La escritora nicaragüense exiliada en España Gioconda Belli dijo este martes que nunca pensó de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, “sería un peor tirano” que el dictador Anastasio Somoza Debayle.

En un escrito publicado por The New York Times y replicado en sus redes sociales con el título: “El dictador de mi país me quitó la ciudadanía. Lo que me pasó es una advertencia”, la escritora contó que fue privada de su nacionalidad hace más de dos años por el Gobierno que preside Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, y pese que sabía lo que era el exilio, no estaba preparada para vivirlo otra vez después de cumplir sus 70 años.

La novelista y poeta también alertó sobre el alcance del régimen sandinista en el exilio y puso como ejemplo el asesinato del opositor nicaragüense desnacionalizado y militar en retiro Roberto Samcam, ocurrido hace 47 días en Costa Rica.

No estaba preparada para su segundo exilio

En su escrito, Belli recordó que tenía 26 años la primera vez que tuvo que exiliarse. Era 1975, y salió de Nicaragua por ser parte de la resistencia al régimen de Somoza Debayle, “el último dictador de una dinastía que había gobernado el país durante casi medio siglo”.

En ese entonces, dijo, era una revolucionaria comprometida, dispuesta a morir por su país en la lucha contra la tiranía somocista.

“El exilio en el que me encuentro ahora, obligada a empezar una nueva vida en Madrid, es un exilio que nunca habría imaginado, un exilio que me impuso (Ortega) quien ayudó a derrocar a Somoza con la promesa de que Nicaragua nunca volvería a estar bajo el yugo de un dictador”, reprochó.

En febrero de 2023, Belli, junto con el escritor Sergio Ramírez y otros cientos de intelectuales y disidentes nicaragüenses, fueron despojados de su nacionalidad acusados por “traición a la patria”.

“Darme cuenta de que no tenía donde vivir me sacudió. No olvido cuan desorientada me sentí”, confesó la autora, quien aseguró que sus “amigos y lectores españoles” la hicieron sentir bienvenida en Madrid.

Belli: Ortega ha demostrado ser un dictador

Por otro lado, según Belli, aun quienes han encontrado refugio en el extranjero “ya no nos sentimos seguros” y citó el caso de Samcam, un mayor en retiro del ejército y crítico declarado de Ortega, quien fue asesinado en su casa en San José, Costa Rica, el 19 de junio pasado.

“Nadie ha sido detenido, a pesar de que se trata de al menos el sexto disidente nicaragüense atacado, secuestrado o asesinado en Costa Rica desde 2018”, advirtió.

Para Belli, el asesinato de Samcam “revela que nada queda del Ortega que luchó por la libertad y del que fue compañero en la batalla contra la tiranía” de los Somoza.

“Él (Ortega) ha demostrado ser, sin duda, un dictador. Igual que otros autócratas en el pasado ha usado el despojo de la ciudadanía y la inmovilidad como armas para castigar a sus oponentes políticos”, argumentó.

“Para colmo, ahora, parece que Nicaragua está entre los Estados que van más allá de sus fronteras para silenciar las voces que perciben como amenazas a su poder”, alertó.

Para ella, “el régimen de Ortega está extendiendo su largo brazo más allá” de las fronteras y “lo que le pasó a Samcam se lee como una advertencia de que hasta quienes vivimos en el exilio estamos vigilados”.

“Es el mismo mensaje de los más sangrientos dictadores del mundo de que nadie está fuera de su alcance”, anotó la escritora, quien enfatizó que “nunca pensé que Ortega sería un peor tirano que Somoza”.

A juicio de Belli, que formó parte del primer Gobierno sandinista (1979-1990), Ortega y Murillo “han dado rienda suelta a su paranoia” porque viven “temerosos de su propio pueblo”.

El artículo completo publicado en The New York Times en Español

El dictador de mi país me quitó la ciudadanía. Lo que me pasó es una advertencia

Sabía lo que era el exilio, pero nada me preparó para vivirlo otra vez después de cumplir los 70.

Tenía 26 años la primera vez que tuve que exiliarme. Era 1975, y salí de Nicaragua por ser parte de la resistencia al régimen de Anastasio Somoza Debayle, el último dictador de una dinastía que había gobernado el país durante casi medio siglo. En ese entonces, era una revolucionaria comprometida, dispuesta a morir por mi país en la lucha contra la tiranía.

El exilio en el que me encuentro ahora, obligada a empezar una nueva vida en Madrid, es un exilio que nunca habría imaginado, un exilio que me impuso quien ayudó a derrocar a Somoza con la promesa de que Nicaragua nunca volvería a estar bajo el yugo de un dictador.

En 2023, junto con otros cientos de intelectuales y disidentes nicaragüenses, fui despojada de mi ciudadanía por el presidente Daniel Ortega, quien ha gobernado Nicaragua durante casi dos décadas. Aun quienes encontramos refugio en el extranjero ya no nos sentimos seguros. Roberto Samcam Ruiz, mayor retirado del ejército y crítico declarado de Ortega, fue asesinado en su casa en San José, Costa Rica, el 19 de junio. Nadie ha sido detenido, a pesar de que se trata de al menos el sexto disidente nicaragüense atacado, secuestrado o asesinado en Costa Rica desde 2018.

Este hecho revela que nada queda del Ortega que luchó por la libertad y del que fue compañero en la batalla contra la tiranía. Él ha demostrado ser, sin duda, un dictador. Igual que otros autócratas en el pasado ha usado el despojo de la ciudadanía y la inmovilidad como armas para castigar a sus oponentes políticos. Para colmo, ahora, parece que Nicaragua está entre los Estados que van más allá de sus fronteras para silenciar las voces que perciben como amenazas a su poder.

Ha sido muy doloroso ver caer a mi país de nuevo en la violencia y la represión. La primera vez que salí de Nicaragua para eludir la represión de los Somozas, también viví en Costa Rica. Cuatro años más tarde, después de que los sandinistas, el movimiento de izquierda del que Ortega y yo éramos parte, derrocó a la dictadura en 1979, pude regresar. Fue un momento de grandes esperanzas, y yo me dispuse a trabajar para construir el sueño de un país libre y democrático.

La guerra de guerrillas de la Contra, milicias de derecha respaldadas por Estados Unidos para deponer a los sandinistas, dejó claro muy pronto que ese sueño era una fantasía. El conflicto, que Ortega presidió durante su primer gobierno, de 1985 a 1990, dejó a los nicaragüenses exhaustos por la muerte y la escasez, y por las tendencias cada vez más autoritarias de Ortega, que vi de primera mano como parte de su gobierno.

Cuando Violeta Barrios de Chamorro, la candidata de la oposición, lo derrotó de manera contundente en las elecciones de 1990, muchos sintieron alivio. Para sorpresa de sus críticos, Chamorro se empeñó en lograr una transición pacífica del poder y promovió la reconciliación de una sociedad profundamente polarizada. Pero Ortega nunca superó su derrota, y sus ataques al nuevo gobierno alejaron a muchos sandinistas del movimiento, yo incluida.

Ortega regresó al poder en 2007, en apariencia más moderado. Pero al poco tiempo puso manos a la obra para desmantelar la democracia que con tanto esfuerzo habíamos construido. Él y su esposa, Rosario Murillo, quien fue nombrada vicepresidenta en 2017, centralizaron el poder, eliminaron los límites a los mandatos presidenciales y llenaron el gabinete, los tribunales y el ejército de personas leales mientras mantenían una fachada democrática. Los acuerdos beneficiosos con la Venezuela de Hugo Chávez sirvieron para sostener la frágil economía.

El espejismo de una Nicaragua próspera y democrática se hizo trizas en la primavera de 2018. Cuando el régimen intentó modificar el sistema de seguridad social, hubo protestas pacíficas que fueron reprimidas por la fuerza y manifestantes recibieron disparos. Hubo muertos. Lo que siguió fue un estallido nacional y espontáneo impulsado por la represión y por el descontento acumulado en silencio por largo tiempo. Miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir la renuncia de Ortega y Murillo. La pareja respondió con sangre y fuego. Las protestas, declararon, eran un intento de golpe de Estado orquestado por el imperialismo y los cómplices traidores, de la oposición.

Grupos de paramilitares sembraron el miedo en los barrios, dispararon a civiles desarmados y derribaron barricadas que la gente había construido para protegerse. Médicos y otros trabajadores de la salud en los hospitales públicos que habían atendido manifestantes heridos fueron despedidos. La imagen de hombres armados y encapuchados en camionetas y de cuerpos sin vida tendidos en las calles evocó recuerdos del terror de la dictadura de los Somoza. Para julio, la bandera nicaragüense se había convertido en un símbolo de la resistencia. El miedo invadió los hogares. Miles de personas, entre ellas Samcam, se exiliaron en Costa Rica, como habían hecho antes generaciones de nicaragüenses.

Yo permanecí en Nicaragua. Aunque había roto con el sandinismo desde 1993, nunca pensé que Ortega sería un peor tirano que Somoza.

Cuando en mayo de 2021 dejé mi casa en Managua para visitar a mis hijas en Oregón, Estados Unidos, no sabía que me marchaba para siempre. Mi marido y yo empacamos poca ropa porque esperábamos regresar en julio. Pero conforme se acercaban las elecciones previstas para noviembre de ese año, Ortega y Murillo empezaron una redada y encarcelaron a posibles candidatos de la oposición, además de a periodistas independientes, empresarios y defensores de los derechos humanos.

Mis amigos me alertaron del peligro y aconsejaron que no regresara, así que no lo hicimos. Darme cuenta de que no tenía donde vivir me sacudió. No olvido cuan desorientada me sentí. Casi un año después, nos trasladamos a Madrid con una oferta de trabajo. Alquilamos nuestra casa en Managua. Mis amigos y lectores españoles me hicieron sentir bienvenida. No estaba exiliada de mi lengua, y eso era una bendición. Durante un tiempo, me sentí segura.

Pero, en febrero de 2023, recibí la llamada de un amigo de Nicaragua. Lo que me dijo me dejó anonadada: el régimen de Ortega nos despojaba de nuestra ciudadanía a mí y a decenas de nicaragüenses, entre ellos mi hijo. Sin derecho a la defensa nos declararon traidores. Además, confiscaron nuestros bienes, anularon nuestras pensiones y más tarde borraron también nuestros nombres de muchos registros públicos.

Al día de hoy, el nicaragüense que viaja corre el riesgo de que se le prohíba regresar a su país sin ninguna explicación. En el aeropuerto para retornar a Managua, las compañías aéreas les impiden abordar y les informan que “no están autorizados” para volver. Los funcionarios de migración están legalmente facultados para denegar la entrada a cualquiera que se considere una amenaza para la paz y la seguridad. Incluso una publicación crítica en las redes sociales puede desencadenar una prohibición.

Temerosos de su propio pueblo, Ortega y Murillo han dado rienda suelta a su paranoia. Agentes de policía patrullan las calles. Las reuniones públicas, incluso las procesiones religiosas, están sujetas a restricciones. Una reforma constitucional reciente convirtió a la pareja en copresidentes y oficializó la existencia de una fuerza paramilitar. En medio de rumores sobre el deterioro de la salud de Ortega, Murillo parece tener prisa para asegurarse de que nadie desafíe su sucesión. La semana pasada, se dio a conocer que el excomandante sandinista Bayardo Arce, un rico y poderoso aliado de Ortega, había sido detenido, una medida que muchos entienden como una purga de la élite dirigente del país.

Para impedir la resistencia de la sociedad civil, el régimen ha cerrado miles de organizaciones no gubernamentales. Decenas de sacerdotes y misioneros católicos han sido detenidos o expulsados del país. Las universidades han sido tomadas. La Prensa, el periódico nicaragüense que tiene casi una centena de años y ha sido un faro de la libertad de expresión, se vio obligado a trasladarse al extranjero después de que sus oficinas fueran allanadas y gran parte de su personal tuviera que salir del país.

Ahora, el régimen de Ortega está extendiendo su largo brazo más allá. Lo que le pasó a Samcam se lee como una advertencia de que hasta quienes vivimos en el exilio estamos vigilados. Es el mismo mensaje de los más sangrientos dictadores del mundo de que nadie está fuera de su alcance.

EFE y The New York Times.

Al menos 293 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado este jueves por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que forma parte de la red regional Voces del Sur.

El informe, titulado 'Gobierno de Nicaragua intensifica el hostigamiento y las represalias contra familiares de periodistas exiliados', señala que al menos cuatro comunicadores se exiliaron entre abril y junio pasado.

“Entre abril y junio de 2025, FLED documentó el exilio forzado de cuatro periodistas, elevando a 293 el total de comunicadores obligados a abandonar Nicaragua desde 2018”, puntualizó ese organismo, con sede en Costa Rica.

“Este dato confirma la persistente persecución contra la prensa crítica” nicaragüense de parte del gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, añadió.

Asimismo, la FLED señaló que en el segundo informe trimestral 2025 documentaron 40 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, de los cuales 28 ocurrieron en el entorno digital.

“El desplazamiento de las agresiones al ámbito digital reflejó una consecuencia alarmante: la presencia física del periodismo en el territorio nacional es cada vez más limitada”, valoró en el estudio.

“A medida que el exilio y el silencio forzado redujeron la cobertura desde el terreno, las campañas de hostigamiento, amenazas y ataques se trasladaron con mayor fuerza a las plataformas digitales, donde el control y la vigilancia también se intensificaron”, alertó esa ONG.

Se incrementa negativa para ingresar a Nicaragua

Ese organismo aclaró que el número de casos documentados no abarca la totalidad de las agresiones que suceden en el país, debido a que “el miedo persiste como una barrera que impide a muchos periodistas denunciar lo que viven”.

Durante el segundo trimestre de 2025 también se observó “un incremento sostenido en los casos de negativa de ingreso a Nicaragua, particularmente dirigidos a periodistas y creadores de contenido”, de acuerdo con el informe.

La FLED observó que “estas restricciones alcanzaron incluso a profesionales de la comunicación de bajo perfil o con poca trayectoria entre el gremio periodístico”.

“A diferencia de episodios anteriores, cuando las acciones represivas se centraban en figuras de alto perfil o voces abiertamente críticas, las recientes negativas de ingreso afectaron a comunicadores que no necesariamente son reconocidos y que intentaban regresar al país por razones personales o familiares”, anotó ese organismo.

Entre 2018 y 2023 se cerraron al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia, según esa ONG.

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

EFE

“Yo sigo siendo yo, donde quiera que esté”, afirma Gioconda Belli sonriente y segura. La poeta y novelista nicaragüense fue privada de su nacionalidad por el Gobierno de Daniel Ortega en 2023 por “traición a la patria” y vive exiliada en España. Desde allí sigue conectada con lo que sucede en su país, como lo demuestra su novela más reciente, Un silencio lleno de murmullos (Seix Barral), que presentará este domingo a las 19 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la Sala Julio Cortázar.

En este libro, Belli, de 76 años, referente feminista y madre de cuatro hijas, que luchó contra la dictadura de Anastacio Somoza, repasa los costos personales del compromiso político y la desilusión de la Revolución Sandinista, y cómo atraviesan los acontecimientos más recientes de su país. En concreto, sigue a Penélope, que llega a Madrid para levantar la casa de su madre recientemente fallecida, queda atrapada allí por la pandemia y comienza así a descubrir la intensa y fascinante vida de esta exrevolucionaria, a la que siempre sintió distante.

