Javier Milei terminó haciendo lo que durante meses había intentado evitar. Después de bloquear el debate parlamentario sobre discapacidad, resistir los reclamos de las organizaciones del sector y enviar al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que insistía con los recortes, La Libertad Avanza levantó la mano para acompañar una ley que garantiza buena parte de las prestaciones que el propio Gobierno había puesto en discusión. No fue una conversión repentina a la política social. Fue el resultado de una negociación en la que el oficialismo se quedó sin margen para seguir dilatando el conflicto.

Sus aliados le habían advertido que no estaban dispuestos a acompañar nuevos ajustes y la oposición amenazaba con reunir los votos necesarios para imponerle otra derrota. Pero mientras el Gobierno buscaba una salida legislativa, la Justicia avanzaba sobre un problema todavía más delicado: la presunta red de corrupción que funcionó dentro de la hoy extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que debía administrar los recursos destinados a las mismas personas a las que el Ejecutivo les discutía el financiamiento.

La coincidencia no podría resultar más incómoda para la Casa Rosada. Mientras Milei y Luis Caputo defendían la necesidad de restringir el gasto en discapacidad, los investigadores judiciales reconstruían un sistema de compras direccionadas, sobreprecios y presuntos sobornos que habría comprometido miles de millones de pesos del Estado. En el centro de esa trama aparece Diego Spagnuolo, el exdirector de la ANDIS que llegó al organismo por su cercanía con el Presidente y cuyo futuro judicial amenaza con convertirse en un problema político de largo aliento.

A medida que se acerca el año electoral, y luego del alivio judicial que recibieron Javier y Karina Milei tras ser sobreseídos en la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, la pregunta que empieza a adquirir otra dimensión es hasta dónde llegará la investigación que tiene a Spagnuolo en el centro de todas las miradas. Y si las responsabilidades terminarán circunscriptas a los funcionarios y empresarios involucrados o alcanzarán a otros sectores del poder libertario.

Consenso inédito

La votación de esta semana en Diputados dejó una fotografía elocuente. La nueva ley de protección social de la discapacidad obtuvo 237 votos afirmativos, apenas nueve negativos y cuatro abstenciones. El resultado, que permitió girar la iniciativa al Senado, mostró un consenso parlamentario que contrasta con la resistencia que el oficialismo había sostenido durante buena parte de los últimos meses. La Libertad Avanza terminó acompañando una norma que recupera casi todos los beneficios de la legislación de emergencia, aunque les otorga carácter permanente y elimina su excepcionalidad.

Para llegar a ese resultado hubo que atravesar semanas de bloqueo. El Gobierno y sus diputados mantuvieron paralizado el tratamiento de la cuestión en comisión, mientras el Poder Ejecutivo insistía con una política de restricciones presupuestarias. La resistencia no era solamente discursiva. En septiembre, Milei y Caputo enviaron al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con modificaciones que profundizaban los cuestionamientos al esquema de prestaciones y pensiones vigente. La propuesta chocó incluso con sectores que habitualmente acompañan al oficialismo.

Fue en ese contexto que el oficialismo decidió convocar a la sesión del miércoles pasado. La Libertad Avanza pasó de bloquear el tratamiento a encabezar una negociación para evitar que la oposición le impusiera una ley sin su participación. El cambio de estrategia fue impulsado por el ala política del Gobierno, que buscó construir un acuerdo con los bloques dialoguistas y terminó sumando también al peronismo. El presidente de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participaron de las conversaciones que permitieron destrabar el conflicto.

El dinero que sí circulaba

Mientras libertarios y kirchneristas votaban de forma inédita en una misma sintonía, la investigación sobre la ANDIS avanzaba con nuevas resoluciones judiciales que ampliaron considerablemente el alcance del expediente. El juez federal Ariel Lijo profundizó el procesamiento de Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita que habría operado desde el organismo estatal para favorecer a determinadas empresas mediante contrataciones irregulares. La causa, que inicialmente había puesto el foco sobre las compras de medicamentos de alto costo, se extendió también a insumos traumatológicos, cardiológicos, implantes auditivos, prótesis, sillas de ruedas y otros productos destinados a personas con discapacidad.

El nuevo capítulo se suma a la investigación de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes describieron en un dictamen de más de 300 páginas el funcionamiento de un presunto sistema de corrupción que habría permitido a la droguería Suizo Argentina controlar buena parte de las compras de medicamentos de la agencia entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

Según la acusación, la compañía no se limitaba a participar de las compulsas de precios. Habría conseguido información privilegiada, intervenido en las decisiones de funcionarios públicos, determinado qué empresas debían resultar adjudicatarias y coordinado acuerdos con otras 14 droguerías. Durante el período investigado, Suizo Argentina recibió adjudicaciones por más de $137.118 millones, equivalentes a cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS.

Los fiscales describieron un mecanismo de funcionamiento basado en dos acuerdos paralelos. Por un lado, empresarios y funcionarios habrían coordinado las compras y los pagos. Por otro, distintas compañías del sector se habrían repartido las operaciones bajo las condiciones establecidas por Suizo Argentina. Quienes no respetaban esas reglas podían sufrir represalias, como demoras deliberadas en los pagos.

La investigación avanzó todavía más. En el nuevo tramo de la causa, Lijo examinó contrataciones de insumos por más de $82.881 millones y estimó una afectación económica parcial superior a los $7.833 millones al considerar las diferencias de precios detectadas en medicamentos y otros productos. La cifra no representa el monto total de las compras investigadas, sino una estimación del perjuicio económico que pudo establecerse hasta ahora a partir de operaciones comparables.

Para la Justicia, las irregularidades no se habrían limitado a un proveedor ni a un rubro específico. El mecanismo investigado incluía la selección de empresas, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la intervención coordinada de funcionarios y particulares. En el centro de esa estructura, según las resoluciones judiciales, aparecían Spagnuolo y su colaborador Daniel Garbellini, junto con operadores privados como el operador Miguel Ángel Calvete.

¿Hasta dónde llega Spagnuolo?

La pregunta que más inquietudes puede generar en la Casa Rosada no tiene que ver solamente con el monto de los sobreprecios. Tiene que ver con Diego Spagnuolo y con lo que todavía puede surgir de la investigación sobre su gestión. El exdirector de la ANDIS no era un funcionario desconocido para Milei. Su relación personal con el Presidente precedía a su llegada al organismo y lo ubicaba en una posición diferente de la de otros integrantes de la administración libertaria. Esa cercanía adquirió una dimensión política particular cuando estalló el escándalo por la difusión de audios atribuidos al propio Spagnuolo, en los que se describía un presunto sistema de recaudación ilegal y se mencionaba a figuras del entorno presidencial.

Las grabaciones, difundidas en agosto de 2025, colocaron bajo sospecha a sectores particularmente sensibles del oficialismo. En ellas aparecían referencias a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores políticos de la secretaria general de la Presidencia. Las afirmaciones contenidas en esos audios no constituyen por sí mismas pruebas de participación en delitos y deben distinguirse de las responsabilidades que la Justicia haya podido acreditar. Pero explican por qué la investigación nunca fue, para el Gobierno, un expediente administrativo más.

Desde entonces, la evolución judicial de Spagnuolo se convirtió en una variable de interés político. La confirmación de su procesamiento y las nuevas decisiones de Lijo muestran que las sospechas sobre el funcionamiento de la ANDIS adquirieron una entidad que excede las denuncias iniciales. El exfuncionario está señalado como uno de los responsables de una estructura que habría utilizado las contrataciones públicas para beneficiar a determinados empresarios.

Los investigadores también incorporaron nuevos elementos sobre los vínculos entre Spagnuolo y Calvete. Según la acusación fiscal, el empresario habría gestionado y financiado un viaje del entonces director de la ANDIS a Israel en noviembre de 2024, incluyendo pasajes, alojamiento y otros servicios. La Fiscalía sostiene que esos gastos estaban relacionados con presuntos favores políticos. También detectó transferencias por más de 54.000 dólares desde Suizo Argentina hacia Calvete durante 2024, sin que se hubieran identificado actividades comerciales legales que justificaran esos movimientos.

El avance sobre los empresarios abre otro capítulo. Los fiscales solicitaron nuevas indagatorias de directivos de Suizo Argentina, entre ellos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y de responsables de otras droguerías vinculadas con las contrataciones investigadas. La ampliación del expediente aumenta la cantidad de protagonistas que deberán responder ante la Justicia y multiplica las posibilidades de reconstruir cómo se tomaban las decisiones dentro del organismo.

¿Era Spagnuolo el vértice de la estructura investigada o existían responsabilidades por encima de su cargo? ¿Quiénes conocían el funcionamiento de las compras? ¿Hasta dónde llegaban los vínculos entre los empresarios y los funcionarios del Gobierno? Son interrogantes que todavía requieren respuestas judiciales. La cercanía del exdirector con Milei no demuestra que el Presidente estuviera al tanto de las maniobras, pero sí explica por qué la evolución de la causa tiene consecuencias políticas que exceden la suerte individual de sus imputados.

La causa ANDIS llega a una etapa especialmente sensible para el oficialismo. Milei se prepara para disputar su reelección en 2027 y La Libertad Avanza intenta consolidar una estructura política nacional capaz de sostener su proyecto más allá del primer mandato. La discusión sobre discapacidad, que durante meses fue uno de los principales focos de conflicto social y parlamentario, se combina ahora con una investigación judicial que se acelera y pone bajo examen la administración de recursos públicos durante el gobierno libertario.

