A once meses de la quiebra de Correo Argentino SA, dos juezas de la Cámara Comercial suspendieron el proceso a pedido de la empresa de la familia Macri, cuando el tribunal se aprestaba a tomar la decisión final que dejaría firme la situación de la compañía: debía confirmar o rechazar la bancarrota, según el fallo analizado por elDiarioAR y publicado en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

El giro inesperado en la causa seguirá dilatando un expediente que acumula el récord de más de 20 años sin resolución (cumplirá 21 en septiembre próximo). El fallo de las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal fue firmado este miércoles, con un crítico voto en disidencia de la tercera integrante de la Sala B del tribunal de apelaciones, María Guadalupe Vázquez. 

En julio último, la jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA. La magistrada de primera instancia basó su fallo en supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y en la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según la sentencia.

Aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades.

Matilde Ballerini — Jueza de la Cámara Comercial de la Nación.

La principal accionista de Correo es Socma (Sociedades Macri), cuyos accionistas son los hermanos y dos sobrinos del expresidente. En 2001, Correo entró en concurso de acreedores. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones, según el cálculo del Ministerio Público Fiscal.

Desde febrero de 2021, Socma intenta que el caso pase de la Justicia nacional a la porteña. Tras los intentos fallidos ante la cámara Comercial de la Nación para apartar a la jueza Cirulli y a la fiscal general Gabriela Boquin por “parcialidad”, la empresa acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad -que vendría a funcionar como una corte suprema local- y le solicitó que intervenga como tribunal superior de la Cámara Comercial de la Nación para revisar sus fallos (que habían rechazado las recusaciones de las magistradas).

El tribunal porteño hizo lugar a los planteos de Socma pero las camaristas rechazaron la competencia de los jueces capitalinos y reafirmaron que el único tribunal superior de su fuero es la Corte Suprema de la Nación. Desde entonces, existe un planteo de la empresa de los Macri en el máximo tribunal del país para que se pronuncie sobre la disputa de competencia entre ambos tribunales.

En agosto último, Correo solicitó a las juezas de la Cámara Comercial que suspendan el proceso hasta que la Corte se pronunciara sobre el conflicto de competencia con el Tribunal Superior de Justicia porteño. 

La decisión de este miércoles hizo lugar a ese planteo de Correo. Fue, además, el primer fallo en la causa de la nueva integrante de la Sala B: la jueza Uzal, quien asumió el caso tras ser sorteada el 8 de abril último. Uzal sustituye a la jueza María Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien alcanzó los 75 años y perdió un planteo legal para seguir en el cargo de camarista sin el aval del Senado.

Uzal torció la balanza a favor de Correo. La jueza Ballerini estaba a favor de suspender el proceso mientras que la jueza Vázquez se oponía. 

En su voto, Vázquez sostuvo que “la suspensión de la totalidad del proceso de quiebra no firme y de sus incidentes no tiene sustento legal; contradice las normas y principios de la Ley de Concursos y Quiebras, en particular la celeridad de un proceso que data de más de veinte años; y no tiene fundamento en el riesgo cierto de futuras y eventuales nulidades”.

La magistrada enumeró normas, jurisprudencia de la Corte Suprema, un dictamen específico de la Procuración General de la Nación sobre el caso y artículos de la Ley de Concursos y Quiebras y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que contradicen la decisión tomada por sus colegas de la Sala B.

La jueza Ballerini reconoce en su voto que “se trata de una situación casi inédita” y que “aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades”. 

La suspensión de la totalidad del proceso de quiebra no firme y de sus incidentes no tiene sustento legal.

María Guadalupe Vázquez — Jueza de la Cámara Comercial de la Nación.

“Continuar un proceso falencial -en el que además y justamente debe examinarse la viabilidad del decreto de quiebra- ignorando los riesgos señalados, lejos de exhibir celeridad podría derivar en una mayor demora futura, con los consiguientes perjuicios para todos los intervinientes en este proceso universal”, afirmó Ballerini.

En cambio, Vázquez aseguró que “el pedido de suspensión (de Correo) no solo no fue fundado en alguna norma de la Ley de Concursos y Quiebras, sino que contradice su principio fundamental, por lo que su concesión podría postergar los distintos derechos e intereses afectados por la cesación de pagos”.  

