Manuel Adorni construyó su exposición ante la Cámara de Diputados como un relato guionado y casi sin fisuras. Su objetivo fue dar cuenta de un gobierno que corrige desvíos históricos, jaqueado por una oposición que conspira contra ese rumbo y una gestión que, aun con demoras, avanza en la dirección correcta. Pero a medida que el jefe de Gabinete se adentró en los temas más sensibles empezaron a aparecer zonas de tensión que desbordan ese esquema y dejan expuesta una distancia entre el discurso oficial y la dinámica real.

El primer punto aparece en su propia defensa patrimonial. Adorni insistió en que no hubo “ocultamiento alguno” en sus declaraciones juradas y que las denuncias buscan instalar “una hipótesis incorrecta”. Sin embargo, ese planteo convive con inconsistencias concretas: en su presentación como candidato en 2025 omitió consignar su casa en el country Indio Cua, una propiedad adquirida como bien ganancial, junto con la deuda hipotecaria asociada, pese a que la normativa exige declarar ese tipo de activos.

No se trata de un detalle técnico. Es, más bien, un punto que tensiona el corazón del argumento oficial: la idea de transparencia como diferencial político. En ese sentido, la apelación a anexos reservados y a formalidades administrativas aparece más como una forma de encapsular el problema que de resolverlo.

Algo similar ocurre con las acusaciones por conflictos de interés. Allí, Adorni negó de manera tajante cualquier irregularidad. Afirmó que es “falso” que haya intervenido para favorecer contrataciones de terceros con vínculos previos y aseguró que no existe contrato alguno entre la TV Pública y su amigo, el periodista Marcelo Grandio. Sin embargo, según publicó la periodista Martina Garbarz, existen seis contratos con la productora Imhouse vinculada a Grandio que suman $97.943.995. Otra vez, el mecanismo fue reducir el debate a su dimensión legal, donde el oficialismo se siente más cómodo.

El caso $LIBRA sintetiza esa lógica con mayor nitidez. Durante su exposición, el jefe de Gabinete volvió a enmarcar las denuncias como parte de una ofensiva opositora, pero omitió un dato clave: el propio Gobierno decidió disolver en mayo de 2025 la Unidad de Tareas de Investigación creada apenas tres meses antes para analizar ese entramado. La unidad había sido concebida como una herramienta para recabar información y asistir a la Justicia. Su cierre, formalizado por decreto presidencial, dio por concluida esa tarea tras la remisión de los datos recolectados.

En materia educativa, el discurso volvió a apoyarse en la idea de reformas estructurales y planificación de largo plazo. Adorni habló de transformación, de cambio de época, de un nuevo paradigma. Sin embargo, en paralelo, el conflicto con las universidades sigue abierto y sin resolución de fondo. La Ley de Financiamiento Universitario continúa sin aplicación efectiva, en un contexto de reclamos persistentes por recursos. La brecha entre la ambición del discurso y la implementación concreta vuelve a hacerse visible.

El caso del PAMI introduce un elemento aún más sensible, porque impacta de manera directa en la vida cotidiana. Adorni sostuvo que las prestaciones continúan con normalidad y buscó transmitir una imagen de estabilidad en el sistema de salud. Pero esa afirmación convive con decisiones recientes del propio organismo, como la eliminación de la cobertura total de medicamentos para más de 1,7 millones de afiliados. Lejos de ser un ajuste marginal, se trata de una modificación estructural que redefine el acceso a prestaciones básicas. En ese marco, la idea de “normalidad” queda tensionada por una política que, en los hechos, recorta beneficios sobre una población particularmente vulnerable.

Algo parecido ocurre en el área de discapacidad, donde el Gobierno sostiene un discurso de ordenamiento y eficiencia, pero la implementación de políticas específicas sigue siendo fragmentaria. La falta de aplicación plena de marcos normativos vigentes y las dificultades en el acceso a prestaciones configuran un escenario que contrasta con la narrativa de reorganización y mejora del sistema.

Incluso en el frente económico, donde el oficialismo construye su principal fortaleza, aparece una tensión interna que el propio Adorni dejó entrever. El jefe de Gabinete reconoció que “algunos de los resultados todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana” y atribuyó ese retraso a una “operación golpista” durante la campaña. La explicación desplaza la responsabilidad hacia factores externos, pero al mismo tiempo revela la dificultad de traducir logros macroeconómicos en mejoras perceptibles para amplios sectores de la sociedad.

Según su propia exposición, la gestión evidencia resultados “contundentes y positivos”. Y, en efecto, ese es el núcleo del relato oficial. Pero en varios de los temas más sensibles el discurso deja ver una distancia persistente entre esa narrativa de orden y la complejidad del presente. Lo que quedó planteado en el recinto no fue solo una disputa entre oficialismo y oposición. Se trató de algo más estructural: hasta qué punto el Gobierno puede sostener un relato de coherencia y control cuando, en los márgenes de su propia exposición, empiezan a acumularse señales que lo contradicen.

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“Deslomado”, le gritó Nicolás del Caño a Manuel Adorni apenas el jefe de Gabinete ingresó al recinto de la Cámara de Diputados. Ubicado unos metros arriba de la banca del diputado del FIT, en el palco principal, Javier Milei se paró para recibirlo. El cambio de roles se hizo carne en la sesión por el informe de gestión: “Vamos Manuel”, lo respaldó el mandatario, aplaudiendo con fuerza y sonriendo. El primer presidente que participa de un informe de gestión y el primero, además, que se sacrifica para convertirse en el fusible de su jefe de Gabinete. 

Martín Menem y Karina Milei organizaron una puesta en escena destinada a mostrar un Gobierno sin fisuras. Mientras Adorni daba su informe, en frente, a modo de respaldo, le sonreían todos los miembros del Gabinete nacional.

El núcleo de poder ocupó el palco central: los hermanos Milei, Sandra Petovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería). A la izquierda, Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y, más al fondo, a oscuras, el armador entre las sombras, “Lule” Menem. A la derecha, Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación), junto a Patricia Bullrich, jefa del bloque en el Senado y el asesor Santiago Caputo, escondido detrás de las cortinas. 

Afuera del Congreso, las calles parecían una zona de guerra. Decenas de camiones de Gendarmería, de la custodia de seguridad presidencial y de la Policía Federal rodeaban el Palacio, que estaba vallado con un cordón de armazones metálicos y policías de uniforme y civil que no dejaban acercarse a dos cuadras del edificio. Había cámaras y sensores de movimiento, y los uniformados que limitaban el ingreso se movían amenazantes entre el grupo de jubilados que comenzaba a agolparse, como todos los miércoles, frente al Congreso. 

“¡Chorros, narcos!”, gritaban los grupos de jubilados cada vez que algún auto atravesaba el vallado para acercarse al Congreso. A ellos no lo dejaban pasar, así que se dedicaban a cantar y gritar cada vez que pasaba un transeúnte. “Fuera Milei jefe de la casta corrupta” decía uno de los carteles que sostenían los jubilados. Otro, más al punto, rezaba: “Estas al Orni”. 

Pochoclos, 3% y genocidio en Gaza

El peronismo había definido una estrategia previo a la llegada de Adorni: no polemizar para evitar darle una excusa a que se victimizase y abandonase el recinto. Los diputados de Unión por la Patria quedaron últimos para hacer sus preguntas y buscarán aprovechar la instancia para preguntarle por el ajuste a jubilados y las universidades, así como el incremento de la morosidad y el cierre de empresas. Se diseñó un plan de acción con otros bloques opositores, como Provincias Unidas, y se acordó no armar un show para obligar al funcionario a responder la mayor cantidad de preguntas posibles. 

Del dicho al hecho, sin embargo, hay un trecho. Ese era el plan, aunque la mayoría sospechaba que sería difícil de aplicar, especialmente porque los diputados de Izquierda y Marcela Pagano, a quien sus ex compañeros de La Libertad Avanza denunciaron penalmente minutos antes de que comenzara la sesión, serían los primeros en hablar. Y nadie podía garantizar ahí que no hubiera cruces. 

Premonitorio, el socialista Esteban Paulon repartió pochoclos al inicio de la sesión. Le ofreció a Menem, pero el riojano --que había sido quien había hecho el comentario jocoso de “lleven pochoclos”-- no aceptó. 

Los primeros cruces comenzaron al comienzo del discurso de Adorni, cuando el peronista Aldo Leiva, ex combatiente de Malvinas, le acercó un papel que decía: “Todo claro menos las explicaciones”. Lilia Lemoine se paró para hacer un escándalo, y Leiva se fue raudo. Pero no a su banca, sino que se dirigió hacia donde estaba Milei y le mostró el cartel. Luego le hizo el gesto del 3% a su hermana. Karina puso mala cara. 

Cuando Adorni empezó a referirse a la alianza con Estados Unidos, estallaron los primeros gritos. Desde las bancas de la izquierda, empezaron a gritarle a Adorni y Milei: “Cómplices del genocidio palestino”. Milei recogió el guante y empezó a chicanearlos: “¿Cómo? No se escucha”, dijo, risueño. “Me escuchas muy bien”, le respondió Myriam Bregman. “Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”, gritó Milei.

Los diputados oficialistas interrumpieron a la oposición con aplausos y gritando “presidente, presidente”. También la militancia libertaria, que había cubierto las dos bandejas superiores del recinto. El show de Adorni había comenzado.

MC

Manuel Adorni eligió el recinto de la Cámara de Diputados como escenario para dar su versión más completa frente a las denuncias que lo rodean. En medio de su primera presentación de informe de gestión, el jefe de Gabinete interrumpió el hilo argumental y se dedicó a responder, punto por punto, las acusaciones por sus viajes, su patrimonio y la inclusión de su esposa en una comitiva oficial. “Sé que muchos quisieran hacer un juicio público a mi persona”, advirtió, en una frase que funcionó como paraguas de todo lo que vino después. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, lanzó. Más tarde, durante uno de los momentos de respuestas a las preguntas de los periodistas, insistió: “No voy a renunciar, estoy acá dando la cara”.

El descargo tuvo un eje central: correr la discusión del terreno político al judicial. Adorni insistió en que las principales denuncias ya fueron analizadas por la Justicia y que no se encontraron irregularidades. Se detuvo especialmente en el viaje a Estados Unidos de marzo de 2026, uno de los puntos más cuestionados. “Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya se expidieron sobre este tema. No existió delito ni irregularidad”, afirmó ante un recinto con presencia completa del gabinete nacional y bajo la mirada directa del presidente Javier Milei, que siguió la intervención solo durante la primera hora. El mandatario estuvo en un palco junto a su hermana Karina y los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello.

Según explicó Adorni, la comitiva fue aprobada conforme a la normativa vigente y su integración responde a una decisión discrecional de la Presidencia. Recordó que formó parte de la delegación que acompañó a Milei en actividades oficiales en Miami y Nueva York en marzo, y aclaró que su esposa viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida y regresó luego en un vuelo comercial. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viático, alojamiento, comida o de cualquier otro tipo por parte del Estado Nacional”, subrayó.

