La Justicia decidió no abrir la feria judicial para tratar los amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El dictamen del fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda le dio al Gobierno una primera señal de alivio en el frente judicial, al considerar que no se verifican las condiciones de “urgencia” necesarias para habilitar el tratamiento del caso durante el receso de enero.

Según confirmaron fuentes judiciales, Canda se pronunció en el mismo sentido en todos los expedientes vinculados al DNU 941/2025. En uno de los dictámenes, elaborado en respuesta a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fiscal sostuvo que habilitar la feria implicaría ingresar en cuestiones de fondo que deben ser analizadas por los jueces naturales una vez retomada la actividad judicial. “La habilitación durante la feria es una medida de excepción y debe acordarse con carácter restrictivo”, señaló, y agregó que no se acreditó un “riesgo previsible e inminente” de afectación de derechos que justifique apartarse de esa regla.

Ahora será el juez de feria del fuero, Walter Lara Correa, quien deberá resolver sobre la totalidad de las presentaciones, aunque el dictamen fiscal marca una línea clara. Las causas quedaron radicadas en los juzgados 3, 4 y 11 del contencioso administrativo federal. Una fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón; otra por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; y una tercera por la Fundación Apolo, que encabeza Yamil Santoro.

La decisión del fiscal choca de frente con el planteo del CELS, que había solicitado la habilitación de la feria al advertir que el decreto “no admite demoras”. En su presentación, la organización sostuvo que el DNU constituye un “actuar ilegal e inconstitucional” del Poder Ejecutivo, incompatible con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y alertó sobre la afectación actual o inminente de derechos fundamentales como la privacidad, la libertad personal y la participación política.

El decreto firmado por Milei el 31 de diciembre pasado —cuando ya habían concluido las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Ejecutivo— reordena el sistema de inteligencia, redefine competencias y ensancha de manera significativa el rol de la SIDE. Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación para que personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones en el marco de sus tareas, una facultad históricamente reservada a fuerzas policiales y de seguridad y que abrió una fuerte controversia política y jurídica.

En uno de los escritos presentados ante la Justicia, el grupo de abogados encabezado por Leopoldo Moreau advirtió que el nuevo esquema “habilita la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia de carácter encubierto sin orden judicial previa, sin delimitación precisa de los supuestos habilitantes y sin control externo eficaz”. Para los denunciantes, el DNU avanza sobre materias vedadas al Poder Ejecutivo y vulnera el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

La negativa a abrir la feria judicial encaja, además, con la estrategia política que el oficialismo viene desplegando desde Balcarce 50. En el entorno presidencial descuentan que, al menos por ahora, el frente judicial no alterará el calendario del Gobierno y confían en ganar tiempo también en el Congreso, donde apuestan a que el debate sobre el DNU quede postergado hasta después de la discusión de la reforma laboral. La decisión de la Justicia de no acelerar los plazos refuerza esa hoja de ruta.

Con los amparos en pausa y el tratamiento parlamentario aún lejano, el decreto seguirá vigente durante las próximas semanas. La disputa, sin embargo, está lejos de cerrarse: los jueces naturales deberán pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y el Congreso mantiene la facultad de rechazar el DNU en su totalidad. Por ahora, el Gobierno consiguió lo que buscaba: tiempo. Pero el conflicto por el alcance del poder de la SIDE y los límites democráticos del sistema de inteligencia apenas empieza a recorrer su capítulo en los tribunales.

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En la mañana del 27 de diciembre de 2024, el murmullo rutinario de la esquina de Colón y Almirante Brown, en Morón, se interrumpió por un alarido. Un hombre de mediana edad, robusto, camisa azul desprendida y la cara enrojecida, cruzó la explanada de los tribunales locales casi a los tropezones y se plantó frente a la escalinata. Extendió un brazo hacia la puerta, como si necesitara apuntalar el grito con el cuerpo entero, mientras un grupo de policías lo observaban desde unos metros sin dar un paso.

—¡Ahora el mundo va a saber! ¡Ahora el mundo va a saber de los asados! —vociferó, con la voz quebrada entre la furia y el llanto—. ¡Le arman causas a los narcos y el hijo de Rodríguez los defiende! ¡Anotá vos, que sos de acá! ¡El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos…!

La escena duró apenas unos minutos. El hombre, fuera de sí, siguió descargando nombres propios como si arrojara piedras contra el frente de tribunales. Señaló el edificio, insultó a “estos hijos de puta, que son socios”, dejó flotando la palabra “Parque Leloir” como una pista inconclusa. Nadie intentó detenerlo. Cuando se quedó sin aire, se dio media vuelta y se fue tal como había llegado, con los dos agentes todavía inmóviles en la puerta.

Detrás de esa figura desencajada —se supo después de varios meses— estaba Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y preso desde agosto pasado acusado de ser uno de los responsables de la distribución del fentanilo adulterado. El motivo coyuntural de su bronca era preciso: la Cámara de Apelaciones de Morón había rechazado su pedido para agravar la acusación contra un joven que golpeó a su hijo en un boliche de Hurlingham en 2022. Furfaro pretendía un procesamiento por tentativa de homicidio; la Justicia ratificó un juicio abreviado por lesiones.

Pero la escena de hace un año desbordó con mucho ese expediente familiar: en su descarga pública, el empresario no sólo cuestionó a los jueces que habían firmado la resolución, sino que apuntó directamente contra un engranaje que, a su juicio, enlaza al fuero federal de Morón con algunos de los nombres más pesados del mapa narco argentino.

Furfaro hizo referencia a Sebastián Rodríguez Barbaró, abogado, socio del penalista Fernando Arias Caamaño. Entre sus defendidos figuran Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”, condenado en abril a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que contrabandeó un fusil y explosivos para bandas narcocriminales de Rosario, y Esteban Alvarado, quien cumple varias penas, la más grave a perpetua por liderar una organización dedicada al narcotráfico, ademas de otros actores del subsuelo narco. Rodríguez Barbaró es, a la vez, jefe de división en el Banco Central.

Ese nexo familiar condujo inevitablemente hacia el verdadero centro de gravedad del video: su padre, Jorge Rodríguez, juez federal de Morón desde 1994 y uno de los magistrados con mayor poder silencioso del Gran Buenos Aires.

Una figura controvertida

Rodríguez es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con competencia en narcotráfico, delitos económicos, trata, contrabando y causas ambientales. A la trama de relaciones que acompaña su carrera se suma otro elemento que circula hace años en la familia judicial. El recorrido de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora y protagonista de varios expedientes de inteligencia, se ata con frecuencia al de Rodríguez, a quien muchos describen como su referente generacional. En esos ámbitos lo llaman, con ironía, “el Canicoba del Conurbano”: un magistrado sin la exposición mediática de Comodoro Py, pero con un poder territorial que supera al de varios intendentes.

La genealogía judicial abona ese diagnóstico. Rodríguez inició su carrera en los años ochenta, nombrado por el radicalismo en una Defensoría Oficial, y ascendió a juez de Primera Instancia con el apoyo del camarista Luis María Cabral, a quien reconocen como su primer mentor político-judicial. Una de sus causas emblemáticas, en 1989, fue el sobreseimiento del entonces intendente Juan Carlos Rousselot, acusado de administración fraudulenta. Para quienes conocen el paño, ese recorrido marca una continuidad.

Desde 2012, por decisión de la Corte Suprema bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, Rodríguez supervisa una de las porciones más sensibles del expediente “Mendoza” sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo tras el desplazamiento del juez de Quilmes, Luis Armella. Ese gesto, señalan fuentes judiciales, lo colocó en un escalón de confianza dentro del máximo tribunal y le dio un protagonismo inusual en temas donde confluyen empresas, municipios y organismos estatales.

Las “tertulias de los viernes”

Pero la influencia del juez se construyó también en espacios menos visibles. Desde hace años que organiza asados y fiestas —algunos aseguran que incluso de disfraces—, que reunen a figuras de peso de todo el arco político y judicial. En cada uno de esos eventos no suele faltar el respectivo cura, encargado de dar la bendición. Uno de sus cumpleaños más comentados tuvo lugar en 2016 en la quinta Vaccarezza, en Udaondo, escenario recurrente de sus denominadas “tertulias de los viernes”.

Sin ir más lejos, la última tuvo lugar anteayer. A modo de cierre del año, se trató de una demostración de escala y de alineamientos políticos difíciles de ver en público. Más de seiscientas personas circularon por los senderos y livings dispuestos alrededor del parque: jueces federales, intendentes del conurbano, gobernadores, sindicalistas de peso, funcionarios nacionales y operadores de todos los espacios. Había islas de comidas que iban de carnes a pastas, estaciones de cocina en vivo y champagne sin interrupciones.

Entre los invitados sobresalió un grupo que alteró el tono de la noche: Santiago Caputo, acompañado por parte de su mesa chica, se movió con naturalidad entre fiscales, dirigentes y empresarios. Su presencia, confirmada a elDiarioAR por varios asistentes, funcionó como ratificación de la amplitud de la red que orbita alrededor de Rodríguez.

La celebración se extendió hasta bien entrada la madrugada de este sábado, con música en vivo y conversaciones que oscilaron entre el brindis festivo y las negociaciones informales: una postal precisa del tipo de sociabilidad que acompaña el peso real del juez en la política ya no solo bonaerense, sino nacional. Un punto de encuentro privilegiado donde se procesan lealtades, se tantean alianzas y se recalibran jerarquías en el nuevo mapa de poder.

Nexos territoriales

El detalle del lugar de la fiesta no pasaría de ser folclórico si no fuera porque la quinta Vaccarezza pertenece al CEAMSE —hoy presidido ni más ni menos que por Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA—. Es justamente uno de los organismos que el juzgado de Rodríguez debe supervisar en el marco del Riachuelo. En los pasillos, ese gesto se interpreta como la mejor radiografía de su sociabilidad política: un juez que circula suelto de cuerpo entre funcionarios, comisarios y empresarios, incluso en espacios donde los límites institucionales deberían ser nítidos.

A ese ecosistema, según pudo saber elDiarioAR, también se suma su vínculo de larga data con la Policía Bonaerense. Diversos funcionarios lo describen como un “nodo estable” entre la justicia federal del oeste y los mandos de la fuerza provincial. No se trataría de subordinación sino de intercambio: información, territorios, investigaciones cruzadas, contención política.

Ese mismo perfil es el que explica su cercanía con el peronismo municipal, cuya estructura policial y política se entrelaza con muchos de los expedientes que pasan por Morón. En 2013, una investigación por corrupción desnudó un circuito paralelo de favores entre mandos de la Policía Federal, estudios jurídicos privados y sectores de la justicia federal del conurbano.

Instruida por el juez Juan Ramos Padilla, la causa expuso la fluidez de esos vínculos y reveló que el comisario Marcelo Emilio Pecorelli negociaba defensas, agilización de expedientes y contactos judiciales a cambio de dinero, y que en ese esquema habría incorporado al hijo de Rodríguez a su estudio jurídico. Las escuchas registraron conversaciones donde el magistrado aparecía gestionando vínculos con intendentes y empresarios investigados por ACUMAR, mientras que Sebastián intervenía en causas sensibles.

El juez y el nuevo ecosistema de inteligencia bajo Milei

La reaparición pública, involuntaria, de Rodríguez ocurrió en un momento en el que su nombre ya circulaba, en voz baja, en otra esfera de poder: la del reordenamiento de la inteligencia durante el primer año de gobierno de Javier Milei. En ese mundo, donde los rumores operan como moneda corriente y las lealtades rara vez son lineales, el apellido Rodríguez volvió a escucharse en noviembre de 2024, cuando la Casa Rosada buscaba redefinir el mando de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE.

Antes de que el contador —y hoy flamante Señor 5— Cristian Auguadra fuera finalmente designado al frente del área encargada de auditar al propio aparato de inteligencia, una de las versiones que circuló con fuerza señalaba al juez como candidato a ese puesto. En Balcarce 50 y en el ecosistema de espías retirados y activos, la hipótesis no sonaba descabellada: Rodríguez, moronense como Auguadra, tenía una larga relación con sectores de la Bonaerense, vínculos fluidos con operadores judiciales que frecuentan sus asados y un historial de contactos con áreas de seguridad que, para algunos, lo convertían en un “puente natural” hacia la estructura más sensible del Estado.

Un año después, otro episodio volvió a ponerlo sobre el tapete: la sospecha de que un abogado cercano a Rodríguez habría participado en el operativo nocturno frente a la casa del ahora extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, en el momento más delicado de la interna del organismo. Desde entonces, la pregunta circula con mayor insistencia: ¿qué lugar ocupa el juez en el entramado de influencias que se teje alrededor del gobierno de La Libertad Avanza? ¿Es un magistrado que orbita ocasionalmente la inteligencia, o un operador con más peso del que figura en los organigramas?