Vázquez también resaltó que los planteos de Correo que generan ahora la suspensión se plasmaron en el expediente como “incidentes” para que se desarrollaran de forma separada al proceso central de la causa y que el artículo 176 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que “los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal”. Excepcionalmente, el juez puede resolver la suspensión “cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada”, una excepción “que debe ser evaluada de forma restrictiva”.

ED

La fiscal general Gabriela Boquin solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que confirme la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía residual de la familia del expresidente Mauricio Macri, de acuerdo con el dictamen al que accedió elDiarioAR. El caso tiene dos escenarios posibles a partir de la decisión de la fiscal. La situación de Correo podría implicar la extensión de la quiebra al holding familiar y a los accionistas de Socma y Sideco para pagar las deudas en su totalidad.

La principal empresa de la familia del exmandatario, Socma, es la accionista central de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Los hijos del expresidente Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace más de cuatro años, cuando cedieron sus acciones a su tío Gianfranco Macri, según corroboró este medio con la compañía.

Además, de Gianfranco, quien actualmente es el accionista mayoritario, con el 40% de las acciones de Socma, son accionistas de la empresa Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014.

Dos escenarios inmediatos

El dictamen de Boquin fue presentado el 13 de diciembre último, pero no había trascendido. Desde entonces, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, deben tomar una decisión en el expediente.

El dictámen de Boquin tiene dos planteos centrales en función de esos dos escenarios posibles. En primer lugar, la fiscal solicitó que las camaristas declaren mal concedido el recurso de apelación de Correo, es decir, que le denieguen a la compañía el derecho a apelar por no cumplir con los requisitos impuestos por la ley para hacerlo. Si las camaristas así lo decidieran, la quiebra debería quedar ya confirmada. 

¿Por qué Correo no puede apelar? Días después de decretar la quiebra, la jueza Cirulli suspendió su propia decisión y le concedió a la empresa la posibilidad de acudir ante la Cámara Comercial. Boquin destacó en su dictamen que “la ley concursal no prevé la posibilidad de apelar” en los casos en los que la deudora haya estado en proceso de salvataje y no haya logrado las mayorías legales entre los acreedores para cerrar un acuerdo y pagar sus deudas, tal cual fue la situación de Correo. Esto mismo fue planteado en el expediente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una de las acreedoras de la empresa de los Macri, que se quejó por la decisión de la jueza Cirulli de permitir la apelación.

Un segundo escenario es que las juezas acepten la apelación de la empresa y analicen la cuestión de fondo: si confirman o no la quiebra ordenada por la jueza Cirulli en julio último. En caso de que las juezas de la Sala B consideren bien concedida la apelación, la fiscal también planteó que se confirme la quiebra de la compañía de los Macri, ya que, sostuvo, no consiguió las mayorías exigidas por la ley, empezando por la del Estado nacional, que, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la propuesta.

La fiscal también afirmó que la mayoría de las conformidades de acreedores que Correo sí consiguió son anteriores a 2007 y no pueden validarse porque la ley exige que las conformidades deben ser posteriores a la última oferta de Correo para saldar sus deudas -que data de marzo de 2021-; y, además, esa mayoría de acreedores a favor de firmar un acuerdo fue conseguida “en fraude a la ley”, aseguró Boquin.

Antecedentes y críticas

Correo se presentó en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001. La deuda original entonces equivalía a unos 300 millones de pesos/dólares de la convertibilidad. El cálculo de los intereses, 20 años después, es una de las claves en la disputa legal. El Estado nacional es uno de sus acreedores porque le reclama cánones adeudados durante años por la concesión del servicio postal. En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización de la compañía.

“A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido”, afirmó Boquin en el dictamen. La fiscal resaltó que esa extensión en el tiempo fue en gran parte responsabilidad de Correo y que la dilación del proceso la tuvo como única beneficiaria. La compañía culpa al Estado y a la Justicia. “La concursada contribuyó en la extraordinaria y atípica tramitación de estos actuados y a la extensión en el tiempo del expediente”, dijo Boquin.