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Karina Milei volvió a reunir este martes a la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, con la mirada puesta en la sesión que se realizará este miércoles en la Cámara de Diputados. El encargado de repasar la agenda parlamentaria fue Martín Menem, uno de los principales operadores políticos de la secretaria general de la Presidencia y protagonista de las disputas internas por el rumbo del oficialismo. El encuentro sirvió para ordenar las prioridades legislativas inmediatas, mientras detrás de escena persisten las diferencias sobre cómo se deben manejar los tiempos de los acuerdos que Javier Milei necesita para avanzar con sus reformas.

La reunión se desarrolló en Balcarce 50 y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Todos bajo la conducción de la hermanísima, que intenta mantener alineados a los distintos sectores del oficialismo en un momento en que las negociaciones parlamentarias empiezan a cruzarse con las ambiciones electorales de 2027.

El capítulo central de la reunión fue el Congreso. Menem presentó un panorama de los proyectos que llegarán este miércoles al recinto de Diputados, entre ellos iniciativas vinculadas con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la discapacidad y el endeudamiento familiar. Se trata de una agenda variada que obligará al oficialismo a poner nuevamente a prueba su capacidad para construir mayorías en una Cámara donde depende de acuerdos con otras fuerzas políticas.

Pero la discusión legislativa no termina en la sesión de este miércoles. La Casa Rosada tiene dos objetivos que considera prioritarios: eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y conseguir la aprobación del Presupuesto 2027. Ambas iniciativas requieren una ingeniería parlamentaria que excede los votos propios de La Libertad Avanza y coloca a los gobernadores en el centro de las negociaciones. Es allí donde las diferencias internas empiezan a pesar tanto como las resistencias de la oposición.

Como contó elDiarioAR, Martín y Lule Menem quieren administrar los tiempos de las conversaciones provinciales sin apresurar definiciones. Los primos consideran que las negociaciones pueden extenderse hasta bien entrado el próximo año y que cerrar acuerdos demasiado pronto implicaría resignar capacidad de presión. La estrategia les permite conservar margen para el armado electoral libertario y, al mismo tiempo, reforzar su papel como interlocutores indispensables entre la Casa Rosada y las provincias.

El problema es que no todos están dispuestos a esperar. Luis Caputo observa con preocupación las consecuencias económicas de una negociación política que amenaza con prolongarse hasta el año electoral. El ministro entiende que la incertidumbre también tiene un costo y que el Gobierno necesita ofrecer señales de previsibilidad. La diferencia con los Menem es, en buena medida, una discusión sobre los tiempos: mientras los operadores de Karina privilegian la capacidad de negociación, el titular del Palacio de Hacienda prefiere despejar cuanto antes las incógnitas que pueden afectar las expectativas económicas.

Patricia Bullrich tampoco juega necesariamente con el libreto de los Menem. La senadora busca preservar su autonomía dentro del oficialismo y mantiene una agenda parlamentaria propia. En sectores de la Casa Rosada sospechan que no está haciendo todo lo posible para impulsar la eliminación de las PASO, una reforma que Karina Milei considera central para el ordenamiento electoral del próximo año. Las diferencias no se traducen necesariamente en enfrentamientos públicos, pero forman parte de una disputa por la conducción política del espacio libertario.

La reunión de este martes también incluyó una exposición de Luis Caputo sobre su participación en la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada la semana pasada en Tailandia. Allí, el ministro mantuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien elogió la disciplina fiscal argentina, mientras los equipos técnicos avanzan en la tercera revisión del programa. El análisis económico se extendió al escenario internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia.

Otro de los asuntos abordados fue la evolución del fenómeno de El Niño y el riesgo de nuevas inundaciones durante las próximas semanas. Los funcionarios analizaron informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y evaluaron mecanismos de coordinación con los gobiernos provinciales y los equipos de Emergencia y Seguridad.

La agenda climática volvió a colocar a las provincias en el centro de las preocupaciones del Gobierno, aunque desde una perspectiva diferente a la electoral. La Casa Rosada necesita sostener canales de diálogo con los gobernadores tanto para responder a eventuales emergencias como para conseguir los votos que le permitan avanzar con sus proyectos en el Congreso. La sesión de este miércoles será una nueva prueba para la capacidad de negociación del oficialismo, pero también un anticipo de las discusiones más difíciles que vendrán.

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Durante casi 48 horas, en la Corte Suprema eligieron el silencio. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían firmado el martes el fallo que dejó sin efecto la cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por Javier Milei en el DNU 70/2023. Una decisión que rápidamente abandonó los márgenes del expediente judicial y se convirtió en un problema político. Al calor de las críticas, la oposición comenzó a hablar de llevar nuevamente la discusión al Congreso y distintos sectores vinculados a la defensa de la soberanía y de los recursos naturales cuestionaron sus consecuencias. Desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sin embargo, la respuesta inicial fue la de siempre: hermetismo. Hasta este jueves.

La reacción que provocó la sentencia terminó empujando al máximo tribunal a romper una de las tradiciones más arraigadas del Poder Judicial: los jueces hablan a través de sus fallos. Esta vez, el fallo pareció no alcanzar. La Corte difundió un inusual comunicado dirigido directamente a la “opinión pública” para intentar explicar qué había resuelto, pero fundamentalmente qué no había resuelto, en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata contra la decisión presidencial.

El texto fue presentado bajo el paraguas de la política de “lenguaje claro” que impulsa el tribunal y con una finalidad explícita: “despejar dudas”. Pero fue bastante más que una traducción jurídica de la sentencia. Los cortesanos reivindicaron su trayectoria en materia ambiental y señalaron a quienes ejercen presión alrededor del tema. Hasta cuestionaron la circulación de “discursos de odio y descalificación” en las redes sociales.

En los tribunales de Talcahuano nadie ignora, sin embargo, el efecto concreto que produjo la sentencia. Al revocar la decisión de la Cámara Federal de La Plata, quedó nuevamente vigente el artículo del megadecreto de Milei que derogó la Ley 26.737 y, por lo tanto, dejaron de operar los límites que aquella legislación establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Entre ellos, el techo del 15% del territorio nacional, provincial y departamental. Ese efecto inmediato fue precisamente el combustible de buena parte de la reacción política y social de las últimas horas.

En el ámbito judicial circuló además otra lectura, bastante más política que jurídica, sobre la oportunidad de la decisión. Sin elementos que permitan adjudicarle esa intención a los jueces, hubo quienes interpretaron el fallo como un guiño hacia sectores empresarios interesados en una mayor apertura sobre la propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, una manera de recordarle al Ejecutivo que existen resortes de poder que no controla. Una forma, en definitiva, de marcarle la cancha a un Gobierno que sigue dependiendo de decisiones de los tribunales para sostener buena parte de sus reformas.

En su escrito, los supremos remarcaron que otros expedientes siguen abiertos y que su sentencia no afecta las medidas cautelares con el mismo objeto que tramitan en diferentes tribunales. También dejaron expresamente abierta la puerta para que otras personas cuestionen judicialmente la constitucionalidad del nuevo régimen. “La Corte se expedirá” sobre la Ley de Tierras cuando alguno de esos reclamos llegue efectivamente a sus manos, sostuvo el tribunal. Hasta entonces, advirtieron, no corresponde interpretar que Rosatti, Rosenkrantz o Lorenzetti tengan una posición tomada sobre la cuestión de fondo.

Pero probablemente el tramo más llamativo del comunicado sea aquel en el que la Corte abandonó por completo el lenguaje procesal y contestó a sus críticos. Los jueces plantearon que los “grupos de interés que presionan sobre el tema” tienen disponibles las vías judiciales y contrapuntaron ese camino institucional con la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes. Más adelante volvieron sobre la misma idea: “La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”.

En otro de los pasajes del documento, el tribunal reivindicó haber ejercido durante años “un liderazgo” en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos y advirtió que “no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto”. Es difícil separar esa afirmación de una de las principales críticas que siguieron al fallo: que la eliminación de los límites a la extranjerización podía afectar no sólo la propiedad de la tierra sino también el control sobre recursos estratégicos.

El tono elegido resulta todavía más llamativo por el hermetismo que había rodeado la decisión desde el martes. En Tribunales no abundaron las explicaciones informales durante las primeras horas. Tampoco hubo una estrategia inmediata para salir a ordenar públicamente la interpretación de la sentencia. La expectativa inicial parecía ser que la distinción entre el aspecto procesal resuelto y la cuestión de fondo surgiera de la propia lectura del fallo. No ocurrió.

Hay una paradoja adicional. El comunicado insiste, con razón desde el punto de vista jurídico, en que la Corte todavía no decidió sobre la constitucionalidad de la derogación. Pero si tuvo que salir a aclararlo fue precisamente porque su sentencia produjo mientras tanto una consecuencia concreta. El debate sobre el fondo de la Ley de Tierras permanece abierto. Sus efectos políticos, en cambio, ya comenzaron.

Uno de ellos se siente en la propia Casa Rosada, donde la sentencia también cayó por sorpresa. Pese a los puentes que el Gobierno tendió durante los últimos meses con distintos sectores del Poder Judicial, desde la Corte no hubo ningún aviso previo sobre la decisión que tomarían Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. El fallo comenzó a circular cuando Milei y buena parte de su gabinete se preparaban para partir rumbo a París y obligó al oficialismo a volver sobre una discusión que creía haber dejado atrás.

Desde entonces, en Balcarce 50 todavía deliberan cuál será la respuesta política. El problema dejó de ser únicamente la Ley de Tierras: la oposición pidió una sesión para el 15 de octubre con la intención de completar en Diputados el rechazo al DNU 70, que el Senado ya votó en contra en 2024. Para el Gobierno, el riesgo es mucho mayor que la discusión sobre la extranjerización: el megadecreto constituye una de las piezas fundacionales de la administración Milei y desreguló amplios sectores de la economía.

