Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas. 

Este funcionario recientemente promovido como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo que tiene la obligación de controlar que todos los argentinos paguen sus impuestos, administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. 

La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Esta alianza periodística buscó a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre con mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial mediante un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió el cuestionario. 

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

Dos inspectoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en ese momento el máximo organismo recaudador, se encontraron en 2007 con una sorpresa durante una revisión al casino de Buenos Aires, propiedad de un empresario amigo de Néstor Kirchner. Cuando las funcionarias fueron a requerir la documentación del casino se encontraron con Vázquez, su propio compañero. Él las acompañó por las oficinas, pidió los datos, esperó que las atendieran y las llevó hacia la salida, según reveló el diario La Nación de Argentina. Esa intervención le costó un sumario interno.

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó esta alianza periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Vázquez maneja una red offshore desde una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), que controla otras dos compañías de papel montadas en Panamá

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligados por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De “cuevas” y omisiones

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

DTC

Como un tema estrictamente “personal”. Así definen en Casa Rosada al entramado de sociedades offshore, departamentos en Miami por US$2,6 millones y complejas estructuras financieras que conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, información que reveló este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

“No tenemos nada decir, es algo de caracter privado”, apuntaron ante la consulta de este medio fuentes del gobierno de Javier Milei, que tiene al jefe del bloque PRO y referente de Mauricio Macri como a uno de sus aliados predilectos en la Cámara baja. Según los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que elDiarioAR pudo acceder junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Ritondo figura como heredero directo de las propiedades a nombre de Diago en caso de muerte o incapacidad de su pareja.

En su defensa, Ritondo argumentó este lunes que la información sobre las sociedades offshore está “mezclada” y que todas las operaciones tienen más de diez años. Antes de la publicación de la investigación el diputado fue contactado por elDiarioAR y, tal como solicitó, se le concedieron 10 días de plazo extra para responder las consultas, pero aún así decidió no dar explicaciones a este medio.

Un dato que se desprende de los documentos está marcado por la coyuntura: una transacción inmobiliaria en Miami, celebrada en marzo de 2013, que une a la abogada Diago con Juan Pazo, flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex-AFIP.

Hasta la semana pasada, Pazo fue un funcionario todoterreno del Ministerio de Economía que comanda Luis “Toto” Caputo. Pero el inicio de su historia en la función pública tuvo lugar en 2016, cuando se desempeñó en el gobierno de Mauricio Macri como director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo. Dejó ese puesto en 2017 para asumir como superintendente de Seguros de la Nación, donde permaneció hasta 2019.

Pazo además tiene vínculos directos con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, y con Mariano Federici, exjefe de la UIF de Macri. Su empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro, está muy bien conectada con el actual gabinete: Bausili fue su asesor financiero y un hijo de Caputo es el encargado de Administración y Finanzas. 

Aliados ambivalentes

Milei y Ritondo cultivan una buena relación a partir del trabajo que supieron compartir en el recinto de la Cámara baja. “Tenemos la oportunidad histórica de realizar los cambios rápidos y profundos que Argentina necesita para volver a ser un país normal. El momento es ahora”, publicó en marzo el dirigente del PRO en su cuenta de X, junto a una foto con el Presidente. El diputado había sido recibido en el despacho del libertario en Casa Rosada, en donde compartieron un almuerzo en un clima de extrema cordialidad.

La relación del jefe de bloque PRO con La Libertad Avanza trasciende el vínculo que mantiene con Milei. En octubre, Ritondo fue el anfitrión de un asado que tuvo como invitados especiales al asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero lo que en un principio parecía representar un nuevo hito en el sinuoso proceso de acercamiento entre ambos espacios luego del acompañamiento de los amarillos al veto a la ley de Financiamiento Universitario, acabó por quedar en la nada tras la sesión frustrada para tratar el proyecto de Ficha Limpia.

“Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire”, fueron las palabras de Ritondo luego de que no se alcanzó el quorum para tratar la iniciativa motorizada por el bloque del PRO y que expuso una vez más los desacuerdos entre el oficialismo y su principal aliado en el Congreso. Durante un evento sobre transparencia electoral, criticó la falta de acompañamiento de La Libertad Avanza y subrayó que, de haber sabido con antelación la postura del Gobierno, no habrían llegado a esa instancia con expectativas.

Además, Ritondo remarcó la importancia de que el PRO mantenga su identidad frente a los libertarios. “No perder la identidad significa seguir siendo amarillo”, señaló, aludiendo a los valores construidos gracias al liderazgo de Mauricio Macri, desde la oposición al kirchnerismo. Y manifestó que la relación con la Casa Rosada estará marcada por el apoyo a “medidas correctas”, pero sin tolerar supuestos acuerdos con Cristina Kirchner. “Si vas a votar algo con el kirchnerismo vamos a tener muchas dudas, porque creemos que es algo que no está bien”, apuntó.

PL/JJD

Un entramado de sociedades offshore, departamentos en Florida, Estados Unidos, y complejas estructuras financieras conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo y ex asesora de funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR accedió junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

Las sociedades vinculadas a Diago conducen a cinco propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones. Acceder a los documentos confidenciales y públicos de estas compañías extranjeras fue posible gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y a la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas en la búsqueda de documentación.

La esposa de Ritondo, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones. Trabajó como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (noviembre de 2015). Además, aparece como empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (junio de 2017) y en la Auditoría General de la Ciudad (septiembre de 2014), donde se desempeñó como asesora del auditor del PRO Alejandro Fernández, según fuentes del organismo. Fue nombrada “investigadora senior” del Instituto Superior de Seguridad Pública del gobierno porteño. 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina, de acuerdo con un ranking realizado por Chequeado. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado.

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años –excarcelable–, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.

Diago debe declarar su patrimonio en el exterior ante la ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) –antes AFIP–. La UDI del elDiarioAR y CLIP consultaron al matrimonio a través de voceros de Ritondo si Diago declaró ante las autoridades del fisco su patrimonio en Estados Unidos durante los últimos diez años. También se les envió un cuestionario para conocer su versión de los hechos. El equipo periodístico aguardó 10 días las respuestas pero al cierre de esta edición, aún no habían respondido.

Redes offshore

Las conexiones de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida. 

El 3 de noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, en el que le adelantó que le está enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del Caribe. En ese momento, Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña, en representación del bloque del PRO. 

En el correo electrónico, Castillo afirma que envía todo los solicitado para el trámite: formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago. Dos formularios detallan datos centrales de la firma que se estaba activando: Sunstar Point Ltd.

Sunstar Point fue adquirida por Romina Aldana Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario de aplicación, la abogada informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en US$650.000. 

La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida, según quedó asentado en otro formulario interno. “Origen de los fondos”: “Ingresos por negocios”, declaró Diago. También afirmó que su trabajo era “administradora de un estudio jurídico”. El formulario lleva la firma de la esposa de Ritondo.

Si bien Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014. Dejó asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su correo electrónico personal y su número de teléfono. También su número de pasaporte argentino.

El objetivo de Warwick Trust era administrar bienes de Diago en el extranjero. El fideicomiso es administrado por la propia Diago, quien figura como “grantor” (fideicomitente, quien constituye el fideicomiso para sus bienes sean administrados por un tercero) y “trustee” (el tercero, es decir, el administrador fiduciario). Se trata, además, de un contrato revocable en vida, por lo que Diago tiene el poder de modificarlo en cualquier momento. En septiembre de 2014, cuando lo constituyó, estableció que el bien en el extranjero que quería proteger con esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point (aunque la sociedad se terminaría activando legalmente unas semanas más tarde).

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio.

Nuevo director

El formulario de Sunstar Point se actualizó en 2018, cuando Ritondo llevaba ya dos años como ministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ante el estudio OMC, la sociedad offshore declaró una nueva dirección física en un departamento del condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, en el sur de Florida. La propiedad estaba entonces valuada en US$498.900, de acuerdo a las publicaciones del sector inmobiliario encontradas en documentos públicos gracias a la colaboración de la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

El edificio de Hallandale se construyó en 2014 –mismo año de constitución del fideicomiso y de la apertura de la sociedad offshore– y desde sus departamentos se pueden apreciar “amaneceres y atardeceres en la costa del Atlántico, acceso directo a la playa, terrazas con cristaleras panorámicas en todas las unidades”, según su sitio web.

En los documentos firmados en noviembre de 2018, Diago siguió siendo la beneficiaria final de la sociedad offshore y Warwick Trust –el fideicomiso constituido por Diago– continuaba siendo el titular de las acciones de la compañía. Pero, además de modificar la dirección, surgen dos cambios más con respecto a los documentos de 2014: la cuenta bancaria de la sociedad pasa a estar en una sucursal porteña del Banco Santander Río y asume un nuevo director: Javier Petrera, quien declaró ante OMC que era empresario y presidente de la empresa Dynamica, en Buenos Aires. Dejó asentados su número de teléfono celular y un correo electrónico. El equipo argentino intentó comunicarse con Petrera pero no recibió respuestas.

Enrevesado

La conexión entre Diago y la familia Ritondo con el fideicomiso y la sociedad Sunstar Point no es posible de establecer a través del rastreo de documentos públicos. Esa relación estaba bien guardada en los archivos privados de los estudios OMC y Castillo Associates. 

El entramado se complejiza aún más, cuando se suman otras dos compañías a la red de sociedades en el extranjero. En abril de 2015, aquel departamento del condominio Beachwalk quedó a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, de acuerdo a los documentos hallados por OCCRP. 

Llegar a los dueños reales de Ilustre LLC es difícil. La sociedad tiene como accionista a otra sociedad: Bonita Holdings 39 LLC, según los registros públicos de Miami. Se trata de otra sociedad pantalla que hace difícil conocer la identidad de los dueños del departamento. Sin embargo, en 2021 aparece una pista en un documento público: el nombre de Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39.

Ilustre y Bonita

La propiedad del condominio Beachwalk fue vendida seis años más tarde, el 16 de agosto de 2021, a una pareja.  Sunstar Point y Bonita Holdings 39 tiene un segundo domicilio donde mantiene los registros corporativos de la sociedad, en las oficinas del 1390 Brickell Avenue, apartamento 200. A pasos de allí, en el departamento 104, se guardan los documentos corporativos de Ilustre LLC. Bonita Holding e Ilustre LLC tienen, además, a la misma agente inmobiliaria a cargo de representar a los dueños de sus propiedades: María José Pérez-Millan. 

Pérez-Millan figura como la persona autorizada a operar en nombre de una tercera sociedad extranjera: Goformore (“Vamospormás”, en su traducción al español).

“Vamos por más”

Diago también figura en los registros públicos de Florida en una cuarta sociedad. La abogada aparece por única vez en un documento de la firma Goformore, radicada en Florida. La sociedad fue fundada en 2012. Diago aparece en un documento público del registro comercial del estado de las palmeras como administradora o miembro/administradora (manager o accionista manager, según los documentos). Un año más tarde, en junio de 2013, su nombre desaparece de los registros públicos de la sociedad.

Goformore LLC es actualmente dueña de tres propiedades en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. 

El primer departamento se encuentra en el 3301 NE, 1st Ave, Miami, y fue adquirido el 25 de enero de 2013 por US$467.843, según el registro oficial de Miami Dade. 

El segundo se ubica en el mismo edificio y fue comprado el 16 de septiembre de ese mismo año por un valor similar: US$446.900.

La tercera propiedad se ubica en el 460 NE, calle 28, Miami. Fue comprada el 22 de julio de 2015, dos años y medio más tarde. Costó US$656.900.

Goformore tuvo un cuarto inmueble, en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach, adquirido en marzo de 2013 por US$580.000. Fue adquirido a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). Pazo fue nombrado este sábado 7 de diciembre al mando de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, el organismo encargado del control tributario y la recaudación de impuestos.

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Ilustre LLC y Goformore, Pérez Millán aparece en alrededor de 14 empresas en Florida, y su perfil público la identifica como una agente profesional que actúa en representación de terceros. 

Ante una primera consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

El equipo periodístico solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos. Ritondo debería haber declarado también el patrimonio de su pareja, pero esos documentos ya no pueden ser consultados. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.

A pesar de la salida de Macri del gobierno, Ritondo mantuvo su influencia en la política argentina. El diputado es ahora un dirigente clave para la relación de su partido con Milei. Hace pocos meses celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Durante años, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que era dueño de un departamento en Miami Beach, que compró a finales de la década de 1990. Tampoco informó al fisco que tenía ahorros depositados en una cuenta bancaria en Estados Unidos. El ahora funcionario recién regularizó su situación impositiva cuando el entonces presidente Mauricio Macri abrió el blanqueo de capitales en 2016.

Cúneo Libarona controló esos activos a través de las sociedades Karadine Investment Corp (Estados Unidos) y Lennon Universal Inc, esta última registrada en Belice, un reconocido paraíso fiscal del Caribe. El ministro cerró estas empresas tras declararlas como parte de su patrimonio ante la AFIP, según afirmó el funcionario ante la consulta del equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), integrado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y elDiarioAR. Esta nota también contó con la colaboración de la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que ayuda a los periodistas en la búsqueda de documentos en el extranjero.

Cúneo Libarona es uno de los principales abogados penalistas de Buenos Aires. Durante los últimos 30 años, defendió a clientes de alto perfil acusados por delitos como corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y abuso sexual, entre otros. Apenas asumió como presidente, Javier Milei lo convocó para sumarse a su gobierno como responsable del Poder Judicial, su primera experiencia en la gestión pública. 

El ministro aseguró en una nota enviada a este equipo de periodistas que los bienes comprados en el exterior fueron el fruto de su trayectoria profesional y reconoció que blanqueó esos activos en 2016, “en el marco de la ley 27.260 (que estableció un ”Régimen de Sinceramiento Fiscal“), habiéndose declarado ante la AFIP y pagado los impuestos correspondientes en nuestro país en dicho período y los subsiguientes hasta la fecha”.

Cúneo Libarona mantuvo por debajo de los radares tributarios un departamento de 70 metros cuadrados ubicado en el Yatch Club de Miami Beach (sobre la calle Alton Road), dentro de un edificio con muelle propio. Las autoridades locales cotizaron su valor de mercado actual en US$525.000. Cerca de Cúneo Libarona informaron que adquirió el inmueble por alrededor de US$300.000 y que la propiedad luego se revaluó. Además, dijeron que la compró con una hipoteca a 30 años. El inmueble fue adquirido a su nombre en 1999, pero en mayo de 2010, el abogado cedió los derechos de esa propiedad a la sociedad Karadine Investments Corp, también registrada en Florida.

El nombre de Cúneo Libarona ya no aparecía como parte de la sociedad, según los registros públicos de Florida. El único que figura detrás de esa compañía es el agente inmobiliario argentino José Nicenboim. Ante la consulta de este equipo, Cúneo Libarona reconoció que era el dueño de Karadine Investments, una de las empresas de papel que blanqueó ante el Gobierno en 2016. No explicó, sin embargo, por qué decidió interponer una sociedad y, así, evitar quedar expuesto como dueño de la propiedad. Tras la publicación de esta nota, fuentes cercanas al ministro se comunicaron para aclarar que un principio había inscripto la propiedad a su nombre pero que más tarde interpuso una sociedad para evitar que el fisco estadounidense se quede con el 25% del valor de la propiedad en impuestos de herencia, en caso de su fallecimiento. Se trata de una práctica común de los argentinos que invierten en Florida. 

Ese departamento en Miami Beach, sostuvo, ya está declarado desde 2016 y por lo tanto fue informado en su primera declaración jurada ante las autoridades argentinas cuando asumió como funcionario. “Todo se informó a la Oficina Anticorrupción”, repitió Cúneo Libarona en la nota e indicó que tanto el dinero utilizado para comprar ese inmueble como sus depósitos bancarios en el exterior son fruto de su “labor profesional, previo a asumir en la función pública”. También remarcó que tributa desde entonces. “Pago regularmente los impuestos que corresponden”, señaló.

