El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este sábado la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi al equipo de asesores de la cartera económica.

Talvi es un economista con un extenso recorrido tanto en el ámbito académico como en la gestión pública. Nacido en Montevideo, desarrolló gran parte de su carrera como investigador y analista de políticas económicas, además de ocupar cargos relevantes en la política uruguaya. En 2019 fue electo senador por el Partido Colorado, desde donde lideró el sector Ciudadanos, y al año siguiente asumió como canciller de Uruguay.

Formado en la Universidad de la República, Ernesto Talvi completó posteriormente estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en Economía y un MBA en Finanzas, una de las instituciones más influyentes en la formación de economistas de orientación liberal.

Además de su actividad política, el economista se desempeña como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, un think tank dedicado al análisis de políticas públicas y la investigación económica.

Luis Caputo destacó su llegada al equipo económico al señalar que se trata de “un economista de extensa trayectoria y reputación”, cuya experiencia contribuirá a fortalecer el trabajo del ministerio. “Su visión será un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

La incorporación también fue celebrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien resaltó el perfil académico y técnico del economista uruguayo, al que definió como un destacado “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

El anuncio tuvo además la reacción del presidente Javier Milei, quien replicó la noticia en sus redes sociales con un breve mensaje en respaldo a la decisión del equipo económico.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo este miércoles aduciendo motivos personales por lo que desde la cartera que maneja Luis Caputo se movieron rápido para encontrar al reemplazante. Quien ocupará el cargo es el arquitecto Fernando Herrmann. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, desde Davos (Suiza), agradeció el compromiso y la labor desarrollada por el mendocino Luis Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría, según el comunicado publicado en la web del Palacio de Hacienda.

En su reemplazo, comunicaron desde la cartera, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien “cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector”.

Según su currículum, Fernando Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Miguel Ángel Calvete, acusado de ser el vínculo de las presuntas coimas de las droguerías al ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, no sólo tenía a su hija Ornella trabajando tanto en su red delictiva, según consta en sus cuadernos, como también en el Ministerio de Economía. Su hermana Susana Carmen Calvete también figura en su estructura de supuestos sobornos y a la vez es contratada del Palacio de Hacienda. Es más, hasta febrero pasado dependía de la Secretaría de Industria. A diferencia de su sobrina, que renunció tras conocerse el escándalo, la abogada Susana Calvete sigue en su cargo.

En total, cuatro de los mencionados en sus cuadernos por Miguel Calvete en su grupo apodado “Tuco” han sido funcionarios de la Secretaría de Coordinación de la Producción, a cargo de Pablo Lavigne dentro de Economía. Una es su hermana Susana. Otra es su hija Ornella, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Otro es su yerno, pareja de Ornella, y actual subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini. El cuarto es Mariano Gaibisso, asesor en la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a quien Lavigne le pidió la renuncia este jueves. Los cuatro aparecen en la extensa lista, fueron identificados por el diputado peronista Rodolfo Tailhade y sus contratos fueron confirmados por elDiarioAR.

En las huestes de Lavigne se intentaron desligar del caso: “A Cardini no lo puso él. Lo conocimos acá en diciembre de 2023. A Susana Calvete y a Gaibisso no los conoce. Ellos y Ornella reportaban a Cardini”. En el gobierno de Mauricio Macri, Lavigne había sido subsecretario de Facilitación del Comercio; y Gaibisso, director del programa El Mercado En Tu Barrio, de la Secretaría de Comercio. Patricia Canavesi, secretaria de Miguel Calvete e integrante de Tuco, también había trabajado en la Secretaría de Industria en el era Macri.

En aquel gobierno, Miguel Calvete era concejal de Cambiemos en el municipio de La Matanza. Fue en ese tiempo cuando la Justicia lo empezó a investigar por explotación sexual, dado que tenía una red de departamentos que funcionaban como prostíbulos. Su hermana Susana fue señalada en ese causa como la encargada de cobrar los alquileres. Él está preso ahora, no por la causa Andis, por la que hasta Spagnuolo sigue libre, sino por aquel caso.

La mala fama de Calvete tiene larga data. Así lo cuentan sus compañeros en los 90 del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), el partido del carapintada Aldo Rico, que se había levantado contra el gobierno de Raúl Alfonsín para frenar los juicios por los crímenes de la última dictadura.

Ya en ese entonces se desconfiaba de sus manejos. Por esas casualidades de la vida estaba en la esquina de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cuando la volaron en 1994. Y trabajó como asesor del concejal porteño del Modin Alejandro Montiel, que después de una noche con Calvete terminó extorsionado con fotos comprometedoras para votar a favor del menemismo. Montiel se negó y terminó divorciado.

También despertó recelos en los 2000 cuando se recicló como presidente de una de las dos cámaras empresariales en las que estaba dividido el supermercadismo chino. Por aquellos años llegó a comprarse los minimercados Eki, donde tuvo como empleado a Gaibisso. Por entonces supo cultivar buenos vínculos con la prensa y como tal aparecía en su rol de representante de los almaceneros asiáticos o más tarde como consultor de consumo masivo. Incluso algunos periodistas figuran en su listado Tuco.

Pero el nombre más comprometedor de los cuadernos de Calvete es que el resume con dos letras: KM. Un par de siglas que haría referencia a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, que según esos escritos y los presuntos audios de Spagnuolo se quedaría con el 3% de los supuestos sobornos.

AR/MC

La reunión de “mesa chica” de este martes no fue una más. Sin Javier Milei, que permaneció en la quinta de Olivos, esa instancia incluyó la participación del hombre que hoy fija las condiciones materiales de la política argentina: Luis “Toto” Caputo. Sin exposición pública pero con un peso creciente en el diseño del poder, el ministro de Economía se sumó para discutir, durante más de dos horas, el punto más delicado de la segunda etapa de gestión: la letra chica del Presupuesto 2026 y la ingeniería necesaria para conseguir los votos que todavía no están garantizados en el Congreso.

El encuentro ocurrió en uno de los salones del primer piso de Balcarce 50 y reunió a todos los que importan dentro del esquema libertario: desde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hasta el jefe de Gabinete Manuel Adorni, pasando por la todavía ministra Patricia Bullrich y el ministro del Interior Diego Santilli, además del asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Un dato no menor: según pudo saber elDiarioAR, la convocatoria al ministro de Economía no fue iniciativa de él, sino un pedido del círculo político, que necesitaba una señal concreta sobre los montos, prioridades y límites fiscales que ordenarán la negociación con gobernadores e interlocutores parlamentarios. “Podemos seguir hablando con todos, pero sin saber qué podemos prometer, el margen es ficticio”, confesaron cerca de uno de los asistentes. La frase sintetiza el clima de la reunión: sin caja, la política no se mueve.

Caputo llegó con una carpeta técnica y una serie de definiciones preliminares, todavía sin números cerrados. En la mesa se analizó qué se puede incluir en el proyecto definitivo del Presupuesto, qué demandas provinciales están fuera de discusión y qué margen real existe para destrabar la obra pública, la deuda previsional con las cajas no transferidas, el reparto de Aportes del Tesoros Nacional (ATN) y los pedidos de avales para financiamiento externo. A diferencia de las semanas anteriores —en las que Santilli y Adorni recibieron a gobernadores con la promesa de “evaluar caso por caso”—, esta vez el tono fue más crudo: el equilibrio fiscal es la frontera política del Gobierno.

Pero la discusión técnica se entrelaza con la planificación legislativa. Bullrich, futura jefa del bloque oficialista en el Senado, adelantó que la reforma laboral ingresará por la Cámara Alta entre el 10 y el 31 de diciembre, en un mes recortado por las fiestas y con Diputados discutiendo al mismo tiempo el Presupuesto 2026. Martín Menem presiona para tener cuanto antes los textos definitivos. “Para los consensos necesitamos los textos. Estamos esperándolos para trabajar armoniosamente con nuestra gente y los bloques de la oposición”, dijo a Radio Nacional al salir del encuentro. La frase expuso una tensión que ya se siente dentro del Gobierno: el tablero político se mueve más rápido que las demoras técnicas de Economía.