Por eso, entre las alternativas que comenzaron a circular aparece una salida legislativa para intentar separar ambas discusiones. El oficialismo evalúa introducir durante el tratamiento en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado, un artículo que vuelva a establecer límites para la adquisición de tierras por extranjeros. La iniciativa resulta particularmente significativa porque fue precisamente esa discusión la que, en agosto, había obligado al Gobierno a retroceder ante la resistencia de sus propios aliados. Las paradojas de la Argentina libertaria.

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La palabra soberanía tendrá este miércoles dos escenas en la Cámara de Diputados, separadas por apenas una hora. Desde las 11, legisladores de Unión por la Patria se reúnen con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la organización que llevó a la Justicia la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A las 12, un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto abre el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una de las iniciativas que el Gobierno más quiere aprobar este año y que crea el polémica Consejo de Seguridad Nacional.

La reunión con los excombatientes se organizó después del fallo que la Corte Suprema dio a conocer el martes. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley 26.737. Los jueces no se pronunciaron sobre la validez del decreto. Sostuvieron que el CECIM no tenía legitimación para litigar y que la soberanía territorial no es “un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución”. En la práctica, quedan sin efecto los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.

En la convocatoria, el bloque que conduce Germán Martínez calificó la decisión como “escandalosa” y la atribuyó a “la Corte Suprema de Milei”. También remarcó que el encuentro con el CECIM se hace “minutos antes de que comience el debate de la 'Ley de Soberanía'” y horas después de un fallo que “le negó legitimidad procesal” a los excombatientes. El CECIM ya había respondido con una frase que la oposición repitió durante todo el martes: “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”. Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras, dijo a elDiarioAR que la Corte usó “un artilugio procesal” para no tratar el fondo. “Sin decirlo, están habilitando directamente la extranjerización de la tierra”, afirmó.

Como la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad, la oposición volvió a mirar al Congreso. El Senado rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024, y según la Ley 26.122 alcanza con que Diputados haga lo mismo, por mayoría simple, para que el decreto quede derogado. El obstáculo fue siempre el quórum: en casi tres años no se lograron reunir 129 diputados en una sesión con ese temario. Tras el fallo, el socialista Esteban Paulón pidió convocar “con urgencia” a una sesión especial; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, recordó que “se necesitan diez firmas” para pedirla, y el senador Mariano Recalde advirtió que “si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”. La oposición busca ahora reunir los votos.

Lo que está en juego excede la Ley de Tierras. Si Diputados rechaza el decreto, pierden sustento todas las disposiciones que no fueron ratificadas ni reemplazadas por leyes posteriores. Entre ellas están la derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el régimen de Compre Nacional; la derogación de la Ley de Alquileres, que habilitó contratos con plazo, moneda y actualización libres; la orden de transformar las sociedades del Estado en sociedades anónimas; y la desregulación de prepagas y obras sociales, que eliminó el control sobre los aumentos de las cuotas. También caerían la apertura del mercado aerocomercial, los cambios en los regímenes de economías regionales como la yerba mate y el vino, la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas y modificaciones en telecomunicaciones, registro automotor, turismo y el Código Aduanero.

La soberanía según Milei

Mientras tanto, el oficialismo pone en marcha su propia agenda de soberanía. El proyecto que Milei envió a Diputados a mediados de septiembre endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y los espacios marítimos circundantes, con penas de hasta 20 años de prisión, y amplía el alcance de la Ley 26.659. Además, crea un polémico Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado, un registro público de infractores, restricciones al financiamiento político extranjero y nuevos delitos vinculados a la inteligencia. También habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior frente a amenazas externas.

Para la primera reunión informativa, según la convocatoria firmada por el secretario de la comisión de Defensa, fueron invitados la secretaria Legal y Técnica, Paula Taddei; el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija; y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general Jorge Puebla. El plenario lo encabeza el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata. El oficialismo pretende firmar dictamen el 6 de octubre y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.

La oposición ya adelantó sus objeciones. Agustín Rossi advirtió que “Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia”, y Santiago Cafiero cuestionó que se mezclen en una sola ley las sanciones por Malvinas, la reforma de la Defensa y cambios en el Código Penal. El proyecto se ocupa de los recursos de las islas y el Atlántico Sur, pero no dice nada sobre la propiedad de la tierra en el territorio continental, que desde este martes vuelve a estar abierta sin topes al capital extranjero. Esa es la tensión que la oposición buscará explotar: el Gobierno pide herramientas para defender la soberanía en el Atlántico Sur mientras sostiene por decreto la eliminación de los límites que la Ley de Tierras fijaba en nombre de esa misma soberanía.

La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno al Congreso el 17 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 para una primera jornada informativa.

La iniciativa había sido anunciada por Milei en la cadena nacional del 3 de septiembre, dedicada a la cuestión Malvinas. El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar el régimen de sanciones para quienes realicen actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos e insulares y la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

El cronograma que maneja el oficialismo prevé que las comisiones avancen con el dictamen el martes 6 de octubre. Pretenden que el proyecto pueda llegar al recinto el miércoles 7, en una sesión que también incluiría iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento.

Un régimen más amplio de sanciones

El proyecto extiende el alcance de la legislación vigente, que estaba concentrada en las actividades hidrocarburíferas. La nueva propuesta abarca el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables sin habilitación argentina y contempla sanciones administrativas para las personas y empresas involucradas.

Entre las multas previstas se encuentran montos equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. El régimen también contempla la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar durante períodos de entre cinco y veinte años.

Las consecuencias previstas para quienes resulten sancionados incluyen además la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades económicas en el país, la pérdida de beneficios impositivos o previsionales, la revocación de habilitaciones y la prohibición de contratar con organismos estatales.

El proyecto incorpora también nuevos delitos y eleva las penas para distintas actividades vinculadas con la exploración y explotación no autorizada de recursos. Para algunas de las conductas previstas, las escalas penales llegan hasta los 20 años de prisión. También establece multas calculadas en barriles de petróleo y sanciona a quienes suministren bienes o servicios considerados esenciales para la realización de esas actividades.

Otra de las herramientas incorporadas es la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos incluidos en el régimen. A la vez, el texto crea un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades alcanzadas por las prohibiciones.

Modifica el sistema de seguridad nacional

El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.

El organismo tendría entre sus funciones la coordinación de políticas vinculadas con la defensa, la diplomacia, la economía, la inteligencia y la protección de infraestructuras consideradas críticas. El texto también propone modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y establece disposiciones para los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre.

Además, la iniciativa incorpora nuevos delitos relacionados con amenazas a la seguridad nacional, entre ellos figuras vinculadas con la influencia extranjera, el espionaje, la interferencia electoral y determinadas campañas coordinadas de desinformación.

En medio de una sesión clave para Javier Milei y cuando la Casa Rosada vuelve a necesitar de los bloques dialoguistas para avanzar con su agenda en el Congreso, el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua eligió este miércoles para presentar su nueva herramienta de negociación nacional. El mandatario llegó a la Cámara de Diputados para formalizar Argentina Federal, una bancada encabezada por los cuatro representantes del oficialismo provincial y compartida con legisladores que responden al salteño Gustavo Sáenz, que promete inaugurar una relación más exigente con el oficialismo: menos acompañamientos automáticos y negociación ley por ley.

La foto terminó de trasladar a Buenos Aires una ruptura que hasta hace pocas semanas podía leerse fundamentalmente en clave provincial. Después de desplazar a Carlos Rovira de la conducción efectiva de los bloques misioneros, Passalacqua decidió exhibir personalmente el nuevo orden en el lugar donde esa disputa puede adquirir mayor relevancia para la política nacional. El gobernador recorrió el Palacio Legislativo y se mostró con sus diputados, quienes también posaron con Martín Menem, una imagen cuidadosamente alejada de cualquier pretensión de ruptura definitiva con la Casa Rosada.

No estuvo Sáenz. El gobernador salteño había anticipado que permanecería en su provincia por la inauguración del aeropuerto, aunque entre los misioneros existió hasta último momento alguna expectativa de que pudiera viajar. Su ausencia dejó a Passalacqua inevitablemente en el centro de una presentación que, aun cuando reúne representantes de dos provincias, tuvo una impronta marcadamente misionera. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador y uno de los principales protagonistas del quiebre con Rovira, quedó al frente de una bancada que integran también los misioneros Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, junto con los salteños Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella.

No son nuevos compañeros de ruta. Los siete ya compartían el bloque Innovación Federal, por lo que la creación de Argentina Federal no altera por sí misma la aritmética de la Cámara. Lo que cambia es la conducción política del espacio y, sobre todo, la lógica con la que pretende intervenir.

El momento no podía resultar más apropiado para poner a prueba la promesa de autonomía. Apenas terminada la presentación, los integrantes del nuevo espacio bajaron al recinto y contribuyeron al quórum de la sesión convocada por Menem, en la que La Libertad Avanza busca avanzar con dos iniciativas centrales para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II. Argentina Federal estuvo entre los bloques provinciales que permitieron alcanzar los 129 presentes necesarios para abrir el debate.

Sin embargo, cuando se mira el resto del temario de la jornada, aparece una iniciativa bastante más pequeña para la agenda nacional, aunque mucho más reveladora para entender la lógica con la que Passalacqua pretende moverse desde ahora. Este miércoles también se vota la reducción del IVA para la fécula, la harina, la fariña y otros derivados de la mandioca, un proyecto impulsado por los misioneros que propone llevar la alícuota del 21% al 10,5%. La iniciativa había obtenido dictamen unánime en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y llegó al recinto en una sesión para la que el oficialismo necesitó negociar con los mismos espacios provinciales que le permitieron conseguir el quórum.