En la lógica del gobierno de Milei, donde las lealtades se recalibran de forma constante y las internas definen quién cae y quién asciende, la figura de Rodríguez reapareció como un eco de otra época. La historia reciente de Milei sugiere que eso nunca es casual. Y que el silencio del juez, lejos de disipar versiones, funciona como confirmación involuntaria de que su sombra, para bien o para mal, sigue proyectándose sobre algunos de los rincones más delicados del Estado.

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“Viví lo que las mujeres trabajadoras viven en silencio: acoso, humillación y miedo. Escuchar su voz otra vez me llenó de angustia: ‘Nunca vas a llegar a nada’, ‘Si no aceptás te quedás afuera’”. La frase pertenece a una exempleada judicial que decidió romper el silencio con una carta pública para contar lo que sufrió trabajando en el juzgado de Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que la semana pasada dictó la cautelar que prohibió difundir los audios de Karina Milei, atribuidos a grabaciones dentro de la Casa Rosada.

El texto, difundido en primera persona, combina denuncia y catarsis. “La cautelar que frena la difusión de los audios de Karina Milei no es censura previa: es una muestra de cómo el Poder protege a los privilegiados y castiga a los que no lo son. Así funciona una casta protegiéndose entre ellos”, escribió la denunciante, que prefirió preservar su identidad.

“Sí, tengo miedo. Pero entendí que el miedo no es un obstáculo, es una señal de lo importante que es lo que pasa. Hablar aunque sea en la voz de otro también sana. Hablar nos muestra que no estamos solas”. Su testimonio no hizo más que arrojar luz sobre un costado que en los tribunales se conoce bien: Maraniello tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual contra empleadas de su propio juzgado.

El juez civil y comercial federal fue notificado el 19 de agosto pasado de los cargos en su contra. El procedimiento se encuentra en la Comisión de Disciplina del Consejo, que evalúa pruebas y testimonios, y que eventualmente podría derivar alguno de los expedientes a la Comisión de Acusación, antesala de un jury de enjuiciamiento. El magistrado tiene veinte días para presentar su defensa, designar abogado y ofrecer pruebas. Según sus allegados, niega todo y sostiene que las denuncias son “falacias”.

Los testimonios que figuran en los expedientes, sin embargo, son contundentes. Una de las trabajadoras relató que a menos de una semana de ingresar al juzgado fue hostigada por Maraniello. Por miedo a perder su empleo, aceptó una cita fuera del ámbito laboral. Allí, según su denuncia, sufrió tocamientos y besos no consentidos, y con el tiempo se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación. Otra empleada declaró que recibió mensajes por redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y acercamientos físicos forzados. Cuando se negó a los pedidos, padeció maltratos en la oficina. El hostigamiento continuó durante meses hasta empujarla a medicarse y a desarrollar ideas suicidas.

El gremio judicial también intervino. En septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial celebró que se dispusiera “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para resguardar a los trabajadores. En sus presentaciones, el sindicato sostuvo que cada vez que entrevistaban a empleados o exempleados surgían nuevos testimonios en distintos momentos y por diferentes situaciones, una suerte de trama repetida de abusos, humillaciones y acosos.

Mientras tanto, el magistrado continúa al frente de su despacho, con una página web personal donde exhibe su currículum, más de veinte libros publicados y un listado de premios académicos que contrastan con el cúmulo de denuncias que enfrenta. Esa continuidad en el cargo es lo que la exempleada denunciante puso en palabras: “Después de todo, él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera”.

El trasfondo político refuerza esa lectura. La decisión de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei fue cuestionada de inmediato por especialistas en derecho constitucional, que recordaron que la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución. Los eventuales daños por la publicación de una información deben repararse después, no impedirse de antemano. Para la autora de la carta, esa decisión confirma la trama de favores entre jueces federales y el poder político: “El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del Presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de ‘resguardo de la intimidad’”.

El caso expone la paradoja de un juez que carga con múltiples denuncias por acoso laboral y sexual pero que al mismo tiempo dicta fallos de enorme impacto político. La propia denunciante lo sintetizó con crudeza: “El procedimiento contra un juez es altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes”. En su carta, recordó cómo el magistrado la hostigaba con frases que hoy resuenan en otro registro: “Yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos. Si no entendés que la abogacía se trata de contactos, no entendiste la carrera”.

La mujer eligió publicar su testimonio pese al temor. Lo hizo, explicó, porque “cuando una mujer elige hablar ya no habla sola: habla por muchas, habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo, podemos hacer las cosas con el miedo al lado si tenemos la fuerza de muchas. Tenemos que tener memoria. Es verdad, Marianello tiene amigos poderosos, pero los nadie somos más y más fuertes”.

El texto completo

Fui empleada del Juez Marianello

Fue una experiencia acelerada con el Poder Judicial, que muchas veces se usa para denominar como sinónimo de Justicia. El poco tiempo que pasé me mostró cómo funciona el Poder y Como la injusticia en los lugares donde deberían protegernos.

En ese tiempo viví lo que las mujeres trabajadoras viven en silencio: acoso, humillación y sobre todo miedo. Hablo porque lo que me paso a mi puede pasarle a cualquiera.

Cuando vi la noticia de la cautelar que aplicó censura previa me sorprendió por ser anticonstitucional, pero al ver quien la dictó de alguna manera tuvo más sentido. Vi la foto y en mi cabeza volví a escuchar su voz “Nunca vas a llegar a nada”, “Si no aceptas te quedas afuera”, “Cuando una persona como vos va a tener las oportunidades que podes tener si te quedas conmigo”, “yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos”, “Si no entendes que la abogacía se trata de contactos no entendiste la carrera”. Cada frase retumbó nuevamente en mi cabeza llenandome nuevamente de miedo y angustia. Después de todo él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera.

La cautelar que frena la difusión de los audios de Karina Milei, no es censura previa es una muestra de cómo el Poder protege a los privilegiados y castiga a los que no lo son. ASI FUNCIONA UNA CASTA PROTEGIENDOSE ENTRE ELLOS. El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de “resguardo de la intimidad”.

No, no es una decisión técnica. En términos políticos es un favor del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Refuerza la dependencia entre ciertos jueces federales y la Casa Rosada, algo que históricamente sirvió como moneda de cambio para sostener, impulsar y mantener carreras judiciales.

El proceso contra un juez inicia con la denuncia en el Consejo de Magistratura, puede denunciarse a un juez por mal desempeño, abuso de poder o inconducta. Se efectúa una investigación preliminar La Comisión de Disciplina y Acusación evalúa la admisibilidad de la denuncia, junta las pruebas y puede decidir si archiva o impulsa. Luego en un plenario del Consejo, si la denuncia prospero, pueden elevar el caso al Jurado de enjuiciamiento. El jury de Enjuiciamiento, es el paso que sigue, lo integran jueces, legisladores y abogados. En algunos supuestos debe intervenir e Senado. En criollo el procedimiento es Político, altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes.

Como trabajadora, como mujer, como ciudadana sentí de nuevo la impotencia de quien observa cómo el abuso se normaliza, como la justicia está ausente.

Sí, tengo miedo. Escribo esta carta como forma de canalizar la bronca, la angustia y la impotencia. La escribo para poder poner mis palabras y mi lectura sobre lo que pasa. Pensé en grabar un video y ponerle una cara a la denuncia pero ellos son tan poderosos y yo cómo él lo decía cada vez que tenía la oportunidad no soy nadie.

Entendí que el miedo no es un obstáculo, es una señal de que soy consciente de lo importante que es lo que pasa. Ahora, con esta medida que dictó quedo sobre la mesa, expuestas las decisiones y los antecedentes de este personaje nefasto qe me toco conocer. Siento que no puedo quedarme callada y solo confiar en un sistema que deja a fuera “a los nadie” todos los días pero no pierdo la fe de que al estar en el ojo público actué la Justicia avanzando, investigando y resolviendo de forma favorable reparando a las víctimas y evitando que otros se expongan a sus garras.

No puedo cambiar lo que pasó, no puedo dejar de ser una víctima de acoso laboral y sexual. Pero puedo elegir ser una víctima responsable. No una que se calla y solo se esconde. Hablar aunque sea en la voz de otro también sana, porque libera, protege y conecta. Hablar nos muestra que no estamos solas. Hablar si alguien escucha desafía al poder.

Mi denuncia está en curso en el consejo de la Magistratura. Muchas veces nuestros representantes no nos representan. Pero este es un momento para mostrar que no nos resignamos.

Están en juego derechos importantes, fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información pública, el principio de igualdad y no discriminación en el trabajo entre otros esto es un escándalo institucional hay un triple problema JUDICIAL, un juez denunciado por dicta fallos que benefician al poder político. POLÍTICO la medida se traduce en un blindaje para el presidente y su hermana, y DEMOCRATIO se vulneran los derechos básicos de todo el pueblo Argentino.

Les pido que compartan este mensaje. No lo hago por mí, lo hago por cada trabajadora que alguna vez sintió el peso del poder encima y eligió callar por miedo

Si la justicia no nos escucha hagamos que la sociedad si lo haga. Cuando una mujer elige hablar elige denunciar ya no habla sola habla por muchas habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo podemos hacerlas cosas con el miedo hallado si tenemos la fuerza de muchas tenemos que tener memoria.

Es verdad Marianello tiene amigos poderosos pero los nadie somos más y más fuertes.

PL/MG

En un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria. En la red X, Cristina reposteó un mensaje del diputado Leopoldo Moreau en el que califica el trato que recibe la exmandataria como un intento de instalar una “Dictadura de los Jueces”.

“Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X al citar el mensaje de Moreau.

En relación a su detención domiciliaria, en el domicilio de la calle San José 1111 de Constitución, Cristina Fernández debe cumplir con una serie de exigencias impuestas por la Justicia. Entre ellas, la obligación de permanecer en el domicilio fijado, abstenerse de realizar actos que perturben la tranquilidad del vecindario y la presentación de un listado de personas autorizadas a visitarla.

La expresidenta entregará este lunes la nómina de visitas que podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de una autorización judicial previa. Esta lista incluiría a familiares, sus abogados y personal médico, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá solicitar un permiso específico al Tribunal. Cristina Kirchner cuestionó públicamente este régimen de visitas, al considerar que se le aplica un protocolo restrictivo que no rige para otros ciudadanos.

El posteo del diputado Moreau sigue esa misma línea. “Parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces”, escribió.

“Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla”, escribió el diputado de origen radical, subrayando la excepcionalidad de la situación. Según él, no existe ningún otro caso en el que una persona con prisión domiciliaria y pulsera electrónica deba solicitar autorización judicial previa para recibir visitas en su hogar.

El diputado remarcó: “No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. Y subrayó: “Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas”.

Moreau también puso en cuestión el perjuicio que la medida tiene sobre terceros, como representantes del pueblo en el congreso –diputados y senadores– tal es su caso, que no podrán dialogar ni interactuar con la principal referente de su espacio político.

“Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales”, destacó.

Y citó el artículo 38 de la Constitución Nacional, en el que se establece el rol esencial de los partidos políticos para el funcionamiento de la democracia.

Según Moreau, los integrantes del Congreso tienen fueros e inmunidades parlamentarias, derechos que no pueden ser restringidos ni reglamentados por resoluciones judiciales. “Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales”, afirmó Moreau.

Moreau argumenta, dando a entender, que hay una interferencia del poder judicial sobre el poder legislativo y que no se estaría cumpliendo con la independencia de los poderes del Estado. El diputado anticipó que, de persistir las restricciones, recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que considera una violación de los derechos parlamentarios y una muestra de la colaboración entre jueces y fiscales en la instauración de un “Estado de excepción”.

El viernes, Cristina Kirchner hizo una presentación para que se revoquen las prohibiciones referidas a las visitas. En el texto, asevera que un sector del Poder Judicial busca limitar la voluntad popular mediante decisiones que impactan directamente en sus derechos políticos. La expresidenta relacional al “Partido Judicial” con los intereses del poder económico concentrado en Argentina.

El Senado bonaerense aprobó este miércoles los 131 pliegos judiciales propuestos por el gobernador bonaerense Axel Kicillof para cubrir vacantes de magistrados de primera instancia, fiscales y defensores oficiales.

Pese a que en la previa había expectativa sobre si los legisladores incluirían en la sesión alguno de los proyectos de reelección indefinida, pasadas las 16, únicamente se llevaron al recinto los pliegos para cubrir puestos clave en el Poder Judicial provincial.

La sesión parlamentaria fue presidida por la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y contó con la presencia del ministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el intendente de Saladillo, José Luís Salomón.

“Quiero agradecer el trabajo de los integrantes del Consejo de la Magistratura que han acelerado temas que vienen de larga data. Teníamos una deuda y hemos cumplido con nuestra responsabilidad”, aseguró la titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), Teresa García, al cierre de la sesión.

Los pliegos judiciales habían sido analizados por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), que dictaminó una parte importante de los más de 200 jueces propuestos por el Ejecutivo para ocupar lugares en el Poder Judicial.