Toma y daca

La presión territorial es otro de los frentes abiertos. Desde que asumió como ministro del Interior —aún antes del decreto de designación formal— Santilli inició una ronda intensiva de reuniones con mandatarios provinciales. A todos les repitió el mismo mensaje: el Gobierno quiere “trabajar en armonía”, pero necesita que los gobernadores acompañen tanto el Presupuesto como las reformas “de segunda generación”.

En medio de esa dinámica, no pasó inadvertido el paso de Raúl Jalil por la Casa Rosada. El gobernador de Catamarca se reunió a solas con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, para avanzar en el punteo técnico del traspaso de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, un activo estratégico para su provincia. El encuentro coincidió con otro movimiento mayor: la inminente decisión de Jalil de retirar a sus cuatro diputados del bloque de Unión por la Patria para conformar una bancada propia, lo que reduciría la representación del peronismo a 92 legisladores y facilitaría el tránsito legislativo del Gobierno.

El propio Caputo dio muestra del orden de prioridades cuando, tras la reunión en Balcarce 50, regresó a su despacho del Ministerio de Economía para recibir al gobernador Ignacio Torres, con quien discutió el histórico reclamo por las retenciones al crudo. Torres volvió luego a Balcarce 50 para firmar un convenio con Santilli. El doble movimiento dejó en claro que el ministro de Economía no solo define el marco fiscal del Presupuesto, sino también la jerarquía de las negociaciones individuales con cada provincia.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a escalar la estrategia legislativa. En Diputados, la expectativa está puesta en la conformación de un interbloque integrado por legisladores vinculados a los gobernadores de Salta, Catamarca, Tucumán y Misiones, cuyo acompañamiento permitiría al oficialismo compensar la fragmentación del peronismo. En paralelo, Bullrich trabaja para ordenar un Senado donde La Libertad Avanza necesita, como mínimo, 17 votos extra para aprobar la reforma laboral.

La Casa Rosada transmite optimismo, pero el cuadro es más frágil de lo que admite públicamente. Las provincias vienen acumulando tensiones por la caída de la actividad, el recorte de giros discrecionales y el desplome del resultado fiscal consolidado. En el oficialismo insisten en que los gobernadores deben ajustarse “como se ajustó Nación”, pero el mapa territorial muestra realidades muy distintas: mientras Salta, San Luis y La Rioja lograron superávit en el último trimestre, provincias como Tierra del Fuego, Buenos Aires y Chubut terminaron con déficits de dos dígitos.

Esa heterogeneidad vuelve aún más delicada la discusión del Presupuesto. En los últimos días, un gobernador disparó la frase que recorre despachos oficiales. “No podemos votar un presupuesto sin saber qué fondos llegan. Si no hay plata, no hay reformas”, trascendió que dijo. La advertencia llegó a la mesa chica y explica, en parte, por qué se decidió involucrar a Caputo en la etapa final de redacción del proyecto.

El Gobierno busca convertir su victoria electoral en poder legislativo efectivo. Pero eso implica un delicado equilibrio entre el rigor fiscal que Milei promete a los mercados y las demandas políticas que le reclaman los gobernadores. Si el Presupuesto 2026 no incorpora incentivos concretos para las provincias, la aritmética parlamentaria que imagina La Libertad Avanza podría desvanecerse en cuestión de semanas.

Por eso, más allá del hermetismo y de la foto familiar libertaria, el mensaje que dejó la reunión de este martes fue más político que técnico: la discusión en torno a la “ley de leyes” será el verdadero test del mileísmo. Y la última palabra no la tiene el Ministerio del Interior. La tiene el Ministerio de Economía.

PL/MG

Nadie lo esperaba. En los borradores del oficialismo se mencionaban otros nombres, incluso un virtual “enroque” de Guillermo Francos, pero el de Pablo Quirno no aparecía en ninguna lista. Hasta hoy fue secretario de Finanzas y mano derecha de Luis “Toto” Caputo. Su nombramiento como flamante ministro, tras la salida del empresario Gerardo Werthein, reconfiguró el mapa del poder libertario: el Presidente no solo designó un nuevo canciller, sino que le entregó la política exterior al Ministerio de Economía.

En el Palacio San Martín la noticia se recibió con cierto desconcierto. “Una absorción por vía financiera”, murmuró un veterano diplomático al ser consultado por elDiarioAR. Entre algunos conocedores del paño, la interpretación fue inmediata: la Cancillería corre riesgo de dejar de ser un ministerio político para transformarse en una extensión de la mesa económica. “Ahora los cables se mandarán directamente a Wall Street, no a la ONU”, ironizó un embajador que conserva su cargo.

El desembarco de Quirno también parece reacomodar una parte de la interna libertaria: en la práctica, los dos Caputo, tío y sobrino, se reparten el poder. Werthein se fue denunciando la “diplomacia paralela” de Santiago Caputo durante el viaje a Estados Unidos, y no faltan los que especulan que la llegada del exdirector de JP Morgan habilitará a que esa estructura informal se vuelva cada vez más oficial. “Es la fusión de los Caputo”, dice un asesor con sarcasmo, para después rematar: “Toto tiene la caja, Santiago la lapicera”.

En el frente internacional, Quirno deberá sostener los vínculos con China sin alterar el alineamiento con Washington, una tarea compleja en medio de un déficit comercial que ya supera los US$ 4 mil millones y con Pekín como proveedor indispensable de insumos industriales. En su entorno anticipan una estrategia pragmática: mantener los canales económicos abiertos y dejar los gestos políticos en segundo plano.

¿JP Morgan al poder?

La jugada consagra algo más que una lealtad personal. Con la inclusión de Quirno, como escribió Alejandro Rebossio en este medio, ya son seis los exejecutivos del “glorioso JP Morgan” que ocupan lugares clave del gobierno: Caputo, José Luis Daza, Santiago Bausili, Vladimir Werning, Demian Reidel y ahora el nuevo canciller. Lo que nació como un equipo técnico se convirtió en una red de control institucional: Economía, Banco Central, YPF y ahora Relaciones Exteriores. Caputo acumula, de hecho, una triple corona —Hacienda, Finanzas y Cancillería—, en una arquitectura de poder que borra las fronteras entre la política y el mercado.

El comunicado oficial, redactado con épica libertaria, dejó pocas dudas sobre el sentido del movimiento. Quirno, se dijo, “profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía” y “consolidará la visión pro-mercado de la gestión”. Traducido: toda política exterior responderá al tablero financiero y a los tiempos del rescate.

La coincidencia temporal amplifica el mensaje. Mientras Milei confirmaba la designación, el CEO global del JP Morgan, Jamie Dimon, aterrizaba en Buenos Aires para reunirse con Caputo y definir los términos de un préstamo de US$ 20.000 millones, con garantía de la DFC, la agencia de desarrollo del gobierno estadounidense. El programa, presentado como un “canje de deuda por educación”, tiene la marca del Tesoro de Washington y refuerza la idea de una tutela norteamericana sobre la política económica y diplomática.

En la Casa Rosada nadie lo desmiente. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, monitorea la operación y, según fuentes del Ejecutivo, “respaldó” el ascenso de Quirno. En Economía aseguran que su designación “facilita la interlocución técnica con los bancos y evita malentendidos políticos”.

El resultado es una diplomacia del rescate. La jugada de Milei es riesgosa, pero coherente con su lógica: consolidar el poder de su ministro de Economía y poner la bandera libertaria sobre los escritorios de Wall Street. Si el resultado electoral del domingo acompaña, esa diplomacia financiera se convertirá en doctrina. Si no, Mauricio Macri podría volver a la mesa con sus nombres y condiciones, en medio de la reformulación del gabinete que el Presidente tiene en la cabeza.