Es que, si la Casa Rosada necesita a los misioneros, los misioneros quieren que esa necesidad tenga alguna traducción para la provincia. Esa es, precisamente, una de las diferencias que Passalacqua intenta marcar respecto de la etapa anterior. Durante los primeros años de Milei, Rovira administró una relación con el Gobierno nacional que convirtió a los legisladores misioneros en aliados recurrentes en algunas de las votaciones más difíciles. La ruptura provincial desarmó ese mecanismo y dejó una pregunta que desde hace semanas recorre los despachos del Congreso: ¿los votos que antes ordenaba Rovira se convertirán ahora en votos opositores o simplemente en votos más caros?

Cerca del gobernador ofrecen una respuesta que, por ahora, combina ambas posibilidades. La intención es aumentar el nivel de confrontación cuando estén en juego intereses provinciales, pero conservar la capacidad de acordar cuando exista una respuesta de Nación. Una definición que circula en el nuevo esquema de poder misionero lo resume de manera bastante menos sofisticada: “A Hugo le van a tener que dar más de lo que le daban a Rovira”.

La mandioca puede ser este miércoles la primera traducción parlamentaria de esa frase. La negociación por las denominadas zonas cálidas había ofrecido días atrás un antecedente desde el Ejecutivo: después de que Passalacqua llevara el reclamo a la cumbre del Norte Grande en Posadas, el Gobierno nacional abrió una negociación para establecer un tratamiento diferencial de los subsidios eléctricos en las provincias sometidas a temperaturas más altas. Ahora la misma lógica desembarca en el recinto.

Y ocurre, además, en un momento especialmente sensible para la Casa Rosada. Después de los últimos tropiezos legislativos, Milei necesita reconstruir la relación con gobernadores y bloques provinciales para evitar que cada sesión se transforme en una incógnita. Passalacqua parece haber advertido esa debilidad justo cuando consiguió algo que durante años no tuvo: administrar directamente sus votos nacionales. La apuesta consiste ahora en convertir la necesidad parlamentaria de Milei en capacidad de negociación. La duda es hasta dónde podrá tensar esa cuerda sin terminar cayendo de alguno de los dos lados.

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La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con dos presencias que concentraron buena parte de las miradas: Sandra Pettovello se incorporó al encuentro para exponer sobre la gestión de Capital Humano y Santiago Caputo volvió a sentarse con la conducción del oficialismo después de haber faltado un día antes a la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei. La ausencia del asesor presidencial había sido atribuida oficialmente a una cuestión de agenda “impostergable”.

El encuentro comenzó pasadas las 13, apenas 24 horas después de que Milei reuniera a sus ministros por primera vez desde el 9 de julio. Esta vez, además de Santiago Caputo y Pettovello, alrededor de la mesa estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La presencia del asesor presidencial adquirió particular relevancia después de su ausencia del lunes. Caputo no había participado de la reunión de gabinete pese a que suele formar parte de esos encuentros y mantiene un lugar central en el esquema de toma de decisiones del Gobierno. Consultado este martes durante su conferencia de prensa por los motivos de la ausencia, el vocero Adrián Ravier buscó quitarle cualquier lectura política a la situación, aunque reconoció que la comunicación digital estará ahora en manos de Santiago Oría. Sin embargo, Ravier definió a Caputo como una persona “central” para Milei y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno.

La otra novedad fue Pettovello. La ministra de Capital Humano tampoco había estado el lunes junto al gabinete debido a una actividad oficial en Salta, pero su participación de este martes tenía otra lógica. Llegó como invitada para presentar ante la mesa los principales lineamientos de su gestión, con especial atención sobre educación, trabajo y las distintas áreas que permanecen bajo la órbita del megaministerio.

Su incorporación forma parte de una dinámica que la conducción política comenzó a ensayar durante las últimas semanas: sumar a funcionarios que no integran regularmente la mesa para discutir iniciativas que pueden tener consecuencias políticas o parlamentarias antes de avanzar con ellas. El primer caso había sido Federico Sturzenegger, convocado después de que crecieran los cuestionamientos internos por algunos de los proyectos impulsados desde el Ministerio de Desregulación y Reforma del Estado.

En aquel encuentro, Sturzenegger debió explicar distintas iniciativas de su cartera después del traspié que sufrió el Gobierno con el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La experiencia terminó de convencer a la conducción de la necesidad de introducir un filtro político más amplio para algunas decisiones que hasta entonces podían avanzar directamente desde los ministerios hacia Milei.

El caso de Pettovello es diferente. Su presencia no respondió a un cuestionamiento puntual sobre alguna medida, sino a la intención de institucionalizar esa dinámica: que cada semana un ministro pueda sentarse frente al núcleo político del Gobierno para explicar qué está haciendo, cuáles son sus próximos pasos y qué dificultades encuentra en su área.

Agenda parlamentaria

La reunión de este martes tuvo, de todos modos, un asunto más urgente. La sesión que Diputados realizará este miércoles volvió a colocar al Congreso en el centro de las preocupaciones de la Casa Rosada. La mesa repasó el estado de los proyectos, los apoyos comprometidos y los números con los que trabaja el oficialismo antes de una votación que funcionará como una nueva prueba de su capacidad para construir mayorías.

En La Libertad Avanza aseguran que esta vez “están los votos” y transmiten confianza en los acuerdos alcanzados con aliados que consideran sólidos. El optimismo convive, sin embargo, con un antecedente demasiado reciente: el tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuando el Gobierno también confiaba en reunir los respaldos necesarios y terminó obligado a resignar parte de su proyecto.

La mesa política busca ahora evitar que esa experiencia se repita en Diputados. El temario incluye cinco iniciativas. Las dos principales para el Gobierno son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de Inocencia Fiscal, consideradas piezas centrales de la agenda económica que Milei pretende consolidar antes de ingresar de lleno en el calendario electoral de 2027.

A ellas se sumarán el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que generó discusiones por su posible impacto sobre la industria nacional y especialmente sobre el sector farmacéutico. El Gobierno decidió avanzar con una reserva sobre parte del tratado para mantener herramientas locales de evaluación y patentamiento.

El quinto proyecto tiene un destinatario territorial mucho más concreto: la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca, reclamada por Misiones. Su incorporación al temario funciona también como una señal hacia las provincias en momentos en que la Casa Rosada intenta reconstruir una negociación más fina con gobernadores cuyos legisladores pueden resultar decisivos.

El operativo continuará durante la tarde. Milei tiene previsto recibir en Balcarce 50 a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar personalmente a la tropa antes de la sesión. La secuencia de estas 48 horas muestra la atención con la que el Gobierno decidió preparar una votación que, en otras circunstancias, podría haber considerado menos riesgosa.

PL/CRM

Javier Milei volvió este lunes a la Casa Rosada después de 23 días y lo hizo para encontrarse con un problema que había quedado pendiente desde antes de su ausencia: cómo conseguir los votos que el Gobierno necesita en el Congreso. Pasadas las 10, el Presidente reunió a sus ministros por primera vez en un mes y medio, en el comienzo de una semana en la que el oficialismo buscará aprobar dos de las iniciativas que considera centrales para esta etapa de la gestión y evitar que se repita el traspié que sufrió con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La última vez que Milei había encabezado una reunión de gabinete había sido el 9 de julio, después del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana. Desde entonces, la dinámica presidencial se trasladó casi completamente fuera de Balcarce 50: viajes al exterior, encuentros privados en la Quinta de Olivos y, durante la última semana, una sucesión de discursos públicos. Este lunes, cuando llegó a su despacho pasadas las 9.20, llevaba más de tres semanas sin pisar la sede del Poder Ejecutivo.

El regreso coincidió con un momento en el que la Casa Rosada necesita volver a concentrar esfuerzos en la política doméstica. El miércoles, Diputados debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos que Milei considera piezas fundamentales para blindar algunos de los principios económicos de su gestión, en momentos donde la opinión pública alerta acerca del parate de la actividad. La prioridad que adquirieron ambas iniciativas fue suficiente incluso para postergar las conversaciones que Diego Santilli venía manteniendo con gobernadores y sectores de la oposición por la suspensión de las PASO.

Esta mañana, los ministros y principales referentes legislativos fueron llegando uno detrás de otro, sin hacer declaraciones. Finalmente, del encuentro participaron el equipo de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y la senadora Patricia Bullrich. La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, tenía previsto viajar a Salta por una actividad oficial, por lo que no estuvo presente. Más que una reunión de gabinete después de una larga pausa, el encuentro funcionó como el punto de partida de un operativo político que tendrá su prueba decisiva apenas 48 horas después, en el recinto de Diputados.

Pero el Congreso no fue el único tema sobre la mesa. Milei aprovechó el encuentro para ratificar ante sus ministros el rumbo económico y descartar cualquier modificación de su programa frente a las señales de enfriamiento de la actividad. Según reconstruyeron fuentes oficiales, el Presidente insistió en que “al populismo no se le gana con más populismo” y sostuvo que no está dispuesto a abandonar las ideas que guiaron hasta ahora su administración en busca de un mejor resultado electoral. También planteó que la credibilidad acumulada durante estos años llevó tiempo y que un cambio de rumbo podría ponerla en riesgo.

La discusión estuvo atravesada especialmente por el aumento de la morosidad, uno de los indicadores que comenzó a ganar espacio en el debate económico durante las últimas semanas. La lectura que hizo el Gobierno puertas adentro es que los números no permiten hablar de una situación de crisis y que el incremento de la mora habría comenzado a revertirse. Los funcionarios repasaron además las medidas con las que buscan mejorar las condiciones de financiamiento, entre ellas la baja de la inflación y del riesgo país y las conversaciones con distintos actores del sector financiero para renegociar tasas y extender plazos.