—En esta novela cuenta en base a su experiencia el proceso político de Nicaragua a partir de una relación madre-hija. ¿Cómo fue el proceso de escritura?

—Empecé a escribir en la pandemia. Estaba en Nicaragua. Quería gestionar la desilusión dentro de mí, cómo aceptas que algo que ha sido tan entrañable, tan importante, donde has visto morir a tanta gente —yo estaba en una célula de diez y solo quedamos dos— haya cambiado tanto. Y no sé por qué se me vino también lo de los hijos. Normalmente lo que hago es escribir, escribir, escribir. A veces no sé para dónde voy. Y después de 50 páginas, veo si eso me ha atrapado o no, si tiene posibilidades de seguir o no. Tengo varios proyectos de novela que he dejado, pero este siguió y me fue gustando más y más. Virginia Woolf dice una cosa que me encanta que es que la novela es como una isla en la niebla y que uno hace un puente y que solo en la medida en que vas caminando por el puente que estás construyendo la niebla se empieza a disipar y empezás a ver los contornos de la novela. Eso me pasa a mí. Y, claro, con la relación madre-hija también estoy lidiando con un problema de culpa mío. Les quiero reconocer a mis hijas su parte involuntaria que dieron. Pero también quería escribir una novela que fuera capaz de captar la atención de la gente, que les ilustrara sobre lo que ha pasado en Nicaragua de una manera que no fuera periodística. O sea, a partir de la vida de alguien. Y así empezó a surgir. Después fui complicándola y además la pandemia me daba un marco perfecto para crear el misterio, el suspenso, etcétera

—Otra vez, como es habitual en su obra, hay personajes femeninos fuertes. Se centra mucho en la sexualidad.

—Sí, porque esa es una parte importante que decidí tocar, porque soy atrevida para esas cosas. Me parece que hay que atreverse, porque las mujeres tenemos que asumir el cuerpo como una parte fundamental de quiénes somos. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia con la sexualidad? ¿Cómo funcionó? Eso que cuento ahí a mí no me sucedió porque yo estaba con mi marido, pero le sucedió a mucha gente. Tuvieron que ingeniárselas de otra manera, con sexting, etc. Ahora que hay todo eso, no mencionarlo hubiera sido tonto.

—¿Cuáles fueron las primeras repercusiones que tuvo desde Nicaragua?

—Le mandé a alguna gente el PDF porque ese libro no lo van a dejar entrar a Nicaragua, pero lo han leído porque está en Amazon. Me escribe mucha gente por Facebook, Bluesky y X. Ha tenido muy buena acogida, buenas reseñas y estoy contenta con la novela. Siento que cerré un círculo sin querer. O sea, si vos te ponés a ver desde La mujer habitada, que fue el romance, el heroísmo. Después tengo El país bajo mi piel, donde ya empieza a haber una disolución del sueño revolucionario. Y ya este es como la tuerca. Me falta, si acaso estoy viva cuando se acabe todo eso, la siguiente victoria.

—En España le dieron varios premios. Más allá de sus obvios méritos literarios, ¿por qué cree que la están premiando?

—Porque me fui a vivir a España. Creo que hay un sentimiento de abrazo, de acogida y de apropiación, porque tomé la nacionalidad española. Yo tenía una relación muy larga con España, desde que en los 90 Visor me publicó El ojo de la mujer. El editor de Visor es muy amigo mío. A través de los años son los que han publicado mi poesía. Después con Seix Barral también, desde que me gané el premio Biblioteca Breve, que fue en 2008. No es de ahorita, sino que ha habido esa vinculación. Entonces, cuando llegué a España, el premio que me dieron fue el Reina Sofía de Poesía. Y para mí fue una alegría inmensa porque es un premio que pienso que es de lo más prestigioso que te pueden dar. Y me dieron ahorita otro que se llama El ojo Crítico, que es de la Radio Nacional de España. Pienso que ya cuando uno va llegando a cierta edad te empiezan a dar premios. Te empiezan como a despedir.

—¿Y cómo cree que caen allá en Nicaragua estos premios?

—Muy mal. Fíjate que lo último que pasó en Nicaragua: la UNESCO le dio un premio al diario La Prensa (NdR: que funciona desde Costa Rica y México), que es un diario fundado en 1926. Rosario Murillo y Ortega lo confiscaron en 2021. Confiscaron todo: las máquinas, las archivos, el edificio. Y era un periódico emblemático de la lucha contra la dictadura de Somoza. Era el periódico de Pedro Joaquín Chamorro, que lo asesinó Somoza y fue un mártir, que generó un gran movimiento insurreccional. Y ahora le dieron el premio de la UNESCO. Y Rosario Murillo se tira una diatriba diciendo que cómo era posible que le dieran a los malditos. Y corrió a la UNESCO de Nicaragua, que le daba 36 millones de dólares para proyectos. Ya se habían salido de la OEA, de la FAO, porque sacaron una cifra diciendo que había hambre en Nicaragua.

—¿Y qué cree que va a pasar?

—No tengo ni idea. Pero creo que va a pasar algo porque la finalidad es física. Estas personas ya son mayores. Toda nuestra generación se va a ir muriendo. Entonces van a pasar cosas. No creo que los hijos de esta gente vayan a ser los sucesores. Ella quiere ser la sucesora, pero ha tenido que crear su propio ejército. En la nueva constitución que hicieron, donde ella se pone copresidenta, hicieron constitucionalmente un ejército paramilitar. Y ella en la Plaza de la Revolución formó 30.000 personas vestidas de pantalón negro, camisa blanca y pasamontañas. Pienso que ella tiene miedo que el día que se muera Daniel Ortega puede estar en peligro. Entonces se creó su propio ejército. Pero te da una idea, en primer lugar, de que es una persona que ha perdido un poco el norte de la brújula y que su paranoia, su miedo y la ambición de poder la hacen hacer esas cosas como echar a la UNESCO de Nicaragua.

—¿Qué papel puede tener la literatura ante el avance de estos gobiernos autoritarios?

—Es una trinchera que no podemos abandonar y tenemos que buscar más maneras de llegarle a los jóvenes, de modernizarnos en nuestra manera de aproximarnos a la expresión de las ideas.

—¿Eso cómo sería?

—No tengo ni idea (risas). Yo pienso en todas esas cosas, pero es muy fácil decirlo. Es como el lenguaje inclusivo, que me parece muy buena idea, pero no sé cómo hacer. No hay ninguna de las soluciones que se han propuesto que me guste. Prefiero que esté como está y no todo eso de la arroba y la e y la x.

—¿Por qué le preocupan los jóvenes?

—Por ejemplo, en España se están derechizando los muchachos. Y yo creo que eso tiene que ver con el feminismo. Tiene que ver con que el hombre ha perdido su lugar tradicional en el mundo y nos acusan a las mujeres, cuando en realidad lo que ha fallado es la economía. Porque la globalización ha significado que los puestos de trabajo que ellos tenían antes ya no son iguales. Ya no son los mismos proveedores. Y en la parte sexual, desde el #MeToo y todo eso, les han marcado límites que antes nadie se los marcaba. Entonces quieren volver para atrás. Si uno se pone a leer ese Proyecto 2025 (NdR: un plan ultraconservador para reestructurar el Gobierno de EE. UU. encabezado por la Fundación Heritage), ahí te das cuenta que es un proyecto de defender a capa y espada a la derecha. Y lo dice en esas palabras. La derecha conservadora necesita cambiar al personal, dice, porque la política la hace el personal. Entonces todo eso que están haciendo con (Elon) Musk es para quitar gente y poner gente de ellos. O sea que es un plan macabro con el que están quitando todo lo LBGTI, la diversidad y la igualdad.

—No es la primera vez que está exiliada. ¿En qué se diferencia este exilio de los anteriores?

—En mi edad, para empezar. Es un gran factor. Y en que estoy mucho más clara de lo que quiero ahora. O sea, no tengo mis hijas chiquitas, que fue también muy difícil para mí. Ya soy una mujer entera, hecha y derecha, y realmente siento que tengo un centro que es imposible que me lo muevan porque me ha costado mucho construirlo y yo sigo siendo yo donde quiera que esté. Pero, claro, te afecta. Me afecta el país. No en que yo no pueda estar ahí. Lo que me afecta es lo que está pasando, las barbaridades que están pasando todos los días, la mediocridad en que lo están sumiendo, la partida del 10% de la población. La mayoría de los jóvenes que tenían proyectos se han ido. O sea, es una tragedia bien grande para un país tan sufrido.

—¿Y qué papel tiene España en esto? Porque es un país que recibe a muchos latinoamericanos exiliados.

—Es la madre patria. Le toca echarnos el hombro. Creo que el Gobierno de España ahorita en Europa es de lo mejor que hay. Es un gobierno socialdemócrata que realmente está haciendo muchas cosas por la gente. Yolanda Díaz es una extraordinaria ministra de Trabajo. Todo lo que han hecho está aumentando los derechos, aumentando las ventajas de la gente que tiene grandes problemas de vivienda, de carestía, de sueldos. Eso le pasa a muchos países en Europa y en todas partes. Pero tienen una ética y una política que a mí me parece muy respetable. A mí me gusta estar ahí, en el sentido de que me siento que es un lugar en el que puedo aceptar lo que están haciendo.

—¿Qué otros escritores nicaragüenses nos recomienda leer?

—Pues no hay muchos que estén publicados, la verdad. Pero sí te puedo recomendar de antes, por ejemplo. Hay un poeta fantástico que se llama Carlos Martínez Rivas. También Ernesto Cardenal. Claribel Alegría es una poeta que también escribió novelas. Y jóvenes hay uno que se llama Carlos Fonseca Grigsby, que es poeta. Ganó el Premio Loewe de Creación Joven. Y también está José Adiak Montoya. Y todos están fuera. Es bien triste. Gabriela Selser, que es argentina. Los libros de la Gabriela son muy buenos.

—Aquí surgieron muchas escritoras en los últimos años. ¿Las ha leído?

—Quiero mucho y leo a Claudia Piñeiro. He leído a Camila Sosa Villada. Me fascina. Samanta Schweblin. He leído a Mariana Enríquez. A Gabriela Cabezón Cámara. O sea, es una pléyade de mujeres escritoras y no las estoy mencionando a todas porque hay otras, pero sí realmente es impresionante. Pero creo que no es solo aquí. Es en América Latina. Hay muchas escritoras. Y creo que estamos haciendo historia. Y nosotras, Laura Restrepo, Ángeles Mastretta, Marcela Serrano y yo, fuimos precursoras de todo esto y seguimos escribiendo también. Somos las abuelitas (risas).

—¿Qué proyectos tiene hacia adelante?

—Voy a escribir otra novela. Y estoy escribiendo poesía. Siempre. Tengo otro libro de poesía. Ahora que vuelva lo voy a organizar. Y estoy contenta. Fíjate que me parece que mi poesía está mejorando. Porque todo siempre es un trabajo de estar diciendo las cosas mejor, con más originalidad. Mi poesía es muy explosiva. Entonces es un poco más ver para dónde me lleva esta nueva época.

—¿Qué piensa de este momento tan complejo que está viviendo la Argentina?

—Lo que está pasando en términos políticos me preocupa bastante. Me parece mentira que en este país hayan elegido a este presidente, que es como Donald Trump. Mi sentido de la gente argentina es que son personas más pensantes, más de izquierda, en general. Pero también, como dicen en Nicaragua, la necesidad tiene cara de perro, y la gente ya estaba desesperada. No la culpo. O sea, lo de Donald Trump me parece mucho más peligroso, porque yo creo que Milei se va a ir. Creo que la gente alternativa tiene que moverse. Todos nos tenemos que mover porque estamos como en shock.

CRM/DTC

El juez federal Ariel Lijo ordenó la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, su vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, y otros 16 imputados para ser indagados en Argentina por graves violaciones de derechos humanos, en base al principio de justicia universal.

El magistrado firmó este lunes por la tarde una resolución de 76 carillas en la que requirió la captura internacional con fines de extradición para recibir declaración indagatoria de Ortega, Zambrana Murillo y los demás acusados para ser indagados por “graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen”, de acuerdo a la resolución.

Según la prueba reunida en el expediente abierto en agosto último por la denuncia de los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, se trata de violaciones a los derechos humanos “en las cuales habrían tenido participación altas autoridades de la República de Nicaragua”.

“Al respecto recuérdese que el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado”, advirtió el juez.

Lijo también mencionó que “las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas”.

En la causa se documentaron persecuciones por motivos religiosos, a comunidades aborígenes y detenciones de periodistas.

A la hora de detallar la acusación, el juez Lijo adelantó que en base a lo requerido por la fiscalía y la querella se imputará “haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua, cuyo objeto era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes”. 

Para ello, “se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes”, añadió la resolución.

En el marco de este plan “se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad”.

Para el juez, se montó un “plan generalizado y sistemático” que fue “estructurado en distintas etapas, en cuyo marco de suscitaron las conductas señaladas” y que empezó entre abril y junio de 2018, con la represión de diversas protestas sociales en Nicaragua.

MM con información de la agencia NA.

Hasta ahora, las acciones de la Cancillería argentina se dividen entre las que son gratis y las que buscan dinero. En un Gobierno cuya Tabla de la Ley es que faltan dólares y cuyo Paraíso es conseguirlos, ningún reparo formulado contra la canciller Diana Mondino sería más injusto que el de inconsecuencia. Y pareja injusticia sería el reprocharle pereza. En diez días al frente del Ministerio de RREE, la ex diputada y economista cordobesa puede conciliar en 24 horas sonorosos anuncios de realineamiento ideológico global admirablemente rentables en la relación costo / espectáculo y una enconada diplomacia voraz de fondos, inversiones, y pactos comerciales.

La decisión del presidente Javier Milei de abstenerse de cubrir las vacantes liberadas en las embajadas de La Habana, Caracas y Managua ha sido valorada como poderoso ícono, índice y símbolo de la determinación política de un gobierno que honra su palabra y sostiene sus ideas y creencias.  Similar valoración ha merecido la reinscripción argentina en un consorcio vigilante de la calidad de la democracia nicaragüense. Es dignificar las noticias. El cometido perseguido, y cumplido, es de aquellos que el gobierno de la Alianza, tan poco eficaz también en este rubro, deploraba como “tinellización de la política”. En simultáneo, la Canciller viajó el martes a París para dar garantías a inversiones, dejar constancia en persona del compromiso del Gobierno con el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), y resucitar la candidatura argentina a la OCDE. Ubicada en un castillo en el distrito 16, el más rico de la capital francesa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es el club de los 38 países que representan el 60% de la economía mundial. La diplomacia de Mondino en Francia se desglosa en una serie de operaciones de resultado. Lejos de consumarse en la expresión, su éxito o fracaso se mide por la contrapartida. Un Ejecutivo seguro de sí y de su idoneidad científica para obtener superiores resultados sabe que será evaluado por ellos.