PL/CRM

En un plazo de 5 días, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, deberá informar los términos en que el Gobierno argentino llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un crédito de 20 mil millones de dólares. Así lo resolvió el Juzgado Federal de Dolores a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, como representante de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), en conjunto con los abogados Leonel Bazan, y Diego R. Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según la decisión judicial, el Ministerio de Economía deberá presentar el expediente completo en el que se tramitó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 que el Gobierno envió en marzo al Congreso para autorizar el acuerdo de “facilidades extendidas” con el Fondo y así poder cancelar las deudas con el Banco Central y fortalecer las reservas.

La decisión del Ejecutivo de acordar con el FMI vía decreto fue cuestiónada no sólo por la oposición y distintos juristas que advirtieron que una medida de ese tipo entra en contradicción con Ley 27.612, que establece que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público requiere la autorización expresa del Parlamento. Además, el propio Mauricio Macri también cuestionó al Gobierno: “Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”, dijo entonces el expresidente.

Ahora, los jueces federales de Dolores, entendieron que además el decreto viola la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) y que el Ministerio buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado.

Según entendieron los jueces Maximiliano Chichizola y Martín Bava, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”, y cuestionaron los trámites burocráticos al que derivaron el pedio de información presentado por los abogados.

Para los jueces, el Ejecutivo tiene la obligación de “garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo”.

Pero además, los jueces de Dolores obligaron al Ejecutivo a pagar $1.667.358 más IVA y aportes previsionales abogados Verbic, Bazan y Morales, en concepto de honoarios.

En el fallo, los magistrados aclararon “que en nuestro sistema jurídico, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, ni que acredite poseer un derecho subjetivo o un interés legítimo”.

Según el Cels, la decision de los jueces reafirma así “que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI”.

Y remarca que la Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, es una norma especial y posterior y, por lo tanto, prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos. Además, el Tribunal consideró que la actitud del Ministerio va en contra del derecho a conocer información y repercture en la vida de la sociedad y cita a la propia Corte Suprema de Justicia que estableció que “el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

Según el máximo tribunal de justicia, “se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”. Ese derecho “corresponde a toda persona”.

El Gobierno Nacional decidió reestructurar siete organismos que calificó de “sobredimensionados e ineficientes”, con el objetivo de optimizar las funciones y recursos del Estado.

Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

“El Gobierno Nacional continúa trabajando para optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado. En este sentido, a partir de un Decreto que se publicará en las próximas horas, se determina la reestructuración de siete organismos sobredimensionados e ineficientes para cuidar el dinero de los contribuyentes”, señaló el Ministerio de Economía, en un comunicado.

Agregó que “la reestructuración de organismos ineficientes y programas superpuestos con otras agencias públicas permite avanzar en una organización administrativa más racional, que fortalezca el equilibrio fiscal, optimice el uso de los recursos disponibles y promueva una asignación del gasto eficiente y transparente”.

Los organismos que se reestructuran “tienen como característica una gestión de sus programas disociada de los objetivos macroeconómicos y en abierta competencia con el sector privado”.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

De acuerdo con el anuncio, se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, manteniendo la denominación de Instituto.

El organismo tiene una dotación de 2356 agentes y cuenta con un presupuesto anual de más de $85.600 millones. El INTI tiene más de 250 reparticiones, estructuradas en 6 niveles jerárquicos, equivalentes a un Ministerio, con áreas que supervisan hasta siete unidades funcionales inferiores.

En las gestiones anteriores, el organismo “había incrementado notablemente su planta de personal sin que ello se correspondiera con los servicios prestados”, argumentó Economía.

“A su vez, el INTI, ha ido incorporando tareas que, por su naturaleza, podrían ser prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público como oferente de servicios en condiciones de mercado mucho más ventajosas que un privado”, agregó.

Esta redefinición funcional permitirá “preservar y fortalecer el rol técnico esencial del INTI en materia de metrología, calidad, innovación e investigación y desarrollo para la mejora competitiva de la industria, para los cuales cuenta con técnicos de excelencia que han sostenido al Instituto a pesar de sus desmanejos administrativos y de personal”.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, para enfocarse en la innovación y la transferencia tecnológica y “dejar de sostener con recursos presupuestarios un organismo sobredimensionado y orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología”.

La dotación del INTA supera los 6.000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones.

“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, indicó el comunicado.

“Los altos niveles de ineficiencia detectados y la mala administración de los recursos públicos, hacen necesario repensar sus funciones y su organización para adecuarlas a los nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales”, señaló.

El carácter descentralizado del INTA “no se tradujo en una mayor eficacia institucional, sino que ha derivado en dificultades de supervisión estratégica, dispersión operativa y una débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional”.

El nuevo rol del INTA será el foco en la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos para profundizar la base científica dirigida a la producción agropecuaria y contribuir a la formación de nuevos productores agropecuarios altamente capacitados, interconectados a través de redes privadas.

Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)

Se disuelve la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME). Se transformará en una Dirección Nacional de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía para simplificar y redimensionar la estructura del Estado Nacional y eliminar organismos que “no han demostrado una contribución efectiva para los objetivos para los que fueron creados”.

El Gobierno informó que “la experiencia de ARICCAME demuestra que su sobredimensionamiento estructural, la superposición de funciones con otros organismos, la rigidez operativa derivada de su modelo de gobernanza y la dispersión de funciones y responsabilidades han dificultado la implementación de una política clara y efectiva en el sector”.

En la nueva estructura sin ARICCAME, la ANMAT recupera la regulación integral de la flor de cannabis y sus derivados con destino medicinal, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía regulará el cáñamo industrial, excluyendo la flor.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será competente en materia de semillas y propagación vegetal. Este nuevo esquema “permite una especialización por destino y riesgo sanitario, en línea con estándares internacionales, eliminando superposiciones institucionales y reduciendo costos”.

Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI)

Se disuelve el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Quedará en cabeza de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía las funciones previstas por la ley 27118.

Señaló que “el organismo fue creado en el 2022 con el objetivo de funcionar como una caja política que llegó a tener más de 900 contratados, otorgando beneficios a provincias políticamente afines. Con un presupuesto anual aproximado de $ 9.000 millones de los cuales casi el 90% se destinaba a sueldos. El INAFCI cuenta hoy con una dotación de personal de 105 agentes y un presupuesto anual aproximado de $2.749. millones”.

El fortalecimiento del sector agropecuario —incluida la agricultura familiar— “no debe sostenerse en esquemas clientelares ni en dependencias de subsidios o aparatos burocráticos, sino en reglas claras, estabilidad macroeconómica y acceso equitativo a los mercados”.

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Se disuelve el INASE como organismo descentralizado, con la transferencia de la totalidad de sus competencias esenciales a la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

El organismo cuenta con una dotación de personal de 233 agentes, y el presupuesto anual aproximado asignado supera los $20.000 millones.

“La existencia del INASE como un organismo autónomo para la regulación de semillas implica una fragmentación funcional dentro de la política agrícola nacional, considerando que sus competencias sustantivas pueden ser desarrolladas eficazmente por una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, en un esquema más integrado, técnicamente conducido y con mejor coordinación con el resto de las áreas involucradas en la producción y fiscalización de semillas. Esta modificación no afectará el derecho de Propiedad Intelectual de las semillas”.

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

Se transformará al INV en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la cual mantendrá la denominación del Instituto con el objetivo de garantizar la continuidad de la certificación vitivinícola en el ámbito del comercio exterior.

Actualmente cuenta con una dotación de 459 agentes y con un presupuesto anual superior a $12.120 millones.

El INV “ha desplegado una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones que afectan la competitividad de la industria, en especial de los pequeños productores”, según el comunicado oficial.

Se mantiene el proceso de certificación internacional valorado en los mercados de destino. El mismo será voluntario a pedido del productor.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

Se transformará al INPI en un ente desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial cuenta con una dotación de 362 agentes, cuyo presupuesto anual aproximado asciende a casi $8.500 millones.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), en su función de registro y protección de la propiedad industrial, “no requiere un grado de independencia que justifique su condición de organismo descentralizado”.