La preocupación no resulta casual. La morosidad comenzó a convertirse en uno de los indicadores utilizados para describir las dificultades que atraviesan hogares y empresas después de varios meses de actividad estancada, especialmente por el crecimiento de los atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales. En la Casa Rosada buscan desacoplar ese fenómeno de la discusión sobre el rumbo económico: sostienen que se trató de un deterioro transitorio, que los últimos registros ya muestran una desaceleración y que la respuesta debe pasar por mejorar las condiciones de financiamiento antes que por estimular artificialmente el consumo. La inclusión del tema en una reunión encabezada por el propio Milei, de todos modos, revela hasta qué punto la discusión sobre el endeudamiento de las familias comenzó a ocupar un lugar en la agenda política del Gobierno.

El diagnóstico se extendió también al terreno político. En el gabinete atribuyeron parte de la incertidumbre a discursos que, según la interpretación oficial, buscan instalar temor tanto en la sociedad como en los mercados. Frente a ese escenario, Milei pidió insistir en la difusión de los resultados que el Gobierno considera positivos y evitó cualquier señal que pudiera interpretarse como una corrección del programa económico. La conclusión que transmitió a sus ministros fue, en esencia, que las dificultades actuales deben ser atendidas sin modificar el rumbo.

Allí aparece también la apuesta legislativa de esta semana. El oficialismo buscará aprobar y girar al Senado dos proyectos que considera centrales para la agenda económica. El primero es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, presentada por el propio Milei en cadena nacional y definida por el Presidente como una de las iniciativas más importantes de esta etapa de su gobierno. La intención es llevar a la letra de la ley algunas de las restricciones que la administración libertaria aplicó desde diciembre de 2023 como parte de su programa económico.

El proyecto reduce los objetivos del Banco Central y establece como mandato central la preservación del valor de la moneda. También prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y los préstamos a las provincias, restringe el uso de letras intransferibles y limita la transferencia de utilidades a las ganancias reales obtenidas por la entidad. Para Milei, se trata de convertir en una restricción legal aquello que hasta ahora depende fundamentalmente de una decisión de política económica. En los términos libertarios, impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión monetaria como una herramienta habitual de financiamiento del déficit.

La segunda apuesta será Inocencia Fiscal II, una modificación de la ley sancionada anteriormente por el Congreso que amplía el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa elimina los actuales topes de ingresos y patrimonio para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país y extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a sus beneficios.

Cambio de dinámica

El propio Milei se involucrará en el operativo legislativo: mañana recibirá en Balcarce 50 a diputados y senadores de La Libertad Avanza. El apuro tiene un antecedente reciente. Desde la última reunión de gabinete, el Gobierno debió resignar la flexibilización de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, incluida originalmente en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia que despertó la propuesta obligó al oficialismo a retirar ese capítulo y puso las miradas sobre Federico Sturzenegger, su principal impulsor, quien días después debió explicar esa y otras iniciativas ante la mesa política. De allí surgió la decisión de someter los proyectos con impacto político, parlamentario o territorial a una discusión interna más amplia antes de avanzar.

Milei se encargó, sin embargo, de dejar en claro que ese nuevo filtro no supone un debilitamiento de Sturzenegger. Después de abrazarlo durante el homenaje a San Martín, volvió a respaldarlo públicamente en el Council of the Americas: “Cuando ustedes vean a un sorete, a una mierda humana, criticándolo a Federico, es porque le está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro y a un corrupto”, afirmó.

La experiencia también obligó al Gobierno a prestar mayor atención a las negociaciones con las provincias. En la sesión del miércoles se incorporaron iniciativas reclamadas por distintos distritos, entre ellas la reducción del IVA para la fécula de mandioca impulsada por Misiones, mientras Santilli mantiene abiertos canales con los gobernadores. La discusión de esta mañana dejó en evidencia, sin embargo, que mientras la Casa Rosada acepta revisar la forma en que procesa políticamente sus iniciativas, Milei no parece dispuesto a trasladar esa flexibilidad al programa económico: frente a las primeras señales que alimentan el debate sobre un eventual cambio de rumbo, la respuesta presidencial volvió a ser que el rumbo no se toca.

PL/MC

El Gobierno de Javier Milei tendrá una semana atravesada por la actividad política y legislativa, con una reunión de Gabinete encabezada por el Presidente este lunes y un encuentro con diputados y senadores el martes, en la previa del tratamiento en la Cámara baja de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II.

La actividad oficial comenzará este lunes cuando Milei encabece, desde las 10, una reunión del Gabinete Nacional, la primera que realizará con sus ministros desde el 9 de julio, luego del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia.

Durante la mañana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la apertura del NQN Day, un encuentro de negocios y atracción de inversiones organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, Santilli firmará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un convenio con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para avanzar en el traspaso a esa provincia de ferrocarriles y rutas.

El martes 25, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa y, dos horas más tarde, se reunirá la Mesa Política del Gobierno.

Por la tarde, Milei recibirá a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la antesala de una semana considerada clave para el Congreso y para el tratamiento de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

El miércoles 26 estará concentrado en la actividad parlamentaria. El Senado realizará una reunión de Labor Parlamentaria, mientras que Diputados sesionará para debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto Inocencia Fiscal II.

En tanto, el jueves 27, Milei brindará un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT, donde abordará como ejes la ética y la inteligencia artificial.

La agenda oficial se complementará durante la semana con actividades de distintos integrantes del gabinete en el interior del país.

Entre el 27 y el 29 de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará a Tierra del Fuego para participar en la inauguración de una nueva región de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará en un acto institucional en Posadas, Misiones, con motivo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en ese distrito.

Además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezará en la provincia de Salta el inicio de las actividades del Tren 25 de Mayo, en el municipio de Campo Quijano.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, calificó como “delincuentes anarquistas” a los manifestantes que este jueves provocaron disturbios en las inmediaciones del Congreso, donde los legisladores trataban el proyecto de Propiedad Privada.

“Son enemigos de nuestro estilo de vida”, añadió Macri, quien una vez más recurrió a la red social X para expresarse sobre lo sucedido a lo largo de toda la jornada y justificó el accionar de la policía al decir que los agentes “tienen la orden clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla”.

“Quemaron contenedores, rompieron veredas, destrozaron patrulleros y atacaron a la policía. El debate se da dentro del Congreso o se manifiesta de manera pacífica. Quienes alteran el orden de manera violenta y agreden son delincuentes anarquistas. Son enemigos de nuestro estilo de vida”, agregó en su mensaje.

El saldo de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad dejó una docena de detenidos, algunos de los cuales habían arrojado todo tipo de proyectiles y causaron destrozos en los alrededores del Congreso.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debatía en el Senado.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para manifestar su rechazo a la reforma de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a debatirse en el Senado por impulso de La Libertad Avanza. Una movilización que terminó en una fuerte represión con varios detenidos, una fotorreportera con traumatismo de cráneo.

A pesar de la lluvia, columnas de manifestantes se concentraron sobre la avenida Entre Ríos y en la plaza ubicada frente al Palacio Legislativo. Sin embargo, el operativo de seguridad pareció desproporciónado.

Ya caída la tarde, se registraron momentos de tensión frente al Congreso cuando las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma para dispersar a los manifestantes que se concentraban mientras el Senado debatía el proyecto. La protesta había comenzado por la mañana con la participación de organizaciones sindicales, docentes y agrupaciones sociales.

Diez personas fueron detenidas por los incidentes. Fuentes policiales informaron que los efectivos de la Policía Federal concretaron los arrestos de los implicados por los delitos de atentado y resistencia de autoridad. También hay decenas de heridos.

Mirta Romero, una de las médicas que asistió a los manifestantes, confirmo a C5N que una de las heridas es otra vez una reportera gráfica quien terminó con traumatismo de cráneo y sangrado en un oído.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debate en el Senado.

La protesta se mantuvo aun después de que el Gobierno decidiera retirar del proyecto la cláusula que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, una modificación introducida para facilitar el desarrollo de la sesión en la Cámara alta. Sin embargo, los convocantes sostuvieron que continúan rechazando el conjunto de la iniciativa.

El operativo de seguridad se reforzó en las inmediaciones del Congreso con vallados y presencia policial sobre la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, donde se registraron las principales restricciones al tránsito.

Además, distintas columnas que partieron desde la avenida 9 de Julio avanzaron por avenida de Mayo hacia el Congreso, lo que generó demoras y cortes parciales en el centro porteño.

La movilización coincidió con el inicio de una jornada legislativa clave para el oficialismo, que busca reunir los apoyos necesarios para abrir el debate del proyecto en el Senado.

Con información de la agencia NA

La CGT, las dos CTA, la UTEP, el peronismo, sectores de izquierda y agrupaciones autoconvocadas preparan su movilización de este jueves frente al Palacio Legislativo contra el proyecto de ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, que ya no cuenta con el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros. La zona del Congreso estará fuertemente vallada y con un operativo de seguridad que afecta la circulación en gran parte del microcentro porteño. También se replican protestas en las provincias.

La movilización principal está convocada para las 12 del mediodía en Plaza Congreso, con el pico de asistencia previsto para las 17. El Ministerio de Seguridad desplegará el habitual operativo antipiquetes a cargo de las fuerzas federales y recomendó evitar el ingreso vehicular al perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio. Las calles con mayor afectación serán Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, mientras que varias columnas avanzarán desde la 9 de Julio hacia el Palacio Legislativo a través de la Avenida de Mayo.

La jornada de protesta arranca a las 12 con un “verdurazo” y radio abierta frente al Congreso, continúa a las 15.30 con un nuevo verdurazo, a las 17 con el regreso a la plaza y cierra a las 18 con un festival.

El operativo también impacta en el transporte público. Un total de 22 líneas de colectivos —2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168— deberán modificar sus recorridos habituales, con desvíos por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba para las unidades que circulan en sentido norte-sur, y por Jujuy y 9 de Julio para las que van de este a oeste. En el subte, la estación Congreso de la Línea A permanecerá cerrada al público durante la jornada, mientras que Sáenz Peña y Pasco operarán con restricciones preventivas. También se espera una alta afluencia de pasajeros en la estación Callao de la Línea B y dificultades de circulación peatonal en los accesos de la estación Entre Ríos, de la Línea E.