Aquarela do Brasil

Aun los giros ideológicos más contundentes no requieren más fuerza que la propia, aun la inversión más ínfima requiere voluntades ajenas. La propia canciller, aun antes de serlo, había sido protagonista de un episodio revelador de una nueva diplomacia que combina el énfasis sin doblez de los posicionamientos que corren hacia la derecha las RREE y la voluntad no menos decidida de que ello jamás signifique costos y sólo se traduzca en beneficios, en primer lugar ante un electorado que puede disfrutar de una motosierra a alta velocidad cortando con el relato progresista, y en segundo, más tentativamente, en centros de decisión del poder y las finanzas occidentales. Las imprecaciones del presidente electo argentino contra su par “comunista” brasileño, a quien no quería ver en Buenos Aires el 10 de diciembre, día de su asunción, fueron seguidas sin dilación, en lo que se quiso ver la reparación de un exabrupto antes que una circunstancia prevista de antemano, por una visita de Mondino en persona a Brasilia, enviada personal con una invitación personal de Milei a Lula, quien agradeció, pero prefirió abstenerse.

Ballet coreografiado o improvisado, a este pas-de-deux no faltó practicidad. La orgía de afectuosidad entre Milei y el ex presidente brasileño Jair Messias Bolsonaro habría sido imposible con Lula en Buenos Aires. Era una relación asimétrica. Milei es un ganador y Bolsonaro un perdedor. Otro tanto ocurre con Donald Trump, cuya situación legal no hace más que complicarse –mientras el miércoles Mondino estaba en París, en Colorado la Corte Suprema inhibió al republicano como candidato presidencial 2024- a la vez que su popularidad jamás se deteriora en EEUU.

Para el destino nacional de Nicaragua, Venezuela y Cuba el curso de los acontecimientos se verá tan desviado por las censuras vehementes del actual gobierno argentino como se lo vio por los apoyos más o menos decididos de sus antecesores: escasamente. La Cancillería podrá exhibir en la raleada vitrina de la motosierra los cargos de embajador mutilados. Porque no se trata de romper relaciones, que siguen en los hechos como antes. Y la ausencia de funcionarios del más alto rango de un servicio exterior extranjero, si son críticos de una administración nacional a la que condenan pero la cual sin embargo se decía dispuesta a aceptar sus credenciales, no dejará de ser fuente de alivio para las autoridades locales.  

La banda de los gastadores seriales

Cuando Milei revela su admiración por Margaret Thatcher, es una figura neoconservadora y neoliberal. Para un político del que se dice una y otra vez que mide todo por el rasero de un economicismo unilateral, es sorprendente su incuria por abrazarse con pares internacionales, casi todos neoconservadores, todos estatistas y gastadores seriales.

Como la mayoría de los militares, y más en el Brasil, el ex capitán del Ejército Bolsonaro es nacionalista, estatista, e impulsor del gasto del Estado, frenado en sus impulsos por el ministro de Finanzas Paulo Guedes, cuyo ideario sí es afín al de Bolsonaro. Cuando en campaña declaró Milei su alineación con EEUU e Israel, única en América si no es por el Paraguay, es ante todo con la idea de lo que representan esos países. El partido Demócrata  y el Likud son partidos populistas, estatistas, impulsores de un gasto social que sólo tiene por límite las bancas que les faltan en el Congreso para votar iniciativas legales de cifras aún más recargadas de ceros. Tanto Joe Biden como Bibi Netanyahu consideran que las limitaciones de sus gobiernos son las limitaciones que la oposición impuso a su capacidad de generar incentivos económicos de una magnitud a la altura de circunstancias únicas. Todo fracaso fue un freno de Legislaturas tímidas que no advertían que el alza del techo de gastos era más fructífero que dañino el aumento del déficit fiscal en porcentajes nunca antes vistos del PBI. Y uno y otro político son del ala populista de partidos populistas. Como lo es Trump en el suyo. La cumbre del G-20 en Buenos Aires, clímax internacional de la revolución cultural del macrismo, vio al inquilino de la Casa Blanca defendiendo el proteccionismo y al presidente chino Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista, defendiendo el libre comercio.

Cómo Daniel Ortega triunfó donde Mauricio Macri fracasó

De la cualidad de la democracia nicaragüense no se oyen elogios, y la descalificación moral personal de Daniel Ortega carecía del beneficio de la duda aun en la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El dictador de izquierda, así clasificado por la revolución sandinista que lideró en 1979, y por su asociación histórica y diplomática con los herederos de la Venezuela chavista y la Cuba castrista, ha demostrado ser un alumno del FMI. Muy distante de la justicia social de la que Biden o Trump, rivales en las presidenciales de 2024, se dicen abanderados en Detroit ante los sindicatos en huelga por el avance de la electrificación automotriz.

La reforma previsional, del sistema de jubilaciones y pensiones, propuesta y retirada por Macri en 2017 es muy similar a la propuesta y sancionada por Ortega en 2018. Es decir, una y otra son muy básicas. Es una aritmética primaria. A Ortega le fue sugerida por el FMI; Macri no precisó de tal susurro en sus oídos.

La reforma derivaba de atender al cumplimiento de una regla. Que las pensiones y jubilaciones debían pagarse con el Fondo que para este destino anualmente previera el Presupuesto. Una vez calculadas las diferencias entre a quienes tocaban mayores y menores beneficios previsionales, el total pagado debía surgir de la división de ese Fondo en tantas partes como beneficios debían pagarse. Si de un año a otro el monto del Fondo era el mismo, pero había más personas beneficiadas entre quienes dividirlo, a cada una le tocaría un valor menor. Un modo infalible de evitar esa disminución, según la nueva ley, era aumentar la capitalización de ese Fondo a partir de aumentar el monto de los aportes. Que en un sistema de reparto serían las generaciones activas las que financiarían a las pasivas y en uno de capitalización, quienes aportan. Contra esta falta de imaginación de vincular aporte o impuesto con jubilación o pensión protestó la ciudadanía. En Buenos Aires, el Gobierno retiró la ley ante la protesta; en Managua, el gobierno reprimió la protesta e hizo aprobar la ley.

Cuentos chinos a los chinos

Recién en 2021 rompió Managua relaciones con Taipei en provecho de Pekín, sin camaradería comunista, no sin codicia.  Guatemala y Asunción siguen reconociendo a Taiwan como China, y no tienen embajadas en la República Popular. El apoyo expresado por Diana Mondino al derecho soberano de la isla nacionalista, ‘provincia rebelde’ de la China continental comunista, podría haber influido sobre la decisión de Pekín de dejar en suspenso, como dio a conocer el martes, un swap de 6500 millones de yuanes concertado con Alberto Fernández. Todavía falta definir quién sucederá a Sabino Vaca Narvaja en la embajada argentina, actualmente gerenciada por la secretaria Marcela Barone. La importancia del comercio bilateral no puede exagerarse, y es vital para la Argentina. Al gobierno no parece escapársele, sin embargo, que, más allá de las represas en Santa Cruz o las obras ferroviarias del Belgrano Cargas, el interés geopolítico que la Argentina reviste para China evitará todo default.

Emmanuel, qué ves cuando me ves

Entre todas las comparaciones acendradas y ya establecidas de Milei con otros bustos aullantes del Museo de Cera de las Neo Derechas extremas, el identikit paralelo con el presidente francés Emmanuel Macron resulta poco vistoso y atractivo. Si de vidas paralelas se trata, este símil pobre en truculencia es mejor que otros más impresionantes. Los dos llegaron a la presidencia como outsiders del sistema de partidos. Macron no es soltero, pero no tiene hijos. El lugar de El Jefe no lo ocupa su hermana en el Palacio del Eliseo como la de Milei en la Casa Rosada, pero sí su esposa, una década mayor que él, y ex profesora de secundario. Los dos son economistas, liberales en países ultraestatistas, intelectuales, académicos, hombres que discuten ideas.

En 2017, Macron fue votado por un electorado transversal, como Milei, de sectores postergados por la desigualdad y las trabas de un sistema de castas que favorecía el statu quo. A diferencia de Milei, Macron contó con mayoría propia en el Congreso en su primer quinquenio, lo que le permitió una reforma del Estado y de las leyes laborales a medida del tipo de modernización liberal que Milei pregona, o casi. En Francia, como en toda la Eurozona, la ‘dolarización’ es un hecho. Es decir, no hay Banco Central, el Banco Europeo está en Frankfurt y es independiente.

En 2022, Macron ganó la reelección votado por los beneficiarios de sus reformas. El voto ya no era transversal. Lo votaron los ricos y los enriquecidos por el liberalismo. La población urbana que cobran sueldos del Estado o de profesiones liberales universitarias votó al frente de izquierda, fuerza minoritaria donde el Partido Socialista de Mitterrand está a su vez en minoría.

La gran fuerza de oposición en Francia es Renovación Nacional, el ex Frente Nacional. Presentar a Macron como la derecha centrista opuesta a la ultraderechista Marine Le Pen ofrece una imagen desfigurada de la realidad. Si oímos un discurso de Marine y uno de CFK, suenan y resuenan igual. Lo que no significa que sean iguales. El fondo de comercio del ex Frente Nacional dejó de ser la xenofobia. Es la justicia social. “El Estado te salva” es su divisa. Está en contra del euro, y de la dictadura de Bruselas. Es laica, no neo conservadora. Va a ganar las elecciones de 2027. En las encuestas, Marine es considerada democrática y el líder de la izquierda, Jean-Luc Mélanchon, que condena a Israel pero no a Hamas, es considerado un peligro para la democracia por las mayorías.

Un liberal en otoño y un libertario en primavera

La alianza estratégica que la Canciller y el Gobierno buscan establecer con la Francia de Emmanuel Macron, outsider pero a la vez heredero de una larga tradición de Ejecutivos liberales y masones amigos de la empresa privada y (contra el peronista De Gaulle) amigos de EEUU, pone de relieve esas similitudes entre dos presidentes que fueron votados por motoqueros, repartidores, choferes de Uber y empresas de transporte análogas, trabajadores de las economías de plataforma (que en España honran con su voto al socialismo modernizador antes que a los populares conservadores).  En su segundo mandato, sin mayoría en el Congreso, Macron sólo pudo promulgar la reforma de jubilaciones y pensiones apelando al mecanismo que en el hiperpresidencialismo francés autoriza al Jefe de Estado a convertir en Ley proyectos trabados en las Cámaras.

Quien planteó en noviembre la comparación de Milei y Macron como heraldos de la modernización y la desregulación, la innovación y la libertad en países rancios de orgullo y prejuicio, fue el joven talento treintañero Ian Selecki. El futuro embajador argentino en Francia fue esforzado speech- writer de Macri y ex jefe de Estrategia del ex canciller Jorge Faurie, reflexivo activista en la campaña de Macron 2017, ocasional contradictor gorila de Alberto Fernández ante el público francés, fundador de la start-up Polemix. El miércoles 19 desempeñó el papel de Telémaco de su futura jefa y Jefa de la Diplomacia argentina el miércoles en el Palacio del Eliseo, sede del Ejecutivo francés.

En la tradición escolar francesa se dividía a los alumnos entre boursiers (becarios a cargo del Estado) y héritiers (herederos con medios propios). Selecki estudió en el Liceo Francés en Buenos Aires, y en el Instituto de Ciencias Políticas de París (Sciences Po), una Universidad cuyos egresados proveen el personal más calificado a las élites empresarias y burocráticas, y una de las raras instituciones en el país de la enseñanza gratuita dirigida por una fundación privada y que cobra aranceles para el cursado de estudios. Que Selecki, héritier de la farmacéutica ELEA y la Petroquímica Cuyo, pagó. Puede el ucraniano Volodimir Zelenski vestido de fajina (costumbre que Milei emuló en la castigada Bahía Blanca) cruzarse con su Némesis el húngaro Víktor Órban, vestido de paisano, el 10 de diciembre en Buenos Aires; la Canciller entra al Palacio del Eliseo con otra compañía, que habla lenguas europeas occidentales sin acento de ogro o de eslavo.

El embrujo del palacio y el hechizo del litio

La reunión con Emmanuel Bonne, máximo consejero diplomático del Presidente de la República, y su representante personal (sherpa) en las reuniones de G-7 y G-20, ex embajador francés en el Líbano, acercó afinidades entre la renovada presidencia francesa y la flamante argentina. Al fin de la tarde, en el Quai d’Orsay -Palacio San Martín junto al Sena- el cara a cara es con Catherine Colonna, ex embajadora en el Reino Unido, ministra de Europa y de Relaciones Exteriores, representante permanente de Francia ante la OCDE. Como Selecki, egresada de Sciences-Po. Cuando Macron visitó Buenos Aires en 2018 para el G-20 de Macri, fueron en París las primeras manifestaciones aguerridas de los chalecos amarillos. Colonna fue siempre partidaria de disciplinar, encauzar, adecentar la protesta social. Las imágenes que pueda ver en directo de Buenos Aires al tiempo del diálogo con su par argentina ni van a concitar su asombro ante las demandas ni recomendaciones a las fuerzas de seguridad.

En una cita con Christel Bories, la Canciller recibió de boca de la CEO la confirmación de que Eramet no interrumpirá la explotación del litio en Salta y que la próxima expansión insumirá 800 millones de dólares. El grupo minero francés está presente en Argentina desde la década pasada, explota el yacimiento de Centenario-Ratones, del que tiene los derechos, y en 2022 se asoció con el conglomerado chino Tsingshan que aportaría 375 millones de dólares sobre una inversión de 400 para producir a principios de 2024 24 mil toneladas de litio por año para Tesla y Renault.

Ordalía para celestinas

El proyecto más ambicioso de la Cancillería, que explica la presencia temprana y relámpago de la Canciller en París, es el beneficio de la side letter de Francia que acelere y simplifique el entendimiento bilateral para la firma del acuerdo de libre comercio Mercosur – Unión Europea (UE). Sin dispersarse, toda la actividad diplomática de la Canciller concentra en un haz, con un genio escénico itálico de actriz de carácter que recuerda a Nancy Pelosi en sus vibratos más histriónicos, las réplicas teatrales y la exasperación antiprogresista tan esplendorosa como inocua, y las audacias más temerarias pero idiosincráticas.

El seguimiento y apoyo argentinos de la causa ucraniana tiene un subtexto instrumental. La vía de acceso express abierta a Ucrania para volverse estrella 28 en el firmamento de los 27 miembros de la UE puede ser motivo suficiente para que Zelenski busque ‘la paz en nuestro tiempo’ con Rusia. En 1940, en la Guerra de Invierno contra la URSS, la defensa de Finlandia sorprendió por su alta capacidad de resistencia a toda Europa. Era también baja capacidad de victoria. Helsinki perdió la provincia de Karelia, pero acordó un alto al fuego que está en el origen de su seguridad y crecimiento. No serían deshonrosos términos análogos para el gobierno de Kiev. Largo tiempo solicitado, largo tiempo hecho a un lado, la guerra aceleró el camino ucraniano a Bruselas.