“Sus funciones pueden desarrollarse de manera igualmente eficiente como organismo desconcentrado, manteniendo la autonomía técnica necesaria para su gestión especializada, sin necesidad de contar con personería jurídica ni patrimonio propio”, concluyó el comunicado.

Con información de la agencia NA

Desde la sala de conferencias de la Casa Rosada, Luis Caputo formalizó este viernes el anuncio más esperado por los mercados: la Argentina iniciará una nueva etapa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según el ministro de Economía, permitirá “recapitalizar el Banco Central” y levantar, finalmente, el cepo cambiario. Fue una presentación extensa, en la que buscó reforzar el sentido político y técnico del entendimiento que implicará una primera transferencia inmediata de US$12.000 millones el martes próximo.

El programa tendrá una duración de cuatro años, con revisiones trimestrales de metas y 10 años de plazo de devolución del préstamo. La Argentina recibirá US$15.000 millones de desembolsos de “libre disponibilidad” en 2025.

Durante su alocución, Caputo desglosó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei en tres fases. “El programa económico que nosotros planteamos tiene tres etapas: la primera es terminar con el déficit fiscal; la segunda, terminar con el déficit cuasifiscal y la emisión monetaria; y la tercera, la recapitalización del Banco Central”, detalló.

En ese sentido, explicó que el nuevo acuerdo con el Fondo apunta a reforzar el balance de la autoridad monetaria. “¿Qué implica recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es otra cosa que la deuda que tiene el Banco con la gente, una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años”, sostuvo.

Caputo insistió en que ese saneamiento permitirá profundizar el proceso de desinflación, eje clave del relato oficial: “Lo que implica este acuerdo, esencialmente, es tener una moneda más sana”.

Pero el mayor anuncio fue otro. “A partir del lunes vamos a poder terminar con el cepo cambiario, ese cepo que tanto daño ha hecho, que se puso en 2019 y que tanto limita el funcionamiento de la economía”, dijo. En la lógica del Gobierno, la combinación de orden fiscal, desregulación y normalización cambiaria va a “generar la entrada de inversiones que hoy están pendientes de que Argentina pudiera terminar con estas restricciones”.

El titular del Palacio de Hacienda celebró los primeros síntomas de reactivación –“la economía creció en diciembre de 2024 un 6% interanual”, dijo– y proyectó una cadena de efectos virtuosos que, si se cumplen sus pronósticos, conducirán a una baja de impuestos. “Ese mayor superávit, en un Gobierno como el nuestro que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder revolverle cada vez más recursos al sector privado”, expresó.

En toda su exposición, sin embargo, Caputo no hizo mención alguna al dato de inflación de marzo que el Indec difundió apenas una hora antes: 3,7%, el número más alto desde agosto del año pasado y un golpe directo al ancla central del discurso oficial. La omisión fue leída como un intento de encapsular el anuncio en una narrativa de éxito y futuro, sin abrir flancos frente a una cifra que tensiona las expectativas.

Además, el ministro hizo un apartado emotivo. Agradeció a su equipo económico, al presidente Milei y a “todos los que están acompañando”. Aunque evitó dar definiciones políticas, dejó entrever que este nuevo pacto con el Fondo será el punto de inflexión para el plan libertario.

PL

La semana pasada, mientras la brecha cambiaria se ampliaba y las reservas netas perforaban los 26 mil millones de dólares, Luis Caputo apostó todo a un anuncio sin demasiado respaldo. Durante un encuentro en la Bolsa de Comercio, el ministro de Economía filtró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba por otorgar a la Argentina un crédito de 20 mil millones de dólares, desembolsado en una sola vez. La información no solo era inexacta: violaba un pacto tácito con el organismo que dirige Kristalina Georgieva que prohíbe divulgar detalles sensibles mientras las negociaciones están en curso.

La reacción en Washington fue inmediata. Al menos cinco directores del Board expresaron su malestar ante la directora gerente. Sin embargo, este lunes, fue la propia Georgieva la que dejó abierta una puerta: calificó como “razonable” el pedido del gobierno argentino para recibir un primer desembolso del 40% del nuevo acuerdo. “Se la han ganado, dado su desempeño”, dijo la titular del FMI en una entrevista con la agencia Reuters.

Se trató de la primera señal pública que moderó el tono tras varios días de tensión, aunque no implicó una definición formal ni resolvió la interna del organismo, donde las resistencias siguen firmes. Es que, la semana pasada, la portavoz Julie Kozack había salido a contradecir públicamente al ministro, recordando que el eventual programa se estructuraría en cuotas y que solo una parte del dinero podría destinarse a intervenir en los mercados.

El episodio encendió alarmas dentro y fuera del gobierno de Javier Milei. No faltaron voces internas que admitieron que la estrategia de Caputo fue improvisada y riesgosa, pero explican que estuvo motivada por una urgencia real: la falta de divisas ya compromete la estabilidad del programa económico. En apenas diez días, el Banco Central vendió más de 1600 millones de dólares, en un contexto en el que el agro apenas liquidó 150 millones diarios. El viernes 28 de marzo, el Central cerró con un saldo negativo de casi 350 millones. La lógica del crawling peg y el dólar planchado, que durante semanas sostuvo la expectativa oficial, empieza a mostrar sus límites.

Las últimas declaraciones públicas del ministro tampoco ayudaron. En una entrevista televisiva en LN+, este domingo por la noche, Caputo negó que el Gobierno esté interviniendo para sostener el tipo de cambio y responsabilizó a la oposición y a los medios por generar incertidumbre. “Esto provoca que haya sectores que especulan”, afirmó. A su juicio, “las reservas que se van a perder hoy se van a recuperar en los próximos días” y “este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad, pero no cimbronazos”.

Por ahora, Caputo se esfuerza por transmitir tranquilidad, incluso mientras admite que los exportadores están reteniendo a la espera de una mejora del tipo de cambio. “Ante la duda, unos importadores aceleran importaciones y los exportadores retienen”, explicó. ¿Serán ciertos los rumores de que desde Hacienda activaron llamados directos a las cerealeras para que empiecen a liquidar, una gestión que habría encabezado el secretario de Finanzas Pablo Quirno? En el sector agroexportador, sin embargo, hay malestar por el 25% de retenciones y la percepción de que el dólar está atrasado.

Es que, lejos de calmar el ánimo, la mención de Caputo a un eventual cambio de régimen hacia un esquema de flotación reactivó las dudas. Según versiones que circulan en despachos oficiales, el FMI podría exigir una banda entre 1300 y 1600 pesos. De confirmarse, implicaría una devaluación de hasta el 50%. ¿Está dispuesto el Gobierno a asumir ese costo político en pleno año electoral?

La intención de Caputo es evitar a toda costa que, de concretarse, la primera cuota del préstamo acordado sea de entre 2000 y 3000 millones de dólares. Por eso, la insinuación de Georgieva acerca de un posible primer desembolso de 8000 millones trajo cierta tranquilidad. Podría suceder en mayo, mientras que otro tramo similar recién llegaría para después de las elecciones legislativas, condicionado a una devaluación. Un monto de libre disponibilidad real que sería, en el mejor de los casos, de 5000 a 6000 millones.

Ruidos internos

En paralelo, el margen político del ministro se angosta. La filtración del monto del préstamo no solo tensó la relación con Washington: también reavivó la interna en el gabinete económico. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, juega su ficha. Según trascendió, lejos de ocultar sus diferencias con Caputo, en reuniones con Milei planteó que el esquema de tipo de cambio atrasado y represión financiera no es sostenible. Propone levantar el cepo cuanto antes y avanzar hacia una nueva etapa del plan. En las últimas semanas se dejó ver en foros internacionales, incluido uno del FMI, donde hasta compartió foto con Georgieva, quien acaba de se presentado como flamante miembro de su Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento.