La protesta también se extiende al resto del país. En la plataforma “Ponete la Camiseta”, que impulsa la campaña “La tierra no se vende”, este jueves hay convocatorias confirmadas en las 23 provincias. Se replican concentraciones y movilizaciones en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre decenas de otras localidades, con horarios que en su mayoría se concentran entre las 16 y las 18.

La jornada de protesta funciona además como antesala de la tradicional marcha por San Cayetano, prevista para este viernes, que unirá el barrio porteño de Liniers con la Plaza de Mayo. Con la cláusula de extranjerización de tierras fuera del texto, el Gobierno buscará esta semana avanzar con una versión acotada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras los sectores movilizados insisten en que el resto del articulado mantiene el núcleo más cuestionado de la reforma.

Javier Milei sufrió este miércoles un nuevo revés parlamentario cuando La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que derogaba la Ley de Tierras, una de las reformas que más resistencia había despertado entre los gobernadores y que amenazaba con poner en riesgo el tratamiento de la iniciativa en el Senado. La marcha atrás significó una nueva concesión para el oficialismo, pero en la Casa Rosada procuraron bajarle el tono al episodio y sostuvieron que la decisión mejora las chances de conseguir este jueves la media sanción del proyecto, que luego deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

La decisión llegó después de que fracasaran las gestiones políticas para destrabar el conflicto. El martes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comunicó con varios gobernadores aliados para intentar sostener el capítulo referido a la extranjerización de tierras, pero las conversaciones no alcanzaron para modificar el escenario. Los mandatarios mantuvieron sus objeciones y el oficialismo terminó optando por retirar por completo ese tramo del proyecto antes que arriesgar el resto de la iniciativa.

Dentro del Gobierno, el principal defensor de mantener la reforma era el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor intelectual del proyecto enviado al Congreso. Según reconstruyeron fuentes oficiales, el funcionario insistió hasta último momento en sostener el capítulo, aunque encontró escaso acompañamiento dentro del propio gabinete. Más allá de su entorno, pocos dirigentes del Gobierno estaban dispuestos a asumir el costo político de confrontar con los gobernadores por una reforma que amenazaba con complicar toda la sesión.

En Balcarce 50 describían la marcha atrás como un costo asumible. La lectura predominante era que insistir con la derogación de la Ley de Tierras podía terminar arrastrando el resto del articulado y frustrar la media sanción de una norma que el Gobierno considera prioritaria. “Lo importante es que salga la ley”, resumía un funcionario con acceso a la mesa política. En la Casa Rosada creen que la eliminación del capítulo facilitará el acompañamiento de varios gobernadores y, en consecuencia, aumentará las posibilidades de aprobar el resto del proyecto.

La apuesta oficial ahora está concentrada en preservar el núcleo de la iniciativa redactada por Sturzenegger. El proyecto mantiene las reformas sobre desalojos acelerados, el endurecimiento del régimen de expropiaciones, los cambios en la Ley de Manejo del Fuego —con la flexibilización de restricciones en determinadas superficies afectadas por incendios— y la modificación de los requisitos para la regularización dominial. Para el Gobierno, esos capítulos contienen el corazón de la reforma y justificaban resignar uno de los puntos que mayor rechazo había generado desde el ingreso del proyecto al Senado, el pasado 27 de marzo.

No deja de ser, sin embargo, un nuevo retroceso para Sturzenegger. Es el segundo capítulo que el oficialismo se ve obligado a retirar del proyecto después de haber resignado, durante el debate en comisiones, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). También llega menos de 48 horas después de que el Gobierno debiera dar marcha atrás con el decreto que había desatado un conflicto con los prácticos y capitanes de barco, paralizando el ingreso de buques a los puertos argentinos y afectando el comercio exterior.

La decisión también tuvo impacto puertas adentro del oficialismo. En los pasillos del Senado, algunos dirigentes interpretaban que la principal perjudicada era Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien durante los últimos días había encabezado la defensa pública del capítulo referido a la extranjerización de tierras. Incluso circularon versiones sobre un supuesto escaso respaldo que habría recibido desde algunos despachos de la Casa Rosada durante la negociación. Ningún funcionario lo admitía públicamente y no existen elementos para afirmar que se haya tratado de una decisión deliberada para exponer a la senadora. En el Gobierno, por el contrario, insistían en presentar la marcha atrás como una decisión estrictamente táctica para garantizar el avance del proyecto.

El repliegue también modifica el escenario para los gobernadores. En el caso de Misiones, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut habían anticipado su rechazo al capítulo referido a la Ley de Tierras, en línea con la posición expresada por el gobierno provincial de Hugo Passalacqua y en medio de la interna con Carlos Rovira. Sin embargo, hasta este miércoles ninguno de los dos legisladores había adelantado cuál será su postura respecto del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, como adelantó elDiarioAR, sigue en pie la versión sobre un eventual voto dividido: Arce acompañaría el proyecto, mientras que Rojas Decut votaría en contra. En la Casa Rosada interpretan que, eliminado el punto de mayor conflicto, aumentan las posibilidades de sumar el acompañamiento de los bloques provinciales.

Si esa apuesta se confirma, el oficialismo buscará presentar la sesión del jueves como una victoria política, aun después de haber resignado una de las reformas que originalmente integraban el proyecto. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo nunca fue defender cada artículo a cualquier costo, sino garantizar el avance de una iniciativa que consideran central para su programa legislativo del segundo semestre. Conseguir la media sanción en el Senado, afirman, permitiría trasladar la discusión a la Cámara de Diputados desde una posición más favorable y mantener viva una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

PL/CRM

La CGT y las dos CTA, junto con el gremio de la economía popular UTEP, encabezaron este miércoles una conferencia de prensa para fijar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, antes de la movilización que llevarán adelante este jueves frente al Congreso. La confirmación llegó casi en paralelo de que el oficialismo diera de baja el capítulo que reformaba la Ley de Tierras Rurales para intentar asegurar el quórum en el Senado.

El triunvirato cegetista —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— compartió el estrado con Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T). Sola cuestionó el eje del proyecto: “La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático”. Godoy fue más duro y lo calificó como “un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación” de la Argentina, y citó el caso del empresario Joe Lewis en el sur del país como antecedente de lo que está en juego. El peronismo también convocó ese mismo día a movilizarse este jueves contra la iniciativa.

La movilización tiene un fuerte raigrambe popular porque se está construyendo desde grupos de WhatsApp y redes sociales de autoconvocados. No solo está convocada la manifestación frente al Congreso, sino también en distintos puntos del país.

La presencia de la CGT se definió la semana pasada como pudo anticipar elDiarioAR. Además la central obrara se sumará este viernes a la tradicional marcha de San Cayetano, que este año cumple diez años desde su primera edición: será desde Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

El Gobierno pondrá en marcha una ofensiva legislativa en el Congreso Nacional para intentar aprobar antes de octubre un paquete de proyectos considerados clave para apuntalar el rumbo económico.

Se trata de los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal enviados a la Cámara de Diputados y los de propiedad privada y Súper RIGI que están en el Senado.

La estrategia apunta a aprovechar una ventana política que, según admiten en el oficialismo, comenzará a cerrarse a medida que los gobernadores y los bloques dialoguistas se concentren en la disputa por las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del oficialismo se terminará de armar en la mesa política del Gobierno, que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

Por ese motivo, esta semana apura las negociaciones con sus aliados para sancionar el jueves la ley de propiedad privada y avanzar con la discusión del Séper RIGI en el Senado; en Diputados comenzará con el armado de acuerdos para tratar la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal.

La agenda en el Senado

El Senado reanudará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, dado que no tenía los acuerdos para aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar esta polémica reforma ya que se debió postergar su debate en el pleno del cuerpo en cuatro oportunidades, mantendrá negociaciones un día antes de la sesión para asegurarse que tiene los respaldos necesarios. En las últimas horas, cobró fuerza la opción de, en lugar de eliminar todas las restricciones, la prohibición de adquirir tierras a manos de extranjeros sube el límite actual del 15% al 25%, lejos de quitar toda restricción, que es lo buscaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de acuerdo a lo que adelantaron este lunes en el programa radial Buenas Tardes China.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, se reunirá el miércoles a la tarde con los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Encuentro Misionero, Primero los Salteños, la Neuquinidad y Provincias Unidas.

Allí hará el último poroteo para saber si tiene los votos necesarios para sancionar este proyecto que permite vender tierras a extranjeros sin las actuales restricciones, promover desalojos exprés, limitar las expropiaciones, y cambiar la ley del Manejo del Fuego.

Hasta ahora tiene garantizados los 21 votos de la LLA, 3 del PRO, entre 7 y 8 de la UCR, 1 de Primero los Salteños, 1 de la Neuquinidad, 1 de Provincias Unidas, y espera sumar 2 de Encuentro Misionero, y 1 de Independencia.

Además en esta sesión no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel que rechaza de plano el proyecto sobre propiedad privada, lo cual es una tranquilidad para Bullrich por si se produce un empate en la votación ya que lo deberá hacer el libertario Bartolomé Abdala.

Asimismo, esta semana, la LLA buscará avanzar en el dictamen del proyecto de Super Rigi que se tratará este miércoles a las 15, en el plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.

También este mes buscará votar a favor de los pliegos de Pablo Bertuzzi, y Pablo Yadarola, candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, que deberá revisar la causa $LIBRA, donde están investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El panorama en Diputados

Libertad Avanza abrirá esta semana las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en agosto la reforma del Banco Central, una iniciativa considerada estratégica por el Gobierno.

