el organismo, y además puntualizaron que los efectivos de la Policía de la Ciudad “no brindaron tiempo y oportunidad para retirar pertenencias de primera necesidad”, ya que “se dio prioridad a la sorpresa y a un operativo rápido en lugar de garantizar mínimos cuidados sobre un conjunto de personas que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Aparte de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el CELS cuestionó al gobierno porteño por los hechos ocurridos esta mañana en Retiro a través de un comunicado difundido desde su portal web, donde reprochó que “el proceso de urbanización” de la Villa 31 “no ha mejorado la situación habitacional” porque “quienes se mudaron a los complejos nuevos denuncian la pésima calidad constructiva de las viviendas”, que tienen “filtraciones, fisuras en paredes y falta de agua caliente”, mientras las autoridades porteñas “avanzan con medidas tendientes a otorgar títulos de propiedad sin considerar la situación material de las viviendas”.

Además, el organismo recordó que uno de los argumentos de la administración de Horacio Rodríguez Larreta para oponerse al mantenimiento de la toma en la ex Villa 31 fue un anuncio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA de que en esos terrenos tienen pensado construir una escuela, aunque hasta ahora “no mostraron ningún plan de obra” que muestre algún avance sobre ese proyecto, ni tampoco se lo incluyó “en el presupuesto 2021”, subrayaron desde el CELS.

Con información de agencia Télam

AB y DA

Los propietarios de departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires están pidiendo un 64% más que hace un año, en incluso en algunos barrios el alza llega al 93%, como en Villa Ortúzar, y al 91%, como en Villa del Parque y Boedo, según los datos del portal de avisos inmobiliarios Zonaprop. Un departamento promedio de dos ambientes cuesta $ 40.000, con brechas desde 31.000 en Liniers o 33.000 en Villa Lugano hasta 47.000 en Villa Ortúzar o Palermo.

Como los salarios aumentaron 40% en el último año, aquellos inquilinos que deben renovar su contrato o buscar otra propiedad se encuentran ante una difícil misión de encontrar techo donde vivir. “No es por la ley de alquileres, es por la inflación, me dice el propietario”, comenta Cristina Soca, inquilina de un PH de tres ambientes en Carapachay, partido de Vicente López. Esta empleada de una operadora de TV paga abona hasta ahora $ 33.000, pero el dueño quiere que el nuevo contrato se firme a 65.000. Lo máximo que le rebaja es a 60.000. Es decir, debería pagar 81% más. “Él me dice que en los últimos dos años el alquiler perdió contra la inflación, porque preveíamos una inflación del 35% anual, y ahora quiere recuperar. Pero a nosotros no nos aumentaron el sueldo como la inflación”, cuenta Cristina, de 39 años, que vive con su pareja y tres gatos. 

“No encontrás nada porque está caro y porque te piden un montón de exigencias: que no tengas gatos, conozco gente a la que no le admiten hijos, hasta te revisan el Facebook”, comenta Cristina. Encontró opciones más baratas, a $ 45.000 o 55.000, pero en pésimas condiciones: “Sin bidet. O con una ducha que si la abrís, te moja el inodoro. Con conexiones eléctricas viejas que no me permiten teletrabajar a mí ni a mi pareja. Con cañerías destruidas. O cuartos donde no te entra la cama. Buscaré algo hasta fin de mes y si no, nos vamos a tener que quedar pagando 60.000. Y entonces no vamos a poder ahorrar más para entrar algún día a un crédito hipotecario”.

Agustín Moscatelli, de 29 años, trabaja en una consultora y vive con su pareja en un dos ambientes de Villa Urquiza. “Los dos hacemos teletrabajo y queremos mudarnos a un tres ambientes acá o en Saavedra o Parque Chas. Estamos pagando 27.000 pesos, pero lo que vimos está a 60.000 o 70.000”, advierte Agustín. “De un mes a otro suben los precios un montón y te cambian las condiciones: ahora la mayoría no te acepta garantía de capital sino que te piden seguro de caución, con lo que necesitás como 200.000 pesos para entrar en cualquier lado, incluido el depósito. Tenés que ser millonario para alquilar”, lamenta. “Hay muchos departamentos que se reservan, pero después vuelven a ofrecerse porque los candidatos no cumplen con las condiciones”, agrega. Su contrato se vence en febrero y si no encuentra ninguna alternativa, se quedará en el dos ambientes, aunque no sabe cuánto le pedirán: “Quizás 35.000 o 40.000”. 