Los resquemores entre Caputo y Sturzenegger son conocidos y de larga data. Fue “Toto” quien reemplazó al flamante ministro en 2018 cuando el expresidente Mauricio Macri lo expulsó del Banco Central. Para el hasta hoy asesor económico del Presidente, el actual ministro de Economía fue uno de los responsables de haber modificado las metas inflacionarias, en diciembre de 2017, que muchos identifican como el comienzo del fin del plan económico de Cambiemos. Dato de color: Milei fue otro de los mayores críticos de esa jugada.

Ahora, con roles invertidos pero viejas heridas a flor de piel, la historia parece reescribirse con el mismo telón de fondo: el FMI. Mientras Caputo parece bailar en la cuerda floja, Sturzenegger gana volumen como alternativa técnica. Pero no todo depende del Gobierno. En Washington, también se acumulan dudas.

La carta firmada por senadores de Unión por la Patria, en la que advierten que podrían desconocer un nuevo acuerdo si no pasa por el Congreso, fue leída en el Fondo como un signo de fragilidad política. Poco parece importar la reciente ratificación del DNU que habilita a Milei a cerrar cualquier tipo de pacto con el organismo: la posibilidad de que el próximo gobierno cuestione el programa financiero vuelve más difícil justificar, para los equipos técnicos de Georgieva, un nuevo crédito excepcional. La estabilidad institucional, o su ausencia, también cotiza.

Pero puertas adentro del Fondo también hay debates. Mientras el staff técnico —alineado con el Tesoro de Estados Unidos, que reporta a Donald Trump— busca sostener políticamente a Milei, el Board mantiene la cautela. Es la instancia en la que tienen voz los países con mayor peso dentro del organismo, como Francia o Japón. El recuerdo del fracaso del programa con Macri, que comenzó con un crédito récord y terminó en colapso, todavía pesa en las discusiones. El antecedente está demasiado fresco como para volver a apostar sin garantías. Y esta vez, nadie quiere ser el que se equivoque.

PL/JJD

El Gobierno oficializó el pase a disponibilidad de 150 empleados de planta permanente del Ministerio de Economía, tras la disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, mediante la Resolución 10/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa estableció que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, perteneciente al área recientemente eliminada, quede en situación de disponibilidad, por un plazo que, dependiendo el caso, es de 6 meses, 9 meses o un año.

Además, se resolvió limitar “toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal de la citada ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, desde el dictado de la presente medida”.

La decisión se da en el marco de la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dispuesta por medio del Decreto 3/2025, en el comienzo del año. En dicha norma se había estipulado que el personal quedaría sujeto a las previsiones de lo dispuesto en el régimen de disponibilidad, lo que se confirma este 16 de enero.

Al respecto, el texto oficial que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, recordó que en el Decreto 1421/02 “se establecen las previsiones a las que se ajustará el régimen de disponibilidad aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad afectado por medidas de reestructuración o reducción de dotación óptima necesaria”.

En esa línea, agregó que la ley 25.164 determina que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta 12 meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Asimismo, precisó que el régimen de personal en situación de disponibilidad aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad y afectado por medidas de reestructuración o de reducción de dotación óptima necesaria fue aprobado durante agosto pasado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La medida profundiza el recorte del empleo público que viene llevando a cabo el gobierno de Javier Milei desde su comienzo, en pos de achicar el gasto del Estado. Entre diciembre de 2023 y noviembre pasado, unos 35.936 empleados públicos perdieron su trabajo en la administración nacional. 

En esta semana, el pase a disponibilidad de 150 trabajadores de Economía se suma a la no renovación de 1.400 contratos en el Ministerio de Salud, lo que fue celebrado por el presidente en sus redes sociales al expresar: “Sigue la motosierra. Viva la libertad carajo”.

Con información de NA.

IG

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una reforma integral del sistema antidumping, con el objetivo de reducir los abusos que, según explicó, “encarecen productos para los consumidores e insumos para la industria”. “Los derechos antidumping son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales. En la Argentina, estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores”, señaló el funcionario de Javier Milei.

El nuevo esquema, según Caputo, establece que las investigaciones previas a la aplicación de medidas antidumping tendrán un plazo máximo de 8 meses, en lugar de los 12 meses anteriores. Además, las medidas tendrán una duración máxima de 3 años, con una única posibilidad de extensión por 2 años más, reemplazando el sistema actual de renovaciones ilimitadas.

Caputo puso ejemplos concretos para ilustrar el impacto negativo en los precios de las actuales medidas antidumping:

La reforma incluye la participación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que contribuirán a que las decisiones consideren tanto el interés público como el de los consumidores. Para Caputo, la medida va a “fomentar la competencia, restituir la función original de los derechos antidumping y buscar un comercio exterior más transparente y equilibrado”.

JJD

La investigación de una millonaria contratación de un servicio de catering derivó en la desvinculación de sus cargos de dos máximos funcionarios de la Junta de Seguridad del Transporte (JST), según confirmaron hoy desde la Secretaría de Transporte de la Nación.

“Debido a la contratación de un servicio de catering por 13 millones de pesos y de diversas irregularidades detectadas sobre la Junta de Seguridad en el Transporte, hemos decidido desvincular al titular de la JST Julián Obaid y al Director de Relaciones Institucionales, Hilario Lagos, responsables de este gasto no autorizado”, señaló hoy el Secretario de Transporte, Franco Mogetta a través de su cuenta en la red social X.

Mogetta indicó que, “a su vez, se enviará desde la Secretaría de Transporte un equipo de seguimiento de gestión para analizar minuciosamente cada una de estas irregularidades y para auditar internamente cada peso que entró y salió del organismo”.

“En línea con el ministro de Economía, Luis Caputo y el Presidente de la Nación, Javier Milei, no vamos tolerar que se utilicen recursos públicos para beneficio de la clase política”, concluye afirmando el funcionario.

A los funcionarios desvinculados se les acusa de haber contratado “servicios de catering por un monto superior a 13 millones de pesos, que el organismo realizó entre el mes de mayo y septiembre del corriente año sin autorización de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y a raíz de otras irregularidades detectadas que ya están siendo investigadas”, según el comunicado de Transporte.

En la comunicación enfatizaron que “no se va a tolerar que desde ningún organismo se realicen gastos en cuestiones que no son prioritarias y que representan un despilfarro de los recursos de todos los argentinos”.

Y remarcaron que “los sucesos encontrados serán investigados y los funcionarios serán apartados de su función pública. De ser necesario, se tomarán las acciones judiciales correspondientes con los responsables”.

Vinos premium y quesos gourmet

Según las pesquisas, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) gastó más de 10 millones de pesos en servicios de catering de lujo para una serie de eventos.

Entre los productos incluidos en el contrato se destacan vinos de primera marca y una selección de quesos gourmet.El objeto de la contratación fue la provisión de servicios de catering para eventos de alto nivel, que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 2024. 

El lujoso menú contratado para conferencias y reuniones incluyó:

- Coffee Breaks: Infusiones de primeras marcas, medialunas, pastelería, frutas de estación y sándwiches.

- Almuerzos: Pizza party, empanadas, ensaladas, y bandejeo de mini brochettes, cazuelas y bruschettas.

- Lunch para la tarde/noche: Estilo parrillada argentina con empanadas de carne fritas, chorizo, mollejas y sándwiches de vacío, acompañados de una selección de vinos de alta gama.

- Opciones dulces: Pinchos de postre vigilante (dulce de batata y queso) y budín de pan.

Las empresas oferentes presentaron propuestas con variaciones significativas de precio. Sin embargo, Señal de Ajuste S.R.L. fue la adjudicataria del contrato inicial por un monto de $9.955.000, que luego fue ampliado en $3.197.250, alcanzando un total superior a los $13 millones de pesos.