“Mi sacrificio fue enorme -destacó-. Genero todos los ingresos necesarios para sostener a mi familia, contratar y solventar numerosos abogados y empleados, efectuar donaciones, ayudar amigos, colegios (entre ellos a los alumnos del Colegio María de Guadalupe de Tigre, tan ponderado estos días [fue nombrado uno de los mejores del mundo], y del Colegio Rosario Vera Peñaloza de Garín), y fundaciones”.

La otra sociedad que ingresó en sinceramiento fiscal -detalló el ministro- fue la offshore Lennon Universal Inc, que se constituyó para tener una cuenta bancaria en una sucursal del City Bank en Estados Unidos, indicó el funcionario. Esta empresa de papel fue registrada en Belice en 2013, según surge de documentos que integran los Pandora Papers, una filtración de documentos secretos que lideró ICIJ.

El ministro recurrió al estudio OMC, especializado en el armado de estructuras offshore, porque buscaba una sociedad para desarrollar inversiones inmobiliarias por un millón de dólares, indicó en un formulario interno de ese bufete que forma parte de la filtración. El origen de esa fortuna, precisó Cúneo Libarona en la documentación que aportó al estudio OMC, era el ejercicio de su profesión como abogado en Argentina.

El abogado asumió la presidencia de la sociedad y nombró a sus hijos como integrantes. También envió copias de los tres pasaportes para completar los trámites de inscripción, además de precisar que los tres eran los accionistas y beneficiarios finales de la sociedad.

Ante la consulta periodística, el ministro no mencionó las inversiones inmobiliarias, sino que sostuvo que la sociedad fue montada para abrir una cuenta bancaria, que también fue incluida en el sinceramiento fiscal, aunque no aclaró cuánto dinero manejó sin declarar. Esa cuenta también fue incluida -afirmó el funcionario- en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción tras su asunción como ministro.

Una tercera sociedad

Los archivos de Pandora Papers indican que tres años después de regularizar su situación fiscal con el blanqueo, Cúneo Libarona habría hecho gestiones nuevamente con el estudio OMC. Su nombre y el de uno de sus hijos aparecen en un formulario interno de julio de 2019 para constituir la sociedad Light Blue Development Ltd.

Mariano Cúneo Libarona figura en esos papeles como beneficiario final y accionista, y él mismo firma el documento. Durante todo el formulario aparecen datos precisos como su número de pasaporte, su fecha de nacimiento y el número de celular que utiliza hasta la actualidad. El expediente interno de OMC sobre Light Blue Development guarda también una carta de recomendación del empresario Alejandro Matheou. Sin embargo, no hay registros dentro de la filtración de que la sociedad efectivamente se haya constituido. 

En ese formulario interno se precisa, además, que esa sociedad offshore, de activarse, tendría como objetivo controlar una cuenta bancaria y que se utilizaría para realizar una amplia gama de actividades financieras o “pershing”, como se le conoce en ese mundo a este servicio. Indicó que manejaría fondos por US$700.000 en Estados Unidos, frutos de su labor profesional.

Sin embargo, el actual ministro de Justicia negó ser el dueño de Light Blue Development Ltd. “No la recuerdo, ni encuentro documentos o formularios que le correspondan”, aclaró, para luego ir más lejos. “Tengo la certeza de que nunca intervine en esa sociedad u otras en el extranjero o en el país luego de asumir el cargo el 10 de diciembre de 2023”, afirmó.

En 2019, el actual ministro de Justicia mantenía un amplio abanico de clientes, incluso con casos judiciales de alto perfil. Entre ellos, varios de los acusados en el llamado caso de “los cuadernos de las coimas”, como los empresarios argentinos Sergio Taselli, Alejandro Ivanissevich y Hugo Eurnekian, cuya familia empleó al presidente Javier Milei como economista.

Uno de los funcionarios más ricos

Cúneo Libarona es el funcionario que declaró la segunda mayor fortuna del gobierno argentino, según las declaraciones juradas que todos los ministros del presidente Javier Milei presentaron ante la Oficina Anticorrupción. El funcionario informó activos por un total de $6.600 millones (unos US$6,5 millones), cifra que lo ubicó, por mucho, como el segundo más rico del gabinete, después de la canciller, Diana Mondino.

Cúneo Libarona declaró, además, que mantiene más de la mitad de su patrimonio fuera de la Argentina. Precisó, en ese sentido, que controla “depósitos de dinero en el exterior” por casi $5.000 millones (unos US$5 millones, según la cotización de finales de 2023), aunque no indicó si se trata de cuentas bancarias y, en ese caso, en qué países estarían radicadas.

El abogado declaró 29 propiedades, dos de las cuales están fuera de Argentina, como la antes mencionada en Miami Beach. Cotizó ese inmueble en $125 millones –cerca de US$120.000-, un valor muy por debajo del establecido por las autoridades de Miami, que la valoraron en más de medio millón de dólares. 

Por otro lado, el ministro recibió el 25% de una propiedad en Punta del Este, Uruguay, como parte de una herencia. Allí pasó sus vacaciones durante más de tres décadas, hasta que juró como ministro de Justicia, en diciembre pasado. “No voy a ir a Punta del Este porque hay gente que pasa pobreza y tengo que dar un ejemplo. No puedo estar paseando en la playa con una tabla de surf mientras la gente pasa pobreza”, dijo en una entrevista a El País tras asumir en la función pública. “Mi vida cambió”.

El equipo de ICIJ está integrado por Hugo Alconada Mon y Ricardo Brom (La Nación), Iván Ruiz (CLIP), Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, y Emilia Delfino (elDiarioAR). Esta nota contó con la colaboración especial de Angus Peacock (OCCRP).

Nota: este artículo se actualizó el 14 de julio de 2024 a las 12:15.

ED/DTC

Pandora Papers, la investigación realizada por periodistas de diversos países y que integran el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) fue reconocida con el Gran Premio FOPEA 2022 al Periodismo de Investigación y también resultó elegida en la categoría Investigación Periodística de redacciones de más de 30 personas. Emilia Delfino, periodista de elDiarioAR junto a sus colegas de La Nación e Infobae, recibió los galardones en una ceremonia realizada en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.

Emilia Delfino integra el consorcio de periodistas que trabajó durante más de un año investigando los documentos de la mayor filtración de documentos. El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

La apertura de estos archivos permitieron conocer los negocios y las fortunas de más de 130 multimillonarios y unos 330 políticos que operaron en paraísos fiscales durante las últimas décadas. Fueron casi 12 millones de documentos en los que 615 periodistas de 117 países del mundo trabajaron para darle una coherencia y revelar el circuito del dinero que evadieron los controles de cada país. El dato fue revelador: mientras el mundo vivía una pandemia trágica en este circuito, también global, se evadía impuestos que hubieran permitido pagar el sueldo de un enfermero cada segundo.  elDiarioAR fue el único de los medios que publicó el trabajo completo sin ningún condicionamiento económico ni político.

"Para nosotros es fundamental poder funcionar como equipo con periodistas de tres medios diferentes como si fuéramos una misma redacción", dijo Emilia Delfino.

En las otras categorías del Premio FOPEA 2022 resultaron ganadores “Darien, la selva del infierno”, el trabajo periodístico del equipo encabezado por Carolina Amoroso del canal de noticias de TN y el Canal 13. Ceferino Reato fue premiado por su libro Masacre en el comedor (Random House). En la categoría nota de investigación en redacciones de menos de 30 periodistas fue premiado Daniel Enz, de la revista Análisis, por su trabajo de investigación titulado “Los fantasmas del Embajador”.

El Premio FOPEA es una iniciativa del Foro de Periodismo Argentino que aspira a estimular el periodismo de calidad y la investigación periodística en todo el país, según explican desde la asociación. FOPEA asegura que apoya al periodismo profesional como garante de la democracia y de los intereses del conjunto de la sociedad, especialmente, de sus miembros más vulnerables. En su objetivo está contribuir a mejorar la calidad de la democracia por medio de un periodismo de excelencia, cuya información sirva para aumentar la transparencia de los actos de los diferentes gobiernos y de los particulares en relación con el Estado. Además de estimular la aplicación de herramientas técnicas propias del periodismo de investigación, basadas en la búsqueda de documentación respaldatoria y apoyar los trabajos de periodistas de todo el país y de todo tipo de medios, como así también de estudiantes universitarios y terciarios de periodismo.

El empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. Así surge de documentos inéditos del segundo capítulo de la filtración Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Caputo aparece en la filtración relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (declarada desde el inicio), un fideicomiso (trust, en inglés) en Islas Caimán y una segunda sociedad en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas controla una cuenta bancaria en Suiza que se abrió en 2015 y blanqueó recién en 2016, según reconoció una fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino* de ICIJ.

El fideicomiso en Islas Caimán es actualmente objeto de una investigación en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las revelaciones de la filtración se complementan con documentos del registro público de Panamá y otras bases abiertas, y la consulta a la fuente del entorno del empresario, que accedió a responder preguntas y mostrar sus declaraciones juradas ante la AFIP.

Caputo, a quien Macri definió como “su hermano de la vida”, forjó una amistad estrecha con el líder opositor desde el colegio y es uno de los hombres de mayor confianza del expresidente. Fue el responsable de pagar el rescate de su secuestro en 1991, su padrino de bodas y el recaudador de la campaña presidencial de 2015. 

En 2017, Macri nombró a su amigo cónsul honorario de Singapur en Argentina, un estatus prolífico para los negocios que el gobierno de Alberto Fernández le quitó.

En 2020, Caputo y su familia ocuparon el puesto 34 de los más ricos de Argentina, con una fortuna total de US$340 millones, según el ranking de la revista Forbes.

El empresario es dueño de Mirgor, la fabricantes de electrónica que fundó décadas atrás junto a Macri. También fue accionista del 20% de la empresa familiar, la constructora Caputo SAIC, y controló el 50% de SES SA (empresa de mantenimiento proveedora de la Ciudad de Buenos Aires), además de Central Puerto (energía), entre otras compañías. 

En las últimas semanas, Caputo fue eje de la exposición que realizó en redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para defenderse del alegato de los fiscales del juicio por Vialidad. 

La expresidenta expuso parte del contenido del teléfono celular de su ex secretario de Obras Públicas, José López, que en diversos mensajes telefónicos con Caputo hablaban de gestiones, reuniones, apoyo a una candidatura de López en Tucumán y de su amistad. 

La investigación de Pandora Papers fue publicada a finales de 2021 y provocó una filtración adicional de registros de bufetes dedicados a crear y gestionar sociedades offshore. Los nuevos archivos, creados en su mayoría entre principios de la década de 1990 y 2013, contienen información sobre contratos, acuerdos financieros y opiniones legales.

En el caso de las empresas de Caputo, los proveedores que asistieron al empresario en la gestión de las offshore fueron los estudios Cititrust, Amicorp y OMC.

Newman y Newman

Nicolás Martín Caputo aparece en la continuación de Pandora Papers como beneficiario final de una sociedad y de un fideicomiso offshore creados en las Islas Caimán, de acuerdo con los registros. El propósito de la estructura offshore, creada a principios de 2015, era controlar una cuenta bancaria en Suiza. 

Las gestiones de Caputo comenzaron en la sucursal Montevideo del banco suizo Julius Baer. La entidad acudió a un estudio intermediario, Cititrust, que se dedica a abrir y gestionar este tipo de sociedades y fideicomisos. A su vez, Cititrust acudió a Amicorp Curacao B.V. (con sede en la ciudad de Willemstad, Curazao) y lo contrató para manejar el fideicomiso desde Caimán.  

Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró.

Las dos firmas offshore fueron bautizadas en honor al Instituto Cardenal Newman, donde Caputo y Macri se conocieron. “Nicky -como lo llaman sus amigos- me cuidó durante aquellos años. Era el jefe de la banda del Newman”, contó el expresidente a la periodista Laura Di Marco en el libro Macri. Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder.

El 27 de febrero de 2015 se activó la sociedad Newman Ltd, según los documentos de la filtración. Tres días más tarde, se abrió The Newman Trust (fideicomiso, en inglés), activo desde el 2 de marzo de 2015. 

La sociedad es titular de la cuenta en Suiza y el fideicomiso administra los fondos depositados.

Para entonces, principios de 2015, gobernaba Fernández de Kirchner y Macri ya se perfilaba como el principal candidato opositor para las presidenciales de ese año. 

Ante el proveedor Cititrust, Caputo declaró que el dinero provenía de sus dividendos como accionista de distintas empresas que operan en Argentina. En los documentos internos, el empresario figura como  dueño de Caputo SAIC y accionista en las empresas Caputo SAICYF, Mirgor SA y Central Puerto. Caputo, además, informó sus datos personales y su correo electrónico corporativo.

Sin embargo, no figuran las cifras del dinero depositado en la cuenta suiza. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de Caputo declinaron dar esa información por razones de seguridad.

Blanqueo 2016

Macri impulsó una ley de sinceramiento fiscal en mayo de 2016 y Caputo aprovechó la oportunidad para declarar por primera vez ante la AFIP su cuenta en Suiza y las offshore detrás de las cuales había protegido su vínculo con la cuenta. De esta manera, pudo conservar la estructura creada en 2015, aunque a partir del blanqueo debió comenzar a tributar por sus activos en la cuenta.

“Caputo paga impuestos en la Argentina desde que se sinceró”, indicó la fuente de su entorno. Ante la consulta sobre el origen de los fondos, la persona consultada dijo: “Desconozco el origen de los fondos depositados en esa cuenta, pero obviamente era dinero negro” porque entonces no estaba declarado. 

El dinero de la cuenta fue declarado en su totalidad, dijo la fuente. Estuvo radicada en Zurich, hasta diciembre de 2019, cuando Julius Baer cerró sus puertas y Caputo mudó la cuenta a otro banco en Ginebra, Pictet & Cie SA Banque.

Nicky Worldwide

La tercera sociedad vinculada a Caputo fue creada el 8 de octubre de 2009 en Panamá. Fue propiedad de Caputo hasta marzo de 2018, cuando el empresario le cedió las 10.000 acciones a su hermano José Antonio Caputo, de acuerdo con los documentos analizados.

A diferencia de las otras dos estructuras offshore, Nicky Worldwide fue declarada desde un principio ante la AFIP, afirmó una fuente del entorno del empresario.

La sociedad se creó para inscribir un departamento en la ciudad de Miami a nombre de la offshore y evitar así las elevadas alícuotas del impuesto a la herencia en Estados Unidos, en caso de que el empresario falleciera y sus herederos tuvieran que hacer la transferencia del bien inmueble, sostuvo la fuente del entorno de Caputo.

Poner un inmueble a nombre de una offshore también hace más “fácil y económica” la transferencia de la titularidad de la propiedad en caso de una venta, ya que permite que el vendedor haga un traspaso de las acciones de la sociedad al comprador sin tener que viajar a Estados Unidos.

En 7 de marzo de 2018, Caputo transfirió las acciones de Nicky Worldwide a su hermano Jorge Antonio, conocido como Tonio, quien es el actual dueño de la sociedad y, por tanto, del inmueble ubicado en Miami. 

La operación fue dos meses después de que los Caputo vendieran la constructora familiar Caputo SA, en la que ambos compartían directorio.

En el entorno del empresario aseguraron que el traspaso a su hermano fue una operación de venta y que Caputo no quiere hablar de valores de la propiedad ni sumas de dinero de la transacción. De acuerdo con el acta pública de la operación fue por un valor simbólico: US$10.000.

En un formulario de mayo de 2018 que aparece en la filtración, Jorge Antonio Caputo informó al estudio panameño OMC que la sociedad tenía como propósito ser propietaria de inmuebles en el estado de Florida por un valor de unos US$550.000.

En 2018, el empresario declaró al estudio panameño que le realizó los trámites que el origen de los fondos con los cuales adquirió a su hermano la offshore eran “ingresos por negocios”, provenientes de las compañías Central Puerto, Mirgor y Ecogas.

También le pidió al bufete que pusiera directores como cara visible de la compañía, pero Jorge Caputo luego asumió como presidente y director de la sociedad, según los registros de Open Corporates.