El argumento fue reforzado con una definición política: “Cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones”. Adorni buscó así transformar el eje de la discusión. No eludió, sin embargo, el impacto del tema. Recordó que pidió disculpas a los argentinos “entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara”, pero cuestionó que esas disculpas hayan sido utilizadas por sectores de la oposición como una herramienta para “obstaculizar la gestión”.

Otro tramo relevante estuvo dedicado a sus viajes personales y su patrimonio. Allí, Adorni fue más frontal. Acusó a la oposición de intentar “mezclar gasto privado con gasto público” y de equiparar su vida personal con actos de gobierno. “Ni constitucional, ni penal, ni civilmente son comparables”, afirmó. “Las manifestaciones sobre costeo externo son tendenciosas y falsas”, repitió, dos veces.

La defensa se extendió también al terreno de las declaraciones juradas. Adorni denunció que se intenta “dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta” y reivindicó el cumplimiento de la Ley de Ética Pública. Explicó que su patrimonio fue informado conforme al esquema vigente, que distingue entre un componente público y un anexo reservado que incluye los bienes de su grupo familiar.

Ese anexo, detalló, se encuentra bajo la órbita de la Oficina Anticorrupción y solo puede ser consultado ante un requerimiento judicial. Según su versión, ese paso ya ocurrió y la información fue puesta a disposición de la Justicia. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar”, insistió, en una línea que buscó reforzar la idea de que el caso debe resolverse fuera del Congreso.

El descargo avanzó luego sobre otro de los ejes sensibles: las acusaciones por supuestos conflictos de interés. Allí, Adorni negó de manera tajante cualquier irregularidad. Afirmó que es “falso” que haya intervenido para favorecer contrataciones de terceros con vínculos previos y aseguró que no existe contrato alguno entre la TV Pública y su amigo, el periodista Marcelo Grandio. Sin embargo, según publicó la periodista Martina Garbarz, existen seis contratos con la productora Imhouse vinculada a Grandio que suman $97.943.995.

Adorni sostuvo que esos contratos ya fueron incorporados en las causas judiciales en trámite y que cualquier eventual incompatibilidad debe ser evaluada por la Justicia. “No existen ni existieron contratos entre el Estado Nacional y mi cónyuge, ni directa ni indirectamente”, enfatizó, antes de remarcar que no hubo incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley de Ética Pública. Según agregó, sus declaraciones juradas no registran los vínculos que se intentan construir.

El cierre de su intervención fue, también, un mensaje institucional y político. Adorni pidió a los legisladores que no intenten avanzar sobre causas en trámite y advirtió que hacerlo implicaría “incumplir la Constitución Nacional”. “Ni yo en mi carácter de jefe de Gabinete, ni ustedes como legisladores podemos arrogar el conocimiento de esas causas. Serán los jueces y solo ellos quienes deberán resolverlas”, planteó.

“Golpismo” kirchnerista

Adorni había comenzado su discurso con un fuerte tono político y centrado en la defensa de la gestión, Manuel Adorni inició su exposición ante la Cámara de Diputados confrontando con el kirchnerismo, al que definió como el “populista trágico que nos hundió en la decadencia”. La escena ya estaba cargada antes de que empezara a hablar. Cuando hizo su ingreso, Milei rompió el murmullo con un grito que se escuchó con claridad: “¡Vamos, Manuel!”.

“Este gobierno y este presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie”, planteó el jefe de Gabinete en los primeros minutos, en una apelación directa a la legitimidad social como principal escudo político. La fórmula no es nueva, pero aparece recargada en este contexto: la idea de un oficialismo que no responde al sistema sino que lo enfrenta y que representa “al que trabaja, al que estudia y al que se esfuerza”.

El discurso avanzó rápidamente hacia una lectura más estructural. Adorni habló de un “arduo camino de reformas” orientado a “devolver a los argentinos todo lo que les fue arrebatado”, y cargó contra el legado del populismo, al que atribuyó “maldad, arrogancia o simplemente limitación intelectual”. No se trató solo de una crítica política sino de una impugnación cultural, en línea con la lógica de “batalla” que atraviesa al oficialismo desde su llegada al poder.

En ese marco, el jefe de Gabinete planteó que la actual gestión está haciendo “lo que el sistema político se negó a hacer durante más de 100 años”: transformar una “nación rentista y conservadora” en una economía “pujante” y capaz de crecer de manera sostenida. Sobre ese eje, Adorni buscó además diferenciarse de la lógica electoral que, según dijo, primó en gobiernos anteriores. “Nuestra visión no está ordenada en torno a ganar la próxima elección”, sostuvo, sino en proyectar “los próximos 10, 20, 30 años” del país.

Pero en ese mismo movimiento apareció una admisión calibrada. El jefe de Gabinete reconoció que algunos de los resultados obtenidos “todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”, y atribuyó ese desfase a lo que definió como una “operación golpista” del kirchnerismo y la izquierda durante la campaña electoral del año pasado.

Según su reconstrucción, ese clima político tuvo efectos concretos en la economía. Adorni habló de un riesgo país que “se disparó” por la posibilidad de un triunfo opositor, de una dolarización del 40% de la base monetaria en medio de una corrida “de las más importantes de los últimos años” y de tasas de interés que se quintuplicaron, “estresando al límite” el crédito. El resultado, dijo, fue un deterioro que “trajo serias dificultades para la gente a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos”.

El cierre de ese primer tramo volvió sobre la reivindicación de resultados. “A dos años, cuatro meses y 19 días de gestión”, precisó, Adorni aseguró que la marcha del gobierno “evidencia resultados contundentes y positivos”, apoyados en los informes de cada área. Una afirmación que, previsiblemente, será puesta a prueba en el intercambio con la oposición, que ya llega al recinto con una batería de cuestionamientos preparados.

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En medio de la polémica por las denuncias judiciales en su contra, Manuel Adorni se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para dar su primer informe de gestión, en una sesión que el oficialismo y la oposición preparan como una escena política de alto voltaje. A 175 días de haber asumido, el jefe de Gabinete llegará al recinto con más de 4.800 preguntas enviadas por los legisladores y con un Gobierno decidido a rodearlo de respaldo en un momento delicado.

La presentación está prevista para las 10:30. Según anticipan en la Casa Rosada, Adorni abrirá con un discurso de cerca de una hora, de tono “institucional” y con eje en los logros económicos, la estabilización macro y las reformas en marcha. Luego comenzará una extensa ronda de preguntas que podría extenderse por más de seis horas. En la previa, la Jefatura de Gabinete debía enviar el informe escrito con las respuestas a las consultas parlamentarias, un gesto que busca descomprimir parte de la tensión acumulada con la oposición.

El contexto, sin embargo, es otro. Adorni llega al Congreso bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, con cuestionamientos por sus propiedades y sus viajes al exterior. En su entorno repiten que evitará referirse a esos temas y que los circunscribirá al ámbito judicial, pero en el oficialismo admiten que el desarrollo de la sesión será difícil de encorsetar.

En ese marco, la estrategia de La Libertad Avanza incluye una hipótesis de máxima: que Adorni pueda levantarse e irse si el clima se vuelve hostil. El antecedente es el de Guillermo Francos, quien abandonó el recinto del Senado en su última presentación del año pasado tras un cruce con la oposición. En el oficialismo no lo confirman, pero tampoco lo descartan.

La oposición, por su parte, se prepara para impedirlo. El lunes por la tarde, referentes del peronismo, la Coalición Cívica, el espacio de Miguel Pichetto y sectores del radicalismo coordinaron una estrategia común para sostener la sesión el mayor tiempo posible y evitar episodios que le den al jefe de Gabinete un argumento para retirarse. “El objetivo es mantener la sesión todo lo que pueda”, sintetizó uno de los diputados que participó del encuentro ante la consulta de elDiarioAR.

El plan opositor incluye llegar al recinto con los temas distribuidos y ordenar tanto las preguntas como las repreguntas. Los bloques más chicos abrirán la ronda y los más grandes, como Unión por la Patria, cerrarán el tramo más intenso. Además de los cuestionamientos patrimoniales, buscarán instalar una agenda social que incomoda al Gobierno: la crisis del PAMI, el aumento del desempleo, el cierre de industrias, la suba de la morosidad y los problemas en la distribución de medicamentos.

Adorni, mientras tanto, también ajusta su preparación. En las últimas horas pasó por el recinto vacío para ensayar su exposición, en un gesto que en su entorno describen como parte de una preparación “minuciosa”. La escena, sin público ni cámaras, funcionó como un anticipo del tono que buscará imprimirle a su intervención.

Blindaje oficialista

La dinámica de la sesión estará regulada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien definirá los tiempos sin una reunión previa de labor parlamentaria. El esquema contempla intervenciones proporcionales por bloque, con un piso de cinco minutos, y tandas de respuestas del jefe de Gabinete que irán ordenando el intercambio.

En paralelo, en los pasillos del Congreso circula otro elemento que suma tensión: la posibilidad de que el oficialismo habilite el ingreso de militantes a los palcos para respaldar a Adorni. La versión encendió alertas en la oposición, que ya anticipó pedidos formales para evitarlo, recordando episodios recientes en los que la presencia de simpatizantes derivó en gritos e interrupciones durante sesiones clave.

La puesta en escena del oficialismo incluirá además la presencia de Javier Milei en el palco central, acompañado por Karina Milei y varios ministros. La foto no es habitual para este tipo de sesiones y refuerza la idea de un respaldo político explícito. También abre otra dinámica: varios diputados anticipan que dirigirán parte de sus intervenciones hacia los palcos, especialmente a funcionarios que no suelen asistir al Congreso.

El trasfondo de esa escena excede el informe. En la Casa Rosada, donde los periodistas acreditados siguen sin poder ingresar a la sala de prensa, el vínculo con los medios atraviesa un momento de máxima tensión, y la figura de Adorni quedó en el centro de ese conflicto. Su exposición en Diputados será, en ese sentido, también una reaparición pública en un terreno menos controlado.

En ese equilibrio entre defensa y ofensiva se juega algo más que una sesión informativa. Para el Gobierno, es la oportunidad de ordenar políticamente a uno de sus funcionarios más expuestos. Para la oposición, en cambio, la chance de interpelarlo en un escenario donde las preguntas no pueden filtrarse. Y, en el medio, una incógnita que atraviesa toda la previa: si Adorni logrará sostener el guion o si el recinto terminará imponiendo el suyo.

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“Ahora no, después de lo de Adorni”. En un Congreso paralizado por culpa de la caída de la imagen de Javier Milei, el oficialismo le prende una vela al informe de gestión que brindará Manuel Adorni este miércoles. Esperan que la sesión, que contará con la presencia del Presidente, cierre la etapa de empantanamiento que se apoderó del Congreso desde que estalló el escándalo por las propiedades y viajes del jefe de Gabinete. Los aliados rechazan las leyes, retacean el quórum y piden cambios: la mayoría estival, con la que Milei logró aprobar la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares, se empantanó. Y el Gobierno espera que, tras el descargo del miércoles, pueda volver a aparecer. 

Patricia Bullrich no es tan optimista. La jefa del oficialismo en el Senado ya empezó a advertir que la reforma electoral, la única prioridad del Gobierno para lo que resta de 2026, no tiene los votos para ser aprobada en el Senado. Es una novedad: desde enero que Bullrich viene presumiendo una mayoría que, con ayuda de un sector del peronismo, le permitía coquetear con los dos tercios del Senado. 