El mayor obstáculo no es visible sin más, y si ahora se ha salvado, se debe a negociaciones internas arduas entre los 27. Ucrania es una megapotencia agrícola y uno de los dos primeros productores de trigo del mundo. Esto obliga a reformular radicalmente la política de subsidios agrícolas europeos internos, aquellos por los cuales los Estados (o los gobiernos de derecha) pagan a los campesinos para que puedan cultivar productos que de otro modo no serían competitivos. Un tratado de libre comercio de la UE con el Mercosur, otra megapotencia agrícola, sería una segunda ola de shock de reforma de subsidios. Las exigencias de la UE sobre la calidad de origen de los productos agrícolas del Mercosur, su respeto a normas de lucha contra el cambio climático, son el argumento aducido contra el grupo sudamericano. Pero también contra China.

Y es por eso que brasileños y chinos batallaron unidos en el Cop 28 a favor de la derogación de los extremosos requisitos ecológicos europeos. Dos enemigos ideológicos de Argentina según el nuevo alineamiento comportándose como los mejores aliados. De este juego de apariencias y realidades se arma la nueva diplomacia argentina. Como el gobierno invita, habrá que juzgarla por los resultados. De momento, no es ajena a lo que el filósofo norteamericano Jerry Fodor llamó síndrome del restaurante chino: no estamos seguros de lo que nos trajeron es lo que habíamos pedido, y de todos modos a la media hora ya tenemos hambre otra vez.

AGB

La canciller Diana Mondino viajó este martes a Francia con una agenda vinculada a reuniones con inversionistas y encuentros vinculados a la reincorporación de la Argentina a la Organización Mundial de Comercio (OCDE), una organización económica internacional que, desde 1961, asesora a los países para el mejoramiento de sus políticas públicas; tiene base en París y está conformada por 38 países, entre los que figuran Alemania, Australia, Chile, Estados Unidos, Japón, México y el Reino Unido. Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica son aliados estratégicos. Con ellos, representan el 80% del comercio mundial y las inversiones.

En paralelo, la Argentina podría dejar sin nombrar a embajadores en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En particular, el gobierno de Javier Milei trabajará para condenar las violaciones de Nicaragua a los derechos humanos.

El gobierno del exguerrillero Daniel Ortega, que está en el poder desde 2007, cercena la libertad de expresión de sus ciudadanos, de los periodistas y de los medios de comunicación; reprime a las voces disidentes; garantiza la impunidad por crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos —como la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura y otros malos tratos— cometidos en el pasado, y mantiene detenidas a personas en condiciones de reclusión que vulneran las normas internacionales de derechos humanos, además de promover juicios injustos, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Con estas dos posturas, la reincorporación a la OCDE y la condena a Nicaragua, la nueva administración confirma un claro giro en la política exterior del país respecto del gobierno de Alberto Fernández.

Además, se suma a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel.

El retorno de Argentina a la OCDE llevará varios años: el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) había solicitado la incorporación en 2016 pero las gestiones quedaron congeladas con la derrota del 2019.

Sin embajadores en Managua, La Habana y Caracas

Este lunes trascendió que el gobierno de Milei, con Mondino comandando las Relaciones Exteriores, no designará embajador en Managua y que también podría no nombrar a nadie en las representaciones diplomáticas de la Argentina en La Habana y Caracas.

Respecto de Nicargua, cabe recordar que el pasado lunes 4, a seis días de la asunción presidencial de Milei, el gobierno de Ortega había decidido “retirar” a su embajador en Argentina, Carlos Midence, por las “declaraciones y expresiones” de Milei, quien había asegurado que no “promovería” la relación con ese país centroamericano.

“Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba ni con Venezuela ni con Corea del Norte ni con Nicaragua ni con China”, dijo Milei en diálogo con la agencia Bloomberg durante la campaña presidencial.

El gobierno del Frente de Todos había enviado a Luis Alfredo Ilarregui a Cuba, a Daniel Capitanich a Nicaragua y a Oscar Laborde a Venezuela.

Con información de NA

JJD

El gobierno de Nicaragua informó hoy que retiró de manera inmediata a su embajador en Argentina, Carlos Midence, ante la próxima toma de posesión del nuevo presidente Javier Milei, debido a los dichos del libertario sobre el presidente Daniel Ortega.

Milei, que asumirá la Presidencia el 10 de diciembre tras ganar el balotaje de mediados de noviembre, ha prometido reformas como la dolarización y una profunda austeridad para tratar de encarrilar a la economía argentina.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, aseguró en un comunicado que la decisión se había tomado “frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes”, pero no dio detalles.

La salida del embajador de Nicaragua en el país sudamericano se da luego de que el gobierno del presidente Ortega felicitara a Milei tras su victoria en las urnas.

“El retiro se hace efectivo de forma inmediata”, informó Nicaragua, por lo que el país no tendrá embajador cuando Milei llegue a la Casa Rosada el próximo domingo.

MM con información de NA

Las declaraciones del papa Francisco el 10 de marzo pasado: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas”  a pesar de su decisivo contenido presentan sólo una de las últimas piezas de un cuadro complejo que signa la relación de la Iglesia Católica con el poder político de Nicaragua ejercido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La siguiente cronología a pesar de su carácter sucinto presenta suficientes factores para una interpretación derivada de la anotación de los mismos hechos.

La hora de Medellín

Durante los 300 largos años del período colonial hispánico (1523-1821) y el siglo y medio de independencia antes de la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) que introdujo una nueva práctica pastoral, la Iglesia de Nicaragua tuvo un desarrollo muy similar al de otros países centroamericanos y latinoamericanos. Casos aislados de defensores de los derechos de los indios y sacerdotes que a comienzos del siglo XIX protagonizan el proceso político independentista. La Iglesia apoyó a los conservadores, estuvo a la defensiva con los liberales (por laicistas), se mantuvo cómplice entre los años 1912-1933 de la intervención norteamericana e ignoró la resistencia del revolucionario Augusto Sandino, el respetado ‘héroe nacional’. La jerarquía eclesiástica despertó de la  larga noche de la dictadura somocista (1936-1979) al mismo tiempo que la burguesía beneficiada por el régimen mientras el pueblo llevaba un largo desvelo originado por la pobreza y la represión.

En 1969, cuatro años después de finalizado el renovador Vaticano II, en plena dictadura somocista, el balance que los mismos sacerdotes y religiosos hicieron de la Iglesia mostró el conservadurismo de una jerarquía eclesiástica ajena al pueblo.  Diez años después, el triunfo sandinista conmoverá las estructuras sociales y las de la Iglesia.

Una carta pastoral profética y el apoyo masivo a la Cruzada de Alfabetización

Desde fines de los ‘60, se originaron y crecieron movimientos renovadores en zonas campesinas y en algunas parroquias de Managua, los Cursillos de Cristiandad. Un caso excepcional, la comunidad campesina de Solentiname, fundada por el padre Ernesto Cardenal que transmitió una vivencia del cristianismo nicaragüense original y aislado como el archipiélago de donde había surgido. Si bien no se logró la transformación de la estructura básica que históricamente fue la base de la Iglesia Católica la potencialidad de estos factores no fue menor.

El pueblo de Nicaragua es religioso. No más que otros pueblos del continente y la renovación de la iglesia no fue una “exclusiva nicaragüense” sino un fenómeno universal y especialmente latinoamericano- frente a la mayoritaria iglesia tradicional, que durante muchos años gozó de las rentas de la sociedad y el estado.

El 19 de julio de 1979, se consumó el triunfo sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista -luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle- que había gobernado el país por 44 años. Con el inmediato establecimiento una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo, presidida por Daniel Ortega.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CONFER) se expresó ante el acontecimiento revolucionario el  17 de noviembre de 1979 a través de una histórica Carta Pastoral que expresaba su apoyo al proceso revolucionario y a la insurrección armada, su valoración del pensamiento de Sandino y del proyecto socialista al que se dirige. El texto de los obispos era no sólo anti-dictatorial ni sólo progresista sino auténticamente revolucionario.

El Papa Juan Pablo II confirió su apoyo al gobierno revolucionario con su beneplácito a  la Cruzada de Alfabetización coordinada por el sacerdote Fernando Cardenal y puesta en marcha en todo el país con la participación de religiosos de 52 congregaciones que trabajaban en Nicaragua y miles de alumnos de los colegios católicos de todos los departamentos. La unidad nacional de todas las capas sociales fraguada en los dos últimos años de la dictadura se mantenía viva. La Iglesia también parecía unida.

Sin embargo, en los comienzos de los ‘80, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) connotado internacionalmente por sus posiciones conservadoras lanzó a nivel continental una campaña de oraciones y una colecta para ayudar a la Iglesia de Nicaragua. Fue la primera vez que se transmitía al mundo que esa Iglesia “sufría” persecuciones.

El comienzo del quiebre de la unidad nacional

Un comunicado de la CONFER en el que los obispos manifestaron que los sacerdotes en puestos públicos deberían  abandonar sus cargos, “habiendo transcurrido las circunstancias de excepción” inició un conflicto de larga duración en el que intervinieron las más altas jerarquías del Vaticano, las bases católicas de Nicaragua, teólogos de varios países y los más altos dirigentes de la Revolución.

Cuando en octubre de 1980, la Dirección Nacional del FSLN publicó un Comunicado sobre la Religión, que trascendió las fronteras de Nicaragua: por primera vez, un movimiento revolucionario contemporáneo en el poder, rompía con el rígido esquema de ver en la religión el opio del pueblo y uno de los frenos de la historia, la respuesta de los obispos no ponderó la novedad de ese texto. El ultimátum del 1 de junio de 1981 expresó que aquellos sacerdotes que no renunciaran “los consideraríamos en actitud abierta rebeldía y formal desobediencia a la legítima autoridad eclesiástica, expuestos a las sanciones previstas por las leyes de la Iglesia”. Los sacerdotes aludidos o denunciados eran Miguel D'Escoto (Canciller), Ernesto Cardenal (Ministro de Cultura), Edgar Parrales (Ministro de Bienestar Social, desde 1982 Embajador en la OEA) y Fernando Cardenal, (Vicecoordinador de la Juventud Sandinista).

La aceptación del Vaticano de que los sacerdotes continuaran en sus cargos siempre que renuncien al ejercicio del ministerio sacerdotal dentro y fuera de Nicaragua no detuvo antes bien propició las expulsiones de sacerdotes de las parroquias en barrios populares, manifestaciones callejeras y tomas de iglesias publicitadas ampliamente en los medios de comunicación que apoyaban a la Revolución. La Carta Pastoral del Papa Juan Pablo II en junio 1982, que expresó el apoyo incondicional a los obispos y crítica a la “Iglesia Popular” originó dos caracterizaciones articuladas del conflicto religioso en el país: “persecución religiosa” y “peligro de la Iglesia popular”.

Si la ‘contra’ Fuerza Democrática de Nicaragua (FDN) asesinó salvajemente a 14 campesinos en la aldea de San Francisco del Norte “en nombre de Dios” - el inicio de macabros hechos repetidos-; en Managua, autoridades del FSNL llevaron a cabo una celada para desacreditar al padre Bismarck Carballo, vocero de la Curia y director de la estación eclesiástica Radio Católica, implicándolo en un escándalo sexual.

La violencia viene de Honduras

La lucha ideológica-religiosa sostenida durante 1980- 1982 pasó a un segundo plano ante la situación de guerra impuesta a Nicaragua desde Honduras por voluntad de EEUU. Creció la demanda a los obispos para que condenen públicamente la violencia contrarrevolucionaria que originaba el desplazamiento de los escasos recursos humanos y materiales del país hacia la defensa armada. El total silencio de un sector de la jerarquía contradijo la condena de la Iglesia que ha siempre ha declarado su repudio a “toda violencia, venga de donde venga”. La violencia venía de Honduras con pretensiones de una “guerra santa” contra el comunismo bajo la invocación de Dios.  

La visita del Papa, “la gran noche oscura”

En ese contexto, el 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II llegó por primera vez a Nicaragua. Ernesto Cardenal, uno de los sacerdotes de la corriente progresista fue amonestado por el Papa. Muchos no olvidaron esa humillación. Durante la misa oficiada por el Sumo Pontífice simpatizantes del Gobierno vocearon consignas de “poder popular” y “queremos la paz”. El Sumo Pontífice respondió “la primera que quiere la paz es la Iglesia”. Juan Pablo II recordó esa primera visita como “la gran noche oscura”.

Los obispos volvieron sobre los acontecimientos de Managua para “lamentar y condenar enérgicamente el incalificable irrespeto cometido contra la Eucaristía y la persona del Vicario de Cristo” por “una minoría”. Cuando El Nuevo Diario reclamó a la jerarquía igual energía para condenar los actos criminales de las bandas armadas en la frontera, los obispos insistieron en que la división estaba creada por quienes “tratan de edificar una Iglesia llamada ‘popular’ y mezclan lo cristiano con lo político y ‘partidista’”.

Iglesia de mártires

El 11 de mayo de 1983 fue expulsado de Nicaragua el sacerdote español Timoteo Merino, párroco de la Azucena y de otros pequeños pueblos cercanos a la frontera sur, acusado por el gobierno de favorecer la penetración del grupo contrarrevolucionario ARDE entre la población campesina.  Merino declaró en Roma que su expulsión era otra expresión de la persecución religiosa del gobierno.

En las vísperas de la celebración del Cuarto Aniversario de la Revolución, el matrimonio de Felipe y Mery Barreda, católico y sandinistas de larga trayectoria en Estelí, fue asesinado en un campamento contrarrevolucionario hondureño, después de ser bárbaramente torturados. La celebración en la Catedral de Estelí de los esposos Barreda como nuevos mártires sostuvo que “entre cristianismo y revolución no hay contradicción”. El asesinato de los Barreda fue seguido por el de decenas de otros cristianos revolucionarios, especialmente campesinos, delegados, jóvenes milicianos, quienes murieron  víctimas de la guerra impuesta a Nicaragua o de la crueldad de la contrarrevolución.

Ley de Servicio Militar Patriótico y la objeción de conciencia

En 1983, la decisión del gobierno de establecer el servicio militar como estrategia para enfrentar las guerrillas antirrevolucionarias financiadas por EEUU de quien se esperaba una eventual invasión fue rechazada por la CONFER que sugirió la objeción de conciencia a la Ley. Los dirigentes revolucionarios afirmaron que “en Nicaragua sí hay persecución religiosa”: la desatada por algunos obispos contra sacerdotes, religiosos y fieles que apoyan el proceso revolucionario.

En 1987 a pesar de todas las desavenencias, la Iglesia católica fue parte medular de los Acuerdos de Paz Esquipulas II que dieron paso a elecciones libres y democráticas en 1990, en las que Daniel Ortega y los sandinistas perdieron el poder que recuperarán en las elecciones de noviembre de 2006.

En esos 16 años, Ortega buscó congraciarse con la Iglesia: pidió perdón por “los errores y atropellos en contra de figuras de la Iglesia en el pasado” y contrajo matrimonio eclesiástico con su compañera Rosario Murillo luego de 25 años de convivencia. Quien ofició la misa, fue el cardenal Miguel Obando y Bravo, crítico en los ‘80 de sus políticas y quien en 1996 en la víspera de las elecciones que perdió Ortega había pronunciado la homilía conocida como “la parábola de la víbora” o “el viborazo”, en la que advertía a los votantes sobre una víbora moribunda a la que no había que acoger porque, al recuperarse, mataría a su salvador. Muchos la consideraron un espaldarazo al candidato contrincante Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista, quien obtuvo la victoria. Luego de tres intentos fallidos, en 2006, Ortega recuperó el mando del país que mantiene hasta hoy gracias a una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.