El proyecto girado por el Gobierno el jueves a la noche y que anunció el presidente Javier Milei por cadena nacional prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Tesoro y de las provincias.

La Libertad Avanza apostará en la Cámara de Diputados a aprobar en agosto los proyectos de Banco Central e Inocencia Fiscal ya que en septiembre deberá tener que abocarse al Presupuesto 2027 que ingresará el 15 del otro mes.

Las negociaciones

Por ese motivo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con el radicalismo, el PRO, y los bloques provnciales, previo al tratamiento de la iniciativa en comisión como ha realizado cuando se trataron otras claves para el Gobierno.

Pero para poder avanzar con esta iniciativa, el oficialismo necesita construir mayorias con sus habituales aliados ya que tiene 95 legisladores y requiere de 129 para abrir el recinto y aprobar esta iniciativa en este mes.

El oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio que integran 12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID,1 de Santa Cruz, y otra de la UCR de Adelante Buenos Aires, 11 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas.

En el caso de Provincias, las miradas están puesta en los diputados ex PRO como Gisella Scaglia, Sergio Capozzo, José Nuñez, y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

Comisiones

La iniciativa del Banco Central tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que la reforma de Inocencia Fiscal ya fue girada a Presupuesto y Legislación Penal.

Todos estos organismos asesores claves para emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones son conducidas por libertarios, pero la LLA solo puede tener mayoría con sus aliados.

Con información de NA.

Terminó el paréntesis que impuso el Mundial y la Casa Rosada volvió este martes a concentrarse en su propia agenda. Encabezada por Karina Milei, la mesa política del Gobierno se reunió por primera vez tras la derrota de la Selección argentina en la final con un objetivo central: reorganizar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza después del traspié sufrido la semana pasada en el Senado y aprovechar el receso invernal para reconstruir acuerdos antes de que el Congreso retome su actividad.

La reunión comenzó poco después de las 13 y juntó al núcleo duro del oficialismo. Además de la secretaria General de la Presidencia participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Aunque el encuentro mantuvo el formato habitual de las últimas semanas, el contexto político cambió. La suspensión de la sesión en la que el oficialismo pretendía aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para consolidar mayorías estables en el Senado y obligó a recalcular el cronograma legislativo para la segunda mitad del año. Con las comisiones paralizadas, en Balcarce 50 consideran que las próximas dos semanas serán determinantes para recomponer las conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas antes de volver al recinto.

El primer desafío llegará el 6 de agosto. Ese día, si las negociaciones prosperan, La Libertad Avanza buscará volver a la Cámara alta para intentar aprobar la iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, endurece los mecanismos para los desalojos y reforma distintos aspectos vinculados con la propiedad rural. Impulsado por Federico Sturzenegger y considerado prioritario por Javier Milei, durante la última sesión el oficialismo debió retirar el proyecto al advertir que no contaba con los votos necesarios.

Las mayores resistencias se concentraron en el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros, aunque distintos bloques también plantearon objeciones sobre otros cambios incorporados durante las negociaciones previas. El radicalismo y varios senadores alineados con gobernadores reclamaron modificaciones adicionales, mientras el oficialismo asegura haber avanzado en los últimos días para acercar posiciones. En cualquier caso, la convocatoria a una nueva sesión dependerá de que esas conversaciones terminen traduciéndose en apoyos concretos.

El traspié parlamentario también produjo un reordenamiento interno. Según pudo saber elDiarioAR, la Casa Rosada resolvió que el proyecto de Inocencia Fiscal inicie finalmente su recorrido legislativo por la Cámara de Diputados y no por el Senado, como se había evaluado inicialmente. La decisión fortalece el papel de Martín Menem en la negociación política y busca evitar un nuevo revés en la Cámara alta, donde el oficialismo volvió a comprobar las dificultades para ordenar a sus aliados.

Por su parte, el Ministerio de Economía presentará este miércoles las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, la iniciativa que un mes atrás quedó en el centro de la polémica tras conocerse que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa figuraban inscriptos. Los cambios al régimen simplificado de Ganancias eliminan los límites de ingresos y patrimonio establecidos en la ley vigente para ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al esquema. La iniciativa será anunciada por el ministro Luis Caputo en una conferencia de prensa de la que también participarán representantes de distintas cámaras empresarias.

La agenda legislativa incluye además otros proyectos que el oficialismo pretende reactivar apenas concluya el receso. Entre ellos aparecen la denominada Ley Hojarasca, también impulsada por Sturzenegger, que propone derogar o modificar alrededor de setenta normas consideradas obsoletas por el Ejecutivo; la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, redactada personalmente por Milei junto al presidente de la entidad, Santiago Bausili , y orientada a impedir cualquier forma de financiamiento monetario del Tesoro; y los cambios al régimen de Zona Fría.

En paralelo, la discusión sobre la reforma electoral continúa empantanada. La eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sigue sin reunir los consensos necesarios y, por ese motivo, el oficialismo volvió a concentrarse en una alternativa más gradual: suspender las primarias únicamente para las elecciones de 2027.

Milei volvió a dejar en claro en las últimas horas que su objetivo de fondo sigue siendo la derogación. En una entrevista con LN+, el Presidente calificó a las PASO como “un invento de Néstor Kirchner” para resolver problemas internos de la política “haciéndole pagar una encuesta uno a uno a todos los argentinos”. “Mi posición histórica con respecto a las PASO siempre fue que no deberían existir”, sostuvo. Además, argumentó que una excesiva cantidad de elecciones termina deteriorando la participación ciudadana. “Si usted hace votar cinco o seis veces en un año a la persona, se empiezan a saturar del sistema y cada vez la participación es menor”, afirmó.

El principal obstáculo de Milei continúa siendo político. Varios gobernadores y dirigentes de la UCR y del PRO reclaman definiciones sobre la estrategia electoral de La Libertad Avanza en sus provincias antes de acompañar cualquier modificación del calendario electoral. Temen respaldar una reforma que termine beneficiando a un oficialismo nacional que luego decida competirles con listas propias en sus distritos.

Ese escenario también ocupó buena parte de la reunión de este martes. Santilli y “Lule” Menem quedaron a cargo de profundizar durante las próximas semanas las conversaciones con gobernadores y referentes provinciales para explorar acuerdos tanto legislativos como electorales. La continuidad de esa ronda de contactos llegará este mismo miércoles, cuando la Nación firme con Santa Fe el convenio para el traspaso de obras viales en un acto encabezado por Santilli, Karina Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Será la segunda reunión de alto nivel con un mandatario provincial en apenas tres días, luego del encuentro que el jefe de Gabinete mantuvo el lunes con el correntino Juan Pablo Valdés. En la Casa Rosada ya asumen que las negociaciones por la agenda parlamentaria y las conversaciones de cara al calendario electoral quedaron definitivamente entrelazadas: el respaldo que los gobernadores ofrezcan a las reformas impulsadas por Milei pesará cuando llegue el momento de definir alianzas para el año que viene.

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A menos de un día de haber relanzado su gabinete con la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, Javier Milei volvió a reunir a toda la conducción política del oficialismo en la Casa Rosada. Esta vez fue para intentar dejar atrás la crisis que desembocó en la salida de Manuel Adorni y volver a poner el foco en el Congreso. Convocados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, diputados y senadores de La Libertad Avanza participaron este miércoles de un encuentro destinado a reactivar la agenda legislativa que el Gobierno había visto demorada durante los últimos meses.

La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y reunió por primera vez a la nueva mesa política del oficialismo. Además del Presidente y de Karina, participaron Santilli; el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier; el nuevo secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Durante la apertura del encuentro, Karina Milei fue la encargada de fijar las prioridades para la nueva etapa. Según reconstruyó elDiarioAR, la secretaria general señaló que los próximos tres grandes proyectos que impulsará el oficialismo serán la reforma política, una modificación del régimen de Zona Fría y cambios a la ley de Inocencia Fiscal. También presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los legisladores por el respaldo que permitió aprobar las principales iniciativas del Gobierno durante el último año y medio.

El encargado de subir la apuesta fue el propio Milei. Frente a los legisladores, el Presidente anunció que ya trabaja junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. No se trata de una iniciativa más: es una de las reformas que el mandatario considera fundacionales para blindar su programa económico y reducir al mínimo la capacidad de futuros gobiernos para intervenir sobre la política monetaria.

La reunión también sirvió para presentar, puertas adentro, al nuevo responsable de convertir esas reformas en leyes. Santilli tuvo su primer contacto formal con los bloques oficialistas como jefe de Gabinete y dejó en claro cuál será la prioridad de su gestión: reconstruir el vínculo con los gobernadores y recuperar la capacidad de negociación del Gobierno en el Congreso. Si durante el primer semestre debió dedicarse a administrar el desgaste provocado por el caso Adorni, el oficialismo pretende que el segundo encuentre a Santilli consiguiendo los acuerdos políticos que permitan volver a sacar leyes.

La convocatoria de este miércoles fue, en ese sentido, un intento por recuperar el tiempo perdido. El Gobierno aspiraba a llegar a esta altura del año con buena parte de su paquete de reformas ya convertido en ley, pero la crisis política derivada de las investigaciones sobre el exjefe de Gabinete alteró esa hoja de ruta y obligó a postergar buena parte de la agenda parlamentaria. Con el recambio en la Jefatura de Gabinete ya consumado, la Casa Rosada apuesta ahora a reinstalar la discusión sobre sus iniciativas legislativas y dejar atrás semanas dominadas por el impacto político del caso.