El PRO y la UCR, sin embargo, empezaron a poner sus peros. No quieren una eliminación de las PASO sin una alternativa que permita dirimir las internas –ambos aliados esperan poder usarla como herramienta para negociar con Karina Milei si la imagen del Gobierno sigue cayendo– y la estrategia de incluir el proyecto de Ficha Limpa a modo de anzuelo no parece surtir efecto. La mayoría recuerda todavía cuando, hace un año, el Senado rechazó la Ficha Limpia de Silvia Lospennato por un viraje de último momento de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Dos aliados del Gobierno que, pese a que Milei siempre negó, torcieron su voto de común acuerdo con el oficialismo. 

Pero no solo los radicales y macristas ofrecen resistencia, también los provinciales. El tucumano Osvaldo Jaldo anunció su rechazo a la eliminación de las PASO y dejó, así, a Bullrich casi sin aliados a donde ir a buscar los votos. “El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en lo político electoral. Y en esto vamos a tener diferencias profundas”, afirmó el gobernador de Tucumán, quien, desde las elecciones de octubre, venía moviéndose como un fiel aliado del Gobierno. 

La reforma electoral, que además incluye un avance en la privatización del financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, está trabada. No es la única iniciativa que arrastra ese mismo problema: la nueva ley de discapacidad, que disminuye la cantidad de pensiones y elimina el nomenclador que establece el valor de las prestaciones para todas las obras sociales y prepagas, no cuaja entre los aliados. Tampoco la nueva ley de financiamiento universitario. El Congreso ya sancionó dos leyes que obligan a Milei a indexar las partidas y salarios y, pese a que la Justicia lo obligó a que las cumpla, el Gobierno solo las ejecuta parcialmente. 

Más sorpresivo, sin embargo, fue la resistencia de los radicales a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger que modifica varias leyes: la de Tierras, eliminando los topes para aquellos inversores extranjeros que quieran comprar tierras nacionales; la de Manejo del Fuego, derogando la prohibición de producir sobre la tierra incendiadas durante 30 años; y la de Integración Socio Urbana, eliminando la prohibición de desalojos en barrios populares. 

El bloque radical, que lidera Eduardo Vischi, se reunió con Bullrich la semana pasada y le propuso varias modificaciones. El objetivo de la senadora libertaria era avanzar con la media sanción durante esta semana, pero la resistencia de los radicales y el informe de Adorni cambiaron los planes.

Hasta la agenda judicial amenaza con empantanarse. El Gobierno lleva presentados 97 pliegos para cubrir las más de 200 vacantes judiciales, entre los que se encuentran fueros federales y del interior del país, así como el de algunos jueces que están en edad de jubilarse y para los que el Ejecutivo pide su continuidad por cinco años más. El caso más resonante es el de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia y uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido, pero no es el único. 

En el listado está también Víctor Arturo Pesino, el juez que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de 80 artículos de la reforma laboral. El fallo se publicó la semana pasada y, menos de 24 horas después, el Gobierno correspondió enviando su pliego para que pudiera ser juez durante cinco años más. Otra es Matilde Ballerini, la jueza de la Cámara Comercial que favoreció a Mauricio Macri en la causa de la quiebra del Correo.

Hay, además, familiares de magistrados, como Emilio Rosatti, el hijo del juez de la Corte Suprema, y Ana María Cristina Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que está a cargo de la causa $LIBRA. Según un relevamiento realizado por un conjunto de organismos de derechos humanos –como el CELS, INECIP y ACIJ– el 70% de las propuestas son hombres y el 73% proviene de cargos en el Poder Judicial. 

El jueves, el Senado retomará la agenda de audiencias. Y, si bien Bullrich cuenta con votos del peronismo y las fuerzas provinciales para acompañar los pliegos, el escándalo Adorni complejiza la posibilidad de convocar una sesión.

Adornipallooza

La oposición está preparada. El jefe de Gabinete dará, primero, un discurso de una hora sobre los lineamientos de la gestión y, luego se someterá a las preguntas de los diputados de la oposición. La gran apuesta de LLA es que, en el calor de los cuestionamientos por sus propiedades, el caso $LIBRA, los viajes al exterior o las denuncias de coimas en las ANDIS, Adorni pueda levantar e irse. Como hizo Guillermo Francos cuando habló por última vez como jefe de Gabinete frente al Senado el año pasado. 

Concientes de esta estrategia, los principales bloques opositores –el peronismo, la Coalición Cívica, el pichettismo y el radicalismo de Provincias Unidas– se reunieron el lunes por la tarde para diseñar un plan de trabajo. “El objetivo es mantener la sesión todo lo que pueda y evitar darle argumentos al tipo para que se vaya”, explicó uno de los diputados que participó del Zoom. 

La oposición pretende llegar al recinto con los temas organizados y distribuidos. Los primeros en preguntar serán los bloques más chicos y los últimos los más grandes, por lo que la apuesta es organizarse también en la instancia de las repreguntas. El peronismo, además, insiste en incluir los temas de la agenda social: crisis en el PAMI, índice de desempleo, cierre de industrias, aumento en la morosidad y distribución de medicamentos. 

Adorni, por si acaso, irá preparado. Ayer fue a la Cámara de Diputados a practicar su discurso en el recinto, cuando no había nadie. Un ensayo antes del show.

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A casi seis meses de haber asumido como jefe de Gabinete, Manuel Adorni se prepara para dar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en un clima político atravesado por las investigaciones judiciales en su contra y por una creciente tensión con la prensa que ya se filtra en la dinámica cotidiana de la Casa Rosada. El debut, previsto para este miércoles a la 10.30, se proyecta como una escena de alto voltaje político, en la que el Gobierno buscará exhibir cohesión interna mientras administra el impacto de un caso que incomoda puertas adentro.

La señal más clara de ese respaldo será la presencia de Javier Milei en el palco central del recinto, acompañado por Karina Milei y buena parte del gabinete. La puesta en escena no es casual: en Balcarce 50 entienden que la exposición de Adorni necesita de un marco de contención política explícito, sobre todo después de varias semanas en las que el jefe de Gabinete quedó a la defensiva por la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En su entorno aseguran que el discurso inicial tendrá un tono “institucional”, centrado en los logros económicos, la estabilización macro y las reformas impulsadas por la gestión. La indicación es evitar cualquier referencia a las causas judiciales y a las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas. “Es un tema de la Justicia”, repiten, en línea con una estrategia que busca encapsular el conflicto y evitar que se traslade al terreno político.

La magnitud de la sesión, sin embargo, anticipa que ese objetivo no será sencillo. La oposición envió cerca de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales Adorni ya respondió unas 2.000 en la previa y deberá completar el resto durante su exposición y el intercambio en el recinto. El volumen no es menor. Implica una jornada que podría extenderse por más de seis horas, con intervenciones escalonadas de todos los bloques y márgenes acotados para cada respuesta.

Esa hoja de ruta convive con otra hipótesis que circuló en los días previos: la posibilidad de un tono más confrontativo, con respuestas dirigidas a cuestionar a la oposición. Aunque en las últimas horas esa opción fue relativizada, en el oficialismo admiten que el clima de la sesión puede empujar a Adorni a correrse de un libreto más moderado. “Va a depender mucho de cómo arranque”, sintetizan.

La dinámica de la jornada también forma parte de la estrategia. Según trascendió, la intención de La Libertad Avanza es evitar una reunión de labor parlamentaria y dejar en manos del titular de la Cámara, Martín Menem, el control del esquema de preguntas, algo que apuntaría a ordenar el debate bajo reglas estrictas y reducir la capacidad de articulación de la oposición. El formato prevé un discurso inicial de Adorni de entre 50 minutos y una hora, seguido de tandas de preguntas que podrían extender la sesión por más de seis horas.

En ese marco, los bloques que impulsaron denuncias contra el jefe de Gabinete anticipan que insistirán con preguntas sobre su patrimonio y sus viajes. La incógnita es hasta qué punto Adorni podrá sostener la decisión de no responder sobre esos temas sin que eso afecte el desarrollo de la sesión. En particular, cuando llegue el turno de Unión por la Patria, que contará con el tramo más extenso de exposición.

Ese trasfondo de la tensión con el periodismo no es menor. En la Casa Rosada, donde los periodistas acreditados continúan sin poder ingresar a la sala de prensa tras la restricción dispuesta la semana pasada, el vínculo entre el Gobierno y los medios atraviesa uno de sus momentos más tirantes. En ese contexto, la reaparición pública de Adorni, que construyó su perfil político precisamente como vocero, adquiere una dimensión adicional. No sólo se juega su desempeño ante la oposición, sino también su capacidad para reposicionarse en un escenario donde la comunicación oficial se volvió más opaca y controlada.

Mientras tanto, la causa judicial sigue avanzando. Las medidas impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, entre ellas pedidos de información sobre cajas de seguridad vinculadas a su entorno, mantienen el expediente en movimiento y suman presión. El informe de gestión, en ese sentido, aparece para Adorni como algo más que una obligación institucional. Se trata de una oportunidad para reordenar la escena política. Para la oposición, en cambio, es la primera instancia para interpelar al jefe de Gabinete cara a cara en medio de las sospechas. Entre esas dos lógicas se jugará una sesión que, más que saldar respuestas, probablemente deje nuevas preguntas abiertas.

En ese equilibrio inestable aparece además una variable clave hacia adentro del oficialismo: el rol de Karina Milei. En la Casa Rosada dan por hecho que el sostén político de Adorni no depende sólo del Presidente, sino del aval directo de su hermana, que en las últimas semanas reforzó su lugar en la mesa política y se convirtió en un factor decisivo para amortiguar el impacto del caso. Ese respaldo explica, en parte, por qué el jefe de Gabinete llega a su primera prueba en el Congreso sin señales de repliegue, pese al ruido judicial. También delimita el margen de acción de sus críticos internos: cuestionar a Adorni, hoy, implica tensionar con el vértice más fuerte del poder libertario.

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El Gobierno nacional busca avanzar con una reforma electoral de amplio alcance que ya ingresó al Congreso y que tiene como eje central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a modificar de manera integral las reglas de competencia política, pero enfrenta un escenario complejo en el Senado, donde no están garantizados los votos necesarios.

El proyecto propone directamente derogar el régimen vigente de primarias, una herramienta que desde su implementación funciona como instancia de selección de candidatos y ordenamiento interno de los partidos. Desde el oficialismo sostienen que se trata de un mecanismo costoso e innecesario, aunque la mayoría de las fuerzas políticas —incluidos sectores dialoguistas— rechazan su eliminación.

En la Cámara alta, donde la iniciativa comenzará su recorrido legislativo, el panorama aparece adverso. Para aprobar una reforma electoral se requiere mayoría absoluta, es decir, 37 votos. Hoy, ese número luce lejano para el oficialismo. La Unión Cívica Radical ya adelantó que no acompañará la eliminación de las PASO y propone, en cambio, reformarlas para que sean optativas. En la misma línea se ubican partidos provinciales.