Nueva ola de persecución contra obispos y sacerdotes

El régimen mantuvo una relación distante con la iglesia, pero respetuosa hasta el estallido social de 2018 cuando el gobierno intentó  reformar las leyes del Seguro Social. La violenta represión a las protestas de repudio que se extendieron por cinco meses en todo el territorio nicaragüense dejó como saldo  355 muertos, numerosos heridos y más de 100.00 exiliados. La Iglesia católica que defendió a quienes protestaron pacíficamente fracasó en la mediación de un acuerdo. Tres meses después del estallido social, en Plaza la Fe con la presencia del representante personal del Papa, el Nuncio Waldemar Sommertag, un Ortega furibundo acusó a los sacerdotes de ser parte de una conspiración en su contra. Los religiosos de ser los mediadores en la crisis sociopolítica pasaron a ser acusados de golpistas y se les declaró la guerra.

Entre la sucesión de hostilidades que se sucedieron partir de julio de 2018: la agresión de paramilitares a obispos y sacerdotes en el Departamento de Carazo y el ataque a la Iglesia de La Divina Misericordia, en Managua, con la muerte de dos personas. El 23 de abril de 2019 se produjo la necesaria salida de monseñor Silvio Báez, a petición del papa Francisco, atento a que la Embajada de EEUU en Nicaragua habría informado probables planes para asesinar a Baéz. Y el 31 de julio de 2020: el incendio de la imagen de la Sangre de Cristo con más de 380 años de antigüedad, en la Catedral de Managua.

En enero de 2022 con toda la oposición acallada, Ortega asumió por quinta vez (cuarta consecutiva) la presidencia de Nicaragua, en medio de un gran rechazo de la comunidad internacional. El 12 de marzo de ese año, el nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag fue expulsado del país. El 6 de julio, la expulsión de 18 religiosas de la Caridad de la orden Santa Teresa de Calcuta y el 19 de Agosto, la retención de monseñor Rolando Álvarez, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos en la curia diocesana de Matagalpa

La valentía del obispo pone a prueba las relaciones con el Vaticano

El obispo de Matagalpa monseñor Álvarez, quien después de haber estado bajo arresto domiciliario desde agosto pasado se negó abordar un avión para el exilio a EEUU junto a otras 222 personas, sacerdotes, seminaristas, opositores políticos o simples críticos del régimen fue condenado por la Corte de Apelaciones que lo calificó de “traidor a la patria” y dictó su prisión hasta 2046.

El Papa Francisco, en la misma entrevista donde no dudó en calificar al régimen Ortega-Murillo de “hitleriano” , en referencia al Obispo Álvarez destacó “Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”. “Una excelente descripción” ponderó la abogada Martha Patricia Molina, quien ha documentado más de 400 ataques de la dictadura de Ortega y Murillo en contra de la Iglesia Católica. “El Papa nunca ha estado en silencio, él ha permanecido orando por lo que sucede en Nicaragua, sin embargo, sus declaraciones públicas actuales han sido realizadas en tiempo prudente, cuando observa que no hay salidas ni medios”, detalló Molina. El tiempo mostrará si recrudece la represión del gobierno hacia la iglesia católica del país centroamericano. En lo inmediato Vatican News, el portal de noticias del Vaticano, confirmó el 13 de marzo el “verbalmente expresado” deseo del Gobierno nicaragüense de “suspender las relaciones diplomáticas” que implica el cierre de la Nunciatura Papal, la representación diplomática del Vaticano en Managua. Sin embargo, el derecho internacional no conoce la “suspensión” o la “interrupción” de relaciones diplomáticas. Existen o no existen. Muchos observadores ven las interpretaciones dadas en Managua y el Vaticano más bien como un juegos de palabras o ballet diplomático.

AGB

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dispuso la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, luego de que el papa Francisco calificara al régimen sandinista de “una dictadura grosera, guaranga” y también “hitleriana”.

Según informó el sitio “Confidencial”, la representante del régimen sandinista ante la Santa Sede, Yara Suhyén Pérez Calero, “comunicó verbalmente” la determinación en la Secretaría de Estado del Vaticano.

El Sumo Pontífice, en una declaración a Infobae, fue contundente con lo que ocurre en Nicaragua: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”.

El Papa se refería a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, quien hace un mes fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria” y un día después de negarse a ser desterrado por el Gobierno de Ortega a territorio estadounidense.

“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas”, añadió Francisco.

Nicaragua no cuenta con un embajador ante la Sede Apostólica desde el 21 de septiembre de 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor, quien repuso en marzo de ese año al ex subdirector de la Policía Nacional, ex comisionado Francisco Bautista Lara.

Las relaciones entre ese país y el Vaticano comenzaron en 1908, por lo que esta decisión pondrá fin a un vínculo diplomático de al menos 115 años.

De todas maneras, la convivencia entre los sandinistas y la Iglesia católica de esa nación estuvo marcada por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.

De esta manera, Nicaragua ingresó en el grupo de trece países que no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede: cuatro son comunistas (Vietnam, Corea del Norte, China y Laos) y ocho son musulmanes (Somalía, Omán, Mauritania, Maldivas, Comoras, Brunéi, Afganistán y Arabia Saudita), el otro es Bután, un reino budista en el sur de Asia.

CRM con información de la agencia NA

La escritora nicaragüense Gioconda Belli anunció este jueves que aceptó la nacionalidad chilena que le ofrecieron las autoridades de este país luego de que el gobierno de Daniel Ortega le quitó la nacionalidad de su nación de origen junto a otros 300 opositores por considerarlos “traidores a la patria”.

El anuncio fue confirmado de inmediato por la canciller chilena, Antonia Urrejola, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Pese a las tristes circunstancias, es un honor que esta tremenda poeta, escritora y feminista nicaragüense acepte ser chilena. Emocionada de hablar esta mañana con mi querida amiga @GiocondaBelliP, a quien admiro profundamente”.

“Tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano, es Chile”, expresó por su parte la escritora a la radio chilena Cooperativa.

Belli agradeció al presidente de Chile, Gabriel Boric, y a “todos quienes han extendido su mano para ofrecernos a los nicaragüenses la nacionalidad chilena”.

“Chile tiene un profundo vínculo con Nicaragua, desde Rubén Darío hasta Pablo Neruda, Nicanor Parra, Marcela Serrano, Carla Guelfenbein”, afirmó Belli.

“Hace un tiempo, escribí un poema donde digo que la solidaridad es la ternura de los pueblos y hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses”, agregó.

Pese a aceptar la nacionalidad chilena, Belli afirmó que no dejará la lucha por la “democracia, la libertad y recuperar un país libre”.

“No reconocemos que nos puedan quitar la tierra donde nacimos, el derecho que tenemos de ser nicaragüenses”, manifestó Belli.

El pasado martes, el Gobierno chileno anunció la decisión de acoger a los nicaragüenses privados de su nacionalidad por ser opositores políticos en su país.

El Ejecutivo informó mediante un comunicado que “el gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan”.

La medida se encuentra disponible para “quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”.

El pasado 15 de febrero, el gobierno de Nicaragua declaró “traidores a la patria” a cerca de 300 opositores y críticos, entre ellos Belli y el escritor Sergio Ramírez, a quienes se les quitó la nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes inmuebles.

Desde la Argentina también se ofreció otorgar la ciudadanía a aquellas personas alcanzadas por la decisión del gobierno de Nicaragua.

“El Gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a @sergioramirezm @GiocondaBelliP y todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, indicó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero ratificó en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos que cualquiera de las personas privadas de nacionalidad por el gobierno de Managua puede pedir la nacionalidad argentina mediante “ un trámite sencillo”.

“Se trata de un trámite personal” que deben iniciar las personas en particular, explicó.

“La Argentina está en condiciones de darles la ciudadanía. El solicitante tiene que iniciar el trámite, que es muy sencillo, en la Embajada argentina”, abundó Cafiero.

“Lo hemos conversado con el presidente (Alberto Fernández) cuando vimos los sucesos de Nicaragua”, explicó.

Recordó además que la Argentina “siempre ha marcado la necesidad de que ese país vuelva a respetar los derechos humanos”.

Al respecto, señaló que fue conformada una comisión en el ámbito de Naciones Unidas “para estudiar la violación de derechos humanos” en ese país, y que la Argentina “ha condenado la persecución que han sufrido muchos nicaragüenses”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y a “todos los que están padeciendo lo que está sucediendo” en ese país, donde el régimen de Daniel Ortega retiró a 92 personas la nacionalidad y los acusó del delito de “traición a la patria”.

“El Gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a @sergioramirezm @GiocondaBelliP y todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, indicó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter.

E canciller Santiago Cafiero ratificó: 'Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos. Se inicia un trámite sencillo y la Argentina está en condiciones de hacerlo'

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero ratificó -en declaraciones a la FM Radio Con Vos-: “Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos. Se inicia un trámite sencillo y la Argentina está en condiciones de hacerlo”.

En ese sentido, Cafiero explicó que “se trata de un trámite personal” que deben iniciar las personas en particular.

Días atrás, Ramírez, premio Cervantes 2017 y quien fuera vicepresidente de Ortega entre 1984 y 1990, dijo que podría pedir la ciudadanía argentina. Consultado acerca de una declaración de un grupo de intelectuales y dirigentes políticos que pidieron al gobierno argentino que le ofrezca la nacionalidad, dijo: "Esa declaración todavía no tiene respuesta. Si el gobierno argentino respondiera me hago argentino".

“La Argentina está en condiciones de darles la ciudadanía. El solicitante tiene que iniciar el trámite, que es muy sencillo, en la Embajada argentina”, precisó el titular del Palacio San Martín. Dijo: “Lo hemos conversado con el presidente (Alberto Fernández) cuando vimos los sucesos de Nicaragua”.

Además, recordó que la Argentina “siempre ha marcado la necesidad de que es país vuelva a respetar los derechos humanos”.

Recordó que fue conformada una comisión en el ámbito de Naciones Unidas “para estudiar la violación de derechos humanos” en ese país y que la Argentina “ha condenado la persecución que han sufrido muchos nicaragüenses”.

La semana pasada, la justicia de Nicaragua retiró la nacionalidad a los escritores y exmilitantes sandinistas Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como a otras 92 personas, por considerarlos culpables de “traición a la patria”, informó la prensa local e internacional.

La decisión fue notificada por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez.

Además de quitarles la nacionalidad, el juzgado ordenó que se incauten todas las propiedades a nombre de los afectados.

Ramírez, que tiene 80 años y también posee nacionalidad española, formó parte de la junta del “gobierno de reconstrucción nacional” que se creó tras el triunfo de la revolución sandinista, en 1979. El coordinador de esa junta era el actual presidente, Daniel Ortega. Tras las elecciones de 1984, Nicaragua fue gobernada en 1985-90 por Ortega como presidente y Ramírez como vicepresidente, hasta que en los comicios siguientes ganó la opositora Violeta Barrios de Chamorro, quien también había integrado la junta revolucionaria de 1979.

En 1990-95, Ramírez fue jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional (parlamento) y en 1996 fue candidato a presidente por el Movimiento Renovador Sandinista, una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que siguió a cargo de Ortega.

Con información de Télam

“América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad”, dice desde Ciudad de México la abogada en derechos humanos Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Para Guevara, la impunidad, la desigualdad social y la corrupción hacen que los Estados no cumplan con su obligación de proteger a los ciudadanos y dejen a las organizaciones sociales y a los defensores de los derechos humanos solos “peleando en la trinchera”.

En esa dirección, Nicaragua es uno de los países más golpeados de la región. Para Guevara, la liberación de 222 detenidos por razones políticas, que fueron obligados a salir del país hacia Estados Unidos, si bien fue un avance, deja en evidencia la arbitrariedad con la que se mueve Daniel Ortega. “Para Amnistía Internacional, esta es una muestra más de una política sistemática de represión que usa el exilio como una nueva forma de castigo”, dice Guevara.

Nicaragua liberó a 222 detenidos por razones políticas, ordenó deportarlos a Estados Unidos y les quitó la nacionalidad. ¿Cómo analiza la situación?

Primero decir que nos congratulamos con la noticia de que 222 personas, detenidas arbitrariamente por motivos políticos, hayan podido salir de los centros de tortura, como El Chipote o La Modelo, en los que estaban en condiciones extremas. Sin embargo, vemos con mucha preocupación cómo la excarcelación de estas personas, a las que además se les retiró la nacionalidad a través de una del pase rápido de una ley ridícula, sean enviadas al exilio forzoso a los Estados Unidos sin que pesase su consentimiento. Esa decisión nos habla de una intervención más dentro de un contexto de reconocida represión sistemática que comete el Gobierno de Daniel Ortega.

Es una muestra más de una política sistemática de represión que hoy día usa el exilio como una nueva forma de castigo

Estas personas han llegado a Estados Unidos sin documentación. Algunas de ellas tienen algunos familiares, otras no, por eso decimos que se encuentran en el total desamparo, sin saber qué va a pasar en el futuro cercano con sus vidas. Hoy día se encuentran en una situación forzada de apátridas, debido a que Nicaragua les ha quitado la ciudadanía. Para Amnistía Internacional esta es una muestra más de una política sistemática de represión que usa el exilio como una nueva forma de castigo.

¿Es legal quitarle la nacionalidad a un detenido?

El Gobierno lo hizo a través del Congreso de mayoría oficialista, en donde decretan la retirada del derecho a la ciudadanía de estas personas. Por tanto, si es legal o no, pues es muy subjetivo.

En Nicaragua es legal porque lo hicieron a través de una ley, ahora, es arbitrario. Hemos venido denunciando múltiples leyes que no cumplen con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos, incluida la ley, bajo la cual muchas de estas personas fueron detenidas, que es una ley sobre la “soberanía del pueblo” y que además no cumple con ningún estándar de debido proceso. De ninguna manera. Así que nuevamente vemos la total anulación del Estado de Derecho y de la división de poderes.

¿Cuál es la situación de los liberados que están en Estados Unidos en este momento?

Mientras hablamos, un equipo de Amnistía Internacional de nuestra sección en Estados Unidos está en camino para poder platicar con algunas de estas personas que se encuentran en un hotel. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas de ellas, incluido Félix Maradiaga, uno de los líderes de la oposición y defensor de los derechos humanos. Lo que sabemos es que la situación es de mucha incertidumbre.

En Nicaragua existe una política sistemática de represión que usa al exilio como una nueva forma de castigo

A nosotros, en Amnistía Internacional, nos han hecho llegar información de que esto se trató de una decisión unilateral por parte del Gobierno de Nicaragua y que los Estados Unidos simplemente facilitaron la salida de estas personas. No sabemos en qué condiciones y bajo qué procesos se les garantizará su derecho a solicitar y a recibir asilo. Pero lo que sí sabemos es que muchas de estas personas y sus familias están en situación de precariedad. Hoy leíamos en declaraciones del Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores de España que les está ofreciendo la posibilidad de que accedan a alguna forma de protección en España. Creo que se irá aclarando la situación individual de cada persona, pero que en general hay una situación de precariedad y de incertidumbre legal.