La offshore continúa activa, según el registro online, pero tiene tasas adeudadas al Estado panameño desde hace unos tres años, según la gaceta oficial de ese país.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a unos 1.500 personas cuyos nombres aparecen en las sociedades y fideicomisos offshore revelados por la investigación periodística Pandora Papers. Los contribuyentes no habían informado al organismo fiscal sobre sus bienes, cuentas bancarias o estructuras societarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación.  Además, el organismo inició alrededor de cien fiscalizaciones ante la sospecha de que ciertas offshores fueron utilizadas para evadir y ocultar el patrimonio, según informó la AFIP a elDiarioAR.

Pandora Papers es la última filtración global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En Argentina, el equipo está integrado por elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. La investigación salió a la luz en octubre último e implicó el análisis de millones de documentos secretos de catorce estudios jurídicos y contables.

Ante la consulta de este medio, voceros del organismo que encabeza Mercedes Marcó Del Pont declinaron informar si los contribuyentes fiscalizados son personas con perfiles públicos, como empresarios, exfuncionarios y figuras del deporte y los medios de comunicación. Se trata de información con secreto fiscal. En esta filtración, Argentina es el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore.

En noviembre, tras las primeras publicaciones, ICIJ comenzó a abrir la información obtenida de los documentos de Pandora Papers y los organizó en su base de datos abierta al público, el sitio Offshore Leaks. Esta apertura de datos permitió a la AFIP detectar a los 1.500 contribuyentes argentinos mencionados como titulares o directivos de sociedades o fideicomisos offshore que no habían informado al organismo su participación en estas entidades.

La AFIP reclamó a los contribuyentes información y activó unos cien procesos de fiscalización y control de los grandes patrimonios, que quedaron a cargo de las áreas especializadas en operaciones transnacionales y los equipos de fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI), informó el organismo. Las fiscalizaciones buscan determinar si estos contribuyentes participaron de maniobras de evasión y ocultamiento patrimonial.

Este martes, la AFIP envió una carta notificando a los investigados en la que les informó: “Mediante el relevamiento de las bases de datos abiertos sobre beneficiarios finales, se detectó que usted figura en offshoreleaks.icij.org como titular de una sociedad identificada durante la investigación denominada ‘Pandora Papers’. No obstante, se verificó que no realizó ninguna presentación como beneficiario final de dicha entidad, para los períodos fiscales 2019 y 2020 ante este organismo, como establecen los regímenes de información vigentes”. 

Desde 2020, las personas jurídicas y fideicomisos están obligados a informar a la AFIP quiénes son sus beneficiarios finales -es decir, los dueños reales de los bienes-, así como los contribuyentes deben informar sus participaciones en sociedades offshore, fondos comunes de inversión y fideicomisos en el extranjero, además de asociaciones civiles y fundaciones. 

“El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones”, informó un vocero del organismo.

Antecedentes

Utilizar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando sea utilizada con fines lícitos y el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. El reclamo internacional en torno a las offshore se debe a que estas estructuras garantizan el anonimato de los poderosos y la ausencia de registros de cuentas bancarias y propiedades, y ocultan la identidad de los beneficiarios reales de sociedades sin ninguna actividad real.

Durante la investigación de Pandora Papers, el equipo argentino de ICIJ* consultó a decenas de personas que aparecían en los documentos analizados. La mayoría afirmó que sus estructuras offshore estaban declaradas ante la AFIP o ante las autoridades de otros países -según el lugar de residencia-, pero muy pocos permitieron corroborar si así era. 

Otros admitieron que durante años, sus sociedades habían permanecido en secreto y no tributaron impuestos hasta que fueron regularizadas durante el blanqueo o sinceramiento fiscal de 2016. Un tercer grupo no quiso definir si había o no declarado su sociedad o fideicomiso offshore (trust) ante la consulta.

Sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP para demostrar que de las palabras a los hechos hay documentos. En algunos de los casos, el acceso fue parcial, lo que no permitió corroborar la totalidad de la información. 

La investigación periodística Pandora Papers salió a la luz el 3 de octubre de 2021. Durante los siguientes cuatro meses, elDiarioAR publicó 48 casos investigados por los periodistas del equipo argentino*: exfuncionarios, empresarios, ejecutivos, familiares y asesores de políticos, personas bajo investigación judicial, deportistas y personalidades de los medios vinculados directamente con sociedades, fideicomisos y cuentas bancarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación, desde Islas Vírgenes Británicas hasta estados de los Estados Unidos, como Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Wyoming; Nueva Zelanda, en Oceanía; y Luxemburgo y Suiza, en Europa.

La lista incluyó a miembros de las nueve familias y empresarios más ricos del país, a  dueños de medios de comunicación, futbolistas, polistas exportadores de caballos y exfuncionarios del kirchnerismo y el macrismo. Desde Elena Francisca Bonatti Rocca, una de las accionistas de Techint, fallecida; hasta miembros de la familia Werthein y Carlos Herminio y Santiago Blaquier, accionistas y directivos de Ledesma. El empresario José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Edenor; los hermanos Garbarino y su exCEO, Carlos García; y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

Qué es público y qué no

La base de datos abiertas de ICIJ incluye datos de los hallazgos periodísticos pero también incorporó la información de Pandora Papers sobre otros contribuyentes que figuran en los documentos de la filtración como accionistas y beneficiarios finales de las offshore y que fueron investigados por la AFIP. Se trata de ciudadanos que acudieron a los proveedores offshore de la investigación global: el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede central en Panamá; Trident Trust; y Fidelity, entre otros. 

El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.

AFIP.

Los documentos confidenciales de Pandora Papers a los que tienen acceso los periodistas de ICIJ se encuentran en una plataforma encriptada, que incluye correos electrónicos, hojas de registros mercantiles, cuentas de empresas o pasaportes, entre otros. Estos documentos incluyen información de carácter personal de clientes que acudieron a los paraísos fiscales, pero también de sus familiares y empresas.

ICIJ no hace públicos los documentos que crearon los estudios y compañías, pero sí los datos que figuran en ellos: accionistas, intermediarios que ayudaron a crear las offshore y los beneficiarios finales detrás de cada una, siempre y cuando exista esta información. Por ejemplo, no se pueden visualizar los documentos que acreditan movimientos de dinero, los formularios bancarios ni otros datos personales como números de DNI, cuentas bancarias, direcciones y teléfonos.

Tampoco habrá resultados para la búsqueda de personas cuya información no estaba estructurada en la base de datos, pero sí aparecía en los documentos.

Los datos públicos de Pandora Papers se sumaron desde finales de noviembre último a las bases de otras grandes filtraciones que también pueden consultarse en el buscador y que ICIJ empezó a publicar en 2013, como Panamá Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks o Paradise Papers.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED/MG

A Horacio Cartes, de profesión técnico aeronáutico, se lo conoce principalmente por su perfil político: fue dirigente deportivo y presidente de Paraguay. También es famoso por ser uno de los hombres más ricos del país -es accionista en 35 empresas con activos por más de 285 mil millones de dólares-, por su faceta como banquero, como empresario ganadero y tabacalero o como dueño de medios de comunicación. El Grupo Cartes, que él dirige, cuenta entre sus más de 70 empresas con un conglomerado de 14 medios agrupados en el Grupo Nación Media, que incluye prensa escrita, portales digitales, radios y canales de televisión. Incluso, últimamente, otra vez su nombre ocupó las portadas de los principales diarios por las acusaciones de una red de lavado de dinero, contrabando de cigarrillos y por sus vínculos con narcos. Pero poco o nada se conoce de su lado B: el de empresario de alimentos, la otra cara de un voraz del lucro.

El día en que Horacio Manuel Cartes Jara nació en Asunción se convirtió en el tercero de los cuatro hijos de la unión entre Ramón Telmo Cartes Lind y Elva Jara Lafuente. Aquel 5 de julio de 1956, un tercer hijo se unía a la pudiente familia asuncena. Cartes creció de la mano de una clase empresarial y pionera en la industria aeronáutica. Su padre, Ramón Cartes, fue piloto civil. En 1955 fundó la empresa Aerocentro S.A. y en 1958 se convirtió en representante comercial de la marca Cessna en Paraguay. 

Siguiendo los pasos de su padre, Cartes estudió aviación en el Spartan College of Aeronautics and Technology, en Oklahoma, Estados Unidos. Aprendió a pilotar para finalizar con una pasantía en la empresa aeronáutica estadounidense Cessna, en Wichita, Kansas. Tenía 19 años cuando volvió al país para trabajar en el sector comercial. Poco o nada se escribió sobre las actividades comerciales que desarrolló entre 1975 y 1989. 

En esa laguna biográfica de 14 años hay pocos datos precisos. Uno de ellos apunta a algunas actividades ilegales: en 1985 fue acusado por evasión de divisas por 34 millones de dólares. Cartes estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años. Recién en 1989, tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, se entregó. Por este caso estuvo preso más de cinco meses en la cárcel de Tacumbú. En el 2008 él y sus socios fueron sobreseídos.

El mismo año de su detención fundó su primera empresa comercial: Cambios Amambay. Tres años después, en 1992 pasó a llamarse Banco Amambay y desde el 2018 se denomina Banco Basa. Esa empresa fue la base de su crecimiento económico: en solo tres años amasó una fortuna que le permitió, a los 38 años, ingresar en el rubro que mejor renta obtiene: las tabacaleras. Con sus millonarias ganancias se convirtió en socio fundador de Tabacaleras del Este S.A. (Tabesa), que hoy es uno de sus negocios de los que más aportan al fisco junto al Banco Basa. La tabacalera está en el foco de las investigaciones judiciales por denuncias de contrabando de cigarrillos al Brasil y lavado de dinero, según una reciente investigación filtrada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay. 

La empresa tabacalera fue un éxito. En pocos años logró ganar más dinero y decidió expandirse a otros rubros. Hoy, el Grupo Cartes está compuesto por 73 empresas -Cartes es accionista en 35- entre las que se cuentan compañías aeronáuticas, hoteles, cementeras, ganaderías, cadenas de farmacias, centros de tratamiento de obesidad, construcciones, comercio de celulares, servicios de salud privados, gimnasios, papelería,  gasolineras y el Club de Fútbol Libertad.

También tiene una fuerte presencia en el rubro alimenticio. Bebidas del Paraguay S.A., propiedad del grupo, compró en 2001 la Pulp, la primera gaseosa paraguaya, y luego se expandió a los jugos Puro Sol y Watts. En 2009 nacieron Agrocitrus del Paraguay -que produce cítricos- y después Bebidas USA, que fabrica y vende la Pulp en los Estados Unidos. Pocos años después expandió sus negocios con la compra de franquicias de comidas rápidas, como SBarro y Don Vito. También es dueño de la marca de golosinas Missy.

A pesar de que todas son empresas líderes en el mercado de los alimentos ultraprocesados, según los balances del grupo ninguna de ellas reporta ganancias. De hecho, las únicas dos rubros que no tienen balances negativos son las tabacaleras y el banco.

A pesar de que todas son empresas líderes en el mercado de los alimentos ultraprocesados, según los balances del grupo ninguna de ellas reporta ganancias. De hecho, las únicas dos rubros que no tienen balances negativos son las tabacaleras y el banco.

Para el periodista independiente Alfredo Guachiré es llamativo que solo 3 de las 73 empresas de Cartes produzcan ganancias. En varias de sus investigaciones deslizó que podría tratarse de firmas de fachada detrás de la que se ocultaría una estructura de lavado de dinero.

Guachiré apunta a la denuncia del ex ministro del interior Arnaldo Giuzzio, que tiene la teoría de que por la simulación de ventas de cigarrillos en el país y con el contrabando hacia Brasil, el dinero retorna al país de manera irregular a través de casas de cambio. Según Giuzzio, gracias a estas operaciones el banco Basa creció 45% más. Posteriormente, según la denuncia, este dinero producto del contrabando sería diversificado y distribuido en las 73 empresas de fachada de Cartes.

“Entre alguna de las razones por las que Cartes tiene tantas empresas es por el supuesto lavado de dinero. Mientras, Cartes no para en su expansión en el rubro de alimentos”, asegura Guachiré. 

La hipótesis de periodistas y políticos de que Horacio Cartes estaría implicado en el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero a través de sus empresas, se podría sustentar con la reciente filtración de un documento de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a finales de mayo de este año. 

Según esta investigación, Tabacalera del Este -una de las principales aportantes al fisco- simuló la venta de “cigarrillos” a sus propias empresas del Grupo Cartes entre el 2017 y 2021. Entre ellas figura una del rubro de alimentos, Agrocitrus del Paraguay SA, con la cual  supuestamente comercializó por 166 mil dólares.

No solo habría utilizado a esta empresa agrícola, sino que también a sus medios de comunicación, como los diarios La Nación y Crónica, agrupados en  Gráfica y Editorial Intersudamericana S.A., que supuestamente compraron por 456.896 dólares. Ni su fundación Ramón T. Cartes, ni la cementera Concepción o su propia hermana quedarían fuera del esquema de simulación de venta de tabaco. La fundación en honor a su padre supuestamente hizo compras por 217 mil dólares. 

En la lista del lavado de activos también hay personas involucradas en los operativos Lavajato, que detectó un esquema de lavado de dinero y divisas en Brasil y a AUltranza, una investigación contra el crimen organizado y lavado de dinero iniciada en Paraguay este año.

El informe de Seprelad resalta que las firmas del Grupo Cartes “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”, que sería Brasil. El documento ya está en manos de la fiscala general Sandra Quiñónez. Los parlamentarios de la oposición la acusan de tener afinidad con Cartes, y dicen que por eso no actúa ante las tantas denuncias de lavado de dinero. 

No son ventas de tabaco sino préstamos, defiende el abogado Pedro Legal, representante de Cartes. El gerente de la Tabacalera del Este, José Ortíz, también defiende este argumento. “Tabacalera del Este lo que hace es prestarle dinero a Cecon (Cementera Concepción) -y otras empresas- y le factura los intereses. Es muy mediocre la apreciación de Seprelad. Hasta podrían poner, en su informe, que les llama la atención la operación, pero no que es por la venta de cigarrillos”, dijo a  Radio Monumental. La venta de cigarrillos supuestamente solo se hace a Palermo S.A. que representa el 73% de las operaciones comerciales. El gerente añadió: “Trabajo hace 32 años en el grupo y la premisa del señor Cartes es que todo se haga dentro de la legalidad y pagando los impuestos que corresponden”.

A sus 53 años, Cartes pasó de ser una persona que no votaba en las elecciones nacionales a afiliarse al partido colorado, de derecha, conocido como la Asociación Nacional Republicana (ANR). Emergió como el salvador con la Fundación de su movimiento Honor Colorado, que logró recuperar la administración del país, tras la caída de la ANR -partido que gobernó 61 años- en el 2008 ante la dupla Fernando Lugo y Federico Franco. Asumió el cargo de presidente el 15 de agosto de 2013, en reemplazo de Federico Franco, debido a que Lugo fue destituido por juicio político en el 2012. 

En esa época se mostraba como una persona sencilla, familiera, con vínculo cercano a las empleadas domésticas que trabajaban en su casa, los futbolistas del Club Libertad, del que había sido presidente, o con los empleados de sus tabacaleras y sus estancias ganaderas.

—Yo almuerzo con ellos, tengo una vida re normal. Me considero sencillo, disfruto de ser así —dijo en el programa Algo Anda Mal, en mayo del 2012, durante la campaña presidencial. 

Y remató:

—Soy feliz siendo humilde.

Casi un año después de esa entrevista Cartes se convirtió en presidente de Paraguay con 1.104.169 votos y recuperó el poder para la ANR después de 5 años. Lejos, con una diferencia de más de 200 mil votos, derrotó a su principal contrincante, Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Al asumir la presidencia de la República del Paraguay, la fortuna de Cartes -según su declaración jurada- era de 199 millones de dólares. Ese empresario, que se presentaba públicamente como un hombre “humilde” y “sencillo” tenía activos en efectivo por 2.941.176 dólares y seis depósitos en bancos por 29.642.274 de dólares. Era propietario de tres inmuebles, 17 vehículos y 7 aeronaves. Los ingresos anuales provenientes de sus empresas eran de USD 50.298 millones y sus gastos mensuales eran de USD 2.151 millones. 