“Correo Argentino SA ha realizado durante el trámite de su concurso actos en fraude a la ley que impiden al juez homologar la propuesta” presentada en marzo de 2021, continuó Boquin. “Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control” del juzgado, agregó.

Entre los “actos prohibidos”, Boquin incluyó el “progresivo vaciamiento de su patrimonio, en beneficio -en gran medida- de sus controlantes y/o terceros y en evidente perjuicio de los acreedores”, además de posibles “maniobras de lavado de activos y de trasvasamiento, las que deberán ser objeto de investigación en primera instancia y ante los juzgados penales que correspondan”. 

La fiscal viene sosteniendo denuncias contra Correo desde finales de 2016, cuando intervino en el expediente por primera vez. En su primer dictamen, se opuso al pre-acuerdo firmado entre la compañía y el gobierno de Macri, sosteniendo que implicaba una quita del 98,87% de la deuda y era “abusivo” y “perjudicial” para el Estado. Se basó en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.

En 2021, un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) -que depende de la Corte Suprema- confirmó en la causa penal contra Macri que en dicho pre-acuerdo, “en todas las alternativas y escenarios presentados, el porcentaje de quita estimado supera el 92%” de la deuda, sostuvo el dictamen.

Correo sostuvo en uno de sus últimos planteos que Socma tiene solvencia de sobra y que “se hará cargo de afrontar el pago” de sus deudas. “A pesar de dicha afirmación -afirmó la fiscal-, ni se ha incluido dicho compromiso en el texto de las propuestas ni en el expediente, ni surge de autos el modo en que Socma habría justificado su solvencia” para cumplir con los acreedores de Correo. 

A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

“Fraude a los acreedores”

Correo necesitaba conseguir el aval de una mayoría de acreedores fijada por la ley. Si lo hacía, podía acordar con ellos el pago de sus deudas, imponer al resto su propuesta y evitar la quiebra. Pero la legislación establece condiciones. Una de ellas es que sean apoyos o conformidades legítimas. Boquin planteó que unas 360 conformidades “habían sido otorgadas por apoderados y/o por cesionarios vinculados a tres estudios de abogados que se encontraban vinculados con la concursada y al menos dos de ellos poseían miembros de su estudio en el directorio de Correo Argentino SA”, entre ellos, el estudio que integró el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Es decir que, según la fiscalía, abogados vinculados a la empresa de los Macri compraron las deudas de unos 360 acreedores para manejar las mayoría en el concurso, forzar al resto de los acreedores a firmar un acuerdo y evitar la quiebra, en detrimento de los intereses de los acreedores reales, entre ellos, el Estado, según la investigación que Boquín replicó en el último dictamen.

Correo sostiene que las denuncias de manipulación de las mayorías no fueron probadas y que, con los apoyos a su última oferta de marzo de 2021, ha cumplido con las exigencias de la ley para concretar el salvataje y evitar la quiebra. Sin embargo, la fiscal sostuvo que la última oferta de la compañía a los acreedores (existieron once propuestas entre 2003 y 2021) “diciendo que ofrece el pago del ‘100%’ del crédito verificado en favor del Estado nacional” sería “muy inferior a la ofrecida en la novena y décima” ofertas, realizadas en 2018 y 2019, y las cuales ni siquiera fueron aceptadas por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación de la gestión de Macri, Bernardo Saravia Frías. El cálculo se basa en los tipos de tasa de interés, plazos de pago y otras cuestiones técnicas que explicó en el dictamen.

Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El banco salvador

Boquin también destacó que el salvataje de la compañía de los Macri fracasó por los “acuerdos espurios con el Meinl Bank” (ahora Anglo Austrian). Esta banca de Austria era un apoyo central para la familia del expresidente en el caso y un acreedor clave para evitar la quiebra, incluso más que el Estado nacional. En 2021, elDiarioAR publicó documentos y testimonios que demostraban que la entidad quebró en febrero de ese año y que la Justicia no podía incluirlo en el salvataje, según establece la ley.

El Meinl Bank, una entidad multada en Austria, investigado en Estados Unidos y sancionada en Europa por sus vínculos con el lavado de dinero y la corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra.