¿Qué pueden hacer los organismos internacionales para condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua?

Es importante señalar que las Naciones Unidas, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, crearon un grupo especial de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, para analizar aquellos crímenes que pueden constituir delitos de lesa humanidad. Este grupo se someterá en marzo a una extensión de mandato en el próximo Consejo de Derechos Humanos. Esperamos que los Estados apuesten por extender el mandato. Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma, por ende la Corte Penal Internacional no tiene competencia en ese país, pero existen otros mecanismos para que los propios Estados en el Consejo de Derechos Humanos hagan saber a la Corte Penal Internacional los hechos, abran una investigación y condene a los responsables al más alto nivel, incluido Daniel Ortega.

¿Por qué creen que el Gobierno de Nicaragua ha tomado esta decisión en este momento?

Centroamérica está atravesada por una crisis terrible en materia de derechos humanos. Pienso que es la presión internacional, que ejercen a través de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, que a pesar de que muchas de ellas se encuentran en el exilio, han logrado continuar su trabajo de documentación para poder evidenciar las graves violaciones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Pasemos a Perú. Al menos 70 personas han perdido la vida desde diciembre en el contexto de las protestas, que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones para este año. ¿Cuál es su lectura sobre el tema?

Primero, decirte que mientras estamos teniendo esta conversación Amnistía Internacional ha desplegado uno de nuestros equipos de respuesta de crisis, que desplegamos solo en situaciones en donde las dimensiones de las violaciones a los derechos humanos tienen este contexto de gravedad, en diferentes ubicaciones del país, particularmente en el sur, para registrar lo que está pasando. Pienso que lo que estamos viendo es el resultado de una crisis prolongada en materia de derechos humanos, en donde hay un sistema político que no le ha dado respuesta a las demandas de dignidad de la mayoría de la población.

¿Han documentado el uso excesivo de la fuerza en Perú?

El uso excesivo de la fuerza ha sido documentado en cada una de las protestas que se han dado desde el 7 de diciembre. Con esto me refiero al uso de la fuerza letal, es decir, el uso de armamento letal para intentar controlar las protestas. Nosotros hemos documentado casos de asesinatos de manifestantes en manos de las fuerzas de seguridad que evidencian la intencionalidad de castigo.

En Perú, hemos documentado denuncias de malos tratos y tortura por parte de fuerzas de seguridad

Hemos documentado la detención arbitraria masiva de personas que se encontraban en situación de protesta, sobre todo en zonas de pueblos indígenas, y hemos documentado denuncias de malos tratos y tortura por parte de fuerzas de seguridad. Entonces, estamos frente a una situación de graves violaciones a los derechos humanos, con muy pocas investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, con un Gobierno que niega que la existencia de protestas pacíficas, que ha tenido una intención de estigmatizar a quienes están protestando en las calles y que no ha cumplido con su rol de protección del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Vamos a Colombia. El Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron este lunes el segundo ciclo de negociaciones de paz. ¿Identifica un avance en el tema?

Desafortunadamente, Colombia es un país que sigue sumido en un conflicto armado que está vivo en muchos territorios del país, sobre todo territorios históricamente marginados, de pueblos indígenas, de comunidades negras, en donde las víctimas del conflicto armado continúan sumando grandes números, al igual que las personas víctimas del desplazamiento forzoso. Colombia se mantiene como el país más letal para la defensa de los derechos, particularmente para aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales, porque la reorganización de estos grupos armados también se debe a la reorganización del poder económico en un momento de transición. El Gobierno del presidente Petro llega al poder con una serie de promesas de reforma estructural, inclusive con una política de paz total, que significa que las negociaciones para la paz se extienden a los diferentes grupos armados.

¿Piensa que Petro consiguió ese objetivo?

Bueno, nosotros consideramos que el Gobierno del presidente Petro va a tener que poner en práctica políticas y reformas estructurales que permitan esta paz total, pero no puede ser a expensas de la justicia. Es decir, se tienen que crear mecanismos en donde las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos puedan acceder a la justicia.

Colombia se mantiene como el país más letal para la defensa de los derechos, particularmente para aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales

Que la impunidad no siga siendo la norma en un país que lamentablemente sigue enfrentado a múltiples formas de violencia. Le hemos dado la bienvenida a los avances en las negociaciones con la guerrilla del ELN, pero también han sido insuficientes en términos de que no hemos visto un impacto inmediato en el cese de la violencia en comunidades que están bajo el control de la propia guerrilla.

Por último, usted está en México, uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos en democracia. ¿Qué lectura hace sobre la situación actual?

Lamentablemente México sigue hundido profundamente en una gravísima crisis en materia de derechos humanos, una de las peores crisis en el hemisferio y en donde los números no mienten. Es el país más letal para el ejercicio del periodismo. El año pasado se conoce que por lo menos 17 periodistas fueron asesinados en el país, de los cuales en 14 casos hay evidencia de que se trató de asesinatos vinculados al ejercicio de su labor periodística.

¿Ha habido avances en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el caso de las más 97.000 personas desaparecidas?

Los avances en términos de justicia son sumamente limitados. Ahora, por lo menos, se tienen mejores estadísticas que cuantifican las personas que permanecen desaparecidas, se ha intentado fortalecer el aparato de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se han hecho algunos esfuerzos para garantizar el escrutinio internacional, como aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Pero todos estos avances han sido no solo insuficientes, sino cosméticos. No ha habido un avance concreto. De hecho, durante el gobierno del presidente López Obrador, han aumentado las tasas de personas desaparecidas en cada uno de los estados de la república mexicana. La violencia sigue incrementándose. El crimen organizado tiene tomados territorios donde la población está sometida a prácticas de terror.

La situación de los derechos humanos en América Latina, según lo que usted describe, es crítica. ¿Cuáles cree que son los motivos que llevan a esta situación?

Las múltiples crisis que enfrentamos dan lugar a un continente atravesado por enormes desigualdades, no solo económicas y sociales, sino desigualdades en el acceso a la participación política. Una región cruzada por la violencia de múltiples formas: la feminicida, la de los grupos del crimen organizado, la violencia estatal.

América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad

América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad. Un legado que heredamos de nuestra historia reciente, de la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en los contextos de dictadura o de conflicto interno, que ha sido una impunidad, que no solo es un legado, es decir, que ya no es que sigamos arrastrando las violaciones del pasado, sino que ha permeado en las instituciones del Estado. Entonces esa desigualdad, esa violencia y la impunidad, acompañada de la corrupción, siguen siendo un flagelo en todo el continente, que nos lleva a esta situación donde los pocos avances que se van dando gracias a los movimientos sociales y la sociedad civil tienen que seguir peleando en la trinchera sin que los Estados cumplan con su obligación de protección.

AO

Intelectuales y organizaciones de diferentes países latinoamericanos, agrupados en el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, lanzaron un comunicado en solidaridad con los presos políticos expulsados el 9 de febrero de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega y pidieron a los gobiernos del mundo que aíslen al régimen nicaragüense. 

“Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur expresamos nuestra solidaridad con lxs 222 presxs políticxs que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a los Estados Unidos el pasado jueves, 9 de febrero de 2023, así como con lxs 94 disidentes en el exilio a quienes despojó de su nacionalidad y de sus bienes una semana después, el 16 de febrero”, señala el texto.

Añade que “ambos grupos se les despojó no solamente de su nacionalidad, sino también de sus derechos ciudadanos. Con estas acciones de destierro, el régimen de Ortega/Murillo actúa contra todos los tratados internacionales de derechos humanos y contra la propia Constitución de Nicaragua, que en su artículo 20 establece que ”ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad“”.

“Burlando cualquier noción de debido proceso, lxs exiliadxs fueron declarados prófugos de la justicia y condenados como supuestos ”traidores de la Patria“, aunque nunca se les había acusado judicialmente y mucho menos procesado”, sostiene el comunicado, que pide aislar al régimen de Ortega. “Apelamos a los gobiernos del mundo a aislar el régimen Ortega-Murillo y a acoger a sus víctimas con todos los derechos y la solidaridad, para permitirles reiniciar una nueva etapa de su vida”.

El texto está firmado, entre otros, por Pablo Bertinat, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Enrique Viale, Rafael Colombo, Roberto Gargarella, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Guillermo Folguera, Inti Bonomo, Horacio Tarcus, Claudia Aboaf, Pablo Stefanoni, Pablo Alabarces (todos de Argentina), Rita Segato (Argentina-Brasil), Carmen Aliaga (Bolivia), Breno Bringel (Brasil), Lucio Cuenca (Chile), Arturo Escobar, Tatiana Roa Avendaño, Marilyn Machado (Colombia), Alberto Acosta, Esperanza Martínez, Miriam Lang (Ecuador), Edgardo Lander, Liliana Buitrago (Venezuela), Raphael Hoetmer, Jose De Echave, Virginia Vargas Valente, Mirtha Vasquez, Rocio Silva Santisteban (Perú) y numerosas organizaciones sociales.

Este comunicado se suma a otro publicado el viernes y firmado por más de 500 artistas e intelectuales de todo el mundo, que expresaron su preocupación por los “abusos” y “violaciones de los derechos humanos” del gobierno del presidente Ortega y se solidarizaron con los nicaragüenses a los que se les ha despojado de su nacionalidad.

Ganadores del Premio Nobel de Literatura como el peruano Mario Vargas Llosa (2010) y el turco Orhan Pamuk (2006), los mexicanos Elena Poniatowska, Juan Villoro, Guillermo Arriaga y Jorge Volpi; el francés Emmanuel Carrère; los españoles Enrique Vila-Matas y Manuel Vilas; el británico de origen indio Salman Rushdie; el cantautor panameño Rubén Blades y el periodista estadounidense John Lee Anderson, entre otros, firman una carta manifestando su sentir ante estos hechos con el lema “Son y serán nicaragüenses”.

Los firmantes de la misiva, entre ellos también el estadounidense Jonathan Franzen, el colombiano Héctor Abad Faciolince y el chileno Jorge Edwards, denuncian que “estos hechos violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano”.

Destacan además que en los últimos años “al menos dieciocho universidades han sido canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de 2 mil heridos y cientos de detenidos”.

De igual manera señalan que el gobierno de Ortega “ha cancelado el estatus legal de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que defienden los derechos humanos y de las mujeres”, resaltando que “veintiséis medios de comunicación han sido cerrados y más de doscientos periodistas han debido exiliarse”.

Recuerdan que “por si fuera poco, desde 2018 se prohíbe la entrada a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Los signatarios del documento exhortan a la comunidad internacional “a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo”.

Igualmente piden al gobierno nicaragüense que “detenga la represión contra su pueblo”.

Con el retiro en los últimos días de la nacionalidad a un grupo de 94 ciudadanos y el destierro de 222 presos políticos, la cifra de apátridas nicaragüenses se sitúa en 316.

En ese sentido, los firmantes de la carta recuerdan que “el 9 de febrero de 2023 el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de modificar la Constitución de Nicaragua, despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos, incluyendo jóvenes universitarios, militantes políticos, líderes campesinos, sacerdotes y periodistas.

Asimismo, destacan que “el 15 de febrero se despojó a otros 92 nicaragüenses de su nacionalidad, entre los cuales se encuentran el escritor y premio Cervantes de literatura Sergio Ramírez y la reconocida poeta Gioconda Belli”.

CRM

Intelectuales agrupados en el espacio “La Mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad” solicitaron al presidente Alberto Fernández que conceda la nacionalidad argentina a 317 personas “arrojadas a la condición de apátridas por el régimen de Daniel Ortega” en Nicaragua.

“La decisión del gobierno nicaragüense no solo es arbitraria sino violatoria de las principales declaraciones y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos de las que nuestro país es signatario, y para las cuales la nacionalidad es un derecho propio e inalienable del individuo”, sostiene una carta dirigida al presidente Fernández difundida este jueves que cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de 1969- Pacto de San José de Costa Rica. “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, recuerda.

Días atrás, el gobierno de España ofreció la nacionalidad a 222 presos políticos liberados y expulsados por Nicaragua el jueves 9 de febrero y trasladados a los Estados Unidos. Según el Tribunal de Apelaciones de Managua, los , según la resolución del Tribunal, cometieron “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”. 

La carta a Fernández, firmada por Graciela Fernández Meijide, Claudia Hilb, Hilda Sabato, Patricia Tappatá Valdez, Alejandro Katz, Sergio Bufano, Lucas Martín, Hugo Vezzetti, Rubén Chababo, pide que al Gobierno “honrar la tradición argentina de los derechos humanos, una tradición que es el suelo común de nuestra democracia y que se expresa en la inclusión de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos en nuestra Constitución”.

“Honrar esa tradición, señor Presidente, nos obliga a incluir en nuestra comunidad política a quienes han sido brutalmente privados de su nacionalidad. Entre esas personas se cuentan figuras relevantes de la vida pública nicaragüense, algunas de las cuales han sido destacados combatientes contra la dictadura de Somoza”, dice.

La situación en Nicaragua “exige una respuesta urgente y que pondría una vez más a nuestro país en la vanguardia del cuidado de los derechos humanos”, asegura.

Entre los opositores liberados estaba la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su hermano y exministro Pedro Joaquín Chamorro, así como otros políticos que pretendían desafiar a Ortega en los últimos comicios. Ambos son hijos de la exmandataria Violeta Chamorro (1990-1997).

La Unión Europea reaccionó con “satisfacción y alivio” a la excarcelación y deportación de más de 200 “presos políticos” en Nicaragua y tendió la mano al Gobierno de Daniel Ortega para entablar un “diálogo político”.

El Servicio de Acción Exterior de la UE aseguró que estas personas “no deberían haber pasado un sólo día en prisión” y agradeció el papel de Estados Unidos, que no sólo ha gestionado el viaje sino que también ofreció un primer apoyo de emergencia a los liberados.

Para la UE, se trata de “un paso positivo y esperado” que debería preceder a “más acciones” por parte de las autoridades nicaragüenses, a las que ha afeado que haya adoptado represalias contra los presos como despojarles de la nacionalidad y de sus derechos civiles y políticos.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en una reunión extraordinaria una reforma constitucional que implica la retirada de la ciudadanía de todos los “traidores a la patria”.

El presidente, Daniel Ortega, señaló que la deportación de los 222 presos no fue fruto de una “negociación o trueque” con Washington, sino que se debe a una cuestión de principios. También el Gobierno de Joe Biden descartó algún tipo de contraprestación hacia el país centroamericano.

Europa Press.

IG

El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó este jueves liberar a 222 detenidos políticos y enviarlos a Estados Unidos. El presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh Andino, confirmó que son 222 las personas “deportadas” a Estados Unidos.

Los presos, según la resolución del Tribunal, cometieron “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”. Hasta ahora, Ortega no expresó su posición sobre el tema.