Esa reunión había sido presidida por Emmanuel Severo González Santalla (UxP) y contó con la presencia de Marcelo Daletto (UCR), Gustavo Soos (UxP), Gabriela Demaría (UxP), Sergio Alejandro Berni (UxP), Adrián Carlos Santarelli (UxP), Sofía Vannelli (UxP) y Luis Omar Vivona (UxP), en otros.

Con información de agencias.

IG

Por primera vez en la historia argentina, el 26 de octubre la ciudadanía nacional depositará su voto utilizando la Boleta Única de Papel (BUP), un instrumento inédito que cambiará radicalmente la dinámica de las elecciones y dejará atrás el tradicional sistema de boletas partidarias. Este salto, dispuesto tras la reforma del Código Electoral Nacional sancionada en 2024, busca evitar confusiones, reducir irregularidades y optimizar la transparencia del proceso electoral; tal es el argumento de quienes la apoyaron en el Congreso así como de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad judicial en materia electoral del país.

Precisamente, la CNE, integrada por los jueces Daniel Bejas (presidente), Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, aprobó los modelos base y las características de diseño de la BUP mediante la Acordada extraordinaria 40/25, oficializando un nuevo estándar que regirá de modo homogéneo en todos los distritos del país. La boleta única contendrá la totalidad de la oferta electoral nacional del distrito en una sola hoja que será entregada a cada elector por la autoridad de mesa.

¿Qué es la boleta única de papel?

Es un único documento impreso, estandarizado, que reúne a todas las agrupaciones políticas y candidatos de cada distrito. El elector marca en la boleta la opción elegida con una lapicera y la deposita en la urna. Por primera vez, todos los nombres, colores y símbolos partidarios comparten un mismo papel, en igualdad de condiciones visuales. Ya no aparecerán, al menos para diputados y senadores nacionales (en las ocho provincias que este año eligen representantes en la Cámara alta), fajos de boletas de cada partido o frente apilados en los pupitres. Porque las autoridades de mesa le entregarán a cada elector su papeleta, su boleta única, donde deberá marcar su decisión. Luego, sí, eso va a una urna.

La CNE subrayó la necesidad de una “mayor estandarización y homogeneidad en el diseño y procedimientos”, de manera de optimizar tanto la logística como la capacitación ciudadana en esta transición. Las boletas deberán respetar pautas comunes en todo el país para evitar confusiones y asegurar que el instrumento de votación tenga la misma lógica en cada distrito, independientemente de la jurisdicción. Por eso, la Cámara consultó a jueces federales electorales, partidos, ONG y organismos estatales para escuchar inquietudes y recomendaciones.

Así es el nuevo instrumento electoral

El diseño de la BUP se apoya en una estructura clara y accesible: en la franja superior figura la identificación del proceso electoral, el distrito, sección, circuito y mesa, además de las instrucciones de voto. El resto de la boleta se distribuye en columnas para cada agrupación política, con su número, nombre, logotipo y color identificatorio, todos en lugares destacados. El color es fundamental: ocupa al menos dos tercios del espacio de cada columna y se utiliza como referencia visual principal para el elector.

Las boletas incluyen casilleros cuadrados para que el votante marque su opción, ubicados encima de las fotos de los primeros dos candidatos de cada lista, con alineación y tamaño estandarizados para garantizar claridad. Los nombres de los candidatos se disponen siempre en mayúsculas, iniciando por el apellido y resaltando este último en negrita. El formato de la BUP varía según la cantidad de agrupaciones y categorías que se elijan, pero siempre mantiene los mismos criterios de organización y visualización.

Los modelos aprobados presentan la distribución de agrupaciones con nombres y colores ficticios para fines didácticos, ilustrando tanto boletas de una sola categoría (por ejemplo, diputados nacionales) como de dos (senadores y diputados a la vez). En la práctica, la boleta puede tener desde siete hasta más de veinte columnas, cada una identificada con el color, el logotipo y los candidatos de la agrupación correspondiente.

Siempre según información de la CNE, cada boleta única lleva impresas marcas de agua, microtexto y guías para el doblado, con el fin de dificultar la falsificación y facilitar la introducción en la urna. Además, cada mesa tendrá talonarios exclusivos, con boletas individualizadas por sección y mesa, para permitir un control estricto y trazabilidad. Se prevén también talonarios de contingencia para situaciones excepcionales.

La CNE destacó la importancia de la capacitación: el cambio de sistema exige un esfuerzo adicional para que la ciudadanía comprenda la nueva lógica de emisión del voto. Por eso, la Justicia Electoral, junto con los partidos y organismos responsables, se abocará a campañas de información y formación para facilitar el proceso.

JJD

Conozco a Laura Moyano Giarelli desde 2019, cuando nos cruzamos en una exhibición en la que una artista plástica la había retratado y nos pasamos los números de teléfono. Desde entonces, participa activamente en eventos que hacemos en el Archivo, conversamos, estamos en contacto. La vi muchas veces llegar con su mamá, cómplices, sostenidas una en la otra. Su madre, que iba con la bolsa del Archivo a hacer compras a la panadería, como quien lleva un emblema en la vida cotidiana. Laura sobrevivió a un intento de travesticidio en 2015. La atacaron con brutalidad: estuvo un mes internada, pasó por varias operaciones y le dieron 25 puntos de sutura en la cabeza. Para mí, Laura es uno de los tantísimos casos cercanos, y uno de los pocos en los que hay una sobreviviente para dar testimonio. 

Hoy, después de nueve años, comienza el juicio por jurados en el Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Plata. El acusado es Leonardo Agustín Bermúdez. A pedido del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia, el fiscal Jorge Paolini imputa a Bermúdez por tentativa de homicidio agravado por odio a la identidad de género, como establece el artículo 80, inciso 4 del Código Penal. No se trata solo de un intento de asesinato: el ensañamiento con que atacaron a Laura tiene que ver con su identidad. Y nombrarlo así también es parte de la justicia que buscamos.

El caso de Laura, como sabemos, no es aislado. En abril de 2023, Sofía Fernández, profesora de Lengua y Literatura, fue detenida en circunstancias poco claras tras visitar a su hermana Mabel. Horas después, la policía informó que Sofía se había suicidado en la comisaría 5ta. de Derqui, en Pilar. Sin embargo, la autopsia reveló signos de tortura y asfixia, descartando la versión oficial. La lucha incansable de Mabel, su familia y la comunidad logró que, tras múltiples obstáculos judiciales, la Fiscalía de Pilar solicitara que tres policías sean llevados a juicio por homicidio agravado por odio a la identidad de género, y otros siete por encubrimiento. Sin embargo, el camino judicial no es fácil: el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone, se ha negado a calificar el caso como crimen de odio. La defensa pidió su recusación, pero la justicia decidió que continúe al frente del caso. Estos razonamientos muestran cuán lejos está todavía el Poder Judicial de entender y nombrar la violencia estructural que vivimos.

La reciente decisión, del viernes pasado, de la Corte Suprema en el caso de Diana Sacayán refleja una preocupante tendencia del sistema judicial a minimizar los agravantes relacionados con crímenes de odio hacia identidades de género diversas. Diana, reconocida activista trans, fue asesinada brutalmente en 2015. Aunque el Tribunal Oral Criminal N°4 había condenado a Gabriel Marino a prisión perpetua por “homicidio agravado por odio a la identidad de género y violencia de género” en 2018, en 2020 la Cámara de Casación excluyó el agravante de odio a la identidad de género, calificando el crimen como femicidio. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso para restablecer el agravante, pero ahora la Corte, con el voto del cuestionado juez García Mansilla, se negó a restituirla.

No es solo una decisión técnica: es una señal política. Lo que está en juego es el reconocimiento de la violencia que vive el colectivo travesti-trans y el Poder Judicial también mata cuando minimiza, demora o niega justicia. Mientras no se reconozca el odio por lo que es, la impunidad sigue viva.

MBC / AH

El anhelo era ambicioso: Ariel Lijo quería ser juez de la Corte Suprema de Justicia sin dejar de ser juez federal. Todo al mismo tiempo, todo bajo el mismo techo institucional. Pero este jueves, en un pronunciamiento que hizo crujir los pasillos de Comodoro Py y cuyo eco retumbó en Balcarce 50, el máximo tribunal le recordó que existen límites.

Fue por mayoría: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante Manuel García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025, mientras que el supremo Ricardo Lorenzetti directamente decidió no emitir voto alguno. En pocas páginas, tres de los cuatro jueces que conforman la Corte anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez del propio tribunal, tras haber sido designado en comisión por Javier Milei vía el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Resulta constitucionalmente inadmisible que una misma persona pretenda investir simultáneamente la doble condición de juez con acuerdo y de juez designado en comisión”, escribieron, sin margen para interpretaciones creativas.

Por si quedaban dudas, los jueces supremos recordaron que la licencia solicitada por Lijo “no encuadra en ninguno de los supuestos de licencias extraordinarias”, y que lo que había pedido el juez era, en rigor, una “licencia de excepción”, figura que solo la propia Corte puede conceder. En este caso, optaron por negarla.

La jurisprudencia, además, no jugaba a favor del magistrado. “La aceptación del nuevo nombramiento como juez en comisión implicó por su parte un acto de voluntad expresa de poner fin a la situación anterior”, recordaron, citando el caso Daffis Niklison, de 1975, como quien despliega el álbum de fotos familiares para explicar que esto ya pasó y que la respuesta fue la misma.

Niklison, entonces juez de primera instancia, fue designado “en comisión” como juez en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, curiosamente el mismo que ocupa hoy Lijo. Este nombramiento temporal implicaba que asumía un cargo de mayor jerarquía sin renunciar formalmente a su posición original.

Al concluir el período legislativo siguiente, Niklison intentó regresar a su cargo de origen, argumentando que no había perdido su titularidad. Sin embargo, la Corte Suprema de entonces resolvió que aceptar un nombramiento en comisión implicaba una renuncia tácita al cargo anterior, estableciendo que un juez no podía retener su puesto original mientras ocupaba otro en una instancia superior de manera transitoria.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político.

El fallo también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. Es cierto que el Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

A la Corte, mientras tanto, no se le movió un pelo. “La Constitución Nacional no admite que una misma persona sea titular de dos cargos de juez”, concluyeron, como si leyeran en voz alta algo tan obvio que casi sonroja. El Gobierno, que ya imaginaba la foto del nuevo juez jurando bajo los vitrales del Palacio, tendrá que guardar la lapicera. Aunque, si algo enseña la historia, es que nunca conviene dar por cerrada una jugada mientras quede una ficha sobre el tablero.

PL/JJD

La noticia cayó como un baldazo de agua helada en los despachos de Balcarce 50. La Corte Suprema rechazó la licencia extraordinaria que pidió Ariel Lijo para dejar en pausa su juzgado federal y mudarse al máximo tribunal, tal como lo había soñado Javier Milei y ejecutado su asesor estrella Santiago Caputo, en una jugada tan audaz como endeble. El fallo, que contó con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla —sí, el mismo que hace una semana juraba de apuro, rodeado de sus nuevos compañeros— dejó expuesto que ni siquiera adentro del Palacio de Justicia hay consenso para sostener la estrategia oficialista.

Quien finalmente se abstuvo de emitir opinión fue Ricardo Lorenzetti, el socio silencioso de la aventura, que no solo había dejado trascender que avalaría la licencia sino que fue el arquitecto de la postulación de Lijo. Lo hizo con llamados discretos al asesor todoterreno del Presidente y a su mano derecha en Justicia, Sebastián Amerio. Pero ni con todo su empuje alcanzó para torcer una mayoría que, a esta altura, parece dispuesta a marcarle la cancha al Gobierno y al propio Lorenzetti, que también disputa su partido interno.

La reacción en la Casa Rosada fue de desconcierto. “Nadie esperaba que le bajaran el pulgar así, tan rápido”, reconoció, sin disimular la molestia, un funcionario que sigue de cerca la ingeniería jurídica que rodea a los decretazos judiciales. Mucho menos que uno de los partícipes necesarios de ese rechazo fuera García-Mansilla. “Son las reglas de juego”, mascullaba por lo bajo una fuente oficialista en referencia al sorpresivo voto del académico, que generó perplejidad en la mesa chica del Gobierno. En un principio, hasta pensaron que se trataba de una operación mediática.

Es que lo que esperaban en Balcarce 50 era otra cosa: una transición ordenada, en la que Lijo pudiera cubrirse con una licencia hasta que el Senado le garantizara el blindaje definitivo. Pero no. Ahora, si quiere ser juez de la Corte, tiene que soltar Comodoro Py y tirarse al vacío, sabiendo que su nombramiento “en comisión” vence con el calendario legislativo. Fin de noviembre, reloj en cuenta regresiva.

Y Lijo, se sabe, no está dispuesto a semejante riesgo. La idea de dejar su histórico Juzgado Federal N°4 —donde acumuló poder, causas sensibles y terminales políticas que trascienden gobiernos— para un asiento transitorio en la Corte, no lo seduce. Prefiere esperar a que el Senado haga su parte y le entregue la llave definitiva del Palacio de Tribunales. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, filtran cerca suyo, en un intento de disimular que, detrás de la cautela jurídica, hay puro instinto de supervivencia.