No sé con qué precio nos van a salir. Estamos averiguando en Lugano o Soldati, que es lo más barato de la Capital, o del otro lado de la General Paz, en Villa Celina, La Matanza.

Noelia Randisi — Docente

Noelia Randisi, docente, alquila con su marido, camionero, y su hija un departamento de tres ambientes en Lugano. Quiere mudarse por la humedad de los techos y porque el edificio está tan deteriorado que los ascensores corren riesgo de clausura. En diciembre próximo vence su contrato. “No sé con qué precio nos van a salir. Estamos averiguando en Lugano o Soldati, que es lo más barato de la capital, o del otro lado de la General Paz, en Villa Celina, La Matanza. El problema es que nos piden entre 30.000 y 40.000 por mes y para entrar son 80.000 o 90.000. Si fuese algo que se puede sustentar, uno saca el crédito para pagar el adelanto, pero es imposible un alquiler tan caro con los sueldos que tenemos. La verdad, vamos a tener que quedarnos acá y pagar lo que nos pidan por este departamento que está lleno de humedad, que me hace mal a mi salud”, lamenta Noelia. 

En Del Viso, partido de Pilar, Silvia Dundo, empleada doméstica de 59 años, vive con una hija con discapacidad y una nieta a cargo en una casa por la que pagaba $ 11.500 hasta que en febrero venció su contrato. Se lo extendieron hasta el pasado día 1º a 22.000 mensuales. “Me están iniciando un desalojo. La propietaria me dijo que ella, cuando alquilaba, no preguntaba si había enfermos. Busqué una casita, pero necesito 160.000 para entrar. ¿Cómo hago si cobro 23.000 de básico y no llego a ganar nunca 50.000? Me piden un disparate. No sé qué voy a hacer, nunca imaginé quedarme en la calle. Espero que tengan piedad de tantas familias que no tenemos de dónde sacar dinero para alquilar”, ruega Silvia. 

Una alta fuente del Gobierno aseguró que se trata de un problema sobre todo porteño que debe resolverse “con regulaciones locales y subsidios al alquiler”.

El problema no es sólo porteño o del Gran Buenos Aires. También cunde en el interior. A María, de General Roca, provincia de Río Negro, se le vence el contrato el 30 de septiembre. A punto de recibirse de profesora de matemática, con un hijo de 13 años, paga por ahora $ 18.000. “Debería abonar 27.000. Mi intención es no renovar porque el propietario nunca arregló nada del departamento. Pero no encuentra nada porque los valores que son bastante altos o por las cantidad de requisitos que piden. Muchos no te reciben con hijos o mascotas, pero yo soy madre y tengo un perro. Varios me pidieron dos garantes. Sinceramente, no sé qué voy a hacer. Hace meses que ando en busca de alquiler y estoy cada vez más ajustada de tiempo. ¡Noches sin dormir pensando alternativas!”, confiesa María.

También hay familias que ya no pueden pagar más el alquiler y están bajo la amenaza del desalojo. Son los casos de Flavia Oviedo, de Puerto Madryn, o de Nancy Fernández, de José C. Paz. Flavia, con su marido desempleado y cuatro hijos, pagaba $ 20.000 por un tres ambientes hasta diciembre pasado y ahora no encuentra nada, no sólo porque les piden 30.000 por dos habitaciones sino por la falta de recibo de sueldo. “No tengo a dónde ir”, decía Nancy en marzo pasado en otra nota de elDiarioAR. Sigue igual. Además perdió su empleo en el buffet de un club y los propietarios la amenazaron con acuchillarla y secuestrarla y le cortaron el agua, la electricidad y el gas, servicios que recuperó gracias a una mano de sus vecinos. 

Algunos propietarios se quejan de la ley de alquileres de 2019, que votaron por consenso el Frente de Todos y Juntos, porque impide la actualización semestral y extendió el contrato de dos a tres años.