Estas fueron las principales propuestas presentadas:

1. Hernan Javier Fiorini – $2.240.000

2. Sergio Alejandro Durán – $14.440.000

3. Servicios en Gastronomía SRL – $14.050.000

4. Tuko SRL – $16.900.550

5. SMARTY GROUP SRL – $5.887.475

6. Gran Yantar Catering SAS – $11.850.000

7. FRANZOC SAS – $13.220.000

8. Señal de Ajuste S.R.L. – $9.955.000 (ganadora)

¿Qué es la Junta de Seguridad en el Transporte?

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Economía. Su función principal es la investigación de accidentes e incidentes de transporte, la emisión de recomendaciones de seguridad y el control de las medidas implementadas. Para 2023, la JST contaba con un presupuesto de $579.900.000, cifra que fue utilizada para diversos servicios, incluidos estos lujosos eventos.

DM con información de agencia NA

El Ministerio de Economía anunció que próximamente se encontrará disponible un canal de streaming oficial. Este nuevo canal podría ser una vía directa para informar sobre las políticas económicas, novedades, y actividades de la secretaría del Estado. 

El anuncio fue realizado a través de una publicación de X (ex Twitter) desde la cuenta oficial del Ministerio de Economía de una forma breve y casi formal: “Próximamente streaming del Ministerio de Economía”.

Poco después, fue citado por el ministro Luis Caputo en la misma red social. En su mensaje, Caputo podría haber adelantado su posible rol como cara visible de esta nueva iniciativa. No obstante, se limitó a expresar: “Se viene el halcón??” lo que algunos interpretaron como un indicio de la modernización que enfrentará la comunicación de Ministerio. 

Por ahora, no hay mucha más información al respecto sobre por dónde se transmitirá, cuál será el horario o quiénes conformarán el proyecto, pero se espera que muy pronto se aclaren los detalles.

La iniciativa generó expectativas y polémica en torno a cómo esta herramienta podrá contribuir a una mejor comprensión de las políticas económicas y si la misma será un diálogo más abierto entre el Gobierno y la ciudadanía, ya que este formato, que en su momento fue disruptivo, hoy es uno de los más hegemónicos dentro de las audiencias más jóvenes. 

CRM con información de la agencia NA

Luego de la foto con los 18 gobernadores que firmaron el Acta de Mayo en Tucumán, Javier Milei busca ahora terminar de encarar la tan anunciada “fase 2” de su gestión. Con la ley Bases aprobada y el reciente nombramiento de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en Casa Rosada intentan demostrar que la intención es traducir en acciones concretas los diez puntos firmados el 9 de Julio. Para eso, formalizaron el denominado Consejo de Mayo, un órgano cuyo objetivo será el de trabajar en la creación de distintos proyectos de ley.

Los mandatarios provinciales estaban a la espera del decreto, que finalmente salió publicado en el Boletín Oficial este miércoles. “Saldrá cuando tenga que salir”, habían deslizado ayer, sin demasiadas precisiones, desde el entorno presidencial a elDiarioAR. Al igual que el resto de los decretos importantes, la redacción del texto está a cargo de María Ibarzábal Murphy, designada en abril como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, un área que depende de la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei. En la práctica, sin embargo, reporta directamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

La idea del oficialismo es que el Consejo de Mayo trabaje en proyectos de ley que materialicen los principios adoptados en la mentada acta. Explican que será una “una suerte de ente que empuje las reformas estructurales” y aspiran a que sean los propios miembros quienes regulen su funcionamiento: podría adoptar la dinámica de convocar de forma semanal a sus integrantes, preferentemente en Casa Rosada, y duraría “el tiempo que se necesario”, según apuntaron desde el Gobierno.

Reuniones con empresarios y CGT

De acuerdo a lo anunciado por el propio Milei, el Consejo estará conformado por un representante del oficialismo, uno gremial, uno de las provincias, uno del empresariado, uno del Senado y otro de Diputados. En La Libertad Avanza aclaran que cada sector deberá definir internamente a sus representantes y coinciden en que el candidato natural para representar al Poder Ejecutivo es Guillermo Francos.

En las últimas semanas, ya perfilado para ese nuevo puesto, el jefe de Gabinete comenzó a participar más asiduamente de encuentros con figuras del sector empresario. Sin ir más lejos, este martes compartió un cónclave con hombres de negocios en el Palacio Duhau, el mismo que iba a realizarse el miércoles pasado, pero que tuvo que reprogramarse “por cuestiones de agenda”.

La reunión en cuestión, que tuvo lugar en el barrio porteño de Retiro, fue solicitada por la Asociación Empresarial Argentina (AEA) y que apoyó activamente los proyectos que el Gobierno envió al Congreso. Más recientemente, la entidad que lidera Jaime Campos, figura que suena como posible integrante del Consejo, también respaldó fuertemente la firma del Pacto de Mayo. A través de un comunicado, calificaron como “una decisión de gran relevancia” para “abordar cuestiones que han obstaculizado por años el desarrollo de nuestro país”.

Otro sector que el Gobierno quiere tentar es el gremial. La CGT no participó del acto en Tucumán, pero en el Gobierno igualmente se muestran confiados en que podrán sentarlos en la mesa del Consejo. En ese sentido, ayer el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibió a la CGT en la sede de la cartera sobre la avenida Alem 650, en lo que representó el primer encuentro oficial entre el Gobierno y los sindicalistas después del paro general del 9 de mayo pasado. Durante la reunión, Cordero escenificó su sintonía con algunos dirigentes, como Gerardo Martínez (Uocra) y Carlos Pérez (Comercio).

La invitación había sido cursada oficialmente el viernes bajo la consigna “Primer encuentro del Diálogo Social”, aunque también responde al pedido de audiencia que en los días previos había formulado la CGT como forma de aplacar la adopción de nuevas medidas de fuerza. Así como estiman que Francos es el “candidato natural” a presidir el Consejo de Mayo, en Casa Rosada creen que el representante del sector empresario “debería salir del Grupo de los Seis” y, por el lado de los gremios, consideran que podría ser el mencionado Martínez.

Pero el decreto de creación del Consejo de Mayo no será el único que podría llegar en las próximas horas. El Gobierno emitirá otro a través del cual se buscará reestructurar el organigrama del Estado. Según pudo saber elDiarioAR, la idea no es tocar nombres propios sino descentralizar aún más el área de Jefatura de Gabinete. Sobre este último punto, fuentes de diálogo directo con el Presidente explicaron que las empresas públicas que Milei busca privatizar volverán en su mayoría a la órbita de Economía. “Algunas quedarán en Jefatura, como por ejemplo AySA, en otros casos como Correo Argentino, todavía no está definido”, explicaron.

PL/MG

El ministro Luis Caputo consolida su poder al interior del Ministerio de Economía. La eyección de Fernando Vilella de su cargo al frente de la ahora ex Secretaría de Bioeconomía, área que volverá a su tradicional denominación de Agricultura, Ganadería y Pesca, tuvo como principal finalidad estrechar todavía más el vínculo de la cartera económica con el campo, en tiempos en que los dólares lejos están de sobrar. Su reemplazante será Sergio Iraeta, hasta ayer subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, un hombre de plena confianza de quien ejerce en la práctica el rol de “viceministro” de “Toto”: su actual secretario Coordinador de Producción, Juan Pazo.

El ascenso de Iraeta en el esquema ministerial implica el final de un proceso que comenzó en febrero pasado, cuando Caputo decidió intervenir a través de Pazo el área que rige el ida y vuelta del gobierno de Javier Milei con el sector agropecuario. Lo designó en ese momento como secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, una cartera que en diciembre había comenzado llamándose Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Pazo está rodeado de conflictos de intereses, tal como reveló una investigación de elDiarioAR. Fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras, y fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. No es un dato menor que mantenga lazos familiares con el flamante secretario Iraeta, que también se desempeña como productor ganadero. Domingo Iraeta, hermano del funcionario, está casado con Dolores Helguera, hermana de Josefina Helguera, la esposa de Pazo y reconocida empresaria del rubro textil, cofundadora de la marca Rapsodia.