El rechazo también se extiende al peronismo. El kirchnerismo se opone de manera cerrada a eliminar las primarias, mientras que gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada tampoco garantizan su respaldo. En ese contexto, incluso dentro de La Libertad Avanza reconocen que la propuesta, tal como está planteada, difícilmente reúna las mayorías necesarias.

Ante ese escenario, en despachos oficialistas comenzaron a circular alternativas. Una de ellas es convertir las PASO en un sistema optativo, con inscripción voluntaria de votantes para participar en internas partidarias, similar al modelo utilizado en Estados Unidos. Sin embargo, esa variante tampoco genera consenso por el momento.

Más allá del debate por las primarias, el proyecto incluye otros cambios de peso. Uno de los puntos destacados es la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos.

La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley de Partidos Políticos, con requisitos más estrictos para la afiliación, el funcionamiento y el reconocimiento de las agrupaciones. A su vez, establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas.

En materia de financiamiento, el texto propone reglas más rígidas para los aportes públicos y privados, con mayores controles y límites a las contribuciones, en línea con la intención oficial de transparentar el sistema.

El intento de eliminar las PASO no es nuevo. El año pasado, el Gobierno ya había impulsado su suspensión, aunque finalmente debió conformarse con una solución intermedia para poder avanzar en el Congreso. Ahora, con el calendario electoral de 2027 en el horizonte, la discusión adquiere otra dimensión: para muchas fuerzas, las primarias siguen siendo una herramienta clave para definir liderazgos y ordenar la competencia interna.

Con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos y la incorporación de la Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que la iniciativa apunta a “poner fin a la impunidad” y criticó el esquema vigente al señalar que no corresponde que los ciudadanos financien internas partidarias.

Asimismo, explicó que el nuevo sistema de financiamiento buscará reducir el uso de fondos públicos en la actividad política y sostuvo que la propuesta pretende avanzar sobre lo que definió como privilegios del sistema político.

“Mañana enviaremos la reforma electoral al Congreso”, anunció el presidente Javier Milei en su cuenta de X destacando, punto por punto, el plan del oficialismo.

Sobre la eliminación de las PASO, el mandatario dijo: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, agregando respecto del financiamiento que “se termina la política viviendo de tu bolsillo”. También dio un apartado sobre Ficha Limpia al decir que “los corruptos, afuera para siempre”.

“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, cerró el mandatario antes de subir al avión que lo traerá de regreso de Israel a la Argentina.

Con información de agencias y redes

JIB

Martín Menem tenía un plan: sesionar este miércoles para tratar la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, tantear el clima del recinto tras el escándalo de Manuel Adorni y allanar el camino de cara al informe de gestión del 29 de abril. El objetivo no era tanto hacerle un favor a Sturzenegger, con un proyecto de ley que hasta los propios califican de secundario, como medir la lealtad de los aliados. Si la oposición buscaba avanzar con una embestida, razonaba, mejor que fuera antes que Adorni visitase la Cámara de Diputados. Sin embargo, le falló el número: los aliados se le retobaron y, con varios libertarios fuera del país, el riojano tuvo que levantar la sesión. 

“Hay demasiada tensión con el tema Adorni y no teníamos garantizado el quórum con los aliados”, señaló un alfil libertario que, como varios diputados del bloque oficialista, se manifestó en contra de tratar el proyecto de Sturzenegger. La discusión comenzó el viernes pasado, poco después de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Algunos dirigentes libertarios advertían que no era conveniente abrir el Congreso en este contexto de debilidad política y que era mejor esperar a que bajara la espuma. “Guardémonos las balas”, explicaban en La Libertad Avanza.

Menem, en cambio, quería medirle el aceite a los aliados. Consciente de que el escándalo patrimonial de Adorni se había convertido en la excusa para diferenciarse del Gobierno, el riojano advertía que era una buena oportunidad para tantear las fuerzas: el proyecto de Sturzenegger, después de todo, no formaba parte de las prioridades de Javier Milei. En la última semana algunos aliados, como Cristian Ritondo, el jefe del PRO, habían aprovechado para criticar al Gobierno denunciando el “show” que se buscaba armar con el informe de gestión del 29 de abril. 

“Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras”, señaló Ritondo, en declaraciones radiales. 

El principal motivo de preocupación, sin embargo, no era el PRO, sino las fuerzas provinciales. Golpeadas por la caída de la recaudación –que arrastra ya ocho meses a la baja– y el derrumbe de las transferencias de la coparticipación, las provincias arrastran un ahogo financiero cada vez más acuciante. Los aliados reclaman fondos al gobierno nacional, pero Luis Caputo es renuente a abrir la billetera. En este contexto, los gobiernos provinciales ensayan maniobras para distanciarse.

Ya se vio, incluso, durante la última sesión por la reforma de la Ley de Glaciares. Durante la votación por los apartamientos de reglamento para interpelar a Adorni, por ejemplo, hubo varias ausencias elocuentes. Fue el caso de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro. El catamarqueño Raúl Jalil, incluso, mandó a sus diputados a votar a favor de la interpelación del jefe de Gabinete. 

Frente a este escenario, Menem, este lunes, hizo cuentas. Y se dio de frente con el hecho de que, si abría el recinto, se arriesgaba a no tener quórum. El problema era doble. Por un lado, los aliados se resistieron a garantizar su comparecencia. Y, por el otro, había muchas ausencias de diputados propios que estaban en el exterior. 

El nuevo Congreso

El escándalo patrimonial de Adorni –que esta semana tendrá un nuevo capítulo judicial con más declaraciones testimoniales– divide las aguas en el oficialismo. 

Este debate interno se vio plasmado, el viernes pasado, con el cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini en las redes sociales. El desencadenante fue la interna de largo arrastre entre Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires, y la militancia virtual de las fuerzas del cielo, que comanda Santiago Caputo. Una discusión por una denuncia penal de Pareja contra un grupo de tuiteros que lo doxearon el año pasado –publicaron su número de teléfono en Twitter– y que derivó en un enfrentamiento público. El enfrentamiento, sin embargo, exponía algo más: el malestar que hay dentro de un sector de LLA frente a la decisión de los hermanos Milei de sostener a Adorni.

Menem, en tanto soldado de Karina, defiende a rajatabla al jefe de Gabinete. Y fue él quien propuso que diera el informe de gestión el 29 de abril. “Las encuestas me chupan un huevo”, se lo escuchó decir al riojano, quien confía en que la espuma terminará bajando y que no hay que ceder ante la presión de la oposición. 

Dentro del bloque, sin embargo, no todos están de acuerdo. Más de uno está “harto” de tener que defender a Adorni y advierte que no hace más que “desgastar” al Gobierno. 

Esta tensión, que derrama sobre los aliados, genera un freno a la agenda oficialista en el Congreso. Este martes, Menem buscará avanzar con el dictamen de la Ley Hojarasca –que elimina leyes como la de Padrinazgo Presidencial, que establece que el presidente será el padrino (o madrina) del séptimo hijo varón o hija mujer, o la que le da derecho de libre circulación y estacionamiento a los diputados–, pero no podrá avanzar con la sesión. 

Por primera vez desde las elecciones de octubre, el riojano tiene que moverse con cuidado. 

MCM/CRM

En la antesala de una nueva escala internacional de Javier Milei, que este sábado partirá rumbo a Israel, la Casa Rosada volvió a recostarse sobre un dispositivo que, con el correr de los meses, pasó de ser una promesa de coordinación a una herramienta de contención: la mesa política. La reunión convocada por Manuel Adorni se concretó esta mañana y dejó una señal doble: la intención de ordenar la hoja de ruta legislativa y, al mismo tiempo, de cerrar filas puertas adentro en un contexto atravesado por la presión judicial sobre el jefe de Gabinete y una cierta parálisis parlamentaria.

Es que el cónclave llegó atravesado por un factor que altera el equilibrio interno: la situación de Adorni en los tribunales. En medio de nuevos movimientos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete no solo conserva su lugar sino que lo ejerce, con un oficialismo que parece no estar dispuesto a soltarlo. La foto de este jueves en Vaca Muerta junto a Karina Milei, quien según reconstruyen en Balcarce 50 fue la que impulsó la invitación, funcionó como un mensaje hacia adentro y hacia afuera. La mesa de este viernes reforzó esa señal al ubicarlo en el centro del armado político en un momento de máxima exposición.

Sostenido por los hermanos Milei frente a sus avatares judiciales, Adorni también ensayó en las últimas horas un movimiento propio. Tras varios días de bajo perfil, el jefe de Gabinete reapareció anoche en la red social X con un tono irónico y desafiante, luego del revuelo que generaron las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes. Hasta ahora, se había limitado a difundir su habitual “resumen de la semana”, donde destaca logros de la gestión. Esta vez fue distinto: respondió a un usuario anónimo que cuestionaba la cobertura mediática del caso y aprovechó para contrastar con la comitiva que habría llevado Axel Kicillof a su gira por España. “Él no cambió el espejo del baño. Fin”, escribió, en alusión directa a uno de los puntos bajo investigación judicial: la refacción del departamento en Caballito que adquirió el año pasado.

Hoja de ruta

En términos formales, el temario de la reunión de este viernes no difirió demasiado de otras convocatorias. La Casa Rosada volvió a intentar destrabar una agenda legislativa que no termina de arrancar, con una Cámara de Diputados que apenas sesionó una vez en lo que va del período ordinario, y avanzar con proyectos que combinen volumen político y capacidad de generar debate. La reforma política, con la eliminación de las PASO, volvió a ocupar el centro de la escena, acompañada por modificaciones en el Código Penal orientadas a temas de alto impacto público. A eso se suma la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que genera resistencias incluso entre aliados, y el intento de acelerar pliegos judiciales negociados con gobernadores.

Pero el trasfondo fue otro. La necesidad de instalar temas que desplacen el foco mediático de la situación de Adorni se volvió explícita. Y, al mismo tiempo, expone una dificultad más profunda: la de sostener iniciativa política propia en un contexto donde los tiempos empiezan a ser marcados por factores externos.

La composición de la mesa terminó de confirmar ese cuadro. Participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También estuvo presente Santiago Caputo, cuya asistencia volvió a poner en evidencia su rol gravitante en la toma de decisiones. La participación de Karina Milei reforzó el carácter político del encuentro, más orientado a la rosca que a la técnica, mientras que la ausencia de Luis “Toto” Caputo, de viaje en Estados Unidos, dejó al equipo económico al margen de la discusión en un momento en que la inflación en alza y los recortes presupuestarios presionan al Palacio de Hacienda.

La mesa política libertaria se institucionalizó tras la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025. Desde el vamos, funcionó más como un espacio flexible, a veces ampliado y otras reducido al mínimo indispensable, que como un ámbito regular de toma de decisiones. Hubo encuentros esporádicos, convocados al calor de urgencias específicas, como la necesidad de ordenar votaciones, contener tensiones con aliados o bajar línea en momentos de crisis. Sin embargo, nunca logró consolidarse como un órgano estable de coordinación real.