“Para los grandes logros hay que soñar”. Con esta frase se presenta hoy Horacio Cartes en la web del grupo empresarial. Y Cartes soñó tanto que logró amasar fortunas. En 2018, cuando dejó el sillón presidencial, su patrimonio neto había aumentado un 250 por ciento. El incremento es similar a 1.474.777 salarios mínimos en Paraguay. 

En 2021, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó los Pandora Papers, la mayor filtración de documentos hasta ese momento, Horacio Cartes integraba la lista de los 35 líderes mundiales. Según la publicación,  Cartes adquirió en el 2011 -dos años antes de ganar las elecciones presidenciales- una empresa offshore denominada Dominicana Acquisition SA y no presentó en su declaración jurada del 2013 al asumir la presidencia. Una semana antes de la publicación de la filtración, el expresidente rectificó su declaración jurada de los años 2013 y 2018 ante la Contraloría General de la República. Cartes dijo que se había tratado de un “error involuntario”. En la rectificación, agregó: “En el año 2013 correspondían solo a mi persona 5 acciones de USD 2 mil cada una, que en total hacían un capital de USD 10 mil. Posteriormente, en el año 2017, se cancelaron dichas acciones y fueron sustituidas”. 

Tras la revelación de los Pandora Papers, el presidente del partido opositor, Efraín Alegre, denunció a Cartes por falsificación y ocultamiento de sus declaraciones juradas. La Fiscalía de Panamá también solicitó al Ministerio Público de Paraguay los antecedentes judiciales y financieros del expresidente.  

El 7 de febrero, de este año, el Ministerio Público de Paraguay dispuso de oficio la “apertura de causa penal sobre Contrabando y Lavado de Activos”, que no nombra a Horacio Cartes, pero la investigación se inicia luego de la denuncia de Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior,  que en sesión ante el Congreso, en febrero pasado, acusa al expresidente por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La denuncia se presentó solo ante la Seprelad. 

El caso está en el Ministerio Público contra personas innominadas. Fiscales alegan que el caso puede implicar a más personas. No se conocen aún los avances de la pericia, pese a la filtración documental.

El presidente de la República, Mario Abdo, en un discurso en Guairá a principios del mes de mayo deslizó sospechas sobre el crecimiento patrimonial de Horacio Cartes relacionado al lavado de dinero. “Pasó de tener 9 estancias a 27 estancias en cinco años de presidencia. De tener 20 empresas a 63 empresas. Yo no conozco un empresario en la historia que en cinco años salte de 20 a 63 empresas”, dijo Abdo. 

Y agregó: “Quieren un silencio en Paraguay, un silencio en el partido. qué hicieron ellos en cinco años, compraron la mitad de los medios de comunicación que en un mercado libre todos esos medios se hubiesen cerrado porque trabajan a pérdida, pero están inyectados con plata que viene de otro lado”. 

El patrón o patrão en portugués, es como se conoce coloquialmente a Cartes. El apodo no tiene ningún vínculo con su faceta de empresario o político, sino por la Operación Patrón, de la fiscalía de Brasil, que lo vinculó a una investigación que se desglosa del caso Lava Jato sobre la operación cambio que habría movido alrededor de 1.600 millones de dólares. 

Cartes estuvo bajo la lupa de la Fiscalía de Brasil por su supuesta vinculación con Darío Messer, a quién llamó “su amigo del alma”, declaraciones que datan del 2019. En una carta escrita a mano -según documentos del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil- Messer lo llama “Patrón” a Cartes.

El “amigo del alma” de Cartes fue condenado por lavado de dinero, evasión de impuestos y divisas. En la misma investigación, el ex presidente paraguayo fue acusado por haber entregado a Messer, supuestamente, 500 mil dólares para sus gastos jurídicos. En 2019 el Tribunal Supremo de Justicia del Brasil confirmó el hábeas corpus definitivo otorgado al ex presidente y determinó su libertad. El Ministerio Público brasileño apeló el fallo pero aún no fue resuelto. 

Esa no fue la única investigación internacional que lo tuvo en la mira. En 2011, -según un cable diplomático del 5 de enero de 2010 filtrado por WikiLeaks- la Drug Enforcement Agency (DEA), la agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico lo investigó por lavado de dólares, venta de drogas y venta ilícita de tabaco en los Estados Unidos. 

Aunque en Paraguay el expresidente tiene fueros por ser senador vitalicio eso no lo protege de las investigaciones en otros países. Actualmente tiene causas abiertas en Panamá, Colombia y Brasil. 

Aunque en Paraguay el expresidente tiene fueros por ser senador vitalicio eso no lo protege de las investigaciones en otros países. Actualmente tiene causas abiertas en Panamá, Colombia y Brasil.

—¿Es la plata o la política que te da poder? —preguntó la periodista Mina Feliciángeli.

—La política, respondió Horacio Cartes. 

—¿A cuánto asciende tu fortuna?

—No sé si la pregunta está fuera de lugar porque tengo que contestar lo mismo. No sé. Porque si supiera no te tengo que decir. 

Fue en una entrevista televisiva en noviembre del 2021, una de las pocas que dio en los últimos años. El empresario no suele dar entrevistas con frecuencia, ni durante su mandato. Uno de los motivos puede ser su falta de tacto con la prensa: suele dar respuestas irónicas o esquiva las preguntas.

En una ocasión, en 2019, Clara Martínez, una periodista de Canal 13 de Paraguay le preguntó qué opinaba del Gobierno de Mario Abdo. Antes de responder, Cartes miró el micrófono y dijo entre risas: 

—Vos sos de la familia, bajá dos cambios. 

Los periodistas estallaron en risas. Para ese entonces corrían rumores de que Cartes compraría el canal, pero finalmente lo adquirió otro empresario: Javier Bernardes, del Grupo JBB.

En otra ocasión, Cartes fue abordado por el periodista Wiliam Domínguez, que estaba en ese entonces en Radio Ñandutí, y le preguntó si admirada al dictador Alfredo Stroessner.

—¿Qué tenés contra Alfredo Stroessner?, ¿te sacó la novia o qué? —respondió de manera irónica Cartes.

En otra oportunidad, a sólo seis días de dejar la presidencia, en agosto del 2018, el periodista de Telefuturo, Alejandro López, le preguntó qué opinaba acerca de las movilizaciones en repudio de la aprobación de las notas reversales que modificaron los Anexos A y B, del Tratado de Yacyretá, entre Paraguay y Argentina, relacionados sobre lo financiero y administrativo de la hidroeléctrica. 

—Presidente, ¿qué le responde a los jóvenes que se están manifestando?

—Balines de goma—respondió Cartes.

Este artículo es parte de Los insaciables, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado de Cronos Lab. 

ILOP

El Icrict, un consorcio internacional de economistas que estudia el impacto de los paraísos fiscales y medidas de tributación internacional, presentó ayer, martes, un documento en el que plantea la creación de un Registro Global de Activos (GAR, en sus siglas en inglés) para poder tener una identificación de los beneficiarios reales de los activos en cualquier territorio del mundo, evitando el ocultamiento de la riqueza. Este grupo de expertos, entre los que se encuentran el premio Nobel Joseph Stiglitz o Thomas Piketty, ha publicado esta propuesta días antes de la reunión de ministros de finanzas del G20 para reclamar un compromiso internacional para tener un mayor control sobre la “riqueza extraterritorial”.

“El Registro Global de Activos es un registro global exhaustivo que vincula todos los tipos de activos, empresas y otros vehículos legales utilizados para poseer activos, con las personas que realmente los poseen o controlan -o se benefician de ellos-, los llamados ”propietarios efectivos“ (que pueden ser diferentes de los propietarios legales)”. Así resume el documento presentado por el Icrict este martes la propuesta, que consiste en evitar que muchos de estos activos se pierdan entre una maraña de sociedades e intermediarios y tributen de manera efectiva. El consorcio vincula este planteo a los casos conocidos como los Panama Papers o los Pandora Papers, donde la filtración de archivos de bufetes de abogados revelaban operaciones millonarias de personalidades públicas en paraísos fiscales.

“Un Registro Global de Activos debería incluir, además de los bienes inmuebles, las cuentas bancarias, las cajas de seguridad, los fideicomisos y otros tipos de acuerdos legales utilizados para poseer activos, otros tipos importantes de riqueza como, los criptoactivos, obras y colecciones de arte, joyas, yates, aviones y otros artículos de lujo”, explica el documento presentado. Los responsables del consorcio, que colaboran con otros organismos como Oxfam, plantean que todos estos escándalos de filtración de activos han constatado fallos “sistémicos” en el sistema financiero que permiten que más del 10% del PIB mundial se oculte en paraísos fiscales, complicando su tributación efectiva. “Los verdaderos propietarios de esta riqueza son indetectables debido a prácticas sofisticadas establecidas en jurisdicciones específicas alrededor del mundo que permiten, además, ocultar la ubicación de los distintos tipos de activos que estos tienen o, en algunos casos, incluso su propia existencia”, aseguran, culpando de ello a “banqueros, contables y abogados”.

El consorcio asegura que este registro permitiría que las sanciones sobre los oligarcas rusos, en pleno conflicto en Ucrania, fueran efectivas, ante la falta en ocasiones de identificación de multitud de activos. “Sin información completa sobre los activos de oligarcas rusos, las sanciones de occidente no pueden ser bien dirigidas, y esta incapacidad socava el estado de derecho internacional”, apunta el informe. En este consorcio también participan otros conocidos economistas como Gabriel Zucman, que dirige el observatorio europeo EU Tax, o José Antonio Ocampo, exministro de finanzas colombiano.

Por todo ello, el Icrict señala que se trataría de una “herramienta vital” contra los flujos financieros “ilícitos” al poner fin a “la impunidad por ocultar y utilizar las ganancias del delito y por retirar los ingresos y beneficios ilegítimos”. También serviría, señalan, para “medir y comprender la desigualdad de la riqueza, facilitaría debates públicos y políticos y apoyaría una fiscalidad adecuada”. De ahí, el llamamiento “urgente” para la creación del registro. “Es técnicamente sencillo, eficiente en cuanto a los ingresos y políticamente muy poderoso”.

Dicho registro también sería una herramienta vital contra los flujos financieros ilícitos, al poner fin a la impunidad, por ocultar y utilizar las ganancias del delito, y por retirar los ingresos y beneficios legítimos de la economía en la que surgen para la recaudación fiscal. Además, un Registro Global de Activos permitiría medir y comprender la desigualdad de la riqueza, facilitaría debates públicos y políticos bien informados sobre el grado de desigualdad deseado y apoyaría una fiscalidad adecuada para reducir las consecuencias negativas de la desigualdad, incluso mediante la imposición a la riqueza extraterritorial. En consecuencia, la ICRICT hace un llamamiento urgente a la creación de un Registro Global de Activos. Es técnicamente sencillo, eficiente en cuanto a los ingresos y políticamente muy poderoso.

El consorcio señala que ya existen ciertos registros nacionales y algunas iniciativas a nivel europeo que están encaminados a esta identificación del propietario real de los activos. Si bien, lamentan que dejan fuera a algunos activos y no hay coherencia entre los registros de distintos países o incluso dentro de los propios territorios. Para lograr un “potente núcleo” de la información necesaria, el consorcio anima a los gobiernos a una serie de actuaciones que mejoren estos registros. Entre ellos se encuentra “introducir requisito de titularidad real para las empresas, los fideicomisos y todo tipo de vehículos legales”, también sobre los inmuebles. También proponen conectar los registros a nivel nacional y ampliar los de titularidad real a todos los tipos de vehículos legales. Todo ello, proponen, deberá ser centralizado en un único Registro Nacional de Activos. La unión de estos registros nacionales podrían concluir en un Registro Europeo de Activos permanente, encargado de recopilar y relacionar toda la información. El objetivo final sería, que esos registros regionales confluyeran en el Registro Global de Activos, vinculando la información a nivel mundial.

“Mientras el sistema financiero mundial permita que se refugien los flujos financieros ilícitos, la pobreza y la desigualdad seguirán creciendo. Debemos actuar ahora para eliminar los paraísos fiscales que amenazan el futuro de muchos en beneficio de unos pocos”, señala el informe. “No más excusas, no más pandemias, no más guerras para justificar la falta de acción. Debemos actuar ahora para preservar la democracia, acabar con la espiral de desigualdad y reconstruir el contrato social”, concluye.

DL

María Cristina Pérez Sabbatiello, viuda del empresario Alfredo Yabrán; y su hijo Mariano Esteban Yabrán, quien actualmente sigue los pasos de su padre en el negocio postal, utilizaron al menos tres sociedades en paraísos fiscales, según surge de los documentos y correos electrónicos de la filtración global Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y analizados por el equipo argentino* que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. Su abogado respondió que tanto el hijo como su madre tienen “todas sus sociedades declaradas y a derecho”.

A 25 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, Pérez y sus hijos, Pablo, Mariano y Melina Yabrán son los herederos directos del empresario acusado de ordenar el secuestro y homicidio del fotógrafo de la revista Noticias. Tras la venta de su imperio -cuyos resultados económicos nunca fueron confirmados-, y el posterior suicidio de Yabrán, en mayo de 1998, la familia se radicó en Uruguay, donde todavía viven y realizan negocios. La fortuna heredada estaría valuada en mil millones de dólares, según Gabriel Michi, el periodista que más investigó a Yabrán y compañero de Cabezas al momento del homicidio.

En octubre último, el equipo argentino de ICIJ publicó los hallazgos en Pandora Papers sobre otro hombre clave del entorno de Yabrán: el empresario Héctor Colella, su fiel amigo, elegido como sucesor en su carta de suicidio para hacerse cargo de los negocios del grupo. Colella montó una estructura offshore para resguardar más de US$145,7 millones provenientes de la venta de OCASA -la empresa de clearing bancario de Yabrán- al Exxel Group, según los documentos y correos electrónicos de la filtración. El empresario informó que tiene todo declarado ante el fisco de Uruguay y que los fondos son de la venta de OCA (entonces dueña de OCASA) al grupo de inversión estadounidense. Mostró parte de sus declaraciones juradas fiscales.

Las sociedades de Pérez

Pérez divide sus días entre Montevideo y Punta del Este. Vive en su  mansión en el barrio Manantiales de Carrasco, valuada en cerca de 2,3 millones de dólares, según publicó Michi en Caras y Caretas; y en Punta Ballenas tiene a Mis Amores, que replica el nombre de una de las estancias favoritas de Yabrán en Entre Ríos y que está permanentemente vigilada por custodios.

El equipo argentino de ICIJ intentó dar con Pérez y Yabrán durante los últimos días, pero los distintos intermediarios consultados dijeron no poder ayudar a hacerles llegar las preguntas y consultas. Tampoco respondieron los llamados en la empresa Sendit. Este lunes, el equipo se comunicó además con una oficina de Mariano Yabrán en Uruguay y explicó de qué se trataba la nota y solicitó un mail para enviar las preguntas. La persona que tomó nota de la solicitud afirmó que Mariano Yabrán se encuentra de licencia y que respondería en caso de recibir autorización para hacerlo. Hasta el momento, no hubo respuesta.

Pablo Medrano, abogado de la familia, respondió: “Las participaciones en sociedades o las sociedades que ellos poseen están adecuadas a las normas del país que corresponde, y están declaradas. No hay sociedades que no estén declaradas”. El letrado agregó: “En Uruguay, donde son residentes fiscales desde hace varios años, tienen sociedades y estas están declaradas en ese país. Están todas adecuadas a derecho”.

El proveedor offshore OMC Group creó en 2017 un caso interno para investigar a la viuda de Yabrán. Es un procedimiento habitual para la apertura o movimiento de sociedades inactivas.

El 22 de marzo de 2017, una ejecutiva del área de atención al cliente en las oficinas de OMC Group en Panamá solicitó a su compañía, vía correo electrónico, que tramitara la restauración de dos sociedades de Bahamas: Utinia Limited y Granl Smith Company Ltd. En el intercambio de correos, las ejecutivas que intervinieron en el trámite dejan a la vista que la dueña de las compañías es María Cristina Pérez Sabbatiello, viuda de Yabrán.