Mientras tanto, García-Mansilla vive su propio limbo. Ya juró, sí, pero su cargo también tiene fecha de vencimiento si el Senado no convalida su pliego. Y aunque en el Gobierno apuestan a que la ceremonia que le organizó Rosatti le dio “estabilidad” hasta fin de año, los constitucionalistas avisan que no es tan fácil: la Cámara alta puede rechazarlo y mandarlo de vuelta a su cátedra.

Lo de Lijo, sin embargo, abre otro frente. Porque si no renuncia, no asume. Y si no asume, ¿qué fue toda esta novela? ¿Para qué tanto decreto, tanta firma, tanto forcejeo constitucional? En Comodoro Py, donde todos lo conocen y nadie se sorprende, lo dicen sin vueltas: “Ariel no va a rifar su sillón por seis meses de incógnita”. Al menos, no todavía.

En el Senado, mientras tanto, empieza a cocinarse la verdadera partida. Con sesiones especiales en el horizonte y estrategias divididas, los bloques opositores analizan si rebotan los pliegos en comisión o los liquidan en el recinto. El Gobierno presiona para blindar a García-Mansilla y seguir apostando a que Lijo pueda llegar por la vía “institucional”. Pero los votos no aparecen, y el tiempo corre.

Así, en apenas una semana, el operativo para completar la Corte con nombres a dedo y tiempos exprés quedó atrapado en sus propias trampas. Lijo, que debía ser la pieza fuerte del plan, hoy se resigna a esperar, aferrado a su juzgado y mirando de reojo a la Cámara alta, mientras la Casa Rosada mastica la bronca por una jugada que, por ahora, salió mal.

Una toga o la otra

Fue por mayoría: Rosatti, Rosenkrantz y el flamante García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025. En pocas páginas, anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez de la propia Corte, designado en comisión por el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Constitucionalmente inadmisible”, dijeron sobre la pretensión de Lijo de mantener la doble investidura. Citando un caso de 1975 —el expediente Daffis Niklison, para los nostálgicos—, recordaron que no es posible ser juez con acuerdo del Senado y, al mismo tiempo, juez en comisión. Mucho menos cuando el primer cargo sigue vigente y el segundo apenas es un pase fugaz mientras el Congreso está de vacaciones. En otras palabras: o una toga o la otra. Pero no ambas.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político. Nadie ignora que los nombramientos interinos suelen durar poco y nada.

La resolución de la Corte también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. El Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

Con este traspié, Lijo se queda en su juzgado. La Corte, por su parte, da señales de que no piensa ser espectadora pasiva de las jugadas institucionales del Ejecutivo. Y el sistema judicial, siempre aficionado a los tecnicismos, suma un nuevo capítulo a su historial de paradojas: un juez que quiso estar en dos lugares a la vez, pero terminó, al menos por ahora, quedándose en el mismo.

PL/MC

Hay escenas que parecen calcadas de otras épocas. Pero, como suele ocurrir con la Corte Suprema, nunca son exactamente iguales. Este jueves, cuatro jueces se sentarán a la mesa y, entre expedientes que solo importan a sus involucrados, intentarán desatar uno de esos nudos que huelen más a política que a derecho: la licencia de Ariel Lijo, el juez federal que Javier Milei busca mudar al piso más alto del Palacio de Justicia, aunque la intención del magistrado es no soltar la cuerda que lo ata al juzgado que maneja desde hace casi dos décadas.

La Cámara Federal, por si faltaban actores en esta obra, ya le dio el visto bueno para ausentarse sin perder el cargo. Pero la Corte no es la Cámara, y acá el asunto no es sólo burocrático. Lijo quiere entrar, pero el portero duda. O, mejor dicho, los porteros: Carlos Rosenkrantz piensa que no hay licencia posible para lo que pretende el polémico juez y que, si de verdad quiere vestir la toga suprema, debe renunciar primero al despacho de Comodoro Py. Ricardo Lorenzetti, siempre atento a los gestos, cree lo contrario. Para él, el aval de la Cámara basta. Horacio Rosatti y Manuel García-Mansilla, el debutante que juró la semana pasada, siguen mascullando dudas.

En la trastienda del Palacio, la discusión jurídica es apenas la partitura sobre la que cada uno improvisa su solo. Según pudo saber elDiarioAR, el reglamento de la Corte establece que los temas administrativos se definen por mayoría simple, y que si hay empate —una posibilidad muy real con solo cuatro jueces en funciones— hay que recurrir a conjueces. La idea no seduce a nadie: más demoras, más ruido, más leña para una fogata que ya arde sola. La acordada 12/24, dictada en abril del año pasado pasado, previó escenarios así, pero sin ofrecer soluciones mágicas. Apenas un recordatorio: si faltan manos para votar, hay que buscar refuerzos.

El propio Lijo juega su ajedrez. No quiere renunciar a su juzgado porque sabe que si jura ahora, su cargo sería temporal, hasta fin de año. Prefiere esperar la bendición del Senado, que lo blindaría de por vida. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, señalaron cerca del juez a elDiarioAR. En paralelo, García-Mansilla sigue en su propio limbo. Juró, sí. Pero lo hizo sin el respaldo definitivo del Senado, y su mandato también tiene fecha de vencimiento. Si no aparece el consenso necesario, su lugar se disolverá como tantos otros intentos fallidos de completar el quinteto supremo.

En la Cámara alta afinan su propia partitura. Se especula con una sesión especial para la semana próxima que, si prospera, podría terminar de ungir (¿o rechazar?) a Lijo en tanto quinto miembro del tribunal. Aunque nada es tan simple: su pliego estaba listo para ser aprobado el año pasado, hasta que una tormenta inesperada —el escándalo por la criptomoneda $LIBRA— obligó a recalcular apoyos. Desde entonces, las voluntades se cuentan de nuevo cada semana, y las certezas duran lo que tarda en caer la siguiente llamada telefónica.

El kirchnerismo, por su parte, no solo observa: actúa. En noviembre pasado, el senador José Mayans advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que si Milei avanzaba con nombramientos por decreto abriría un conflicto de grandes proporciones. Amenazó con pedir la destitución del Presidente y judicializar el proceso. Pero el Gobierno ignoró la advertencia y siguió adelante, confiado en su interpretación jurídica, elaborada bajo la discreta pero decisiva supervisión de María Ibarzábal Murphy, la funcionaria encargada de darle sustento legal a cada paso arriesgado del Presidente.

Entre los jóvenes abogados que trabajan bajo su ala, destaca Ignacio Arizu, autor de un extenso texto publicado en un blog especializado en derecho donde defiende la validez de los nombramientos por decreto durante el receso parlamentario, amparado en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución. Arizu, excolaborador académico de García-Mansilla, fundamenta su posición con una lectura textualista y remite a los orígenes históricos del sistema, desde 1853 hasta hoy. Según él, la medida no solo es válida, sino necesaria para evitar bloqueos políticos que paralicen la Corte.

Este miércoles, desde la Casa Rosada insistieron con el relato que presenta a Javier Milei como un presidente que agotó todas las instancias parlamentarias antes de acudir al decreto. “El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos”, insistió el vocero Manuel Adorni, recordando que el Presidente podría haber firmado la designación mucho antes y no lo hizo. La estrategia discursiva busca blindar una decisión polémica bajo la apariencia de moderación, aunque en los hechos haya desembocado en un atajo institucional que pocos se animan a defender en voz alta.

“Como lo habíamos anticipado, el Presidente iba a nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto lo considere necesario”, señaló Adorni durante su confedencia de prensa, y agregó que “la Corte no podía seguir funcionando con tres miembros”. Con ese argumento, sostuvo que, luego de la jura de García-Mansilla, el proceso debería repetirse sin sobresaltos con Ariel Lijo: “Entendemos que todo va a seguir el mismo camino de normalidad que siguió el caso de Mansilla”.

A diferencia de 2015, cuando Mauricio Macri intentó designar por decreto a Rosatti y Rosenkrantz, pero debió dar marcha atrás y obtener el aval del Senado, ahora Milei no retrocede. Y aunque el Gobierno repite que el decreto responde a la demora del Senado, lo cierto es que esa falta de acuerdo no es casual ni irrelevante: refleja que los candidatos propuestos no lograron reunir el respaldo necesario para llegar a la Corte por la vía constitucional. Y ahí está el punto más delicado del asunto. Si un presidente puede sortear la falta de consenso con la firma de un decreto, ¿para qué existe la exigencia de los dos tercios? ¿Qué sentido tiene el filtro institucional si basta con esperar que el Congreso no actúe para imponer la voluntad del Ejecutivo?

El riesgo va más allá del presente. Si se acepta como normal que un mandatario nombre jueces supremos sin pasar por el Congreso, ¿qué límite queda para evitar que esa lógica se extienda a otros órganos del Estado? ¿Qué seguridad institucional le queda al país si la llave de la Corte queda al alcance de un solo hombre?

Así, entre jueces que no quieren soltar sus viejos cargos, colegas que desconfían entre sí, presidentes que avanzan sin freno y senadores que hacen cuentas con la calculadora en la mano, la Corte flota en su propia paradoja: árbitro de los grandes conflictos institucionales, pero incapaz de ordenar su propio tablero. Y este jueves, como tantas veces, la noticia no será lo que decidan, sino lo que todavía quizás no puedan decidir.

PL/JJD

En la Argentina, para ingresar al Poder Judicial son más importantes las conexiones familiares que el currículum vitae. Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja, es un ejemplo de esta lógica. Al menos una cuñada, un concuñado, yernos y un primo trabajan con él (según datos de julio de 2024) en la única dependencia federal de primera instancia existente en esa provincia.

El caso de Herrera Piedrabuena (quien no respondió la consulta que se le realizó en el proceso de identificación de los parentescos) se destaca porque, hasta hace un tiempo, regía una especie de regla tácita que disimulaba los nombramientos de parientes mediante la práctica de destinarlos a otras oficinas o unidades de la propia Justicia Federal. Pero con este juez esa regla no se aplica: todos sus parientes se desempeñan en su juzgado. Es una verdadera familia judicial, más unida y cercana que nunca.

Pero no es la única. Esta investigación periodística de Chequeado y CONNECTAS detectó que al menos 46 de 114 jueces federales de 14 provincias tienen familiares designados en el Poder Judicial. A esta cifra se llegó a través de un análisis de las planillas de personal de julio de 2024 publicadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tomando como punto de partida una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras fuentes, se pudo realizar por primera vez un mapa de las relaciones familiares que existen hoy en parte de la Justicia federal argentina.

Los nombramientos de parientes de magistrados son tantos que, en Córdoba, por ejemplo, han llevado a poner en duda la imparcialidad de los magistrados al momento de hacer justicia. En 2017, una abogada defensora alegó que temía la posible parcialidad de la jueza Graciela Montesi en un caso donde debía revisar la sentencia de un par suyo, Hugo Vaca Narvaja. Éste acababa de proponer la contratación de un hijo de ella, Tomás Bobone, pedido al que había accedido la Cámara Federal que integra la magistrada y madre.

La camarista impugnada respondió que ella no era la única que tenía familiares en los tribunales cordobeses y apuntó contra otro juez, Ignacio María Vélez Funes (hoy jubilado). Éste no se quedó atrás y también metió en el tema al magistrado Abel Guillermo Sánchez Torres por sus parientes nombrados. Al final de este paseo por la familia judicial de Córdoba, la Cámara (Vélez Funes entre ellos) rechazó la recusación de Montesi y afirmó que era “de mal gusto” hablar de los parientes empleados en los tribunales.

Dos años después, Montesi volvió a ser cuestionada junto a su par Sánchez Torres por el impacto de sus relaciones personales en su deber de guardar imparcialidad. En aquella oportunidad, el planteo fue firmado por tres de sus compañeros en la Cámara, Liliana Navarro, Vélez Funes y Luis Roberto Rueda (falleció en 2021), y dirimido en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Navarro, Vélez Funes y Rueda reprocharon la manera en la que Montesi y Sánchez Torres se habían manejado para cubrir un cargo en el estrado y, entre otros argumentos, alegaron que aquellos estaban obligados a inhibirse por “resultar incompatible que ambos magistrados cumplan funciones en ‘el mismo tribunal por la relación personal’ que los une, y que ellos han hecho pública en todos los ámbitos de la sociedad cordobesa...”.

¿Qué hizo el máximo tribunal del país? Rechazó el planteo, y dijo que las causales de excusación y de inhibición no se aplicaban a los temas de superintendencia. En cuanto a lo manifestado sobre el vínculo entre Montesi y Sánchez Torres, la Corte afirmó que se trataba de “expresiones impropias”, que “ponían de manifiesto una actitud teñida de subjetivismo e invasiva de la intimidad que es ajena, por cierto, a la prudencia, circunspección y mesura que son componentes indispensables de todos los actos de un magistrado”.