En ese vacío, su reactivación periódica suele leerse menos como señal de fortaleza que como síntoma de desorden: es una instancia que demostró capacidad para cerrar coyunturas —sobre todo en tiempos donde “todo marchaba acorde al plan”, como en el verano pasado— pero no para sostener dinámicas en el tiempo. En un escenario donde el Gobierno busca recuperar iniciativa mientras protege a Adorni, uno de sus funcionarios clave, esa limitación vuelve a quedar expuesta. La experiencia reciente demostró que, en el universo oficialista, la mesa sirvió principalmente para apaciguar las internas. Una funcionalidad que parece volverse cada vez más estrecha.

PL/MC

Un grupo de empresarios y representantes de cámaras de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) realizará este jueves a las 11 un encuentro frente al Congreso de la Nación para exponer ante legisladores la situación que atraviesa la industria nacional y advertir sobre el impacto de la actual coyuntura económica en el sector.

La convocatoria surgió tras una reunión virtual entre referentes de distintas PyMEs, en la que se analizó la caída de la actividad económica y las dificultades que enfrentan las empresas para sostener los niveles de producción.

Durante ese intercambio también se abordaron problemas vinculados al acceso al financiamiento, el aumento de los costos productivos y las consecuencias que estas variables tienen sobre las pequeñas y medianas empresas manufactureras.

De acuerdo con las entidades organizadoras, del encuentro participarán representantes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer, la Cámara de la Industria Marroquinera Argentina (CIMA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la Unión Industrial de San Martín (UIGSM), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.

En paralelo, los empresarios trabajan en la elaboración de un documento que será entregado a los legisladores y que incluirá un diagnóstico del sector junto con propuestas orientadas a preservar el entramado productivo y los puestos de trabajo industriales. “Las pymes industriales necesitamos ser escuchadas. Representamos producción, inversión y miles de puestos de trabajo en todo el país”, señalaron referentes del sector.

Con la actividad, los organizadores buscan que legisladores de distintas bancadas conozcan de primera mano el impacto de la situación económica sobre la industria y abrir un canal de diálogo institucional para discutir medidas que permitan fortalecer la producción nacional.

Con información de la agencia NA

El Gobierno prepara un nuevo movimiento en el tablero de la inteligencia argentina. No se trata solo de sostener el polémico DNU 941/2025 que Javier Milei firmó el 31 de diciembre y que reconfiguró la arquitectura del espionaje estatal, sino de avanzar hacia una instancia más ambiciosa: una nueva Ley de Inteligencia que reemplace de manera definitiva la norma sancionada en 2001, aún vigente. “¿Se va a presentar una nueva ley? Sí. ¿Cuándo? Es decisión del Presidente”, deslizaron, tajantes, fuentes del organismo a elDiarioAR.

La decisión política está tomada, pero todavía no se definió el momento para oficializarla. En la Casa Rosada habían descartado que el anuncio formara parte del discurso que Milei pronunció el domingo por la noche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tal como se esperaba, el mensaje presidencial que estuvo concentrado en el frente económico y en la agenda legislativa ya en marcha tras la aprobación de la reforma laboral. La única mención al tema de la inteligencia, acotada y al pasar, quedó plasmada en el pasaje dedicado a la defensa. “Los F-16 ya custodian nuestro espacio aéreo, y enviaremos un paquete de leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”, apuntó Milei, sin dar mayores precisiones.

Según pudo saber elDiarioAR, el objetivo oficial es doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Por otro, sustituir una ley concebida en un contexto político y tecnológico completamente distinto. El argumento principal es que la legislación vigente quedó “vieja” frente a la complejidad del mundo actual: hay quienes sostienen que la Ley 25.520 —aprobada casi por unanimidad en diciembre de 2001, dos semanas antes de la renuncia de Fernando De la Rúa— fue pensada en clave posdictadura y bajo el impacto de los atentados terroristas de aquellos años, mucho antes de que el ciberespacio se convirtiera en un escenario estratégico.

La redacción del virtual proyecto ya tiene responsables definidos. El borrador está en manos del subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, en tándem con la secretaria Legal y Técnica, Martía Ibarzábal Murphy. Lago Rodríguez cobró notoriedad en noviembre pasado, cuando este medio reveló que protagonizó un incidente en el domicilio del exjefe de los espías Sergio Neiffert, en medio de la transición interna que terminó con la salida del entonces Señor 5.

Hombre de confianza del asesor Santiago Caputo, quien está a cargo de la conducción política de la inteligencia en la era Milei, Lago Rodríguez tuvo intervención tanto en la redacción del DNU 941 como en el decreto de julio de 2024 que disolvió la AFI y reinstaló la SIDE. Su vínculo con Ibarzábal Murphy no es nuevo: ambos compartieron paso por el estudio jurídico Cassagne, cantera de varios cuadros técnicos que hoy ocupan posiciones estratégicas en el Estado.

La intención oficial es incorporar en una norma integral conceptos que hoy aparecen dispersos en el decreto. La propia SIDE lo había anticipado en enero, a través de su cuenta de X, donde defendió el uso del DNU y confirmó que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando”.

En ese mismo mensaje, que tenía como objetivo rebatir los argumentos de una nota periodística del diario La Nación, el organismo justificó el atajo reglamentario al sostener que “la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo” y citó como ejemplo “la captura del principal dictador de la región”, en referencia al venezolano Nicolás Maduro, que precisan que ocurrió “tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”.

La apelación a la excepcionalidad no pasó inadvertida en el Congreso. Para la oposición, la justificación interncional funcionó más como construcción discursiva que como basamento jurídico. “La urgencia no puede ser un estado permanente”, señalaron por entonces desde un despacho que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, órgano legislativo que deberá conformarse en los próximos meses.

Ese es, precisamente, el punto que ahora cambia de fase. Si el DNU se defendió en nombre de la inmediatez, el proyecto de ley que tiene entremanos el Gobierno implicaría convertir ese argumento coyuntural en arquitectura estable. La diferencia no es menor: mientras el decreto puede ser revisado judicialmente y eventualmente rechazado por el Congreso, una ley sancionada con mayoría parlamentaria consolidaría el rediseño y le daría previsibilidad política al esquema que hoy funciona por vía reglamentaria.

Rediseño estructural

El DNU 941 no fue interpretado dentro del sistema como una simple actualización normativa sino como un movimiento de concentración de poder. No sólo amplía facultades de la SIDE y modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Defensa, sino que le otorga una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia que se abrió en 1983.

“Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si quedan 40”, resumió una fuente con trayectoria en distintas gestiones en diálogo con elDiarioAR. En su análisis, el Gobierno ya ganó la discusión pública, pero la implementación enfrenta límites operativos evidentes, además de una sospecha menos visible: el verdadero interés de Santiago Caputo podría estar en el control presupuestario ampliado que habilitan las fusiones y la reconfiguración de áreas.

La ampliación de facultades operativas de la SIDE es uno de los principales focos de tensión. El decreto habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia durante actividades del área, una atribución históricamente reservada a fuerzas policiales. Dentro del propio sistema la reacción fue directa. “Una locura”, sintetizó un agente con responsabilidades operativas, al advertir que la medida rompe un límite democrático consolidado y expone al organismo a conflictos judiciales.

Otro de los movimientos que más llamó la atención fue el traslado del área de ciberseguridad desde la SIDE hacia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el área responde formalmente al esquema político de Karina Milei, al frente está Darío Genua, un funcionario cercano a Caputo, el asesor que gravita sobre la inteligencia a través del titular del organismo, Cristian Auguadra. Este mes, finalmente se confirmó que al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estará Ariel Waissbein secundado por Ezequiel Gutesman. En ese esquema vuelve a aparecer un nombre cada vez más omnipresente: el del empresario Leonardo Scatturice, proveedor tecnológico que podría beneficiarse de un diseño donde Innovación concentra infraestructura y contratos estratégicos.

El rediseño del organigrama también impacta en Defensa. La disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar y la transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto modifican el equilibrio entre conducción civil y estructura castrense. Para muchos críticos, el nuevo esquema debilita el control civil y subordina a las Fuerzas Armadas a una lógica de seguridad interior.

Desde el universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve sobre el método. “En dos años no hubo una sola coordinación real”, señala una fuente con larga experiencia. En su visión, el decreto construye una urgencia normativa que no existe y transforma a múltiples áreas del Estado en reservorios permanentes de información para la SIDE. “La Secretaría debería producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, no administrar todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Las advertencias externas refuerzan ese diagnóstico. El CELS, que presentó enero un amparo colectivo ante la Justicia al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado, se encargó de alertar sobre el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derive en una lógica de vigilancia política y cuestionó que una reforma de esta magnitud se impulse por decreto. También advirtió que la integración obligatoria de organismos como ReNaPer o ARCA al circuito informativo puede erosionar garantías básicas de privacidad.

Ese es el trasfondo sobre el que ahora el Gobierno evalúa enviar una nueva Ley de Inteligencia al Congreso. Convertir en norma permanente lo dispuesto por decreto no sólo implicaría blindar jurídicamente la reforma, sino también institucionalizar este esquema de concentración informativa y presupuestaria. La discusión ya no sería sobre un DNU coyuntural, sino sobre el modelo de inteligencia que la administración Milei pretende dejar consolidado en el marco legal argentino.

PL/MG

A 24 horas de la apertura de sesiones, el relato presidencial sobre empleo y recuperación salarial convive con números oficiales que muestran otra escena: los sueldos registrados quedaron otra vez por debajo de los precios. En las palabras presidenciales, el trabajo apareció como herencia fallida y como promesa futura, pero no como deterioro presente del salario real.

La referencia más directa del mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa fue la defensa de la Ley de Modernización Laboral, que el Presidente presentó como una norma que “viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años” y que, según afirmó, dejó “a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Sin embargo, se trata de una ley proempresa, que fue rechazada por todo el arco sindical e inclusive cuestionada por parte del empresariado, el pyme, porque consideran que la letra choca contra principios constitucionales y podría provocar una mayor litigiosidad a la ya existente.

Milei sostuvo que los “campeones de los derechos de los trabajadores” dejaron “sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores” y agregó que en el último gobierno anterior, el de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, del extinto Frente de Todos, “el 30 % de los trabajadores formales eran pobres”. El encuadre fue retrospectivo: informalidad y pobreza laboral como resultado del modelo previo y como justificación de la reforma.

En ese mismo tramo, el Presidente cerró con una afirmación categórica: “El desempleo bajó”. También sostuvo que durante su gestión “no aumentó el desempleo”. Sin embargo, según Chequeado, esa afirmación resultó falsa. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec citados por el sitio de verificación de contenidos, la tasa de desocupación pasó del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, último dato disponible.

El mismo análisis mostró que el desempleo subió durante el primer año de gestión (alcanzó 6,9% en 2024) y luego bajó levemente en 2025, pero el resultado global evidenció un incremento respecto del punto de partida. La afirmación presidencial, entonces, no coincidió con la evolución agregada de la tasa de desocupación.

La segunda afirmación fuerte fue sobre ingresos. “Hemos triplicado el salario en dólares”, dijo Milei en el recinto. La frase fue calificada como engañosa en otro chequeo publicado este lunes. Según ese informe, el salario promedio en dólares pasó de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025. El aumento nominal en dólares existió y fue significativo.