El 25 de febrero de 2021, el Tribunal de Comercio de Viena ordenó el cierre del banco, según publicó el sitio oficial de edictos judiciales de Austria. Correo había asegurado a este medio que el apoyo del banco estaba garantizado porque apoyó una oferta previa de la compañía en 2007. “Si el Meinl quebró, el poder (que le otorgó el banco a su representante para apoyar la propuesta de 2007) ya no es válido”, dijo el exapoderado del banco austríaco ante la consulta de elDiarioAR. Lo mismo determinó la jueza Cirulli y ratificó Boquin en este último dictamen.

Correo no remedió esta situación y pidió a la Justicia que avale un acuerdo que por ley estaba caído desde hacía más de diez años, pero que además se hacía imposible de ratificar porque el Meinl Bank ya no estaba en poder de sus representantes de 2007 sino a cargo de un liquidador impuesto por la corte en Viena.

Boquin sostuvo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, cuando decidió convertirse en acreedor comprando deudas a dos organismos de crédito y luego actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Macri. A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PricewaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria, según publicó La Nación. El informe dedica un capítulo a Socma y sostiene que Franco Macri habría estado detrás de su principal acreedor a través de una maniobra offshore, algo prohibido en la Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La caja de Correo

Correo siempre ha negado las acusaciones de supuesto vaciamiento. Los movimientos de fondos de sus cuentas bancarias son un punto central del dictamen que pide confirmar la quiebra de la compañía por los presuntos desmanejos de sus administradores. Boquin sostiene desde 2017 el presunto vaciamiento de la concursada por parte de Socma y Sideco. 

Entre los supuestos desmanejos de los administradores de Correo, la fiscal afirmó que en 2007, por ejemplo, Correo le pagó US$2,1 millones a Socma por acciones de la compañía automotriz Neficor, sin que Correo haya pedido autorización a la Justicia -al estar en concurso de acreedores sus movimientos financieros son controlados judicialmente- y sin haber percibido ninguna ganancia del negocio en los años posteriores a la adquisición, entre otras supuestas irregularidades.

En 2012, Correo también firmó un “convenio de prestación de servicios profesionales de asistencia, asesoramiento y locación de bienes y servicios” con Sideco Americana SA, otra compañía de los Macri. Así, se vio obligada “a abonar por dichas prestaciones un canon mensual por la suma de U$S18.000,00 más IVA”. Sin embargo, Correo no tenía ingresos ni actividad comercial y apenas tenía cuatro empleados. El dinero salía de las cuentas bancarias. “Tampoco solicitó la respectiva autorización judicial”, denunció la fiscal. La deuda a favor de Sideco ascendía en septiembre de 2019 a más de $60 millones, sin intereses.

Boquin también observó que durante años Correo pagó anticipos de honorarios a directores por una suma cercana a los $8 millones, infringiendo la ley, ya que la compañía daba pérdida. En gastos por asesoramiento legal concursal y pagos a consultoras y empresas de publicidad, ya estando en concurso y sin actividad, Correo gastó casi $27 millones. También adquirió deudas por más de $58 millones con Sideco y Socma, entre otras irregularidades detalladas en el dictamen.

La pelea con la Ciudad

En 2021, Correo solicitó a la Cámara Comercial que revoque la quiebra, pero, además, Socma viene reclamando que el expediente migre a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa ya obtuvo un fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial lo desestimó, entendiendo que debe seguir tramitando en la Justicia nacional. Lo mismo dictaminó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema.

Boquin entendió que “lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping”.

ED

Socma, empresa de la familia Macri, solicitó acudir ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal decida si la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia para meterse en el caso Correo Argentino SA, según el escrito al que accedió elDiarioAR. 

La compañía busca que la jueza comercial Marta Cirulli (del Poder Judicial de la Nación), quien decretó la quiebra de Correo este lunes, sea apartada de la causa. También apuestan a apartar a la fiscal general Gabriela Boquin, quien deberá dictaminar sobre la quiebra cuando el caso llegue a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

El pedido fue presentado el lunes 5 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, poco antes de las 15 horas. Ese mismo día, la jueza nacional que interviene en el caso decretó la quiebra. 