Los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton (se jubiló en 2021) consideraron que los jueces sólo debían confrontar opiniones entre ellos con respeto y razones fundadas en el derecho. De esa manera, dieron el tema por cerrado, y avalaron la posición de Montesi y Sánchez Torres.

Pero a pesar de que en la Justicia prefieren no mencionar el tema, se trata de una realidad conocida y naturalizada en los juzgados y estrados federales de todo el país. E incluso en la propia Corte Suprema. Los 89 familiares de jueces identificados en esta investigación aparecen trabajando en distintos peldaños de la carrera judicial, algunos en los de mayor jerarquía: 15 de ellos son secretarios. Estos puestos valen por sí mismos y por su proyección en la escalera de ascensos. De hecho, ciertos magistrados en funciones iniciaron su trayectoria judicial designados “a dedo” y, luego, concursaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación para acceder a sus juzgados y vocalías actuales.

Es el caso de Verónica Skanata, hoy titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Posadas (Misiones). Skanata es hija de la camarista federal Mirta Delia Tyden y del exjuez civil de Oberá, Julio José Skanata. Según el currículum vitae que presentó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Verónica Skanata se recibió de abogada en 2001 y poco después, en abril de 2002, fue designada en forma discrecional como secretaria del Juzgado Criminal y Correccional de Misiones. Esto quiere decir que, por decisión de la Cámara Federal que integra su madre, pasó a desempeñarse en uno de los puestos más altos del funcionariado judicial sin haber tenido experiencia laboral.

Nueve años más tarde, Skanata concursó en el Consejo de la Magistratura y se convirtió en jueza: primero con una subrogancia (designación temporaria) en el Juzgado Federal de Oberá; y después, con un nombramiento en propiedad, donde quedó sujeta a la jurisdicción de su madre. El cargo de secretaria era en 2011 uno de los antecedentes principales de su CV. Ni la hija, Verónica Skanata, ni la madre, Mirta Delia Tyden, quisieron hacer comentarios al respecto.

En 2013, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Ingreso Democrático para poner un freno al acomodo y a la cobertura “a dedo” de los empleos judiciales. Consultado al respecto, Alberto Binder, doctor en Derecho, experto en procesos judiciales y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), enfatiza que la Justicia Federal argentina incumple esta norma, que establece que los empleos judiciales deben ser cubiertos por concurso. “El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético”, observa el académico e investigador.

Para el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Juan José Nardi, “el principal problema del nepotismo es que desdibuja la carrera administrativa y que, de alguna manera, también termina generando conflictos hacia el interior de los juzgados por cuestiones que tienen que ver con los ascensos”. De acuerdo a este experto, “los integrantes de estas familias de sangre y políticas —en el sentido de afinidad, y de padrinazgos y madrinazgos— hacen carreras maratónicas, muchas veces saltándose peldaños, lo que produce desigualdades enormes dentro del Poder Judicial”.

El fenómeno nepotista ha llegado hasta tal extremo que la Corte de la Nación dejó de lado su renuencia y espontáneamente puso el asunto a la vista hace poco. Lo hizo a través del ministro Ricardo Lorenzetti, en la Acordada 18/2024 del 17 de mayo de 2024 sobre la creación de una nueva secretaría en el máximo tribunal. En ella, el magistrado afirmó que “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, con base en la amistad o el parentesco, y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”.

En su voto minoritario y opuesto al de sus pares Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, Lorenzetti insistió en que en la Justicia argentina “deben ser austeros, concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo”.

Sin embargo, la misma Corte —incluso durante la presidencia de Lorenzetti— nunca reglamentó la Ley de Ingreso Democrático, que ya tiene 11 años en vigor en la Argentina. Este vacío reglamentario permitió que continuara en general la histórica designación de parientes de la magistratura sin evaluaciones objetivas de sus capacidades, a diferencia de lo que ocurrió en los ministerios públicos de la Nación, donde los empleos están sometidos al régimen legal de los concursos.

Curiosamente, Lorenzetti también cuenta con familiares en la Justicia Federal. Su esposa, Mara Beatriz Perren, es prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela (ciudad santafesina de origen del juez de la Corte). Y su cuñada Ana Marcela Perren es escribiente de la Cámara Federal de Rosario.

Consultado por esto, la oficina de Lorenzetti respondió que como su esposa ingresó al Poder Judicial dos años antes al matrimonio, “no se configura en el caso un supuesto de nepotismo”. Y “en cuanto a Ana Marcela Perren, esta fue designada en Rosario, siendo una jurisdicción totalmente ajena a la que ejerce el ministro”.

Otros dos magistrados de la Corte Suprema, Rosatti y Maqueda, también cuentan con familiares nombrados en la Justicia federal. El primero es padre de Emilio Rosatti, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Y Maqueda es padrastro de Verónica Ferrer Deheza, secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. 

Ambos jueces justificaron y se desligaron de estos nombramientos. Rosatti, que preside el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, dijo que su hijo ingresó a la Justicia federal en el tramo inicial del escalafón (escribiente auxiliar interino) el 28 de diciembre de 2007, y que él asumió en la Corte el 29 de junio del 2016, “es decir ocho años, nueve meses y un día después” que su hijo.

Maqueda, por su parte, expresó que su hijastra ingresó a la Justicia en 1998, cuatro años antes de que él asumiera en la Corte Suprema. A continuación, precisó los seis ascensos que recibió Ferrer Deheza en 26 años de carrera judicial, y destacó los títulos y diplomas que adquirió. También enumeró los antecedentes de la mujer para probar que es “absolutamente ajeno” a su nombramiento y a sus ascensos.

Un gremio de cónyuges, hijos y hermanos

La base de datos analizada por CONNECTAS y Chequeado releva la lista de empleados de la Justicia federal en 14 provincias –de las 24 que tiene el país– que integran siete circunscripciones judiciales: se trata de 3.601 cargos sobre un total de 19.847. Y en todas se encontraron casos de jueces con familiares nombrados en la misma jurisdicción o en tribunales federales de otros distritos. Si bien no todos implican actos de nepotismo, pues algunos pueden haber ingresado por otras razones o antes de la unión familiar, como puede ocurrir respecto de algunos cónyuges, el volumen de casos detectados –desde ya una porción de los efectivamente existentes– sí sugiere la injerencia de los nexos familiares en la selección de nuevos empleados.

El número de jueces con familiares en la Justicia federal podría ser más grande, en la medida en que el parentesco pudo pasar desapercibido o no ser comprobado en esta producción.

En todo caso, del universo examinado surge un patrón: un número relevante de familiares nombrados está relacionado con jueces con más de 10 años de antigüedad en cuerpos colegiados (camaristas). Los jueces de tribunales orales en lo criminal federal son un buen ejemplo de esa tendencia: conforman el 48%, casi la mitad, de los 46 casos hallados.

En Santa Fe, la provincia de origen de Lorenzetti y Rosatti, 12 de 21 jueces federales tienen parientes nombrados. Allí el fenómeno está muy presente en el caso de Marcelo Bailaque, juez federal de la ciudad de Rosario. El magistrado es padre de Julieta Bailaque, oficial mayor; de Ramiro Bailaque, escribiente auxiliar, y de la escribiente Sofía Bailaque.

Recientemente, este juez fue denunciado por supuestas irregularidades en el trámite de un expediente que habrían favorecido al jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Con una curiosidad extra: Bailaque y el acusado compartían contador, Gabriel Mizzau, y el hijo de este profesional, Sebastián Mizzau, había ingresado en 2017 —mediante un nombramiento discrecional— a trabajar al Juzgado Federal N° 4. ¿Quién es el titular de esa unidad? El propio Bailaque, quien no respondió a la consulta.

El patrón de nombramientos vinculado con los jueces de mayor antigüedad se aprecia en el caso de José María Escobar Cello, quien llegó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe en 1994, hace 30 años. Este juez es padre de Juan José Escobar Cello, prosecretario administrativo; y de Francisco Escobar Cello, escribiente, ambos con prestación de servicios en el Tribunal Oral. El padre, que compartiría ámbito de trabajo con sus dos hijos, no respondió a la consulta formulada para esta investigación. 

En la Justicia federal de Santa Fe también se pueden observar las conexiones con la Justicia provincial a partir de, por ejemplo, los nombramientos de familiares de integrantes de la Suprema Corte de la provincia. Allí trabajan María Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral del interior de la Justicia Federal y sobrina del juez santafesino Rafael Gutiérrez; y Esteban Falistocco, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario e hijo del juez Héctor Falistocco. Ninguno de esos magistrados provinciales respondió a las consultas. Tampoco lo hicieron los 12 jueces federales con familiares designados en esta jurisdicción.

Por otro lado, en la Justicia federal de Córdoba (que incluye en su jurisdicción a la provincia de La Rioja) se encontraron parientes con cargos vinculados a 12 de los 20 integrantes de la magistratura. Graciela Montesi, la camarista federal cuestionada en aquellos debates de 2017 y 2019 mencionados anteriormente, es madre de Josefina Bobone, jefa de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, y de Tomás Bobone, escribiente del Juzgado Federal N° 3; además de tía de Alejo Montesi, oficial del Juzgado Federal N° 1, y de Gerónimo Bobone, auxiliar de la Secretaría Electoral de Córdoba.

Pero no eran los únicos integrantes de la familia que trabajaban en la Justicia. Pablo Montesi, hermano de la camarista y padre de Alejo Montesi, fue juez federal de la ciudad cordobesa de San Francisco hasta su fallecimiento en agosto de 2024. Graciela Montesi no respondió la consulta relativa a la designación de estos parientes y, en el caso de su hermano, el titular del Juzgado Federal de San Francisco solicitó que se informara quién era la persona responsable de la consulta sobre los parentescos. Pese a que se le brindaron más detalles, Pablo Montesi no envió comentario alguno (aunque seguía en funciones en julio de 2024, tras la noticia de su defunción se resolvió sacar a este juez de la base de datos).

De la Justicia federal de Córdoba y de La Rioja sólo respondieron los camaristas Eduardo Daniel Ávalos y Abel Guillermo Sánchez Torres (también participante de aquellas polémicas resoluciones dictadas en 2017 y 2019). Ávalos, magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, refirió que efectivamente Sofía Elena Sylvester, secretaria de aquel estrado, es su “mujer”, pero negó haber influido en su nombramiento porque en ese momento era “un pinche” en el Juzgado Federal N° 1. “Con el tiempo, contrajimos matrimonio y continuamos casados a la fecha, por lo que el destino ha obrado al respecto. Tampoco tengo hijos en el Poder Judicial: ellos desarrollan profesiones ajenas a la abogacía”, agregó el magistrado.

Para explicar su caso, Sánchez Torres, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, primero ofreció la posibilidad de dialogar en su despacho o virtualmente. Si bien se le propuso una reunión por Zoom, luego el juez envió un correo electrónico en el que negó ser familiar actual de su exesposa, la jefa de despacho Alejandra Cecilia Cabido, así como haber tenido injerencia en la designación de sus tres hijos, María Agustina, Joaquín y Lucía, en la Justicia federal cordobesa. Pero no se privó de destacar los antecedentes académicos de sus descendientes.

En los tribunales federales de Jujuy y Salta, 7 jueces de 17 están vinculados familiarmente con empleados y funcionarios. Tres de los magistrados tienen cónyuges con cargos en la institución: se trata del camarista Lucio Renato Rabbi Baldi Cabanillas (su esposa es Denise Blajean Bent, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta) y de los jueces Esteban Hansen y Leonardo Bavio (respectivos consortes de Carola Martínez Allende, secretaria de la Oficina Judicial de la Justicia Federal de Jujuy, y de María Martha Ruiz, secretaria del Juzgado Federal N° 2 de Salta).

Rabbi Baldi Cabanillas no contestó el requerimiento de un comentario, mientras que Bavio no respondió respecto de Ruiz en una ampliación de la consulta como sí lo había hecho antes sobre un primo segundo, Cristian Ricardo Bavio, secretario del Tribunal Oral de Salta, de cuyo nombramiento se desligó por completo: dijo que éste entró en “1994 o 1995”, cuando él era secretario penal de la Cámara Federal de Salta.

Por su parte, un secretario de Superintendencia de la Justicia federal de Jujuy envió el descargo de Hansen. Según esa nota, el juez no tuvo ninguna participación en el nombramiento de su esposa Martínez Allende. El texto refiere que ella ingresó al Poder Judicial de la Nación en 2009; que se desempeñó en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y que luego obtuvo un traslado a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy “mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 07/02/18 previa conformidad prestada por el entonces titular del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, Mariano W. Cardozo”.

También envió una respuesta Domingo José Batule, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, quien adjuntó el CV de Simón Augusto Batule Cabana con la siguiente manifestación: “Es mi hijo, es abogado y fue designado como ‘jefe de despacho’ por l@s Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta. Para un correcto y justo escrutinio de ustedes y de la sociedad toda, considero que resulta relevante que también se publique su currículum vitae”.