Sin embargo, los especialistas citados advirtieron que medir salarios en dólares no informa sobre el poder adquisitivo real frente a la inflación interna. Cuando se comparó el salario promedio con la canasta básica total —también medida en dólares— la capacidad de compra aumentó 17%, muy por debajo del incremento nominal del 141% en dólares que sugiere la frase presidencial. El salario en dólares creció; el poder de compra lo hizo en menor magnitud.

En paralelo a esa discusión, los propios datos oficiales mostraron que el salario real en pesos volvió a retroceder en 2025. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación del mismo período alcanzó 27,9%. La diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales.

En noviembre, los salarios privados registrados crecieron 2,1%, por debajo del 2,5% del IPC nacional de ese mes. El informe vinculó el retroceso con el “rezago de las negociaciones colectivas” y la falta de actualización de tramos acordados a comienzos del año.

El empleo público mostró una dinámica aún más restrictiva. El subsector público nacional registró un aumento acumulado de 19% entre enero y noviembre, claramente inferior a la inflación del período. Más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec tuvo aumentos por debajo de los precios acumulados, según ese mismo informe.

Mientras el Presidente defendió la reforma laboral como modernización necesaria, el entramado productivo atravesó una contracción verificable. En noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; en noviembre de 2025 las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En ese período se perdieron 21.938 empleadores y 290.602 puestos registrados. El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores sin empleo en un día; en La Pampa, el frigorífico General Pico despidió a 194 empleados y paralizó sus plantas; en el sector textil, Hilado S.A. avanzó en concurso preventivo con alrededor de 800 trabajadores bajo incertidumbre. En el conflicto del neumático, además, 920 operarios quedaron sin tareas efectivas pese a la conciliación obligatoria, según denunció el SUTNA.

La distancia no fue solo numérica, sino también en la forma de describir el problema. En el discurso de Milei el salario apareció como consecuencia futura de la estabilidad macroeconómica. Milei explicó que el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva permitirán mayor productividad, “salarios más altos y menores niveles de pobreza”. La recomposición salarial fue presentada como resultado de un proceso estructural, no como lo urgente que verdaderamente es.

Lo que no dijo: paritarias y negociación colectiva

En las 28 páginas del discurso difundido oficialmente no apareció la palabra “paritaria”. Tampoco hubo referencias explícitas a reaperturas de negociación colectiva ni a la actualización salarial en el sector público. La omisión resultó significativa si se considera que el propio informe del Indec explicó parte de la caída real por el rezago de las negociaciones colectivas.

La reforma laboral sí ocupó un lugar destacado. El Presidente la presentó como instrumento para modernizar el mercado de trabajo y adaptarlo a “la mayor transformación de la historia”. Pero no detalló en el recinto los efectos concretos sobre indemnizaciones, jornada o derechos colectivos, dimensiones que forman parte del debate legislativo en curso.

El resultado fue un mensaje donde el empleo y el salario funcionaron como argumentos de validación del rumbo económico, más que como fotografía del presente. El desempleo fue presentado como resuelto; los datos mostraron un aumento respecto de 2023. El salario en dólares fue exhibido como símbolo de recuperación; el poder adquisitivo real creció menos y en 2025 volvió a caer frente a la inflación.

Los números oficiales disponibles mostraron que el mercado de trabajo no siguió una trayectoria lineal. La desocupación resultó mayor que al inicio del mandato y el salario real registrado volvió a perder contra los precios en 2025. En ese escenario, el empleo y el ingreso funcionaron en el discurso como promesa de largo plazo, mientras los datos mostraron las necesidades del presente.

JJD

El presidente Javier Milei anunció este domingo una serie de reformas que planea llevar a cabo durante los próximos dos años de gestión, como las modificaciones que se realizarán en las áreas tributaria y penal, pero también reafirmó su compromiso para mejorar y fortalecer la educación, la justicia y las Fuerzas Armadas. Lo hizo ante el Congreso en el discurso que brindó en la apertura de sesiones ordinarias.

El Presidente delineó una agenda legislativa que abarca cambios en materia económica, política, judicial e institucional, y que busca rediseñar la “arquitectura del Estado” en el largo plazo. Aseguró que buscará tratar 90 proyectos en 2026 y también habló de privatizaciones de empresas públicas.

Reformas en el Código Civil y en el Código Comercial

En principio, remarcó la importancia de las reformas en el Código Civil y en el Código Comercial, además de una reforma tributaria, con el objeto de “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

El jefe de Estado confirmó que propondrá cambios en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal Civil y Comercial. Planteó que la propiedad privada es “la piedra angular de toda la economía” y sostuvo que es necesario remover barreras legales. La reforma apuntará a ampliar la autonomía contractual entre privados, revisar aspectos del régimen de personas jurídicas y modificar normas vinculadas a defensa del consumidor y competencia.

Reforma del esquema impositivo

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” porque aseguró que se necesitan “menos impuestos” y una mayor “profundización de la apertura económica”: “Los acuerdos comerciales deben incluir reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”, añadió.

Código Penal

En la misma línea, se refirió estrictamente a los cambios que planea realizar en el Código Penal y aseveró que avanzarán “sin pruritos” para lograr “penas más duras” y una “mayor cobertura de la prisión efectiva” para seguir fortaleciendo la consigna “el que la hace la paga”.

Asimismo, sostuvo que la justicia “también tiene que ser transformada” ya que, en su gestión, han implementado el sistema acusatorio “en el 65% del país” y lograron que los juicios “que antes llevaban años, hoy se definen en días”: “A fin de año estará implementado en todo el país”, agregó.

“También tenemos que implementar el juicio por jurados en la justicia federal, una sana práctica de responsabilidad ciudadana y respeto por la ley, que ya incorporaron varias provincias”, detalló el presidente de la Nación.

Poder judicial

También adelantó reformas en el Poder Judicial. Milei aseguró que presentará proyectos para volver a hacer de la Justicia “una herramienta democrática, republicana, ágil y eficaz”. Si bien no brindó precisiones técnicas, en el oficialismo señalan que se buscará acelerar procesos, revisar estructuras internas y avanzar en mecanismos que reduzcan la interferencia política en el funcionamiento judicial.

Educación

En cuanto a la educación, aseguró que “necesitan” reformar la misma inicial, primaria y secundaria con el fin de darles a los estudiantes las “herramientas” que los conduzcan hacia “un futuro mejor y no para adoctrinarlos”.

Fuerzas Armadas

Para finalizar, habló sobre la importancia del fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como también del equipamiento militar y aseguró que Argentina “no puede ser un país indefenso” en un mundo que “exige más preparación con los estándares que el contexto geopolítico demanda”.

“Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, concluyó.

Código Aduanero

Otro de los ejes centrales serán los cambios al Código Aduanero. Milei anticipó que avanzará en una modificación integral de la Ley 22.415 con el objetivo de adecuarla a los “nuevos desafíos” del comercio internacional y profundizar la apertura económica. Trabajan en un esquema que apunta a simplificar normas, digitalizar procesos y reducir la discrecionalidad en la clasificación arancelaria, la valoración y el origen de mercaderías.

La iniciativa se complementará con una estrategia de mayor integración a tratados internacionales y acuerdos comerciales, entre ellos el envío al Congreso del acuerdo con los Estados Unidos.

NB

Javier Milei hizo de la Asamblea Legislativa un ring embarrado donde desplegó un show de intolerancia que dominó su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En una exposición en la que buscó explícitamente un mano a mano con la oposición, descargó una y otra vez contra el peronismo como estrategia de narrativa libertaria de cara a la segunda etapa de su gobierno. “Kukas, me encanta domarlos”, fue una de las frases del mandatario, luego de llamarlos también “ladrones”, “delincuentes”, “asesinos”, entre un sinfin de descalificativos. Apenas hubo anuncios, pero no dio precisiones: habló de una reforma impositiva, otra electoral y hasta judicial, además de plantear que buscará cambios en los códigos penal, civil, comercial y aduanero.

Además de la oposición, cargó fuerte contra los empresarios. Ratificó su alineamiento a Donald Trump y hasta banalizó el reciente ataque de Estados Unidos a Irán. No hizo mención a la liberación este mismo domingo del gendarme Nahuel Gallo, que gestionó inesperadamente la AFA de Claudio Tapia, hoy enfrentado abiertamente con el Gobierno.

Milei sí hizo una defensa cerrada de sus dos años de mandato. Defendió el Presupuesto 2026 y dijo que es “el primero sin libre de default en cien años”. Luego habló de leyes como el blanqueo de capitales y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. También habló de la reforma laboral, sancionada el viernes pasado. Destacó medidas como el RIGI, la motosierra sobre la administración pública y hasta el superávit de Aerolíneas Argentinas, que al inicio de su gestión quería privatizar. “Sacala del ángulo, kuka”, planteó.

El fuerte cruce con la oposición peronista estuvo acompañado por una tribuna de fanáticos libertarios a la que se sumaron funcionarios y legisladores oficialistas. “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, les espetó a los miembros de la bancada de Unión por la Patria, antes de apuntar directamente contra Cristina Kirchner: “Manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa”.

En un cruce al borde de los escandaloso con la oposición, Milei dijo que los audios que vinculan a su hermana Karina Milei con supuestas coimas son “falsos”. “No tienen los crudos”, arremetió, aunque la causa judicial está avanzada: Diego Spagnuolo, ex amigo del mandatario, está procesado por la causa de las supuestas coimas en la Andis.

Milei pisó el Congreso a las 21 y tuvo un frío saludo con su vice Victoria Villarruel en las escalinatas del Palacio Legislativo. De hecho las cámaras captaron un momento de un empujón de la vice a Karina Milei, al ingreso. En un tramo de su discurso el mandatario le tiró un dardo implícito a su vice: señaló a “opositores y propios” de “soñar con abrazar el sillón de Rivadavia” durante el año pasado.

Luego de firmar en el libro de honor “Viva la libertad carajo”, pasó al recinto de la Cámara de Diputados, donde fue recibido por palcos repletos de funcionarios y seguidores libertarios. Entre los invitados se vio a algunos gobernadores aliados, como Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), entre otros.

El cruce con la oposición llegó incluso a generar un intercambio llamativo entre Villarruel y Martín Menem, titular de la Cámara baja, situados detrás del estrado especial desde el que hablaba Milei, con el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez. A su vez, el protocolo ordenado por Karina Milei impidió que la prensa acreditada se posicionara en los palcos históricos para los periodistas para evitar grabar al Presidente detrás suyo. La transmisión tampoco enfocó al asesor Santiago Caputo y su ladero digital Gordo Dan.

En su show de intolerancia, Milei descalificó a varios opositores. “Oligarca disfrazado de pordiosero”, le dijo a Juan Grabois. “Chilindrina trotska”, le endilgó a Myriam Bregman. Y le espetó a Nicolás del Caño: “Si fueras la representacion de los trabajadores tendríamos un problema muy grave: ustedes no son más del 5%”.

Milei acusó a la oposición de “golpista”, recordó que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, declaró recientemente que el gobierno “no puede llegar al 2027” y retrucó: “Tenemos la fuerza para hacerle frente a cualquier golpe que quieran llevar adelante los agentes del antiguo regimen”.