Berta Valle, esposa del opositor Félix Maradiaga, dijo que el Departamento de Estado de Estados Unidos le confirmó que las autoridades nicaragüenses que habían liberado a 222 “presos políticos”. “Han sido enviados en un vuelo privado hacia Washington”, declaró Valle y afirmó que el Departamento puso a disposición de los familiares un número de teléfono para que se contacten.

La Alianza Universitaria Nicaragüense confirmó que entre los liberados y “desterrados” a Washington, se encuentran los líderes estudiantiles Lesther Alemán, de 24 años, y Máx Jérez. “Hoy inicia una nueva fase de lucha. Los presos fueron liberados por la presión del pueblo. Ahora toca luchar por recuperar nuestros derechos y democratizar Nicaragua”, aseguraron.

“Lesther Alemán y más de 200 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, fueron desterrados por el régimen de Ortega hacia Estados Unidos”, señalaron desde el grupo estudiantil, a través de una declaración donde se anunció que seguirán luchando para que el líder estudiantil y todos recuperen su ciudadanía nicaragüense y todos sus derechos.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, informó a través de Twitter que recibió la confirmación de varias familias sobre las liberaciones. “Han sido enviadas al exilio”, dijo.

Los detenidos en las diferentes cárceles de Nicaragua, incluida “El Chipote” donde funciona la sede de la Dirección de Auxilio Judicial, fueron liberados de madrugada, según los familiares. El obispo Rolando Álvarez, en arresto domiciliario, había sido incluido por las autoridades en la lista de personas enviadas a Washington, pero él no aceptó.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields, dijo a través de sus redes sociales que el Departamento de Estado norteamericano le confirmó que 222 prisioneros fueron puestos en un avión a Washington el jueves temprano. “Es una liberación masiva”, sentenció.

Nicaragua atraviesa una crisis desde abril de 2018, acentuada después de las cuestionadas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. Los principales líderes opositores están en prisión o exiliados.

Con información de EFE

LC

Gabriel Boric, el presidente de Chile, pidió este martes en su intervención en la Cumbre de la CELAC por la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, y aseguró que Perú necesita un “cambio de rumbo” ante la violencia “inaceptable” que está viviendo en este último mes.

“No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú hay personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, dijo el mandatario ante el plenario del bloque.

Boric, quien está de estreno en el cónclave de la CELAC tras asumir la presidencia del país vecino hace un año, recalcó “la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo” en Perú. “El saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia -tras el fallido autogolpe de estado del expresidente Pedro Castillo- es inaceptable”, agregó.

El presidente chileno, que desde que llegó al poder ha criticado duramente los regímenes autoritarios de la región, por lo que muchos analistas le consideran un referente de la nueva izquierda latinoamericana, también se refirió a la crisis en Venezuela y pidió por la vuelta del país caribeño “a los foros multinacionales”.

“La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela”, apuntó. Nicolás Maduro era la gran incógnita de los últimos días, y la incertidumbre sobre su participación se mantuvo casi hasta el final.

Ayer lunes por la tarde, el Gobierno venezolano informó de un presunto “plan de agresión” de la “derecha neofascista” contra la delegación que iba a encabezar Maduro, la cual al final encontraría su reemplazo en el canciller Yván Gil Pinto.

Boric, sin embargo, pidió elecciones “libres, justas y transparentes” en Venezuela para el 2024, expresando el deseo de su administración de “colaborar en el dialogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida” a la crisis.

“Fuera de la democracia no hay libertad ni dignididad posible (...) La dictadura (de Chile) nos enseño de forma brusca a sangre y fuego los efectos de relativizar la democracia y los derechos humanos”, añadió el exlíder estudiantil, quien pidió por la condena a los atropellos a los derechos humanos “independientemente del signo político de quien gobierne”.

“La democracia se debe respetar especialmente en elecciones libres cuando gana aquel con quien no estoy de acuerdo, y los derechos humanos son avances civilizatorios que deben ser respetados”, concluyó.

La VII Cumbre de la Celac reúne este martes en el hotel Sheraton del centro de Buenos Aires a representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe. Además de Boric, asisten Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Luis Alberto Arce (Bolivia), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Xiomara Castro (Honduras), entre otros.

LC con información de agencia EFE

En los comicios del país centroamericano de Nicaragua, emplazado entre Costa Rica y Honduras,  del 7 de noviembre 2021, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa,  renovaron su cuarto mandato consecutivo  sin la participación en el proceso electoral de otros candidatos que dispuestos a disputar en la contienda sus cargos se encontraban en prisión o en el exilio obligado acusados de delitos contra la patria. La ausencia de protocolares salutaciones de otros mandatarios no trajo los perjuicios que sí acarrearon el repudio internacional y las sanciones económicas que complican la situación de Nicaragua que en los últimos tres años ha sumado más de 100.000 ciudadanos exiliados de su población de 6.702.679  millones de habitantes.

Venezuela y el oro negro

El gobierno de Ortega desde el 2007 que accedió al poder para cumplir lo anunciado como la continuación de la Revolución Sandinista contó con la inapreciable ayuda del gobierno del ex presidente venezolano Hugo Chávez que  llegó a gastar cinco veces más que EEUU en ayuda a países latinoamericanos  gracias al precio del barril de petróleo que pasó de 10 a 100 dólares entre 1998 a 2008. Venezuela fortaleció la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) con abundantes préstamos para los países miembros. Nicaragua que fue el tercero en incorporarse  en 2007 inició su dependencia a los petrodólares venezolanos. De 2010 a 2014 sumaron 7.275 millones, más de la mitad del pib anual de Nicaragua. Sin embargo, progresivamente fueron descendiendo para desparecer en 2019 de forma irreversible cuando la crisis en Venezuela hizo inviable la continuidad de esa línea crediticia.

Los invitados al festín. Lazos comerciales y financieros 

Un número significativo de empresarios nicaragüenses obtuvieron contratos muy favorables para construcciones, megaproyectos energéticos, minería y turismo que gozaron de exenciones fiscales gracias a los petrodoláres, sostén del “Modelo de Alianza y Consenso” Que incluyó fuera del territorio nacional a otros gobiernos y funcionarios vinculados con  el hondureño de Juan Orlando Hérnandez, los salvadoreños del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén y algunos vinculados al presidente milleniam Nayib Bukele. Sumado la burguesía guatemalteca respecto a ingenios y compra de latifundios para la plantación de la palma africana.

El desplome del petróleo no desbarató el Modelo de Alianza y Consenso, sí la Rebelión de 2018 que trastornó el paisaje de esa tierra de lagos y volcanes por una polémica reforma de pensiones. El sector del empresariado escuchó las demandas; Ortega en vísperas de las elecciones, entre junio y octubre de 2021, hizo encarcelar al presidente, al vicepresidente y a un ex-presidente del Consejo Superior de la Empresa Provada ( cosep), y también arrestó a dos ex-directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (funides), el think tank del empresariado. Las protestas de las organizaciones empresariales que fueron débiles y rutinarias sostuvieron un  acuerdo tácito y de mutua conveniencia para preservarse de la intervención de Ortega quien se beneficia de los  negocios mancomunados en palma africana y energía, y las crecientes inversiones en la banca y en la zona franca, imprescindibles para la salud económica de los próximos años.

El damero internacional

La ayuda multilateral ha seguido proporcionado fondos a Nicaragua entre 2019 y 2021. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 357 millones de dólares, el Banco Mundial (BM), 205 millones de doláres. El Fondo Monetario Internacional FMI, 187 millones estadounidenses, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 715 millones. En su conjunto los préstamos aumentaron de 290 a 488 millones de dólares por año. El BM, el FMI y el BID otorgaron préstamos por el covid 19 en el marco de una cláusula de la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua (NICA ACT)   de 2018, orientada a vetar préstamos salvo los dedicados a necesidades humanas básicas.La  Ley Reforzar el Cumplimiento de condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER) con la que EEUU busca sancionar el gobierno de Ortega mantiene esa excepción con la obligación de identificar cuándo y cómo se aplica lo que significa que puede suspenderse.

EL BCIE es fuente segura de divisas para  Nicaragua pero no suficiente. Si bien Honduras y El Salvador votan a favor del otorgamiento de préstamos; Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y España lo han hecho en contra. Y se ha perdido el voto a favor de Taiwán debido a que Nicaragua ha roto relaciones y México, Argentina y Corea podrán dar la espalda. El tratado de Libre Comercio (CAFTA) con EEUU peligra y el comercio con la Federación Rusa no es significativo (6 millones de dólares en 2020)

Nicaragua es el cuarto país de Latinoamérica que ha girado hacia China. En su momento, el presidente Ortega quien había sostenido fructíferas relaciones con las dos Chinas – las  donaciones de Taiwán y el proyectado canal a cargo del empresario chino Wag Jing quien en 2020 fue expulsado de la Bolsa de Valores de Sanghai no habían sido excluyentes- rompió sus lazos con Taiwán que desde 2007 a 2020 había  aportado, 350,6 millones, un 12% de toda la cooperación bilateral.

China Popular,  ¿cubrirá las donaciones de Taiwán?

China podrá buscar en Nicaragua un proveedor de materia prima , por ejemplo, el oro que es el principal producto de exportación pero su producción está en manos de empresas canadienses y estadounidenses que venden el 97 % de la producción aurífera a EEUU. Y China tendría que iniciar sus propios procesos de exploración y explotación. Respecto a algunos préstamos para favorecer  la balanza comercial y también donativos, Beijng es reacio a donaciones tan profusas como los préstamos.

China donó 50 millones para la construcción de una nueva escuela de Policía en Costa Rica, pero las importaciones de Nicaragua son un 46% menos que las que Costa Rica le compró a China en 2020. Esta dificultad puede compensarse con una exploración minera agresiva o por la revivificación del canal interoceánico  que conllevaría conflictos geopolíticos, y China en Panamá tiene inversiones por 3.585 millones. Difícilmente el presidente Ortega logre que China sea el pilar financiero de su gobierno.

EEUU, el amigo-enemigo

Al margen del dinamismo de las relaciones con China en el futuro, Nicaragua depende de los más de 2.000 millones de dólares de remesas provenientes de EEUU y que ayudan y mucho al déficit de la balanza de pagos. Y el 71% de los depósitos financieros del país están en dólares. EEUU es el principal socio comercial (27% e importaciones y 49% de las exportaciones) y el mercado de bienes y servicios de la zona franca asciende a casi 3.000 millones de dólares. Las FFAA de Nicaragua tiene sus fondos en New York de cuya seguridad y rentabilidad dependen las pensiones de militares retirados, antiguos guerrilleros del FSLN y militares activos que anhelan un retiro dorado muy posible porque el ejército es la única institución estatal que paga el jubilaciones al 100% del último salario. Las sanciones podrían congelarlos y de esta situación algunos opositores esperan que eventualmente los militares retiren su apoyo al gobierno dado que a modo de ominosa pero diáfana advertencia, las sanciones de EEUU del 10 de enero alcanzaron a dos generales vinculados a la administración de ese fondo.

Sanciones al oro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acompañadas de una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, ha impuesto sanciones a la industria aurífera de Nicaragua, por ser una “pieza importante” que financia al gobierno, e impedirá la entrada a 500 nicaragüenses, en una batería de castigos para aumentar la presión sobre el presidente  Ortega. El blanco de las sanciones es la Dirección General de Minas (DGM), “una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado”.

La nueva orden ejecutiva cita al sector aurífero y permite restringir algunas relaciones comerciales, incluyendo tanto las importaciones a EEUU desde Nicaragua como las exportaciones estadounidenses a este país. El sector del oro puede ser el primero de una lista, dado que Washington deja la puerta abierta para extender estas medidas a otras industrias. La restricción prohíbe también las inversiones de cualquier estadounidense en Nicaragua en esta materia, regla que se extiende también a las empresas extranjeras con oficina en EEUU.

“Lo interesante es ver que Estados Unidos decidiera sancionar la industria del oro, que recientemente ha tenido niveles récords en producción”, afirma Désirée Reder, investigadora del Centro de Estudios sobre Conflictos de la Universidad Philipps en Marburgo y del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo. La misma postura sostiene  Tatiana Benavides, consultora internacional quien reitera que Nicaragua es el mayor productor de oro en Centroamérica. “La industria del oro se ha convertido en la mayor fuente de divisas de Nicaragua en los últimos años. En 2021, el país exportó un récord de 348.532 onzas del metal, según datos del Banco Central de Nicaragua y según las proyecciones, se esperaba que pudiera llegar a las 500.000 onzas para 2023”, indica y agrega que el sistema de exportación de oro en Nicaragua se enmarca dentro de un sistema de “clientelismo” con quienes apoyan y son cercanos al régimen.  

Las nuevas sanciones de EEUU vienen a cambiar el panorama económico, no solo para Nicaragua, sino también para las más de 140 empresas internacionales que tienen conexiones con la producción de oro en el país centroamericano. Una de ella es la mina canadiense Calibre que, ante el anuncio de EEUU, emitió un comunicado de prensa en el que señala que acatarán las nuevas medidas: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir cumpliendo con todas las leyes y restricciones internacionales permanentes”, se expresa en el boletín.

Dirigentes opositores nicaragüenses han acusado que parte del oro que se exporta en Nicaragua en el último tiempo proviene de Venezuela, debido a que aún continúa el bloqueo económico para ese país. Es probable, afirman las expertas, que surjan nuevos compradores de los llamados de los ‘países aliados’ Rusia, Irán o China.

Managua, Moscú y la Casa Blanca

La guerra desatada tras la invasión rusa de Ucrania ha complicado todavía más las relaciones de Nicaragua con EEUU. La Casa Blanca repudió el 21 de octubre que el gobierno de Ortega-Murillo que haya aumentado su cooperación con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar ruso en el país. Nicaragua fue uno de los cuatro países, y el único latinoamericano, que se alineó con Rusia en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba el intento de Moscú de anexión ilegal de partes de Ucrania. Las nuevas medidas de Biden llegan días después de que la Unión Europea (UE) renovara por un año su paquete de sanciones al país centroamericano.

AGB

La escalada de confrontación del gobierno de Nicaragua en contra de la Iglesia Católica alerta la opinión internacional respecto al presidente Daniel Ortega y su estrategia de institucionalizar el Estado policial en la nación silenciando toda voz crítica o no subordinada

Sin embargo, no siempre la figura de Ortega ha estado en el centro de esta acusación. Por el contrario, por largo tiempo se lo asoció a la Revolución Sandinista, integrante    del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que en julio de 1979 derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista -luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle- que había gobernado el país por 44 años. Con el inmediato establecimiento una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo, presidida por Daniel Ortega.

En noviembre de 1979, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) publicó la pastoral Compromiso Cristiano para una Nicaragua Nueva  que considera el “proceso revolucionario” como una oportunidad para el país y convoca a la población a hacer los sacrificios necesarios y una “profunda conversión del corazón”. Los obispos pidieron “un amplio espacio de libertad que le permita (a la Iglesia) cumplir su labor apostólica sin interferencias”.

Tres sacerdotes conocidos promotores de la teología marxista de la liberación asumieron cargos en el gobierno sandinista: Miguel D’Escoto fue ministro de Relaciones Exteriores (1979-1990); Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura (1979-1987); y Edgar Parrales fue viceministro subdirector General del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (1979-1980), ministro de Bienestar Social (1980-1982) y embajador de Nicaragua ante la OEA (1982-1986).