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La Casa Rosada entró en modo contención. Por primera vez desde que estalló la controversia patrimonial alrededor de Manuel Adorni, el Gobierno activó a toda su estructura política para evitar que el jefe de Gabinete quede expuesto a una derrota en el Congreso. Los miembros de la mesa política libertaria recibieron en las últimas horas una misión concreta: persuadir a los aliados históricos del oficialismo de que no acompañen los pedidos de interpelación y moción de censura impulsados por la oposición.

El objetivo inmediato es uno solo: impedir que el caso Adorni se transforme en una crisis institucional de dimensiones inéditas. El primer desafío aparece este jueves en el Senado. La convocatoria deberá terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel, una de las dirigentes más críticas del jefe de Gabinete dentro del universo que rodea al mundo libertario. Allí, el peronismo intentará avanzar con aquella herramienta incorporada a la Constitución durante la reforma de 1994 y que nunca fue utilizada en la historia reciente del país.

La respuesta oficial llegó incluso antes de que la discusión escalara. El martes por la noche, la Jefatura de Gabinete envió una nota a la Cámara alta confirmando que Adorni se presentará el próximo 2 de julio a brindar su informe de gestión. En Balcarce 50 la decisión es presentada como una obligación institucional. Pero también funciona como una estrategia de fuga hacia adelante: exponer al funcionario en el terreno donde el oficialismo se siente más cómodo y evitar que la oposición imponga sus propios tiempos.

La línea argumental que el Gobierno está desplegando con sus socios parlamentarios es sencilla y busca correr la discusión del patrimonio de Adorni para trasladarla al terreno de la institucionalidad. El mensaje que hacen llegar a gobernadores, radicales y dirigentes del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, es que acompañar la moción de censura implicaría abrir un precedente que podría alterar el equilibrio entre poderes. El problema es que, a diferencia de otras discusiones legislativas, esta vez el oficialismo no encuentra un bloque naturalmente dispuesto a salir a defender a Adorni.

El argumento no termina de convencer a todos. Los aliados atraviesan una situación incómoda. Por un lado, no quieren aparecer alineados con una ofensiva liderada por el kirchnerismo, una bancada a la que acusan de incurrir en una evidente contradicción al cuestionar la ética pública de un funcionario mientras Cristina Kirchner cumple una condena por corrupción. Por otro, tampoco están dispuestos a quedar pegados a la defensa irrestricta de un jefe de Gabinete cuya imagen viene sufriendo un desgaste sostenido desde marzo.

El mensaje que comenzó a circular en las últimas horas va en esa dirección. “Presidente: los que estamos apoyando el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el PRO en un breve comunicado dirigido directamente a Milei. La UCR, en tanto, explora salidas intermedias que le permitan tomar distancia del funcionario sin quedar absorbida por una avanzada encabezada por Unión por la Patria. El escenario es tan delicado que, más que conseguir respaldos explícitos, el Gobierno ya considera un éxito lograr que muchos de sus socios simplemente no se sienten en sus bancas cuando llegue el momento de votar.

La situación produjo una paradoja difícil de ignorar. Patricia Bullrich, probablemente la principal crítica interna de Adorni, se convirtió al mismo tiempo en una de las dirigentes encargadas de evitar que el Congreso avance sobre él. Lo mismo sucede con otros referentes oficialistas que, en privado, admiten reparos sobre la estrategia de defensa adoptada por el funcionario, pero no quieren prestarse a una ofensiva que pueda terminar fortaleciendo a la oposición.

Por eso, el verdadero objetivo del Gobierno no es ganar una votación sino evitar que esa votación exista. En algunos despachos consideran que la salida más elegante para los aliados consiste directamente en no dar quórum. Otros exploran fórmulas intermedias que les permitan tomar distancia del caso Adorni sin aparecer acompañando una iniciativa impulsada por Unión por la Patria.

La preocupación de la Casa Rosada no termina en el Senado. Si logra atravesar esa instancia, el siguiente frente se abrirá en Diputados. Allí el panorama es más complejo porque la iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete ya no está impulsada únicamente por el kirchnerismo, sino por un conjunto mucho más amplio de bancadas opositoras que aspiran a llevar el tema a comisión el próximo 23 de junio y, posteriormente, al recinto.

Mientras tanto, en Balcarce 50 intentan transmitir calma. Repiten que la economía “va viento en popa”, que la discusión alrededor del patrimonio de Adorni no modifica el rumbo general del Gobierno y que los argentinos están preocupados por otros asuntos. El problema es que la política parece estar empezando a pensar distinto. Después de tres meses, el caso hace tiempo que dejó de ser un asunto exclusivamente judicial y pasó a poner en jaque el capital simbólico y político del oficialismo. Aun así, Milei no tiene previsto alterar su agenda ni tomar distancia de su jefe de Gabinete. De hecho, el próximo sábado Adorni lo acompañará a Rosario en el acto por el Día de la Bandera, un gesto que en la Casa Rosada interpretan como una nueva señal de respaldo presidencial en medio de la tormenta.

Hasta hace poco, la pregunta era cómo defender a Adorni. Ahora el desafío consiste en evitar que el Congreso obligue a La Libertad Avanza a tomar una decisión que, por el momento, Javier Milei sigue decidido a postergar. El Presidente y su hermana ya tomaron partido: consideran al jefe de Gabinete inocente y amenazan, en caso de que la oposición avance en su moción de censura, con volverlo a nombrar en su cargo. La incógnita es si el resto del sistema político tiene la suficiente fuerza como para torcerle el brazo.

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Diputados nacionales de la oposición salieron con los tapones de punta contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo vinculado a la prevención de la ludopatía que busca erradicar plataformas ilegales de explotación de juegos de azar pero sin prohibir la publicidad del juego legal.

El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a combatir la explotación y difusión de plataformas de juego no autorizadas, además de prohibir el acceso de menores de edad, pero no se inmiscuye en el núcleo del negocio de los operadores de juego legal, que tienen como principal eje de captación la publicidad en medios de comunicación, redes sociales y en espectáculos masivos.

El proyecto no es del titular del Sedronar, Roberto Moro, sino del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzenegger, quien ya lo tenía escrito hace dos años, cuando en la Cámara de Diputados se le dio media sanción a una iniciativa más restrictiva con 140 votos opositores.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las más activas impulsoras de la media sanción obtenida en noviembre del 2024, que perdió estado parlamentario, recordó que aquella iniciativa “prohibía toda publicidad, mecanismo idéntico al implementado para los cigarrillos, que tan buen resultado dio”.

“Cerrábamos el camino a un lobby poderoso: el juego”, reafirmó la legisladora opositora, quien consideró que “con este proyecto ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas”. “Que propongan castigar con más pena y prohíban publicidad de plataformas clandestinas es una afrenta a la inteligencia de los argentinos”, disparó Frade.

En la misma sintonía, Maximiliano Ferraro (CC-ARI) sostuvo que pese a que el Gobierno presenta el proyecto como de ‘prevención de la ludopatía’, “lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea”. “Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas. Solo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado”, cuestionó.

“¿Adictos al juego legal? Ni un drama, que te bombardeen con publicidad, promociones y apuestas online las 24 horas”, protestó el dirigente opositor.

Otros puntos del proyecto libertario

Sobre la publicidad legal, apenas se menciona que “no podrá utilizar contenidos que vinculen la participación en juegos de azar en línea con el éxito personal, laboral o social, o sugieran que tal participación conlleva aceptación social”

Sobre la sanción a responsables de plataformas de juego no autorizadas, se proponen penas de tres a seis años, junto al bloqueo de dominios y limitación de circuitos de pagos de los operadores ilegales.

También se establece que será “reprimido” con pena de prisión de dos a cuatro años años a quien “prestare servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales” para el funcionamiento de juegos de azar en línea no autorizados, siempre y cuando se pueda demostrar que tenía conocimiento de la ilegalidad del negocio.

La iniciativa además impulsa campañas de concientización y sensibilización sobre efectos adversos del juego patológico, y busca fortalecer herramientas de articulación institucional con provincias y organismos competentes para prevenir y combatir la captación irregular de apuestas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó este viernes que el Gobierno enviará en los próximos días un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación, con iniciativas vinculadas a transparencia, regulación y desarrollo económico. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y forma parte de la estrategia legislativa que impulsa la administración de Javier Milei.

Según detalló el funcionario, uno de los proyectos más destacados será la denominada Ley de Ludopatía, una iniciativa orientada a abordar el crecimiento de las apuestas y los problemas asociados al juego, especialmente entre jóvenes y adolescentes. El tema se instaló en los últimos meses como una de las principales preocupaciones sociales vinculadas al avance de las plataformas digitales de apuestas.

En paralelo, el Ejecutivo buscará avanzar con el llamado “Súper RIGI”, una propuesta que apunta a profundizar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La iniciativa estaría enfocada en generar mayores beneficios y herramientas para atraer capitales y potenciar proyectos de inversión en sectores estratégicos de la economía.

El paquete legislativo también incluirá una Ley de Lobby, destinada a regular la actividad de representación de intereses ante funcionarios públicos. Desde el oficialismo sostienen que la medida buscará otorgar mayor transparencia a los vínculos entre el sector privado y el Estado, en línea con los planteos de desregulación y modernización institucional promovidos por el Gobierno.

Otro de los puntos que formará parte de la agenda parlamentaria será la actualización de la normativa de Etiquetado Frontal. Aunque por el momento no se conocieron detalles específicos sobre las modificaciones propuestas, el tema ya genera expectativa debido al fuerte debate que despertó la ley desde su sanción.

Adorni comunicó las iniciativas con un breve mensaje publicado en su cuenta de X, donde enumeró los proyectos que serán enviados al Congreso y cerró con su tradicional frase: “Dios bendiga a la República Argentina”. Con ese anuncio, el Ejecutivo dejó en claro que buscará mantener activa la agenda legislativa durante las próximas semanas, en medio de las negociaciones políticas con distintos bloques parlamentarios.

JIB