Mientras Milei descargó una bateria de ataques a la oposición, dos senadoras se levantaron de sus bancas y se fueron del recinto: una fue la cordobesa Alejandra Vigo y la otra fue la neuquina Julieta Corroza. Ambas votaron a favor, el viernes pasado, de la sanción de la reforma laboral.

En los escasos tramos de anuncios concretos, Milei dijo que impulsará reformas del Código Civil y el Código Comercial, además del Código Penal. También habló de cambiar el Código Aduanero y adelantó una reforma tributaria, pero no dio precisiones. Adelantó que buscará una reforma electoral, que elimine las PASO y cambie el modo en que se financian los partidos políticos.

Ante los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, planteó que “la justicia está trabada” y que presentará “proyectos para volver a hacer el poder judicial un poder democrático, agil y por sobre todas las cosas, justa”. Pero nada dijo de completar el máximo tribunal ni habló de las cientos de vacantes en juzgados federales de todo el país.

En política exterior se alineó explícitamente a los Estados Unidos de Trump, con quien firmó un acuerdo comercial que el Congreso deberá ratificar. “Estamos en el siglo de las Américas, de Alaska a Tierra del Fuego”, y concluyó en inglés: “Make America great again”. Luego banalizó el reciente ataque norteamericano a Irán cuando otra vez cuestionó a la oposición peronistas: “Ustedes que estaban con Venezuela e Irán, a los que le metieron dos bombas y con los que la corrupta firmó un memorándum. Vení a explicarme qué pasó con (el fiscal) Nisman, manga de asesinos y chorros”.

Milei también cargó con dureza contra los “empresarios prebendarios”. Los acusó de ser “cómplices de la corrupción” junto a los “políticos corruptos”, y afirmó que no tiene “reparo alguno” en “señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales”. En ese marco, apuntó contra la industria nacional subsidiada y volvió a mencionó a Paolo Rocca, dueño de Techint: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400?”.

Entre arengas de los balcones y cánticos libertarios, cerró su discurso con promesas grandilocuentes sobre el potencial futuro de su gestión y concluyó: “Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años, estas nuevas reglas de juego que dejarán en el pasado, de una vez y para siempre, el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de historia. Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad, y por eso consagramos este año como el Año de la Grandeza Argentina”.

MC

Javier Milei inaugurará este domingo a las 21 el período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que, en la Casa Rosada, describen como el punto de partida formal de una nueva etapa política. Según pudo saber elDiarioAR, la tercera intervención presidencial ante la Asamblea Legislativa estará organizada en tres bloques definidos: una lectura sobre la “herencia recibida”, un balance de sus dos primeros años de gestión y la presentación de un paquete de reformas que el oficialismo buscará impulsar a lo largo de 2026.

El mensaje estuvo bajo revisión directa del Presidente, que terminó de ajustar personalmente los ejes centrales en las horas previas. En su elaboración intervino también el asesor Santiago Caputo, impulsor del formato nocturno de la Asamblea con el objetivo de ampliar la audiencia y reforzar el control narrativo del evento. En el Gobierno sostienen que la intervención no será meramente institucional, sino el lanzamiento político de la agenda que el Ejecutivo pretende consolidar durante el año.

El primer tramo retomará uno de los ejes discursivos que atraviesan el mandato de Milei desde el inicio: la herencia económica, institucional y social que atribuye a las gestiones anteriores. Allí el Presidente volverá sobre el diagnóstico de un Estado sobredimensionado, distorsiones regulatorias y un sistema político que, según su mirada, priorizó privilegios corporativos por encima del crecimiento. El contraste buscará reforzar la idea de que las reformas pendientes no son opcionales, sino la consecuencia inevitable del escenario recibido.

El segundo bloque estará dedicado a repasar lo que el Gobierno considera los principales hitos de la administración libertaria: el ordenamiento fiscal, la desaceleración inflacionaria respecto de los picos iniciales, la aprobación de reformas estructurales (con la “modernización” laboral como emblema reciente) y la consolidación de un esquema económico centrado en el equilibrio presupuestario. En el entorno presidencial anticipan que Milei insistirá en la idea de “cambio de fase”: de la etapa de estabilización y resistencia inicial a un período de despliegue más ambicioso de su programa.

El tramo final será el más programático. Milei detallará las prioridades legislativas que pretende convertir en ley durante el año, en línea con lo delineado en las últimas reuniones de la mesa política. De hecho, en la reunión de gabinete del martes pasado el Presidente les pidió a sus ministros que llevaran información actualizada de cada cartera y un listado de posibles iniciativas a futuro para sus áreas, con el objetivo de ordenar la secuencia de proyectos y consolidar una agenda centralizada. Entre las prioridades aparecen la reforma integral del Código Penal, con nuevas tipificaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos, y una reforma política que incluirá la eliminación de las PASO y la discusión sobre el financiamiento de los partidos.

En la Casa Rosada sostienen que la agenda de 2026 no se agotará en esos proyectos. También se proyectan reformas tributarias orientadas a reducir y simplificar impuestos, junto con nuevos marcos regulatorios para incentivar la inversión y el desarrollo productivo. El discurso funcionará como una señal hacia el Congreso, los gobernadores y los actores económicos sobre el rumbo que el Ejecutivo pretende consolidar en esta etapa.

Asado en Olivos

El oficialismo llegará a la Asamblea Legislativa con el envión político que dejó este viernes la aprobación de la reforma laboral y con una estrategia más centralizada en la coordinación entre la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el frente parlamentario. En Balcarce 50 esperan que el mensaje presidencial no solo ordene la agenda legislativa, sino que reafirme autoridad política y marque el tono de un año en el que el Gobierno buscará profundizar su programa sin retrocesos.

Pero la jornada no concluirá en el recinto. Tras su discurso ante el Congreso, el Presidente convocó a una cena en la quinta de Olivos con el núcleo propio del oficialismo, que incluye a los ministros, diputados y senadores de La Libertad Avanza. La invitación fue canalizada a través del jefe de bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, y la jefa del Senado, Patricia Bullrich.

El encuentro en la residencia presidencial incluirá un asado y funcionará como instancia de cohesión interna en el inicio del año parlamentario. En el oficialismo recuerdan que en 2024, en línea con la prédica de austeridad fiscal, los diputados que acompañaron una votación clave debieron costear su propio cubierto. Esta vez, más allá de ese antecedente, la cena aparece como un gesto político hacia la propia tropa, en una semana que el Gobierno considera fundacional para la nueva fase de su gestión.

PL/MG

La Cámara de Diputados formalizó este miércoles la convocatoria a la Asamblea Legislativa del próximo domingo 1 de marzo a las 20, en el marco de la apertura del período 144 de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Una hora más tarde, el presidente Javier Milei pronunciará su mensaje sobre el estado de la Nación y presentará la hoja de ruta legislativa para 2026.

La citación fue firmada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, y será replicada en el Senado en las próximas horas. Como marca la tradición institucional, la Asamblea Legislativa constituye una ceremonia protocolar anual en la que el jefe de Estado expone el balance de gestión, detalla los principales hitos económicos y legislativos y anticipa los proyectos que buscará impulsar en el nuevo año parlamentario.

Será la tercera apertura de sesiones ordinarias durante la gestión de Javier Milei. Para esta ocasión, el oficialismo optó por el horario central televisivo, con el objetivo de garantizar la mayor difusión posible del mensaje presidencial, que comenzará a las 21.

El mandatario hablará desde un atril ubicado en el centro del hemiciclo de la Cámara de Diputados, frente a los 257 legisladores de la Cámara baja, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tendrá a su cargo la apertura formal de la sesión. Tras un cuarto intermedio, se concretará el arribo del Presidente al Palacio Legislativo, donde será recibido por una comisión de bienvenida y firmará los libros de honor antes de ingresar al recinto.

Según anticipan desde el oficialismo, el discurso estará atravesado por la “épica libertaria” y pondrá el foco en los lineamientos estratégicos de 2026, año que el Gobierno definió como “el año de la grandeza argentina”. Se prevé que la intervención se extienda por más de media hora.

Al acto asistirán integrantes del Gabinete nacional, gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, miembros de la Corte Suprema, representantes diplomáticos, autoridades eclesiásticas y militares, además de diputados y senadores, anfitriones institucionales de la ceremonia.

La organización del evento está a cargo de los equipos de ceremonial y protocolo de la Casa Rosada, en coordinación con las autoridades de ambas cámaras del Congreso. Una vez finalizada la sesión, la actividad oficial se trasladará a la Quinta de Olivos, donde Javier Milei encabezará una cena con legisladores oficialistas y aliados.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este miércoles avanzar con una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe definitivamente el proyecto en la sesión prevista para el viernes. Como señal política, la central obrera convocó además a una movilización el próximo lunes hacia Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para acompañar la impugnación.

La decisión fue adoptada por la mesa chica durante una reunión realizada en la sede de la UPCN, en un encuentro que terminó de ordenar la estrategia sindical frente a un escenario legislativo que el propio sindicalismo considera adverso. Con el oficialismo confiado en reunir los votos necesarios para convertir en ley la iniciativa, la CGT decidió desplazar el eje de la disputa del Congreso al terreno judicial.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, afirmó el triunviro Jorge Sola al término del encuentro. La declaración formalizó una estrategia que la central venía evaluando desde hace semanas, mientras en paralelo sostenía medidas de fuerza y advertencias públicas a los senadores.

Del encuentro participaron algunos de los principales referentes del sindicalismo confederal, entre ellos Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), junto con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros dirigentes que integran el núcleo de conducción de la central.

La CGT llegó a la definición de este miércoles después del paro general realizado el pasado 19 de febrero y en medio de un clima de creciente tensión con el Gobierno. En la conducción sindical admiten que el margen para frenar la ley en el Senado es hoy limitado, por lo que el foco empieza a correrse hacia la presión política sobre los legisladores, especialmente aquellos de extracción peronista, y la disputa judicial posterior. “Vamos a hacerles pagar el costo político”, deslizaron desde la central, en referencia a los senadores que acompañen el proyecto oficialista.

En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocó a una movilización frente al Congreso para el viernes a las 12, en simultáneo con el tratamiento en el recinto. A esa protesta se sumará un paro nacional de ATE, que integra el propio FreSU junto con gremios como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y ambas CTA. La jornada anticipa un escenario de alta tensión, con el sindicalismo movilizado mientras el Senado debate una de las leyes centrales del programa de “modernización” impulsado por el Gobierno.

Dentro de la CGT conviven distintas miradas sobre el alcance del conflicto. Mientras algunos sectores impulsan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, otros promueven concentrar la disputa en el terreno institucional, cuestionando la constitucionalidad de artículos vinculados al régimen indemnizatorio, la reducción de la litigiosidad y la modificación de condiciones laborales que, según sostienen, vulneran derechos adquiridos y principios de protección del trabajo.