De acuerdo con un documento excel en el que ejecutivos de OMC Group registraban datos sobre algunos de sus clientes, Pérez declaró que el origen de los fondos manejados por ambas sociedades eran “ahorros personales y herencia”, y que su objetivo era la tenencia de activos, aunque los documentos no aclaran qué tipo de bienes registró Pérez a nombre de las offshore. Utinia Limited es una compañía de Bahamas, creada en 2007. En ese mismo documento excel, el proveedor apuntó que la segunda compañía de Pérez, Granl Smith Company también había sido registrada en Bahamas, el 20 de agosto de 1997, aunque fue vendida (se entiende que a Pérez) en 2015. 

Tras el pedido de la ejecutiva de Servicio al Cliente de OMC Group, una de sus colegas en el área de Compliance le respondió dos días más tarde: “Realizando las búsquedas hemos encontrado un resultado bajo el nombre de la beneficiaria final en el mismo país de su nacionalidad, listada en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina) por presuntamente emitir facturas apócrifas”.

Con el objetivo de corroborar si se trataba de una homónima de Pérez, la ejecutiva de Compliance solicitó confirmar “si se trata de la misma persona o no, y de ser la misma persona agradecemos los comentarios del cliente”. También pidieron copias de pasaporte actualizado, prueba de residencia certificada y carta de referencia. Aún bajo sospecha, agregó: “Pueden proceder con las restauraciones, agradecemos su confirmación y documentación en un periodo de 15 días”.

Unas dos horas más tarde, Servicio al Cliente respondió que no se trataba de la misma persona y solicitó: “Favor desbloquear las sociedades para cerrar la oportunidad de restauración”. Ante la insistencia de Compliance, se le reclamó un documento con el CUIT de Pérez. “Adicionalmente le confirmo que las compañías estarán ”cleared“ por los próximos 7 días, hasta recibir los documentos actualizados”. Una compañía puede quedar inactiva al ser liquidada o porque no se pagaron las tasas anuales de mantenimiento. En este último caso, la sociedad queda en estado “stuck off”. Cuando una compañía se restaura significa que se pone al día con sus deudas de tasas anuales para volver a estar activa y poder ser utilizada.

Por esa necesidad de demostrar que no se trataba de la persona registrada como usuaria de facturas apócrifas en AFIP, Servicio al Cliente entregó copia de un documento fiscal de Pérez, gracias al cual se comprueba que es efectivamente la viuda de Yabrán. En los registros, consta copia de la hoja de registros emitida por AFIP en 2017. El documento resume su situación fiscal en Argentina. La viuda de Yabrán figura con su apellido de casada, domicilio fiscal y legal en la calle Viamonte al 300 y con su actividad inscripta ante el fisco argentino: “Servicios de financiación y actividades financieras”, actualizado a 2016. También consta la baja definitiva de todos sus impuestos en Argentina, ya que es residente en Uruguay.

Dos meses después del pedido inicial, el 31 de mayo de 2017, OMC Group destrabó el trámite de forma definitiva. “Puedes proceder, hemos completado los requisitos”. Ambas offshore, que tenían a la viuda de Yabrán como beneficiaria final, fueron restauradas. Actualmente, ambas sociedades figuran como “stuck off” en el registro de Open Corporates.

Una sociedad en Belice

Mariano, el hijo del medio del matrimonio, es el único que siguió el camino empresarial. Entre otras compañías en las que tiene o tuvo participación, es director ejecutivo de la empresa Sendit, un servicio de courier, en Uruguay, según su perfil de Linkedln. La compañía también opera en Paraguay. El empresario también está relacionado junto a su hermano Pablo con MPT Assets Management Corp., en el país vecino, según pudo comprobar elDiarioAR. La compañía se dedica a “inversiones” y está radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Tiene cuatro empleados en todas sus sedes y genera ventas por US$3,78 millones, según el sitio de Dun and Bradstreet.

En Pandora Papers, Mariano Yabrán aparece como el beneficiario final de la compañía Chardy Business Inc., radicada en Belice en octubre de 2010. Yabrán no figuraba en los documentos de la sociedad ni como accionista -eran acciones al portador- ni como director, cargo que fueron ocupando distintos agentes a los largo de los siete años que existió esta compañía. De hecho, en 2016, Cititrust realizó un chequeo de antecedentes en Interpol y otras fuentes de información oficial de quien fuera directora de la compañía, Isidra Rivera, de Panamá, cara visible de la compañía en los documentos.  

En 2017, el empresario debió declararse como el verdadero dueño de la compañía para poder proceder con su disolución, según surge de un documento que lleva su firma. En otro escrito del proveedor offshore Cititrut, que no tiene fecha pero sí la firma de Mariano Yabrán, el empresario informó a su agente, el estudio Maclachlan & Dennin: “Por la presente confirmamos que todos los activos y pasivos de la Compañía han sido enajenados y liquidados en su totalidad, y que la Compañía no es insolvente”.

Durante sus siete años de vida, entre 2010 y 2017, Chardy Business Inc. tuvo algunos movimientos registrados en Pandora Papers. En octubre de 2012, la sociedad fue restaurada y el registro de Belice emitió un certificado. En septiembre de 2014, el país centroamericano vuelve a emitir certificado de acciones al portador por US$50.000, en ocasión de transferir la sociedad de las oficinas del agente Morgan & Morgan al estudio Maclachlan & Dennin, en Belice.

En otro documento de 2017, se ordena su disolución y se informa que Chardy Business Inc. “nunca ha comercializado ni tiene activos, pasivos, deudas ni obligaciones”. El escrito también lleva la firma de Mariano Yabrán. El cierre de la compañía se oficializó en agosto de ese año.

Además del negocio postal, Mariano Yabrán también se dedicó a bienes raíces con la empresa Greenpol, a través de la que se comercializan proyectos urbanísticos, y manejó el remanente de las empresas de su padre en Argentina, en particular, los campos administrados por la empresa Yabito, según publicó Michi.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Los intermediarios entre las empresas argentinas y el gobierno de Venezuela para la compraventa de maquinaria agrícola, caso conocido como la “embajada paralela”, montaron una serie de sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas (BVI) diez días después de que los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron el convenio “fideicomiso binacional” entre ambas naciones que permitió el intercambio comercial.

Desde hace una década, la Justicia federal tiene abierta una causa en la que investiga si los empresarios Roberto Wellisch y Francisco Carrasquero, titulares de la compañía Palmat International, actuaron como presuntos intermediarios para el pago de sobornos que las empresas argentinas debían entregar para acceder a exportar sus maquinarias a Caracas. Entonces, el exembajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous había denunciado esta presunta trama de la “embajada paralela” en ese país, señalando al ministerio de Julio De Vido. 

Sin embargo, la causa quedó en pausa luego de que los empresarios citados a declarar no reconocieran el pago de coimas y de que Estados Unidos y Venezuela no respondieran los exhortos para dar con los movimientos de dinero de Palmat International, señalada como la intermediaria para canalizar supuestos sobornos. Unas 30 empresas exportadoras contrataron a Palmat para poder vender a Venezuela, según reconoció el propio Wellisch a Página/12.

Los documentos de la filtración global que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae* revelan que los titulares de Palmat recurrieron a firmas offshore para gestionar fondos millonarios y adquirir inmuebles en Estados Unidos y que estos movimientos comenzaron luego de la firma del convenio entre Venezuela y Argentina.

Los documentos revelan que los titulares de Palmat recurrieron a firmas offshore para gestionar fondos millonarios y adquirir inmuebles en Estados Unidos y que estos movimientos comenzaron luego de la firma del convenio entre Venezuela y Argentina

El caso

El negocio estaba pensado en el marco de un “Convenio Integral de Cooperación entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”. La empresa Palmat International, que se había creado en 1989, en Florida, Estados Unidos, actuaría como la primera firma intermediaria entre las empresas argentinas y las autoridades venezolanas, servicio por el cual cobraba una tarifa. El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini intentaron determinar si esas comisiones implicaban presuntas coimas, una acusación que el ministerio de De Vido siempre negó. 

Entre otras operaciones, la fiscalía analizó como sospechosas las contrataciones realizadas por el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas) y la compañía estatal venezolana Pedro Camejo, ambos dependientes del Ministerio de Agricultura de dicho país que manejaba el dirigente chavista Elías Jaua. 

La firma del convenio bilateral fue el 6 de abril de 2004 y llevó las rúbricas de los entonces presidentes Kirchner y Chávez. La operatoria offshore comenzó diez días más tarde, el 16 de abril, cuando la sociedad Palmat Intertrade fue registrada en Panamá, con un nombre muy similar a Palmat International. 

En diciembre de 2007, Wellisch también adquirió la sociedad Mistal Finance Limited, en las Islas Vírgenes Británicas. Pero no hay más información sobre esta compañía en los registros de Pandora Papers.

Alertas en Panamá

Para montar y gestionar su operatoria offshore, tanto Palmat como Madero Trading, otra intermediaria para el comercio con Venezuela, recurrieron al estudio Alemán, Cordero y Galindo (Alcogal), un bufete radicado en Panamá y especializado en paraísos fiscales.

Sin embargo, en el caso de Palmat fueron los propios ejecutivos de Alcogal quienes encendieron las alarmas cuando notaron que tanto la firma como Wellisch y Carrasquero habían quedado bajo la lupa de la Justicia argentina. 

Jaime Alemán, uno de los fundadores del bufete panameño, envió una nota interna a su equipo en abril de 2010, copiando un artículo periodístico que detallaba las acusaciones que afrontaban Palmat y Alcogal en la Argentina por supuestos sobornos. “En base a lo que dice el artículo, procedimos a renunciar como agentes de esta empresa y reiteramos que no tuvimos nada que ver con los negocios y asuntos de Palmat. Y no es cierto que nos estén investigando por el esquema fraudulento”, afirmó.

Pero Alcogal tomó más medidas. “La sociedad está envuelta en negocios fraudulentos”, detalló Raúl Zúñiga -uno de los ejecutivos del estudio- que volcó los nombres cuestionados en una planilla de cálculo llamada “Listado de alerta”. Incluyó a Palmat International, Palmat Intertrade, Madero Trading, Francisco Carrasquero, Roberto Wellisch y otros cuatro señalados. 

En aquel momento, medios argentinos publicaban que Sadous había enviado en 2005 un cable diplomático a Buenos Aires por el que fue castigado. Detalló los “serios problemas” que afectaban “los intereses argentinos” en los negocios bilaterales manejados a través de un fideicomiso. En el texto habló de “corrupción”. Sadous declaró ante la Justicia pero terminó con un procesamiento por presunto falso testimonio que le inició el exfuncionario Claudio Uberti, uno de los denunciados en la causa de la “embajada paralela” y luego arrepentido de la causa cuadernos.

La segunda intermediaria que consiguió participar del negocio de exportación a Venezuela fue Madero Trading, también investigada por la fiscalía de Pollicita. La empresa aparece en los registros de Pandora Papers, en documentos que demuestran que acudió al estudio Alcogal en Panamá, en marzo de 2009. Madero Trading aparece en un documento interno de Alcogal llamado “Posibles empresas relacionadas con Palmat”.

El equipo argentino de ICIJ intentó consultar a Wellisch sobre su operatoria offshore, pero no respondió los mensajes. Años atrás, ofreció su versión sobre las comisiones que cobró en un comunicado que envió al diario Página/12. “Soy un hombre de valores y conducta ética. Mi empresa tiene treinta años dedicados a la intermediación comercial. Palmat cuenta con conocimientos e infraestructura que agregan valor a las operaciones de nuestros clientes y aliados. Tenemos filiales y oficinas propias en varias ciudades del mundo”, afirmó el empresario, sin precisar en qué ciudades. 

“Palmat fue seleccionada de manera individual por treinta y nueve empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina. La relación profesional fue estipulada en contratos, suscriptos directamente y sin intermediación. Fueron absolutamente legales, firmados y registrados en Buenos Aires en forma voluntaria y transparente. Reafirmo, y está plenamente documentado, que realizamos un trabajo profesional, que la relación profesional estuvo enmarcada en contratos legales y se facturó en forma transparente y legal. Se cumplió con el contrato con un trabajo arduo y sin reclamo de ninguna de las partes”, agregó Wellisch.

Miami

La offshore Palmat Intertrade fue inscripta en Panamá el 16 de abril de 2004. Las primeras acciones fueron emitidas a favor del argentino-venezolano Wellisch y de la venezolana Yone Boccardo. Ambos abrieron otras sociedades offshore con el apoyo inicial de Alcogal para adquirir propiedades en Miami, según surge de los registros de Pandora Papers.

La segunda sociedad registrada por Wellisch y Boccardo fue Wilcox Intertrade, en Islas Vírgenes Británicas, en enero de 2008. La mujer figuró como directora y beneficiaria final de la compañía. La offshore fue utilizada para controlar dos propiedades en el condominio Hamptons West de Aventura, en Miami, que compraron con el apoyo de una hipoteca de un millón en el Regions Bank de Estados Unidos. El préstamo fue emitido a nombre de Wilcox, Palmat y de Wellisch. 

Los departamentos están ubicados en un lujoso edificio cinco estrellas que cuenta con un restaurante gourmet, teatro, canchas de tenis, spa y dos piscinas. Las propiedades son dos unidades de 170 metros cuadrados cada una, valuadas en unos 800.000 dólares a valor fiscal, según registros de Miami. La hipoteca fue cancelada en junio de 2018, según los mismos registros públicos que pueden consultarse en la web. La sociedad seguía activa en esa fecha.

En el mismo edificio, Wellisch adquirió en enero de 2009 otro departamento de 140 metros cuadrados, cuyo valor fiscal es de US$325.000.

Palmat adquirió un tercer inmueble en Florida. En agosto de 2008 pasó a controlar el condominio de oficinas y locales Square One Business Center, en el centro comercial en Doral, una zona elegida por los  venezolanos radicados en Miami. La propiedad tiene 320 metros cuadrados y una valuación fiscal de 620.000 dólares, de acuerdo con los registros públicos de Miami. 

Tras la renuncia de Alcogal como agente de estas compañías, Wellisch y los demás intermediarios contrataron al estudio Trident Trust, otro bufete especializado en operaciones offshore. Yone Boccardo informó a las autoridades del estudio en septiembre de 2018 que el propósito de la sociedad era invertir unos dos millones de dólares en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Además, agregó que Wilcox tenía una cuenta bancaria en el BB&T Bank, sucursal en Doral, Florida. El origen de los fondos es “salarios y ahorros”, según declaró.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae) y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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El empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la icónica fabricante de aluminio Aluar y de la fábrica de neumáticos Fate, que anunció este miércoles 18 de febrero su cierre y despido de 920 trabajadores, recurrió a las estructuras offshore para invertir en propiedades en los Estados Unidos y organizar su eventual herencia, de acuerdo con los documentos de Pandora Papers, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por elDiarioAR.

Madanes Quintanilla llegó a ocupar el puesto 18 en el ranking de los más ricos de la revista Forbes. Su fortuna está valuada en US$590 millones y su empresa es el único productor primario de aluminio del país. Además, el industrial es dueño de la transportadora de electricidad Transpa, la hidroeléctrica Futaleufú y la firma de ingeniería Infa.

Este medio consultó al empresario a través de un vocero pero el CEO declinó hacer comentarios o responder preguntas sobre las sociedades. Tampoco quiso aclarar si estaban o no declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); o si seguían activas o habían sido disueltas.

El registro más antiguo de Madanes Quintanilla en los documentos de Pandora Papers es del estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). En junio de 2014, el industrial aparece como director de la compañía DQ Assets Limited, radicada en Islas Vírgenes Británicas. Comparte el directorio con otra offshore que oficia como “directora”: Angerona Group Administration Limited, también de Islas Vírgenes Británicas pero gerenciada desde Montevideo. 

Desde 2014, las acciones de DQ Assets Limited están a nombre de Sarmul SA, una compañía de Uruguay. Sin embargo, en un archivo excel de Alcogal, se identifica a Madanes Quintanilla como el beneficiario final de DQ Assets Limited, es decir, su verdadero dueño, además de co-director hasta al menos 2018. 