Una situación particular se dio respecto del juez del Tribunal Oral Nº1 de Salta, Federico Santiago Díaz, y de su hermano, Carlos Felipe Díaz Lannes, secretario del Juzgado Federal de Villa Mercedes en San Luis. El magistrado negó haber influido en el nombramiento del funcionario y advirtió que él carecía de potestades para cubrir cargos en los tribunales federales de San Luis. Además, acotó que él y su hermano se habían desarrollado profesionalmente en lugares diferentes. “Hago saber que para acceder al cargo que desempeño rendí numerosos concursos, y se me designó cuando integraba 8 ternas para tribunales orales de diferentes puntos del país, y de esas 8 ternas, en 7 me encontraba en el primer lugar de la terna”, añadió el juez.

Los demás magistrados con parientes designados en esta jurisdicción de la Justicia federal no contestaron la requisitoria.

En la provincia de Salta hay que destacar la evidente penetración de la familia Catalano en los tribunales. Este apellido lo comparten tres primos: las juezas federales Gabriela Elisa Catalano y Mariana Inés Catalano, y el juez de la Corte provincial desde 2007 Guillermo Catalano. Además, el cónyuge de Gabriela es juez provincial. Ella y su prima Mariana habían sido funcionarias judiciales antes de concursar y ganar sus cargos actuales: una carrera parecida a la de la misionera Verónica Skanata.

En su descargo, Mariana Catalano ratificó que llegó a su cargo actual de magistrada por concurso y pidió que esto se manifestara de ese modo para que la investigación tuviese rigor. Y Gabriela Catalano expresó que su cónyuge concursó en forma pública para acceder a sus dos designaciones en el Poder Judicial local y que la información estaba disponible.

En la jurisdicción que incluye a Mendoza, San Juan y San Luis, al menos 5 de los 22 titulares de juzgados y vocalías tienen parientes empleados. En esta circunscripción aún resuena el caso del exjuez Walter Bento (fue destituido a finales de 2023), cuya esposa Marta Boiza y dos hijos, Nahuel y Luciano, estaban empleados en los tribunales mendocinos. Los cuatro familiares están involucrados en un escándalo judicial por venta de sentencias y enriquecimiento ilícito, que llevó a la expulsión de Bento y a su encarcelamiento a finales de 2023.

Sólo Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, aceptó manifestarse sobre la cuestión de la designación de familiares en los estrados de esta jurisdicción. Quirós confirmó que es cónyuge de Marisol del Carmen Compañy, jefa de despacho del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza (a quien dijo haber conocido en 1997 en el propio Poder Judicial donde ambos trabajaban), y cuñado del oficial de servicio Hernán Compañy. Respecto de este último, precisó que entró a la Justicia Federal antes de su juramento como magistrado.

En Misiones, se corroboró que 4 de 9 jueces tienen parientes trabajando en la Justicia federal, mientras que en las provincias vecinas de Chaco y Formosa (que comparten jurisdicción) están en esa situación 3 de 10.

El único magistrado misionero que aceptó hacer comentarios es Fabián Gustavo Cardozo, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. Cardozo confirmó que su esposa, Mónica Oria, ingresó en 1994, y que en la actualidad es prosecretaria administrativa y está al frente de la Biblioteca de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Añadió que él entró al Tribunal Oral en 2004; que en 2005 conoció a Oria y que en 2007 nació el hijo que tienen en común. Precisó además que él es juez desde 2022 y recordó que su Tribunal Oral y la Cámara de Apelaciones ejercen funciones de superintendencia por separado, de manera que “Oria jamás ha dependido laboralmente” de él.

En Chaco y Formosa emitieron respuestas dos magistrados. Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, detalló que su hermana Liliana Niremperger fue contratada en forma temporaria en la Justicia Federal de la capital de Chaco en cinco oportunidades (con sus prórrogas) desde 2002. Y que en 2007 fue designada escribiente auxiliar “a propuesta del juez titular Carlos Rubén Skidelsky” (que renunció en 2016). “En relación con Kamila Niremperger (sobrina), ésta ingresó en el Poder Judicial en una suplencia en agosto de 2023 en el Juzgado Federal N° 2 por propuesta de Ricardo Alcides Mianovich por un lapso corto y luego nuevamente (fue) designada por un corto plazo, todos datos que completaré una vez que el titular del juzgado Federal N° 2 remita dicha información a quien suscribe”, dijo Niremperger. La ampliación anticipada no llegó.

Por su parte, Ricardo Alcides Mianovich, juez federal N° 2 de Resistencia, eligió contestar lo siguiente: “Responder eventual y ulteriormente, sustrayéndome de funciones institucionales que disponen de mecanismos de control idóneos, implicará la demostración antelada por vuestra parte de galanura lexicográfica, una más elevada, detallada y completa información, y la ausencia plena de párrafos alusivos de posibles o sugerentes implicancias, una trama extorsiva o la posible afectación del buen nombre, la dignidad o el prestigio de terceras personas, límite intolerable al que no ingresaré, ni daré mínima entidad”.

En la última jurisdicción analizada, las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se constataron designaciones de familiares para 3 de 15 miembros de la magistratura. Ninguno de los que tienen parientes nombrados hizo comentarios al respecto. 

Gatopardismo judicial

¿Qué explica la prevalencia de las relaciones familiares en la Justicia argentina? Este es un fenómeno que no es nuevo. Como explica el académico Alberto Binder, “el nepotismo existió siempre, pero se acentuó cuando los cargos judiciales empezaron a ser apetecidos. Esto comienza a crecer durante el menemismo”, durante la década de 1990.

En 2007, la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que los países procurarán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos no electivos “basados en principios de eficiencia y transparencia, y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”. Y en 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial, con el propósito de poner fin a la práctica de contratar empleados por ser familiares o conocidos de los jueces.

Pero ninguna medida logró frenar los casos de nepotismo en la rama judicial. En el caso de la Ley de Ingreso Democrático, esta nunca se aplicó en los tribunales de justicia porque –como se dijo– sucesivas decisiones y omisiones del máximo tribunal dejaron a la normativa fuera de juego. La Corte Suprema mantuvo (según se afirmó en 2013, transitoriamente) en las cámaras federales y nacionales las facultades de designación y promoción del personal.

Binder explica que parte de la razón de la persistencia de este sistema tiene que ver con los jugosos salarios del sector judicial: “Ocurre que los puestos más bajos de la Justicia Federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario”.

El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético

Alberto Binder — Doctor en Derecho.

Cada uno de estos cargos que ocupan parientes implican retribuciones muy tentadoras para una economía tan golpeada como la de Argentina. La remuneración de auxiliar, el puesto más bajo de la escala salarial judicial, equivale a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Según la escala salarial de abril de 2024, un auxiliar percibe $ 923.243 mensuales (US$927 en base a la cotización oficial). En el otro extremo, un secretario de Cámara, uno de los cargos de funcionario judicial más altos, recibe un salario de al menos $2,8 millones (US$2.814, cotización oficial), monto que corresponde a 12 salarios mínimos. Las consignadas son cifras apenas orientativas porque la escala judicial no incluye todos los rubros incluidos en los recibos. 

Ese “botín” burocrático incentiva lo que Binder llama “designaciones cruzadas”, cuando dos jueces se devuelven el favor de nombrar a los familiares del otro. “Yo nombro a tus parientes y vos nombrás a los míos. Esto todo el mundo lo sabe y lo conoce”, explica el académico.

Para el sociólogo Juan José Nardi, entre las vocalías de un mismo cuerpo se producen “retribuciones” recíprocas. Este investigador también ve que son comunes los “favores” que suelen hacerse en la primera instancia para congraciarse con el tribunal de alzada. Por ejemplo, el hecho de nombrar familiares de camaristas a cambio de una subrogancia, función que otorga mayor poder de decisión y un plus salarial porque, de esa manera, un mismo juez tiene a cargo dos juzgados y, por esa carga de trabajo adicional, mejora su remuneración.

Pero, de fondo, lo que prima en esta práctica para Binder es “la laxitud y el desinterés éticos imperantes en el Poder Judicial”. Y añade que “el nepotismo muestra la paradoja de que una de las profesiones que debería estar regulada con mayor rigurosidad, como la de los abogados y la de los jueces, es la que menos lo está”.

El profesor Binder sostiene que, si no se pone límites a la práctica del nepotismo, seguirá expandiéndose la “perversión original de la endogamia” que dificulta muchísimo “la generación de poderes judiciales independientes”.

El intento fracasado más reciente de frenar la llamada “dedocracia” judicial fue la Ley de Ingreso Democrático de 2013. Pero quienes deben custodiar su observancia encontraron la forma de colocarse por encima de ella. Y como advierte Binder, nada perturbó la reproducción de ese statu quo que es la gran familia judicial.

Nota de la redacción: esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre jueces y juezas federales de la Argentina cuyos parientes ocupan cargos en la Justicia realizada por CONNECTAS y Chequeado tomando una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ver metodología aquí), así como información proveniente de otras fuentes.

La difusión de los nombramientos de familiares de autoridades judiciales, incluso de los concretados a partir de 2013, cuando entró en vigor la Ley de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación (ley 26.861), no implica afirmar que en todos esos casos necesariamente existió nepotismo ni comporta un juicio de valor sobre las aptitudes profesionales, intelectuales ni morales de las personas contratadas aquí nombradas, sino que sólo apunta a identificar posibles casos de materialización de esta práctica y a problematizarla a la luz de la normativa vigente. 

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¿Conocés posibles casos de nepotismo de las 14 provincias investigadas que involucren a integrantes de la magistratura federal argentina? ¿Y en otros distritos judiciales? Aportá aquí esos datos. Garantizamos el tratamiento confidencial de las fuentes.

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Esta investigación fue realizada por Irene Benito. Por CONNECTAS participó Leonardo Oliva (acompañamiento editorial). Por Chequeado, Matías Di Santi, Ignacio Ferreiro, Franco Piccato, Manuel Tarricone y Laura Zommer (edición).

ED/JJD

La intención de Javier Milei de nombrar como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia al juez Ariel Lijo expuso como nunca antes un tema que la narrativa de La Libertad Avanza siempre trató lateralmente: la relación del actual oficialismo con el statu quo del Poder Judicial. Lejos de la retórica rupturista que lo caracteriza, a la hora de ocupar el lugar dejado vacante en el máximo tribunal por Elena Highton de Nolasco, el Presidente no dudó en proponer a uno de los magistrados más cuestionados de los tribunales de Comodoro Py. Una decisión que, según indican varias fuentes, se vincularía a la influencia de otra figura de gran relevancia en el mundo judicial: la del juez Ricardo Lorenzetti.

Tras la jubilación de Highton, en 2021, la Corte Suprema se redujo a cuatro integrantes. Su presidente es Horacio Rosatti, y el resto del cuerpo lo componen, además de Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, próximo a cumplir los 75 años, edad que lo obligaría a jubilarse. Al respecto, Milei pretende anticipar el proceso de selección del sucesor de Maqueda y por eso, además de Lijo, propuso al abogado y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel José García Mansilla.

Sin embargo, los pliegos de Lijo y de García Mansilla deberán contar con el aval de los dos tercios del Senado, un número imposible de alcanzar si no cuenta con el aporte del bloque de Unión por la Patria: Milei precisa votos de esa bancada para llegar a los 48 votos necesarios. Pero entre los siete representantes de La Libertad Avanza en la Cámara Alta no hay unanimidad y varios de los senadores oficialistas pusieron reparos al posible nombramiento del magistrado. A la cabeza de esas reticencias está la mismísima vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien tampoco está de acuerdo con la candidatura del magistrado de Comodoro Py.

La titular de la Cámara alta, quien se debería ponerse al frente de la búsqueda de voluntades para la aprobación de ambos pliegos, recordó en una entrevista reciente que Lijo “no actuó bien en la causa Rucci”. “No me enloquece. Me hubiera gustado, dado que era una banca de una mujer, tal vez alguna una catedrática”, sostuvo en diálogo con TN.

Otro libertario que tampoco se guardó sus diferencias con la nominación que impulsó el presidente Milei fue el senador por Formosa, Francisco Paoltroni. ¿Su justificación? La estrategia jurídica que adoptó Lijo en la causa Ciccone, por la cual el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, terminó siendo sobreseído. “El señor Lijo desdobló la causa. En la que se tramitó en Capital Federal quedaron todos imputados, mientras que la que se trabajó en el fuero de Formosa quedaron todos sobreseídos, entre ellos Insfrán”, recordó el legislador en diálogo con FM Millenium. Y lanzó: “Yo no puedo acompañar nunca el pliego de alguien que cometió esa barbaridad jurídica”.

Por su parte, el senador libertario que también deslizó la posibilidad de rechazar la postulación del juez Lijo como integrante de la Corte fue el riojano Juan Carlos Pagotto. “No tenemos obediencia debida. Yo lo voy a votar a Lijo, si considero que debo hacerlo. Si considero que no debo votarlo, no lo votaré. Es así de simple”, señaló el senador. “Somos poderes independientes. El Presidente puede proponer y uno puede estar de acuerdo o no. Yo no he resuelto si Lijo es el candidato adecuado”, afirmó.