En el escrito presentado por los abogados de Socma, la principal accionista de Correo solicita que ante la “importancia institucional” el caso sea elevado a la Corte con “urgencia” para que el máximo tribunal dirima sobre el conflicto de competencia. 

Antecedentes

Dos tribunales se disputan el expediente Correo, una causa con incidencia directa en el futuro judicial y económico de la familia del expresidente. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se enfrenta, a pedido de Socma, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Como el tribunal de apelaciones nacional rechazó en 2020 desplazar del caso a Cirulli y Boquin, en febrero último Socma presentó un recurso de constitucionalidad ante la Justicia porteña, buscando un fallo favorable.

El tribunal porteño se declaró competente el 24 de junio para intervenir en la causa, se asumió como instancia superior de la Justicia Nacional y ordenó a la Cámara Nacional tratar el pedido de la compañía para apartar a la jueza Cirulli del caso, como informó elDiarioAR.

Siete días más tarde, el tribunal nacional desconoció la competencia del tribunal porteño, rechazó tener que acatar la orden de los supremos de la Ciudad y confirmó que su tribunal superior es únicamente la Corte Suprema de la Nación, según el fallo que informó este medio. 

Horas después, se dio a conocer un nuevo fallo del Tribunal Superior de la Ciudad, que subió aún más la tensión y volvió a declararse competente en el caso Correo: esta vez, ordenó a la Cámara Nacional tratar el apartamiento de la fiscal Boquin, a pedido de Socma.

Ahora, Socma pide ir ante la Corte, tribunal superior de ambas instancias (el tribunal porteño y la cámara comercial) para dirimir la contienda entre ambas instancias. El planteo debe ser analizado primero por el tribunal porteño para decidir si hace lugar a la solicitud, explicó una fuente de expediente.

Noticia en desarrollo.

ED/WC

A pesar de la quiebra de Correo Argentino SA, las declaraciones del propio Mauricio Macri y el anuncio del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de que pedirá la extensión de esa quiebra de la cabeza del Grupo Macri, la Justicia está lejos de alcanzar a los accionistas de Socma (Sociedades Macri) y en especial, a los hijos del expresidente, según explicó una fuente directa del expediente y un abogado especializado en Derecho Comercial y Concursal ajeno al caso. 

Socma es actualmente la principal accionista de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió elDiarioAR.

Un día antes de que la jueza Marta Cirulli decretara la quiebra de Correo, Macri se adelantó al fallo con una posición que ya ha manifestado en entrevistas y declaraciones públicas: “El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos”, escribió Macri este domingo en una carta que publicó en Facebook. “Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”, agregó en la misiva pública.

Sin embargo, los hijos de Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace tres años y medio, según corroboró este medio con la compañía.

Socma tiene actualmente cinco accionistas. Ninguno de ellos es el expresidente ni sus hijos. “El 22 de diciembre de 2017, Gianfranco Macri adquirió a Agustina A. Macri, a Gimena Macri y Francisco J. Macri, 62.001 acciones de Socma Americana SA representativas del 20% del capital social”, explicó Socma a elDiarioAR a través de un vocero de la compañía.

Luego de esa transacción, Gianfranco se convirtió en el accionista mayoritario de Socma, con el 40% de las acciones, ya que conservó su 20% y absorbió otro 20% de las acciones que habían sido del expresidente y que, a su vez, éste había cedido con anterioridad a sus tres hijos mayores de edad. 

El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos.

Mauricio Macri — Carta pública en Facebook.

El resto del paquete accionario se divide entre Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014. 

Los cinco hermanos Macri (Mauricio, Gianfranco, Sandra, Mariano y Florencia) quedaron como titulares de las acciones de Socma en 2009, luego de que Franco Macri, su padre y dueño de la compañía, dividió las acciones de su holding entre sus descendientes directos (a excepción de Alejandra, hija extramatrimonial). 

En 2009, Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cedió esas acciones a tres de sus hijos: Agustina, Jimena y Francisco, que se repartieron su parte del paquete accionario en porciones iguales (el 6,66% cada uno), según consta en actas de asamblea de años posteriores presentadas por Socma ante la IGJ.