El presidente y accionista de Aluar vuelve a aparecer en documentos y correos electrónicos de otro proveedor de estructuras offshore: OMC Group. Madanes Quintanilla figura como el beneficiario final de una segunda compañía de Islas Vírgenes Británicas: MQ One Limited, según un formulario de inscripción de marzo de 2016, completado por su agente con sede en Montevideo. 

MQ One Limited iba a ser propietaria de un inmueble en los Estados Unidos, de acuerdo con un intercambio de e-mails entre ejecutivos de las áreas de complience y servicio al cliente de abril de 2018. “No está decidido si será una casa o un departamento”, se informó en uno de los e-mails. 

La misma información fue aportada en el formulario, cuando el agente del empresario argentino solicitó que se cree la offshore MQ One Limited y expuso que la compañía tenía como objetivo adquirir inmuebles por un valor de US$3 millones y poseer una cuenta bancaria en los Estados Unidos, y que el origen de los fondos eran “ahorros personales” de Madanes Quintanilla. En los documentos no surge si la propiedad efectivamente se adquirió ni si se invirtieron los US$3 millones.

Las sociedades radicadas en las Islas Vírgenes Británicas suelen ser utilizadas por argentinos para invertir en propiedades o tener cuentas bancarias en los Estados Unidos, según los documentos de Pandora Papers analizados por el equipo argentino que integra elDiarioAR. 

Organizando el patrimonio

El tributarista César Litvin dijo a este medio que el impuesto a la herencia para los no residentes en dicho país puede alcanzar hasta el 40% del valor de los bienes heredados y que la forma de evitar ese costoso tributo a la hora de heredar es que el inmueble o cuenta está a nombre de una sociedad offshore, un procedimiento legal en los Estados Unidos

Como en el caso de la primera offshore, el industrial no figura como accionista de la sociedad sino como beneficiario final. La accionista de esta offshore es Argeona Group Trust, una empresa de Nueva Zelanda que administra fideicomisos.

Esta compañía está directamente conectada con otra estructura offshore. En octubre de 2016, Madanes Quintanilla instruyó que se creara un fideicomiso o trust en Nueva Zelanda: MQ Irrevocable Trust, con el objetivo de administrar su herencia.

El proveedor OMC Group registró que Madanes Quintanilla es el settlor o fideicomitente de MQ Irrevocable Trust. Su rol en la estructura es desprenderse de bienes a su nombre (en Argentina o el extranjero) y cederlos al trust para que sean administrados y controlados por la empresa Argeona.

En el documento inicial sólo se establecieron fondos por mil dólares, pero el Trust quedó como propietario de la compañía MQ One Limited y por lo tanto, de los inmuebles que hubiera adquirido el industrial en los Estados Unidos, según el intercambio de correos electrónicos de 2018.

Los beneficiarios del trust, es decir, quienes eventualmente tendrán los bienes cedidos, son los hijos y descendientes de Madanes Quintanilla. El documento que establece las condiciones del fideicomiso extranjero también establece como beneficiarios a “fideicomisario de cualquier fideicomiso o fondo de jubilación o fundación” de los que sus descendientes sean beneficiarios o miembros; y “cualquier empresa bajo el control o propiedad” de los mismos.

Los trusts son estructura muy observadas en Pandora Papers. Otorgan dos ventajas: permiten ordenar la sucesión de la persona y ahorrarle el pago de impuestos, explicó a elDiarioAR el abogado Martín Litwak, asesor de argentinos y otros latinoamericanos en la creación de estructura offshore. Al desapoderarse de bienes y cederlos al trust, dejan de pertenecerle legalmente y permite reducir impuestos al patrimonio. 

Industrial y nacional

Aluar puede producir 460 mil toneladas de aluminio por año, según informa en su sitio web. La compañía abastece a diversas industrias. Tiene su sede en Puerto Madryn, Chubut, y emplea a 2.158 personas. Facturó US$918 millones, según su balance al 30 de junio de 2020.

En una entrevista con elDiarioAR publicada en febrero de 2021, Madanes Quintanilla dijo estar entristecido por la situación del país, pero descartó emigrar, como hizo entre 2002 y 2007, cuando se mudó con su familia a Barcelona. 

Cuando se le preguntó por las quejas de otros empresarios argentinos por la presión tributaria local y el “impuesto a la riqueza”, el industrial respondió: “No comparto la estructura de cómo se ha hecho. Entiendo la necesidad fiscal y hubiese preferido que hubiese sido más bajo un concepto de redistribución de ingreso que bajo un concepto de transferencia de capital. Debiéramos habernos focalizado en priorizar las inversiones. Me parece que este tipo de imposiciones en un momento donde tenés 11 puntos de inversión sobre producto es peligroso”.

Sin embargo, se mostró dudoso sobre la postura de varios de sus colegas, que optaron por ir a la Justicia contra el aporte extraordinario a las grandes fortunas. “No creo que sea el camino, pero, en fin, veremos. No necesariamente uno tiene que judicializar lo que uno cree incorrecto”.

*Esta nota fue publicada originalmente en enero de 2022.

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Los datos de unas 15 mil sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore de la filtración Pandora Pandora ya pueden consultarse gracias a la primera apertura de la información obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

A través del buscador online Offshore Leaks, que se puede consultar en esta nota, cualquiera tendrá acceso a los accionistas y beneficiarios finales que acudieron a dos de los proveedores offshore de la investigación global: el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede central en Panamá; y Fidelity. Los datos se sumaron así desde finales de noviembre último a la publicación de las bases de otras grandes filtraciones que también pueden consultarse en el buscador y que el ICIJ empezó a publicar en 2013.

Estas compañías y estructuras radicadas en paraísos del Caribe o en jurisdicciones europeas, de los Estados Unidos (como Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Wyoming) o incluso en Oceanía, como Nueva Zelanda, son utilizadas por funcionarios, empresarios y empresas, monarcas, delincuentes y ciudadanos anónimos para bajar o anular el pago de impuestos en sus países. 

Utilizar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside, pero eso no siempre sucede, y que sea utilizada además con fines lícitos. Pero estas estructuras garantizan el anonimato y la ausencia de registros de cuentas bancarias y propiedades, y ocultan la identidad de los beneficiarios reales de sociedades sin ninguna actividad real.

El sitio que elaboró ICIJ y que puede consultarse online incluye los datos de otras investigaciones como Papeles de Panamá, Offshore Leaks, Bahamas Leaks o Paradise Papers, y permite cruzar la información entre todas las filtraciones. Juntas acumulan y conectan información sobre más de 800.000 sociedades en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación, desde Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Belice; hasta Luxemburgo, Suiza y la Isla de Man; y desde Hong Kong a Uruguay.

Los argentinos

Pandora Papers se basa en casi 12 millones de documentos, que comenzaron a ser revelados el 3 de octubre último. El equipo mundial está compuesto por más de 600 periodistas y más de 150 medios. elDiarioAR, que integra el equipo argentino de ICIJ junto a La Nación e Infobae, ha publicado 45 casos de los más poderosos de Argentina. La data que está abierta en el buscador público ahora permite acceder a datos de cientos de sociedades vinculadas a argentinos. 

Las historias publicadas por este medio incluyeron las estructuras offshore de nueve de las familias y empresarios más ricos del país y dueños de medios de comunicación, pasando por futbolistas y polistas exportadores de caballos, y exfuncionarios del kirchnerismo y el macrismo. 

Algunos de los artículos de elDiarioAR revelaron estructuras, propiedades y cuentas bancarias de Elena Francisca Bonatti Rocca, una de las accionistas de Techint, fallecida; José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Edenor; los hermanos Garbarino; y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

Este domingo se publicó un nuevo caso: Carlos Herminio y Santiago Blaquier, accionistas y directivos de Ledesma; y mañana se sumará otro más.

Qué se hace público y qué no

La base de datos de Pandora Papers a la que tienen acceso los periodistas de ICIJ se encuentra en una plataforma encriptada, que incluye correos electrónicos, hojas de registros mercantiles, cuentas de empresas o pasaportes, entre otros. Estos documentos incluyen información de carácter personal de clientes que acudieron a los paraísos fiscales, pero también de sus familiares y empresas.

ICIJ no hace públicos los documentos de creación o de administración de las compañías, pero sí los datos sobre sus accionistas, los intermediarios que ayudaron a crearlas y los beneficiarios finales detrás de cada una, siempre y cuando exista esta información. Por ejemplo, no se hallarán los documentos que acreditan movimientos de dinero, los formularios bancarios ni otros datos personales como números de DNI, cuentas bancarias, direcciones y teléfonos.

Tampoco habrá resultados para la búsqueda de personas cuya información no estaba estructurada en la base de datos, pero sí aparecía en los documentos. 

Además, al publicarse sólo la información de dos despachos tampoco aparecerán los clientes de las otras doce firmas, como quienes acudieron a los servicios del proveedor  Trident Trust, uno de los favoritos de los argentinos en Pandora. El Consorcio irá haciendo públicos los datos de los otros doce proveedores a lo largo de 2022.

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Los hermanos Carlos Herminio “Charlie” y Santiago Blaquier, integrantes de una de las familias más ricas de Argentina y accionistas de la compañía Ledesma, figuran en la filtración Pandora Papers con sociedades en paraísos fiscales constituidas para inversiones financieras y pesca deportiva, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por elDiarioAR, y la información aportada por ambos empresarios ante la consulta de este medio. Ambos empresarios sostuvieron que declararon sus sociedades offshore ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los Blaquier ocuparon el puesto 24 del ranking de los más ricos de 2020 que elabora la revista Forbes. El pater familias Carlos Pedro Blaquier tuvo cinco hijos con Nelly Arrieta de Blaquier, quien murió a finales de 2020. La fortuna familiar asciende a US$490 millones, según la publicación. Carlos, conocido como “Charlie”, y Santiago son dos de sus hijos y accionistas del ingenio Ledesma, una de las compañías más emblemáticas de la historia argentina por su marca de azúcar y por las acusaciones de haber colaborado con la desaparición de trabajadores azucareros y militantes políticos la Noche del Apagón en Jujuy, durante la última dictadura militar. 

El mayor, Carlos Herminio, actual chairman de Ledesma y director de la Sociedad Rural Argentina entre 2000 y 2012, figura en distintos documentos como beneficiario final de la offshore Yamary Business Ltd., radicada el 1° de febrero de 2014 en Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago del Caribe, de acuerdo con los archivos internos del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).

Carlos Herminio Blaquier no figura en los documentos públicos de la sociedad. La accionista de Yamary Business Ltd. es otra compañía offshore: EDG Group Ltd, una “trust company complex” con domicilio en Majuro, en la república de las Islas Marshall. La conexión de Charlie Blaquier con esta compañía surge de un archivo interno de Alcogal en formato excel que lo identifica como “beneficiario final”.  Es decir, el verdadero dueño de la firma.

El 15 de abril de 2014, Alcogal registró en un documento privado que el objetivo de la sociedad era operar como “holding” de “activos privados” de Blaquier en Suiza. Los registros y documentos de la sociedad se remitieron a la calle Lommenstrasse 20 en Zurich, Suiza.

“Tengo la totalidad del capital social de (la compañía) de manera directa”, respondió Carlos Herminio ante la consulta de elDiarioAR, y agregó que el único activo de la compañía es “una cuenta bancaria en el exterior con posiciones financieras de diversa magnitud y composición”. “Dicha sociedad y su valor patrimonial se encuentran declarados ante la AFIP, tributando el impuesto a los bienes personales sobre el valor patrimonial al cierre de cada período fiscal”, afirmó el empresario. 

Yamary Business se encuentra activa, aseguró el chairman de Ledesma y sostuvo que paga impuesto a las ganancias por las rentas percibidas por esta offshore desde que así lo impuso la AFIP con la reforma tributaria de 2018, cuando el fisco impuso que los contribuyentes argentinos pagaran este tributo por sus sociedades radicadas en el extranjero.

elDiarioAR había solicitado a los Blaquier, como en todos los casos analizados en Pandora Papers, acceso o vista a las declaraciones juradas de ambos empresarios pero el pedido no fue concedido hasta el momento. De los 45 casos publicados hasta el momento por este medio, sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP. 

Inversiones en el Caribe y Brasil

Santiago Blaquier figura en registros internos del bufete panameño Alcogal vinculado a ocho compañías offshore. “Poseo una participación accionaria en Fishing Lodges, compañía holding que controla directa o indirectamente a las sociedades mencionadas en la requisitoria, las cuales revisten el carácter de operativas en el negocio de la pesca deportiva en el Caribe”, explicó el empresario.

El director de Ledesma tiene el 40% de esta offshore, Fishing Lodge, según uno de los documentos que surgen de Pandora Papers. Además, está registrado en documentos de uso interno del bufete panameño como beneficiario final de seis compañías de Islas Vírgenes Británicas a partir de 2002 y hasta al menos 2016: Brahmbari Holdings Inc.; Caribean Lodges Limited; Fly Fishing Sales and Marketing Limited; Global Fishing Investments; Silver Stream Ventures; y Sunbird International Holdings Inc. 

También figura accionista de Forbes Holdings pero informó que fue disuelta en 2017 sin haber llevado adelante “ninguna de las operaciones previstas al tiempo de su constitución”.

Si bien el capital social de Fishing Lodge sería de más de US$22 millones, los activos a julio de 2016 eran de poco más de US$2,5 millones y el porcentaje que le correspondía a Blaquier era de poco más de un millón de dólares, según uno de los documentos analizados. 

“Mi participación en el holding mencionada se encuentra expuesta en mi patrimonio que anualmente se informa a la AFIP. Contribuyo con el erario público a través del impuesto a los bienes personales, por el valor patrimonial al cierre de cada periodo fiscal, y a su vez, en su caso, por las rentas -dividendos- que pueda distribuir la sociedad tributando el pertinente impuesto a las ganancias”, dijo ante la consulta.

“Las sociedades operativas ya mencionadas poseen cuentas bancarias en el exterior para atender el giro comercial que se deriva de su actividad específica”, agregó sobre la consulta acerca de los bienes y cuentas a nombre de las offshore.

Santiago Blaquier incursionó en otro negocio: las filiales argentina y brasileña de Quintessentially, una empresa británica dedicada a organizar desde viajes y fiestas privadas hasta inversiones inmobiliarias y educativas para clientes selectos. 

A través de Global Fishing Investments, el empresario figura con el 7% de Qlatam LLC, una sociedad radicada en Delaware, una jurisdicción en territorio estadounidense identificada por expertos de Oxfam y otras organizaciones como paraíso fiscal.

En Brasil y Argentina, Quintessentially está a cargo del empresario Hernán De Laurente, dueño del 50% de Qlatam LLC y socio de Marcelo Tinelli en la bodega Lorenzo de Agrelo, en Mendoza, según los documentos.

Los managers de Qlatam son abogados de Alcogal que aparecen en cientos de sociedades creadas por el estudio para sus clientes. En 2017, firmaron un documento titulado “Sinceramiento fiscal”, que detallaba el patrimonio de la compañía y deja constancia de que al 22 de julio de 2016, Santiago Blaquier mantenía una participación accionaria del 7% del capital social. “La presente certificación se extiende a los efectos de ser presentada ante quien corresponda bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal sancionado en la República Argentina”, dice el documento, que también detalla información de otros socios.

Los managers declararon que la compañía sólo tiene una cuenta con US$3.718 en el banco internacional de Santa Lucía, otro paraíso fiscal del Caribe; y el 45% de una compañía de Brasil valuado en US$2.471 (Q.Brazil Serviços de Representação e Produção de Eventos Em Geral Ltda.).

Una fuente cercana a De Laurente dijo a elDiarioAR que Qlatam no llegó a operar y que no recordaba que la compañía haya ingresado al blanqueo de 2016. Sin embargo, Blaquier explicó que la compañía “QLatam brinda directa o indirectamente a través de franquicias, servicios de conserjería de alto nivel a viajeros y/o clientes que así lo solicitasen” y sobre el capítulo impositivo, dijo: “Valen para esta sociedad las mismas consideraciones de índole tributaria” que en los otros casos explicados.

“Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Imperio de caña

En junio de 2015, la revista Clase Ejecutiva, de El Cronista, entrevistó a “Charlie” y Santiago Blaquier, quienes relataron cómo fueron asumiendo el control del imperio familiar ante la salida de su padre y el cambio generacional. 

El mayor de los dos hermanos contó que asumió como gerente general de Ledesma, la empresa de su familia “estaba con serios problemas de rentabilidad”. “Entonces yo le hago una propuesta a papá, le presento una carpeta, que básicamente había que despedir 3.200 personas. Papá se la llevó un fin de semana, la miró y me dijo: ‘Mirá, yo estoy de acuerdo, esto te va a generar muchos problemas. Pero si vos estás de acuerdo en bancarte esto, avanzá”.

“Algo que papá nos inculcó mucho fue la importancia social de Ledesma en la comunidad. Cuando papá se hace cargo de la presidencia en el 70, en el pueblo Ledesma, las calles eran (de la empresa) Ledesma, la panadería de Ledesma, la proveeduría de Ledesma, el cementerio de Ledesma, los hospitales de Ledesma. Y papá dijo: ‘Yo tengo que romper con este feudo. Donó todo. Herminio Arrieta -su suegro, ex propietario del ingenio y conductor del partido conservador local de Jujuy- decía: ‘Lo que pasa Carlos es que vos sos un poco zurdo’”.

Con epicentro en la provincia de Jujuy, Ledesma utiliza la caña de azúcar en la mayoría de sus productos: desde azúcar y papel hasta alcohol, bioetanol y energía. También tiene producción de cítricos, carne y cereales a través de La Biznaga, según informa en su sitio web oficial.

En la provincia de Jujuy tiene unas 40 mil hectáreas de caña y emplea a 7.000 personas. El padre de Carlos Herminio y Santiago, Carlos Pedro Blaquier, fue desde los años 70 el líder de la compañía, hasta que sus hijos asumieron el control en los últimos años. “El resultado del ejercicio cerrado en mayo de 2019 arrojó un resultado positivo de $277 millones”, informó Forbes en 2020.

Carlos Herminio encabeza el directorio de la compañía como presidente o charman y Santiago es uno de los directores junto a Alejandro, Ignacio y Juan Ignacio Pereyra Iraola. Carlos Blaquier cedió sus acciones a sus hijos, confirmó una fuente de la compañía.

Blaquier padre está procesado en dos causas por presuntos crímenes de lesa humanidad. El empresario rechazó las acusaciones. Ambos expedientes fueron elevados a juicio oral pero los debates aún no comenzaron. El tribunal debe analizar un informe del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, que sostiene que por su estado de salud mental, Blaquier padre no podría ser juzgado. 

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elDiarioAR funciona en una vieja galería de arte sobre la calle Nicaragua, en el barrio de Palermo. A 1.6 kilómetros de la embajada de los Estados Unidos, a 350 metros de la sede del Conicet y a media cuadra de Radio 10. Llegamos por azar. Un amigo del diario nos alquiló la propiedad a precio justamente de amigo y como parte de un canje de publicidad con su empresa. Cuando recibimos las llaves nos propusimos poner una marquesina con el logo azul y negro. El día que podamos subirla dejaremos el anonimato en nuestra cuadra y entraremos en competencia visual con Sebastián, la peluquería de enfrente. Es una de las tantas tareas pendientes.

En el centro de la redacción hay un patio de unos 15 metros cuadrados y una mesa de madera pintada de negro. La periodista Julieta Roffo, autora de la producción especial de este primer aniversario, nos apuntó que conviven orquídeas, claveles del aire, lavandas y suculentas. En uno de los ambientes más espaciosos, pero sin ventanas, yace el viejo living del Director General Guillermo Cullel: es una feria americana con muebles que nunca se terminaron de ofertar ni de vender. En ese living transcurren los IG live que el diario organiza los martes y algunas reuniones del equipo. Varios periodistas tuvieron sesiones virtuales de terapia o turnos médicos durante los meses de mayores restricciones sanitarias. En lo más parecido a la redacción central dos televisores alternan entre los canales de noticias. En el diario no trabajan secretarios, ni asistentes, ni nadie que sirva el café o abra la puerta.

         Emilia Delfino ocupa un escritorio improvisado en la cocina equipada con cafetera, heladera y horno eléctrico. La vemos, a través del patio, casi siempre con barbijo, leyendo expedientes o hablando con sus fuentes: funcionarios de los poderes ejecutivos y provinciales, jueces y fiscales, empleados estatales y privados, asalariados y empresarios, sospechados y sospechosos, investigadores e investigados, anónimos y categorías que desconocemos. Durante un año, Emilia trabajó con la sistematicidad y la discreción que la caracteriza en algo que ninguno de los miembros del equipo podía saber: los Pandora Papers. 

La nueva filtración mundial de documentos contenía un dato relevante: la Argentina ocupaba el tercer lugar de los países con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore. En muchos casos, se trata de un mecanismo para no pagar impuestos en el país y que puede utilizarse  para delitos impositivos y de otro tipo. Dimos gran relevancia al tema -Emilia publicó 43 casos hasta ahora- porque es una manera de mostrar una matriz  de la Argentina desigual. 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que accedió a los documentos contaba con la participación de periodistas de La Nación, Infobae y Emila Delfino por elDiarioAR. Tres de las notas sólo se publicaron en elDiarioAR: la de los dueños de medios que tienen empresas offshore, la del gran anunciador Alfredo Coto y la de los nueve empresarios más ricos de la Argentina. Dos de ellos son anunciantes de elDiarioAR. Como fijan los protocolos, los periodistas consultaron su versión de los hechos. La nota de los nueve empresarios más ricos fue una de las más leídas de 2021. eDiarioAR puede perder anunciantes, pero no su compromiso con sus periodistas, sus lectores y sus socios. 

No tenemos padrinazgos políticos, ni empresas privadas o públicas que condicionan lo que se publica o se deja de publicar. Durante todo este año los periodistas han trabajado con libertad y lo seguirán haciendo. Esa es nuestra apuesta. Lo podemos hacer porque hay periodistas extraordinarias como Emilia Delfino. 

Año dos       

 Hoy se cumple un año de nuestra fundación. Durante ese tiempo las métricas de audiencia, los ingresos por avisos y la instalación pública han superado ampliamente nuestras previsiones. Conseguimos notas, entrevistas y columnas que tuvieron gran repercusión y en poco tiempo llegaron los anunciantes que son, por ahora, nuestro principal ingreso. Contamos, además, con el respaldo y el apoyo de nuestro socio mayoritario e inspirador español: elDiario.es.

Para el segundo año una de nuestras prioridades es ampliar la cantidad de socios para sostener nuestra autonomía con respecto a los anunciantes. Al fundar un diario fundamos una audiencia y una comunidad. Los socios de este diario aportan a esa comunidad. Queremos que los socios dejen una marca, su marca, en nuestro diario. No se trata de una suscripción, ni el pago de un monto para poder leer artículos u hojear titulares. La membresía, de hecho, no trae ningún beneficio tangible más allá de las revistas de papel que reciben los socios. 

Para sumar socios y lectores no recurriremos a fórmulas estridentes y supuestamente efectivas. Procuramos hacer, todos los días, un diario mejor. En el segundo año del diario incorporaremos periodistas, nuevas secciones, nuevos columnistas y avanzaremos en los temas pendientes, como la colocación de la marquesina. El lugar de nuestra fundación, la calle Nicaragua de Palermo, es eminentemente porteño. En nuestro plan de expansión nos proponemos, también, provincializar la Ciudad de Buenos Aires y federalizarnos: hacer un diario más nacional. Vamos, como todo lo que hacemos, de menos a más. 

Gracias a los que leen por leernos y acompañarnos.

* Este texto es una versión reducida y modificada del editorial del número 3 de nuestra revista para socios.

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió negar este martes una moción que pedía la destitución del presidente Guillermo Lasso, por su vinculación con el escándalo de los Pandora Papers. Se limitó a exhortarlo a comparecer en la Cámara para responder sobre el caso.

La moción, que acusaba al centro-derechista Lasso de posibles infracciones por capitales en paraísos fiscales, prohibidos en una normativa desde 2017 para ser candidato presidencial, sólo obtuvo el respaldo de 51 legisladores, mientras que otros 77 votaron en contra y 7 se abstuvieron. Para la aprobación se requerían al menos 70 votos a favor.

Presentada por Paola Cabezas, asambleísta de la formación Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente Rafael Correa, la moción exigía aplicar el artículo de 130.2 de la Constitución y destituir al presidente de la República por “configurarse una grave crisis política y conmoción interna” a raíz de la publicación de los Pandora Papers.

Por más de cinco horas, la Asamblea Nacional en reunión plenaria debatió el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso de los Pandora Papers. En esta presentación, se exigían responsabilidades a Lasso por su aparición en esos documentos y supuestos bienes en paraísos fiscales cuando se presentó candidato en las últimas elecciones presidenciales, entre febrero y mayo pasado.

Pero el Pleno de la Asamblea no apoyó con suficientes votos la moción de Cabezas.

Tampoco contó con votos la moción presentada posteriormente por el asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión, que exigía convocar al Pleno al presidente Lasso “en un plazo no mayor a 30 días, a fin de que explique su posible vinculación directa o indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales”. Llamaba a los organismos de control del Estado a revisar las cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y patrimoniales del Presidente y de su cónyuge, María de Lourdes Alcívar, e iniciar las acciones legales pertinentes en el marco de sus competencias. En este caso, la Asamblea se manifestó con 61 votos a favor, 47 en contra y 27 abstenciones, también insuficientes.

La única moción aprobada fue una tercera del asambleísta Alejandro Jaramillo, del partido Izquierda Democrática, que suponía una versión suavizada de la anterior y en la que solo se “exhortaba” al presidente a comparecer ante la Asamblea.

Por 82 votos a favor, 33 en contra y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional dejaba así abierta la investigación al remitir el informe parlamentario a la Contraloría y a la Fiscalía. En esta última institución también permanece abierta una investigación penal solicitada por el excandidato presidencial Yaku Pérez.

El presidente ecuatoriano ha negado en todo momento que tuviera bienes en paraísos fiscales y ha asegurado que se deshizo de ellos en cumplimiento de la ley aprobada en 2017.

Lasso se vio respaldado por la mañana por el anuncio de la Contraloría General del Estado acerca de que “archivaba” la revisión que había solicitado el propio presidente.

El contralor general subrogante Carlos Riofrío González mencionó en su dictamen que no se han encontrado “los elementos objetivos que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura para Presidente Constitucional de la República del Ecuador, y de posesión de dicho cargo, Guillermo Lasso fuera propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales”.

La resolución del contralor detalla, además, que “se estableció documentalmente” que del 23 de septiembre de 2020 al 24 de mayo de 2021, fechas de inscripción de la candidatura a presidente, Lasso “no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales” de catorce empresas que enumera, registradas en países como Panamá, Islas Caimán y EEUU.

También precisa que el estado de Dakota del Sur, en EEUU, donde se situaban algunos de los bienes mencionados por los papeles, no está considerado paraíso fiscal por la legislación ecuatoriana o bajo régimen fiscal preferente.

AGB

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó este martes en el Congreso que tiene 9,5 millones de dólares en un paraíso fiscal para proteger su patrimonio destinado a sus sucesores y negó tomar las medidas de Gobierno pensando en esos fondos revelados por la investigación periodística de los Pandora Papers.

El funcionario dio las explicaciones ante una comisión de la Cámara de Diputados, en la cual defendió además haber trabajado seis meses para la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en la Universidad de Chile por invitación del equipo económico de ese Gobierno, formado en la escuela de la Universidad de Chicago.

“Haber sido profesor en Chile no quiere decir que trabajé para el régimen militar, lo mismo habría que decirles a los que enseñaban en el régimen militar brasileños. Entre comillas, dictaduras”, minimizó.

El Ministro, un reconocido inversionista privado y fundador del banco de inversión Pactual, es el brazo derecho del presidente Jair Bolsonaro en las finanzas públicas y lleva adelante una política de ajuste fiscal con una agenda de privatizaciones.

En el marco de las revelaciones de los Pandoras Papers, Guedes dijo que la empresa offshore que tiene en las Islas Vírgenes Británicas fue abierta en 2014 para conservar su patrimonio generado en el exterior antes de la función pública y destinado a sus herederos.

Reiteró que esto figura en su declaración anual de impuestos y que no ha hecho movimientos desde que asumió el cargo, con lo cual según él, no afecta el código de conducta de los funcionarios del primer escalón del Estado.

“Un offshore es una herramienta de inversión legal, absolutamente legal. Si tuviera una cuenta en Estados Unidos, el 47% sería expropiado por el gobierno estadounidense como impuesto a la herencia. Entonces es mejor usar una offshore, que está fuera del continente”, explicó.

El ministro también aclaró que una empresa en una guarida fiscal “es como si fuera un cuchillo, ya que puede usarse para el mal, para matar, o para el bien, para cortar una naranja. Son recursos de la sucesión familiar”.

Con información de agencias.

IG

Los negocios vinculados al polo, un deporte que Argentina lidera a nivel mundial, y las inversiones en el extranjero implicaron la creación de decenas de sociedades offshore por parte de algunos de los deportistas más célebres de este mundillo de elite, según surge de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Pandora Papers y analizados por el equipo argentino* que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. 

Las sociedades se utilizaron para tener cuentas en bancos extranjeros, resguardar activos y caballos de polo y tramitar un crédito para una empresa que se dedica a la cría y venta de caballos. Dos de los polistas que aparecen en Pandora Papers dijeron haber declarado sus estructuras offshore ante las autoridades argentinas, en un caso durante el blanqueo de capitales o sinceramiento fiscal, de acuerdo con las consultas realizadas.

La actividad de cría y venta de caballos está desde 2015 bajo la lupa de la Justicia, tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los supuestos delitos de evasión y contrabando. La acusación del organismo recayó sobre sociedades exportadoras de los animales, según los documentos a los que accedió el equipo argentino.

La hipótesis de los investigadores es que exportadores locales habrían declarado los caballos a un valor inferior al real; los habrían vendido a ese precio a sociedades extranjeras que actuaban como intermediarias y luego estas compañías cobraron su verdadero monto  millonario a clientes europeos o jeques árabes, los principales compradores en el mercado internacional. 

Cambiaso

Adolfo Cambiaso (hijo), considerado el mejor polista del mundo, fue pionero en la clonación de caballos y revolucionó el mercado que lidera Argentina. Fue después de que su macho preferido sufriera una fractura en la final del Abierto de Argentino de Polo de 2006 (y tuvo que ser sacrificado). El polista decidió a partir de entonces comenzar a clonar a sus mejores caballos. 

La iniciativa potenció el negocio de la venta de caballos de polo. Cambiaso lidera La Dolfina SA, empresa homónima de su club, que en 2010 vendió un clon de una de sus yeguas predilectas: “La Cuartetera”. El precio fue un récord de US$800.000. 

Cambiaso aparece como beneficiario final de dos sociedades registradas en paraísos fiscales del Caribe, que, años después, fueron ingresadas en el blanqueo de capitales de 2016. 

La compañía Lissa Business fue creada en enero de 2014 en Belice y recibió un crédito de La Dolfina SA por US$2,2 millones, según los documentos de la filtración. 

A mediados de 2016, el estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo  & Lee (Alcogal), especializado en armar sociedades offshore, encendieron sus alarmas cuando detectaron que Cambiaso había sido mencionado en noticias periodísticas luego de la denuncia de la AFIP. “Está siendo investigado por evasión fiscal y contrabando de caballos”, alertaron para, luego, remarcar que era una Persona Políticamente Expuesta (PEP), es decir, un caso sensible que podía herir la reputación de Alcogal. 

Es un préstamo corporativo que financió una inversión de La Dolfina SA. La sociedad fue disuelta en 2017, luego de que cumpliera con su cometido comercial, que era la adquisición de un activo fijo.

La Dolfina SA.

Cambiaso y decenas de polistas que quedaron vinculados en los medios de comunicación a la denuncia del organismo no están imputados en la Justicia ni acusados formalmente de ningún delito. La acusación, que la AFIP impulsa como querellante , está formalmente enfocada, hasta el momento, en las empresas exportadoras de caballos. Pero en los tribunales del fuero Penal Económico revisan listados de los dueños de cada uno de los caballos de polo que se vendieron al exterior en los últimos años, admitieron fuentes judiciales al equipo argentino de ICIJ.