Algunos propietarios se quejan de la ley de alquileres de 2020, que votaron por consenso el Frente de Todos y Juntos, porque impide la actualización semestral y extendió el contrato de dos a tres años. Por eso, muchos retiraron sus inmuebles de la oferta de alquileres y los pusieron en venta, más allá del parate del mercado. Con la mira en las próximas elecciones legislativas, cinco candidatos del oficialismo consultados guardaron silencio cuando fueron consultados por elDiarioAR, mientras una alta fuente del Gobierno aseguró que se trata de un problema sobre todo porteño que debe resolverse “con regulaciones locales y subsidios al alquiler”. En la oposición, el postulante y economista Martín Tetaz, de Juntos, propone derogar la ley de 2019. Su colega, el libertario Javier Milei, impulsa una “desregulación total, no hay motivo para que el Estado se meta”. En cambio, el también economista y candidato Martín Hourest, de Alternativa Ciudadana, alianza de Libres del Sur y Socialistas, aboga por incentivos y penalización fiscal de las viviendas ociosas y provisión de garantía pública los alquileres, como partes de una política habitacional más amplia que asegure el derecho a la vivienda.

AR/WC

“Me quieren desalojar; mi contrato extendido terminó el 31 de marzo y no me quieren renovar, y no encuentro vivienda”, se lamenta María Belén que ahora vive de prestado, en Bariloche. Lucio, de General Roca, en tanto, explica que está “alquilando sin contrato, en negro” y paga 25.500 pesos por mes por un departamento que también usa de oficina. “Es mi trabajo este lugar y me quieren desalojar. Quiero que intervenga AFIP con el propietario”, dice. Eric, una persona LGTB de Villa Regina, denuncia: “Tengo deuda en el alquiler, me quieren desalojar. No tengo trabajo y no me puedo ir de la vivienda. No consigo nada y estoy en una situación personal muy mala”.

Son todos casos de la Provincia de Río Negro, y situaciones similares se multiplica por toda la geografía patagónica.

La no renovación por parte del Gobierno nacional del decreto 320 del 2020 que estableció la última prórroga de la norma que impide los desalojos y congela el precio de los alquileres, provoca una situación de profunda gravedad social en la Patagonia.

Miles de inquilinos acumulan mes a mes deudas con los propietarios de los viviendas, o deben recurrir a la venta de muebles y objetos personales para poder afrontar el pago, mientras los precios de los alquileres aumentan sin control.

Así se desprende de una serie de encuestas realizadas por organizaciones que nuclean a inquilinos de las distintas provincias de la región.

En las últimas horas, la Unión de Inquilinos Rionegrinos (UIR) planteó al ministro de Gobierno provincial, Rodrigo Buteler, a la Senadora Silvina García Larraburu, y al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que “por lo menos se cumplan los aspectos del decreto 66 (última prórroga) en relación a la mediación previa al desalojo, y la disponibilidad de programas estatales de disposición de viviendas para inquilinos que deben dejar sus viviendas”, explicó Roberto Díaz, referente de la organización.

En Río Negro, un promedio del 77,4% de los inquilinos/as destinan entre el 30% y el 80% de su ingreso al pago del alquiler. Así, según la encuesta de UIR que se renueva bimensualmente, el 40,3% de los inquilinos no puede pagar el alquiler completo, lo cual genera deudas acumulativas que compromete la continuidad del vínculo con el propietario.

“Pagué con mucho sacrificio la deuda del 2020, pero siguen aumentando y no puedo ser una nómade de acá para allá. No entré en ningún plan de vivienda”, se queja Maia, vecina de la localidad de Allen, en el Alto Valle. “No me alcanza el dinero para pagar los aumentos en los alquileres. Me siento súper insegura, ya que soy madre soltera con un hijo discapacitado y la mitad del sueldo se va en alquiler”, agrega.

Según los relevamientos -que en Santa Cruz realiza la Asociación de Inquilinos de esa Provincia; en Chubut el Sindicato de Inquilinos; y en Neuquén la Federación de inquilinos- el 27,6% “debe entre un mes y seis meses de alquiler en lo que va de la pandemia”. El 40,9% de los encuestados dijo “ganar menos dinero que los meses anteriores”.

Aseguran que ya se concretaron un 7% de desalojos, mientras que un 24,9% de los inquilinos sufrió “hostigamiento y amenazas”.

Si bien la realidad por ciudad es muy distinta -con incrementos mayores en localidades turísticas o petroleras-, los aumentos de los precios de los alquileres en Neuquén oscilaron entre un 40 y un 120% en los últimos meses. 