De acuerdo a esa información, los hijos del expresidente sólo figuraron como accionistas de Socma entre 2009 y 2017, aunque el traspaso de sus acciones a Gianfranco no quedó registrado en los documentos presentados por la compañía en el organismo que controla a las sociedades comerciales.

Posibles alcances legales

¿Qué responsabilidad les cabría a sus hijos, como infiere el exmandatario, en el caso Correo? La jueza Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA en base a las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y ante la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según el fallo publicado este lunes en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

Además, los administradores y miembros del directorio de Correo tienen al menos tres frentes judiciales: el supuesto vaciamiento de la compañía, el presunto fraude a los acreedores del concurso y la causa penal por el pre-acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos en 2016, que le garantizaba a la compañía de los Macri el condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional, según el Ministerio Público Fiscal. Sólo el primero de esos expedientes podría llegar a fundamentar una extensión de quiebra a Socma, explicaron una fuente del expediente y el especialista en derecho comercial ante la consulta de elDiarioAR.

Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

Socma, Sideco y Correo comparten parte de sus ejecutivos y administradores. La fiscal Boquín denunció que durante 2016 los responsables del Correo migraron parte de sus fondos a Sideco a través del pago de alquileres “exorbitantes” en dólares, “gastos contables e informáticos”, cargas sociales de ejecutivos de otras compañías del grupo, entre otros movimientos de fondos, según un dictamen de abril de 2017. También hay en la mira aportes financieros y accionarios. Estas son algunas de las sospechas de posible “control abusivo” que podrían incidir en la extensión de la quiebra, explicaron las dos fuentes consultadas. En Correo, Socma y Sideco, los ejecutivos y abogados de las firmas niegan las acusaciones (tanto en sede judicial como ante los medios) y las enmarcan en la supuesta “persecución” contra Macri y su familia.

Las medidas ordenadas por la jueza Cirulli tras decretar la quiebra apuntan directamente a los miembros del directorio y administradores de Correo (inhibiciones, prohibición de salida del país) y a los bienes (escasos) de la compañía, pero no caen sobre la accionista (Socma) ni sobre los Macri, según consta en el fallo.

En las pocas actas de asamblea en la que se congregaron los accionistas de Socma entre 2009 y 2017 y entregaron a la IGJ, los hijos de Macri, al igual que el resto de los accionistas, aparecen representados por apoderados, quienes aprueban las decisiones del directorio y los balances contables. 

Mientras los hijos del expresidente eran accionistas, Mariano Macri inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, ante sospechas sobre el manejo irregular de la compañía por parte de su hermano Gianfranco, quien lidera la estrategia de los negocios familiares. Acusaciones que también han rechazado en Socma.

Cuando se originó un conflicto legal entre Mariano Macri y el resto de los accionistas, los tres descendientes del expresidente conformaron una mayoría junto a Gianfranco que neutralizó la postura de Mariano, según surge de los registros de estas reuniones entregados por la compañía a la IGJ (que no son la totalidad de ellos).

Un escenario lejano

La empresa Correo sostuvo en un comunicado que la decisión judicial es “por venganza e intereses políticos”. “Estoy interesado en recuperar los US$300 millones que el Correo le debe al Estado argentino”, dijo este martes el procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado. En una entrevista con El Destape Radio, Zannini afirmó: “Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando y vamos a ver qué hace el síndico, que tiene que hacer el informe para el 1° de noviembre”.

La extensión de la quiebra de una compañía alcanza a su controlante, en este caso, Socma, e implicaría desapoderar a la cabeza del grupo de sus activos. También podría extenderse a Sideco, que fue accionista y controlante de Correo en el pasado.

Ese acto (de venganza) lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA.

Mauricio Macri.

Sin embargo, según una fuente judicial del caso y un especialista en derecho comercial consultados se trata de un proceso sumamente complejo y extenso.

“Una eventual extensión de la quiebra del Correo sería a Socma, no a los accionistas. Este proceso lleva por lo menos cinco años y podría prolongarse hasta 20 años. Además, el Procurador del Tesoro tendría que demostrar que los accionistas y en particular los hijos de Macri tenían poder de decisión sobre la administración de Correo”, explicó una fuente con acceso directo al expediente.