La mayoría de las exportaciones que revisan los investigadores se hicieron por apenas US$5.000, una cifra muy por debajo de los valores reales de los caballos de polo.  

A pesar de las alertas que encendió la denuncia de la AFIP, Lissa Business siguió activa en Belice con el aval del estudio Alcogal. La sociedad finalmente se liquidó en septiembre de 2017. Durante el proceso de cierre, el bufete mencionó que el único activo de la offshore era un crédito que había entregado Cambiaso a La Dolfina SA por US$2,2 millones. “Es un préstamo corporativo que financió una inversión de La Dolfina SA. La sociedad fue disuelta en 2017, luego de que cumpliera con su cometido comercial, que era la adquisición de un activo fijo”, explicaron en la empresa de Cambiaso ante la consulta.

Cambiaso y su esposa, la modelo y empresaria María Vázquez, también fueron beneficiarios finales de Estone Holding SA, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y activa, al menos, desde agosto de 2014. “Es una compañía cuya actividad es administrar inversiones financieras radicadas en Estados Unidos”, aclararon desde la empresa del polista. Como ocurrió con Lissa Business, ésta offshore también ingresó al sinceramiento fiscal en Argentina en diciembre de 2016 y, meses después, fue disuelta. 

Cambiaso también aparece como beneficiario final de la compañía Glory International Advisors SA, que fue desactivada para la misma fecha, aunque los documentos del estudio Alcogal no especifican dónde estuvo radicada la sociedad. 

“Como es de público conocimiento, Cambiaso tiene una parte relevante de su actividad profesional en el exterior y, por lo tanto, de sus ingresos, lo que implica mantener relaciones comerciales con agentes fuera de Argentina”, explicaron desde La Dolfina SA. Y aclararon que todas estas sociedades están en regla, aunque ante la solicitud periodística prefirieron no mostrar las declaraciones juradas del polista. 

Gonzalo Pieres

Uno de los polistas más destacados de la década de 1990 y sus hijos Gonzalo, Facundo y Nicolás Pieres, todos con 10 goles de handicap, figuran como beneficiarios finales de doce sociedades en paraísos fiscales, de acuerdo con los documentos de Pandora Papers. 

La red está compuesta por las firmas Montbrook Overseas, Anatev Enterprises, Montjar International Ltd., Colcat Investments Ltd., Carmall Finance SA, Pirane Company, Niblue Company, Tesial Ltd., Milstead Corp., Joyton International, Caval Ltd. y Ambro Ltd. Algunas de estas compañías están vinculadas con Ellerstina, el equipo de polo familiar. 

La mayoría de las offshore fueron creadas entre 2005 y 2017 en Islas Vírgenes Británicas y Panamá y, en varios casos están asociadas a cuentas en el Merrill Lynch (Estados Unidos) y en el Inteligo Bank. 

Aunque los documentos no detallan cuántos fondos manejaron todas estas sociedades, hay datos sobre algunas de ellas. 

Montbrook Overseas, creada en Panamá, en julio de 2007, tiene como beneficiario final a Gonzálo Pieres (padre) y Ellerstina Polo Club aparece como “cliente”, según los documentos internos del estudio Alcogal. La offshore abrió una cuenta bancaria en el Inteligo Bank y su saldo, a julio de 2016, era de US$6.984.349. Entre los documentos filtrados por Pandora Papers figura, además, una carta que indica que Ellerstina Polo Club se compromete a posibles indemnizaciones de las personas que participan en esta sociedad ante posibles daños ocasionados por demandas judiciales.

El equipo argentino de ICIJ consultó a los deportistas sobre la finalidad de estas sociedades y si estaban declaradas ante la AFIP, pero los Pieres nunca respondieron las consultas.  

Eduardo Heguy

La investigación judicial sobre la exportación de caballos de polo le trajo contratiempos a otro referente del polo: Eduardo “el Ruso” Heguy, tetracampeón del Abierto Argentino. Este referente del deporte en los años 80’ se presentó ante el estudio OMC, especializado en armar sociedades offshore, como exjugador, criador y empresario dedicado a la venta de caballos y a la actividad agropecuaria, según uno de los documentos. 

En agosto de 2018, se convirtió en beneficiario final de la firma Undera International Limited, radicada en Islas Vírgenes Británicas. La offshore manejó US$1,5 millón, según él mismo declaró ante el estudio OMC. Heguy detalló que esos fondos, cuyo origen eran sus negocios en Argentina, serían invertidos en activos financieros a través de una cuenta bancaria en el Morgan Stanley de Estados Unidos.

El estudio OMC encendió las alarmas días después de que Heguy completara el formulario como beneficiario final de la sociedad. El 10 de agosto de 2018, un cruce de correos electrónicos entre los empleados del bufete bajo el título “Mega-urgente” reportó que habían encontrado algunas “adversidades”. La oficial de compliance pidió chequear si Eduardo Heguy estaba siendo investigado por presunto contrabando de caballos de polo y solicitó que el cliente enviara una declaración de origen de los fondos y referencias bancarias. 

“Hablamos con el cliente sobre los links enviados (artículos de prensa sobre la denuncia de la AFIP) y nos confirmó que los mismos son sobre Ignacio Heguy, su hermano. Eduardo no estuvo vinculado y tampoco lo nombran los periodistas”, explicó en uno de los correos la oficial del estudio que estuvo en contacto con el empresario argentino. “Eduardo es jugador de polo profesional, entrenador de polo, criador y vendedor de caballos de polo. También es productor agropecuario. Todo lo cual constituye el origen de sus fondos”, detalló. El estudio OMC, entonces, dio luz verde para que avance con la constitución de la sociedad.

El equipo argentino de ICIJ envió un listado de preguntas a Eduardo Heguy, pero nunca respondió. Su hermano Ignacio tampoco respondió la consulta sobre su versión de los hechos y la denuncia de la AFIP.

Todos mis negocios están debidamente declarados en Argentina.

Miguel Novilla Astrada.

Miguel Novillo Astrada

Integrante del equipo La Aguada, el polista figura en la filtración como beneficiario final de las sociedades Summer Solstice y Temperance Way Corp., ambas creadas en Islas Vírgenes Británicas entre septiembre y diciembre de 2018. 

Miguel Novillo Astrada y su pareja acudieron a los servicios del estudio Trident Trust, especializado en estructuras offshore. Temperance Way Corp. fue creada para desarrollar “actividad profesional de polo”, así como “cría y entrenamiento de caballos de polo”, según el formulario completado ante este bufete. 

Ante el estudio, Novillo Astrada se presentó como polista profesional, residente fiscal argentino e informó que la offshore tendría varios activos: dinero, caballos y equipamiento, por un valor estimado de US$200.000. El origen de los fondos: salario y ahorros personales. 

“Todos mis negocios están debidamente declarados en Argentina. No tengo idea de ninguna investigación de la Justicia por contrabando de caballos, nunca estuve imputado. Sé que hace varios años hubo un problema con las exportadoras de caballos, pero yo no tuve absolutamente nada que ver”, explicó Novillo Astrada. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. Ante el pedido de acceder a su declaración jurada, el polista prefirió no hacerlo.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

El portal de noticias de La Nación irradia desde su portada una foto mía con Máximo Kirchner en el auditorio de la Facultad de Medicina que ilustra el titular “Política y plata. Así se reparte el millonario cheque del Estado para las organizaciones sociales”. Es una definición que por centésima vez busca instalar en la mente del lector algo sucio y deshonesto en los conceptos e individuos retratados.

En el artículo hay información objetivo y valiosa, reflexiones interesantes, interpretaciones tendenciosas también. Pero lo que queda en la mente es el estridente titular. Por ejemplo, ni a Máximo Kirchner ni a La Cámpora se los menciona una sola vez en el artículo. Solo en la foto. Para joder a quienes visualizan como sus enemigos, aunque no tengan nada que ver con la temática. Ahí radica el poder de los grandes medios de comunicación avocados al periodismo de guerra. Título y foto. La manija la tienen los editores. Los periodistas han sido proletarizados. Prestan la firma y la pluma para los fines político-económicos de los empresarios.

Muchas veces me toco recibir las disculpas de periodistas por los titulares que les impusieron. En general fueron sinceras disculpas. Los entiendo. Personas instruidas que hoy tienen que compartir cartel con Eduardo Feinmann y Jony Viale tratando de no hundirse entre las heces en la que sus empleadores los han colocado. Les deseo lo mejor.

Volvamos al artículo. Su autor afirma que “La comparación con otros rubros de la administración pública siempre vale” y pone el ejemplo de Aerolíneas Argentinas dónde el Estado invirtió una suma que octuplica lo invertido en las organizaciones sociales. Es una comparación interesante, pero quisiera proponer otra. La pauta publicitaria. Si tomamos el gasto público durante el intervalo que utiliza el artículo, es decir, de enero y septiembre, el Estado destinó aproximadamente 7.025 millones pauta publicitaria, más que los 6.582 millones de los subsidios recibidos por las 578 cooperativas y asociaciones durante el mismo periodo. Es llamativo que habida cuenta la similitud de la cifra no salga ningún artículo con el título de éste y la foto de Saguier, Magnetto y compañía. 

Otro dato llamativo es que, según los números que nos da Cabot, el valor promedio que recibieron las entidades hasta septiembre es de 11 millones de pesos mientras que el diario impreso La Nación recibió 53 millones. El Grupo Clarín se llevó más de 600 millones en el mismo periodo. El millonario cheque que el Estado paga a los medios de comunicación que a su vez pagan el sueldo subsidiado de editores y periodistas no los sorprende, está totalmente naturalizado, como si fuera un mandamiento bíblico. El Plan Chamuyar es un derecho inalienable porque ellos no se cuestionan sus privilegios, pero sí los derechos de los más humildes.

Desde luego, a nadie le interesa demasiado lo que en realidad importa: qué hacen esas entidades, esas cooperativas, esas organizaciones comunitarias. Seguramente mucho menos que el diario impreso La Nación que cumple una función social fundamental para la sociedad argentina y los más necesitados como para recibir cinco veces lo que reciben las siniestras cooperativas y ONGs.

No interesa explicar qué hacen las organizaciones que lograron agrupar a cientos de miles de mujeres y hombres recicladores, constructores, feriantes, horticultores, agricultores familiares para organizarlos en cooperativas y garantizar mejores condiciones laborales; que hacen las organizaciones que lograron abrazar a los pibes rotos por el paco y tantas realidades destructivas para que tengan un destino mejor que delinquir; que hacen esas organizaciones que sostienen miles de bachilleratos populares, espacios de primera infancia, centros culturales, deportivos, sanitarios, comedores, merenderos disputándole cada metro al narco que avanza agradecido de cada ataque que ustedes nos lanzan mientras festejan al tipo que se ríe en la cara de los santafesinos de la heroína y el crack.

No se preocupen, tampoco les interesa demasiado a otros que deberían interesarse más.

En la nota de La Nación hay una serie de datos tendenciosos que podríamos desmenuzar uno a uno. Vamos a poner algunos ejemplos. Estimado Cabot: afirmar que “un edificio ubicado en Pedro Echagüe, del barrio porteño de Constitución, recibe tres beneficios diferentes” citando a Majul como experto autorizado no es serio. Es la majulización de La Nación cuyo ilustre fundador tradujo a Dante Alighieri ¿Qué prueba eso? Mirense al espejo. La decadencia argentina es fundamentalmente la degradación intelectual de sus élites. 

Un edificio no recibe beneficios; el autor sabe perfectamente que es una práctica habitual que las personas jurídicas compartan domicilio legal para recibir notificaciones administrativas en una misma dirección. No hay nada raro en que las cooperativas compartan domicilio en una de las sedes de la CTEP/UTEP dónde, como el propio autor informa en su artículo, confluyen muchísimas organizaciones.

Recurramos de nuevo útil recurso de la comparación. Vamos a ver, por ejemplo, cuantas sociedades están constituidas en el Edificio La Nación de Bouchard 557 o en el Complejo Al Rio en Libertador 101 en Vicente López. Googlealo. Vas a encontrar más de cuarenta. Ahí sí que se amasan fortunas y hay negocios turbios con la política. Fíjate, por favor, Cabot que tiene que ver ese edificio, su dirección postal, De Narváez y Jorge Macri.

Pero ellos pueden, cuando lo hacen ellos está bien, cuando lo hacen los ricos está bien, ahí no hay nada raro, está toda joya, nada que investigar. Después sus propios diarios no te van a contar nada, sus propios jueces no van a investigar nada, sus propios servicios no van a filtrar nada. Por ejemplo, que de las diez principales fortunas de la Argentina nueve tienen cuentas offshore que figuran en Pandora Papers sólo se publicó acá.

Volvamos al artículo, el título, la foto. De toda esa planta, de todos esos millones, de ese cheque millonario que menciona el autor del artículo, yo no me llevo un peso. Nada. Si cualquiera tiene el más mínimo, remoto e insignificante indicio de enriquecimiento de mi parte por favor que me denuncié. Desde que empecé a militar me vengo empobreciendo bastante, igual que la inmensa mayoría de los militantes populares que decidimos poner nuestra vida al servicio de aquellos que un sistema que nosotros no creamos dejó en la más sórdida exclusión hace 20 años. Si no hay pruebas, es canallesco que se afirme o insinúe.

¿Por qué será tan fácil para los peces gordos que aparecen con todos los dedos pintados en las offshores, la evasión fiscal y la fuga de capitales esquivar las portadas? ¿Por qué incluso alguno de ellos aparecer como los guardianes de la honestidad, la eficiencia y el progreso en todos los medios? ¿Será este el gran negocio que hay entre política y medios?

JG

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, insistió este miércoles en que no tiene “ningún fundamento” la acusación constitucional en su contra que pude derivar en un juicio político, y la atribuyó a “un clima enrarecido” que vive el país y a un “claro e injustificado interés electoral”.

“Además, y esto por respeto a la verdad, los temas tributarios y de transparencia, declaración de patrimonio, fueron también conocidos e investigados y aclarados por las máximas autoridades del Servicio de Impuestos Internos y de la propia Contraloría”, puntualizó Piñera en declaraciones que hico en el Palacio La Moneda.

El mandatario salió a rechazar la votación de Diputados que aprobó la acusación en su contra por un presunto conflicto de intereses en la venta de una empresa minera a un amigo suyo, revelado por la investigación periodística conocida como “Pandora Papers”.

“Estamos convencidos de que esta acusación no tiene ningún fundamento”, remarcó Piñera, que explicó que “después de una detenida lectura” del documento concluyó en que “la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados o en simples conjeturas o posiciones que no cumplen las normas que regulan una acusación constitucional”.

Según los sitios de Radio Cooperativa y el diario La Tercera, el presidente afirmó que “los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la Fiscalía, por un Juzgado de Garantías, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema”, instancias todas en las que “en forma unánime se decretó que no había ninguna irregularidad”.

Para el mandatario, la acusación “obedece a un clima enrarecido que se está viviendo en la política chilena y que los chilenos pudieron observar en esa larga noche en que se debatió y que tiene un claro e injustificado interés electoral”.

Se manifestó confiado en que el martes de la semana próxima el Senado, que debe actuar como jurado, “analizando de forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esta acusación”.

El Senado debe limitarse a declarar si el acusado es o no culpable, para lo cual se necesita el voto de dos tercios de la Cámara, esto es 29 de los 43 escaños, aunque la oposición solo controla 24, por lo que debería lograr el respaldo de, al menos, 5 oficialistas.

Si acaso Piñera fuera declarado culpable, sería destituido de su cargo y no podría desempeñar ningún cargo público por cinco años.

Desde el 8 de octubre, cuando se conoció la investigación periodística, la Fiscalía investiga si Piñera realizó u omitió gestiones en su calidad de funcionario público, que pudieron incidir en la tercera cláusula del contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas por la venta de la firma Dominga.

La acusación votada en Diputados le adjudica “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”.

Con información de Télam.

IG