Este viernes, el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, interpuso un amparo para que se declaren inconstitucionales los pliegos de Lijo y García Mansilla y se ordene al Poder Ejecutivo a que eleve una nueva propuesta que garantice la diversidad de género. “Desde 2005, el Estado Nacional desarrolló una conducta progresiva que garantizó la diversidad de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza el escrito de demanda. Y continúa, al señalar que “bajo ningún punto de vista fáctico o argumental” es posible justificar la imposición de “una integración compuesta exclusivamente por hombres”.

Gil Domínguez fundamenta su acción en el artículo 75 de la Constitución que le impone al Congreso “la obligación de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato de manera general y de forma particular”. En esa línea, cita las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, que data del 25 de noviembre de 2016, donde el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda políticas que establezcan la paridad de género en el máximo tribunal.

No hay tal casta

“Trabajen tranquilos. No va a haber política, no va a haber presiones”. Con estas palabras, pronunciadas en diciembre durante la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona se paró frente a los jueces y bajó el mensaje que le había encomendado Milei. A lo largo de toda su campaña electoral, el libertario en ningún momento había hecho referencia a la existencia de una “casta” judicial. Su discurso, por el contrario, estuvo centrado en una promesa hacia los jueces y fiscales que incluía dos ítems: autarquía económica e independencia, en línea con los puntos que ya estaban incluidos en su plataforma electoral.

“Una de las cosas que estamos proponiendo es poder lograr escindir a la Justicia del resto del poder político”, apuntaba Milei en una entrevista de agosto con LN+, en la que destacaba su deseo de que “la estructura” del Poder Judicial “venga determinada por la propia Justicia”, algo que a su entender garantizaría la “excelencia” y no que respondan a “caprichos políticos”.

En esa oportunidad, Milei además aseguró que priorizaría la “autonomía presupuestaria” del Poder Judicial y que, en caso de llegar triunfar en las elecciones, propondría una reforma judicial “para que la Justicia sea verdaderamente independiente”. “Es la única garantía que tiene la república, si no, el sistema cae en naufragio total, porque entonces el Poder Ejecutivo se te va a convertir en una tiranía y el Congreso se te va a convertir directamente en una oligarquía”, apuntaba.

Por aquellos días, el por entonces candidato de La Libertad Avanza tampoco se privaba de describir a la Justicia como que “el órgano más calificado del Estado”. Y elogiaba, sin ir más lejos, al mismísimo Ricardo Lorenzetti al mencionar un proyecto de su autoría para que el presupuesto no dependiese de la Jefatura de Gabinete sino del Congreso. “Pero yo soy mas radicalizado: quiero independencia total, que existan un conjunto de partidas para financiar al Poder Judicial y que la Justicia tenga autonomía total”, alardeaba Milei en plena carrera hacia la Casa Rosada. La promesa todavía está en veremos.

PL/JJD

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó este martes en la Casa Rosada el programa del gobierno de Javier Milei para implementar en todo el país el reforma Procesal Penal Federal que, según sostuvo, pretende “una transformación absoluta de la Justicia” e incluye el juicio por jurados y cambios en el Código Penal. Esta transición al sistema acusatorio no es nuevo: pone la investigación a cargo de los fiscales y rige por ley desde 2018, con la misión de ir aplicándolo escalonadamente en cada provincia, pero sólo funciona en Salta y Jujuy. “Nuestro objetivo es Cuyo, Mendoza, San Luis y San Juan”, adelantó el funcionario, además de Rosario, la zona caliente por la violencia asociada al narcotráfico. Posteriomente, sostuvo, el plan es continuar con Río Negro, General Roca, Neuquén, Ushuaia y Bariloche.

“Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. [El jefe de Gabinete] Nicolás Posse me habla de mano justa”, sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa en la sede gubernamental.

Cúneo Libarona buscó diferenciarse de las políticas de “mano dura” al subrayar el concepto de “mano justa”, que ya fue utilizado en la campaña electoral de Segio Massa para presidente de la Nación, en 2015, y a senador por la Provincia de Buenos Aires, en 2017.

El anuncio, que fue calificado por el ministro como un “momento histórico en la Argentina”, busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta desde 2015. Cúneo Libarona, sin embargo, admitió que hay un 33% de puestos sin cubrir en la Justicia Federal.

El funcionario de Milei consideró que el sistema acusatorio (tal es su nombre, porque les otorga más poder a los fiscales, quienes son los plenos responsables de las investigación, a diferencia del sistema actual, que concentra el poder de decisión en los jueces) es “idóneo y eficaz” y que implica pluralidad, la transparencia, la publicidad, la participación de partes, y no tanto papeleo ni tiempo“.

Al explicar el alcance de la reforma, el ministro detalló: “Si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público, que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación”. “Al Tribunal Oral llegan los hechos de mafias y, con celeridad, se lleva a cabo el juicio”, prometió.

Otro de los grandes cambios es que el sistema pasa a ser adversarial –implica la oposición que existe entre un defensor que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lo acusa– y oral. Esto, entre otras cosas, implica una mayor celeridad en los procesos judiciales.

Previo a la conferencia, Cúneo Libarona encabezó en la Rosada la “Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal”, de la que participaron además el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Esta semana entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Rosario que supone la consolidación del sistema penal acusatorio y que busca combatir la violencia criminal en Santa Fe.

El artículo 1° de la resolución, que llevó la firma del ministro, dispone “la plena e inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a partir de las 00:00 horas del día 18 de marzo de 2024”.

Según la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, se puso en marcha “una comisión redactora para reformar el Código Penal con nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados”.

JJD

Luego de 24 horas de huelga en reclamo por el inmediato pago del segundo tramo del aumento salarial convenido por la Corte Suprema, los trabajadores judiciales convocaron a un nuevo paro de 36 horas para el 1 y 2 de junio si para entonces “el Gobierno continúa sin modificar las partidas presupuestarias para producir el aumento”.

“La lucha continúa con grandeza en cada rincón del país. Los judiciales no permitirán que el Gobierno atropelle la independencia del Poder Judicial y procure someterlo a su actitud de no autorizar el cambio de partidas presupuestarias”, expresó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

Desde el gremio aseguraron que el primer día de junio realizarán una movilización nacional si el Gobierno no toma medidas en pos de sus derechos y mejora sus condiciones laborales y salariales. En un contexto de “inflación superior al 100%”, el organismo sindical también exigió políticas para mitigar el aumento del precios que castiga el poder adquisitivo de los trabajadores y que dichas medida se focalicen sobre quienes “viven de la timba financiera y fugan fenomenales divisas al exterior”.

Este martes, dirigentes del gremio realizaron un “banderazo” entre las 10 y 12.30 en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA) en Tribunales, mientras que, en el Interior, la protesta se realizó afuera de cada dependencia.

El secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, apoyó las medidas de fuerza y expresó su descontento y preocupación por la falta de acción del gobierno. “Es inaceptable que una vez más los trabajadores sean afectados por decisiones que no valoran ni reconocen el arduo trabajo y dedicación diaria en beneficio de la sociedad y el correcto funcionamiento del sistema judicial. El Gobierno rechazó la posibilidad de cambiar las partidas y sugirió en cambio utilizar los ahorros acumulados en el 'fondo anticíclico' de la Corte, lo que avasalla la independencia del Poder Judicial”, puntualizó.

ACM con información de Télam

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, realizó este miércoles un paro nacional y decidió por otra huelga de 24 horas para el próximo 24 de mayo, en demanda del cobro del segundo tramo de un aumento salarial.

“La huelga del 24 de mayo será una jornada histórica más para la organización. Si para entonces no hay respuestas favorables al reclamo se profundizará el plan de lucha a partir de junio”, dijeron en un comunicado Piumato y el secretario de prensa de la UEJN, Nahuel Apella.

Los trabajadores judiciales pararon hoy y se movilizaron esta mañana hacia los Tribunales, en demanda del cobro del segundo tramo de la recomposición salarial ya pactada. Piumato informó que comenzó nuevamente “la lucha” con una huelga nacional, que incluyó desde las 10 una movilización en todo el territorio.

Piumato, secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT), sostuvo que el personal judicial porteño y del Gran Buenos Aires se movilizó hacia el Palacio de Tribunales de Lavalle y Talcahuano y, en el interior del país, cumplió el paro con marchas fuera de cada dependencia contra las “demoras que corroen el salario”.

El dirigente sindical sostuvo que “el gremio y los trabajadores no permitirán que venza la inflación. La demora para firmar el segundo tramo de aumento salarial de 2023 corroe los ingresos”. Sostuvo también que “el retraso del Gobierno y su actitud de no autorizar el cambio de partidas para efectivizar el pago del segundo tramo del aumento salarial violenta el acuerdo oportunamente alcanzado entre el gremio y la Corte Suprema”.

“La actitud oficial frente al acuerdo entre el sindicato y el máximo tribunal implica una clara violación de la independencia del Poder Judicial y un desconocimiento de la negociación colectiva realizada entre las partes”, aseguró el dirigente de la UEJN.

Desde esta mañana, los dirigentes del gremio judicial se pronunciaron por “la defensa del poder adquisitivo de los salarios” y enfatizaron que “la dignidad de los ingresos de los trabajadores está gravemente deglutida por una inflación irracional que no es de manera alguna responsabilidad del personal”.

LC con información de agencia Télam

El jefe de Gabinete Agustín Rossi cuestionó este jueves en el Senado el desempeño de la Corte Suprema de Justicia, al asegurar que forma parte del “partido judicial” que “persigue” a dirigentes políticos en la Argentina, y advirtió que “hay que desarmar este poder” porque, de lo contrario, sería “imposible gobernar”.

“En la Argentina hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática pero condiciona la vida democrática de los argentinos”, anunció Rossi el brindar su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación, en la sesión informativa que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El funcionario denunció que “el partido judicial se mete en la autonomía de las provincias”, en referencia a la decisión del máximo tribunal de suspender las elecciones a gobernador y vice en Tucumán y San Juan, acusando a sus miembros de formar parte de “la campaña de persecución” contra la vicepresidenta con “un fallo proscriptivo” en la “causa Vialidad”.

“En algún momento, no creo que tenga que faltar mucho, quienes sean nuestros candidatos deberán comprender que no solo tienen que ganar elecciones sino que hay que desarmar este poder”, ya que “si no se desarma este poder es imposible gobernar la Argentina porque te gobiernan ellos, te condicionan ellos cada una de las situaciones”, apuntó Rossi.

En una intervención de media hora ante un recinto donde no estuvo presente la mitad de los senadores, el jefe de Gabinete definió al “partido judicial” como “una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del funcionamiento de Poder Judicial y actúan como partido. No imparten justicia, no están imbuidos del derechos” sino que “persiguen otros objetivos”.

“Los miembros de la Corte son parte de ese partido judicial sin ninguna duda”, denunció el ministro, y consideró que el Poder Judicial en el país “es un poder que no funciona” ya que tiene bajos niveles de “credibilidad”. “Ese partido, después de 2015, ha iniciado una campaña de persecución a todos los dirigentes que fuimos protagonistas de gobierno entre 2003 y 2015 y han concentrado esa persecución claramente en la figura de Cristina Fernández de Kirchner”, evaluó.

El jefe de Gabinete agregó que la justicia “se mete en competencias de otros poderes”, dijo que “después de 15 años decidió que la reforma en Magistratura era inconstitucional” y ahora “el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) dijo que la emisión monetaria podía ser inconstitucional”.

“No pueden administrar la obra social (judicial) y quieren meterse en la gestión económica”, disparó, y describió que “ese partido judicial no funciona solo” sino que “tiene como amigos a los dueños de los principales medios de comunicación en Argentina”.

En ese sentido, mencionó “la foto de Lago Escondido” que “muestra una connivencia con medios de comunicación”, y consideró como inexplicable el hecho que los jueces de la Corte “no haya dado un tirón de orejas” ni “haya ejercido funciones de superintendencia” ante ese hecho.

El informe del jefe de Gabinete comenzó pasadas las 12 del mediodía, en una sesión que abrió la titular del Senado. Luego de la exposición, donde Rossi que repasó las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández, comenzaron las preguntas de los senadores opositores, la mayor parte de las cuales el funcionario había respondido por escrito con anterioridad a la sesión.

LC con información de agencia Télam

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, cuestionó al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por opinar sobre la actualidad económica del país al señalar que “no tiene ni el conocimiento ni la facultad ni la capacidad de opinar sobre cuestiones monetarias”, a la vez que indicó que “además no es su tema”.

Sus dichos llegan en sintonía con lo expuesto por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, donde cargó contra el Máximo Tribunal por las cautelares que suspendieron las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan.

Además, afirmó que el Poder Judicial “se gobierna a sí mismo” y “trata de avanzar sobre los otros poderes”, mientras que enfatizó que el fallo de la Corte se publicó mientras el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, declaraba en el Juicio Político contra el tribunal en el Congreso.