“La adjudicación de responsabilidades en el artículo 162 de la Ley de Concursos y Quiebras es con respecto a los administradores, a los que toman decisiones”, agregó la fuente judicial. 

Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

“En teoría, podría ocurrir (que la extensión de quiebra alcance los bienes de los accionistas, con inhibiciones y otras medidas) pero hay muy pocos precedentes. En la historia de la Justicia comercial deben haber casos contados con los dedos de una mano”, explicó el abogado que enseña derecho comercial en una de las principales universidades del país y quien prefirió no ser nombrado debido a la sensibilidad del caso.

“La extensión de la quiebra pretende traer la mayor cantidad de activos para satisfacer los créditos de la compañía y dado que Correo tiene escasos bienes, es lógico que un acreedor busque llegar a los activos de la sociedad controlante”, explicó el abogado consultado. Socma tiene inversiones en dos compañías de comercialización de gas licuados; en una empresa que opera en la Central Hidroeléctrica Yacyretá; en una firma que gestiona residuos en Uruguay; en tres firmas del negocio automotriz con China; y en una agropecuaria, según el último balance a enero 2020 que presentó ante la IGJ.

Para poder extender la quiebra de Correo, Zannini y los acreedores que apuesten a este objetivo deberán demostrar “abuso de control” por parte de Socma. Las bases de esa acusación están en las denuncias y dictámenes de Boquin sobre el presunto vaciamiento de Correo, pero en sus escritos la fiscal nunca nombra ni imputa a los hijos de Macri, según surge de los escritos que constan en el expediente y que viene analizando este medio en la cobertura del caso. 

“El abuso de control implica que se van desviando recursos de una sociedad hacia otra del mismo grupo. Se la vacía y le crean pasivos. Es una hipótesis que hay acreditar con bastante rigurosidad”, afirmó el especialista en derecho comercial. “Las actas de asamblea en las que se reflejan las decisiones de los accionistas es un elemento a analizar en este sentido”, concluyó.

ED

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anticipó este martes que el Estado va a “solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma”, luego de que en las últimas horas la Justicia Comercial decretara la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri.

“Me pongo muy contento por la declaración de quiebra. Esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones”, dijo Zannini en declaraciones emitidas a El Destape Radio y agregó: “Yo simplemente estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”.

En ese marco, explicó que “ahora el síndico tiene que elaborar un informe con plazo para el 1 de noviembre de este año, y ahí aconsejar a la jueza la extensión de la quiebra a Socma”, y añadió: “Vamos a solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma”.

Este lunes, la Justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por finalizado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal “solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa”, pero “no abarcaba el valor actual de la misma”.

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas.

En su fallo, la jueza recordó que, de las seis firmas que se presentaron al salvataje, solo el propio Correo Argentino S.A. “mantuvo el interés de seguir con el trámite”, y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar.

En sus declaraciones de este martes, Zannini se refirió también a la carta publicada el domingo por el expresidente donde denunciaba que él y sus hijos eran “víctima de persecución política” por medio de un “acto” ejecutado “a través de Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini”.

“Yo he hablado poco para que Macri no aproveche para decir una persecución”, explicó hoy el procurador del Tesoro y agregó que “el caso Correo no termina acá” y que “hay que tener cuidado con el optimismo”.

En este sentido Zannini dijo que “no subestima” la “capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso” y recordó que el proceso de salvataje del Correo “empezó en marzo del 2010” y “pasaron 11 años hasta que ayer se decretó la quiebra”.

A su vez, dijo que tampoco “subestima” la “capacidad de Clarín para crear 'fake news'” y remarcó que “el rol de los medios en el caso Correo fue central”.

“Cuando Néstor toma la decisión de reestatizarlo en el 2003 los medios decían que le habían quitado el Correo a (Mauricio) Macri y no que Macri se lo había quitado a los argentinos”, ejemplificó.

“Con esas armas estamos enfrentando una situación muy compleja”, indicó Zannini.

Con información de agencias.

IG