No es la primera vez que Pazo ostenta un cargo en la función pública. Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Mauricio Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Pazo es del entorno de Caputo y tiene vínculos directos con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, y con Mariano Federici, ex titular de la UIF de Macri. Su empresa Invernea está muy bien conectada con el actual gabinete: Bausili fue su asesor financiero y un hijo de Caputo es el encargado de Administración y Finanzas. Además, como si eso fuera poco, un hijo del ahora secretario Iraeta, Estanislao, figura como el encargado de Operaciones Ganaderas de la empresa.

Final anunciado

Vilella había regresado de un viaje por China, Japón y Corea esta semana, pero de inmediato fue desplazado de su puesto. La decisión estaba tomada hace días. Se postergó para evitar el papelón de suspender la gira asiática del ahora malhadado exsecretario, que había llegado al Gobierno de la mano del exjefe de Gabinete Nicolás Posse. “Tal vez Fernando no podía alinear algunos objetivos con los que tenía el ministerio, y simplemente se busca eso: que cada funcionario esté alineado con los objetivos centrales que tenemos”, justificó este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina, en la que también indicó que “lo que se busca” con la elección de Iraeta “es tener más cercanía todavía con los productores”.

Desde principios de año que Caputo delegó en Pazo la coordinación del área con el objetivo de controlar lo máximo posible su dinámica, clave en la relación con el sector de la economía que mayor cantidad de dólares genera. Ahora, el ingreso de Iraeta marca el definitivo alineamiento con el programa económico de “Toto” y despeja cualquier atisbo de autonomía que podía persistir. Pese a que Vilella hace tiempo que había resignado tener mayor injerencia en las decisiones cotidianas, a partir de ahora ya no quedan riesgos de que dentro de la cartera haya voces disidentes de lo que pueda definir el ministro.

En los últimos tiempos, fueron las propias entidades agropecuarias las que incluso comenzaron a ver de reojo a Vilella. Según pudo saber elDiarioAR, durante una reunión que mantuvo Caputo con dirigentes de la Sociedad Rural la semana pasada en el Ministerio de Economía, el titular de la entidad, Nicolás Pino, le deslizó al ministro Caputo su malestar con la noción de bioeconomía, la misma que rigió hasta este miércoles los principales lineamientos de la secretaría que ahora encabezará Iraeta. El pedido de Pino fue, básicamente, que el área recuperara su nombre original.

Pero la relación con el campo no fue el único problema con el que debió lidiar Vilella. Hace meses que el ejército de trolls que tiene base en el Salón de los Próceres en Casa Rosada lo había puesto como blanco de sus ataques virtuales. Sin ir más lejos, Daniel Parisini, mejor conocido como @GordoDan, comenzó a hostigarlo luego de que el ahora exfuncionario le diera “me gusta” a un posteo del senador radical Martín Lousteau en el que criticaba la falta de acción del Gobierno ante la epidemia de dengue. “@vilellafer a partir de mañana no te quiero ver más en tu puesto de trabajo”, fue el mensaje enviado en marzo, que luego se replicó en otras publicaciones. Luego se supo que el propio Vilella se comunicó con el vocero Manuel Adorni para disculparse por lo sucedido, en un intento por evitar una eventual represalia.

Fueron varios movimientos en la estructura del Ministerio de Economía que paulatinamente le restaron capacidad de maniobra a Vilella. De hecho, el primero en degradar el otrora Ministerio de Agricultura a secretaría fue el Frente de Todos, en septiembre de 2022, por decisión del exministro de Economía Sergio Massa. Una vez en el poder, Milei fue un paso más allá y decidió modificarle el nombre a Bioeconomía. En febrero, Caputo designó a Pazo como virtual “interventor” del área y preparó el terreno para, cinco meses más tarde, colocar a un Iraeta al frente de la secretaría que hasta este miércoles encabezaba Vilella, ya completamente subordinada a los lineamientos de la cúpula ministerial.

PL/MG

Finalmente, luego de varias idas y vueltas, el Gobierno confirmó en la madrugada de este viernes el desembarco formal a las filas libertarias de Federico Sturzenegger. El extitular del Banco Central supo que asumirá en el cargo de Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, un área que, tal como indica su nombre, se dedicará a llevar adelante las tareas de “modernización del Estado y la desregulación económica”, según apuntan en el oficialismo, una función similar a la cartera que ocupó Andrés Ibarra durante el gobierno de Cambiemos.

El nombramiento se hizo oficial poco después de la medianoche, cuando fue publicado el decreto presidencial en el Boletín Oficial.

Según supo elDiarioAR, hace varios días que el economista venía reuniéndose con distintos funcionarios del Gobierno para delimitar sus eventuales funciones. Había sido el propio Presidente el que le prometió a Sturzenegger un lugar en el gabinete reestructurado tras la salida de Nicolás Posse y el ascenso de Guillermo Francos, que pasó de encabezar el Ministerio del Interior a llevar las riendas de la Jefatura de Gabinete.

A lo largo de las últimas semanas, en Balcarce 50 no descartaban la posibilidad de que Sturzenegger encabezara una secretaría que dependiera de Presidencia. Sin embargo, primó la opción de crear un ministerio ad hoc para el “coloso”, como define Milei al ideólogo de la ley Bases y del mega-DNU, a quien en más de una oportunidad lo destacó en su tarea.

Lo cierto es que el ingreso de Sturzenegger al gabinete es una prueba de fuego para el ministro de Economía, Luis Caputo. Los resquemores históricos entre ambos son conocidos. Fue “Toto” quien lo reemplazó en su cargo al frente del Banco Central en 2018 cuando el expresidente Mauricio Macri lo expulsó del Gobierno. Por aquellos años, Sturzenegger le endilgaba a Caputo ser uno de los responsables de haber modificado las metas inflacionarias, en diciembre de 2017, que muchos identifican como el comienzo del fin del plan económico de Cambiemos. Dato de color: Milei fue otro de los mayores críticos de esa jugada.

Desde la asunción misma de Milei al frente de la presidencia, Sturzenegger supo marcar la cancha con su impronta. A pesar de no tener ningún cargo en el Estado, apareció en pantalla hasta en la cadena nacional en la que el presidente anunció el DNU de desregulación económica. Se trataba, sin ir más lejos, de un texto de su autoría, pensado originalmente para un eventual gobierno de Patricia Bullrich y confeccionado a partir del asesoramiento de un grupo de abogados y de aportes que le formularon algunas cámaras empresariales con intereses afines, según reveló en este diario Alejandro Rebossio.

Sin embargo, qué rango y atribuciones otorgarle al área que comandaría Sturzenegger había sido uno de los principales desvelos del asesor presidencial Santiago Caputo. Es que en la mesa chica libertaria no dejaban de ver con desconfianza que quede en manos del economista la política de privatizaciones. Por eso, Caputo se aseguró de ocupar con un hombre de su confianza la estratégica Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado. Todo indicaría que allí designará al abogado mendocino Diego Chaher, que tendrá la responsabilidad de definir un plan para las empresas públicas.

PL/JJD

Los precios de los alimentos y bebidas no habrían tenido variaciones durante la tercera semana de junio, al registrar una inflación del 0%, según reveló un estudio de la consultora Econométrica.

La medición realizada se centró en el estudio de 8.000 precios de supermercados online y registró que los valores de la categoría se mantuvieron iguales en la semana pasada respecto a los 7 días previos, algo que no sucedía hace 30 años.

El informe detalló que el rubro alimentos y bebidas tuvo un aumento del 0,1% en los últimos quince días, al exhibir una suba de una décima en la segunda semana del sexto mes del año y no registrar variaciones (0,0%) en la tercera semana.

En cuanto al dato de la primera semana, el reporte reflejó que el costo de la categoría trepó un 1,2%. De esta manera, la consultora estimó que la inflación del mes en alimentos y bebidas alcanza el 2,4%, a falta de una semana para que finalice.