PL/CRM

La reforma laboral no es ya un proyecto en disputa sino una pieza casi cerrada del engranaje institucional. A cuatro días de su sanción definitiva, el oficialismo transformó el calendario legislativo en una flecha recta, inquebrantable, como pocas veces se ha visto en democracia. Sin ir más lejos, es la reforma laboral más abarcativa desde las modificaciones estructurales de fines de los años 90, cuando el paradigma de flexibilización marcó la última gran reconfiguración del derecho del trabajo argentino, con todo lo engorroso y peliagudo que supone enmendar una ley marco, un texto largo, con muchísimos artículos y regulaciones que afectan a cientos de miles de trabajadores. Si el Senado valida la modificación incorporada por Diputados en el artículo sobre descuentos salariales por enfermedad, Javier Milei llegará a su tercer 1º de marzo con la ley convertida en norma vigente.

El período de sesiones ordinarias del Congreso comienza el 1º de marzo y finaliza el 30 de noviembre. Las extraordinarias —convocadas por el propio Presidente durante el receso estival— funcionaron como un corredor legislativo acelerado para tratar una reforma que altera pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Total, si durante el año parece haber importado muy poco el desguace del Estado, pese a cobrar los mismos impuestos para la gran mayoría de la población e inclusive de haberlos aumentado, menos importancia le darán a una discusión que realiza en febrero, en plenas vacaciones de verano. Todos felices.

Si el Senado confirma la redacción, la norma quedará sancionada antes del inicio formal del nuevo año parlamentario. Milei podrá presentar la ofrenda de sus héroes parlamentarios frente a la Asamblea Legislativa, el domingo próximo, como otra conquista política en el escenario institucional más solemne del calendario republicano, donde en un mismo sitio, el recinto de la Cámara de Diputados se reúnen las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y los gobernadores, entre otros altos cargos. Por eso es la jornada institucional más importante de la República.

La reforma laboral ya fue aprobada por ambas Cámaras en sus ejes estructurales. El Senado no vuelve a discutir el corazón del proyecto. Solo debe convalidar una modificación puntual sobre licencias médicas. El resto del texto —indemnizaciones, fondo de cese, período de prueba, banco de horas, negociación por empresa, regulación sindical— cuenta con aval parlamentario completo. En términos legislativos, la reforma laboral sale o sale.

Ese desenlace, sin embargo, no se produce en un vacío social ni jurídico. El Gobierno ya intentó avanzar con un paquete desregulador en la ley Bases y en el DNU, capítulo que fue rechazado por la Justicia. Este es el tercer intento. Nada garantiza que el nuevo texto no enfrente cuestionamientos judiciales, especialmente en los artículos que rozan derechos consagrados en la Constitución nacional, advierten juristas.

Pero el viernes no se discutirá eso. Se discutirá una redacción técnica. Y el 1º de marzo se celebrará un hecho político trascendental para el gobierno libertario y sus colaboradores, además de los grandes empresarios, por supuesto. Todo lo que venga después está por verse y, si hay fallos adversos, el gobierno de La Libertad Avanza, que ha demostrado más audacia en el manejo de la agenda-setting (la capacidad de un actor político de instalar y jerarquizar los temas que dominan la conversación pública) que cualquier otro gobierno en democracia, sabrá ponerse en víctima, decir que buscan ponerle palos en la rueda a “un presidente que vino a cambiar la historia del país”, y otras cosas que los argentinos ya las conocemos de memoria.

La reforma en concreto: qué cambia para quienes trabajan

Más allá de la escena simbólica, el impacto material es profundo.

En materia de despidos, la ley redefine el cálculo de la indemnización sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios. Se establece un tope máximo equivalente a tres salarios promedio del convenio colectivo y un piso del 67% del salario real. La indemnización pasa a ser la única reparación posible y se habilita el pago de sentencias en cuotas.

No es una modificación técnica menor: reduce el costo del despido y limita la reparación económica frente a la ruptura unilateral del vínculo laboral.

Se crea además el Fondo de Cese Laboral, financiado por aportes del empleador, que puede reemplazar completamente la indemnización tradicional. Si el convenio lo adopta, el trabajador no puede optar por el régimen anterior.

El período de prueba se extiende a ocho meses y puede llegar a un año en pymes. Durante ese tiempo, el despido no genera indemnización.

Se habilita el banco de horas mediante acuerdo individual o colectivo. La jornada deja de medirse estrictamente por día y pasa a promediarse. Si las horas se compensan dentro del período acordado, no se pagan como extras.

Se refuerza la negociación por empresa frente a la de actividad y se habilita que acuerdos individuales modifiquen adicionales y premios. La ultraactividad puede suspenderse por acuerdo de partes.

En registración laboral, la emisión de facturas excluye la presunción de relación de dependencia y la carga de la prueba recae sobre el trabajador.

En licencias por enfermedad, el texto reduce el salario durante períodos prolongados, endurece controles y exige alta médica definitiva para la reincorporación . Este es el punto que Diputados modificó y que ahora debe validar el Senado.

Cada uno de esos artículos altera equilibrios históricos entre capital y trabajo

Saturación, apatía y reforma estructural

El contexto cultural también importa. La reforma avanza en extraordinarias, convocadas durante el receso estival, en un clima de saturación informativa permanente. El debate convive con múltiples agendas superpuestas, conflictos judiciales, tensiones económicas y una exposición mediática constante.

Aquí aparece una referencia teórica que ilumina el momento: los sociólogos Paul Lazarsfeld y Robert Merton desarrollaron hace casi ocho décadas el concepto de “disfunción narcotizante”. Su hipótesis sostenía que la sobreexposición a información masiva podía producir el efecto inverso al deseado: en lugar de estimular la acción, generaba apatía. La ciudadanía se siente informada, pero no necesariamente movilizada. El conocimiento superficial reemplaza al compromiso activo.

La teoría, pese a su antigüedad, conserva una sorprendente actualidad, como la de Mirtha Legrand, quien esta semana cumplió 99 años. Sobre la disfunción narcotizante: en un ecosistema comunicacional donde todo ocurre al mismo tiempo, una reforma que modifica décadas de regulación laboral puede avanzar sin que la intensidad del debate refleje la magnitud del cambio.

El 1º de marzo como escena

Si el Senado convalida la modificación este viernes, Milei abrirá las sesiones ordinarias con una reforma estructural ya sancionada. El discurso presidencial no será entonces la antesala de una batalla legislativa sino la celebración de un resultado.

La escena estará cargada de simbolismo: un Presidente que utilizó las extraordinarias para aprobar una ley que redefine indemnizaciones, convenios, jornada y derechos sindicales; un Congreso que, antes de iniciar su período ordinario, ya habrá convalidado el nuevo marco laboral; y un país que discutirá en tribunales, en empresas y en sindicatos el alcance real de la norma.

El viernes se votará un artículo. El 1º de marzo se narrará una victoria. Lo que ocurra después ya no dependerá solo del Congreso. Pero por ahora el gobierno festeja.

JJD

El Gobierno entró en modo victoria. Tras la aprobación de la reforma laboral en la madrugada del viernes, la Casa Rosada se prepara para capitalizar el envión político y proyectarlo hacia la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el próximo 1° de marzo. La primera señal será interna: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunirá el lunes a la mesa política y el martes encabezará el primer encuentro del Gabinete en pleno del año, en una secuencia destinada a ordenar la agenda, consolidar el triunfo parlamentario y definir la hoja de ruta legislativa.

El Senado prevé volver a tratar el proyecto de reforma laboral el próximo viernes 27, ya sin el polémico artículo 44 sobre licencias médicas, que fue eliminado tras la resistencia de aliados y gobernadores. En un trámite exprés, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consiguió el dictamen en la Cámara alta y volvió a mostrar muñeca política para encaminar la aprobación final antes del cierre del período extraordinario, tal como había planteado Javier Milei.

En el entorno presidencial descuentan que la norma será judicializada y leen esa virtual instancia como un “costo” que forma parte del proceso de transformación: el Ejecutivo considera que la reforma laboral es un eslabón necesario en una cadena más amplia de cambios estructurales. Sin embargo, descartan por ahora avanzar con una reforma previsional. “No va a ser tratada en este mandato”, aseguró una alta fuente del oficialismo. Y explicó: “Es un tema de concatenación de hechos: necesitás un mercado laboral en blanco, ampliar la base de aportantes”.

Así y todo, la ambición oficial va más allá de lo laboral. “Sin entrar en detalles, la idea es ser muy ambicioso en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año. Hay un montón de temas”, señalan cerca del Presidente, sin poder ocultar el optimismo. Según indican en la Casa Rosada, en carpeta aparecen la reforma del Código Penal, una reforma electoral que elimine las PASO, la discusión sobre financiamiento universitario y una reforma tributaria que aún está en elaboración. “Se está terminando de discutir cuál es el mejor camino. Todavía no hay una propuesta cerrada”, admiten. El objetivo declarado es reducir la cantidad de impuestos y simplificar el sistema.

Otro ítem en la estrategia oficial es el de avanzar con lo que definen como una “modernización institucional” más amplia. En ese plano, reaparece la idea de “democratización sindical”, aunque con un enfoque transversal. “Los sindicatos son una asociación civil, como la AFA o un colegio de abogados. Si fuéramos a avanzar, pensaría en algo bastante más abarcativo que solo las organizaciones sindicales. Algo que alcance a todas las asociaciones civiles. ¿Con qué criterio vas solo con una?”, plantean. En el mismo paquete conceptual ubican la reforma de la justicia laboral, cuya “progresiva disolución” quedó contemplada en el texto aprobado.

Glaciares y Ley Penal Juvenil

En la agenda más inmediata del oficialismo figura la baja de la edad de imputabilidad y la reforma de la Ley de Glaciares, que en Balcarce 50 consideran incluso más relevante que la laboral por su impacto en la inversión minera. “Les da un marco jurídico a los proyectos para invertir y desarrollar la potencialidad de la Argentina”, sostienen. Ambas iniciativas serían debatidas esta semana, antes de que finalicen las sesiones extraordinarias el 28 de febrero.

En paralelo, una vez iniciado formalmente el año legislativo, el Ejecutivo tiene intenciones de enviar al Congreso los aspectos que requieran ratificación parlamentaria del acuerdo comercial con Estados Unidos y la adhesión formal la Junta de Paz que encabeza Donald Trump. Hasta entonces, la eventual participación de Cascos Blancos en la fuerza de estabilización internacional, algo que anticipó Milei durante su intervención en Washington, no tendrá precisiones: el marco deberá pasar por el recinto.

El discurso del Presidente del próximo 1° de marzo será la vidriera de la nueva etapa que pretende abrir La Libertad Avanza. Según anticipan en su entorno, se mantendrá el formato de los últimos años: dentro del recinto, con atril y por la noche. Milei buscará presentar el “estado de la Nación” y detallar la agenda legislativa del periodo ordinario.

El oficialismo sabe que su margen político no es infinito. Más allá del jolgorio propio de cualquier triunfo, en Balcarce 50 consideran que la ventana de poder abierta tras la aprobación de la reforma laboral es limitada y que el impulso debe aprovecharse ahora. Por eso la aceleración. El domingo, a las 21, en el recinto del Congreso, Milei buscará convertir esa victoria en el punto de partida de una secuencia más ambiciosa. El interrogante es cuánto de ese impulso logrará sostener cuando las reformas empiecen a impactar sobre intereses más sensibles.

PL/MG