En enero de 1980, la CEN decidió que ya no podían integrar el gobierno sandinista. Y en abril de ese año, el Papa Juan Pablo II recibió a los obispos nicaragüenses en el Vaticano y en su discurso sostuvo que “una ideología atea no puede ser el instrumento orientador del esfuerzo de promoción de la justicia social”. Los sacerdotes continuaron en sus cargos a pesar de que los obispos le pidieron que renunciaran. En febrero de 1984, Juan Pablo II suspendió ad divinis a los tres sacerdotes y al padre Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, quien hasta 1990, fue ministro de Educación.

Violeta Chamorro había renunciado a la Junta en abril de 1980 por el rumbo socialista del FSLN y la influencia de Cuba en el gobierno. Robelo por iguales motivos había hecho lo mismo para luego integrar el directorio político de la Resistencia Nicaragüense (los “contras”) financiada por EEUU que sostuvo una guerra civil con los sandinistas durante toda la década. En 1985, la Junta entregó el poder a Ortega, ganador de las elecciones presidenciales de 1984 con el FSLN, ya un partido político.

Poderes terrenales vs poderes celestiales 

Desde la década de los ‘80, el gobierno de la revolución sandinista mantuvo una relación enconada con la Iglesia Católica que en el transcurso de sus mandatos no amenguó sino que por el contrario ha ido en aumento hasta el clímax bien álgido originado con la reciente  detención del obispo Rolando Álvarez, titular de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí,  la autoridad católica más crítica y más perseguida por el poder político de  Nicaragua. 

Desde el mediodía del 3 de agosto, Álvarez  de 55 años se encuentra secuestrado junto a otros sacerdotes y laicos en la casa episcopal donde vive. Los Ortega-Murillo  han iniciado una investigación en su contra  por “intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población (...) con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

Después del exilio forzado del obispo Silvio Báez  en 2019, Álvarez se ha convertido en una de las principales voces de la pastoral que además de incomodar al gobierno es el centro de la persecución contra la iglesia Católica. El obispo de Matagalpa ha sufrido además la cancelación de las radios y televisoras católicas que dirigía en Nicaragua.

El obispo no sólo ha cuestionado la represión desde las protestas sociales de 2018, sino que antes encabezó en el municipio de Rancho Grande protestas contra una concesión minera entregada a una transnacional cuya fuerza numérica y decisión hizo que el gobierno tuviera que revocarla.

Durante la  pandemia los líderes religiosos suspendieron las procesiones para evitar las aglomeraciones mientras que los alcaldes sandinistas convocaron procesiones con réplicas de imágenes de santos, filarmónicos y algunos promesantes. En esa oportunidad, el obispo Álvarez, declaró que “Se ha llegado al extremo de que ahora las alcaldías se han vuelto seudos parroquias y los alcaldes se han vuelto seudos sacerdotes, porque están tomando el lugar que le corresponde al templo”. En una de sus homilías más recientes, Álvarez recordó con énfasis: “no tocar a Dios con las manos sucias”.

Treinta años atrás

La práctica de montar acusaciones contra sacerdotes, desprestigiarlos, golpearlos, expulsarlos del país, acusarlos de “actitud antipatriótica y criminal” cuenta con un historial de atropellos por parte del gobierno contra la Iglesia católica iniciado hace tres décadas.

El padre Bismarck Carballo, desnudado y golpeado en público el 12 de agosto de 1982, fue objeto de una manipulación- en la que se le atribuía tener una amante- armada en su contra por  Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), dirigida por Lenín Cerna.

Y en 1984, los sandinistas acusaron al sacerdote Luis Amado Peña de conspirar con la Contra, lo llevaron a los Tribunales Somocistas y lo confinaron durante cuatro meses en el Seminario. Fueron expulsaron de Nicaragua a 10 sacerdotes extranjeros que se solidarizaron con Peña. 

En 1986, el Monseñor  Pablo Antonio Vega, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de entonces y uno de los obispos que más fuerte alzaba la voz contra el gobierno sandinista - junto al cardenal Miguel Obando y Bravo, Bosco Vivas y Abelardo Mata- viajó  a Washington para denunciar ante el Departamento de Estado el crimen contra tres de sus ministros laicos a manos de los sandinistas, y la represión que estos seguían ejerciendo contra el campesinado. Cuando regresó a Nicaragua, fue detenido y trasladado en helicóptero hacia la frontera con  Honduras, donde lo dejaron abandonado acusado por los sandinistas de “actitud antipatriótica y criminal” al apoyar a la guerrilla antisandinista y justificar una eventual intervención norteamericana en el país.

El cardenal valiente y la parábola de la víbora

El cardenal Miguel Obando y Bravo, quien fue  el primer religioso con este alto rango en Centroamérica nombrado en 1985 por Juan Pablo II, distinguido en los años del somocismo por su defensa a los derechos humanos, en las elecciones de 1990, llamó a todos los ciudadanos a votar conforme a sus conciencias, “no por miedo ni por dádivas”.

Ortega, candidato del FSLN, perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro por la Unión Nacional Opositora (UNO), lo llamó “fariseo” y lo acusó de “ensuciar la palabra de Cristo”. Obando y Bravo sin demora respondió que “una serpiente, que vive, mata y muere escupiendo veneno”. 

El cardenal dos días antes de las elecciones siguientes de 1996, en las que competía nuevamente Ortega por el Frente Sandinista, pronunció desde el púlpito de la Catedral de Managua  la parábola de la víbora. Dos hombres encontraron en el camino una víbora que se moría a causa del frío. Uno de ellos quiso darle calor para salvarla y el otro le advirtió “que esa víbora era peligrosa, que ya había matado y si la revivían, volvería a matar”. Sin embargo, el primero pensando que las circunstancias habían cambiado, alzó al reptil y lo puso sobre su pecho para darle calor. La víbora al revivir, lo mordió y lo mató. “El cristiano no tiene odio, pero debe tomar ciertas normas de prudencia, sino le va a pasar lo que dice la leyenda”, dijo el cardenal. Dos días después, Daniel Ortega volvió a perder las elecciones frente al candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán (1997-2002).

Para la campaña electoral de 2006, para obtener más soporte político en una Nicaragua católica, el ‘comandante Daniel’ pidió perdón a la Iglesia por todos los actos cometidos por sandinistas en contra a los religiosos en los ’80 y buscó un acercamiento con el cardenal Obando. El cardenal no sólo dio la primera comunión a la actual pareja en el poder sino que también los casó en una ceremonia privada. El religioso se plegó al discurso sandinista, que por entonces llamaba a trabajar “por el bien común” y la “reconciliación”. Ortega le llamaba “capellán del somocismo” y cuando asumió por segunda vez la presidencia en 2007 penalizó el aborto terapéutico para congraciarse con el influyente obispo quien murió en 2018.  

La crisis política y social de 2018

El gobierno de Ortega hasta 2018, mostró un sostenido crecimiento económico que entre 2007 y 2017 promedió 4,2%. A diferencia de otros países centroamericanos, en Nicaragua los indicadores de criminalidad e inseguridad eran relativamente bajos y a pesar de la informalidad, el porcentaje de personas activas en la seguridad social se duplicó. El gobierno estableció alianzas con capital privado que favoreció el nacimiento de un nuevo grupo de poder económico alrededor de la familia Ortega-Murillo y el Ejército, con un fuerte dispositivo de control y vigilancia para contener cualquier expresión de descontento social, y participación en negocios amparados por fondos venezolanos.  Ortega subordinó el poder militar a la presidencia y como también los demás poderes del estado como la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. 

En abril de 2018, un estallido social interrumpió la marcha del proceso autoritario de Ortega- Murillo cuando miles de personas salieron a las calles del país para expresar el descontento por el anuncio de reformas en la seguridad sociales que afectaba a jubilados y empleadores. La respuesta gubernamental fue de violenta represión por parte de la policía. El 23 de abril la organización gremial del  Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) convocó una marcha en ciudad capital de Managua con el inédito reclamo de que Ortega dejara el poder marcando el fin de la alianza del gobierno con el empresariado.

Durante las protestas, la Catedral de Managua fue invadida por simpatizantes del Gobierno quienes agredieron a los jóvenes reunidos en el templo para recoger víveres y entregarlos a los manifestantes reprimidos en diferentes puntos del país

El padre Edwing Román de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya fue uno de varios religiosos católicos que acompañó a las víctimas de la represión. Asistió a heridos, intercedió por secuestrados y resguardó a ciudadanos amenazados. En noviembre de 2019 vivió, junto a varias madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre por la libertad de sus hijos en su parroquia, un asedio brutal de la Policía en el que durante nueve días les cortó los servicios de agua y luz eléctrica para someterlos. La acción dio la vuelta al mundo y despertó la solidaridad de miles de personas. 

La Conferencia Episcopal en las protestas de 2018 tuvo un papel mediador y denunció la masacre de más de 350 personas, una trágica cifra cercana a los 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 solamente.

Recuperar la paz haciendo la guerra

Ante las últimas elecciones presidenciales, la Arquidiócesis de Managua dirigida por el cardenal Leopoldo Brenes emitió un comunicado expresando que “no existen condiciones para celebrar elecciones democráticas” en Nicaragua después de que el régimen arrestara a 32 líderes de la oposición a esa fecha, entre ellos siete aspirantes a la presidencia y se cancelara la personería jurídica a tres partidos políticos. Tres días después, el presidente en busca de su quinta reelección los llamó “hijos del demonio” porque “algunos (manifestantes en 2018) le pegaron fuego a los ciudadanos que fueron asesinados, torturados o a los policías que fueron torturados y luego quemados vivos, con el aplauso y aliento de algunos curas”. 

Esa misma noche, Rosario Murillo llamó a los sacerdotes “hijos del diablo”. El cardenal Brenes, declaró que  “en una ocasión se dijo que la iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores”. Desde 2018, Ortega y Murillo han ordenado quitarles a casi todas las parroquias del país los fondos que recibían del Presupuesto General de la República con una reforma a finales de ese año. La Arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal Brenes, fue la más afectada con la reducción de fondos.

Once días después de ser reelegido sin oposición, el presidente Ortega anuló, a través de un decreto, la figura de “Decano del Cuerpo Diplomático”, que desde el año 2000 correspondía al nuncio apostólico. El 7 de marzo de este año, la nunciatura informó que su representante en Managua, el polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, se “ausentó del país”, y que el secretario, Marcel Mbaye Diouf, quedaba al frente, sin aclarar las razones.

En 2019 y en 2021 fueron expulsados el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el sacerdote Edwin Román.

El pasado 6 de julio, el mundo se enteraba de que el gobierno había expulsado a 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad, después del cierre de su asociación, junto a otras organizaciones benéficas y civiles.

En el mes de junio, detuvieron a Manuel García, el primero de los siete sacerdotes que guardan prisión hasta hoy. El párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en el municipio de Nandaime fue enjuiciado y condenado por violencia doméstica contra una mujer que pasó de víctima a acusada por no inculpar al sacerdote. Los otros presbíteros detenidos: Leonardo Urbina, enjuiciado por el supuesto delito de abuso sexual a una menor; y Óscar Benavidez, a quien de momento no le han formulado cargos. Además José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios, Ramiro Tijerino y Raúl González, todos de la diócesis de Matagalpa.

En los últimos incidentes se prohibió procesionar en Managua con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima.

Desde 2018, la Iglesia denunció discriminaciones en la política migratoria en contra sacerdotes extranjeros, y a favor de ex presiente corruptos.

La Sangre de Cristo, las persecuciones a los católicos y la ‘prudencia’ del Vaticano

Desde julio de 2018, cuando Daniel Ortega acusó a los obispos de “golpistas”, hasta agosto de 2020, cuando ocurrió el incendio que calcinó la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIH) contabilizó 24 ataques directos contra la Iglesia Católica. El más grave fue el incendio en la capilla de la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. A pocos minutos de ocurrido y sin tener mayores detalles, Rosario Murillo  declaró que el incendio había sido provocado “por la existencia de veladores en el entorno de la Sangre de Cristo… Son las veladoras que encienden los feligreses”. Sin embargo, el cardenal Brenes desmintió a Murillo: “en el lugar no había veladoras… porque las imágenes antiguas con más de 50 años no se les pone veladoras alrededor”. El acto fue declarado como atentado por el papa Francisco,  una de las pocas condenas del pontífice a la persecución de los pastores de su grey en Nicaragua.

En estos días, religiosos y políticos de diversas latitudes transmitieron su apoyo, preocupación y solidaridad a los católicos y al episcopado de Nicaragua. Las  palabras pronunciadas por el Papa Francisco en el Ángelus del domingo, fueron consideradas decepcionantes ante la urgente y repetida situación: “Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresa mi convicción y mi deseo de que, por medio de un diálogo abierto y sincero, se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”. No parece un medio eficaz ante la urgencia de la situación pedir a los detenidos, incomunicados, torturados, perseguidos, prohibidos, oprimidos por Ortega que se abran al “diálogo”. Una oración “en abstracto” considera Vilma Nuñez la directora del CENIH.

AGB

La Diócesis del municipio nicaragüense de Matagalpa denunció este viernes que la Policía ingresó en su sede y se llevó al obispo Rolando Álvarez, quien se encontraba retenido allí hace más de dos semanas, acusado por el Gobierno de Nicaragua de organizar “grupos violentos”.

Durante la madrugada, la “Policía del régimen de Daniel Ortega allanó la curia episcopal de la Diócesis de Matagalpa donde desde hace 16 días se encontraba en casa por cárcel (arresto domiciliario) el obispo, monseñor Rolando Álvarez, junto a cinco sacerdotes y tres laicos”, reportaron en redes sociales medios de la iglesia católica.

Extraoficialmente, se informó que Álvarez fue sacado por agentes sin conocerse hasta el momento su paradero, consignó el diario nicaragüense La Prensa.

Fuentes ligadas a la iglesia informaron a este medio, bajo condición de anonimato, que tras el asalto a la curia episcopal, que habría ocurrido alrededor de las tres de la mañana, la policía se llevó a todas las personas que se encontraban allí.

Además de monseñor Álvarez, se encontraban en el lugar los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral San Pedro, respectivamente.

También Óscar Escoto, párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista, quien padece de diabetes, y el padre Raúl González.

Álvarez, obispo de Diócesis de Matagalpa, norte del país, estaba retenido en su curia junto a una decena de personas desde el pasado 4 de agosto. 

La reclusión del obispo ocurrió días después de que denunciara el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y reclamó respeto a la “libertad” religiosa al gobierno de Ortega.

La policía anunció que la Diócesis de Matagalpa es investigada por intentar “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.

“Nosotros estamos en las manos de Dios”, expresó el prelado ayer, en un mensaje de agradecimiento por las muestras de solidaridad desde variados sectores ciudadanos, en medio de crecientes tensiones entre el clero y el Gobierno de Ortega, un exguerrillero de 76 años que se mantiene en el poder desde el 2007, amparado en tres reelecciones sucesivas.

Con información de agencias.

IG