En este sentido, durante el mes pasado, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se desaceleraron respecto de abril, al caer del 6% al 4,8%, mientras que los de las bebidas alcohólicas y tabaco, treparon un 6,7%, según el INDEC. Ambas categorías se ubicaron por encima del IPC general que fue del 4,2%.

En lo que va del año, los alimentos y bebidas acumulan una suba del 65,6%, mientras que las bebidas alcohólicas y tabaco se encarecieron un 80% en los primeros cinco meses del año, de acuerdo a la medición oficial del INDEC.

En la variación interanual, en tanto, los alimentos y bebidas registraron en mayo un aumento de los precios del 289,4% a nivel nacional. En el caso de las bebidas alcohólicas y el tabaco, la inflación del quinto mes del año frente a la del mismo mes de 2023 fue del 266,3%.

DM con información de agencia NA

A dos meses de asumir, el presidente Javier Milei decidió eliminar el Ministerio de Infraestructura, que condujo Guillermo Ferraro hasta fines de enero, cuando fue desplazado del cargo tras ser acusado de filtrar declaraciones del líder libertario durante una reunión de gabinete. Con la resolución gubernamental, ahora las tareas de la cartera serán absorbidas por el Palacio de Hacienda a cargo de Luis Caputo.

“Los compromisos y obligaciones asumidos por el Ministerio de Infraestructura estarán a cargo del Ministerio de Economía, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se apruebe la estructura organizativa del citado Ministerio de Economía”, establece al decreto 195/2024 del Gobierno Nacional.

De igual modo, en su artículo 5, el decreto prevé una modificación del artículo 20 de la Ley de Ministerios. Con la reforma, ahora el Palacio de Hacienda podrá tomar decisiones vinculadas a la “elaboración de las políticas en materia de obras públicas e infraestructura, a la política hídrica nacional, al transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo, a la actividad vial, a la política de desarrollo de viviendas, hábitat e integración urbana y a la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos”.

Todas estas cuestiones eran atribuciones del ministerio dirigido por Ferraro, que había absorbido tres carteras de la administración de Alberto Fernández: Transporte, Obras Públicas, Vivienda y Hábitat.

Con los cambios decretados, el gabinete libertario, entonces, contará con solo ocho carteras ministeriales: Interior (a cargo de Guillermo Francos), Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Diana Mondino), Defensa (Luis Petri), Justicia (Mariano Cúneo Libarona), Seguridad (Patricia Bullrich), Salud (Mario Russo), Capital Humano (Sandra Pettovello) y Economía (Luis Caputo).

Esta no es la única reforma organizativa impulsada por Milei. Con la modificación del artículo 16 de la Ley de Ministerios, la Jefatura de Gabinete, encabezada por Nicolás Posse, tendrá bajo su órbita el funcionamiento de Corredores Viales, de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y la Administración General de Puertos (AGPSE).

ACM

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista respecto del impacto económico que tendrán las medidas de ajuste y auguró una recuperación “fuertísima”. “Vamos a estar mejor más pronto de lo que se cree y en dos o tres años vamos a estar mucho mejor. Y no va a haber ninguna duda de que el esfuerzo que hoy estamos haciendo todos los argentinos, en particular la clase media y la clase baja. Se van a sorprender”, aseguró este miércoles en diálogo con Todo Noticias.

Y agregó: “No hay alternativa, es esta. La otra alternativa era la de la hiperinflación. Así que el pedido es que sigan aguantando que en tres, dos, un año, somos otro país”.

En la entrevista, el titular del Palacio de Hacienda descartó que haya una interna en el Gabinete y desmintió los rumores de discusión con su par de Capital Humano, Sandra Pettovello. “De las operaciones más berretas. No me puedo llevar mejor”, afirmó.

En este marco, también elogió al presidente Javier Milei, a quien calificó como una “figura mundial”. “Ya no lo digo yo, lo dicen los líderes mundiales. Todos los ojos están en Argentina”, expresó y explicó que su gestión está atrayendo inversiones.

“Tenemos un presidente que es un polo de atracción de inversiones. Nunca visto, porque lo que atrae es lo que más necesita el país, que es inversión en la economía real. Están llamando todas las mejores compañías del mundo para venir a invertir en economía real. Cantidad de empresas de energía, cantidad de empresas mineras y empresarios”, contó.

Según informó, el discurso de Milei en el Foro de Davos despertó interés por las políticas liberales que se están aplicando en Argentina y hay mucha expectativa por los resultados del programa económico, así como también por la posible reacción de la oposición ante las reformas impulsadas.

Caputo subrayó la conformidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el plan de ajuste del Gobierno y confirmó que desde la administración nacional evalúan la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo con el organismo de crédito para lograr más desembolsos. “La reunión fue muy buena, porque obviamente lo que estamos haciendo es más de lo que ellos hubieran pedido y, además, está pasando. Entonces los resultados les están llamando la atención fuertemente”, sostuvo en relación al encuentro con la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath.

Y completó: “Tenemos un diálogo muy directo. Como sabés, ellos han puesto en carpeta la posibilidad de un nuevo acuerdo, están abiertos a explorar eso. Nosotros también”.

El Gobierno podría levantar el cepo antes de fin de año

El ministro de Economía explicó que se eliminará el cepo cambiario cuando se logre “sanear el balance del Banco Central” y aclaró que “eso viene pasando mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado”. Por ello, estimó que se podría levantar antes de fin de año.

“Los pasivos, la base monetaria amplia la hemos reducido a 27% en términos reales y hemos comprado más de 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, tanto activo como pasivo han mejorado fuertemente”, afirmó.

En este marco, Caputo ratificó la intención del gobierno de abandonar el peso y avanzar hacia una dolarización.

ACM

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó hoy que el Gobierno Nacional fijará un nuevo salario mínimo, vital y móvil en los próximos días y que en febrero la inflación se ubicará “más cerca del 10% que del 20%”.

En una entrevista con la Nación +, el titular del Palacio de Hacienda también anunció que en marzo habrá una recomposición del 30% para los jubilados más un bono de compensación. “Desde el día uno dijimos que con esta fórmula de movilidad los jubilados pierden, hay que cambiarla”, indicó y descartó el financiamiento del aumento mediante emisión monetaria.

En este marco, Caputo celebró el plan de ajuste del Gobierno que permitió achicar el déficit fiscal, pese a reconocer las dificultades que supone para algunos sectores. “Siempre fuimos conscientes de lo que significa el ajuste porque siempre dijimos que esto iba a pasar y que los primeros meses iban a ser durísimos. Fuimos por décadas un país adicto al déficit y estamos en rehabilitación, y la rehabilitación es dura”, señaló.

Y agregó: “Hay que tener en cuenta cuál era la alternativa. Nos estrellábamos e íbamos a una catástrofe. Cambiamos el rumbo, hay que tener paciencia, pero no tengan dudas que de esta se sale”.

Sin embargo, anticipó que “lo peor del ajuste va a estar entre marzo y abril” para luego iniciar una recuperación. “Creemos que en el último trimestre de este año vamos a ver crecimiento basado en fundamentos macroeconómicos sostenibles con mejor trabajo y mejor salario”.

En tanto, aseguró que el Fondo Incentivo Docente “caducó” y atribuyó a los gobernadores la responsabilidad por los sueldos docentes en tanto son “empleados provinciales”. Por ello, consideró “correcta” la decisión del mandatario de Chubut, Ignacio Torres, de crear un incentivo docente de “carácter provincial”.

Además, confirmó que se va a eliminar el Impuesto PAIS antes de fin de año, pero que, para levantar el cepo, primero debe recomponerse el balance del Banco Central (BCRA). “La recomposición del BCRA ha sido fuertísima, es una posibilidad que se pueda levantar el cepo en junio o julio, como dice el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, advirtió.

ACM con información de Télam