En Santa Cruz, en tanto, más de la mitad de los inquilinos -un 54%- no pudo pagar el alquiler de abril de forma completa; motivado en parte porque hasta abril de este año, el aumento medio en los alquileres fue del 14%. Si se tienen en cuenta los últimos doce meses, el aumento totaliza la cifra de 67,4%, señala el informe al que accedió elDiarioAR.

La no renovación por parte del Gobierno nacional del decreto 320 del 2020 que estableció la última prórroga de la norma que impide los desalojos y congela el precio de los alquileres, provoca una situación de profunda gravedad social en la Patagonia.

Adriana, una inquilina de Bariloche, dice a la UIR que “desde julio del 2020 que quieren que abandone la propiedad por falta de pago y porque la permutaron. Me citaron a una mediación privada, antes que finalice el decreto (que extendía el plazo de prohibición de desalojos) y no pude acceder a un abogado del Estado porque mi marido es monotributista, pero no tenemos ingresos desde marzo 2020. Hace 28 años que alquilamos y si bien tuvimos problemas en alguna oportunidad, siempre tratamos de cumplir” Y asegura que “esta es la peor situación que atravesamos y difícilmente la podamos revertir sin ayuda del gobierno, necesitamos por favor algún plan de desendeudamiento y la posibilidad de acceso a una vivienda propia”.

La situación se agravó por la pandemia y la cuarentena: la reducción de ingresos de los sectores populares y medios no propietarios, complicó el pago de los alquileres, y a la vez se redujo la oferta de viviendas para alquilar.

Roberto Díaz, de la UIR, puntualizó que las organizaciones de inquilinos “acompañamos las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno nacional, pero decimos que tiene que haber medidas económicas y legales para que la población pueda atravesar la segunda ola” de Covid. “No podemos dejar solos a los inquilinos ante el mercadeo, sino el esquema se vuelve solo meritocrático: si podés pagás y tenés donde vivir, y si no te quedás en la calle”.

Pocos días antes del vencimiento del DNU firmado en 2020 por el Presidente Alberto Fernández y la consecuente caída de la restricción de desalojos, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, planteó que se haría “uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres”, que especifica que “los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación”.

“No habrá extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”, dijo Ferraresi en marzo de este año.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos de los inquilinos aseguran que tales mediaciones no se cumplen, y que no se produje el blanqueo de la relación contractual tal como reclama la AFIP.

El ministro también había anticipado que se aceleraría el ritmo de construcción de viviendas, para bajar la demanda de alquileres y disminuir la presión sobre un sistema que no da respuesta adecuada a la situación de quienes deben alquilar. “La solución es que la Argentina construya vivienda”, dijo y confió en que “las 264 mil soluciones habitacionales -previstas en el plan trienal 2021-2023- irán modificando el mercado de alquileres”.

“La mejor política es que el que alquila pueda tener una propiedad por el mismo valor de un alquiler, y no desde un sistema financiero sino desde un sistema de recupero solidario”, agregó el ministro.

El Plan Casa Propia, en ese sentido, “se trata de viviendas dignas para todos los argentinos; salió una ley por extraordinarias que nos permite reactivar 55 mil viviendas en todo el país”, detalló.

Sin embargo, las soluciones habitacionales no llegan. Díaz explicó a este medio que consultaron al Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) de Río Negro sobre el acceso a viviendas para aquellos que no pueden pagar un alquiler. “No hay una sola unidad habitacional en disponibilidad. No hay solución habitacional alguna”, resumió, y aseguró que ese panorama se repite en todas las provincias patagónicas.

Las encuestas en Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz coinciden en que aproximadamente un 40% de los inquilinos consultados se endeudó a través de créditos privados para poder afrontar el pago del alquiler; el 29,3% ajustó otros gastos; y el 19,1% vendió muebles y otros objetos de su propiedad para poder estar al día.

La situación de miles en la Patagonia la resume Nélida de Cipolletti. “No me alcanza el dinero para pagar los aumentos en los alquileres”, dice, “me aumentaron el 155% y como no arreglamos, nos tenemos que ir y entregar la casa pintada. Si no lo hacemos el propietario ejecutará el pagaré. A raíz de esta situación, estamos acondicionando un galpón sin agua, sin luz ni gas. Ya pasamos por esto en el 2002”.

SR