“Así como se rasgan las vestiduras cuando alguien del (Poder) Ejecutivo opina sobre el tema judicial, que el presidente de la Corte crea que puede opinar qué tiene que hacer el Gobierno con la economía, marca una falta de división de poderes importantísima”, subrayó Cerruti luego de que Rosatti declaró que “la expansión incontrolada de la emisión monetaria” significa “traicionar el mandato de la Constitución”.

En la misma línea, remarcó: “En el momento en el que el fallo de la Corte se publicó, en la comisión de juicio político, el ex administrador Marchi estaba denunciando con nombres, lugar y fechas al actual presidente Rosatti y a otros miembros de la Corte”.

La funcionaria explicó además los dichos de Alberto Fernández, en los que clamó por una movilización popular “en defensa de la democracia” y, si bien precisó que la contienda con la Corte no configura un reclamo que interpele a la sociedad, aseguró que las marchas surgirán “más allá de lo que dice el Gobierno”.

“Este Gobierno forma parte de una fuerza política que ha recuperado la democracia y ha conquistado derechos en base a la movilización popular, con lo cual, nunca vamos a desalentar las movilizaciones populares”, planteó, y sumó: “El verdadero poder que puede tener un Gobierno tiene que ver con la posibilidad de que el pueblo esté alerta y que esté detrás de ese objetivo, acompañando y demostrando que es lo que se quiere”.

Asimismo, aclaró: “Lo que el Presidente dijo es que estaba haciendo todo lo que podía hacer al enviar leyes en el Congreso y para eso necesitamos que haya legisladores dispuestos a dar le debate y, si ese número no existe, pensemos que en octubre tenemos que votar a legisladores que estén dispuestos a dar ese mensaje en contra del Poder Judicial que en la Argentina es parte de los poderes establecidos y, para eso, hace falta tener legisladores comprometidos y movilizaciones populares”.

“Las movilizaciones populares no las tiene que convocar el Gobierno, las manifestaciones las convocan desde diferentes sectores y la verdad es que, si eso tiene que suceder, sucederá más allá de lo que dice el Gobierno”, remarcó.

La interna del FdT

Con respecto a las internas del frente oficialista de cara a las próximas elecciones generales, Cerruti reconoció que la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa “tiene peso” en la discusión del Frente de Todos (FdT) sobre las PASO, y aseguró que la coalición está unida y con el objetivo de “seguir gobernando en Argentina”. En las últimas horas, el titular del Palacio de hacienda reiteró su rechazo a que los candidatos de la coalición se resuelvan mediante una elección primaria al decir que sería un “gravísimo error” y describió a esa instancia electoral como “internas estériles que solo resuelven vanidades políticas”.

En ese sentido, consultada por la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández abandone su idea de que las candidaturas se diriman en unas primarias, Cerruti dijo “no es una cuestión de ceder o no ceder”, ya que el jefe de Estado “fijó su postura”.

“Cuando anunció que no iba a presentarse, (Alberto Fernández) marcó dos objetivos que son lo que está haciendo cotidianamente: la mejor gestión de Gobierno posible, y garantizar que el FdT gane en octubre y que tengamos un Gobierno que garantice la búsqueda de una economía distributiva para los que menos tienen”, explicó.

Al ser consultada por el diálogo entre el jefe de Estado y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Cerruti apuntó que en un Gobierno “todo el mundo conversa con todo el mundo”.

“Me preguntan asiduamente si se reunieron tal con cual, pero les recuerdo que este es un Gobierno en el cual la gente se reúne y trabaja. Es parte de lo cotidiano. Todo el mundo conversa con todo el mundo. No hablo de reuniones que se dan entre los líderes de la coalición porque son cuestiones absolutamente reservadas. Lo harán cuando lo quieran hacer y si hay que comunicarla lo haré”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional apuntó este miércoles contra el presidente Alberto Fernández por sus dichos contra la Corte Suprema de Justicia y consideró que “se ha vuelto constante el ataque al Poder Judicial”. 

“No hacen más que afectar por su peso a las instituciones de nuestro país”, lanzaron desde el organismo, luego que el mandatario nacional cuestionara al máximo tribunal por suspender las elecciones en Tucumán y San Juan.

Fernández apuntó este miércoles por la mañana contra dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Aceptaron ser designado por decreto por Mauricio Macri y siguen respondiendo a sus órdenes”.

“La función de la Corte Suprema es la de asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella”, respondió la Asociación de Magistrados a través de un comunicado. 

Y agregó: “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar por su peso a las instituciones de nuestro país y emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias. Se ha vuelto un constante el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones”.

De esa manera, sostuvo que la Corte resolvió “sobre una cuestión federal que, según estima, es propia de su función y tiene la responsabilidad de garantizar que los comicios se lleven adelante conforme la normativa pertinente para asegurar que todos los habitantes de Argentina puedan emitir su voto libremente”.

“Es nuestra misión velar por lograr que se fortalezca el sistema republicano de gobierno en todos los ámbitos del Estado Nacional”, concluyeron desde el organismo.

El documento cuenta con la firma del presidente y del vicepresidente de Magistrados, Marcelo Galle Tagle y Mariano Llorens, respectivamente.

Con información de agencias.

IG

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decretó este viernes la nulidad de la designación del senador oficialista Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, haciendo lugar a un planteo de su contrincante en la porfía, el opositor Luis Juez.

La Cámara revocó un fallo de primera instancia, el cual había avalado la designación de Doñate para el período 2022-2026.

Firmada por los jueces Rodolfo Facio, Clara Do Pico y Liliana Heiland, la resolución dispuso “admitir los agravios formulados por los actores; revocar la sentencia apelada; hacer lugar a la acción de amparo y declarar la nulidad del decreto parlamentario DPP n° 86/22, en cuanto designó para integrar el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026, por la segunda minoría al senador Claudio Martín Doñate -como titular- y la senadora Anabel Fernández Sagasti -como suplente”.

Además, la resolución determinó la invalidez de la “partición del Bloque Frente de Todos”, a los efectos de la determinación del sistema de mayorías y minorías para la designación de consejeros en la Magistratura.

Para el tribunal, esa división -que la Corte Suprema había invalidado en un fallo vinculado con el período que concluyó en noviembre de 2022- “resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura”.

Si bien el fallo no proclama a Juez como titular y a Luis Schiavoni como su suplente por el Bloque Frente Pro, los jueces sí hicieron lugar a su planteo, quienes reclaman para sí la representación en el Consejo.

Semanas atrás, los jueces supremos habían frenado la toma de juramento de Doñate, quien había sido designado por la presidencia del Senado para ocupar un cargo en el Consejo.

El fallo firmado hoy por la Cámara sostiene que “si bien al denegar la toma de juramento al senador Doñate la Corte Suprema no vació de contenido este juicio, (…) lo cierto es que dejó ver en esa decisión la imposibilidad de interpretar los hechos y el derecho de este caso en una forma diversa” a la resolvió a favor de Juez el año pasado.

“No cabe sino interpretar que la acordada de la Corte definió el alcance de su propio fallo y despejó toda duda que pudiera plantearse al respecto. (…) Por ese motivo, a fin de atender la superior autoridad de la Corte Suprema y sus pronunciamientos, teniendo en cuenta que ambas causas se sustancian entre las mismas partes, por la misma vía de acción de amparo y que se pide la inoponibilidad del mismo acto lesivo, se impone acoger favorablemente el recurso de los actores”, resumieron los camaristas.

LC con información de agencia NA

Desde hace al menos una década, la relación entre el Poder Judicial y la política se empezó a volver un tema privilegiado de discusión mediática e institucional. Se hizo habitual que conflictos como los de las últimas semanas (el fallo por la coparticipación, la condena a CFK, el affaire Lago Escondido, entre otros) capten la agenda pública y se conviertan en ejes ordenadores fundamentales de los vínculos entre el oficialismo y la oposición.

Pero, ¿en qué medida este problema se ha transformado también en un asunto de preocupación social? En general intuimos que para la mayor parte de la sociedad es una cuestión menor, tecnicista, o lejana respecto de la gran importancia que tiene para el sistema político (acaso Cristina Kirchner, que hace meses le pide a la ciudadanía que se “despabile”, sea quien -a su manera- más nota toma de esta brecha). Pero más allá de su grado de relevancia para las personas de a pie -como si cuantificarlo fuera tarea sencilla-, sabemos poco acerca de su significado; es decir, cómo se sedimentan socialmente estas controversias y se convierten en maneras de percibir, vivir y relacionarse con las instituciones políticas y judiciales. 

A partir de una asociación entre la Escuela IDAES, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos y el Programa PASCAL -todos pertenecientes a la Universidad Nacional de San Martín-, realizamos una encuesta a 840 residentes del AMBA de 16 años y más con el fin de indagar en interrogantes como: ¿en qué medida asistimos a una crisis de legitimidad del Poder Judicial? ¿Cuáles son las distintas formas en que se piensa la relación entre política y justicia, y cuánto explica la polarización que las personas asuman ciertos tipos de mirada? Y por último, ¿vislumbra la sociedad algún tipo de salida?

Reforma

Empecemos por el final: una de las preguntas que le formulamos a los participantes de este estudio fue su nivel de acuerdo con una reforma que vuelva a la justicia más “transparente y democrática”. Para nuestra sorpresa, la aceptación resultó mayoritaria: un 57,8% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 28,8% se pronuncia en desacuerdo o muy en desacuerdo. Además -y llamativamente-, apenas un 4,6% se declara indiferente y sólo un 8,8% opta por no contestar. Por lo tanto, estamos ante un asunto que conduce a la toma de posición más que a la desaprensión.

A partir de estos datos, nos propusimos observar cómo varía el apoyo a una reforma según el nivel de confianza en el Poder Judicial. Las personas que más confían tienden a ser las que menos interés tienen en una reforma (41,5%), mientras que las que menos confían son las que más avalan esta idea (69,2%). Se trata de resultados probablemente esperables, que sin embargo constatan que la desconfianza en la justicia está asociada con un interés en transformarla, y viceversa.

Ahora bien, al analizar las posiciones ante una posible reforma en relación con la intención de voto para las próximas elecciones nos encontramos con datos más sorpresivos. Sumando los distintos grados de acuerdo, los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%. 

Los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%

Más que la muy elevada aceptación de esta iniciativa por parte de los oficialistas (que parecería corroborar una sintonía entre la dirigencia y la base electoral), resulta notorio el nivel relativamente alto de acuerdo por parte de los votantes de las principales vertientes opositoras. Aun si es probable que el significado que se le atribuye a esta hipotética reforma no sea igual para todas las personas encuestadas (de hecho, las ideas de “transparencia” y “democracia” pueden ser objeto de discusión en sí mismas), sí queda en evidencia que una porción importante de la población considera que algo puede o debe hacerse con la justicia. En otras palabras, podría afirmarse que es falso que entre los opositores prime rotundamente la idea de que “la justicia no se toca”.

Intereses y poder

Otra de las preguntas que les planteamos a los encuestados fue con qué intereses asocian al Poder Judicial. Si bien las opciones que ofrecimos fueron exploratorias y no necesariamente excluyentes, los resultados son a todas luces reveladores: un 21,1% sostiene que el Poder Judicial responde al Frente de Todos; un 15,7% a Juntos por el Cambio; un 13,9% a los políticos de turno; un 13,3% aduce que es independiente y defiende los intereses de la república; un 13,2% afirma que protege sus propios intereses corporativos; un 6% responde que está asociado a los intereses de los empresarios; y un 16,8% dice que no sabe u opta por no contestar. Si agrupamos estos datos según las respuestas que reflejan una idea de independencia judicial en contraposición a las que no, sólo un 13,3% de la población cree que el Poder Judicial es independiente y un 69,9% considera que no lo es.

Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree que defiende los intereses de los empresarios

Al estudiar estas respuestas en función de la intención de voto para 2023, constatamos que las percepciones sobre el Poder Judicial están relativamente atravesadas por la polarización política: entre los votantes del Frente de Todos, un 39,4% considera que la justicia responde a Juntos por el Cambio; y entre los votantes de Juntos por el Cambio, un 33,5% sostiene que se vincula al Frente de Todos. Pero, naturalmente, estos datos implican que también hay otras miradas. Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree (al menos como primera opción) que defiende los intereses de los empresarios.

Claro está, son muchos más los datos potencialmente relevantes para examinar sociológicamente qué está sucediendo en la relación de la población con las instituciones. Y, sobre todo en la coyuntura actual, cabe mencionar que las adscripciones político-electorales difícilmente sean las únicas variables que explican cómo hoy por hoy vivimos la política y entendemos la cuestión judicial: acaso haya que atender con suma atención a cómo la pertenencia generacional y la relación con el mercado laboral inciden en nuestras formas de experimentar la vida pública. Pero, en cualquier caso, los hallazgos que aquí expusimos ofrecen algunas ideas preliminares sobre lo que sucede con esta sostenida crisis político-institucional más allá de la dirigencia política.

*Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Centro de Estudios Sociopolíticos

IDAES -UNSAM